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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 755, de 29/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 755
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Sesión núm. 49
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes
iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se modifica la ley 10/1997, de 24 de
abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores
en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
(Número de expediente 121/000166.) ... (Página 22186)
- Proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5 de la ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas. (Número
de expediente 121/000169.) ... (Página 22186)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley por la que se modifica la ley 10/1997, de 24 de
abril, sobre derchos de información y consulta de los trabajadores en
las empresas y grupos de empresas de dimensión comitaria. (Número de
expediente 121/000166.) ... (Página 22186)
- Proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5 de la ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas. (Número
de expediente 121/000169.) ... (Página 22186)
Proposiciones no de ley:
- Para potenciar la subtitulación de producciones audiovisuales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001702.) ... (Página 22190)
- Sobre medidas para paliar los efectos de la sequía sobre el empleo
en los obreros eventuales agrarios. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001711.)
... (Página 22194)
- Sobre equiparación de la acción protectora de la Seguridad Social
en materia de prestaciones por incapacidad permanente total entre el
régimen general y el régimen de trabajadores autónomos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 161/001653.) ... (Página 22197)
- Sobre cómputo a todos los efectos de la ocupación cotizada
posterior a las jubilaciones en el régimen general de la seguridad
Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001659.) ... (Página 22199)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/1997, DE 24 DE
ABRIL, SOBRE DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES
EN LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSIÓN COMUNITARIA.
(Número de expediente 121/000166.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 25/
1971, DE 19 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número
de expediente 121/000169.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión
de la Comisión de Política Social y Empleo, según el orden del día.
Quiero decirles que las votaciones de todos y cada uno de los puntos
que figuran en el orden del día se efectuarán de forma acumulada no
antes de las doce y media y, por consiguiente, vamos a desarrollar
tanto proyectos de ley como proposiciones no de ley de forma
consecutiva y sin solución de continuidad.
El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia
designada para informar las iniciativas legislativas que constan en
el orden del día. ¿Dan SS.SS. la conformidad? (Asentimiento.)
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 10/1997, DE 24 DE
ABRIL, SOBRE DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTADE LOS TRABAJADORES EN
LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSIÓN COMUNITARIA. (Número
de expediente 121/000166.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto del día de aprobación con
competencia legislativa plena. En primer término, del proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos
de información y consulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria.
No se ha formulado ninguna enmienda y tenemos capacidad legislativa
plena. ¿Quiere alguna de SS.SS. fijar posición en este momento o
pasamos al siguiente punto del orden del día? (Pausa.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 25/
1971, DE 19 DE JUNIO, DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número
de expediente 121/000169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5 de la Ley 25/
1971, de 19 de junio, de protección a las familias numerosas.
Aeste texto se han presentado diversas enmiendas. Para su defensa veo
que no hay nadie del Grupo Mixto, por lo que deberemos darlas por
defendidas. Tampoco veo a nadie del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, por lo que igualmente damos por defendidas sus enmiendas.
En nombre del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora
Uría para la defensa de sus enmiendas.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, el grupo al que
represento, de forma que quizás a alguno sorprendió, presentó una
enmienda a la totalidad a este proyecto
y lo hizo porque le parecía un esfuerzo legislativo absurdo intentar
la modificación que se pretende con el proyecto presentado por el
Gobierno sin retocar para nada ninguno de los conceptos, el alcance o
las consecuencias que se pretenden en la ley actualmente vigente de
protección a las familias numerosas que, como bien queda plasmado con
la propia numeración de su fecha, es un proyecto preconstitucional.
No sólo ha cambiado el sistema por el que ahora nos regimos, sino que
también han cambiado los tiempos, como suele decirse, y la realidad
familiar hoy existente, las posibilidades de realidades familiares
hoy existentes -es mejor expresarlo en plural- nada tienen que ver
con realidades del pasado. Ya incluso la redacción dada en el año
1971 resultaba poco adecuada a los tiempos que entonces corrían.
Nos parece y nos parecía un esfuerzo inútil, porque si lo único que
pretende el proyecto es esa leve modificación para adecuarlo a una
exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, podía haberse
utilizado perfectamente el trámite del decreto-ley y así hace ya
tiempo que esto habría entrado en vigor. De hecho, ejemplos hay en
esta misma legislatura, en que iniciativas de este mismo Gobierno
procedentes del Ministerio de Interior en relación con un
reconocimiento similar respecto de personas de la Unión Europea
referido a seguridad privada, tanto a las condiciones de las empresas
como de los trabajadores de las mismas, se hicieron por decreto-ley,
es decir, desde el mismo momento en que el Gobierno lo decidiese se
podía haber publicado en el Boletín Oficial del Estado. Creemos, por
lo tanto, que el esfuerzo legislativo, si se pone en marcha la
maquinaria legislativa, debe ser para algo más que para esa mera
corrección que el proyecto pretende. Por eso pedíamos al Gobierno que
devuelva el texto y haga una regulación, por cierto, en los términos
que pretende la enmienda que queda viva de Convergència i Unió.
Para que no se diga que la actitud del Grupo Vasco era
obstruccionista y que lo único que se pretendía era torpedear una
iniciativa del Gobierno, mi grupo hizo el esfuerzo de, en las
enmiendas parciales, darle ya un contenido concreto que en este
momento podía perfectamente, para que el esfuerzo no sea inútil,
introducirse dentro del texto de lo que estamos regulando de
modificación del artículo 5 de la Ley 25/1971. Pero es que además,
señorías, como en esta Cámara no existe coordinación ni cohonestación
de los textos que se tramitan en distintas iniciativas legislativas,
vemos que lo que esta ley pretende hoy va a resultar que también está
contemplado y va a estar regulado en la Ley de derechos de los
extranjeros y de integración social de los mismos que estamos
completando. Al pertenecer a un grupo pequeño, soy ponente de ambas
disposiciones y en este momento se está completando su ponencia,
estando dentro de las previsiones del Gobierno y de los grupos que le
apoyan el que pueda ser ley en esta legislatura. Levantar la barrera
que pretendemos levantar hoy va a estar perfectamente claro en la Ley
de Extranjería, no sólo para los extranjeros que pertenecen a la
Unión Europea, sino para los extranjeros en general, puesto que se
les equipara a los españoles en cuanto al reconocimiento de derechos
sociales. Dos motivos tenemos, pues, para decir que este proyecto de
ley es inútil. Primero, porque podía haberse empleado este trámite
legislativo en dar contenido concreto
a la disposición; segundo, porque si no se le quiere dar contenido
a la disposición se podía hacer por decreto-ley y, en tercer lugar,
porque la Ley de derechos de los extranjeros lo va a recoger.
Aunque conozco ya la voluntad poco favorable del grupo mayoritario en
la Cámara a aceptar las enmiendas, voy a proceder a enumerar las que
ha presentado, repito que haciendo este esfuerzo de colaboración, el
Grupo Vasco al que represento, las que desde luego creo que servirían
para que se pueda entender que en este viaje legislativo se hace algo
más que el mero levantamiento de la barrera a la que tantas veces me
he referido. Creemos que lo que se pretende con las enmiendas del
Grupo Vasco, en concreto con la enmienda número 4, es incardinar el
texto dentro del contenido del artículo 39.1 de la Constitución,
dándole auténtico contenido cuando se dice que la ley contemplará la
regulación del marco básico de protección de las familias numerosas
de acuerdo con los principios que se establecen en desarrollo de la
misión encomendada a los poderes públicos en el artículo 39.1, que
pretende asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia.
El Gobierno no tendría tampoco que molestarse, ni siquiera el grupo
mayoritario, en buscar una definición de qué ha de entenderse por
realidad familiar. Creemos que la que se ha plasmado en nuestra
enmienda número 5 es absolutamente adecuada. Dice: A los efectos de
esta ley, en tanto no se defina legalmente el concepto institucional
de familia, se considerarán miembros de la misma, además de los hijos
que reúnan las condiciones del apartado anterior, los cónyuges, así
como las personas en situación de viudedad, divorcio o separación
legal que tengan a su cargo a los hijos. Asimismo, la definición
legal de uniones de convivencia estables o de hecho en su caso tendrá
en cuenta lo dispuesto en este artículo a efectos de realizar la
asimilación que proceda en el concepto de familia numerosa. Se
establece así, por tanto, un concepto de familia numerosa abierto a
la realidad social vigente y centrado respecto a la protección
especial en razón del número de hijos.
Quisiéramos hacer un llamamiento específico a todos los grupos de la
Cámara, por supuesto, pero singularmente al Grupo Catalán
(Convergència i Unió). En el ámbito territorial en el que tiene
responsabilidades de Gobierno existe una ley que regula las uniones
de pareja estables, con lo cual creemos que dichas uniones se van a
encontrar en la situación de tener reconocimiento legal, porque el
derecho civil propio catalán lo permite; sin embargo, en el caso de
que superen el número de hijos previsto en la ley, tendrían problemas
para su reconocimiento, algo que el texto que presenta el Grupo Vasco
sí permite.
En la enmienda número 6 creemos articular de una forma sensata
derogaciones expresas respecto de otros preceptos de la Ley 25/1971
que no se cohonestan en absoluto con la legalidad vigente que ha
venido a plasmar la Constitución española y que, para que el texto
legal fuese más correcto, debieran incorporarse también de ser
aprobadas las enmiendas, tal y como pretendemos.
Creemos además, y es lo que pretende nuestra enmienda número 7, que
debiera aprovecharse para establecer el ámbito que corresponde a cada
una de las leyes de previsión social, de acción social y de
desarrollo comunitario,teniendo en cuenta las competencias que pueden
corresponder
respecto de estas cuestiones a las comunidades autónomas e intentando
que el marco competencial, el marco básico de la protección de la
familia quedase establecido de la forma más clara posible también ya
desde el texto de esta ley. Se dan así unas pautas de promoción de la
igualdad de oportunidades, de protección integral de los hijos y de
protección económica, del acceso a la educación, vivienda,
transportes públicos y de servicios sociales comunitarios de acuerdo
con el principio de suficiencia de recursos, dejando que cada
Administración pública competente en su ámbito sectorial sea quien
articule estas medidas. Nos parece que quedaría un texto mucho más
completo y que llevaría a los usuarios, a los destinatarios de estas
normas, a pensar que se ha hecho el esfuerzo legislativo por algo.
Vuelvo a indicar una vez más que, de no producirse la asunción de las
enmiendas del Grupo Vasco, únicas existentes, además de una enmienda
socialista que en nada daña nuestras pretensiones y también la que
queda viva de Convergència i Unió, tendríamos que abstenernos u
oponernos, ya que no entendemos por qué se ha puesto en marcha una
maquinaria legislativa que, repito, podía haberse hecho con un mero
decreto-ley. Si lo único que se pretende es agrandar la estadística
de las iniciativas del Gobierno diciendo que en este afán de
progresía que ahora se lleva en materia de protección social se han
plasmado grandes realidades, el contenido concreto de esta ley
llevaría a que resultase irrisoria una afirmación en este sentido.
