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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 797, de 12/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 797
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL
PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAMÓN AGUIRRE RODRÍGUEZ
Sesión núm. 3
celebrada el viernes, 12 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de las siguientes comparecencias:
- Del señor secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (Folgado
Blanco). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
(Número de expediente 212/002362) y del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 212/002347) ... (Página 23756)
- Del señor director general de Costes de Personal y Pensiones
Públicas (Blanco Sevilla). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso (Número de expediente 212/002370), del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) (Número de expediente 212/002339) y del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria (Número de expediente 212/002333)
... (Página 23769)
- De la señora directora general de Planificación y Ordenación Económica
de la Seguridad Social (De Vicente Merino). A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 212/002367),
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) (Número de expediente 212/2340)
y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (Número de
expediente 212/002334) ... (Página 23775)
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
-DELSEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (FOLGADO
BLANCO).
A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/002362) Y DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
212/002347)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Damos inicio a la quinta sesión de la Comisión no permanente para la
aprobación de los resultados obtenidos por el Pacto de Toledo, a los
efectos de atender las comparecencias del secretario de Estado de
Presupuestos, del director general de Costes de Personal y Pensiones
Públicas y del director general de Planificación y Ordenación
Económica de la Seguridad Social.
Antes de iniciar los trabajos del día de hoy, pongo en conocimiento
de los grupos parlamentarios que en sesión celebrada por la Mesa
tomamos el acuerdo de celebrar igualmente sesiones de trabajo el día
18, el día 22 y el día 23. No obstante, a la vista del curso con el
que se desarrolle el debate de los presupuestos y proyectos de ley de
medidas en el Pleno a celebrar a partir del día 15, tengo que
significar que todo nos hace pensar que la tarde del día 18 será la
más indicada para llevar a cabo la sesión de trabajo de ese día. Si
por cualquier circunstancia ese debate se prolongara, evidentemente
ya anticipo que no se celebraría la sesión de trabajo de la tarde del
día 18.
Asimismo, los grupos habrán recibido notificación para que se dirijan
a la Mesa a los efectos de acompañar la relación de comparecencias
que cada grupo estima que pudieran retirarse. A la fecha de hoy, sólo
hemos recibido en esta Presidencia el escrito dirigido por el Grupo
de Coalición Canaria. Lo digo para que los grupos parlamentarios que
todavía no han hecho uso de esta iniciativa sientan el estímulo de
mover sus bolígrafos en ese sentido. Anticipo también que al
finalizar la sesión celebraremos una reunión de Mesa y portavoces, a
los efectos de ordenar los trabajos de las semanas venideras.
Sin más asuntos que señalar, damos la bienvenida al secretario de
Estado. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Si no le importa, antes de la intervención del
secretario de Estado, mi grupo tendría interés en intervenir sobre
algunas cuestiones que ha dicho la Presidencia, no en cuanto a la
comparecencia del secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: La sensación que tenemos los socialistas, y
creo que es compartida por sectores
sociales e incluso por los ciudadanos, es que esta Comisión puede
convertirse en una tomadura de pelo. Yel voy a decir el porqué. El
Partido Popular, por las razones que ha estimado conveniente, ha
iniciado ya una campaña electoral y ha basado un eje fundamental de
la misma en los temas de la Seguridad Social, lo cual me parece
perfectamente válido y correcto, sin ningún tipo de problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, se dará cuenta S.S. de que está
abriendo turno. (Rumores.)
El señor GIMENO MARÍN: Sí, por supuesto, soy muy consciente de que
estoy abriendo turno.
Se ha planteado como un eje fundamental de la campaña -vuelvo a
insistir que me parece perfectamente correcto, no tengo nada que
decir al respecto- una de las cuestiones que afecta fundamentalmente
a la significación de esta Comisión. Después de todas las cosas que
hemos oído por parte del Gobierno y por parte del ministro de Trabajo
sobre la importancia de esta Comisión y sobre lo maravilloso de las
resoluciones y recomendaciones del Pacto de Toledo, que ha sido un
éxito de todos los ciudadanos y de todos los partidos, nos
encontramos en estos momentos con que la sensación, el ambiente y el
clima que se crea, hace imposible que tengamos claro a dónde vamos
con esta Comisión: ¿a un acuerdo o a dónde vamos? Incluso ya no es
sólo una sensación del Grupo Socialista. Cuando portavoces sindicales
señalan lo que están manifestando sobre todo lo que se está viendo a
través de los medios de comunicación y definen la campaña
publicitaria del Partido Popular de mezquina, vergonzante,
utilización partidista del diálogo social, etcétera; cuando esto
parece que es una base fundamental de ese diálogo social y político;
cuando otros portavoces sindicales manifiestan su preocupación por el
futuro del Pacto de Toledo, ¿realmente creen la Presidencia de esta
Comisión y los demás grupos que esto va a algún lado?
El Gobierno tendrá que decirlo, porque ya no sé si la responsabilidad
o irresponsabilidad es del Partido Popular. Si estamos en campaña,
que el Partido Popular haga lo que le dé la gana, que nos parece
bien, pero el Gobierno, como tal, tendrá que definir qué es lo que
quiere y qué quiere hacer en relación con esta Comisión, porque, si
no, tenemos la impresión de que el Partido Popular está rompiendo en
la práctica el Pacto de Toledo. No sabemos la sensación del Gobierno
porque no sabemos qué es lo que quiere el Gobierno, pero si no se
toma una iniciativa para reconducir la situación, tenemos la
impresión de que no se tiene ningún interés en el correcto
funcionamiento de esta Comisión, ni en su imagen política, ni en que
pueda llegar a ningún tipo de resultado.
Sólo quería decir eso, señor presidente. (El señor Vaquero del Pozo y
el señor Camps Devesa piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Lógicamente, tengo que dar la palabra a los
grupos que la solicitan.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DELPOZO: Gracias, señor presidente.
No era nuestra intención hacer uso de la palabra en estos momentos,
pero quien me ha precedido en el uso de la misma ha interpelado a los
distintos grupos y, obviamente, no desearíamos dar la callada por
respuesta.
Efectivamente, nosotros tenemos la misma sensación de que
determinados tipos de comportamiento político, como ha sido por
ejemplo este adelanto preelectoral por parte del Partido Popular
referido a las pensiones en esa campaña que nosotros no queremos
calificar, no ayudan al desarrollo en buena concordia y a que se
vuelva a lograr el consenso que alumbró el Pacto de Toledo. Creemos
que efectivamente se tendría que intentar superar ese trauma, porque
ciertamente es un trauma para las relaciones de esta Comisión, que
además se va reproduciendo. El otro día asistimos a un debate en
Comisiones Obreras de Zaragoza, al que invitaron a representantes de
todos los partidos, y resulta que el representante del Partido
Popular reprodujo, expuso y justificó, sin habérselo pedido nadie, la
campaña de las pensiones que está haciendo su partido. Quiero decir
que ese trauma se va reproduciendo a lo largo y a lo ancho de toda la
geografía española. Perdónenme esa confidencia, pero viene a avalar
esta sensación que planteaba el representante del Grupo Socialista.
Yo creo que invitar al Grupo Popular y al Partido Popular a un uso
controlado y prudente de sus iniciativas preelectorales sí convendría
por parte de esta Comisión y así lo hago porque creo que no están las
cosas como para, a dos o tres meses de las elecciones, andar con
estas cuestiones porque el tema de las pensiones es un tema de los
pensionistas, no de los políticos ni de los partidos que intentan
representar la soberanía popular. Por tanto, si queremos servirles a
ellos, y no servirnos de ellos habrá que intentar evitar cosas como
ésta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Camps.
El señor CAMPS I DEVESA: Seré breve.
Dado el turno que ha abierto el portavoz del principal grupo de la
oposición, mi grupo no puede dejar de manifestar que no entendemos
que se esté produciendo, además dicho con expresión muy
desafortunada, ninguna tomadura de pelo por que los diputados estemos
trabajando en el seno del Congreso de los Diputados y en esta
Comisión sobre el presente y del futuro de nuestra Seguridad Social.
Mucho menos aún cuando lo fundamenta en campañas informativas, en
este caso del Partido Popular pero que podía ser de cualquier
partido, que tienen toda la legitimidad democrática en un momento
determinado para informar sobre lo que han hecho y sobre lo que
quieren volver a hacer y sobre lo que otros -a lo mejor eso es lo que
no les gusta- no hicieron o dejaron de hacer en su momento.
Nosotros, y me remito a los «Diarios de Sesiones», en modo alguno
hemos planteado ni siquiera con turnos previos de palabra, dudas
respecto al trabajo de esta Comisión o a la eficacia de lo que puede
ser su desarrollo cuando ya no un partido sino algún Gobierno
autónomo ha mandado misivas oficiales fuera de su competencia a miles
de pensionistas informando de cuestiones que, reitero,
no eran de su competencia y, lo que es peor, no eran ni siquiera
realidad. Lo entendemos dentro del debate preelectoral y electoral
que se producirá porque, como ya apuntaron la mayoría de los
portavoces en esta Comisión en su primera sesión, los trabajos se
iban a ver claramente influenciados por una situación que se va a dar
en nuestro país: las elecciones en el próximo trimestre.
Lo que tenemos que hacer, señorías, es abstraernos un poco de esa
situación. Es normal -póngamelo entre comillas- que cualquier partido
de esta Cámara y, a los ejemplos me remitía anteriormente, incluso
con un uso que entendemos ilegítimo de las instituciones, en estos
momentos confronte sus ideas respecto al sistema de pensiones con las
de otros grupos, pero ello en nada tendría que afectar a los trabajos
serios, serenos y responsables que podamos efectuar en esta Comisión.
No es el Gobierno el que tiene que decir qué tenemos que hacer porque
yo no soy capaz de renunciar a la legitimidad que nos han dado los
españoles al votarnos y que nos ha dado la decisión plenaria del
Congreso de los Diputados cuando acordó que se constituyera esa
Comisión y que iniciara sus trabajos en el momentoen que lo ha hecho.
El Partido Popular quiere seguir hablando aquí del presente y del
futuro de nuestra Seguridad Social y nos parece que esas idas y
venidas, aunque sean dialécticas, de algunos grupos o del principal
grupo de la oposición en nada ayudan a que fructifiquen esos
trabajos.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene nada que añadir al
debate que han tenido los grupos parlamentarios. Esta Presidencia
impulsará los trabajos de esta Comisión e irá dando toda la energía
para que en un momento determinado podamos elaborar un documento que
valore y alcance conclusiones sobre cómo ha evolucionado la
aplicación del Pacto de Toledo, que es el objeto de la Comisión y,
por tanto, respeta la posición, como no podía ser de otra manera, de
cada uno de los grupos respecto a la actividad de cada uno de los
partidos en relación con el asunto que nos ocupa.
Iniciamos el orden del día y aprovecho la ocasión para dar la
bienvenida al secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, señor
Folgado, al que le cedo la palabra a los efectos de que tenga una
intervención inicial y pueda ser ésta la que motive el posterior
turno de palabra de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra el secretario de Estado de Presupuestos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado
Blanco): Señorías, quiero agradecer a los miembros de esta Comisión
la oportunidad de comparecer en la misma para ofrecerles la
valoración, desde el punto de vista presupuestario, de los resultados
de la aplicación del Pacto de Toledo.
Resulta prácticamente imposible no abundar en esta comparecencia en
lo ya expuesto en esta Comisión por los máximos representantes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que han realizado un
valoración exhaustiva y detallada del cumplimiento de cada una de las
recomendaciones del Pacto de Toledo. Dado el ámbito de mi
responsabilidad, en mi intervención pretendo tener como
elemento diferencial quizá el enfoque y el énfasis en aquellos
aspectos recomendaciones de carácter más estrictamente
presupuestario.
Señorías, todos estaríamos de acuerdo en afirmar que en el espíritu
de los firmantes del Pacto de Toledo estaba la aspiración máxima de
lograr para nuestro país un sistema de Seguridad Social saneado y
solvente a largo plazo, creando mecanismos de garantía para colocarlo
al abrigo de los sobresaltos como los vividos a mediados de la
presente década. Dichos sobresaltos pusieron en grave riesgo la
fiabilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en el mismo y
motivaron numerosos estudios preocupantes, algunos con conclusiones
alarmantes, circunstancias que estuvieron presentes en el ánimo de
los partidos políticos firmantes del mencionado Pacto de Toledo.
Permítanme SS.SS. que les ahorre la explicitación con datos concretos
de aquellos factores y variables que motivaron tales reacciones
y valoraciones. Sin embargo, es importante resaltar según mi criterio
el proceso de saneamiento de los resultados presupuestarios que se ha
llevado a cabo en la presente legislatura para el conjunto de las
Administraciones públicas, incluido el sistema de la S.S., y que se
pone de manifiesto en la serie de los últimos años en cuanto a
reducción del déficit público en todos los sectores públicos.
Como SS.SS. saben, por la documentación incluida en los presupuestos
del año 2000, para el próximo año se prevé un déficit de las
administraciones públicas inferior a los 800.000 millones de pesetas,
exactamente 777.000 millones. De esta forma se va a pasar de un
déficit público de 5,1 billones en 1995 a menos de 1 billón, lo que
supone una reducción de 4,3 billones en el período o de más de
850.000 millones de pesetas de promedio al año. Es cierto que este
proceso de consolidación fiscal ha recaído fundamentalmente sobre el
Estado, a gente que va a ver reducida sus necesidades de financiación
desde el 6,2 por ciento del PIB de 1995 hasta el 0,8 por ciento
previsto para el próximo año en términos de contabilidad nacional.
Sin embargo, no es testimonial, sino extraordinario, el esfuerzo de
consolidación de los demás subsectores del sector público. Las
administraciones territoriales, por ejemplo, han asumido el
compromiso político y lo han cumplido con arreglo a lo estipulado en
el Programa de convergencia primero y de estabilidad después, para
bajar el déficit del 0,6 por ciento del PIB en 1996 al 0,2 por ciento
en 1999. Pero aquí, como es obvio, debe resaltarse muy especialmente
el enorme esfuerzo de saneamiento presupuestario registrado durante
la actual legislatura en el sistema de la Seguridad Social. Se ha
conseguido transformar una situación deficitaria del 0,72 por ciento
del PIB, es decir, de medio billón de pesetas en 1995 a práctico
equilibrio en 1999.
Los déficit de la Seguridad Social de los años noventa han producido
acumulación de deuda y han exigido préstamos y transferencias para
restablecer el equilibrio y para sanear operaciones del Insalud en
los primeros años noventa. Sin embargo, sería erróneo y grave que se
utilicen estos datos para poner en duda la solidez financiera de la
Seguridad Social a partir de los activos y pasivos patrimoniales
resultantes.
Es cierto que la Seguridad Social presenta anualmente su situación
patrimonial, cosa atípica por cuanto el resto
de las administraciones públicas no están obligadas a hacerlo. Sería
inexacto juzgar la solidez financiera de la Seguridad Social por la
diferencia de activos y pasivos patrimoniales porque no tienen el
valor actualizado, porque la Seguridad Social es una entidad que
gestiona prestaciones sociales y pensiones por el sistema de reparto
y no por el de capitalización, y porque es la generación de recursos
la que determina la verdadera situación patrimonial y salud
financiera del sistema de Seguridad Social. Lo más importante que se
puede decir sobre la salud económica de la Seguridad Social es que
donde había 500.000 millones de déficit a mediados de la década va a
existir un superávit de 100.000 millones de pesetas en el año 2000,
en el conjunto del sistema, excluidas las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional y ya desde 1999 no se utilizan
créditos de ningún genero para cubrir desfases de tesorería.
Esta tendencia positiva a la que hemos hecho referencia se asienta
sobre las siguientes bases firmes. Quería sintetizar lo que serían
los cuatro grandes pilares, a mi juicio, de lo que ha sido el proceso
de saneamiento y de cimentación de una Seguridad Social solvente en
el medio y largo plazo. En primer lugar, el aumento del empleo y por
consiguiente del número de afiliados al sistema. Los buenos
resultados que ofrecen los indicadores económicos y especialmente los
referidos al empleo no son fruto de la coyuntura económica
internacional, que ha evolucionado con debilidad en los últimos años,
especialmente la más cercana a nosotros, la europea y en la que sólo
recientemente se aprecian síntomas de recuperación; más bien el
dinamismo económico y la creación de empleo en España desde 1996 son
el resultado de un proceso de recuperación de la confianza y de
credibilidad en la política económica aplicada, la cual ha permitido,
entre otros hechos, rebajas sustanciales de los tipos de interés y de
la fiscalidad, la creación de un contexto económico interno, más
moderno y flexible, incluyendo dentro de éste las reformas realizadas
y consensuadas con los agentes sociales en el mercado de trabajo.
Este último punto, el diálogo social, ha sido una pieza clave para
crear ese clima de confianza que anima la inversión empresarial y la
creación de empleo. También se debe valorar en sentido positivo el
proceso de afloramiento de economía sumergida que ha tenido lugar en
los últimos años.
La mejor vía para mantener un sistema de protección social, sano y
sostenible en el futuro, es continuar en la misma línea de política
económica, una política económica que ha propiciado no sólo un
crecimiento intenso, sostenido y equilibrado sino que también ha
favorecido - este es un elemento absolutamente clave en estos
momentos-, una fuerte traslación de ese crecimiento a la creación de
empleo.
En este sentido, los últimos datos del INE ponen de manifiesto que
estamos en una senda de crecimiento del PIB real del 3,7 por ciento y
de aumento del empleo, según la EPA, el tercer trimestre del presente
año, hecho público ayer, del 4,7 por ciento. Es evidente que un
crecimiento del PIB del 3,7 por ciento y un aumento del empleo del
4,7 por ciento no se compadece de ninguna manera salvo que pensásemos
en un imposible, y es que la productividad estuviese siendo negativa
a un ritmo del menos uno por
ciento. Tiene que haber un proceso de regularización de la situación
económica irregular, lo cual contribuye a una mayor eficiencia
económica y a un mayor número de cotizantes y de afiliados a la
Seguridad Social.
Los tres ejes básicos para alcanzar estos resultados de mayor
actividad, mayor oportunidad de empleo y, por consiguiente, de
incremento de número de cotizantes, han sido los saneamientos
presupuestarios, la flexibilización de factores y mercados y el
fomento del diálogo social. El primer pilar de los cuatro que les
decía a SS.SS. es el desenvolvimiento de la actividad, del empleo y
de los afiliados al sistema. El segundo pilar, la tendencia a cotizar
por salarios sociales. Otra base de racionalización, saneamiento y
consolidación de la Seguridad Social es la recomendación tercera del
Pacto de Toledo, sobre mejora de las bases de cotización, que apunta
a la aproximación de la cotización a salarios reales, lo que supone
la aplicación de una única base de cotización para todas las
categorías profesionales. Ello resulta necesario para el objetivo de
reforzar la contributividad del sistema y, por ende, mejorar la
financiación del mismo.
El proceso de mejora de las bases máximas de cotización se ha venido
realizando a través de las sucesivas leyes de presupuestos, de manera
que si las bases de los grupos 1.o al 4.o han aumentado conforme al
IPC, las bases de los grupos 5.o al 11.o han experimentado un
crecimiento adicional favoreciendo la cotización a las cotizaciones
por salarios reales. Además, a través de la Ley 13/1996, de medidas
fiscales, se incorporan modificaciones con el fin de clarificar los
conceptos excluidos de la base cotización, aproximando este término
al previsto por la legislación tributaria en materia de rendimientos
de trabajo personal. Con ello se pretenden incluir en la base de
cotización aquellas percepciones de naturaleza salarial que hasta
entonces aparecían excluidas.
