CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 752



INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR SEDÓ Y MARSAL



Sesión núm. 54



celebrada el martes, 28 de septiembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico (Meroño Vélez) para informar sobre:



- Criterios de la Comisión en relación con el desarrollo
reglamentario de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector
eléctrico y, en particular, con la política de tarifas para los
ejercicios 1998 y 1999. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 212/001466) ... (Página 22082)



- El acuerdo entre Endesa y Gas Natural, así como de las actuaciones
previstas en relación con la defensa de la competencia en el sector
energético. A solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente
212/001705) ... (Página 22082)



- Criterios de funcionamiento de presente y de futuro de la Comisión
y su coordinación con la futura Comisión Nacional de la Energía. A
solicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente 212/
001861) ... (Página 22082)



- Situación actual y perspectivas de la Comisión y sobre sus planes
de actuación. A solicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de
expediente 212/002059) ... (Página 22082)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Iniciamos esta sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
con la celebración de la comparecencia de don Pedro María Meroño, que
es el presidente de la Comisión Nacional de Energía, para informar
sobre distintos temas respecto de dicha Comisión. Son cuatro
comparecencias antiguas que estaban solicitadas por el Grupo
Socialista, por lo que las subsumimos en el día de hoy para poder ir
eliminándolas del gran listado de comparecencias que todavía tenemos
pendientes y respecto de las cuales intentaremos hacer el máximo
posible, pero será un mínimo dentro, repito, del listado que tenemos.

La reunión de hoy se desarrollará con la intervención, en primer
lugar, del señor Meroño, después intervendrá el grupo solicitante de
las comparencias, el socialista, y posteriormente lo harán los demás
grupos de mayor a menor, terminando el Grupo Parlamentario Popular.

Si hiciese falta, habrá una segunda ronda, ésta tendría lugar después
de la respuesta del señor Meroño, pero sólo para matizar o hacer
algunas aclaraciones y no para abrir un segundo turno de debate.

Así pues, para empezar la sesión, según esta norma, el señor Meroño
tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
(Meroño Vélez): Agradezco la solicitud de esta comparecencia y que se
me permita exponer ante esta Comisión de Industria, Energía y Turismo
la labor y el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de la
Energía y también, si me lo permiten, en razón de las competencias
actualmente existentes, por la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrica. De otra parte, es asimismo importante para nosotros, a
través de esta comparecencia, conocer los criterios y opiniones de la
Comisión en cuanto tal y de los diferentes grupos parlamentarios para
considerarlas en los trabajos de los consejos de administración de
ambas comisiones.

La comparecencia se produce en relación con cuatro cuestiones o
materias diferentes, como ha dicho el señor presidente, todas ellas
relacionadas hoy tanto con el trabajo de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico como con el de la Comisión Nacional de la Energía.

Unas tienen un carácter más general y otras lo tienen más específico,
por lo que les ruego me permitan exponerlas todas conjuntamente,
haciendo así la exposición un poco más fácil.

Voy a comenzar hablando de la situación actual de la Comisión
Nacional de la Energía, que ya tiene un conjunto de responsabilidades
en materia de gas y de petróleo, subsistiendo la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico con responsabilidades en materia de energía
eléctrica. La Comisión Nacional de la Energía es una entidad joven,
como saben sus señorías. Los nombramientos y la constitución de dicha
Comisión se producen en el mes de abril de este año y su reglamento
de organización se publica en el mes de agosto, a finales de dicho
mes, con lo cual su estructuración, como luego veremos, se ha hecho
en fechas muy recientes. Apesar de ello, la Comisión Nacional de la
Energía
ha desarrollado ya una labor que podemos considerar amplia y, por
su parte, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, con más de
cuatro años de experiencia, ha continuado en el ejercicio de unas
competencias perfectamente estabilizadas e incardinadas en el régimen
general de la energía eléctrica en España.

En el reglamento de organización se desarrollan las funciones y los
artículos de la Ley de Hidrocarburos que se refieren a la Comisión,
dictándose con el informe favorable, esto es, de acuerdo con el
Consejo de Estado; y debo decir también que en el curso de la
tramitación del reglamento, que como suele ocurrir con estas normas
en las que intervienen varios departamentos ministeriales ha sido una
tramitación larga, se han realizado algunas consultas y
consideraciones con la propia Comisión Nacional de la Energía. Desde
luego no voy a exponerles el texto íntegro del reglamento, ya que
seguramente es conocido por SS.SS. y sería terriblemente aburrido,
pero sí me gustaría referirme a algunos puntos de especial
significación o que por lo menos han tenido cierta trascendencia en
la opinión pública.

El primero de estos puntos se refiere al dato de transparencia de la
Comisión Nacional de la Energía, transparencia que, junto con la
objetividad y otros principios que luego veremos, es un aspecto
básico de la Comisión. Les puedo señalar a SS.SS. que, de acuerdo con
el texto del reglamento, la capacidad de transparencia y acercamiento
al público que tiene la Comisión Nacional de la Energía es plena y
total, solamente tiene el deber de sigilo que se corresponde con
todas las autoridades y funcionarios públicos, pero, fuera de ello,
el reglamento no contiene, al menos en este momento, ninguna regla
que limite la capacidad, en primer lugar, de acceso a la Comisión de
cualquier sector interesado y, en segundo lugar, de manifestarse la
Comisión directamente al público, dando a conocer los informes y las
actuaciones de la Comisión Nacional de la Energía. En este punto,
como seguro conocen SS.SS., la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico tiene ya un web público perfectamente actuante y la
Comisión Nacional de la Energía, por razón de su nacimiento, lo está
preparando en este momento, conservando la propia imagen corporativa
de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. El dominio del web lo
tenemos desde poco tiempo después de nacer y, cuando ya esté
disponible técnicamente, iremos incorporando los informes y las
actuaciones de la Comisión Nacional de la Energía, como ocurre con la
otra Comisión.




Otro punto de especial interés en el reglamento es la reafirmación de
la posibilidad de que la Comisión Nacional de la Energía dicte
circulares de dos tipos diferentes: circulares informativas, de una
parte, solicitando información a las empresas, a los agentes y a los
sectores sobre los que actúa, información imprescindible para el
desarrollo de sus funciones; y, en segundo término, también tiene la
posibilidad -que esperamos sea muy utilizada- de dictar circulares de
desarrollo y de ejecución de disposiciones de carácter general,
normalmente decretos. La única limitación que existe -que no lo es a
nuestro juicio- sobre estas circulares es la necesidad de un informe
de legalidad de la Abogacía del Estado, que también nos dará
seguridad, antes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».




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Me refería antes a la juventud de la Comisión Nacional de la Energía,
y pueden ustedes imaginarse que durante este tiempo de constitución
del Consejo de Administración y de conocimiento mutuo de los miembros
del Consejo nos hayan preocupado unas cuestiones que normalmente
preocupan en el momento inicial de creación de una organización. El
propio funcionamiento del Consejo ha sido una de las primeras
cuestiones que nos hemos planteado, y en este funcionamiento hemos
confirmado, quizá, una obviedad legal pero que era conveniente
confirmarla internamente: el hecho de que el Consejo de
Administración de la Comisión es un órgano colegiado; dicho en otros
términos, es un colegio que toma las decisiones de forma colegiada,
es decir, conjuntamente.

Personalmente considero que esta forma de actuación es muy
conveniente, en razón de la especialidad y de la dificultad de los
temas que corresponden a una comisión con funciones fundamentalmente
regulatorias, puesto que, al tener, en este caso, una composición de
nueve miembros, se produce un conjunto de opiniones, de criterios, de
perspectivas de ver las cosas muy diferentes -y aseguro a S.S. que en
la práctica está ocurriendo así- y en el intento de hacer confluir
los diferentes criterios en una solución que sea común, en una
solución unitaria, siempre que ello posible, con lo que normalmente
se llega a soluciones o resoluciones más equilibradas y muy mejoradas
por la participación de todos.

Igualmente puedo señalar a SS.SS. que en el funcionamiento de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico se sigue un camino semejante,
y la aportación de criterios, opiniones y perspectivas de los señores
consejeros o vocales de la Comisión siempre permite llegar a
soluciones que -a mi juicio, por lo menos- son mejores de lo que yo
mismo podía pensar en un primer momento, a la entrada de una reunión
de la Comisión.

Esta forma de actuación tiene, como consecuencia, una limitación para
el presidente de las dos comisiones, y es una limitación obvia, la de
que difícilmente el presidente de las comisiones, tanto de la de
Energía como la del Sistema Eléctrico, podrá dar opiniones de
carácter personal en asuntos que son de la competencia de las dos
comisiones, sino que deberá, a mi juicio, limitarse a trasladar el
criterio, la opinión o la decisión que hayan tomado una u otra
comisión, puesto que, en definitiva, mientras no existan estas
decisiones el resto son opiniones puramente personales, que no
tendrían otro valor y que de ninguna forma pueden condicionar o atar
la opinión o la decisión futura de la Comisión.

Un segundo punto al que hemos dedicado igualmente tiempo y que
pensamos puede ser interesante, especialmente para los sujetos y
agentes que actúan en los sectores energéticos, es el de los
principios que deberían informar la labor de las comisiones.

Evidentemente, tanto la Comisión de la Energía como la del Sistema
Eléctrico -lamento repetirlo- debe informarse por los principios
generales, legales, sobre la materia de órganos administrativos y de
administraciones públicas, pero además de ello y por razón de las
funciones de la Comisión, nos parece conveniente, para conocimiento
general, fijar un conjunto de criterio que estimamos deben presidir
nuestra actuación y que, si me lo permiten, voy a exponer brevemente.




En primer lugar, está el principio de la independencia. Independencia
en el ejercicio de las funciones como principio básico de una
comisión regulatoria, que en sí misma se considera independiente;
independencia de las demás administraciones públicas; independencia
de las empresas y sectores afectados por su actividad, para
conseguir, partiendo de esta base, el resultado final de la actuación
de la Comisión, al que luego también me he de referir.

En segundo término, objetividad en sus planteamientos. Es un
principio obvio que no pienso que requiera comentario alguno.

Transparencia, y antes me he referido a ello. La transparencia es
esencial en este caso para conocimiento del público en general, de
los sectores afectados en este momento y de todos aquellos que
quieran acceder, en la ampliación que inevitablemente la llegada a
términos de competencia y mercado supone, y la forma de actuación en
dicho mercado. Transparencia que debe procurarse, por otra parte, que
sea igual para todos, es decir, que no exista una llegada de
informaciones o de noticias difererentes a unos sectores y a otros.

Otro punto al que damos importancia es el de apertura a todos los
interesados. El conocimiento de la realidad de los sectores, el
conocimiento de los comportamientos de cada uno, requiere que los
propios sectores tengan una cierta confianza en el órgano regulador
porque, si no, el nivel de información de que se dispone, a nuestro
juicio, es un nivel de información inferior, que puede dificultar
grandemente la toma de decisiones. Indudablemente el hablar de
confianza de los interesados, agentes, operadores, etcétera, de
ningún modo puede confundirse, es obvio, con cualquier otro tipo de
relación que se pueda confundir, como digo, con el tema de la
confianza, son cuestiones distintas.

En este punto, la Comisión Nacional de la Energía, de reciente
creación, viene recibiendo a todo tipo de asociaciones, colectivos de
consumidores de cualquier carácter, que inmediatamente plantean las
cuestiones que más les preocupan. Una cuestión adicional es la de
que, en ocasiones, los problemas que se plantean internamente en el
seno de la Comisión luego no se ven reflejadas, desde otro punto de
vista distinto, ante otras organizaciones, ante la opinión pública o
ante diferentes administraciones públicas, lo cual significa que la
cultura de entrar en competencia en el funcionamiento dentro de un
mercado, frente a una situación anterior fuertemente regulada, es una
cultura que tarda en calar y que existen unas situaciones, no diré de
miedo pero sí de indecisión, en el planteamiento de las cuestiones
que interesan a los sectores afectados.

Otro punto es el de la confidencialidad de las informaciones,
limitada, naturalmente, al punto en el que dichas informaciones sean
confidenciales, lo cual normalmente está relacionado con la actividad
comercial de las diferentes empresas y no tiene por qué afectar al
conocimiento general de informaciones que deben estar disponibles a
todos.

Fundamento de las decisiones. Sabemos que toda decisión
administrativa debe estar fundamentada y motivada, pero en el caso de
comisiones reguladoras, y sobre todo independientes, que están -o
estamos- funcionando en sectores en los que la regulación es bastante
genérica, el dar un fundamento claro y entendible de por qué se toma



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una decisión parece que es esencial para el conocimiento de todos los
demás sujetos actuantes en los sectores, aunque no estén directamente
afectados por dicha resolución.

En último termino, son necesarios un principio de control y un
principio de aceptación inmediata de este control y de las críticas
sociales, en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, sean
críticas políticas, críticas de grupos sociales, económicos,
académicos, de opinión y del público en general, que como críticas
positivas -deben entenderse siempre así- servirán para mejorar la
labor de la Comisión.

Junto a estos principios de carácter básico o de fondo, otros
criterios de actuación, también en cierto modo obvios, son el de
coordinación con otras administraciones públicas, evitando que los
administrados o sujetos interesados tengan que sufrir un camino
tortuoso de una administración a otra en temas en que todas ellas
deberían estar coordinadas -son cuestiones que ya se han tenido muy
en cuenta desde el nacimiento de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, y nos referiremos a ellos al hablar del sector eléctrico-,
y una relación operativa, que estimamos debe ser importante, con la
Comisión Europea y los órganos de la Comisión que están encargados de
materias energéticas y de competencia y que esperamos que en el
futuro se pueda incentivar todavía más, teniendo en cuenta la cada
vez mayor cantidad de competencias efectivas que tiene la Comisión
Europea en esta materia, y, en fin, un principio más operativo que es
el de seguimiento especial de las actividades de los operadores en
los diferentes sectores, sobre todo en el sector que tiene ya una
cierta tradición, que es el sector eléctrico, de seguimiento especial
de la función del operador del mercado y del operador del sistema,
que, sin que tengan realmente delegadas funciones públicas en lo que
hacen, lo cierto es que ocupan una posición muy especial. No son
agentes del mercado, son otra cosa diferente, y las decisiones que
tomen afectan de manera directa e inmediata, más que las propias
leyes o que los decretos que regulan la materia, sobre la actividad
de los agentes del mercado.

Como final de esta exposición de líneas o criterios generales me
atrevería a resumirlos en uno solo, que es en el que estamos de
acuerdo en la Comisión y en el Consejo que debe presidir nuestra
función, un criterio de profesionalidad en el ejercicio de estas
funciones. La profesionalidad, en definitiva, no es nada más que la
atribución de una función, de una tarea, la existencia de un
determinado conocimiento técnico sobre esa tarea, la puesta en marcha
de un código deontológico y, someter su actividad a un control
tercero. Si cumpliéramos todo esto y, al final, alguien calificara
nuestra actuación como profesional, entenderíamos que habíamos
cumplido con lo que nos corresponde.

Siguiendo con estos temas, quizás más aburridos y un poco primarios,
parece que el punto siguiente es informar a SS.SS. sobre cuál es la
organización de la Comisión Nacional de la Energía. En este caso
constituye una verdadera novedad, puesto que, como la Comisión acaba
de recibir su reglamento orgánico, había que esperar a su publicación
para proceder de una manera ordenada a la organización interna de la
Comisión. Ésta fue aprobada por el Consejo de Administración la
semana pasada, con alguna modificación
que se ha producido ayer y ha sido comunicada esta misma mañana
-porque pensábamos que debía ser así- a los directivos, al personal y
al comité de empresa de la Comisión. Como SS.SS. conocen, en este
momento todos los medios materiales y personales dependen de la
Comisión Nacional de Energía, sin perjuicio de que sigan prestando
servicios a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, como ha
ocurrido hasta la fecha en un sentido inverso.

La Comisión se organiza -por ser breve en este punto- en dos grandes
áreas, al estilo de cualquier organización más o menos cercana a lo
empresarial: un área de servicios internos y un área de negocio o de
actividades de la propia Comisión. Empezando por esta última, después
de un largo debate se ha tomado la decisión de organizarla según las
tres áreas de actividad que tiene básicamente la Comisión: una
dirección de energía eléctrica, una dirección de gas y una dirección
de petróleo. Cada una de estas direcciones se estructuran
distinguiendo fundamentalmente aquellos aspectos que están en
competencia de mercado, mercados eléctricos, mercados de gas, y
aquellos otros que son objeto de regulación y lo van a seguir siendo,
al menos durante mucho tiempo, como ocurre con la distribución, el
transporte, etcétera, por no cansar con una exposición más
pormenorizada.

En el área de servicios internos, bajo la Secretaría General y del
Consejo, se estructuran los servicios normales y ordinarios de
cualquier organización, como pueden ser los servicios jurídicos,
laborales, económico-financieros, la informática y una función
especial de la Comisión, a la que hay que dar la importancia que
realmente tiene, que es la función de inspección, que ya se puede
desarrollar con una mayor dedicación de recursos a través de la
completa y plena integración de la vieja estructura de Ofico -y digo
vieja por su historia anterior dentro de la estructura de la
Comisión-, integración que se ha producido justo antes del verano.

Aparte de esta Secretaría General existen otras dos direcciones, una
que ya existía y que se conserva, que es la Dirección de Relaciones
Externas y Documentación, y otra que no existía en la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico y a la que denominamos -y en la
denominación está la función- Dirección de Competencia y Regulación.

Pretendemos crear un cuerpo de profesionales expertos en materia de
competencia y en materia de regulación, que ya existen en la Comisión
del Sistema Eléctrico, pero que no están estructurados como una
unidad. Parece que hace falta, por un lado, un seguimiento constante
del funcionamiento del mercado, de las estructuras y de los
comportamientos que se producen en el mismo y, por otro lado, un
seguimiento constante de aquellas materias que están reguladas, tales
como tarifas y peajes, que siguen siendo tarifas públicas, como su
nombre indica. Una tercera unidad sería la de relación con otras
entidades o administraciones públicas con funciones reguladoras, bien
sean la Administración General del Estado, las comunidades autónomas,
y muy especialmente la Comisión Europea, y de seguimiento de las
disposiciones legales y de otro carácter, incluso jurisprudenciales,
que se produzcan en este área, en la que decisiones de los tribunales
y comisiones tienen especial trascendenciaen la regulación ordinaria.




