CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 805



NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ



Sesión núm. 4



celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Celebración de las siguientes comparecencias:



- Del señor (Velarde Fuertes) catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid. Asolicitud de los Grupos Parlamentarios
Popular en el Congreso (Número de expediente 219/000571), Socialista
del Congreso (Número de expediente 219/000534), Vasco (EAJ-PNV)
(Número de expediente 219/000583), Coalición Canaria (Número de
expediente 219/000523.) ... (Página 23978)



- Del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero). Asolicitud
de los Grupos Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 212/002364), Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 212/002360) y Catalán de Convergència i Unió (Número de
expediente 212/002349.) ... (Página 23990)



- Del señor catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de
Oviedo (Monasterio Escudero). Asolicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000569.)
... (Página 24003)

Página 23978



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



- DEL SEÑOR (VELARDE FUERTES) CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID. A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
POPULAR (Número de expediente 219/000571), SOCIALISTA (Número de
expediente 219/000534), VASCO (EAJ-PNV) (Número de expediente 219/
000583) Y COALICIÓN CANARIA(Número de expediente 219/000523.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión número 6 de la
Comisión no permanente de valoración de los resultados obtenidos por
el Pacto de Toledo, para atender el orden del día fijado de acuerdo
con la aprobación de la Mesa. (El señor Gimeno Marín pide la
palabra.)



Señor Gimeno, ¿qué desea?



El señor GIMENO MARÍN: Pido la palabra por una cuestión de orden, que
no va a causar ningún tipo de desorden y que busca, como siempre, la
unanimidad de la Comisión y de la Presidencia si fuera posible.

Estamos escuchando estos días las declaraciones del Gobernador del
Banco de España sobre las pensiones y la Seguridad Social, lo que ha
provocado, como es razonable también, una contestación por parte del
Gobierno. Yo propondría a la Comisión y a los demás grupos, si a la
Presidencia no le parece mal, que al margen de hacer las propuestas
por escrito, tuviéramos la posibilidad de que con carácter urgente
compareciera también en la Comisión el Gobernador del Banco de
España, si están de acuerdo los demás grupos.




El señor PRESIDENTE: Perdone el señor compareciente que tratemos
temas de orden interno. Como sabe S.S., quedan todavía muchas
comparecencias por realizar y también está pendiente recibir por
parte de los grupos la solicitud que hizo la Mesa en su conjunto para
intentar adelgazar, en la medida de lo posible, el stock que hay de
comparecencias. En ningún momento esta presidencia ha impulsado los
trabajos pensando siempre que si, en el curso de los mismos, se viera
oportuno pedir la comparecencia de alguien, estaríamos receptivos.

Por tanto, si su grupo o cualquier otro grupo desean formular nuevas
solicitudes de comparecencias, nada está cerrado al efecto, pero al
mismo tiempo, y creo que interpreto bien el sentir de la Mesa de la
Comisión, le requiero también que los grupos envíen la carta por la
que puedan hacer decaer algunas de las comparecencias que consideren
que ya no son suficientemente útiles.

Sin más asuntos que tratar, y volviendo a retomar el inicio de la
sesión, comparece, a petición de los Grupos Popular, Socialista,
Vasco y de Coalición Canaria, don Juan Velarde Fuertes, catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid.

Tiene la palabra don Juan Velarde Fuertes.




El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Velarde
Fuertes): Se me ha convocado para esta reunión, que es de análisis de
las consecuencias del Pacto de Toledo. Mirándolo con visión de
economista, con visión profesional, y para tratar de ayudar a esta
Cámara todo lo posible, yo tendría que decirles, en primer lugar, que
el Pacto de Toledo fue un paso muy importante en un sentido, en el
sentido de conseguir un acuerdo general de los grupos parlamentarios
alrededor de un tema que siempre es de los más difíciles para,
gracias a este paso, actuar de alguna forma.

En el fondo, como economista, ¿en qué consistía el Pacto de Toledo?
En un reparto de mecanismos de financiación para estar tranquilos.

Había un mundo, el mundo de las pensiones, que se consideraba que era
capaz, por el mecanismo típico de la cotización habitual, de poder
contemplarse camino del futuro con plena normalidad. También se
consideraba que ciertos gastos sociales que hasta ese momento estaban
vinculados al sistema de cotizaciones deberían pasar al ámbito
presupuestario y, como consecuencia de esto, era necesaria una
reacomodación general de todo el sistema, más allá del de la
Seguridad Social, diría el de las prestaciones sociales o, si se me
apura, el del Estado del bienestar, dentro de un encaje financiero
nuevo para, a continuación, dentro de un tiempo prudencial, se
señalaba, volver a analizarlo.

En principio es evidente que las consecuencias han sido favorables,
pero inmediatamente yo tendría que hacer las siguientes referencias.

Por una parte, una política de Seguridad Social no puede de ninguna
manera desencajarse del resto de las medidas de la política
económica, y en este sentido lo primero que hay que señalar es que la
política económica adoptada, por una serie de circunstancias
nacionales y también por circunstancias internacionales, ha dado unos
resultados en los cuales el nivel de empleo ha mejorado, la actividad
económica ha mejorado y, como consecuencia de esto, la financiación
del sistema de Seguridad Social se ha hecho más fácil. Primera
pregunta: si estas circunstancias no se hubieran dado, ¿el sistema
tiene el mismo grado de estabilidad? Esta es la primera interrogación
que nos tenemos que hacer.

En segundo lugar está otra cuestión que debe plantearse siempre. En
aquello que se está cubriendo, las necesidades de las gentes más
desamparadas o más agobiadas, ¿con el actual sistema, y tal como
está, se están atendiendo, en el sentido de que realmente participa
este sistema de una manera positiva en lo que podríamos llamar una
redistribución adecuada de la renta que se desee o que socialmente
esté actuando? ¿Esto es lo mejor, o bien crea toda una serie de
inconvenientes por el lado del gasto y luego favorece a unas pocas
personas más que a otras? En este sentido, los economistas estamos
muy preocupados por un hecho. Hay una serie de personas, los grupos
más pobres, más desasistidos, los viejos que están abandonados a su
suerte, inmigrantes que tienen mal los papeles, etcétera, que no
resultan especialmente favorecidas por el actual sistema, y hay otras
que resultan espléndidamente favorecidas por él. ¿Por qué? Hay
estudios que parecen demostrar que el nivel de instrucción y la
situación dentro del conjunto social hacen que existan personas
especialmente sagaces para sacar ventaja al sistema, y otras que,
arrastradas por su situación y



Página 23979



porque tienen menos capacidad de percepción, no resultan tan
beneficiadas por el sistema. Por tanto, en este momento quizá debería
reflexionarse, a mi juicio, sobre si, con lo que tenemos, esto se
está haciendo de la forma más adecuada o no, lo que obligaría,
naturalmente, a reformas estructurales importantes.

La tercera cuestión es un tema que se relaciona con el Estado del
bienestar, porque el Estado del bienestar nace con Beveridge¿?cuando
se coordinan dos cosas. Salen dos libros blancos, uno sobre los
seguros sociales, o sea, la Seguridad Social y servicios afines, en
primer lugar, pero inmediatamente sale otro, El pleno empleo en la
sociedad libre. Son los dos libros blancos de Beveridge, y sin esto
no entendemos lo que es el Estado del bienestar. Por tanto, en este
momento el problema que tenemos delante es cómo conseguir mantener y
mejorar la situación de pleno empleo, porque si no nos acercamos a
ello de ninguna manera podemos considerar que estamos dentro de un
Estado del bienestar. ¿Hay o puede haber algunas medidas que se
adopten alrededor del sistema de pensiones, servicios sociales
anejos, etcétera, que puedan poner en riesgo o en peligro el avance
hacia el pleno empleo? Me explico brevísimamente. El pleno empleo en
este momento necesita desarrollarse en España de una manera grande
como consecuencia de inversiones importantes en infraestructuras -hay
déficit en infraestructuras respecto al conjunto europeo-, en los
mecanismos de comunicaciones, en los mecanismos de investigación y
desarrollo, en la liquidación definitiva de una carga demasiado
grande de deuda pública, etcétera. Todo esto hay que hacerlo.

Simultáneamente estamos atados por un convenio internacional que es
claramente supraconstitucional, a mi juicio, que nos obliga a
mantener rígidamente equilibrios presupuestarios. Dentro de ese
planteamiento, ¿cómo tenemos que engarzar toda una serie de
necesidades, de problemas, de ansias, de deseos sobre la Seguridad
Social? Como saquemos el tema de ese marco, a mi juicio, lo
desenfocamos absolutamente.

Finalmente, deberíamos tener en cuenta que el Estado del bienestar es
una creación cultural y social europea y que ese Estado del bienestar
ha creado una serie de resistencias al cambio yo diría que
formidables, incluso las más ligeras pasan a ser formidables en el
caso del Estado del bienestar. Si hay que hacer modificaciones y hay
resistencias formidables, ¿de qué manera se les puede explicar a los
ciudadanos por qué deben tratar de eliminar reticencias y cuáles son
los mecanismos que deben ponerse en marcha?



Una última cuestión meramente erudita. Todos los economistas, desde
que Feldstein planteó estas cuestiones, estamos de acuerdo en que eso
de que el sistema de reparto es un simple mecanismo en el que hay
asignación de lo que entra y sale cada año, etcétera, no es cierto.

Son unas obligaciones que tienen, como consecuencia de lo que acabo
de decir, una rigidez extraordinaria. Y eso es análogo, por la carga
y la obligación que significa, de la deuda pública. Por lo tanto,
habría que calcular y estimar seriamente la carga o el paralelo de la
deuda pública que significa el conjunto de las obligaciones que
tenemos en el mundo de la Seguridad Social. Porque eso hay que
pagarlo y hay que pagarlo con tanta fuerza como los intereses de la
deuda
pública, y hay que devolver a la sociedad una serie de cosas que la
sociedad está esperando. Así, es claro que esa carga hay que contarla
financieramente, y a efecto de las cuentas del Estado y a efecto de
la situación del Estado, si eliminamos eso, perdemos marcos de
referencia.

Todo esto es una exposición muy breve a propósito del Pacto de Toledo
y partiendo del hecho de que bienaventurado -me atrevería a decir-
Pacto de Toledo, porque ha empezado a poner orden alrededor de algo
que era un extraordinario desorden. Aquella vieja comisión Martín
Villa a la que me llamaron a mí también para preguntarme cosas hace
muchos años, creo que ha servido a todos los partidos políticos para
realizar una labor extraordinaria.

Quedo a disposición de ustedes, ya que como inicio de mi intervención
no se me ocurre ahora ninguna otra cosa.




El señor PRESIDENTE: Para utilizar el turno en nombre del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.




El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Las últimas palabras del profesor Velarde
me indican una vez más que el método que estamos siguiendo quizá no
sea bueno para llegar a profundizar en lo que nos tiene aquí
convocados. Porque él decía: esto es lo que se me ocurre, vamos a ver
si podemos seguir hablando. Yo estoy muy de acuerdo con el profesor,
a mí me gustaría que pudiéramos entablar diálogos, que estas
comparecencias no fueran la exposición de un compareciente
y posteriormente las exposiciones de los distintos grupos
parlamentarios porque eso no hace ninguna luz; la luz se logra con el
diálogo y quizá fuera mucho más fructífero que pudiéramos hacer como
hicimos en la subcomisión del Pacto de Toledo, de la que algo me
acuerdo. Lo que hacíamos era preguntar, responder, repreguntar y
volver a responder alrededor de una mesa redonda, y de ahí sacamos
conclusiones muchos más fructíferas que las que yo me temo que
podemos sacar simplemente con discurso. Por lo tanto, quizá sería
bueno, incluso formalmente, señor presidente -y lo digo fuera de la
contestación que daré al señor Velarde-, reunirnos en una sala,
alrededor de una mesa redonda, interrumpiéndonos si es preciso, con
mucha más informalidad y con mucha más voluntad de saber qué es lo
que puede ocurrir con el sistema de pensiones allá por el año 2010 ó
2020, que es lo que quizá nos convoca, que es lo que ha provocado una
discrepancia entre el Gobierno y el gobernador del Banco de España y
que es lo que nosotros pretendemos precisamente con la convocatoria
de esta ponencia, que no alarme a la sociedad, sino sencillamente que
tratemos las cuestiones entre los distintos grupos políticos y los
comparecientes diciendo lo que realmente pensamos en profundidad.

Señor Velarde, le agradezco la comparecencia, de usted normalmente se
acostumbra a aprender; yo creo que lo que usted dice suele ser serio,
pero déjeme que le haga algunas matizaciones. Respecto a las
previsiones, cuando hablamos de los sistemas de previsión social y de
los sistemas de pensiones en particular estamos bastante
escarmentados. La historia nos demuestra que normalmente no se
acierta y que los futurólogos en esta materia quizá tenían razones
para decir lo que dijeron pero la historia ha dado otras razones que
ellos desconocían en ese momento. Si ahora mismo nos ponemos en el
año 2000 y atendemos a lo que decían



Página 23980



los demógrafos en los años 60 tendríamos que tener 45 millones de
españoles y me parece que somos algunos menos. (El señor Velarde
Fuertes: Y lo dijeron bien) Sí, si me parece muy bien, yo prefiero
así. Es verdad y lo acaba de decir Aranda en un artículo que ha
publicado.




El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir señor Griñán y señor Velarde el
orden del trabajo de la Comisión.




El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Lo que ocurre es que quizá tengamos la
escuela del Ministerio de Trabajo donde nos interrumpimos más,
¿verdad, señor Velarde?.

En todo caso, me parece que el paralelismo fundamental de esas
previsiones lo podemos ver en lo que recordaba frecuentemente Olof
Palme cuando decía hace ya algunos años que en su país un economista
de mucho prestigio como Knut Wicksell cuando en Suecia por primera
vez se edificó el primer seguro de vejez obligatorio, que era un
seguro modestísimo. Pues bien, el señor Wicksell inmediatamente hizo
unas declaraciones apocalípticas que más o menos venían a decir que
con ese seguro probablemente Suecia en los años 60 -esto era a
principios de siglo- para poder financiarlo tendría que haber
consumido toda su riqueza forestal. Resulta que estamos en el año
2000, sigue teniendo riqueza forestal, tengo la impresión de que es
uno de los países más ricos del mundo, tiene una población activa
bastante importante y creo que es el país de más igualdad de
oportunidades del mundo; bueno, el señor Wicksell se equivocó.

Ysi vemos, por ejemplo, lo que en el año 1982 comunicaba el Gobierno
al Parlamento exactamente el Gobierno de aquel entonces, el 22 de
abril de 1982, nos decía que si no se adoptan medidas para limitar el
crecimiento del gasto y asegurar el equilibrio presupuestario es de
temer que la Seguridad Social se vea abocada a una situación
financiera insostenible. Y esta situación financiera insostenible la
definía después diciéndonos que en el año 1985 se alcanzaría un
déficit superior al billón de pesetas, que entonces era
aproximadamente más de 3 puntos del PIB. Pero nada de eso ocurrió
tampoco.

Hacer afirmaciones categóricas sobre lo que ha de ocurrir en el
futuro, me temo que es condenarnos todos a la melancolía y desde
luego a la equivocación. En esas circunstancias sí es verdad que en
una comisión como esta entre todos podemos no hacer previsiones,
decir cuáles son los elementos que pueden condicionar la evolución
del sistema y entonces sí que daríamos un gran servicio a lo que es
la convocatoria de esta comisión.

Permítame que le diga que sí es verdad que Beveridge hablaba en sus
informes de una situación de pleno empleo, pero de una situación de
pleno empleo del cabeza de familia, señor Velarde. Porque en el
informe de Seguridad Social del señor Beveridge se decía que la
mujer, si trabajaba fuera del hogar, cosa que era muy excepcional y
que no debía hacer, según decía este viejo liberal, no debería
obtener prestaciones, sino las derivadas, las que procedían de su
marido. Esto decía el señor Beveridge en su informe y que, por lo
tanto, incluso las cotizaciones no deberían existir en este caso. Esa
situación ya no existe. Esto del pleno empleo del varón, cabeza de
familia, en un sistema industrial de concentración productiva ha
muerto, para qué
vamos a negarlo. Esto ya no existe. Y hoy, queramos o no, caminamos
afortunadamente hacia la igualdad hombremujer.




Mi reflexión es importante. Por muchas proyecciones que hagamos de
aquí al 2020, 2030 ó 2040, las haremos siempre a rebus sic stantibus,
las haremos siempre a legislación vigente. Podemos decir que con la
legislación vigente y con la situación socioeconómica actual en el
año 2030 tendremos un gasto de 12 por ciento del PIB. Pero es que eso
no va a existir tampoco. Ni la legislación va a poder ser la misma ni
afortunadamente la situación socioeconómica será igual,
afortunadamente será muy diferente. Primer reflexión que se me
ocurre, aparte de que creo que no es el empleo la clave, aunque sí es
muy importante, el empleo sería una condición necesaria pero no
suficiente para el mantenimiento de un sistema de protección social.

Y digo que no es suficiente porque los que trabajan hoy y sostienen
el sistema serán pensionistas mañana, o sea que si hay más empleo hoy
habrá más pensiones mañana. En eso estaremos todos de acuerdo. Luego
la clave está en los crecimientos de la riqueza, del PIB y, por lo
tanto, de la productividad. La clave del mantenimiento a futuro del
sistema de Seguridad Social y de pensiones está en la productividad,
que es el elemento que tenemos que fortalecer para mantenerlo, porque
al final la decisión que tendremos que tomar es si somos capaces de
aportar diez, once o doce pesetas de cada cien de la riqueza nacional
para pagar pensiones. Yno deberemos obtenerlas del factor trabajo,
fundamentalmente porque eso es malo para la competitividad y también
porque la productividad hará que efectivamente quizá esa fuente de
financiación resulte a no muy largo plazo insuficiente. Por lo tanto
nos tendríamos que plantear en el futuro qué otras fuentes de
financiación, además del empleo debemos necesitar para financiar un
sistema de protección social que se va a gastar lo que sea necesario,
pero que en principio si la productividad y el PIB crecen, no será
mucho más allá de lo que nos estamos gastando hoy. Pero, insisto, en
las mismas circunstancias que hoy, porque eso va a cambiar, está
cambiando.

Miraba el otro día las series de población activa y las comparaba con
las de Europa y veía una cosa curiosa. La población activa femenina
ha crecido en España en los últimos años, de 1986 a 1997, un 35 por
ciento. Pero la proporción de mujeres activas sobre población activa
total ha crecido un 44 por ciento, porque, como usted sabe, la
población activa masculina ha disminuido. Quiere decirse que cada vez
más el semblante del mercado de trabajo es un semblante
afortunadamente con más presencia de la mujer. Si miramos las
afiliaciones a la Seguridad Social y los datos del Ministerio vemos
que entre 16 y 34 años ya el 40 por ciento de los afiliados son
mujeres, y aunque estamos hablando de la edad máxima de fecundidad,
sin embargo, son el 40 por ciento; entre 35 y 44 años son el 35 por
ciento y de 45 a 54 son el 26 por ciento. Por tanto, lo que es
inexorable es que la mujer tiene tendencia, y debe ser así, a ser
prácticamente el 50 por ciento de la población activa. ¿Qué es lo que
ha ocurrido con este proceso? Que la legislación vigente y el sistema
de Seguridad Social que hoy tenemos se creó para unas circunstancias
históricas y están penalizando la incorporación de la mujer al
trabajo.




Página 23981



Quiero decirles que el sistema contributivo profesional que tenemos
en Europa y también en España es un sistema profundamente penalizador
de la mujer. Está mal orientado en casi todas sus manifestaciones.

Está orientado hacia un modelo en que el hombre hacía compatible la
paternidad y el trabajo mediante otro sistema, que era que la mujer
no pudiera hacer compatible la maternidad y el trabajo. Esto es lo
que normalmente ha existido y los sistemas profesionales han sido
así. Si vemos las orientaciones de los sistemas de Seguridad Social
nos daremos cuenta de que todos ellos tienen una pésima orientación
con respecto a la mujer.

Para empezar, el sistema sanitario. El sistema sanitario está
orientado hacia las enfermedades agudas cuando hoy el patrón de
morbilidad es crónico, y si el sistema sanitario se ocupa más de lo
agudo que de lo crónico es porque la mujer se ocupa de lo crónico.

Yes que la mujer, después de cuidar a los hijos y de criarlos, tiene
que cuidar a los padres, porque el sistema sanitario, el servicio de
servicios sociales no favorece ese proceso de incorporación, con lo
cual ya ese sistema sanitario es inadecuado. Al sistema de pensiones,
al sistema de desempleo, a todos los demás sistemas contributivos les
ocurre exactamente igual. Sólo quiero recordarles una cosa: hoy de
cada cien parados 56 son mujeres; hoy de cada cien perceptores de las
prestaciones por desempleo 58 son hombres; algo está pasando.

Tendremos que reorientar todo el sistema de protección social porque
no es justo. En la situación actual, ya casi en el siglo XXI, tenemos
un sistema de protección social fundamentado en un modelo taylorista,
industrial, de concentración productiva, en donde el varón cabeza de
familia trabajaba toda la vida en el mismo sitio haciendo las mismas
cosas y subvenía a las necesidades domésticas, al tiempo que la mujer
en su hogar subvenía al cuidado y a la crianza de hijos. Como el
sistema funciona de esa manera, ¿qué ha ocurrido, señor Velarde?
Sencillamente lo que ha ocurrido, es que la mujer ha reaccionado,
lógicamente, y se ha encontrado -se lo digo sinceramente- con que el
matrimonio y la maternidad son dos adversarios de la libertad de la
mujer hoy en día, desgraciadamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que
ha bajado la tasa de natalidad en España. Tenemos hoy en día la tasa
de natalidad más baja de la Unión Europea por no tener un sistema de
protección social acondicionado a esas necesidades. Todo esto tiene
que cambiar y va a incidir notablemente en cómo devenguemos las
pensiones y en lo que hagamos para que el sistema de pensiones sea
también viable. Por tanto, la incorporación de la mujer al trabajo es
una reflexión entre otras muchas que se me ocurren.

Otro tema es la demografía. La demografía es otro problema serio.

Tenemos una situación demográfica en la que, afortunadamente, las
personas viven más años. La esperanza de vida al nacer es mayor,
incluso más en la mujer que en el hombre y con esto deberemos contar
también. No es lo mismo ser pensionista durante seis años que
permanecer disfrutando una pensión 25 años. Por tanto, sobre este
tema también tendríamos que reflexionar.

Hay otra serie de elementos en los que tendríamos que pensar si
queremos ver cómo orientar el sistema. Señor Velarde, lo que quería
decirle -le resumo y luego si quiere podemos seguir comentando estos
datos- es que es verdad que una situación macroeconómica saneada es
condición
necesaria, que es verdad que un proceso de creación de empleo es
condición necesaria, aunque, insisto, son necesarias pero no
suficientes. Hace falta una situación macroeconómica sana, hace falta
un proceso de creación de empleo, pero hace falta también un
crecimiento de la productividad, una contemplación de los fenómenos
futuros que, de hecho, están afectando a la población y, sobre todo,
un cambio de orientación del sistema de protección social.

El sistema de protección social continental, profesional,
contributivo, es, insisto, un sistema que se creó en unas
circunstancias históricas que hoy ya no existen. Las carreras
profesionales no van a ser continuadas. Espero que la paternidad y la
maternidad sean exactamente lo mismo en el futuro. Espero que los
períodos de inactividad que se produzcan afecten de la misma manera
al varón que a la mujer y espero que todo eso se tenga en cuenta a la
hora de medir las carreras profesionales, porque si seguimos
exigiendo - y me temo que esa línea no está muy equilibrada en el
Pacto de Toledo, lo digo sinceramente- mucha contributividad, nos
vamos a encontrar con que la sociedad probablemente no pueda aportar
esa contributividad que le queremos exigir. Es verdad que la vida
laboral en la Seguridad Social no va ser lo mismo dentro de veinte
años de lo que es ahora. Eso de 40 años de cotización, creciendo la
cotización, incrementándose el valor de la misma, ya no va a existir,
y entonces habrá períodos de cotización en una época, en otra dejará
de haberlos, luego serán más bajos, etcétera. Todo eso deberemos
tenerlo presente para saber qué pensión queremos en el futuro, cómo
se financia esa pensión y, sobre todo, me gustaría que en esta
segunda parte del Pacto de Toledo analizáramos un poco más eso de la
contributividad. Creo en la equidad contributiva, creo en una cierta
proporcionalidad pero, ¡ojo con exagerar la contributividad!, porque
ésta no es la clave ni la base de un sistema de protección de
reparto. Un sistema de reparto no se basa en que yo estoy comprándome
la pensión de mañana sino en que los trabajadores activos de hoy
están financiando las pensiones de los pensionistas de hoy; por
tanto, está bien que haya una cierta equidad, una proporción
contributiva pero eso de la contributividad como clave para
financiar, deberíamos empezar a estudiarlo y a analizarlo más
detenidamente.

Termino como empecé. Esto son reflexiones que me gustaría, con una
persona de su solvencia y de su conocimiento, que pudiéramos hacer de
una manera extensa. No me importaría que hubiera, señor presidente,
más réplicas, más dúplicas, que pudiéramos analizar estos temas,
incluso con interrupciones, porque creo que estamos hablando de cosas
que de verdad tengo la impresión de que van a ocurrir -de hecho están
ocurriendo ya- y no podemos ponernos una venda en los ojos y decir:
si hay un equilibrio presupuestario, si se crea empleo, etcétera; no,
esto ya no es lo que era. Tenemos que darnos cuenta de que hay que
orientar el sistema de protección social a las nuevas circunstancias,
que el empleo está cambiando, que también van a cambiar los sistemas
de pensiones y deberemos buscar entre todos fórmulas equitativas para
financiarlos en el futuro. Al final, los grupos políticos tendremos
que llegar a un consenso, porque si de lo que se trata es, de que,
consiguiendouna economía sana, competitiva, abierta, tenemos



Página 23982



que dedicar 11 puntos del PIB a pagar pensiones, hagamos un acuerdo
político y expresémoslo en la voluntad, buscando las fuentes
financieras adecuadas, pero enmarcándolo en lo que creemos que tiene
que ser un nuevo sistema de protección social, acorde con la realidad
social, económica y financiera que puede plantearse en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra don Jon Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Quiero agradecer al profesor Velarde la
comparecencia solicitada por mi grupo parlamentario porque queríamos
hacer una reflexión después de los cinco años que han pasado desde su
última comparecencia. En aquella época, cuando estábamos
reflexionando sobre el futuro del sistema de la Seguridad Social,
aportó en dicha comparecencia cosas interesantes que, con la
perspectiva de hoy, en cinco años, que no es tanto, nos da una
dimensión de lo que era la situación en aquel momento y de lo que es
hoy. El cambio ha sido sustancial en todos los aspectos, porque en el
año 1994 difícilmente se podía pensar que en estos momentos podríamos
estar a los niveles de crecimiento económico en que nos encontramos y
en la situación en la que está la economía y la sociedad en el Estado
español. Aquello nos hacía ver una perspectiva totalmente distinta:
estábamos pensando en cómo podríamos sostener el sistema, qué habría
que hacer, incluso nos planteábamos, recuerdo, si el sistema mismo,
debería continuar siendo de reparto o de capitalización. Es decir,
nos estábamos cuestionando todo, y en ese sentido creo que el Pacto
de Toledo fue un instrumento importante para definir las cosas y
dejar claro cuál debería ser el sistema futuro de la Seguridad Social
y de las pensiones. Creo que fue una aportación importante, pero como
todo necesita de una reflexión, de un balance y es lo que estamos
haciendo en estos momentos. Más que dar opiniones, que creo las
tendríamos que reservar para el final, independientemente de que cada
uno podamos tener definido cuál debe ser el sistema de Seguridad
Social desde nuestro punto de vista como políticos, sobre cómo deben
estar estructuradas la sociedad y la economía, yo hoy venía a
escuchar al profesor Velarde y no a decirle lo que opino sobre estas
cuestiones. Sí me gustaría conocer su punto de vista sobre algunas
cuestiones que a mi grupo parlamentario le empiezan a preocupar, como
el hecho de que todavía no seamos capaces de darnos cuenta de que un
sistema de política social debe estar encajado en el esquema de un
sistema político. En este caso, no tenemos que olvidar que el sistema
político que hay en el Estado español es el Estado de las autonomías
y que la aportación de las comunidades autónomas al sistema de la
Seguridad Social debe ser activa y contribuir al propio sistema.