Relacionado con este punto tercero de mejora de las bases se
encuentran las recomendaciones cuarta y sexta, sobre financiación e
integración de los regímenes especiales. En los próximos años habrá
que seguir profundizando en el carácter contributivo y proporcional
del sistema, lo que eliminará los elementos de inequidad que aún
subsisten y garantizará el equilibrio financiero del sistema
contributivo. Al hilo de lo mencionado en cuanto al carácter
contributivo en el sistema de Seguridad Social y guardando relación
con la recomendación novena del Pacto de Toledo, quiero hacer mención
a lo previsto en la Ley 24/1997, referente al criterio de mayor
proporcionalidad entre prestaciones y el esfuerzo de cotización
realizado. Como SS.SS. conocen, se ha establecido en esta
legislatura, a través de la citada Ley 24/1997, en un proceso gradual
y progresivo, una adecuación entre cotizaciones y prestaciones,
reconociendo un mayor valor a la duración de la vía laboral, en
contra de situaciones de falta de equidad, donde una vida laboral
corta diese derecho a un alto porcentaje de la pensión.
El tercer pilar del saneamiento de la Seguridad Social registrado
durante los últimos años lo constituye el traspaso a cargo del Estado
de la financiación de las prestaciones no contributivas. La primera
de las recomendaciones del Pacto de Toledo es la relativa a la
separación y clarificación de las fuentes de financiación, de manera
que la
financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá
básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las
prestaciones no contributivas y universales exclusivamente, de la
imposición general. Texto literal de esa recomendación.
Respondiendo a este mandato, la Ley 24/1997, de consolidación
y racionalización del sistema de Seguridad Social, delimita las fuentes
de financiación de la acción protectora de la Seguridad Social
definiendo con carácter previo las prestaciones de naturaleza
contributiva o no contributiva. En tal sentido, todas las
prestaciones de naturaleza no contributiva y de extensión universal
han pasado a ser financiadas a través de aportaciones del Estado,
mientras que las prestaciones contributivas, básicamente pensiones de
IT, se financian mediante cotizaciones de empresas y trabajadores.
Desde 1997, se ha hecho un esfuerzo graduado para dar cumplimiento a
esta recomendación. Así en cuanto a las prestaciones sanitarias, el
presupuesto del Insalud para 1997 integró parte de los compromisos
parlamentarios, reduciéndose en un 61,5 por ciento la parte
financiada por cotizaciones que fue sutituida por financiación
estatal. En los dos años siguientes se continuó con este esfuerzo, de
manera que, en conjunto, las cuotas han dejado totalmente de
financiar el presupuesto del Insalud.
En materia de servicios sociales y prestaciones por hijo a cargo, hay
que señalar que el presupuesto para el año 2000 incorpora la
financiación por parte del Estado de los servicios sociales del
Imserso y del total de las asignaciones por hijo a cargo. Las
aportaciones del Estado en estos conceptos para dicho ejercicio
presupuestario ascienden conjuntamente a 214.658 millones de pesetas.
De esta manera, el presupuesto del 2000 culmina el proceso de
separación de fuentes iniciado en 1997.
Quedaría únicamente -aunque el Pacto de Toledo no recoge ninguna
recomendación explícita sobre ello, no así el acuerdo de 1996, y la
Ley 24/1997, ambos sobre consolidación y racionalización del sistema
de Seguridad Social- el pronunciamiento del legislador sobre la
naturaleza de los complementos para pensiones mínimas, ya que la
controversia no ha sido resuelta por la Ley 24/1997 en la medida en
que deja en suspenso, mediante una disposición transitoria, su
determinación y opta por aplicar con carácter transitorio la
financiación que determine la ley de presupuestos para cada
ejercicio. De cara al futuro, el pronunciamiento legal sobre estos
complementos ha de vincularse con otras recomendaciones del Pacto de
Toledo, relacionadas con la contributividad, equidad y solidaridad
del sistema, así como con el equilibrio de los regímenes especiales,
todo ello bajo el consenso en el diálogo social.
El cuarto pilar para la racionalización y saneamiento del sistema de
Seguridad Social ha sido el de las medidas de racionalización en el
gasto y lucha contra el fraude. La recomendación quinta del Pacto de
Toledo consideraba básico incentivar el trabajo regular y mejorar los
mecanismos de recaudación de las cotizaciones que posibiliten la
reducción de la morosidad, así como aflorar el empleo oculto. Para
este objetivo, se ha realizado en la presente legislatura un
importante esfuerzo para mejorar la gestión.
Como ya se ha comentado en intervenciones anteriores a ésta, han sido
múltiples las actuaciones llevadas a cabo en materia de organización
administrativa y de gestión, y lógicamente no voy a cansarles
repitiéndolas. Sí quiero remarcar que en ningún supuesto se ha
modificado la normativa de la acción protectora sino que se ha
procurado una mayor eficacia administrativa, a fin de evitar
situaciones que produjesen un menoscabo de recursos públicos y
situaciones de injusticia fiscal.
Las actuaciones han sido especialmente significativas en el ámbito de
la incapacidad temporal donde, con ayuda a las mutuas, de las
administraciones territoriales y empresas públicas, se ha conseguido
frenar la tendencia explosiva de este gasto, pasando desde 584.000
millones, en 1996, a los 528.000 millones previstos para el año
próximo, es decir, una reducción del 10 por ciento. Además, el gasto
de incapacidad temporal gestionado por el INSS se ha reducido,
gracias a medidas de control y lucha contra el fraude, desde 505.000
millones, en 1996, a 304.000 millones previstos para el 2000. En este
punto, quiero dejar constancia del apoyo de las comunidades autónomas
con gestión transferida en el desarrollo de este programa de
adecuación y control del gasto en incapacidad temporal.
En conjunto, entre 1996 y 1998, se ha conseguido un ahorro del gasto
en esta prestación por importe cercano a 150.000 millones, lo que ha
beneficiado sin duda a todos los cotizantes y a la salud financiera
del sistema de Seguridad Social. Quiero dejar constancia en este
apartado, señorías, por sus importantes repercusiones financieras y
de justifica social, de la profundización de las actuaciones
dirigidas al control de prestaciones sociales como la del desempleo,
bonificaciones de contrato laborales y en materia de reconocimiento
de pensiones de invalidez. Todo este conjunto de medidas ha
favorecido la afloración de la economía sumergida, la creación de
puestos de trabajo en el mercado laboral y por ello el incremento de
los cotizantes a la Seguridad Social, al tiempo que establecía un
mayor marco de equilibrio laboral y de seguridad para muchos
trabajadores.
Procedería ahora, a partir del breve análisis de estos cuatro pilares
del proceso de saneamiento de la Seguridad Social, ver muy brevemente
cuáles son, a mi juicio, las principales consecuencias favorables de
esas actuaciones. Todas las actuaciones descritas anteriormente han
permitido, por un lado, el saneamiento financiero del sistema -ya
comentado al comienzo de mi intervención- y, por otro, dar
cumplimiento a otras de las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en
concreto a las tres siguientes. En primer lugar, mejorar algunas
prestaciones, por ejemplo orfandad y viudedad. La medida recogida en
la recomendación duodécima del Pacto de Toledo apuntaba una voluntad
genérica del reforzamiento del principio de solidaridad y, al tiempo,
señalaba medidas concretas, como la elevación de la edad máxima de
permanencia en el percibo de pensiones de orfandad y la mejora de
pensiones de viudedad. En este sentido, y con la finalidad de que
nuestro sistema de protección social alcance cada día mayores grados
de solidaridad, la Ley 24/1997 procede a una mejora sustancial del
tiempo de duración de las pensiones de orfandad, ampliando los
límites de edad para poder ser beneficiario de las mismas en los
supuestos en los que el
beneficiario no realice trabajos lucrativos o, realizándolos, sus
ingresos no superen un determinado límite. Con ello los beneficiarios
pueden continuar su formación académica o profesional hasta los 21 o
23 años, en el supuesto de ausencia de ambos padres.
También por expresión del principio de solidaridad, la Ley 24/1997
mejora las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad cuando los
beneficiarios de las mismas tengan una edad inferior a los 60 años,
respecto de las cuales se prevé que, en el plazo de tres años, se
equiparen a los importes establecidos para la misma base de pensiones
para beneficiarios con una edad comprendida entre 60 y 64 años,
equiparación que se supedita, claro está, a la existencia de cargas
familiares y límite de ingresos.
La segunda consecuencia o efecto de esa mejora del sistema es que ha
permitido una subida de las pensiones por encima de la inflación, de
todas, y particularmente de las de carácter mínimo. En el Pacto de
Toledo quedó reflejada la voluntad de las fuerzas políticas y
sociales por superar el contenido discrecional y voluntarista de la
revalorización de pensiones y darle carácter de estabilidad, de forma
que se constituyese en garantía de los pensionistas. Por ello, la Ley
24/1997 dio vocación de permanencia a este compromiso, modificando el
artículo 48 del texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social. Además, prevé el citado artículo la compensación a los
pensionistas en el supuesto de que el IPC aplicado resulte inferior
al real. Este será el supuesto de la revalorización de 1999, año en
el que el IPC va a resultar superior al previsto inicialmente y que
obliga no sólo a abonar a los pensionistas el importe de la
diferencia por el mayor crecimiento del IPC, sino que dicho importe
se consolida en la base de cálculo, de forma que se integra con
carácter permanente para ejercicios posteriores. Además, con
posterioridad, la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, mejoró el contenido de la recomendación undécima
del Pacto de Toledo, manteniendo la mejora de las pensiones en el
supuesto de que el IPC aplicado a las mismas fuera superior al real.
Esta mejora no tiene carácter temporal, sino que también se consolida
en la cuantía de las pensiones para ejercicios futuros. Esta
automaticidad supone un paso indudable, en cuanto que ofrece a los
pensionistas mayor garantía y seguridad jurídica en el mantenimiento
del poder adquisitivo de sus pensiones.
Por último, quiero destacar la política de mejora de las pensiones
mínimas del sistema de Seguridad Social y de las pensiones no
contributivas, que ha sido incluida en el proyecto de presupuestos
para el año 2000. Esta medida tiene una gran trascendencia en el
colectivo de pensionistas, dado que va a afectar a un total de casi
tres millones de pensiones, con un incremento medio ponderado del 5,5
por ciento aproximadamente. Como elemento significativo se debe
señalar también que las pensiones mínimas de jubilación con cónyuge a
cargo se equiparan al salario mínimo interprofesional y las pensiones
mínimas de viudedad van a registrar incrementos interanuales desde un
4 por ciento hasta un 16 por ciento, según la edad y la existencia de
cargas familiares. El coste total de esta acción se estima en 50.000
millones para las pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social y
de 10.000 millones de pesetas para las pensiones de clases pasivas.
El tercer efecto permitido por esos pilares del saneamiento de la
Seguridad Social es el de garantizar la solvencia futura del sistema
con un fondo que debe ser creciente en los próximos años. La segunda
recomendación del Pacto de Toledo se encuadra en el nivel
contributivo del sistema de Seguridad Social y está prevista en la
Ley 24/1997. Dada la naturaleza de estos fondos, resulta evidente que
su constitución viene condicionada a la generación de excedentes. A
esta situación se ha llegado en el año 2000, una vez producido un
saneamiento gradual del sistema, así como la puesta en marcha de las
más apremiantes recomendaciones del Pacto de Toledo: separación de
fuentes financieras, mayor contributividad, lucha contra la
morosidad, mejora de las pensiones de viudedad, etcétera.
No ha sido un camino fácil, pues de una parte debía respetarse el
marco de protección social, al tiempo que debíamos generar un marco
de estabilidad y sostenibilidad económico presupuestario. Por ello,
puede demostrarse claramente con cifras el saneamiento financiero del
sistema de Seguridad Social y el importante esfuerzo económico del
Estado, que, sin poner en riesgo su propio equilibrio financiero, en
sólo cuatro años ha liberado a la Seguridad Social de la financiación
de todas las prestaciones no contributivas y ha otorgado el empuje
necesario al mercado laboral que ha permitido mayores ingresos a la
Seguridad Social y ha mejora la relación cotizantes-pensionistas,
requisito ineludible en el sistema de reparto de nuestra Seguridad
Social.
En esta línea, como ya saben SS.SS., el presupuesto para el año 2000
contiene la previsión de una dotación de un fondo de reserva por
importe de 60.000 millones de pesetas, como garantía de las pensiones
para minimizar las incertidumbres que se generen en los momentos de
debilitamiento económico. Este planteamiento viene avalado por la
favorable evolución de la economía y su positiva repercusión en el
ámbito del empleo. En el período 1996/1999 se han incorporado al
sistema con nuevos afiliados casi dos millones de trabajadores, y se
estima que para el año 2000 se alcance la cifra récord de quince
millones de afiliados.
En síntesis, señorías, lo que podía parecer imposible hace cuatro
años, habida cuenta la gravedad de los problemas que condicionaban la
viabilidad futura del sistema de Seguridad Social y que tantos
comentarios críticos suscitaron, se ha podido hacer realidad sin
decisiones traumáticas. Una eficiente instrumentación de la política
económica generadora de empleo, una labor sistemática de mejora de
gestión y lucha contra el fraude en diversas prestaciones del
sistema, un conjunto de medidas para mejorar la contributividad y la
equidad y, por último, la clarificación de fuentes, todo ello en
línea con lo estipulado en el Pacto de Toledo, han colocado al
sistema en una situación esperanzada, enmudeciendo todos aquellos
informes poco menos que alarmantes de hace algunos años.
Tales políticas no sólo han permitido el saneamiento del sistema y
mejorar la cobertura de determinadas prestaciones, sino iniciar un
proceso de garantía de futuro, que sin duda debe seguir reforzándose
en los próximos ejercicios. Esa situación saneada de la Seguridad
Social a la que hemos hecho referencia, las favorables perspectivas
económicas
que parece que se abren a medio plazo y que se contemplan por
los distintos organismos y servicios técnicos, así como la evolución
de la pirámide de población, ya conocida por SS.SS., permiten un
margen temporal para seguir trabajando con serenidad en la línea
emprendida, manteniendo para el medio y largo plazo el equilibrio
presupuestario y la sostenibilidad general del sistema. Todo ello en
línea con el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo,
firmado por los partidos políticos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: La intervención del secretario de Estado de
Presupuestos me ha sorprendido mucho porque no ha dicho nada nuevo ni
distinto de lo que se ha dicho hasta ahora. No sé si el discurso se
ha hecho en Economía o en Trabajo y Seguridad Social, pero lo que me
preocupa de este discurso es que -y vuelvo a insistir en lo mismo que
le dije al ministro- esto es lo que no es la Comisión del Pacto de
Toledo. Si en la Comisión del Pacto de Toledo lo que pretendemos,
fundamentalmente, después de hacer las valoraciones pertinentes, es
hablar del futuro del sistema, con lo que me ha dicho usted lo que no
sé es por qué no suben más las pensiones. ¿Por qué no nos hacen caso
de una vez y pagan la pensión que estamos reclamando para los
pensionistas en el año 1999? ¿Por qué no pagan ustedes las 28.000
pesetas que estamos reclamando como deuda de los pensionistas, dado
que la situación va tan bien? Si la situación económica está tan
saneada y todo va tan bien, asuman ya de una vez -tenemos el trámite
presupuestario todavía esta próxima semana- los planteamientos que
hacemos desde mi grupo y desde otros grupos de que la subida de las
pensiones es manifiestamente insuficiente.
Usted ha venido a hacer aquí el mismo discurso de siempre. El
ministro corrigió en parte ese discurso, y usted por ahora no lo ha
corregido y dice que está todo maravillosamente bien. Desde su
responsabilidad de presupuestos, me sorprende mucho su intervención.
¡Cómo me habla usted de alarma social, si fue uno de los principales
artífices de la alarma social en este país en el tema de la Seguridad
Social.! No pensaba hablar de esto, pero no me queda otro remedio.
Seguro que S.S. recuerda el libro en cuya elaboración participó
activamente, un poquito antes de que llegara usted al Gobierno, el
Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española,
dirigido por un cualificado profesional de prestigio, el señor
Termes, con el que usted colaboraba en su equipo de trabajo con su
firma y con su nombre. No he conseguido resolver un problema y es que
ninguno de los artículos y apartados de este libro se imputa
a ninguna persona concreta, con lo cual, parece que la imputación es a
todo el equipo, al señor Termes y a usted. Pues bien, ¿sabe usted lo
que decían ustedes justo antes de que llegaran al Gobierno -y me está
usted hablando hoy aquí de alarma social-? ¿Sabe usted que decían
que, en realidad, el sistema estatal de Seguridad Social en todas sus
modalidades constituye uno de los casos más importantesde agresión
institucional generalizada e indiscriminada
contra los ciudadanos en los países occidentales? ¿Sabe usted que
decían, y usted se responsabilizaba con más personas, y hablo de
abril de 1996-: La Seguridad Social implica un ataque a la libertad
de cada ciudadano, igualmente grave al que supondría el que, por el
hecho de que una minoría de la población tuviera dificultades para
procurarse el alimento, se estableciera un sistema por el que se
obligara a la totalidad de la población a comer en cuarteles? No sé
si generaba alarma social o qué generaba. ¿Sabe usted que decían
cosas tan sorprendentes, -uno se pregunta cómo es posible que
personas tan doctas, tan expertas, tan inteligentes pudieran decir
semejantes cosas-, como, por ejemplo, que el efecto de las políticas
de redistribución de la renta es muy perjudicial precisamente para
los grupos sociales menos favorecidos? ¿Con cuál se quiere quedar? ¿Y
usted me viene aquí a hablar de que había alarma social, que estaba
la situación mal, que ahora está maravillosa y que todo está bien?
¿Hablamos del futuro de la Seguridad Social y del sistema o qué
hacemos con esta Comisión?
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra don Jesús Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias señor secretario de Estado
de Presupuestos por su información en la que ha señalado los cuatro
pilares que se vienen a manifestar en esas consecuencias que todos
hemos vivido en este país, que han permitido la subida de las
pensiones por encima del coeficiente de inflación y cumplimentar el
contenido de la recomendación duodécima del Pacto de Toledo. Se han
mejorado las pensiones mínimas y, al mismo tiempo, se ha dado
cumplimiento a la creación del fondo de reservas por haberse llegado,
por primera vez, a ese equilibrio.
Yo quisiera, señor presidente, que se me repitiera el nombre de esta
Comisión, el título, el motivo y fundamento para la que fue creada,
ya que a veces tengo dudas, porque se está convirtiendo esta Comisión
interina en un debate de reproches y recriminaciones que no nos van a
llevar a un análisis sereno de lo que hay que hacer en los diversos
puntos y recomendaciones del Pacto de Toledo, ni a la adopción de
medidas para beneficio de los ciudadanos españoles. Parece que ha
empezado la campaña electoral y que incluso se está llevando al seno
de esta Comisión.
Rogaría encarecidamente que nos llenáramos de un espíritu
constructivo, de crítica necesaria pero constructiva, en aras a los
fines. ¿Me quiere leer, señor presidente, por si acaso estoy
equivocado, el título de esta Comisión? ¿No se llama análisis -me
parece recordar- de la situación actual de las recomendaciones del
Pacto de Toledo? Tenemos que ser objetivos y reconocer que se ha
llegado a un equilibrio. Tenemos que ser objetivos y reconocer que,
por primera vez, hay una seguridad para los pensionistas porque el
incremento de sus pensiones con relación a la inflación es
automática, no va a ser rogada, por medios de grupos sociales,
sindicatos, o parlamentarios. Va a ser automática. Qué hay mucho que
hacer todavía, estoy de acuerdo; pero no podemos romper el equilibrio
económico
financiero de un Estado que se ha conseguido y que tiene también
unos compromisos internacionales y decir que, como España va bien,
vamos a subir las pensiones por las buenas sin tener en cuenta la
necesidad de mantener un principio general para los españoles. Estoy
seguro de que, de seguir esta bonanza económico-financiera, en el
futuro se van a lograr mejores y necesarios incrementos en las
diversas clases de pensiones.
