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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 702, de 25/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 702
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 73
celebrada el martes, 25 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a establecer criterios fundados y
razonables para diferenciar las pruebas físicas de ingreso de las
mujeres a la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001138) ...
(Página 20166)
- Sobre sectas, grupos y asociaciones de carácter destructivo.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001459) ... (Página 20167)
- Para implantar una reglamentación específica de las pruebas de
aptitud para la obtención y uso de armas para la práctica de la
caza. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001535) ... (Página 20170)
- Por la que insta al Gobierno a la modificación de la Orden de 18 de
marzo de 1998, de la Resolución de la Dirección General de la
Guardia Civil, de fecha 19 de octubre de 1998, así como del Real
Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre. Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001570)
... (Página 20170)
- Sobre descentralización administrativa de la Jefatura Provincial de
Tráfico en la provincia de Cádiz creando una Delegación de Tráfico en
el Campo de Gibraltar. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001525) ... (Página 20175)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Tal como los portavoces han sugerido a la Presidencia, y por la razón
conocida de que algunos miembros del Grupo Socialista tendrán que
ausentarse en torno a las 11:30 horas, vamos a modificar el orden del
día, en el sentido de que el debate y votación de las proposiciones
no de ley que figuraban en el mismo se producirá solamente hasta la
que figura con el número 6, sin perjuicio de la incorporación, una
vez nos conste que se ha publicado ya, de una proposición no de ley
del Grupo Vasco en relación al tema de la caza que guarda una gran
similitud con la que figura en el punto 3 del orden del día, a cuyo
efecto en su momento recabaré lo que reglamentariamente procede, que
es la modificación del orden del día por la propia Comisión.
Naturalmente, es también la Comisión la que debe alterar el orden del
día previamente publicado. Por tanto, con esa indicación inicial,
someto a la consideración de la Comisión la modificación del orden
del día en los términos expuestos. ¿Se aprueba la modificación del
orden del día? (Asentimiento.-Los señores Pedret i Grenzner y Gil
Lázaro piden la palabra.)
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, simplemente quería
hacer constar ante la Presidencia y ante el conjunto de los
comisionados el agradecimiento del Grupo Socialista por haber
aceptado la modificación del orden del día que se acaba de producir,
motivada por la necesidad por parte de nuestro grupo de asistir al
entierro del excelentísimo don Ramón Rubial, senador desde 1977 hasta
el momento de su fallecimiento, presidente del Partido Socialista
Obrero Español desde 1976 hasta su fallecimiento, insigne
parlamentario y extraordinario demócrata. Desde luego, el
acompañamiento que hace la Comisión con esta modificación del orden
del día al duelo que sentimos los socialistas, y yo creo que los
demócratas españoles en su conjunto, es de agradecer y, por ello,
quisiera que constara en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quiero expresar, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, con toda consideración y con todo
afecto, nuestra condolencia por el fallecimiento del senador don
Ramón Rubial, presidente del Partido Socialista Obrero Español,
sumándonos a las valoraciones hechas por el señor Pedret.
El señor PRESIDENTE: Sin duda -y la Presidencia recoge así el sentir
de la Comisión-, la constancia y el trabajo son virtudes que en
cualquier tarea humana enaltecen a quien las practica. Si, como en el
caso del señor Rubial, eso se combina con la lealtad a las propias
ideas a lo largo de una dilatada vida política, sin duda nos
encontramos con el perfil de uno de esos grandes hombres que con su
trabajo, con su esfuerzo, engrandecen el país al que sirven.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LAQUE SE INSTAALGOBIERNO AESTABLECER CRITERIOS FUNDADOS Y
RAZONABLES PARA DIFERENCIAR LAS PRUEBAS FÍSICAS DE INGRESO DE LAS
MUJERES ALA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001138)
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir el punto 1 del orden del día,
que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
establecer criterios fundados y razonables para diferenciar las
pruebas físicas de ingreso de las mujeres a la Guardia Civil,
proposición no de ley del Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Popular presenta esta proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a establecer una serie de criterios fundados y razonables
para diferenciar las pruebas físicas de ingreso de las mujeres a la
Guardia Civil.
