Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 703, de 26/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 703
ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ
DE TROCÓNIZ MARCOS
Sesión núm. 70
celebrada el miércoles, 26 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda (Costa
Climent) para informar sobre:
- La posible creación de bases de datos íntimos en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
212/001454) ... (Página 20180)
- El cumplimiento de los objetivos del plan nacional de inspección
para 1998 y el seguimiento de los mismos, desglosados por programas.
A solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 212/001866)
... (Página 20180)
- La situación de la Agencia Tributaria y del seguimiento de sus
objetivos. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 212/001867) ... (Página 20180)
- Su criterio sobre si los datos exigibles para determinar el
cálculo del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del
trabajo respeta el derecho a la intimidad de los afectados. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 212/001870) ... (Página 20180)
- Situación de la Agencia Tributaria. A solicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001871)
... (Página 20180)
- El programa director del control tributario para los próximos cuatro
años (1999-2002), así como sobre la investigación que se está llevando
a cabo de las actuaciones fraudulentas en Cataluña de exresponsables de
la Hacienda Pública. A petición propia. (Número de expediente
212/001987) ... (Página 20180)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIADELSEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA
CLIMENT) PARAINFORMAR SOBRE:
- LA POSIBLE CREACIÓN DE BASES DE DATOS ÍNTIMOS EN LA AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001454)
- ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE INSPECCION
PARA 1998 Y EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, DESGLOSADOS POR PROGRAMAS.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 212/001866)
- LA SITUACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Y DEL SEGUIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 212/001867)
- SU CRITERIO SOBRE SI LOS DATOS EXIGIBLES PARA DETERMINAR EL CÁLCULO
DEL TIPO DE RETENCIÓN APLICABLE SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
RESPETA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LOS AFECTADOS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
212/001870)
- SITUACIÓN DE LAAGENCIA TRIBUTARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001871)
- EL PROGRAMA DIRECTOR DEL CONTROL TRIBUTARIO PARALOS PRÓXIMOS CUATRO
AÑOS (1999-2002), ASÍ COMO SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE SE ESTÁ
LLEVANDO A CABO DE LAS ACTUACIONES FRAUDULENTAS EN CATALUÑA DE EX
RESPONSABLES DE LA HACIENDA PÚBLICA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 212/001987)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar
esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del
Congreso de los Diputados, consistente, en primer lugar, en la
comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda respecto a
diversas solicitudes formuladas por los grupos parlamentarios y por
el Gobierno, para responder a varias preguntas formuladas por un
señor diputado, que en el supuesto de que en el momento de
realizarlas no esté presente en la sala las daríamos por decaídas y,
al mismo tiempo, para celebrar la comparecencia de la señora
presidenta del Instituto Nacional de Estadística. Les comunico a SS.
SS. que, por parte
del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes se nos ha
comunicado que durante esta semana tendrá que asistir a la reunión de
directores generales de Estadística de Europa, por lo cual no podrá
comparecer en el día de hoy. En vista de lo cual, dejaríamos para una
futura comparecencia la de esta autoridad.
Dicho lo cual, y sin más, procedemos a la celebración de las
comparecencias del señor secretario de Estado. Al efecto de la
adecuada ordenación de los debates, si les parece, procederemos a
agrupar todas las comparecencias en un solo bloque, de forma y manera
que el señor secretario de Estado hará la exposición correspondiente
a las seis comparecencias de que es objeto en la sesión del día de
hoy y a continuación intervendrán los grupos parlamentarios en el
orden habitual. Posteriormente contestará el señor secretario de
Estado y en su caso formularemos las correspondientes réplicas, para
concluir el señor secretario de Estado.
He de decirles a ustedes que, en cualquier caso, la sesión del día de
hoy concluirá, a más tardar, a las tres de la tarde. En el supuesto
de que no haya concluido a esa hora, seguiríamos la sesión de hoy una
vez que hubiera concluido el Pleno de mañana jueves, en el caso de
que el Pleno de mañana acabara por la mañana, porque si no concluye
por la mañana ni por la tarde lógicamente no podríamos seguir la
celebración de esta comparecencia, en la medida en que como saben se
ha trastocado el orden del día del Pleno y las previsiones adoptadas
por la Mesa y portavoces de esta Comisión celebrada la semana pasada.
Asimismo, señor Saura, me indican los servicios de la Cámara que iba
a retirar una petición de comparecencia, en el supuesto de que el
señor secretario de Estado le respondiese a unas preguntas que usted
había formulado.
El señor SAURA LAPORTA: Nuestro grupo había pedido la comparecencia
del señor Rato para que explicara la situación del tema Huguet y
Aguiar. El otro día, en la reunión de Mesa y portavoces de la
Comisión de Economía, se acordó que fuera el secretario de Estado de
Hacienda quien diera contestación a este extremo, incluso a petición
propia, por lo que propuse que retiraba la del señor Rato y que se
acumulara en la comparecencia de hoy.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Saura.
En vista de lo cual, y sin más preámbulos, tiene la palabra don Juan
Costa, secretario de Estado de Hacienda.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): En el día
de hoy se plantean una serie de cuestiones de muy distinta
naturaleza, con relación a la competencia de la Secretaría de Estado
de Hacienda. Voy a intentar contestar de una manera rápida a aquéllas
que se plantean y que probablemente, por circunstancias sobrevenidas,
no tienen hoy un interés muy actual, y me centraré fundamentalmente
en los últimos puntos.
La primera cuestión es la posible creación de bases de datos íntimos
en la Agencia Tributaria. Como muy bien saben SS.SS., en este caso el
representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la
denuncia fue divulgada por un inspector jefe de Vigilancia Aduanera
de Murcia, el 2 de abril de 1998. Las manifestaciones públicas
de este inspector jefe de Vigilancia Aduanera se consideraron como
conducta grave en el ámbito disciplinario y motivaron la apertura de
un expediente disciplinario. Es llamativo, sin embargo, que estos
hechos no fueran puestos en conocimiento, en lugar de en rueda de
prensa, de los órganos jurisdiccionales. La actuación de la Agencia,
como muy bien sabe también el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, fue la siguiente: en primer lugar, el día
siguiente de la rueda de prensa el director general de la Agencia
ordenó una investigación de los hechos y situaciones denunciados y,
como consecuencia de esa puesta en marcha de una investigación
interna, el resultado fue el siguiente: que las escuchas que, con el
fin de perseguir delitos de vigilancia aduanera, estaban autorizados
judicialmente en todo momento se destruyeron y se devolvió al Juzgado
la información confidencial obtenida bajo su control cuando el juez
lo ordenó; que tras las verificaciones realizadas en el entorno
informático -incluso consta un certificado expedido por el director
de informática tributaria- no se descubrieron o detectaron archivos,
ficheros o bases de datos o datos informativos de carácter íntimo,
reservado o personal de funcionarios o contribuyentes, excepto los
derivados de las actuaciones inspectoras de vigilancia aduanera.
Asimismo, tampoco se apreció constancia de la existencia física o
documental de listados o fichas de tal índole.
Cuando me refería al certificado del director de informática
tributaria, era al director del departamento, no al responsable de
informática tributaria, en el ámbito de la Delegación de Murcia,
porque como muy bien sabe su situación es distinta.
Lo relativo a esta cuestión les ha sido comentado y contestado a los
diputados que plantearon esta pregunta en el pasado y entiendo que la
respuesta que les dirigí el 10 de septiembre debe ser en principio
satisfactoria.
Con relación a los objetivos del Plan nacional de inspección para
1998 y el seguimiento de los mismos, que es una cuestión que también
me plantearon en la pasada comparecencia, quiero decir, en primer
lugar, que en la exposición que se efectuó en aquella comparecencia,
fundamentada en el informe cuatrimestral elaborado por el Servicio de
Auditoría interna, se dieron datos y el análisis del cumplimiento del
año 1998. También se explicó que el detalle de los programas del Plan
nacional de inspección era de carácter interno y confidencial, y así
lo consideraba el Servicio Jurídico de la Agencia, que en un dictamen
señalaba el carácter secreto del Plan de inspección y que la Ley de
derechos y garantías del contribuyente imponía sólo la obligación de
publicar los criterios generales que informaban el Plan nacional de
inspección. Estos criterios generales también fueron explicados en la
comparecencia de febrero, al presentar el plan de objetivos para
1999, y vuelven a ser explicitados en esta comparecencia y para los
próximos cuatro años, al presentarse el programa director del
control.
Se da la coincidencia de que ayer se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la resolución de 21 de mayo de 1999, de la Dirección
General de la Agencia, por la que se publican las directrices
generales del plan general de control tributario de 1999, de
conformidad con la resolución que dicté como presidente de la Agencia
el pasado 27 de octubre,
y en la que se establece que en lo sucesivo se contará con un
único plan general de control tributario anual, en el que se
contemplan de forma específica las medidas de coordinación de tareas
entre las distintas áreas y se potencia la conjunción de esfuerzos,
donde hasta 1998 se formulaban planes específicos.
En cualquier caso, la resolución de 27 de octubre concretaba la
estructura del plan general de control, que debía contener las
directrices generales del plan, es decir, las áreas de riesgo fiscal
de atención primaria y los criterios básicos de desarrollo del plan;
los planes parciales de control de las áreas y las normas de
integración de los planes.
Con el objetivo de aportar a SS.SS., no obstante, alguna información
adicional, creo que podríamos intentar desarrollar un modelo de
trabajo que tuviera en cuenta dos circunstancias. Si, por un lado,
publicamos los criterios generales del Plan de inspección en cada
ejercicio; si, por otro lado, somos conscientes de que en principio
-y estoy dispuesto a poner a su disposición los informes del Servicio
Jurídico del Estado- los criterios o los programas que concretan ese
plan de inspección no deben hacerse públicos; si tenemos en cuenta,
como muy bien comentó S.S. en la pasada comparecencia, que una cosa
es no anunciar los criterios que se van a seguir en un ejercicio y
los programas concretos que sí se van a seguir en un ejercicio y otra
cosa distinta es informar sobre los programas concretos que ya se han
iniciado o ejecutado en ejercicios anteriores, el Servicio Jurídico
manifiesta que algunos de esos programas pueden continuar. En
cualquier caso, yo creo que si S.S. tiene interés en que hagamos un
diseño de un documento de informe en el que soslayemos las cuestiones
jurídicas, podamos informar de aquellos programas ejecutados cuya
información no tenga trascendencia, porque pueden ser programas o muy
genéricos o que ya no van a ser repetidos en el futuro, esa podría
ser una línea de trabajo.
Para eso necesitaríamos (porque a S.S. le interesará la ejecución
real de los programas y no las cuestiones previstas inicialmente en
el Plan nacional de inspección) elaborar un documento o un informe de
seguimiento que se tendría que cerrar, en cualquier caso, en el
segundo semestre de cada año. De todas maneras, si el presidente lo
considera oportuno, me gustaría poner a disposición de esta Comisión
el informe del Servicio Jurídico del Estado, en el que nos manifiesta
todas las limitaciones que tenemos para dar información sobre esa
cuestión no sólo a futuro, sino también a pasado.
Algunos de los programas que se han impulsado a lo largo de 1998 han
sido el acercamiento temporal de las actuaciones en materia de
impuestos sobre el valor añadido, el control del sector exterior y de
los pagos en divisas, que fue el programa que permitió detectar
fraudes significativos en operaciones internacionales, se inició un
programa importante de control del IVA en los subcontratistas, que
pudo producir algunos frutos significativos, y se han mantenido
programas tradicionales como el programa sociedad-socio o el relativo
a actividades profesionales.
Con relación a la situación de la Administración tributaria y al
grado de cumplimiento de los objetivos en el período de enero a
abril, que es una de las cuestiones que plantean SS.SS., quisiera
hacer algunas consideracionesde carácter general. Durante el primer
cuatrimestre del
año 1999, la Agencia Tributaria ha desarrollado su actividad con un
alto grado de eficacia, que se puede observar analizando los
resultados obtenidos en las diferentes áreas de actividad y
comprobando el grado de cumplimiento de los objetivos que yo presenté
a esta Cámara en los primeros meses de 1999.
En primer término, la recaudación líquida obtenida ha sido de 6,2
billones de pesetas, lo que representa un 41,3 por ciento del
objetivo anual. Del conjunto de objetivos que integran el bloque de
asistencia y mejora de las relaciones con los ciudadanos puede
afirmarse que, con carácter general, el comportamiento ha sido
notablemente satisfactorio. En lo que respecta a la atención
telefónica y accesos telemáticos a la información de la Agencia se
han realizado 3.537.438 accesos, lo que representa un 33,6 por ciento
del objetivo anual. La potenciación de la utilización del servicio de
comunicación de datos fiscales para la campaña de renta se ha logrado
cumplidamente al alcanzarse a 30 de abril la cifra de 554.854
contribuyentes atendidos, lo que representa un 127 por ciento del
objetivo fijado. Esto evidencia la buena aceptación de este servicio
que, iniciado el año pasado, se está consolidando rápidamente entre
los contribuyentes. El objetivo de aumentar el número de puntos de
realización del programa Padre se ha cumplido al sobrepasarse la
cifra planteada de alcanzar 22.776 puntos de atención ofrecidos a los
contribuyentes. El plan de objetivos de la Agencia para el año 1999
establecía también una reducción en los plazos medios empleados en la
tramitación de las devoluciones del IVA a exportadores y del impuesto
sobre la renta. Debe destacarse el esfuerzo adicional que representa
este objetivo, dada la importante reducción que ya se había logrado
en 1998, cuyos resultados provisionales merecen ser destacados. En el
IVA a exportadores las devoluciones se están hoy realizando en un
plazo medio de 35 días, cuando el objetivo era hacerlo en 38, y el
plazo medio del año anterior fue 43.
Respecto a las devoluciones del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, a 30 de abril, como es lógico, no existen
solicitudes de devolución al no haberse iniciado el período de
presentación de la declaración. Sin embargo, puedo afirmar que la
Agencia Tributaria ha adoptado todas las medidas necesarias para
efectuar la devolución a los contribuyentes con derecho a la misma en
un plazo medio de 55 días. Recordemos que en el año 1998 el tiempo
empleado fue de 66 días. De acuerdo con los datos referidos a 25 de
mayo, ya se ha efectuado la devolución a 322.000 contribuyentes, y
mañana se efectuará una emisión de devoluciones adicional que
permitirá que en el mes de mayo se le haya devuelto a 520.000
contribuyentes por primera vez en la historia de la aplicación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Se ha ayudado a confeccionar su declaración en la campaña de renta en
estos momentos a 1.670.000 contribuyentes, a través de los sistemas
de atención directa del programa Padre de la Agencia Tributaria en
corporaciones locales, comunidades autónomas y teléfono, lo que
supone un 15 por ciento más que el año anterior. Y el servicio de
presentación de declaraciones a través de Internet, que se pone
también en marcha por primera vez en esta campaña de renta, funciona
de manera positiva en la medida en que se ha pedido la autorización
ya para operar vía Internet por
parte de 21.426 contribuyentes y efectivamente presentadas hay
alrededor de 4.600 declaraciones.
Finalmente, dentro de este bloque de objetivos de la Agencia, ofrece
una importante significación cualitativa el impulso de la
presentación telemática de declaraciones. Por una parte, la Agencia
se planteaba aumentar el porcentaje de presentación telemática de
declaraciones, que ya era una realidad durante 1998. Se pretendía que
las declaraciones aduaneras de importación, exportación y tránsitos,
efectuadas de modo telemático, se elevaran al 69,4 por ciento del
total; es decir, que llegaran al 70 por ciento del total las
declaraciones presentadas vía telemática. De las declaraciones
presentadas en los cuatro primeros meses del año 1999, el porcentaje
alcanzado ha sido el 73,8 por ciento cumpliéndose, por tanto, el
objetivo inicial. Respecto de las declaraciones Intrasat, se aspiraba
a conseguir que el 34,5 por ciento de las presentadas lo fueran por
medios telemáticos y a 30 de abril, por dichos medios, se ha
presentado el 39,7 por ciento de estas declaraciones.
Por último, se incorporaba como objetivo incluir nuevas declaraciones
tributarias de las susceptibles de realizarse con las nuevas
tecnologías, y como les he comentado ya es una realidad que en esta
campaña de renta la Administración tributaria española se sitúe a la
vanguardia de las administraciones públicas y permita que el conjunto
de los ciudadanos puedan cumplir sus obligaciones fiscales a través
de Internet.
En lo que se refiere al control del cumplimiento tributario, como
tuve ocasión de explicar en mi última comparecencia en esta Comisión
de Economía y Hacienda, el plan de objetivos de la Agencia Tributaria
correspondiente a 1999 incorporó una importante novedad al reducir de
manera notable el número de indicadores. De este modo, evitando la
fragmentación excesiva de la actividad de control, se superan
elementos de rigidez operativa y organizativa. El comportamiento del
objetivo resultados de control ha sido durante el primer cuatrimestre
plenamente satisfactorio. Este indicador incluye, entre otros
conceptos, las liquidaciones que practican inspección, gestión
tributaria, aduanas, impuestos especiales, así como los cálculos de
cuotas defraudadas realizados en los expedientes de delito contra la
Hacienda pública, de contrabando y otros. Durante el período que
alcanza hasta el 30 de abril, el resultado de la actividad de control
de la Agencia ha sido de 417.844 millones de pesetas, lo que supone
haber alcanzado el 38,7 por ciento del objetivo anual. Este
porcentaje de cumplimiento es positivo, pues supera al que
correspondería al período de tiempo transcurrido y además resulta
ciertamente destacable al haberse logrado, pese a la típica y
tradicional estacionalidad en la obtención de resultados en el área
de inspección, que, como es sabido, se concentra en el tramo final de
cada semestre del ejercicio.
Con relación a la desagregación del objetivo (para darles una
información adicional, sin perjuicio de que SS.SS. consideren
oportuno que tenga una comparecencia futura para analizar los
resultados cuatrimestrales con mayor detalle de este período), les
diré que en el área de inspección el resultado alcanzado ha sido de
213.821 millones de pesetas. La deuda liquidada ha ascendido en este
período a 137.310 millones de pesetas y el resultado correspondiente
a delito fiscal, incorporando únicamente las denuncias formuladas,
ha sido de 56.000 millones de pesetas. Ambas cifras son óptimas y
reflejan un buen comportamiento del área de inspección. En el área de
aduanas, el resultado del control alcanzado asciende a 103.544
millones de pesetas. En esta área resulta especialmente significativo
el comportamiento del concepto delitos económicos, cuyo importe
asciende a 92.727 millones de pesetas, consecuencia de los resultados
obtenidos en la persecución del tráfico de estupefacientes y el
blanqueo ilegal de divisas. En el área de gestión tributaria, el
importe de resultados de control obtenidos asciende a 100.479
millones de pesetas, de ellos 56.141 millones corresponden a
liquidaciones y 36.690 millones a la reducción de devoluciones.
En definitiva, haber obtenido en una tercera parte del ejercicio más
de un tercio del objetivo anual representa un dato positivo en la
lucha contra el fraude, pudiendo comprobarse que los resultados
obtenidos confirman lo acertado de la decidida apuesta por la
investigación y el trabajo de calidad iniciado en la Agencia
Tributaria.
Para concluir, me referiré al segundo de los objetivos de control que
contenía el plan para 1999. Así tenemos el objetivo de recuperación
de deuda que expresa el volumen de gestión realizada por el área de
recaudación, reflejando el conjunto de ingresos obtenido, una vez que
los deudores no han realizado el paso en el plazo inicialmente
fijado. Durante el primer cuatrimestre, el importe alcanzado ha sido
de 99.112 millones de pesetas, lo que significa el 33,7 por ciento
del objetivo anual.
Señor presidente, creo que con estas intervenciones doy, de entrada,
respuesta a la primera comparecencia del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, para el tema de bases de datos íntimos; a la
comparecencia del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
respecto a objetivos del Plan de inspección de 1998; a la
comparecencia del Grupo Socialista, que creo que formula dos, para
informar de la situación de la Agencia Tributaria y del seguimiento
de sus objetivos, y me queda una del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relacionada con los datos exigibles para determinar
el cálculo del tipo de retención aplicable.
El nuevo procedimiento de las retenciones hace claramente efectiva
una rebaja del impuesto sobre la renta, aplicando una mayor rebaja a
los contribuyentes con menor capacidad económica. Va a adecuar las
retenciones al impuesto final, de acuerdo con las circunstancias
personales del contribuyente, evitando devoluciones excesivas.
Además, el nuevo mecanismo de retención garantiza la progresividad y
la equidad en el gravamen de la rentas salariales.
La Agencia ha facilitado a los contribuyentes un programa informático
de ayuda para el cálculo de los porcentajes de retención y un modelo
de comunicación de datos al retenedor. Ambos medios son de uso
estrictamente voluntario por los interesados.
El nuevo sistema sólo plantea como novedad, respecto a los datos,
aportar al retenedor la información de las rentas del cónyuge y el
certificado de los discapacitados, ya que el resto de la información
se aportaba con el anterior sistema. Se debía informar del número de
hijos, de los ingresos de los hijos, del hecho de que el asalariado
pudiera o no estar separado, por lo que las novedades se circunscriben,
única y exclusivamente, a la posibilidad de manifestar
que el cónyuge no percibe rentas y a dar información sobre las
discapacidades propias o de terceros, con carácter voluntario.
Ni la Ley del impuesto ni el reglamento obligan al contribuyente
a obtener ningún tipo de datos ni a sus familiares a proporcionárselos.
El artículo 82 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, configura
la comunicación de datos al empresario retenedor como un acto
voluntario de los contribuyentes. En cualquier caso, el trabajador es
libre para comunicar el dato, pero una vez comunicada la
circunstancia que da lugar a una menor retención lo que no puede
hacer, por acción u omisión, es falsear voluntariamente la situación
personal o familiar que determina el montante de la retención.
El artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores obliga a que, por
ejemplo, el empresario conceda licencia a sus trabajadores, entre
otros supuestos, en el caso de enfermedad grave de sus parientes o
reconoce al trabajador el derecho a una reducción de la jornada
cuando tenga a su cuidado directo un disminuido físico o psíquico.
Naturalmente, la concesión de estas ventajas está supeditada a que se
justifiquen esas circunstancias al empleador, la realidad de la
enfermedad o la de la minusvalía, y nadie cuestiona que esos sean
datos personales.
Asimismo, en gran parte de los convenios colectivos se prevén ayudas
económicas por hijo minusválido o ayudas económicas a otorgar por la
empresa en determinadas circunstancias y, por supuesto, parece que en
esos casos hay que obligar a comunicar y a acreditar la situación
personal para obtener el derecho a la ayuda económica. Parece de todo
punto incongruente que los trabajadores puedan libremente comunicar a
la empresa los hechos relativos a su vida personal, a la salud de sus
parientes o a la situación de discapacidad de un miembro de la unidad
familiar, para obtener un permiso o una reducción de la jornada
laboral y que, sin embargo, se les niegue esa posibilidad de obtener,
vía supresión o disminución de retenciones sobre su salario, una
disponibilidad económica de todo punto necesaria para hacer frente a
dichas situaciones.
Resulta paradójico que una familia que solicita una beca o una ayuda,
tanto pública como privada, una subvención, deba informar de todos
sus ingresos y características particulares y no se deba informar a
su empresa de unos datos mínimos para ajustar las retenciones a la
cuota del impuesto.
Es importante destacar que si los datos que se proporcionan al
empresario son objeto de especial protección y la empresa los
incorpora a ficheros automatizados, la resolución del departamento de
gestión tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba el modelo para proporcionar datos
al empresario, recuerda a éste, en su norma 9a, que, de conformidad
con la Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de
datos de carácter personal, el pagador de rentas del trabajo debe
adoptar determinadas medidas de índole técnica y organizativa, que
garanticen la seguridad de los datos y, por tanto, la
confidencialidad de los mismos.
Contestadas las solicitudes de comparecencia, uno de los objetivos de
la misma era informar a SS.SS. del programadirector de control
tributario; incluso comentamos en
alguna ocasión la posibilidad de que ésta fuera una información
previa y tuvieran la posibilidad de aportar alternativas o medidas
adicionales a las que el Gobierno ha aprobado o presentado.
Hasta ahora los instrumentos utilizados para implantar y explicitar
los planes de actuación en materia de lucha contra el fraude han sido
fundamentalmente dos: el plan de objetivos, que ya presenté en mi
pasada comparecencia ante esta Comisión y que, como hemos visto con
relación a los datos a que he hecho referencia esta mañana, se está
cumpliendo, y la planificación de actuaciones dentro de cada área
funcional.
Sin embargo, la necesidad de dar sostenibilidad en el tiempo a la
ejecución del control por parte de la Agencia Tributaria,
proporcionando continuidad a los esfuerzos realizados en la lucha
contra el fraude, aconseja la formulación de un programa director de
control tributario, con proyección plurianual y sin perjuicio de su
pertinente actualización, conforme aconseje la experiencia derivada
de su aplicación, que tiene que establecer el marco estratégico de
referencia de los sucesivos planes de control anuales y fijar las
líneas de actuación prioritaria en materia de lucha contra el fraude.
Se trata, en definitiva, de retomar en parte la experiencia del plan
bianual de lucha contra el fraude aprobado por el Gobierno y de
establecer unas directrices de atención prioritaria en materia de
lucha contra el fraude, de carácter plurianual. ¿Cómo se ha elaborado
este programa? En su conjunto y con diferente grado de intervención,
han participado directamente en la elaboración del programa más de 30
directivos de la Agencia Tributaria. Respecto del contenido material
del programa, puede afirmarse que responde a la información, al
conocimiento común acumulado en los funcionarios de la Agencia
Tributaria y a la reflexión conjunta sobre las condiciones y
resultados de sus actuaciones de control. De hecho, el programa
refleja ideas y sugerencias nacidas de la propia experiencia de la
Administración Tributaria. Se han celebrado reuniones con todos los
jefes de dependencia de la Agencia, aproximadamente 85 ó 90, que han
participado así en la elaboración del contenido del programa; ha
habido consultas efectuadas a los representantes de los funcionarios
del área de control, reuniones mantenidas con órganos técnicos de la
Administración Tributaria, como grupos de inspectores, la
representación de la Oficina Nacional de Inspección y algún otro
colectivo, y consultas efectuadas por el Instituto de Estudios
Fiscales a más de 60 funcionarios sobre cuáles son los tipos de
fraude más importantes, en su opinión, en la actualidad.
El contenido del programa se concreta en un conjunto de grandes
líneas estratégicas de actuación, derivadas del análisis del entorno
en el que se desarrolla el fraude fiscal en la actualidad. Se
pretende así, frente a una configuración anual de los distintos
objetivos, diseñar un programa plurianual que permita elaborar las
estrategias necesarias para atajar determinados fraudes que se
consideran más graves, o conductas de fraude emergentes que
condicionarán la actuación futura de la Administración. Por tanto, se
trata de analizar dos líneas de fraude principalmente: aquellas que
puedan tener en la actualidad más trascendencia desde el punto de
vista social y aquellas que en el futuro puedan ser
importantes por la evolución de la economía y de la realidad
tecnológica actual.
En primer lugar, me referiré a la economía sumergida y a la
ocultación de operaciones. La ocultación de una actividad económica
en su conjunto o de una parte de una actividad económica constituye
una de las formas más habituales de fraude tributario. Si nos
referimos primero a la ocultación de toda la actividad, y salvo
contadas excepciones, no se puede excluir a ningún ámbito económico
de la economía oculta, si bien existe una serie de sectores que han
ofrecido mejor abono para esta realidad, sectores productivos
típicamente artesanales: la venta ambulante o la recuperación de
materiales de desecho. En cuanto a la economía oculta derivada de
actividades ilícita, la Agencia debe prestar una atención especial a
los intentos de esconder el origen del dinero generado en las mismas
dándole apariencia de lícito en actividades conocidas como de
blanqueo de capitales. La internacionalización de la economía
dificulta la afloración de este tipo de dinero, especialmente si,
como es habitual, se utilizan paraísos fiscales con el ánimo de
ocultar el origen y la titularidad de los recursos. Un supuesto
también muy habitual de fraude está constituido por la ocultación a
las autoridades administrativas de una parte de la actividad
económica desarrollada, lo que no se circunscribe a grupos concretos
de contribuyentes.
Las principales causas que pueden citarse como explicativas de la
ocultación total o parcial de una actividad económica son,
fundamentalmente, las siguientes: las conductas defensivas de los
agentes económicos y la necesidad de buscar reducciones de los costes
empresariales a través de la evasión del pago de impuestos y de las
cuotas de Seguridad Social. Los supuestos más frecuentes son los dos
siguientes: empresarios que actúan en sectores altamente
competitivos, caracterizados además por una obsolescencia
generalizada y unos bajos niveles de capitalización y nuevos
empresarios que, ante los costes previos, deciden iniciar la
actividad en lo irregular a la espera de que la marcha del negocio
les pueda permitir emerger. Son situaciones de crisis económica con
un alto grado de desempleo en las que determinados colectivos de
trabajadores, fundamentalmente los escasamente cualificados, han
encontrado en la economía sumergida un marco de formación y de
capacidad adquisitiva que la economía regular les niega; conductas de
carácter agresivo de los agentes económicos, de índole social,
cultural y subjetiva, que tienen como objetivo sobreacumular o
enriquecerse más rápidamente, y pueden responder o a factores
socioculturales de raíces históricas, como una escasa cultural
empresarial o la aversión al riesgo que conlleva la actividad
productiva, y valoraciones subjetivas que llevan a definir niveles
aceptables de beneficios o rendimientos de la actividad empresarial
excesivamente elevados. Estas son básicamente las conductas y las
causas que determinan la existencia de economía sumergida, y las he
tomado del informe sobre fraude en España realizado en 1994, que
conocen SS.SS.
Quiero ahora empezar a comentarles las medidas más relevantes
adoptadas y las que, en nuestra opinión, hay que adoptar. En general,
si analizamos esas causas, ha de facilitarse la tramitación
administrativa asociada al inicio de nuevas actividades y minorar su
coste, lo que en la Agencia Tributaria se traduce en la progresiva
implantación de sistemas
de ventanilla única y la reducción de los costes de cumplimiento
fiscal, las ayudas a la declaración periódica de pagos fraccionados o
los programas de ayuda para el cálculo de retenciones, que ha venido
facilitado en los últimos años por las ventajas fiscales derivadas de
la creación de empleo estable, incluso para los empresarios que
tributan en régimen de estimación objetiva, y fundamentalmente por
hacer costosa la ocultación mediante el impulso de la investigación y
la implantación de mecanismos ágiles de regularización y sanción del
fraude.
Documentos de la Administración tributaria en los que se proponen
medidas para atajar la ocultación: en parte del informe sobre el
fraude en España a que he hecho referencia, donde se planteaban 19
medidas antifraude; en el plan bianual para la mejora del
cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude fiscal y aduanero se
plantearon 63 medidas antifraude en esta materia; en el plan de
modernización de la Agencia son 22 las medidas que persiguen la
mejora de las actuaciones de control. El programa director también
plantea 35 programas de actuación, agrupados en torno a cinco grandes
principios rectores. A partir de las recomendaciones plasmadas en
estos documentos, pueden destacarse como logros más importantes los
siguientes: la creación de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude, creada el 27 de octubre de 1998, que supone un enorme avance
en la consideración de las actuaciones de investigación como soporte
último de la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal; la
creación de las llamadas macrounidades, que ha sido el resultado de
una revisión en profundidad del concepto de trabajo en equipo y del
estudio de formas de organización alternativa de la inspección
financiera en unidades menores; la creación de unidades especiales de
investigación orientadas a la detección y corrección de conductas
fraudulentas de especial relevancia; la reforma de la Oficina
Nacional de Inspección; la reforma de la estructura del departamento
de recaudación, donde se ha creado la Oficina Nacional de Recaudación
que, en relación con su precedente, presenta modificaciones
importantes, como el reforzamiento de sus medios personales o el
aumento de sus competencias, al atribuirle la gestión recaudatoria de
los expedientes de deudores por encima de 750 millones de pesetas, y
la ampliación de sus funciones, al encomendarle la realización de
estudios y análisis de investigación en relación con el fraude en
fase recaudatoria; la reforma del departamento de aduanas e impuestos
especiales, donde se ha perseguido el ajuste de la distribución de
efectivos a las cargas de trabajo existentes en las diversas aduanas,
el establecimiento de horarios y servicios más competitivos para el
mantenimiento de los flujos comerciales a través de los principales
aeropuertos y puertos españoles, y la mejor integración de Vigilancia
Aduanera en el seno de la Agencia, posibilitando, asimismo, la
colaboración con los órganos de la inspección financiera y tributaria
y de la recaudación.
Se elabora por primera vez un plan general de control tributario para
1999, que será objeto de publicación inmediata por acuerdo del
director general de la Agencia. Se trata de un plan integral
aglutinador del control de las distintas áreas funcionales de la
organización y su estructura la componen las directrices generales y
los planes parciales de control tributario de las distintas áreas. La
modificación
de los sistemas objetivos de determinación de rendimientos, las leyes
de medidas fiscales, administrativas y de orden social para 1998
introdujeron modificaciones muy importantes para evitar la ocultación
de ingresos o la economía sumergida, como la imposibilidad de ser
compatible desarrollar actividades sometidas al régimen de módulos y
actividades no sometidas al régimen de módulos, con lo que beneficios
de una actividad se blanqueaban a través de la otra; la posibilidad
de condicionar el IVA a ingresar al IVA efectivamente pagado por los
contribuyentes en régimen de módulos o el hecho de que la
contratación de trabajadores en empleo estable no fuera un coste
desde el punto de vista de la normativa tributaria, lo que reduce
claramente los incentivos o los costes para las empresas pequeñas,
igual que el hecho de reducir los impuestos de las empresas de nueva
creación en el ámbito de los módulos para reducir la carga fiscal en
el inicio de actividades. Y en la misma línea, en la reducción de los
costes de cumplimiento de obligaciones fiscales, la Administración
tributaria ha potenciado enormemente sus servicios de información
tributaria, también a través de Internet, ayudando al conjunto de los
contribuyentes a la confección de sus declaraciones, y ha establecido
la referencia catastral obligatoria, el NIF de los inmuebles. A
partir de 1997 se estableció la obligación de hacer constar el número
de referencia catastral correspondiente a cada inmueble en todos los
documentos que reflejen operaciones de transmisión y arrendamiento de
inmuebles. Con esta medida se ha conseguido, a partir del 1 de enero
de 1997, incrementar la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario y
aumentar las posibilidades de control tributario en el ámbito
inmobiliario.El Plan nacional de inspección aplicable en 1999
contiene algunos programas que contemplan principalmente la economía
sumergida, por dirigirse prioritariamente a los sectores en los que
la generación de este tipo de actividad resulta más frecuente.