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En este punto me parece obligado agradecer muy brevemente a todo el
personal del sistema eléctrico, cuya profesionalidad está muy
demostrada, todo el esfuerzo que están haciendo en este momento, ya
que la Comisión Nacional de la Energía tiene competencias nuevas en
gas y petróleo, pero no se ha producido todavía la incorporación de
nuevos expertos o nuevos profesionales, con lo cual toda la carga de
trabajo que hemos tenido en algunos temas está siendo soportada
realmente por el personal de la Comisión. Por esto, repito, hago este
agradecimiento con muchísimo gusto.

Una vez analizados, en términos generales, los aspectos organizativos
y de principio, estimo que puede ser conveniente informar a SS.SS. de
las actividades de ambas comisiones en las diferentes áreas de
actividad que les corresponden. Quizás la mejor forma de hacerlo, a
mi juicio, en este momento, es haciendo un repaso de los diferentes
sectores energéticos, de su situación actual y de las perspectivas
que se cree que van a seguir en los próximos meses o quizás años. En
este punto hay un dato previo con el que estimamos que se debe
examinar toda la actuación de la Comisión, y es que ésta es una
administración pública que no tiene competencias genéricas, sino unas
competencias muy específicas, que se reducen solamente a contemplar
las actividades enérgeticas desde la competencia del mercado, de su
apertura, de la transparencia, objetividad y vigilancia de los
sectores enérgeticos, y no abarcan otros conjuntos de medidas que
también pueden afectar a dichos sectores, característicamente la
materia relativa a seguridad, que es competencia de otras
administraciones públicas y que, a nuestro juicio, aparte de no ser
posible, podría complicar jurídicamente las actuaciones de las
comisiones y desviarlas del camino que deben seguir de defender
siempre los principios, los criterios y las materias, repito, que les
han sido atribuidas: competencia, mercado, transparencia, objetividad
y funcionamiento real de los sectores.

Otro punto previo para examinar las competencias y actuaciones de la
Comisión es que, indudablemente, somos una comisión reguladora, pero
no somos la única administración reguladora, cosa que a veces no sé
si se olvida, pero no se recuerda. Las Cortes Generales y la
Administración General del Estado tienen una función reguladora
evidente, y las comunidades autónomas también la tienen en algunas
materias. De las tres leyes que se han producido recientemente en
sectores energéticos: la Losen -la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional-, la Ley del sector Eléctrico y la última Ley de
Hidrocarburos, otorgan competencias reguladoras a las dos comisiones,
pero no han dado, al menos todavía, el paso de darles plenas
competencias reguladoras, como ocurre en otros países. Podemos pensar
que la situación actual no era adecuada, pero también creemos que en
un futuro más o menos próximo se puede dar el paso regulador final y
estimamos que puede ser positivo por muchos motivos, entre otros
porque de esta manera están funcionando muy bien en otros países,
aunque quizás con mayor trayectoria liberalizada o de funcionamiento
de los mercados que la nuestra. En definitiva, puedo decir que,
cuando llegue el momento, estaremos dispuestos a asumir competencias
de este tipo.

Quizás por motivos históricos, el primer sector a analizar sería el
de la energía eléctrica. Creemos que, para
poder avanzar en el camino tantas veces repetido de la propia
liberalización, es posible y conveniente realizar en este momento una
calificación de cómo se encuentra el sector de la energía eléctrica
desde la perspectiva del mercado y de la liberalización que les
mencionaba. A mi juicio, la calificación previa de la situación en
este momento es positiva genéricamente. Sería el primero en hacer una
lista larga de defectos, de imperfecciones y de situaciones a mejorar
-luego nos vamos a referir concretamente a alguno de estos puntos-,
pero ello no impide una calificación inicial positiva, teniendo en
cuenta todas las circunstancias concurrentes.

La liberalización, la existencia de un mercado eléctrico, como
situación de hecho en la que se concreta la realidad del sector, es
un proceso ya iniciado y, en cuanto a tal, estimamos que es
imparable, aunque sean necesarias multitud de mejoras y tenga hoy
muchas imperfecciones. El primer paso ya ha sido dado y, como digo,
estimamos que no tiene marcha atrás. En este punto, por hacer un
resumen como recién llegado a la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, me gustaría dejar constancia de que la Comisión colaboró
muy activamente en la puesta en marcha de todo el desarrollo
reglamentario de la Ley del Sistema Eléctrico, y que en esta labor,
las disposiciones que actualmente lo regulan, a algunas de las cuales
me referiré posteriormente, pueden ser objeto de perfeccionamiento,
pero han permitido el funcionamiento del sistema.

Ya he dicho que la crítica al mercado eléctrico en este momento debe
ser, inicialmente, una crítica positiva. También debo decir de manera
inmediata que no es un mercado maduro, es un mercado en pruebas, es
decir, es un mercado en el que hay que hacer muchísimas cosas nuevas
que no se han hecho. ¿Qué tipo de cosas nuevas es necesario hacer? En
primer lugar, un desarrollo reglamentario que está pendiente y, en
segundo lugar, una revisión de la situación actual reguladora, tanto
a nivel de disposiciones de desarrollo de la ley -reales decretos-,
como a un nivel inferior en grado pero igualmente importante, como
son las normas operativas, las reglas de funcionamiento del mercado
eléctrico y los procedimientos de operación del sistema. Ello no sólo
porque en el día a día se están viendo defectos en la aplicación de
estas disposiciones, sino por otro elemento, al que luego me referiré
más ampliamente, que es el grado de liberalización al que se va a
llegar en el próximo mes de julio del año 2000, en el que podrán
acceder al mercado, directa o indirectamente, como consumidores
cualificados o como comercializadores, hasta 60.000 consumidores, con
lo cual, la propia cifra, que no me canso de repetir en los foros en
los que tengo ocasión de hablar, da idea de la importancia del cambio
que se va a producir el año que viene y de la necesidad de
preparación. Si SS.SS. me lo permiten, hablaré de ello un poquito más
adelante.

Hablaré antes del desarrollo reglamentario pendiente, que era objeto
de una pregunta concreta en esta comparecencia, y en este punto tiene
especial importancia el reglamento de transporte, distribución y
comercialización. Este reglamento se ha retrasado de manera excesiva.

Existían borradores, la Comisión ha colaborado intensamente en ellos,
y en concreto en el que en este momento existe como borrador
disponible. Hay que lamentar este retraso, pero últimamente se están
poniendo de nuevo en marcha trabajos



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específicos y concretos para ponerlo en funcionamiento y poder seguir
la tramitación formal. La semana pasada ha habido reuniones conjuntas
entre el Ministerio de Industria y Energía y directivos de la propia
Comisión para revisar de nuevo este borrador que afecta a temas
trascendentales, como saben perfectamente sus señorías. No sé si esta
nueva puesta en marcha después del verano tiene relación con todos
los incidentes que han ocurrido por la enorme demanda eléctrica que
todos conocemos ha existido y los defectos de calidad que también se
han producido, o es que ya, en el curso normal de las cosas después
de las vacaciones, se pone de nuevo en marcha. Nosotros hemos estado
pidiéndolo reiteradamente desde la Comisión de Energía y desde la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en este caso, y nos agradaría
que pudiera avanzar rápidamente.

Como saben SS.SS. perfectamente, el reglamento, aunque no lo diga en
su título, al final regula tanto elementos de retribución,
fundamentalmente de la distribución, como elementos de calidad del
servicio, tema muy importante en el que la falta de regulación quizá
esté impidiendo que se produzcan a nivel suficiente las reclamaciones
normales que deben producirse en el caso de que la prestación del
servicio falle. Quizá también esté influyendo el elemento cultural al
que me refería antes de falta de costumbre de reclamar por pensar que
no va a tener éxito, pero es todo ello un proceso a cambiar.

Un segundo reglamento importante es el relativo al desarrollo de la
ley en materia de instalaciones extrapeninsulares, insulares y Ceuta
y Melilla, que está igualmente pendiente. Al poco tiempo de llegar a
la Comisión Nacional de Energía tuve ocasión de que me presentaran el
borrador de reglamento que la propia Comisión tiene preparado y es de
una complejidad muy grande, porque en definitiva se trata de intentar
introducir mercado en sistemas insulares en los que, por razón de su
propio tamaño físico, de la realidad geográfica, sobre todo en islas
pequeñas, tiene especial dificultad. En este extremo, desde mi punto
de vista personal, considero que son más dificultades técnicas que de
otro tipo las que están retrasando la formulación de este reglamento.

El punto siguiente al que me refería era el de las modificaciones de
las normas actuales. ¿Cuáles son los elementos de las reglas actuales
de los que existe ya una conciencia clara de que deben modificarse
para el buen funcionamiento del mercado? Se podrían citar bastantes,
la modificación debe ir quizá por centrarlos en el nivel inferior
normativo, que son las reglas de funcionamiento del mercado y los
procedimientos de operación, más cercanos al funcionamiento diario de
los sistemas, y a partir de esa base ver qué disposiciones de
carácter general vienen igualmente afectadas por esta revisión.

Las modificaciones tienen que llegar a asuntos tales como los
mecanismos de solución de restricciones técnicas en la red de energía
eléctrica, el tratamiento de los intercambios internacionales, la
reciprocidad con los sistemas eléctricos vecinos, mejoras en la
liquidación económica de la energía y temas quizá de carácter menor
pero que se encuentran en esta misma línea.

En este sentido, la Comisión ha mandado una comunicación al operador
del mercado, al operador del sistema y a todos los agentes actuantes
o interesados en el mercado,
tanto productores como distribuidores o comercializadores, para que,
con independencia del procedimiento formal de revisión de reglas, que
es un procedimiento cuya propuesta corresponde a la operadora del
mercado y aprueba el Ministerio de Industria, nos trasladen, como
digo, en procedimiento separado e independiente y quizá con una mayor
libertad de opinión, en el sentido de que no debe ser formal, sus
criterios sobre qué debe mejorar y en qué sentido debe mejorar, que
es lo más difícil, porque lo más fácil en ocasiones es saber qué es
lo que hay que cambiar, pero el sentido en el que deba cambiarse es
bastante más difícil. Cuando se vean, como decía anteriormente, las
modificaciones que corresponden a estas normas de carácter menor, se
podrá determinar cuáles son las modificaciones de nivel reglamentario
superior.

El segundo campo que señalaba anteriormente de modificaciones se
refiere a los cambios absolutamente necesarios para que sea posible
el incremento de elegibilidad en julio del 2000, y este punto lo voy
a mezclar con otra cuestión, que es la cuestión de tarifas, que
también estaba planteada en la comparecencia, aunque referida a
tarifas de los años 1998 y 1999, y si me permiten SS.SS. también haré
una referencia al cálculo de tarifas para el año 2000, que es, a
nuestro juicio, el que tiene mayor interés en este momento.

El cálculo de tarifas para el próximo año constituye un ejercicio
novedoso. Como saben SS.SS., a partir del 1 de julio del 2000 todos
los consumidores de energía eléctrica que estén conectados a la red a
tensiones superiores a los 1000 voltios adquieren la condición de
consumidores cualificados. Se ha calculado, por las estadísticas que
se tienen, que éstos podrían ser hasta 50.000 nuevos consumidores,
que se añadirían a los 8.000 que ya podrían elegir este año con el
incremento de elegibilidad de octubre, y la preocupación de la
Comisión, en este caso de la Comisión Nacional del sistema Eléctrico
-pero, como le afecta el asunto para el año que viene, también de la
Comisión Nacional de la Energía-, es que no existan barreras de
ningún tipo a la llegada de estos nuevos consumidores cualificados al
mercado.

La Comisión ha preparado un conjunto de trabajos, que hemos puesto
también en conocimiento del Ministerio de Industria y Energía y de
las operadoras del mercado y del sistema, sobre qué pensamos que debe
hacerse para que este acceso nuevo a la elegibilidad sea
efectivamente realizado, y una primera medida, que parece que es un
poco menor pero que es de especial trascendencia, es el tema relativo
a los equipos de medida de los consumidores cualificados. Existe un
verdadero problema con los equipos de medida, tanto en su suministro
como en su coste y en su integración en la red, e incluso problemas
burocráticos, porque son equipos que deben ser objeto de las
denominadas instrucciones técnicas complementarias y, por motivo de
competencia comunitaria, estas instrucciones tienen que ser aprobadas
o vistas por Bruselas, en cuyo caso el procedimiento se alarga mucho
más. En consecuencia, aunque parezca que tenemos mucho tiempo hasta
julio del 2000, lo cierto es que o se toman decisiones rápidamente,
permitiendo una cierta -digamos también- liberalización del sistema
de contadores a través de contadores más fáciles, más económicos



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y que puedan ser utilizados por más personas, o, si no, no
llegaremos.

Aquí no acaban las modificaciones. Habrá que modificar el Real
Decreto del año 1998 que organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica, habrá que modificar las reglas de
funcionamiento del mercado o desarrollo del decreto, habrá que
modificar también las tarifas de acceso a las redes y algunos
procesos de operación del sistema que están íntimamente relacionados
con el propio mercado. Hay otros procedimientos de operación que no,
pero hay bastantes que sí deben modificarse igualmente.

Un punto distinto de los aspectos técnicos, que hay muchos, de
crecimiento de la elegibilidad, pero que es igualmente importante, es
el elemento de la información necesaria y suficiente para que todos
los que van a ser consumidores cualificados, o lo pueden ser, en
julio del año 2000 tengan la debida información de que lo pueden ser,
y tanto desde la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico como en una
etapa inmediatamente anterior mía en la operadora del mercado era
sorprendente comprobar que empresas importantes, con grandes
estructuras, tenían un real desconocimiento de que podían acudir al
mercado eléctrico en uno, dos, tres o cuatro meses. Pensamos que ese
desconocimiento puede ser todavía superior cuando se llega a un
tamaño de empresa u organización menor que la anterior y que afecta a
50.000 posibles consumidores cualificados. En este sentido, la
Comisión ha diseñado un plan de información y de comunicación
externa, de márketing incluso; nos hemos puesto en contacto con la
operadora del mercado, a la que entendemos que también le corresponde
desarrollar una labor activa en la difusión del mercado en cuanto que
es la que lo opera, y lo vamos a poner en conocimiento de todos los
agentes y sujetos interesados para intentar que se ponga en marcha lo
más pronto posible a través de una información que es prácticamente,
al final, información por medios de comunicación.

Con los datos de que dispone la Comisión en este momento, aunque
todavía no han podido oficializarse, el ahorro que se está obteniendo
por los actuales consumidores cualificados por haber acudido al
mercado en lugar de continuar en el régimen de tarifa es, como media,
un 20 por ciento. En consecuencia, será un éxito el ahorro superior
en tarifa y será un éxito que acudan más consumidores al mercado
y que se excluyan del régimen de tarifa. Por lo tanto, el cálculo de
los ingresos del sector eléctrico en el próximo ejercicio, hace
imprescindible estimar cuántos consumidores van a ejercer la
condición de cualificados. Es imprescindible, a su vez, conocer
cuáles son los precios que actualmente pagan por la energía
eléctrica, para compararlo con los precios que previsiblemente
obtendrán si ejercen el derecho de elegir suministrador. Por ello, la
Comisión ha solicitado a todas las compañías eléctricas información
que permita la realización de los cálculos correspondientes.

Teniendo, por un lado, los costes de las distintas actividades y ,
por otro, los ingresos que van a poder obtener vía mercado, tanto a
tarifa como cualificados, se podrán realizar las estimaciones
necesarias para la evolución de las tarifas en el próximo ejercicio.

En relación con lo anterior, y respecto de la situación actual
regulatoria, tampoco existe un reglamento de desarrollo de la ley en
materia tarifaria, en materia de establecimiento
y cálculo de la tarifa eléctrica. Durante este tiempo de
funcionamiento del mercado, parece que no se ha considerado
necesario, pero en este momento, en razón de que el volumen de
energía que va a ir al mercado es muy grande (en julio del año que
viene estará en torno al 50 por ciento de la demanda total), parece
imprescindible ganar seguridad jurídica y tener un reglamento de
metodología de fijación de la tarifa, que la Comisión estaba
pidiendo, para que de este modo este flanco de desarrollo de la ley
quede suficientemente cubierto.

Como SS.SS. se interesan en particular, en uno de los puntos de la
comparecencia, en los criterios de la Comisión sobre la política de
tarifas de los ejercicios 1998 y 1999, he de informarles que, por los
datos que obran en mi poder, ya que como SS.SS. conocen bien, fui
nombrado presidente en abril de este año, la Comisión consideró, y lo
voy a exponer como me lo trasladan los servicios de la Comisión, que,
para analizar cuál debería ser el nivel de tarifas para dichos
ejercicios, se debía tomar como punto de referencia el protocolo para
el establecimiento de una regulación del sistema eléctrico firmado el
11 de diciembre de 1996. En dicho protocolo se hacían explícitos una
serie de supuestos que permitían considerar rebajas tarifarias
superiores a la senda de bajadas allí consideradas, esto es, menos
dos por ciento para 1998 y menos uno por ciento para 1999. La
Comisión consideró que en estos dos ejercicios se dieron dos de
dichos supuestos, los relativos a la evolución del tipo de interés y
de la demanda, y por tanto se justificaban reducciones del nivel de
la tarifa eléctrica superiores al descenso que figuraba en el
protocolo. Concretamente, para 1998, la reducción de la tarifa media
del 3,63 por ciento propuesta por el Ministerio, fue valorada
positivamente por la Comisión, al entender que esta reducción
permitía ir acercando la tarifa a los precios de competencia de una
forma gradual, aunque se apuntaba que la previsión del Ministerio de
un incremento de la demanda para 1998 del tres por ciento, era muy
conservadora y que, de superarse estos valores, habría margen para
que en un futuro se pudiera seguir reduciendo la tarifa a mayor
proporción. De hecho, el crecimiento de la demanda en el ejercicio de
1998 superó ampliamente las previsiones apuntadas anteriormente,
llegando al seis por ciento, por lo que, en el informe
correspondiente de la Comisión a la tarifa de 1999, la Comisión
defendió una reducción del nivel tarifario superior a la del 2,5 por
ciento, propuesta por el Ministerio, basada nuevamente en una
previsión de incremento de la demanda de 1999 excesivamente baja. Con
independencia de esto, como conocen SS.SS., en abril de 1999 se
produjo una disminución adicional del 1,5 por ciento. Convendría, no
obstante, aclarar que en estos dos ejercicios, y como consecuencia
del desarrollo del mercado eléctrico, la política tarifaria
comprendía por primera vez, además de las modificaciones en las
tarifas clásicas, el diseño de una estructura de tarifas de acceso a
las redes. Así, en el ejercicio de 1998, el Ministerio aprobó unas
tarifas de acceso que, en opinión de la Comisión, eran excesivamente
altas y complejas. Este diseño de las tarifas de acceso fue revisado
en 1999 por el Ministerio, adoptando una estructura más sencilla y
con reducciones del 25 por ciento, en cuanto a nivel de precios. Esto
originó un fuerte incremento deingreso en el mercado. Con estas
informaciones pretendo



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dar respuesta a la cuestión planteada en esta comparecencia sobre
tarifas de los años 1998 y 1999.