Por último, ya que se ha llegado a ese equilibrio, a una situación en
la que han desaparecido los fantasmas de endeudamientos, los
fantasmas de inseguridad y los fantasmas necesarios de la acción
rogatoria por parte de grupos sociales, ahora tenemos que empezar a
conocer exactamente, de una forma integrada y sistematizada, los
gastos del sistema Nacional de Salud del Estado español, que no
solamente está integrado por los gastos Seguridad Social, sino
también por los de la sanidad pública, y los gastos públicos en
medicamento, no solo por recetas sino también por compras
hospitalarias, porque hoy hay un verdadero Reino de Taifas. Hoy se
pagan recetas, no solamente con cargo al Ministerio de Sanidad y
Consumo, sino que también otras administraciones, como el Ministerio
de Administraciones Públicas, el Ministerio de Justicia y el
Ministerio de Defensa, están pagando también recetas y no están
integrados en las estadísticas que se publican. También están los
gastos de las compras hospitalarias que no se computan y que superan
en este país más de 200.000 millones de pesetas. Eso se paga conforme
al Pacto de Toledo por los impuestos de los ciudadanos y sería
necesario conocer de una forma definitiva la integración, para su
análisis y tomar medidas económico-financieras, coyunturales o
definitivas, sobre la oferta, la demanda y sobre la racionalización
de ese gasto público en medicamentos. Sería deseable que el próximo
año pudiéramos adoptar esos criterios que permitan esa
contabilización más armonizada y una mayor sistematización en la
concentración, quizá en un solo Ministerio -el de Sanidad y Consumo-,
de todo lo que se refiera al gasto farmacéutico y hospitalario.
El señor PRESIDENTE: Contestando a su pregunta, esta Comisión trabaja
bajo el título de Comisión no permanente para la valoración de los
resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del
Pacto de Toledo.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado, su información
viene a recordarnos algo conocido por todos y es que las
recomendaciones del Pacto de Toledo tenían como ratio fundamental de
todos los trabajos el saneamiento del sistema público de pensiones
que, como ya ha recordado algún miembro de esta Comisión, se producía
sobre la base de un síndrome de alarma social, no del todo
justificada en la medida en que aquéllos que daban cifras o evaluaban
los factores demográficos del empleo, aportaban unas cifras y unos
cálculos que hoy todos sabemos perfectamente tenían unas desviaciones
al alza, para provocar la alarma, muy abultadas y significativas. No
sé si estará usted de acuerdo conmigo en que ciertamente bastantes
cálculos de estudios realizados y financiadospor entidades bancarias
hoy no se corresponden
con la realidad y eran un absoluto fracaso. Yo suspendería a todos
aquellos expertos que han demostrado no serlo tanto, eran más
políticos que expertos económicos. Pero lo cierto y verdad es que se
ha producido un saneamiento. Créame que cuando me responsabilicé de
representar a Izquierda Unida en esta Comisión y, en concreto, en
este tema del Pacto de Toledo, me sorprendió el primer informe que se
nos facilitó por parte del secretario de Estado de la Seguridad
Social, cuando en julio de 1996 se nos decía que el saldo entre
préstamos del Estado a la Seguridad Social y de cuestiones que
financiaban las cotizaciones de la Seguridad Social que debían ser,
en función del criterio de separación de fuentes, financiadas por el
Estado, el saldo, repito, en ese momento era de 3 billones 700.000
millones de pesetas favorables a la Seguridad Social. Yme sorprendió
porque no veía dónde estaba el saneamiento. ¿Qué es lo que había que
sanear? ¿Había que sanear la Seguridad Social o era más bien el
Estado? En este sentido, por ejemplo, ¿por qué no se saneaban los
gastos de defensa, que eran tan deficitarios desde este mismo punto
de vista que la Seguridad Social o mucho más? Porque también durante
estos años han sufridos incrementos muy importantes, por ejemplo, los
gastos de defensa, si computamos con ellos todo lo que es el gasto de
industria armamentística, etcétera.
Hago toda esta perorata para preguntarle -y creo que es lo que
debemos hacer aquí-: ¿ por parte de su ministerio sigue siendo una
prioridad del futuro del Pacto de Toledo que entre todos tengamos que
alumbrar el saneamiento como objetivo? ¿O más bien tendrán que ser
otras las prioridades? Por ejemplo, la mejora de las prestaciones que
el sistema público de pensiones establece a los efectos sustantivos
de lo que es el sistema, que es el bienestar social y el bienestar de
los pensionistas en particular, claro está. ¿Cuál es el criterio que
prima o que debe primar en el futuro? ¿El saneamiento? ¿O más bien la
mejora de las pensiones?
En segundo lugar, en este sentido si de saneamiento se trata, podemos
interpretar todos -que cada uno interprete lo que quiera o lo que
pueda- el carácter de los complementos a mínimos. Pero el mismo hecho
de que esto sea interpretable indica una indecisión por parte de
quien tiene la responsabilidad en último término -que es la mayoría
parlamentaria, el Ejecutivo, el Gobierno que establece las
condiciones para que esa mayoría se vaya reproduciendo-, y yo le
pregunto: ¿Estaría dispuesto el Gobierno y su ministerio a asumir la
financiación de los complementos a mínimos, de forma que nos
despejasen ya todas las dudas y que se pudiese definitivamente
sanear, si es que hay que seguir saneando, el sistema? ¿O más bien
vamos a seguir con la espada de Damocles indefinidamente? Esta
cuestión posiblemente dependerá más de ustedes que del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. ¿O me equivoco? En este mismo sentido,
¿qué es lo que falta de voluntad política, de acuerdo entre los dos
ministerios, para que se cancelen definitivamente esos préstamos que
siguen pendientes y que pueden seguir produciendo alarma social, en
el sentido de que todavía tiene la Seguridad Social no sé cuántas
deudas del pasado, etcétera?
Por otro lado, ¿qué excedentes -esta es una pregunta muy concreta- se
han producido exactamente? ¿Cuántos
son, cuántos se prevén para el año 2000 y qué porcentajes significan
las reservas que se han previsto respecto de estos excedentes? y
¿Cuál es el criterio para que esas dos cantidades no sean idénticas?
Quisiéramos saber si van a seguir siendo la incapacidad temporal y el
desempleo elementos de los que se detraiga una mayor garantía de
saneamiento financiero del sistema, es decir, si van a seguir siendo
-para entendernos- esas dos prestaciones objeto de control especial
por parte del Gobierno o va a haber otras perspectivas, porque se
entienda que se ha llegado a una situación de normalidad en el
desarrollo de estas dos prestaciones.
Respecto a los regímenes especiales, ha destacado en su intervención,
señor secretario de Estado, las líneas de trabajo para el futuro. Los
regímenes especiales tendrán que ajustarse más a los principios de
contributividad y equidad, me ha parecido entenderle. ¿En qué
sentido? ¿Se han previsto algunas medidas concretas o cómo considera
usted que deberían desarrollarse estas cuestiones?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Sainz
La señora SAINZ GARCÍA: Señor secretario de Estado, en primer lugar
deseo agradecerle en nombre del mi grupo su comparecencia y su
intervención. Precisamente, señor presidente, señor secretario de
Estado, es curioso que siga sorprendiendo al principal grupo de la
oposición que miembros del Gobierno vengan aquí y digan lo mismo,
cuando eso es lo natural, lo preocupante sería que cada uno de los
miembros del Gobierno viniese aquí a hablarnos de cifras y datos
contradictorios y dijese, por lo tanto, una cosa distinta.
Señor presidente, la convocatoria que está en poder de todos los
integrantes de esta Comisión del Pacto de Toledo, dice: Comisión no
permanente. Valoración de resultados obtenidos por el Pacto de
Toledo. Pues bien, si la convocatoria lo dice, lo normal es que los
que aquí estamos trabajando seamos responsables, hablemos y tengamos
como marco de trabajo la referencia de la creación de la Comisión del
Pacto de Toledo. Venimos a hablar, por lo tanto -cuando nos referimos
a la valoración de los resultados-, de los resultados del presente y
no de las medidas del futuro, que será el paso siguiente y que será
necesario también abordar, pero no en este momento. ¿Cómo podemos,
por otro lado, hablar del futuro -así lo valoraron los integrantes de
aquella primera reunión del Pacto de Toledo- sin saber de dónde
partimos, sin conocer la situación en la que estamos? Debe ser el
presente el pilar sobre el que construyamos el futuro, de la misma
manera que fue el presente de aquel pasado de la primera reunión del
Pacto de Toledo el que sirvió para sentar las bases y las propuestas
contenidas en el Pacto de Toledo, y hoy estamos aquí, señor
presidente, en primer lugar, para hacer esa valoración de los
resultados obtenidos por el Pacto de Toledo. Pero es que, además, por
si la interpretación pudiera parecer un poco subjetiva, tenemos la
referencia de esta convocatoria, que así lo dice. Lo que el Grupo
Popular decía en definitiva en el año 1995 está en el programa
electoral con el que se presentó a las elecciones y lo decíamos
además allí muy claramente: desarrollo del
Pacto de Toledo. Y eso, señor presidente, es lo que ha hecho el señor
secretario de Estado, que nuestro grupo valora positivamente.
Voy a hablar, señor presidente, de la intervención del señor
secretario de Estado y de Seguridad Social. El principal grupo de la
oposición, de manera sorprendente, ni ha hablado de su intervención,
ni ha hablado de la Seguridad Social; se me alcanza que, tal vez,
porque están de acuerdo con la intervención del señor secretario de
Estado nada tenían que decir porque están de acuerdo con la gestión
del Gobierno, en definitiva con el Partido Popular, y que por tanto
no tienen nada que objetar, de lo que, sinceramente, nos felicitamos,
agradeciendo además que así haya sido.
Nuestro partido y nuestro grupo parlamentario siempre ha creído que
era necesario fortalecer el sistema público de protección social, y
hoy hemos podido constatar una vez más que en tan sólo tres años y
medio hemos pasado de las sombras a las luces (El señor Gimeno Marín:
¡Ya estamos otra vez!), porque se ha trabajado en esa buena línea y
en una dirección acertada con el objetivo de alcanzar una protección
social estable, que ha sido reconocido por otros grupos, lo cual
agradecemos, porque es así. Estamos ante una situación de la
Seguridad Social que no podíamos ni imaginar hace cinco años y la
máxima aspiración del Pacto de Toledo de lograr un sistema de la
Seguridad Social saneado y solvente, como usted ha dicho con esas
mismas palabras, es lo que ha permitido que se haya acabado también,
como aquí se ha reconocido por algunos otros grupos, con la alarma
social que existía hace cinco años.
Señor secretario de Estado voy a hablar, por tanto, de su
intervención y tengo que darle la enhorabuena, porque me parece que
es de cortesía parlamentaria, por esos éxitos de la política
presupuestaria que son tan importantes para esta Comisión puesto que
son los que han permitido alcanzar y lograr los objetivos que hasta
1996 parecían utópicos. Me refiero en concreto al superávit
presupuestario que se enmarca en los cambios estructurales en la
política económica, ese control del déficit a que ha hecho
referencia, del gasto, de la mejora de la gestión de los recursos,
también de los planes de austeridad, que a veces son duros pero que
son necesarios en un Estado que quiere ser solidario. Estos son los
factores que han permitido la creación de un fuerte empleo y a la
postre el que hoy estemos valorando el grado de cumplimiento de las
recomendaciones del Pacto de Toledo.
El esfuerzo presupuestario que se ha hecho de separación de fuentes,
al que usted también ha hecho referencia, no tiene precedentes en
nuestra historia, por tanto, nuestro grupo lo valora como claramente
positivo; sin duda, es uno de los éxitos principales porque este
objetivo en años anteriores estaba muy lejos de alcanzarse. En línea
con esto, le preguntaría qué garantías se han establecido en la
política presupuestaria de cara a asegurar que esa separación de
fuentes y el equilibrio de la Seguridad Social, que es algo básico y
fundamental, se mantenga, independientemente de la evolución de la
economía.
Nos sentimos orgullosos de que nuestro país hoy esté integrado
plenamente y en primera línea en Europa porque hemos sido capaces, yo
diría que para sorpresa de propios
y extraños, de alcanzar los objetivos acordados en el Pacto de
Estabilidad. La lucha contra el déficit era uno de los objetivos
incluidos en ese Pacto, del mismo modo que una de las recomendaciones
del Pacto de Toledo era conseguir la eliminación del déficit
presupuestario que pesaba sobre la Seguridad Social. Al iniciar esta
legislatura, alcanzar estos objetivos resultaba muy difícil. Después
de casi cuatro años yo le pregunto, señor secretario de Estado, en
qué medida el cumplimiento de uno ha ayudado a la consecución del
otro.
Una de las prioridades del Pacto de Toledo es lograr que el
crecimiento de la protección social forme parte de las prioridades de
gasto en los momentos de mejor evolución económica. Nuestra economía,
afortunadamente, ha venido atravesando momentos especialmente buenos
en estos últimos años y, a nuestro juicio, los presupuestos han ido
claramente recogiendo este objetivo. Mi pregunta, señor secretario de
Estado, es en qué medida, aunque algo ha avanzado en su exposición,
los presupuestos del año 2000 de verdad han recogido ese objetivo.
La Ley de presupuestos del año 2000, que ya ha sido debatida en
Comisión, prevé que la asistencia sanitaria mediante cotizaciones
sociales desaparezca totalmente. De esta forma se va a poner la
guinda a ese proceso de separación de fuentes, con la excepción de
los denominados complementos a mínimos. Para nosotros, esto es
importante y queremos resaltarlo. Una de las medidas más
sorprendentes ha sido la incorporación en los Presupuestos Generales
del Estado de este año de un fondo de reserva. (El señor Gimeno
Marín: ¿Eso es sorprendente?) Para nuestro grupo esto es muy
importante, desde la perspectiva de establecer un futuro seguro para
los pensionistas. Yo le preguntaría si se han establecido las bases
presupuestarias para que pueda tener continuidad ese fondo.
Es curioso que en las intervenciones de los diferentes grupos no se
haya hecho referencia al esfuerzo de la lucha contra el fraude,
habida cuenta de que ha supuesto un ahorro de 150.000 millones de
pesetas, lo que beneficia a cotizantes y pensionistas de este país.
Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que nuestro grupo lo
valora en términos de solidaridad y de mejora para unas prestaciones
sociales.
El señor secretario de Estado ha dicho que la situación de 1999 es de
práctico equilibrio financiero y que el déficit previsto es del 0,1
por ciento. Yo le preguntaría, ¿cuál es la previsión que se tiene
para este año y cuáles son los factores que entiende que hayan podido
producirlo?
Termino ya, señor presidente, asumiendo la aseveración hecha por el
señor secretario de Estado de que la mejor vía para mantener un
sistema de protección social sano y sostenible, y yo añadiría que de
mejora progresiva siempre en beneficio de los más desfavorecidos, es
continuar en la misma línea de política económica. Eso es lo que
deseamos y eso es por lo que apuesta nuestro grupo porque creemos que
será la mejor garantía para ese futuro de bienestar para toda la
sociedad española.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado
Blanco): En relación con la intervención del representante del Grupo
Socialista, señor Gimeno, quiero poner de manifiesto dos cosas. En
primer lugar, yo no he empleado en ningún momento la expresión de
alarma social, y si lo he hecho me he equivocado; ni he pretendido
decirlo yo, ni desde luego pretendemos indicar que en este país las
cosas estaban de absoluto imposible arreglo. Yo hablé, para decirlo
con precisión, de que a mediados de esta década había sobresaltos, o
podemos cambiar la palabra por preocupación porque, de hecho, cuando
se reúnen todos los partidos políticos para analizar en una ponencia
qué soluciones se dan a un problema es porque se entiende que existe
un problema. Es verdad, como decía el señor Vaquero, que parece que
se han equivocado los estudios, pero, claro, los estudios hay que
situarlos en el contexto en que se realizan y sobre la base de las
variables que se tienen en esos momentos como elemento de trabajo y
de las cuales se deducen unas conclusiones. El problema quizá está en
la extrapolación a futuro sin más de la capacidad de creación de
empleo de la economía, la capacidad de crecimiento de esa economía,
la capacidad de competitividad, la intensidad con que el crecimiento
económico se traduce en empleo y toda una serie de factores que son
absolutamente relevantes en el conjunto de la economía y
particularmente en lo que son los recursos del sistema de Seguridad
Social. Es lógico que en aquel momento de debilitamiento (en los años
1993 y 1994) la Seguridad Social estuviera participando del
debilitamiento general, pero no era sólo ese tema. Por eso,
afortunadamente, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para
hacer una serie de recomendaciones, creo que muy importantes, y desde
luego creo que es una de las mayores aportaciones, lo digo con toda
sinceridad, que ha hecho el Parlamento español a la sociedad
española: poner sobre la mesa, con delicadeza pero con claridad, toda
una serie de cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, basadas
en la sensibilidad que había sobre una situación, y no quiero ampliar
calificativos graves que no van a ningún lado, simplemente había una
situación que había que arreglar. Lo único que he querido decir es
que, a partir de esa situación delicada, se han llevado a cabo una
serie de acciones que nos han llevado a otra situación, y lo único
que he hecho es dar dos cifras como exponentes básicos de cómo se
configura el sistema de Seguridad Social desde el punto de vista
presupuestario, en qué medida se ha saneado, que es el saldo
resultante. Podemos interpretar que se recoge en contabilidad
nacional, que no se recoge, etcétera, puede haber discusiones, pero
en cualquier caso son cifras homogéneas con arreglo a las normas
imperantes, cómo partimos de algo más de 500.000 millones de pesetas
de déficit a un práctico equilibrio en la situación actual. Aprovecho
para responder también a la señora Sainz. No podemos decir todavía
cuál es el resultado final del presente ejercicio, obviamente, pero
desde luego se puede tener la completa seguridad de que no llegará a
la media décima, teniendo en cuenta que una décima son
aproximadamente 90.000 millones de pesetas no llegará a la media
décima; eso es lo que parece a la luz de los datos existentes, por
eso hablamos de práctico equilibrio y con la proyección hacia el
superávit del año que viene.
Tampoco he dicho, señor Gimeno, quiero que quede bien claro, que la
situación esté ya desbordante, para nada, al revés, en la parte final
he dicho que hay que seguir en esta línea; hay un contexto económico
favorable, unas coordenadas nacionales e internacionales de economía
y de empleo que nos pueden permitir seguir en esta línea; hay un
punto de partida de equilibrio, de pequeño superávit; y desde el
punto de vista puramente de pirámide de población digamos que
tendríamos un margen de unos diez años, porque aumenta poco en estos
años. Yo animo a los representantes del pueblo español en el
Parlamento a seguir trabajando y profundizando para que siga siendo
la Seguridad Social un elemento de solidaridad, un elemento de
vertebración y cohesión social y, por supuesto, absolutamente básico,
un elemento que precisamente canaliza mejor que ningún otro
instrumento de política económica lo que es el crecimiento económico,
el aumento del PIB, y lo que es la distribución de los beneficios del
progreso a la ciudadanía. Creo que eso es así, y desde luego para
nada tenemos que entrar en triunfalismos, creo que sería malo hablar
de triunfalismos. Lo único que decimos es que estamos en déficit
cero, pero eso no quiere decir que estemos en una situación en la que
haya unos excedentes que no sabemos a qué aplicarlos.
Aprovecho para responder también a cuestiones relacionadas con el
excedente planteadas por el señor Vaquero y la señora Sainz sobre el
tema de la reserva. Se plantea un superávit en el conjunto del
sistema de la Seguridad Social, excluidas mutuas, de 102.000 millones
de pesetas -eso es lo que aparece en los presupuestos-, y están
establecidos 60.000 millones aplicados al fondo de reserva; hay otros
12.800 millones para amortizar la póliza del Banco de España, que
creo que es una deuda de 300.000 millones de pesetas, y el resto está
pendiente de aplicación, es decir, no hay decidido destino pero está
ahí como uno de los activos financieros que tiene la Tesorería
General de la Seguridad Social como previsión. No olvidemos, porque
es un elemento contable esencial, que estamos hablando de proyección
del presupuesto para el año 2000, con un superávit de ese tenor, pero
no se tiene que entender que el superávit se tiene el 1 de enero del
año 2000, sino que esa es la proyección a lo largo del ejercicio, y
ya veremos qué es lo que sucede a lo largo del mismo. Ese es un
planteamiento presupuestario y entendemos que hay que ser prudentes a
la hora de hacer proyecciones de superávit y de fondo de reserva; eso
estaría garantizado con las previsiones actuales.