Además, está recogido tanto en los estatutos de autonomía como en la
Constitución que la gestión de la Seguridad Social es competencia de
las comunidades autónomas. Independientemente de que podamos luego
entrar a debatir sobre el porcentaje del producto interior bruto que
debe destinarse a la previsión social, hay cuestiones en las que,
desde nuestro punto de vista tendríamos que avanzar en esta segunda
etapa del Pacto de Toledo. Por una parte está la cuestión de la
participación de las comunidades autónomas en la gestión del sistema,
y por otra parte
independientemente de que se cumplan todas las recomendaciones del
Pacto de Toledo, que mi grupo parlamentario estima no se han cumplido
al cien por cien, y afirmando además que las medidas que se tomaron
en el Pacto de Toledo son adecuadas aunque haya que incidir más en
ellas, hay dos aspectos en los que creemos hay que incidir más. Uno
es precisamente lo que acabo de decir, la participación de las
comunidades autónomas en la gestión de la Seguridad Social. El otro
aspecto es dar los impulsos necesarios a la previsión social
complementaria, no a nivel individual que es lo que se ha hecho hasta
ahora, sino a nivel colectivo y empresarial. Independientemente de la
consistencia que podamos dar al sistema público de Seguridad Social
en el futuro, hay una cuestión que está desarrollada en todos los
países industrializados y avanzados, que es el sistema complementario
de la previsión social. Además de aportar al Estado un capital muy
importante para el desarrollo económico, esto significa también una
seguridad para los ciudadanos en cuanto al complemento que va a ser
necesario, establezcamos el sistema que establezcamos, si al final
queremos tener en la época pasiva la misma o parecida renta que
teníamos en la época activa. Creemos que el desarrollo de la
previsión social colectiva y empresarial a través de los convenios
colectivos es fundamental para extender la complementariedad al mayor
número de ciudadanos.




A partir de ahí y con esas dos cuestiones que hay que debatir, como
decía al principio, podríamos entrar ya a opinar sobre aspectos más
concretos que se están produciendo y que pueden ser motivo de debate,
como por ejemplo la situación de los inmigrantes, que es uno de los
aspectos que se están discutiendo en estos momentos. Sobre las
cotizaciones empresariales, habrá que discutir si hay que reducirlas
o no. Sobre las pensiones no contributivas, habrá que discutir si se
van a financiar con impuestos o con cuotas de la Seguridad Social; es
decir la aportación del Estado al sistema. Hay una serie de
cuestiones que podríamos entrar a debatir, pero desde el punto de
vista de la estructura del sistema, mi grupo cree que en las dos que
he mencionado al principio, la participación de las comunidades
autónomas y el desarrollo de los sistemas empresariales y colectivos
para complementos de pensiones, debería concentrarse el desarrollo de
esta segunda etapa del Pacto de Toledo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Pido disculpas en primer lugar al
compareciente y a todos los miembros de la Comisión por haber llegado
tarde y perderme buena parte de la intervención del compareciente,
que sin duda alguna ha debido ser muy interesante, entre otras cosas
porque todos conocemos el prestigio de la personalidad que hoy visita
esta Comisión. En cualquier caso, tengo dos o tres preguntas que
sucintamente paso a enunciarle.

En primer lugar, al hilo del discurso del señor Griñán que me ha
parecido ciertamente muy interesante por las perspectivas que abre,
quisiera sacar cierto corolario como pregunta al compareciente,
porque quizá todos conocemos que se está dando vueltas a la cuestión
de la transformación de instituciones, como por ejemplo las pensiones
de viudedad,



Página 23983



yo diría también de orfandad pero se centra fundamentalmente en la
viudedad, que planteo en el mismo sentido que decía el señor Griñán.

Se plantea que la viudedad no es una contingencia, sino que es más
bien un estado civil, y además es un estado civil que refleja la
supeditación de la mujer respecto del varón, es decir, en último
término el esquema que el señor Griñán nos ha descrito, yo creo
perfectamente, de una sociedad en la que el pleno empleo se refiere
al cabeza de familia, etcétera. La estructuración fundamental de la
sociedad, el hilo conductor del sistema de pensiones efectivamente es
ese, y se refleja así: hay una pensión de viudedad que no cubre una
contingencia, sino un estado civil. Y no solamente es este problema,
sino que habrá que buscarle alguna solución porque la mujer se está
incorporando al mercado de trabajo, y en la medida que se incorpora
surge la necesidad de converger pensiones, porque se encabalgan las
nuevas con las viejas realidades, etcétera, y al mismo tiempo la
salida que se va alumbrando por algunos teóricos del tema viene a
ser, para decirlo muy simplemente porque no quiero prodigarme
demasiado en mi discurso, considerar las cotizaciones como
gananciales. Ésa es más o menos la salida que se propone, tímidamente
además, porque hay cierto horror al vacío en estas modificaciones. En
cualquier caso, a mí me gustaría conocer la opinión de un experto
como usted en este tema, es decir en qué sentido debería evolucionar
este tipo de prestaciones. Creo que es muy interesante que conozcamos
las opiniones de gente como usted, que efectivamente conoce bien el
sistema de Seguridad Social.

Pasando a otro tema, a mí me gustaría plantearle la siguiente
cuestión. Hoy hay un dilema. En el esquema del Pacto de Toledo hay
cierta contradicción, se pretende cuadrar el círculo. Se habla de
reducir cotizaciones, de hacer reservas y al mismo tiempo mejorar
tímidamente las pensiones. Una de las cosas que Izquierda Unida ha
priorizado es el tema de mejorar las pensiones. Mejorar las pensiones
se circunscribe a algunas en concreto, las de viudedad, orfandad, la
revalorización automática respecto al IPC previsto, etcétera. Ésa es
la realidad, es lo que dice el Pacto de Toledo y además sería la
lectura política y ejecutiva del Pacto de Toledo. En cualquier caso,
hay cierta opción que se plantea abierta y de alguna forma
contradictoria. ¿Cuál sería para usted en estos momentos la prioridad
y durante qué cierto tiempo; es decir, qué perspectiva ve de corto y
de medio plazo? ¿Reducir cotizaciones, constituir reservas y en qué
cuantía lógicamente, porque se pueden constituir reservas de 60.000
millones, que como es fácil comprender ni siquiera dan para el pago
un mes de una prestación, o bien mejorar las pensiones que son
insuficientes? Tercera preocupación. El sistema complementario de
pensiones. Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto debe ser
complementario y hasta qué punto se debe ir trasvasando la cobertura
de las contingencias hacia el mercado?
Tengo la sensación de que el Pacto de Toledo saldó una polémica en
este sentido. ¿Hasta qué punto debe reabrirse la polémica y hasta qué
punto ya está resuelto con el Pacto de Toledo? Como usted sabrá,
quisiera una respuesta y no otra, pero democréticamente del debate y
de la confrontación de ideas, de la dialéctica de las cosas,
Izquierda Unida entiende que deben hacerse las previsiones del
futuro. Por tanto, no tememos ni mucho menos esa confrontación de
ideas, sobre todo cuando vienen avaladas por razonamientos y por
pensamientos profundos como el que sabemos usted tiene. Me gustaría
abrir un debate y confrontar estas ideas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias al compareciente, señor
Velarde.

Intervenciones como las que ha tenido usted esta mañana, permítanme,
nos enseñan a los políticos, a la a veces denostada clase política,
que es más importante en muchas ocasiones escuchar que hablar, a los
que somos muy propensos. Además, si me lo permite, aunque la palabra
pueda ser breve en ocasiones, o sintética que dirían otros, llega a
tal nivel de estimular a reflexiones que no me he cansado de rellener
notas durante su intervención. Incluso le diría más, las que han
podido sugerir la intervención del compareciente en los distintos
grupos parlamentarios que aquí nos encontramos.

Venía con la intención -le reitero- de escuchar más que de hablar y
de atender a las explicaciones que pudiera dar sobre un tema tan
importante. Al hilo de lo mismo me surgen multitud de reflexiones que
no quiero dejar de hacer al compareciente. En primer lugar, una
cuestión en la que debo hacer constar la coincidencia plena. Me
parece que una persona como el señor Velarde, que ha recordado cuando
estuvo en la que ha llamado Comisión Martín Villa que dio lugar al
Pacto de Toledo, esté hoy otra vez compareciendo en esta Comisión de
análisis, seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo, me parece de
enorme trascendencia e importancia. Es el paso tan importante que
supuso el acuerdo político, cito literalmente. Eso nos estimula,
porque aquí estamos continuando hoy aquel acuerdo político que se
produjo en su momento, yo entiendo de enorme trascendencia, porque no
sólo dio tranquilidad al ciudadano y a la población a la que nos
dirigíamos los grupos políticos respecto a cuál iba a ser el futuro
de nuestro sistema de Seguridad Social, sino que también demostró de
manera más general que había un talante de diálogo, de consenso que
no existe en las cuestiones más importantes y que podía acabar en un
acuerdo global.

Ha citado también el señor Velarde una cuestión que a mí me ha
parecido de enorme trascendencia. Lo que principalmente se discutió
hace cinco años era los mecanismos de financiación. De hecho, la
primera recomendación del Pacto de Toledo que se aprobó y lo que por
muchos se ha denominado doctrina o núcleo duro, es la recomendación
primera, la separación de fuentes de financiación, que es un proceso
prácticamente ultimado en el momento que nos encontramos. No hacía
más que constatar en su momento -y hoy tenemos que seguir
reflexionando sobre ello- el peso que deben tener en la financiación
de un sistema de protección social las cotizaciones sociales, que se
derivan evidentemente de la posibilidad de creación de empleo que
tiene un país en un momento determinado o lo que es la transferencia
del Estado, derivada evidentemente del esfuerzo global y del carácter
que pueda tener en virtud del sistema impositivo que dicho Estado
tenga en función de atender necesidades sociales. Al final, la
discusión sobre



Página 23984



cuánto tenemos que dedicar al esfuerzo que hace uno durante toda su
vida laboral, de carrera laboral de cotización para tener una
seguridad en un futuro, y cuánto hay de redistribución de la riqueza,
de reparto de la riqueza en función de un Estado social en el que se
debe provisionar también aquello a lo que muchas capas sociales no
podrán llegar y que desde luego no podrán hacerlo por esa
imposibilidad, en determinados momentos, de poder acceder al mercado
laboral. Es la discusión eterna sobre los sistemas de protección
social, el sistema continental y hasta dónde tienen que llegar o
dejar de llegar.

Me quedo, señor Velarde -y lo cito textualmente- con las
consecuencias favorables que ha manifestado usted que tuvo aquel
pacto político y la culminación de aquella primera parte, que yo creo
ya no está en discusión, que son los mecanismos de financiación, su
reparto y su proyección hacia el futuro. Predicciones siempre hay que
hacerlas -¿qué haríamos sin ellas?- y en muchos casos hasta nos
alegramos, en ocasiones, de que hayan sido equivocadas. A veces nos
lamentamos cuando las mismas no son tanto e incluso buscamos ciertas
intencionalidades, pero si de algo sirven las predicciones, aun
equivocadas en determinados momentos, es para darnos cuenta de que
nuestro sistema de protección social es profundamente cambiante y
dinámico. Debemos tener un enorme respeto cuando nos acercamos al
análisis del mismo porque nos podemos encontrar con que en un plazo
tan corto como han sido cinco años mucho de lo que dijimos entonces
la realidad hoy nos desautoriza, y en virtud de las opiniones muchas
veces las actuaciones posteriores que hemos podido realizar. Pero aun
así, también tengo que hacer constar que siendo un sistema cambiante
y dinámico, las variables del mismo las conocemos desde hace tiempo.

Lo único que tenemos que hacer es una buena predicción de dónde nos
podemos encontrar. Se han hecho aquí algunas esta mañana y al hilo de
eso quiero hacer una serie de reflexiones.

Soy de los que creen -y es una reflexión, señor Velarde, que me
gustaría que me fuera contestada- que nuestro sistema de Seguridad
Social, cambiante y dinámico, pero a la vez también -y recojo sus
palabras- rígido o enormemente rígido en ocasiones porque la
tendencia al cambio es muy complicada en ciertos momentos, se va a
tener que sustentar en los próximos 10-15 años, y nuestra misión aquí
es estar hablando de esos 10-15 años y para un futuro más lejano, en
la creación de empleo que pueda tener nuestra economía.

Está bien, evidentemente, hacer una reflexión en torno a qué parte de
la tarta -si me permiten la expresión- o qué porcentaje de nuestro
PIB vamos a tener que dedicar al sistema de protección social, pero
también debemos acercarnos a lo que es la situación en estos momentos
y le reitero que soy de los que tienen la impresión de que se
sustenta y se va a sustentar durante tiempo en las posibilidades que
tenemos de creación de empleo.

Las cotizaciones sociales han perdido y van perdiendo peso, aunque
haya un reparto en el mecanismo de financiación. Están perdiendo
peso, repito, en lo que suponía de financiación del sistema, pero
siguen siendo el núcleo del mismo. Cuando se aprobó el Pacto de
Toledo, el señor Velarde lo recordará perfectamente, incluso
introdujimos un adverbio, diciendo que el aspecto contributivo se
financiará
básicamente -pusimos aquel famoso básicamente, que no
exclusivamente- por las cotizaciones sociales, porque incluso
entonces preveíamos que tal vez en un momento determinado el propio
campo contributivo iba a hacer necesario que hubiera un esfuerzo que
no fuera únicamente el de los cotizantes sino que podría ir más allá.

Al hilo de ello y siendo el empleo lo que entiendo va a sustentar
nuestro sistema en los próximos años, hay un debate que se está
abriendo ahora -que ya han hecho algunos grupos, pero que nosotros no
nos resistimos a mencionar- y que además creo esperanzador, sobre
nuestra tasa de actividad, porque al final nuestra tasa de actividad
o de ocupación es la que nos va a permitir hablar de nuestra tasa de
empleo.

Sí es cierto -y aquí recojo las expresiones de otros grupos, pero con
un tono esperanzador- que nuestra tasa de actividad hay que
segmentarla por sexos, y que la tasa de actividad femenina está
todavía muy por debajo. Si nuestra tasa de actividad ya es de las más
bajas de la Unión Europea, de la de nuestros homólogos europeos,
nuestra tasa de actividad femenina es muchísimo más baja que la tasa
de actividad masculina, y tiene que abrirnos a una reflexión sobre la
posibilidad de que si nuestro sistema de Seguridad Social va a
sustentar el empleo en el futuro tendrá que ser con una muchísima
mayor incorporación de la mujer a ese mercado laboral, porque difícil
será crecer en esa tasa de actividad si no es justamente con la que
menos incorporada está ahora, la de la mujer.

A tal efecto se está produciendo no sólo preocupación de la clase
política, y socialmente en general, sino que también se están
adoptando ciertas medidas. Ahora me vienen a la cabeza la
conciliación de la vida familiar con la laboral, el coste de
maternidad cero para que la mujer tenga un mayor posibilidad de
acceder al mercado laboral, pero también es cierto que nos
encontramos ante una cierta revolución cultural -permítaseme la
expresión y póngaseme entre comillas- porque hago mías las
manifestaciones que ha hecho anteriormente el señor Griñán en cuanto
a que nuestro sistema de Seguridad Social está pensado para una
concepción cultural absolutamente distinta de la que estamos ya en
estos momentos y hacía la que nos vamos a abocar en un futuro muy
inmediato.

Por tanto, reflexiones en orden a la tasa de actividad y a la
incorporación de la mujer son importantes, pero nunca podemos olvidar
otras. ¿Qué ocurriría si nuestra tasa de actividad, aun con la
incorporación de la mujer al mercado laboral empezara a darnos
problemas en orden a la financiación de nuestro sistema de Seguridad
Social? Ahí es donde entra el aspecto de la inmigración que ya ha
sido manifestado por otros grupos, de hasta qué punto en nuestra tasa
de actividad podemos recurrir a lo que serían trabajadores de otros
países, que vinieran aquí al final y en el tema que nos ocupa, a
ayudar a sustentar nuestro sistema de protección social con su
aporte.

Son reflexiones que tienen que incidir en preocupaciones que el señor
Velarde ha manifestado y que nosotros compartimos. Hay una que me ha
llamado profundamente la atención, es el hecho de que siendo nuestro
sistema de protección social no sólo el que reconoce el esfuerzo
trabajador de los miembros de la sociedad en un momento determinadode
su vida sino también como sistema redistribuidor



Página 23985



de la riqueza, esto trae consigo que haya grupos desasistidos -creo
que se ha utilizado esa expresión- que se puedan valer del mismo,
pero que lo hagan en función de la propia dinámica en que se
encuentra el sistema, y al final haya grupos más desasistidos -y
también pongáse entre comillas- que con cierta picaresca y
conocimiento puedan verse beneficiados en mayor medida que otros
grupos. En la distribución de la riqueza tal vez nos podemos
encontrar que en un momento determinado no sea como pensamos todos,
sino que al final en función de ese acercamiento al sistema y de
utilización del mismo beneficie más a unos que a otros. Esa reflexión
me ha parecido muy oportuna.

Acabaré, señor Velarde, con las propias palabras que usted ha
utilizado. El Estado del bienestar tiene unas resistencias
formidables al cambio. Nosotros justamente estamos viendo aquí cómo
evoluciona el nuestro e intentando ponernos de acuerdo entre todos
para que el cambio sea lo menos intranquilo posible para aquéllos a
los que va dirigido, que al final somos todos, porque quien no es
pensionista aspira a serlo algún día; y no sólo lo menos intranquilo
sino que lo hagamos lo más acertadamente posible.

No creo que nadie discuta, reitero para acabar, que en este momento
ha de ser nuestro esfuerzo en creación de empleo el que nos tiene que
permitir sustentar un sistema en el que dentro de 15 ó 20 años
también tengamos que atender a muchas otras variables conocidas, pero
-y lo han comentado con anterioridad- el que se pueda errar en su
predicción no tiene por qué hacer que en este momento estemos
lamentando profundamente habernos equivocado en el día de hoy.

Acabo con esta última reflexión, también al hilo de su propia
intervención. La política de creación de empleo no se puede desligar
en absoluto de la política económica. Nosotros somos de los que
creemos que no puede haber creación de empleo sin crecimiento
económico, pero no todo crecimiento económico crea empleo, y ésa es
la última de las reflexiones que quería hacer al profesor Velarde,
porque no todo crecimiento económico puede acabar creando número de
empleos suficiente para mantener un sistema. Al final contará la
sensibilidad del crecimiento económico respecto a la creación de
empleo, y es un término que se ha utilizado en la doctrina. También
me gustaría hacer la reflexión al profesor Velarde de cómo hay que
estimular ese crecimiento económico para que se traduzca
verdaderamente -como creo que está ocurriendo estos años- en creación
de empleo, y no tengamos que acudir a elevadísimas tasas de
crecimiento económico para que eso nos lleve a una creación de empleo
que al final va a dar garantías al propio sistema.

Acabo con las palabras que he pronunciado al principio, señalando que
sus reflexiones y las de otros grupos me han parecido
interesantísimas y no me cansaría de repasar las notas y seguir
haciendo reflexiones, pero creo que será mucho más eficaz para todos
que procedamos, en este caso profesor Velarde, a que como ha hecho en
su primera intervención sea usted un acicate de los políticos, de
aquellos que hoy tenemos que escuchar mucho más que hablar, y sobre
todo que no nos equivoquemos en las decisiones que tengamos que
tomar.

El señor PRESIDENTE: Para contestar a las intervenciones de los
grupos parlamentarios, tiene la palabra el profesor Velarde.




El señor CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Velarde
Fuertes): Tengo que comenzar por disculparme de dos cosas. Quizá
había entendido mal para qué se me convocaba aquí exactamente y como
consecuencia de esto todo lo que previamente había pensado era algo
muy esquemático para ofrecerme como un profesor de economía que viene
a colaborar con el trabajo de ustedes, abriendo cuestiones o
problemas para que ustedes, como lo han hecho con gran amabilidad, me
preguntasen. Quizá hubiera debido traer una ponencia preparada para
explicar el conjunto de mis puntos de vista. Me pareció que eso no
era lo adecuado, pero de pronto me he sentido levemente perdido y si
tenía que haber hecho otra cosa les pido disculpas, señor presidente,
por haber entendido mal el sentido de mi comparecencia.

También tengo que pedir disculpas, evidentemente, porque el viejo
compañerismo en el Ministerio con el señor Griñán, las viejas
relaciones de muchos tipos, de pronto me han llevado a la alusión de
un profesor a otro que ha fallecido hace tiempo, que hizo una
prospectiva preciosa de cómo iba a ser la población española, que no
pasaría de los 40 millones de habitantes, y lo dijo en el año 1950.

Fue un análisis precioso de futuro económico que en las viejas
revistas de economía política hizo Ángel Alcaide, y de pronto me
salió que todos decían eso, efectivamente, menos Ángel Alcaide que
había dicho lo otro y que todo el mundo se había encogido de hombros,
comentando: Qué tonterías se les ocurren a estos económetras, que nos
plantean estas cuestiones. Pido disculpas porque en ese momento hice
algo que en la cortesía parlamentaria no debería haber hecho, y lo
lamento.

Tengo que dar las gracias porque todos ustedes han entendido el
sentido de mi intervención, que es ayudar a una de las comisiones que
creo más importantes en este momento en el conjunto de la vida
española. En un debate que tuvimos ayer en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas, tratamos una serie de cuestiones, como la
evolución del gasto público, el déficit del sector público, etcétera,
y nos encontrábamos con que eso que se llama pomposamente los bienes
privados suministrados públicamente (que son el conjunto de lo que
popularmente llamamos el Estado del bienestar, o sea las pensiones,
el desempleo, la educación, la sanidad, etcétera), todo eso significa
en estos momentos algo más de la cuarta parte del conjunto del
producto interior bruto, y por otra parte alrededor del 60 por ciento
del conjunto de gastos de las administraciones públicas. Eso es
importante, y es lo que hace que esta Comisión sea el retrato de uno
de los núcleos esenciales del futuro económico español. En ese
sentido, tengo que tratar de contestar a las preguntas que tan
amablemente me hicieron ustedes, y concretamente a lo que por el
Grupo Socialista ha señalado el señor Griñán.

En primer lugar, las cuestiones del futuro sirven para algo o no
sirven para nada. Ya lo dijo Keynes, a largo plazo todos muertos; por
tanto, ¿para qué nos vamos a preocupar? Sin embargo, él vino a
Madrid, a dar una conferencia en la vieja Resi, y de lo que habló
allí fue de la economía



Página 23986



política de nuestros nietos; o sea que trato de averiguar el futuro.

¿Que se equivocó? Por supuesto. ¿Que Bichsel, cuando hizo esos
planteamientos en Suecia, se equivocó? Por supuesto. ¿Que Gibbons,
con lo de the cold question, se equivocó cuando señaló la catástrofe
que iba a asolar el mundo porque el carbón se acababa y qué iba a
ocurrir cuando se acabase el carbón. Por supuesto. Afortunadamente,
siempre tenemos tendencia a mirar en estática, pero en los fenómenos
de la dinámica al actuar el tiempo estamos metidos dentro de una
revolución industrial impresionante, la humanidad está demostrando
que tiene capacidad muy por encima de todo lo que nos podemos
imaginar y de esta manera en la dinámica estamos resolviendo multitud
de cuestiones.

Ahora bien, eso no quiere decir a mi juicio -y por eso quisiera
señalarlo-, que toda situación dinámica debemos eliminarla, y sobre
todo una. En el terreno de las pensiones hay algo que sabemos casi
exactamente. Por supuesto, algo se va a mejorar la esperanza de vida,
pero es prácticamente segura la viejísima estimación vinculada
precisamente con un viejo trabajo que el señor Leguina hizo para el
Partido Socialista sobre prospectivas para el siglo XXI de cómo iba a
ser la población, que son muy parecidas a las que está haciendo ahora
el Instituto Nacional de Estadística, cientos de miles arriba o
abajo.

Hay cifras de las que estamos prácticamente seguros, por ejemplo,
cuántos viejos vamos a tener y a partir de qué momento los tenemos
que atender. También sabemos de manera bastante segura -con toda la
serie de matizaciones que se quiera- las perspectivas de cuáles son
los niveles de renta con los que aproximadamente dentro de 10 ó 15
años vamos a jugar en el mundo occidental. Digo esto porque creo que
tiene mucha razón Amartya Sen cuando señala que los problemas de las
atenciones en el terreno concreto de la seguridad social no sólo
deben afectar a puros mecanismos de porcentajes de renta, etcétera,
sino también a mecanismos sociales. Amartya Sen dice que a una
persona ir descalza en Marruecos no la degrada socialmente, pero hay
ciertas caídas en los niveles de renta que degradan socialmente. Esa
degradación social es algo que también tenemos que estimar; son datos
culturales que se mantienen con una rigidez tan grande que los
conocemos aproximadamente. Por ejemplo, que hay que vestir de una
determinada manera, que hay que atender determinadas cosas o hay que
acudir a determinados lugares. Ya sé que no es obligatorio y que se
lograría vivir en otras condiciones, pero sabemos que eso agravia
socialmente y son constantes con las que tenemos que contar. Por
tanto, estoy de acuerdo con que no podemos hacer una prospectiva
exacta, pero podemos acercarnos y creo que habría que hacer esfuerzos
en este sentido.

También tengo que señalar que lo del empleo lo utilicé precisamente
jugando con que Beveridge plantea seguros sociales y pleno empleo.

Ahora bien, que este pleno empleo de ahora no tiene nada que ver con
los planteamientos de entonces es evidente, porque en este momento
está entrando la gran reserva que tenía la población española. Yo
recuerdo un viejo informe de un japonés que escuché en la OCDE hace
muchos años, que decía: ¿Qué va a ocurrir con los avances de la
economía española cuando de pronto aparezca ese gran embalse que
tiene, que es el trabajo femenino?
Estoy hablándoles a ustedes de cuestiones del comienzo de los
años setenta, cuando no había aparecido. Ahora ha irrumpido y la
función de producción no sólo es capital, es trabajo, sobre todo
cuando es un trabajo (como están poniendo de manifiesto las
estadísticas de la educación que se nos están dando) donde la
capacidad intelectual está especialmente valorada. Las mujeres han
entrado en la universidad, en los institutos y en los centros de
formación profesional con unos niveles extraordinarios. Normalmente
doy más matrículas de honor a mujeres que a hombres, y por tanto sé
hasta qué punto eso es así, y va a contribuir muy eficazmente a que
la función de producción española mejore. Por eso, yo quisiera tener
siempre presente la alternativa del empleo masculino y femenino,
porque a veces se plantean dilemas importantes.