Antes de entrar en el contenido de esta proposición, quisiera hacer
unas consideraciones previas que no son otras que la alusión a unos
preceptos de nuestra Constitución. Por una parte, el artículo 14
consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que
pueda haber ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo o religión o cualquier otra circunstancia. Quiero poner en
conexión este artículo, a los efectos del debate de esta proposición
no de ley, con otro precepto, como es el artículo 9 en su apartado 2.
Aquí se señala que corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social. Pues bien, con este precepto lo que están haciendo
los constituyentes es consagrar una acción positiva por parte de los
poderes públicos, reconociendo que existen una serie de obstáculos
para la plena participación y una igualdad real y efectiva de
distintos colectivos, como puede ser el colectivo de las mujeres.
De esta obligación de los poderes públicos de que faciliten esa
participación real de las mujeres parte esta proposición no de ley
que el Grupo Parlamentario Popular presenta, porque el sentido de la
misma no es otro que el de instar al Gobierno, aunque sin que con
ello se llegue a afectar la adecuada preparación para el desempeño de
funciones por las mujeres dentro del cuerpo de la Guardia Civil en
condiciones de igualdad con los hombres, a que en las pruebas físicas
se puedan diferenciar una serie de hechos, como son las diferencias
fisiológicas que hay entre hombres y mujeres. Además, debido a
determinados sistemas de educación, las mujeres no han visto
potenciada su formación deportiva, por lo que, pueden concurrir a las
mismas en una situación de clara desigualdad respecto a los hombres.
De ahí que solicitemos que se modifiquen estos sistemas, que se
establezcan unos criterios fundados y razonables
diferenciando las pruebas físicas de ingreso de las mujeres a la
Guardia Civil.
No obstante, teniendo en cuenta que lo que proponemos en nuestra
proposición no de ley se encuentra satisfactoriamente recogido en el
proyecto de ley que se tramita de régimen de personal del cuerpo de
la Guardia Civil, vamos a proceder a la retirada de nuestra
proposición no de ley, puesto que en el artículo 26, apartado 4
-apartado que, por cierto, no ha tenido ninguna enmienda por parte de
ninguno de los grupos parlamentarios- se dispone que en los sistemas
de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo que
las derivadas de las distintas condiciones físicas que en su caso
puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el
ingreso. Además, considero también muy positivo que en este apartado
4 del artículo 26 se haga una especial referencia a unas condiciones
en las que pueden estar las mujeres, como son las de embarazo y parto
y que se contemple así un posible aplazamiento para la realización de
las pruebas físicas dadas estas especiales circunstancias.
Por todo ello, considerando que el contenido de nuestra proposición
queda satisfactoriamente recogido en este proyecto de ley, retiramos
nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, esta iniciativa se entiende
retirada del orden del día por el grupo autor de la misma.
- SOBRE SECTAS, GRUPOS YASOCIACIONES DE CARÁCTER DESTRUCTIVO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001459)
El señor PRESIDENTE: Punto 2 del orden del día: Proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre sectas,
grupos y asociaciones de carácter destructivo.
Para el mantenimiento de la misma, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió plantea en el seno de esta Comisión una
proposición no de ley que pretende reforzar y orientar la política
del Gobierno en esta materia tan delicada, y lo hacemos partiendo de
los trabajos que esta misma Cámara realizó en la III legislatura, que
se concretaron en un dictamen de la Comisión de estudio y
repercusiones de las sectas, en marzo de 1989, resultado de un
intenso trabajo parlamentario de los diputados y diputadas que
formaron aquella Comisión y que, sin lugar a dudas, ha orientado la
actuación pública en la materia en estos últimos años.