Aprovéchese, ya que tenemos un proyecto de ley abierto y en nada
entorpece a su tramitación, al revés; no dilata para nada los tiempos
de tramitación y quedaría con un contenido mucho más adecuado a lo
que pretende, innovando realmente el ordenamiento jurídico, lo que en
modo alguno consigue el texto que nos somete a consideración el
proyecto del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Como ha anunciado, hay una única enmienda del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) que, a través de una disposición
final nueva, reclamaría del Gobierno en el plazo máximo de seis meses
la elaboración, presentación y aprobación por el Consejo de Ministros
de un proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1971. Quiero
decir, en primer lugar, que más que de modificación el planteamiento
sería, obviamente, de una ley de nueva planta, que permita la
derogación, en lo que no haya sido ya derogado por la propia
Constitución, y más lamentablemente por el desuso, de la Ley 25/1971.
El planteamiento de mi grupo es que las familias numerosas precisan
de esa ley de nueva planta que permita incluso dar un impulso
diferente, en la medida en que la Ley de 1971 no sólo es que en
algunos casos tenga -como ya puso de manifiesto el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, señor Caballero, en su intervención en el Pleno,
y también lo ha hecho hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco,
doña Margarita Uría- la terminología e incluso los conceptos
absolutamente contrarios a los planteamientos constitucionales, sino
que ha sido una ley que
en lo que podía tener de positivo ha sido flagrantemente incumplida
por parte de las administraciones públicas.
Por tanto, lo que se reclama es la elaboración y presentación de un
proyecto global que permita la derogación de la Ley 25/1971, y que se
haga también como cumplimiento, porque así lo exige, sugiere o
recomienda el dictamen o informe aprobado en su día por el Pleno
respecto de la situación actual de la familia en España. Tengo que
decir que también ha sido ésa la voluntad de los planteamientos de mi
grupo parlamentario en el reciente debate de política general, en el
que presentó y fue aprobada una resolución reclamando del Gobierno
presentar un proyecto de ley de familias numerosas que sustituya
ventajosamente la vigente ley de 1971 y que, como uno de los
elementos básicos de esta ley, debiera establecer ponderar la renta
familiar atendiendo al número de hijos que integran la familia, a los
efectos de acceso a becas, subvenciones, y otras ayudas.
Entendemos los razonamientos que acaba de manifestar el Grupo
Parlamentario Vasco, pero creo que tampoco satisfaríamos las
expecttivas de los integrantes de estas familias si no hiciésemos una
reforma global, si no revisásemos no las ventajas sino el tratamiento
de estas familias, desde el punto de vista del fondo, y si nos
limitásemos a actualizar los conceptos con la introducción de los
supuestos de uniones de hecho, de uniones estables de familia, que
también recoge la legislación catalana, y la supresión de una
terminología flagrantemente anticonstitucional. Creo que con eso
también podríamos vulnerar o no satisfacer las expectativas que
despertaríamos en los ciudadanos.Por tanto, creo que es importante
llevar a cabo ese proyecto de ley de nueva planta para atender
fundamentalmente las necesidades de estas familias en materia de
enseñanza, en materia de transporte, en materia de ayudas públicas
y en numerosos otros ámbitos, por lo que procederíamos a mantener la
enmienda y reclamar del Gobierno ese cumplimiento.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas procedería
ahora dar la palabra al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, pero no veo a nadie que pueda hacerlo. Por consiguiente, vamos
a pasar a la defensa de la enmienda que tiene presentada el Grupo
Socialista. Para ello, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: La verdad es que vamos a hablar de una ley
en la que -repito lo que dije en el Pleno- asombra que todavía al día
de hoy podamos leer los conceptos que vemos en ella. Lógicamente
tendríamos que contribuir a cambiarla, pero a cambiarla en su
totalidad. Yo lo dije en su día, y lo digo por la representante del
PP que me recordó posteriormente que habíamos estado 14 años
gobernando y que la teníamos que haber corregido. Seguramente sí,
pero un gobierno que estuvo 14 años no va a cambiar todo el país, ya
hizo bastante, lo cambió en un 90 por ciento. Lo que sí recuerdo es
que el PP no estaba en el Gobierno pero estaba en la oposición y
desde la oposición también se pueden cambiar leyes. Yo lo dije en el
contexto en que lo reitero hoy aquí, todo el Parlamento, todos los
grupos parlamentarios, tendrían que asumir que deberíamos
haber hecho un esfuerzo en leyes como ésta, donde se habla del
Movimiento y de estructuras franquistas, de un período que no es
grato para ninguno de nosotros, por lo que tendríamos que haberlo
cambiado.
Hay enmiendas que mi grupo va a apoyar, como la de Convergència i
Unió, en la que se habla de hacer una nueva ley porque el concepto de
familia ha variado en los últimos años. Por ello, es lógico y
deseable que las leyes realmente reflejen los modelos distintos que
hoy conviven en la sociedad de familia. Hoy hablar de familia
numerosa no es hablar de lo que hace 20 años se podía hablar, de
cuatro o cinco hijos, que era bastante habitual, cuando hoy todos
sabemos que eso es la excepción. Por tanto, creo que de verdad habría
que afrontar un cambio profundo de la ley para adaptarla en todas y
cada una de las cuestiones. Ymás en un momento como el que estamos
viviendo, en que se habla de que una de las preocupaciones empieza a
ser la baja natalidad de nuestro país. También hay que recordar,
desde mi punto de vista, que no vamos a conseguir dar un vuelco a la
natalidad, que haya un mayor crecimiento, solamente hablando de dar
bonificaciones por tener más hijos sino que habría que avanzar en la
línea del proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y
laboral, no sólo desde el punto de vista en que ya lo hemos
afrontado, de cara a la galería, en el que muchos aspectos son más de
vista y no de medidas en profundidad que teníamos que haber tomado.
También creo que habría que afrontarlo desde un punto de vista que es
esencial, que es que o los hombres asumen compartir toda la vida en
su conjunto, la vida familiar la vida laboral y asumen que el 50 por
ciento de la responsabilidad también es suya, y que ser padre también
significa una serie de obligaciones, igual que el ser madre, o no
vamos a ir a ningún lado. Pero, repito, esta ley lo que en este
momento pretende es adaptarse a una directiva comunitaria para
incluir a los trabajadores comunitarios en los beneficios que puede
tener esta ley, pero desde nuestro punto de vista hemos formulado una
enmienda porque seguimos dejando una parte importante sin solucionar,
que es la referente a los trabajadores no comunitarios. Nuestra
enmienda lo que pretende es incluir dentro de este artículo a los
trabajadores extranjeros que vivan habitualmente y trabajen en
nuestro país y que no sean comunitarios. Ya anuncio que vamos a votar
afirmativamente a las distintas enmiendas del PNV y de Convergència i
Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea formular un turno en contra
de las enmiendas? (Pausa.)
Pasamos a fijar posiciones y como sólo quiere hacerlo el Grupo
Popular, la señora Sainz tiene la palabra.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor presidente, dándole la bienvenida como
presidente de esta Comisión y deseándole éxitos en su importante
trabajo, paso a fijar la posición de mi grupo en relación con este
proyecto de ley. Es un proyecto de ley que, como ya SS.SS. han
manifestado, modifica el artículo 5 de la Ley 25/1971, de protección
a la familia numerosa. ¿Y a qué obedece? Obedece a la necesidad de
adecuar la normativa básica española de protección de la familia
numerosa a las exigencias legislativas, pero no solamente a las
exigencias legislativas sino también a la jurisprudencia, que existe,
de la Unión Europea y que establece
la igualdad de trato en relación con los nacionales en lo que se
refiere a esas ventajas -podemos llamarlas así- sociales que se
conceden a aquellos miembros de las familias que están residiendo en
España. Este es realmente el objetivo, adaptar lo que ya dicen el
Reglamento de la Comunidad Económica Europea, y el artículo 52 del
Tratado.
La urgencia en solucionarlo y la falta, en definitiva, de tiempo para
elaborar y para tramitar un proyecto de ley completo, que modifique
no sólo el concepto sino todas las circunstancias, como a
continuación diré, que se dan en torno a la familia numerosa, es lo
único que ha movido a que se modifique parcialmente y que se haga con
la máxima celeridad. Por tanto, lo único que se plantea es la
modificación que afecta a los ciudadanos comunitarios -se trata de
adaptar la normativa comunitaria- que están trabajando en España y
que residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o en alguno de
los restantes Estados parte del acuerdo sobre el espacio económico
europeo.
Ahora bien, con independencia de lo expuesto, como ya les adelantaba,
nuestro grupo lo entiende, pero no lo entiende sólo ahora, señora
López i Chamosa, sino que lo entendía también en el pasado.
Naturalmente hicimos desde la oposición lo que pudimos, instamos al
Gobierno -en aquel momento Gobierno socialista- para que modificase
la ley sobre las familias numerosas. No lo hizo y lo que yo señalaba
el otro día en el Pleno era que la portavoz del Grupo Socialista se
rasgaba las vestiduras y que si para ella era algo tan absolutamente
grave tuvieron 13 años -no fueron dos, tres ni cuatro, sino 13- para
hacerlo. Confío en que en la próxima legislatura el Gobierno lo haga
si no puede hacerlo al final de ésta. Es decir, que desde el Grupo
Popular como desde los demás grupos trabajaremos en la tramitación de
la ley. Efectivamente, la normativa actual de familia numerosa, que
se recoge en esta ley a la que hemos hecho tantas veces mención
-aunque ha sido modificada parcialmente, porque incluso se ha ido
rebajando el número de hijos para poder acceder al concepto de
familia numerosa- no solamente tiene que adaptarse a la nueva
realidad económica y social de nuestros días, sino que, como han
recordado los portavoces de otros grupos, estamos ante una norma
preconstitucional. Por tanto, tampoco se corresponde con la
organización territorial que existe en este momento en nuestro país.
Las muchas competencias que han asumido las comunidades autónomas,
precisamente en temas asistenciales y de referencia a la familia,
tienen que ser también encajadas, al menos en el terreno
competencial, en lo que se refiere a la nueva reglamentación sobre
familias numerosas. Ustedes saben que eso tiene que ser así, porque
no sólo estamos hablando -aunque también podría ser, porque hoy día
tienen competencias las comunidades autónomas- de cierta protección
en temas fiscales, sino educativos, de transporte, sistemas de
protección social, etcétera.
El Gobierno, como conocen ya SS.SS., porque lo han dicho
representantes del mismo, está ultimando el plan integral de apoyo a
la familia, que incluye precisamente la elaboración de un nuevo
proyecto de ley sobre familias numerosas, en el que esperamos se
recojan esas nuevas realidades sociales y económicas que antes he
señalado y de nueva organización política y administrativa también
del Estado, actualizando ese concepto de familia numerosa,
aunque, repito, ese concepto ya se había actualizado algo. Por tanto,
confiamos en que se vayan a establecer los beneficios
correspondientes, y ello hay que hacerlo -y sé que se está trabajando
ya en esa línea- en colaboración con las comunidades autónomas.