Siguiendo con el sector eléctrico, me gustaría referirme a algunos
puntos relacionados con la necesidad de cambios regulatorios y
también con algunas deficiencias o incidencias observadas en el
mercado eléctrico, que es lo que determina que le hayamos denominado
un mercado naciente o un mercado en pruebas. Quisiera referirme a los
procedimientos abiertos en la Comisión a dos empresas eléctricas por
lo que hemos denominado hechos anómalos ocurridos en el mercado;
hablaré en concreto de las que se denominan restricciones técnicas,
cuya regulación debe reconsiderarse. El mercado de energía eléctrica
se ve alterado por la existencia de restricciones de la red de
transporte, que modifica la libre casación de generación y demanda.

La particularidad y localización geográfica de las restricciones que
impone la red de transporte determina que en determinados momentos y
en ciertas zonas de la geografía nacional se produzcan estas
restricciones y se produzca, en consecuencia, una situación de
monopolio de hecho, puesto que únicamente la compañía de la zona
puede distribuir energía eléctrica en ese momento. Si las centrales
correspondientes no han entrado en funcionamiento vía mercado por
precio, en todo caso tienen que entrar, según la regulación actual,
por un precio bastante más elevado, puesto que se sabe que va a ser
para restricciones. Esta situación se produjo en el verano de 1998 y
produjo un sobrecoste por restricciones muy elevado. La Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico inició unos expedientes informativos
sobre esta materia, expedientes que se siguieron hasta el último
momento y que han originado dos tipos de situaciones. Una, en materia
de gestión de desvíos, que es cuestión aneja a esta de restricciones,
la modificación de la normativa existente entonces, que se consideró
totalmente no adecuada para solucionar el tema de gestión de desvios.

La segunda, una petición permanente por parte de la Comisión de
modificación de las normas sobre restricciones y, al mismo tiempo, un
aviso a las compañías de que se iba a hacer de nuevo un seguimiento
este verano del funcionamiento de las restricciones técnicas diario,
y que en la Comisión se estaba disponible para diseñar un sistema de
actuación y de fijación de oferta de las centrales en Andalucía, en
Levante y en la cuenca del Miño, que permitiera reducir los
sobrecostes por restricciones que podían derivarse de la aplicación
de las reglas vigentes. Lo cierto es que las compañías hicieron caso
al aviso de la Comisión y en el presente verano el tema de las
restricciones ha cambiado en el sentido de que los precios unitarios
o precios globales son muy inferiores a los de 1998, aunque el
volumen global de restricciones, por la situación que decía antes, de
un incremento trascendental de la demanda eléctrica durante este
verano, haya determinado que el volumen total de restricciones, que
no es evitable, haya sido igualmente muy grande. En consecuencia, la
solución que se dio a los expedientes en cuestión fue avisar que se
habían producido unos hechos anómalos, que dichos hechos anómalos,
como siguieron produciéndose, determinarían de nuevo expedientes en
la Comisión , llegar a unas fórmulas de reducción de precios
unitarios por restricciones en el presente verano, hacer un
seguimiento diario del funcionamiento del mercado durante los meses
de julio y agosto y
pedir de nuevo que se produzca un cambio regulatorio en materia de
restricciones.

Otro punto que también tiene especial interés es el de las
interconexiones internacionales, al que personalmente me he referido
en ocasiones anteriores y en otros foros distintos. Muy
recientemente, la Comisión ha emitido un informe en relación con
hechos acontecidos en la gestión de las interconexiones
internacionales y sus implicaciones en el funcionamiento del mercado.

Este informe se produce cuando tenemos conocimiento,vía ordenador a
través del seguimiento del mercado que hace la Comisión y a petición
personal mía, de unas dificultades observadas en ofertas del agente
externo Electrabel, para llegar a enajenar energía eléctrica en
España. En este informe se justifica la necesidad evidente de mejorar
el desarrollo normativo que regula las transacciones internacionales,
se indica la conveniencia de buscar fórmulas que permitan la revisión
y la renegociación del contrato de importación con Francia. Es un
contrato previo a la ley que se encuadraba perfectamente en el
sistema regulatorio anterior, pero que, en este momento, intentar,
tal como está el contenido del contrato, integrarlo en el mercado
produce distorsiones evidentes. Se hace hincapié en la
transparecencia que ha de regir la capacidad comercial de intercambio
en las interconexiones, transparencia especialmente necesaria cuando
resulta que en un lado de la interconexión el operador que hace la
oferta de venta es al mismo tiempo operador del sistema y puede tomar
decisiones él mismo sobre el funcionamiento de la red y el
funcionamiento del sistema. En definitiva, esta cuestión de agentes
externos que, al mismo tiempo que son agentes, vendedores o
compradores, en el mercado, ocupan otras posiciones también es objeto
de una especial preocupación.

En relación con los intercambios internacionales, consideramos de
vital importancia abordar todas aquellas actuaciones que sean
encaminadas a aumentar la capacidad de intercambio comercial con el
sistema francés. Para ello, independientemente de los análisis de las
posibles soluciones técnicas que, minimizando el aspecto
mebioambiental, permitan solventar los problemas que en su momento
llevaron a la paralización de los refuerzos y del incremento de línea
ya en marcha, estimamos que debe abordarse este problema a nivel de
Gobierno y a nivel de Unión Europea, para agilizar al máximo las
soluciones técnicas finalmente seleccionadas.

La Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y la Comisión Nacional de
la Energía reconocen la existencia de un mercado interior de la
electricidad y de la energía en general y nos felicitamos porque
exista. Ahora bien, para que exista realmente un mercado deben
existir determinadas premisas. Este mercado interior o único precisa
la puesta en práctica efectiva del derecho de establecimiento libre,
del principio de reciprocidad y de otras consecuencias que SS.SS.

conocen mejor que yo, y también precisa, con carácter prioritario, la
existencia de infraestructuras mínimas que permitan poder hablar de
un mercado interior real, no sólo en las disposiciones regulatorias.

Y tales estructuras no existen hoy entre Francia y la península. La
Unión, e indudablemente Francia, no pueden permanecer ajenas a estas
cuestiones, que son de interés vital para España y Portugal, así como
para el desarrollo de las relaciones con



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África a través de Marruecos, que en este momento, vía el cable de
Tarifa, está bastante bien solucionado, por lo menos por ahora. La
influencia de todo lo señalado, en materia de competencia, de
incorporación de competidores respecto del mercado español, es clara
e indudable y de ahí nuestra reclamación.

El examen de las cuestiones relativas al sector del gas inicia
también la consideración de las nuevas competencias de la Comisión
Nacional de la Energía. Esta situación, tanto regulatoria como de
hecho, de liberalización del sector del gas es claramente diferente a
la de la energía eléctrica. La Ley de Hidrocarburos contiene un
conjunto de normas básicas que son precisas para la liberalización
del sector y puede decirse con fundamento, a nivel de disposición con
rango de ley, que el sector del gas está liberalizado, pero resulta
preciso, teniendo en cuenta los términos de la propia ley, un amplio
desarrollo reglamentario de la misma, reglamentos en los que han de
comprenderse las normas que realmente hagan efectiva la
liberalización del gas, como decimos, en desarrollo de la ley.

En la Comisión Nacional de la Energía hemos realizado un estudio
pormenorizado de los reglamentos necesarios en desarrollo de la ley.

Entre ellos, y aun a riesgo de cansarles permitirán que los lea, tal
y como nos surgen incluso las denominaciones, están los siguientes:
reglamento de exploración, investigación y explotación de
hidrocarburos; reglamento de productos petrolíferos líquidos, que
pueden ser uno o varios teniendo en cuenta la variedad de materias
que se comprenden en este punto; reglamento de existencias mínimas de
seguridad y seguridad de suministro de hidrocarburos; reglamento de
gases licuados del petróleo; reglamento de transportes de
gasificación y almacenamiento de gas natural; reglamento de
distribución de gas natural; reglamento de suministro y calidad del
servicio; reglamento de comercialización de gas natural; reglamento
de acceso a terceros a las redes, peajes y cánones; reglamento del
sistema tarifario; reglamento de gestión técnica del sistema;
reglamento de territorios insulares y extrapeninsulares; reglamento
del comité de seguimiento del sistema gasista y reglamento sobre
establecimiento de servicios mínimos. Perdón por esta relación y
excusen lo farragoso de su exposición.

La simple enunciación anterior da buena idea de la ingente labor a
desarrollar y de la importancia que todos estos asuntos y reglamentos
tienen para llevar a cabo y a buen fin el proceso liberalizador. La
Comisión Nacional de la Energía se ha puesto ya a trabajar y reitera
su disposición para colaborar en este proceso normativo que
consideramos urgente en sí mismo y especialmente para garantía y
seguridad de los interesados.

Señalaba antes la limitación que para la presidencia de la Comisión
de la Energía supone el carácter colegiado del órgano para poder dar
opiniones sobre asuntos que son competencia de la Comisión antes de
que hayan sido considerados por la propia Comisión. Esta limitación
afecta a todas las cuestiones relativas al gas en cuanto desarrollo
normativo todavía no examinado e igualmente nos determina la
necesidad de poder contar pronto con esta reglamentación. Sin
embargo, la falta de opinión sobre soluciones finales a estos
problemas no impide que sí sea posible exponer las materias que
estimamos desde la Comisión
Nacional de la Energía que van a ser básicas en dicha regulación
reglamentaria; es decir, no impide una enunciación de los problemas o
de las cuestiones que son hoy trascendentales y que deben
considerarse como tales en el desarrollo reglamentario, puesto que yo
creo que están en el espíritu de todos y son recogidas por los
diferentes sectores que se vean afectados de una forma u otra en la
regulación del gas. Estas cuestiones pueden ser, entre otras, las
siguientes: la regulación del derecho de acceso de terceros a las
instalaciones, tanto de transporte como de almacenamiento; las
condiciones de acceso y los casos de denegación del acceso; la
asignación de capacidades de transporte y almacenamiento; los peajes
de acceso a las redes e instalaciones; condiciones de las asistencias
mínimas de seguridad; situación real de la diversificación del
suministro en España en este momento; dimensión, determinación y
cálculo de los peajes; consideración de la exlusividad de
distribución en ciertas áreas; principio de reciprocidad; principio
de igualdad de trato.

Es evidente la importancia de los temas enunciados y en este momento,
según he señalado, sería una ligereza exponer soluciones
particulares. No lo es desde ninguna de las perspectivas expuestas
avanzar que la Comisión Nacional de la Energía examinará estos
asuntos desde una línea de máxima liberalización del sector. Donde
ello no sea plenamente posible y mientras no lo sea, por tratarse de
actividades reguladas o por situaciones de hecho que dificulten o
pongan en riesgo la competencia, se desarrollarán las actuaciones
regulatorias y de seguimiento y control de comportamientos que sean
necesarias. No parece preciso señalar a SS.SS. que la posición que la
compañía Gas Natural ocupa en el sector es claramente dominante en
términos técnicos. Y ello se tendrá muy en cuenta en la materia que
tratamos, según lo que he señalado anteriormente, así como en la
labor diaria de la Comisión Nacional de la Energía en orden al
seguimiento y control de los comportamientos que vayan en contra o
puedan ir en contra de la competencia. Dicho en otros términos, Gas
Natural, como compañía, mientras mantenga dicha posición dominante,
ha de ser una compañía, digamos, muy regulada en sus actuaciones.

Posiblemente sea este el momento de referirse a otra cuestión
concreta objeto de esta comparecencia relativa a los acuerdos entre
Endesa y Gas Natural. En este punto, al tratarse de nuevo de una
cuestión anterior a mi incorporación a la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, creo que debo limitarme a informarles del curso de
las actuaciones desarrolladas y de las conclusiones del informe
elaborado por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en su
momento, según lo que me informan los servicios propios de la
Comisión.

Con fecha 14 de octubre de 1998 fue remitido por Endesa un escrito a
la Comisión adjuntando la nota oficial de prensa sobre los acuerdos
de colaboración entre Endesa y Gas Natural. Desde el 22 de octubre de
1998, Endesa dio traslado puntual a la Comisión de los escritos
presentados o que iba presentando en la Dirección General de Política
Económica y Defensa de la Competencia en relación con los acuerdos
suscritos entre Endesa y Gas Natural, así como la documentación
complementaria por ésta requerida. Con fecha 28 de octubre de 1998,
la Comisión remite un escrito a la Dirección General de Política
Económica y



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Defensa de la Competencia por el que informa a la citada Dirección
General que, dada la iniciación de actuaciones por parte de dicha
Dirección General, esta Comisión ha acordado no solicitar a Endesa
los citados acuerdos en el ejercicio de su potestad de obtención de
información, para cumplir con su función de velar por la libre
competencia en el sector eléctrico, actuando en este asunto de manera
similar a como hizo en el asunto relativo a los acuerdos entre
Iberdrola y EDP en el que la Comisión acordó la suspensión de su
circular de obtención de información de dichos acuerdos una vez que
comenzó a conocer del asunto la Comisión Europea. Ello no obsta a que
esta Comisión, en tanto órgano regulador del sector eléctrico
encargado de velar por la competencia efectiva en el sistema
eléctrico, de acuerdo con la Ley del sector eléctrico, emita un
informe en la forma y plazos que esa Dirección General estime
oportunos, además de prestar toda la colaboración que fuera precisa
en todo momento en relación con este asunto.

Con fecha 12 de marzo de 1999, el Tribunal de Defensa de la
Competencia solicita a la Comisión su opinión sobre la operación de
concentración consistente en la toma de control conjunto de la
sociedad Gas Aragón, S. A., por parte de Endesa, S. A., y Gas
Natural, S. A. El consejo de administración de la Comisión aprueba en
su sesión celebrada el día 29 de marzo de 1999 el informe sobre el
expediente de las operaciones de concentración al que me he referido
y acuerda remitirlo al Tribunal de Defensa de la Competencia. Durante
este tiempo, el staff de la Comisión, por propia iniciativa, fue
trabajando sobre la documentación remitida por Endesa y se elaboró un
informe como documento de trabajo, no aprobado por el Consejo de
Administración en ningún momento, si bien el presidente lo remitió al
Tribunal de Defensa de la Competencia con fecha 25 de marzo de 1999
como informe elaborado por el staff de la Comisión. Con fecha 21 de
julio de 1999 -esto lo conozco personalmente-, la Dirección General
de Política Económica y Defensa de la Competencia, a instancias de la
Dirección General IV de la Unión Europea, solicita a la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico copia del informe que la Comisión haya
preparado sobre este asunto. Y con fecha 29 de julio del presente año
se remite a la Dirección General de Política Económica y Defensa de
la Competencia copia de dicho informe aprobado por el consejo de
administración, como antes señalaba, el 29 de marzo de 1999.

Las conclusiones del informe anterior son las siguientes -si me
permiten, leeré solamente la parte que se refiere al fondo de la
cuestión, porque es largo-: La posible afección a la competencia
derivada de este acuerdo sería -dice la Comisión- la emanada del
vínculo actual entre distribuidor y comercializador. Hasta ahora las
compañías distribuidoras de gas han llevado a cabo no sólo las
labores propias del negocio de gestión de redes, sino también las de
comercialización de gas. Con la progresiva liberalización deberán
limitarse a atender los suministros que permanezcan en la tarifa y
previsiblemente, como ha ocurrido en la mayoría de los casos
sometidos a procesos similares de liberalización, aparecerán empresas
comercializadoras desgajadas de las anteriores distribuidoras
comercializadoras que aprovecharán su experiencia e información
adquirida durante los años en que han llevado a cabo su actividad.

En este contexto, examinado el acuerdo de concentración de las
empresas distribuidoras de Endesa y Gas Natural en Aragón y en
Andalucía, es razonable pensar que tras el acuerdo no surgirían dos
empresas comercializadoras a partir de sus respectivas matrices sino
sólo una, que concentraría información y esfuerzos para suministrar a
los clientes cualificados. Si este fuera el caso, se podría mermar la
competencia en esta actividad como consecuencia de la concentración,
por reducirse el potencial número de comercializadores con arraigo
importante en el mercado actual y por dificultar la entrada de nuevos
comercializadores al tener que enfrentarse a un competidor
establecido más poderoso. En definitiva, si bien no está claro que,
desde el punto de vista de la actividad y distribución de gas, el
acuerdo podrá lesionar la competencia, sí que pueden resultar
preocupantes las implicaciones que pueda tener para el desarrollo
futuro la actividad liberalizadora como es la comercialización.Aquí
termina el informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

Luego ha seguido sus actuaciones fuera de la Comisión, actuaciones
que serán conocidas, seguro, por SS.SS.

Terminado esto, me refiero al tercer punto al que dedica su actividad
la Comisión, que es el relativo al petróleo. Aquí, nuevamente, la
situación vuelve a ser diferente a las anteriormente examinadas. La
liberalización del sector petróleo, de su actividad, es un hecho
cierto, incluso con algún tiempo de ejercicio desde el
desmantelamiento del monopolio estatal. Las cuestiones que se
plantean y que están en este momento en todos los ámbitos, tanto
gubernamentales como público se refieren a prácticas o
comportamientos de los sujetos y operadores en el sector, aunque
también a otro conjunto de sectores de los que luego hablaré. En este
punto merece la pena destacar la creciente sensibilización de la
opinión pública en estos asuntos. Creo que es un cambio muy positivo,
que ayuda en la compleja tarea de hacer efectiva la competencia,
labor que no siempre ha tenido un reflejo inmediato en la sociedad.

La consecuencia, naturalmente, no puede ser atender a rápidas
peticiones de precios regulados o actuaciones contrarias al verdadero
funcionamiento del mercado.