Dicho esto, tengo que comenzar a contestar a preguntas muy concretas
que se me han hecho en relación con todas estas cuestiones. En primer
lugar, ¿cómo se debe reorientar el sistema? Yo creo que los sistemas
de protección social tienen que atender -históricamente lo han
demostrado- a las pensiones, al paro, a la asistencia sanitaria, a lo
que sucede con la familia, a la educación, y siempre hay un añadido
que ponen todos los países, un poco de vivienda. Ésa es la esencia
fundamental de un Estado del bienestar. Dentro de todo esto, por
supuesto que en este momento la protección social a la familia -el
señor Griñán lo ha planteado muy bien- es uno de los temas
fundamentales porque en España ha ido cayendo de manera tremenda, y
hoy día es más bien una caricatura de protección social si
contemplamos a los suecos o a los franceses, es decir, si
contemplamos al mundo europeo. Por tanto, tenemos que plantearnos si
hemos abandonado demasiado la protección a la familia, que por
supuesto no tiene nada que ver con los viejos subsidios familiares,
etcétera, es de otra manera. ¿No nos debemos plantear esa cuestión a
la manera europea? Éste es un tema que hay que introducir aquí porque
probablemente nos va a cambiar otras muchas cuestiones.

Por supuesto que también estoy totalmente de acuerdo con que, si
tratamos de financiar ese conjunto de gastos exclusiva o
preponderantemente con las cotizaciones tradicionales de la Seguridad
Social, nos encontramos con que la economía española es menos
competitiva. Éste es un tema de primera fila que tenemos que
plantearnos porque evidentemente no podemos seguir así; ahora bien,
la alternativa es la presupuestación -también tengo que decirlo
porque no veo otra solución- y el mantenimiento del sistema de
reparto es inexorable. ¿Por qué? Porque el paso del sistema de
reparto a un sistema de capitalización significa una carga tan brutal
sobre el conjunto del sector público que las cuentas -por lo menos
las que he hecho yo y las que han hecho multitud de economistas- no
nos salen. Ya sé que ha venido José Piñeda y nos ha dicho que eso era
fácil, pero en el debate que tuve con él en una reunión en la Bolsa
le preguntaba de dónde salía ese dinero. Y decía: muy sencillo, se
vende el Banco de España, ¡Por qué tiene que estar en la plaza
Cibeles con lo que valen esos solares! Y le dije que yo en el
Tribunal de Cuentas tengo que hacer el balance en la cuenta general
del Estado y sé aproximadamente lo que vale el patrimonio del Estado
y no sirve para compensar la carga que va a significar esa Seguridad
Social. De manera que soluciones rápidas y facilonas, no.




Página 23987



Una de las aportaciones esenciales del Pacto de Toledo es que el
sistema de reparto ha sido consagrado. Ya sé que tenemos que hacer
cálculos adicionales, pero eso esta ahí y tenemos que jugar con ello.

¿Qué hacer para que el sistema normal presupuestario contribuya a que
esa carga sobre los empresarios no sea intolerable? Hay que hacer
tres consideraciones. Primera, no hay posibilidad de ahorrar más en
cuanto a los mecanismos administrativos, etcétera, de las
prestaciones, sobre todo de pensiones. La eficacia del funcionamiento
administrativo del sistema de pensiones español es el más alto
imaginable. No hay posibilidad de hacerlo mejor, de hacerlo más
rápido, de hacerlo más barato. Por tanto, no lo toquemos, ya que
supondría ahorrar miserias y probablemente tener deseconomías.

Considero que por ahí no puede haber nada, pero sí puede haber
soluciones notables. Cuando vayamos mejorando el empleo ¿las
prestaciones de paro no van a disminuir? Evidentemente. De ahí
tenemos que obtenerlo. Por otro lado ¿hemos llegado hasta el final en
la racionalización del conjunto del sistema sanitario? Aquí
tendríamos que debatir para, a continuación, obtener cosas para
resolver los problemas de esas prestaciones económicas, de pensiones,
de familia, etcétera.

Tengo que plantear el tema de la educación. Está muy bien la
educación en España, pero tenemos que plantearnos en serio si no
tenemos un sistema excesivamente caro en cuanto a niveles de
ineficacia. En su conjunto es ineficaz. Los economistas estamos
empezando a analizar el sistema de educación y hay huecos por todas
partes. En ese terreno puede haber sustanciales ahorros que podrían
ir a cuestiones vinculadas con el mecanismo de la Seguridad Social .

No se trata de detener nada en el mecanismo de la Seguridad Social, y
concretamente en algo tan delicado como son las pensiones, pero hay
que analizar cómo engarzar ese conjunto, que el señor Griñán ha hecho
muy bien trayendo aquí, de prestaciones, que en el fondo acaban
siendo prestaciones familiares, con ese conjunto de necesidades. Hay
que reflexionar, hay que avanzar, hay que estudiar y creo que se
pueden obtener muchísimas cosas.

Perdón porque vaya un poco deprisa para no molestarles a ustedes,
aunque quedo a su disposición para aclaraciones, complementos o lo
que sea. Dicho esto, tengo que pasar a lo que me ha planteado el
señor Zabalía, por el Grupo Vasco. Hay varias cuestiones muy
importantes. Eran cinco, pero dos eran las esenciales. En un sistema
de reparto de pensiones como el español, y en conjunto el sistema de
la Seguridad Social, cuanto más amplios sean los colectivos, el
sistema es mucho más eficaz. Eso no quiere decir que no se puedan
obtener mejoras de gestión en algunos aspectos. Yo no imagino cómo
puede mejorar la gestión en las pensiones. Lo han hecho muy bien. El
sistema proviene de viejas derivaciones del Instituto Nacional de
Previsión, de esos funcionarios, de cómo lo han hecho. Lo han hecho
tan maravillosamente bien que yo diría: no toquemos esa
administración, por favor, porque puede que tratando de mejorarla, la
empeoremos. Ahora bien, en otros aspectos como el empleo,
prestaciones sanitarias, etcétera, del Estado del bienestar, estoy de
acuerdo, señor Zabalía, que seguramente se puede mejorar en muchos
aspectos. Yo no soy experto en economía de la empresa y no puedo
llegar a estimar hasta dónde se puede llegar, pero probablemente el
papel de las comunidades autónomas puede ser muy eficaz, muy serio y
que nos beneficie a todos.

En cuanto a las prestaciones a nivel empresarial, es algo que puede
ser muy importante. Una vez eliminado ese riesgo que acabará
existiendo alrededor de todo esto, que era como una presión
inflacionista, un impuesto no discutido en las cámaras legislativas
que grava a las pensiones, etcétera, es posible que hayan mecanismos
y sistemas adecuados para que en los convenios colectivos puedan
existir prestaciones complementarias importantes que alivien muchos
problemas. Me consta que es uno de los temas que algunos estudiosos
están tratando. Precisamente hay un grupo en la Universidad Autónoma
de Madrid que lo está estudiando. Uno de ellos, el profesor Barea,
que es el que me avisó que SS.SS. iban a convocarme, sé que está al
tanto de estas cuestiones. Puede ser muy importante y un complemento
adecuado. Están trabajando para saber de qué manera pueden conseguir
mejoras importantes a través de mecanismos, que en el fondo no dejan
de ser mecanismos de capitalización, porque de alguna manera eso
tiene que capitalizarse, pero derivado de acuerdos, convenios,
situaciones que se den en ciertas empresas, en ciertos convenios
colectivos, etcétera. Pero al llegar aquí, tengo que señalar que esto
que me gusta en principio, que creo que es algo que puede hacer que
las personas ahorren más, sistemas que están desde su nacimiento en
1907 ó 1908, cuando se pone en marcha el sistema de libertad
subsidiada, es decir, el Instituto Nacional de Previsión, hay que
andar con mucho cuidado. Esto puede crear de pronto colectivos que
estén espléndidos, pero si damos demasiado énfasis a estas
situaciones, que ojalá se produzcan y avancen, si con esto creemos
que lo hemos resuelto todo, podemos encontrarnos con que dejamos
huecos importantes como son los convenios colectivos o sectores más
débiles, que quedan desatendidos. En principio me gusta mucho y creo
que hay que actuar.

Hay planteados otros temas adicionales que tienen la máxima
importancia, como son las cotizaciones empresariales. Cuando
comparamos las estadísticas de las cotizaciones empresariales en
España y las cotizaciones en otros lugares, vemos que la carga es
notable. Tenemos que plantearnos la competitividad como una de las
exigencias para la economía, que es una de las más abiertas que
existen en este momento en el conjunto de la economía mundial. Hay
que estudiar muy a fondo cómo van a llegar los fondos, si con un
porcentaje importante de cotizaciones empresariales como ahora. Ya sé
que llegar al sistema danés, con la carga del sistema fiscal, sería
incluso un disparate que, desde un punto de vista sentimental -y esto
nos lo señaló hace siglos el profesor Gascón y Marín-, no le gusta al
mundo de los trabajadores. Los trabajadores quieren saber que no es
ninguna beneficencia lo que se les da. La vieja ley de beneficencia
de 1849 era eso, un porcentaje para atender a los más necesitados del
conjunto del gasto público. Yeso repugna de alguna manera. El mundo
empresarial debe seguir con esta creencia: hay un grado de salario
retenido, tengo derecho. No porque esto tenga nada que ver
jurídicamente, sino porque se siente. Yo soy asturiano y he vivido
desde mis primeros años en ambientes laborales de fuerte cultura
sindical y eso lo he palpado. Hacerlo del todo, no; pero aliviar esa
cuestión, lo que ha planteado el



Página 23988



señor Zabalía, es fundamental; hay que estudiar en serio cómo se
alivia.

La situación de los inmigrantes. Creo que podremos llegar en España a
los 45 millones de habitantes que mencionaba el señor Griñán -estoy
dando una cifra cuasiloca-, pero en un porcentaje muy grande serán
inmigrantes y, por tanto, tenemos que saber cómo tratarlos. Tengo que
decirles que la inmigración no es gratuita. Puede parecernos muy bien
que vengan los inmigrantes y trabajen por nosotros en labores
desagradables en las que ya no queremos trabajar; el efecto
Rothenberg se produce siempre: hay labores que no queremos hacer
porque nos parecen atentatorias contra la dignidad social. Rothenberg
vio que los habitantes de la isla antigua no querían trabajar en la
caña de azúcar porque había recuerdo de esclavos; esas cosas existen
y colocamos ahí a los inmigrantes.

Ahora bien, el coste social que se plantea con los inmigrantes es
siempre el mismo: si los desatendemos en prestaciones sociales,
tienden a crear situaciones de coste social importante porque aumenta
la criminalidad y toda una serie de cosas. Eso se paga; el coste
social es un coste como otro cualquiera que acaba saliendo del
bolsillo de los ciudadanos. ¿Alternativa? Deben tener prestaciones
sociales esenciales. ¿Cómo? Este es el momento de empezar a pensarlo.

Ahora hemos entrado en la situación de país que recibe inmigración y
ésta será cada vez más fuerte. No podemos encogernos de hombros.

Perdonen ustedes si me muestro vehemente en esto, pero se sale tanto
de las magnitudes del futuro que hay que articularlo bien: qué les
damos, qué prestaciones van a recibir, qué cantidades mínimas tienen
que tener y qué atención del Estado del bienestar.

Prestaciones no contributivas. Podrán decirme que lo reflexione más,
pero yo creo que las prestaciones no contributivas tienen que estar
basadas en el mecanismo de gastos de la Hacienda pública central.

¿Por qué? Muy sencillo. Las prestaciones no contributivas van
orientadas a que la dignidad de los españoles no caiga por debajo de
ciertos límites, que los mismos reciban ciertas cantidades por encima
de todo. Si esa situación es así, ¿quién tiene que pagarlo? El
conjunto de los españoles; todos nosotros tenemos que pagar que no
haya gente en situaciones indignas, eso es lo que está detrás de las
prestaciones no contributivas. Yo no veo que deban atenderlas las
cotizaciones sociales, es el presupuesto de gasto normal el que debe
atender esos mínimos sociales.

Izquierda Unida me ha planteado una serie de cuestiones muy
importantes, que voy a tratar de responder de la mejor manera de que
sea capaz. Prestaciones de viudedad, etcétera; hay que hacer un gran
barrido para reconstituir todo esto. ¿Qué es, en el fondo? Se trata
de ver qué cosas hay que hacer en cuanto a la familia y al trabajo.

La viudedad no deja de ser un recuerdo de una sociedad que ha
desaparecido -yo diría que, afortunadamente, para siempre- como
consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo. Son
transformaciones estructurales y tenemos que cambiar el conjunto del
sistema. Ya sé que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero
creo que, si ustedes reflexionan sobre esto, harían un servicio
verdaderamente notable. Está muy bien esa frase, la he anotado y, si
alguna vez la utilizo, le citaré a S.S.: las cotizaciones como
gananciales. No es eso; todo esto está relacionado con otras cosas.

El segundo dilema -o trilema- era: reducir cotizaciones, hacer
reservas y mejorar las pensiones. ¿Por dónde empezamos? Hay una
mejora de las pensiones desde el punto de vista monetario que no lo
es desde el punto de vista real: la que se hace con el IPC. Si ese
IPC debe ser éste o, como dice Julio Segura, otro IPC, es tema de
discusión de estadísticos que quizá deberían plantearse ustedes en
algún momento; en todo caso, es un asunto de debate técnico.

Si la mejora de las pensiones es otra, entramos en la reducción de
las cotizaciones. Ya lo he dicho, creo que nos lo debemos plantear
seriamente. En cuanto a las reservas -ya sé que el Pacto de Toledo
les dio mucha importancia-, les diré con todo respeto que la gran
reserva del sistema de Seguridad Social es que es un sistema público;
esta es, a mi juicio, la gran reserva. Por eso he dicho que las
reservas están ocultas, por eso hablaba de lord Martin Feldstein que
señala: es como si hubiera una deuda pública gigantesca porque se lo
debemos a los que tienen que recibir las cotizaciones. ¿Qué magnitud
tiene esto? ¿Cómo se puede estimar? Y, como consecuencia de esto,
¿debe haber unas reservas a efectos de hacer ciertas operaciones y
para saber que no habrá problemas de liquidez? Sí, pero no
plantearnos que tenemos que ir aumentando las reservas para estar
tranquilos, porque es el sistema el que tiene que hacer que estemos
tranquilos: que vaya bien en su conjunto, etcétera; y, en ese
sentido, la baja de las cotizaciones puede aliviar mucho y puede
aumentar mucho la capacidad de empleo y la competitividad de nuestra
economía. Entonces, ¿en qué orden pondría yo las tres cosas que dije
al principio? En primer lugar, reducir las cotizaciones; en segundo
lugar, mejorar pensiones en lo que se pueda; y lo de las reservas,
dejémoslo ahí porque algo hay que hacer, pero no le doy importancia.

El sistema complementario. ¿Debe reabrirse la polémica sobre todas
estas cuestiones? A mi juicio, es necesario que nos lo planteemos; el
sistema complementario es una de las cosas importantes. Glosando lo
que me decía el señor Zabalía, ¿debe venir a través de convenios
colectivos? Yo tengo tendencia a hacerlo. ¿Debe venir por otros
planteamientos diferentes? Puede hacerse, incluyendo la aportación de
las personas que quieran mejorar complementariamente las pensiones.

¿Cómo debe mantenerse la fiscalidad respecto a otros sistemas de
pensiones? Estas son cuestiones técnicas a debatir, son muy
importantes y está muy bien plantearlas. En cuanto a reabrir la
polémica, no sé si esto es polémica o no; creo que es discusión,
debate, apertura de ideas y que merece la pena avanzar en ello.

El señor Camps, por el Grupo Popular, me ha planteado una serie de
cuestiones extraordinariamente importantes. La primera, en el sistema
de Seguridad Social tiene que encajar el empleo. De pronto, no se nos
puede ocurrir eso que decía Lindbeck, el presidente de la Comisión
del Premio Nobel de Suecia, que pensaba mucha gente en su país:
siempre más, nunca bastante; estuvieron a punto de hundirlo todo. Hay
que frenar y pensar -en el caso concreto español- en términos de
empleo, porque creo -y por eso lo mencioné muy de pasada- que España
tenía dos problemas y uno lo han resuelto ustedes en parte con el
Pacto de Toledo. Cuando estudiamos los niveles de producción de
España vemos que tiene un hueco, que es eso que llamamos



Página 23989



la convergencia real, etcétera, y no se acerca, todavía estamos en el
ochenta y pico por ciento de la media comunitaria, estamos en los
niveles más altos de nuestro desarrollo, estamos a tasas de
incremento extraordinarias, pero nos queda un hueco, hay que dar ese
salto.

Por lo que se refiere a la distribución, y uno de los sistemas es la
Seguridad Social, nos encontramos con que de los últimos datos que
Julio Alcaide me ha dado recientemente se desprende que estamos ya en
magnitudes parecidas a las de otros países; quiero decir distribución
de algo que es más bajo que lo de otros países, no que a las personas
de baja renta les llegue lo mismo que a las personas de baja renta de
otros países. Por tanto, en este momento hacer hincapié sólo en
cuestiones de distribución y no plantear problemas que contribuyen a
la producción, a mejorar el empleo, a mejorar la actividad, a mejorar
el desarrollo, creo que no sería lo adecuado.

Si a mí se me dice: Vamos a mejorar notablemente las pensiones, o
vamos a mejorar notablemente el Instituto de Biología Molecular, no
sólo para la enfermedad sino para otras atenciones, como podría ser
el problema de los transgénicos, etcétera, yo diría que hay que
mejorar el Instituto de Biología Molecular; también podrían decir:
Vamos a mejorar notablemente las pensiones, no digo pequeñas mejoras
o retoques, etcétera -tengo que ser muy franco con ustedes-, o vamos
a mejorar el sistema de conexiones de carreteras de tal localidad con
tal localidad, yo sería partidario de mejorar el sistema de
transportes o eso que llamaba Delors las nuevas vías romanas, los
sistemas de telecomunicaciones que enlazan este mundo de los
ordenadores y que van a servir para avanzar adecuadamente. Ese es un
gran dilema nacional, es un gran debate en el que creo que debemos
opinar todos y las decisiones de ustedes van a ser fundamentales,
pero yo creo que lo que hay que hacer es actuar ahí.

Eso me lleva a una cuestión que planteó muy bien el señor Griñán
sobre los niveles de ocupación de España. Precisamente hemos roto
ahora una especie de tabú: nos habíamos quedado estancados en los
años sesenta en cuanto al grado de ocupación que tenía España, tanto
en las cifras relativas como en las cifras absolutas, hablábamos
mucho de desarrollo, etcétera, pero la ocupación no aumentaba. De
pronto eso se ha roto, según vemos en las estadísticas a largo plazo
de la población activa estamos acercándonos ya en población ocupada,
y por ello el paro se va reduciendo a unos niveles más bajos. Eso se
ha roto desde el año 1995; pues si se ha roto eso y estamos en ese
camino, sigamos rompiéndolo. En ese sentido creo que hay que pensar
en alternativas porque el gasto público no lo podemos expansionar,
sabiendo que tenemos que tener equilibrados gastos e ingresos y que
los ingresos no podemos aumentarlos ilimitadamente sin causar
problemas de localización de actividades, etcétera.

Por lo que se refiere a la revolución cultural en la Seguridad
Social, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el señor
Camps. Creo que todos tenemos la responsabilidad, pero quizá más que
ustedes la tendríamos los profesores universitarios, porque
tendríamos que actuar para que cambie la cultura en relación con
todas estas cuestiones y todos estos problemas para que la sociedad
sea más plástica. Pero también hay que decir una cosa, y es que
cuando en el Parlamento Europeo se aprobó que una de las bases
esenciales de la cultura europea eran los mecanismos del Estado de
bienestar, dejaron ese hito colocado ahí y ese hito creo que sería un
puro disparate abandonarlo o dinamitarlo. Precisamente una de las
bases del Pacto de Toledo es que ninguno de los grupos parlamentarios
cree que se podía echar esto abajo. Hay que tranquilizar a la gente
alrededor de estas cuestiones, tienen que saber que se está
trabajando desde un talante tranquilo y seguro y que no les va
a ocurrir nada alarmante por lo que se refiere a sus economías
domésticas y a su dignidad personal. Creo que todo lo que se haga en
ese sentido es poco. ¿Qué ocurriría si cayese la actividad? Sería muy
malo. El señor Camps me ha planteado una pregunta directa. Vamos a
imaginar una cosa que puede ocurrir y que los economistas no
descartamos: Alan Greenspan está muy preocupado porque la burbuja
especulativa de Estados Unidos se puede venir abajo y como
consecuencia de eso un tropiezo grande de Estados Unidos significaría
un enfriamiento de toda la economía occidental, no le demos más
vueltas. Tenemos que prepararnos para eso. Nosotros lo estamos
pasando muy bien en una situación que no es precisamente de oro, ni
muchísimo menos, pero puede empeorar la situación de la economía
mundial y en ese momento la actividad se frenaría y si esto ocurre
tendremos una situación para las estadísticas y el futuro de la
Seguridad Social, que creo que sería muy preocupante.

También les tengo que decir qué perspectivas tenemos en este momento.

Acaba de señalar The Economic Outlook las perspectivas serias que hay
para el año 2001. Puede ocurrir lo anterior, es posible que ocurra,
pero no es probable. Dentro de eso, que es lo más probable que vaya a
suceder, la OCDE señala que nosotros estaremos en el año 2001 los
cuartos en desarrollo económico y en desarrrollo de empleo: el número
uno es Irlanda, que sigue con ese camino enloquecido; el número dos
es Finlandia, que sigue desarrollándose de una manera tremenda; el
número tres es Australia, que en el año 2000 no se desarrollará tanto
pero que en el año 2001 va a desarrollarse de manera muy fuerte, y el
número cuatro es España. Por tanto, en principio, vamos a aceptar la
hipótesis de la OCDE y si la aceptamos, dejemos de angustiarnos,
porque para qué preocuparnos demasiado, aunque si tiene que cogernos
el toro nos coge, señor Camps, se lo tengo que decir de verdad, eso
sería tremendo.




Los problemas de la redistribución, el problema del empleo, de cómo
se debe estimular el empleo. Esta es una pregunta clave. ¿Qué podemos
hacer para que el empleo avance? El empleo creo que avanza por tres
caminos. Camino número uno del empleo: nunca puede haber incremento
del empleo si no hay incremento importante del producto interior
bruto, eso es evidente, y en ese sentido todo lo que se camine para
aumentar la productividad, etcétera, está muy bien porque está
encajado en ese sentido. Segundo camino: nosotros tenemos que
proseguir en una tarea que es fundamental, que es la de hacer que el
mercado de trabajo sea más flexible. Siempre tengo que decirlo cuando
hablo de esto, y lo he dicho muchas veces en conferencias, etcétera:
yo no estoy hablando nada de la libertad de despido, que es una
tontería que creo que nadie sostiene dentro del ámbito cultural
occidental, pero sí de que hay que prepararse



Página 23990



de otra manera, que hay que orientar de otra manera la formación
profesional, que los convenios colectivos deberían organizarse de
otra forma, etcétera. Que el conjunto del mercado de trabajo debe ser
más flexible es evidente y que eso facilita el empleo, también, lo
facilita de una manera automática. Tercer camino: afortunadamente
creo que en España ya hemos borrado del todo esa creencia en la vieja
curva de Phillips: que podíamos conseguir empleo con inflación o con
ciertos grados de inflación. No. Hemos visto y hemos contrastado
empíricamente que la inflación más bien complica el empleo y, por
tanto, la manera de mejorar el empleo es huir de la inflación. Como
se mueve de verdad la curva de Phillips es al revés de como se creía.

Se pensaba que con cantidades de inflación se mejoraba el empleo. No.

Se mueve cabalmente al revés: conforme se reduce la inflación mejora
el empleo y el mercado de trabajo. Por tanto, los mecanismos más
competitivos, de mayor productividad y de mayor ampliación, son los
caminos que estimulan el empleo.

Probablemente me he dejado algo, pero no lo he pretendido. Si quieren
que les diga concretamente algo más, lo haré con mucho gusto. Me
someto a todo lo que quieran preguntarme, pero sólo tengo un
problema, señor presidente, que el Pleno del Tribunal de Cuentas
comienza a las once y tengo que estar allí, porque es mi obligación,
como lo es ésta, aunque trataría de llegar corriendo como un gamo.

Por supuesto, señor presidente, quedo a disposición de esta Comisión
para venir cualquier día en el que no exista esta malévola
coincidencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Velarde.

No tiene que pedir disculpas a esta Comisión por ninguna de sus
expresiones ni contenidos; al revés, esta Comisión le agradece su
presencia. Creo recoger el espíritu de todos los miembros de la
Comisión si le digo, desde la perspectiva de diez años en esta casa,
que muy pocas veces se ha tratado con tanto reconocimiento, con tanto
respeto y con tanto afecto a una persona como se ha hecho hoy en esta
Comisión. Siempre se trata con respeto, pero ha habido muchos
reconocimientos de todos los intervinientes.

Están presentes en la sala los dos comparecientes posteriores. Por
tanto, agradecemos al señor Velarde su presencia y su disposición,
que no dude que volveremos a utilizar para seguir trabajando con
usted en esta materia, que, como ha calificado al inicio, es de las
principales que puede tener cualquier comisión de este Parlamento.

Muchas gracias, señor Velarde. (Pausa.)



- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO). A
SOLICITUD DELGRUPO POPULAR EN ELCONGRESO (Número de expediente 212/
002364), DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERALDE IZQUIERDAUNIDA (Número de
expediente 212/002360) YDELGRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ) (Número de expediente 212/002349.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, tengan presente que llevamos un
retraso de una hora; retraso que ha sido fruto de la voluntad
compartida de todos los miembros de la Comisión, pero que debería
movernos a ser más breves
en la siguiente comparecencia para poder ganar algún minuto.

En el orden del día figura como segunda comparecencia la del
secretario general de Empleo, solicitada por el Grupo Popular, por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo de
Convergència i Unió.

Damos la bienvenida al señor Chozas, y le damos la palabra para que
centre su intervención ante esta Comisión no permanente para el
análisis de los resultados obtenidos por el Pacto de Toledo.

Tiene la palabra el secretario general de Empleo.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): En primer
lugar, quiero agradecer la petición de comparecencia a esta Comisión
no permanente para el análisis de los resultados del Pacto de Toledo.

Siguiendo la estructura de mi intervención, voy a intentar, en primer
lugar, hacer un breve análisis del desarrollo de aquellas
recomendaciones del Pacto de Toledo que están más directamente
relacionadas con la evolución del empleo y con la gestión de las
políticas de empleo, y, en segundo lugar, hacer algunas
consideraciones que, en mi opinión, y teniendo en cuenta las
posibilidades previsibles de evolución de los grandes indicadores de
nuestro mercado de trabajo y las necesidades del sistema de Seguridad
Social y, específicamente, las prestaciones contributivas, podrían
incorporarse al debate de futuro.

Primero, tengo que reconocer aquí una frustración respecto de mi
intervención, porque tenía la intención de no abundar en cuestiones
que ya han sido planteadas a la Cámara. En ese sentido me he
estudiado, con el detalle que el tiempo me ha permitido las
comparecencias que han precedido a la mía y he analizado la
información y documentación ya aportadas por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Tenía la intención de no abundar excesivamente en
cuestiones que ya han sido presentadas con más o menos detalle; ello,
por supuesto, sin perjuicio de intentar contestar y de garantizar la
aportación de la documentación necesaria para satisfacer cualquier
cuestión que planteen SS.SS. para el desarrollo pleno de los trabajos
de la Comisión. La frustración me viene porque he oído en gran medida
la intervención de quien me ha precedido, y desde la modestia lógica
(porque es imposible compararme con el conocimiento y con la
presentación del profesor Velarde, tanto en la forma como en el
fondo), dado que él ha centrado en gran medida -al menos durante el
tiempo que yo he estado presente- sus consideraciones alrededor de la
importancia del empleo, pido disculpas por anticipado, porque voy a
tener que abundar en algunos de sus planteamientos respecto de
algunas cuestiones, como digo, de una manera mucho peor.