Yo dije en la intervención, señoría, que la mejor manera, a mi
juicio, de que la Seguridad Social a medio y largo plazo siga siendo
solvente, aparte de todo el tema de separación de fuentes de que se
ha hablado -luego me referiré al tema de complemento a mínimos, para
responder a la cuestión que me plantea-, aparte también del contexto
económico -y la política económica es básica para generar un contexto
de creación de empleo que permita aumentar las bases de cotización-,
es necesario ir dotando de manera creciente el fondo de reserva, a mi
juicio es absolutamente básico. Obviamente el fondo de reserva, por
su propia naturaleza, tiene que surgir de excedentes, luego tenemos
que pensar que la Seguridad Social en el próximo futuro tiene que
seguir teniendo excedentes; ahora el excedente
es pequeño. Si lo que hacemos es un proceso de distribución más
intenso de esos excedentes, respondiendo al señor Gimeno, aumentando
más prestaciones que las que hemos pactado con los sindicatos y las
que se han aprobado en el Parlamento, se podría garantizar menos
futuro, se podría establecer menos fondo de reserva. En ese sentido
si algo hemos aprendido es que el equilibrio entre lo económicamente
posible, que te lo van dando las variables económicas, y lo
socialmente deseable, es decir, todo lo que significa la cohesión
social en todas las variables, me da igual pensiones, que educación,
que sanidad, etcétera, más los elementos más desfavorecidos, como el
aumento mayor de pensiones mínimas, todo lo que sea perder ese
sentido de equilibrio es quemar naves de cara al futuro, seguro, y es
tener luego, como ha ocurrido en el pasado, que hacer recortes, no
por voluntad, que nadie los desea, sino por obligación impuesta por
la propia realidad socioeconómica, y eso hay que modularlo. Es más,
yo entiendo que la modulación no la hace unilateralmente el Gobierno;
de hecho, uno de los principios básicos que inspira la política
socioeconómica del Gobierno ha sido el del diálogo social, ha sido el
diálogo con los interlocutores sociales, y llegar a acuerdos con
ellos, que han sido varios, porque este es un activo enorme para una
sociedad que quiere cimentar confianza para que haya inversiones y se
cree empleo, incluso también para que haya confianza por parte de los
consumidores, etcétera, y esto ha sido así. Por tanto, muchas de
estas cuestiones tendrán que ser negociadas, y una de ellas, y
aprovecho para contestar, es el tema de los complementos a mínimos.
El Pacto de Toledo no habla de la naturaleza de los mismos, pero ha
quedado casi contradictorio en la ley sobre su naturaleza
contributiva o no contributiva.
Hemos subido peldaños: primero la sanidad, luego prestaciones
sociales, prestaciones familiares, etcétera, y en el año 2000 pienso
que se tienen que sentar a la mesa el Gobierno, los agentes sociales,
y los partidos políticos para hablar de ese tema una vez que se ha
procedido a la separación de fuentes en el ámbito sanitario y de
otras prestaciones sociales. Si me pregunta a mi qué opino ahora
sobre este tema, pues supongo que la pregunta es, no qué se va a
hacer sino qué opino yo, le puedo decir -y por eso hay dudas- que hay
razones, y pienso que válidas, para decir que los complementos a
mínimos tienen naturaleza contributiva; también habría razones para
lo contrario, pero de lo que no cabe duda es de que no estamos
hablando de una prestación universal, sino de una prestación para los
que han cotizado y cobran pensiones exclusivamente o, dicho de otra
manera, se trataría de un elemento de solidaridad dentro del propio
sistema contributivo, porque si no has contribuido tendrás una
pensión no contributiva, porque si no, ¿qué sentido tiene incluso un
sistema público? El sistema público cuando se le han quitado otros
elementos de cobertura y quedan cotizaciones y pensiones e IT es
público en cuanto que tiene un elemento de solidaridad, ¿o no?, es
decir, en la medida en que, dentro de los cotizantes, a los que
pueden cotizar menos se quiere que su mínimo de percepción sea
superior a aquello que actuarialmente le correspondería por lo que ha
cotizado, dentro de lo que están cotizando. Ese es un argumento que
se puede esgrimir para hablar de su naturaleza contributiva,
que es para un grupo, no para todos, es para los que han contribuido,
si no, no sería pensión de complemento a mínimos, porque las otras ya
las tomó el Estado. Naturalmente que, por otra parte, se puede
afirmar que el Estado tendrá mucho que ver en un elemento de
solidaridad que tiene que haber en el sistema, entre ellos el dar una
pensión mejor a aquellos que la tienen baja. Esa discusión estás
sobre la mesa. Desde luego, yo no voy a tomar partido, porque tampoco
creo que ganemos nada con que yo pretenda -quién soy yo- dar por
zanjada una cuestión. En todo caso, pienso que esto sí tiene que ser
objeto de diálogo social y político de cara a ver qué se decide.
Todas estas cuestiones también se deciden políticamente. Por ejemplo,
una de las opciones sería que se repartiese el complemento de mínimos
entre Seguridad Social y Estado, porque de lo que no cabe duda es que
el que tiene déficit ahora es el Estado, no la Seguridad Social; el
Estado tiene todavía un déficit para el año que viene del 0,8 por
ciento del PIB y la que tiene superávit del 0,1 es la Seguridad
Social. Tampoco se trata de que eso sea el elemento determinante de
ver dónde caen los complementos de mínimos o si caen en ambas partes.
Yo he oído a algunos sindicatos que sería factible algún tipo de
reparto. En definitiva, pienso que el tema debería ser objeto de
tratamiento, de diálogo, de consenso, en la próxima legislatura, en
el año 2000.
Preguntaba si centramos nuestras prioridades en el saneamiento o en
el bienestar social. La cuestión es muy relevante. Muchas veces, se
dice que el objetivo es el saneamiento de la Seguridad Social. El
objetivo de saneamiento, no sólo en Seguridad Social, en una empresa,
en cualquier sitio, nunca puede ser un objetivo final; es un objetivo
instrumental, como es obvio. Lo era con el Pacto de Toledo, cuando se
hablaba de saneamiento, la ley de racionalización. Son elementos que
permiten mejorar la confianza, elementos que permiten garantizar
futuro y también ir mejorando las prestaciones sociales. Por
supuesto, pienso que el objetivo último de una sociedad es ir
mejorando el bienestar de todos sus ciudadanos y una institución
básica para ello es el sistema de Seguridad Social. Es obvio que,
para que lo pueda hacer, tiene que sanearse. Insisto, el saneamiento
nunca puede ser un objetivo último, pero sí es un objetivo
instrumental básico y, a corto plazo, no quedaba más remedio que
fijarlo como prioridad. Lo que sí está claro es que no puede
pretenderse ninguna mejora sin previamente estar en un cauce de
saneamiento de la Seguridad Social.
Sobre si va a seguir siendo objeto de control especial el desempleo,
la IT, pienso que, como en todos los órdenes de la vida, los
controles por buscar la racionalización máxima en todas las variables
que componen el capítulo de gasto son buenos, no porque se pretenda
ningún tipo de ensañamiento con nadie, sino simplemente porque se
entiende que es la mejor manera de poder distribuir riqueza, la mejor
manera de poder dar más prestaciones en otro ámbito. No cabe duda de
que uno de los elementos favorables de haber aplicado lo que estaba
en la letra y el espíritu del Pacto de Toledo, las recomendaciones,
es que esté aflorando la economía sumergida. No digo que no haya
otros factores exógenos, pero pienso que la aplicación de estos
criterios de racionalidad, de mejora de gestión, de lucha
contra el fraude, que allí estaban contemplados y que se están
aplicando, están favoreciendo que esté aflorando la economía
sumergida y esté aumentando el número de cotizantes a un ritmo que no
parece que sea el coherente con el aumento del empleo real para un
crecimiento del PIB del 3,7 por ciento, lo cual nos tiene que llevar
a todos a estar satisfechos.
De los regímenes especiales no voy a decir más de lo que he dicho en
mi primera intervención, que estaba inspirado en las recomendaciones
del Pacto deToledo. Eso también se tendrá que definir políticamente.
Una de las recomendaciones es que se trate de ir buscando un
acercamiento a la proporcionalidad, ir cotizando por salarios reales
e ir tratando de que prestaciones y aportaciones guarden un cierto
equilibrio. Por supuesto que tiene que haber elementos de solidaridad
intergeneracionales, inter regímenes. La modulación que se tenga que
hacer en ese sentido es también un tema de decisión política y
entiendo que también tiene que ser objeto de diálogo social.
El señor Gómez se refirió fundamentalmente del fondo de reserva.
Sobre esa materia, ya he hablado. En cuanto a la referencia que hizo
a la revisión automática de pensiones, me parece que es un elemento
absolutamente básico y evita cualquier tipo de discusión política
sobre esa materia. Ha mencionado, y creo que es muy relevante, los
gastos sanitarios y, dentro de ellos, el ámbito de los gastos de
productos farmacéuticos. Alguna vez he hecho referencia al proceso de
racionalización del gasto en el ámbito de la Seguridad Social en
general, pero respecto del ámbito sanitario en particular hay camino
por recorrer. En la racionalización hay muchos frentes, quizá uno sea
lograr que crezca menos ese gasto y, otro, que se armonice ese tema
dentro de la función pública, dentro de los distintos departamentos
ministeriales, y en ello trabajaremos. Ahora, no tengo mayor elemento
de juicio para poder abundar en esta materia, que sí es relevante
dentro del gasto total del sistema. No estamos diciendo que no haya
que gastar lo que haya que gastar, pero sí que ni una peseta más para
que se puedan dar mejores prestaciones sanitarias o mejores
prestaciones sociales.
Agradezco la referencia, porque me parece absolutamente vital, a que
de ninguna manera podemos romper el equilibrio del sistema. Creo que
es una referencia básica y creo que eso es lo que anida en el
espíritu de todos los que están en la responsabilidad de la gestión
pública; desde luego, estaba en los firmantes del Pacto de Toledo,
puesto que es la clave para poder dar sostenibilidad a medio y largo
plazo. La búsqueda de ese equilibrio se ha debido hacer poco a poco,
de manera gradual, porque las acciones traumáticas no llevan a ningún
lado, no conducen a ningún sitio, y queremos reconducir hacia el
equilibrio todo el sistema porque el sistema de Seguridad Social está
condicionado. Hablaba la señora Saínz, de la vertebración entre los
presupuestos del Estado y de la Seguridad Social, cuestión muy
importante. En definitiva, la acción de política económica afecta a
la Seguridad Social de manera básica. Lo decía al comienzo de mi
intervención. La propia política presupuestaria del Estado, al mismo
tiempo que ha procedido a tomar gastos que estaban financiados con
cuotas, tiene que ir reduciendo su déficit público y hemos planteado
en el programa de estabilidad que el déficit
sea más 0,1 en el 2002. Estamos hablando de una situación de
equilibrio en el conjunto del sistema de todas las administraciones
públicas. Entendemos que eso es básico para que el propio sistema de
Seguridad Social siga siendo equilibrado y solvente a medio y largo
plazo, porque está condicionado por las características de esa
política económica para seguir generando confianza y creando empleo.
Será un poco técnico, pero absolutamente básico. Uno de los elementos
clave para el saneamiento de la Seguridad Social ha estado en el
aumento del número de cotizantes, que está relacionado con el empleo,
que, a su vez, está relacionado con la inversión y la inversión está
relacionada con los apalancamientos financieros empresariales. Si son
negativos, los invierte, si el coste de los recursos ajenos es
superior a la rentabilidad actual o esperada del activo, no se
invierte y, si no se invierte, no se crea empleo ni hay cotizantes.
En estos momentos, hay apalancamiento financiero positivo histórico y
eso es lo que está haciendo no sólo que aumente el empleo sino que
esté aumentando a un ritmo por unidad de producto no conocido
históricamente. Eso es lo relevante, porque, al final, es lo que da
solvencia al sistema, pero eso exige no sólo una política de
presupuesto de Seguridad Social, que es muy relevante, sino de
presupuesto del Estado y del conjunto de las administraciones
públicas. Es absolutamente clave, porque, si no, no se produce uno de
los cuatro pilares del saneamiento a los que hice referencia al
comienzo.
Con esto, señor presidente, habría terminado mi contestación.
El señor PRESIDENTE: Para un brevísimo turno, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Señor Folgado, su segunda intervención -me
suele pasar a veces en esta Comisión- me ha gustado más que la
primera. Cuando se sale usted del guión de Génova -entre paréntesis-,
la situación está mucho mejor.
Estoy convencido de que usted va a entender lo que le he querido
decir en mi primera intervención. En el año 1981, en esta Cámara, y
en el Grupo Popular tienen algún cualificado diputado que se lo podrá
explicar -lo digo porque algunos no saben lo que pasaba entonces-, se
hizo un libro verde sobre la Seguridad Social, siendo ministro el
señor Núñez, creo, y si alguno ha estudiado el tema recordará que en
él se hablaba no sólo de crisis sino de una situación catastrófica de
la Seguridad Social. Y era verdad, cómo no iba a serlo. En 1985 se
hizo una reforma en la que se indiciaron las pensiones sobre el IPC.
Algunos decían entonces que eso era imposible, como consecuencia de
ese libro verde del año 1981, y algunos están en esta Cámara en estos
momentos. Por cierto, esta reforma del año 1985, se valoró
positivamente en el Pacto de Toledo, aunque tengo que reconocer que
luego se ha convertido en un elemento de debate y confrontación en la
campaña publicitaria. Bueno, da lo mismo, no pasa nada. Lo digo
porque se hace una reforma, y en el año 1989, con un ciclo económico
expansivo muy positivo, como sabe usted, resulta que la Seguridad
Social está en una época boyante, con superávit y sin ni siquiera
endeudamiento, locual era razonable por la propia evolución y
maduración
del sistema. Un sistema de Seguridad Social, usted lo sabe bien,
tiene un proceso de maduración a la fuerza, y no depende sólo de que
la situación económica esté bien, sino que incluso, en esa situación
económica, la maduración todavía no era tan alta como la que tenemos
ahora. Es razonable que en el año 1989 hubiera un superávit, con un
ciclo económico tan fuerte, en alza, como es normal. Y en esa
situación no había necesidad de endeudamiento, pero la maduración del
sistema continúa. Como consecuencia de eso, estamos otra vez en un
ciclo expansivo del sistema y ha habido que hacer una reforma, en los
mismos términos que la de 1985, para reducir pensiones, que hemos
aprobado todos, o no todos, pero la mayoría de esta Cámara. La
reforma de 1997 también reduce pensiones -no estoy hablando ahora en
términos de propaganda publicitaria-, porque había que hacerlo,
porque estamos hablando de maduración y de futuro del sistema. Ya
digo que a lo mejor todos los grupos no estuvieron de acuerdo, pero
la mayoría, sí. Ése es el debate que hay que afrontar, porque si no
lo hacemos nos quedaremos en la campaña electoral.
A esta Comisión y quiero recordar a la portavoz del Grupo Popular que
figura en el «Diario de Sesiones», podría habersela puesto otro
título, que es lo que dijo la resolución que aprobamos en esta
Cámara: Y para el estudio de su desarrollo futuro. Yo echo en falta
hablar más de ese futuro en conjunto, porque ya sé lo que va a pasar.
En los tiempos que estamos, con las prisas y los problemas de
comparecencias que tenemos, no va a haber tiempo para hablar de
futuro. Por eso digo que me gustaría que los comparecientes del
Gobierno hablaran más del futuro -y en su segunda intervención ya
hemos entrado más en el debate de cómo encajar esta situación de
futuro- porque, si no, no va a haber tiempo para hablar de él. En la
primera parte nos hemos dedicado a hablar sólo de lo que estamos
hablando, y la posición de mi grupo es la que es, mientras que en la
segunda parte estamos totalmente de acuerdo. Si empezamos en ese
marco de debate, me parece que hay planteamientos que se pueden
llevar hacia delante. Le quiero decir que un ciclo económico como el
que tienen ahora permite evidentemente una situación más saneada,
menos saneada que en 1989,no porque sea mejor 1989 que 1999, no estoy
comparando situaciones, sino simplemente porque ahora el sistema es
mucho más maduro. Evidentemente, nos encontramos en una situación en
la que las tensiones del sistema van a seguir produciéndose de cara
al futuro, y por eso hay que seguir hablando. Por eso hoy tenemos
todavía endeudamientos del sistema y de la Seguridad Social y toda
esa discusión entre Estado y Seguridad Social. Incluso el otro día,
el responsable de la Tesorería nos ilustró sobre los préstamos
privados que a lo largo de los años han subsistido. Posiblemente en
el año 1999, no, pero sí me parece que lo han hecho en 1998, en 1997,
sí y en 1996, sí. Préstamos privados, préstamos del Estado y préstamo
antiguo del Banco de España. ¿Por qué? Porque es normal que se haya
producido esa situación, aunque luego tengamos que discutir todos
cómo resolvemos ese problema, y usted más, porque es el secretario de
Estado de los Presupuestos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea intervenir?
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Brevísimamente.
No me ha quedado claro, si me ha respondido, el tema de la
cancelación de préstamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Simplemente quiero decirle que nos alegra que
haya gustado más su segunda intervención. A nosotros nos han gustado
la primera y la segunda, porque lo que ha hecho en la segunda ha sido
ahondar en la primera. Nuestra satisfacción es completa, de la misma
manera que nos satisface que desde el grupo principal de la oposición
se haya reconocido ahora que la Seguridad Social está en su mejor
momento desde el año 1981 (El señor Gimeno Marín: En el año 1989
estaba mejor.)
El señor PRESIDENTE: Señorías.
La señora SAINZ GARCÍA: Pero no compartimos en cambio que el sistema
de la Seguridad Social dependa de la coyuntura económica, dentro de
un orden, claro. Partiendo de eso, siempre podría haber momentos de
crisis cuando la situación económica fuera peor. Nosotros creemos que
eso se arregla si seguimos por la senda de una política económica
estable, sobre todo con las medidas que se han tomado últimamente, y
que yo he resaltado en mi primera intervención, para la creación de
un fondo de reservas, precisamente para solventar los problemas que
podrían derivarse de esa coyuntura económica no tan favorable.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra
el señor secretario de Estado de Presupuestos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (Folgado
Blanco): Señor Gimeno, podría decirle que también me ha gustado su
segunda intervención más que la primera. (Risas.)
Acerca de ese análisis que ha hecho de la situación económico-
financiera del sistema de Seguridad Social en relación con el ciclo
económico, es obvio que tiene que haber relación. Yo mismo lo he
dicho claramente. Lo que quería añadir -es mi opinión como
economista-, para tranquilidad de los ciudadanos españoles, es que
entiendo que el modelo de crecimiento que estamos teniendo en esta
España del euro, en economía abierta, nos permite albergar mayores
confianzas de que podamos tener un ciclo de expansión económica. Y no
estoy diciendo que ese ciclo tenga que estar siempre en picos muy
altos, estoy diciendo en un ciclo de expansión económica más largo y
sostenido. Si se acuerda S.S., aquella situación de expansión de los
últimos años ochenta no era sostenible. Con un déficit en la balanza
por cuenta corriente -nuestras cuentas económicas con el resto del
mundo- de más del 4 por ciento sobre el PIB y las tensiones
inflacionistas, no auguraban mucho futuro a la situación del déficit
normal y estructural del sector público. Entiendo o quiero entender
que los fundamentos a nivel internacional, las variables básicas que
definen la sostenibilidad en el crecimiento económico, están en estos
momentos en una buena posición. Así lo
reconocen los expertos, aunque a los expertos y a los servicios de
estudios hay que analizarlos siempre con el tamiz de que también se
pueden equivocar. De hecho, la OCDE tiene que estar revisando
permanentemente a la baja las cifras de objetivo de déficit público
que nosotros damos. Siempre augura que es superior a la que nosotros
damos y luego tiene que corregirlo, porque la que registramos es
incluso inferior a la que hemos proyectado. No quiero hacer ahora
ningún tipo de críticas sobre ese tema. De lo que no cabe duda es de
que en estos momentos hay una proyección económica que permite a los
representantes del pueblo español, como decía al final de mi primera
intervención, en el horizonte temporal de unos cuantos años, seguir
avanzando con serenidad en el mantenimiento del equilibrio del
sistema.