En relación con las actuaciones de captación de información
relacionadas con operaciones de economía sumergida, están en marcha
varias iniciativas. Sin ánimo de ser exhaustivo, les puedo decir que
por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude se ha
asumido, en primer lugar, la tarea de investigar las operaciones
realizadas por sociedades financieras no autorizadas debidamente para
operar en estos mercados. Se trata de los vulgarmente conocidos como
chiringuitos financieros a través de los cuales se abre también la
posibilidad de captar información sobre sujetos pasivos
potencialmente defraudadores. Respecto de este tema, existen ya
líneas de investigación en funcionamiento en un equipo de
investigación de la ONIF que, sin embargo, por razones de sigilo hay
que considerar con la mayor prudencia.
De lo que se trata es de destacar por un lado, cuáles son las causas
que contribuyen a que exista economía sumergida. Hemos visto cómo en
función del contenido del informe sobre el fraude en España en el año
1999 había dos tipos de causas, las defensivas de los agentes
económicos y las de carácter agresivo. Las defensivas tenían como
objetivo reducir costes empresariales, costes fiscales, costes de
Seguridad Social, y las agresivas la ocultación de operaciones con el
único motivo del enriquecimiento rápido.
Desde esa perspectiva, el trabajo realizado en los últimos años ha
tenido como objetivo, por un lado, mejorar el
marco fiscal de aquellos que inician la actividad o de aquellos que
puedan contratar nuevos empleos, nuevos trabajadores, hacerles más
fácil el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y adoptar medidas
para evitar que resulte atractivo el enriquecimiento ilícito derivado
de la economía sumergida. Entre esas medidas claramente destaca la
reforma del sistema de tributación de módulos para hacer incompatible
el blanqueo de recursos a través del sistema de módulos y para
condicionar el IVA a pagar en función del IVAefectivamente pagado por
el contribuyente. ¿Cuál ha sido la evolución de la economía sumergida
a lo largo de estos últimos años? La progresiva reducción de la
economía sumergida queda patente si analizamos determinados ratios
que en mi opinión son significativos.
Evolución de la elasticidad de la recaudación tributaria. Los
ingresos tributarios del Estado vienen creciendo a ritmos
sensiblemente superiores a los que registra el crecimiento de la
economía. Esto supone que los ingresos tributarios con relación al
PIB han pasado de valores próximos a la unidad en 1995 a valores que
superaban el 1,5 en 1998 y que exceden el 1,7 en el primer
cuatrimestre de 1999. Así como en el año 1995 la recaudación crecía
menos de lo que crecía la economía, en 1998 la recaudación en
términos brutos crece un 50 por ciento más que la economía y en el
año 1999 crece un 70 por ciento más que la economía. Adicionalmente,
es preciso destacar otros datos significativos. La masa salarial
global del impuesto sobre la renta ha crecido en el primer
cuatrimestre de 1999 un 9,7 por ciento por encima del incremento de
las afiliaciones privadas, el 6,5 por ciento de la Seguridad Social y
el incremento medio de los convenios colectivos. Este diferencial de
crecimiento de la masa salarial sometida a retención puede venir
explicada por un mejor cumplimiento de los retenedores en la práctica
de la retención.
La recaudación por IVAse situó a final de 1998 más de dos puntos por
encima del crecimiento del consumo privado. Este diferencial es el
más alto de los últimos años con un fuerte incremento del 35 por
ciento en 1998, e indica un crecimiento atribuible a mejoras en los
niveles de cumplimiento de los contribuyentes. En 1995 el IVAcrecía
el 9,9; en 1996 el 8 por ciento; en 1997 el 9,8; en 1998 el 13,6; en
1999 el 13,13. Cuando la tasa de consumo privado era cercana al 7 en
1995, era del 5,7 en 1996; del 6,2 en 1997; del 6,4 en 1998 y del
6,1, con un crecimiento del 13,3, en 1999. Es decir, que en 1999 el
consumo privado crece un 6,1 por ciento, cuando en 1995 crecía el 6,7
por ciento; la recaudación por IVA crece un 13,3 por ciento cuando en
1995 crecía un 9,9 por ciento.
En algunos impuestos existen evidencias de una importante reducción
de la ocultación, como en el impuesto especial sobre labores sobre el
tabaco, donde la encuesta periódica realizada por Tabacalera pone de
manifiesto que en el último año el consumo de tabaco de contrabando
ha caído varios puntos con relación al año 1997 o la previsión y el
análisis previo de las plusvalías declaradas en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas con el nuevo marco fiscal en vigor
desde el segundo semestre de 1996. En el año 1996 las plusvalías
declaradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
fueron de 362.315 millones de pesetas. En el año 1997 las plusvalías
declaradas han sido de 362.317 millones de pesetas, un 83 por ciento
más
de declaración de beneficios en el correspondiente al año 1996.
La utilización fraudulenta de personas interpuestas o testaferros es
otro de los objetivos prioritarios del plan director de control para
los próximos años. Algunos contribuyentes vienen utilizando a
personas interpuestas nacionales o extranjeras, bien para dificultar
las actuaciones de comprobación e investigación, o con el ánimo de
evitar la recaudación de las deudas tributarias. Esta modalidad de
fraude presenta básicamente dos riesgos: que se oculten deudas
tributarias a cargo de contribuyentes o que se dificulte el cobro de
las deudas tributarias.
Las medidas a realizar son: en relación con la utilización de
testaferros, la mejora de los cruces informáticos que explotan la
información contenida en la base de datos nacional sobre personas y
sociedades que, teniendo lo que técnicamente se denomina un perfil
plano en pantalla (no presentar declaraciones, no tener trabajador
alguno en el caso de sociedades), reciben imputaciones puntuales de
plusvalías u otros tipos de renta no presentando posteriormente la
oportuna declaración; la detección de la materialización de rentas no
declaradas en activos colocados bajo la titularidad de personas
interpuestas; la identificación de la auténtica responsabilidad
tributaria a través de las derivaciones y declaraciones de
responsabilidad; dar continuidad a las acciones del plan de
intensificación de actuaciones de recaudación, que posibilitó derivar
deudas a su responsable por importe de más de 40.000 millones de
pesetas, lo que supuso un incremento de cerca del 40 por ciento sobre
1997, igual que el ejercicio de acciones civiles y penales donde hay
que hacer un mayor esfuerzo todavía, donde alcanzamos una valoración
de cerca de 8.000 millones de pesetas, que fue un incremento de cerca
del doble sobre 1997 y la búsqueda y seguimiento de autorizados en
cuentas que reúnen un perfil de riesgo y, gracias a los cambios
legales puestos en marcha en esta legislatura, es más fácil detectar
y perseguir en estos momentos.
El empleo indebido del proceso de innovación financiera es otra de
las áreas de atención preferente del plan. La creciente competencia
en los mercados de capitales ha favorecido la innovación en la
creación y evolución de los instrumentos utilizados. Estos intentos
por hacerse con una mayor cuota de mercado han llevado en ocasiones a
una desviación de la conducta innovadora para, desbordando los
límites de la economía de opción, dar cobertura a activos
financieros, normalmente los OTC, con finalidad exclusivamente
defraudadora o para ocultar la verdadera titularidad de los
inversores.
Se han adoptado medidas en esta línea, como todos ustedes saben; las
normas legales antilavado de cupón, las normas de imputación de las
rentas obtenidas por instituciones de inversión colectiva en paraísos
fiscales, las nuevas normas de suministro de información a
cumplimentar por las entidades financieras y de seguro o el
desarrollo de un marco de consultas vinculantes o la creación de un
grupo de trabajo para la determinación de la informaciones
a suministrar por las entidades financieras. No obstante, ésta es un
área en la que hay que realizar otras actuaciones y en 1999 se están
desarrollando: la investigación acerca de la utilización de productos
derivados en mercados organizados y la utilización de esos mismos
productos en el
ámbito de las relaciones bilaterales, ámbito en el que generalmente
operan los swaps; la investigación de operaciones realizadas por
entidades financieras no autorizadas debidamente para operar en estos
mercados, los denominados chiringuitos financieros; y también en
relación con los mercados organizados están las operaciones back to
back, comentadas anteriormente.
La utilización indebida de fines económicos con fines de elusión
fiscal es otro de los objetivos del programa. Esta organización
económica propia de la globalización de la economía conlleva la
existencia de grupos empresariales cada vez más numerosos y más
importantes. Estos grupos, que desarrollan su actividad en diferentes
sectores productivos, y a menudo en varios países, pueden ser
aprovechados en ocasiones con fines de elusión fiscal.
Los grupos económicos se pueden dividir en dos tipos de grupos: los
regulados o previstos en la normativa fiscal o mercantil y los grupos
económicos de facto con un único poder de decisión, pero sin
estructura económica jurídica formalizada. La magnitud económica de
los grupos es muy importante. Los grupos consolidados fiscalmente en
España son 487, según datos de 1997. El número de estos grupos ha
presentado un incremento constante en los últimos años: un 23,1 por
ciento en 1995, un 26 por ciento en 1996 y un 15 por ciento en 1997,
y hay que destacar que las bases imponibles positivas conjuntas que
gestionan ascienden en 1997 a 2,5 billones de pesetas, que
representan aproximadamente un tercio de la base imponible total del
impuesto sobre sociedades en el ejercicio 1997. Hay que destacar el
crecimiento de estas bases, que fue del 39,5 por ciento en 1995, de
un 11,2 en 1996, y del 40 por ciento en 1997. ¿Qué riesgos plantea
esta situación? Los mayores riesgos derivados de la existencia de
estos grupos se pueden cifrar en dos tipos de conductas: la
localización artificial de beneficios empresariales fuera de la
soberanía fiscal española, generalmente en territorios de baja
tributación, o incluso la traslación de beneficios a los sociedades
de menor tributación por su situación particular, y para ello se
emplean los denominados precios de transferencia para la
deslocalización de beneficios, y la ocultación de patrimonios y el
vaciamiento patrimonial para fines no empresariales de los mismos o
por el hecho de residenciar los beneficios en las empresas que no
disponen de patrimonio para hacer frente a las deudas tributarias,
evitando o poniendo, en peligro el pago de impuestos desde esta
perspectiva. ¿Qué medidas se han adoptado y hay que adoptar en esta
situación? En primer lugar, como ya les he comentado, se ha creado un
censo de grupos económicos considerados de riesgo al margen de los
grupos que jurídicamente operan como tales por motivos fiscales y que
así existen registrados en el ámbito de la Administración tributaria.
En este censo se incluyen aquellos grupos económicos que cumplen una
serie de factores de riesgo, entre los que destacan: facturaciones no
proporcionadas o reducidas ante un elevado patrimonio, superior a 650
millones, y también se tienen en cuenta los vínculos familiares de
los socios de los grupos o el número de empresas participadas que
suele exceder de 10. Este censo tiene ya recogidos 40 grupos
empresariales, 40 grupos económicos y existe un proceso de
incorporación de nuevos grupos. En el plan nacional de inspección
para 1999 ya se han incluido algunos grupos de
estas características que representan a un total de 76 contribuyentes
del impuesto sobre sociedades. Existe una unidad específica encargada
del seguimiento de los grupos consolidados, desde febrero de 1998,
para poder coordinar las actuaciones de todas las sociedades
integrantes del grupo, de manera que se hagan bajo una dirección
común y no se ponga en peligro la eficacia de la actuación
inspectora, así como una unidad específica para el control de los
grupos económicos, independiente de la anterior, creada también el 17
de febrero de 1998. De tipo normativo hay además una instrucción
conjunta de los departamentos de inspección y gestión para regular
las actuaciones en materia de grupos consolidados de ambas áreas.
Dada la naturaleza frecuentemente transnacional de estos grupos y el
hecho de que los grupos consolidados constituyan aproximadamente el
30 por ciento de las bases del impuesto sobre sociedades se van a
intensificar, por un lado, las actuaciones conjuntas con otras
administraciones tributarias, que, de hecho, ya han comenzado a
producirse para aquellos grupos que operan a nivel transnacional, y
se van a dedicar más recursos al área de grupos consolidados para
poder desarrollar un trabajo de la Administración tributaria más
eficiente.
La subcontratación con fines fraudulentos es otro de los ámbitos de
atención preferente del programa director. En ocasiones, como saben
S.S., se emplea la subcontratación con fines fraudulentos, cuando se
utilizan personas sin patrimonio para aminorar el coste final de la
obra, mediante el pago de los impuestos indirectos devengados y las
retenciones a cuenta de los trabajadores empleados en su realización.
En el ámbito de las obras de ingeniería y construcción es muy
habitual que algunos trabajos se encarguen por parte de la empresa
adjudicataria a otros empresarios o entidades que por ello reciben la
denominación de subcontratistas. Para el desarrollo de estos trabajos
los subcontratistas emplean su propios medios materiales y
personales, asumiendo las obligaciones fiscales que se derivan de la
realización de la actividad. En alguna ocasión, para aminorar el
coste final de la obra, se recurre a subcontratistas que carecen de
patrimonio empresarial y personal, con la lógica dificultad para
recaudar las deudas tributarias generadas en su negocio.
En la Ley de medidas fiscales administrativas y del orden social para
1998 se ha introducido una nueva obligación de información para las
empresas que contratan con el Estado, de modo que deben proporcionar
información sobre las empresas con las que subcontratan,
identificando al subcontratista, el tipo de trabajo a realizar y el
importe de la subcontrata, para que podamos incorporar esa
información a los programas de actuación de la Administración.
Hasta aquí me he referido fundamentalmente a las áreas de atención
prioritarias del programa porque constituyen realidades actuales a
las que hay que dedicar un especial esfuerzo por parte de la
Administración tributaria. Y me he referido a la economía sumergida,
a la utilización fraudulenta de personas interpuestas, al proceso de
innovación financiera, a la utilización de grupos económicos y a la
situación del sector de subcontratistas con fines fraudulentos. Pero
hay otros instrumentos de fraude que se encuentran vinculados con
fenómenos emergentes, con fenómenos en expansión en los que, aunque
la relevancia actual
sea muy significativa, lo interesante del caso es que su importancia
va a ser creciente en el tiempo.
En la actualidad el fenómeno de la internacionalización ha superado
las fronteras comunitarias, abarcando a toda la economía mundial, a
lo que habría que añadir la aparición de nuevas tecnologías que
agilizan las posibilidades de comunicación. Uno de los rasgos más
destacables de la evolución de la economía española a lo largo de los
últimos quince años ha sido el intenso y continuo proceso de apertura
al exterior. Este proceso de apertura al exterior se ha traducido en
un cambio sustancial de las variables que miden el grado de
internacionalización de la economía española. En primer lugar, el
grado de apertura de nuestra economía ha pasado de ser de un 27 por
ciento en 1986 a un 43 por ciento en 1998. Las exportaciones
españolas han pasado de representar el 1,27 por ciento de las
importaciones mundiales en 1986 al 2 por ciento en 1998, lo que ha
supuesto una importante mejora de nuestra cuota de mercado.
Por ultimo, la presencia de empresas españolas en el resto del mundo
es cada vez mayor, tal y como muestran las cifras de inversiones
españolas en el exterior. Así, mientras en 1990 la inversión directa
de España en el exterior alcanzó el 0,7 por ciento del PIB, en 1998
esta cifra casi se ha quintuplicado hasta alcanzar el 3,3 por ciento.
También hay que destacar que a partir de 1997 nuestro país ha pasado
de ser receptor neto de inversiones a ser exportador neto de capital.
El nuevo marco fiscal, el esfuerzo que se está realizando en materia
de lucha contra el fraude y las nuevas exigencias de información para
los pagos y operaciones que se efectuán con paraísos fiscales ha
provocado que las inversiones españolas en sociedades no cotizadas en
ellos hayan pasado de representar un 18 por ciento del total de la
inversión española en el exterior en 1995 a sólo el 1,5 por ciento en
1998. En lo referido al total de inversiones procedentes de paraísos
fiscales que se efectúan en España, éstas se han reducido de un 2,9
por ciento sobre el total de la inversión extranjera al 1,4 por
ciento en 1998.
Descripción de la economía española. La situación de globalización
dificulta el control y la lucha contra el fraude por varios motivos.
La falta de comunicación y coordinación en la lucha contra el fraude
entre algunas administraciones tributarias y la mayor facilidad que
existe para realizar operaciones con paraísos fiscales y territorios
de fiscalidad privilegiada facilitan al potencial defraudador poder
deslocalizar beneficios con las rentas que obtenga y vaciar se
patrimonialmente y, por tanto, poner en peligro la acción de cobro de
los tributos.
En el plan bianual de lucha contra el fraude, aprobado a mediados de
1996, se aprobaron 21 medidas contra la realización de operaciones en
paraísos fiscales y la deslocalización de sujetos pasivos. Así, cabe
destacar la obligación de declarar en todas las entidades en que se
participe, sujetas a transparencias fiscal internacional. Para evitar
la deslocalización de sujetos pasivos, se creó una norma fiscal para
los domiciliados en paraísos fiscales y normas que permiten atraer la
residencia fiscal a España. Se ha intensificado la colaboración entre
administraciones tributarias con otros países. Se han puesto en
marcha acuerdos previos de valoración. Se han suscritos nuevos
convenios de doble imposición con intercambio e información, como los
correspondientes a Bolivia, Francia, Tailandia, Rusia,
Sudáfrica, Israel, Cuba, Noruega y Dinamarca, algunos rubricados y
firmados, pendientes de su entrada en vigor, pero hay que seguir
trabajando. Entre las medidas futuras debemos seguir fomentando la
cooperación internacional a través de acuerdos internacionales y
actuaciones de inspección conjunta. En esta línea, España planteó
ayer una iniciativa en el Ecofín ante la Unión Europea, para
incrementar la cooperación entre administraciones tributarias en
materia de lucha contra el fraude y evasión fiscal, proponiendo a los
estados miembros, por un lado, incrementar o establecer estructuras
administrativas en el ámbito de cada administración tributaria para
facilitar tipos de técnicas de trabajo: por un lado, intercambios de
información mucho más fluidos, automáticos y más eficientes; por
otro, intercambios de información sobre materias que hoy no están
cubiertas por los acuerdos de intercambio e información; además,
intercambio e información sobre tipos de fraude y técnicas de
investigación, aplicados en el ámbito territorial de cada una de las
administraciones, para crear un know how europeo en materia de lucha
contra el fraude. La iniciativa será ratificada en el próximo Ecofin,
y recibió el respaldo explícito de la Comisión Europea en la sesión
de ayer. En la misma línea, hay que seguir ampliando la red de
convenios de doble imposición a países estratégicos, desde el punto
de vista de la inversión española, como los establecidos en América
Latina, en Europa central, en África o en Asia.
El empleo con finalidad defraudatoria de las posibilidades que abren
las nuevas tecnologías y los cambios en las técnicas del comercio es
otro de los objetivos de atención prioritaria del plan director. Lo
más difícil a la hora de evaluar el fraude en nuevas tecnologías es
conocer la magnitud real del fenómeno. Existen multitud de datos de
diversas fuentes, que no suelen coincidir ni en sus resultados ni en
su metodología de cálculo. Las estimaciones de ciertos agentes
privados sitúan en once billones de pesetas las cifras del comercio
electrónico mundial en 1998 y manifiestan que esa cifra se elevará a
181 billones de pesetas en el año 2002, según las mismas fuentes.
Luego, se producirá un incremento del 1.645 por ciento en un período,
aproximadamente, de cuatro años.
Situada la cuestión a nivel mundial, también debe señalarse que las
tecnologías de la información, a pesar de los enormes avances
producidos en los últimos años, se usan en España relativamente poco
en comparación con Europa y, sobre todo, con Norteamérica, aunque en
nuestro país crece con mucha rapidez. El número de usuarios u
operadores en Internet en España ha pasado de unos 800.000 en 1997 a
dos millones y medio en 1998. En concreto, podríamos estar hablando
de unas ventas por Internet de cerca de 3.500 millones de pesetas en
1998, si nos referimos directamente a la cuestión del comercio. Esta
cuestión es de enorme interés, porque se prevé uno de los mayores
potenciales de crecimiento en su uso de toda la Unión Europea. Sólo
para 1999 ya se calcula una cifra de ventas en la red de unos 10.000
millones de pesetas, luego un incremento del 285 por ciento.
Frente al uso de nuevas tecnologías, la Agencia Tributaria tiene dos
desafíos: primero, saber utilizarlas en su provecho y en el de los
contribuyentes y, segundo, conocerlas a la perfección para detectar
los fenómenos que intenten
escapar a su control. Desde el primer punto de vista, la Agencia
lleva realizando permanentemente importantes progresos en el uso y la
implantación de las nuevas tecnologías. Baste como muestra la
presentación de más de cien mil declaraciones de impuestos por medios
telemáticos en el primer cuatrimestre de este año o la posibilidad de
presentar las declaraciones de renta por Internet en la presente
campaña, como ya les he comentado.
En cuanto al fraude en las nuevas tecnologías se pueden distinguir
dos tipos de conductas: la ocultación de ventas lícitas con apoyo en
las nuevas tecnologías o la ciberdelincuencia, es decir, delitos
cometidos a través de o gracias a la red. La Administración
tributaria está tratando de afrontar ya este problema. Es necesario
un marco jurídico fiscal claro y seguro para el buen desarrollo del
comercio electrónico, que además sea compartido por todos los países
de nuestro entorno. En este sentido, España asiste a los diversos
foros internacionales donde se trata de estas cuestiones en la Unión
Europea y en la OCDE. Se ha constituido, también, dentro del Gobierno
una comisión para el estudio de la fiscalidad del comercio
electrónico, con participación de los principales departamentos
ministeriales y de los agentes económicos, que ya está funcionando, y
que tratará de aportar soluciones en esta materia.
Desde el punto de vista de la gestión, existe un centro de
competencia (AEAT) en la Agencia Tributaria dedicado al análisis de
los avances de las herramientas empleadas por los ciberdelincuentes,
tales como agentes inteligentes, buscadores, gestores de correo,
visualizadores de direcciones y aspiradores, y al estudio y
seguimiento de la información de la red. Este centro desarrolla su
actuación en tres áreas: lucha contra el contrabando, cuya autoridad
consiste en la detección de direcciones de Internet en las que
residan servidores donde se ofrecen mercancías de ilícito comercio
(estupefacientes, productos que deterioran el medio ambiente,
productos farmacéuticos, especies protegidas y otro tipo de
productos), la lucha contra las tramas de delincuencia organizada y
la lucha contra el blanqueo de capitales. En el análisis de la
tipología del blanqueo se ha visto que es posible, y cada vez más
frecuente, la utilización de las nuevas tecnologías bajo diversas
formas (tarjetas, monederos electrónicos e incluso la utilización de
puro dinero electrónico, transferido por correos anónimos que
permiten, incluso, que un usuario de Internet se convierta a todos
los efectos en un emisor de moneda). Existe un presupuesto asignado
de este año de más de 120 millones de pesetas, para dotar a estas
unidades de equipos especializados en interceptación y criptografía.
También en este año se desarrolla un plan basado en el análisis de
más de mil páginas web de las que se plantearán actuaciones concretas
que se incluirán en el citado plan. Otra de los objetivos de atención
preferente de carácter emergente por la extensión que puede tener en
el futuro, es el área de las tramas de fraude organizado que emplean
conductas fraudulentas de carácter planificado y repetido.
Las circunstancias expuestas con anterioridad, la globalización y las
nuevas tecnologías facilitan el desarrollo y la extensión de tramas
de fraude organizado, amparadas en las oportunidades de ocultación,
que ofrecen tanto la internacionalización de la economía como las
nuevas tecnologías. En este sentido, podemos destacar que las tramas
de
fraude organizado incurren en las conductas fraudulentas
anteriormente expuestas, siendo lo característico de las mismas que
se desarrollan con carácter planificado y repetido. Sirva como
ejemplo la experiencia de las actuaciones efectuadas en el año 1998
en el descubrimiento del fraude en el sector informático, que pone de
manifiesto la necesidad de utilizar técnicas de control diferentes a
las tradicionales, incluyendo en su caso actuaciones en el ámbito
internacional.
A lo largo de 1998, la Agencia Tributaria triplicó los funcionarios
del ámbito de la inspección dedicados a las tareas de investigación;
en concreto, se pasó de 9 a 20 inspectores y de 19 a 53
subinspectores. En 1999 vamos a ampliar 71 plazas adicionales de
funcionarios en el seno de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude, que se añadirán a los funcionarios que ya se han incorporado
hoy o que venían de otros centros directivos de la propia Agencia
Tributaria. En 1999 tres equipos ONI, 16 unidades regionales de
inspección y nueve unidades provinciales de inspección están
desarrollando actuaciones de forma central en lo relativo a las
tramas organizadas de fraude. En los próximos años, debemos
incrementar el esfuerzo dedicado al control de estas tramas,
aprovechando los procedimientos y técnicas desarrollados y
extendiendo a sectores distintos de la actividad económica esos
criterios, metodología y fuentes de información que se están
aplicando con éxito en estos momentos.
Del análisis expuesto se derivan una serie de principios en los que,
en opinión del Gobierno, hay que inspirar las actuaciones del control
de la Agencia, y que son los que se exponen a continuación. En primer
lugar, el principio de colaboración. Existen muchas administraciones
competentes en materia de lucha contra el fraude, tanto a nivel
internacional como en el territorio español. Incluso otras
instancias, como los órganos jurisdiccionales, jueces, tribunales y
el ministerio fiscal tienen un papel activo en la lucha contra el
fraude. Voy a referirme a algunas de estas colaboraciones con otras
organizaciones.
Colaboración con otros Estados. Como he dicho, con esta finalidad se
presentó en el Ecofin de ayer la propuesta de creación de una
comisión en la que se planteen todas las medidas que permitan
implantar y reforzar la cooperación en la lucha contra el fraude
fiscal, incluyendo aspectos tanto legales como organizativos. Esta
propuesta del Gobierno español tiene como objetivo permitir que el
intercambio de información afecte a otras materias y a otros
impuestos y reforzar la cooperación desde el punto de vista de
técnicas y nichos de fraude en cualquiera de los Estados miembros.
La colaboración con administraciones fiscales internas. La diversidad
de niveles de Administración fiscal que conviven en el territorio
español -el estatal, el autonómico y el local- requiere un esfuerzo
conjunto de todos ellos para la consecución de la efectiva unidad y
eficiencia del sistema tributario. Para ello es necesario que la
colaboración se plasme en determinadas líneas de trabajo. En los dos
últimos años se ha avanzado mucho en el intercambio de información
y se ha llegado a acuerdos con las comunidades autónomas en cuestiones
relacionadas con los impuestos que son de su competencia, pero hay
que continuar profundizando. Desde esta perspectiva, se pretende un
acuerdo con
la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recaudación
ejecutiva; se procederá a la normalización de la documentación por la
que se transmiten los resultados de las actuaciones de control de
interés para otras administraciones públicas y se potenciarán las
acciones formativas necesarias para su adecuada utilización.
Actuaciones conjuntas, otra área en la que hay que hacer un esfuerzo
adicional. Debe explotarse la posibilidad de utilizar la fuerza
combinada de varias administraciones en materia tan sensible como el
fraude en el sector inmobiliario, eje de la tributación autonómica
cedida. Se incrementará la colaboración en la detección de factores
de riesgo fiscal aprovechando la información de que disponen ambas
administraciones para proceder a una adecuada selección de los
contribuyentes a comprobar. En esta línea, en el segundo semestre del
año se desarrollarán actuaciones conjuntas y simultáneas con las
comunidades autónomas centradas en el fraude en el sector
inmobiliario. El equilibrio es otro principio básico en el ámbito del
control y debe concretarse en una adecuada combinación de los tipos
de control y en una correcta ponderación de las diversas
manifestaciones del interés general que se ven afectadas por él.
Las dos finalidades esenciales de la lucha contra el fraude
-restablecer la disciplina fiscal que el fraude vulnera y conseguir
que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales- se
encuentran presentes en todas las actuaciones de control, si bien con
distinta incidencia. En las actuaciones de control intensivas, que
afectan a un menor número de contribuyentes pero respecto a más
períodos y conceptos impositivos, quizá tiene más incidencia la
finalidad de restablecer la disciplina fiscal y la condición
correctiva del control. En las extensivas, que afectan a más
contribuyentes pero respecto de menos períodos y conceptos y que no
hay que confundir con actuaciones de verificación de obligaciones
formales, incide más la finalidad desincentivadora, ya que estas
actuaciones poseen un mayor efecto anuncio y acercan temporalmente el
control a los hechos comprobados. Estas dos posibilidades de
actuación son necesarias y positivas en principio si se combinan
adecuadamente. Debe determinarse el volumen de cada una de ellas a lo
largo del ejercicio para conseguir armónicamente las dos finalidades
señaladas. Ello se puede conseguir utilizando una u otra en función
del tipo de contribuyente ante el que se encuentre la Agencia
tributaria, clasificándolos según el riesgo fiscal que presente la
actividad desarrollada y su volumen de operaciones.
No hay que confundir estas operaciones con aquéllas de análisis
meramente formal o de cuestiones muy concretas y puntuales de los
contribuyentes que, lejos de potenciar, hay que reducir. El Gobierno
considera que, en el segundo semestre de cada año, puede y debe
presentarse un análisis en el que se mida el efecto inducido derivado
de la realización de cada uno de estos dos tipos de actuaciones para
analizar la planificación de las actuaciones en el ejercicio
siguiente.
En materia de equilibrio, ni es aceptable una concepción del control
que únicamente persiga regularizar desatendiendo el necesario
objetivo recaudatorio, ni lo es -por razones opuestas- aquella que
persiguiendo únicamente el cobro de deudas tributarias desatienda la
regularización de los que puedan presentar dificultades cobratorias.
Ello
supone la necesidad de conseguir un adecuado equilibrio entre las dos
facetas del control -regularización y recaudación-, que debe ser
elemento crucial en el diseño de los planes sectoriales de las áreas
de recaudación e inspección y en las normas que los integran. Se
procederá, por tanto, a la elaboración de los criterios que permitan
la clasificación de los deudores en función de su riesgo recaudatorio
objetivo, así como a la inmediata utilización de estos criterios en
la selección de los contribuyentes acerca de los que se van a
desarrollar actuaciones de control. En el caso de actuaciones de
control ante contribuyentes que presenten riesgos recaudatorios
inminentes, se notificará automáticamente su inicio al departamento
de Recaudación para que la actuación se puede desarrollar
conjuntamente.
Las actuaciones de control deben conciliar la eficacia con la
objetividad y el respeto a la ley y al derecho, compatibilizando la
defensa del interés general con los legítimos intereses particulares
que no son sino una manifestación del interés general. En este
sentido, la Agencia potenciará su programa de seguimiento de las
quejas, sugerencias y peticiones que se planteen ante el Consejo para
la Defensa del Contribuyente, que es un buen indicador de la
situación de las actuaciones y su calidad en el ámbito de la
Administración tributaria. (El señor vicepresidente, Martínez
Sanjuán, ocupa la Presidencia.)
La defensa del interés directamente protegido por el control
tributario, es decir, el cumplimiento efectivo del sistema fiscal, no
debe perjudicar aquellos aspectos que contribuyen positivamente al
sistema económico y con ello al interés general. Por ello, debe
minimizarse en lo posible la presión fiscal indirecta que supone para
los contribuyentes la dedicación de recursos a las atenciones de la
Administración tributaria. Este debe ser un principio que todos los
responsables de la organización asuman como propio en el ejercicio de
sus tareas.
La responsabilidad es otro principio informador del plan director. La
Agencia debe regirse por la necesidad de perseguir que los sujetos
destinatarios de la misma valoren positivamente el modo en que se
ejercita. La Agencia debe impulsar la construcción y observación
cotidiana de un marco de valores permanentemente respetado hoy en sus
actuaciones de control. En este sentido, hay que tomar en
consideración tres ámbitos: las obligaciones del personal de la
Administración tributaria para con la institución relativas a una
adecuada dedicación, esfuerzo, interés en el trabajo y protección de
su imagen pública; las obligaciones para con la profesión
dignificando la función de control mediante su adecuado ejercicio y
las obligaciones para con los individuos que, basadas en el respeto
por encima de lo obligado normativamente, favorezcan un entorno de
relaciones personales que permita un desarrollo armónico de las
funciones de control. Para ello, se aprobará un código de conducta
del personal al servicio de la Administración tributaria que no
constituirá más que el reflejo del marco de valores actualmente
asumido por el conjunto de la organización dentro del cual se mueven
sus funcionarios, pero que marcará claramente distancias con aquellos
que de manera aislada no actúen con arreglo a unos mínimos principios
éticos de comportamiento.
Otro principio básico del programa, básico también en cualquier
organización amplia, es la proactividad. Para
favorecer la agilidad de respuesta en un entorno cambiante, las
labores de control tributario deben caracterizarse por su dinamismo,
tanto en la obtención de información como en el diseño de dicha
obtención y en la puesta en práctica de la información obtenida. La
proactividad, o asunción de una actitud vigilante ante el fraude, ha
de articularse en varios ámbitos: en primer lugar, en cuanto a la
disponibilidad de la información. Es necesario dedicar un gran
esfuerzo a la gestión del conocimiento, para lo cual se potenciarán,
entre otras, diferentes líneas de actuación. Durante la vigencia del
presente programa se asegurará una dedicación mínima creciente de las
unidades de investigación a la obtención y análisis de información.