Por ello, señor presidente -y con esto termino-, no podemos aceptar
las diferentes enmiendas -aún coincidiendo en muchas de ellas, que
confío que puedan ser tomadas en consideración cuando el proyecto de
ley se haga completo- que se refieren a los distintos artículos que
se modifican del proyecto de ley, debido a que el Gobierno está ya
elaborando un proyecto de ley que lo va a modificar de forma general,
creando, como se ha denominado aquí por otros portavoces, una ley de
nueva planta. Por esa misma razón, en cambio aceptamos la enmienda de
Convergència i Unió, porque está en línea con lo que es el trabajo de
elaborar esa nueva ley. Se da un plazo razonable de seis meses desde
la entrada en vigor de la presente ley para que se pueda elaborar ese
proyecto de ley que, afortunadamente todos coincidimos, y esto yo
creo que también es importante, es necesario realizar en nuestro
país.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- PARA POTENCIAR LA SUBTITULACIÓN EN PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELCONGRESO. (Número
de expediente 161/001702.)
El señor PRESIDENTE: Tenemos, en primer lugar, una proposición no de
ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para potenciar la
subtitulación en producciones audiovisuales.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: ¿Podríamos hacer primero la siguiente y
dejar ésta para después? Porque nuestra ponente no ha llegado.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene presentada enmienda el grupo?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Es la señora Romero la que lleva esta
proposición y la que tiene la enmienda y yo pediría, por favor, que
se pudiera alterar el orden.
El señor PRESIDENTE: ¿Tienen inconveniente?
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, porque tampoco está en este momento el
ponente siguiente.
El señor PRESIDENTE: Vamos bien de tiempo. En todo caso podemos
esperar cinco minutos siempre y cuando usted me garantice que en
cinco minutos estarán los respectivos ponentes.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, ¿tiene algo que añadir a
la propuesta que hizo antes?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: No, señor presidente, que siga la
Comisión. Haremos un cambio de ponente y en vez de Carmen Romero
intervendrá la señora Cortajarena.
El señor PRESIDENTE: Señorías, no tenemos más razones para demorar el
comienzo del debate de la proposición no de ley para potenciar la
subtitulación en producciones audiovisuales, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra don
Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, en primer lugar quería
pedir disculpas a la Comisión; estaba intentando hacer el seguimiento
del devenir de la Comisión y la verdad es que ha habido un mal
cálculo de tiempo.
En cualquier caso, tomo la palabra, como puede entenderse, para
presentar la proposición no de ley que mi grupo sometió a la Cámara
el lunes 20 de septiembre y que pretende, como su título dice,
estimular la emisión por operadores de televisión de producciones
subtituladas dirigidas al colectivo de sordos. Entiendo que en la
fecha de hoy resulta muy conveniente que la Cámara aborde una vez más
un tema relacionado con este colectivo, por cuanto que el domingo
pasado día 26 se celebró el día de la comunidad de sordos. Es muy
conveniente que la Cámara demuestre su sensibilidad ante los
problemas que afectan a la sociedad, y que exista una cierta
inmediatez entre los problemas que afectan a la ciudadanía y los
trabajos que esta Cámara desarrolla. Es evidente que mi grupo
entiende que el desarrollo de lo establecido en la Constitución
corresponde a los poderes públicos, por tanto a la Administración
central y por ello es del ámbito de competencia de esta Cámara
promover distintas acciones que puedan contribuir a la prevención,
a la rehabilitación y al tratamiento del colectivo de minusválidos,
garantizándole la totalidad de los derechos que la Constitución le
reconoce. Por desgracia, mi grupo entiende que el esfuerzo debe ser
grande y continuado por cuanto que hay mucho camino que recorrer, ha
habido mucho tiempo perdido en los años anteriores.
En base a este planteamiento y en perfecta coherencia con lo que
siempre defendió mi grupo, a partir de 1996, siendo grupo mayoritario
en la Cámara y siendo grupo que apoya al Gobierno, hemos desarrollado
-podríamos llamarla así- una agresiva posición al respecto, a través
de distintas iniciativas parlamentarias de diferente formato:
proposiciones no de ley, orales en Comisión, orales en Pleno. Mi
grupo parlamentario ha venido reclamando del Gobierno posiciones
concretas para conseguir el objetivo deseado, que era mejorar las
condiciones de integración social de los sordos. Así, hemos planteado
en la Cámara, por cierto con una respuesta favorable por parte del
Gobierno, la necesidad de continuar en los apoyos para garantizar
mejores rendimientos en la integración escolar de alumnos; también
hemos insistido en la necesidad de contribuir con ayudas públicas a
la adquisición de teléfonos de comunicación interpersonal para este
colectivo. Más recientemente, creo que mi grupo ha demostrado su
preocupación y sensibilidad
por el asunto sometiendo al Pleno y a la Comisión dos proposiciones
no de ley que para mí tienen una gran importancia: una de ellas
pretendía que se implementara un sistema, un método, un procedimiento
establecido en los centros de atención sanitaria para la detección
precoz de la sordera, al entender que la detección precoz era el
elemento definitivo para lograr unos buenos resultados de
rehabilitación o de integración. De igual forma hemos intentado,
a través de una proposición no de ley, subsanar un defecto, un error
que para el colectivo resultaba importante, y era que los audífonos,
que son unas prótesis en algunos casos definitivas para contribuir a
la eliminación de las barreras de comunicación, no se encontraban
recogidos en el real decreto que regula la financiación pública de
aparatos ortoprotésicos. Este planteamiento ha sido recogido
favorablemente por las autoridades sanitarias de nuestro país y el
ministro Romay ha puesto el asunto sobre la mesa en conversaciones
con comunidades autónomas con competencias en la materia para
abordarlo definitivamente.
En relación con el asunto que nos preocupa, el subtitulado de
emisiones de televisión española, mi grupo siempre fue muy tenaz
cuando estuvo en la oposición. Durante muchos años los responsables
del grupo Radiotelevisión Española -y lo digo con conocimiento de
causa por cuanto que hace ya años que soy miembro de la Comisión y he
hecho un seguimiento de la actividad de la misma- argumentaban que
problemas técnicos y de escasez de recursos materiales y humanos
dificultaban incrementar los tiempos. A partir de 1996 mi grupo ha
recibido respuesta a la presión que ha realizado debido a la
sensibilidad de los responsables de Radiotelevisión Española desde
entonces y hoy podemos ofrecer un balance que desde nuestro punto de
vista es muy positivo. Basta comparar que en 1996 las horas de
emisión subtituladas -según informaciones recibidas en esta Cámara en
contestación a preguntas escritas formuladas por mí- eran 123; para
1999 la previsión de horas subtituladas va a ser de 650 horas. No hay
que olvidar que existe un programa especial de media hora en las
emisiones de Televisión Española destinado a la comunidad sorda y que
desde hace más de un año se están subtitulando ya los informativos,
que era un viejo deseo de este grupo de ciudadanos.
No es la primera vez que en Comisión, concretamente fue en la
Comisión de Educación, si no recuerdo mal, se debate el tema de las
producciones audiovisuales, de las producciones en general y la
necesidad de subtitulación. Si se repasa el Boletín de 17 de
septiembre de 1997, queda clara la posición de mi grupo. Entonces
esas iniciativas prosperaron con una enmienda presentada por nosotros
y que en resumen contenía dos mandatos: uno, que Televisión Española
incrementara sus horas subtituladas, planteamiento que ha sido,
entiendo, resuelto satisfactoriamente, según los datos que antes he
manejado; el segundo mandato, que era el primero en el orden de la
enmienda en cuestión, pretendía que el Gobierno estudiara las
posibilidades de introducir medidas de fomento para conseguir el
incremento de las horas subtituladas, el incremento de las
producciones subtituladas. Pensamos que la iniciativa que hoy
sometemos a debate en esta Comisión responde perfectamente a un mayor
desarrollo de aquella proposición no de
ley, de aquella enmienda de mi grupo y al final pensamos que es una
medida muy positiva.
La proposición no de ley, como he dicho, por un lado pretende que de
cara a la renovación de concesiones de operadores de televisión, en
el momento de no más concesiones de operadores de televisión, se
contemple por el Gobierno como un elemento importante a considerar su
previsión de programación subtitulada. En segundo lugar, la
proposición no de ley que sometemos a debate de esta Comisión
pretende que, en efecto, el Gobierno promueva un acuerdo de
autorregulación entre los operadores de televisión, en el sentido de
favorecer las emisiones subtituladas. Creemos que este segundo
mandato de la proposición tiene un contenido político importante, por
cuanto que implicaría una vinculación, una sensibilidad de la Cámara,
si lo vota favorablemente, y desde luego recogido por el Gobierno
significaría un compromiso político de primer nivel por parte del
Ejecutivo.
Soy consciente de que la proposición no de ley que someto a la
Comisión enfoca fundamentalmente al conjunto de las televisiones que
operan por concesiones administrativas, es decir, aquéllas que surgen
al amparo de la Ley de televisión privada de 1988. La realidad de por
qué hago este planteamiento es que dejo al margen Televisión Española
y las llamadas de tercer canal, las televisiones autonómicas que
surgen al amparo de la Ley de 1983, por considerar que en esta misma
Cámara existe una subcomisión, creada a instancias de mi grupo
parlamentario, que durante toda la legislatura está estudiando un
nuevo modelo de financiación y una posible modificación del Estatuto
de Radiotelevisión de 1980. Naturalmente creo que la Comisión de
Política Social y Empleo hoy debe ser respetuosa con los trabajos de
la subcomisión que estudia el nuevo modelo de televisión. No tendría
sentido que las distintas comisiones que existen en la Cámara, o
incluso el Pleno de la Cámara, fueran haciendo mandatos que obligaran
a la subcomisión en sus trabajos, si bien soy consciente de que si la
Comisión vota hoy favorablemente esta iniciativa, por contagio -y yo
soy miembro de la subcomisión en cuestión- habrá una referencia
respecto a esta característica como aspecto importante en la
programación de la nueva televisión.
Respecto a las televisiones del tercer canal, aquéllas que nacen al
amparo de la Ley de 1983, no es menos cierto que la estructura de la
Ley del tercer canal del año 1983 es prácticamente una copia, ya que
sigue el mismo planteamiento en su desarrollo que la Ley del Estatuto
de 1980. Entiendo que el modelo público que se defina para la
televisión de cobertura nacional puede tener un cierto contagio sobre
la estructura de la Ley de 1983 y, por tanto, quedan fuera del
planteamiento.
En cuanto a las televisiones privadas, a otro tipo de televisiones,
aquéllas que se definen como operadores de televisión y que,
fundamentalmente, son televisiones en las que, por parte del
telespectador, existe una contraprestación para poder acceder a sus
emisiones, entiendo que están marcadas por un carácter más comercial,
desarrollan una actividad de carácter mucho más privado y ellos
decidirán si quieren acceder a la cuota de mercado que significa el
colectivo de sordos, en cuyo caso adoptarían la decisión de
emitir producciones subtituladas. Por eso creo que deben quedar al
margen de este planteamiento.