En cuanto a los préstamos y qué solución contable se da, hay que
analizarlo detenidamente, porque no se arregla nada desde el punto de
vista puramente financiero y sí se pueden crear situaciones delicadas
que a lo mejor no conducen a nada positivo desde el punto de vista
del equilibrio del sistema. Son temas que hay que estudiar con
cuidado. Ahí están. Son unos préstamos de distinta naturaleza, unos
de tesorería, otros para el equilibrio, para cubrir el déficit, y
otros por el tema de Seguridad Social, que entonces se financiaba con
cuotas, porque era conforme a ley. Ahora a ver que se hace con esa
deuda. En algunos casos está estipulado por ley que habrá que
devolverlo en diez años; en otros casos, la ley no dice nada. Hay que
analizar todo eso con cierta detención.
Señor presidente, por mi parte no tengo más que añadir.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su intervención y por su
comparecencia ante esta Comisión.
Damos por concluida la comparecencia del señor secretario de Estado
de Presupuestos y pasaremos, después de un breve espacio de tiempo de
cinco minutos, a la comparecencia del director general de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.
- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES
PÚBLICAS (BLANCO SEVILLA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002370), DELGRUPO
VASCO-PNV (Número de expediente 212/002339) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICIÓN CANARIA (Número de expediente 212/002333)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia del director general
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, solicitada por el Grupo
Popular, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo de Coalición Canaria.
Alos efectos de fijar los términos de la comparecencia, tiene la
palabra don José Luis Blanco Sevilla, director general de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COSTES DE PERSONALYPENSIONES PÚBLICAS
(Blanco Sevilla): Se ha requerido mi comparecencia ante esta Comisión
no permanente al objeto de valorar los resultados obtenidos por
la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobado
como saben SS.SS. por el Congreso de 6 de abril de 1995. El Gobierno
actual hizo suyos desde el principio los objetivos del Pacto y en
especial el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el
equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
Me van a permitir una pequeña disquisición sobre este régimen
especial antes de entrar en el análisis de las recomendaciones. Los
funcionarios públicos desde su incorporación a la vida activa están
sujetos o les es de aplicación el mismo sistema retributivo, no así
el mismo sistema de protección social, porque depende del sistema que
se les aplica en función de la vinculación a la Administración desde
su ingreso en la Función pública, de tal forma que a los funcionarios
de la Administración civil, la Administración militar, la
Administración de justicia, Cortes y otros órganos constitucionales
les es de aplicación el régimen de clases pasivas que tiene un triple
mecanismo de cobertura, clases pasivas, mutualismo administrativo y
prestaciones por hijo a cargo, que es la antigua ayuda familiar. De
contrario, los funcionarios de la Administración institucional,
organismos autónomos, administración de la Seguridad Social y
Administración local quedan encuadrados en el régimen general de la
Seguridad Social. Estamos ante dos regímenes distintos, con gestión
en departamentos diferentes, regulación jurídica diferente y también
financiación distinta y que es aplicable a un conjunto de
funcionarios públicos aproximadamente de 2.300.000, de los cuales a
algo menos de un millón les es de aplicación el régimen especial,
mediante el cual el Estado garantiza a los funcionarios la protección
frente a los riesgos de vejez, incapacidad, muerte y supervivencia.
Una de las notas características de las pensiones de clases pasivas
es que su reconocimiento y determinación se llevan a cabo a través y
por medio de la legislación vigente en cada momento, legislación que
acompaña al pensionista durante toda su vida como tal. En este
momento conviven y son de aplicación cuatro grandes normas en el
sistema de pensiones públicas: el Estatuto de Clases Pasivas, de 1926
y su Reglamento de 1927, el texto refundido de la Ley de derechos
pasivos de funcionarios civiles, de 1966, el texto refundido de la
Ley de derechos civiles del personal militar de las Fuerzas Armadas,
Guardia Civil y Policía Armada, de 1972, y la legislación a partir
del 1 de enero de 1985, que es aplicable a todo el personal, civil y
militar, desde su entrada en vigor, que se jubile o que por supuesto
cause pensión a favor de sus familiares por el acaecimiento del
fallecimiento. Esta legislación está constituida por la Ley 50/1984,
y el título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas de
1987. La aplicación, como he dicho, es a todos los funcionarios de
carrera de la Administración civil, Administración de justicia,
Cortes Generales y órganos constitucionales, personal militar,
personal interino, personal en prácticas, tanto civiles como
militares, y también a la protección a colectivos específicos; los ex
presidentes, vipresidentes, ministros y secretarios de Estado del
Gobierno de la nación, y presidentes de altos órganos
constitucionales, presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal
Constitucional, del Consejo de Estado,del Tribunal de Cuentas, del
Consejo General del
Poder Judicial, Defensor del Pueblo, fiscal general del Estado
etcétera, causan también pensión a su jubilación, acaecida por
cumplir la misma edad de los funcionarios, y con una pensión que es
igual al 80 por ciento del regulador del grupo A. También causan
pensión a su fallecimiento en favor de sus familiares. Con
independencia de esto, también existen otros colectivos a quienes les
es de aplicación este régimen especial, que son quienes prestan el
servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, por
inutilidad o fallecimiento en la prestación de estos servicios. Las
pensiones son de jubilación o retiro, viudedad, orfandad o en favor
de los padres.
Al igual que en Seguridad Social, se garantizan en clases pasivas
unos niveles mínimos de cobertura en cuanto a pensiones públicas.
Estos niveles mínimos están fijados por la Ley de presupuestos y su
complemento se lleva a cabo si la pensión percibida o la suma de
pensiones no llega a estos mínimos, por supuesto excepcionando cuando
se tienen determinados ingresos, ya sean por rentas de capital o por
trabajo, en la cuantía que fijan también las leyes de presupuestos, y
al igual que en la Seguridad Social, también existe un límite máximo
de percepción, que es lo que llamamos las pensiones topadas. Este
límite máximo de percepción está fijado en la Ley de presupuestos
vigente en 295.389 pesetas.
Los funcionarios en activo, incluso los transferidos, porque el
personal transferido desde la Administración se incorpora a las
comunidades autónomas en el mismo régimen de protección social en el
que prestan servicios en la Administración del Estado, unos y otros
contribuyen a la financiación del régimen de clases pasivas con la
aportación de un 3,86 por ciento sobre el regulador que corresponde
a su cuerpo o escala. La deflación de la cotización de esta cuota se
lleva a cabo por la Administración en que prestan servicios en
activo. La financiación se complementa por los Presupuestos Generales
del Estado.
En cuanto al régimen fiscal, estas pensiones están sujetas, como es
lógico, a retención, tributan por IRPF, a excepción de las pensiones
extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones causadas por
incapacidad total y absoluta para el desempeño del puesto de trabajo
correspondiente al cuerpo o escala al que pertenece el funcionario.
También están exentas de tributación las pensiones causadas por
lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la guerra
civil 1936-39.
No voy a hablar por supuesto de las incompatibilidades de las
pensiones, pero sí diré que la pérdida de la pensión no se ocasiona
por pérdida de la nacionalidad española ni por la pérdida de la
condición de funcionario o la separación de éste del servicio. Las
pensiones son irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio por
supuesto de la caducidad del derecho de los efectos económicos si no
se ejercitan estos derechos económicos en el plazo de los cinco años
a partir de que acaece el hecho causante. Una vez que se genera este
derecho, la pensión se devenga desde el primer día del mes siguiente
a la solicitud.
En concreto y por decir algunas cifras, el número de pensionistas que
tenemos en clases pasivas es de unos 634.000, entre pensiones de
funcionarios, pensiones de guerra y de otros colectivos. El
presupuesto ya ejecutado de 1998 fue de 922.021 millones y la
previsión de ejecución
en 1999 es de 955.000 millones. Ya en el presupuesto del 2000
figuran 887.166 millones para las pensiones que yo llamaría
contributivas, que son aquellas en donde hay una aportación a la
financiación, y 103.000 millones para las pensiones no contributivas,
que son las pensiones de guerra. La previsión de gasto se ha
realizado sobre la base de un crecimiento neto y un efecto
sustitución del 0,9 por ciento con la revalorización del 2 por
ciento. Los funcionarios activos encuadrados en el régimen de clases
pasivas que contribuyen a la financiación del sistema, a 30 de
septiembre de 1999, eran 863.774. La recaudación o la aportación de
este colectivo fue en el año 1998 de 106.581 millones y la previsión
en 1999 es de 199.400. En cuanto a las pensiones medias mensuales de
jubilados y retirados, en 1999 es de 177.508 pesetas y la pensión
media de los familiares de funcionarios es de 76.661 pesetas.
Después de esta ligera reflexión sobre el sistema o el régimen de
clases pasivas y en referencia concreta ya al Pacto de Toledo, cuyo
objetivo final es posibilitar la viabilidad del sistema de protección
o de Seguridad Social y que dedica una serie de recomendaciones,
entre las que destacan esencialmente desvincular los aspectos
contributivos de los no contributivos, vinculando los primeros a
aportaciones o cotizaciones y los segundos a presupuesto vía
impuestos, a mi juicio el Pacto de Toledo es un poco ajeno a clases
pasivas, ya que en ningún momento es mencionado este subsistema o
este sistema especial en el pacto y por cuanto su financiación se
vincula preferentemente al presupuesto, ya que las cotizaciones son
un mero referente que en modo alguno significa nada respecto al
reconocimiento ni tampoco respecto a la cuantificación del derecho.
No obstante, dado que se sugiere en determinadas memorias, es verdad
que se produce un cierto impacto en clases pasivas, en la medida en
que se pretende la debida coordinación y armonización entre los
distintos regímenes del sistema español de Seguridad Social, en el
que sin duda está el sistema especial de clases pasivas. Por ello
puede ser pertinente exponer una a una las distintas recomendaciones
y en su análisis ver el impacto, la influencia o el cumplimiento que
se haya podido hacer desde el sistema especial de clases pasivas
respecto a la mismas.
Empezando por la primera, separación y clasificación de las fuentes
de financiación, las prestaciones de naturaleza contributiva en
cuanto sustitutivas de salarios, financiadas vía cotizaciones, y las
prestaciones no contributivas por su carácter universal y
compensatorio de necesidades, financiadas con aportaciones del
Estado, en clases pasivas, tanto unas como otras, esencialmente las
no contributivas, y llamando no contributivas a las pensiones
derivadas de indulto, amnistía y guerra, por supuesto todas se
financian con cargo al presupuesto.
Segunda recomendación, constitución de reservas, presupuesto
equilibrado, dedicar eventuales excedentes a ejercicios con
desequilibrios. En clases pasivas no tiene cabida esta institución.
Estaremos ante un mayor o menor gasto con cargo al presupuesto del
Estado.
Mejora de las bases, bases de cotización en función de salarios
reales con un único tope máximo de cotización. En clases pasivas las
pensiones de los funcionarios se vinculan al grupo de clasificación
al que pertenece el cuerpo o escala en que se clasifica el funcionario
a su ingreso en
la Administración, de tal forma que a este grupo de clasificación se
le asigna un regulador que sirve tanto para determinar la cuantía de
la pensión como la aportación o la prestación del funcionario durante
toda su vida activa. A partir del año 1985 el nuevo sistema de
pensiones se desvincula totalmente de la retribuciones en activo;
hasta el año 1985 las bases reguladoras estaban constituidas por los
conceptos, y el último concepto era sueldo, trienios, pagas
extraordinarias y grado, que fue la última base reguladora de los
pensionistas con antelación al 31 de diciembre del año 1984. A partir
de ese momento se desvinculan las prestaciones totalmente de las
retribuciones en activo. Cotiza igual el teniente que el teniente
coronel o el teniente general, porque todos ellos pertenecen al mismo
grupo de clasificación, que es el grupo A, pero también al final de
su vida activa tendrán la misma pensión, recibirán la misma
prestación, pero a igualdad de años de servicio.
Recomendación cuarta, financiación de los regímenes especiales: a
igualdad de acción protectora, semejante aportación contributiva. En
el régimen especial de los funcionarios, clases pasivas y mutualismo
administrativo, la aportación del personal activo es el 3,86 por
ciento y el 1,69 por ciento respectivamente, para el régimen de
clases pasivas y mutualismo administrativo, de sus haberes
reguladores. Estas aportaciones se complementan, tanto en cuanto a
prestaciones como en el mutualismo administrativo, por los
presupuestos del Estado, con porcentajes que van desde el 5,17 por
ciento en Muface, al 5,61 por ciento en Mugejo y el 9,06 por ciento
en Isfas.
Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía
irregular, aflorar el empleo oculto y evitar la morosidad. En nuestro
sistema yo diría que prácticamente no hay posibilidad de eludir la
recaudación, puesto que al funcionario, una vez que se incorpora a su
vida activa, automáticamente se le detrae el 3,86 por ciento respecto
al haber regulador que es propio de su grupo de clasificación. El
marco estatutario en que se desenvuelve tanto la vida del funcionario
activo como del pensionista, los controles o el régimen de
incompatibilidades, dificulta, si no impide, todo este tipo de
problemas. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la
Presidencia.)
Recomendación sexta, simplificación e integración de regímenes
especiales. En síntesis, esta recomendación tiene por objetivo la
reducción gradual del número de regímenes actualmente existentes, de
manera que a medio o largo plazo todos los trabajadores converjan en
el régimen de Seguridad Social por cuenta ajena o en el régimen de
trabajadores por cuenta propia, con excepción de determinados
sectores o colectivos encuadrados en los sectores marítimo pesquero,
servicio doméstico, trabajadores eventuales del campo o minería del
carbón.
En referencia a esta recomendación, el acuerdo que firmó el Gobierno
con los sindicatos el 1 de octubre de 1996 contempla la necesidad de
efectuar los análisis y estudios precisos en orden a la aproximación
de forma gradual de cotizaciones y prestaciones de los distintos
colectivos de manera que converjan hacia los dos regímenes dichos. En
el marco expuesto se considera que el acuerdo queda ceñido
prácticamente a los regímenes que gestiona el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en los que por las condiciones que concurren en los
colectivos existe
cierta disparidad tanto de cotizaciones como de prestaciones. Como he
dicho, el régimen especial de los funcionarios públicos, aunque
componente del sistema de Seguridad Social, difiere del resto de los
regímenes por el sistema de financiación, que es con cargo al
presupuesto. De otra parte, la Ley de 15 de julio de 1997, de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, que
viene a dar cumplimiento, si bien parcial, a las recomendaciones del
Pacto de Toledo, en su disposición final segunda autorizó al Gobierno
para que procediera a la armonización de la normativa especial del
mutualismo administrativo, Muface, Mugejo e Isfas, en lo referente al
sistema de recursos económicos con las previsiones de la Ley de
Seguridad Social. La pervivencia de futuro que se desprende de esta
previsión legislativa, por cuanto el mutualismo administrativo es uno
de los tres componentes de cobertura que complementa al régimen de
clases pasivas, junto con la autorización que se confiere al Gobierno
por el artículo 62 de la Ley de acompañamiento o de medidas de 1999,
que le faculta para que elabore textos refundidos que regularicen y
armonicen las leyes que regulan los tres sistemas de mutualismo
administrativo, lleva a la conclusión de que el régimen especial de
clases pasivas, a mi juicio, no está afectado por la integración a
que se refiere esta recomendación, sin perjuicio, sin lugar a dudas,
de que en la regulación del régimen de las pensiones públicas se vaya
avanzando en la armonización con las pensiones del sistema de la
Seguridad Social.
Recomendación séptima, integración de la gestión en materia de
afiliación, recaudación y gestión. El régimen de clases pasivas está
centralizado en cuanto a su gestión en la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas. Esta Dirección General reconoce
todas las pensiones de los funcionarios civiles y paga las pensiones
de los funcionarios civiles y también del personal militar. El
reconocimiento de las pensiones de este personal le compete a la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. Los pagos se
gestionan a través de una nómina centralizada que se materializa a
través de las distintas delegaciones de Hacienda, en función del
lugar de residencia de los pensionistas. Las funciones de afiliación
son automáticas, como he dicho antes, desde el momento de la
incorporación del funcionario a su vida activa. La recaudación, como
tal, no existe; es una mera anotación contable, no hay ingreso en el
Tesoro. No existe un órgano similar al instituto de la Tesorería de
la Seguridad Social. Existe una pequeña recaudación que es la de
aquellos funcionarios que, por su situación administrativa de
servicios especiales en organismos internacionales o en cualquier
otro sector, deben ingresar directamente, como cuota de derechos
pasivos, en el Tesoro.
Recomendación octava, evolución de las cotizaciones. La reducción de
las cotizaciones sociales como elemento dinamizador del empleo no
tiene efectos en clases pasivas. Desde el año 1985 el porcentaje del
3,86 por ciento se viene aplicando sobre haber regulador. En el año
1985 esta aportación se le denomina impuesto. Es a partir del año
1987 cuando aparece la nueva denominación, que se ha consagrado y
persiste en la actualidad, que es cuota de derechos pasivos.
Recomendación novena, equidad y carácter contributivo del sistema,
reforzamiento de ambos principios, a similar esfuerzo de cotización,
prestación equivalente, manteniendo el criterio de solidaridad y
mantenimiento de un máximo de cotización. En clases pasivas esta idea
es la básica del nuevo sistema. La cotización es idéntica para todos
los funcionarios del mismo grupo de clasificación, así como idénticas
son las prestaciones a igualdad de años de servicios. A mayor
abundamiento, existe, entre clases pasivas y los distintos regímenes
de Seguridad Social, el cómputo recíproco de cotizaciones que sirven
y pueden servir tanto para definir el derecho. Pensemos en aquellos
supuestos en que el funcionario no llegue a los quince años mínimos
de permanencia en servicio activo para generar derecho a pensión. Si
ha cotizado a la Seguridad Social, se le computará este tiempo y
puede ya generar el derecho. También sirve, por supuesto, para
cuantificar la pensión, por cuanto las cotizaciones en los regímenes
de Seguridad Social se computan como años de servicio efectivo en
clases pasivas.
Recomendación décima, edad de jubilación, flexible, jubilación
ordinaria a los 65 años, prolongación voluntaria y mantenimiento de
la jubilación anticipada. En la actualidad y desde el 1 de enero del
año 1997, la jubilación forzosa de los funcionarios es a los 65 años
con las excepciones de las carrera judicial y fiscal y los docentes
universitarios, que se jubilan a los 70 años. Existe la posibilidad
de la jubilación anticipada a los 60 o más años, siempre que se hayan
prestado 30 o más años de servicio, y en este caso, por supuesto, sin
detracción en cuanto a la pensión que corresponda. Existen
colectivos, como los docentes no universitarios, con jubilaciones
anticipadas también como consecuencia de la implantación de la Logse
al cumplir los 60 años, y en estos supuestos, si han permanecido en
activo más de 15 años, se les abonan como servicios efectivos
prestados cinco años hasta los 65.
Recomendación undécima, mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones. Desde 1985, la revalorización de las pensiones es general
para todas ellas, todas se revalorizan con el mismo porcentaje, y
generalmente la ley ha vinculado estas revalorizaciones a las
retribuciones del personal activo. Sin embargo, las revalorizaciones
de las pensiones han ido por encima de las actualizaciones de
personal activo. Pensemos por ejemplo que, en el año 1996, el
personal activo tuvo una actualización del 3,2 y las pensiones se
revalorizaron en el 3,5. En el año 1997, donde hubo congelación
salarial para todo el sector público y el IPC fue del 2 por ciento,
las pensiones se revalorizaron en el 2,6. En el período 1996-1997 ha
habido una revalorización por encima del IPC real del 1,67, en lo que
a las pensiones públicas respecta. Es ya en la Ley de medidas para el
año 1998 cuando se consagra definitivamente el criterio de la
revalorización automática -en clases pasivas se operó a través de la
modificación de su artículo 27-, revalorización que es conforme a la
previsión del IPC y, por supuesto, con la compensación en el supuesto
de que el IPC previsto sea inferior al IPC real. Se completó esta
revalorización con una derogatoria de la Ley de medidas vigente, en
cuanto al artículo 27 del texto refundido de Clases Pasivas, artículo
27 que preveía que en el supuesto en que el IPC real fuera superior
al IPC previsto,
el pensionista tendría que soportar una detracción del excedente en
el siguiente ciclo económico. Sin embargo, esto fue derogado, de tal
forma que no sólo se opera la revalorización automática, sino que en
el supuesto de que de los IPC noviembre-noviembre, que son los
referentes para la valoración, fuera superior el IPC previsto al IPC
real, el pensionista en modo alguno tendrá que sufrir la más mínima
minoración de sus pensiones futuras.