En este punto he de señalar que la Comisión Nacional de la Energía ha
emitido un informe sobre algunas de las cuestiones planteadas hoy en
un debate ya general. Este informe lo es a un proyecto de reglamento
de comercialización de productos petrolíferos y se emitió por la
Comisión Nacional de la Energía el pasado día 3 de agosto. Además de
un conjunto de observaciones de carácter técnico o que no están en
directa relación con las materias a las que me estoy refiriendo, el
informe contiene un apartado específico relativo a las barreras de
entrada que puedan encontrarse actualmente en la actividad. En tal
sentido me permito mencionar que la Comisión, a su vez, destaca los
siguientes puntos, entre otros, en el informe mencionado: es precisa
una distinción clara entre requisitos de seguridad industrial
y condiciones comerciales para el ejercicio de la actividad operadora
al por mayor o al por menor, comercialización o suministro, para que
en aquellas la razón de seguridad industrial no constituya una
barrera de entrada. La misma exigencia se hace respecto de las
exigencias de capacidad técnica y económico-financiera de los nuevos
operadores para que de nuevo no sean una barrera de entrada.




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Se propone la modificación de normas en materia de autorización de
estaciones de servicio en carreteras, en general autovías, para
facilitar su libre establecimiento. Se propone la reconsideración de
la situación actual de los acuerdos entre operadores y propietarios
de estaciones de servicio por el sistema de venta a comisión y, en
fin, se propone una limitación de la duración máxima de los
compromisos de compra en exclusiva y que no sea durante un plazo
excesivamente largo. Con independencia de lo anterior, resulta claro
que la Comisión Nacional de la Energía apoyará cualquier otra medida
que suponga un incremento de la competencia en el sector de
distribución de carburantes al consumidor final.

Pasando de este informe a otro emitido en la misma fecha citada,
también el 3 de agosto, la Comisión Nacional de la Energía ha tenido
ocasión de manifestar su opinión a través de un conjunto de
consideraciones generales sobre la regulación de la distribución y
comercialización de los gases licuados del petróleo a granel y
envasado o, dicho de otro modo, de la bombona de butano, tema que en
la organización de la Comisión hemos dudano mucho tiempo si
incluíamos en la dirección de gas o en la dirección de petróleo. En
este momento está incluida en la dirección de petróleo por razones
que son las que al final han determinado esa decisión en el seno de
la Comisión. Volviendo al contenido del informe sobre la bombona de
butano o la distribución y comercialización de gases licuados del
petróleo, más técnicamente, los puntos más significativos del informe
del 3 de agosto son los siguientes: destacar de nuevo que la
seguridad industrial no puede regularse de una manera que constituya
una barrera de entrada al mercado o que dificulte o encarezca la
distribución de los envases o de las bombonas. Señalar que la
seguridad debe ser la misma para todos los envases; ya hoy existe
gran libertad de localización y distribución de envases pequeños, el
famoso camping gas o las bombonas de pequeño peso, y no parece que
deban existir motivos que determinen un régimen diferente para la
bombona más grande, aunque sea muy incómoda de llevar. Evitar
trámites y requisitos que determinen dificultad para cambiar de
suministrador o lo que es lo mismo, de tipo de bombona, tales como
contratos escritos o registros de bombonas y otros que pueden existir
en la legislación vigente. Independizar el suministro de la bombona
-que en definitiva es, al final, un objeto- de la inspección de la
seguridad de las instalaciones domésticas, teniendo en cuenta además
que muchas instalaciones domésticas carecen de inspección de
seguridad, como puede ocurrir con determinadas estufas. Dada la
fijación de precios máximos establecido en la ley, mientras no haya
plena competencia en el mercado, según dice la propia ley, establecer
precios máximos diferentes para el suministro a domicilio y para la
adquisición en puntos de venta, estaciones de servicios, superficies
de venta o distribución, supermercados, hipermercados, cuando este
punto de venta es sin transporte domiciliario, diferenciación que
permitirá una más rápida apertura a la competencia y una mayor
capacidad de elección del usuario, estimando que ello no tiene por
qué suponer un precio más elevado -más elevado quiere decir respecto
de lo que actualmente ocurre- para el usuario que lo tiene a
domicilio. No exigir nuevo certificado de idoneidad de la instalación
cuando se cambie
de suministrador. Todas las relaciones de la Comisión van en esta
línea.En la Comisión hemos visto con agrado que las propuestas
contenidas en el informe que, repito, es de 3 de agosto, son hoy
parte integrante de un conjunto de medidas que se barajan para
incrementar la competencia en este sector de actividad que, si no va
aumentando su cuota de mercado en materia de cuota energética final,
sí que mantiene unas características de utilización que le hacen
especialmente sensible hacia la opinión pública.

Para terminar, parece conveniente alguna reflexión general sobre los
temas tratados, con lo que me gustaría terminar. No tiene mucho
sentido hablar de la liberalización de los sectores energéticos en
general, puesto que las situaciones son extremadamente diversas,
tanto por las características intrínsecas de cada uno de los sectores
como por las condiciones de partida. Los productos petrolíferos,
a diferencia de la electricidad y del gas, no son necesariamente
energías de red y no están sometidos a esa vocación de monopolio
natural. Hace ya años que España negoció con la Unión Europea la
desmonopolización del sector y, aunque la estructura del mismo no
permita hablar de competencia perfecta, los esfuerzos deben centrarse
hoy preferentemente en el área de la transparencia en la formación de
los precios y las condiciones de distribución al por menor. Sin
embargo, de aquella desmonopolización, considerada en su momento muy
favorable en Bruselas, queda un monopolio, de hecho residual, si
quieren una situación de pleno dominio, el del gas butano. La
sensibilización del consumidor a este tema hará que nos movamos con
una gran delicadeza, pero intentamos, por lo menos contribuir a poner
las bases para nuevos planteamientos acordes con políticas
liberalizadoras.

Respecto del gas, sigue siendo un gran reto para este país el tema
del gas natural. La escasa diversidad de los suministradores
potenciales, la difícil situación geográfica en relación con los
intercambios internacionales, la estructura heredada del monopolio
anterior y un desigual grado de maduración del mercado según las
regiones españolas conforman un panorama que en cierto modo es
difícil. Pero, antes de caer en el excepticismo o procurar otro tipo
de medidas, el planteamiento constructivo estimamos que debe
consistir en agotar todas las posibilidades que tiene la legislación
reciente, procediendo rápidamente y con visión de futuro a los
desarrollos reglamentarios correspondientes, con seguimiento
permanente de las actuaciones y de los comportamientos de los sujetos
actuantes.

Al ser esta mi primera comparecencia ante esta Comisión de Industria,
Energía y Turismo -y me pongo a disposición de la Comisión para otras
futuras comparecencias que consideren de interés- y al constituir
algunas de las cuestiones planteadas la consideración de aspectos de
carácter muy general, tengo que reiterar mis disculpas por la
extensión de esta intervención y manifestar a SS.SS. mi duda sobre si
he abordado los asuntos que puedan ser de interés final. En todo
caso, estimo que ello se salvará con las cuestiones que tengan a bien
plantear a partir de este momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias señor Meroño.

Antes de dar paso al portavoz del Grupo Socialista, quisiera hacer
dos observaciones. En primer lugar, saludar en



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nombre de todos los miembros de la Comisión de Industria a los
miembros de la Comisión que están presentes acompañando a su
presidente. Sean ustedes bien venidos. Y, en segundo lugar, decir que
parece ser -y lo dejo en un parece ser- que el portavoz del Grupo
Socialista nos deja.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Aún no. No me echen tan pronto.




El señor PRESIDENTE: Aún no, pero parece ser que nos dejara; parece
ser que sí. Y no quisiera que, después de tantos años de entrega a
sus trabajos en la Cámara, básicamente en la Comisión, no constara en
el «Diario de Sesiones» nuestro agradecimiento, estando además S.S.

presente. No sé qué día se volverá a reunir la Comisión y, si su
marcha es inminente, ya no acudirá. Nosotros queremos mostrarle
nuestro agradecimiento. Hemos tenido muchas discrepancias, pero éstas
pasan; usted ha dejado un trabajo muy bien hecho y una cosa para mí
mucho más importante, una huella de amistad. Yo se lo agradezco
cordialmente y le deseo muchos éxitos en el futuro.

Le sustituye hoy y en el futuro, parece ser, la señora Arancha
Mendizábal, que tiene la palabra.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente,
pero no sustituyo a nadie. Hoy me toca a mí llevar estos temas de
energía y por tanto intervenir en esta comparecencia del señor
Meroño.




El señor PRESIDENTE: Yo he matizado que quiero que conste nuestro
agradecimiento en el «Diario de Sesiones», porque su marcha puede
producirse y podríamos no tener ocasión de agradecerle personalmente
su trabajo.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Entrando de pleno en el objeto de la
comparecencia, quiero, en primer lugar, en nombre de mi grupo, darle
la bienvenida a esta Cámara, señor Meroño, sobre todo teniendo en
cuenta que ésta es su primera comparecencia. También me veo en la
obligación de expresarle la decepción del Grupo Socialista por el
hecho de que esta comparecencia se haya producido a petición nuestra.

Lamentamos sinceramente que no haya sido a petición propia, una vez
constituida la Comisión Nacional de la Energía. Quizá todo esto tenga
cierta relación con la concepción, gestación y nacimiento de la
propia Comisión. No me gustaría hacer historia ahora, pero creo que
es conveniente recordar algunas cuestiones.

La concepción de esta Comisión fue una propuesta del Grupo
Socialista, aceptada por los demás grupos y, por supuesto, por el
propio Gobierno, y, por tanto, ha sido una Comisión, podríamos decir,
pactada, negociada, consensuada, fundamentalmente en sus objetivos y
en su conformación. De eso pueden dar fe el anterior secretario de
Estado, don Nemesio Fernández-Cuesta, y el actual secretario de
Estado del Ministerio, que comprometieron su palabra. Por cierto, no
sólo ellos, sino también algunos portavoces parlamentarios. Sin
embargo, el señor Piqué, actuando más en función de su situación
personal, que él calificaba de acoso, y haciendo gala de una actitud
que nosotros calificamos de revanchista, no tuvo ningún reparo en no
respetar los pactos alcanzados, dejando desautorizados,
y en algún caso podríamos decir que hasta humillados, a sus
propios secretarios de Estado, pero, sobre todo, evidenciando en esta
Cámara algo tan poco digno como que el señor Piqué no es de fiar. Se
lo dijimos en su momento, se lo dijo el portavoz parlamentario en
aquellos momentos, y creemos que es conveniente recordarlo ahora,
porque esta actitud de incumplimiento de pactos es realmente la
responsable de que la Comisión Nacional de la Energía nazca con un
importante déficit democrático. Esto es lo que usted arrastra, señor
Meroño. Una Comisión que, como usted bien ha dicho, debe velar por la
competencia, la objetividad y la transparencia en su funcionamiento,
y cuya utilidad está precisamente en que sea equilibrada,
profesionalizada e independiente, cosa que sólo se consigue con un
consenso generalizado, tuvo, por estas actitudes, la virtualidad de
nacer castrada. La verdad es que la actuación de un ministro que se
sentía acorralado, un ministro con una actitud prepotente y
suficiente y que no pudo soportar en aquel momento el conflicto
originado precisamente con una actuación de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, que, dentro de su independencia -y así nos lo ha
demostrado el señor Fernández Ordóñez en sus múltiples comparecencias
ante esta Cámara-, opinaba, por cierto, de manera bastante rigurosa y
bastante documentada, en relación con los CTC o con los criterios que
debían regular el enfoque y los ritmos de la liberalización del
sector eléctrico.

Para nosotros nació entonces una Comisión independiente, pero
independiente de la oposición parlamentaria; no independiente del
resto de los grupos de esta Cámara, que con toda tranquilidad dijeron
en esta Comisión que efectivamente ellos habían hecho sus propuestas
para el nombramiento de la Comisión. No sabemos si independiente
también de los sectores implicados en el tema. Desde luego, lo único
que tenemos claro es que la Comisión ha nacido independiente del
grupo parlamentario de la oposición. En consecuencia, señor Meroño,
entenderá que mi grupo sea bastante escéptico respecto al
funcionamiento y a la independencia de la Comisión que usted preside,
porque pensamos que tiene un vicio de origen. Además, señor Meroño,
permítame que le diga con todo cariño que este pecado original lo
hemos ido constatando en estos cinco meses de funcionamiento. Y yo
entrecomillaría funcionamiento. La verdad es que durante estos meses
ni la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico ni la Comisión Nacional
de la Energía han cumplido con la misión que realmente se les
atribuye. Usted ahora nos ha hablado de una serie de informes. Le
rogaría que nos los enviaran. No sé si están o no en Internet, ahora
se publica todo en Internet, pero yo quisiera que, cada vez que la
Comisión haga un informe, se nos enviara puntualmente a los grupos de
esta Cámara, que los grupos pudiéramos tener acceso a ellos.

Entiendo que su posición es bastante difícil, incómoda o como quiera
calificarla, pero le pediría que hiciera un esfuerzo para demostrar
realmente su independencia. Haga autocrítica en la medida que pueda y
no asuma los errores del Gobierno, porque eso le convertiría en
cómplice. Si realmente quiere vindicar su independencia, demuéstrelo,
hay materia más que sobrada para poder hacerlo y tiene suoportunidad
en las comparecencias ante esta Cámara. No



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le debería importar tener notoriedad, como ha dicho un miembro de los
sectores implicados. No le importe tenerla, si es precisamente en
defensa de la competencia, de la objetividad y de la transparencia;
al fin y al cabo, es su obligación y sería bueno que usted tuviera
esa notoriedad. Si no lo hace, nosotros reforzaremos nuestra tesis,
que hasta ahora creemos que es bastante evidente: que usted no es más
que un miembro del Gobierno del Partido Popular. En su tejado está la
cuestión, como podremos ir viendo a lo largo de esta comparecencia.

Enlazo todo esto con su intervención, en la que ha dicho que estaba
contento con el reglamento, cuya reciente aprobación desde nuestro
punto de vista se produjo con nocturnidad veraniega, con la agostidad
que decía una locutora de radio bastante conocida. Este reglamento,
señor Meroño, nos preocupa porque parece que hace de la Comisión una
especie de dirección general del Ministerio de Industria. Nosotros
tenemos un concepto totalmente distinto de lo que debe ser la
Comisión Nacional de Energía. Nos preocupa que ésta deba someter sus
informes a la Abogacía del Estado, como indica el artículo 17 del
reglamento. ¿Cree usted que este control es compatible con la
naturaleza independiente que debe tener el órgano que preside? Por
otra parte, el artículo 45 dice que debe haber un control trimestral
por parte del Ministerio de Industria y Energía sobre el plan de
actuación anual de la Comisión. ¿Cree usted que esto realmente
refuerza la independiencia de la misma? En el artículo 2.3 se dice
que para aprobar el reglamento de régimen interior -ignoro si ustedes
lo necesitan o no, porque no sé qué tipo de funcionamiento interno
requiere una Comisión reguladora independiente- se necesita un
informe previo de tres ministerios. Son cuestiones que nos hacen
dudar de que la Comisión vaya a ser independiente, porque parece que
al final se convierte en un servicio más del Ministerio de Industria
y Energía. También me ha preocupado porque he visto que a lo que
usted ha dado más importancia a lo largo de la intervención ha sido a
las reglamentaciones y a la creación de normas. Yo no sé si es una
función suya o corresponde directamente al Ministerio. Creo que su
tarea debe ser más de vigilancia y control que de otra cosa. No dudo
que la aprobación de reglamentos y dirigir la creación de normas por
un determinado camino puede ser importante en la vigilancia y el
control, pero no creo que sea el núcleo central de lo que debe ser la
labor de la Comisión.

Ha procurado usted seguir el orden de las peticiones de comparecencia
y contestar las preguntas o inquietudes que tenía el Grupo
Socialista. Yo me voy a dedicar a hacer algunos comentarios a lo que
usted ha dicho o a lo que le ha quedado por decir. En el sector
eléctrico veo que ha hecho una valoración positiva de la situación en
términos genéricos. Ha dicho que existen imperfecciones, que se da un
impulso inicial, pero que estamos en una situación en la que no se
puede dar un paso atrás. No tenemos ninguna duda, estaría bueno, ni
nos lo permitirían. No podemos dar ningún paso atrás, eso está claro,
pero nos preocupa la situación del sector eléctrico no sólo por el
tema de las tarifas -usted se ha centrado más en leer lo que fue en
su momento el informe de las tarifas para el año 1998-99 de la
anterior Comisión Nacional del Sistema Eléctrico- sino por la
situación general del mercado. ¿Qué opina usted de la cuota de
mercado? Nosotros pensamos que no ha cambiado
sustancialmente y también que el mantenimiento de la actual
estructura oligopolística es muy difícil de compatibilizar con la
liberalización.

También ha hablado usted de las conexiones internacionales. Este es
un tema importante y nos preocupa realmente. Nos gustaría saber qué
piensa la Comisión respecto a las tres nuevas autorizaciones para
operar con agentes externos y si esto puede tener algunos efectos
sobre el aumento y la diversificación de la oferta.

Se ha referido a los informes respecto a las posiciones de dominio de
Endesa e Iberdrola y las medidas que han tomado. Quisiera saber si
además de avisar a las empresas implicadas usted tomó alguna medida
encaminada a comunicarlo al Servicio de Defensa de la Competencia o
si no se hizo nada.

En el tema de las tarifas, sobre las que usted ha leído el informe
que se hizo en 1998-1999, desde el Grupo Socialista tenemos
discrepancias bastante claras, no respecto de su informe, porque
usted también ha dicho que en estos momentos tanto la situación de la
demanda del sector eléctrico como el comportamiento de los costes
financieros dentro del mismo hacen que la disminución de los precios
pueda ser bastante mayor de lo que realmente es; discrepamos de lo
que está pasando en el mercado, pero no de la opinión que usted ha
vertido de que la disminución de las tarifas eléctricas debe ser
mayor de lo que es. (El señor Peón Torre: No ha dicho eso. Quiere
hacerle decir lo que no ha dicho.) Esto resulta un poco chusco,
porque bajar el precio de las tarifas eléctricas un 1,5 por ciento en
abril de 1999 diciendo que se lucha contra la inflación, cuando
estamos hartos de oír al Gobierno decir cómo bajan las tarifas
eléctricas, es algo que no resiste el mínimo análisis. Resulta que
para luchar contra la inflación se baja la tarifa eléctrica, que está
disminuyendo continuamente. Es decir, el Gobierno cae en sus propias
contradicciones. Pero, señor Meroño, en esto el Grupo Socialista está
de acuerdo con usted; siempre hemos propuesto que las tarifas pueden
disminuir bastante más de lo que lo han hecho.Ha hablado usted del
establecimiento de las tarifas para el año 2000 y nos gustaría saber
si ha habido algún informe o si la Comisión lo está elaborando. Si es
así, desearíamos tener acceso al mismo.