Para garantizar la continuidad en el tiempo de los resultados, habrá
de asegurarse la potenciación en los próximos años de la dedicación a
tareas de investigación de todos los funcionarios de la Agencia
ocupados en labores de control. Para una mejor explotación de la
información se hace necesario potenciar los instrumentos informáticos
y homogeneizar los modelos de declaración, simplificando las tareas
de contraste de diversas fuentes y evitando molestias a los
ciudadanos. Se coordinará, por tanto, la elaboración de una
estructura informática que permita recoger y gestionar la información
más relevante, que vía telemática o vía informática llega a la
Administración tributaria, y garantizar con las cautelas necesarias
el acceso a esa aplicación a todos los funcionarios del área de
control que la precisen.
Por otra parte, para potenciar el control de calidad de las
actuaciones, deberá realizarse un seguimiento de la recaudación
generada por las liquidaciones de la Agencia Tributaria con mayor
periodicidad, del resultado de los recursos o reclamaciones que
contra ella se interpongan, del efecto inducido que las mismas
provoquen en los contribuyentes que hayan sido objeto de las mismas,
en los sectores económicos en los que se ha actuado con especial
intensidad o en la economía española en general. Y para asegurar la
adecuada consideración de estas magnitudes y de estos efectos, cada
año la Agencia elaborará un informe en el que se analizará y valorará
la calidad de las actuaciones de control, teniendo en cuenta esos
cuatro parámetros a los que he hecho referencia. También dentro de la
proactividad, con la finalidad de garantizar la agilidad y
coordinación de las actuaciones de control que no excedan del tiempo
mínimo, del tiempo imprescindible, para cumplir su finalidad, cuando
se presuma la existencia de dificultades para la recaudación de la
deuda potencial, el contacto y la participación inmediata de los
órganos de recaudación y su coordinación con éstas, a efectos de lo
previsto en el nuevo marco introducido en el último año en el
artículo 128 de la Ley General Tributaria, que permite la adopción de
medidas cautelares para garantizar la viabilidad de los créditos
tributarios en situaciones de futura dificultad de cobro o la
información con trascendencia tributaria obtenida sobre terceras
personas, inmediatamente transmitida al responsable para facilitar su
pronta actuación.
Otro principio básico de actuación es el de optimización de recursos.
La optimización de recursos supone la plasmación del principio de
eficiencia en la actuación de la Administración tributaria. Para
ello, será necesario poner en práctica las actuaciones estratégicas
que a continuación se describen. Desde el punto de vista
organizativo, para la
efectiva implantación de la estrategia de lucha contra el fraude es
necesario realizar una adecuación de la misma y de la organización de
los medios que se establecen para llevarla a cabo. Desde esta
perspectiva, se está impulsando y se va a seguir impulsando el
desarrollo de unidades especializadas en el control y, en particular,
se van a crear inmediatamente unidades especializadas en el control
de empresas de nueva creación, de empresas en crisis y de empresas
especializadas en los sectores inmobiliario, financiero y economía
sumergida en el ámbito territorial.
En materia de recursos humanos, lo importante es aprovechar el
potencial de funcionarios de la Administración tributaria y que la
distribución territorial tome como referencia la máxima eficiencia en
las actuaciones de control. Asimismo, es necesario potenciar la
especialización del personal, de modo que se aproveche su experiencia
y conocimiento derivados del desempeño profesional, y la adecuada
selección del mismo, asegurando que dicho personal reúna las
necesarias habilidades que le permitan adaptarse al entorno en el que
se desarrolla su actuación.
La puesta a disposición de los medios técnicos necesarios pasa por la
potenciación del acceso a bases de datos, a la microinformática y a
los informes previamente elaborados por los órganos de control. Este
proceso de renovación de los métodos de trabajo, donde la
Administración tributaria se compromete a desarrollar el trabajo ya
iniciado creando modelos de trabajo de aplicación obligatoria por los
funcionarios en el conjunto de las áreas de control, donde se
establezcan los controles imprescindibles que hay que realizar, la
constancia, por supuesto, de esos controles, así como los criterios
que se han utilizado introduciendo técnicas de gestión más
eficientes, va a ser una realidad y el compromiso es que para el
próximo año se puedan presentar los manuales donde se recoja la
generalidad de los procedimientos de control y que a lo largo del
período del programa director se pueda producir una aplicación
efectiva de esos programas.
En materia de inversiones, teniendo en cuenta que las diferentes
líneas estratégicas de lucha contra el fraude requieren la
incorporación permanente en la Agencia Tributaria de las nuevas
tecnologías, el plan anual de inversiones de la Agencia dedicará un
porcentaje mínimo, creciente en el tiempo, a la realización de las
actuaciones señaladas. Dado el carácter plurianual del plan director,
resulta conveniente prever un adecuado seguimiento del mismo, y para
ello cada año se elaborará un informe que se elevará al Gobierno y
que se presentará al Parlamento, que tendrá como contenido mínimo,
aparte de aquellas cuestiones sectoriales a las que he hecho
referencia a lo largo de esta intervención, la evolución del
escenario económico y social y, en su caso, cambio respecto a las
previsiones iniciales; la evolución de las conductas de fraude, de
atención prioritaria, indicando posibles cambios respecto a los
descritos en el programa, el grado de desarrollo de las líneas
directrices contenidas en el programa y los resultados conseguidos en
cada una de esas áreas; la propuesta motivada de ajustes a realizar
en el programa director y las recomendaciones para la elaboración del
plan general de control de la Administración tributaria.
Señor presidente, paso a suministrar información sobre las posibles
irregularidades detectadas en la actuación de la
Inspección. En primer lugar, quiero decir que la Administración
tributaria y el Gobierno tienen limitaciones legales al suministro de
información, y esa es una circunstancia que SS.SS. conocen y, por
supuesto, que asumen de entrada. El artículo 113 de la Ley General
Tributaria establece deber de riguroso sigilo, que vincula tanto a
las autoridades como a los funcionarios, respecto de los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en
el desempeño de sus funciones. Y el artículo 103, apartado 4, de la
Ley que crea la Agencia, establece que el personal de la Agencia está
obligado a guardar sigilo riguroso y observar estricto secreto
respecto de los asuntos que conozcan por razón del desempeño de su
puesto de trabajo. La infracción de los deberes de secreto y sigilo,
como SS.SS. saben, constituye infracción administrativa, sin
perjuicio de que, por su naturaleza, la conducta pueda ser
constitutiva de delito. Asimismo, el artículo 37 de la Ley de régimen
jurídico de la Administración pública, en su apartado 3, limita el
acceso al contenido de los procedimientos sancionadores,
disciplinarios o de investigación. Ahora bien, existe un supuesto en
el que la publicidad de las actuaciones de los órganos de la
Administración tributaria, aunque no el contenido de dichas
actuaciones, viene dado por la propia mecánica prevista en el
ordenamiento jurídico. En efecto, cuando es de notorio y público
conocimiento la existencia de hechos que puedan ser contrarios al
ordenamiento jurídico, los ciudadanos pueden presuponer la existencia
de un procedimiento de comprobación e investigación en el ámbito
administrativo, y lo contrario sería poner en duda la
profesionalidad, honorabilidad y moralidad de los funcionarios
y autoridades de la Administración que prestan sus servicios. No
obstante, las actuaciones concretas a seguir en un procedimiento de
investigación o comprobación deben mantenerse secretas, no sólo
porque así lo establecen las normas antes citadas, sino también para
evitar que se produzcan en situaciones particulares riesgos que
limiten la acción de la justicia en cualquier aspecto concreto. Sin
embargo, nada impide que los ciudadanos conozcan los controles
internos que se aplican, las líneas de investigación que se siguen
cuando existen indicios de actuaciones irregulares que puedan afectar
tanto a contribuyentes como a determinados funcionarios. De acuerdo
con lo expuesto, dado que el marco legal me obliga a ello, omito en
mi exposición cualquier referencia a personas, empresas, cuantías o
actuaciones concretas.
En primer lugar, quisiera destacar cuáles son las funciones del
Servicio de Auditoría Interna dentro de la Agencia Tributaria en
materia de control. La primera función es el control interno de todos
los servicios de la Agencia mediante la realización de auditorías de
cualquier clase y naturaleza y el desarrollo de instrumentos de
control permanente que permitan evaluar su eficacia y eficiencia en
el cumplimiento de las normas e instrucciones, formulando las
propuestas o recomendaciones que deriven de dicha función, y también
la prevención y detección de las conductas irregulares y la
coordinación, en la forma en que determine la Dirección General de la
Agencia, de las acciones relativas a las mismas y, en su caso, su
investigación, así como el análisis y la evaluación de los sistemas
de seguridad y control interno.
El funcionamiento de los controles internos. La Inspección regional
de Cataluña procedió a finales de 1998 a dejar sin efecto y exigir
que se complementaran determinadas actas de conformidad que habían
sido extendidas a varios contribuyentes. La decisión venía motivada
porque las actuaciones realizadas, a juicio de la Inspección
regional, eran insuficientes y habían dado lugar a unas propuestas de
regularización por un importe que resultaba injustificadamente
escaso. En algún supuesto llamó la atención la rapidez con la que se
desarrollaron los procedimientos de comprobación ya que desde las
primeras diligencias extendidas hasta la firma de las actas apenas
transcurrió un mes. En este caso, la Inspección regional exigió que
se completasen actuaciones porque detectó que las actas eran
insuficientes en cuantía y no estaban justificadas de manera
adecuada. Estas circunstancias, entre otras, llevaron al Servicio de
Auditoría Interna de la Agencia Tributaria, previa comunicación de la
Inspección regional de Cataluña, a iniciar una investigación interna
en diciembre de 1998; investigaciones internas que se realizan cuando
existen indicios de posibles irregularidades detectados bien por
actuaciones previas o bien por otro tipo de información. Siempre que
se conoce una posible irregularidad en el ámbito de la Inspección
Tributaria el Servicio de Auditoría Interna de la Agencia inicia un
investigación, en la que pueden colaborar los departamentos de la
Administración tributaria si es necesario. En la planificación de las
actuaciones puede ser necesario efectuar comprobaciones sobre
aspectos que se mencionan a continuación: empresas o contribuyentes
que puedan tener una relación directa o indirecta con las posibles
irregularidades. Una investigación de estas características podría
afectar a 250 empresas o contribuyentes, aunque no esté acotada a
unas denuncias concretas ni a un período temporal limitado, para
garantizar la comprobación del conjunto de las actuaciones sin
ninguna limitación.
Los criterios de selección que se utilizan de las empresas
o contribuyentes para garantizar una adecuada investigación son los
siguientes: todas las empresas relacionadas con aquellas en las que
pueda existir alguna irregularidad y las empresas incluidas en los
planes de actuación de aquellos funcionarios que pudieran haber
cometido alguna irregularidad. Se hace también un análisis y un
detalle de los expedientes más significativos, sobre todo de aquellos
que tengan incidencias concretas. Se hace un detalle de todas las
propuestas que se pueden haber planteado de inclusión de
comprobaciones en plan de inspección y se hace el detalle del estado
de la comprobación inspectora de las empresas que forman parte del
listado o del censo de empresas investigadas.
Las líneas de investigación que se siguen en una actuación de esta
naturaleza son, entre otras, las siguientes: en primer lugar, si ha
habido o no inclusión en plan de las empresas y contribuyentes que
tienen relación directa o indirecta con las posibles irregularidades,
y no sólo limitado al ámbito temporal en el que puedan haberse
constatado irregularidades; si ha habido inicio o no de las
actuaciones de inspección; la forma en que en cada caso finalizaron
esas actuaciones de inspección; las relaciones patrimoniales entre
los contribuyentes investigados y el resto de personal y sociedades
incluidas en la investigación y el análisis
del resultado de cada una de las actuaciones inspectoras
desarrolladas.
En una investigación de estas características, el equipo de
investigación suele organizarse del siguiente modo. Las actuaciones
de campo, así como los trabajos previos y posteriores, se desarrollan
por el Servicio de Auditoría Interna y, para esta tarea, se destinan
los integrantes necesarios del Servicio de Auditoría Interna. Por
ejemplo, en un caso importante, pueden dedicarse seis actuarios del
Servicio de Auditoría Interna a estas labores de investigación. Para
el mejor desarrollo de sus tareas de investigación, el Servicio de
Auditoría Interna cuenta siempre con el apoyo técnico de los
departamentos de la Administración tributaria, tanto Inspección e
Informática Tributaria, a través de funcionarios que no tengan
ninguna relación directa o indirecta con las actuaciones de
investigación que se puedan desarrollar en cada momento concreto.
¿Qué objetivos persigue la investigación? Los objetivos que se
persiguen en una investigación de este tipo son, entre otros, los
siguientes: determinar si ha habido alguna paralización indebida de
actuaciones inspectoras, determinar si ha habido órdenes de rebajar
actas de inspección concretas, determinar si se han denegado
propuestas justificadas de inclusión en plan de inspección de
contribuyentes concretos y determinar si ha habido trato de beneficio
a contribuyentes concretos en el desarrollo de actuaciones
inspectoras.
Líneas de actuación que se abordan. En primer lugar, como he dicho,
se elabora un censo de entidades sobre el que hay que realizar las
comprobaciones. En una investigación así se podría investigar a más
de 250 entidades y contribuyentes, como he dicho. Entre las
comprobaciones que pueden realizarse se incluye el seguimiento de los
ingresos y pagos que pueden deberse a operaciones ficticias tendentes
al vaciamiento patrimonial de algunas de las sociedades; el
seguimiento, como he dicho, de todos los expedientes individuales
significativos particularmente destacables; la elaboración de
análisis comparativos ante las inspecciones que se realizan dentro de
un mismo sector por la Inspección provincial o por la Inspección
regional para analizar si los criterios que se aplican son
homogéneos. Se recaba información de los funcionarios de la
Delegación de la Administración tributaria correspondiente. Si es
preciso, se proponen y, en su caso, se inician por los órganos
competentes, dado que es una decisión suya, procedimientos de
inspección a determinados contribuyentes, funcionarios, ex-
funcionarios o cualquier entidad de carácter público o privado. Se
colabora con los órganos jurisdiccionales y los fiscales; en
concreto, se remiten determinados expedientes de inspección, todos
aquellos que se solicitan, y la información tributaria de
contribuyentes relacionados con posibles irregularidades, y cuando se
está requiriendo por los órganos jurisdiccionales, se pone a su
disposición los datos patrimoniales o de otro tipo que ellos
reclaman.
En cuanto a si en estos momentos se están desarrollando
investigaciones de carácter importante por parte del Servicio de
Auditoría Interna en el ámbito de la Delegación de Cataluña, y con
relación a hechos concretos y puntuales, lo primero que quisiera
decir es que las conclusiones que se puedan sacar en estos momentos
son provisionales porque este es un trabajo sujeto a los propios
avances que cualquier
investigación pueda aportar; en segundo lugar, que las posibles
irregularidades que puedan haberse detectado afectan a un número
limitado de funcionarios, lo que presupone que este tipo de
comportamientos no puede generalizarse al conjunto de las actuaciones
inspectoras en el ámbito de una Delegación.
La normativa vigente en materia de inspección de los tributos
establece unos controles de primer nivel que son efectuados por los
responsables directos de los servicios de inspección y que son
adecuados, como demuestra la actuación desarrollada por los actuales
responsables de la inspección en Cataluña. Existen otros controles
que se han venido potenciando significativamente en los últimos años,
entre los que destaca el refuerzo de las actuaciones del Servicio de
Auditoría Interna en el ámbito de la inspección, la puesta en marcha
de las comisiones de Seguridad y Control, y puedo darles detalle de
todas las actuaciones y de la intensificación que se ha producido a
lo largo de estos años para garantizar que hechos como los que todos
conocemos hoy no ocurran en la Administración tributaria.
Así pues, señor presidente, habiendo abusado probablemente de la
amabilidad de SS.SS. -ha sido una intervención muy larga debido al
amplio número de comparecencias solicitadas-, me pongo a su
disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Efectivamente, como bien
ha dicho el secretario de Estado, esta es una comparecencia de
carácter ómnibus. En esta su primera intervención, el señor
secretario de Estado de Hacienda ha dado información acerca de los
seis primeros puntos del orden del día y yo me atrevería a decir que
ha respondido ya a múltiples preguntas del señor MartínezPujalte. He
seguido con detalle las respuestas y el orden de las peticiones de
información y estoy seguro de que con la información suministrada el
señor Martínez-Pujalte puede dar por contestadas sus preguntas.
El presidente de la Comisión ha manifestado al comienzo de la misma
que el objetivo era terminar no más tarde de las tres, y a mí me
gustaría distribuir los tiempos para que razonablemente pudiéramos
cumplir con dicho objetivo. La petición de comparecencia del
secretario de Estado de Hacienda ha sido solicitada por determinados
grupos parlamentarios, pero yo estoy seguro de que aquellos que no lo
han hecho pedirán la palabra y querrán intervenir para fijar su
posición por lo menos con respecto a algunos de los múltiples temas
que han sido objeto de esta comparecencia. Así pues, no menos de seis
grupos parlamentarios pedirán la palabra, digo no menos porque son
los seis que están, pero estoy convencido de que si aparece el señor
Gómez también querrá intervenir y entonces serán siete los grupos
parlamentarios. Yo creo que la intervención de fijación de posición
de los grupos parlamentarios no debería concluir más allá de la una
de la tarde, para que a partir de esta hora el secretario de Estado
pueda contestar, aparte de que estoy convencido de que algún grupo
parlamentario querrá replantear o reformular de nuevo alguna pregunta
no aclarada, por lo que con este calendario, si les parece bien,
tendremos que distribuirnos el tiempo. De tal manera que voy
a conceder el uso de la palabra a los grupos parlamentarios por un
tiempo máximo de 20 minutos para que fijen suposición. Esta
Presidencia va a ser absolutamente estricta,
rogando a aquellos grupos que no deseen utilizar los 20 minutos que
no se los cedan a otros, puesto que esa falta de utilización
contribuirá posiblemente a aligerar y a mantener el debate en los
términos previstos.
Me imagino que todos los grupos parlamentarios desean fijar su
posición, por lo que, sin más dilación -ya son las once-, le voy a
dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, señora Mendizabal,
con la recomendación de que de vez en cuando mire el reloj para no
pasarse de las once y veinte.
Tiene la palabra, señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, usted sí que se ha
pasado en las explicaciones. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señora Mendizabal,
posiblemente me haya pasado un minuto, pero creo que va a redundar en
que luego no haya interpretaciones de los grupos con respecto al
tiempo de que disponen.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Perdón, señor presidente, no quería
ser irrespetuosa con la Presidencia de la Comisión y le agradezco que
me haya dado la palabra.
En primer lugar, señor Costa, me veo en la obligación de plantear al
inicio de mi intervención el malestar que le ocasionó a mi grupo
parlamentario la falta de respeto a las instituciones parlamentarias
que usted demostró al no comparecer en esta Comisión el pasado día 28
de abril. Independientemente de la seguridad que usted y su grupo
parlamentario pudieran tener con respecto a la utilización del
Reglamento, poco legítima desde nuestro punto de vista, creemos que
esta institución, institución a la que además usted ha pertenecido,
merece un mínimo de respeto, lo que hubiera exigido su presencia en
esta Cámara ante una convocatoria formal de la Presidencia de la
Comisión. No sé cuáles son las razones que le llevaron a tomar esta
decisión, si fue por prepotencia o simplemente por comodidad, pero la
verdad, señor Costa, es que creo que no fue una decisión sin
importancia, sino que va a estar siempre en su debe, una decisión que
va a contribuir a desprestigiar su imagen.
Como ya manifestamos en aquella ocasión, nuestro interés en aquel
momento era simplemente poder contestar a la réplica de su anterior
comparecencia cuatrimestral del año 1998. No sólo consideramos que no
se habían aclarado las cuestiones que habíamos planteado y la
discrepancia que manteníamos respecto de determinados datos, sino
que, tras su intervención y con los datos que entregó usted a esta
diputada en el último momento, se generaron todavía más dudas. Yhoy,
al introducir en el orden del día todas las comparecencias que
quedaban pendientes, se ha producido una cosa un tanto rara, porque
resulta que hay una solicitud de comparecencia para informar de la
situación de la Agencia Tributaria y del seguimiento de sus objetivos
no sé desde cuándo, por lo tanto, no se refiere al seguimiento de los
objetivos de este primer cuatrimestre; de hecho, en la reunión del
otro día de la Mesa y portavoces decidimos que no entrara la
cuatrimestral. Yo le agradezco que haya dado
esa información, pero realmente nuestra intención no era ésta, sino
el haber aclarado los temas que quedaron pendientes en el año 1998.
No lo pudimos hacer en aquel momento y pensamos que hoy, que sí
tendríamos ocasión de hacerlo, no es el momento de replantear y
empezar a sacar números y datos. Por tanto, esperamos tener la
ocasión de poder volver a hablar sobre estos temas cuando se elabore
el informe del primer cuatrimestre de 1999 y así, lógicamente, hacer
referencias a cuestiones anteriores.
Así pues, me voy a referir a la situación de la Agencia Tributaria en
términos generales, que era lo que nos preocupaba en un momento
determinado y lo que nos sigue preocupando. Como decía un gran
fiscalista, un sistema fiscal vale lo que vale la Administración
tributaria encargada de gestionarlo. Lo que nos preocupa en estos
momentos es que la imagen que se transmite de la situación de la
Agencia Tributaria es una imagen de un desorden creciente que cada
vez está generando más falta de confianza en el contribuyente. No
quiero negar en absoluto la importancia de los hechos que usted ha
relatado y que nos ha explicado en estos momentos relativos a
actuaciones fraudulentas que corresponden a acciones concretas de
determinados funcionarios corruptos, que hay que limitar en el ámbito
en que están y no extenderlas al resto de los funcionarios o de los
profesionales de la Administración tributaria. No obstante, no quiero
referirme a estas actuaciones que podemos limitar y concretar, sino a
las actuaciones que corresponden a lo que puede ser su
responsabilidad o la de su Gobierno y que, desde nuestro punto de
vista -lo hemos denunciado muchas veces- han llevado a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a unos niveles de politización
que creemos que en algunos momentos han rayado en la
irresponsabilidad.
Todo empezó, como usted y todos los grupos aquí presentes recordarán,
con el intento de utilización por parte del Gobierno del tema de los
200.000 millones como un ariete contra la oposición, utilización que
desde nuestro punto de vista puso en evidencia una gran frivolidad
con valoraciones y calificativos que luego realmente no tenían nigún
peso específico, produciendo una paralización en la actividad de la
Agencia durante un cierto período de tiempo y, además, señor Costa -y
creo que es lo peor-, dejando abiertos una serie de conflictos
internos que tardarán en solucionarse. Esta politización alcanzó
límites extraordinariamente preocupantes desde nuestro punto de vista
con la política de nombramientos. Mi grupo ha denunciado varias veces
el papel fundamental que han tenido los políticos locales a la hora
de realizar cambios de puestos directivos a nivel provincial y
regional, llegando a producirse en algunos casos situaciones que
podíamos calificar de un tanto ridículas, como la del delegado de
Zaragoza, que sólo duró 24 días porque no le gustó al Partido Popular
aragonés, o la del delegado especial de Andalucía, cuyo nombramiento
fue retirado estando ya casi en el «BOE». Este estilo de efectuar los
nombramientos, acompañado de otras formas que han sido denunciadas
por los profesionales de la Agencia, han llevado a unas situaciones
de humillación personal dentro de la Agencia que en muchos casos los
profesionales han considerado inaceptables. En definitiva, creo que
se ha seguido incidiendo en el conflicto interno.
A esto habría que añadir un nuevo conflicto, el de los inspectores,
que todavía sigue coleando. Ha habido una gran incapacidad de los
directivos de la Agencia para resolver este problema y se ha
profundizado más en ese conflicto actuaciones de la propia Secretaría
de Estado o incluso del Partido Popular, como ocurrió con la
negociación de la ley de acompañamiento, los acuerdos con los
sindicatos o la resolución adoptada para la solución del conflicto de
los subinspectores, que, de hecho, no satisface a la mayoría, por no
citar el tratamiento que han recibido los representantes sindicales
con el inicio de un expediente disciplinario. Es decir, seguimos
incidiendo en el conflicto interno, conflicto que ha tenido una nueva
expresión con las denuncias efectuadas por la Asociación Profesional
de Inspectores de Hacienda.
Señor Costa, el grado de conflicto interno no desaparece, sino que es
cada vez mayor. Es todavía más fuerte por la política de cambios que
ha habido en los nombramientos de los directivos de la Agencia. La
verdad es que ha sido una verdadera locura. Si usted analiza -aunque
imagino que lo tendrá claro y no tendrá que analizarlo- los cambios
que ha habido en casi todos los puestos de dirección verá que en dos
años y medio, como mínimo, han rotado tres personas. Esta política de
personal que se ha llevado es francamente nefasta.
Por otra parte -y es lo que me preocupa del último programa que nos
ha presentado-, esto ha ido acompañado de la presentación de
diferentes planes: el plan de modernización, el plan de objetivos, el
plan general de control, el Programa director tributario; planes que
se han mantenido en la retórica , pero que en ningún caso han
afectado de manera importante al funcionamiento de la Agencia
Tributaria o, por lo menos, así lo denuncian los profesionales. Al
final, esto es un poco como las novelas de enredo: nos estamos liando
todos, exponiendo cosas negro sobre blanco, que, a la hora de la
verdad, no tienen ninguna incidencia.
Usted ha dado mucha importancia a la Unidad Nacional de Investigación
del Fraude, pero en la creación de órganos creemos que ha habido una
política excesivamente ligera. En nuestra opinión, tiene muy poco
sentido la creación de esta unidad al existir ya la Oficina Nacional.
Parece que esa es también su opinión porque, por lo visto, tiene poca
dotación y no funciona según denuncian los propios profesionales. Lo
que últimamente nos ha extrañado mucho es esta nueva unidad de
coordinación con otros órganos de la Secretaría de Estado que usted
ha creado en una última resolución. Leyendo la exposición de motivos
de esta resolución no entendemos bien cuál es la función de este
órgano.
En conclusión, señor Costa, la situación de la Agencia Tributaria
está alcanzando unos niveles de gravedad en su funcionamiento interno
que no se pueden permitir desde la responsabilidad política. Hay que
acabar con esta polémica pública, con esta utilización política, con
este baile de nombramientos y con este conflicto que existe entre los
profesionales de la Administración. Acotando estos escándalos que han
ocurrido últimamente -usted nos ha explicado el control que está
llevando sobre ellos, la Agencia y nosotros les animamos a que sigan
hasta el final y a que se descubra e investigue todo-, es tiempo de
pensar en cuál debe ser el futuro de la Agencia, reflexionar y
alcanzar un compromiso
entre todos para sacar a esta institución de la Administración del
Estado de la polémica pública. Señor Costa, usted tiene una
responsabilidad preeminente e intransferible en la superación de esta
etapa. Con esto no quiero decir que el grupo de la oposición se lave
las manos, ya que estamos dispuestos a contribuir a este objetivo,
pero, desde luego, con una serie de requisitos. En primer lugar, la
despolitización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
que no puede ser utilizada políticamente, pero tampoco debe parecer
que se utiliza políticamente. En segundo lugar, creemos necesaria la
total transparencia en el funcionamiento, en la gestión de la
Agencia. Hemos dicho muchas veces en esta Comisión e incluso en el
Pleno -y no quiero ofenderle, señor Costa- que no queremos sesiones
tediosas, como la de hoy u otros días, que han durado excesivo
tiempo, sino tener acceso a los datos y a los movimientos de la
Agencia que nos permitan llevar una política de control, que es
nuestra obligación. Tiene que hacer todo lo posible -no sé si podemos
tener confianza en que lo hará o no; sinceramente, lo dudo- para
llegar al final de este conflicto interno de personal que tiene la
Agencia Tributaria. La negociación del estatuto de la Agencia, a lo
que se ha comprometido y de lo que hemos hablado muchas veces, es uno
de los temas que tendría que estar a punto en este año.
Esta es, en líneas generales, nuestra visión de la situación actual
de la Agencia Tributaria. Respecto al programa director -se lo he
comentado antes de entrar- no he tenido acceso hasta esta mañana al
documento, sólo había tenido acceso al resumen anterior. Como he
dicho antes y por lo que he podido hojear ahora y oír en su
intervención, me parece que, una vez más, se trata de una amplia
utilización de la retórica, de la enunciación de una serie de
principios de manual que resultan poco efectivos a la hora de su
aplicación. En definitiva, con la lectura de este programa de control
lo que no vamos a tener claro es cuál es la idea que se tiene del
control de la Agencia durante el período 1999/2002.
Mi grupo está convencido de la necesidad de un nuevo modelo de
comprobación tributaria dado que en los últimos años ha variado
sustancialmente la situación y, por tanto, puede considerarse al
modelo existente agotado. Tanto desde el punto de vista organizativo
como todas las nuevas legislaciones que ha habido en materia
tributaria han hecho que se incremente de manera bastante burocrática
el trabajo de la Agencia, sin que haya existido una paralela
modificación o adaptación de la estructura organizativa.
Es también opinión bastante generalizada, sobre todo entre los
profesionales, que el modelo puramente cuantitativo, el aumento
incrementalista que propone como objetivo el incremento de la deuda
de un año respecto al otro, es algo desfasado y que debemos ir a otro
tipo de control. Lo que ha ocurrido es que muchas veces el lenguaje,
el papel o la presentación están muy reñidos, como ya he dicho antes,
con lo que realmente está sucediendo. A pesar de que se hacen
discursos en esta línea los profesionales de la Agencia Tributaria
denuncian que, a la hora de aplicar los objetivos, lo que se ha hecho
es dar instrucciones a las distintas delegaciones para investigar un
número concreto de contribuyentes o el alcance de una determinada
cuantía de la
renta. Es decir, el cambio se ha producido una vez más sobre el
papel.
Sobre el programa director tendremos ocasión de seguir hablando, pero
sí quisiera hacer una referencia, porque veo que me está mirando con
muy mala cara el señor presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señora Mendizabal, yo a
usted nunca le miro con mala cara.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
No quiero dejar de hacer referencia a otra cuestión que se ha
planteado esta mañana, me refiero a las retenciones del IRPF. En este
punto quiero hacer una breve mención a cuál es nuestra posición. Mi
grupo presentó una proposición no de ley, que defendió en el Pleno el
pasado mes de abril, pero que fue rechazada por los votos de los
grupos que apoyan al Gobierno. Más allá de las diferencias que
podamos tener en el IRPF, lo que pretendía aquella proposición no de
Ley era evitar los problemas que planteaba su aplicación práctica.
Desde nuestro punto de vista, suponía, por una parte, la violación
del derecho a la intimidad de los ciudadanos; por otra parte, el
tratamiento discriminatorio de aquellas unidades familiares con un
solo preceptor de renta y, finalmente, incidía sobre situaciones
específicas de ciudadanos prejubilados que han visto reducidos sus
ingresos. Por tanto, nuestra posición respecto a este tema está
bastante clara.
En cuanto a otros asuntos que se han tocado al principio de la
intervención y que correspondían a otros grupos no voy a exponer mi
posición.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, voy a intentar,
en forma de telegrama, trasladarle, en primer lugar, la sensación que
tengo de los elementos que se han puesto encima de la mesa en cuanto
a la Agencia; en segundo lugar, me referiré a la comparecencia y, en
tercer lugar, aludiré al contenido de lo que nos ha propuesto. (El
señor vicepresidente, Zabalía Lezamiz, ocupa la Presidencia.)
Yo creo que se ha tardado mucho en hacer esta comparecencia. Esta
comparecencia se debería de haber hecho antes de entrar en la campaña
del IRPF y con otro escenario distinto. No se ha sido ágil a la hora
de hacer frente a lo que pudiéramos llamar respuesta a la situación
interna de la Agencia y a su necesidad de proyectar el esfuerzo hacia
afuera. Hoy, por desgracia, a pesar de los esfuerzos y de los
intentos, no estamos ante una mayor potenciación de la capacidad de
la Agencia para las tres funciones que tiene que, en mi opinión, son
igualmente importantes: la gestión, la recaudación y la inspección
para luchar contra el fraude. Las tres van unidas y no hay
posibilidad de separarlas.
La segunda sensación que tengo es que ustedes tienen mucha facilidad
para detectar las cosas, las conocen; el problema es si tienen
capacidad para actuar sobre ellas. Usted
nos ha explicado aquí, en la lucha contra el fraude, todos los
vericuetos que saben que existen, pero no nos ha dicho cómo actuar
frontalmente sobre ellos para hacer rentable el principio de equidad
que debe de haber en la política fiscal de nuestro país. Ha analizado
bien la relación de lo que debería de ser la acción, tanto en
ordenación de actuaciones como de recursos e incluso la forma de
caminar, el problema es si estamos caminando, si se ajusta eso que
han detectado a la realidad con la que está funcionando la Agencia.