Recomendación duodécima, reforzamiento del principio de solidaridad,
adoptando medidas singulares como elevar la edad máxima en pensiones
de orfandad o mejorar las pensiones de viudedad en caso de menores
ingresos. El tratamiento de las pensiones en favor de familiares,
viudedad, orfandad y a favor de los padres ha tenido, y tiene,
profundas raíces históricas en clases pasivas. Las pensiones de
viudedad, como pensiones de sustitución, son siempre el 50 por ciento
de la pensión que perciba o pudiera percibir el funcionario; las de
orfandad, con independencia de las de viudedad, alcanzan al huérfano
menor de 21 años o al mayor incapacitado; y desde la Ley de medidas
de 1999, en que se modificó el artículo 41 para armonizar nuestra
legislación con la propia de la Seguridad Social, perciben también
pensión de orfandad los menores de 23 años, siempre que sea orfandad
absoluta y sus ingresos sean menores al 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional. De igual forma, en el proyecto de
presupuesto para el 2000 están previstas dos medidas que contribuyen
a reforzar el principio de solidaridad: de un lado, el mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones, mediante el doble mecanismo
de abonar una cantidad adicional, con anterioridad al 30 de abril del
año 2000, y esta pensión adicional compensará de la pensión que ha
percibido y respecto a la que debiera percibir, como consecuencia de
la desviación que se produce entre el IPC noviembre1998-noviembre
1999, cantidad ésta que se consolidará, por cuanto también la
revalorización del 2 por ciento prevista para el año 2000 se aplicará
sobre la pensión al 31 de diciembre de 1998, revalorizada con el IPC
real noviembre 1998-noviembre 1999. La segunda medida hace referencia
a la revalorización de las pensiones no contributivas, las pensiones
del extinguido Sovi, como las de cuantía mínima en porcentajes que
oscilan entre el 4 y el 15 por ciento. Estas cuantías mínimas si bien
tienen pequeña incidencia en las pensiones de clases pasivas, sí lo
tienen en las más de 130.000 pensiones que se abonan en la dirección
general de costes de personal y que son las derivadas de la Guerra
Civil, cuyas cuantías se equiparan siempre a las mínimas de Seguridad
Social, por supuesto sin que haya que tener en consideración si
perciben o no otras pensiones o si perciben o no otras rentas, como
puede ocurrir y ocurre con carácter general en los complementos para
mínimos en el sistema de seguridad del sistema público español.
Mejora de la gestión. La recomendación decimotercera se refiere a las
prestaciones por incapacidad e invalidez, evitando el fraude y
reforzando con medios materiales y humanos el control de estas
situaciones. En clases pasivas no existe vacío entre la percepción en
activo y la percepción como pensionista, de tal forma que el
funcionario al instar su jubilación puede pedir anticipo y en el mes
siguiente a su dejación de prestación de activo percibe con
integridad su pensión, puesto que se conoce su salario regulador, se
conocen los años de servicio y normalmente este señalamiento
provisional coincidirá con el señalamiento definitivo posterior.
Por otra parte, los controles de las situaciones de incapacidad no
son competencia de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas que únicamente reconoce las pensiones, pero
después de haberse producido el acto o resolución administrativa
declarando al pensionista en situación de jubilado, retirado o por
incapacidad física.
Sistema complementario, recomendación decimocuarta, potenciar la
previsión social complementaria promocionándola y estableciendo
incentivos fiscales adecuados. Esto escapa a las competencias de la
Dirección General de Costes de Personal; no obstante, por supuesto,
compartimos plenamente la filosofía de la necesidad y conveniencia de
ir potenciando todos estos sistemas complementarios en todo el ámbito
del sector público.
La recomendación decimoquinta, análisis y seguimiento de la evolución
del sistema, es lo que se está haciendo en todos los trámites
parlamentarios y, en este caso concreto, ante esta Comisión no
permanente.
Para terminar, quiero significar que las pensiones de clases pasivas
a favor de los empleados públicos no son de hoy, datan del primer
tercio del siglo XIX, en el año 1831, fecha en que el Estado asume
las obligaciones que en aquellos momentos tenían los montepíos y las
mutualidades. Si bien su regulación definitiva no se produce hasta el
año 1926 con el estatuto, que es el primer cuerpo legal que empieza a
regular las pensiones públicas. A partir de esa fecha se ha ido
avanzando en la regulación, adaptándola a las necesidades sociales
hasta la legislación vigente a partir del 1 de enero de 1985. Desde
ese momento y desde la aprobación de la Ley de medidas para la
reforma de la Función pública del año 1984 se ha producido una
armonización y un andar al compás del régimen general de la Seguridad
Social, armonización que ha alcanzado en cuanto a topes máximos,
cuantías mínimas, períodos mínimos de carencia, porcentaje del cien
por cien de la pensión con treinta y cinco o más años de servicio,
incompatibilidades, etcétera. Sin embargo, se han mantenido siempre
las peculiaridades propias del sistema en cuanto que es un sistema de
un colectivo singular, que son los funcionarios públicos civiles y
militares, colectivos específicos, ex ministros, soldados de
reemplazo, objetores de conciencia, indemnizaciones o prestaciones a
los contagiados por el virus de inmunodeficiencia humana y la
dispersa y múltiple legislación derivada de la guerra civil. Son
prestaciones que acaso por su especificidad no se compadecen, en mi
opinión, con el sistema común de la Seguridad Social española. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Concluyo aquí mi intervención, señor presidente, y estoy a
disposición de los señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Mi grupo no ha pedido esta comparecencia pero
quiere agradecer la presencia del señor Blanco Sevilla.
Deduzco de su intervención cuál es su posicionamiento y tengo que
reconocerle que no me atrevo a decir que yo tenga claro cuál es la
cuestión, aunque fui ponente en aquella Ley de medidas de reforma de
la Función Pública de los años ochenta. Desde entonces hasta mucho
después siempre ha habido un tema de debate, que no es solo la
armonización entre el sistema de clases pasivas, mutualismo
y protección de la familia del personal que trabaja para las
administraciones públicas o para el Estado y los sistemas de
Seguridad Social.
Siempre ha habido dificultades para debatir -cuando se ha planteado
en algunos momentos- la unificación de los regímenes de clases
pasivas, mutualismo, etcétera, con el sistema de la Seguridad Social,
siempre ha habido problemas. Lo digo porque no es la primera vez que
se ha debatido esa posibilidad de la unificación en un régimen de la
Seguridad Social por cuenta ajena de todo lo que es el sistema. La
armonización que se ha venido produciendo en muchos de los aspectos
que acaba de señalar, evidentemente facilita esa posibilidad.
Realmente me gustaría conocer -creo que de lo que ha dicho hasta
ahora he deducido cuál es su posición, y usted es el responsable del
sistema de clases pasivas dentro de la Administración- cuáles son las
razones por las que usted cree que no debe o sí debe unificarse el
sistema de los funcionarios con el sistema de la Seguridad Social.
(El señor director general de Costes de Personal y Pensiones
Públicas, Blanco Sevilla: Bueno, yo creo...)
El señor PRESIDENTE: No, señor Blanco, contestará posteriormente.
El señor GIMENO MARÍN: Me parecería muy interesante que fuera así de
viva la pregunta-respuesta. (Rumores.) Yo sé que no sólo de ahora,
sino de siempre ha habido dificultades cuando se ha planteado este
tipo de cuestiones, pero no acabo de ver la dificultad, puesto que la
armonización ya empieza a ser bastante igual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Quiero dar también la bienvenida al director
general y agradecerle, en nombre de mi grupo, con nuestra valoración
claramente positiva, la información que nos ha dado.
Aunque el sistema de clases pasivas está vinculado a los presupuestos
generales del Estado y queda fuera del Pacto de Toledo, sí es verdad,
como en su intervención ha quedado muy claro, que se ha producido un
cierto impacto en las clases pasivas en la medida en que
solidariamente también se pretende la debida coordinación y
armonización entre los distintos regímenes.
Me gustaría resaltar muy brevemente el hecho de que se hayan
revalorizado las pensiones en estos últimos años en 1,67 por ciento,
por encima del IPC como nos ha dicho, en línea, por otro lado, con la
mejora del poder adquisitivo de las pensiones de la Seguridad Social
y además siguiendo criterios de solidaridad, así como esa ampliación
del límite de edad de la pensión de la orfandad, que era una
demanda social creemos que justa y que se ha llevado a cabo también
para todos. En definitiva, medidas solidarias que nuestro grupo
siempre ha defendido como objetivo fundamental en la cobertura social
del país.
Nuestro interés se centraba en conocer en qué medida la repercusión
de las recomendaciones del Pacto de Toledo, había incidido en las
prestaciones de clases pasivas. Hoy hemos podido conocer más datos
que nos servirán de base para que en el futuro, cuando conozcamos la
situación actual y real de las medidas del Pacto de Toledo, podamos
establecer actuaciones para un futuro de mejor cobertura y de mayor
bienestar para todos los ciudadanos de España.
A mi grupo le gustaría, si fuera posible, que nos explicase cuáles
son las medidas y el alcance de las mismas que desde el Gobierno se
han tomado en línea regular sobre lo que conocemos era una demanda
también de todos los funcionarios en cuanto a la actualización
individualizada de las pensiones del régimen de clases pasivas del
Estado, y que también es una demanda de los antiguos pensionistas, en
la línea de ese objetivo para nosotros tan importante de solidaridad
que he mencionado y que es de gran interés y relevancia social.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios tiene
la palabra el señor director general de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COSTES DE PERSONALYPENSIONES PÚBLICAS
(Blanco Sevilla): El señor Gimeno ha preguntado por mi posición sobre
la integración. No me he posicionado, si lo ha entendido así; he
dicho cuál es la realidad y la situación actual. Efectivamente, se
están dando pasos para una integración futura. Todo lo que es
armonización significa que vamos camino adelante para la unificación
o integración de los sistemas. Diría que, en principio, la gran
dificultad estribaría en su aceptación por parte del colectivo a que
afecta. Si lo sometiéramos a referéndum, no sé si habría un no
absoluto respecto a la integración, y no porque sea mejor o peor este
sistema sino porque tiene diferencias con respecto al sistema de la
Seguridad Social. En el Sistema de Seguridad Social hay cosas
mejores. Por ejemplo, un funcionario se jubila a los 15 años de
carencia y tiene el 26,92 por ciento de pensión sobre su regulador;
un empleado sujeto al régimen general de la Seguridad Social con 15
años de prestación de servicios efectivos percibe el 60 por ciento de
la pensión. También a favor del funcionario, con la jubilación a los
60 años y 30 años de servicio, percibe el 81,73 por ciento de su
regulador; sin embargo, el de Seguridad Social, como saben, tiene una
detracción del 8 por ciento por cada año de servicio que le falte
hasta cumplir los 65 años. En Seguridad Social, el funcionario que
está en el grupo de clasificación D puede percibir la máxima pensión,
sin embargo, el funcionario que está en régimen de clases pasivas,
como su cotización está sujeta a su salario regulador, nunca llegará
a la máxima pensión. Quiero decir con esto que todo tiene sus pros y
sus contras. En un principio, intenté ir a una integración del
mutualismo administrativo -Muface, Mujeju e Isfass-, pero no pude
conseguirlo. Son colectivos muy singulares, con prestaciones
diferentes, mejores en unas cosas o en otras, los militares
con una sanidad muy peculiar, etcétera. Pero sí se ha producido un
avance, porque en la Ley de racionalización de la Seguridad Social ya
se dice que se armonicen los recursos económicos del mutualismo
administrativo en orden también a la Ley de la Seguridad Social. Es
decir, se están dando pasos. Yo no me posiciono ni a favor ni en
contra; pienso que posiblemente debamos ir hacia ahí. Pero esto sí
que tiene que ser objeto de un amplio debate, muy meditado, con un
análisis profundo de las situaciones de unos y otros, para converger.
Piense, señor diputado, que en la Administración tenemos el problema
de funcionarios que por la Administración a la que se vincularon
tienen distinto régimen. Aquí se marcha un funcionario por
incapacidad total absoluta en Seguridad Social y por supuesto se le
expulsa, entre comillas, de la Función pública, igual que el de
clases pasivas, y, sin embargo, las prestaciones que va a recibir son
distintas. Esto no es algo que por supuesto nos satisfaga y pienso
que se debe irse a una integración, si no del sistema, sí dentro del
sistema especial de clases pasivas.
En cuanto a la intervención de la señora Sáinz, es cierto que las
pensiones de clases pasivas, igual que las del régimen general, se
han ido revalorizando por encima de las retribuciones en activo. Es
cierto que ha habido una demanda constante para una actualización
individualizada de pensiones. Para explicar esto tengo que hacer
referencia a los dos grandes bloques, el bloque de los pensionistas
con legislación a partir del 1 de enero de 1985 y los pensionistas de
las otras legislaciones. El referente y el principio informador es
que la legislación por la que se jubila el pensionista le acompaña
durante toda su vida. Eso empieza en el estatuto de 1924 y la base
reguladora es el sueldo; ese sueldo permanece estable durante cierto
tiempo, pero llega un momento en que se han ido modificando, de tal
forma que el jubilado de 1928 tenía una pensión distinta a la del
jubilado de 1942. Esto lo afronta en principio la Ley 82, de 1961,
que empieza con la actualización, actualizando individualizadamente
todos los expedientes hasta el año 1966, porque es en 1965 cuando ya
se produce la gran modificación en la base reguladora, cuando
aparecen los coeficientes que se aplican a una cantidad determinada
para fijar el sueldo de cada grupo de clasificación. En la base se
integran los sueldos, calculados por estos coeficientes, los trienios
y las pagas extraordinarias; de ahí que ya surja una gran diferencia
entre un pensionista previo a esta legislación y un pensionista
posterior. En el año 1966, el Texto Refundido de clases pasivas
establece la actualización, pero no una actualización individualizada
-muy compleja por el número de expedientes que había que examinar-
sino una actualización en función de módulos medios de aumento. Estos
módulos medios tomaban como referencia 10 trienios, de ahí que
resultaban perjudicados aquellos que tenían más de 10 trienios y
resultaban beneficiados aquellos que tenían menos de 10 trienios. La
gran transformación de las bases reguladoras surge en el año 1977,
cuando aparece otro concepto para calcular la base reguladora, que es
el grado, de ahí que, a partir del año 1981, las leyes de
presupuestos empiecen a señalar la necesidad de ir a una
actualización, pero no la imponen y se sigue con los módulosmedios de
aumento. Pero llega la Ley de 1983 que,
imperativamente, dice que hay que actualizar individualizadamente y,
hasta tanto en cuanto se actualice, las retribuciones del personal
pasivo suben un 8 por ciento, si bien esta actualización
individualizada no se ha llevado a cabo hasta el año 1998. Ha sido el
Gobierno del PP el que, en la Ley de presupuestos del año 1998,
introduce el artículo 44, que ordena su actualización. Esto significó
la revisión de más de 170.000 expedientes por cuanto no afectaba a
todos los pensionistas ya que, en la medida en que las pensiones se
iban transmitiendo, lógicamente, al heredero de esa pensión se le
aplicaba la actualización individualizada de su expediente, por eso
la revisión ha sido de ciento setenta y tantos mil expedientes y han
mejorado 62.000 pensionistas. El costo de esta actualización entre
los pensionistas de clases pasivas (funcionarios civiles y militares)
ha sido de unos 10.000 millones de pesetas, con una mejora media de
10.000 pesetas mensuales por pensionista. De esta forma, se ha
contribuido a acercar bastante al pensionista de legislación antigua
con el pensionista de la legislación nueva, que es también una
petición constante que tenemos para la igualación de pensiones. Sin
embargo, las pensiones nunca son a la carta y la retroactividad nos
pondría en situaciones muy difíciles por cuanto así como la
actualización individualizada únicamente ha servido para mejorar
pensiones y en modo alguno, porque también lo establecía el artículo
44 de la Ley de presupuestos, ha significado una detracción de aquel
pensionista que estuviera por encima de las bases reguladoras,
únicamente han sido a las pensiones que estaban por debajo de las
bases reguladoras las que se han actualizado; bases reguladoras que,
lógicamente, son las establecidas en la Ley de presupuestos del año
1998 para las pensiones anteriores al 1 de enero de 1985.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Con esta intervención damos por concluida la comparecencia de don
José Luis Blanco Sevilla, director general de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.
Suspendemos la sesión para dar paso inmediatamente a la siguiente
compareciente.
- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (DE VICENTE MERINO). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTAIRO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/
002367), DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) (Número de
expediente 212/002340.) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN
CANARIA (Número de expediente 212/002334.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.
Como figura en el orden del día, la tercera comparecencia, a petición
de los grupos Popular, Vasco del PNV y Coalición Canaria, es la
directora general de Planificación y Ordenación Económica de la
Seguridad Social.
Para fijar los términos de dicha comparecencia, tiene la palabra doña
Ana de Vicente Merino.
LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIóN ECONÓMICA
DE LASEGURIDAD SOCIAL (De Vicente Merino):
Buenos días. Teniendo en cuenta que es una comparecencia ante la
Comisión no permanente para el desarrollo del Pacto de Toledo, me voy
a centrar en la estructura y situación actual, que se ha consolidado
a través de él, del sistema de pensiones. ¿Por qué me voy a centrar
en el sistema de pensiones? Porque parece el núcleo duro del sistema
de protección social, teniendo en cuenta que, en el presupuesto de la
Seguridad Social, representa el 60 por ciento, que respecto del total
de las administraciones públicas el conjunto del sistema de pensiones
en España representa el 28,3 por ciento del presupuesto total y que,
en relación con el producto interior bruto, se sitúa alrededor del 10
por ciento.
Teniendo en cuenta la importancia de esta magnitud, lo primero que
vamos a ver es cuál es el entorno demográfico en el que se
desenvuelve el sistema de pensiones, cómo influye la evolución de la
población española en la cuantificación de estos créditos para que el
sistema sea completamente solvente, qué ha pasado en estos últimos
cuatro años y, por fin, haremos un análisis del gasto de pensiones en
el momento actual, así como una comparación de las proyecciones que
se hicieron en su momento. ¿Por qué? Porque sería el punto de partida
de contraste de las distintas hipótesis que se han utilizado para las
proyecciones futuras, para dar contenido a la recomendación
decimoquinta del mismo Pacto, que dice que se seguira una evolución
del sistema de Seguridad Social.
En primer lugar, podríamos decir que los distintos sistemas de
Seguridad Social tienen unos problemas. comunes, entre ellos, el
envejecimiento de la población, el periodo de maduración de los
sistemas de Seguridad Social, así como la situación del mercado de
trabajo. En esta línea, nos vamos a centrar exclusivamente en el
efecto del envejecimiento de la población en el sistema de pensiones.