También ha existido una evidente actuación policial, han aparecido en
los últimos meses noticias que vinculaban actuaciones policiales en
esta materia, incluso el 10 de noviembre del año pasado, y a petición
del Grupo Socialista hubo una comparecencia en esta misma Comisión
del ministro de Interior para informar de la política del Ministerio
en este ámbito, a raíz de unos incidentes sucedidos en la isla
canaria de Tenerife. Por tanto, partimos de un trabajo
parlamentario y partimos de una actuación policial en esta materia.
Al mismo tiempo, una razón que motivó al Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió a plantear esta iniciativa era conocer la
soledad que afrontaban los voluntarios y los profesionales que
trabajan en la lucha contra las sectas o la soledad de las víctimas
de estas propias sectas, de las víctimas directas y de sus propios
familiares.
Todo ello nos llevó a entender que la actuación pública en esta
materia era claramente insuficiente, aparte de que las expectativas
que se habían generado a raíz del dictamen de la Comisión
correspondiente del Congreso de marzo de 1989 se estaban
incumpliendo. Este mismo diputado planteó hace cuestión de unos meses
una serie de preguntas escritas al Gobierno en relación al conjunto
de once recomendaciones en las que el Congreso de los Diputados
orientaba en el año 1989 esa actuación pública. Las respuestas no
dejan de ser muy vagas, muy genéricas, incluso se producen flagrantes
incumplimientos. Cuando, por ejemplo, el Congreso de los Diputados
aborda la necesidad de formación específica de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial, magistrados, jueces, fiscales y
médicos forenses, acerca del síndrome disociativo atípico, el
Gobierno en su respuesta afirma la inexistencia de este síndrome. O
cuando el Congreso mandataba al Gobierno a una actuación conjunta en
los planes de inspección de los ministerios de Hacienda y Trabajo, la
respuesta parlamentaria era que no existían actuaciones específicas
en esta materia. Todo ello nos llevaba a la necesidad de plantear una
batería de propuestas que permitiesen que aquello que el Congreso
puso en marcha en 1989 se convirtiese de verdad en política práctica,
y que pudiésemos estar en condiciones de combatir esa soledad de los
profesionales y los voluntarios que trabajan en ese ámbito y esa
soledad de las víctimas y de sus allegados, de sus familiares.
No voy a entrar en el fondo de la cuestión sectaria, creo que es
suficientemente conocida por todos los miembros de esta Comisión. El
hecho de que se produjera este debate reciente en noviembre de 1998
creo que me permite que lo obvie. Todos sabemos que, amparándose en
la libertad de asociación, libertad de religión o libertad
ideológica, hay organizaciones y personas que vulneran los más
elementales derechos humanos, los más elementales derechos
individuales. Que bajo el amparo de esas libertades se produce la
estafa, el abuso sexual, el pillaje, la destrucción de vidas
y familiares; todos, poco o mucho, conocemos de casos de personas que
han visto su vida absolutamente destrozada por la intervención de
estos grupos sectarios. Además, conocemos también cuáles son los
límites de nuestra democracia y cuáles son los límites de nuestra
libertad, porque es precisamente al amparo de las libertades que el
ordenamiento jurídico nos otorga donde se producen las vulneraciones
de estos derechos individuales.
Nos parece que la Administración pública debe ser radical en la
defensa de las personas, que la democracia debe ser radical en la
defensa de sus límites y que nadie, amparándose en esta libertad de
asociación, de religión, de culto o ideológica, puede vulnerar este
derecho. Asumimos las insuficiencias de la propia democracia para
hacer frente a esta situación. En el dictamen de 1989 o en recientes
dictámenes del Parlamento Europeo se constata que el problema
no es de prohibición legal de la existencia de las sectas, que ahí no
podemos intervenir, pero sí existe un amplio margen de actuación que
podría permitir al conjunto de las administraciones ser eficaces en
esta materia.