La tercera sensación que tengo es que la Agencia se rebela a ser
controlada. Usted se ha referido a la dificultad de la Asesoría
Jurídica del Estado para hablar de los objetivos del plan nacional de
inspección del año 1998, ya concluido. Es difícil cuando lo plantean,
no vaya a ser que estemos dando pistas, y es difícil seguir. Esa
dificultad para controlar y para seguir tiene que terminarse. La
Agencia es un instrumento político de gestión -debería ser eficaz y
profesional- para hacer efectivo lo que emana del Gobierno. Me da la
impresión de que es muy difícil conocer datos que ustedes mismos
aportan, datos que ustedes mismos incluyen en preguntas escritas. Yo
no sé por qué choca con la legalidad el que ustedes respondieran que
en el año 1998 iban a dedicar una especial atención al control de
actividades con el exterior, al tráfico de mercancías con distintos
países y al control sobre operaciones realizadas en paraísos
fiscales. Yo no quiero que me diga fulanito de tal, quiero que me
explique cuáles son las operaciones y cómo se ha actuado en paraísos
fiscales para ver si es eficaz. Que usted diga que van a actuar, que
lo han detectado y que ese es el camino me parece muy bien, pero lo
que quiero saber es cómo está siendo utilizado el personal que pongo
en manos de ustedes para ver cómo actúan. Y luego está el seguimiento
en el Congreso. El Congreso debe aprobar las políticas y debe hacer
un seguimiento. En los presupuestos aprobados ustedes nos dieron una
hojita que dice que en el año 1998 va a haber no sé cuántas
actuaciones sobre grandes empresas; actuaciones intensivas sobre
contribuyentes; actuaciones extensivas... Díganme el cumplimiento de
esos objetivos. ¿Cómo que está reñido con la legalidad? No entiendo
por qué está reñido con la legalidad. Eso se hace trayendo los datos
y discutiendo para ver lo que podemos aportar o comentar. Eso es el
control parlamentario en un sistema democrático, y no parece que la
Agencia tenga mandato divino para escaparse. Tiene que actuar o, por
lo menos, ajustarse a este sistema porque parece que está fuera de
él. Yo no sé si es que está fuera también de su control, pero lo
cierto y verdad es que fuera de aquí no debe estar, ni del suyo ni
del propio Parlamento.
Yo tengo la sensación de que ustedes tienen una necesidad imperiosa
de lanzar propuestas, planes e iniciativas. Yo no sé cómo es posible
haber tenido un año bloqueada en tensiones internas la Agencia y
haber elaborado tanto documento y tanto plan. ¿Quién los elabora?
¿Cómo tiene relación con los que lo tienen que ejecutar? ¿De qué
manera se concreta para hacer efectivo lo que se está planteando? Hay
un exceso de elaboración que no sé si es para evitar que la realidad
aflore. En cualquier caso, le invito a que todos estos planteamientos
tengan una proyección real en la Agencia y en el trabajo que ha de
hacer, porque si no estamos ante una aparente invención de planes -lo
ha dicho
antes la portavoz del Grupo Socialista-, una aparente actuación
programada, planificada, que esconde la dificultad para actuar.
En su presentación nos ha hecho un relato muy exhaustivo de los
contenidos del programa, a los que tuve acceso ayer y he podido leer,
pero hay déficit en la propuesta que usted nos hace. Le voy a indicar
tres, que usted no comenta. Un ejemplo, tenemos un modelo de
financiación del Estado que debe basarse en la corresponsabilidad
fiscal y en la colaboración de la Agencia con las actividades que
deben desarrollar las comunidades autónomas. ¿De qué manera se va a
actuar? Dice que hay una gran voluntad. Nos ha dicho que un gran
trabajo que debe hacer la Agencia es colaborar con otros Estados,
colaborar con otras administraciones, en la fase interna la
colaboración y objetivos programados de toda la estructura interna.
Quería saber de qué manera ha funcionado el tema de la
corresponsabilidad, cómo ha actuado, cuál ha sido la eficacia en esa
gestión de tributos, en esa distribución de la fiscalidad que nos
hemos dado en el desarrollo legislativo de las comunidades autónomas
y de qué manera la Agencia se asienta a ser un instrumento compartido
con la propias comunidades autónomas.
Un segundo tema es el blanqueo de dinero. Yo no sé si ustedes son
conscientes de que hay determinados sectores que no han surgido aquí.
Al hablar de los sectores de la economía sumergida ha hecho
referencia a la artesanía, a determinados productos, al blanqueo de
capitales, a la ocultación de actividad, pero no ha hablado de la
necesidad de luchar contra el blanqueo del dinero que va a provocar
la entrada del euro. Hablaba de 3,5 billones de pesetas de dinero que
está dormido, negro, que va a blanquearse, que se hace presente
fundamentalmente en el sector inmobiliario y en la compra y venta de
moneda más o menos fuerte. Ahí se necesita una actuación específica y
quería saber si se está haciendo y de qué manera se sigue sobre ella.
Existe otra actuación, a la que tampoco se ha hecho referencia, y es
todo lo referido a las triquiñuelas para esconder rentas
y camuflarlas en sociedades u ocultar determinada relación de
fiscalidad -y ha saltado a la palestra con determinadas
personalidades públicas-, que no es que sea ilegal, pero que supone
falsear la realidad. No se trata de gestionar bien patrimonio, se
trata de que se está deslizando renta hacia sociedades, con tratos
específicos con determinados profesionales u otras realidades en
nuestro país.
Hemos de tener encima de la mesa no ya una buena definición de la
situación, sino un buen plan para actuar. Usted ha hecho hábilmente
una lectura muy prolija, porque ha intentado responder a muchas
cosas, pero ha ido mezclando teoría, paja en el sentido de la
argumentación, con datos. Por ejemplo, en relación con las plusvalías
declaradas hablaba de que hemos pasado en un año a 662.000 millones
de plusvalías. Me imagino que el volumen declarado no será el pago
realizado. Quería saber qué cantidad se ha producido de pago
realizado. Por otra parte, hablaba de que se ha producido una caída
tremenda de la presencia española en paraísos fiscales: del 18 por
ciento se ha bajado al 1,5. ¿De dónde sale esa cifra? Si está tan
claro, ¿cómo es que no se lucha contra esa presencia de capitales
netos españoles en paraísos fiscales?
Ha pasado por encima de los problemas que hay, la ocultación, las
plusvalías o los testaferros, el mercado de capitales y la ocultación
de titulares y también ha hablado de los grupos económicos y de la
subcontratación. Pero todavía falta una parte más que es la relación
entre lo que factura una empresa y lo que tiene de estructura
productiva, porque se está traduciendo en economía irregular. La
economía sumergida o ilícita no se produce en las empresas que
funcionan íntegramente ilícitas, sino también en aquellas que son
punta de lanza, las que facturan 5.000 millones con capacidad de
producir 100, porque han producido fuera todo lo demás, hacen el
blanqueo de esa producción. ¿De qué manera se actúa sobre ello?
Porque hay datos en todos los sectores, desde los servicios al textil
o la construcción, en todos los sectores podemos tener esa realidad.
Estoy convencido de que deberíamos dar pasos para ver el seguimiento
de esas evoluciones. Hay un aspecto positivo en lo que ha manifestado
y es que hay una orientación plurianual -usted ha hablado de cuatro
años- que tendría la ventaja de comprobar cómo hemos funcionado. Si
el tren estuviera en marcha serían estaciones anuales para seguir el
proceso. Pero existe un problema, ¿cómo vamos a evitar que el tiempo
prescriba? No abramos iniciativas que caduquen a los cuatro años y no
tengamos capacidad de actuar sobre ellas. Hagamos actuaciones que
eviten la prescripción de determinadas actuaciones o delitos. Había
un compromiso por su parte para acometer una lucha efectiva en este
año en colaboración con la justicia, tanto en términos de peritaje
como en expedientes remitidos a la Fiscalía por delito fiscal y la
eficacia de la sanción de ésos. No sabemos nada de esa evolución y no
creo que sea ilegal que conozcamos el volumen total, no me refiero a
las personas. Incluso la propuesta final del seguimiento está
agarrada por los pelos.
Le voy a leer una parte del documento que usted nos ha propuesto
sobre los recursos humanos, la distribución territorial y funcional
del personal. No nos dice cómo lo va a hacer, cómo va a hacer la
selección del personal dentro de la complejidad del marco normativo.
Fíjese cómo solventan el problema fundamental que tiene la Agencia.
En la página 51 dicen ustedes: Contar con profesionales expertos,
especializados para realizar las tareas de control del fraude en un
entorno tan complejo como en el que nos encontramos lleva como
corolario la necesidad de utilizar -fíjese lo que ponen ustedes-
sistemas de retribución y promoción profesional de un modo
suficientemente incentivador, mediante el desarrollo del sistema
ponderado y eficaz de evaluación permanente de su personal. ¿Me
quiere explicar qué es eso? ¿Me quiere usted decir si eso es la
productividad actual, la distribución conforme está o qué es eso?
Porque dicho así me parece muy bien, no hace falta decir colorín,
colorado, este cuento se ha acabado, pero habría que añadir algo más
sobre lo que podríamos llevar a cabo para hacer efectivo el trabajo
de la Agencia.
Si vamos al seguimiento del programa director del control tributario,
es una joya. Dice: Periódicamente se realizará una recapitulación, se
valorarán las consecuencias cuantitativas, se procederá a analizar
las posibles modificaciones, se estudiará el escenario de las
conductas. Son tiempos verbales que para hacer un seguimiento así no
sirven. Se establece
un mecanismo para dar la información, se presenta en el Congreso cada
cuatro, cinco o seis meses y a final de año se hace un balance con
datos concretos. Esto da la sensación de que no es más que una
declaración de intención. Es verdad que podría discutirse y que cada
grupo podría aportar lo que considerara oportuno, y algo hemos podido
hacer en ese sentido.
Termino con los tres elementos que eran objetivos específicos de mi
solicitud de comparecencia. Uno de ellos es obsoleto en el tiempo
puesto que en junio fue la solicitud, ya ha tenido trámite en este
Congreso con su respuesta a una pregunta oral del Grupo Socialista y
en septiembre se me ha remitido respuesta por escrito. Sin embargo,
tengo la sensación de que ustedes siempre solventan las cosas tapando
al mensajero en lugar de afrontar las realidades que se pueden
encontrar. Nosotros pedíamos saber si para la conclusión de todo
expediente se utilizan bancos de datos de la propia Agencia y la
cuestión se zanja en la respuesta que se me remite diciendo que no
existe, que lo que ha habido es un uso ilícito de los miembros de UGT
que declararon que había 40 personas que tenían archivos con datos
determinados y que se ha procedido a un expediente disciplinario a
quien denuncia el caso. Eso es lo que usted me responde. En relación
con este documento que le hice entrega decía que cuando aquí aparecen
algunos datos de la Agencia no es que aparezcan en el ordenador y que
se archiven, sino que aparecen como correo electrónico. Yo le puedo
decir que este documento esta cotejado y está conforme por parte del
secretario de un determinado expediente donde aparecen datos tales
como fulanito de tal es el hermano del funcionario o fulano, que
además es marinero, que su hermano es de profesión militar de las
Fuerzas Armadas, que hace cinco o seis años tuvo como novia a doña
fulana de tal, que vive en tal calle, que además es hija de no se
quien ¿Esto es normal en la Agencia? Nos dice que esto es fruto de
unas escuchas que se hicieron, que no se tenían que haber usado para
otros expedientes y se han trasladado a varios expedientes, porque
estos datos han servido para abrir expedientes nuevos de Hacienda,
para actuar sobre otro ciudadano que no tiene nada que ver con la
investigación originaria y que, al final, resulta que tiene un
expediente para que haga una acción determinada. Otro ejemplo sería
que fulanito de tal es Chencho en apodo coloquial, un dato importante
para Hacienda. Me da la impresión de que no fue correcto. La
respuesta que usted me dijo es que este fichero era solamente para un
expediente determinado; la información que yo poseo es que hay
papelitos de estos de cuarenta ciudadanos solamente en Murcia, que es
donde lo hemos podido detectar. No sé si creer su explicación de que
no existe ese fichero, de que ha sido accidental. No es una forma de
actuar, la solución ha sido matar al mensajero.
Yo no comparto lo que decía la portavoz del Grupo Socialista sobre la
politización. Estoy de acuerdo con la politización, porque política
es la solución de los problemas de la gente; el problema es el uso
partidario y la falta de profesionalización y capacitación técnica a
la hora de tomar las decisiones.
Por último, las retenciones. Sobre las retenciones querría poner
encima de la mesa dos cuestiones. No se ha conseguido que las
retenciones se ajusten a lo que va a ser la
declaración y le auguro que va a haber muchos millones de
declaraciones para recuperar la retención porque no se ha retenido lo
que prometieron, ajustándose a lo que va a ser la liquidación
definitiva, al volumen total, porque no han tenido en cuenta una
serie de elementos. Sin embargo, no es ese el problema fundamental.
El problema fundamental es si, para determinar el cálculo de la
retención, se ha producido o no un uso indebido de los datos que
aporta el ciudadano. Me decía que siempre se ha actuado considerando
que es voluntario dar esta información. La Agencia de Protección de
Datos daba unas pistas antes de poner en marcha este reglamento y
decía que los datos no se entregaran directamente a las empresas. El
problema que hay aquí es que yo entrego a mi empresa los datos y mi
empresa los usa para hacer la retención. ¿Es garantizar los datos de
los ciudadanos tener que entregar los certificados del grado de
minusvalía o las sentencias judiciales que se han producido en
determinados casos valorando esa minusvalía, tanto de la persona
implicada como de las que participan en las rentas, en la declaración
conjunta, o informar de que mi familiar o la persona con la que
convivo tiene unos ingresos de 100.000 ó de equis pesetas? Decía que
es voluntario. Mire usted, las notificaciones que han recibido los
ciudadanos de las distintas empresas dicen: Para proceder a ajustar
las nuevas retenciones, tiene que darme estos datos. Así es como lo
han distribuido las empresas, incluida ésta. Luego puede ser
voluntario, claro.
Yo creo que no se ha actuado correctamente y la Agencia de Protección
de Datos se lo hizo llegar. Por eso pedí su comparecencia y la de la
propia Agencia de Protección de Datos. Yo no sé si se han modificado
o no las normas, aquí siempre hay un pulso de interpretación. Tengo
que reconocer que ustedes, cuando tienen la voluntad política de
hacer algo, aceptan la ordenación jurídica; cuando no, la ponen como
excusa y parapeto, que es lo que me ha contestado en cuanto al
balance del año 1998. Dice que hay una asesoría jurídica del Estado
que dice no sé qué; cuando usted tiene voluntad política se la salta,
dice que se lo han aconsejado, pero hace lo que cree oportuno.
Creo que estamos poniendo información en manos de empresas que no son
gestoras de esa información, es información que no les corresponde, y
se debería de haber guardado la privacidad. El Grupo Socialista hacía
un propuesta en el Pleno, en el mes de abril, que habría solventado
todo eso, que la información fuera directamente del contribuyente
a la Administración de Hacienda y que ella fuera la que remitiera una
información a la empresa y otra al ciudadano.
Señor presidente, no quiero alargarme porque llevo mis veinte minutos
justos y no quiero abusar del tiempo. Sí me gustaría que el
compromiso originario que contrajo con los grupos parlamentarios se
mantenga, que la propuesta de este plan de seguimiento parlamentario
esté abierta a la discusión con los grupos, a concretarla y a hacerla
efectiva después, con sus comparecencias y los datos que nos aporte.
Esto ya se hace con presupuestos, hacemos un seguimiento
cuatrimestral de los presupuestos, avance de liquidación, liquidación
definitiva y liquidación a seis meses. Yo quiero que se haga igual
con la Agencia en todas sus vertientes. ¿De qué forma? De manera que
podamos llegar a un máximo acuerdo; si no hay un acuerdo unánime, por
lo menos inicie uno, el que le parezca que puede establecerse, pero
inícielo porque ya llevamos tres años de legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezámiz): Por parte del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Quiero dar las gracias al señor Costa por
esta comparecencia.
Por razones de tiempo quizá hagamos más incidencia en el examen del
programa director del control tributario que la que hayan podido
hacer otros comparecientes, con una cuestión previa.
Todos conocemos el deber de sigilo, de discreción, lo que establece
el artículo 113 de la Ley General Tributaria ó el 103 de la Ley 31/
1990 a que se ha hecho referencia anteriormente para supuestos
diferentes. Entendemos -lo digo con mucho respeto a su servicio
jurídico- que se puede ir un poco más allá en estos temas de lo que
se está yendo, y sabemos cuál es el riesgo. En la medida en que los
contribuyentes sepan que determinados datos o actuaciones puedan ser
públicas puede que fomentemos una cierta clandestinidad y, desde
luego, eso no es bueno para la Agencia Tributaria, para la sociedad
ni para los presupuestos. Vuelvo a decir que quizá se pueda ir un
poco más allá, y hago referencia a esta especie de pulso que se ha
ido produciendo, a lo largo de toda esta legislatura, entre la
Agencia Tributaria y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en
relación al deber que puede tener la Agencia Tributaria de
suministrar datos importantes a los órganos jurisdiccionales,
a efectos de ganar eficacia en la resolución de pleitos
fundamentalmente de carácter civil. En cualquier caso, comprendemos
los riesgos que existen, pero entendemos que se debe ir un poquito
más allá de los planteamientos que asume el Servicio Jurídico de la
Agencia.
Entrando ya en el tema concreto del programa director del control
tributario, este programa supone la culminación, al menos al día de
hoy, de aquel proceso que ya se inició justo después de las
elecciones de 1993, cuando se creó la unidad especial para el estudio
y propuesta de las medidas de prevención y corrección del fraude. A
pesar de la lectura rápida -una lectura de madrugada, como en los
buenos tiempos de la oposición- entendemos que es un documento
valioso, sin perjuicio de que podamos hacer algunas consideraciones
críticas respecto de algunas omisiones que se puedan producir, que
pueden servir de aportación del Grupo Parlamentario Catalán a este
documento.
Siguiendo el hilo del mismo, ha hecho referencia el señor Costa a
algunas de las formas e instrumentos de fraude dominantes.
Concretamente, se ha referido a la economía oculta e incluso ha
traído algunos de los párrafos del informe sobre el fraude en España
del año 1994 que se refieren a esta economía oculta. Sin embargo,
hemos encontrado también alguna omisión al respecto. El informe del
fraude, sin perjuicio de contener diversas medidas estrictamente
tributarias para corregir esos supuestos de economía oculta, sobre
todo en lo que se ha llamado clandestinidad defensiva, establecía
también la necesidad de adoptar algunas reformas institucionales y
otras medidas de carácter económico. Ciertamente, se han adoptado
algunas,
medidas laborales como el contrato de trabajo a tiempo parcial;
otras que se han anunciado por el Gobierno, en la medida que suponen
desincentivar la clandestinidad laboral, también fomentan la
emergencia de estas actividades respecto de la Hacienda pública. La
ventanilla única, a la que ha hecho referencia anteriormente, también
es un aspecto que se puede valorar positivamente.
Sin embargo, no quiero dejar de aludir a tres medidas a las que hacía
referencia el mencionado informe, que no son estrictamente
tributarias y por eso puede haberlas omitido el secretario de Estado,
pero que son importantes, sobre todo porque alguna está de
actualidad. Respecto de las reformas de carácter institucional o
medidas institucionales en el informe se hacía referencia a la
necesidad de reducir los plazos de pago de la Administración a los
contratistas y subcontratistas, tema de plena actualidad en el
Congreso con la reforma de la Ley de contratos con las
administraciones públicas. Lo propio hay que decir respecto a
reducción de costes de inicio de actividad, aunque el secretario de
Estado ha podido hacer referencia a diversas medidas administrativas
y legislativas que se han ido adoptando.
Respecto a medidas económicas, el informe de 1994 ponía de manifiesto
la existencia de sectores tremendamente castigados por la competencia
externa, incluso ajena a la Unión Europea, que fomentaban la
clandestinidad, con todas las consecuencias que ello comporta. De ahí
que no podamos sino congratularnos y pedir todo el apoyo posible del
Gobierno del Estado a esas medidas que se están estudiando en estos
momentos por el comisario de la Competencia, por el señor Van Miert,
en un sector, como consta, muy clandestinizado, como es el sector
textil; medidas que pretenden precisamente proteger o amparar la
industria textil del Estado respecto de estos dumping sociales y
económicos y de la competencia de empresas situadas fuera del marco
de la Unión Europea y que están vendiendo en España por debajo,
obviamente, de coste.
Por tanto, todo lo que pueda hacerse para apoyar las medidas que
pueda adoptar el comisario de la Competencia, el señor Van Miert,
contribuirá a emerger todas estas actividades; por lo demás, es su
obligación, que nadie discute.
Lo que ha manifestado el señor secretario de Estado entendemos que es
correcto. Se está produciendo una importante reducción de la
clandestinidad y creemos que se pone perfectamente de manifiesto
tanto por los datos que se nos van suministrando en materia laboral,
como por los que se nos han suministrado en materia tributaria,
incluso podríamos llegar a pensar que las cifras de crecimiento
económico quizá sean superiores que las que se nos dicen. En
cualquier caso, esta conexión entre legislación laboral y legislación
tributaria, comportamientos laborales y comportamientos tributarios
pone de manifiesto la necesaria coordinación de las medidas que deban
adoptarse en ese ámbito, como también se desprende del programa
director de control tributario.
No haremos referencia específica a otras formas o instrumentos de
fraude dominante. Sí quiero hacer un especial hincapié respecto a
formas o instrumentos de fraude vinculados con la
internacionalización. Sabe muy bien el secretario de Estado que el
Grupo Parlamentario Catalán efectuó en su día una interpelación, que
ha dado como resultadouna moción, aprobada también por el Congreso de
los
Diputados, respecto a ayudas a la externalización de la economía
española, porque si bien es cierto que esos instrumentos vinculados a
la internacionalización, como pueden ser los paraísos fiscales o la
deslocalización de actividades, en muchos casos constituyen supuestos
absolutos de fraude, en otros casos hay que poner de manifiesto que
la legislación española dificulta la constitución de grupos de
sociedades, de holdings que puedan tener su sede precisamente en
España y que contribuyan a nuestro progreso económico. Por eso,
queremos dejar constancia de nuestra satisfacción por los datos que
nos ha facilitado sobre la suscripción y ratificación recientemente
de diversos convenios de doble imposición, no sin poner también de
manifiesto la situación en las que nos encontramos -y doy datos de
octubre de 1998-: si el Reino Unido tenía 95 convenios de doble
imposición, España contaba entonces con 47. Si a esta cifra le
añadimos los cinco o seis a que ha hecho referencia el secretario de
Estado, estaríamos en 53 ó 54, esto es, prácticamente la mitad de los
convenios de doble imposición que tienen el Reino Unido, Francia o
Alemania. En unos momentos en los que se pretende fomentar la
constitución de holdings trasnacionales con sede en España,
inversiones en Iberoamérica y en los países emergentes del oriente
lejano, es preciso, de un lado, reconocer ese esfuerzo, pero, de otro
lado, impulsar el esfuerzo en esa misma dirección.
Respecto de modalidades de fraude, no queremos decir gran cosa. Sí
queremos valorar algunos otros aspectos del programa director de
control tributario. Nos parece tremendamente interesante la
referencia que se realiza a la participación y colaboración de la
sociedad civil en la lucha contra el fraude y en el desarrollo de
instrumentos de control, esos acuerdos de entendimiento a que se
refiere el programa director de control tributario. Si atendemos a lo
que establecía el informe del fraude en el año 1994, resulta que la
valoración que hace el ciudadano respecto a cometer fraude fiscal -el
informe se refería concretamente a ingeniárselas para pagar menos
impuestos -es similar a otro tipo de actividades, como no pagar las
multas de tráfico, que también es absolutamente reprobable; aparcar
en doble fila, que los que tenemos que venir a esta ciudad tres días
a la semana vemos que es una actividad bastante corriente; hacer
camping en zona prohibida; arrojar basura en lugar público, etcétera.
Por tanto, todo lo que no sea contar con la sociedad para intentar
extender una mayor recriminación a estas conductas de fraude fiscal
quizá esté condenado al fracaso. Y desde luego hay que reconocer que
-y así se indica en el informe-, constituyendo el fraude fiscal una
actividad absolutamente reprochable, tanto desde el punto de vista
cívico como desde el punto de vista jurídico, tributario y penal, es
también un instrumento de competencia desleal. En el programa
director de control tributario incluso se establece la necesidad de
efectuar una mejor gestión de las denuncias que se presenten al albur
de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley General Tributaria, que
determina que pueden encontrarse en los propios sectores
industriales, en los propios sectores económicos, en los propios
sectores empresariales y profesionales aliados muy interesantes para
la Agencia Tributaria en cuanto a la represión y control de este tipo
de actividad.
Desde luego cae muy lejos, pero se dice que pocas veces ha habido un
cumplimiento voluntario más eficaz, incluso una asignación de la
carga tributaria más eficaz que en aquellas épocas, obviamente a las
que no podemos volver, de las estimaciones objetivas globales, de los
convenios con asociaciones de contribuyentes, porque desde luego poca
gente sabe mejor lo que gana un profesional que otro profesional del
mismo sector y cuando se trataba de repartirse una carga entre el
sector, se hacía una buena asignación. No se puede volver a estos
sistemas, que se abandonaron en el año 1982, pero hay que tener en
cuenta este aspecto.
También quiero valorar muy favorablemente el planteamiento de obtener
una mayor colaboración internacional, la iniciativa presentada en el
Ecofin a que se ha hecho referencia.
Nos parecen también muy interesantes las referencias que se efectúan
a la asistencia técnica, también de doble vía, con otros países, que
desde luego conduce a un ajuste de los procedimientos e incluso
obtener determinadas complicidades administrativas, siempre dentro
del marco de la legalidad, que pueden contribuir muy eficazmente a la
lucha contra el fraude.
Lo propio hay que decir en cuanto a la colaboración institucional.
Hemos visto un aspecto novedoso en el programa director de control
tributario cuando hace referencia a los convenios de recaudación
ejecutiva entre la Agencia y las comunidades autónomas, en la medida
que indica que estos convenios de recaudación ejecutiva no se
mantienen sobre la base de la unilateralidad, esto es que no debe ser
la Agencia la que recaude para otras comunidades autónomas, sino
bilateral y, por tanto, se llega a un supuesto que nosotros siempre
hemos defendido de delegación de actuaciones en favor de los
servicios de las comunidades autónomas. Podríamos llegar
perfectamente a que sean las comunidades autónomas, desde esa base,
las que recauden los ingresos de la Agencia Estatal Tributaria y, por
tanto, esa concepción bilateral que se mantiene en el programa
director de control tributario nos parece de sumo interés.
No coincidimos con algunos de los portavoces que se han expresado
anteriormente respecto de que todas estas situaciones de equilibrio
sean absolutamente, diríamos, contingentes o que puedan constituir un
brindis al sol o entrar a formar parte de una literatura
absolutamente retórica. Unos tienen la lógica aristotélica, otros
quizá tenemos la lógica hegeliana, pero las teorías de los
equilibrios nos resultan tremendamente interesantes. Por tanto, ese
planteamiento de equilibrio entre el restablecimiento de la
disciplina fiscal y desicentivar el incumplimiento, en la medida que
supone también ese equilibrio entre actuaciones intensivas
y actuaciones extensivas, nos parece, por así decirlo, muy logrado, y
en la medida en que suponga llevar más funcionarios hacia actuaciones
intensivas, también supondrá una importante desburocratización de la
Agencia Tributaria.
De la misma manera, entendemos de sumo interés el equilibrio entre
regularización de situaciones tributarias y recaudación de las deudas
generadas. Una investigación tributaria que acaba ante la absoluta
imposibilidad de recaudar la deuda generada, bien sea por sanción,
bien sea por cuota o por intereses de demora, nos parece que lo que
hace precisamente es incentivar el fraude, incentivar el
incumplimiento tributario y, por tanto, es tremendamente importante
lograr que estas liquidaciones de cuota, sanciones, intereses de
demora, que derivan de actuaciones de la inspección de los tributos,
puedan recaudarse.
Lo que sí preguntaríamos, porque se cita dos veces a lo largo del
programa director de control tributario, es sobre los índices, en la
medida en que se nos puedan indicar, del riesgo objetivo
recaudatorio. Nos parece que es uno de los puntos del informe que
presentan más interés, en la medida en que coordina la actuación
recaudatoria y la actuación de investigación en un doble sentido. En
un apartado del informe, creo recordar que era la página 33, se
establece que en supuestos de empresas con riesgo objetivo
recaudatorio, ese riesgo puede determinar su inclusión en los planes
de inspección. Desde esa perspectiva, puede ser una buena medida. Más
vale investigar, antes de que no se pueda cobrar absolutamente nada.
Pero al mismo tiempo, también en otro apartado del programa se hace
referencia al supuesto concreto en el cual se produce o está viva una
investigación tributaria. Llegar al conocimiento de que esa empresa
que está siendo investigada tiene un riesgo objetivo recaudatorio
puede determinar la realización de actuaciones, como hemos aprobado
muy recientemente en el Congreso y, entre otras cosas, es de
aplicación el artículo 128 de la Ley General Tributaria,
recientemente modificado. Entendemos que no puede separarse
recaudación de investigación y, por tanto, ese doble planteamiento
nos resulta interesante, sobre todo, señor secretario de Estado, si
tenemos en cuenta otro de los aspectos que también se establece en el
programa director de control tributario. Aunque se dice que es un
llamamiento al Código Civil, lo es al principio de equidad que
establece el título preliminar del mismo, en el sentido de que hay
actuaciones tributarias que pueden parecer desproporcionadas o pueden
ser desproporcionadas atendiendo a la eficacia o a la eficiencia que
pretende lograrse.
El caso concreto al que se hace referencia en el programa director de
control tributario es al daño que pueden sufrir empresas, daño a
veces desproporcionado, a través de medidas de embargo de créditos de
clientes. Por tanto, esa doble conexión-recaudación investigación,
sobre todo en empresas de riesgo objetivo recaudatorio, nos parece
muy interesante siempre que no olvidemos ese principio de equidad que
podría, en caso de ser incumplido, generar consecuencias graves
también para la propia economía nacional, para la economía de las
empresas y de la propia Agencia Tributaria . Es el principio que
citaba en el tercer equilibrio, la defensa de los intereses generales
conjuntamente con los intereses legítimos de los contribuyentes, ode
los intereses directamente protegidos frente a otros intereses dignos
de protección como la reducción de la presión fiscal indirecta.
Esto cabe entenderlo dentro de la reivindicación que se efectuó en el
informe para la Agencia Tributaria de una doble legitimidad, la de
origen y la de ejercicio, lo, que buscamos a través de la Ley de
derechos y garantías del contribuyente y de otras medidas que se han
ido adoptando. No podemos estar más de acuerdo. Ya en su día le
comentó Talleyrand a Napoleón que con las bayonetas se puede hacer
todo menos sentarse encima. Una agencia tributaria que no tenga o no
goce de esa legitimidad no sólo de origen
sino también de ejercicio, no gozaría de la legitimidad y se
convertiría en la pura bayoneta a la que anteriormente hemos hecho
referencia.
Quiero valorar positivamente la inclusión de los principios éticos de
esas obligaciones con la institución y profesión de los individuos.
Quizá no sabemos que pueda ser el código de conducta de los
funcionarios, del personal de la Agencia Tributaria, aparte del
código que ya se establece en la Ley de funcionarios públicos y de
los correspondientes reglamentos, entre otros el disciplinario.
También quiero valorar esa explotación de información a que se acaba
aludiendo en el informe respecto de denuncias públicas, perfil de
riesgos recaudatorios, coordinación con otras direcciones generales,
como puede ser la de Registros y Notariado y, en general, de ese
control de calidad.
Señor secretario de Estado, sacamos una gran conclusión: a pesar de
que hemos valorado positivamente esa coordinación entre investigación
y recaudación, da la impresión de que no se valora suficientemente el
control de las actuaciones en vía de recaudación o la eficacia de
actuaciones que puede desarrollar la Agencia Tributaria en materia de
recaudación, la eficacia que tiene respecto del cumplimiento general
de las obligaciones tributarias.
Como decíamos anteriormente, una investigación, una actuación de la
inspección que acaba en un fallido no sólo no proporciona ingresos,
sino que lo que hace es incentivar los incumplimientos tributarios.
Quizá ha llegado el momento de atribuir a la recaudación y a los
instrumentos de control en vía de recaudación , por consiguiente, a
las acciones penales en materia de alzamiento de bienes, a las
acciones en materia de simulación, el peso que le corresponde de cara
a garantizar esa eficacia. Sabemos que tiene un problema. Usted puede
actuar en vía de investigación con personal propio, con miles de
funcionarios, mientras que las actuaciones que le estoy indicando en
vía de recaudación, en la medida en que se producen ante los
tribunales, se realizan a través de personal no tan propio y a través
de un número de funcionarios bastante más reducido. Créame, todo lo
que no se haga en vía de recaudación, todas las querellas que no se
pongan en materia de alzamiento de bienes acaban redundando en
incumplimientos tributarios flagrantes.
Le comento una anécdota. La respuesta de un asesor fiscal ante mi
comentario sobre que estamos mejorando la Ley de lo contencioso, que
estamos reduciendo los plazos para ir a los tribunales económico-
administrativos, es que donde esté una buena insolvencia sobran las
modificaciones de la Ley de lo Contencioso-Administrativo y del
reglamento de procedimiento de las reclamaciones económico-
administrativas. Por tanto, éste es un aspecto al que hay que
atribuir un gran interés.
Para acabar este primer tramo y que el señor presidente no sufra
porque acabo enseguida con el resto, tengo que decir que hay un
aspecto en la política de recursos humanos que debemos compartir,
pero también tenemos que realizar una matización. En la política de
recursos humanos se dice que es esencial que la distribución
territorial y funcional del personal tome como referencia la
maximización en la eficacia de las actuaciones de control. No podemos
estar más de acuerdo con lo que aquí se indica. Ahora bien, loque no
podemos admitir es que haya paraísos fiscales de
hecho en el territorio del Estado. Nos da la impresión de que cuando
nos encontramos ante delegaciones provinciales con un número tan
absolutamente insuficiente de inspectores y subinspectores, que al
final acaban reduciendo esta actividad de investigación prácticamente
a cero, nos podemos encontrar con auténticos paraísos fiscales dentro
del Estado.