La proposición no de ley que someto a la Comisión intenta ser
respetuosa con las condiciones de las concesiones actualmente
vigentes, trata de ser respetuosa con lo que entendemos deben ser
decisiones de carácter empresarial adoptadas por los operadores,
trata de ser respetuosa con el carácter privado de los productores de
productos audiovisuales y espero que pueda recibir el apoyo de la
Comisión. Considero que demuestra, una vez más, la preocupación de mi
grupo por atender a este colectivo y espero contar con el apoyo de
los grupos representados para seguir construyendo la escalera que
permita al colectivo de sordos ser ciudadanos con todos sus derechos
garantizados, y contribuir decisivamente a eliminar las barreras de
comunicación que dificultan su integración social. En resumen, espero
que, entre todos, se ayude a mi grupo parlamentario a conseguir que
la situación del colectivo de sordos sea mejor al final de la
legislatura, sea mejor al final del año 1999 que la situación que
tenían al inicio de la legislatura, en 1996.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda de sustitución, presentada por
el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora
Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Efectivamente, como el ponente del Grupo
Parlamentario Popular ha expresado, este es un tema que tiene su
ubicación natural en la Comisión de Radiotelevisión. Por eso nos
resulta extraño que habiendo presentado nuestro grupo una proposición
no de ley en la citada Comisión sin embargo se pretenda exponer la
posición del Grupo Popular sobre este tema en la Comisión de Política
Social y Empleo con la presentación de esta proposición no de ley,
antipándose, por lo tanto, al debate que se celebrará en la Comisión
de Radiotelevisión por la proposición no de ley presentada por
nuestro grupo. Nos sorprenden los términos en los que el Grupo
Parlamentario Popular plantea este debate, que va a ser importante en
la sociedad española porque afecta a más de un millón de personas que
tienen problemas de audición. Por otra parte, es un debate que
contemplan ahora todas las sociedades europeas y la subtitulación es
un procedimiento que se está introduciendo en varios países desde la
década de los ochenta. Es evidente que los procedimientos
tecnológicos han avanzado mucho y permiten hoy introducir esa
subtitulación a mucho menor coste que el que producía en la década de
los ochenta. Por eso, nosotros pensamos que hoy es más fácil
introducir esta subtitulación, se hace a menor coste y permite un
planteamiento quizás más avanzado que el que pudo hacerse en años
anteriores.
La razón de nuestra enmienda es ésta. Nosotros creemos que son
perfectamente asumibles por las televisiones privadas los términos en
los que planteamos esta subtitulación, que debería producirse en los
siguientes espacios: En los informativos de la tarde y de la noche,
en la banda horaria comprendida entre las nueve y media de la noche y
las doce y media, y una hora dentro de la programación infantil.
Además, nuestra enmienda señala que esta programación subtitulada se
hará efectiva en un plazo de doce meses y que, posteriormente, se irá
aumentando en un 10 por ciento anual hasta llegar al 50 por ciento
del total de la programación.
Esos son los términos de nuestra enmienda, que nos parecen
perfectamente asumibles. ¿Qué ocurre si no concretamos nuestra
oferta? Quiero decir que si no hay ningún tipo de concreción en este
tema es imposible que esta proposición no de ley se convierta en algo
útil para este colectivo, porque no es posible intentar encajar esta
problemática en las nuevas concesiones si las actuales no tienen
ningún tipo de indicación al respecto. Además, es difícil hablar de
autorregulación cuando no se trata de ninguna limitación de derechos
fundamentales ni de códigos éticos, sino que se trata de disposición
de recursos. Si se está hablando de disposición de recursos, es
evidente que hay que concretar lo que se está pidiendo, a no ser que
se quiera que la proposición no de ley se convierta, simplemente, en
el mejor de los casos, en una buena intención. Y digo en el mejor de
los casos porque no quiero pensar que sea una manera de traer a la
Cámara un tema para que no llegue a ningún sitio, es decir, para que
la proposición no de ley del Grupo Socialista que se debatirá en la
Comisión de Radiotelevisión Española tenga un anticipo del Grupo
Popular que suponga una especie de coartada parlamentaria. No lo
entiendo así. Quiero entender que hay una buena intención por parte
del Grupo Popular, a pesar de que extraña mucho de que ese anticipo
en esta Comisión se haga cuando ese tema precisamente se va a debatir
en la Comisión de Radiotelevisión Española. Por lo tanto,
entendiéndolo en el mejor de los casos, no se está hablando aquí de
autorregulación porque no se trata de limitación de derechos
fundamentales, de códigos éticos, etcétera. Se trata de disposición
de recursos económicos, de instar al Gobierno para que en la
televisión pública -y recomendándolo a las televisiones privadas- se
dispongan los recursos económicos necesarios para atender a un
colectivo que no tiene acceso a la televisión. Tratándose de una
recomendación, no tiene ningún sentido hablar de autorregulación,
porque eso es tanto como decir a las televisiones privadas que hagan
lo que les dé la gana, que es lo que han venido haciendo hasta este
momento.
Además, no se trata de hablar de concesiones nuevas, ni recomendar
concesiones nuevas, cuando las que existen actualmente no están
cubriendo ninguna franja con subtitulación para esta población.
Cuesta trabajo pensar que esta sea realmente una proposición no de
ley que tenga una intención positiva dirigida a este colectivo,
expresada en esos términos.
Para que tenga una utilidad, los términos tienen que ser concretos,
tienen que ser de atención a este colectivo en una determinada
franja, en un determinado momento, para unos determinados programas,
pero si la propuesta es simplemente la autorregulación, significa
prácticamente quedarnos como estábamos.
Recomendar al Gobierno es algo muy etéreo, pero hacerlo en los
términos de que se produzca una autorregulación en las televisiones,
es prácticamente no decir nada.
Por todo ello, aunque no queremos caer en la descalificación, mi
grupo cree que con esta proposición no de ley el colectivo de
personas que tienen esta minusvalía va a quedar en los mismos
términos en los que está actualmente; es decir, no podrán tener
acceso a la subtitulación -cuandolas televisiones europeas están
haciendo un esfuerzo para
poner recursos económicos a su disposición-, al no ofrecer las
televisiones en España lo que este colectivo está demandando.
El señor PRESIDENTE: Debería decir si hay algún grupo, pero a la
vista de los diputados presentes, formulo la pregunta directamente.
¿El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere fijar
posición? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: En nombre de mi grupo, señor presidente, deseo
expresar que asisto un poco atónita al debate que se está
produciendo.
Sinceramente, pensamos que es lamentable que, en aras a compartir
todos los grupos representados en esta Comisión, la preocupación por
el colectivo de personas que presentan una disminución en su
capacidad auditiva, esto sea una excusa -la preocupación compartida
es real y nadie la discute- para que los dos grupos mayoritarios de
esta Cámara puedan mutuamente recriminarse o apuntarse la medalla de
quién se preocupa más por el colectivo afectado.
La señora Romero ha hecho unas observaciones que pienso que son
ciertas. Me consta, porque también soy miembro de la Comisión de
Radiotelevisión Española, que es cierto que el Grupo Socialista ha
presentado esta proposición no de ley. También me consta lo que ha
comentado el portavoz del Grupo Popular señor De Luis de que su Grupo
ha presentado proposiciones en Pleno y en Comisión en el sentido de
mejorar los servicios que desde un medio que hoy día es trascendental
en la comunicación, como es la televisión, se están prestando al
colectivo de personas con disminución en su capacidad auditiva,
llamados vulgarmente sordos.
Lo que no entiendo es que, tratándose hoy de una proposición no de
ley que siempre tiene un matiz de recomendación al Gobierno para que
lo tenga en cuenta (no es una obligación inexorable, con lo cual
estaremos muy coartados en las posibilidades de legislar), no seamos
capaces -me incluyo en la propuesta como grupo parlamentario- de
llegar a un acuerdo amplio que posibilite, al margen de quién es el
mérito, visualizar de una manera clara, que no estamos haciendo un
brindis al sol y que hay voluntad de todos los grupos representados
en la Cámara para avanzar de manera positiva en el tema de las
prestaciones en radiotelevisión para el colectivo de los sordos.
Estamos al final de una legislatura y todos tenemos un poco el
síndrome de precampaña electoral, muy legítimo, pero deberíamos dejar
a un lado todos estos aspectos.
Sería importante que el Grupo Socialista y el Grupo Popular fuesen
capaces de consensuar un tipo de redactado en el que pudiéramos
decir, retrotrayendo la propuesta de esta Comisión a lo que pueda
acordarse en la subcomisión de estudio de Radiotelevisión Española,
qué es lo que estamos todos de acuerdo en hacer. Es absurdo que
estemos debatiendo que todos los grupos pensamos que es necesario
seguir mejorando en las medidas que ya se han adoptado, nadie discute
esto. Me parece que es obvio, como decía la señora Romero, que
actualmente las posibilidades económicas de que los programas de
radiotelevisión sean subtitulados
son muy superiores a lo que eran diez años atrás. El
colectivo de personas con disminución auditiva no se merece que por
nuestra parte, atribuyéndonos cada uno lo que hacia antes o lo que
pueda hacer ahora, obviemos el gran debate, es decir, qué soluciones
adoptamos.
Yo propongo que si es necesario la Presidencia conceda un receso y
que seamos capaces de tomar un acuerdo. Me niego, como grupo
parlamentario, a votar en contra. Me parece que no es justo y que no
se corresponde con lo que en realidad todos nosotros queremos
manifestar.
También anuncio con toda claridad que de no posibilitarse este
consenso, mi grupo va a abstenerse, porque nos parece absurdo
manifestarnos solamente a favor de la proposición del Grupo Popular,
como también nos parecería absurdo manifestarnos en contra de la
enmienda de la señora Romero; si bien, señora Romero, pienso que
quizá la excesiva concreción de su propuesta podría dificultar este
consenso, y en aras de él solicito de SS.SS. que sean capaces de
encontrar la fórmula.
De no ser así, mi grupo se abstendrá.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Riera, por su incitación al
consenso. Tienen ustedes de receso hasta las doce y media, que se
procederá a la votación, para ponerse de acuerdo, pero ahora tiene la
palabra el señor De Luis a los solos efectos de manifestar la
aceptación o no de la enmmienda formulada por el Grupo Socialista.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Recogiendo el guante tendido por la
representante de Convergència i Unió, estoy dispuesto a revisar, no a
modificar sustancialmente, el planteamiento de la proposición no de
ley que mi grupo ha presentado en la Cámara.
Cuando he defendido la iniciativa, he dado las razones por las cuales
no podían ser aceptados los términos en los que yo conocía que había
una proposición no de ley presentada a debate en Pleno el día 14 de
septiembre, registro 89.575, por el Grupo Socialista.
Entiendo que las condiciones de las concesiones de las televisiones
privadas no pueden ser modificadas sobre la marcha. Recuerdo que
dichas concesiones fueron otorgadas por un gobierno ajeno a mi
partido. La ley de televisión privada fue tramitada en esta Cámara a
instancias de un gobierno sostenido por un grupo mayoritario ajeno a
mi partido y quiero además señalar que entiendo que los grupos
parlamentarios están en su perfecto derecho de tramitar las
iniciativas e intentar su debate lo más ágil posible, porque creemos
que es imprescindible en beneficio de la institución parlamentaria,
de la clase política y de los grupos que en ella están representados,
que demos respuesta inmediata a las demandas de la sociedad.
Creo que el día 26 de septiembre, el día de la comunidad sorda, mi
grupo parlamentario ha hecho lo que tenía que hacer, que es intentar
que esta Cámara aborde los asuntos que están en la calle con
inmediatez. Por lo tanto, creo que no he atropellado ningún derecho
de ningún grupo parlamentario.