No es que yo le quiera poner en un aprieto, aunque usted ha hecho por
ahí alguna declaración no totalmente rigurosa, más que nada
comprometida, pero nos gustaría saber cuál es su opinión respecto al
tema de los CTC y sobre la calificación por parte de la Comisión
Europea de que son ayudas de Estado: si usted sigue manteniendo la
opinión de los informes emitidos en su momento por parte de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico o si tenemos distintas
opiniones respecto a lo que son los CTC, y si deben ser pagados por
todos y cada uno de los españolitos de a pie con un recargo del 4,5
por ciento en su tarifa eléctrica, y si son ayudas de Estado, y así
lo dice la Comisión Europea, si se deberían devolver los 35.000
millones pagados ya por los consumidores a las empresas eléctricas.

No sé si puede darnos alguna opinión respecto a en que situación está
el tema de la garantía de potencia, si hay que seguir manteniendo
tales garantías y si eso favorece la liberalización y la competencia,
así como sobre los incentivosdel carbón autóctono y el pago, que en
principio estaba



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establecido en una peseta por kilovatio, que, sin embargo, parece que
en algunas regiones españolas está por encima de ese precio. Nos
gustaría saber si esto le merece alguna opinión o si cree que debe
tomarse alguna medida para velar por la transparencia y la
objetividad.

Respecto a nuestra segunda solicitud de comparecencia, sobre el tema
del acuerdo entre Endesa y Gas Natural, nos ha respondido citando un
informe cuyas conclusiones nos ha dado, pero le agradeceríamos que
nos lo enviara a esta Cámara para que pudiéramos conocerlo de manera
más profunda. Con relación al sector del gas, usted no ha hecho una
valoración tan genérica como la del sector de la electricidad. Es una
valoración positiva, pero me gustaría que nos diera una opinión un
poco más consistente de cómo ve su evolución en términos generales.

Entrando en el sector de los hidrocarburos ha hablado usted también
de la existencia de dos informes del 3 de agosto y nos gustaría poder
conocerlos en esta Cámara. Aparte de estos informes, en términos
generales dice usted que está muy contento porque al final ha visto
que las recomendaciones que la Comisión estaba dando al Gobierno son
las medidas que este está anunciando desde hace 15 días para luchar
contra el índice de precios al consumo. Me gustaría que nos hiciera
un análisis un poco más amplio respecto a los precios en el mercado
de los hidrocarburos. Con relación a los márgenes, aunque no se
quiera reconocer y de hecho no se reconoce por parte del Gobierno, mi
grupo considera que son el origen de los incrementos de precios que
se están produciendo en estos productos, puesto que el coste del
crudo se ha traslado en mayor medida en España que en otros países
europeos. Aunque haya habido una caída de los márgenes de
distribución de un 2 por ciento, pensamos que ha habido otros
incrementos en dichos márgenes, concretamente del refino, que no
responden a que los costes hayan subido. En este comportamiento de
los precios puede tener una cierta incidencia la integración vertical
que puede existir entre los operadores al por mayor y los
distribuidores minoristas y, por supuesto, las fórmulas contractuales
que existen. Me gustaría conocer su opinión o la de la Comisión,así
como respecto a los expedientes, que creo que son 11, que el Servicio
de Defensa de la Competencia ha abierto referido a las prácticas
abusivas y si la Comisión tiene algo que decir en este tema.

Finalmente, tengo una curiosidad, que no sé si corresponde a usted
solucionar o no, y es que con relación a las medidas que el Gobierno
ha anunciado y a este nuevo cuarto plan de liberalización para luchar
contra la inflación que tenemos me gustaría conocer qué sentido tiene
que únicamente se plantee el control de los impuestos especiales, en
lugar de ir al fondo del tema, porque son problemas más de fondo, y
mucho más estructurales que afectan a los precios, y que competen
mucho más a la Comisión Nacional de la Energía en la formación de los
precios de los hidrocarburos.

Como el señor presidente nos ha dicho que posiblemente nos dará otra
oportunidad para aclarar alguna cuestión que haya quedado en el aire,
me reservo para la siguiente intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra su portavoz el señor Ignasi Guardans.

El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Meroño, por sus
amplias y detalladas explicaciones. Querría empezar mi intervención,
como no podía ser de otro modo, dándole la bienvenida a esta Cámara y
a esta Comisión.

Ante todo, nos felicitamos porque la Comisión Nacional de la Energía
tenga su reglamento y pueda estar perfectamente estructurada para
empezar a funcionar. Como usted sabe, mi grupo podría calificarse de
un fan de su Comisión, somos absolutamente entusiastas de la Comisión
Nacional de la Energía como lo fuimos en su momento de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico y lo seremos mientras siga
funcionando. Nos consideramos uno de los principales defensores de su
autonomía y de su fortaleza a todos los efectos. Esa debe ser la idea
fundamental que debería de sacar de este primer contacto formal con
los distintos grupos parlamentarios. Tiene usted en mi grupo
parlamentario un aliado absoluto en lo que suponga la defensa de la
independencia de la Comisión, y me estoy refiriendo a las dos,
fundamentalmente de la Comisión Nacional de la Energía a corto y
medio plazo, y en la defensa de todas y cada una de sus
prerrogativas. Nos interesa que sea fuerte e independiente.

Usted ha comentado de pasada, aunque ha sido valiente en sus
afirmaciones, que no tiene todas las funciones reguladoras que
pudiera tener comparada con los sistemas que funcionan en otros
Estados de nuestro entorno, pero es cierto también que no vamos a
minimizar las capacidades que tiene, pues tiene instrumentos
importantes a su alcance. No nos gustan algunas de las cosas que
aparecen en el reglamento que podrían introducir un eventual control
del Ministerio sobre la Comisión. Tampoco vamos a hacer de ello una
causa en este momento, porque el marco jurídico del reglamento que se
le ha puesto a la Comisión es un traje y habrá que ver cómo funciona.

Usted sabe por su formación y por su experiencia jurídica que leyendo
el Boletín Oficial del Estado no es cómo se conoce a una institución.

No hay ninguna institución cuyo funcionamiento y cuyo marco sea
exactamente el que describe el Boletín Oficial del Estado y es la
vida misma en su sentido más real la que irá marcando exactamente el
grado de independencia y el grado no sólo de autonomía sino de
absoluta separación respecto del Ministerio de Industria y ello nos
dirá si estamos o no satisfechos con la Comisión tal y como está
funcionando. Insisto en que con el reglamento en la mano puede haber
pequeñas burbujas que podrían ser una palanca para una intromisión
del Ministerio de Industria, que esperemos que no se produzca, sobre
todo en esos controles periódicos sobre los planes de actuación de la
Comisión, pero, al mismo tiempo, si esas palancas no son utilizadas
o se utilizan acertadamente para reforzar a la propia Comisión, en sí
mismas tampoco creemos que tengan que llevar más allá; lo mismo, y
aquí con menor intensidad, que ese control de legalidad por parte de
la Abogacía del Estado en sí mismo tampoco nos provoca especial
alarma, siempre y cuando no se utilice un teórico control de
legalidad en algo distinto y se convierta en un control de
oportunidad encubierto. Por tanto, también en este caso será el
tiempo el que nos diga si las cosas se están utilizando
correctamente.




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Querría subrayar algo que usted mismo ha dicho. Sobre esa
independencia que nosotros pedimos a la Comisión y en la que
-insisto- tendrá todo nuestro apoyo en la medida en que políticamente
le pueda ser necesario o conveniente y así de claro y explícito se lo
digo, nuestro apoyo no será sólo respecto de las administraciones
públicas, sino también un apoyo a su independencia respecto de las
empresas que usted mismo ha comentado; las dos nos parecen
exactamente igual de importantes, porque al hablar de independencia
parece que nos estamos refiriendo sobre todo a la independencia del
Gobierno o de la Administración general del Estado. Lógicamente
también nos referimos a la independencia de las empresas que no
ponemos absolutamente en duda y que creemos que es un valor que
deberá usted reforzar.

He seguido muy de cerca la información que nos ha facilitado esta
mañana, que además en algunos casos merecerá la pena ser releída en
el «Diario de Sesiones» y examinada con detalle en alguno de los
puntos que usted puede haber citado de pasada, como quien no decía
nada, en un tono no digo anodino, pero sin darle el énfasis que
merecía en alguno de los puntos que ha comentado. Globalmente, creo
que podemos compartir lo que es el diagnóstico de la situación, tanto
en lo que sería el mercado eléctrico, como del gas y del petróleo. El
conjunto del diagnóstico que usted ha expuesto creo que es claro y
que difícilmente puede ser discutido, y en los casos en los que ha
apuntado algunas soluciones o por dónde deben ir las vías de solución
en alguno de los puntos que ha puesto sobre la mesa, creo que también
podemos decir que, globalmente, estamos bastante en sintonía. No voy
a entrar en muchos detalles, pero sí quiero dar un par de pinceladas
sobre alguna de las cosas que ha comentado, porque realmente el
objeto de esta comparecencia era tener conocimiento y recibir esa
información en sede parlamentaria.

He tomado buena nota de su insistencia en que es necesario que sea
impulsado ese reglamento que está pendiente, el reglamento de
distribución y de remodelación. Compartimos plenamente -y en eso
querría hacer hincapié- su insistencia en la necesidad de ir hacia
una cultura de la calidad (no lo ha calificado así, pero yo me
atrevería a hacerlo) en lo que es el servicio eléctrico. Usted lo ha
planteado en términos de la falta de tradición de reclamar cuando el
suministro eléctrico es defectuoso. Creo que efectivamente ahí hay
dos patas, una de las cuales es estrictamente cultural, que es ir
hacia una idea clara de que en el ámbito eléctrico no es algo que
caiga del cielo como si fuera un fenómeno meteorológico y que si un
día no funciona uno tiene que lamentarlo como si fuera un terremoto,
sino que hay una calidad exigible a cualquier persona o a cualquier
empresa que está prestando sus servicios en el mercado a bajo precio.

Por tanto, nosotros apoyamos que esa posibilidad de reclamar la
calidad vaya acompañada de unas condiciones legales, legislativas y
reglamentarias que permitan hacer eficaces, en la práctica, las
exigencias de calidad y pongan en manos de los consumidores y de las
empresas instrumentos de reclamación de esa calidad, aunque también
es cierto que la propia competencia será la que finalmente acabará
exigiendo a las propias empresas una mejora en esa calidad del
servicio, que no se da siempre en este momento de la forma más
deseable.




En cuanto al tema de retribución estrictamente querría subrayarle
algo que es preocupación de mi grupo y que aunque hace tiempo que no
hablamos de estos temas en esta Comisión, no es la primera vez que se
manifiesta aquí, como es la importancia de que cuando se regule la
retribución no se olvide esa parte menor pero no por ello menos
importante en determinados territorios del Estado y más importante en
algunas áreas muy concretas de Cataluña, como son los pequeños
productores; pequeños productores que tienen su propia dinámica y su
propia problemática, distinta de la de los grandes productores de
electricidad, pues las cifras entre unos y otros son apenas
comparables, porque hablamos de órdenes de magnitudes totalmente
distintas; sin embargo, si atendemos, en términos casi de derecho de
la competencia, a mercados relevantes, a lo que sería un determinado
mercado en una determinada zona, esos productores, por pequeños que
sean sobre lo que es el conjunto del Estado, han de seguir
desempeñando un papel importante. Evidentemente, su supervivencia
como productores que prestan un servicio real,sin perjuicio de que
también puedan ir hacia una cierta reconversión en algunos aspectos
de sus formas de funcionar, depende absolutamente de cómo se
estructuren sus vías de retribución. Yo pongo esta cuestión sobre la
mesa porque aunque ese reglamento no lo van a redactar ustedes -eso
viene por vía ministerial-, la Comisión sí tiene un peso claro en lo
relativo a la valoración y al análisis de esas formas de retribución.

Querría que, si puede, nos detallara un poco más los motivos de esa
preocupación que ha manifestado respecto del cambio que se produce al
acceder a la calidad de consumidor cualificado, en julio del año
2000, esos 60.000 - cuantificaba usted- nuevos consumidores. Aparte
de algunos temas a los que puede haber hecho alusión, como puede ser
el de los contadores -tema muy explícito, del que tomamos nota- o el
de la publicidad -es decir, que los potenciales consumidores conozcan
que pueden tener acceso-, me ha parecido entender que usted hacía
referencia a algunos defectos normativos o posibles necesidades de
cambio normativo que no han quedado del todo explicitados. Si puede,
le agradecería que nos detallara qué otras preocupaciones tienen
respecto de ese cambio que se nos avecina a partir del mes de julio
del año 2000.

Por lo que se refiere al tema del gas, el diagnóstico de la situación
es claro. Tanto en su primera intervención como al final usted lo ha
resumido diciendo que las cosas están como están y que es posible que
algún cambio se pueda ir haciendo a corto plazo. Por tanto, poco me
queda que añadir a su intervención.

En cuanto al ámbito del petróleo, lo único que yo le podría decir es
que insista usted. Los puntos que ha puesto usted sobre la mesa en
esta comparecencia son muy concretos y parece que el Gobierno está en
este momento en sintonía con el impulso a algunas de esas reformas,
especificamente la liberalización en todo lo referente a las
estaciones de servicio. Algunas son medidas muy concretas y muy
sencillas, pero otras, aunque ya haya intervenido algún tribunal,
pueden suscitar mayores dudas jurídicas, por ejemplo, la calificación
del contrato que une a las estaciones de servicio con los
suministradores, que es un tema más o menos complejo en términos
jurídicos, pero sobre el cual se puede incidir. Lo que yo le pediría
es que no ceje en



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su empeño de insistir en que esas reformas son necesarias, porque la
libertad de establecimiento tiene que llevarse a la práctica en este
sector con todas sus consecuencias. Por tanto, no sólo vemos con
buenos ojos sus propuestas sino incluso otras, mucho más dirigidas al
acceso por el consumidor y que han aparecido en medios de
comunicación, porque creemos que, junto con temas de macroeconomía,
si se quiere, o de otro alcance, relativos al precio del barril de
petróleo, han de tener también incidencia. Por eso, también apoyamos
las propuestas que están sobre la mesa para intentar -en la medida de
lo posible, porque entendemos que no es fácil- agilizar la
liberalización en el ámbito de los gases licuados de petróleo -es
decir, el butano-, donde se pueden aplicar medidas que aparentemente
son muy sencillas, pero que, sin embargo, pueden tener una incidencia
importante, por ejemplo, esa modificación en los precios máximos en
función de si está distribuido a domicilio o si es en régimen de
autoservicio en grandes superficies o en comercio individual, es
decir, de forma distinta al suministro en domicilio. En el fondo,
estoy reiterando afirmaciones que usted mismo ha hecho, pero las
hago, primero, para subrayar que no han caído en saco roto, que no ha
hablado usted al aire, sino que he tomado muy buena nota de esas
explicaciones y, en segundo lugar, para subrayar que, como ve,
globalmente, estamos en sintonía.

Termino como empezaba. Mi grupo parlamentario espera mucho de las
comisiones que usted preside, pero muy particularmente de la que va a
acabar siendo la Comisión Nacional de la Energía, con todas las
competencias. No sé si el tema, como le decía la portavoz socialista,
es de relevancia mediática o no (yo no sé si se tiene que plantear en
términos de mayor o menor relevancia mediática), pero creo que, en
todo caso, tiene que ejercer las prerrogativas que la ley y los
reglamentos ponen a su disposición, con toda la autoridad que la
Comisión le confiere. Llega un momento en que uno asume un cargo, con
una situación concreta, nombrado por un Gobierno determinado, con
unas mayorías y unas minorías, y a partir de ahí -si me permite, no
creo que la imagen sea grosera-, el ave sale del huevo y echa a volar
por su cuenta. Nosotros creemos que, efectivamente, ha habido un
huevo, ya se ha roto y, a partir de ahí, el ave tiene que empezar a
volar por su cuenta, con su autonomía, con su independencia y con el
pleno apoyo que mi grupo le puede prestar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, Javier Peón.




El señor PEÓN TORRE: Igualmente, en nombre de nuestro grupo, damos la
bienvenida la presidente de la Comisión Nacional de Energía y también
de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, y le adelantamos que,
igual que el portavoz de Convergència i Unió expresaba su confianza
en que va a poder cumplir tanto él como el resto de los vocales de
ambas comisiones con la función que tienen encomendada con
independencia y personalidad, nosotros participamos de ese criterio
plenamente. Luego puede contar también con nuestra colaboración para
en la medida que sea posible, despejar cualquier duda respecto a esa
independencia y profesionalidad de los miembros de la Comisión.

(El señor vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la
Presidencia.)
Nosotros queríamos hacer algunas reflexiones, en cuanto a lo que ha
sido objeto de debate y de comentario por parte de algunos
portavoces. En primer lugar, en lo que se refiere al criterio de la
transparencia y objetividad, independencia en definitiva, es cierto
que ha habido una gran polémica con el nombramiento de la nueva
Comisión, como ha referido la portavoz del Grupo Socialista, es
cierto que en el debate que se produjo en esta Comisión fue realmente
áspero y duro, pero no es nuevo, porque ya en el nombramiento de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional el año 1995 tuvo lugar
también un debate tenso y agrio. En ese caso el Partido Popular,
entonces en la oposición, no llegó a abandonar la Comisión, pero se
produjo un debate realmente intenso, porque el Partido Popular no
estaba de acuerdo con el modelo que estaba definiendo entonces el
Gobierno socialista. Entendíamos que era un modelo en el que se ponía
en riesgo la independencia de la Comisión, porque se producía un
nombramiento por cuotas de partido, por cuotas políticas, sin tener
en cuenta el nivel o el perfil profesional o no de los nombrados sino
su afinidad política, y a nosotros no nos parecía que era el mejor
sistema o el mejor modelo para el cumplimiento de los fines de la
Comisión. Entonces, como he dicho, se produjo el nombramiento sin
consenso ninguno con el Partido Popular. No hay que dramatizar, no se
contó con el consenso del principal partido de la oposición para
llevar adelante un modelo determinado y esa Comisión ha venido
funcionando hasta hoy y lo hará todavía durante algunos meses más.