Como estos aspectos también tienen, como he dicho anteriormente, una
vertiente de competencia desleal, si una comunidad está dispuesta a
que sus ciudadanos cumplan absolutamente con todas sus obligaciones
tributarias y a que se efectúen todas las investigaciones tributarias
que deban hacerse, no nos parece de recibo, si fuese la consecuencia
de este principio, que existan otras comunidades u otras provincias
en las que la actuación de la investigación tributaria quede
absolutamente capitidisminuida y, por tanto -ancha es Castilla-,
reducida a las actuaciones profesionales o industriales que puedan
efectuarse en las mismas.
En cuanto al tema de los señores Aguiar y Huguet, ha dado la
impresión -y entendemos las dificultades por el deber de sigilo de
los artículos 103 y 113 a que anteriormente aludíamos- de que el
señor secretario de Estado nos estaba hablando en mimo, porque una
cosa es que lo definido no pueda entrar en la definición y otra
hablar del tema sin hacer referencia a personas, compañías y
actuaciones concretas. Sabemos la dificultad, el secretario de Estado
ha hecho encaje de bolillos y al final todos hemos sido capaces de
situar la descripción que nos efectuaba en conocimientos previos que
hemos obtenido a través de los medios de comunicación y hemos salido,
se lo tengo que decir así, sabiendo más de este tema de lo que
sabíamos cuando entramos.
Mi grupo no está dispuesto a que se ponga en duda la profesionalidad,
honorabilidad y moralidad, como decía el secretario de Estado, de los
funcionarios de la Inspección de los Tributos, de la Inspección
Financiera, por la actuación de una serie de personas aisladas. Serán
tres, cuatro o diez, no lo sabemos pero, desde luego, que se sepa lo
que ha efectuado cada uno. No obstante, queremos enviar una
manifestación clara de apoyo y respeto a la generalidad de este
colectivo que ha estado desempeñando sus funciones, con los
resultados que el señor secretario de Estado nos ha manifestado
respecto del primer cuatrimestre del año 1999, ya que, teniendo en
cuenta estas circunstancias, han sido capaces de desarrollar una gran
labor.
Valoramos también positivamente que al menos en uno de los casos haya
llegado el tema a la Fiscalía Anticorrupción, precisamente desde la
Agencia Tributaria y no respecto de terceros, y que en estos momentos
se esté prestando esa colaboración total con la Fiscalía
Anticorrupción. Por ser portavoz en la Comisión de Justicia me he
acostumbrado a no comentar resoluciones judiciales y, por tanto, no
pretendo hablar de ninguna otra circunstancia concreta. Es cierto que
nos encontramos con personas que, al menos en principio, han
confesado delitos y por más que se estén prescritos, no dejan de ser
delitos.
Para acabar, quiero manifestar que la comparecencia del señor
secretario de Estado se produce en un marco de desarrollo progresivo
de transparencia respecto de la Agencia Tributaria , desarrollo
progresivo que se inicia ya
en 1993. No creo que sea pura coincidencia que se desarrolle a partir
de la colaboración del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) con el Gobierno de turno, en aquel momento con el Grupo
Socialista. Puede mejorarse, no vamos a decir que no, pero tiene un
sentido importante sobre todo si se tiene en cuenta que en esta
legislatura la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda lo
es a efectos de la Agencia Tributaria y no como en la legislatura
pasada, que las comparecencias también lo eran a efectos del gasto,
en la medida que no existía esa Secretaría de Estado de Presupuesto.
La política de la Agencia va en la línea de esa mayor
desburocratización. La aprobación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, al que mi grupo parlamentario ha prestado un
importante apoyo, pretende eso: eliminar trabas y burocracia de
gestión para poder llevar los medios donde hace falta, a la
investigación y a otros aspectos, de la misma manera que estas
medidas de apoyo a la presentación telemática o a través de Internet
de las declaraciones tributarias pretende obviamente la reducción de
esa burocracia, de grabadores en Hacienda, que puede llevarse a otros
ámbitos.
Es necesario llegar a mayores grados de consenso respecto de los
inspectores, subinspectores y de otros funcionarios del cuerpo
técnico o del cuerpo de gestión. Sin embargo, tenemos que llegar a
una conclusión, señor secretario de Estado, y no es que nos gusten
las frases históricas. Quizá no conozcamos realmente cuál es la
situación de crisis de la Agencia Tributaria , pero si los resultados
son los que nos ha manifestado aquí hoy, hay que decir aquello que
dijo Galileo: pasará lo que sea, pero se mueve, y eso es lo que
debemos manifestar.
El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezamiz): De acuerdo con el orden de
intervenciones, le tocaría ahora hacer uso de la palabra al Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pero, dado que su portavoz está
haciendo funciones de Presidencia, les agradecería al resto de los
grupos le permitieran intervenir posteriormente, una vez que sea
relevada esta Presidencia, para lo cual seguiríamos el turno de
intervenciones dando la palabra al señor Gómez, por parte de
Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del secretario de Estado, Juan Costa, que ha sido
cumplimentado por una anhelada y reiterada petición de muchos grupos
políticos. Hoy ha tenido el acierto de unificar muchas cuestiones en
una intervención que, tras su conocimiento, no queda otra alternativa
que decir que: Hacienda va bien, especialmente en el aspecto
recaudatorio y en todas las fases que ha señalado en el aspecto de la
inspección; aspectos sobre los que no voy decir absolutamente nada,
porque ya lo han manifestado otros grupos políticos y porque usted lo
ha presentado de una forma sistematizada y de acuerdo con el
seguimiento del plan de objetivos.
Antes de seguir, quiero agradecer el que podamos tener este guión que
nos va a servir en el trabajo parlamentario para el seguimiento del
aspecto de la Hacienda pública; aspecto al que antes no se le daba
importancia, como ha señalado el portavoz de CIU, y que se refiere a
los ingresos
regulares y a las irregularidades que se puedan producir en la
gestión del presupuesto de ingresos en el período recaudatorio, tanto
en situaciones normales como anormales de defraudación.
No me voy a referir a nada de esto, como he dicho, pero sí quiero
fijarme en un aspecto que, junto con la promulgación de la Ley del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, vino a suponer un
avance en la política de protección al ciudadano; y me estoy
refiriendo al estatuto del contribuyente, la Ley 1/1998. En el mismo
programa, en el plan de objetivos, se señalan también indicadores que
pondrán de relieve cómo se va avanzando en la defensa y protección
del contribuyente. Aunque se ha avanzado muchísimo, creo que estos
objetivos hay que intensificarlos. Si comparamos la situación actual
de la Hacienda pública en este aspecto, con la de hace 10 ó 15 años,
vemos que es completamente diferente e impresionante, porque a nadie
se le ocurría hace 10 ó 15 años ir a Hacienda a consultar o a que le
hiciesen la declaración de la renta. Hoy día hay atención telefónica;
hay acceso a las páginas web; los ciudadanos pueden ser informados de
las imputaciones de rendimientos efectuados por terceros,
especialmente retenedores; se ha avanzado también, como se ha
explicado hoy, en el aspecto de retenciones, en el programa Padre, en
el acceso a Internet, etcétera. Pero, repito, creo que en los
informes del secretario de Estado deberían venir más datos de esa
política tuitiva del contribuyente honesto; más datos de la actuación
del ciudadano honesto en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, como está reconocido en la propia Constitución.
También pienso que hay que terminar de desarrollar lo que es el
derecho que respalda al estatuto del contribuyente. El estatuto del
contribuyente supuso un paso importantísimo en esa política tuitiva
al ciudadano. Es un jalón importante en la historia del derecho
tributario, porque se le dice al ciudadano, dentro de la legitimidad
y la obligación que tiene de contribuir, cuáles son sus derechos y
las garantías de los mismos. Al hablar de la garantía de los derechos
me permito recordar que hay una serie de disposiciones en ese
estatuto que no se han cumplido y el Ministerio de Hacienda es el que
debe dar cumplimiento a lo que viene en el articulado del estatuto.
En el artículo 6, capítulo II, se dice que el Ministerio de Economía
y Hacienda acordará y ordenará la publicación el primer trimestre de
cada ejercicio de los textos actualizados de las leyes y reales
decretos en materia tributaria en los que se hayan producido
variaciones respecto de los textos vigentes en el ejercicio
precedente. Asimismo, ordenará la publicación, en igual plazo y
forma, de una relación de todas las disposiciones tributarias que se
hayan aprobado en dicho ejercicio. Esta serie de párrafos que
integran el artículo 6, suponen una obligación de acción por parte
del Ministerio de Hacienda para que el ciudadano tenga un
conocimiento más perfecto de la norma de conducta tributaria. Es
necesario que esto se cumpla y, por eso , me parece bien que en el
seguimiento del plan de objetivos se diga: se han promulgado este año
tantas disposiciones fiscales, se han derogado estas otras, están
vigentes éstas, etcétera.
Por último, siguiendo con los derechos y garantías de los ciudadanos,
quiero recordar lo que ha sido una petición de muchos grupos
políticos, especialmente del PNV; me refiero a la cuenta corriente
tributaria, a la que se dio un
plazo de tres meses. Apareció en el Boletín Oficial del 26 de febrero
y se dijo que el Gobierno, mediante real decreto regulará un sistema
de cuenta corriente tributaria, con objeto de conseguir una mayor
eficacia en la compensación de deudas y créditos tributarios. La
semana pasada, en el Pleno del Congreso se aprobó una iniciativa de
Convergència i Unió en la que, entre otros temas, se hablaba de la
necesidad de esta regulación urgente.
Yo sé que el trabajo en el Ministerio es ingente. Espero que se vayan
aclarando y resolviendo los problemas de los subinspectores en la
Agencia Tributaria, dándoles mayor participación, pero dentro de una
mesura lógica. Como resumen final, tengo que darle la enhorabuena y
pedirle que sigamos por ese camino, porque, complementado con los
temas que he mencionado, estoy seguro que en el futuro vendrán
noticias tan agradables como las que han venido hoy en materia de
recaudación.
El señor VICEPRESIDENTE (Zabalía Lezámiz): Estamos en una situación
curiosa. Basta que esta Presidencia pidiera permiso al resto de los
portavoces para intervenir al final, para que los portavoces que
tenían que intervenir se hayan marchado, con lo cual están poniendo a
prueba la capacidad de esta Presidencia. Lo que se me ocurre en estos
momentos, si no tienen inconveniente, es suspender la Comisión por
cinco minutos, hasta que los dos portavoces que faltan en estos
momentos aparezcan, que supongo que lo harán inmediatamente. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.-Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, tiene la palabra el señor
Zabalía, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) .
El señor ZABALÍA LEZÁMIZ: El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a
intervenir en esta comparecencia sobre dos temas que consideramos que
tienen cierta relación y que son los más importantes. Me voy a
referir, en primer lugar, al caso de la Oficina Nacional de
Inspección de Barcelona. Previamente, he de decir que mi grupo
reconoce el esfuerzo que está realizando el secretario de Estado de
Hacienda para intentar modernizar la Administración tributaria y para
sentar las bases de una Hacienda pública que dé respuesta a las
necesidades del sistema económico y de una sociedad de cara al siglo
XXI. También reconocemos las dificultades con que se está
encontrando: un modelo de administración tributaria heredada, y lo
hemos manifestado en innumerables ocasiones, un modelo revisable.
Dejamos constancia de ello en el informe de la subcomisión sobre los
200.000 millones. También se han encontrado con ciertas posturas
reivindicativas de colectivos funcionariales, con actuaciones pasadas
irresponsables en el ámbito de la inspección, como la que dio lugar a
la subcomisión de investigación a la que he hecho referencia antes, y
ahora con estos presuntos casos de corrupción que se han puesto de
manifiesto en la Oficina Nacional de Inspección de Barcelona. Hechos
que, a nuestro entender, son sumamente graves, con imputaciones de
los máximos responsables de la Administración tributaria en este
territorio y que incluso ha podido ser uno de los motivos de la
dimisión del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.
Lo que más nos preocupa es que cuando parece que está superado un
problema relacionado con la Administración de tributos, surge otro, y
este último,como digo, grave.
Según los informes que tenemos, que provienen de los medios de
comunicación, de donde podemos instruirnos sobre estos
acontecimientos, estas actuaciones no se circunscriben a dos
personas, aunque entiendo que el secretario de Estado tenga que
personalizar el hecho. Parece que detrás de todo esto ha habido una
trama financiera importante de especulación y de corrupción, que ha
traído como consecuencia el enriquecimiento de los máximos
responsables de la Administración en aquel territorio.
El caso de Javier de la Rosa tiene ramificaciones preocupantes; esto
es una especie de madeja tupida que esperamos que los tribunales
puedan desmadejar para conocer sus implicaciones. En cualquier caso,
el mal está hecho. De nuevo se pone en entredicho la credibilidad de
la Hacienda pública. Los ciudadanos, ante estos hechos, no analizan
el problema viendo que dos o tres personas se han visto involucradas
en hechos de corrupción -seamos realistas-, sino que generaliza la
mala utilización de los dineros públicos. Aunque sea injusto, la
realidad del ciudadano hace extensibles estos casos de corrupción a
toda la Administración, fundamentalmente a la Administración
tributaria. Hacienda es puesta en entredicho habitualmente por ser la
Administración que tiene que recaudar, la que tiene que recoger el
dinero de los contribuyentes, y estos hechos no hacen más que
generalizar su mala imagen.
Todo esto preocupa a nuestro grupo. El resto de los hechos serán
tratados en los tribunales, que tendrán que decir, si se puede
demostrar, que ha habido conductas delictivas, pero ello no es óbice
para que la Administración tributaria deba dar la sensación de
depurar responsabilidades respecto a estas actuaciones. Aunque son
hechos ocurridos en épocas pasadas, deberíamos saber cuáles han sido
las actuaciones de la Administración tributaria. Por otra parte,
estos hechos ya se pusieron de manifiesto en los años 1990 ó 1995, no
empezamos a conocerlos ahora, aunque el asunto haya explotado en este
momento. Algunos eran materia de procesos judiciales abiertos o de
inspecciones a ciertas empresas del entramado de De la Rosa.
Sería conveniente que la opinión pública percibiese que la
Administración tributaria aborta de raíz todos estos casos, que damos
cierta seguridad o, por lo menos, sensación de justicia tributaria.
Al final, quizá tienen menos importancia las medidas y las
actuaciones que se puedan poner en marcha, como las que contiene el
Programa director de control tributario, que el hecho de que la
Administración tributaria involucre al contribuyente. Involucrar al
contribuyente quiere decir que los programas de actuación de la
Administración tributaria deben llevar consigo que el contribuyente
perciba que el dinero que tiene que aportar esté bien guardado y bien
administrado. Esto tiene a veces más importancia que las propias
medidas de funcionamiento interno o de organización de la
Administración tributaria.
Entiendo que este asunto tiene la importancia que tiene porque de
alguna forma vuelve a poner en entredicho a la Administración. El
contribuyente casi no valora si estos hechos han ocurrido con una
administración, con otro partido en el Gobierno o con el actual. Al
final, es la Administración,
Hacienda, la que está en entredicho. Hay que dar a estos
casos la importancia que tienen. Comprendo que no se puedan dar más
datos porque se trata de un proceso judicial y, además, estamos
hablando siempre del ámbito de Hacienda y hay limitaciones para dar
explicaciones; pero no sé si esto es suficiente para el ciudadano.
Puede ser suficiente para nosotros, pero lo que se conoce de estas
actuaciones a través de los medios de comunicación requiere una
postura firme y decidida de la Administración tributaria. No se trata
sólo de ex funcionarios o cargos públicos que ya no están en la
Administración. Tenemos que pensar que quizá estas situaciones
provienen de un modelo de Administración tributaria que las propicia
y que es necesario revisar; quizás otras cuestiones de organización
interna sean motivadas también por el propio modelo de la Agencia
estatal.
He querido dejar patentes estas consideraciones porque a mi grupo
parlamentario le preocupan siempre los hechos que tienen relación con
Hacienda y con la Administración tributaria.
En cuanto al programa director de control tributaria para el año
1999-2002 que ha presentado la Secretaría de Estado de Hacienda,
aunque no hemos tenido tiempo de verlo en profundidad, creemos que
era necesario que la Administración del Estado estableciese un plan
de lucha contra el fraude fiscal de acuerdo con la actual situación
económica y social.
En el año 1993, el Gobierno socialista creó la Unidad especial para
el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección del
fraude, que dio como resultado un informe al año siguiente y concluyó
con el llamado plan de lucha contra el fraude. Era un plan muy amplio
que incluía propuestas de varios departamentos ministeriales:
Economía y Hacienda, Sanidad y Consumo, Trabajo y Seguridad Social.
Era un estudio muy extenso, creo recordar que abarcaba 143 programas
con cerca de 448 medidas en el ámbito organizativo y operativo; ayer
tuve delante los extensos volúmenes de aquel plan mientras preparaba
esta intervención.
¿Cuál es el problema? Pues que aquellos volúmenes están donde los
dejé en el año 1993. Nunca tuvimos conocimiento de la puesta en
práctica de aquellas medidas ni, desde luego, de los resultados de
aquel plan; creo que esto es lo importante. Lo importante de un plan
es su puesta en práctica y los resultados, según los cuales deben ser
corregidas las medidas según se vaya viendo cuáles pueden ser
interesantes y eficaces y cuáles no. Lo importante de un plan es
ponerlo en práctica y medir sus resultados; no lo hemos tenido del
antiguo plan.
La presentación de este programa de control tributario puede ser
menos ambiciosa, se circunscribe al ámbito del fraude tributario sin
entrar en otros como el fraude en subvenciones y ayudas públicas, el
fraude en prestaciones farmacéuticas o el fraude en el desempleo y en
la Seguridad Social. Éstos, siendo importantes, requerirían un gran
nivel de integración y coordinación de actuaciones que, por su
complejidad, dificultan una acción concreta a corto plazo. Ello no
quiere decir que se abandone la idea. Entendemos que el fraude en el
ámbito público debe ser contemplado con ese sentido de globalidad e
interrelación que existeentre los departamentos. No debe abandonarse
esa idea de
integración de la lucha contra el fraude que en este momento vamos a
centrar en el ámbito tributario.
Por lo que hemos visto del Programa director de control tributario,
nos parece correcto el enfoque de la primera parte, que se dedica al
escenario económico en que se enmarcan los instrumentos de su
desarrollo, aunque quizá podría completarse con un diagnóstico de las
diferentes bolsas de fraude fiscal, incluso cuantificando, si fuera
posible, el impacto recaudatorio.
La segunda parte, que hace referencia a la estrategia de las
actuaciones de control en sus cinco líneas de actuación -equilibrio,
responsabilidad, comportamiento dinámico y coordinación de los
recursos-, pensamos que se deberían definir con más precisión las
áreas de actuación; es decir, los sistemas legales, normas a
modificar dentro del ámbito legal, o modificaciones a introducir en
los organismos de la Administración tributaria.
También se debería contemplar un área de actuación de cara a los
contribuyentes, a ese cambio de mentalidad que creemos que debe
darse, para lo cual hace falta acercar mucho más la Administración.
Creo que se está haciendo ya, de hecho, se ha avanzado en la ayuda a
la realización de las declaraciones del impuesto sobre la renta. Ese
es el camino para el acercamiento que debe tener la Administración
tributaria hacia el contribuyente. Por ahí entendemos que se puede
dar ese cambio de mentalidad del contribuyente -ver más cerca su
Administración-, para lo cual, como decía al principio, no favorece
nada esos hechos que se ponen de manifiesto.
Finalmente, pensamos que se podría contemplar dentro de este programa
-que al fin y al cabo es un programa y como tal no se puede ir a un
nivel de detalle extensivo- una catalogación de medidas en cada una
de las áreas de actuación para completar el control del fraude
fiscal. Me refiero a medidas dentro del ámbito de la reforma del
sistema tributario, de la simplificación del sistema, de una
adecuación del sistema sancionador, de un nuevo enfoque de la gestión
tributaria, de la potenciación de la investigación y el control de la
apertura hacia el contribuyente, algo que antes he mencionado, y del
aseguramiento del cobro de la deuda tributaria, que es otro tema
importante. Hay una serie de cuestiones que sería interesante que
pudieran integrarse en este programa director de control tributario.
En definitiva, y como decía al principio, lo que para mi grupo
parlamentario es más importante es que existe un plan definido para
la lucha contra el fraude fiscal -y, en este caso, para el fraude
tributario- y que convendría ampliar su contenido con las
observaciones que acabo de apuntar. Sin embargo, todavía es más
importante la puesta en marcha, el control y la evaluación periódica
de este programa, la flexibilidad en las medidas que sean necesarias
poner en práctica en cada momento. No tiene que ser un programa
rígido porque tiene que ir adaptándose en cada momento a las
necesidades que tenga la economía, la Administración pública y la
sociedad en general. Todo esto debe introducirse dentro de las
comparecencias cuatrimestrales donde se den los resultados de las
actuaciones por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda y
debemos conocerlo periódicamente con resultados concretos. Esperamos
tener ocasión en su momento de dar nuestra opinión sobre la eficacia
del programa, porque la única medida para
ver si es eficaz será ver sus resultados. Es necesario esa intención
del plan de seguimiento de este programa de control tributario.
Desde mi grupo parlamentario esperamos que tenga eficacia este
programa. Lo iremos viendo mediante los resultados que nos puedan dar
desde la Secretaría de Estado de Hacienda y voto por que se sigan
haciendo los esfuerzos necesarios para que cada vez sea la Hacienda
pública menos protagonista. Creo que es de las partes de la
Administración donde cuanto menos se sepa de ella -y no porque no
tengamos información, sino porque no sea motivo de protagonismo en
los medios de comunicación- será mucho mejor. Esta es una de las
partes de la Administración del Estado que debe ser menos
protagonista. Se tiene que ser menos protagonista en los temas
tributarios y en los temas de Interior porque, al final, desvirtúa lo
que debería ser. Votamos por que desde la Secretaría de Estado de
Hacienda se sigan estos esfuerzos. Vuelvo a repetirle, con toda la
cordialidad del mundo, porque ya se lo he dicho en varias ocasiones:
reflexione sobre el modelo, creo que es uno de los motivos
fundamentales de los problemas que puede tener en este momento la
Agencia, tanto la anterior como la futura. Como en el ámbito de la
comunidad autónoma vasca no tenemos este modelo y parece que las
cosas -voy a tocar madera- de momento funcionan, es por lo que
entendemos que ese modelo para ser eficaz podría ser traspasado al
Estado, sobre todo, para evitar que puedan darse situaciones como las
que estamos viviendo.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Costa, usted ha hecho hoy, porque no
podía ser de otra manera, una exposición extensa debido a las
múltiples solicitudes de comparecencias. De todas maneras, voy a
centrarme, fundamentalmente, en tres cuestiones. Dos de ellas han
sido durante un año y medio objeto de debate en esta Comisión
repetidamente, en los medios de comunicación y creo que hoy son el
fondo del problema. ¿Qué estamos debatiendo hoy, fundamentalmente,
y qué hemos debatido durante este año y medio? Lo que hoy debatimos es
qué quiere decir luchar contra el fraude fiscal, es decir, qué se
quiere decir cuando se habla de que se quiere luchar contra el fraude
fiscal hoy en España. La primera cuestión es qué quiere decir eso. La
segunda cuestión es con qué tipo de organización. Esas dos cuestiones
son los ejes fundamentales del debate que hemos tenido y que hoy
volvemos a tener. Hoy, necesariamente hemos de hacer referencia a una
tercera cuestión que no estaba prevista en el calendario del último
año, que es la aparición de presuntas corruptelas relacionadas con ex
funcionarios de la Agencia Tributaria en el período anterior.
Voy, muy brevemente, a hacer referencia a estas tres cuestiones. La
primera de ellas es qué quiere decir hoy luchar contra el fraude
fiscal y, sobre todo, qué queremos que sea luchar contra el fraude
fiscal en España. Aquí previamente creo que merece la pena hacer de
forma telegráfica, porque no tenemos más tiempo, un diagnóstico de la
situación actual, y si no nos ponemos de acuerdo en ese diagnóstico,
no va a ser posible ponerse de acuerdo en el futuro y no se va a
avanzar. El diagnóstico es -y, de alguna
manera, otros portavoces con estas u otras palabras lo han dicho- que
el actual modelo de inspección está agotado. Entonces, o se parte de
ahí o no es posible en el futuro luchar contra el fraude y ponernos
de acuerdo. ¿Qué quiero decir con que el actual modelo de inspección
está agotado? Quiero decir que es un modelo de inspección donde
simplemente se colocan los objetivos y se evalúa posteriormente por
el número de contribuyentes y la deuda liquidada. No tengo tiempo
para extenderme, pero sólo hay que ver el informe que nos presentó el
señor Costa sobre el plan bianual o los propios objetivos; es decir,
dos números que atraviesan toda la organización, dos números a nivel
estatal, que se trasladan a nivel regional, a nivel provincial, y
esta vez creo que ha sido insólito -igual se me puede corregir-,
incluso con listados a nivel personal de inspectores. Hace diez días
vi tres listados -no sé si esto ocurre en todo el territorio del
Estado español-, dos de ellos importantísimos, donde en uno de ellos
aparece el nombre de los inspectores y al lado una cantidad que es la
deuda más la sanción o la deuda. En este momento he visto listas
individualizadas de inspectores con una cantidad. Dicho de otra
manera, el objetivo que se pone a los inspectores es fundamentalmente
una cantidad que al final de año tendrán que justificar y de la que
posiblemente va a depender su plus de productividad. Yo creo que esto
hay que cambiarlo de raíz. Esta es la primera consideración que
quería hacer sobre la situación actual.
Hay otras cuatro más en este diagnóstico, que simplemente las enumero
porque no voy a tener tiempo de explicarlas, pero si no se
solucionan, a nuestro entender tampoco se va a avanzar. Estas cuatro
son: primera, cualquier organización, pero especialmente la Agencia
Tributaria, si no tiene estabilidad por parte de su equipo directivo,
es imposible que funcione; cualquier asociación de vecinos -y no
quiero menospreciarla- o la junta directiva de cualquier club
deportivo no puede ser que continuamente cambie. Es absolutamente
indefendible que en estos tres últimos años haya cambiado el staff
directivo -eso no puede dar buenos rendimientos, es imposible- o que
se esté produciendo en estos momentos, como una reacción defensiva a
la actual situación de conflicto interno, un incremento de los cargos
a dedo. Por tanto, primera cuestión añadida: se ha de acabar con la
inestabilidad. Segunda, se ha de acabar con la conflictividad
interna. No sirve decir que hay intereses corporativos. ¡Claro que
los hay! y ¿dónde no? En la Administración y fuera de la
Administración. Cualquier tipo de organización, privada o pública,
tiene intereses corporativos. Evidentemente, se trata, desde el punto
de vista de la Dirección de Recursos Humanos, de llegar a acuerdos
que permitan no poner en crisis los objetivos de la dirección.
Tercer elemento que se ha de solucionar. Entendemos y pienso que el
actual sistema y método de plus de productividad que se cobra es
perverso, es decir, es un plus de productividad mediante el cual los
inspectores cobran por deuda liquidada de forma individual. Incluso
cuanta más sanción pones, más productividad cobras o la puedes
incluir ahí. (Alguien ha comentado el caso de un juez, que cuantas
penas de muerte ponga, más cobraría.) El tipo de plus de
productividad invalida el trabajo colectivo. Son experiencias de
inspectores con los que he hablado. A
menudo, cuando se descubre una hipotética irregularidad que no se
comunique, sino que se aplace porque luego tendrás trabajo que te
llenará la productividad. Por tanto, creo que respecto al agotamiento
del modelo actual de agencia debe existir un replanteamiento de los
incentivos de productividad en la forma en que ahora se están dando.
Cuarta y última cuestión: es necesario incorporar - incluso es bueno
y necesario para los directivos de la Agencia- indicadores que
demuestren el grado de éxito o no de la lucha contra el fraude, esto
es fundamental, porque los que hay no sirven. Usted nos ha dado las
cifras de recaudación. Eso no sirve. Si hay un crecimiento económico
que implica mayor recaudación ¿quiere decir que la Agencia Tributaria
funciona en la lucha contra el fraude? Pues igual sí o igual no.
Nadie en este país -y aquí están posiblemente los periodistas más
especializados- sabe dónde estábamos en cuanto a la economía
sumergida en 1996 y dónde estamos ahora, nadie sabe exactamente qué
ha pasado con el dinero negro en estos tres años y nadie sabe -y
luego daré algunas cifras relativas a estos casos- qué ocurre con las
inversiones que hay en los paraísos fiscales o en otras zonas. Usted
ha dado unas que luego se las rebatiré. Por lo tanto, ¿podemos decir
que luchar contra el fraude es simplemente aumentar la recaudación un
6 por ciento y recuperar un 2,3 por ciento más de deuda pendiente?
¿Esto de verdad se puede ofrecer a la sociedad como muestra de la
lucha contra el fraude fiscal? Mi respuesta es no. Desde el punto de
vista de la situación actual, lo que quiero dejar constancia,
primero, es el agotamiento del actual modelo de inspección y cuatro
cuestiones, que, si no se solucionan, no se podrá funcionar bien:
inestabilidad, conflictividad, plus de productividad e indicadores de
eficacia-.
Antes de acabar esta primera parte sobre la situación actual, quiero
decir que el plan de objetivos que usted presentó en febrero, y que
permanece ahí en estos momentos coexistiendo con otro nuevo plan
director, es más de lo mismo desde ese punto de vista. Hoy por hoy,
en el Estado español, los únicos objetivos declarados medibles por la
Agencia en relación a qué va a ocurrir en 1999 es el incremento de
recaudación global y la deuda pendiente de recaudación. ¿Alguien
piensa de verdad que con esto podemos medir la eficacia de la lucha
contra el fraude? No hay ni un solo objetivo, ni en el plan de
objetivos, ni en el plan director, ni en la resolución que salió
ayer, que yo he leído en el «BOE». Por lo tanto, lo que hay que hacer
es cambiar eso.
Dicho esto, entro en el programa director de control tributario que
leí por la tarde, que tiene un aspecto positivo y cuatro razones por
las que creo que es insuficiente. Creo que el aspecto positivo es, en
primer lugar, que se aborda una propuesta de programa plurianual y se
reconoce en la redacción del programa un cambio de orientación de eso
que yo criticaba antes. Es la primera vez, me parece, desde el año
1996 en que esto se hace de esta manera. Desde ese punto de vista
creo que eso es positivo y, por nuestra parte, continuamos ofreciendo
todo el debate que sea posible para que se siga avanzando en esa
dirección.
Dicho esto, las cuatro críticas al programa. Es incoherente, es
ambiguo, no fija objetivos ni indicadores de evaluación. ¿Cuáles son
las cuatro críticas que hacemos a este plan director? Primero, es
ambiguo. ¿Qué quiero decir con
que es ambiguo? No hay prácticamente estimaciones cuantitativas de
algunas bolsas de fraude cuando sí existen estimaciones. Por ejemplo,
usted ha dado algunas de estas cifras en su intervención en relación
a los paraísos fiscales. En 1995 estaba en el 18 por ciento y en 1998
está en el 1,5 por ciento. Usted esto lo ha puesto como un ejemplo de
lucha contra el fraude fiscal. Las cifras que ha mencionado son
verdad, pero ha omitido otras que darían la vuelta a su argumento.
Por ejemplo, en el año 1996 las inversiones totales españolas en el
extranjero eran del 1,5 por ciento del PIB; en 1997 han subido al 5
por ciento. Tres billones de pesetas se han deslocalizado en un año,
pero lo que ha ocurrido es que una parte importantísima de esta
deslocalización de paraísos fiscales se ha reorientado a zonas que
legalmente no lo son, pero que actúan como tales -Madeira, Dublín-.
Por lo tanto, ¿éste es un aspecto que hay que investigar o no? Como
ha dicho usted alegremente, ha disminuido la inversión en paraísos
fiscales, cuando lo que está ocurriendo es que dicha inversión se va
a otros sitios, que, de hecho, son paraísos fiscales, y que el
incremento en lo que se refiere a la deslocalización en un año es de
3 billones de pesetas, y eso no es inversión productiva, debería ser
objeto de debate y de números.
Economía sumergida. Ha salido recientemente un informe de los
empresarios y del Gobierno de Aragón, que da unas cifras de
estimación con dos métodos distintos de economía sumergida.
Dinero negro. El Banco de España está estimando que se incrementa y
estamos en casi 4 billones de pesetas.
Todas estas cifras que estoy dando de las grandes bolsas de fraude
deberían estar aquí. Sabemos que es difícil hacer estas estimaciones,
pero tenemos obligación de hacerlas. La primera recomendación del
informe de 1994, que usted citaba, que creo que está muy bien y estoy
de acuerdo en que no se aplicó, es la necesidad de hacer estudios
teóricos en España sobre el fraude, cuantitativos y cualitativos.
Cuando digo que el plan director es ambiguo, estoy diciendo que hay
necesidad de hacer un diagnóstico más a fondo de las bolsas de fraude
y con las estimaciones cuantitativas, que sé que están sujetas a
posibles errores y que son difíciles porque si no, ¿en base a qué
vamos a decir que sí ha habido una lucha eficaz o no?
Otra razón es la incoherencia. Es incoherente este plan con lo que yo
he visto hace días en listados individuales con atribución de deuda
inspector por inspector, no tiene nada que ver, es todo lo contrario,
y no lo he visto en una delegación pequeñita, sino en una de las más
importantes. No sé si ocurre en todo el Estado, por lo tanto, no sé
si es una instrucción de la Presidencia o de la dirección o
simplemente es la dinámica que genera una agencia que se mueve por
esos dos objetivos y por el miedo o la precaución del Gobierno de que
la oposición va a pasar cuentas a final de año si la deuda cae. Por
lo tanto, de arriba a abajo, lo único que preocupa es poder cumplir
con los números.
Tercera crítica al plan. No hay objetivos e insisto en que los dos
objetivos que dice el plan son absolutamente genéricos.