Comenzando el contenido de la primera parte de la intervención en los
términos señalados y refiriéndome concretamente al contenido de las
recomendaciones desde el ya indicado punto de vista del empleo, creo
que es obligado hacer un recordatorio de la evidente conexión entre
la situación y evolución del empleo y la de los gastos en
prestaciones que se financian por la vía de las contribuciones
mediante cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores. Es
claro que, además de otras muchísimas implicaciones, el mayor número
de trabajadores ocupados es sinónimo



Página 23991



de la mejor garantía de estabilidad y solidez de nuestro sistema de
protección y en gran medida las dificultades que en distintos
períodos ha atravesado o pueda atravesar el sistema han tenido una de
las causas en los escasos niveles de empleo y por tanto de
cotizantes, que desafortunadamente han caracterizado y todavía
caracterizan a nuestro mercado de trabajo.

Sin entrar en mayores detalles, que creo que han sido suficientemente
expuestos a SS.SS., simplemente recordaré las grandes cifras de
nuestro mercado de trabajo desde 1995 y su comparación con las más
recientes. El número de activos de 1995 a 1999 ha crecido
aproximadamente en 875.000 personas, lo que significa en el
cuatrienio un incremento del 0,5 por ciento, mientras que el empleo,
comparando la media anual de 1995, últimos datos disponibles de la
encuesta de población activa, con el tercer trimestre de este año, se
ha incrementado en 1.910.000 personas, lo que supone un aumento del
4,7 por ciento. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la
Presidencia.) El número de afiliados, cotizantes al Sistema de
Seguridad Social, se ha incrementado en el período en alrededor de
los dos millones de personas y la relación entre afiliados y
pensionistas ha pasado del 2,07 a 2,21. De esta manera se incrementa
el porcentaje de afiliados o de personas que aportan al sistema, en
relación con aquellas que perciben prestaciones de carácter
contributivo. Todo ello indica, -creo que no necesitan más repetición
de cifras- que la mejora general del sistema y de las cuentas de la
Seguridad Social se explican en gran medida por la buena evolución
del empleo durante el período temporal en el que el Pacto de Toledo
está vigente.

Respecto a un somerísimo análisis de algunas de las recomendaciones
en relación con este punto de vista del empleo al que me refería, en
la primera recomendación se abordan dos cuestiones de directa
incidencia en las políticas de empleo. De manera resumida, desde el
enfoque de las medidas que se han desarrollado en su cumplimiento, la
primera de las recomendaciones sería que las cotizaciones sociales
deberán ser suficientes para las prestaciones contributivas. Dentro
de este principio de contributividad, se señala que la fiscalidad
general debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de
contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda
empleo. Anadie se le escapa, y ello ha sido debatido en varias
ocasiones en este Parlamento, que el cumplimiento literal de esta
recomendación no se ha llevado a cabo y que una de las líneas básicas
por otra parte de la política de empleo de la presente legislatura,
cual es el programa de bonificaciones a la contratación indefinida
que ha venido y viene fomentando y apoyando las reformas que tienen
su origen en el acuerdo interconfederal sobre estabilidad en el
empleo de mayo de 1997, se vienen financiando en proporción variable
pero muy importante con fondos presupuestarios que tienen su fuente
de financiación en las cuotas por desempleo aportadas por empresarios
y trabajadores.

Respecto a este aparente incumplimiento de la orientación, creo
necesario efectuar algunas consideraciones, unas de carácter general,
que han sido repetidas en un gran número de ocasiones y debates.

Tienen causa en la denominada estrategia europea del empleo y en una
de sus bases fundamentales, que además es una directriz concreta que
deben cumplir los Estados miembros de la Unión, al elaborar
y desarrollar sus planes nacionales de acción para el empleo. Se trata
de la conversión de políticas pasivas de protección por desempleo en
políticas activas de creación de empleo. Las directrices hablan
incluso de la modificación específica de los sistemas fiscales o de
protección.

La buena evolución del empleo, y a ello no es ajeno como causa-efecto
el desarrollo de la contratación indefinida, está permitiendo que los
ingresos por cuota de desempleo no sólo sean suficientes para
garantizar e incluso mejorar la protección a los desempleados sino
también desarrollar una estrategia que busca eliminar o atacar
algunas de las causas últimas del desempleo que consiste en favorecer
el acceso al empleo de los trabajadores en paro o en situaciones de
contratación temporal. Ello se lleva a cabo mediante una amplia gama
de medidas, que van desde la información, orientación o tutela en la
búsqueda de empleo hasta las distintas clases de formación o en
definitiva, hasta la subvención directa de la contratación indefinida
por medio de las bonificaciones.

Este enfoque de fondo en el diseño de la estrategia y definición de
las políticas de empleo que identifica la mejor protección al
desempleado con la mejora real de sus posibilidades de acceso a un
puesto de trabajo debe ser compatible y debe apoyarse en políticas
económicas generales que permitan la reducción del déficit público y
la disciplina presupuestaria, así como el saneamiento general de
nuestra economía sin incrementar los costes laborales reales ni abrir
necesidades y vías de financiación adicionales, necesidades y vías de
financiación adicionales que en el mayoría de los casos finalmente
deberían gravitar directa o indirectamente sobre el empleo y que
pueden suponer a la larga una traba adicional en el objetivo único de
las políticas del mercado de trabajo, que no es otro que la creación
de empleo. Por otra parte, la reciente conversión del programa de
bonificaciones en un programa anual, que se aprueba como parte de la
normativa presupuestaria de cada ejercicio, permitirá su acomodo
tanto a las disponibilidades económicas como su rediseño o
modificación a la última evolución del mercado de trabajo, sin que
ello suponga una hipoteca o carga estructural y anticíclica que
pudiera afectar en su caso a la protección por desempleo.

En segundo lugar, la primera recomendación alude también a que la
fiscalidad general debe hacer frente a aquellas actuaciones que en
materia de anticipación de la edad ordinaria de jubilación o de ayuda
a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal
equilibrio del sistema.

Desde el punto de vista de la política de empleo, entiendo que, a la
vista de la evolución previsible que en un futuro próximo registrará
en nuestra población el empleo y las exigencias del sistema de
protección, sobre los que luego me detendré un poquito, es preciso
profundizar en un debate sobre los mecanismos de anticipación de
hecho o de derecho que se han seguido respecto de la edad de
jubilación de los trabajadores, y de manera más concreta dentro de
dicho debate buscar la coherencia general entre los fines perseguidos
por la legislación laboral, las necesidades de gasto y el enfoque en
la utilización y destino de los fondos públicos. En gran medida son
aquí válidas, y creo que habría que sacar como conclusión el mayor
realismo, la



Página 23992



mayor certeza en el análisis de las reflexiones y consideraciones
contenidas en las recomendación décima sobre la prolongación de la
edad de jubilación y más claramente también las recogidas en el
acuerdo entre el Gobierno y sindicatos que las desarrollan.

Otras recomendaciones que tienen incidencia o que pueden tener un
análisis desde el punto de vista del empleo o de la gestión de la
Secretaría General de Empleo serían la quinta recomendación, respecto
de la mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la
economía irregular, ya que una parte de las medidas de la lucha
contra el fraude, la morosidad y específicamente de lucha contra la
economía sumergida, ha recaído en lo que se refiere a la gestión en
el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de competencias de la
Secretaría de la que yo me ocupo. En base a estas medidas se han
incrementado en los últimos años notablemente las acciones
desarrolladas en la lucha contra el fraude en materia de prestaciones
por desempleo y de mejora de la gestión, que han permitido un ahorro
que ha pasado de aproximadamente 65.000 millones de pesetas en el
ejercicio 1995, a 81.000 millones de pesetas en el ejercicio de 1998,
y a que se minore el gasto en más de siete pesetas y media por cada
cien de gasto, según la previsión para este año y que supera en mucho
la referida a 1995, que apenas era de tres pesetas por cada cien.

En cuanto a la octava recomendación, reducción de cotizaciones
sociales como elemento dinamizador del empleo, con prioridad en los
trabajadores de baja cualificación y en los sectores más intensivos
de mano de obra, hay que señalar aquí las reformas que se efectuaron
respecto del contrato para la formación, regulado en 1997, sobre la
base también del acuerdo interconfederal por la estabilidad en el
empleo y el mantenimiento de unos costes reducidos para dicho
contrato; la incidencia como reducción selectiva de cotizaciones del
programa de bonificaciones, que en su conjunto para 1999 significa el
equivalente a un punto y medio en la cotización por desempleo; y el
proyecto de ley de presupuestos para el próximo año que contempla una
reducción de 0,25 puntos en la cotización por desempleo para la
contratación indefinida.

Respecto de la décima recomendación, jubilación flexible y dotada de
los caracteres de gradualidad y progresividad, como he señalado, aquí
hay unas novedades en cuanto a la legislación, fundamentalmente
alrededor de la nueva regulación de los contratos de relevo,
realizados por el Real Decreto-ley 15/1998, que pretenden hacer más
atractivo el recurso a la jubilación parcial y la sustitución
progresiva de estos trabajadores por otros, facilitando así un
tránsito más gradual hacia la jubilación definitiva. Hay que señalar
que la evolución de los contratos de relevo no es lo satisfactoria
que debería haber sido. En 1997, justo el año antes de la reforma, se
producen 227 contratos de relevo; en 1998, apenas 290 en todo el año;
en 1999, primer año después de la reforma del esquema legal, aunque
es cierto que se aumenta notablemente el número, 735 contratos, creo
que sigue siendo una utilización bastante escasa de esta figura
contractual. En los contratos de sustitución, las cifras
prácticamente no varían año con año y giran cerca de los 2.500
contratos. Junto con ello, por parte del Ministerio de Trabajo se ha
pretendido la iniciación de un debate con los interlocutores
sociales, respecto de la coherencia general de lo
que popularmente denominamos como prejubilaciones, que es a lo que me
refería al aludir a la primera recomendación y, a tal efecto, se ha
solicitado informe del Consejo Económico y Social para que se
pronuncie sobre la coherencia y lógica de los actuales sistemas en el
escenario que después veremos.

La directriz decimosegunda habla del desarrollo de la responsabilidad
empresarial, aunque es verdad que en este aspecto no se ha
desarrollado mediante una normativa general. El Instituto Nacional de
Empleo, desde 1994 y con aclaraciones e instrucciones nuevas en 1996
y 1997, viene actuando en los casos de responsabilidad empresarial en
los que se tiene que hacer cargo de prestaciones por falta de alta de
los trabajadores en Seguridad Social, repitiendo las
responsabilidades a efectos de la recuperación de las prestaciones
por parte de los empresarios. Esta actuación va en incremento y
significa la recuperación de algo más de seis millones de pesetas
durante el ejercicio de 1994, que pasa a algo más de 44 millones en
1998, con una previsión para este año de recuperación de más de 51
millones de pesetas.

Respecto de la decimotercera recomendación, sobre la necesidad de
adoptar medidas destinadas a mejora de la gestión de las prestaciones
por incapacidad temporal y por invalidez, también el Instituto
Nacional de Empleo colaboró en la medida inicial de contratación de
algo más de 120 médicos en situación de desempleo, que fueron los que
iniciaron un análisis especifico en las prestaciones por incapacidad
temporal. Un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la financiación del Instituto Nacional de Empleo permitió la
iniciación de este programa.

Afectando, de manera más o menos directa, a varias de las
recomendaciones es preciso aquí también hacer mención a la extensión
de la protección por desempleo a los trabajadores eventuales
agrarios, ya que dicho proceso para el establecimiento del sistema de
protección se inició con los acuerdos suscritos al final de 1996,
tanto con las organizaciones sindicales, el denominado Aepsa, Acuerdo
por el empleo y la protección social agraria, como con las
organizaciones empresariales, el denominado Apiea, Acuerdo para la
inversión y empleo agrario, y que desde entonces se han venido
desarrollando. Apesar del gran número de reuniones mantenidas y
documentación elaborada todavía no se ha logrado un acuerdo sobre la
materia aunque los trabajos y las reuniones continúan. Las propuestas
con las que se trabaja suponen el establecimiento del desempleo de
carácter contributivo, mediante un esquema que se aproxime en la
medida de lo posible al régimen general, aunque respetando las
características del trabajo agrario; el establecimiento para toda
España de este sistema y la convivencia con el subsidio especial
agrario para eventuales en Andalucía y Extremadura; el desarrollo
gradual de un sistema de protección asistencial, a la vista de la
evolución del empleo, períodos cotizados, etcétera; el tratamiento
más favorable de las rentas generadas por el trabajo agrario para que
no sean incompatibles con la percepción de los subsidios; completar
los sistemas de protección con medidas de políticas activas,
intermediación y movilidad geográfica; y la simplificación
administrativa e informatización de la gestión.

La búsqueda del consenso que, como digo, continua, no sólo se debería
extender a los interlocutores sociales, sino también a las
adminsitraciones afectadas, fundamentalmente



Página 23993



la andaluza y extremeña, por convivir en ellas el subsidio especial
al que aludía anteriormente. En tanto no se llegue a un acuerdo que,
como digo, se sigue trabajando para ello, hay un nivel de consenso
general o está pactado que no se deberían hacer modificaciones
respecto a la protección actualmente existente.

Por lo que se refiere a las consideraciones que de cara al futuro y
en relación con el empleo se deberían, en mi opinión, tener en
cuenta, creo de interés señalar, sin ánimo alguno de exhaustividad y
con el único objeto de favorecer, lo que considero que puede tener
importancia o trascendencia en el futuro. Estas son, en primer lugar,
el papel de la protección por desempleo y de las políticas de empleo
en el Pacto de Toledo; en segundo lugar, la necesidad de prolongación
de la vida laboral; y en tercer lugar, las necesidades de creación
sostenida de empleo para el mantenimiento de la protección y las
dificultades en la creación sostenida de empleo.

En primer lugar, el papel de la protección por desempleo y de las
políticas de empleo en el Pacto de Toledo. Creo que no es necesario
insistir más en la importancia crucial y estratégica que la creación
de nuevos empleos tiene para el mantenimiento de la protección que
queremos que se financie, vía contribuciones sociales. Señalado esto,
entiendo que cualquiera que sea la decisión, que corresponde a esta
Comisión, que se adopte, respecto a la inclusión o no de la
protección por desempleo en una futura revisión del Pacto de Toledo,
esta decisión debe considerar que la prestación por desempleo tiene
que ser analizada dentro del ámbito y decisiones que afecten a las
políticas de empleo en su conjunto, y eso estando fuera de toda duda
que la prestación por desempleo forma parte de nuestro sistema de
Seguridad Social, aunque no es menos cierto que toda su regulación y
diseño deben girar en unos parámetros propios y deben cumplir una
finalidad inmediata: la lucha contra el desempleo, mediante la
combinación de medidas de protección o garantía de rentas y el
impulso de la mejora de la empleabilidad y el apoyo al empleo de
quienes tienen dificultad para acceder y permanecer en niveles de
ocupación de calidad. En este sentido, entiendo que los recursos del
desempleo deben continuar con la orientación de atacar esas causas
últimas del desempleo y que la financiación de las políticas de
empleo en su conjunto, incluyendo la protección por desempleo, debe
mantener su independencia, respecto del resto de recursos del
sistema, y que ello debe considerarse como una garantía, tanto del
diseño, eficacia y solvencia de las propias políticas de empleo, como
de la organización y viabilidad del resto del sistema de prestaciones
por otra parte.

En la medida de lo posible, las políticas de empleo tendrán que hacer
realidad el difícil binomio de garantizar niveles adecuados de
protección en políticas destinadas a quienes tiene más dificultades
de acceso al empleo, tanto políticas activas, como pasivas, con la
reducción de los costes directamente ligados a la contratación, que
es una de las claves para la mejora en las posibilidades de creación
de empleo de nuestro mercado. Sólo, como he dicho ya varias veces, el
crecimiento sostenido del empleo puede hacer posible este binomio.

Por otra parte, no se nos puede olvidar que el mandato a que están
sometidas las políticas de empleo, desde el establecimiento del
título sobre la materia
que se recoge en el Tratado de la Unión Europea, se concreta en
orientaciones, disposiciones y actuaciones específicas cada año que,
en mi opinión, es lo que debe marcar la orientación general de
nuestra política en materia de empleo en general y de protección por
desempleo en particular.

En segundo lugar, una cuestión que entiendo que debe considerarse es
la necesidad sin matices de prolongación de la vida laboral. El
envejecimiento de la población va a plantear y está planteando ya un
desafío importantísimo a nuestra sociedad en materia de empleo, en
materia de sistemas de protección, de asistencia sanitaria e
inserción social. La tasa de dependencia demográfica (población mayor
de 65 años respecto a la población en edad laboral, de 15 a 64 años)
era del 4,34 en 1997, esto es, por cada mayor de 65 años había más de
cuatro personas en edad de trabajar. La previsión para el 2010 es que
la tasa baje al 3,7 y al 3 en el 2025. La población en edad activa
comenzará a descender en España en el año 2007, según estimaciones de
la Comisión Europea, y la población total empezará a descender en el
año 2014. Este escenario se agrava por las tasas de desempleo que
registra nuestro mercado de trabajo, que hace que todo el potencial
de crecimiento del empleo no esté todavía suficientemente utilizado.

A ello hay que añadir que la esperanza de vida (74,5 años para los
hombres y 81,5 para las mujeres, en el año 1997) va a seguir
aumentando y que el número de jóvenes, debido al derrumbe de las
tasas de natalidad, va a disminuir tanto en términos absolutos como
relativos.

Las políticas de empleo y protección deben ser coherentes con este
esquema. Cada vez menos personas en edad de trabajar deberán
garantizar la creación suficiente de recursos y riqueza para atender
las demandas de un mayor número de personas mayores con expectativas
de vida crecientes. Sin embargo, la tendencia en España, como en el
resto de los países de la OCDE, está significando que los periodos de
vida laboral ligados a actividad o a empleo son cada vez más cortos;
se acortan en los años iniciales como consecuencia de la prolongación
y extensión de los sistemas de enseñanza -aquí no es previsible una
modificación o un cambio de la tendencia- y se acorta también en los
periodos finales, sobre todo en el caso de los hombres debido a
sistemas que favorecen, en muchos casos con el apoyo de recursos
públicos, la retirada prematura o anticipada del trabajo. Este
esquema, que en el caso de las prejubilaciones ha sido calificado
como obsoleto y superado por parte de la Comisión Europea, debe ser
superado también por nosotros sobre la base de adaptar al
envejecimiento las políticas y la práctica en materia de empleo
mediante la extensión de la formación y readaptación profesional a
todas las edades, la eliminación de cualquier discriminación por
razón de la edad y el favorecimiento de sistemas de jubilación
graduales y flexibles que incentiven y ayuden a la prolongación de
los periodos de vida activa y empleo de los mayores.

El paquete de empleo que para el próximo año aprobará la cumbre de
Helsinki el próximo mes de diciembre, con toda probabilidad contendrá
mandatos concretos en esta dirección. La directriz 4 del texto
actualmente disponible señala que cada Estado miembro revisará y en
su caso cambiará el enfoque de sus sistemas de prestaciones y
fiscalidad a fin de desarrollar una política tendente a la
prolongación de la vida activa que incluya medidas apropiadas, tales



Página 23994



como el mantenimiento de la capacidad de trabajo, el aprendizaje a lo
largo de la vida y otras formas de trabajo flexible, de manera que
los trabajadores de edad también puedan seguir participando
activamente en la vida profesional. Tanto las directrices como el
informe conjunto de empleo, así como las recomendaciones que se
efectuarán de manera concreta e independiente a cada país, que en el
caso de nueve países supone la necesidad de modificar el enfoque de
sus actuales sistemas de incentivación de las retiradas tempranas de
los mayores, avanza en este sentido.

Por último, las necesidades de creación sostenida de empleo para el
mantenimiento de la protección y sus dificultades. Haciendo una
aproximación, probablemente muy burda pero muy gráfica, creo que en
un escenario como el actual, en el que el crecimiento del empleo
sostenido por encima del 2,5 anual y siempre superado en el periodo
1995/1999 ha sido clave -ya lo he dicho varias veces- para el
saneamiento y garantía de la solvencia del sistema de protección en
general y las pensiones en particular, las expectativas con las que
tenemos que abordar el futuro -el profesor Velarde ha señalado
algunas anteriormente- reflejan un escenario que nos aporta
previsiones a corto plazo (fin de este año, año 2000 y año 2001),
especialmente favorables de cara a la creación de empleo y al
crecimiento en España, con una previsión de crecimiento del empleo
del 2,8 para el año 2000 y del 2,2 para el 2001, según la OCDE. Sin
embargo, las dificultades que va a plantear la atención de nuestros
pensionistas en el futuro sólo son abordables desde un comportamiento
extraordinario y sostenido durante muchos años. Asumiendo, por
supuesto, la posible variabilidad de las hipótesis o simulaciones
a utilizar, la evolución futura nos lleva a un incremento continuo del
número de pensionistas, que pasará de los casi siete millones
actuales a los ocho en el año 2005, a los ocho y medio en el 2010 y a
algo más de nueve en el 2015. Sin ir más lejos en las estimaciones,
eso significará que si pretendemos mantener la relación cotizante/
pensionista actual, que recordemos que es del 2,21, sin entrar en
otras cuestiones como puede ser la mayor expectativa de vida de esos
futuros pensionistas y considerando que este año podíamos utilizarlo
un poco como ejemplo de aproximación de lo que es el equilibrio entre
la parte contributiva, tendríamos que crecer al menos al 2 por ciento
acumulado anual en creación de empleo, lo que supone crear en los
próximos 15 años, de aquí al 2015, aproximadamente cinco millones de
nuevos empleos, lo que obligatoriamente debería significar un enorme
incremento no sólo de la ocupación sino también el paso previo de
nuestra población activa ya que, de mantenerse la actual tasa de
actividad del 50 por ciento (la mitad de los españoles en edad de
trabajar, actualmente, tienen empleo o lo buscan, mientras que la
otra mitad no acude al mercado de trabajo) careceríamos del número
suficiente de personas para atender las necesidades de ocupación. El
incremento de las tasas de actividad nos debería situar alrededor del
70 por ciento, lo que significa la incorporación de más de seis
millones de personas a la actividad, 400.000 de media anual en el
periodo de 15 años, con un crecimiento del 2,5 por ciento, muy
superior al que se viene registrando.

Nuestro potencial de empleo es muy amplio, no en jóvenes, con los
cuales tendremos dificultades por el descenso
de la natalidad, pero sí en mujeres en las edades centrales
y en determinadas regiones. El número de activos, lógicamente, se podrá
ver influido por otros factores, como las políticas en favor de la
inmigración, que actualmente están aportando unas 40.000 personas que
se incorporan al mercado de trabajo y que deben ser consideradas en
este contexto. Ese comportamiento virtuoso de alcanzar el 70 por
ciento en las tasas de actividad y empleo hay que señalar que no es
imposible; ya se registra en algunos países europeos, en los de
mejores resultados. Sin duda, es el gran desafío que hay que resolver
para superar muchos de los problemas tradicionales de nuestra
economía y específicamente para garantizar el sistema de prestaciones
financiado vía contribuciones sociales. Es cierto que si mantenemos
el ritmo actual y se prolonga el periodo tal y como se viene
desarrollando, en una hipótesis puramente teórica, llegaríamos
a cumplir estos objetivos. Es cierto que la coyuntura inmediata es
buena, esa expectativa de creación de empleo a corto plazo, para
analizar y abordar las reformas que dentro del sistema deben hacer
que éste sea más eficaz y que deben garantizar su solidez para el
futuro.

Quizá lo que yo valoraría como especialmente positivo en el método
para abordar una cuestión de esta importancia son precisamente
actuaciones como los trabajos de esta Comisión, en el sentido de
intentar abordar estudios lo más exhaustivos, serios y profundos
posibles para, sobre ellos, buscar el máximo nivel de consenso y
colaboración, tanto política como social, para lograr que esas
necesidades de crecimiento y creación de empleo puedan ser realidad.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Terminada la exposición
del señor Chozas, tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista,
el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Muchas gracias, señor secretario general de
Empleo por su comparecencia.

Siguiendo la tónica de lo que ha sido la primera comparecencia, me
parece interesante profundizar en algunos de los problemas
estratégicos que tiene que abordar nuestro sistema de protección
social, el de la Seguridad Social, en este caso relacionándolo con lo
que son las políticas de empleo y su gestión. No ahondaré mucho en
algunos aspectos que han sido analizados antes, pero sí diré que
todavía tenemos que abordar problemas antiguos al tiempo que tenemos
que hacer frente a los problemas nuevos. Con esto quiero decir que el
empleo es sólo una parte de la solución del problema del futuro de la
Seguridad Social, como decía antes el señor Griñán cuando decía que
el empleo, en el corto plazo, resuelve muchos problemas, pero en el
largo plazo no necesariamente resuelve todos, ya que el empleo actual
son los pensionistas de mañana, con lo cual cuantos más empleos
tengamos hoy, más pensionistas vamos a tener mañana y seguimos
teniendo el mismo problema estructural de financiación, que tiene
mucho más que ver con la productividad y con nuevos sistemas de
financiación que algún día habrá que plantearse. Pero me voy a
referir fundamentalmente a problemas más de ahora y muy en contacto
con la realidad. Aunque en algunas cosas no coincidimos con sus
apreciaciones -hemos discutido al respectoen distintas ocasiones- voy
a referirme a la relación



Página 23995



entre el empleo, la Seguridad Social y la gestión de las políticas de
empleo.

Vengo insistiendo permanentemente -y es una pregunta que planteo al
Gobierno a través de usted- en una de las recomendaciones del Pacto
de Toledo: que las cotizaciones por desempleo no financiaran las
políticas activas. Ésa era la recomendación número uno. Sé que hay un
debate posterior sobre este tipo de cuestiones y yo, en consecuencia,
quiero saber si el Gobierno tiene alguna postura al respecto. Es
decir, nosotros seguimos defendiendo que no es lo más correcto que
las políticas activas de empleo se sigan financiando con cotizaciones
de desempleo; creemos que no debería ser así y, de hecho, así lo dice
la realidad de los últimos ejercicios, desde 1996 hasta el 2000. Por
supuesto, ha habido un tendencia al crecimiento del empleo y de los
ingresos y una disminución de las prestaciones, eso ya se ha
explicado, es una obviedad y me parece positivo, pero las
aportaciones del Estado, junto con las de la Unión Europea -ustedes
dieron una rueda de prensa hace unos días explicando los ingresos que
proceden del Fondo Social Europeo-, van disminuyendo año tras año y
van incrementándose las cotizaciones como forma de financiar todas
las políticas de empleo que se están desarrollando. Aparte de las
contradicciones que desde el punto de vista económico producen ese
tipo de cuestiones, y no aceptando bajo ningún concepto -se ha dicho
en alguna de las comparecencias que podía ser una interpretación de
una disminución de las cotizaciones sociales- algunas de las
políticas del propio instituto, como son las bonificaciones de cuotas
de Seguridad Social que, como digo, no compartiríamos -no
compartiríamos que se disminuyeran las cotizaciones sociales por la
vía de bonificar contratos para políticas de empleo-, me gustaría
saber si el Gobierno sigue creyendo que tiene que hacer esta
política. Nuestra propuesta es que debería cumplirse la recomendación
del Pacto de Toledo; es decir, que el Estado no debería financiar las
políticas activas con cotizaciones de desempleo.