Con el nombramiento de la Comisión Nacional de la Energía se produce,
como decía, el mismo debate y la misma discrepancia, en el partido en
la oposición y su misma falta de consenso y de concurso en la forma
de llevar adelante ese nuevo modelo, que apuesta más por el carácter
y por el perfil profesional de los vocales y de su presidente, un
modelo que apuesta más no por el reparto en función de cuotas de
poder de ese organismo, sino porque se sea capaz de cumplir más
adecuadamente sus funciones.

Yo sé que lo que diga el Partido Popular respecto a esta cuestión
puede tener para algunos grupos, concretamente para el Grupo
Socialista, poca credibilidad, la misma en cualquier caso que la del
partido de la oposición, al menos la misma. Por eso he traído alguna
opinión más objetiva, como la que apareció en El País al día
siguiente del debate de la Comisión, refiriéndose al presidente hoy
presente aquí, don Pedro Meroño, al que definían como un viejo
conocido y conocedor del sector eléctrico y del que decían que es un
hombre caracterizado por su sentido común. Lo decía un medio de
comunicación tan poco sospechoso como El País. Ya más explícitamente,
el diario económico Expansión, titulaba de esta forma: El sector gana
protagonismo en el regulador de la energía. Los miembros de la
Comisión Nacional de la Energía proceden en su mayoría de empresas,
frente al carácter político de la Comisión Eléctrica anterior. Y dice
también este comentario de la prensa económica que la presencia de
profesionales del sector energético en la Comisión Nacional de la
Energía parece dar cumplimiento al objetivo señalado en la Ley de
Hidrocarburos de que sus miembros tengan amplios conocimientos
técnicos, y que no hayan sido nombrados por su



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filiación política es positivo. Es decir, señorías, es un nuevo
modelo de nombramiento de auténticos profesionales, que viene además
avalado por el propio currículo de todos ellos, que se entregó en
esta Comisión, y si el presidente lo desea, puede hacer una breve
mención de esos currículos para comprobar que en esta ocasión la
profesionalidad y el conocimiento técnico surge del propio perfil de
las personas nombradas para ese puesto de vocales y de presidente.

Ha dicho el presidente don Pedro Meroño que en el fondo es una
cuestión de confianza de los operadores y efectivamente es una
cuestión de profesionalidad. Nuestro grupo está totalmente de acuerdo
con ese criterio. Es decir, el concepto que tienen algunos de
independencia, que al parecer ha quedado reflejado aquí, es que se es
independiente si se está siempre en contra del Gobierno. He anotado
que han dicho que demuestre su independencia, que no asuma los
errores del Gobierno, porque le convertiría en cómplice. Ese es el
criterio de independencia para algunos grupos. El problema es que
para esos grupos el Gobierno siempre comete errores, o sea, cada cosa
que hace es un error, con lo que la ecuación se completa, diciéndole:
señor presidente Meroño, usted siempre esté en contra del Gobierno,
porque de lo contrario está poniendo en cuestión su independencia.

Nosotros no creemos que sea es la condición esencial que define. La
independencia, la independencia viene definida por la profesionalidad
a la hora de emitir las opiniones que son competencia de la Comisión
y por su acierto a la hora de poder determinar cuáles son las medidas
que han de ir adoptándose en cada momento para alcanzar el máximo
grado de liberalización, atendiendo también a intereses generales que
son perfectamente atendibles y de los propios consumidores.

Por supuesto coincido con el portavoz de Convergència i Unió. No
estamos hablando de una independencia que haga que el órgano se
encuentre fuera del control de legalidad. Que haya un informe de la
Abogacía del Estado desde nuestro punto de vista no condiciona ni
mediatiza en absoluto esa independencia salvo que se le quieran
buscar intenciones espurias a la Abogacía del Estado a la hora de
realizar esos informes, como tampoco se pone en entredicho la
independencia por el hecho de que los presupuestos del propio órgano
tengan que depender de los presupuestos generales, y no como ocurría
antes, que lo abonaban los consumidores vía tarifa, y eran unas
cantidades muy importantes. El hecho de que dependa de los
presupuestos, de que haya un cierto control de legalidad y de cómo se
emplea ese presupuesto no mengua la independencia de los integrantes
del consejo, siempre y cuando se conduzcan con ese criterio de
tecnicismo y rigor profesional que se les exige a la hora de emitir
esos informes.

Por último, no es necesario, pero creo que tampoco abunda en exceso
decir que el propio presidente de la Comisión ha tenido importantes
cargos en la Administración, con partidos políticos de distinto
signo, con UCD y con el Partido Socialista y ahora en un órgano bajo
el Gobierno del Partido Popular. Luego es una razón más de que ni
siquiera desde su punto de vista se puede querer buscar ningún tipo
de falta de actuación independiente por el hecho de que el modelo por
el que apuesta el nuevo Gobierno sea diferente al modelo por el que
apostó el Gobierno anterior.

Entrando ya en lo que eran las cuestiones referidas a cada uno de los
sectores, en primer lugar, queremos hacer algunos comentario sobre el
del petróleo y el gas. En el petróleo se ha hecho alguna
manifestación que no queremos dejar pasar por alto de que era un
contrasentido por parte del Gobierno querer arreglar ahora una
desviación de la inflación, que siendo importante, desde luego, no
trastoca los equilibrios macroeconómicos que ha conseguido el
Gobierno en lo últimos años. Es cierto que ha sido una desviación que
hay que tener en cuenta y contra la que hay que actuar, pero no nos
debe llevar a la preocupación de que suponga un desequilibrio grave
en el conjunto de las cuentas del Estado. Lo que no se puede afirmar
si no se quiere entrar en la desfiguración de la realidad es que esa
desviación en la inflación se debe al desacierto del Gobierno a la
hora de abordar la liberalización de los sectores energéticos. Todo
lo contrario. Lo que se puede ya afirmar con los datos que tenemos es
que la repercusión de la elevación del precio del crudo sobre la
factura final de los productos derivados del petróleo hubiera sido
mayor en el caso de que no se hubiera acometido la liberalización por
este Gobierno. Se habrían elevado los precios más aún si no se
hubieran adoptado esas medidas de liberalización. Hay que recordar
que hace sólo seis meses el precio del crudo se encontraba en diez
dólares y seis meses después está casi en veinticuatro, o sea, más
del doble. Pero como ya he dicho antes que es habitual que las
palabras de los representantes del Partido Popular siempre carezcan
de credibilidad y tengan mucha las de algún grupo de la oposición,
nos hemos permitido también traer algún dato. Por ejemplo, se ha
hablado antes de los márgenes de distribución de las empresas de
refino que pudieran estar afectando a que se hubiera elevado el
precio por encima de lo que era normal, teniendo en cuenta el aumento
del crudo. No es así, es exactamente lo contrario. En concreto, por
ejemplo, la empresa Repsol, si hubiera aplicado el incremento
proporcional correspondiente a la elevación del crudo, habría
obtenido 2.046 millones de pesetas más de lo que ha obtenido en estos
meses y no lo ha hecho precisamente porque tenía que competir con
otras operadoras y tenía que contener sus precios para poder seguir
vendiendo a un precio competitivo. Por otra parte, la gasolina en
España, como sabe la portavoz del Partido Socialista, es la más baja,
descontando los impuestos, de toda la Unión Europea, la más baja (La
señora Mendizábal Gorostiaga: Por eso.), y el hecho de que haya una
clara demostración de que hay una clara competencia en el sector del
petróleo en nuestro país viene avalado por un cálculo muy sencillo.

(La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Ay, por Dios!). Había dicho antes
que nuestras opiniones tienen siempre menos credibilidad, por lo
visto, que las de otros grupos, pero esto no son opiniones sino
datos, y son tozudos, señora Mendizabal, y el dato es que en julio de
1999 los precios más bajos practicados en España en las gasolinas se
situaron en 12 pesetas por litro por debajo del precio medio,
mientras que los más altos estaban 1,50 por encima del precio medio;
la franja de fluctuación era 12 pesetas por debajo del precio medio o
una peseta por encima del precio medio, esa era la banda de
fluctuación producto de la competencia, Sólo en dos países de la
Unión Europea había esta franja de fluctuación: en Francia y en el
Reino Unido, precisamente en los países



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donde es más bajo, después de España, el precio de la gasolina. Esto
demuestra que cuando hay competencia hay fluctuación de precio y la
misma siempre tira a la baja los precios de la gasolina y esto, como
digo, en un período temporal en el que se está produciendo una
elevación del precio del crudo a más del doble de lo que era hace
seis meses.

Por otra parte, señora Mendizabal, también tengo aquí una referencia
de marzo de 1999, cuando se producía el desplome del precio del
petróleo. Lo que ocurrió entonces fue que el precio del gas, por
ejemplo, se abarató en un 12,5 por ciento como consecuencia de ese
desplome del petróleo. Luego efectivamente influye el precio del
crudo, obviamente tiene que influir, pero cuando hay competencia está
claro -los números así lo demuestran- que siempre se contiene más la
subida de lo que hubiera ocurrido sin un sistema de competencia.

Decía el señor presidente de la Comisión Nacional de la Energía y de
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, a propósito del tema del
petróleo, que la Comisión ha propuesto una serie de medidas, y además
celebraba que el Gobierno parezca estar acogiéndolas, y nosotros
también lo celebramos. Primero celebramos que la Comisión no tenga
ningún problema -parece ser que el portavoz socialista le indica que
no es esa su función-, nos parece perfecto y creemos que sí es su
función el que pueda aconsejar cambios estructurales, incluidos los
legales que sean necesarios, para seguir profundizando en la
liberalización del sector; y nos parece aún más celebrable que el
Gobierno atienda esas sugerencias y que procure incorporarlas a la
legislación haciendo efectivos los instrumentos que abunden en la
apertura del mercado en beneficio de los consumidores.




También estamos de acuerdo con lo que decía el presidente de que los
requisitos de seguridad industrial, los requisitos de competencia
económica, técnica, de algunos operadores nuevos que quieran entrar
en ese mercado no pueden constituir obstáculos. Estamos de acuerdo
con esa opinión.

Creemos que, al margen de que debe tenerse en cuenta que, desde el
punto de vista de la apertura del mercado y de la industria, esos
requisitos no pueden convertirse en barreras insalvables para la
competencia, también comprendemos que, desde otros ámbitos, incluso
desde la propia Administración, y velando por la seguridad de todos
los ciudadanos, se establezcan requisitos que introduzcan
dificultades a la competencia. Entendemos los dos planteamientos que
tienen que ser perfectamente conciliables.

En cuanto a la cuestión del gas, creo que ha sido muy claro el
presidente de la Comisión al referirse a que la estructura heredada
del sistema anterior hace que sea un mercado específico y con enormes
dificultades para conseguir una apertura real; se ha hecho un
esfuerzo importante, el hecho de que estemos por encima de las
previsiones de las directivas comunitarias en cuanto a la apertura
del mercado de gas creo que es algo que debemos resaltar. En España
hemos hecho un esfuerzo más importante que en otros países de la
Unión Europea y por encima de lo que exigía la Unión Europea, pero es
cierto que la estructura heredada, el monopolio privado de Enagas y
de Gas Natural con el que nos encontramos hace muy poco tiempo, que
hubiera exigido unas indemnizaciones multimillonarias si hubiéramos
querido expropiar los conductos que hacen posible el transporte del
gas en nuestro país, y que era inviable, obligaba a una transición
ordenada en ese mercado que también contemplara los derechos de esta
empresa que se constituyó en monopolio privado, no con este Gobierno
sino con el anterior.

La electricidad. Corríjame si me equivoco. Yo no le he escuchado a
usted decir que las tarifas eléctricas deberían haber sido menores.

Yo no se lo he escuchado; he estado muy atento a ver si usted lo
decía, y no lo ha dicho, pero parece ser que la portavoz socialista
no lo ha escuchado bien, porque ha manifestado que usted ha dicho que
deberían haber bajado más las tarifas, y yo sinceramente, señor
Meroño, no le he escuchado tal cosa. Simplemente le he visto leer
literalmente el informe de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, que se elaboró bajo presidencia del señor Fernández
Ordoñez. Tengo que decir, porque ha sido altamente polémica esa
cuestión, que nosotros creemos que ese informe tenía muchas lagunas,
muchas limitaciones y muchos errores, y para volver, no a las
opiniones, sino a los datos, me he permitido el lujo de traer alguno
ilustrativo. El informe de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, al que se ha referido la señora Mendizabal, hacía gravitar
la conclusión respecto a que las tarifas deberían haber bajado en
mayor proporción sobre una circunstancia principal, que es que los
tipos de interés habían bajado en nuestro país más que lo que habían
bajado las tarifas eléctricas. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Pues bien, me he permitido, como digo, el lujo de traer
la evolución del míbor y de la tarifa eléctrica del período 1988 a
1999: en el año 1988, el míbor bajó cuatro puntos, la tarifa
eléctrica subió cinco puntos; en 1990, el míbor sufrió una variación
al alza del 0,2, la tarifa eléctrica subió cinco puntos; en 1991, el
míbor bajó 1,97 puntos, la tarifa eléctrica subió 6,8 puntos; en el
año 1993, el míbor bajó 1,65 puntos y la tarifa eléctrica subió 2,9
puntos; en el año 1994, el míbor bajó 3,68 puntos y la tarifa
eléctrica subió 2,06 puntos. En definitiva, no tiene ninguna relación
la variación del tipo de interés con la elevación o no de las tarifas
eléctricas. Esto son datos, no son opiniones, señora Mendizabal. ¿Qué
ocurre? Que, en contra de lo que opinaban algunos miembros de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, no hay una relación de
efecto-causalidad entre la variación de los tipos de interés y la
variación de la tarifa eléctrica, aunque evidentemente puede influir,
pero influyen muchísimos más factores, entre ellos alguno tan
elemental como que en el propio mercado eléctrico, si se encuentra
sometido a mayor apertura, las empresas tienen que realizar más
inversiones en centrales de generación eficientes, y eso hace que
varíen las cuentas de sus activos financieros. Es algo del más
elemental sentido común.

Daré un dato más: las inversiones de las empresas generadoras en los
últimos años como consecuencia de la apertura del mercado eléctrico
son de 700.000 millones de pesetas. Fíjese si eso altera el valor de
los activos financieros.




Yendo ya al tema de los CTC, no quiero tampoco dejar pasar la
ocasión, ya que algún que otro grupo le pregunta la opinión de la
Comisión Nacional de la Energía sobre esta cuestión, de que sepamos
todos sobre qué le estamos preguntando,



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al menos que haya una uniformidad por lo que entendemos todos por
CTC, porque aquí se ha llegado a decir que los CTC son regalos del
Gobierno a las empresas eléctricas, ahí es nada.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, un momento, por favor. Suspendemos
la sesión durante unos minutos. (Pausa.)
Señorías, vamos a reanudar la sesión.

Continúe, señor Peón.




El señor PEÓN TORRE: Afirmaba, respecto a los CTC, que en esta Cámara
cada uno de los grupos ha mantenido posturas que suponía una
diferencia de conceptos respecto a lo que son los CTC. Por eso quería
que supiera el presidente cuál es el concepto que tiene nuestro grupo
de los CTC, para que pueda contestar, si lo considera conveniente,
a la pregunta que se le hacía desde las filas del Partido Socialista.

Decía que se ha llegado a afirmar que son regalos del Gobierno a las
empresas públicas. Cada vez que hemos tenido ocasión hemos recordado
que era un sistema de indemnización a las compañías eléctricas que no
habíamos inventado nosotros, que ya se contemplaba en el llamado
marco legal estable, obra del Gobierno anterior, y que, precisamente
, como consecuencia de la aplicación de ese marco legal estable, que
obligaba imperativamente a unas inversiones, a una repercusión de
esas inversiones y a su amortización por vía de los precios reglados
para cada una de las formas de generación, como consecuencia de la
alteración de ese sistema, se producía una nueva valoración de esas
indemnizaciones.

Pues bien, siempre hemos recordado el dato de que con el sistema
anterior las indemnizaciones de estas compañías eléctricas ascendían
a tres billones de pesetas y con el nuevo modelo ascendían a 1,6, es
decir, se producía un ahorro de 1,3 billones. Incluso hemos oído
alguna cifra que suponia un mayor ahorro para los contribuyentes
españoles. Estamos hablando de entre 1,3 y 1,6 billones de pesetas de
ahorro para los contribuyentes españoles. También se produjo una
polémica no por la configuración de los CTC, que fue aprobada en esta
Cámara, sino por la facultad de titulización, es decir, por la
facultad de las empresas eléctricas de que ese derecho pudieran
llevarlo a una entidad financiera para obtener el dinero antes de que
se fuera generando el momento adecuado para la aperción de esas
cantidades y así operar financieramente, de manera que huviera un
adelanto de esas cantidades. Esa facultad de titulización fue la que
dio lugar a aquella polémica en la que se dijeron todas las cosas que
hemos tenido ocasión de escuchar. Se decía también que ese regalo,
que no era tal, sino que se producía un ahorro de 1,3 a 1,6 billones
de pesetas, era con recargo de la tarifa eléctrica. También entonces
recordábamos cómo no se producía ningún recargo sino que, si hacíamos
un cálculo de qué parte de la tarifa se destinaba a esas
indemnizaciones, veiamos que con el sistema anterior la parte de la
tarifa era de casi el 20 por ciento, con la modificación que realizó
este Gobierno era del 12 por ciento y con el nuevo acuerdo al que
llegó el Gobierno con las empresas eléctricas para una mayor bajada
de tarifas, al mismo tiempo que ofrecía la capacidad de
titulización, se rebajaba a un 4,5, pero no se producía ningún
recargo.

Por último, respecto a la cláusula de salvaguarda que introdujo el
Senado en la Ley de acompañamiento en la que, a propósito de esta
facultad de titulización, se contemplaba también que en ningún caso
las compañías eléctricas podían cobrar mediante este sistema más de
lo que hubieran cobrado con el sistema en el que no se preveía la
titulización, nuestro grupo entendía que no había ningún riesgo de
que esa posibilidad de titulización alterara los números económicos
que se habían realizado con ocasión de la aprobación de la Ley
eléctrica.