Cuarta crítica y última. No hay indicadores de lucha contra el
fraude. Cuando el secretario de Estado nos hizo entrega del resumen
del plan director, hubo una cosa que dijimos, que dije y que aceptó,
incluso está incorporado en
el documento que tengo y es, que faltaban los indicadores de
evaluación. Hay necesidad de nuevos indicadores. ¿Cuáles pueden ser?
No lo sé; por ejemplo, ver la evolución de las bases imponibles en
los sectores económicos sujetos a la inspección de economía sumergida
puede ser un indicador; otro puede ser la evolución de la relación
entre las rentas de trabajo y las rentas empresariales. Hay muchos
indicadores, pero es necesario tenerlos, sobre todo para la propia
Administración. Si ustedes están convencidos de que lo hacen bien,
tener unos indicadores sería bueno, no podríamos rebatirles. Pongan
unos buenos indicadores.
Por tanto, desde el punto de vista del programa, es positivo el
planteamiento plurianual y el reconocimiento de la necesidad de un
cambio de orientación, teniendo en cuenta estas cuatro críticas: la
incoherencia con lo que se está haciendo, la ambigüedad del
planteamiento, la falta de objetivos y la falta de indicadores de
evaluación que, finalmente, sirvan para poder discutir si se ha sido
eficaz o no.
Antes de pasar al tema de Huguet y Aguiar, al que no dedicaré mucho
tiempo, quiero hacer tres preguntas en relación con este primer
apartado: una, sobre las cesiones de crédito del Banco de Santander,
en las que tanto la juez como la Audiencia, en un auto detallado
sobre el que no me voy a extender, han dicho que no hay motivo para
el archivo. Estas dos sentencias, estos dos autos, ¿van a hacer
cambiar o no la posición del Gobierno ante este caso?
Segunda pregunta. Si no he entendido mal, cuando usted ha enumerado
algunos de los programas o de las prioridades de la lucha contra el
fraude, ha dicho: la no utilización de sociedades empresariales, no
sé si ha mencionado para minimizar impuestos o para tributar menos.
¿Esto puede tener relación con la minimización de tributos que han
dicho públicamente que han hecho el señor Piqué y el señor Arias-
Salgado? ¿Es éste el caso, es decir, utilizar instrumentos
empresariales para tributar menos, práctica que han reconocido dos
ministros y que algunos han dicho que es una práctica generalizada en
determinados sectores? ¿Eso está contemplado ahí?
Tercera pregunta de este primer bloque. Como la diputada del Grupo
Socialista ha dicho, se han abierto unos expedientes a los
subinspectores. ¿Nos puede dar algún tipo de información? ¿Qué va a
pasar? ¿Por qué?
En cuanto al asunto de Huguet y Aguiar es difícil debatir, porque,
como han dicho diversos portavoces, su información ha sido muy
limitada y ajustada, cosa que entiendo hasta cierto punto, aunque
posiblemente usted tenía que haber ido un poco más allá de lo que ha
dicho. Tengo que manifestar tres cosas y hacer algunas preguntas.
En primer lugar, quiero expresar el reconocimiento por nuestra parte
de la gravedad de los hechos ocurridos. Esto es de lo más grave que
ha sucedido desde hace mucho tiempo desde el punto de vista de las
corruptelas de los aparatos del Estado, y lo digo por lo que implica
de profundidad de la posibles corruptelas y de la relación con
determinadas partes de la sociedad, entre comillas, poderosas, aunque
evidentemente se trata de una minoría de personas.
En segundo lugar, quiero decirle que el Gobierno no ha estado a la
altura de las circunstancias. El Gobierno tuvo que salir al paso
inmediatamente, diciendo dos cosas, que aún tiene pendientes:
primero, que va a ir hasta el fondo de
la investigación. Era necesario hacerlo y no lo hicieron. Usted o el
señor Rato, cuando salió esta noticia, inmediatamente tendrán que
haber ofrecido una rueda de prensa, de las que hacen muchas, para que
todo el mundo viera que los responsables de Hacienda dicen clara y
públicamente que van a investigar hasta el final. Eso hubiera
tranquilizado a la sociedad y no se hizo. Y, segundo, también
debieron decir que si en esta investigación que se va a hacer se
advierten ciertos déficit o errores en los mecanismos de control, el
Gobierno propondría su reforma. Lo que no puede ser en plena campaña
de la renta -y aunque no hubiera habido campaña de la renta- y con un
tema de estas características es que el Gobierno no diga nada o que
algunas cosas que se han manifestado, que no se han dicho desde el
Gobierno, simplemente sean una utilización partidista contra el
partido del anterior Gobierno. El asunto requiere una respuesta no
partidista, una respuesta institucional. Eso no lo hicieron y lo
tienen pendiente. En uno u otro momento, ustedes han de investigar
hasta el fondo -según dicen, lo están haciendo- y explicar qué
medidas van a tomar. En un arrebato de sinceridad, no le quiero
esconder que no dejo de tener cierta preocupación por esto, porque la
actitud del Gobierno ante determinadas investigaciones no ha sido la
adecuada y porque la propia situación interna es muy inquietante. En
todo caso, ya veremos si lo hacen o no.
También le quiero formular cuatro preguntas en este segundo bloque.
Ahora mucha gente dice que sabía lo que pasaba. Cuando se habla con
gente de Cataluña resulta que es vox populi que pasaban cosas,
algunas se habían dicho y otras no. Usted, hoy, a nivel global,
¿puede decir qué es lo que falló? ¿Han descubierto, han localizado
alguna cuestión de control que fallara o no falló nada y pasó esto?
Segunda pregunta. ¿Siguen circunscribiendo las investigaciones que
ustedes están llevando a cabo a Cataluña? Estamos hablando del tema
de Cataluña, evidentemente partiendo de que se trata de una minoría y
que la mayoría de profesionales funciona honestamente Tercera
pregunta. De la investigación que se ha abierto, ¿hay pruebas que
avanzan en lo que aparece en los medios de comunicación y hoy mismo
el señor Zabalía ha dicho -yo lo comparto- que posiblemente estamos
ante una trama financiera de especulación y corrupción ligada a
sectores importantísimos de la sociedad catalana? De su investigación
hasta hoy, ¿hay indicios de esto o no? Ésta es una pregunta
fundamental. ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante tres ex funcionarios
que hicieron no sé qué o estamos ante otra cosa? Por algunas de las
noticias aparecidas en los medios parece que estamos ante otra cosa,
y sería bueno que usted dijera aquí: de lo que investigamos, no hay
indicios de nada; o sí los hay. En todo caso, ésta es una respuesta
importante.
La cuarta pregunta es si usted prevé algún tipo de mecanismo de
superación, alguna propuesta nueva que haga que esto no vuelva a
repetirse. Dicho de otra manera, no sé si usted está en condiciones
de decir que con los actuales mecanismos de control esto no puede
estar pasando. Yo sé que globalmente esto no pasa, pero, ¿se ha
planteado usted la necesidad de mejorar los mecanismos de control?
Termino diciendo que la corrupción o las irregularidades que se han
dado no son sólo responsabilidad del
Gobierno; creo que los propios profesionales están en su perfecto
derecho de exigir que el Gobierno les defienda. No me parecería mal
-y en todo caso me voy a dirigir a ellos para que lo contemplen- que
los propios profesionales elaboraran un código ético. No me parece
correcto que un inspector de la Hacienda pública que está
investigando unas empresas se vaya de la Agencia un día y al
siguiente trabaje en un despacho de asesoría fiscal con las mismas
empresas en distinto bando. Ahí se pueden tomar medidas legislativas,
pero también puede haber un código ético. Digo esto como un ejemplo,
pero podría poner muchos otros, aunque no quiero. Lo que estoy
diciendo es que los profesionales tienen la obligación de decir al
Gobierno que dé la cara por la Agencia, puesto que la mayoría son
honestos, pero, ante lo que ha pasado, también tienen la obligación
de plantear un cierto código ético de funcionamiento del propio
cuerpo de funcionarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, quiero agradecer al
secretario de Estado de Hacienda su comparecencia. Creo que estas
comparecencias son atractivas para que aumente la transparencia de la
Agencia Tributaria y quiero hacer constar hoy aquí, para que figure
en el «Diario de Sesiones», que se están haciendo de manera más
intensa y periódica en los últimos tres años, cuando el Partido
Popular ha asumido la responsabilidad del Gobierno.
Los cuatro secretarios de Hacienda anteriores -no había Agencia pero
sí había Administración de Hacienda- sólo habían comparecido para
hablar de la Administración tributaria en cinco ocasiones; el actual
secretario de Estado de Hacienda, uno solo en tres años -antes eran
casi 14-, ha comparecido casi el doble de veces que los anteriores en
todos esos años, y es bueno que se sepa. El respeto al Parlamento y a
la transparencia de la Agencia Tributaria nos hace considerar muy
positivo que el Parlamento conozca las actuaciones de la misma.
Todas las comparecencias de hoy tienen un hilo conductor y creo
coincidir en ello con todos los grupos políticos; ese hilo conductor
supone que tenemos que seguir realizando todos los esfuerzos
posibles, con el mayor grado de consenso, para atajar el fraude
fiscal. Creo que es un deterioro social y que representa una
insolidaridad por parte de quienes lo practican, haciendo necesario
que la Administración y todos los grupos políticos realicemos todos
los esfuerzos necesarios para atajarlo y mejorar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.
Decía el señor Saura que el actual modelo estaba agotado. Pienso que
el actual modelo está sufriendo grandes cambios, derivados de las
nuevas condiciones del entorno económico en el que nos movemos y de
los avances de la sociedad, que requieren unas respuestas distintas
por parte de la Administración tributaria y también del legislador.
La lucha contra el fraude fiscal no sólo se hace desde el
departamento de inspección sino también desde la legislación, tapando
los agujeros que se puedan producir y que puedan dar lugar al fraude
y favoreciendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por
supuesto con unos niveles de
control adecuados. En eso coincido con lo que decía el señor Saura.
Quizá medir el fraude simplemente cuantificando la deuda instruida o
la deuda liquidada es pobre, es verdad; pero también lo es; señor
Saura, que, a la hora de fijar los objetivos de la Agencia Tributaria
para el año 1999, cuando hablamos, pensamos, reflexionamos o
debatimos sobre otros mecanismos u otros índices, es difícil
descubrir medidas cualitativas que puedan ser aplicables a objetivos
concretos.
También es cierto que, en materia de lucha contra el fraude, veníamos
de muy lejos, como se ha puesto de manifiesto al conocer la actuación
de altos directivos de la Administración tributaria en época
socialista, cuando el fraude era una práctica común. Yo creo que
decir que los datos que hemos conocido a través de los medios de
comunicación y sobre los que hoy el secretario de Estado ha ampliado
con una alguna información adicional de que el comportamiento del
señor Huguet o del señor Aguiar eran casos aislados es mucho decir.
Ante una situación que, con la ayuda o los empujones convenientes
desde el interior del partido, se ha llevado por delante al candidato
socialista aducir que son casos aislados o que están acotados en el
tiempo y en el lugar es mucho decir. Sinceramente, yo creo que eran
el producto de una cultura, de la cultura del pelotazo que se vivía
en España y que quien mejor la definió fue el ministro Solchaga,
cuando dijo que España era el país en el que uno se podía hacer rico
en menos tiempo. Esa cultura se extendió en el sector privado
(Banesto, KIO, etcétera) y también en el sector público, llegando a
las instituciones que debían ser más garantes del bienestar de los
ciudadanos (BOE, Banco de España, Guardia Civil, Administración
tributaria). Sin embargo, junto a eso, yo creo que lo más importante
y lo que dio lugar a esa situación no fue sólo la cultura sino la
actuación del Grupo Socialista sobre la Administración tributaria,
entonces no había Agencia Tributaria. Es un punto de reflexión para
saber por dónde tenemos que caminar en el futuro y qué esfuerzos
tenemos que hacer para evitar que el fraude siga siendo una lacra
social. Desde luego, en los años de gobierno socialista lo más
llamativo fue el incremento de la presión fiscal, pero quizá lo más
grave fue la pérdida de calidad del sistema tributario y la
desarticulación de la Administración tributaria. (Rumores.) Creo que,
cuando estamos hablando de unos casos que no sólo, como decía el
señor Saura, representan lo más grave que ha pasado desde hace mucho
tiempo sino que son unos casos que se han descubierto ahora y que se
produjeron hace mucho tiempo, es necesario saber por qué sucedieron,
para evitar que se repitan en el futuro. Creo que es importante ir a
la raíz de los problemas, que es donde hay que articular soluciones,
y no pasar por encima de ellos sin llegar al fondo de los mismos En
el informe del director del Instituto de Estudios Fiscales se
mencionaban las causas del fraude y se citan como significativas la
falta de principios políticos, sociales y éticos en la imposición y
la falta y deterioro de los principios jurídico-tributarios. Esa
falta de principios éticos en la distribución de la carga tributaria,
la falta de calidad del propio sistema tributario junto con una gran
desmotivación de la Agencia y de sus funcionarios (es el período en
el que más funcionarios de la Agencia pidieron la excedencia para
irse al sector privado) hizo que se produjeran casos como
el del señor Huguet y el del señor Aguiar, que no eran simples
funcionarios sino responsables políticos de la Agencia Tributaria;
responsables políticos que establecieron sistemas de control muy
duros -de ahí vienen temas como los peinados, exigencias tributarias
por operaciones de ahorro que nunca se cobraron, etcétera- durante el
día para, según parece, por lo que hemos conocido a través de los
medios de comunicación, ser padrinos por la noche.
Si eso sucedió hace un tiempo, desde hace tres años estamos
trabajando para que no vuelva a ocurrir, para que no se repita. Lo
primero que hicimos cuando asumimos la responsabilidad del Gobierno
fue decir que había que restablecer las relaciones entre la
Administración y el contribuyente, y aprobamos una ley de derechos y
garantías del contribuyente para garantizar un equilibrio de las
relaciones. Dijimos que era necesario también reformar a fondo el
sistema tributario para distribuir con mayor justicia la carga
tributaria y para que los ciudadanos y ciudadanas asumieran el pago
de sus impuestos con criterios de mayor lógica, y dijimos que había
que dotar de mayor transparencia y control a la Agencia. Y yo creo
que ahora es muy bueno que también nos planteemos mecanismos para
motivar a los funcionarios. Es absolutamente necesario, cuando hemos
pedido a los funcionarios una mayor exigencia, después de la
aprobación de la Ley de derechos y garantías del contribuyente,
cuando les hemos pedido un mayor esfuerzo para aplicar las reformas
tributarias que hemos llevado a cabo, que establezcamos mecanismos
para mejorar la motivación de los funcionarios. La resolución de los
subinspectores es un mecanismo positivo. También se deben disponer
criterios como los que establece el plan director del control
tributario para incentivar el trabajo de los funcionarios. Ninguna
actuación de los responsables políticos -y lo dijimos con motivo de
los 200.000 millones y lo reiteramos hoy después de ser conocidos los
casos de Huguet y Aguiar- debe empañar el reconocimiento que merecen
los funcionarios de la Hacienda pública, que están respondiendo
magníficamente. Sin su esfuerzo, sin su trabajo, sin su
profesionalidad y sin su honradez no hubiésemos podido abordar
ninguna reforma del sistema tributario ni la modernización que el
sistema tributario requería.
En estos tres años se ha hecho mucho en la Agencia Tributaria, y los
resultados son evidentes. Decía el secretario de Estado en su
intervención que ya se habían empezado a efectuar las devoluciones a
los contribuyentes que habían hecho la declaración sobre la renta
este año. Eso es una buena noticia y demuestra un comportamiento
eficiente, eficaz, de la Agencia Tributaria. Es verdad que el
departamento de gestión de la Agencia Tributaria está realizando una
actividad brillantísima, ya que está provocando un mejor cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias y está haciendo posible
que se tomen medidas preventivas contra el fraude de enorme eficacia.
El señor Saura exponía algunos componentes que pueden servir de
indicadores para el futuro, como las bases imponibles de algunos
sectores económicos. También es un indicador de lucha contra el
fraude cuando la recaudación es muy superior al crecimiento
económico. Eso no se deriva sólo de la elasticidad de los impuestos o
cuando la recaudación por IVAes superior al consumo, lo cual quiere
decir que está saliendo a la superficie economía sumergida.
Los datos, se miren como se miren, son positivos. El que hoy estemos
aquí, en el Parlamento, debatiendo un documento como el plan
director, que es un plan de lucha contra el fraude plurianual; el que
hoy estemos todos los grupos políticos de acuerdo por lo menos en un
principio básico, como es que estamos dispuestos la consensuar
mejoras para evitar el fraude en lo sucesivo, nos permite ser
optimistas. El documento, señor secretario de Estado, es muy válido,
señala líneas de actuación muy interesantes para el futuro y responde
además a las exigencias de nuestro entorno.
Se deben establecer controles cualitativos, y estoy absolutamente de
acuerdo con el señor Saura en que los grupos políticos podamos
consensuar qué tipo de objetivos y de controles, también
cualitativos, hemos de establecer. Estoy dispuesto a sentarme con los
grupos en el Parlamento para avanzar en un consenso para concretar en
qué líneas se podía trabajar. Es muy importante que hoy conozcamos
este documento, que hoy tengamos la oportunidad de debatirlo y que
además se convierta en el método de actuación para el futuro.
Para seguir en la línea de bajar los impuestos, de distribuir con
mayor equidad la carga tributaria, de modernizar el sistema
tributario y hacerlo más acorde con las exigencias del euro y del
crecimiento y de la creación de empleo es muy interesante también que
establezcamos medidas para que en España se evite el fenómeno del
fraude con una mayor profundiad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para contestar a las preguntas y
a las reconvenciones formuladas, tiene la palabra el señor secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muchas
gracias a SS. SS. por las consideraciones que han hecho y las
aportaciones que han introducido en este debate. Voy a intentar dar
cumplida respuesta a muchas de las manifestaciones que han realizado
a lo largo de esta mañana.
En primer lugar, se ha constadado una preocupación por la Agencia
Tibutaria, por la institución, por su credibilidad, y desde esa
perspectiva hay que plantear siempre las cuestiones con rigor y con
seriedad. Ante todo quisiera decir que, estando totalmente de acuerdo
con ese planteamiento, una primera manera de actuar con rigor, por
tanto sin cuestionar una institución ni afectar a su imagen pública,
es criticar su funcionamiento con la mayor objetividad posible, con
datos contrastables, en lugar de con afirmaciones aisladas y con
puntos de información que no se corresponden con la realidad.
Además, como las cosas se demuestran habitualmente por comparación,
creo que hay que tener en cuenta también, a la hora de hacer un
análisis -y creo que lo serio es hacerlo de esa manera-, cuáles son
los problemas de los que se parte y cuáles son los avances y las
mejoras que se han introducido. Tengo que decir que, si bien en
muchos de los aspectos, las intervenciones que se han desarrollado
esta mañana aportan inquietudes y preocupaciones, que probablemente
en muchos casos todos podríamos suscribir, sin embargo, en algunos
aspectos no he visto ese rigor a la
hora de cuestionar el funcionamiento de la institución. Eso lo tengo
que manifestar claramente desde el principio.
La única manera objetiva de evaluar la realidad de la Agencia
Tributaria es a través del análisis de su funcionamiento y de los
resultados que produce. Podemos tener contactos con colectivos,
informaciones parciales, análisis de cuestiones que pueden aparecer
en los medios de comunicación, pero lo que no falla es la realidad de
los resultados y del trabajo que a lo largo de estos tres años han
hecho los funcionarios de la Administración.
Ustedes saben muy bien los objetivos que tiene la Administración
tributaria: fundamentalmente tres. Por un lado, garantizar que se
cumple el presupuesto de ingresos del Estado; por otro lado, ayudar
en mayor medida al ciudadano a cumplir con sus obligaciones fiscales
y, además, garantizar una eficaz aplicación del sistema tributario.
Para ver si la situación de la Administración tributaria es óptima,
es correcta o no, es mejorable, de lo que hay que partir es de la
realidad, haciendo un análisis y un diagnóstico riguroso desde esa
perspectiva.
Hay muchas cosas en las que se puede mejorar, hay muchos temas en los
que se puede avanzar y profundizar más, pero lo que no se puede hacer
es no reconocer la realidad del trabajo hecho, sobre todo cuando se
ha desempeñado correctamente y se han introducido mejoras en el
funcionamiento de una institución. Quisiera demostrarles esa
afirmación con hechos constatables, apuntando hechos concretos y no
manifestaciones aisladas o informaciones puntuales, que además en
muchas ocasiones, como les voy a demostrar, están sacadas de
contexto.
El primer objetivo es cumplir con el presupuesto de ingresos. Le voy
a decir cuál es la situación de la Administración tributaria hoy. En
el año 1992, se recaudaron 365.000 millones menos de lo que figuraba
en el presupuesto de ingresos; en el año 1993, 693.000 millones de
pesetas menos de lo que figuraba en el presupuesto de ingresos; en el
año 1994, 250.000 millones de pesetas menos; en el año 1995, cerca de
80.000 millones de pesetas menos. La media de las desviaciones y de
los incumplimientos del presupuesto en los cuatro primeros años de
funcionamiento de la Agencia fue de 350.000 millones de pesetas. Hoy,
el presupuesto de ingresos del Estado se cumple, y se cumple
recaudando más de lo que inicialmente figura en el presupuesto de
ingresos del Estado. Ésa es una realidad y un objetivo de la
institución. La diferencia es que antes, lamentablemente, no se
cumplía y hoy la realidad demuestra que se cumple. Pero hemos hecho
más, a pesar de que no se cumplía el presupuesto, y lo saben muy bien
SS. SS., para no tener déficit públicos todavía más abultados, lo que
se hacía era retrasar permanentemente las devoluciones de los
contribuyentes y el Tesoro público se financiaba con préstamos
forzosos de los contribuyentes como consecuencia de los retrasos que
se producían en la gestión de devoluciones. Hoy la realidad es que
todos los contribuyentes cobran su devolución del impuesto sobre la
renta en el año; hoy la realidad es que, a diferencia de lo que
ocurría en 1995 que un millón de personas tenían que esperar al año
siguiente para cobrar su devolución, medio millón de personas están
cobrando la devolución en el mes de mayo. La realidad es que las
devoluciones a los agentes económicos llegaban a 13 meses en muchos
casos y hoy en
la mayor parte se devuelven a lo largo de los seis primeros meses.
El segundo objetivo que tiene la Agencia Tributaria es facilitar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y creo que es
incuestionable reconocer que en estos tres años se ha hecho un
esfuerzo importantísimo para ayudar más al contribuyente. ¿Que
todavía podemos hacer más cosas? Estoy seguro de que sí y en eso
estamos trabajando y cualquier recomendación o cualquier aportación
que SS.SS. consideren oportuno hacer de verdad será bien recibida,
porque ese es uno de los principales objetivos de la institución. En
el impuesto sobre la renta, para hablar de un impuesto concreto,
tratamos con 30 millones de ciudadanos españoles. Por tanto, ayudar a
esos 30 millones de ciudadanos españoles a cumplir con sus
obligaciones fiscales tiene que ser un objetivo prioritario de la
institución y para nosotros desde luego esa ha sido una guía
fundamental a lo largo de estos tres años.
Yo le voy a decir que hoy los contribuyentes están mucho más
satisfechos con el funcionamiento de la Administración tributaria a
pesar de que, justificada o injustificadamente -en mi opinión de
manera infundada-, ustedes están cuestionando cómo funciona la
organización. En la última campaña de renta un 85 por ciento de los
ciudadanos se declaró satisfecho o muy satisfecho con el
funcionamiento de la institución, y eso son nueve puntos más que la
situación en el año 1995 en relación a esa campaña. Un 72 por ciento
de los ciudadanos cree que los servicios que presta la Agencia son
buenos y eso son 10 puntos más que en 1995. Esa es una realidad, son
datos constatables. No quiero decir que no se hiciera un esfuerzo en
la anterior legislatura por ayudar al contribuyente, se hizo, pero
hemos hecho un esfuerzo más importante y eso hay que reconocerlo,
porque hoy los contribuyentes opinan que la situación tributaria de
la institución y de los servicios que presta es mejor que los que
recibía en 1995.
Es una realidad que hoy dos de cada tres declaraciones presentadas en
la última renta se hicieron con la ayuda de la Administración
tributaria y antes se hacían muchas menos. En la renta de 1995 se
ayudó a tres millones y medio de contribuyentes a cumplimentar su
declaración y en la renta de 1998 se ha ayudado a prácticamente once
millones y medio de contribuyentes. Eso ha exigido un esfuerzo
importantísimo de la institución, un esfuerzo en el que se han
volcado decenas de miles de funcionarios, los 30.000 funcionarios
casi que tiene la institución para hacer que esto sea una realidad.
Igual que la posibilidad de presentar la declaración de renta por
Internet. Ese ha sido un avance tecnológico muy importante y un
esfuerzo de la organización y, por tanto, ese también ese un hecho
que, en mi opinión, se debería reconocer a la hora de hacer un
análisis del funcionamiento o no de la institución.
Pero mire, en lo relativo a la lucha contra el fraude donde todos
somos conscientes de que es uno de los objetivos prioritarios de la
institución y donde todos somos conscientes de que tenemos que
trabajar mucho más y con rigor, los avances, quieran o no ustedes,
también han sido muy importantes. Además me alegro de que usted
considere -y algunas de las intervenciones que se han hecho aquí
apuestan en esa dirección- la necesidad de cambiar en algunos
aspectos el modelo de organización y que quizás quienes
han tenido responsabilidades de gobierno a lo largo de años
anteriores podían haber hecho también ese análisis en algunos de los
momentos. Pero voy a hacer alguna referencia concreta a esta cuestión
porque me parece muy importante y porque además creo que lo que no se
puede hacer es cuestionar y dañar la imagen y la credibilidad de la
institución haciendo afirmaciones que no están fundamentadas o que
están sacadas de contexto.
Me decía S.S., por ejemplo, señora Mendizabal, que nosotros no
suministramos la información y lo hacemos de manera opaca y de manera
poco transparente. Estoy dispuesto a trabajar en mejorar el
suministro de información, y usted sabe muy bien que hace cerca de
dos meses le entregué un documento en el que figuraban cuáles eran,
en mi opinión, los criterios y la información que con carácter
periódico se le debía suministrar a esta Cámara y de hecho pensé,
ante la retirada que hicieron ustedes de una proposición no de ley
para hablar de datos tributarios, que estaban satisfechos con ese
planteamiento de suministro de datos fiscales. La realidad es que no
he recibido una propuesta adicional en estos momentos de suministro
de información periódica y estoy trabajando con esa para presentar el
informe y la evaluación cuatrimestral. Por tanto, no sé exactamente
a qué se refiere. Le puedo garantizar que yo en la pasada legislatura
estaba sentado en estos bancos y no recibía ni la décima parte de
información que hoy suministra la Administración tributaria. Ese es
un hecho constatable, igual que no tuve la oportunidad de que se
celebraran la práctica totalidad de las comparecencias que yo
solicitaba con relación al secretario de Estado de Hacienda en
aquellos momentos porque, si no recuerdo mal, no se celebró una sola
como consecuencia de las que peticiones que hice. Sin embargo, en
esta legislatura soy uno de los altos cargos del Gobierno que más ha
comparecido en esta Cámara, y seguiré estando a su disposición. De
hecho, usted sabe que en parte, no en todo, una de las razones por
las que se celebra esta comparecencia es porque yo personalmente
tenía interés en que la celebráramos y pudiéramos tener la
oportunidad de debatir cuestiones concretas.
En materia de lucha contra el fraude, si hablamos de hechos y
situaciones, en el Plan de lucha contra el fraude del año 1994 tuve
la oportunidad de debatir y realizar aportaciones, y algunas a lo
mejor se pudieron tomar en consideración y otras no. Ese es un plan
que lamentablemente, aunque tenía aportaciones y algunas propuestas
buenas que habían planteado el conjunto de los funcionarios de la
organización, no se cumplió. Le puedo decir que algunas de las
medidas que hemos adoptado en esta legislatura estaban recogidas en
ese Plan. Por ejemplo, el establecer un DNI para los inmuebles, para
controlar en mayor medida el tráfico inmobiliario. Sin embargo,
ustedes no la sacaron en la pasada legislatura. También le puedo
decir que el Plan bianual de lucha contra el fraude, que les puede
gustar o no, que puede ser un plan poco ambicioso o incorporar pocas
propuestas con relación a lo que consideran oportuno, se ha cumplido
de manera satisfactoria. Si quiere empezamos a leer todas las medidas
de carácter normativo u organizativo que se han adoptado en materia
de lucha contra el fraude fiscal a lo largo de esta legislatura. ¿Qué
se necesitan más? Estoy de acuerdo y si SS.SS. tienen la amabilidad
de hacer planteamientos y propuestas concretas, el Gobierno tiene la
intención de tomarlas en consideración y de analizarlas siempre que
sean propuestas constructivas y puedan contribuir a ser más
eficientes en la lucha contra el fraude.
Voy a hacer referencia a alguna de las cuestiones concretas que
ustedes han planteado aquí. En materia de inspección, los plazos de
inspección se eternizaban, las inspecciones se hacían duraderas,
sempiternas en ocasiones. Hoy los plazos en las oficinas técnicas
-usted lo sabe- son la mitad de los que eran en 1995. Usted sabe y es
plenamente consciente, que la calidad de las actuaciones no era la
que se podía pregonar y sabe muy bien que lo que se denominaba en
términos coloquiales los peinados fiscales o las actuaciones basura
estaban al orden del día y, de hecho, hemos reducido las actuaciones
de verificación de obligaciones formales de 30.000 en 1995, que eran
las propuestas, a 6.800. Esa ha sido una mejora de calidad en las
actuaciones clarísima ¿Que hay que hacer más cosas? Por supuesto que
sí, pero ha sido una mejora clarísima. Le voy a decir algunas de las
cosas que hemos hecho: se presentó un programa plurianual de lucha
contra el fraude a mediados de 1996. Era la primera vez que se hacía
una presentación plurianual de objetivos en materia de lucha contra
el fraude y la mayor parte de las medidas que se han adoptado, que
han sido medidas de reforma al marco normativo, abren nuevas
posibilidades desde el punto de vista de lucha contra el fraude. En
la pasada legislatura no fueron capaces de modificar la Ley General
Tributaria para dar información de las cuentas sobre autorizados o no
modificaron, por ejemplo, el artículo relativo a la recaudación que
permitía adoptar medidas cautelares en el procedimiento de
inspección. Sin embargo, lo ha hecho este Gobierno como consecuencia
del Plan bianual, igual que se han adoptado muchas otras medidas como
consecuencia de ese plan.
En materia de investigación que es una de las cuestiones que más se
plantea aquí, hoy hay más personas dedicadas a la investigación en la
organización ¿Que todos queremos que haya más personas dedicadas a la
investigación? Es posible ¿Que a lo mejor algunas de las personas que
hablan con ustedes consideran que todo el mundo debería estar
dedicado a la investigación? Es un planteamiento y, si lo asumen,
estaría bien que lo digan y lo pongan aquí encima de la mesa. Sin
embargo, la investigación importante es la de la selección y no todo
el mundo dentro de una organización puede dedicarse a investigar qué
es lo que inspecciona y qué no inspecciona. Esa es una realidad muy
importante. Se han hecho avances muy importantes no sólo ampliando
las personas dedicadas a investigación, sino aproximando las
actuaciones al momento de la comisión del fraude o unas actuaciones
de mayor calidad donde la deuda descubierta por contribuyente es más
elevada. Ese es un indicador, que quizá cuando se me cuestiona que no
plantee indicadores, éste podría ser un indicador para medir la
calidad de las actuaciones, igual que habrá otros, aunque creo que
este es uno importante.
Se ha hecho una apuesta por las nuevas tecnologías, se han creado más
unidades especializadas, se han hecho actuaciones de investigación
conjunta con otras administraciones tributarias de nuestro entorno o
actuaciones simultáneas y, como le decía, se aprobó un plan bianual
que trató sobre 66 cuestiones y se han desarrollado 164 medidas que
fueron adoptadas. Esa es una realidad; es
decir, esas 164 medidas gustarán o no, serán suficientes o serán
insuficientes, serán las mejores o no serán las mejores, incluso
alguna, a lo mejor, puede ir en una dirección contraria en función de
los planteamientos políticos que ustedes puedan hacer, pero a mí me
gustaría que me plantearan 164 medidas aquí para ver si, entre todos,
somos capaces de introducir cambios desde el punto de vista normativo
u organizativo que, de verdad, tengan incidencia y produzcan efecto
en la lucha contra el fraude.
Me ha hablado, y se ha hecho bastante hincapié en esta cuestión, de
que la situación de conflictividad en que se encuentra hoy la
Administración tributaria es la que, en su opinión, justifica que no
se funcione correctamente y que las cosas no vayan por donde tienen
que ir. Yo ya le he dado los datos y la situación de partida y esos
datos son difícilmente cuestionables. Le voy a decir algo más, y se
lo voy a decir sin ningún ánimo de crítica, pero tengo la obligación
de decírselo. Aparte de que estos tres últimos años son los años en
los que menor conflictividad corporativa puede haber existido en la
Administración tributaria, le tengo que decir que los problemas a los
que nos hemos enfrentado en estos tres años lamentablemente, en
muchas ocasiones, fueron problemas fruto de decisiones que ustedes
adoptaron cuando tenían responsabilidades de Gobierno. Y como las
cosas no se pueden analizar de una manera objetiva y rigurosa si no
se hace una comparación, le voy a decir lo que, desde hace algunos
años, en la pasada legislatura o en alguna de las anteriores, venían
planteando los colectivos en la Administración tributaria, para que
vea que nosotros hemos tenido que hacer frente a conflictos
resultantes de esas reivindicaciones a las que ustedes no atendieron,
a lo mejor en algún caso justificadamente, y que han sido a los que
nos hemos tenido que enfrentar en esta legislatura; y desde esa
perspectiva, señora Mendizábal, le tengo que decir, de verdad, y sin
ningún ánimo de crítica, porque es una cuestión pasada, que nosotros
estamos haciendo frente a una herencia que ustedes dejaron en muchos
aspectos dentro de la Administración tributaria.