Entiendo que, desde el punto de vista del Gobierno, hay que prever no
sólo el momento actual, sino posibles evoluciones de la coyuntura
económica y, como consecuencia, del empleo, y posiblemente es muy
atrevido incrementar las prestaciones por desempleo o aplicar
políticas excesivas sobre disminución de cotizaciones y que luego
vuelvan a surgir problemas, porque, como muy bien decía antes el
señor Velarde, es cierto que los sistemas tienden a consolidar
determinadas situaciones que cualquiera las modifica luego, eso es
verdad, pero, en cualquier caso, me gustaría saber si creen que hay
que modificar esa recomendación del Pacto de Toledo o no, porque,
repito, en el punto uno del Pacto de Toledo se plantea esto, y no
entro en la definición en relación con las prestaciones.

En la ley de acompañamiento del año anterior -y vuelvo a insistir en
que no pretendo polemizar con usted, sino clarificar cuestiones- me
parece que se planteó algo razonable: había que conocer la situación
de todas las bonificaciones e incentivaciones de contratos que tienen
como consecuencia menor pago a la Seguridad Social, y había que
hacerlo, entre otras razones, porque no se conocía, y ya digo que no
imputo ningún tipo de responsabilidad a nadie, sino que simplemente
digo que había que tener una información. De hecho, parece que la
intención, el objetivo es
que exista información suficiente, no sé si trimestral o semestral,
para conocer en todo momento cuál es la situación real desde las
áreas de empleo y desde las áreas de Seguridad Social. ¿Sabemos cuál
es la situación real? De los datos que yo he ido viendo -era una
curiosidad-, es cierto que se acumulan situaciones muy antiguas. Yo
soy consciente de que cuando se bonifica o se disminuye una
cotización porque se contrata a alguien, esto se puede alargar en el
tiempo dentro de los propios límites que establecen las normas, pero
esto es muy difícil de controlar o a mí así me lo parece. Las
informaciones que nos han pasado de la Seguridad Social,
fundamentalmente a través del proyecto de presupuestos, creo recordar
que hablan de más de un millón de estos contratos, que supongo que
son los que aparecen en las relaciones que les van remitiendo; no sé
si las empresas habrán cumplido con la obligación establecida de
explicar la situación de cada uno de los contratos incentivados o
bonificados. A mí me parece importante saber esto y no sé si es usted
quien nos lo tendría que decir; en una parte sí, ya que tiene una
dotación presupuestaria para bonificaciones en cada ejercicio,
alrededor de 290.000 ó 300.000 millones, y, como consecuencia de las
políticas diferentes, se van acumulando nuevos contratos. ¿Qué parte
de todos los contratos está financiada por los presupuestos del
Estado con esos 300.000 millones y qué parte está financiada por la
Seguridad Social? Lo digo a efectos de conocer cuál es la realidad y
no con otro tipo de interés, porque todos coincidiremos en que no
parece adecuado que la Seguridad Social tuviera que cargar con
disminuciones de ingresos por cotizaciones como consecuencia de
políticas que nosotros creemos que deberían ser financiadas por el
Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
He estado analizando la información que se nos ha facilitado por la
Tesorería y tengo una curiosidad. La Tesorería ha remitido a los
miembros de la Comisión la situación de préstamos del Estado y de
acreedores no presupuestarios de la Tesorería General de la Seguridad
Social y yo me voy a referir fundamentalmente a los acreedores no
presupuestarios. Los últimos datos oficiales que tenemos son de los
años 1997 y 1998 y en los balances de situación del año 1997
encontramos, por ejemplo, préstamos recibidos para cobertura de
tesorería de 105.000 millones -éstos no son los préstamos del Estado;
supongo que se acude a entidades privadas para poder financiar el año
1997- y que el Inem financia la Seguridad Social según su pasivo -el
pasivo de la Seguridad Social-, en ese año, con 232.000 millones. Es
decir, hay unas necesidades estructurales de la Seguridad Social que
se están financiando con las cuotas del Inem, cuotas de desempleo y
en parte de formación profesional. Sin embargo, en el año 1998 nos
encontramos con que la deuda de la Seguridad Social con el Inem ha
crecido de una forma importantísima, en 100.000 millones, y ese año,
casualmente, no se necesitan 100.000 millones de préstamos de
tesorería de las entidades crediticias. ¿Por qué? Parece obvio. Desde
el punto de vista global, tenemos que los acreedores no
presupuestarios han crecido de 463.000 millones en el año 1997 a
486.000 y las deudas de la Seguridad Social con el Inem han crecido
en 100.000 millones y han desaparecido 100.000 millones de préstamos
de los bancos. En mi opinión, esto quiere decir que, dada la mejor
situación económica, la Seguridad Social ha



Página 23996



podido financiarse -ustedes tienen menos necesidades de liquidez- con
más dinero todavía del Inem.

Es muy importante saber y conocer qué parte de la Seguridad Social se
financia estructuralmente. No digo que sea malo ni bueno, sino
simplemente que hay que conocer cuál es la realidad. Parece que nos
moveríamos en torno a los 300.000 millones con el Inem. Me parece un
elemento interesante para conocer cuál es la situación exacta de
saneamiento financiero.

Hay un tema muy polémico y cada vez lo va a ser más. Es el tema de
las jubilaciones anticipadas, al que usted ha hecho referencia. Me
gustaría conocer cuál es su posición. Digo que es polémico
fundamentalmente cuando se conocen situaciones como la de Telefónica.

Hubo un momento en que se produjeron declaraciones del ministro
Pimentel, me parece que fue, sobre este tema que causaron una cierta
polémica. Para dejar bien clara la situación, los acuerdos entre
empresarios y trabajadores me parecen correctos para resolver este
tipo de situaciones, pero empiezo a tener dudas -y es lo que quería
plantearle- sobre quién debe financiar determinadas situaciones. Para
que nos entendamos. Si Telefónica tiene capacidad para reducir
plantillas, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, la
financiación de esas reducciones de plantilla se produce de la
siguiente forma -así es como yo lo entiendo, aunque a lo mejor me
equivoco-: una parte, porque tienen derecho -reconocido legalmente-,
con prestaciones de desempleo en los tiempos que correspondan; otra
parte, con las indemnizaciones que paga la empresa con cargo a
reservas y no con cargo a beneficios de la empresa, y luego nos
encontramos con el fenómeno de las jubilaciones anticipadas, que
operan lógicamente cuando se cumplen los requisitos que establece la
ley -si no, no podrían acogerse a las jubilaciones anticipadas-, y
ése es otro tema al que me referiré más específicamente. ¿No debería
plantearse un cambio del sistema de las jubilaciones anticipadas en
empresas como Telefónica, en las que la disminución de sus plantillas
les permiten tener ingresos de tal envergadura como la que se produce
como consecuencia de la especulación en Bolsa? ¿No debería plantearse
el Gobierno y no nos deberíamos plantear todos que a lo mejor lo
debería financiar todo Telefónica y no el conjunto de los ingresos
públicos? Lo digo porque si el capital de Telefónica aumenta tanto su
valor y lo tenemos que estar financiando con prestaciones por
desempleo, que son un anticipo de la jubilación anticipada, tengo
dudas sobre si es posible en esas condiciones que la jubilación
anticipada se financie con los ingresos públicos igual que las
prestaciones por desempleo. Amí me parece que se produce una
situación de alarma social.

Vuelvo a decir que no tiene nada que ver ni con la capacidad de
ponerse de acuerdo trabajadores y empresas para resolver situaciones
conflictivas ni siquiera con la necesidad de poder utilizar los
mismos instrumentos por parte de las empresas que se van al traste,
sin dejar ninguna salida a los trabajadores. Cuando las empresas no
se van al traste y tienen tantos beneficios, ¿no deberíamos
modificarlo? Y una pregunta mucho más concreta y mucho más sencilla:
las jubilaciones anticipadas tienen una limitación legal, como sabe,
en la Ley de Seguridad Social. Sólo pueden acogerse a las
jubilaciones anticipadas los que cumplan el
requisito, si mal no recuerdo, de estar afiliados en el sistema antes
del año 1967. Todo el mundo sabe que queremos que se prolongue la
edad de jubilación por voluntad del trabajador, pero en la práctica
todas las jubilaciones se producen mucho antes de los 65 años; nos
encontramos con que las jubilaciones anticipadas empiezan a disminuir
porque el número de personas afectadas por ese requisito empieza
a disminuir. ¿Cuál es la posición del Gobierno al respecto? ¿El
Gobierno piensa modificar la Ley de Seguridad Social para que las
jubilaciones anticipadas puedan seguir existiendo o deja que nos lo
inventemos en esta Comisión?
Me gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno sobre esos
temas.

Nada más por el momento, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Formularé alguna pregunta concreta, antes
de que se me olvide, y después entraré en consideraciones de más
calado.

Primera cuestión. Cuando hacen proyecciones de tipo demográfico, de
población activa, ¿cuentan con el dato de incorporación de los
inmigrantes o es un dato que todavía no entra en la población activa?
Este elemento hay que preverlo no solamente de cara a la
sostenibilidad de la creación de empleo, a las necesidades de
pensionistas y a la relación entre ocupados y pensionistas, sino
también respecto a las previsiones de las necesidades de estos nuevos
colectivos. Lógicamente hay que preverlo también. En este sentido, el
dato de la incorporación de estos colectivos me parece que es
relevante. Por lo que yo deduzco, todavía no se ha incorporado este
dato a las previsiones, como se incorpora, por ejemplo, el índice de
natalidad. Más allá del lugar geográfico donde nazca el futuro
trabajador de nuestro mercado, tanto si es dentro o fuera de nuestras
fronteras, habrá que contemplar este dato. ¿Se recoge realmente o no?
¿Los de Gambia, Malí, Marruecos, no se contemplan? Primera cuestión.

Segunda cuestión. La cumbre de Luxemburgo dice claramente que hay que
ir convirtiendo políticas pasivas en activas. Es una orientación que
me parece, en cierto sentido, sabia. Ahora bien, también dice -y este
es uno de los elementos que cogió con el pie cambiado a nuestro
Gobierno y al anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales- que
hay que ir a la cobertura de todos los parados. Con políticas
activas, a ser posible, más que con políticas pasivas, pero cobertura
total. Sin embargo, se ha reconocido en alguna anterior comparecencia
con motivo de los Presupuestos Generales del Estado que había 250.000
hogares de parados, es decir, en los que todos los miembros están
parados, que no tienen ni políticas activas ni políticas pasivas que
llevarse a la boca, a las manos o a la cabeza: formación, inserción o
simplemente salario social. Por eso decía lo de la boca, las manos o
a la cabeza. No obstante, se está destinando dinero a otras cosas que
se llaman políticas activas, pero que no lo son tanto en la medida en
que, aunque crean empleo, se trata de otra cuestión, ya que no cubren
el paro ni ayudan a los parados; no es protección social. Es el
dinero que se destina a las bonificaciones de las cotizaciones
sociales.




Página 23997



Me ha parecido entender que ha reconocido que no se está cumpliendo
del todo el Pacto de Toledo en este punto porque se siguen
financiando las bonificaciones de las cuotas empresariales de forma
selectiva con cotizaciones al desempleo. Obviamente, esta es su
responsabilidad, dentro de un equipo ministerial. ¿Cuándo va a acabar
esto? En cierto sentido, se está produciendo una disminución de las
prestaciones en general. Me va a decir que antes eran millón y pico
los que no tenían prestaciones y ahora sólo son 700.000. En cualquier
caso, se va incrementando el dinero de las bonificaciones a la
contratación. Mientras no se nos dé el dato que pedía el señor Gimeno
respecto a en qué parte se financia esto con dinero del Estado o de
las cotizaciones, tendremos que entender que hay una parte importante
de cotizaciones sociales que financian las bonificaciones. La
pregunta, pues, es la siguiente: ¿Qué perspectivas existen y cuándo
se va a acabar con esta cuestión?
Por otro lado, la justificación que se da para el destino del dinero
de las cotizaciones por desempleo es que hay excedentes en el Inem.

Hay excedentes en función de que, como se está reduciendo el paro,
hay menos necesidades de destinar este dinero de las cotizaciones al
desempleo a las prestaciones del Inem. Me pregunto en qué parte eso
no es exactamente así, en la medida en que los requisitios de acceso
a las prestaciones -y al subsidio también, pero ése es otro capítulo-
están impidiendo que algunos parados accedan a ellas. Por tanto,
obviamente, hay un ahorro que se puede destinar a otra cosa.

Izquierda Unida ha pedido en varias ocasiones -el debate de la ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado es la última
de ellas- que se flexibilicen esos requisitos para poder dar
cobertura a esos 250.000 hogares, 700.000 españoles y españolas que
no tienen protección de ningún tipo ni pueden disfrutar de políticas
activas ni pasivas, pero siempre se niega esta posibilidad; desde
luego, no tenemos éxito con esta pretensión, ni clamoroso ni modesto.

¿Hay alguna posibilidad de que realmente cambie la política del
Ministerio? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir el saldo cero
de este déficit? Mientras hay parados sin protección de políticas
activas y pasivas y se siguen manteniendo unos requisitos duros,
rígidos, que no son flexibles para nada y que impiden el acceso a las
prestaciones, los excedentes del Inem por las cotizaciones al
desempleo se siguen destinando a las bonificaciones a la
contratación, que nada tiene que ver con las políticas activas ni con
las pasivas, desde nuestro punto de vista lógicamente.

Otra cuestión que usted ha abordado es la necesidad de prolongación
de la vida laboral. La ha planteado así y luego lo ha concretado
cuando ha hablado de las políticas que se deben seguir respecto a las
prejubilaciones. Si esa necesidad de prolongar la vida laboral se
refiere solamente al capítulo de las políticas más restrictivas
respecto a las jubilaciones anticipadas, estaría de acuerdo; estaría
de acuerdo si se llevase a cabo la voluntad que alguna vez expresó el
ministro Pimentel de endurecer la resolución de los expedientes de
regulación de empleo y evitar que el dinero público, el dinero de la
Seguridad Social, venga a cubrir las políticas de enriquecimiento
caprichoso de determinadas empresas que tienen unos beneficios muy
elevados. Si esto es así, si es verdad, estoy totalmente de acuerdo,
pero no lo estoy si no es verdad y la banca, Telefónica y otras empresas
así, con los beneficios que tienen, siguen haciendo
prejubilaciones sin más, en función de no se sabe qué fusiones, qué
privatizaciones y qué puestas en escena de su potencial económico en
el contexto europeo y globalizado.

Cuando se habla de necesidad de prolongación de la vida laboral, se
está hablando simplemente del índice, por los medios que sean; por
ejemplo, podría ser una medida ir más allá en la edad de jubilación,
de los 65 a los 70. Estamos en contra de esta cuestión en una
situación de paro como la que tenemos, a pesar del crecimiento de la
economía con alguna ayudita de bonificaciones a las contrataciones,
aunque yo no sé exactamente si las bonificaciones a las
contrataciones están ayudando de verdad a crear empleo más allá del
que los empresarios realmente necesitarían y crearían en función de
la bonanza económica y del contexto general. ¿Existe un choque entre
el dato de la lucha contra el paro y la posibilidad de ir más allá de
los 63 años, que es la edad de jubilación en la que estamos ahora?
¿No existe en este tipo de formulaciones un error de cálculo, en la
medida en que sería necesario más bien lo contrario, acortar la edad
de jubilación para ir dejando más huecos en el mercado de trabajo,
sobre todo a la gente joven que no se puede incorporar? Éste es el
debate, porque a la hora de situar los debates del Pacto de Toledo,
que es en lo que estamos, se puede hablar simplemente del saneamiento
y, sobre la base del saneamiento del sistema, a lo mejor podemos
estar de acuerdo con usted. Es decir, cuadran las cifras en la medida
en que hay menos gastos en prestaciones sociales, incluido el
desempleo o las pensiones en el futuro, por lo que, en la medida en
que se vaya hacia una edad más avanzada de vida laboral y de la edad
de jubilación, menos gastos habrá en pensiones. Ése es el
razonamiento general, también del Pacto de Toledo.

Ahora bien, se puede ver desde otro punto de vista. Por un lado, en
la medida en que la vida laboral se acorta, yo creo que se beneficia
el bienestar social. Aparte de esta cuestión, si lo que se pretende
realmente es que haya menos gasto en parados, más empleo, etcétera,
desde este punto de vista, la prolongación de la vida laboral en el
sentido de retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años,
¿no es realmente un inconveniente? Éste es el debate. Son dos puntos
de vista distintos. ¿Cuál debe primar más según el Gobierno?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias por su comparecencia, señor secretario
general de Empleo.

Voy a hacer una serie de reflexiones de carácter general, no tan
puntuales como las que han podido hacer otros grupos. Me gustaría
empezar reconociendo la importancia que el empleo tiene para
cualquier sistema de protección social, particularmente para el
nuestro. Creo que el profesor Velarde ha puesto el toro en suerte al
señor secretario general en su primera intervención. Si alguien tenía
alguna duda de la importancia que podía tener su comparecencia, ha
quedado totalmente fuera de lugar después de la primera intervención
de esta mañana en esta Comisión. De las intervenciones que me han
precedido, así como de la importancia quetiene esa relación empleo/
sistemas de protección social,



Página 23998



podemos concluir claramente que es un debate con opiniones no muchas
veces coincidentes. Como ejemplo, tenemos la reflexión que ha hecho
el señor Vaquero sobre la edad de jubilación, respecto de la que hay
diferencias importantes entre los distintos grupos de esta Cámara, y
ocasión hemos tenido de debatirlo, incluso en el Pleno, con motivo de
propuestas presentadas sobre estos temas por algunos grupos, en
concreto el de Izquierda Unida, con lo cual estamos ante una
situación que podríamos denominar no pacífica, en orden a la
contienda, póngase entre comillas, o el debate político. Si algo han
de valer esas diferencias que podamos tener sobre algunos de los
planteamientos es el estímulo para seguir reflexionando en este marco
que es el Pacto de Toledo, siempre en aras a acercar posturas.

Pueden ayudar mucho las reflexiones que nos haga el secretario
general de Empleo después de estas intervenciones, pero hay una
general que no me gustaría dejar de hacer. El sistema de protección
social español -y hemos tenido ocasión de referirnos a ello en la
anterior comparecencia- está en una continua adaptación a las
distintas circunstancias, que si influyen en el mismo, es un sistema
dinámico y cambiante. Por lo tanto, se deben introducir en él
continuas reformas, que lo que hacen no es más que ir previniendo los
problemas que puedan surgir en un futuro. Ello sin que las
diferencias ideológicas o partidarias, que no es lo mismo, o las
propias reflexiones que podamos hacer aquí, sirvan para crear
incertidumbres, intranquilidad o inseguridad en los que hoy son
pensionistas o en los que algún día aspiran a serlo, porque haríamos
un flaco favor al propio sistema, sino que, al revés, nuestras
reflexiones tienen que ir siempre encaminadas a dar un mayor margen
de seguridad, si cabe, a quienes hoy son beneficiarios de nuestro
sistema de protección social o a los que pueden serlo en un futuro.

Además, en el plazo de quince años no creemos que haya problemas en
nuestro sistema de protección social, justamente por el incremento de
la población activa y del empleo que se está produciendo, y que se
debe seguir produciendo en los próximos años. Si algo es evidente
para mi grupo es que la mejor manera de dar sostenibilidad a una
política de pensiones es una política económica que siga creando
empleo, como lo estamos haciendo en estos momentos. De ahí la
importancia que tiene la comparecencia en el día de hoy del
secretario general de Empleo y lo expresado hoy por usted.

Nadie discute ya que la financiación de nuestro sistema de Seguridad
Social en su aspecto contributivo se fundamenta principalmente, por
no utilizar otra vez el término básicamente en su literalidad, en las
cotizaciones sociales, lo que determina claramente el Pacto de
Toledo. Ese ha sido el principal esfuerzo que se ha venido realizando
en estos últimos años, en lo que todos denominamos como separación de
fuentes. Yeso depende de tres factores. Se lo he oído al secretario
general, pero no me resisto a repetirlo. Estos son el número de
cotizantes, la base de cotización y el tipo de cotización. El número
de cotizantes es hablar de empleo puro y duro. Nuestro número de
cotizantes, y alguna referencia haré posteriormente a la tasa de
actividad y a la de ocupación, es el número de trabajadores que
tengamos en nuestro país. La base de cotización es un tema sobre el
que me gustaría que hiciera alguna reflexión posteriormente, porque a
mi grupo le interesa enormemente. La base
de cotización se traduce en empleo cualificado, en empleo de calidad
o en empleo estable. Cuanto más avancemos en ese terreno, mayor será
nuestra base de cotización. Es uno de los elementos que más
contribuyen a dar seguridad y estabilidad al sistema. El tipo de
cotización es complicado, y hemos tenido ya alguna intervención al
respecto a lo largo de la mañana. Es complicado, por no decir
imposible, poder aumentar nuestros tipos de cotización y, además, nos
alejaría de nuestro homólogos europeos. Tal vez la reflexión, al hilo
de esta cuestión, sea la de hasta donde podemos rebajar nuestros
tipos de cotización, ya que subirlos nos colocaría en una situación
de difícil competitividad en nuestro entorno. Reitero que nos
gustaría oír algunas manifestaciones sobre esta cuestión que, por ser
casi baladí, es de absoluta importancia respecto a nuestro sistema de
protección social.

Que las pensiones se van a incrementar en los próximos años en número
y cuantía, lo sabemos todos. No hay que ir a estudios actuariales
para que lo podamos refrendar. Pero justamente por ello, se deben
elevar algunas variables que determinan la fórmula de equilibrio de
un sistema de reparto. Ese es uno de los motivos fundamentales por
los que estamos reunidos en esta Comisión. Mi grupo parlamentario, el
Partido Popular, es de los que cree que necesitamos que la economía
crezca para que se cree empleo. Pero no todo crecimiento económico
crea empleo. ¿Se está estimulando especialmente un crecimiento
económico sensible a la creación de empleo? Creemos que sí. ¿Es
sostenible a largo plazo? Es esta, tal vez, una de las reflexiones
más importantes que nos tenemos que hacer en esta Comisión. Me
gustaría entroncar con el debate que ya se ha producido de las
bonificaciones a la contratación. Nosotros creemos que se han
mostrado eficaces. Justamente, y al hilo de este tema, me gustaría
escuchar alguna reflexión del secretario general de Empleo, sobre si
las bonificaciones a la contratación, que ya se han demostrado
eficaces, nos pueden ayudar a la sostenibilidad que necesitamos a
largo plazo en la creación de empleo, para que, además, el
crecimiento económico sea especialmente sensible para dicha creación.

Para nosotros, un factor significativo en la financiación de la
Seguridad Social en un futuro será la tasa de actividad de la
sociedad española. En comparación con nuestro homólogos europeos,
nuestra tasa de actividad es baja, y lo sabemos, y decírselo al
secretario general de Empleo es una cuestión de perogrullo. Aunque
también es cierto que está incrementándose año tras año. El profesor
Velarde ha dicho que se produce un momento de inflexión en 1995,
porque antes nos movíamos con tasas de actividad que arrastrábamos
desde los años sesenta. Pero es que, además, nuestra tasa de
actividad -y es una reflexión que he hecho anteriormente y que repito
en este caso- no es semejante por sexos. Es mucho más baja en el caso
de las mujeres. ¿Podrá esta circunstancia permitir , dado el margen
que existe, que se incremente la tasa de actividad general a costa de
incrementar la tasa de actividad femenina? Al hilo de esta reflexión,
creemos que esa baja tasa de actividad de la población española, y en
concreto de la mujer, lo que hace es que podamos tener esperanzas de
futuro respecto a nuestro sistema de protección social. Tenemos esa
bolsa, a la que también se ha referido el anterior compareciente, que
sabiendo utilizarla, incorporarla a nuestro mercado



Página 23999



laboral, nos da cierta tranquilidad en cuanto a la estabilidad de
nuestro sistema de protección social. Pero no tenemos que dejar de
lado la reflexión de que si nuestra tasa de actividad no es
suficiente, será necesario acudir a otros activos de fuera de nuestro
país para mantener esa tasa de actividad que nos garantice la
estabilidad en nuestro sistema de protección social.

Por último, señor secretario general de Empleo, agradecemos, como no
podía ser de otra manera, sus reflexiones en torno al sistema de
protección por desempleo. Algunas intervenciones se han centrado en
hablar del sistema de protección de desempleo, que no era lo que
hemos venido a hacer aquí esta mañana, sino a hablar de la relación
de empleo con nuestro sistema de protección social, que no es lo
mismo. No obstante, le agradecemos las reflexiones que ha hecho a su
cobertura legal. Hemos debatido mucho en esta Cámara sobre el
artículo 206 de la Ley de Seguridad Social y sus manifestaciones
respecto a la ajeneidad que hasta ahora ha tenido nuestro sistema de
protección al desempleo de lo que es el Pacto de Toledo. Estoy seguro
que hará reflexiones sobre el tema porque se lo han pedido, incluso,
con la propia literalidad de las recomendaciones; nosotros siempre
hemos manifestado, que si bien las cuestiones hay que leerlas, no ya
con un sentido más o menos progresista o con interpretaciones como en
alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de debatir en esta
Comisión, sí es cierto que el sistema de protección de desempleo
quedó al margen de lo que fue ese gran Pacto de Toledo. Ha hecho ya
una reflexión, señor secretario general, pero estoy seguro de que la
volverá a hacer y nosotros le requerimos para ello, sobre cuál podría
ser el futuro de nuestro sistema de protección de desempleo, dentro
de un sistema de protección social.

Acabo manifiestándole que si no ha conseguido despejar las dudas de
otros grupos en orden a lo que sería el sistema de protección por
desempleo, su ajeneidad al Pacto de Toledo, su futura inclusión o no
inclusión en el mismo y su perfecta legalidad en orden a los
beneficios que está suponiendo para el sistema de creación de empleo
en nuestro país, a nosotros las explicaciones sí nos dejan
absolutamente tranquilos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor secretario general de Empleo, don Juan Chozas.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Hay una serie
de cuestiones que se repiten en las intervenciones. Voy a intentar
dar contestación, de manera ordenada, a las cuestiones que se me
plantean.

Hay una reflexión general que hace el señor Gimeno. Las
consideraciones que presento a la ponencia parten de una hipótesis de
ausencia de cambios drásticos o de grandes modificaciones en el
sistema de financiación que nos llevaría a abrir las posibilidades
del debate. No cuestiono que, desde luego, esa es una de las cosas
que hay que abordar. He intentado señalar qué necesidades tendríamos
alrededor del mercado de trabajo si mantenemos los esquemas de
financiación y con eso he construido mis hipótesis. Dentro de eso he
aludido -y esto yo querría que fuera el fondo del mensaje que he
deseado trasladar- a la necesidad de
que las políticas de empleo satisfagan ese binomio tan difícil de
garantizar: por un lado, adecuados niveles de protección y activación
-esto es, todas las políticas del mercado de trabajo-, y por otro
lado, que, al permitir la creación de empleo, hagan posible la
reducción de los costes laborales.