En segundo lugar, la referencia que se ha hecho a...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor deLuis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente, conozco el
reglamento perfectamente, pero me veo en la obligación de hacer la
valoración por la llamada al consenso de la representante de
Convergència i Unió. En segundo lugar, el hecho de que se debata la
proposición no de ley en la Comisión de televisión es por una razón
fundamental, y es que no significa que sea en el ámbito que he
señalado; la subcomisión que estudia el modelo de la televisión no es
la Comisión de televisión española, es una subcomisión aparte y no
tiene sentido que la Comisión de televisión vaya acotando el camino
del trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, por favor, no entable diálogo y
vaya terminando.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No es diálogo, estoy fijando la posición
respecto a la enmienda. Estoy diciendo si la voy a aceptar o no y, en
principio, estoy dispuesto al diálogo pero me parece que va a ser
bastante difícil.
Por otra parte, la referencia que usted ha hecho al incremento del
coste económico no ha sido motivo de preocupación para los gestores
de televisión, que situaron la deuda en 400.000 millones hasta 1996
por una gestión absolutamente inadecuada. Además, quiero hacer una
precisión y es que hoy en día (Rumores.) existe una televisión
privada que está emitiendo...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, por favor, termine. (El señor
Pliego Cubero: Está haciendo varios debates a la vez.)
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No estoy haciendo ningún debate a la vez
y lo que pido es que se respete el uso de la palabra, porque lo que
estoy es valorando la enmienda que se me somete a consideración.
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor De Luis, el trámite es para que
diga si la acepta o no. (Rumores.)
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: No, es que como se ha hecho una llamada
al consenso, estoy intentando llegar a ese consenso...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, le digo que está en el trámite de
decir si la acepta o no.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Entonces, señor presidente, entiendo que
la llamada al consenso usted no la recoge.
El señor PRESIDENTE: La llamada al consenso no figura en el
reglamento. En el reglamento figura que usted diga si acepta o no la
enmienda. (Rumores.) Ydesde luego le digo que el reglamento no es
ningún obstáculo para que si ustedes salen de esta sala y se ponen de
acuerdo en un texto de consenso todos los grupos, se pueda someter a
votación. Pero en este momento y en este trámite conteste usted a
esto.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En el reglamento sí se contempla la
figura del consenso. En cualquier caso no puedo decir que acepto la
enmienda ni tampoco puedo decir que la rechazo, porque en efecto,
como he iniciado mi intervención, estoy dispuesto a trabajar en el
consenso, pero con las premisas a que he hecho referencia en mi
intervención.
- SOBRE MEDIDAS PARAPALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA SOBRE EL EMPLEO
EN LOS OBREROS EVENTUALES AGRARIOS. PRESENTADAPOR EL GRUPO
SOCIALISTADEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001711.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
formulada por el Grupo Socialista, sobre medidas para paliar los
efectos de la sequía sobre el empleo en los obreros eventuales
agrarios.
Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Señor presidente, señorías, después de un año
y medio de sequía o de escasez extrema de lluvias, como prefiera
llamarlo el Gobierno, sobre todo en el sureste de España, esta
circustancia está teniendo y va a tener en el futuro... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Pliego.
Señorías, insisto en que el consenso se puede formalizar pero, por
favor, háganlo fuera de la sala.
Continúe.
El señor PLIEGO CUBERO: Decía que esta circunstancia de escasez de
lluvias está teniendo y va a tener en el futuro inmediato unos
efectos económicos y sociales graves en dos colectivos, que son los
que fundamentalmente sufren esta situación cuando se produce. Por una
parte, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y, por otra
parte, los obreros eventuales del campo por cuenta ajena, adscritos
al régimen especial agrario.
Respecto al primer colectivo, los pequeños y medianos agricultores y
ganaderos, el Gobierno ya ha tomado algunas medidas -me refiero al
decreto de sequía de julio de 1999- que efectivamente no afrontan el
problema, son medidas totalmente ineficaces y que han sido criticadas
desde todos los ámbitos, sindicales y asociaciones agrarias. La
proposición no de ley que hoy presentamos se refiere al colectivo de
obreros eventuales del campo. Estamos prácticamente en el mes de
octubre con efectos graves sobre la mesa y que a más corto plazo
lamentablemente pueden incrementarse. Sin embargo, el Gobierno no
solamente no ha puesto en marcha absolutamente ninguna medida, sino
que ni siquiera ha hecho una declaración pública a este respecto.
La proposición no de ley que hoy presentamos pretende paliar esta
situación -insisto, paliar, porque resolver en su totalidad es
imposible-, tomando medidas urgentes que van en dos direcciones. En
primer lugar, crear un PER especial de sequía o de inclemencias
meteorológicas, como quieran llamarle, insisto con carácter urgente
para hacer frente a la pérdida de empleo en las zonas rurales en los
próximos meses y, en segundo lugar, tomar una serie de medidas
complementarias que después detallaré y que son claves para que este
colectivo pueda pasar de la mejor manera esta circunstancia provocada
por la sequía.
Quiero significar que ninguna de las medidas propuestas es nueva. Ya
se han puesto en marcha con anterioridad y, además, con eficacia.
Recuerdo que en la última sequía, que duró casi cuatro años -años
1994, 1995- ya el Gobierno socialista puso en marcha todas las
medidas que aquí se contemplan, incluso en el año 1998 -el año
pasado-, cuando los efectos de la sequía, obviamente, eran menores
que un año después, también el Gobierno del Partido Popular aprobó en
aquel momento un PER especial sobre el PER ordinario, de inclemencias
meteorológicas, con una cuantía superior a 7.000 millones de pesetas.
Por tanto, no son medidas que supongan ninguna novedad.
Me gustaría señalar algunos datos de manera breve y precisa para
situar la magnitud del problema. Estamos hablando, señorías, de un
colectivo de más de 600.000 personas, solamente en Andalucía y
Extremadura. De estas 600.000 personas, más de 340.000, hombres y
mujeres, son perceptores del subsidio de desempleo. Estamos hablando
de una pérdida de más de quince millones de jornales en recogida de
aceituna, solamente en Andalucía en la próxima campaña, lo que tiene
un coste económico en torno a 70.000 millones de pesetas, cantidad
que van a dejar de percibir familias cuya economía es muy débil. La
campaña de aceituna -por poner un ejemplo a corto plazo- constituye
en muchos casos la base principal de su economía a lo largo del año.
Me gustaría añadir un matiz. Más del 50 por ciento, tanto de las
potenciales personas que puedan acceder al subsidio de desempleo como
de las que lo perciben, son mujeres y cuando esta circunstancia se
da, el perjuicio es doble. Poniendo de nuevo el ejemplo de la campaña
de recogida de aceituna (que es una campaña de gran importancia en
Andalucía, región que está sufriendo de manera más severa esta falta
de lluvia y que de aquí a dos meses se va a producir), cuando hay
escasez de cosecha automáticamente se prescinde de las mujeres y no
tienen acceso a estos ingresos, que en la mayoría de estas zonas
rurales son la base fundamental de la economía familiar. Estamos, por
tanto, hablando de un problema grave, social y económico, que afecta
a varios cientos de miles de personas y que incide sobre un colectivo
de trabajadores que es el más débil y que se ve golpeado de manera
más fuerte cuando se produce la sequía.
La proposición no de ley del Grupo Socialista recoge cuatro medidas
concretas que detallaré brevemente, están interrelacionadas. Es
necesaria la creación de un PER de sequía, con carácter urgente, para
ponerlo en marcha ya, con el fin de paliar el déficit de empleo en
estas zonas rurales en los próximos meses. No hemos puesto cuantía
porque queremos facilitar la tarea al Grupo Parlamentario Popular y
que esta iniciativa pueda aprobarse. Obviamente los sindicatos, las
asociaciones agrarias han puesto sobre la mesa una cantidad, en
cualquier caso superior a diez mil millones de pesetas. A efectos del
debate y de dejar constancia en el «Diario de Sesiones» el Grupo
Socialista comparte plenamente esa cantidad
porque sería la lógica para paliar -nunca resolver, porque no es
posible- esta situación.
Junto a estas medidas pediríamos que el Gobierno cumpla -aquí no hay
ninguna medida especial- el decreto que aprobó el Aepsa (me referiré
al PER porque Aepsa, salvo el señor Arenas y alguno más no lo conocen
en el territorio español) cuando entró en vigor que decía que en el
primer trimestre de cada año se darían todos los pasos para que el
operativo del PER pudiera aplicarse. Esto no ha ocurrido nunca desde
los tres años que lleva funcionando, ahora el PER se cobra más tarde
que antes, anteriormente se cobraba en mayo o junio y en estos tres
últimos años se ha cobrado de junio en adelante y en algunos casos a
partir de septiembre. Nosotros queremos enlazar el PER especial de
sequía que solicitamos y el PER ordinario del año 2000, de forma que
se cumpla lo que prevé el decreto y en el primer trimestre del año
2000 esté operativo el PER ordinario relativo a ese año. Ese sería el
primer bloque de medidas.
El segundo bloque comprende dos medidas complementarias que nos
parecen importantes. La primera, en aquellas comarcas donde la
pérdida de empleo sea de la magnitud que hablamos, comprobada y
detectada, se exima a estos trabajadores de tener que presentar las
35 peonadas preceptivas para acceder al subsidio de desempleo.
Insisto, lo que pretendemos es que, de poder dar jornales por esta
sequía, no haya personas que, por déficit de empleo, tengan que
acudir a un mercadeo de compra de peonadas o a peticiones de favores
y sencillamente se ponga sobre la mesa el derecho que pudiera
corresponderles. En segundo lugar, condonar los pagos al menos
durante un período de seis meses, prorrogables en su caso -ojalá no
haga falta-; si la sequía continúa -insisto- condonar los pagos de
estos trabajadores a la Seguridad Social agraria, lo que
coloquialmente se conoce como el sello agrícola, que, como SS.SS.
saben, tiene una cuantía en torno a 9.800 pesetas por cada trabajador
y mes, lo cual aliviaría las economías familiares que, aunque sean
cantidades pequeñas, para ellos son muy importantes.
Termino, señor presidente, estas cuatro medidas que hoy propone el
Grupo Socialista -insisto, ya se han puesto en marcha- tienen el
respaldo de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, de la mayoría de
las asociaciones agrarias y lo que es más importantes, son
estrictamente necesarias para este colectivo de trabajadores. Sólo
resta, señor presidente, que los grupos parlamentarios de esta Cámara
tengan la sensibilidad suficiente -así lo espero- para sacarla
adelante y que el Gobierno, efectivamente, lo cumpla y ponga en
marcha con carácter urgente estas cuatro medidas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por
el Grupo Popular tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Dada la profundidad con que el portavoz del
Grupo Socialista ha expuesto su posición, quería convencerle con los
mismos argumentos y tranquilizarle en relación a la gran preocupación
que tiene y que compartimos respecto a los efectos que la escasez de
lluvia está produciendo fundamentalmente en Andalucía y en
Extremadura.
La actitud del Gobierno, como ha dicho, cuando ha habido inclemencias
del tiempo que han hecho necesarios los planes especiales, ha sido
que se hagan sin más y con la urgencia debida, como ha recordado.