Le voy a poner unos ejemplos: En abril de 1988, los interventores del
Estado inician una huelga y los inspectores de Hacienda amenazan con
solicitar de la Administración la excedencia en bloque de todo el
colectivo por la separación de cuerpos, por la falta de carrera y por
los objetivos de la organización. En abril, Hacienda señala la
apertura de expedientes porque unos funcionarios presentan un escrito
firmado por 190 inspectores y se personan en la puerta del despacho
del secretario de Estado de Hacienda. Mayo, las reivindicaciones de
los inspectores de Madrid son seguidas por el resto del colectivo
Junio, los inspectores inician una huelga parcial. Junio, los
inspectores inician una huelga total en protesta por la
desprofesionalización de la función inspectora. Junio, continúa la
huelga de celo de los inspectores. Octubre, los inspectores planean
una nueva huelga. Los subinspectores se oponen a los criterios de
complemento de productividad y de carrera. Año 1989. Enero, Apife
convoca huelga de celo a partir del 23 de Enero. La totalidad de los
inspectores secundan la huelga. Durante un mes no se firmó ni una
sola acta. Octubre, los subinspectores proponen no llevar a cabo las
actuaciones que les pide la organización de la Administración
tributaria. La asociación de subinspectores amenaza con paralizar
la Administración tributaria. Año 1990. Los inspectores se quejan de
la falta de lucha contra el fraude. Los inspectores y los
interventores siguen en huelga de celo indefinida huelga que duró
cerca de cinco meses. Los subinspectores inician huelga de celo y se
quejan de los escasos avances en materia de lucha contra el fraude.
Continúan su huelga de celo y amenazan con huelga total y, al final
del año, ante la falta de diálogo, los subinspectores manifiestan que
van a salir en bloque de la Administración tributaria. Los
subinspectores no están de acuerdo con el nuevo catálogo de puestos
de trabajo. Comienzan una huelga al inicio de la campaña de renta en
el mes de junio. Los inspectores rechazan la reforma de la Agencia
Tributaria por considerar que aumenta la burocracia y multiplica los
altos cargos. Los inspectores critican el plan de objetivos y señalan
que no hay una lucha contra el fraude. (Estamos en la pasada
legislatura.) Amenazan con una huelga por la separación de los
cuerpos de Hacienda y por los objetivos. Proponen una inspección
especializada. Reclaman un cambio en la estrategia y mantienen sus
peticiones de noviembre del año pasado en el año 1995. Reprueban la
gestión del secretario de Estado de Hacienda y denuncian que la
Agencia Tributaria va a la deriva. Los subinspectores señalan que las
tareas de comprobación e investigación son desarrolladas y ultimadas
por ellos y no por los inspectores. En 1996, Apife protesta por la
movilidad funcional. Celebra una jornada de huelga ante el Ministerio
de Economía y Hacienda. Se produce una concentración de inspectores
ante el Ministerio de Economía y Hacienda como consecuencia de la
separación de cuerpos. Tanto los inspectores como los subinspectores
advierten del caos en el que se encuentra la Agencia. Los inspectores
denuncian la utilización de la Agencia Tributaria para hacer campaña
por parte del Partido Socialista. El 70 por ciento de los
subinspectores de tributos dejan de ultimar expedientes por fraude
fiscal. Esta es la situación de conflictividad a la que hemos tenido
que hacer frente a lo largo de estos tres últimos años. (Rumores.)
¿Qué es lo que hemos hecho? Por un lado, modificar el sistema de
separación de cuerpos, con un acuerdo de las asociaciones y de los
cuerpos. Eso dio lugar a una enmienda parlamentaria que resolvió un
problema anclado desde hace aproximadamente diez años. (La señora
Mendizabal no existía la Agencia). Gorostiaga: Entonces En segundo
lugar, hemos aprobado una resolución para modificar la resolución que
ustedes hicieron de reparto del trabajo entre inspectores y
subinspectores y que, a lo mejor, no secunda ninguno de los
colectivos, quizás porque está hecha de una manera equilibrada y
pensando en los intereses de la organización y no en los de un
colectivo concreto frente a otro. La realidad es que las quejas, a
diferencia de las que se producían antes con la salida de la
resolución, han sido muy distintas. En materia de objetivos y de
calidad de las actuaciones inspectoras me sorprende que, frente al
sistema con el que ustedes trabajaron, que era de objetivos única y
exclusivamente cuantitativos, pero no sólo de cifras sino también de
actuaciones que eso probablemente era lo peor, ahora me plantee que
ese sistema de objetivos no es el correcto, cuando fueron ustedes los
que lo pusieron en marcha. Sin embargo, no me plantea una propuesta
concreta para ver cuáles son los indicadores que nos pueden permitir
evaluar con éxito el trabajo en una organización de cerca de
30.000 funcionarios.
Señora Mendizabal, estoy dispuesto a que cuando haga usted un
análisis del plan director con mayor detalle, y soy plenamente
consciente de que quizás es un documento que exige más trabajo y un
tiempo determinado para poder sacar conclusiones... (La señora
Mendizabal Gorostiaga: ¡Pero, si lo trajo ayer!) Yo he hecho lo
posible para que ustedes lo tengan con tiempo. De hecho lo envié con
fotocopias para todos los diputados de esta Comisión, algo que no se
hace normalmente. Lo que me gustaría, señora Mendizabal, es que,
cuando haga un análisis detallado de ese documento, podamos tener un
debate y planteemos propuestas y soluciones concretas, que es lo que
estoy esperando oír, y se lo digo sin ningún tono de crítica. Sin
embargo, a lo largo de estos tres años de legislatura, no he tenido
la oportunidad de escuchar propuestas concretas en relación a la
lucha contra el fraude, pero propuestas con puntos y comas, que es lo
que hay que poner encima de la mesa.
Me habla de politización de la Agencia, y lo he querido dejar aparte.
Puedo garantizarle que todos los nombramientos que se hacen a nivel
territorial son por razones profesionales y como consecuencia de
propuestas de los propios funcionarios de la organización. Sin
embargo, no tengo garantías de que eso ocurriera en el pasado, y se
lo tengo que decir así. Le puedo dar algunos ejemplos muy claros. Que
ahora recuerde, he tenido cinco directores generales,como mínimo, que
han trabajado durante muchos años con otro gobierno, y los he
mantenido porque eran magníficos profesionales y he estado encantado
de trabajar con ellos. Hay delegados a nivel territorial en la
Administración tributaria que han sido delegados durante muchos años
en los que ustedes tenían responsabilidades de gobierno. Estoy
encantado con el trabajo que están desarrollando y no hay ningún
motivo para cambiarlos. En los dos casos a los que usted ha hecho
referencia me gustaría que buscara información adicional porque, si
analiza esos dos casos, la conclusión a la que llegaría sería
radicalmente la contraria. Mucho mayor celo y preocupación por esas
cuestiones de las que, probablamente, usted puede presumir.
Me habla de los cambios, que son continuos y reiterados. Los cambios
se producen por razones organizativas y los directores generales que
tiene hoy la Administración tributaria o el Ministerio son
probablemente de los más estables que ha habido nunca. Me sorprende
mucho alguna de sus afirmaciones cuando ustedes tienen el récord del
director general de la Agencia Tributaria que menos tiempo estuvo en
su cargo y, sin embargo, no dieron ninguna explicación de por qué
había estado tan poco tiempo.
De todas maneras, le reitero el ofrecimiento que le he hecho antes.
Cuando le hicimos llegar el documento sobre el contenido que, en
nuestra opinión, debía tener el plan director de lucha contra el
fraude, y que fue el resultado de una reunión de trabajo que tuvimos
-lo digo porque ya es público-, le ofrecí la posibilidad de que me
hiciera llegar propuestas concretas para incorporarlas en ese
programa director. Le ofrecí también la posibilidad de hacer esas
propuestas concretas en este foro, en el Parlamento -probablemente es
el sitio adecuado-, para que las veamos y lasdiscutamos en este
Parlamento. Parto sin ninguna limitación,
se lo digo honestamente. Si llegamos a la conclusión de que alguna
medida de las que ha planteado el Gobierno, de las que he planteado
yo o de las que ha planteado la Administración tributaria, no es
adecuada o puede ser sustituida por otra mejor, estoy dispuesto a
tomarla en consideración sin ninguna limitación.
El Grupo Parlamentario Vasco ha hecho referencia a algunas cuestiones
y quiero destacar aquélla en la que manifestaba la necesidad de que
la Administración tuviera controles adecuados y suficientes para
garantizar que hechos como los que se han conocido, de carácter
aislado, no se estén repitiendo en estos momentos y, desde luego, que
no puedan repetirse en el futuro. Quiero decirle, señor Zabalía, que
esa es una preocupación del Gobierno, como lo es de su grupo
parlamentario. Hemos trabajado de manera muy intensa a lo largo de
los últimos años. Eso nos permite tener la garantía por lo menos, de
que hemos adoptado las medidas que estaban a nuestro alcance para
garantizar que hechos de esas características no se produjeran y que,
si se producían, se detectaran por la propia Administración y se
pudiera exigir responsabilidades a aquéllos que hubieran cometido
alguna irregularidad.
Le voy a dar algunos ejemplos única y exclusivamente para que usted
tenga la información, y aprovecho para dar respuesta con ello a
alguna otra cuestión que se me ha planteado por SS.SS. Apartir del
año 1996 se optó por reforzar mucho la utilización del Servicio de
Auditoría Interna como instrumento de control de modo complementario
y por poner en marcha medidas adicionales. Una de las misiones del
Servicio de Auditoría Interna de la Agencia es detectar conductas
irregulares, investigar, analizar y evaluar los sistemas de seguridad
y los controles internos. Desde 1996 se han incrementado muy
notablemente las visitas de inspección de los servicios por parte del
Servicio de Auditoría Interna para verificar si funcionan
correctamente o no los sistemas de control y si no hay
irregularidades en el funcionamiento de los servicios. En el año 1996
se hicieron 39, en el año 1997 se hicieron 53 y en 1998 se hicieron
159.
Además de los datos cuantitativos que quizás no son los importantes,
quiero destacar también que se ha producido en la orientación de los
trabajos del Servicio de Auditoría Interna un cambio de criterio muy
importante. Hasta 1995 las visitas del Servicio a los órganos y
dependencias de inspección de la Agencia respondían a motivos
puntuales, siendo de ámbito reducido y siendo cuando menos inusual la
realización de auditorías globales en una dependencia u órgano de
inspección. Concretamente, en el trienio 1993-1995 no se desarrolló
ninguna auditoría completa en esta línea. ¿Que probablemente existían
otras prioridades en aquellos momentos desde el punto de vista de la
organización? La realidad es que en el trienio 1993-1995 no se
desarrolló ninguna auditoría completa en las dependencias u órganos
de inspección. Por el contrario, a partir del año 1996, el Servicio
de Auditoría Interna incorpora decididamente este nuevo método de
trabajo y se han desarrollado en estos tres años 10 auditorías
integrales a órganos y dependencias de la inspección de la
Administración tributaria. Es un esfuerzo por intensificar los
controles y, como es obvio, esas mejoras tienen que seguir
produciéndose en el futuro, porque la mayor garantía de que una
organización funciona correctamente
y no se producen anomalías que no sean fundamentalmente
anecdóticas es siempre intentar potenciar los mecanismos de
seguridad, los mecanismos de control, porque al final es una garantía
de calidad.
Quiero decir que para el año 1999 el programa de actuaciones del
Servicio de Auditoría Interna, en relación con el área de inspección,
incorpora, recogiendo las comisiones de seguridad y control que se
plantearon en esta Comisión hace aproximadamente dos años y que
algunas de SS.SS. recordarán, entre otras actuaciones las siguientes:
visitar y realizar una auditoría a la inspección de determinadas
áreas provincial y regional adicionales, a las que ya se han venido
desarrollando, en algunas de las cuales se sigue trabajando, como es
obvio; colaborar en la recaudación de las actas, verificar que se
está colaborando activamente en la recaudación de las actas entre los
órganos de inspección y los órganos de recaudación; verificar que se
ultiman las actuaciones inspectoras en el plazo de un año con arreglo
a lo dispuesto en el Estatuto del Contribuyente; y realizar algunas
otras en materia de prevención, detección e investigación de
conductas irregulares que quiero destacarles. La investigación es
sobre fuga y venta de información; el control de accesos indebidos a
información de carácter tributario; el control de transacciones de
riesgo elevado, como la aprobación de devoluciones o las
declaraciones de fallidos, y un plan de análisis de control de bajas,
incorporaciones y finalizaciones de actuaciones inspectoras a nivel
nacional. Esa es una de las cuestiones que está recogida en el Plan
director del Servicio de Auditoría Interna. Pero se han creado otros
instrumentos y otros mecanismos. Por ejemplo, el Servicio de
Auditoría Interna recibe y toma nota de todas aquellas quejas que los
ciudadanos presentan al Consejo de defensa del contribuyente en
relación al funcionamiento de los servicios. Esas quejas permiten a
los órganos de la Administración mejorar sus actuaciones, mejorar su
situación día a día.
Hacía referencia también a algo importante, a las comisiones de
seguridad y control. Sin duda las comisiones de seguridad y control
son un instrumento muy importante que además toma como base la
experiencia que ha tenido la organización interna en materia de
informática, donde la garantía de los controles ha funcionado de una
manera correcta, para extenderlas a otras áreas y, desde luego, en
concreto a las áreas de inspección. Si lo consideran oportuno, en
alguna futura comparecencia estoy dispuesto a darles cumplida cuenta
del trabajo y de las propuestas que vienen haciendo las comisiones de
seguridad y control para mejorar todavía más el funcionamiento de la
Administración tributaria y garantizar que no se producen
irregularidades.
En materia de fijación de objetivos, que han dicho SS.SS. que es una
de las cuestiones que les preocupan en particular y en las que el
Gobierno ha errado el tiro porque ha planteado unos objetivos
cuantitativos y no unos objetivos de otras características, lo
primero que quisiera decirles es que los objetivos que han sido
fijados en términos cuantitativos por los distintos departamentos de
la Agencia, y por tanto por el conjunto de directivos de la
Administración tributaria, han sido discutidos por primera vez y se
ha ofrecido a los representantes de los funcionarios del área de
control la posibilidad de aportar propuestas o criterios para
cambiar los indicadores de medición de los objetivos. De momento no
se ha recibido ni una sola propuesta concreta; la única propuesta
concreta es que los objetivos cuantitativos tienen que ser más bajos.
Entiendo que los objetivos cuantitativos puedan ser ambiciosos y
entiendo que para muchos funcionarios es un esfuerzo muy importante
tener y llegar a cumplir con esos objetivos, pero en estos momento no
hay ningún otro indicador de medición del trabajo y de los resultados
de la organización en el área del control que sea mejor que los
objetivos cuantitativos. Les quiero decir algo. Parece que hoy en
esta comparecencia se minimiza mucho la importancia de los objetivos
cuantitativos, cuando sin embargo en otras oportunidades que hemos
tenido de debatir estas cuestiones el cumplimiento o no de esos
objetivos cuantitativos se convertía en un argumento para cuestionar
el buen funcionamiento de la organización. Lo he dicho: estamos en
los primeros cuatro meses del año 1999, un tercio del año, y los
objetivos en términos cuantitativos se han cumplido por encima de ese
tercio respecto a lo que es la previsión anual.
En materia de objetivos, nosotros hemos introducido algunas mejoras
y, lo decía el señor Saura, a lo mejor no son suficientes o no son
todavía adecuadas. La primera mejora que hemos introducido (porque
también hemos hecho un análisis crítico de la situación y año tras
año tenemos nuestros debates internos y nos planteamos nuevas
fórmulas) es no establecer objetivos cuantitativos en términos de
número de actuaciones; las actuaciones tienen que ser un instrumento
para alcanzar unos resultados, pero no deben ser un fin en sí mismo
de la organización, por lo menos en nuestra opinión. Hemos hecho ese
planteamiento político, y estoy dispuesto a volver a discutir. Es una
mejora y un cambio en materia de objetivos con relación a lo que se
planteó en años anteriores.
Otro cambio importante es que los objetivos no se fragmenten por
áreas o por departamentos. Ustedes me reprochaban que eso suponía que
la capacidad del Parlamento para controlar el cumplimiento de los
objetivos de la Agencia se iba a ver muy mermada. Creo que los
objetivos no deben estar compartimentados por áreas. Un funcionario
puede iniciar un expediente y concluir que debe o no ir a delito
fiscal; un funcionario puede dedicarse a comprobar las devoluciones y
reducir los flujos de tesorería que salen del Tesoro Público hacia
determinados contribuyentes, y eso en mi opinión es tan importante y
vale lo mismo que un acta de inspección. La dirección de la
organización tiene que tener suficiente flexibilidad como para ir
adecuando los objetivos o el trabajo de los departamentos en cada
momento en función de las necesidades que considere. Vuelvo a decir
que estoy dispuesto a que tengamos un debate sobre esta cuestión;
estoy dispuesto a que tengamos un debate sobre la cuestión de si
Aduanas tiene que hacer tanto o lo importante no es que lo haga
Aduanas sino que entre Aduanas y otra área de la Administración
tributaria se haga tanto. Ese debate concreto estoy dispuesto a
plantearlo y a discutir con ustedes.
También estoy dispuesto a discutir sobre los otros objetivos y la
manera de medirlos. Parece que en el área de ayuda al contribuyente
no hay ningún conflicto entre cuáles tienen que ser los objetivos de
la organización y el trabajo que se está desarrollando; ahí parece
que estamos
todos de acuerdo. Si SS.SS. tienen la amabilidad de hacerme una
propuesta concreta sobre cuáles tienen que ser los objetivos y cómo
se miden en el ámbito de la Agencia Tributaria, estoy dispuesto a
discutirla. Es más, estoy dispuesto a trabajar con SS.SS. en diseñar
esos objetivos si es muy difícil que cada uno pueda hacer propuestas
concretas, ponerlos encima de la mesa y discutirlos con ustedes, pero
de momento a mí no me ha puesto encima de la mesa nadie, ningún
funcionario de la Administración tributaria unos objetivos distintos.
Cuando les he preguntado, me han dicho: no, los objetivos los tienes
que fijar tú, nosotros ya opinaremos luego sobre ellos; a SS.SS. les
planteo exactamente lo mismo.
Con el Plan director hemos intentado fijar junto con los objetivos
cuantitativos unos objetivos cualitativos. A mí me preocupa el
fraude, la cifra global, y es lo que voy a utilizar como criterio de
medición del trabajo de la Agencia. Pero como me preocupa de dónde
sale ese dinero, quiero que ese fraude venga de actuaciones en
economías sumergidas, de actuaciones en grupos de empresas, de
actuaciones en paraísos fiscales, de actuaciones en materia de
Internet o de ciberdelincuencia; eso es lo que me interesa. Yo me he
comprometido con ustedes, tiene usted razón, señor Saura, que
personalmente le dije que había que poner indicadores y he intentado
dar algunos para ver si a ustedes les parecían razonables como
criterio de medición en algunas áreas, pero estoy dispuesto a
discutirlos. Nuestra intención y compromiso es no sólo decir: yo he
cumplido con el trabajo de recaudar o de descubrir fraude por importe
de 100, 200, 400 ó 600, sino que además en esas áreas concretas se
han logrado estos avances en el año 1999, en el año 2000 o en el año
2001. He querido asumir con ustedes ese compromiso político al
presentarles el Programa director, de la misma manera que tenemos la
posibilidad aquí, si SS.SS. lo consideran oportuno, de fijar otra
área adicional de atención prioritaria. El señor Ríos ha hecho
referencia a que hay algunas cuestiones que en su opinión deberían
ser objeto de atención preferente. Yo estoy dispuesto a
incorporarlas, a que las tengamos en cuenta y a que por tanto haya
que dar información sobre esas áreas concretas.
En cuanto al sistema de productividad de la Agencia, comprendo todas
las críticas que hay sobre ese sistema de productividad, se lo digo y
estoy de acuerdo con usted en eso, señor Saura. Es decir estoy de
acuerdo en que es un sistema mejorable, pero tenemos que saber cómo
lo mejoramos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es,
primero, partir de una situación en que la productividad por
objetivos es una porción muy reducida -y se lo puede preguntar a
cualquier funcionario- de la productividad global que percibe, ésa ya
es una realidad de entrada, y la modificación que introducimos fue
ligarlo no sólo a la deuda descubierta, sino a la deuda liquidada
para que hubiera también un interés de los actuarios en el buen fin
de las actuaciones inspectoras desde el punto de vista de la
liquidación. También teníamos un problema de partida, y es que la
productividad por objetivos estaba congelada desde el año 1992, si no
recuerdo mal, aunque tal vez la memoria me falla. ¿Y eso qué suponía?
Que a pesar de haber nuevas incorporaciones de funcionarios, a pesar
de a lo mejor hacer más trabajo que el año anterior, sin embargo el
saldo de la productividad caía, con lo cual se perdía
como instrumento para premiar la labor de investigación y la labor de
lucha contra el fraude.
Estamos analizando permanentemente de qué manera podemos modificar
este criterio, porque cualquier instrumento es imperfecto y se puede
mejorar y seguimos trabajando en ello. Créame, yo no estoy satisfecho
con este sistema de productividad ni de medición del trabajo
realizado por los funcionarios de la organización y estoy dispuesto a
cambiarlo; de hecho los directores de la Agencia, el director del
departamento de Inspección tiene una instrucción, y es trabajar en lo
que puede ser una modificación y una mejora del sistema de
productividad de los funcionarios de la organización, teniendo en
cuenta los problemas que se han venido poniendo de manifiesto en el
pasado. Esto que me preocupa desde el inicio de la legislatura y por
eso al menos se han hecho dos cosas: desbloquear o descongelar el
fondo de productividad y modificar el criterio de atribución en
función de otro factor, que era la liquidación de las actas de
inspección.
En materia de investigación, que es probablemente, más importante y
lo que está debajo de este debate desde el punto de vista político y
lo que plantean además los colectivos de funcionarios dentro de la
organización, yo comprendo esa reivindicación, yo comprendo que los
funcionarios de la organización día a día reivindiquen una mayor
calidad de su trabajo y que para valorar la calidad de su trabajo
quieran en definitiva premiar y primar la investigación frente a lo
que puede ser otro tipo de actuaciones de control más tradicionales.
¿Y qué esfuerzo hemos hecho ahí? ¿No hemos dicho que todos los
funcionarios tienen que hacer una parte de su trabajo en
investigación? ¿Eso no lo hemos dicho? Eso lo asumo yo, aunque en el
programa director haya un compromiso de empezar a dedicar en el
futuro una parte del tiempo de los funcionarios a investigación.
Lo que hemos hecho es lo que se puede hacer, y lo que se puede hacer
¿qué es? Dedicar más funcionarios a investigación de manera completa
para descubrir fórmulas de fraude y nutrir a la organización. ¿Y qué
es lo que ha hecho la ONIF para que usted lo vea como una de las
primeras cosas de su trabajo a lo largo de estos meses? Pues lo
primero que ha hecho ha sido intentar aprovechar el knowhow que
tienen los funcionarios de la organización a nivel territorial para
cargar los planes de actuación y ha pedido en cada organización
territorial qué fraudes son más importantes allí y pueden ser
distintos a los que a lo mejor se detectan en otras administraciones
y qué técnicas de investigación concreta están aplicando allí. Lo que
se está haciendo es difundir ese tipo de fraudes detectados a nivel
territorial y las técnicas de investigación, y por tanto las
experiencias de los funcionarios para que nutran al conjunto de la
organización. Una de las cosas que está haciendo la Oficina Nacional
de Investigación del Fraude, que usted ha dicho que es muy
importante, yo lo comparto con usted porque en el plan de
modernización de la Agencia y era una de las cosas que estaba
prevista, es realizar estudios sectoriales. ¿Y eso cómo lo podemos
hacer hoy? Lo podemos hacer gracias a la información que recibimos de
las empresas, porque presentan en su mayor parte y sobre todo las
empresas grandes sus declaraciones por vía telemática y nos permite
tener un análisis automático y disponer de una información de la que
antes no podíamos disponer si
no era tras un lento proceso de grabación. Eso nos va a permitir
llegar a nuevas conclusiones.
Destaca el señor Saura como positivo que el plan director sea
plurianual y que tenga un cambio de orientación. Yo me alegro. Ya le
he dicho que era plurianual o bianual el plan de lucha contra el
fraude el año 1996, que puede gustarnos o no gustarnos. Usted sabe
además que algunas de las ideas que figuran en el programa director
eran inquietudes que hemos manifestado en alguna ocasión sobre áreas
y hechos en los que hay que incidir de manera prioritaria.
Me dice que es ambiguo y sobre todo que faltan indicadores en muchas
cuestiones. Ésta es una valoración subjetiva. A mi me parece que como
programa director tiene que marcar los principios y no concretar
determinadas cuestiones, pero desde luego en mi intervención he
intentado hacer una exposición de lo que me parecía relevante desde
el punto de vista económico de datos, de cifras, algunas de las
cuales me ha cuestionado e intentaré contestarle sobre cuál es el
marco. He propuesto algunos indicadores. Por ejemplo en materia de
medición de la economía sumergida y de las actividades ilícitas un
indicador puede ser el consumo de tabaco de contrabando; es un
indicador muy claro que yo ya he manifestado en alguna ocasión. En
materia de economía sumergida, un indicador puede ser analizar cómo
evolucionan las retenciones del trabajo personal con relación al
crecimiento del empleo; ése puede ser un indicador que al menos nos
ponga de manifiesto si se reduce o no se reduce la economía
sumergida. Yo he intentado dar unos datos, pero se los puedo dar con
el detalle que quiera. En materia de economía sumergida un indicador
puede ser el comportamiento de la recaudación del IVA y cuál es su
relación con el consumo privado desde el punto de vista estadístico.
Igual que vimos que en el año 1995 a pesar del subir el IVA no creció
la recaudación prácticamente, estamos viendo estos años que la
recaudación por IVA crece mucho más que el consumo, entre otras cosas
por dos medidas adoptadas: por la imposibilidad de que un empresario
en régimen de módulos pueda trasladar dinero de otra actividad a esa
actividad de módulos, que ya no se puede hacer, y porque el IVA que
ingresan los empresarios en módulos está condicionado por el IVA que
pagan efectivamente los empresarios de módulos. Eso ha tenido
incidencia en el comportamiento de la recaudación por IVA.
Hacía referencia a los paraísos fiscales. Nosotros hemos adoptado
normas en esta legislatura en materia de lucha contra los paraísos
fiscales. A lo mejor hay que hacer más cosas, pero usted sabe que
hemos cambiado la residencia y si una persona se va a un paraíso
fiscal no deja de ser residente en España. Nos gustará o no esa
medida, pero es una medida legal y es un avance, porque ahí ya no se
entra en debates de si es residente o no es residente. Ahí el debate
está muy claro: usted es español, deja de ser residente en España,
pero durante un período de tiempo tiene que seguir pagando impuestos
en España, aunque esté todo el año en un territorio de baja
tributación. ese cambio es radical. Que tributen por transparencia
las inversiones en paraísos fiscales es un cambio que en parte se
introdujo la legislatura pasada y que nosotros respaldamos, y con
relación a las instituciones de inversión colectiva se ha dejado muy
claro en esta legislatura. Que en esta declaración del impuesto sobre
sociedades que se va a plantear ahora tengan que
especificarse como dato independiente todas las transferencias
a paraísos fiscales va a nutrir los programas de control de los pagos a
paraísos fiscales de manera importante. Le voy a decir más. Una de
las cosas sobre la que estamos reflexionando en el área de la
Secretaría de Estado de Hacienda en materia de paraísos fiscales es
que la lucha no puede ser una lucha poco proactiva, como decía uno de
los principios del programa, y empezamos a analizar qué casos pueden
ser territorios de baja tributación, con independencia de los temas
de Unión Europea que si quiere algún día hablamos de ellos, para
modificar en su caso el decreto que establece los territorios
considerados de baja tributación. Los datos que yo le he dado sobre
los paraísos fiscales me los ha proporcionado la Secretaría de Estado
de Comercio, usted los conoce, y son los únicos que yo le he
suministrado.
Me ha hecho algunas preguntas concretas sobre temas particulares.
Respecto a las preguntas relativas a contribuyentes particulares sabe
perfectamente, señor Saura, con independencia de que me pueda
apetecer mucho o poco darle información, no puedo manifestarme. Yo
sólo le voy a decir dos cosas. La primera es que exigir
responsabilidades en el área penal no es algo que deba basarse en
criterios de oportunidad política, tiene que basarse en la ley.
Cuando la ley determina algo y los órganos competentes son los que
tienen que encargarse de aplicarlo, se debe perseguir en vía penal,
pero no porque alguien lo decida porque me apetece o no me apetece; y
tienen que ser los órganos competentes. Desde luego no voy a tomar
nunca ninguna decisión desde esa perspectiva, creo que deben ser los
órganos competentes los diligentes y los responsables de establecer
las acciones cuando hay incumplimiento de normativa desde el punto de
vista penal.
Con relación a contribuyentes particulares -y sin que se lo diga o no
el secretario de Estado de Hacienda- la Administración tributaria
tiene como obligación perseguir cualquier conducta si es irregular;
si es una conducta regular y dentro de la ley, la Administración
tributaria no tiene nada que hacer.
Respecto a los expedientes de los subinspectores, estoy dispuesto a
dar la información. Me consta que única y exclusivamente se está
planteando exigir responsabilidades a funcionarios que hayan
incumplido obligaciones de manera reiterada en materia laboral, según
me ha trasladado la dirección de la Agencia. se les ha pedido también
es que ratifiquen algunas acusaciones, denuncias o informaciones que
manifestaron, en la medida que pudieran o no ser luego determinadas
como falsas.
Con relación a la situación que se ha planteado en el ámbito de la
Administración tributaria en Cataluña, en primer lugar voy a hacer
una consideración general. Valoro positivamente que se haya hecho un
planteamiento riguroso, frío y sensato sobre esta cuestión y que SS.
SS. compartan que ante hechos aislados hay que actuar de manera
contundente y con todo el peso de la ley, pero que en ningún caso se
puede menoscabar el crédito ni la profesionalidad de los funcionarios
de la Administración. Por ese camino vamos a actuar de manera
conjunta en todo momento.
Dice S.S. que no he hecho declaraciones y que no he dicho lo que
tenía que decir. A lo mejor no han tenido el eco que me hubiera
gustado tuvieran. Lo primero que dije
es que cuando se detecta una irregularidad, el servicio de auditoría
interna y los órganos competentes de la Administración se ponen a
investigar cualquier irregularidad para exigir responsabilidades si
es preciso, y si no lo han hecho desde luego lo hacen por instrucción
directa del director de la Agencia o del presidente de la Agencia
Tributaria. Eso fue lo primero que manifesté. Si el eco que ha tenido
en los medios de comunicación no le satisface a usted desde el punto
de vista personal, yo lamentablemente creo que me parecía oportuno
decirlo.
En materia de control he dicho que hay que seguir trabajando para
garantizar día a día los mejores y más eficientes controles. Eso es
lo que tenemos que hacer. Es el compromiso que desde el punto de
vista político debe tener el responsable de una organización. Yo le
puedo garantizar que en esa línea se ha avanzado muchísimo a lo largo
de estos últimos años, si quiere incluso a lo largo del conjunto de
la vida de la Administración tributaria, porque al principio habría
unas prioridades, que era sobre las que tenían que centrar sus
actuaciones los órganos de control interno, y en otros momentos hay
otras prioridades que es sobre las que se trabaja, y le he dado
información del trabajo que se ha venido desarrollando.
Creo que hay garantías de control dentro del procedimiento de
inspección, son garantías adecuadas, garantías que no pueden evitar
una situación particular, pero hay garantías de control en el
procedimiento de inspección y se han reforzado claramente los
controles para garantizar un funcionamiento adecuado y para que no se
produzcan irregularidades. He hecho referencia a alguna de las
cuestiones que figuran en el plan de actuaciones del servicio de
auditoría interna para garantizar que no hay irregularidades
singulares en las actuaciones administrativas.
No puedo decirle cuáles son las conclusiones a que se puede haber
llegado en la investigación. Sí le puedo decir que todo lo que se
detecta se remite a los órganos jurisdiccionales. También le puedo
decir -y aprovecho para contestar a don Pedro Antonio Ríos- que soy
consciente que desde el punto de vista de la opinión pública y desde
el punto de vista de SS.SS. a lo mejor podría ser más interesante dar
una información mayor sobre todas estas cuestiones, pero los
servicios jurídicos, tanto de la Agencia Tributaria como del
Ministerio, me han censurado de manera muy tajante y contundente las
posibilidades de suministrar información, a pesar de que yo desde un
punto de vista político pudiera tener interés en dar más información
y que hubiera mayor transparencia en estos momentos sobre todas las
claves del trabajo que está desarrollando la Administración
tributaria.
Con relación a propuestas nuevas, le vuelvo a decir lo mismo, señor
Saura. Aalguien que tiene responsabilidades políticas le tiene que
preocupar que sigamos trabajando día a día, año a año en reforzar los
controles y en dar las mayores garantías posibles de que situaciones
irregulares no se están produciendo.
Ha hecho referencia a la necesidad de que se pueda plantear un código
de conducta en el ámbito de la Administración tributaria que debería
afectar a cualquier persona vinculada a esa Administración
tributaria. Estoy totalmente de acuerdo y creo que deben ser los
funcionarios los que participen directamente en la elaboración de ese
código,
entre otras cosas porque tiene que ser el resultado de los valores
que con carácter general tienen hoy asumidos los funcionarios de la
Administración tributaria y tiene que ser el referente para aquellos
que no comparten esos valores comúnmente asumidos. Por tanto, en esa
iniciativa estamos de acuerdo, y si lo considera oportuno podemos
trabajar.