Esto es muy complicado de conseguir, pero quizá con ejemplos se
entienden mejor las cosas. Es bastante difícil decir que podemos
garantizar -luego entraré con más detalle en ello- protección y
políticas activas para nuestros desempleados y que a la vez podemos
reducir costes para las empresas o costes ligados al empleo,
impuestos sobre el empleo. Es difícil llegar a eso con una tasa de
actividad del 50 por ciento, con la mitad de la población queriendo
estar en el mercado de trabajo y con una tasa de empleo del 40 por
ciento, o sea con cuarenta de cada cien españoles trabajando. Se ha
citado esta mañana uno de los ejemplos virtuosos en materia de empleo
en Europa que es, evidentemente, Dinamarca, con una tasa de empleo
superior al 70 por ciento. Si pagamos la factura entre muchos más es
evidente que podremos garantizar protección, garantizar políticas
activas y reducir costes. Este es un poco el esquema de cómo se deben
contemplar las políticas de empleo o a lo que, en mi opinión, deben
colaborar.

Se me señala -siguiendo con lo anterior- que el empleo es sólo una
parte del futuro y no nuevos sistemas de financiación. Me remito a
eso, a que yo había hecho una hipótesis de trabajo. Evidentemente,
sobre todas estas previsiones que estamos haciendo entiendo -y luego
entraré en ello- que tenemos elementos para ser razonablemente
optimistas y realistas, pero, como ha señalado el profesor Velarde,
se pueden cumplir y se pueden no cumplir, y si no se cumplen habrá
que ir a otros mecanismos de solución de los problemas. Como él ha
dicho, la mejor garantía del sistema de protección es que es el
sistema público y que detrás está todo el peso del Estado.

Problemas concretos: la ya larga polémica sobre la financiación de
las bonificaciones. Yo he señalado en mi intervención que lo que es
un cumplimiento literal de la recomendación evidentemente no se ha
producido. Eso está clarísimo. No es menos cierto que cuando se
produce la suscripción del acuerdo, del denominado Pacto de Toledo en
1995, no se había iniciado todo el debate en Europa alrededor del
rediseño de las políticas del mercado de trabajo, del enfoque o de la
modificación de políticas de protección en esquemas de activación, no
se había incluso ni iniciado todo el proceso de convergencia
económica, con las limitaciones de déficit público para los Estados
miembros y de disciplina presupuestaria y difícilmente se podían
tener en cuenta esas cuestiones, máxime en un acuerdo que
fundamentalmente no buscaba una estrategia específica de las
políticas de empleo o de la protección por desempleo, sino más bien
garantizar el resto de las prestaciones contributivas y con la idea
de que no afectasen a su viabilidad. Hemos visto que, lejos de
afectar a la viabilidad, la evolución del empleo ha permitido que las
cuentas del Instituto Nacional de Empleo hayan sido un elemento más
de solidez del sistema.

Se me pregunta si se debe modificar o no el esquema de financiación
de las bonificaciones con cargo a cuotas. He intentado señalar que
debemos tener una contabilidad separada, específica y que cumple una
finalidad concreta en las



Página 24000



políticas de empleo. Por eso decía que, sea cual sea la decisión que
se tome en la incorporación o no de la prestación por desempleo en un
futuro al denominado Pacto de Toledo, en mi opinión, debe tener una
identificación contable separada. ¿Qué es lo que estamos intentando
con el esquema actualmente vigente? Que precisamente los recursos que
está generando el empleo, vía incremento de cotizantes y vía
disminución de perceptores de prestaciones, queden y se empleen
obligatoriamente en políticas de empleo y no vayan a cubrir otros
déficit del sistema, otras cuestiones. Y es cierto que eso está
permitiendo no sólo garantizar todo lo que he señalado anteriormente,
sino además disminuir las aportaciones del Estado al presupuesto del
Instituto Nacional de Empleo, no de la Unión Europea, que ésas se
mantienen. Ese es un esquema de financiación que deriva más del marco
comunitario de apoyo y no tanto de las aportaciones nacionales. Es
cierto que en este año están congeladas, pero por el tránsito entre
el marco comunitario que acaba en 1999 y el que empieza en el 2000 y
que es provisional, habrá que corregirlo al alza porque la
cofinanciación del Fondo Social Europeo hacia el Inem se va a
incrementar en el proceso. Pero eso no altera básicamente la cuestión
de fondo que es si las bonificaciones deben contribuir a las
políticas de fomento de la contratación.

En mi opinión, lo importante es que los fondos de la política de
empleo no vayan a otras cuestiones diferentes a la mejora de la
situación de los desempleados y del mercado de trabajo. Junto con
ello, una de las líneas estratégicas no de este Gobierno, de ahora,
sino desde hace muchísimo tiempo, y quizá el análisis más reiterado
respecto a las posibilidades de crecimiento del empleo, no en España,
sino en toda Europa, es la necesidad de reducir los costes ligados a
la contratación, las cargas sociales, las cargas que se pueden
denominar impuestos al empleo. Con esta vía lo estamos logrando. ¿Hay
otras? Sin ninguna duda. Quizá la reducción de cotizaciones en
término puro es la más extensible o la que mejores efectos puede
tener, en general, para el mercado de trabajo, pero aquí entiendo que
también tenemos que ser conscientes de las posibilidades que tenemos.

Efectivamente, hay previstos 295.000 millones para bonificaciones
para el año 2000; cantidad que no llega a dos puntos de cotización en
lo que se refiere a cotización por desempleo. Dos puntos de
cotización para todos los contratos tiene unos efectos, si se me
permite, bastante escasos a la hora de poder incentivar
modificaciones en el comportamiento de las contrataciones por parte
de las empresas. Ir hacia una bonificación selectiva, hacia el tipo
de contrato que queremos, el indefinido, y hacia los colectivos que
consideramos que tienen más dificultades -y por eso es buena,
entiendo, la conversión del programa en anual- nos ha permitido
proponer este año la reducción de la bonificación de los jóvenes en
beneficio de incrementos de las mujeres en sectores donde están menos
representadas, en beneficio, precisamente, de intentar incorporar a
nuestra tasa de actividad y empleo colectivos que tienen muchas
dificultades para hacerlo: parados de larga duración, mayores de 45
años, perceptores del subsidio agrario, primer empleo para
trabajadores autónomos, buscando que la bonificación sea un incentivo
para resolver algunos de los problemas del mercado de trabajo.

En ese sentido, no voy a decir aquí ni voy a cuestionar que los
caminos por los que se puede transitar en la reducción general y en
la incentivación de la contratación estén cerrados, pueden ser las
bonificaciones, puede ser la reducción de las cotizaciones; lo que
ocurre es que, en función de los recursos que tengamos, tendremos una
mayor o menor capacidad de actuación. Apesar de ello, hemos
conseguido reducir ahora el 0,25 de la cotización a todos los
contratos indefinidos. ¿Que se podrían utilizar otras estrategias?
Sin ninguna duda, y creo que aquí el debate puede ser bastante largo.

Respecto a cuestiones concretas, se plantean también las
bonificaciones históricas. Es verdad que aquí se está haciendo una
labor de investigación muy compleja, porque, como ha señalado el
señor Gimeno hace muchos años que hay muchas bonificaciones,
concretamente la bolsa más grande es un decreto de empleo juvenil del
año 1985, que establecía bonificaciones a lo largo de toda la vida
del contrato, en un período en que la gestión informática no estaba
tan desarrollada como lo está ahora. Se tienen que utilizar los
medios informáticos, pero revisando la documentación de cada empresa,
porque es cierto que se puede establecer -es difícil saber la
cantidad- que una parte de las empresas está cometiendo actuaciones
irregulares y mantiene bonificaciones no plenamente justificadas.

Eso podría significar, antes de la norma presupuestaria del año
pasado, un coste aproximado de unos 60.000 millones de pesetas al
año, que en la actualidad -estoy hablando de memoria, pero por parte
del Inem se pueden aportar los datos sin ningún problema- puede estar
reducido a la mitad aproximadamente, esto que llamamos la factura
histórica, unos 30.000 millones de pesetas. Tanto de eso como del
total, si yo he entendido bien, ¿qué parte se paga con cotizaciones?
Se pueden formular simulaciones y se pueden plantear hipótesis de
trabajo, pero en técnica presupuestaria no hay una parte finalista.

Las bonificaciones entran, pasan a ser ingresos del sistema, ingresos
en el capítulo de ingresos del presupuesto del Inem y los gastos
tienen ya comportamientos no relacionados, salvo que haya un acuerdo
o una normativa específica, como puede ser el Acuerdo nacional de
formación continua, que dice que una parte de la cuota se destina
específicamente a un tipo de formación o en el caso de las
prestaciones que el artículo 206, tantas veces citado, sigue
garantizando, en cualquier caso, que las cotizaciones deben cubrir
las prestaciones como primera obligación, o sea, no pueden dejar de
cubrirlas. En el siguiente supuesto no hay una utilización finalista,
pero no voy a esconderme, la gran mayoría de las bonificaciones se
puede considerar que están pagadas o que su financiación viene
garantizada vía las cotizaciones.

Se pregunta por el juego de los préstamos y de las deudas
a acreedores y concretamente a las relaciones financieras Inem-
Tesorería. Efectivamente, hay una cuenta de relación Inem-Tesorería
que históricamente ha ido recogiendo las diferencias a efectos de
efectivo de caja, no a efectos de deudas de las dos instituciones,
sino que satisface las necesidades de liquidez. Me explico. En las
épocas en las que el sistema de prestaciones por desempleo tuvo
dificultades y hubo que acudir a financiaciones importantes, como
quiera que la Tesorería recauda todas las cuotas por cuenta del Inem,
tanto las de desempleo como las de formación profesional,



Página 24001



y a la vez paga todas las prestaciones por cuenta del Inem, no se
produce una remisión permanente y mensual de fondos, sino que se van
haciendo apuntes contables que en función de la factura del desempleo
han dado saldos a favor de la Tesorería o a favor del Instituto
Nacional de Empleo. En efecto, como quiera que ahora los ingresos son
muy superiores a los gastos, hay un incremento de la anticipación de
fondos por parte del Inem de aproximadamente -está usted bien
informado- unos 300.000 millones de pesetas y que está ahí
independientemente del cierre presupuestario de cualquiera de las dos
instituciones.

Jubilaciones anticipadas. Se señala quién debe financiarlas. Yo
comparto en gran medida el esquema que se ha señalado. Nadie está
poniendo en cuestión que el mejor camino para resolver las
necesidades de acomodación de plantillas por parte de las empresas es
el acuerdo entre empresarios y trabajadores, pero estoy totalmente
conforme con que una parte diferente del debate es quién debe
financiar y en qué casos estas medidas. Aquí se ha aludido a varias
empresas, pero el señor Vaquero ha aludido a un sector. Son dos
ejemplos bien distintos. Hay determinadas empresas que en una
situación públicamente no ya saneada, quiero decir de venta de un
éxito absolutamente permanente han utilizado el esquema de
financiación, en el que luego entraré, mientras que otros sectores,
el que ha aludido el señor Vaquero, han hecho estos procesos -en
líneas generales, hay algún caso concreto que no- sin acudir a la
financiación pública, vía desempleo o vía coeficientes reductores.

Son comportamientos bien distintos. No quiero decir que sean
perfectos los segundos, pero es otro ámbito de debate que va más a si
se deben pagar con cargo a reservas o a si es lógico que los usuarios
del sistema lo paguen. Esa es otra cuestión. En lo que a mí me toca,
sí entiendo que hay que ir a una modificación del sistema, que
también afectaría, en mi opinión, a los expedientes de regulación de
empleo en la regulación actual, ya que deja muy poco margen de
actuación a las administraciones públicas y creo que ese margen de
actuación no debe ser tanto entrar en el contenido de un determinado
acuerdo, como entrar para garantizar que no hay discriminación, por
ejemplo, por razón de edad o sexo, pero no de la adecuación de una
estrategia empresarial y del acuerdo a que sobre ello se llega con
los representante sindicales. Ahí, en principio, poco o nada tienen
que decir las administraciones y ahí, aunque hay más una actuación
formal de reconocimiento -en mi opinión, y ni sé si esto puede pasar
de una opinión personal-, hay muy pocos elementos de actuación de
cara a condicionar la concesión de las prestaciones por desempleo,
que viene dada automáticamente por el acuerdo prácticamente, salvo
casos de dolo, fraude, de muy compleja comprobación. Efectivamente,
como usted ha señalado, el sistema está haciendo una utilización, en
mi opinión abusiva, no tanto de las jubilaciones anticipadas, porque
ésta recae sobre el trabajador, que acepta una reducción, unos
coeficientes reductores de cara a su futura pensión, y si esto para
él dentro de su esquema de protección y del acuerdo con el que llega
con la empresa, que normalmente le completa, es atractivo, en
principio tampoco se deben meter excesivamente los poderes públicos.

Muy distinta es la utilización de la prestación por desempleo, la
cual, en líneas generales, se está utilizando, en mi opinión, de
manera abusiva y se
está considerando como una especie de prejubilación espúrea.

Efectivamente, hay otros problemas, como es la disminución del
colectivo que puede entrar en jubilaciones anticipadas, pero para mí
la clave del comportamiento incorrecto es cómo se están utilizando o
cómo se pueden utilizar en algunos casos las prestaciones por
desempleo. ¿Cuál es la posición del Gobierno aquí? Precisamente está
intentando abrir un debate social con quienes deben participar en la
elaboración de una propuesta, los interlocutores sociales. El plazo
con el que estamos trabajando es que en el próximo mes de diciembre
haya una primera información del Consejo Económico y Social y, aunque
se dejan abiertas las posibles vías de actuación y la participación
de los interlocutores sociales, la postura del Gobierno es favorecer
la prolongación de la vida laboral. Ésta es una de las cuestiones
concretas que habrá que abordar dentro de este contexto general.

El señor Vaquero plantea si se tiene en cuenta la incorporación de
los inmigrantes en la población activa para la previsión de su
atención. A toro pasado, cada vez que el INE publica la EPA ahí están
incluidas las estimaciones de incorporación de inmigrantes. A futuro,
depende ya de decisiones administrativas básicamente. Como he dicho,
ahora año con año la incorporación de inmigrantes está,
aproximadamente, en unas 40.000 personas/año. Entre el cupo o
contingente que se aprueba desde el año 1993 -fui responsable en
aquella época, por lo que debería acordarme mejor- y los permisos
denominados de régimen general se alcanza una incorporación de más o
menos 40.000 personas. Señalaba que esta es una de las cuestiones que
se habrá de tener en cuenta y fuera de todo lo que yo pueda decir, no
queda cualquier sombra de duda de que toda la integración o
aceptación de inmigrantes pasa por la equiparación absoluta de
derechos en el mundo laboral y social. Hay otros factores que no se
tienen en cuenta porque juegan de manera aislada o independiente de
la actuación administrativa, como es un mayor desarrollo de la libre
circulación comunitaria. Eso está ahí, no hay ninguna traba legal y,
sin embargo, no es una cuestión que haya explotado ni que se produzca
en términos masivos, pero está ahí. Quizás es un poco demasiado
esquemático hacer sólo un análisis demográfico, carencia-inmigración.

No, la inmigración va a estar ahí, pero así como hablamos de enormes
problemas de desempleo en nuestro país para el sostenimiento general
de este caso concreto, las prestaciones contributivas, también para
todo nuestro modelo social o empleamos más efectivamente nuestra
potencialidad de crecimiento en materia de empleo o tendremos
dificultades de eficiencia general, ya que muy pocos tendrán que
hacer el trabajo de muchísimos y estaríamos siempre en una posición
de desventaja.

En cuanto a transformar políticas pasivas en activas, ya he hablado
varias veces en esto, pero quiero hacer algunas precisiones. Dice que
la cumbre de Luxemburgo exige cobertura a todos los parados ya sea
por activas o por pasivas. No exactamente. Respecto de la cobertura
de pasivas, no dice nada esa cuestión filosófica de su traslación a
políticas activas y, respecto de las activas, explica que antes de
que cumplan seis meses todos los desempleados menores de veinticinco
años tienen que tener una oportunidad o antes de doce meses todos los
desempleados mayores de



Página 24002



esa edad; pero poco dice de los que ya estaban, y ése es un buen
problema para nuestro mercado de trabajo, y sí dice que todos los
desempleados deben recibir formación hasta llegar a un límite del 20
por ciento, con lo cual los márgenes no están cerrados ni mucho
menos.

Respecto a que el dinero de bonificaciones no es política activa,
aquí se argumenta siempre mucho que las empresas se benefician de
300.000 millones de pesetas. Detrás de la utilización de las
bonificaciones a la contratación indefinida en un período de menos de
tres años tenemos más de un millón de contratos y detrás de ese
millón de contratos hay un millón de personas que estaban
desempleadas o que estaban con un contrato precario. Aquí se
benefician de los 300.000 millones de pesetas no sólo las empresas
que ven reducidos sus costes de contratación, sino que se benefician
todos los días más de un millón de personas que antes no tenían
trabajo y ahora lo tienen o lo tienen indefinido y lo tenían
temporal.

Por lo que se refiere a si se va a seguir bonificando y cumpliendo el
Pacto de Toledo, ya lo he señalado. Respecto del cumplimiento de las
obligaciones legales esta Cámara ha modificado el artículo 206 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y no hay
duda respecto de la legalidad de la medida.

En cuanto a qué parte se va a bonificar, coincidía con la pregunta
del señor Gimeno. Sobre ampliación de la cobertura, se dice que se
está restringiendo, pero no. Durante el período de vigencia del Pacto
de Toledo la cobertura por desempleo se ha ampliado y el año 2000 va
a llegar a niveles que no había alcanzado desde los años 1992 ó 1993
cuando el sistema tuvo verdaderas dificultades. Los contratos
a tiempo parcial de menor duración no tenían protección por desempleo y
ahora la tienen y para el año 2000 vamos a tener lo que hemos
denominado renta activa de inserción que, aparte de estar ligada a
políticas activas, garantiza una protección para unas 60.000 personas
de las que no están actualmente protegidas.

Ya he hablado de los expedientes de regulación de empleo. Respecto a
la prolongación de la edad de jubilación, lo ha señalado usted.

Estamos mas cerca de 62 años que de 63 en las edades reales de
jubilación. No se trata de establecer una nueva edad de jubilación
obligatoria por encima de los 65, años o al menos no se trata en este
momento. En un futuro a medio plazo no me atrevería a decir qué
pasará y no creo que sea ahora el momento de hacer elucubraciones en
ese sentido, pero sí se trata de que el sistema actual grava el
empleo de aquellos trabajadores mayores de 65 años que
voluntariamente quieren trabajar. Lo grava porque su coste es muy
superior al de quien puede competir con él en materia de empleo, que
sería un joven que tiene menos costes ligados a la Seguridad Social,
al que estamos bonificando su contratación indefinida y que no tiene
la carga ligada a los conceptos de antigüedad, conceptos salariales
de convenio y cotizaciones por unas bases mucho más altas. Se
trataría de que las empresas tengan también la posibilidad de tener
algún incentivo, al menos en un primer paso, si contratan a quien
voluntariamente quiera continuar trabajando.

En cuanto a dar una posibilidad del cambio de empleo de mayores que
sean sustituidos por jóvenes, ése ha sido el esquema durante
demasiado tiempo de nuestro mercado de
trabajo y no debemos ir por ahí. Debemos ampliar las oportunidades de
empleo, de otra manera no incorporaremos más actividades y más
empleo, de todos, de los jóvenes y los mayores. No se trata de sacar
a uno para meter a otro, sino de ser capaces, por un lado, de que los
desempleados estén en mejores condiciones de atender los puestos de
trabajo y de que las empresas puedan ofrecer más puestos de trabajo.

Sobre el menor gasto en parados, aquí discrepo. Nunca, ni en los años
1992 y 1993, cuando se disparan las cuentas de la protección por
desempleo, ha habido tanto gasto en políticas de desempleo, sumando
pasivas y activas por parados, como en el pasado año y el próximo año
se va a superar ese límite.

Por lo que se refiere a las consideraciones del señor Camps, estoy de
acuerdo en que el sistema, aunque estemos en una coyuntura muy
favorable, necesita reformas permanentes. Esto es una constante del
sistema de protección y de la normativa laboral que tenemos que
acomodar a cambios que se producen cada día.

En cuanto al plazo de quince años, es cierto que los retos que
tenemos son muy complicados e importantes, pero no es menos cierto
que llevamos cinco años cumpliéndolos. Es cierto que hace cinco años
se consideraban no ya imposibles, pero ha habido un cambio de
tendencia en cuanto a la sensibilidad de crecimiento del empleo con
respecto al crecimiento del PIB y respecto a la posibilidad de
crecimiento en un proceso no inflacionario de estabilidad y que
tenemos varios elementos que están alcanzando ya una velocidad de
crucero.

Que nadie entienda la dificultad de lo que hay que hacer con que esto
no se puede lograr. De hecho, si continuáramos con el comportamiento
de estos cinco pasados años, la solución estaría prácticamente
lograda.

Por lo que hace referencia a las bases de cotización, estoy de
acuerdo en lo que plantea el Pacto de Toledo. En el caso del
desempleo no se da tanto porque la cotización se produce por la base
de accidentes y enfermedades profesionales, con lo cual hay una
adecuación al salario real que no está afectada por lo que
popularmente conocemos como el destope, está ya adecuada.

En cuanto a los tipos, los costes y rebaja en el futuro, me refiero a
las reflexiones que hacía en relación con las bonificaciones. Lo
ideal para la mayor creación de empleo es que las estructuras de
financiación de nuestros sistemas de protección sean lo menos
gravosas posible para el empleo y aquí las vías también se abren
muchísimo. El debate en los años ochenta fue sobre el IVA y ahora es
sobre la ecotasa. Hay multitud de posibilidades. Lo que es
incontestable en mi opinión es que cuanto menos gravemos al empleo
mediante lo que se pueda lograr bien vía indirecta con
bonificaciones, bien vía directa con reducciones directas, mejor será
para el empleo.

Respecto a si es posible a largo plazo, ya hemos hablado de ello.

Sobre si las bonificaciones se han mostrado eficaces, indudablemente;
una parte del 80 por ciento del empleo que se ha creado en los dos
últimos años es empleo indefinido y creo que algo tendrán que ver ahí
las bonificaciones, sin perjuicio de que el análisis del acuerdo
interconfederal



Página 24003



tocará el año que viene y ahí tendremos todos que hacer un estudio a
fondo del mismo.

Por lo que se refiere a la tasa de actividad, ya lo he señalado de
pasada. Tenemos un potencial de crecimiento en materia de actividad y
empleo femenina enorme, pero eso sí que nos obliga a orientar
políticas de formación, que tienen unos esquemas explícitos e
implícitos demasiado ligados a la formación a la gente joven. No es
tan habitual encontrar metodologías, procesos de formación para
mayores de 40 ó 45 años. Tenemos que adecuar la gestión de nuestras
políticas activas para que mayoritariamente se vuelquen en facilitar
la incorporación de la mujer al trabajo y tenemos que facilitar las
medidas de fomento de empleo para reducir los costes de contratación
de las mujeres, además, de facilitar su conciliación de vida laboral
y familiar.

Se ha aludido también a la inmigración, pero ya lo he abordado.

En cuanto a las reflexiones sobre el desempleo, insisto en que en su
momento se tomó la decisión de no incluir directamente lo que es el
gasto en prestaciones. El esquema general es bueno para cualquier
prestación o para cualquier análisis, estudio o acuerdo por el
Parlamento. El esquema no creo perjudique en nada a la gestión de las
políticas de empleo o específicamente a la prestación por desempleo,
pero insisto en que sea cual sea la decisión que se tome, se tengan
en cuenta las finalidades que se deben cumplir específicamente las
políticas de empleo y no teñirlas únicamente de la lógica que tienen
las prestaciones del sistema de Seguridad Social -de carácter
vitalicio, de garantía de rentas exclusivamente y de bienestar
social-, sino que hay que tener en cuenta esa necesidad de
activación, acomodación permanente al mercado o incluso reducción de
costes o reducción de ingresos, incluso, mejor dicho, de ingresos,
que es más dudoso que sean aplicables al resto des sistema de
prestaciones.




El SEÑOR PRESIDENTE: Doy las gracias al secretario general de Empleo
y, de acuerdo con la petición formulada por diferentes grupos
parlamentarios, vamos a suspender la sesión durante quince minutos
para que los señores diputados puedan asistir a un acto
institucional. Reanudaremos a la una en punto la sesión de la
Comisión con la comparecencia de don Carlos Monasterio, al que ya
agradecemos de antemano la paciencia con la que está asistiendo a
estos sucesivos retrasos que está teniendo la Comisión.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO (MONASTERIO ESCUDERO). ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000569.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión y agradecemos a
don Carlos Monasterio su presencia y la comprensión que ha tenido con
esta Comisión y
con la Cámara en su conjunto por el dilatado tiempo que le hemos
hecho esperar.

Sin más, pedimos al señor catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad de Oviedo, don Carlos Monasterio, que nos haga una
exposición inicial para centrar su posición respecto al objetivo de
esta comparecencia, que no es otro que la valoración de los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo.

Tiene la palabra don Carlos Monasterio.




El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(Monasterio Escudero): Muchas gracias.

Yo quería en primer lugar agradecer la invitación de esta Comisión, a
la que acudo muy gustoso por un doble motivo. En primer lugar, por lo
que tenga de reconocimiento profesional a alguien que, como es mi
caso, lleva más de quince años dedicado a la investigación académica
sobre asuntos relacionados con la economía de los sistemas de
pensiones y la Seguridad Social. Y en segundo lugar, porque estoy
cada vez más persuadido de que un economista teórico, como es mi
caso, ve claramente, ante una institución pública de primera magnitud
como es esta, que las reformas que haya que aplicar en un asunto tan
importante como es el de la Seguridad Social se pueden resolver en un
ámbito técnico como es la Dirección de la política monetaria en la
Unión Europea o como los asuntos de armonización fiscal en el
impuesto sobre el valor añadido o cuestiones semejantes. Sin embargo,
hay otros temas -y el de las pensiones seguro que figura a la cabeza-
en los que el debate académico o político no es suficiente y hay que
llevarlos al ámbito social más amplio, porque creo que sin la
aceptación general de los ciudadanos no pueden llevarse a cabo
reformas que a veces son sensatas pero que han sido mal explicadas o
mal comprendidas y que por eso chocan con resistencias.

Por lo tanto, recogiendo la encomienda que se me hizo de valorar los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo y, en todo caso, estudiar
su posible desarrollo futuro, y ajustándome al tiempo que me
indicaban en la comunicación de unos quince minutos, voy a tratar de
exponerles de la manera más concisa y, por supuesto, con la mayor
franqueza mis opiniones sobre este asunto, en el deseo, ya que hemos
llegado hasta ahora, de persuadirles de algunas de las ideas que
tengo, pero por supuesto no como las antiguas fortalezas, rendidos
por hambre, dada la hora, sino que espero poder argumentar con alguna
certeza los asuntos que les voy a contar.