Ahora me referiré a los planes especiales de Aepsa, porque creo que
lo merecen, a cada una de las peticiones y a por qué no vamos a
apoyar estas medidas aun compartiendo esta preocupación. El PER -el
plan de empleo rural- no existe, entre otras cosas, porque nosotros
teníamos y tenemos el convencimiento de que había que cambiarlo. En
realidad era un plan de desempleo rural y en los años que estuvo no
trajo nada bueno para el campo. Por eso se ha cambiado el espíritu
fundamental y, entre otras cosas, ha hecho que no disminuya en estos
tres años la población agrícola, algo que no ocurría en los años
anteriores. Pero creemos que ése no es el debate, aquí lo que estamos
tratando es de ver qué ha pasado con la escasez de lluvia. Entonces
hay una serie de medidas que se piden.
Las medidas una y cuatro, efectivamente, tienen que contemplarse,
sólo que nosotros creemos que deben ser estudiadas de acuerdo con los
agentes sociales. Se está hablando con ellos, se está negociando
sobre la cantidad necesaria para la ampliación de los fondos
destinados a la Aepsa en el año 1999 a fin de que se puedan afrontar
estas necesidades. En estas negociaciones se están valorando los
perjuicios económicos reales que se hayan podido derivar y, en
función de ellos, se verá a cuánto es necesario que asciendan estos
fondos adicionales.
En referencia a la medida cuarta de la Aepsa para el 2000, los fondos
correspondientes estarán operativos cuando se aprueben los
presupuestos de ese año. Por cierto, en el anteproyecto ya figura un
incremento de 409 millones de pesetas para el programa de fomento de
empleo agrario, asimismo viene contemplado el programa de escuelas
taller y se continuarán desarrollando los compromisos asumidos en el
acuerdo de 1996.
Es importante que dejemos claro (he dicho que en el foro que
estimamos que debe hacerse es hablándolo con los agentes sociales,
que es donde se está contemplando) que la supresión del requisito de
cotizar las 35 jornadas para tener acceso al subsidio -punto 2-, con
los datos que hay en las manos es innecesario. Si miramos la última
estadística disponible, la correspondiente a junio, parece que la
incidencia de la falta de lluvias sobre la protección de desempleo de
los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura no
tiene una repercusión negativa. Así, ninguno de los indicadores que
se manejan habitualmente para ello parece registrar unos datos que lo
confirmen. Las altas acumuladas en el período enero-junio -es decir,
los trabajadores eventuales agrarios que acceden al subsidio por
desempleo y permanecen en esta situación durante 11 meses- han pasado
de 187.052 a 191.909, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento
que, si bien es menor al que hubo entre 1997 y 1998, es muy superior
al de 1996 y 1997 durante el que hubo un descenso del 6 por ciento.
Dicho incremento interanual del primer semestre de 1999 con respecto
al período de 1998 se da además en las dos comunidades, tanto en
Andalucía como en Extremadura.
Si queremos mirar otro indicador que habitualmente se utiliza y vemos
las altas que por primera vez se dan durante
el período de referencia, también parece apuntar a un
estancamiento en torno a 19.000 personas, pero no un descenso. Si
además se comparara con las cifras registradas en los años 1996 y
1997, estaría muy por encima puesto que, frente a 19.489 personas,
nos encontramos con que había 12.300 y 13.700 en los años 1996 y
1997. En cualquier caso, la incidencia es distinta entre comunidades:
Extremadura retrocede, si bien muy poco, mientras que Andalucía
permanece exactamente en el mismo nivel.
Si queremos profundizar más, han aumentado un 4 por ciento los
beneficiarios del subsidio, al pasar de 209.000 en junio de 1998 a
218.000 en junio de 1999. El incremento es 8.300, del cual 5.500
corresponde a Andalucía y 2.700 a Extremadura.
Por dar el dato de lo que podría ser el importe de la nómina, también
ha crecido en un 2 por ciento en el conjunto de ambas comunidades.
Por último, si queremos detenernos en la jornadas justificadas para
acceder a este subsidio, el número medio acumulado durante el período
está muy por encima de 35, está casi en 48 en el conjunto de ambas
comunidades autónomas y prácticamente en el mismo nivel que las casi
49 que había en junio de 1998. De las 48 jornadas justificadas, la
media andaluza es de 47,65 y la extremeña de 49,16. Quiero decir que
la media está en 13 jornadas por encima en Andalucía y en 14 jornadas
en Extremadura, manteniéndose en los mismos niveles que el año
anterior. (El señor Pliego Cubero: No había sequía.) Hay escasez de
lluvia, que no sequía. (Risas.) Sí, hay una diferencia muy importante
como sabe perfectamente el portavoz. En cualquier caso, con los datos
de que disponemos -no con el catastrofismo o voluntarismo negativo
que caracteriza a algunos portavoces, que no es su caso-, se puede
ver cuándo se tienen que tomar objetivamente unas medidas. Cuando ha
sido necesario, se han tomado; con los datos que tenemos en la mano
no es necesario. Está la mesa abierta con los agentes sociales y se
va analizando -es un observatorio permanente- cómo está la situación.
Las cuantías que hagan falta para 1999 se pondrán y las que hagan
falta para un Aepsa extraordinario se pondrán cuando sea necesario.
Quiero recordar, referente al último punto, que, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 59.1 del Real Decreto 1637/1995 por el que se
aprueba el reglamento general de recaudación de los recursos del
sistema de la Seguridad Social, las deudas con la Seguridad Social
sólo podrán ser objeto de condonación, exoneración o perdón en virtud
de normas con rango de ley en la cuantía y con los requisitos que en
las mismas se determinen. En consecuencia, y por las explicaciones
que he dado, cuando realmente se estime. Pensamos que en estos casos
no sería precisamente atacando al equilibrio de la Seguridad Social,
sino recurriendo a otro tipo de recurso como mejor sería tomar las
medidas.
Por las explicaciones que he dado no vamos a apoyar esta iniciativa
del Grupo Socialista. (El señor Pliego Cubero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Pliego?
El señor PLIEGO CUBERO: Es una cuestión meramenteformal, para que si
lo estima oportuno lo tenga en
cuenta a la hora de la votación. Solicitamos que que se voten
separadamente los cuatro puntos.
- SOBRE EQUIPARACIÓN DE LAACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
MATERIA DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL ENTRE EL
RÉGIMEN GENERALY EL RÉGIMEN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 161/001653.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la siguiente proposición no de
ley, si es que podemos hacer venir a esta Comisión al proponente de
la misma. Hay que reconocer que estamos en una fase donde hay muchas
comisiones, estamos con el trámite presupuestario y los grupos que no
tienen muchos diputados tienen estos problemas. Por consiguiente,
vamos a esperar un poquito al señor Campuzano. (Pausa.)
Entramos en el debate de la proposición no de ley sobre equiparación
de la acción protectora de la Seguridad Social en materia de
prestaciones por incapacidad permante total entre el régimen general
y el régimen de trabajadores autónomos, presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, antes que nada quiero
agradecer la amabilidad de la Mesa y del conjunto de los miembros de
la Comisión al darse este receso en la marcha de la sesión de la
mañana, en la medida en que la preocupación que caracteriza a algunos
miembros -la mayoría- de la Cámara no permite compatibilizar la
presencia en varias comisiones al mismo tiempo. Por tanto, agradezco
esta decisión.
Dicho esto, es evidente que el conjunto de grupos de la Cámara, y de
manera muy singular el de Convergència i Unió, hemos planteado no
sólo en esta legislatura, sino también en las anteriores, nuestra
preocupación por la problemática de la protección social de un sector
importante para el conjunto de nuestra sociedad, y muy especialmente
para nuestra comunidad, como es el amplísimo que configuran los
autónomos, muchas veces pequeños empresarios o responsables de
negocios en el ámbito del comercio de carácter familiar, un sector
importante en la creación de empleo y de riqueza y, si me lo
permiten, en el mantenimiento de la cohesión social de nuestras
ciudades y de nuestros pueblos, en el caso específico de Cataluña,
pero estoy seguro de que también en otros ámbitos territoriales del
Estado español como Madrid, el País Vasco o la comunidad de Valencia,
que configuran espacios sociales que permiten el mantenimiento de
importantes niveles de cohesión junto con otra realidad importante
y muy específica de España como es la familia.
Se ha instalado muchas veces en estos sectores la sensación de que el
conjunto de las políticas públicas orientadas a sus necesidades, y
muy especialmente en su régimen de protección social, constituyen un
ámbito de discriminaciones.
Esta mañana nosotros no vamos a entrar a fondo en el debate sobre la
situación de los autónomos en el ámbito de la protección social, creo
que tendremos oportunidades en el seno de la Comisión no permanente
del Pacto de Toledo de profundizar sobre estas cuestiones y además
con el conjunto de regímenes especiales que hoy existen. Pero es
evidente, y creo que en ello coincidimos todos, que existen
diferencias entre este régimen de autónomos y el régimen general,
muchas veces no en función de los diferentes niveles de cotización
que puedan existir ni tampoco estrictamente por las características
del trabajo de los autónomos. De hecho, creo recordar que desde 1974,
con la puesta en marcha del Decreto 20/1965, del texto refundido de
la Ley de la Seguridad Social, se marca ese objetivo de avanzar hacia
esa máxima homogeneización entre unos regímenes y otros. Por tanto,
no estamos planteando ni poniendo encima de la mesa ninguna novedad:
como mínimo, como digo, desde 1974.
También es cierto que en esta legislatura, en los debates que
llevaron a la probación de la Ley de consolidación y racionalización
del sistema de la Seguridad Social, nuestro grupo parlamentario
planteó enmiendas en el sentido de avanzar hacia la plena
equiparación. Enmiendas que llevaron a que la ley incorporase una
disposición adicional primera en la que se mandataba al Gobierno a
que en el plazo de ocho meses presentase a la Cámara un estudio
técnico y económico sobre el régimen especial de trabajadores
autónomos que contemplara mejoras de prestaciones y su aproximación
a las del régimen general.
Este informe se rehizo por parte del Gobierno y mostraba una serie de
ámbitos donde era probable, posible, relativamente fácil avanzar en
esa equiparación y homogeneización. También ese mismo informe
incorporaba otras realidades en que las diferencias tenían más
dificultades para ser subsanadas. En todo el ámbito de las
incapacidades, desde la incapacidad permanente parcial a la
incapacidad permanente total, nos parecía que era posible avanzar
hacia esa homogeneización. Por tanto, planteamos una línea de trabajo
en base a un estudio ya realizado por el Gobierno y donde se apuntan
esas realidades así como se marcan los riesgos.
Sabemos que en el debate de esta mañana, en relación con esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), se pueden plantear objeciones, como que estamos en pleno
inicio del debate y análisis de la aplicación del Pacto de Toledo,
que esta misma mañana, dentro de una hora y pico, se va a reunir la
Comisión no permanente para efectuar la definición del plan de
trabajo, etec. Orientemos esa cuestión hacia ese ámbito de discusión.
Nos parece un argumento razonable y de sentido común, pero también
nos parece razonable y de sentido común que en aquello que está
estudiado, que en los propios documentos del Gobierno prefiguran
posibilidades de avanzar, hagamos un gesto político mandatando al
Gobierno para que se avance en paralelo a los trabajos del Pacto de
Toledo, se consigan mejoras y que este sector (que como mínimo se
tiene la sensación de ser un sector castigado, pero, al mismo tiempo,
es un sector con un esfuerzo personal y colectivo muy importante en
la creación de riqueza y empleo en España) vea que desde esta Cámara
hay sensibilidad y voluntad para resolver estas cuestiones. De ahí la
expresión política de esta proposición no de ley.