También se ha hecho referencia a algunas otras cuestiones. Por
ejemplo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha
referido a aspectos importantes del plan director, como la necesidad
de potenciar y reforzar la coordinación entre las áreas de inspección
y las áreas de recaudación. Tengo que decirle que ése es un objetivo
prioritario, así lo hemos venido haciendo y estamos de acuerdo con el
planteamiento que ha hecho. En el área de recaudación, dentro de los
objetivos se da una especial prioridad a lo que puedan ser
investigaciones para rehabilitar contribuyentes declarados como
fallidos en el pasado, a través de investigaciones que permitan
detectar que tienen patrimonio o activos con los que hacer frente a
deudas tributarias que no pagaron en el pasado. Ahí se ha hecho un
esfuerzo importante en los últimos años, ya que el departamento de
recaudación lo ha fijado como prioridad, así como potenciar el
ejercicio de acciones penales y civiles, que somos conscientes de que
para una organización es un proceso lento y complicado, pero por el
hecho de que sea lento y complicado no debemos renunciar a esa
posibilidad legal y debemos utilizar todos los mecanismos a nuestra
disposición. A lo largo del año 1998 prácticamente se ha duplicado el
ejercicio de acciones penales y civiles, un dato que pone de
manifiesto que estamos trabajando en eso que usted está planteando.
Tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en ampliar nuestra red
de convenios de doble imposición, para garantía de la Administración
tributaria y también para garantía de que nuestros agentes económicos
cuando operan en el exterior tienen un marco adecuado de actuación;
desde esa perspectiva, existe mucha más seguridad en el punto de
vista jurídico.
Estoy de acuerdo en que el principio de equidad tiene que guiar las
actuaciones de la Administración tributaria, que es un principio
básico y que todos los órganos y funcionarios de la Administración
tienen que adoptar sus decisiones teniendo en cuenta el equilibrio,
la equidad y el cumplimiento de la legalidad.
También estoy totalmente de acuerdo en que no debe haber paraísos
fiscales a nivel territorial y uno de los problemas que puede tener
una organización para ser eficaz es que esté sobredimensionada en
determinadas áreas, y a lo mejor esté infradotada, desde el punto de
vista de personal, en otras áreas. Yo recuerdo muy bien uno de los
análisis del informe sobre el fraude del año 1994, cuando decía
precisamente que Madrid, como delegación territorial, estaba
absolutamente infradimensionada teniendo en cuenta todas las ratios
que se podían analizar desde el punto de vista de los contribuyentes.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo para reforzar la estructura
territorial en el ámbito de la delegación de Madrid, que debo
reconocer es un esfuerzo que se inició a lo largo de los últimos años
de la legislatura pasada y que además asumió como propio el delegado
de la Agencia en aquellos momentos, don Carlos García Vinuesa. en ese
ejercicio hay que seguir trabajando claramente.
Asimismo, estoy totalmente de acuerdo con usted en que la
profesionalidad de los funcionarios de la Administración tributaria
está fuera de toda duda, y de ninguna manera podemos aceptar, que
esté en entredicho. Lamentamos que algunas informaciones o
manifestaciones que pueden hacerse, lejos de responder a la realidad
introduzcan distorsiones e intenten entrar en un debate que única y
exclusivamente conduce a un perjuicio importante para la institución.
Desde esa perspectiva, nosotros seguiremos trabajando.
Con relación a lo dicho por el señor Zabalía, creo que a lo largo de
mi intervención he contestado a bastantes de las cuestiones que me ha
planteado. En estos momentos quiero volver a insistir en que nuestra
intención y la intención de las personas que están trabajando en el
ámbito de la Administración tributaria es actuar con firmeza y
contundencia para garantizar que en cualquier irregularidad que se
detacta se exigen responsabilidades desde el punto de vista legal,
así como decir que comparto también la permanente necesidad de
reforzar los controles, como ocurre en cualquier organización de
ámbito privado, la Administración pública tiene que tomar buena nota
de esos criterios y de esos principios.
Estoy de acuerdo en que siga planteando la reflexión acerca del
modelo. Está en su derecho, pero yo creo que el modelo de Agencia
tributaria, como le he dicho en alguna ocasión, es un modelo
positivo, aunque dentro de esa reflexión general haya cosas que
debemos y podemos mejorar y en eso estamos dispuestos a trabajar con
usted.
Con esto he terminado. He intentado dar respuesta a las cuestiones
planteadas y quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un turno de réplica. En primer lugar
tiene la palabra la señora Mendizabal, por el Grupo Socialista.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Voy a empezar por la cuestión de la
documentación, que creo he mencionado al señor secretario del Estado
antes de entrar a esta sala. Parece que aquí se han enviado los
papeles con tiempo, pero no es así, señor Costa, no se han enviado
con tiempo. Usted tiene costumbre de traerlos el viernes al Congreso,
y por muchas fotocopias que mande para todos los representantes de
los grupos parlamentarios, no es suficiente antelación, porque parece
ser que se entregó la documentación en los despachos ayer a las dos
de la tarde. Efectivamente, yo no la he recogido hasta esta mañana,
pero los demás ayer a las dos de la tarde. Un programa de estas
características no es para que se entregue así. Por tanto, yo le
rogaría que a partir de ahora y siempre que envíe a esta Cámara un
documento, lo envíe como mínimo con una semana de antelación.
Señor Costa, yo no tengo ninguna idea estática de la historia, y por
supuesto tampoco de lo que es la economía, de su evolución, de lo que
es una Administración tributaria y de lo que puede ser la lucha
contra el fraude fiscal; por tanto soy perfectamente capaz, somos
perfectamente capaces en mi grupo de reconocer cuándo un modelo está
agotado y hay que buscar algo distinto. Por tanto, cuando me diga
ustedes no lo hicieron, no me vale. Pero además, ¿qué quiere que le
diga?, En determinadas cuestiones creo que
tienen que avanzar y ser cada vez mejores. Que usted me haga la
crítica de que no se podía hacer la declaración de la renta por
Internet hace cuatro años, me parece una tontería.
Pero una vez más, señor Costa, usted es aquí el compareciente, la
autoridad que viene a comparecer, y por tanto viene aquí a dar cuenta
de su gestión, de sus actuaciones y de lo que actualmente le ocupa a
usted y preocupa a los contribuyentes españoles y a la opinión
pública española. Le digo una vez más que la utilización de la
técnica vulgarmente conocida como y tú más no sólo es totalmente
inútil sino que termina resultando bastante ridícula, porque no va
a callar a mi grupo ni a los 9 millones de españoles que le han votado
para denunciar o controlar aquello que tiene que denunciar y aquello
que tiene que controlar. No creo que la utilización de esa técnica de
manera continua contribuya a presentar una imagen de su
responsabilidad institucional ni transmita cierta garantía de su
gestión. La utilización de esa técnica continua de la descalificación
de la oposición, máxime con la actitud que me ha parecido bastante
ridícula de leer titulares de periódicos de hace no se cuánto tiempo,
no esconde más que una falta de argumentos para responder a las
cuestiones que realmente se le plantean.
Señor Costa, será usted quien tenga que dar cuenta de sus
actuaciones, no de herencias recibidas. Usted mismo vaya con lo suyo
por delante, pero veo que es totalmente inútil que se le diga algo y
que se trate de ver algo más allá de su autocomplacencia, señor
Costa, porque usted será dueño de su autocomplacencia, pero desde
luego va a ser víctima de su falta de responsabilidad.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Estamos hablando de un tema sensible, pero no
es bueno entender que cuando alguien señala deficiencias y
limitaciones esté cuestionando una institución o poniéndola en tela
de juicio, en este caso a la Agencia Tributaria. Lo que pasa es que
han surgido un sinfín de valoraciones, y la mejor forma -porque yo
comparto lo que decía el director general de Inspección- o la receta
más eficaz para aclarar cualquier cosa es una investigación seria,
eficaz, rápida y en estrecha colaboración con la justicia. Pues eso
es lo que creo que debe hacerse, y al plantearlo cada uno de
nosotros, estamos planteando que eso sea realidad, no que quede como
una frase bonita. Han dado una serie de informaciones que yo creo que
deberíamos administrar para el futuro, e incluso las ofertas que
usted ha podido hacer.
Ha explicado los tres objetivos o las tres tareas que tiene la
Agencia y cómo han mejorado en su gestión. Y ha puesto en marcha, por
ejemplo, garantizar los ingresos del Estado, ha dicho que ha habido
más acercamiento entre lo que se presupuestó con lo que se ha
recaudado. Eso puede producirse porque hayan presupuestado mejor,
porque haya un mayor volumen de ingresos o porque funcione una
realidad económica distinta, pero no por la eficacia de una propia
gestión. Yo no le voy a proponer nunca una dualidad contraria entre
calidad y cantidad como planteamiento para funcionar en la propia
agencia. No tiene por qué ser antagónico; lo malo es cuando la
actuación queda muy estática
en una de las dos realidades. Pienso que la productividad no es la
forma de poder funcionar y valorar el trabajo dentro de la agencia,
no es para estimular, y además el embarrancamiento que ha tenido
usted en la agencia ha provocado una determinada situación. Yo le
diría algo que en mi pueblo se usa mucho y es que, mal de muchos, el
consuelo no le debe servir, por ser más agradable. (Risas) No venga
usted a explicarnos que su gestión ha sido poco menos que un paseo de
rosas por la Agencia Tributaria porque o yo no he conocido la misma
etapa que usted o no es así. Usted ha tenido una situación complicada
en el último año dentro de la Agencia, complicada en todos los
sectores, e incluso creo que su objetivo ha sido relanzar la
actividad para superar esa realidad. Eso es lo que yo entendí que era
su compromiso, al que nos invitaba a todos los grupos, y en el hemos
participado nosotros dándole opiniones o aportándole soluciones.
Quisiera utilizar como ejemplo lo de Barcelona para ver si es un
hecho casual que se ha producido en una delegación, la de Barcelona,
si se ha producido sólo en un momento determinado y si los controles
que ustedes ponen en marcha han funcionado. Le voy a hacer cuatro
preguntas concretas sobre esto. Decía el director de la inspección
que la Agencia detectó, gracias al funcionamiento de sus controles
internos, actuaciones con indicios de irregularidad de un determinado
funcionario y que presentó una denuncia en el ministerio fiscal.
¿Cuándo se ha producido eso? ¿Ha sido con un solo funcionario? ¿Están
investigando ustedes a un inspector o a 10 inspectores en Barcelona
en concreto? ¿Es sólo en Barcelona? ¿Ha servido para detectar esta
actuación o han tenido que tomar medidas más generales? Otra
cuestión, ¿Han distribuido ustedes una circular del servicio de
auditoría interna recordando a los inspectores las incompatibilidades
profesionales? ¿Por qué se ha hecho ahora y no se ha hecho antes? ¿Y
en qué condiciones se ha hecho? ¿El Ministerio de Hacienda ha
remitido a la Fiscalía Anticorrupción 30 expedientes en los que ha
detectado irregularidades en las inspecciones determinadas de los
años anteriores a 1994; ¿por qué las ha remitido ahora? ¿Ha actuado
por iniciativa propia o porque desde fuera, desde las otras
instancias, le han promovido esa actuación? Le estoy llevando a una
serie de planteamientos, no con el ánimo de hurgar y buscar cómo
funcionaron mejor o peor en unos momentos determinados, sino para que
se precise si es una sola actuación puntual, se depure la
responsabilidad que se pueda producir y sobre todo que se adopten las
medidas para que no vuelva a pasar. La explicación que se ha dado es
que se han puesto en marcha una serie de comisiones de seguridad y
control -no sé a partir de qué momento han empezado a funcionar- y
que con eso está haciéndose realidad ese control.
Estoy convencido de que los hechos, sean aislados o sean más amplios,
es mejor aclararlos. Aclarar es bueno. Los casos que están en
procedimiento judicial estarán en procedimiento judicial, pero yo
pregunto por las actuaciones administrativas. Siempre hay una
discusión: actuaciones administrativas por un lado y actuaciones
penales o jurídicas por otro lado. Yo le pregunto solamente por las
administrativas. Creo que esa será la mejor fórmula para funcionar.
En cuanto al tema de las situaciones que han podido aparecer -esto no
tiene nada que ver con Barcelona-
por el tema de los subinspectores y por algunas sustituciones que
ustedes están haciendo, no se crean que cuanto más adeptos sean a la
organización a la que usted pertenece mejor van a funcionar las
cosas. Digo esto porque no han sido puntuales los cambios que ustedes
han producido, ni territorial ni sectorialmente. En la región en la
que yo vivo, cinco altos cargos de la delegación territorial han sido
cambiados en su etapa. Y usted ha dicho que es que ha gobernado con
directores que pertenecían a otros gobiernos. Tradicionalmente ha
sido así. De la democracia para acá allí no se había cambiado esa
figura. Solamente se hizo una vez porque se había marchado, no había
un problema de cambio de Gobierno, y han pasado gobiernos desde
entonces. Lo malo es que en esta etapa concreta han sido cinco los
altos cargos que han cambiado, a veces obedeciendo a tensiones que ni
siquiera son sociales o profesionales, sino de dentro de una de las
familias organizativas. Ese ejemplo es malo, porque esa apuesta por
una parte del todo es complicada.
Le rogaría que las soluciones nunca fueran atacar a quien pone en
conocimiento irregularidades o anomalías. Aclaren y expliquen las
anomalías, y después actúen; si no, el ejemplo de los subinspectores
u otros puede servirles para un momento, porque terminen callándose,
pero no porque solucionen la enfermedad. Y lo bueno es que la
enfermedad se cure para que no tenga rebrotes. Los rebrotes son
malísimos.
El señor PRESIDENTE: Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Habida cuenta de la hora y de la extensión de
las intervenciones, sobre todo del señor Ríos, esperamos la
contestación a sus preguntas. Hay alguna que ya se ha hecho
anteriormente sobre las investigaciones que se están realizando y si
las actuaciones únicamente abarcan el ámbito de la Delegación de
Hacienda especial de Cataluña o hay algo en alguna otra comunidad.
Obviamente tenemos interés en conocer su respuesta a esta y a otras
preguntas. Teniendo en cuenta que asumimos con carácter previo ese
respeto por los informes jurídicos que le han sido suministrados,
estamos a la espera de obtener alguna respuesta, como digo, en la
medida en que pueda ser suministrada sin perjuicio de los deberes del
señor secretario de Estado y de la eficacia de la investigación que
pueda estarse realizando.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: También voy a ser muy rápido, señor
presidente.
Señor Costa, usted ha iniciado su intervención planteando que
habláramos sobre la realidad. Yo creo que hablar de la realidad en
relación al funcionamiento de la Agencia, al cumplimiento voluntario,
es positivo, lo he dicho muchas veces y no tengo ningún problema en
hacerlo de nuevo. De todas maneras, ustedes siempre nos ofrecen la
encuesta de qué piensa la gente del funcionamiento de la Agencia,
pero no dicen nunca qué piensa la gente en relación a si hay mucho
fraude o no. Por ejemplo, lo último que conozco que se ha publicado
es la encuesta del CIS de diciembre de 1997, donde había un 86 por
ciento de personas
que decían que había mucho o bastante fraude, y sólo un 7 por
ciento que decían que no. No sé si hacen nuevas encuestas sobre este
tema, pero en todo caso estoy convencido de que la percepción de que
existe bastante fraude es muy importante. Yno me extiendo ahora en la
importancia de cambiar esto.
Además, usted dice que la lucha contra el fraude también va bien. Se
lo digo con mucho respeto: entiendo que lo pueda decir, pero no se lo
crea; sobre todo, no se lo crea. Si dialécticamente usted lo dice,
estupendo. Yo no voy a extenderme en todos los argumentos que podría
dar sobre por qué no va bien: el balance bianual no lo permite, la
rotatividad de los directivos, los comunicados de los profesionales,
los números que ustedes mismos han dado de ejercicios anteriores.
Hemos tenido largos debates en los que estos no han sido favorables a
ustedes. Esto no va bien. Usted dice: ¡Hombre, hasta ahora ustedes
debatían objetivos cuantitativos y ahora no quieren! Por partes.
Primero. hemos estado debatiendo objetivos cuantitativos porque son
los únicos que figuraban en el plan bianual y los únicos que usted
traía aquí; ese es el motivo. Segundo, no es verdad que por lo menos
nosotros no queramos debatir objetivos cuantitativos. Sí. Lo que
decimos es que lo que no queremos debatir, porque eso no mide la
eficacia de la lucha contra el fraude, son los objetivos de deuda y
de contribuyentes. Queremos otros objetivos. Por ejemplo, cuando
ustedes dan unas cifras de deuda liquidada, la pregunta es sobre qué
contribuyentes se han efectuado esas deudas liquidadas. Después de
una revisión extensa de los miles de papeles que ustedes me mandaron
por mis preguntas, yo quisiera comentar, por ejemplo, qué paso por
programas en 1998; porque hay un programa, el 82.014, de grandes
patrimonios, sobre el que en 1998 no ha habido ni una sola
inspección. Sí que se ha investigado la publicidad de los taxistas de
Córdoba y podía hacer una caricatura de esto. Posiblemente con esto
que estoy diciendo no puedo enjuiciar la labor de la Agencia, pero
una deuda liquidada sin decir a qué sectores se ha aplicado, si ha
habido actos de conformidad o no y qué se cobra, no sirve para nada.
Insisto en esto. Sí a objetivos cuantitativos y no a los dos únicos
objetivos con los que hemos estado perdiendo el tiempo durante un año
y medio, porque creo que nadie sabe si verdaderamente se ha avanzado
en esto.
Usted dice: propuestas concretas. Nosotros se las hacemos. Yo creo
que la economía sumergida, el dinero negro y los efectos del euro
sobre el blanqueo de dinero y las inversiones extranjeras deben ser
objetivos prioritarios y le pido a usted, -porque es usted quien
puede hacerlo, no me lo haga hacer a mí-que haga estudios
cuantificados y proponga propuestas. Yo le digo lo que creo que deben
ser objetivos prioritarios, pero no me pida que haga de Agencia
Tributaria. Por tanto, le hago una propuesta concreta. Otra propuesta
concreta: Estabilidad. Usted responde que se han cambiado por
necesidades de organización. Déjeme aconsejarle: la mejor necesidad
de organización de la Agencia es que no los cambie usted tanto.
Déjese aconsejar. Una organización como la Agencia Tributaria, con
30.000 trabajadores, no puede cambiar continuamente. Conflictividad.
Soluciónela usted. Yo no puedo hacer nada por solucionar el plus de
productividad. Indicadores. Usted hahablado en su intervención de
tres o cuatro posibilidades o
propuestas de indicadores y ninguna de ellas está recogida en el
plan. Ha hablado de tres o cuatro. Y algunas me parecen bien, pero
hay otras muchas que deberían ponerse en función de los objetivos que
fijemos que no sean los de la deuda liquidada. Por tanto, ponga usted
indicadores.
En el tema de los paraísos fiscales, yo coincido con la cifra que
usted ha dado, pero, cuando usted dice que está bajando la inversión
en los paraísos fiscales y que eso es una prueba de la eficacia de la
lucha contra el fraude, yo le digo que no, porque lo que está
ocurriendo es que en un solo año se han deslocalizado tres billones
de pesetas que no han ido a paraísos fiscales, usted tiene razón,
pero han ido a otras zonas que de hecho son igual que paraísos
fiscales, aunque no estén calificados como tales. Y lo que yo quiero
saber es si de eso vamos a hablar aquí o no, porque sobre esto no
sólo es que no haya ninguna referencia, sino que además hay una
cierta justificación por su parte de que eso está bien. En todo caso,
sobre esto podemos hablar.
En cuanto a las preguntas concretas, quiero decirle dos cosas. En el
Santander, que se haga la ley y el órgano competente. No sé qué
órgano competente del Gobierno decidió que el abogado del Estado se
retirara, pero supongo que algún día me lo explicarán ustedes. Lo que
le estoy diciendo es que la Audiencia y la juez creen que en función
de la ley debe haber acusación, aunque yo entiendo que usted diga que
no. Con respecto a la situación del señor Piqué, entiendo que usted
no entrare en cuestiones personales, pero de todas maneras no se le
escapa la trascendencia política de la actitud del ministro en un
tema como este. En Cataluña, en cuanto al tema de Huguet y Aguiar,
hay dos cosas a las que usted no ha contestado. Igual es que, cuando
ha dicho que no podía contestar más, no quería hacerlo o no podía.
Una era si había indicios de trama organizada y, otra, si había
indicios de una posible extensión fuera de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Me ha
resultado complicado tomar nota de todas las preguntas, ya que me han
formulado muchas más en este segundo turno que en el primero. No
obstante, voy a intentar contestar.
En primer lugar, señora Mendizabal, quisiera decirle un par de cosas.
Retraso de la documentación. Amí me parece muy legítimo que ustedes
digan que necesitan la documentación con más tiempo. Estoy totalmente
de acuerdo; para analizar los temas se debe disponer de la
información con el mayor tiempo posible. También sabe que hicimos una
oferta de pactar calendarios, de comparecencias, etcétera, que
finalmente no parece que funcionara de la manera más correcta
posible. El informe que yo les he remitido hoy fue sometido al
Consejo de Ministros el pasado viernes; el lunes hice 50 fotocopias y
se lo envié al Congreso. Entiendo que no haya tenido tiempo, entiendo
que, aunque hubiera tenido el informe cuando yo deposité en el
Congreso las 50 fotocopias, tampoco hubiera tenido tiempo; pero le
tengo que decir que los trámites fueron los que fueron y el informe
fue visto por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Yo no iba a
someter a la consideración de esta Comisión un informe que no hubiera
sido visto por el Consejo
de Ministros con anterioridad. Por eso les ofrecí un esquema-
resumen del programa director, hace ya un mes y medio o en torno a un
mes, para que tuvieran tiempo, por lo menos, para analizar qué
cuestiones iban a formar parte del programa director.
No quiero entrar en el debate de si ustedes tienen una idea estática
o no de la sociedad española y de los planteamientos, no voy a
entrar. Lo que sí creo es que es muy importante, y contesto también
en parte a una afirmación del señor Ríos. Yo no digo que ustedes no
tengan que criticar mi gestión. ¡Faltaría más! Ustedes tienen la
obligación de criticar mi gestión, tienen la obligación de criticarla
y también, desde el punto de vista de la responsabilidad política, de
hacer propuestas concretas. En cualquier caso, SS.SS. son libres de
asumir el papel que consideren oportuno y no lo va a prejuzgar un
compareciente en esta Comisión. Nada más lejos de mi intención. Lo
que sí quiero decir es que, cuando se hacen afirmaciones que no
tienen por qué estar fundamentadas y no se hacen con rigor y se sacan
conclusiones más allá de lo que es razonable, también se incide
negativamente en la imagen de una institución.
Yo no vivo de la autocomplacencia, entre otras cosas porque creo que
se han hecho muchísimas cosas a lo largo de estos tres años y que hay
que seguir haciendo todavía muchísimas más. Si viviera de la
autocomplacencia, me habría parado hace mucho tiempo y no habría
propuestas cosas concretas año tras año. Austed, a lo mejor, le
parecen anecdóticas o un ejemplo cuando las saca fuera de contexto,
pero la realidad es que yo, año tras año, intento hacer más cosas y
mejorar todavía más el funcionamiento de la organización. Alo mejor
no conseguiré lo que sería el objetivo último, ustedes no estarán
satisfechos con el trabajo que hace el secretario de Estado de
Hacienda. Parece muy asumible desde el punto de vista político que
hagan esa afirmación, pero no creo que, a la vista del trabajo que se
viene haciendo año tras año, puedan pensar que el secretario de
Estado de Hacienda está sumido en la autocomplacencia.
Falta de argumentos no tengo.Creo que la mayor parte de mis
intervenciones, a lo largo de estos tres años, en esta Comisión, han
tenido como objetivo explicar lo que se está haciendo y por qué.
Referencias a su gestión he hecho muy, muy pocas y en contadas
ocasiones. Siempre me he dedicado a defender el trabajo que hago como
secretario de Estado de Hacienda. Pero tampoco me impida -creo que no
es razonable- que yo pueda justificar mi trabajo explicando cuál es
la situación de la que se parte. Creo que es razonable reconocer la
situación de la que se parte para ver si las cosas evolucionan
positiva o negativamente. Yo creo que las cosas funcionan o
evolucionan positivamente, insistiendo de nuevo en que hay muchísimas
cosas por hacer y yo estoy dispuesto a recibir cualquier sugerencia o
idea en esta línea.
Señor Silva, parece que el corporativismo existe en todas partes y
que cuando hago referencia a los informes del Servicio Jurídico del
Estado se posiciona en ese papel y comprende lo que le estoy
diciendo. Con relación a las investigaciones que está desarrollando
la Administración tributaria a nivel interno, no por el hecho de que
haya actuaciones en los órganos jurisdiccionales, sino por elmarco
legal de la Administración tributaria, yo no puedo
dar información. Lo que he intentado ha sido explicar todas las
actuaciones que se están haciendo, generalizando y diciendo qué es lo
que se hace en este tipo de investigaciones y de actuaciones. Se
buscan todas las entidades que puedan estar relacionadas directa o
indirectamente con una entidad en la que pueda haberse detectado una
posible irregularidad; se analizan las actuaciones hechas por los
funcionarios o el funcionario sobre el que se pueda haber detectado
una irregularidad y no se acotan a un marco temporal concreto, sino
que se utiliza siempre un marco temporal amplio, porque lo que se
hizo antes y lo que se hace mañana es relevante desde el punto de
vista de las conclusiones de la investigación. Ese es el trabajo que
se está haciendo. Le puedo decir que, con las conclusiones
provisionales del trabajo que se está realizando en el ámbito de la
Administración tributaria, no se puede sacar la conclusión de que no
son hechos que afecten a más de un muy reducido número de personas.
Esa es la conclusión provisional que se puede extraer del trabajo que
se está realizando. Igual que le he dicho que el servicio de
auditoria interna está trabajando o ha trabajado no solamente en una
Administración tributaria como la de Cataluña, sino probablemente en
la totalidad de las inspecciones regionales a nivel nacional, porque
esa es su obligación, con independencia de que hoy haya una
preocupación más urgente en un caso concreto. Su obligación es
trabajar en todas las áreas y no dejar de ver otras áreas o ver otras
organizaciones a nivel territorial por el hecho de que haya una
prioridad en un momento determinado. Le he dicho que en el plan de
actuaciones del año 1999 va a haber también actuaciones en otras
áreas territoriales que a lo mejor no se han hecho en el pasado, a
pesar de que en los últimos tres años es cuando se han empezado las
auditorías globales y el trabajo de control con relación a
dependencias regionales en sentido amplio.
Me ha formulado el señor Ríos algunas preguntas concretas. Con
relación a las denuncias e informaciones al ministerio fiscal, le
diré que cuando hay una irregularidad y se detecta se hacen y no sólo
en el momento de plantear y formular la denuncia concreta, sino que
desde el momento en que se inicia la investigación de una
irregularidad ya se pone en conocimiento de los órganos
jurisdiccionales que se está trabajando en esa dirección, para que
conste y para que el resultado de las actuaciones se pueda hacer
llegar con mayor rigor.
Si se ha distribuido una circular emitida o elaborada por el Servicio
de Auditoria Interna. Tal y como me ha planteado esta pregunta no le
puedo responder. Me consta, y además por los medios de comunicación
se ha recordado a los profesionales de la Administración tributaria,
a determinados niveles, cuál es el marco de incompatibilidades y
única y exclusivamente por razones de garantía, porque yo creo que
complementar la labor docente con la labor profesional, cuando se
actúa con rigor, y la gente actúa con rigor, no sólo es positivo para
una persona concreta desde el punto vista formativo, sino
imprescindible para la propia organización. ¿Cómo vamos a formar a
las personas que van a entrar como funcionarios si no tenemos un
cuerpo de profesionales dentro de la Administración tributaria que
les hagan llegar sus experiencias y sus conocimientos? Mi posición es
ahí extremadamente clara. Los funcionarios de
la organización son conscientes de cuáles son sus obligaciones
y cumplen con ellas. Por tanto, complementar la actividad profesional
con la actividad docente no plantea ningún problema ni desde el punto
de vista legal ni ético, siempre y cuando cumplan con las
responsabilidades propias del cargo.
Nosotros enviamos a los órganos jurisdiccionales todo lo que nos
piden, Si ha habido una petición de informaciones concretas o de
expedientes concretos se han remitido. Si ha sido como consecuencia
de una denuncia previa de la Administración tributaria como tal. Si
ha sido como consecuencia de unas diligencias o de un proceso que
abren ellos, nosotros nos ponemos a su disposición y remitimos la
información que nos exigen. Es lo que se está haciendo desde hace
muchísimo tiempo, como no podía ser de otra manera, desde siempre se
ha trabajado en esa línea.
En materia de inspección, señor Saura, hemos tenido muchos debates a
lo largo de esta legislatura. Sería importante que intentáramos
analizar las cosas desde una perspectiva más amplia. No quiero decir
que las personas con las que usted habla no sean magníficos
profesionales o que la información que usted tiene no sea información
veraz o información rigurosa, no lo cuestiono lo que le quiero decir
es que probablemente es un mecanismo de garantía intentar generalizar
las fuentes de las que se obtiene la información. Alo mejor usted lo
hace, tampoco lo voy a prejuzgar. Pero, con relación a algunas de las
conclusiones que usted pone encima de la mesa, me da la impresión de
que en algunos aspectos no es así. Recetas mágicas para luchar contra
el fraude no existe ninguna. No existe ninguna receta mágica. Ya he
dicho que, cuando fijamos el compromiso de intentar tener debates que
fueran más constructivos, desde el punto de vista de la institución y
de la eficacia, lo importante es que todos pongamos cosas en común
encima de la mesa. Yme da la impresión de que tenemos claro, por lo
menos en estos momentos, que el esquema de información que yo remití
a SS.SS. puede ser válido como instrumento de trabajo; tenemos claro,
parece, sin perjuicio de ulteriores debates, que hay cinco, seis o
siete temas que nos preocupan a todos y en los que tenemos que hacer
un esfuerzo, y yo, desde esa perspectiva, también tengo claro que, si
estamos de acuerdo en que hay cinco, seis o siete áreas que nos
preocupan a todos y en las que tenemos que trabajar, mi obligación
inicial es plantear propuestas. He planteado algunas y voy a seguir
planteando otras. Lo que sería importante es que esas propuestas, si
son positivas, sean respaldadas y que si hay alguna propuesta
adicional que adoptar, se pueda adoptar.
Por ejemplo, usted me cuestiona que la inversión en paraísos fiscales
no ha caído como consecuencia de las iniciativas adoptadas por el
Gobierno y me habla de unas cifras billonarias de deslocalización de
la inversión. La deslocalización de la inversión, invertir fuera de
España, es algo saludable desde el punto de vista de la economía,
porque podemos tener empresas con una dimensión óptima y empresas con
presencia activa en los mercados de destino, a nivel internacional.
Eso es positivo y, además y desde esa perspectiva, la economía
española puede estar más saneada. Lo que tenemos que evitar es que
operaciones de evasión de capitales se produzcan con el objetivo de
reducir la factura fiscal en España. Y yo le he dicho varias cosas
que
hemos hecho. La primera cosa que hemos hecho fue cambiar el marco de
apoyo a la inversión española en el exterior y, como consecuencia del
nuevo marco, muchas empresas que antes operaban a través de
territorios de baja tributación ahora no están operando a través de
los mismos. Esa es una realidad. Porque en España se les ofrece un
esquema fiscal razonable, positivo y similar al que tal vez tenían en
otra área geográfica determinada. Eso ya no lo están haciendo.
El hecho de que tengan que dar información sobre los pagos que se
hacen a paraísos fiscales a la propia Administración tributaria, no
al registro, es una medida positiva, porque nos va a permitir valorar
y medir en cada momento cuál es el volumen de transacciones al
exterior, a paraísos fiscales, que los contribuyentes se deducen en
el impuesto sobre sociedades. Como medida de prevención, ésa es una
medida positiva. Y que haya habido actuaciones conjuntas con otras
administraciones tributarias, cosa que antes no ocurría, es una
iniciativa positiva y es una medida razonable. Que tenemos que
plantear cosas nuevas. Estoy de acuerdo. Hemos planteado hoy alguna
en esta comparecencia y seguiremos planteándolas.
Con relación a las cuestiones de carácter personal que me ha
planteado, lo único que le voy a decir es que yo a nada he dicho que
no; en absoluto. Lo que he dicho es que debe ser el órgano competente
el que, con arreglo a derecho, tome las decisiones y por supuesto
siempre van a ser los órganos jurisdiccionales los que en última
instancia decidan y revisen la decisión de un órgano competente.
Decir que sí o que no a una cosa no creo que sea mi responsabilidad
y además no tengo elementos de juicio ni conocimientos suficientes como
para participar en un proceso
de toma de decisiones de esas características; para eso están
fundamentalmente los órganos competentes de la Administración del
Estado, en sentido amplio, que son los que tienen que tomar las
decisiones.
En las actuaciones particulares creo que probablemente hay que ser
más riguroso a la hora de valorar las cosas y cuando una persona da
explicaciones públicas y detalladas sobre su situación, desde el
punto de vista personal y tributario, volver a incidir en los mismos
temas me da la impresión de que no es más que intentar desgastarla en
sus responsabilidades políticas, y no creo que ése sea el tema.
Podemos hablar de gestiones; podemos criticar las gestiones, pero
entrar a hablar de la honorabilidad personal de determinados
ciudadanos me parece que no es lo más razonable, cuando ya han dado
explicaciones públicas que, en mi opinión, han sido cumplidas.
Después los encargados de aplicar la ley, los funcionarios concretos,
son los que deben tomar las decisiones en cada momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No hay preguntas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿renuncia a las
preguntas? (Asentimiento.) Jamás volverá a formular preguntas.
Se levanta la sesión.