Entrando ya en materia, verán ustedes que, si cogemos las
recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que allí ahí son una serie de
recomendaciones que van en tres direcciones fundamentales. En primer
lugar, asegurar la estabilidad financiera del sistema público de
pensiones. En segundo lugar, garantizar la equidad dentro de esas
pensiones, para que tengamos la seguridad de que no sólo van a
financiarse, sino que va a repartirse el flujo de pensiones
equitativamente entre los cotizantes pasados, que serán en el futuro
pensionistas y, en tercer lugar, otros asuntos destinados a la mejora
de gestión. De estos tres temas voy a referirme fundamentalmente
a los dos primeros, por razones de tiempo y



Página 24004



porque tiene una menor importancia, aunque no es desdeñable en
absoluto, el de la mejora de gestión. ¿Cómo se diseña ahí el asunto
de la estabilidad financiera? Se basa en algo en que se ha insistido
esta mañana, que yo comparto y que es un asunto crucial. Esperar a
que el crecimiento del empleo sea la base más segura que fortalezca
nuestro sistema de pensiones. Además, separar y clarificar las
fuentes de financiación. Todo sistema público de pensiones a la hora
de su reforma choca normalmente con problemas, porque dentro de él
confluyen dos tipos de argumentaciones que a veces no pueden
armonizarse fácilmente. Es un mecanismo de seguro de rentas que opera
en el largo plazo, trasvasa rentas salariales del período actual al
período futuro y en ese sentido actúa con proporcionalidad y mantiene
rentas salariales, pero esta relación quid pro quo se rompe, porque
también se incluyen en él elementos redistributivos. Pues bien, de
una manera, a mi juicio acertada, trata de separarse el objetivo
redistributivo, financiado con impuestos generales, y nuestra
Constitución además nos obliga a que provengan de un sistema fiscal
que es progresivo, de lo que es el mantenimiento de pensiones
contributivas, donde opera la lógica de la proporcionalidad,
y también habla de la constitución de un fondo de reserva para la
Seguridad Social. Después volveré sobre este asunto, porque creo que
la perspectiva adecuada para juzgar siempre los problemas o las
políticas de seguridad social es la del medio plazo. Se ha repetido
aquí que estamos en un momento dulce para la Seguridad Social, para
la economía española y para todo el sector público, pero la
perspectiva adecuada para analizar los problemas de la Seguridad
Social no es la del momento actual, es una perspectiva mucho más
amplia, en la que el fondo de reserva tiene una lógica y un papel
importante. Después me referiré a ello en diversas ocasiones.

Si uno mira qué es el sistema de Seguridad Social, verá que es un
contrato intergeneracional implícito y las reglas del sistema de
pensiones nos dicen cómo lo hemos diseñado. Prometemos a los
pensionistas pagarles una pensión que será una proporción de su
salario actual. Pero, como hay ciclos económicos que fluctúan
bastante en el corto plazo y otros demográficos más a largo plazo, la
lógica de este sistema obliga; si uno no tiene un fondo de reserva
debe aceptar, fijadas las pensiones, que es lo que promete nuestra
Ley de pensiones, una fluctuación en las cotizaciones y no rasgarse
las vestiduras porque este es el hecho natural. Si quiere evitar eso
y tener una estabilidad en los tipos de cotización, entonces es bueno
y ese es el papel de creación del fondo de reserva. Pues bien, esas
son las estrategias que se diseñan para dar estabilidad financiera,
algunas están fuera del sistema, como una política económica
orientada del empleo, las aportaciones del Estado y la creación del
fondo de reserva.

En materia de equidad se plantean dos cosas que, a mi juicio, no son
fáciles de conciliar y que yo creo que se han conciliado de una
manera un tanto errática, y es un sistema de pensiones donde la
solidaridad -se dice- se entiende como proporcionalidad, lo cual
parece razonable en la mayor parte de elementos. Pero a la vez hay un
componente redistributivo en la política de pensiones mínima. Yo creo
que desde principios de los noventa -y después insistiré sobre ello-
hay una cierta confusión en este asunto.

Había antes una política de pensiones mínima y estaba dentro del
sistema de Seguridad Social. Ahora hay dos políticas de pensiones
mínimas y yo creo que este, cuando menos, es un asunto que habría que
revisar para introducir en él un poco más de claridad.

Siendo estos los grandes objetivos -e insisto, yo me referiré
fundamentalmente al de estabilidad financiera, al de equidad-, ¿qué
medidas se han tomado? Dejando a un lado lo que serían temas menores,
destacaría cuatro asuntos. El primero es el de separar fuentes de
financiación, lo cual se ha completado de forma nítida, separando
dentro del presupuesto de la Seguridad Social lo que son prestaciones
económicas y rama de pensiones de la Sanidad. Esto, a mi juicio,
responde, aparte de al cumplimiento del Pacto de Toledo, a algo que
viene del Estado descentralizado que nos hemos dado. Como la Sanidad
va a transferirse en un futuro más o menos próximo a las 10
comunidades autónomas de régimen común que aún no lo tienen, esto era
necesario para cumplir el Pacto de Toledo y para poder descentralizar
esta importante competencia. Esto se ha hecho.

Después, se ha planteado la reforma de pensiones del año 1997 en la
línea de mayor proporcionalidad. Les diré que los estudios empíricos
que tenemos, que son bastante solventes y los tres o cuatro que hay
son coincidentes, llevan a que este incremento de la proporcionalidad
-igual que la reforma de las pensiones de 1985, pero esta vez con más
nitidez- no tenga muchos impactos financieros, pero los tiene, a mi
juicio, donde menos deberían ocurrir, en los cotizantes del régimen
general. Éstos son los que ven afectadas sus pensiones, sobre todo
por el cambio en la proporcionalidad. Yo les adelanto que creo que
esta medida y la del año 1985, se lo digo porque lo escribí entonces,
van en la dirección correcta, pero habría que decir a la gente por
qué se toma esta medida, cuál es su lógica y cuáles son las
consecuencias. Digo que los estudios muestran que afectan sobre todo
a los cotizantes del régimen general, porque si miran los regímenes
especiales -y yo he verificado los datos en el proyecto de
presupuestos de este año- donde está centrada la política de
pensiones mínimas es en regímenes especiales. Como la
proporcionalidad está truncada ahí por la pensión mínima, un cambio
en la proporcionalidad afecta muy poco. Esta fue la segunda medida,
que creo que afectó poco a la proporcionalidad y más bien donde no
debía.

La tercera es la creación del fondo de reserva. Yo he oído antes al
profesor Velarde, a quien respeto intelectualmente y con quien tengo
una buena amistad, pero discrepo de él en este asunto porque creo que
el fondo de reserva es importante si no queremos admitir bien
fluctuaciones importantes de los tipos de cotización a la Seguridad
Social o bien rebajas en las pensiones. No hacer esto, a mi juicio,
es abocarnos a una de las otras dos cosas. Además, creo que tiene un
valor simbólico y de repercusión pública muy importante. Ahí es donde
queda por completar, a mi juicio de manera importante, la separación
de fuentes. Desde que están separadas las aportaciones estatales, que
no son innominadas a la Seguridad Social, que tienen destino
específico - año 1989-, he hecho el cálculo y, desde el año 1989
hasta el año 2000, en el proyecto de presupuestos, hay un componente
redistributivo por importe de 4 billones en el cual



Página 24005



las cotizaciones han estado financiando políticas redistributivas, en
concreto la política de pensiones mínimas.

Personalmente, creo que la redistribución es un valor positivo y a
apoyar; si nos preocupamos por los más pobres a través de políticas
en pensiones mínimas y cosas semejantes, las transferencias hacia los
más pobres y los más necesitados, siempre que la política esté bien
diseñada - podríamos hablar de errores de gestión o de un grado de
fraude-, están bien, lo que yo cuestionaría es si tiene sentido que
los que paguen esta redistribución sean los asalariados medios del
régimen general, que son los que la financian, porque los más ricos,
los que tienen rentas empresariales y del capital, están fuera de
este asunto.

Por tanto, no por motivos teóricos, financieros ni contables, sino
viendo la realidad última de la redistribución, me parece importante
dotar el fondo y dotarlo por importe suficiente. Si hacen la cuenta,
en el periodo 1989-1996 ese fondo de reserva tendría un importe de 2
billones y los otros 2 billones surgirían del periodo 1997-2000.

Estamos haciendo política redistributiva, pero no para todo el país,
está circunscrita al colectivo de los asalariados y de los
cotizantes. Creo que merece la pena pensar sobre este asunto.

Por último -y en este tema, como en todos, expongo con toda franqueza
mi opinión-, otra política que ha habido y que no sé si casa muy bien
con el Pacto de Toledo, aunque igual era políticamente inevitable,
fue la del año en que hubo una desviación a la baja del objetivo de
inflación sobre lo previsto y no se corrigió. Creo que eso queda
fuera del Pacto de Toledo, y sobre todo quizá públicamente crea la
imagen de que es bueno y puede hacerse manejar coyunturalmente el
sistema de pensiones. Creo que el sistema de pensiones, como
cualquier institución pública, debe ser sensible, pero debe ser
manejado con una perspectiva de medio plazo. Por tanto, medidas de
este tipo, que se han dado puntualmente, no me parecen muy
afortunadas.

En cuanto a propuestas de acción, una política de pensiones mínimas.

Creo que deberíamos pensar en una política de pensiones mínimas;
ahora hay dos, una dentro del sistema contributivo y otra fuera. Uno
de los problemas con que no encontramos (y yo lo dejaría aquí como
elemento sobre el que pensar, porque, en general, cuando se habla de
la Seguridad Social cometemos la simplificación de decir la Seguridad
Social, cuando lo oportuno es hablar de los regímenes de la Seguridad
Social) es que si ustedes cogen las pensiones medias del régimen
general y las cruzan con los rendimientos medios del trabajo
declarados en el impuesto sobre la renta, que está en la memoria de
la Administración tributaria, sale algo normal, la tasa de
sustitución es sobre el 60 por ciento; si hacemos esto en el régimen
de autónomos, y especialmente en agrarios, las tasas de sustitución
llegan al cien por ciento y lo exceden. Deberíamos pensar si debemos
tener dos elementos de pensiones mínimas o sólo uno, y dónde debe de
estar situado, porque en otros casos vemos que hay afiliados a
algunos regímenes que como activos han estado pagando muy poco en el
impuesto sobre la renta, como cotizantes han cotizado por bases
mínimas, y después, aunque han cotizado a tipos reducidos, la
proporcionalidad de la pensión no es con el importe cotizado sino con
la base de cotización. En consecuencia, habría que ir cuanto antes a
otra de las recomendaciones que el Pacto de Toledo hace, cual es la
de unificar
tipos porque, si no, no es posible que personas que han tenido la
misma carrera como cotizantes reciban la misma pensión. Ese elemento
de proporcionalidad debería estar dentro de la política de pensiones.

En segundo lugar, está la dotación del fondo de reserva a que me he
referido. Esto, aparte de servir para no tener que variar de manera
sustancial los tipos de cotización, sería un símbolo importante para
que se viera que hay una preocupación política y real a medio plazo
respecto al sistema de pensiones. No sé cuál será su impresión, pero
la mía como contribuyente, como cotizante y como ciudadano es que
hay, no digo un despego, pero sí una especie de sospecha o de temor
creciente entre los asalariados medios o medios altos, que son en
gran parte los que sostienen el sistema, lo mismo que en el impuesto
sobre la renta, respecto a si estas pensiones son seguras; no a que
no se vayan a pagar -yo creo que de eso nadie desconfía-, sino a cuál
va a ser el poder adquisitivo real, a si quedaremos hechos un
bocadillo entre una pensión mínima que crece y una máxima que está
topada. Ante eso se plantea el atractivo inmediato de los sistemas
complementarios y de un menor apoyo social al sistema público. El que
hubiera un fondo de reserva, aparte de eliminar temores futuros
respecto a la oscilación de tipos de cotización, sería una buena
imagen de la seriedad de un compromiso público, en el medio plazo
acerca de la estabilidad del sistema de pensiones.

Otro asunto del que se ha hablado antes es el relativo al retraso en
la edad de jubilación. Afirmo lo que escribí hace años, lo mismo que
han hecho países tan poco sospechosos de aventureros en estos temas
como Estados Unidos. Si pensamos sobre ello, la Seguridad Social es
la parte de nuestro sector público que menos modificaciones ha
sufrido. Desde la ley Dato, de principios de siglo, hasta ahora el
sistema ha cambiado, pero no tanto y, sobre todo, hay una raya
mágica, la que nos hace pasar de activos a pasivos, que se fijó a
principios de siglo y sigue inamovible. Si ustedes miran las
ganancias en esperanza de vida, desde principios de siglo hasta
ahora, resulta que son fabulosas, son de más de quince años. Yo, como
todos, desearía ser pronto jubilado y tener una pensión generosa,
pero la cuestión que planteo como reflexión, a partir de los datos
demográficos, es que hemos fijado esa edad de jubilación a principios
de siglo a los 65 años, y la hemos dejado ahí. Es lo mismo que si por
algún motivo gozáramos no de años de doce meses sino de catorce
meses, estamos acostumbrados a trabajar once y a que nos paguen un
mes de vacaciones y disfrutarlo. ¿Y si tuviéramos años de catorce
meses y los dos meses adicionales fueran también de vacaciones, toda
la política salarial y de tiempo libre podría ser la misma? El
retraso de la edad de jubilación es una de las medidas más sensatas
para el futuro, y me refiero a un futuro más allá de ese año 2015,
donde tenemos dudas sobre casi todas las variables económicas, pocas
sobre las demográficas. En Estados Unidos se ha alargado la edad de
jubilación retrasándola cada año dos meses. Si eso se pone en vigor
en los próximos años, el retraso pleno a los 67 años podría ser sobre
la fecha del 2015. La mayoría de los trabajos actuales no requieren
un trabajo físico penoso, pueden desarrollarse perfectamente y hay
muchas personas que podrían hacerlo. Por supuesto que se puede pensar
en el grado de voluntariedad, o de obligatoriedad de esta medida.

Sabemos, además, que



Página 24006



nuestra edad real de jubilación está mucho antes de la edad legal.

Aquí de nuevo se puede decir que chocamos con la política de empleo.

La política de empleo tiene que ver con la Seguridad Social, pero no
debemos confundirla. A la Seguridad Social lo que no puede pedírsele
son muchas cosas que se le han pedido: que arregle los problemas de
reestructuración industrial y cargue con los costes de sectores más o
menos viables o inviables; que contribuya a que las empresas puedan,
sin coste de formación, jubilar a trabajadores de 50 años por otros
más jóvenes, y que resuelva otras muchas más cosas. El problema del
empleo existe, pero hay que analizarlo en sí mismo. Si quitamos un
señor de 60 años y metemos a un joven, no hay más empleo. Cambiamos a
la gente, pero sigue habiendo el mismo empleo. En cuanto a las
perspectivas futuras -y no debemos ser pesimistas, sino más bien lo
contrario- de que necesitaremos mano de obra, tenemos ahí el aumento
en la tasa de actividad de ocupación. Yo creo que deberíamos
plantearnos, de manera realista también, dónde situamos la edad de
jubilación.

Por último, habría que poner un énfasis distinto en la política de
formación para el empleo. Uno de los grandes problemas económicos y
con muchos dramas personales en nuestro país ha sido tener estos años
las generaciones jóvenes más preparadas y más competentes que hemos
tenido nunca y no poder darles empleo. Hay problemas, pero no son tan
graves como el que las personas de 50 años o más pueden tener
problemas para reciclarse, a veces porque existen dificultades y, en
otros casos, porque las empresas, en vez de pagar el coste de formar
y reciclar a sus empleados -que son perfectamente capaces de
reciclarse a los 50 años-, prefieren no pagarlo y tener otros más
jóvenes y más cualificados, formados por el sistema educativo
público. Ese debe ser otro cambio en la política de formación. Si uno
compara a España con otros países de la Unión Europea o de la OCDE,
podemos decir con orgullo que tenemos una juventud bien formada, con
una preocupación por la movilidad o por el conocimiento de otros
idiomas mayor que en otros países y ahí no hay que albergar tantos
temores. Ese hábito tan español de pensar: si es nuestro, debe estar
mal..., es un problema seguramente para cambiar instituciones en
España. Un alemán diría: si esto pasa en Alemania, está bien. Debemos
dejar de pensar lo contrario. Los problemas de formación no están
ahí, están en otro sitio y habría que gastar en ello.

Como conclusión, si uno mira la suficiencia financiera y la equidad
del sistema, problemas de suficiencia financiera no hay ni va a haber
en el medio plazo. Sin embargo, sería bueno para atemperar las
frustraciones de tipos, crear ese fondo de reserva para aumentar el
apego hacia los sistemas públicos de pensiones. Yo soy un defensor,
más allá de mi postura académica o profesional, personal, del sistema
público, que es un elemento de solidaridad fundamental. Tomando el
artículo de un prestigioso profesor de Teoría Económica de la
Universidad Pompeu Fabra, Xavier Casalmiglia, a veces debemos
defender el Estado del bienestar contra sus entusiastas. Yo creo que
el enemigo del sistema público de pensiones no es uno privado de
capitalización. Ahora se habla poco de la capitalización, entre otras
cosas porque los tipos de interés reales y el rendimiento de esos
fondos ya no es tan optimista. Ese sistema público de
pensiones, que es una institución clave a mantener y a consolidar,
exige mirar las cosas de frente y no rasgarnos las vestiduras ante
cosas que son de una manera y que estamos acostumbrados a oír que son
de otra. Hemos mejorado el nivel de pensiones mínimas y eso es algo
bueno, pero debemos reflexionar, en el caso de los regímenes
especiales, si el fenómeno de compra de pensiones y la baja
aportación al sector público por impuesto sobre la renta y a través
del sistema de Seguridad Social, eligiendo bases mínimas de los
regímenes por cuenta propia, no debe ser revisado en cuanto que la
mayor parte de las pensiones mínimas se produce en esos regímenes.

Ha mejorado también el tratamiento de los fondos privados de
pensiones, y con las modificaciones previstas para las personas
mayores de 52 años, va a mejorar aún más. Si ustedes miran una de las
diferencias en materia de deducciones en nuestro impuesto sobre la
renta, verán que no hay nada tan rentable para que un contribuyente
invierta como un fondo privado de pensiones. Lo único que queda de
deducción de la base, que antes era adquisición de vivienda propia,
son las aportaciones a planes de pensiones. Este hecho, unido al
atractivo de que lo que yo aporto es para mí, puede producir el apego
de quienes sostienen el sistema, que, insisto, son los asalariados
medios fundamentalmente -lo dicen las cuentas y las aportaciones del
régimen general-, debe ser examinado. A esos cotizantes que como
contribuyentes sostienen el sistema hay que darles un grado mayor de
proporcionalidad real, no teórica. En el aspecto de la equidad, por
arriba, quien va a un fondo de pensiones, y por abajo, quien tiene
pensiones mínimas, están protegidos, y el bocadillo se ha comido a
los que están en medio, que son los que sostienen el sistema y el
sistema les devuelve menos. Insisto, en que si se quiere redistribuir
-y pondría el énfasis en la política de pensiones mínimas- bien está
hacerlo, pero separemos esos elementos redistributivos que no deben
financiar los asalariados, sino las aportaciones generales que
procedan del sistema fiscal.

Por tanto -y con esto concluyo mi intervención-, si se hace un
balance en el asunto de la separación de fuentes de financiación,
veremos que hemos avanzado en el terreno de la sanidad, pero las
prestaciones no contributivas y la política de pensiones mínimas
requieren, a mi juicio, una revisión. La solidez financiera del
sistema está garantizada, eso sólo desde el desconocimiento o la mala
fe se puede negar. Pero la pregunta relevante no es si el sector
público va a pagar nuestras pensiones, ¡claro que las va a pagar! La
pregunta relevante es: cuál será la capacidad adquisitiva real de mis
pensiones y qué grado de sustitución me dan sobre mis aportaciones,
eso es lo importante. Yo no tengo miedo a que dejen de pagar las
pensiones, lo que nos preocupa es nuestra capacidad adquisitiva real.

Ese es un asunto importante en el que debemos pensar en los elementos
de proporcionalidad y en la creación de un fondo de reserva que
exista realmente. En mi opinión, esto sirve para algo técnicamente
bueno, que es atenuar fluctuaciones en tipos de cotización y enviar
el mensaje de un compromiso político serio respecto a la solidez
financiera del sistema de pensiones. Por último, hay otros asuntos de
gestión que he dejado a un lado, pero también sería necesario
uniformizar los tipos de cotización de los diversos regímenes con el



Página 24007



régimen general y alguna otra mejora de gestión en la que en este
primer momento no querría entrar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora López i Chamosa.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero agradecer al señor
Monasterio su comparecencia. Mi grupo no la había solicitado, pero he
de decirle que le agradecemos su presencia. Se la agradecemos
doblemente porque su disertación ha sido muy interesante y ha tenido
la paciencia de estar aquí con nosotros toda la mañana.

He escuchado muy atentamente su intervención y creo que plantea
varias cosas que en sí mismas son contradictorias y difíciles a veces
de entender. Habla S.S. de trasladar a los ciudadanos y al conjunto
de trabajadores las medidas que tomamos, de explicárselas con
claridad, pero hay que pensar que la complejidad del sistema lo hace
a veces difícil.

Por hacer alguna mención a algunos temas, se dice que el empleo es lo
que ha de asegurar el futuro de las pensiones. Es cierto que ha de
ser uno de los componentes fundamentales, pero aquí tenemos que
pararnos y hacer un análisis muy exhaustivo sobre qué tipo de empleo
queremos y qué tipo de empleo puede garantizar el funcionamiento de
la Seguridad Social, porque nos estamos encontrando en estos momentos
con que el empleo que estamos generando tiene unos salarios muy bajos
y, por consiguiente, una aportación baja al sistema. Ojo cuando
hablamos de que generar el empleo y que el pleno empleo va a ser la
garantía. Hemos de empezar a pensar que el empleo es indispensable
-igual que se decía esta mañana aquí con el crecimiento económico-
para que haya garantía, pero a lo mejor llegará un momento que, por
la propia composición del mercado de trabajo en su conjunto, hemos de
analizar que nuestro sistema de Seguridad Social no ha de correr sólo
con el sistema contributivo, sino que Estado habrá de hacer
aportaciones, porque el crecimiento económico y el nuevo diseño lo
hagan necesario. Es un tema que tenemos que tener en cuenta cara al
futuro.

Yo siempre pongo de ejemplo lo que pasó hace dos años y que me llamó
mucho la atención: Sevillana de Electricidad jubilaba a mil personas
de 60 años con unos salarios brutos de unas trescientas y pico mil
pesetas y, en su lugar, contrataba a mil jóvenes con unos salarios
brutos de ciento treinta. Hemos de tener en cuenta esas oscilaciones.

Se habla de alargar la edad de jubilación. Ese será un debate muy
interesante que habremos de hacer. ¿Cómo podemos trasladar con
nitidez a la sociedad que alargamos la edad de jubilación cuando se
están haciendo las prejubilaciones que se están haciendo? ¿Cómo
podemos trasladar eso y hablar de alargar la edad de jubilación
cuando tenemos el nivel de paro que todavía tenemos y -como usted ha
dicho bien- tenemos la juventud mejor preparada de los últimos años?
Son medidas que hay que debatir mucho porque no son homogéneas. Hoy
por hoy, pensar en alargar la edad de jubilación es muy difícil, pero
a lo mejor dentro de 15 años, no. ¿Por qué? Porque la propia
composición del mercado de trabajo también puede variar. No podemos
hablar de alargar la edad de jubilación de las personas que están en
una cadena, tipo Seat, o cualquier otra empresa,
pero sí podemos empezar a pensar en otros colectivos. Es un debate
para el futuro y muy difícil de abrir en estos momentos, porque ahora
tenemos que dar empleo a una cantidad de jóvenes que no lo tienen y,
además, tenemos que afrontar las prejubilaciones que se están
haciendo en las grandes empresas, si han de seguir haciéndose así.

Son reflexiones que hay que hacer.

Fondo de reserva. Desde mi punto de vista, el fondo de reserva es muy
necesario. No sólo es necesario en sí mismo, sino que lo es para dar
a los trabajadores, futuros pensionistas, la garantía o tranquilidad
de sus pensiones. Debemos seguir trabajando en ello. Cuando hablamos
de pensiones no contributivas y pensiones contributivas, de régimenes
distintos y demás, hemos de pensar que no es lo mismo analizar la
Seguridad Social como lo estamos haciendo hoy -y creo que eso es lo
interesante de esta Comisión, que hoy, después de unos años de
funcionamiento de los regímenes especiales y del régimen especial, lo
estemos analizando aquí-, no es lo mismo analizar lo que pasa hoy con
las pensiones de los regímenes agrarios o autónomos que haberlo hecho
hace diez años, porque hoy podemos ver las consecuencias de aquellas
medidas y hoy podemos corregirlas.

Es fundamental un tema que usted planteaba, y es el de los fondos
complementarios, los fondos privados. Los sistemas privados de
pensiones están teniendo una dinámica muy diferente del sistema
público. Si percibes la pensión conforme a la ley, de una sola vez,
tienes un 40 por ciento de una fiscalidad determinada y diferente a
si la percibes en rentas mensuales. En el sistema público tienes la
devolución en un sistema mensual, con una fiscalidad diferente. ¿Qué
estamos haciendo? Estamos gravando fiscalmente la Seguridad Social,
por encima de los fondos de pensiones. Este es un análisis que
tenemos que hacer, y usted mismo lo decía.

Le agradezco enormemente su intervención, que nos va a aportar ideas
para el debate.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Quiero darle las gracias por su
comparecencia. Muy brevemente quisiera plantearle alguna cuestión. En
primer lugar, me gustaría conocer su opinión sobre la conveniencia o
no de introducir dentro del Pacto de Toledo -es decir, dentro del
acuerdo político- dos temas que, en principio, están fuera: las
prestaciones de desempleo y todos los mecanismos que eso conlleva y
los servicios sociales, de cara a cubrir uno de los objetivos del
sistema de Seguridad Social en general, no el específico de las
prestaciones contributivas. Se trata de garantizar el bienestar en
función de las necesidades de la población; no sé si el criterio va
más allá de las necesidades o no. Es verdad que están evolucionando
no sólo el mercado de trabajo sino también las expectativas de vida.

Lógicamente, los nuevos problemas generan problemáticas distintas.

Ahora bien, ¿cuando se habla de estas circunstancias nos referimos a
acomodar el tiempo de duración de una vida laboral o también a
acomodar el conjunto de instituciones del bienestar a esas
circunstancias?



Página 24008



Si vamos a tener que prolongar la edad de jubilación -perdóneme la
broma- yo estoy más cerca de la edad de jubilación que otras
personas,y alargarla me sienta peor que a quien tiene toda la vida
por delante. ¿No se trataría también de acomodar el sistema a la
cuestión de que se está alargando la expectativa de vida, los costes
son mucho mayores, pero, al mismo tiempo, las necesidades son
mayores? (La señora vicepresidenta López i Chamosa ocupa la
Presidencia.) No se trata sólo de estas de cuestiones de adecuación
entre la capacidad de ingresos y de gastos de la Seguridad Social, de
empleo y costes de las prestaciones, sino también de otras que se
generan en función de las nuevas circunstancias.

Por otro lado, hay otra serie de reformas de las prestaciones sobre
las que a mí me gustaría conocer su opinión, se trata de la viudedad
y la orfandad, temas que van muy ligados. Si ha seguido nuestras
intervenciones a lo largo de la mañana, conocerá por qué planteo esta
cuestión. No voy a repetir argumentaciones respecto a una posible
reforma de esta prestación.

En cuanto a la proporcionalidad, hay un elemento polémico, que me
gustaría sacar a colación. Efectivamente, usted es o ha sido
partidario de las reformas producidas en 1985 y en 1997, en función
de que así se garantizaba una mayor proporcionalidad entre lo
cotizado y lo percibido por las prestaciones de la Seguridad Social.