Vamos a partir de unas proyecciones que ha realizado el Instituto
Nacional de Estadística hasta el año 2050. ¿Por qué utilizamos
proyecciones hasta el año 2050? Porque los fenómenos de Seguridad
Social son cambiantes, muy dináinicos, donde en un momento
determinado no se pueden intuir los problemas que puedan aparecer,
pero sí debería ser posible preverlos a largo plazo. ¿Para qué? Para
tomar las oportunas medidas. ¿Por qué? Porque su impacto no se ve de
una forma rápida y urgente, sino a lo largo del tiempo. Las
proyecciones que aparecen en pantalla se han realizado en base a unas
hipótesis de fecundidad, pues estamos a cincuenta años, que son las
siguientes. En este momento, la tasa de fecundidad es de 1,16 hijos
por mujer en edad de tener hijos, frente al 2,1 que supondría la
recuperación generacional. ¿Qué pasa? Que las hipótesis de partida se
han realizado con un crecimiento de tal forma que, en el año 2020, se
situarían ya en el 1,70. Después, se han hecho unas hipótesis de
inmigración de 35.000 personas según, las cifras del cupo actual, y
unas tasas de mortalidad por edades que han sido adaptadas según las
distintas probabilidades de los últimos anos. ¿En qué se traducen
estos fenómenos? En que, para el año 2050, el segmento de población
de mayores de 65 años pasa del 17,1 actual al 32,5. Hago hincapié en
este segmento
de población porque está representando precisamente el envejecimiento
de la población. Efectivamente; mientras que el segmento de 20 a 64
está más estabilizado, este segmento de los mayores de 65 años sí
tiene importancia. Todavía tiene mayor importancia si comparamos la
población mayor de 80 años. Es decir, a pesar de ese envejecimiento,
todavía es mayor el que se verifica a partir de los 60 años. Digo
esto porque es un segmento de la población que tendrá una serie de
necesidades, como pueden ser los servicios sociales, de cara al
diseño de un futuro de protección social. El crecimiento de la
población de mayores de 80 años es muy superior al segmento entre 65
y 80. Incluso, entre los años 2040 a 2050, los mayores de 65 hasta 80
decrecerán un 0,09, mientras que la población mayor de 80 crecerá un
1,61. Si comparamos las dos pirámides de población, las de los años
2000 y 2050, el azul oscuro representa la proyección del año 2050,
donde la proporción de los mayores de 65 años se amplía.
Un tema al que después haré referencia porque tiene importancia de
cara a las proyecciones, es el de las migraciones, pero de momento no
vamos a insistir en él. Sin embargo, sí está relacionado con el
envejecimiento y la esperanza de vida. ¿Qué va a pasar en estos
cincuenta años en términos probables? Puede haber dos ratios de
comparación. la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a
partir de los 65 años, de cara a fijar la duración de las pensiones
hasta el momento del fallecimiento. En el año 1990, mientras la
esperanza de vida al nacer para los varones es de 73,4 años, para las
mujeres es de 80,4. En la Unión Europea están por debajo: el 72,8 y
el 79,4. Es verdad que hay determinados países -todos los de la zona
mediterránea- que tienen, en algunos casos, una esperanza de vida
superior a la nuestra, pero nosotros estamos en la franja más alta.
SÍn embargo, si analizamos la esperanza de vida a partir de los 65
años, tenemos que, hasta el año 2025, la esperanza de vida de los
varones va a crecer 3,9 años en promedio, y 7,09 para las mujeres.
Esto tiene importancia porque, al crecer efectivamente la esperanza
de vida de las MuJeres, también hay que tenerlo en cuenta de cara a
las prestaciones que pueden ser solicitadas por la sociedad para este
colectivo, sobre todo las que denominamos de muerte y supervivencia.
Finalmente, desde el punto de vista demográfico, haría una pequena
referencia a los tres ratios que normalmente sirven de comparación a
estos efectos, que son la relación entre distintos grupos de la
población, lo que llamamos tasa de dependencia económica, que viene
definida por el cociente entre la población de 0 a 19 años de
población y de 65 y más respecto de la población de 20 a 64; la tasa
de envejecimiento de la población, definida como el cociente entre la
población mayor o igual de 80 años y la de 65 y más; y la tasa de
envejecimento de activos, definida como el cociente entre la
población de 45 a 64 y 20 a 64. Aquí se ve que la tasa de dependencia
económica, que es donde está precisamente el potencial de activos que
están financiando a las personas que disfnitan la protección social,
decrece a 0,72 a 1,03. El problema que puede plantearse en el futuro
es evidente. Es verdad que es a 50 años, que habrá épocas y años
intermedios en el periodo donde esta relación puede dar un pequeño
cambio, puesto que no hemos de olvidar que la cuestión demográfica
está marcada por
dos fenómenos, el baby boom de los años sesenta y la generación de la
guerra civil, temas sobradamente conocidos por todos. Cuando hablamos
del envejecimiento de los activos, al relacionar la población activa
en edades de 45 a 64 ó de 20 a 64, es creciente con el tiempo,
problema que tampoco debemos de olvidar en el futuro.
Con esto, nos hemos situado en el escenario demográfico en el que se
ha de mover el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Si
queremos analizai-cómo se ha consolidado y en qué situación está este
sistema, no voy a hacer una referencia exhaustiva a las normas que
han aparecido, pero sí voy a mencionar las reformas o modificaciones
que han influido en estos últimos años. La mayoría de ellas, o casi
todas, se derivan efectivamente del Pacto de Toledo y de las normas
que lo desarrollan, básicamente la Ley 24/1997, de 15 de jullo, y las
sucesivas leyes de acompanamiento, así como las distintas normas,
resoluciones y circulares que han ido apareciendo. Solamente voy a
hacer mención de aquellas que tienen su incidencia en el sistema de
pensiones, así como en su financiación.
En primer lugar, tenemos la separación y clarificación de las fuentes
de financiación. Parece que el proceso ha culminado, excepto en lo
referente a los complementos a mínimos, en lo que no voy a hacer
hincapié, ya que ustedes lo conocen de sobra y ha sido comentado en
otras intervenciones. Simplemente voy a decir que en el año 2000
aparecen 214.000 millones para consolidar este proceso, puesto que
los remates que quedaban de servicios sociales y de protección a la
familia han sido financiados por aportaciones del Estado.
En segundo lugar, tenemos la constitución de reservas. Cuando
hablamos de la constitución de reservas, hay varios temas que
deberían ser objeto de atención: En primer lugar, qué habría de
entenderse por excedentes de cotizaciones. En segundo lugar, cuándo
nace la obligación de constituir las reservas y, en tercer lugar, los
procedimientos instrumentales. Respecto de las cotizaciones, tal como
aparece en el presupuesto del año 2000, se han realizado como
excedentes los de las prestaciones contributivas, que aparecen ya con
una dotación de 60.000 millones para constituir el teórico fondo de
reserva. Esto se ha de hacer siempre en términos liquidativos
presupuestarios, y como tal figura en el artículo 8, activos
financieros, concepto 880, donde aparecen los 60.000 millones.
Insistoen que esto está a resultas de la liquidación presupuestaria
que en su momento tenga lugar.
En cuanto a las normas que pueden condicionar el sistema y que han
concluido en estos años, han sido las siguientes: la mejora de las
bases de cotización. Como sabemos todos ya llevamos varios años
realizando el destope de las bases de cotización para equiparar
salarios reales y salarios de cotización con un único tope máximo;
proceso que culminará en el año 2002. Después tenemos la evolución de
las cotizaciones. La Ley 50/1998, que reguló el programa de fomento
del empleo estable, ya prevé medidas que beneficien a los jóvenes
menores de 30 años, a los desempleados inscritos ininterrumpidamente
durante doce o más meses y a los desempleados mayores de 45 años. En
este sentido, las bonificaciones que están cuantificadas en este
momento son alrededor de 300.000 millones para los presupuestos del
año 2000, que actúan
como elemento dinamizador del empleo. También tenemos normas que han
incidido basadas en la recomendación novena, sobre la equidad y el
carácter contributivo del sistema, cuales son -y sólo voy a enunciar
las que puedan ser más importantes- las que se refieren al cambio de
la base reguladora de la pensión de jubilación o a los porcentajes.
De la misma forma, tenemos todas las normas que han aparecido sobre
el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el
reforzamiento de los principios de solidaridad, referente a las
pensiones mínimas de viudedad y a la extensión de la edad para
percibir la pensión de orfandad. Todo esto ha hecho que el volumen de
pensiones se haya situado en unos niveles están más o menos
estabilizados y, de momento, controladas todas las variables.
Las pensiones han sido el elemento más dinamizador del sistema,
puesto que mientras que desde los últimos veinte años, en términos
reales, los gastos de la Seguridad Social han crecido un 5,03 -11 en
términos monetarios-, las pensiones han crecido un 5,7 -11,9 en
términos monetarios-. De ahí la importancia que tiene el tener
controlado este gasto que, como he dicho anteriormente, supone
alrededor del 60 por ciento de la población.
Tendría que empezar a hacer un desarrollo de los factores que inciden
en la cuantificación del gasto de pensiones. Hay factores
demográficos y factores económicos. No voy a hacer hincapié en la
repercusión que han tenido en el crédito de pensiones o en la
situación del gasto todas las medidas del Pacto de Toledo, puesto que
hay un documento que se ha entregado, simplemente vamos a ir a los
resultados. El análisis de los resultados se realiza rápidamente
haciendo hincapié, por un lado, en el factor demográfico y, por otro,
en el factor económico. Desde el punto de vista demográfico, vemos
que el crecimiento del número de pensiones se está desacelerando,
desde un 5 por ciento hace 20 años, hasta un 1,26 ó 1,24 en estos
próximos años. ¿Por qué? Porque la incapacidad permanente ha bajado,
con la dificultad que ello pueda suponer. El haber considerado
estadísticamente a los incapacitados mayores de 65 años como
jubilados ha roto históricamente la trayectoria. Siempre que se
tienen que hacer estudios el análisis de las series históricas
implica dificultades, pero eso no es óbice para que se puedan hacer
las previsiones correspondientes. El crecimiento de la población
pensionista está estabilizado con tasas del 1,24 por ciento, frente
al 5 por ciento que existía anteriormente. ¿Ello a qué es debido?
Primero, las jubilaciones anticipadas están decreciendo, en términos
relativos. Mientras que en el año 1994 representaban el 73,79 por
ciento, en el año 1999 representan el 55,5 por ciento, efecto que es
muy importante para la consolidación del sistema, porque supone que
estas jubilaciones van a percibir la pensión durante más años y van a
realizar menos cotizaciones.
Como he dicho anteriormente, uno de los problemas de los sistemas de
protección social es el de la maduración de los sistemas, es decir
que tienen derechos consolidados máximos, lo que se traduce en que el
número de años que está la gente cotizando para percibir la pensión
va creciendo. Así tenemos que en el régimen general, de las nuevas
entradas que está habiendo últimamente, sólo el 1 por ciento está con
15 años y el 71 por ciento está con el período
máximo de cotización, que son los 35. Sin embargo, esta cuantía
es muy desigual en los distintos regímenes. Por ejemplo, en los
agrarios están alrededor del 11 ó 12 por ciento, mientras que en
autónomos los que se jubilan con el máximo de años de cotización, 35,
sólo es el 22 por ciento. Pero son cifras que han cambiado, gracias a
Dios, porque si hacemos este análisis, en vez de con los nuevos que
van entrando, con los que ya están, el stock que tenemos de
pensionistas era, para el régimen de autónomos, que era el más
representativo respecto de estas cifras, que con quince años entraba
el 36 por ciento y con 35 sólo el 8 por ciento.
Respecto de la invalidez, efectivamente se está controlando la tasa
de crecimiento, puesto que ha decrecido desde un 11 por ciento hace
20 años a un 5,53 en este momento, cifra que es inferior incluso a la
del año 1997, que estaba situada en el 6,78. ¿Qué hace todo esto?
Hace que ese tema tan llevado y traído de la relación demográfica
entre cotizantes y pensionistas haya mejorado y esté situada en el
2,12 por ciento en los momentos actuales. Sí que es verdad que
estamos en la parte alta del ciclo económico, en la que el
crecimiento del empleo y el número de afiliados son considerables.
Respecto de las pensiones de supervivencia, tienen un comportamiento
normal, porque ahí hay o no hay fallecimiento, son fenómenos
perfectamente controlados y no tienen mayor importancia. Lo que sí
habría que recalcar en esta estabilidad del gasto es que la relación
entre la pensión media de las altas y de las bajas está situada en
este momento en el 25 ó 26 por ciento. Todavía existe esa disparidad.
¿Qué ocurre con estas cifras? Pues bien, este sería el embrión, el
punto de partida para realizar esas proyecciones para 20, 30 o 50
años. Normalmente, en la Dirección General se realizan estudios a
corto plazo, a un año, que se reflejan en los presupuestos de cada
ejercicio; estudios cuatrienales, cada cuatro años, que se revisan
cada vez que se realiza un presupuesto nuevo; y proyecciones a largo
plazo, a partir de 20, 30 o, si somos capaces, en algunos casos,
hasta 50 años. Algunos de ustedes dirán: Bueno, lo de 50 años puede
ser de ciencia-ficción. Efectivamente, son fenómenos cuya tendencia
se va detectando y, aunque en un momento puntual pueda haber
determinadas desviaciones, consiguen detectar los problemas que
pueden plantearse.
El punto de partida para hacer estas proyecciones es el presupuesto
del año 2000. No vamos a repasar -puesto que todos ustedes tienen
suficiente conocimiento- las claves del presupuesto del año 2000, que
han sido: la inclusión del acuerdo sobre revalorización de pensiones
mínimas en el sistema de Seguridad Social; el avance en la separación
de fuentes financieras; la aparición de los excedentes; la política
de racionalización de gastos y la aproximación a los criterios del
Sistema Europeo de Cuentas, que precisamente nos ha permitido
realizar un acercamiento entre los criterios caja y devengos de la
financiación del sistema de Seguridad Social.
Yo me preguntaría ahora: ¿Qué ha pasado con aquellas proyecciones que
se hicieron hace unos años? Porque, lógicamente, la bondad de esas
proyecciones me permiteconsiderar que la metodología que se utilizó
en su momento
puede ser consistente y válida para hacer unas nuevas proyecciones.
Lo primero que tendríamos que hacer sería contrastar las hipótesis
que ha habido en un caso y en otro. Efectivamente, ha habido
determinadas hipótesis que, eliminando el efecto, nos pueden llevar a
la conclusión de si nos hemos acercado o separado de lo que podían
ser las previsiones. Las hipótesis de crecimiento del PIB fueron del
2,5, frente al 3,7 más o menos aparecido, pero ha habido una
compensación con inflación y el deflactor del PIB, con lo cual, en
términos monetarios, las cifras no han estado tan alejadas. Las
previsiones sobre el IPC eran del 3 por ciento, porque en aquel
entonces partíamos de tasas de inflación muy altas, con lo cual la
influencia es notable; sin embargo, ahora estamos en tasas del 2,24.
Después, entre las cifras más importantes, tenemos la de la población
cotizante, que nosotros decíamos que era el 0,87 para los próximos 15
ó 20 años. Todo eso unido a las variaciones que ha habido en los
conceptos puramente de Seguridad Social, como son la evolución de las
bases mínimas, y las bases máximas, la base de cotización, nos han
conducido a que los resultados hayan sido los siguientes: Desde el
punto de vista demográfico en el número de pensiones, para el año y
con cifras homogéneas 1999-2000, ha habido una diferencia de 7.122
pensiones exclusivamente, cifra que ha resultado más próxima a la
alternativa que se presentaba en la proyección a la que aludimos, que
era una rebaja de la tasa de siniestralidad por incapacidad
permanente.
En cuanto a la jubilación, no hay muchas diferencias. Es verdad que
han bajado las jubilaciones anticipadas respecto de las normales
¿Cuál es el efecto económico de todo esto? Que hay una diferencia de
300.000 millones, pero si deflactamos la diferencia de inflación que
acumulativamente para el año 2000 sería de tres puntos, con lo cual
el equivalente sería una detección de 220.000 millones más 50.000 que
saben ustedes que es lo que ha supuesto el acuerdo de las pensiones
mínimas con los interlocutores sociales, el error que se ha cometido
es de menos 0,6, cifra que, desde mi humilde punto de vista técnico,
puede ser admitida en términos estadísticos. ¿Qué ha ocurrido con las
cotizaciones? Habría que hacer la eliminación de los conceptos que no
fueron considerados, como puede ser el destope, que en aquellos
momentos no estaba previsto. Ha habido un cambio conceptualmente de
las bonificaciones. Aunque es distinto, a efectos de Seguridad Social
es neutro puesto que eso lo abona el Inem al sistema de Seguridad
Social. Sin embargo, ha habido una coincidencia, por la proximidad
que esto representa, de los contratos de aprendizaje y formación. En
conjunto, la proyección era de 174.000 y para el presupuesto del
2000, ya con un año de diferencia, estarían en 150.000. El criterio
más importante a la hora de hacer este análisis es el distinto
concepto: aquello estaba en términos de caja convencional y las
cuentas de la Seguridad Social en este momento se presentan en
términos de devengo. Como decía el ministro en la comparecencia del
primer día cuando hacemos proyecciones de los pensionistas parece que
son fenómenos demográficos que están más estudiados, basados en
probabilidades de transición, la probabilidad de que un individuo se
muera, que cambie de Estado, que se invalide, etcétera. Sin embargo,
cuando se
hacen previsiones de la financiación del sistema de la Seguridad
Social el tema más espinoso es el del empleo. Eso es lo que ha
pasado, que aquí aparecen mayores desviaciones. Lógicamente, como ha
habido desviaciones en el empleo y en los aspectos monetarios
derivados de la inflación, ha habido una compensación, de tal forma
que, a nivel global, hay la coincidencia de que homogeneizando en
términos de caja estaría en 16.000 millones de pesetas, aunque
lógicamente si se presenta en términos monetarios el diferencial es
mayor porque estos conceptos no figuraban en ese momento. ¿Qué
ocurre? Que el conjunto de las variables que influyen en la
financiación, según el estudio del crecimiento era del 6,26 para el
año 2000 y el real es el 7,13, cifras que nos permiten verificar la
metodología o sistema de aplicación, porque a veces en estas cosas,
sobre todo cuando es a tan largo plazo, tienen una considerable
influencia. ¿En qué situación se está ahora? Se están repitiendo los
estudios, porque nos ha llevado mucho tiempo contrastar todas estas
hipótesis a efectos de verificar la bondad de todo lo que se había
hecho ¿Qué sucede? Se partió de la proyección de la población
española, a la que hemos hecho referencia anteriormente, desde una
hipótesis creciente de mortalidad por edades y de la tasa de
fecundidad y, sobre todo, el cupo de los 35.000 emigrantes nos
llevaba a que hacia el año 2030 el paro fuera negativo, es decir, no
habría suficiente población para los puestos a ocupar. Coordinando
estos datos con las hipótesis macroeconómicas del modelo que se había
presentado conjuntamente, puesto que se está estudiando con Economía
y Hacienda, basado en el crecimiento de la renta per cápita, con un
crecimiento del 2,5 en el año 2030, el paro era negativo. Se habló
con el Instituto de Estadística sobre la posiblidad de unas nuevas
previsiones, basándolas principalmente en los cambios en la
inmigración, fenómeno que empieza a tener considerable importancia,
sobre todo de cara a estas previsiones por las siguientes razones. La
hipótesis de partida ha sido la de un crecimiento de la inmigración,
y, en vez de los 35.000 actuales, se subió hasta 47.500 en estos
próximos años y a 105.000, en el año 2020.
Habría que cuestionarse ciertos aspectos de estas proyecciones.
Existen discusiones teóricas respecto a cuál es el efecto de la
protección social de los emigrantes, si consumen más o menos
protección social que los residentes. Hay dos teorías: una, que se
incrementan los gastos de protección social y, otra, que no. El
argumento es que depende de la protección social que tengan los
países: no es lo mismo en Europa que en Estados Unidos. El debate es
muy diferente. Según el censo de Alemania de 1989, se llega a la
conclusión de que los impuestos pagados por los emigrantes más
recientes no son sistemáticamente más elevados que los servicios de
protección social obtenidos. Aquí hay una teoría que dice que
consumen más protección social en los primeros años de llegar a un
país o, posteriormente, a medida que se van integrando en la
población. Hay otras teorías que dicen que no, puesto que la gente
que emigra son jóvenes con buena salud y consumen menos protección
social. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema a considerar en las
proyecciones. Analizados estos datos tenemos que el 76 por ciento de
los emigrantes que están catalogados como tal, no están en España más
de diez años; el 40,8 por ciento están de cero a cinco años y entre
cinco y diez años, el 35,2. Dato es muy importante y a tener en
cuenta. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Con estas nuevas
proyecciones nos encontramos con que la población, para el año 2050,
pasaría de 33 millones a 38. Es importante ver que existe un cambio
en la estructura de la población. Existe un menor envejecimiento de
la población, puesto que el segmento de las personas mayores de 65
años, en vez de pesar el 32,5 por ciento, pesarían el 31,0. A su vez,
habría un rejuvenecimiento en la masa de población activa que podría
ser el potencial cotizante, porque sería el tramo de 20 a 64 años,
que pasaría del 49 al 52 por ciento. Estos serían los resultados de
tener en cuenta todas esas hipótesis que lógicamente son objeto de
estudio. Estoy hablando de las dos hipótesis extremas, pero por el
intermedio habría otras donde cambiaría incluso la fecundidad o la
tasa de mortalidad. Esa sería la situación de partida en los dos
extremos.