Señor Meroño, en este tema nosotros creemos, con toda sinceridad, que
se ha hecho muchísima demagogia, que se ha producido muchísima
desinformación, que se ha causado un grave problema a los intereses
de nuestro país porque la Unión Europea ha actuado con un celo y con
una preopinión negativa que, afortunadamente, ha ido cambiando. Era
sorprendente ver a los propios eurodiputados españoles ir en contra
de las decisiones que se estaban adoptando en esta materia por el
Gobierno español, mientras que, al mismo tiempo, once países de la
Unión Europea estaban siguiendo el mismo sistema de reestructuración
del sector para dar lugar a la apertura de mercado. En definitiva,
creemos que hay que ser prudentes en esta cuestión, que está
pendiente de decisión por la Unión Europea. Queremos atenernos a un
cierto rigor a la hora de hablar de los CTC, porque, aunque
demagógicamente a veces también se viene a decir que en el fondo se
trata de ayudar a grandes empresas que deben ser de españoles muy
ricos, nos olvidamos que son empresas con millones de pequeños
accionistas españoles, que tienen colocados sus ahorros en unas
empresas que se encuentran sometidas siempre a una gran sensibilidad
en cuanto a la fluctuación de su valor en los mercados bursátiles
cuando se producen noticias y valoraciones que pueden dar lugar a un
cierto alarmismo que no se corresponde con la realidad de lo que se
está haciendo.

Termino, señor presidente, con una última referencia a una cuestión
nueva que se ha suscitado respecto al acuerdo entre Endesa y Gas
Natural. Nosotros creemos que, tanto esa actuación como la que se ha
referido a las tarifas de Endesa e Iberdrola en algunos lugares con
problemas de suministro, vienen a avalar la independencia y la
profesionalidad de los miembros actuales de la Comisión, porque el
hecho de que puedan dar lugar a ese tipo de actuaciones pidiendo
información, el hecho de que luego se dé traslado de los informes al
Tribunal de Defensa de la Competencia, viene a demostrar que hay
organismos, hay instrumentos que permiten velar por la competencia
real en el mercado o que, como muy bien ha dicho también el
presidente de la Comisión, estamos hablando de mercados en pruebas,
estamos en pleno proceso de apertura, que está siendo mucho más
intenso que en otros países de nuestro entorno, que exige
correcciones y aciertos. Lo que no se puede poner en duda es la
voluntad de este Gobierno de llegar a esa finalidad de competencia,
la más eficaz posible en estos mercados, que va a redundar en
beneficio para los consumidores y para las empresas españolas, que
tendrán costes más bajos que otras empresas de sus sectores, para
competir en



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el exterior y para poder generar progreso y riqueza en nuestro país.

Por último, le pediría que profundizara en el último informe que ha
hecho la Comisión sobre los problemas de la conexión eléctrica con
Francia que, al parecer, afecta a Red Eléctrica. Si pudiera
detallarnos un poco más en qué ha consistido esa opinión discrepante
de lo hecho hasta ahora y qué fórmulas alternativas plantea. También
quisiera reiterarle, una vez más, nuestro agradecimiento por su
presencia hoy aquí. Nosotros no lamentamos que no se haya producido a
petición propia, porque la comparecencia se ha producido. Quiero
recordar que ha sido la primera actuación que esta Comisión ha
desarrollado después del período vacacional y que se ha producido con
el consenso de todo los grupos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meroño.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
(Meroño Vélez): Iré contestando, si no se me olvida nada, a cada una
de las cuestiones que se han planteado en las diferentes
intervenciones, comenzando por las de la portavoz del Grupo
Socialista.

La primera cuestión planteada es que no he acudido a esta Comisión a
petición propia. Es cierto y lo lamento en este momento. ¿La causa?
Puede ser o falta de experiencia en la técnica parlamentaria o el
deseo de tener tiempo para que se pudiera constituir la Comisión
internamente e ir conociendo a fondo los temas más importantes, y
transcurridos tres meses, haber acudido. La petición se realizó en
junio o julio, no me acuerdo, y hemos acudido lo antes que hemos
podido. A partir de aquí, les aseguro que estamos a disposición,
tanto de la Comisión como de los grupos parlamentarios, para
cualquier otra comparecencia.

En cuanto a la gestación de la Comisión, es un asunto sobre el que no
me debo pronunciar, porque yo no he tenido ni tengo hoy ninguna
intervención. Sería absurdo que hiciera cualquier manifestación sobre
algo que no depende de mí. Lo que puedo decirle a S.S. es que me
siento muy a gusto en el seno del consejo de la Comisión Nacional de
la Energía por las personas que lo componen. Igualmente me siento muy
a gusto con una composición bien diferente en el seno del consejo de
administración de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Puedo
decirle, a título personal, que conocía más personas que componían la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de las que conocía en la
composición de la Comisión Nacional de la Energía. En todo caso, el
trabajo es igualmente agradable en los dos sitios.

Me dice S.S. que nacemos con un déficit democrático. Yo lo entiendo
como déficit orgánico referido a la organización, referido a lo que
S.S. estime oportuno, pero no a las personas que integramos la
organización. Entiendo que en ningún modo era una referencia personal
y sobre ese punto tampoco tengo nada que decir.

Respecto al tema de la independencia, he tomado notas respecto al
escepticismo sobre el futuro, ya que se ha constatado falta de
independencia. La independencia real, no una falta de independencia
inicial o supuesta, sólo se podrá
juzgar cuando lleve un cierto tiempo funcionando la Comisión. Después
ha planteado algunos temas concretos sobre los que haré alguna
precisión. Pensando en los asuntos en los que ya hemos trabajado,
aparte de que hemos tomado libremente las decisiones que hemos creído
oportuno, no creo que ninguna de las decisiones tomadas se puedan
considerar como decisiones con falta de independencia o influidas,
que sería lo más grave, por una u otra entidad o administración ajena
a la propia Comisión. Sobre este punto podré explicarme con mayor
concreción ya que volveré sobre él en razón de las cuestiones
planteadas por S.S.

Para la remisión de informes se puede seguir el conducto
reglamentariamente establecido por la Presidencia de la Comisión, no
conozco el trámite parlamentario. La Comisión Nacional de la Energía
y la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico están a disposición de
esta Cámara para remitir todos los informes que les parezca oportuno
solicitar, e incluso los pueden remitir sin que se soliciten cuando
sean de interés.

Otro punto tratado ha sido el reglamento de organización de la
Comisión. Nos ha calificado como una especie de dirección general del
Ministerio de Industria; no es así por lo que la regulación del
reglamento contiene y por lo que se deriva de las actuaciones de la
Comisión.

El informe de la abogacía del Estado no me causa ningún problema,
quizá sea por deformación profesional; ni a mí ni a la asesoría
jurídica de la Comisión que también está ocupada por una abogada del
Estado. Ni siquiera incita nuestro prurito personal que sea otro
abogado del Estado distinto de nosotros mismos quien haga un informe
final sobre la adecuación de una circular de la Comisión a las
disposiciones legales. Eso nos da una seguridad mayor porque uno
siempre puede equivocarse y el punto de vista de una tercera persona
que está fuera del día a día y de la organización interna de la casa
no plantea ningún problema de independencia teniendo en cuenta las
funciones y responsabilidades de los abogados del Estado.

Efectivamente hay un seguimiento del plan de actuación y un diseño
inicial de un plan de actuación común y coordinado entre el
Ministerio de Industria y Energía y la Comisión. Desde el punto de
vista de la independencia, no me plantea ningún problema. No hemos
iniciado ningún trámite para hacer un nuevo plan de actuación, todo
está en tono naciente, pero no me plantea ningún problema de
independencia. Entiendo que esta disposición del reglamento va
dirigida a una coordinación de actuaciones entre el Ministerio y la
Comisión, ya he mencionado antes la función de coordinación como una
función que estimamos válida. En el supuesto de que discutiendo el
plan de actuaciones entre la Comisión y el Ministerio existiera
discrepancia grave de fondo, tenga por seguro S.S. que la haríamos
notar públicamente. No tiene por qué haber discrepancia en cuanto a
un plan de actuaciones, es posible que exista en cuanto a cuestiones
de fondo. Los temas que deben tratarse en este momento en el área de
liberalización de los tres sectores energéticos -energía eléctrica,
gas y petróleo- creo que son sencillos.

Coincido con S.S. en que el reglamento de régimen interior es una
regla de poca importancia; podríamos manejarnos perfectamente sin
reglamento de régimen interior. Lo tienen otras comisiones semejantes
a la nuestra.Me



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importan más la organización y las normas internas de la Comisión,
normas y procedimientos que deben ser los de una empresa como
cualquier otra. Ya existe un primer borrador del reglamento que tiene
que ser informado por dos ministerios, porque así está establecido;
el decreto, al ser organizativo, lo tienen que informar el Ministerio
de Administraciones Públicas y el de Economía y Hacienda. Ni el
borrador, que todavía no está aprobado por nosotros para remitirlo al
Gobierno, ni las materias que trata afectan a la independencia; si
no, iríamos en la misma línea.

Señalaba S.S. que en mi exposición, he dado mucha importancia a las
reglamentaciones dos sobre el tema eléctrico y alguna más sobre gas.

Reitero la importancia de las reglamentaciones. En cuanto al gas, la
ley es liberalizadora, pero deja el desarrollo al Gobierno en
muchísimos puntos, vía real decreto. Lo que se señale en esos reales
decretos es lo que será operativo en el sector del gas, del que he
relacionado un número de reglamentos mayor. También tienen
importancia -y se ha puesto de manifiesto en intervenciones
posteriores- los reglamentos pendientes en el sector eléctrico. No se
trata de un afán reglamentista; me atrevo a decir que si alguien
tiene afán antirreglamentista ese soy yo, pero en estos casos,
precisamente porque la competencia es limitada -hoy más limitada de
lo que pueda serlo en el futuro- y existen actividades reguladas, la
defensa de la competencia y de los mercados exige que exista una
regulación firme.

Por otro lado, la misma cuestión reglamentaria se planteó en su
momento, a finales de 1997, en el desarrollo de la Ley del sector
eléctrico y la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico pidió
participar y participó muy activamente en la redacción de los
reglamentos de desarrollo de la Ley eléctrica. En la Comisión se
considera -y hago mía esa opinión también- como uno de los trabajos
más importantes y serios que se han hecho; de hecho la Comisión tomó
el liderazgo de alguno de los reglamentos, fundamentalmente el de
funcionamiento del mercado de producción de energía eléctrica. Los
reglamentos hay que estudiarlos muy bien; hay que consultarlos y
meditarlos y tratar de que se adecuen lo más posible a lo que se
pretende: la liberación del mercado. Luego ocurrirá como ha ocurrido
en el sector eléctrico, después de un año y medio de funcionamiento
se verá la necesidad de revisarlos porque la práctica lo impondrá,
pero la línea queda clara.

En cuanto a la situación del sector eléctrico, que he calificado de
positiva, lo he hecho por los mismos motivos que S.S. ha expuesto.

Luego he matizado la calificación por lo que he denominado mercado en
pruebas y que hay que modificar.

La cuota de mercado es un asunto conocido. Podríamos decir, como se
ha dicho en alguna intervención sobre el sector del gas, que yo me
encontré estas cuotas de mercado al llegar a la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico. No son las mejores, pero tampoco las peores. En
cuanto a cuotas de mercado por empresa, el sector del gas no está tan
bien como el eléctrico. A las cuotas de las cuatro grandes empresas
eléctricas españolas conocidas habría que añadir el intercambio
internacional, que tiene una cuota todavía pequeña que pretendemos
que crezca como sistema más rápido de introducción de competencia.

También las energías renovables o alternativas que tienen obligación
de
comprar las compañías distribuidoras y que a través de ellas se
integran en el mercado, están alcanzando un porcentaje muy importante
de la producción total que cubre la demanda española. ¿Que podría
haber una situación de mercado de producción mejor que la que tenemos
en España? Es posible. Habiendo la que hay, lo que importa es el
control de los comportamientos siempre en el sentido que sea más
conveniente para el funcionamiento del sistema, por lo que luego
diré. Esta es una cuestión absolutamente imprescindible.

S.S. ha relacionado la cuota de mercado con las conexiones
internacionales, agentes externos y diversificación de la oferta. Las
conexiones internacionales -y atiendo con esto a varias
intervenciones- nos preocupan mucho porque estamos integrándonos en
un mercado único, un mercado interior de la electricidad -como he
dicho anteriormente-, pero la interconexión con el resto de Europa
hacia el norte, con Francia, es una interconexión insuficiente desde
todo punto de vista para que pueda haber un mercado único real. Esto
tiene consecuencias no sólo en materia de competencia, sino también
en materia de seguridad general de los sistemas, de inversiones en
uno y otro país y de equivocación de inversores que pueden querer
invertir en la zona norte de España y encontrarse poco después con
que su decisión está equivocada porque existe una deficiencia en el
desarrollo internacional de la interconexiones. En el caso español
existe además la situación bastante peculiar de que la línea Aragón-
Casarill está hecha en España hasta la frontera y no ha seguido, es
decir que hay una parte de inversión hecha ya.

Pueden existir problemas medioambientales, es cierto, pero también
existen en otros tipos de incremento de la energía que se pone en el
mercado. El medio ambiente debe cuidarse y la sociedad es consciente
de ello cada día más, pero no debe utilizarse ni para dirigir las
inversiones por un camino u otro ni para hacer imposible el progreso;
una buena defensa del medio ambiente no es así.

En relación a los agentes externos -España, como saben SS.SS., tiene
casi un primer lugar en la utilización de agentes externos respecto
de otros sistemas europeos- cuantos más vengan que sean bienvenidos,
pero tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la llamada de
atención en el tema de interconexiones se plantea cuando la compañía
belga Electrabel presenta una oferta en el mercado español por
restricciones de la interconexión internacional, y la decisión del
operador del mercado francés, que es EDF, decide que antes está su
contrato y después viene Electrabel a recoger la capacidad estrecha
de oferta que tiene la interconexión. Si esa situación se
generalizara no vendría ningún agente externo más a España; es decir,
no es posible pretender abrir el mercado hacia Europa para que luego
utilicemos agentes externos. Es cierto que se están utilizando, pero
hay que regular esa entrada, hay que hacer un reparto para que no se
pierda la confianza pública europea de que a España se puede exportar
y también importar energía.

Por otra parte, hay que decir -que parece que lo he olvidado en mi
exposición- que iguales derechos corresponderían a las empresas
eléctricas españolas para exportar, vender o hacer una transacción
intracomunitaria, dicho más técnicamente, hacia el exterior,que en
este momento,



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como saben, lo tienen imposibilitado, con lo cual, todos los agentes
externos que vengan son bienvenidos, pero no les defraudemos, y
mientras no haya capacidad para todos revisemos la regulación
vigente, que no es adecuada y hagamos un reparto de la capacidad que
hay de tal manera que se pueda conocer por todos, que sea
transparente y en condiciones de igualdad de trato, como es obligado.

El siguiente punto -si no me dejo alguno de los planteados por S.S.-
es la disminución de la tarifa respecto al año 2000. Efectivamente,
lamento no coincidir, pero me he debido expresar bien. No he dicho
-por el motivo que voy a expresar a S.S. en este momento- que sea
partidario de una bajada de tarifas para el año 2000, tampoco he
dicho que sea partidario de una subida. No he dicho absolutamente
nada todavía en orden a la cifra donde debe estar la tarifa eléctrica
en el 2000. He reproducido el informe de la Comisión respecto de 1998
y 1999, y en ese punto, quizá volviendo a una posición un poco
aburrida o repetitiva respecto de la forma de actuar de la Comisión,
he señalado que estamos estudiando, con información que pensamos que
puede ser mejor que la de años anteriores incluso, hasta
estableciendo una metodología para que sirva para siempre, cuál es la
forma y el mejor cálculo de la tarifa para el año 2000.

Como sabe S.S., la Comisión del Sistema Eléctrico tiene que informar
oficialmente al Ministerio del expediente de tarifas, lo que antes he
referido respecto de otros años, que normalmente ocurre en diciembre.

Generalmente la Comisión del Sistema Eléctrico se ha quejado ante el
Ministerio de Industria y Energía de que se mandaba muy tarde el
proyecto de expediente de tarifas y tenía poco tiempo para la
información. En este momento estamos trabajando en ello. Tenemos más
tiempo para hacer una previsión, posiblemente equivocada, de cuál
deba ser la tarifa para el año 2000, con una modificación posible, yo
no lo voy a decir como definitivo, pero que sería interesante que
existiera en el régimen de marco estable en cuanto revisión de
tarifas y que en este momento no existe porque está derogado.

No hay por qué obligarse -lo voy a decir en estos términos- a una
sola revisión anual de la tarifa, sea la revisión al alza o a la
baja. Es posible que sea conveniente hacer revisiones, según como
funcionen los parámetros en un sector de tan difícil conocimiento de
la demanda para el ejercicio siguiente como es el sector eléctrico,
en el que pueden existir variaciones de importancia y en el que un
año parece un tiempo demasiado largo, sea en beneficio de una parte o
de la otra, si es en beneficio de los consumidores estupendo, si es
en beneficio de las empresas, también debe hacerse Este sería uno de
los elementos que deberían plantearse en este reglamento de
metodología de tarifas que en este momento falta.

Quiero hacer una pequeña interrupción para disculparme ante el
presidente y ante SS.SS., porque beber agua es muy bueno para hablar
y para el riñón, pero muy malo para otras cosas. Ruego me disculpen
la anterior interrupción que he motivado.

El siguiente tema que se me ha planteado es el de los CTC.

Efectivamente, en algún medio de comunicación social, como cuestión
personal he dicho alguna cosa respecto de los CTC que voy a repetir
ante SS.SS. Creo que
no me corresponde a mí personalmente hacer ninguna observación o
comentario, sobre el tema de los CTC por responsabilidad hacia dos
instituciones que deben ser tenidas muy en cuenta -una más que otra o
las dos al mismo tiempo, pero una muy especialmente-, como son la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y la Comisión Europea.

Evidentemente yo solo podría dar una opinión personal sobre todos o
alguno de los aspectos del largo camino del expediente de CTC y creo
que esa opinión personal no valdría para nada. En el asunto de los
CTC existe un informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
que creo que es conocido por el público en general, que es conocido
-no lo sé seguro, me figuro que sí- por la Comisión Europea, y que es
la opinión que emitió la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en
su momento. Sobre este asunto de los CTC en este momento es la
Comisión Europea la que tiene que adoptar la decisión en el largo
proceso que va desde la calificación primaria de si son o no son
ayudas del Estado, si son ayudas del Estado cómo se tramitan y sin
son excepciones, en fin, lo que conocen SS.SS. mejor que yo. En
consecuencia, desde un punto de vista, si quieren, un poco
reglamentario, pero que creo que es el más responsable, cualquier
opinión mía personal sobre el tema de CTC no haría más que añadir
confusión, no tendría ningún efecto positivo y sí tendría muchos
efectos negativos. Quizá es una opinión personal repito, en la que se
puede no coincidir.