Como sabe usted, Izquierda Unida, no; por una razón. ¿No habría sido
posible hacer la reconversión en función de criterios de
proporcionalidad al alza en vez de a la baja, en vez de recortar las
expectativas de pensiones futuras? ¿No habría sido posible,
manteniendo los niveles de aquellos regímenes que no tienen una
proporción de lo que cotizan con respecto a lo que reciben? S.S. ha
citado la problemática de cuenta propia fundamentalmente. Estamos de
acuerdo en que hay una serie de elementos en los que la
proporcionalidad no se respeta y se grava al régimen general, que es
el que más contribuye. ¿No se podría haber hecho eso mejorando las
pensiones contributivas del régimen general de aquellos que más
aportan, en vez de hacerlo a la baja? Habrá que discutir si el
régimen general lo hubiera podido sostener, pero esas expectativas
alarmistas y catastrofistas, en función de las cuales se alumbraba la
gravedad de la situación financiera de la Seguridad Social, el
diagnóstico de la crisis -para entendernos- que alumbró la necesidad
de atajar esa alarma social con el Pacto de Toledo, no se han
cumplido.

Usted ha recogido este tema, a mí me parece que acertadamente.

Estamos hablando de la función sustitutiva que tienen las pensiones
como rentas sustitutas de los salarios o de las rentas en activo;
pero podríamos haberlo hecho antes también. Primar el punto de vista
de la sostenibilidad financiera del sistema fue fruto de una época de
crisis económica, pero ahora estamos en mejores condiciones para
hacer frente a otras cuestiones. Traduzco rápidamente mi
interrogante. ¿Sería usted partidario de dar un giro a la ratio en
función de la cual se alumbró el Pacto de Toledo, afrontando ahora la
mejora de las pensiones y del sistema en general, introduciendo los
servicios sociales, etcétera, hecho que va a implicar mucha
financiación, al margen de quien deba financiarlo o no, porque esa es
otra cuestión. Desde nuestro punto de vista, eso no lo tendrían que
financiar sólo
las cotizaciones porque no serían capaces de hacerlo, sino que
tendría que ser el Estado? ¿No sería más conveniente cambiar ese
punto de vista, ahora que estamos en una época de bonanza económica,
que nos permite debatir este asunto con una cierta tranquilidad,
teniendo en cuenta que la sostenibilidad del sistema es la condición
sine que nom y plantear el debate sobre la nueva fase del Pacto de
Toledo?



La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor
Camps, en nombre del Grupo Popular.




El señor CAMPS I DEVESA: Como han hecho los anteriores
comparecientes, quiero expresarle, señor Monasterio, mi gratitud por
su comparecencia y, si me lo permite, decirle que ha valido la pena
la espera. Mi grupo había solicitado su comparecencia y, si soy breve
en esta intervención, no piense nunca que me está rindiendo el
hambre, sino que ha sido la claridad de su exposición la que, en
muchos casos, obvia cualquier apreciación o matización que tenga que
realizarse por mi parte. Como me apasiona hablar de Seguridad Social,
no me resisto a hacer algunas apreciaciones a lo que ha sido el
contenido de su intervención, partiendo de una cuestión que comparto
plenamente, y es que por fríamente que podamos acercarnos a la
Seguridad Social, al final, es un debate de enorme trascendencia
social que no podemos perder nunca de vista cuando hablamos de estas
cuestiones. Viene el debate histórico sobre la materia, que usted ha
apuntado muy bien. Al final, los sistemas de protección social son,
por un lado, sistemas substitutivos de rentas, la renta del trabajo
se sustituye por una pensión en un momento determinado, pero, a la
vez, son sistemas de asistencia a los más desfavorecidos de
redistribución de la riqueza. ¿Dónde se pone la línea que haga que
prepondere más una parte u otra? Ese es el debate en el que nos
encontramos en este momento con nuestro sistema de protección social
y que no ha acabado con la separación de fuentes de financiación, a
los efectos de determinar claramente que las prestaciones
contributivas se financiarán con las cotizaciones sociales
básicamente, como dice el Pacto de Toledo, y que todo lo que sea
sanidad y asistenciales se financiarán, vía imposición del Estado,
por transferencias del mismo.

Nos quedan abiertos algunos flecos sobre los que me gustaría conocer
su opinión porque, hoy en día, la financiación es excedentaria, pero
podría ocurrir que las cotizaciones sociales no fueran suficientes
para pagar las prestaciones contributivas. También nos gustaría
conocer qué sucede -cuestión que hemos debatido en muchas ocasiones
y sobre la que nos gustaría conocer su opinión- con figuras como los
complementos a mínimos en los que, a pesar de que se ha llegado a un
acuerdo político en la propia ley de conocer su naturaleza no
contributiva, doctrinalmente se ha discutido y se sigue discutiendo
sobre su naturaleza, si son un aspecto no contributivo de una
prestación contributiva, porque al final lo que hace es complementar
una prestación contributiva, o si, en realidad, no tienen más que ese
carácter meramente asistencial redistribuidor de la riqueza, al que
ha hecho usted referencia de manera más general.




Página 24009



Comparto con usted que el crecimiento de empleo es la base más
segura, ya lo he manifestado a lo largo de esta mañana; además creo
que en los próximos 15 años será la base en la que se fundamentará
nuestro sistema de protección social. Comparto más el crecimiento del
empleo y no la sustitución del empleo. Y esto me lleva a una
cuestión, que iba a tratar más tarde pero a la que me voy a referir
ahora, que es la jubilación flexible, la edad de jubilación, porque
comparto su criterio. Es una recomendación del propio pacto, la
jubilación flexible, pero es que, además, por poco que uno haya
estudiado y haya observado los países de nuestro entorno, creo que es
un camino que estamos obligados a recorrer, tal vez en un futuro no
inmediato, me quedaré en el mediato, ni siquiera a largo plazo. Es
una cuestión tan clara como que nuestra tasa de actividad o de
ocupación es baja. Tenemos que crecer enormemente aún, sobre todo en
lo que es la inserción laboral de la mujer, pero llegará un momento
en el que, dejando aparte el tema de la inmigración, que también se
ha tocado esta mañana, nos tendremos que plantear el mantenimiento de
los ocupados más tiempo. Será imposible que podamos sustentar todo lo
que sería el aspecto contributivo de nuestro sistema con gente que se
jubila no a los 65 años sino incluso mucho antes, como está
ocurriendo en estos momentos, teniendo en cuenta también un tema que
no se ha tocado, como es el efecto sustitución. Las pensiones que hay
ahora y que entran en el sistema son mucho más altas que las
pensiones que están saliendo del sistema. Es algo que nos debemos
plantear.

Comparto también plenamente, aunque en este caso no hemos tenido
ocasión de ponerlo de manifiesto puesto que no ha existido debate en
este sentido con el primer interviniente de esta mañana, que el fondo
de reserva da estabilidad y es claramente una muestra de compromiso,
como ha manifestado el señor Monasterio. No hay que dejarlo
simplemente en las manifestaciones que se han hecho anteriormente
diciendo que está garantizado. La Seguridad Social, sí que lo creo,
es Estado, pero no simplemente porque la Seguridad Social sea Estado
podemos ya dar una certidumbre a todos los pensionistas, sobre todo a
los que algún día llegarán a ser pensionistas, porque no es tan
sencillo. El fondo de reserva, como usted ha dicho, viene no sólo a
dar la estabilidad pura, matemática, financiera, una cantidad que en
un momento determinado puede evitar la fluctuación de las
cotizaciones sociales, sino que también es un compromiso, en este
caso del propio sistema, con quien va a estar en el mismo, que es lo
que da esa certidumbre. No sólo la da la propia matemática.

Usted ha dicho una cosa que, a mi juicio, es muy importante y me
gustaría que hiciera una reflexión: la perspectiva adecuada para
acercarse a nuestro sistema de protección social. Yo creo que
últimamente se está analizando con excesiva ligereza el hecho de que,
estableciendo unas premisas muy sencillas, ante la situación de
bonanza económica actual, lo que se traduce en crecimiento del
empleo, lo que se traduce inmediatamente en una mejor situación de
nuestro sistema de protección social, aumentemos las prestaciones.

Ami juicio, esto es peligroso. Si siempre que nos encontremos ante
una situación de bonanza económica, con creación de empleo y una
mayor estabilidad de nuestro sistema de Seguridad Social, la
conclusión va a ser
aumentar las prestaciones que se produzcan, a lo mejor, como dice la
expresión, ello supone pan para hoy y hambre para mañana o alegrías
que se pueden pagar caras en un momento determinado. Usted ha dicho
que la perspectiva no es la del momento actual sino que tenemos que
acercarnos a una perspectiva mucho más global; esa reflexión me ha
parecido muy oportuna y me gustaría que incidiera en ella. Porque la
resistencia al cambio en esta materia, lo ha manifestado usted y lo
han dicho todos los intervinientes, es mucha. Es muy difícil, una vez
reconocidas ciertas prestaciones, proceder a su recorte, por mucho
que se justifique.




Entrando ya en el aspecto de la solidaridad como proporcionalidad,
como componente retributivo en materia de pensiones mínimas, como se
ha hecho anteriormente, me ha parecido muy atinada -lo tengo que
expresar así- la manifestación empírica, puesto que está basada en
estudios, de que la proporcionalidad está afectando sobre todo a los
asalariados medios del régimen general, a los que luego serán los
pensionistas medios del propio sistema, y que eso, haciéndolo caer
justamente sobre las espaldas del sector asalariado, está
beneficiando a quienes, en otros regímenes, en este caso regímenes
especiales, acceden a pensiones mínimas, siendo la del régimen
especial del 60 por ciento, creo recordar que ha dicho, y que en
otros casos supera incluso el 100 por 100, la tasa de sustitución de
la pensión sobre la renta que se tenía. Ahí también habría que tener
en cuenta la enorme complejidad. Una de las recomendaciones del Pacto
de Toledo era justamente la integración de todos los regímenes en
dos: por cuenta ajena y autónomos. Esto no se ha podido hacer por la
complejidad que ello supone, ya que hay regímenes especiales muy
deficitarios y eso hace difícil que se puedan englobar todos ellos en
uno. Me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre esto.

Termino diciendo que comparto el final de su intervención; la
Seguridad Social ha arreglado muchas cosas en este país, la Seguridad
Social ha sido un estupendo colchón en el que se han amortiguado
golpes que no le gustaría haber recibido. Las reflexiones que hacemos
ahora tal vez sean para evitar que eso pueda suceder en un futuro.

Enlazo con el principio, ¿hasta dónde la Seguridad Social tiene que
ser un sistema de sustitución de rentas? ¿Hasta dónde la Seguridad
Social se tiene que convertir en un sistema de asistencia social? Ése
es el gran debate que tenemos.

Termino, agradeciéndole nuevamente su intervención.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el señor
Monasterio.




El señor CATEDRÁTICO DE HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
(Monasterio): Espero haber tomado nota de las observaciones
planteadas.

En primer lugar, la señora Chamosa, del Grupo Socialista, hablaba
sobre el empleo y los salarios bajos. Precisamente para proteger a
las personas con salarios bajos, está la parte redistributiva del
sistema, que yo creo que debe mantenerse, pero debería explicitarse
que debe ser financiado con impuestos generales y pagarse en su
cuantía íntegra. El año 2000 y los anteriores el desfase entre la
aportación estatal para pensiones mínimas y lo que cuesta la



Página 24010



política de pensiones mínimas es cercano a los 600.000 millones. Ésa
es la parte de redistribución que no recae en todos, sino
exclusivamente en los asalariados.

Sobre la edad de jubilación, creo que sí es el momento de abrir el
debate. En el sistema de pensiones encontramos que, una vez que una
persona entra en la situación de pensionista, su capacidad de
respuesta económica es muy baja; seguramente tampoco es tan alta en
la vida activa. En esta materia, el posponer los cambios casi siempre
obliga a, si hay que introducirlos, ser injustos y hacer que el coste
del cambio recaiga en aquellos que les pilla en ese momento, por
utilizar una expresión coloquial. Por tanto, habría que llegar a
persuadir a los agentes sociales de que ésa es una buena política.

En cuanto a retrasar la edad de jubilación, a mí no me gustaría que,
si tengo la expectativa de jubilarme a los 65 años, el año anterior
me dijeran: no, espere hasta los 67. Me sentiría maltratado. En eso,
me parece bueno el ejemplo americano: aumentemos dos meses cada año y
la medida tardaría 12 años en ser plenamente vigente. Insisto, el
sistema de pensiones es algo positivo y debe matenerse con un nivel
de sustitución semejante al actual. Lo que hay que decir a la gente
no es si quiere retrasar la jubilación o si no quiere. Claro que no
quiere. Hay que decirle: si quiere retrasar la jubilación o si quiere
que no le digamos nada y le bajemos las pensiones de nuevo; que haya
otra reforma como las que hubo anteriormente. Yo creo que vale más
hablar ahora de eso.

Sobre el fondo de reserva y la fiscalidad de los fondos de pensiones
diré que el fondo de reserva, como he dicho antes, tiene una
visibilidad clara para la mayoría de los contribuyentes y cotizantes:
creerse más en serio ese compromiso de la proporcionalidad. Porque,
insisto, me parece percibir entre los asalariados -igual es una
percepción errónea- la idea de decir: a nosotros nos van a hacer un
bocadillo. Alguien que fuera como yo, pero que no fuera un
asalariado, no cotizaría toda su vida y por todo su salario; si tiene
un trabajo por cuenta propia, igual escondía períodos de trabajo o
bases de cotización. Si me protege la política de pensiones mínimas,
como además me beneficio de aportar a un fondo privado de pensiones,
mi rentabilidad por lo cotizado es mucho más alta. Luego, cualquier
asalariado puede llegar a decir: esto de la solidaridad está muy
bien, pero los paganos de la solidaridad somos nosotros; no son las
personas de renta elevada, sino los asalariados. Y eso mina la
credibilidad del sistema. Lo que sea constituir fondos de reserva o
uniformizar las prestaciones privadas de fondos de pensiones con las
pensiones de la Seguridad Social me parece lógico.

A las cuestiones que plantea el señor Vaquero, de Izquierda Unida,
voy a intentar contestar de la manera más clara posible. Sobre la
conveniencia de introducir en el Pacto de Toledo prestaciones por
desempleo o servicios sociales, mi idea sería que es mejor dejar
fuera las prestaciones de desempleo, en el sentido de que la lógica
de largo plazo y de proporcionalidad que debe existir en materia de
pensiones de jubilación o invalidez no es la misma de la de las
prestaciones de desempleo. Yo creo que este es un tema importante,
pero no para adquirir compromisos muy firmes en el largo plazo. No
pienso lo mismo respecto a los servicios sociales, sino que opino que
la política de servicios
sociales debería incluirse en el Pacto de Toledo con un compromiso en
el medio plazo. No quiero ser excesivamente académico ni pedante
sobre este asunto, pero hay literatura en otros países sobre este
asunto y sobre la política pública de protección a la vivienda y
demás que dice que el problema de cualquier política redistributiva
es ayudar a los verdaderos pobres -que yo supongo que es algo que
todos querríamos hacer; al menos yo lo querría- y evitar que en una
política general, por una mala regulación, se nos cuelen buscadores
de rentas entre los verdaderos pobres. Yo creo que trabajar más en el
área de servicios sociales y menos en la política de pensiones
mínimas nos puede ayudar. Los impostores buscadores de renta quieren
esas pensiones mínimas, pero seguramente no utilizarían los servicios
sociales porque no les interesan tanto. Por ello, yo creo que las dos
políticas están ligadas, la de pensiones mínimas y redistributivas y
los servicios sociales, y me parecería adecuado incluir los servicios
sociales en un compromiso a medio plazo.

En cuanto a si deberíamos acomodar la duración de la vida laboral o
acomodar todas las instituciones sociales, yo creo que debemos hacer
las dos cosas, pero el resto de instituciones sociales ya están
acomodadas. Antes de venir he mirado de nuevo las estadísticas de la
OIT, de España y de otros países, y hoy tenemos un sistema educativo
que alcanza a muchas más personas y durante mucho más tiempo que
antes. Esa es una institución social acomodada y yo creo que
afortunadamente asentada. Y no solamente es que antes teníamos menos
personas de edad -y digo antes, en los años cincuenta y sesenta hacia
atrás-, sino que, si uno ve los que había, que eran muy pocos,
trabajaban más de un tercio. Hoy tenemos muchos más y trabajan menos.

Esos cambios se han producido ya en la sociedad. Además, está el
cambio en la sanidad. Yo no he hablado de ello, pero gran parte del
gasto, más que sobre pensiones, va a venir del lado de la sanidad. Y
aquí sí que tenemos abundantísima evidencia empírica que sirve la
OCDE sobre que los grandes ancianos, los mayores de 80 años, o las
personas mayores de 70 años concentran el consumo sanitario. Los
microdatos nos dicen que, para una buena muestra de personas sobre
las que hay datos, las tres cuartas partes del gasto sanitario total
en su vida se concentran en la última dolencia, que les lleva al
fallecimiento. Es un hecho afortunado que vivamos más, pero es más
costoso. Todas esas instituciones se han ido adaptando
silenciosamente, y en ese contexto de adaptación silenciosa es donde
yo veo la lógica de retrasar la edad de jubilación.

Sobre la viudedad tengo también una opinión muy clara que no sé si
compartirá usted; quizá no. Si concentramos los recursos donde hay
más necesidad, yo dejaría las pensiones de viudedad para menores de
45 años como un subsidio temporal de dos o tres años máximo, no
vitalicio, y para el resto, hasta la edad de jubilación, creo que hay
motivos para que sean incompatibles con otras rentas. Hay un buen
número de situaciones de sobreprotección relativa respecto a otras
situaciones que no estamos protegiendo. No es ahí donde falla el
sistema español, sino que más bien es generoso.

La proporcionalidad. Me he mostrado claramente favorable. ¿Al alza o
a la baja? Yo lo dejaría donde está, dado el que yo creo previsible
horizonte demográfico y económico,



Página 24011



no por una postura personal o cicatera, sino porque creo que es lo
que podemos mantener de una forma realista. En relación con este
asunto -no me tome usted a mal el ejemplo- le diré que yo soy muy
aficionado a la montaña y que salgo con un grupo de dos o tres
amigos, uno de los cuales es el coordinador de Izquierda Unida en un
pueblo que está al lado del mío, Pola de Siero. Además de ser una
excelente persona, este señor, que se llama Valentín Loredo, tiene un
bar atendido por varios camareros y siempre me dice, porque aparte de
hablar del monte también hablamos de estos temas y de otros;
Vosotros, los técnicos, deberíais no ser siempre tan cicateros. Él
tenía la costumbre, porque es una buena persona, lo es en todo, de
permitir a los camareros que habían trabajado en su bar durante un
tiempo consumir, ellos y las personas que les acompañasen, y no
cobrarles. Un día me dijo: Oye, Carlos, he hecho una comida y les he
dicho a todos que ya son muchos y que no pueden venir. Y yo le
contesté: eso es lo mismo que lo de las pensiones. Seguramente si te
hablo de la tasa de sustitución sería difícil de entender. Lo que
pasa ahora, le decía, es que te das cuenta de que el negocio sigue
siendo el que era y hay muchos camareros que vienen con los amigos
y que igual alguno abusa, que viene demasiado, y el principio de
invitarles llegó un momento en que era demasiado gravoso. Y me parece
razonable.

Hay una frase clásica que dice que no todo lo socialmente deseable es
económicamente posible. Hay que poner la raya en algún sitio.

Podríamos discutir acerca de ello, pero yo creo que básicamente la
raya está bien puesta y que, más que una promesa generosa, lo que
debemos hacer es una promesa creíble. Porque lo peor que se puede
hacer es prometer algo que parece lógico pero que no podemos
mantener. Y el sector público español está manteniendo una promesa de
una manera bastante sensata. Yo he discutido en otros foros
académicos sobre la gente a la que le entusiasma el sistema de
capitalización; suele decir que es por una perspectiva liberal. Yo
entonces contesto que a mí me extraña que alguien que sea liberal
quiera cambiar público por privado, reparto por capitalización. Si es
plenamente liberal, en vez de coactivo, el sistema será voluntario.

¿Quiénes proponen el paso a la capitalización? Y me contestan: que
siga siendo coactivo. Me parece que es la nota que un liberal antes
debería eliminar. Piense usted que la esencia del cambio no es de
público a privado ni de reparto a capitalización. Es el tipo de
contrato que se dice. Se habla de un sistema de capitalización y de
cotización definida y yo creo que ése es uno de los asuntos que los
defensores del sistema público más deberíamos subrayar. La promesa
del sistema público es muy generosa y muy rigurosa, porque a usted le
prometen que el día que se jubile sustituirán en un porcentaje del 60
o el 70 por ciento sus rentas en activo. Si usted lee todas las
letras grandes y pequeñas de todos los fondos de pensiones, verá que
hay una cantidad de dinero con un asterisco donde pone rentabilidad
estimada. Austed no le prometen nada; le dicen que cotice durante no
sé cuántos años y que después ya le dirán lo que hay. Como no le
prometen nada, es siempre se puede cumplir. Yo creo que las promesas
serias son las que nos obligan a cumplir algo, pero hay que ser muy
rigurosos antes de prometer cualquier cosa a la gente. Yo no digo que
espero ver quebrar el sistema de pensiones chileno, pero
cambiar mucho, seguro. Tenemos unos sistemas que en Europa llevan 50
años pagando muchas pensiones a muchos señores y el sistema chileno
lleva 10 años pagando pensiones a unos 200.000 señores. Si estamos
dentro de 50 años, lo comprobaremos. No nos entre el entusiasmo. El
sistema público tiene muchas ventajas y hay que resaltarlas. Nos
gustaría ser más generosos, como a todos, con nuestra familia, con
los amigos, pero no podemos dar más de lo que tenemos. El sistema de
pensiones que hay ahora es el que podemos garantizar. Ir más allá
sería deseable, pero yo creo que no es posible.

Las mejoras de los servicios sociales a que usted ha hecho referencia
me parece muy importante. Recientemente, en mi universidad se ha
empezado a impartir un master en geriatría y yo digo que uno de los
grandes filones de actividad y de empleo está en la industria
geriátrica. Cada vez hay más personas que consumen de una determinada
manera, que se divierten o viajan de una determinada manera y que
necesitan un tipo de cuidados. Ahí hay un gran filón. Esto da lugar a
una industria privada y, para quien no tenga esa posibilidad, el
sector público debe ocuparse de ellos. Yo creo que deberíamos
ocuparnos -ésta sería mi opción- de los servicios sociales y dejar el
nivel de pensiones como está, porque más o menos ahí está la raya de
lo que yo entiendo que es razonable. Por supuesto, es una decisión
social y lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que, si
queremos más, nos saldrá más caro y, si queremos menos, debemos
decirlo. Lo mejor es insistir en las consecuencias de la elección y
por eso yo he puesto el acento en dos temas. Uno de ellos es el de la
proporcionalidad, porque yo creo que lo contrario es estafar a
quienes sostienen el sistema de Seguridad Social en nuestro sistema
fiscal, que son los asalariados medios y mediosaltos. Otro tipo de
política es esconder la cabeza. Puede parecer que es muy buena, pero
al final es peor que la otra. Proporcionalidad e insistencia en los
servicios sociales en el ramo de la distribución serían opciones en
las que confío podamos tener puntos de coincidencia.

Con esto espero haber contestado a todas sus cuestiones.




Por último, en cuanto al señor Camps, deseo agradecerle su
amabilidad. Respecto a la claridad en la exposición, es mi oficio y,
si lo he conseguido, estaría satisfecho. Prefiero que ustedes estén
en desacuerdo conmigo a que no me entiendan. Se lo digo francamente.

¿Dónde ponemos la raya entre sustitución de rentas y proporcionalidad
y en asistencia-redistribución? Si nos vamos a un extremo, que es el
de asistencia-redistribución, hay algo que creo que metodológicamente
es irreprochable. Si vamos en esa línea y todo lo que hay es una
pensión pública única, desmantelemos el sistema tal como lo
conocemos. Hay algunos países -pocos- que tienen esto, pero el
sistema fiscal general lo financia y para eso no tenemos una
institución pública separada, como es la Seguridad Social.

En los complementos a mínimos, todos los gambeteos sobran. De lo que
va siendo hora es que la aportación del Estado vaya en la línea de
cubrir esos elementos no contributivos. Me parece que no debe haber
mucha discusión teórica sobre este asunto.




Página 24012



Respecto al futuro del sistema, me alegro de que coincida y que el
enfoque del medio plazo sea el que se abra camino en estas
cuestiones. No ahora, en un buen período vamos a tener buenos
resultados, aparte de los resultados económicos. Ahora va a llegar la
brecha demográfica inducida por nuestra guerra civil. Luego en los
próximos cinco años la incorporación de pensionistas va a ser más
reducida. Lo que yo creo es que en este período, más que subir las
pensiones, porque esto va bien, habría que subrayar que quien
proponga subir las pensiones cuando las cosas vayan bien, que
complete la frase. Supongo que será bajarlas cuando va mal. A mí,
como pensionista, me gustaría que me dieran mucho, pero sobre todo me
gustaría que me dieran algo estable. Si mi capacidad adquisitiva me
la cambian al compás de la coyuntura, es peor. Lo que quiero es
pensión alta, pero también certeza. Por lo tanto, mantenerlo es
bueno. El espejismo de que ahora las cosas van bien no debe valer.

¿Para qué vamos a tener un fondo de reserva si esto va bien? Hasta
podíamos bajar las cotizaciones. Yo no soy partidario de bajar las
cotizaciones; yo sería partidario de llevarlas a un fondo de reserva
para que hubiera aportación pública suficiente para la política de
mínimos. Y tampoco de subir las pensiones porque, si las subimos
ahora, habrá que bajarlas en el futuro al compás de la coyuntura. Yo
creo que eso no debe hacerse. Si esa postura se abriera camino,
tendríamos ganado bastante sobre el sistema de pensiones. Que el
fondo de reserva es una institución importante y que la reflexión a
medio plazo es la necesaria creo que es una idea clave para nuestro
sistema.

Los regímenes especiales y la gestión, de lo que he hablado poco,
creo que es necesario introducirlos cada vez más. Además, seguirán
siendo deficitarios aunque no estén en el régimen general. Uno parte
de que tenemos un régimen general más que suficiente, yo diría que
relativamente opulento, y unos regímenes especiales tremendamente
deficitarios. Ese es un asunto a revisar, insisto, porque la
política redistributiva es ayudar a las pesonas en situación de
necesidad, pero en los de cuenta propia se cuelan muchos de los
otros. En agrarios por cuenta propia, en empleados de hogar y en
autónomos, tipos de rendimiento interno obtenidos por pensionistas de
distintos regímenes llevan a afirmar -y además hay que hacerlo con
rotundidad- que no ha habido en nuestro país, jamás, una inversión
financiera o de otro tipo con una rentabilidad tan alta como la
cotización a regímenes especiales ha supuesto para algunas personas.

Si eran personas que realmente tuvieron tan corto período de
actividad y tan baja renta, está bien protegerlas. Lo que pasa es que
tenemos bastantes indicios para pensar que no es así. Tenemos en
números redondos dos millones y medio de pensiones con complementos
de mínimos, dos terceras partes son de los regímenes especiales y no
del régimen general. Hay datos suficientes para pensar que el
fenómeno de compra de pensiones que se practicó de manera intensa,
que se empezó a cortar en el año 1995, se sigue practicando en alguna
medida, aunque sea menor.




La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Muchas gracias, señor
Monasterio.

Yo no sé si nos ha convencido de todo lo que ha dicho, pero lo que
está claro es que le hemos entendido claramente lo que nos quería
transmitir. Se lo agradecemos enormemente y no dude de que nos
ayudará en nuestras reflexiones cara a lo que pretendemos.

En otro orden de cosas, debo decir a SS.SS. que se pretende convocar
nueva reunión de esta Comisión para el día 1. La Mesa, en su reunión,
ordenará las personas que comparecerán ese día.

Sin más, levantamos la sesión.