Somos conscientes de las dificultades técnicas que tiene la gestión
del régimen de autónomos, este tema no es novedoso y no este
diputado, sino Francesc Homs, ponente del Pacto de Toledo y portavoz
de las comisiones de ámbito económico en esta Cámara durante muchos
años, ha batallado en esta cuestión y conocemos los argumentos del
actual y del anterior Gobierno. Cuando se está replanteando el
conjunto de prestaciones sociales, consideramos que es hora de
dedicar una atención especial al ámbito de los autónomos, y más
especialmente en ese terreno de la incapacidad permanente total, en
aquellos supuestos que ese propio estudio anuncia como supuestos
dignos de reforma para avanzar en lo que no es más que un mandato del
Pacto de Toledo y un mandato de nuestra legislación en materia de
Seguridad Social, como es el de la homogeneización de unos regímenes
con otros. De ahí la presentación de esta proposición no de ley con
el deseo de que sea aprobada por todos los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen expresar su opinión? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Debatimos hoy una proposición no de ley
que, si todos fuéramos coherentes con los planteamientos que hacemos
y decimos, no tendría ningún sentido discutirla máxime cuando ya está
funcionando la Comisión no permanente del Pacto de Toledo. Todavía es
más incoherente si añadimos que el grupo proponente es uno de los que
ha forzado para que la Comisión no permanente del Pacto de Toledo se
reúna, grupo que además, siempre que hablamos de propuestas de
Seguridad Social, nos remite al Pacto de Toledo y hoy nos encontramos
con esta proposición no de ley.
Es verdad que durante toda la legislatura hemos hablado de autónomos.
Sin ninguna duda, ahí está el «Diario de Sesiones», y no sólo por un
grupo sino por todo el arco parlamentario en algún momento hemos
traído cuestiones relacionadas con los autónomos. Pero no puedo dejar
de pensar que los catalanes estamos en campaña electoral y los
autónomos también requieren que se les dore la píldora o se les diga
cositas al oído que les haga querer más, teniendo en cuenta que estas
medidas a quienes más afectan es a nuestros comerciantes, taxistas y
autónomos en general.
Entrando en el contenido de la proposición no de ley, comprobamos que
cuando habla de equiparar o de justicia, a lo mejor tenemos pocos
argumentos para considerar que la incapacidad permanente total de los
autónomos se dé en las mismas condiciones que en el régimen general.
Hay una reflexión que me gustaría hacer en relación con el régimen de
autónomos y con el régimen general. A veces, cuando nos referimos al
régimen general, los trabajadores tenemos la costumbre de decir: yo
pago tanto y el resto lo paga el empresario. Eso es un error, porque
las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social que hace
el empresario son cotizadas como gasto salarial, es decir, dentro del
concepto de coste salarial. Si el empresario no tuviera que abonar al
régimen general los porcentajes que paga, los salarios no serían los
que son, sino que serían más altos. Por tanto, el pago que se hace a
la Seguridad Social por
parte de un trabajador, aunque lo haga vía empresario, lo está
haciendo el trabajador. (La señora secretaria, Pardo Raga, ocupa la
Presidencia.) Lo que no podemos hacer es cambiar un régimen, como es
el de autónomos, punto por punto, sin afrontar también las
obligaciones, porque sería razonable que dentro de la Comisión no
permanente del Pacto de Toledo se creara una subcomisión que
estudiara en profundidad todo el régimen de autónomos y podríamos ver
hasta qué punto podemos cambiar algunas cosas y hasta qué punto
podemos asumir aquellas reivindicaciones por parte de los autónomos,
que considero justas, pero que en el propio sistema de cotización que
tienen los autónomos a veces es difícil controlar que se cumpla
estrictamente lo mismo que en el régimen general.
Por consiguiente, hablar de autónomos parcialmente no nos parece que
sea el momento más adecuado, pero como decía anteriormente estamos en
campaña electoral. Nosotros vamos a apoyar sin ninguna duda la
proposición no de ley, no les vamos a dar opción para que digan que
nosotros aquí votamos cosas distintas que nuestro candidato, porque
además no es verdad. Lo que nuestro candidato quiere, nosotros lo
votamos aquí. Por tanto, vamos a apoyar esta proposición no de ley,
pero deberíamos ser coherentes, llevarla a la Comisión no permanente
del Pacto de Toledo, no debatirla aquí, y hablar del régimen de
autónomos en su totalidad, tanto en sus derechos como en sus
obligaciones. Y si hay que cambiar, cambiemos todo, cotizaciones y
derechos, todo en su conjunto.
La señora SECRETARIA (Pardo Raga): Para fijar posición tiene la
palabra don Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Si me permiten SS.SS. me apartaría un poco del
debate electoral y recordaré, como ha hecho la representante de
Convergència i Unió, no sólo la infinidad de veces en las que hemos
tenido ocasión de debatir sobre los trabajadores autónomos, sino
también de lo que está Cámara ha mandatado a los grupos en diversas
ocasiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Lo ha mentado
con anterioridad. Tuvimos la ocasión de hacerlo cuando, tras la
aprobación de la Ley de consolidación y racionalización de nuestro
sistema de Seguridad Social, se solicitaba al Gobierno un estudio
técnico y económico en relación con ello, estudio que se realizó,
como bien se ha recordado, y que llegaba a una serie de conclusiones,
que se han visto además ratificadas en sendas resoluciones, aprobadas
por esta Cámara con ocasión de los debates sobre el estado de la
Nación de los años 1998 y 1999 y que nos mandataban a impulsar las
modificaciones jurídicas pertinentes al objeto de mejorar las
prestaciones de los afiliados al régimen especial de trabajadores
autónomos y aproximarlas a las del régimen general.
Es cierto, señorías, que el estudio, al que he hecho anteriormente
mención, llegaba a una conclusión que a nosotros nos parece
fundamental y es que algunas de las diferencias, que persisten en los
regímenes de autónomos y en el general, son consecuencia obligada de
las propias características del trabajo autónomo y eso hemos de
tenerlo siempre presente. Tal vez la reflexión que podíamos hacernos
hoy aquí es si justamente lo que pretende el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) entraría en lo
que debe ser siempre diferente por las propias características del
trabajo autónomo o en aquello que evidentemente está dentro de la
homogeneización de los dos regímenes.
Nosotros pensamos que se puede introducir el presente debate en la
segunda de las cuestiones, sin que ello suponga en modo alguno
entender que los trabajadores autónomos de nuestro país están ante
una dramática situación en cuanto a su cobertura social o también
reflexionando en torno -y hago mías las palabras de la representante
del Grupo Socialista- a que hemos de tener muy en cuenta, cuando
estamos hablando de mejorar prestaciones, los esfuerzos contributivos
que se realizan para tener derecho a esos derechos, valga la
redundancia.
Además, me parece muy importante una reflexión, y en este caso
coincido con el Grupo Socialista, con la portavoz de ese grupo, sobre
la materia que tratamos. Debo manifestar que me alegro de la
coincidencia. Me parece un ejercicio de responsabilidad la atinada
reflexión que se ha hecho de que hace apenas dos semanas esta Cámara
aprobó la constitución de una comisión no permanente para, como le
denominamos nosotros, hablar del Pacto de Toledo. Si la constituimos
la semana pasada y hoy tenemos la reunión preparatoria de todos los
trabajos de la misma, hablar de régimen general y de régimen de
trabajadores autónomos es pieza fundamental de todo el debate que
debamos tener en el seno de esa Comisión. Esas reflexiones debemos
reconducirlas hacia el debate que tengamos en el seno de la misma.
Por eso vamos a proponer una enmienda transaccional al Grupo Catalán
(Convergencia i Unió), que sin modificar el texto que tiene su
proposición no de ley, añadiría uno que diría: Sin menoscabo de los
trabajos que se deban realizar en el seno de la Comisión no
permanente creada en el seno del Congreso de los Diputados, a los
efectos de valorar los resultados obtenidos por la aplicación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo y su desarrollo futuro. Si fuera
aceptada por el Grupo Catalán (Convergencia i Unió) sería una manera
de reflejar en este momento el consenso que, al menos, en cuanto al
debate que tenemos que tener sobre estas materias, tendrían todos los
grupos con representación política en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A efecto de fijar la posición en
relación con la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Compartimos la reflexión amplia y global , y creo que lo he dicho en
mi intervención, de situar el régimen de los autónomos en la esfera
del Pacto de Toledo. En la medida en que hemos presentado esta
iniciativa el 8 de julio de este año, sin que entonces supiéramos
cuándo se iban a celebrar las elecciones en el Parlamento de
Cataluña, y como cualquier bostezo que hacemos estos días los
diputados de Convergencia en el Congreso de los Diputados es
interpretado en clave electoral, tendríamos dos alternativas:
quedarnos todos en Cataluña o venir a trabajar aquí. Lo lógico es que
vengamos a trabajar y mantengamos posiciones coherentes, como lo
hemos hecho a lo largo de estos años. Ocho de julio, por tanto, antes
incluso de la constitución de la Comisión
no permanente del Pacto de Toledo y antes de la convocatoria de
las elecciones al Parlamento de Cataluña.
Como he dicho en mi intervención, nos parece que hay que lanzar dos
mensajes. Uno, que hay cuestiones de los autónomos que se podrían
empezar a resolver ya, entre ellas las relacionadas con las
incapacidades permanentes totales, y , dos, que hemos de enmarcar el
debate global en el seno del Pacto de Toledo. Por tanto, la enmienda
que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular es asumible por
Convergencia i Unió y aceptamos la propuesta que se nos hace.
PRESIDENTE:
El señor Vamos a hacer un receso hasta las doce para dar tiempo a que
llegue el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto señor Peralta.
(Pausa.)
- SOBRE CÓMPUTO A TODOS LOS EFECTOS DE LA OCUPACIÓN COTIZADA
POSTERIOR A LAS JUBILACIONES EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001659.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ha llegado el señor Peralta, quien,
con la brevedad que le caracteriza, va a defender el último punto del
orden del día, una proposición no de ley sobre cómputo a todos los
efectos de la ocupación cotizada posterior a las jubilaciones en el
régimen general de la Seguridad Social.
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTAORTEGA: En primer lugar, quiero agradecer a la
Presidencia y a todos los miembros de la Comisión la atención que han
tenido al esperarme. Lamento haberme retrasado.
La proposición no de ley que voy a defender en nombre de Nueva
Izquierda pretende resolver una situación legal que hoy tenemos en
nuestro país; cuando digo legal en nuestro país, me refiero a que en
el régimen general es así, pero que no se aplica en otros regímenes,
como es el caso de los autónomos. Es la situación que se produce
cuando las personas, tras jubilarse, vuelven a trabajar. En el
régimen general, ese periodo que trabajan les sirve, al recuperar la
pensión de jubilación que se suspende, para que les sea incrementado
el porcentaje de pensión, pero que no les sea asignada una base
reguladora calculando el periodo que han podido trabajar. Esta
situación es distinta a la del régimen de autónomos.