Lo que sí me gustaría decir una vez más -puesto que ya lo he dicho en
otros foros distintos- es que cualquiera que sea la resolución o la
decisión de la Comisión Europea en el tema de CTC, la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, y si se produce muy tarde la Comisión
Nacional de la Energía, estoy seguro de que la va aceptar plenamente
como decisión final de este proceso. A lo mejor otras entidades u
organismos particulares podrían utilizar sistemas de recursos, pero
nosotros aceptaremos la decisión que tome la Comisión Europea sobre
ese tema, que, evidentemente, es de una enorme complejidad. En los
meses que llevamos en este tipo de responsabilidades he leído muchos
documentos en un sentido y en otro, con muchas explicaciones
y fundamentaciones de una postura o de otra; el debate público ha sido
también intenso, y lamentablemente debo reiterar que no me parece
responsable dar una opinión personal sobre un asunto en esa materia.

Respecto a la garantía de potencia, que es otro de los temas
planteados, ésta debe examinarse de nuevo. De hecho, la Comisión
celebró ya un seminario de expertos sobre la materia. Es un tema que
preocupa en todos los países, tanto europeos como algunos americanos.

Es un problema no sólo económico, sino también técnico el conseguir
la finalidad de la garantía de potencia, que no es otra que tener
asegurada una cierta retribución al parque productor mientras no está
produciendo. Posiblemente, con estudios técnicos por un lado y
repercusión económica por otro, considerando el mercado por un lado y
los consumidores y las tarifas por otro, el tema de garantía de
potencia debería reconsiderarse.

En cuanto al incentivo del carbono autóctono, que S.S. lo ha
planteado como pregunta, la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
ha terminado hace unos días un informe sobre la materia. Podría
resumirle que la opinión de la



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Comisión no es plenamente conforme con la del Ministerio de
Industria. No estamos aquí con falta de independencia ni adoptando
decisiones según nos vienen del Ministerio de Industria. El tema
fundamental es que no está decidido en este momento cuál debe ser la
prima del carbón anual sobre la base de una media que dice la ley,
con bastante oscuridad, que es de una peseta kilovatio/hora, por no
adelantar cuestiones que correspondería informar más al Ministerio de
Industria que a nosotros, porque la decisión final no está tomada.

Por lo que me corresponde respecto a la defensa del mercado de la
competencia y disminución de precios, creemos que la prima del carbón
entre una opción que está entre 1,4 y una peseta, le puedo adelantar
que el informe de la Comisión es que sea de una peseta,
fundamentalmente por motivos de reducir los costes, incremento de
competencia, reducción de precios a los consumidores y la cantidad de
carbón consumida este año por centrales térmicas, dado el año tan
seco que hemos tenido. Con toda confianza, si usted me lo permite, le
diré que para nosotros la decisión era más fácil que para el
Gobierno. Como quiera que teníamos que defender solamente la
competencia en este informe, así lo hemos hecho. La competencia pide
que la prima del carbón no sea alta. Pero además de la competencia
hay otros valores, otras cuestiones, otros problemas y otras
responsabilidades que son propias del sector carbón, no del sector
eléctrico, que son muy bien conocidas por S.S. y por eso no se lo voy
a explicar, cuya consideración corresponde al Gobierno, en
consecuencia, no sé que decisión tomará, pero con ello creo que
dejamos claras cuáles son las posturas y por qué puedan ser distintas
en este punto de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico y del
Gobierno.

En materia de gas natural, con todo gusto enviaremos a S.S. el
informe por el conducto que reglamentariamente proceda de la Comisión
sobre los acuerdos Endesa-Gas Natural y cualquier otro informe
futuro: igualmente lo pondremos a disposición de la Comisión en su
momento. No sé si me dejo algo pendiente sobre el gas natural, pero
nosotros hemos propuesto un conjunto de medidas de las que ya se ha
hablado. Los estudios que el Gobierno está realizando son más y
posiblemente se puedan tomar más medidas. Yo solamente he querido
relatar aquí las que estaban estrictamente en nuestro propio informe
y no referirme a otras.

En materia de petróleo, quizá no me haya extendido suficientemente en
la exposición de la situación actual, a nuestro juicio, y,
fundamentalmente, las medidas que hay que tomar son algunas puntuales
y otras estructurales. Analizados los cambios del precio del petróleo
antes de impuestos, tanto en España como en otros países europeos
y con el sistema de precios autorizados, no existen muchas diferencias.

Lo que existe en España, eso hay que reconocerlo, es que hemos
heredado de la situación de Campsa, de la situación monopolista
anterior una red de oleoductos, de gasolineras, de refinerías muy
bien estructurada y muy eficiente -lo dicen todos los técnicos, no es
una cuestión que pueda tener demasiada discusión-, y el paso de esa
red, repartida inicialmente en escasas manos, a un sistema de
apertura completa y absoluta del mercado, posiblemente requiera un
poco más de tiempo o un conjunto de medidas más agresivas para que se
implanten nuevas estaciones de
servicio o sistemas con mayor velocidad que lo que ha ocurrido hasta
hoy, porque la base inicial es terriblemente fuerte y constituye, de
alguna manera, una cierta barrera de entrada, aparte del tema de los
hipermercados y similares.

Otro punto que yo también he visto en los medios de comunicación
social, pero no con suficiente claridad -y que puede ser incluso
legal- es el de licencias municipales y disposición de suelo urbano
para estaciones de servicio y sobre todo el de carreteras, que lo
conozco desde varias perspectivas distintas porque mi primera
colaboración con la democracia fue de la mano de Joaquín Garrigues en
el Ministerio de Obras Públicas hace ya muchos años y entonces el
tema de carreteras me lo tenía que saber mejor de lo que me lo sé
hoy. Son muchísimas las dificultades que el reglamento de carreteras
impone para dar autorizaciones y establecer cualquier cosa cerca de
una carretera, de una autovía o de una vía de comunicación en
general. La cantidad de permisos, de expedientes, de trámites y de
condicionamientos determinan que quizá no se pueda hablar de la
liberalización de los servicios de las carreteras en este momento. En
mi etapa de abogado del Estado en el Ministerio de Industria tuve
ocasión de informar sobre este asunto y tengo que reconocer que en
este momento no conozco cómo van las tramitaciones administrativas
para liberalizar la posibilidad de uso de suelos en las zonas de
servicio de las carreteras. En todo caso, quiero agradecer a S.S. la
amabilidad de plantearme todas estas cuestiones y de ponerme luego a
su disposición, lamentando no haber tomado la iniciativa, pero ha
sido por los motivos que le he indicado.

Igualmente agradezco la intervención del señor Guardans. Le doy las
gracias por cualquier apoyo que haga en defensa de la economía y de
la independencia de la Comisión. Coincido plenamente con usted, y me
agrada mucho que lo haya dicho con esa claridad en que cualquier
supuesta insuficiencia del marco jurídico regulador de la Comisión de
ninguna manera va a ser lo suficiente como para impedir la
indendencia de la misma. Efectivamente, es un traje, pero lo que
importa es la actitud de las personas, a mi juicio, y en este caso
tanto en la Comisión Nacional de la Energía actual como en la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, que ha tenido unos cambios
no mayoritarios pero los ha tenido, le aseguro que haremos todo lo
posible por ir en la línea que usted señala de independencia, y le
agradecemos el apoyo.

La importancia que tiene el reglamento de calidad creo que ha quedado
muy clara. Le reitero la dificultad que existe en ocasiones para que
no ya pequeños sino grandes consumidores industriales presenten
reclamaciones a compañías energéticas, a las que podrían tratar desde
muchos puntos de vista en un plano de igualdad, pero no sé si es por
costumbre o es una cuestión cultural evidente, pero conviene tenerlo
muy presente para que se inicie un sistema de verdadera apertura de
los problemas y de las incidencias que existen al menos en estos
sectores, que son de los que me estoy ocupando en este momento.

Referente a los pequeños productores y distribuidores, se les tiene
presentes en este momento en todo el desarrollo de la legislación.

Existen deficiencias que les preocupan en cuanto a su capacidad para
ir al mercado respecto del exceso de energía sobre la que tienen
reconocida. Desde esta



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tribuna, y para lo que sirva también, en todo caso conviene animarles
a que, aparte de distribuidores de un tamaño pequeño, entren con
claridad en la función de comercialización, que es muy importante, y
además, dicho en tono competitivo empresarial, si en su zona de
distribución ellos no entran plenamente, muy probablemente alguien
entrará. En consecuencia, es un paso adelante hacia la modernización
del sector, que hace bastante falta.

Quizá la preocupación por el ingreso de 60.000 consumidores
cualificados en el mercado -50.000 a partir de los 8.000 que se
supone que van a quedar después de octubre- la haya explicado muy
someramente por no extenderme demasiado, aunque creo que me he
extendido bastante. La primera preocupación es que o, se abordan
todos los problemas al mismo tiempo y coordinadamente o si no -ha
pasado otras veces-, no se llega al mes de julio del año que viene.

El primer punto es el punto de medida. Aparte de problemas que se
pensaba que podrían ser hasta físicos -encontrar producción de
contadores suficientes-, es un tema de elección del contador, de
diseño técnico del mismo y después es un tema también de medida; es
decir, el contador como elemento físico sirve para medir y en este
momento en las conversaciones que estamos teniendo con todos los
interesados resulta que todos quieren medir la energía: quieren medir
los distribuidores, quieren medir los comercializadores, quiere medir
el operador del sistema, quiere medir el operador del mercado. Hay un
elemento de conflicto ahí. Por otro lado, oficialmente, hoy la
entidad responsable de las medidas eléctricas es la operadora del
sistema -Red Eléctrica de España- y lo hace muy bien, pero con el
número de consumidores que actualmente tiene. Cuando tenga que
procederse a la lectura de una cantidad enorme de contadores, desde
mi punto de vista deberá pensar Red Eléctrica de España si es la
entidad más adecuada para llevar a cabo esa función o habrá que
hacerlo de otra manera dentro de lo que se ha abierto el panorama.

Por decirlo rápidamente, la operadora del mercado hace las
liquidaciones de energía. Ahora está haciendo pocas liquidaciones;
puesto que la energía se liquida horariamente, hay que hacer la
liquidación cada hora de cada día, y la cantidad de sábanas de
ordenador que salen de una pequeña liquidación las he podido ver
físicamente muchas veces y es terrible. El paso de un conjunto de
agentes como el que hay hoy a 50.000, aunque sea a través de
comercializadores -en todo caso la medida del consumidor final es
importante-, también origina el problema de que va a haber que
cambiar todo el sistema de liquidación. Luego hay una cosa final que
es la que personalmente más me preocupa, y es que no hayamos
descubierto todavía el conjunto de cosas que hay que cambiar y que
salen como una cadena una de otra, con lo cual, o nos ponemos pronto
a considerarlas o si no, a la última llegaremos tarde.

En la información, a juicio de la Comisión deberíamos conseguir
contar con la colaboración de todos los sujetos, y especialmente de
las empresas eléctricas; estamos intentando que así sea, aunque pueda
pensarse que va en contra de su propio mercado y de su situación
actual, pero es trascendental para que esto tenga un final feliz.

Respecto del gas, muchas gracias de nuevo por sus palabras y lo mismo
creo que debo decirle en relación con el petróleo.

En orden al huevo y al ave, téngalo por seguro que es así, pero
permítame también casi una reflexión personal. Yo creo que todo el
mundo que tuvo alguna intervención -en mi caso personal y yo creo que
en el de todos- sabía perfectamente cuando me designaron que yo más
que huevo ya era ave, es decir que no creo que le sorprenda a nadie
una situación personal de independencia respecto de lo que deba ser
independiente. Digo respecto de lo que deba ser independiente porque
también me permite ello unir estas palabras a algunas de las
manifestadas por el portavoz del Grupo Popular. Efectivamente, uno de
los deseos de la Comisión es intentar -y lo he dicho anteriormente-
mantener unas relaciones de coordinación permanente con todas las
administraciones públicas, cualquiera que sea la composición política
de estas administraciones, porque parece que es una obligación de las
mismas, sin perjuicio de que cuando llega un momento de discrepancia,
de opinar en contra en temas generales o en temas concretos y
específicos, se hace y no hay ningún problema, de hecho ya ha
ocurrido en alguna de las cuestiones que he mencionado antes.

Referente al tema de CTC, reitero las palabras que he dicho
anteriormente. Yo creo que me debo limitar a eso, sin hacer otro tipo
de manifestación que pudiera salirse de mis propias
responsabilidades, por lo menos hoy.

En cuanto a los temas relativos al acuerdo Endesa- Gas Natural, a la
existencia de un mercado en pruebas y a la conexión eléctrica con
Francia, he aprovechado que estas cuestiones ya han sido planteadas
por otros grupos parlamentarios para dar una visión más amplia de la
Comisión sobre estos asuntos. No serán los últimos que salgan en una
consideración más profunda de los problemas de la Comisión de Energía
y de la Comisión del Sistema Eléctrico, todo ello producto de la
experiencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Meroño, le rogaríamos que toda la
documentación que ha citado usted nos la envíe a la Comisión y la
entregaremos a los distintos grupos. ¿Algún turno, no de réplica,
sino de simple matización muy breve? (La señora Mendizábal Gorostiaga
pide la palabra.) Tiene la palabra S.S. por tres minutos, que después
serán cinco.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Mi matización, señor presidente, es
muy cortita.

En primer lugar, agradecer la tarea pedagógica del portavoz del Grupo
Popular, pero quiero decirle que mi actitud ante la lectura y ante el
análisis de datos ya fue superada hace muchos años. A mí lo que me
interesaba eran las opiniones del señor Meroño y no la postura del
Grupo Popular respecto a determinadas cuestiones que conozco de
sobra.

Respecto al tema de la independencia, efectivamente parece que todos
hablamos de lo mismo cuando nos referimos a la independencia.

Independencia ¿de qué? Un órgano tiene que ser independiente de
determinadas cosas, no sólo de la oposición parlamentaria. Y el señor
Peón sabe -porque él empeñó su palabra en ello- que lo que se hizo
fue incumplir unos pactos con este grupo, mientras que los



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otros grupos entraron en ellos y lo dijeron en la comparecencia...




El señor PRESIDENTE: Señora Mendizábal, ya sé que el señor Peón ha
abierto el debate y usted está respondiendo al señor Peón, pero
estamos siempre en esta Comisión con el debate cruzado,
independientemente del compareciente. Yo le ruego que matice, aunque
después el señor Peón le volverá a contestar.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Una última cuestión, señor
presidente. Yo creo que el único que debe pensar que el Gobierno
comete errores es el señor Peón. Yo lo que le quería decir es que no
sea cómplice de los errores del Gobierno, por supuesto que sea
cómplice de los aciertos, si tiene alguno. Pero si usted piensa que
el Gobierno no comete más que errores, yo ahí no entro.

Quería hacer ahora al compareciente alguna consideración de tipo
general. En primer lugar, deseo agradecer que usted se haya lamentado
que no sea a petición propia la comparecencia y, por tanto,
bienvenido por parte de mi grupo a esta primera intervención suya.

Por supuesto que cuando ha hablado antes del déficit democrático me
estaba refiriendo al déficit orgánico de la Comisión como tal. En
ningún caso he hecho un análisis personal ni de su presidente ni de
ninguno de los miembros en este aspecto. Creo que esto debe quedar
bastante claro.

Cuando he hablado de la importancia que usted estaba dando a los
reglamentos, no es que no consideremos importante la regulación. Por
supuesto, cuando se sale de una situación, como la que salimos, de
monopolio, lógicamente la regulación para el tema de la competencia
tiene una gran importancia. Lo que yo le quería transmitir es que
precisamente creemos que la función de la Comisión es controlar esa
reglamentación, no pensar en que hay que hacerla -si tiene que dar
pautas en algún caso, sí-, pero no es obligación, repito, de la
Comisión hacerla, sino marcar las directrices. Yligo esta cuestión
con otra que yo considero muy importante y que usted ha mencionado al
hablar de la cuota de mercado. Lo importante precisamente en un
sector oligopolístico como cualquiera de estos sectores, lo
importante, insisto, es el control de los comportamientos, y habiendo
resaltado la importancia de este tema, tengo que decirle que estoy de
acuerdo.

Respecto a la consideración que me ha hecho sobre el sector del
carbón, ha dicho que había un informe acerca del
precio peseta/kilovatio, quisiera que nos lo enviara. Creo que,
efectivamente, la misión de la Comisión es velar por la competencia y
no otras consideraciones sobre el sector del carbón, que las
tendremos que hacer tanto el Gobierno como los grupos políticos aquí
presentes.

Ninguna cuestión más.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, tiene la palabra.




El señor PEÓN TORRE: Simplemente quería agradecer el calificativo de
lección magistral que ha expresado mi querida amiga y compatriota y
decirle que, si ha servido para que dejen de hablar de regalo del
Gobierno a las eléctricas y de recargos en la tarifa eléctrica, la
doy por bien empleada.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Meroño.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
(Meroño Vélez): Simplemente quiero agradecer de nuevo las últimas
palabras. Efectivamente, no hay ningún problema con el tema del los
déficit. Quedo, repito, a su disposición y ya les digo que les
remitiremos los informes solicitados. Les agradezco mucho el curso de
la sesión, que para mí, que soy primerizo en estas lides, ha sido muy
agradable.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meroño y Muchas gracias,
señores miembros de la Comisión.

Señorías, la reunión de la Mesa que estaba previsto hacerla al
finalizar la Comisión, se realizará esta tarde después de la primera
votación, que es la correspondiente a la proposición de ley del
Sistema Nacional de Salud. Dicha reunión es para retocar el
calendario previsto, dado que algunas de las fechas que teníamos
marcadas no pueden utilizarse por cuanto la semana de las elecciones
catalanas es también inhábil para las reuniones de la ponencia de
seguridad nuclear y todo se tiene que ir aplazando. Esto es lo que
trataremos en la reunión de la tarde.




Se levanta la sesión.