Para finalizar, querría decir que en estos estudios los cambios que
se están realizando en las hipótesis de partida nos llevan a que
sería necesario el escenario macroeconómico ¿En qué escenario
macroeconómico nos vamos a mover? Como he dicho anteriormente, se va
a basar en la población y en el crecimiento per cápita en España. Si
vemos el crecimiento per cápita es importante saber en qué nivel de
población vamos a trabajar, en una hipótesis u otra. Las hipótesis de
partida que se han utilizado son que el crecimiento per cápita sea,
en promedio -estoy hablando en términos de promedio para no ser
demasiado pesada-, del 2,23; que la productividad, que sería otro
elemento a tener en cuenta en este modelo que va a traducir todas las
variables macroeconómicas, sería del 2,05 por ciento; y que la
población ocupada hasta el año 2050 -¡ojo!, aviso-, sería del 0,13,
aunque es verdad que con crecimientos mayores o menores, en algunos
momentos habrá decrecimientos, pero, a cómputo de los 50 años, sería
del 0,13. La tasa de actividad sería el 63 y el 78 por ciento, puesto
que aquí lo que se hace son tendencias para homogeneizar con los
sistemas europeos. Lo mismo que cuando se dicen las hipótesis sobre
la renta per cápita, se basa un poco en los valores históricos y en
un acercamiento gradual en niveles de calidad de vida de los
españoles ¿Qué ocurre? Que según tengamos una población mayor o
menor, el nivel de vida que está cuantificado por edades tendría que
ser diferente y con una tasa de inflación del 2 por ciento de
promedio para los 50 años. Todo esto lleva una laboriosidad y un
tratamiento para hacer los estudios de cómo serían las proyecciones
del sistema de Seguridad Social en los próximos años.
Por mi parte, nada más. Me he pasado un poco del tiempo fijado, señor
presidente, pero estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ CHAMOSA: Señora directora general, mi grupo no había
pedido esta comparecencia pero le agradecemos su exposición, que
considero que ha sido muy interesante porque nos hemos salido un poco
de hablar del pasado y hemos hablado un poco del presente y
del futuro, cosa que mi grupo agradece enormemente porque es una de
las reivindicaciones que estamos haciendo en esta Comisión.
Usted nos ha hablado de proyecciones, y creo que ha puesto el dedo en
la llaga sobre la evolución de los nacimientos, me refiero a los
servicios sociales. Tenemos la natalidad más baja de Europa, y Suecia
junto con Holanda la más alta, y no es por casualidad, sino por dos
factores fundamentalmente: la doble jornada que sufrimos las mujeres
y, luego, la necesidad que tenemos de atender no sólo a los niños
sino a las personas mayores. Si consiguiéramos que la sociedad, y
conjuntamente con la sociedad el Estado, se hicieran cargo de
fórmulas para atender a los niños y a los mayores, no tengo ninguna
duda de que la natalidad crecería, y en el año 2050 no hablaríamos de
estas tasas de personas mayores del 34 por ciento sino que estaríamos
hablando de tasas de mayores mucho más bajas. Entonces, creo que
tendríamos que empezar a hablar de servicios sociales, pasar de la
seguridad a los servicios sociales y hacer unos servicios sociales
que sirvan para que las mujeres nos podamos integrar en el mundo
laboral sin tener que sufrir esa doble jornada y en igualdad de
condiciones con el hombre.
Para no hacer muy larga mi intervención, voy a hacer tres preguntas,
acerca de las cuales nos interesaría mucho conocer su opinión. En
primer lugar, como usted ha hablado de las previsiones que se han
hecho, tal y como han ido, nos gustaría saber qué previsiones se han
acercado más a la realidad, las que ha hecho la Fedea?? y otras
entidades financieras o las hechas por los ministerios, en este caso
de Trabajo y Seguridad Social. Segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene
usted sobre si se pueden cancelar los préstamos del Estado a la
Seguridad Social que, según parece, estamos en tres billones de
pesetas? En su opinión, ¿es posible esa cancelación? En relación con
la tercera pregunta, esta mañana hacía mención mi compañero a la Ley
de 1985, que hace la primera reforma de la Seguridad Social, y me
gustaría saber si desde su punto de vista la reforma de 1985 ha
tenido incidencia positiva en la consolidación del sistema de la
Seguridad Social, es decir, si ha contribuido a que la bonanza que
hoy tiene la Seguridad Social fuera a partir de la Ley de 1985, que
puso los primeros pilares. (El señor Griñán Martínez: Eso es hablar
del pasado)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Por mi parte, también agradecer a la
compareciente la prolijidad de datos, que no sé si somos capaces de
asimilar. Yo me confieso absolutamente incapaz de asimilar tantos
datos y tan interesantes en tan poco tiempo, pero en cualquier caso,
sobre la marcha, alguna duda me suscita su exposición.
En primer lugar, si a la hora de hacer la proyección respecto a lo
que es la evolución en los términos de esperanza de vida, etcétera,
que pueden influir enormemente en lo que van a ser los gastos de
futuro de la Seguridad Social, se tienen en cuenta incrementos del
bienestar social que se genere a lo largo de estos años, porque estoy
de acuerdo con quien me ha precedido en el uso de la palabra en que
puede ser una variable muy importante el que pueda condicionar
el índice de natalidad el incremento no sólo de servicios sociales
sino incluso de la seguridad que genera todo el sistema en sí mismo,
la cuantía de las pensiones, etcétera y la estabilidad en el empleo
puede generar desde mi punto de vista una seguridad ambiente que
propicie un incremento de natalidad y un sostenimiento de esa
natalidad, así como también ha propiciado ese decrecimiento de la
natalidad no sólo cuestiones de tipo ideológico sino que ha habido un
cambio en el mercado de trabajo y en el bienestar español, que si por
un lado se ha incrementado de alguna forma, por otro lado qué duda
cabe que estamos ante una eventualidad mucho mayor, ante una
precariedad mucho mayor y por tanto ante una inseguridad de vida
también muy importante. No sé si comparte usted mi punto de vista,
pero en cualquier caso si este elemento se ha tenido o se tiene en
cuenta a la hora de realizar las proyecciones de esperanza de vida.
Respecto a la precariedad en el mercado de trabajo, cómo incide esto
en la asistencialización del sistema, si se tienen estudios sobre
esta cuestión, si la relación entre contributivas y no contributivas
van cambiando en función de los parámetros del mercado de trabajo que
ciertamente, aunque se hagan esfuerzos, no parece ser que propendan a
la estabilidad de la contratación sino más bien a que hay un número
muy importante de trabajadores, un tercio más de trabajadores en este
país que viven con una cierta inseguridad respecto a su puesto de
trabajo y por tanto respecto a las cotizaciones que van a ir
generando pensiones para el futuro. ¿Existe realmente un cálculo de
este tema o es una cifra que no varía demasiado?
Estas son las preguntas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Sáinz.
La señora SÁINZ GARCÍA: Quiero agradecer la presencia de la directora
general y la información que nos ha dado, que creemos va a ser de
gran interés para el trabajo de esta Comisión, si bien es verdad que
a mí me gustaría puntualizar, para que no pueda llevar a equívoco,
algunas informaciones que hemos oído de que por primera vez se había
hablado única y exclusivamente de futuro. Creo que en su intervención
se ha hablado muy acertadamente de la situación actual y se han hecho
referencias a prospecciones de futuro que en el fondo también son
necesarias, que no han dejado de estar presentes en las
intervenciones de los distintos comparecientes que hasta el momento
hemos escuchado en esta Comisión. De la misma manera que en ocasiones
también se nos ha dicho a nosotros que no deberíamos hacer ninguna
referencia al pasado, alguna portavoz ha utilizado, con todo derecho
por supuesto, esas referencias al pasado, que son inevitables para
hablar del presente y desde luego de un mejor futuro. Precisamente,
como su intervención nos ha permitido poder observar y entreleer una
serie de datos importantes actuales y de prospecciones de trabajos
para el futuro, yo desearía que si posible nos envíe por escrito esa
información y esos datos que pensamos que pueden ser de interés para
el trabajo de todos los grupos parlamentarios.
Por otro lado, de su intervención también se desprende algo que
consideramos importante y de interés: que por
parte del Gobierno se están realizando trabajos y estudios
constantes, que es en el fondo una de las recomendaciones que en el
marco de algunas de las reflexiones del Pacto de Toledo siempre se
han considerado importantes. Han servido de recordatorio, al menos
para todos los que estamos aquí presentes, esas reflexiones que ha
hecho relativas a los cambios demográficos que previsiblemente se
pueden producir en España, ya que ellos hacen necesario que exista
una adaptación continua de nuestro sistema de la Seguridad Social
para dar siempre respuesta a las nuevas realidades y a las nuevas
necesidades, cambiantes siempre, que se van a demandar.
Efectivamente, tenemos una perspectiva de evolución negativa del
número de nacimientos, que confío que con las medidas de ayuda y de
apoyo a la familia pueda irse paliando a lo largo de los años
sucesivos, que en parte se verá compensada -creo recordar que usted
lo decía- hasta el año 2010 por la disminución de la mortalidad, por
el menor peso de la población de 65 años y por ese saldo migratorio
positivo. Confiamos, por tanto, que todo ello ayudará a ese
equilibrio importante, justo y que deseamos todos.
De los análisis hechos creo que se desprende que, desde el punto de
vista de las pensiones, el sistema de Seguridad Social se verá
influido en los primeros años del siglo XXI por una menor demanda,
decía, de nuevas pensiones, lo que podía ayudar, junto con las
decisiones oportunas, a su fortalecimiento a largo plazo. Por tanto,
ahí tenemos una referencia importante que creo que puede sernos de
interés.
Querría hacer dos reflexiones, en todo caso con respuesta si lo
considera oportuno. En los datos de proyección creo haber oído que se
utilizaba la estimación del 0,87 como dato del empleo. No sé si ese
dato será bajo, me gustaría conocer qué opina, de la misma manera que
nos gustaría conocer la repercusión de verdad de los datos que ha
manejado en relación al IPC en los cálculos.
Por último, todos conocemos, y lo hemos valorado como claramente
positivo, la creación del fondo de reserva, pensamos que ha sido una
de las mejores noticias, no sólo para los pensionistas presentes,
sino también para los futuros, que van a poder tener ya la seguridad
de poder percibir una pensión cuando se jubilen, y seguro que se
contará con ello en estos cálculos, en estos trabajos, y en todo caso
en las futuras actuaciones.
Termino señalando ya, señor presidente, señora directora general, que
nuestro grupo consideró siempre prioritarios los servicios sociales.
Se ha hecho aquí referencia a ello y ha sido una de nuestras
prioridades en estos últimos presupuestos, y creo que en los últimos
ha habido incrementos importantes, y en esta línea diré que las
medidas que se están tomando en el marco del Plan gerontológico y de
ese plan concertado se ajustan a esas necesidades actuales, pero
seguro que además en la previsiones de futuro del Gobierno darán una
mayor satisfacción a las demandas de ese futuro, en donde habrá un
importante crecimiento demográfico de población superior a los 80
años.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra doña Ana de Vicente Merino.
La señora DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN ECONÓMICA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (De Vicente Merino): Voy a contestar
globalmente para todos. Yo creo que les he inundado a cifras, pero mi
interés no era que se las aprendieran hoy, ni de memoria, aunque yo
creo que poner las transparencias ayuda un poco a la comprensión. De
cualquier forma, como dice la señora Sáinz, si creen conveniente que
se envíen las cifras, como ha habido un aluvión, si quieren que se
haga una delimitación de qué cifras son las que ustedes pueden
necesitar... (La señora López i Chamosa: Todo.) Pues a su completa
disposición.
Se me preguntaba qué diferencias hay con las previsiones de otros
estudios. Yo no me he sentado últimamente a ver qué diferencias
había. Creo que con Fedea, como punto de partida, en su momento -ahí
tuvimos una polémica, ellos y el Ministerio- había una diferencia
considerable en el número de las pensiones, y me imagino que luego
les habrá pasado como a nosotros, que las hipótesis de partida son
diferentes. Yo he hecho quizá demasiado hincapié en eso de las
desviaciones o diferencias de hipótesis de partida, pero a veces no
son tan tremendas ni tan drásticas, puesto que se compensan, es
decir, puede haber una desviación de la inflación que puede ser muy
importante, puesto que nosotros también veíamos en el estudio cuál
era la repercusión a largo plazo por el efecto acumulativo que pueda
tener simplemente un punto de desviación de la inflación, puede haber
una desviación en las pensiones, sí, pero lógicamente también habrá
una desviación en los recursos, puesto que la financiación viene
basada precisamente en cotizaciones sobre los salarios. Luego a veces
ese efecto se neutraliza un poco. Sin embargo, hay otros que tienen
su repercusión. Insisto, no lo he vuelto a cotejar, porque a veces
las cifras que se presentan en los estudios no son homogéneas y es un
poco difícil.
Yo estoy viendo aquí que no se habla del presente ni del futuro, pero
los estudiosos tenemos que hablar desde los años 1900, porque a
veces, y lo he dicho en el cuadro macroeconómico, las prospecciones
que se hacen son basándose en el pasado y hacia dónde vas. En muchos
de estos temas sociales dices: vamos a imitar a Europa. Por ejemplo,
en las tasas de actividad vamos a que la tasa de actividad se acerque
a Europa, y no queda más remedio que basarse a veces en series
históricas -yo no hablo de pasado ni de futuro-. Siempre que empiezo
a hablar del sistema de Seguridad Social a mí me gusta poner un
ejemplo, y es que, cuando ya estaban las mutualidades laborales, en
los años cuarenta, ya estaba fijada la edad de jubilación en los 65
años. Es verdad que había la posibilidad de los 60, pero es una cifra
a la que se tiene que hacer referencia, qué está pasando respecto de
un punto de partida. Siempre hay que hacer alusión, desde el punto de
vista técnico, a la historia, porque es la que te conforma el
conocimiento del fenómeno, porque los fenómenos no se improvisan,
sino que se van proyectando a lo largo del tiempo.
Con esto mismo casi puedo unir lo que ha dicho la señora Sáinz del
0,87 del empleo, que le habrá sonado como una cifra mínima, teniendo
en cuenta que en estos momentos la coyuntura está permitiendo tasas
de crecimiento del empleo del 3, del 4 y de los cotizantes mayores
pero, como es un tema que me preocupaba, cuando nosotros
miramos una serie desde el año 1966 -luego hay que mirar los
temas cíclicos-, desde el año 1966 al año 1998 -por no actuar con las
cifras de 1999-, ya finalizado el año, la población ocupada ha
crecido al 0,26, luego no es lo mismo mirar los ratios cuando se está
haciendo en una proyección a corto que a largo plazo. A largo plazo
no se pretende acertar en el día a día o año a año, sino que lo que
se pretende es ver la tendencia. No se trata tanto, a lo mejor, de
saber cuántas pensiones va a haber exactamente en el año 2050, sino
de saber cuál va a ser la relación de cotizantes activos con
determinadas hipótesis, puesto que un colectivo proviene del otro.
Ese es un poco el sentido. Cuando se hicieron los estudios, me llamó
la atención una cosa, y es que en el año 1966 había 12.169.000
ocupados y por el año 1996 había algo más de 12.300.000, es decir,
que nos corrobora, con las zonas cíclicas que ha habido en esos 30
años, que la tasa de crecimiento ha sido del 0,26, con lo cual se
puso el 0,87 en base a una serie de supuestos e hipótesis del resto
de las variables, del crecimiento del PIB, de la productividad o de
la población activa, para ese momento. Yo todavía no sería capaz de
saber si ese 0,87 es suficiente o no a largo plazo. Otra cosa es que
en los momentos actuales presenta una disfuncionalidad al analizar el
punto concreto crítico del año 2000. Luego todo lo que se va
haciendo, lo mismo medidas que reformas, sirve para consolidar la
situación de un momento presente. Le condicionan y a partir de ahí
comienza el estudio de todo. Por eso siempre se ha tenido en cuenta
todo lo que ha ocurrido, porque incluso hay que detectarlo y
eliminarlo. Por ejemplo, si nosotros proyectamos las cotizaciones
PIB, habrá que tener en cuenta el pasado, porque los tipos de
cotización no habrán sido constantes, y no nos podemos olvidar de
todos esos factores, es decir, que siempre hay que hacer esas
delimitaciones y depuraciones que son típicas de este tipo de
estudios. ¿Se pueden cancelar los préstamos del Estado a la Seguridad
Social? Yo creo que, como me han precedido mis superiores, el
ministro y mi secretario de Estado, les habrán contestado mucho mejor
que yo, que simplemente me limitaré a traducir presupuestariamente lo
que decidan.
Se dice después que si se tienen en cuenta cambios de bienestar
social, tales como pueda ser la esperanza de vida. ¡Claro!, los que
son detectables sí que se tienen en cuenta. Por ejemplo, el caso más
utilizado, que es el de la mortalidad, claro que se tiene en cuenta
en las proyecciones. Se están haciendo estimaciones de que la
mortalidad, ya es menor por el tema del sida, que se va controlando,
o incluso que ha habido unos años en los que la mortalidad en edades
jóvenes, debido a los accidentes de tráfico, era considerable, y se
va poniendo remedio. En la medida en que se detectan los fenómenos y
se puede ver cuál va a ser su evolución, sí que se traducen, aunque,
a veces, no todos se pueden traducir. Por eso muchas veces, cuando
salen estos temas se dice: a legislación constante. Lo que ocurre es
que si se introducen luego modificaciones, unas con una consistencia
superior y otras inferior, éstas unas veces se detectan y otras no y
se suele decir estudios a legislación constante, salvo que se tengan
previsiones de cambios drásticos que pueda haber.
Otro de los temas, el de la precariedad en el mercadode trabajo, a lo
mejor, como tal, no lo hemos metido, pero
esto se traduce en que ha cambiado la composición de la masa
salarial, donde, por ejemplo, se tiene considerado el efecto que se
denomina deslizamientos, que son los crecimientos en las bases medias
de cotización por distintos tipos de contrato, porque ya no se
considera en la mayoría de los convenios el tema de las antig¸edades.
Todo eso está traducido en datos globales, pero no uno a uno, y a
través del análisis de las series históricas se está viendo el efecto
de todos esos fenómenos. Ahora bien, si surge una nueva modalidad de
contratación o una nueva figura que no se tiene prevista,
efectivamente, no se ha localizado.
Por lo que se refiere a la influencia del IPC, tengo que decirle que
sí es importante y que su repercusión inmediata es la revalorización
de las pensiones. Si nosotros tomamos una nómina de pensiones en este
momento vemos que el 50 por ciento es producto de las
revalorizaciones que ha habido históricamente en todo el colectivo,
desde el primer pensionista que podamos tener censado. Esto nos
demuestra lo importante que es el tema de la inflación, vía
repercusión, en la revalorización de las pensiones.
La señora Sainz dice que el tema de los servicios sociales ha sido
prioritario. Creo que este tema empieza a preocuparnos a todos por
las nuevas necesidades que puedan
surgir de esta población de más de 80 años. Yo ya estoy viendo por
ahí que a otros niveles, incluso a nivel de Europa, está empezando a
montarse lo que se denomina el seguro de dependencia. ¿Por qué?
Porque ahí van a surgir nuevas necesidades que serán independientes
de los niveles de renta y afectará según el estado de salud a que
lleguen estas personas.
Por mi parte no tengo más que decir, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Vicente. ¿Algún grupo
desea utilizar un turno? (Pausa.) Muchas gracias.
Con esta intervención termina su comparecencia y, al mismo tiempo,
damos por levantada la sesión y constituida al efecto, si no tienen
inconveniente los portavoces, una reunión de la Mesa y de los
portavoces, a los efectos de ordenar los trabajos de las próximas
semanas.
Se levanta la sesión.