Como saben SS. SS., el régimen de autónomos está regulado con
posterioridad y ese periodo en concreto computa a efectos de
porcentaje y a efectos de base reguladora. ¿Por qué se produce esta
diferencia de trato jurídico? Quizás, en su momento, pudiera tener
alguna explicación en un intento de combatir el fraude. Parece que
hay una cierta percepción de que el fraude puede ser más intenso en
el régimen de autónomos que en el de por cuenta ajena. En todo caso,
parece claro que los cambios que se han producido en el tratamiento
de las situaciones de fraude ha cambiado espectacularmente con la
circunstancia de que antes sólo se tomaba en consideración para la
base reguladora unperiodo muy corto, los dos últimos años, y en estos
momentos estamos avanzando hacia la consideración de los quince
últimos años. A lo mejor, éste no es un periodo definitivo, pues en
el futuro se podrán adoptar decisiones en uno u otro sentido. En todo
caso, parece que la posibilidad de que se reanude la prestación de
servicios con el objetivo de cambiar la base reguladora durante un
periodo tan largo prácticamente da lugar a que no se pueda
físicamente cobrar pensión de jubilación. Y nosotros creemos que ha
cambiado sustancialmente la normativa y que la razón de ser que
pudiera tener esa situación distinta del régimen general al régimen
de autónomos hoy no existe.
Sin embargo, sí se ha producido una situación sociológica que creemos
importante que tomen SS. SS. en consideración. En el régimen general,
muchos trabajadores se ven obligados a jubilarse a los sesenta años
de edad; estamos pensando en esos trabajadores que han sido objeto de
situaciones de pérdida de su puesto de trabajo, han pasado a cobrar
el subsidio de desempleo, el subsidio especial de mayores de
cincuenta y dos años y, al llegar a los sesenta años de edad, se
tienen que jubilar, porque pueden jubilarse legalmente a esa edad, y
se les corta el subsidio de desempleo. Estas personas, con sesenta
años de edad, se jubilan y se les aplica una base reguladora pequeña,
que es la que corresponde a los últimos años en que han estado
cobrando desempleo o subsidio de desempleo. La posibilidad de que con
esa edad encuentren trabajo es difícil, pero no hay que descartarla e
incluso hay medidas de promoción. En la medida en que eso es así, si
se estimara la proposición no de ley que presentamos hoy a la
consideración de SS. SS., estas personas podrían mejorar su base de
cotización y situarla en los términos coherentes con toda su vida
profesional. Creemos importante que la base de jubilación sea más o
menos un reflejo de lo que ha sido la vida laboral de las personas y
no de lo que pueda ocurrir en el último periodo, para bien o para
mal.
Esta proposición no de ley va en la dirección de que se tenga en
consideración toda la vida laboral de la persona; si se trabaja
después de la jubilación, ese periodo de trabajo debe ser tomado en
consideración en el conjunto del periodo amplio actualmente vigente
de los quince años. Por otra parte, señorías, esto va en la línea del
Pacto de Toledo y creo que una consideración razonada y justa debe
conducir a su estimación. Por tanto, en nombre de Nueva Izquierda,
les pido el voto favorable a la proposición no de ley que he
defendido.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Con mucha brevedad, voy a fijar la
posición de mi grupo, el Grupo Socialista, en relación con la
proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto y defendida por
el señor Peralta, de Nueva Izquierda.
Tengo que manifestar nuestras dudas al respecto. Es verdad que esta
iniciativa da lugar a que se inicie un debate sobre el reconocimiento
de que hay trabajadores que por distintas causas alargan su vida
laboral más allá de la edad de jubilación, bien por necesidad, bien
por su profesión o
simplemente porque su desarrollo personal pasa por seguir realizando
una actividad laboral. Sin embargo, tenemos dudas en cuanto a que
pueda beneficiar de una manera directa precisamente a las rentas más
bajas, a trabajadores que no precisamente de forma voluntaria se ven
abocados a una jubilación anticipada. Son precisamente estos
trabajadores los que pueden tener y de hecho tienen muchas más
dificultades para encontrar un trabajo, después de la jubilación,
cuya remuneración sea superior y, por tanto, beneficie su base
reguladora, teniendo en cuenta además que el cómputo se extiende a
quince años y que los últimos años no son los más decisivos. Lo más
importante es que se computen estos últimos años a efectos de
porcentaje y esto ya se da. Si se modifica la base reguladora, puede
incluso perjudicar la cuantía si el salario que se cobra es inferior
al que se cobra por jubilación.
Aunque se está haciendo un esfuerzo por fomentar el ocio y tiempo
libre, por poder disponer del mayor tiempo posible después de un
largo periodo laboral, también es verdad que las esperanzas de vida
son cada vez mayores y cada vez más personas voluntariamente deciden
alargar todo lo que pueden su vida laboral. Por tanto, esta
iniciativa puede proteger de manera efectiva esta tendencia, pero en
estos momentos no tenemos claro que esta iniciativa, como decía
antes, pueda beneficiar claramente a los trabajadores y trabajadoras
de rentas más bajas. Al contrario, nos parece que son precisamente
los que estén en mejores condiciones laborales los que se podrían
beneficiar. Esta no es la voluntad de mi grupo, por lo que nos
abstendremos en esta ocasión, considerando además que sería un tema a
debatir en profundidad en la Mesa de revisión del Pacto de Toledo,
que empieza a reunirse en estos momentos. Es una idea interesante y
que merece un estudio mucho más completo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Para empezar, tengo que poner de manifiesto
que no compartimos el criterio que ha defendido el señor Peralta en
cuanto a la modificación, por cuanto la base reguladora es aplicable
no sólo en contraposición del régimen general al régimen especial de
autónomos; se aplica con carácter general la forma de hallar la base
reguladora según el artículo 165 de la Ley General de la Seguridad
Social desde la reforma de la Ley de 1974 y la orden que desarrolla
dicho artículo. Como decía, no hay una contradicción entre régimen
general y régimen especial de autónomos o de trabajadores por cuenta
propia, sino que la forma de hallar la base reguladora es aplicable
al régimen general y a todos los regímenes especiales, salvo al
régimen especial de autónomos, por cuanto la base reguladora del
régimen especial de autónomos no es aplicable a su capacidad fiscal,
sino que es voluntaria por parte de dichos trabajadores. Por tanto,
ese criterio queda totalmente descartado.
Asimimismo, tengo que decir que la forma de hallar la base reguladora
ha sido siempre la misma, salvo las modificaciones de un mayor
incremento del promedio de años en la reforma de 1985 llevada a cabo
por el anterior Gobierno y de acuerdo con el propio criterio de los
Pactos de Toledo
por los que se va a promediar un mayor número de años que
precisamente viene a equilibrar posibles desniveles, tanto de subida
como de bajada, de las bases de cotización para los trabajadores, lo
que es un criterio mucho más justo. (Rumores.)
Además, en el caso de trabajadores que se jubilen a la edad de
sesenta años, hay que poner de manifiesto que, al haberse hallado un
promedio de mayor número de años para la base reguladora...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora MONTSENY MASIP: Decía que se incrementa el porcentaje para
las personas que, después de haberse jubilado, pudieran tener la
ocasión de encontrar un trabajo. También se incrementan las
revalorizaciones del IPC. Por tanto, entendemos que queda adecuada la
nueva regulación de la base de cotización para los posibles
pensionistas tanto de invalidez como de jubilación.
Al mismo tiempo, el Gobierno actual ha introducido una reforma, que
es la jubilación parcial, que posibilita que la persona que está
jubilada pueda tener un trabajo a tiempo parcial compatibilizando la
parte proporcional de la pensión de jubilación. Todo esto, al
contrario de lo que ha esbozado el señor Peralta, sería ir en contra
de los criterios que se han establecido en las reformas últimas de la
Ley General de Seguridad Social del año 1985 y de los criterios que
se mantienen en los Pactos de Toledo. Por tanto, no entiendo la
postura del grupo mayoritario de la oposición que fue el que propulsó
la reforma del año 1985. Dicen que hoy van a abstenerse y creemos
que, no como ha dicho el señor Peralta, incluir el criterio que ha
defendido sería ir en contra de lo que se está teniendo en cuenta en
los Pactos de Toledo, que es un mayor promedio de años para hallar la
base reguladora en cuanto a pensión de jubilación.
Por tanto, señor presidente, mi grupo, hoy por hoy, va a votar en
contra de la iniciativa propuesta por Nueva Izquierda.
El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, podrá hacerlo dentro de breves
momentos, porque a las doce y media comenzarán las votaciones, tal y
como habíamos determinado en su momento.
Se suspende la sesión hasta dicha hora en punto. (Pausa.)
Señorías, vamos a comenzar las votaciones.
El primer proyecto de ley no tenía enmiendas, pero como es de
competencia legislativa plena, vamos a proceder a la votación.
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de
abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores
en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Vamos a pasar al proyecto de ley por la que se modifica el artículo 5
de la Ley 25/1971, de 19 de junio, de protección a las familias
numerosas.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, enmiendas, números 4,
5, 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votaremos la enmienda número 9, de Convergència i
Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 1, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 3, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Teniendo en cuenta que también tenemos competencia legislativa plena,
se procede a la votación del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a la votación de las proposiciones no de
ley, comenzando por la proposición número 1.702, presentada por el
Grupo Popular del Congreso, para potenciar la subtitulación en
producciones audiovisuales, no habiendo sido aceptada la enmienda.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor presidente, la enmienda, en
principio, no ha sido aceptada, pero quiero someter a la
consideración de la Comisión una enmienda in voce de adición al texto
inicial, intentando llegar a un consenso a la transacción en la que
hemos estado trabajando.
El señor PRESIDENTE: Eso es algo irregular, señor De Luis. Ustedes
han tenido mucho tiempo para presentar esa enmienda.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Yo lo que quiero es someter la
posibilidad de enmendar in voce el texto porque hemos hecho un
esfuerzo de transacción.
El señor PRESIDENTE: Quiero decirle que en el trámite de votación no
puede presentar una enmienda de transacción in voce. Podía haberla
presentado antes, ya que la Presidencia les concedió un periodo de
tiempo de más de una hora para llegar a un acuerdo.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Yo estaba esperando que usted me
concediera la palabra para explicarla.
El señor PRESIDENTE: No le concedo la palabra para explicar una
enmienda in voce porque éste no es el trámite para presentarla.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: ¿No puedo explicar el sentido de la
transacción?
El señor PRESIDENTE: No cabe formular enmiendas en este trámite.
Por tanto, se procede a votar en su integridad la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 14; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos , a continuación, a la votación de la segunda proposición no
de ley, sobre medidas para paliar los efectos de la sequía sobre el
empleo en los obreros eventuales agrarios.
En esta proposición se ha pedido votación separada de cada uno de los
cuatro puntos. Por consiguiente, vamos a votar el número 1 de esta
proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Con eso pasamos a la votación de la tercera proposición no de ley,
sobre equiparación de la acción protectora de la Seguridad Social en
materia de prestaciones por incapacidad permanente total entre el
régimen general y el régimen de trabajadores autónomos, con la
enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, proposición no de ley sobre cómputo a todos los efectos
de la ocupación cotizada posterior a las jubilaciones en el régimen
general de la Seguridad Social.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3;
en contra, 21; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.