En este sentido, la proposición no de ley de Convergència i Unió
articula seis líneas de trabajo. En primer lugar, la coordinación del
conjunto de las administraciones públicas en el seno de una
conferencia sectorial en esta materia, porque las competencias en
muchas de las materias que afectan a esta problemática vinculadas al
ámbito social o asociativo están traspasadas a las comunidades
autónomas. En segundo lugar (y nos parece lo más destacable de
nuestra propuesta y lo que queremos enfatizar), hoy tiene que existir
en el Estado español un organismo público que tenga como prioridad el
estudio y la actuación en esta materia. Hoy la realidad, y ha sido
constatada por todos los profesionales tanto de la Administración
como del mundo no gubernamental que trabaja en esta materia, es que
existe una evidente falta de referencia, más allá de la existencia de
la unidad especializada de la policía, para hacer frente a esta
situación. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
inspirándose en el modelo francés, seguramente uno de los más
desarrollados de Europa en esta materia, propone la creación de un
observatorio permanente, como un centro que centralice y trabaje la
información y que dé apoyo al conjunto de las administraciones para
que pueda existir una política en esta materia. En tercer lugar,
pedimos que se articulen medidas de apoyo al mundo no gubernamental
que trabaja en esta materia. Se necesita del apoyo público por la
soledad y los escasos recursos con los que se cuentan desde el mundo
no gubernamental, que es el único que hasta ahora ha dado apoyo a los
colectivos de personas afectadas. Por ejemplo, en respuestas
parlamentarias que se han recibido, las ONG que se dedican a este
ámbito no constituyen nunca una actuación prioritaria por parte de
las subvenciones del 0,52. En cuarto lugar, hemos de insistir al
Gobierno, a las administraciones, a que refuercen los mecanismos para
evitar el fraude, para evitar la utilización de una cobertura legal
para obtener beneficios fiscales y subvenciones públicas por
organizaciones que atentan contra estos derechos humanos. En quinto y
sexto lugar, en el terreno de la policía, y reconociendo la actuación
que realiza la unidad especializada, debemos incrementar tanto los
mecanismos de formación de los cuerpos policiales que trabajan en
este ámbito como el intercambio de información con otras policías en
el marco de Europol.
Son un conjunto de medidas que pueden permitir que la esperanza que
se generó en 1989, para que desde la acción política y desde la
acción pública diésemos respuesta a una necesidad de colectivos muy
concretos de personas no se vea frustrada. En nuestro entorno más
inmediato, en muchos Estados de la Unión Europea, existen actuaciones
públicas que van en esta línea. Hace pocas semanas hubo en París un
encuentro de responsables no gubernamentales y de responsables
públicos en esta materia para coordinar criterios, para intercambiar
información. Lamentablemente, la delegación del Estado español estaba
formada por representantes de la ONG AIS, que nos ha dado el
correspondiente apoyo en la articulación de esta proposición no de
ley y del Gobierno de Cataluña. El Gobierno del Estado español en
esta materia debería asumir sus responsabilidades,
articular este conjunto de políticas que enlazan con las que
existen en Europa y convertir la lucha contra las sectas en una
verdadera prioridad dentro de su actuación pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene palabra la señora
Martínez González, doña Berlamina.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Señorías, la proposición no de ley que
presenta Convergència i Unió nos parece muy oportuna. De todas
formas, voy a empezar mi intervención diciendo, por un lado, que
consideramos esta importancia en base a la demanda social que hoy
existe en nuestro país acerca del despliegue y el crecimiento de las
sectas en todos los puntos de la geografía española.
A raíz de los hechos de Tenerife, el Grupo Parlamentario Socialista
pidió la comparecencia del señor ministro para que nos explicara si
había puesto en marcha...
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, disculpe, ha habido un pequeño
error de la Presidencia. ¿Conoce S.S. que el Grupo Popular ha
presentado una enmienda? Lo digo porque si S.S. interviene y se
refiere al contenido de la enmienda, aprovecharíamos su
reintervención. En caso contrario, le rogaría que me permitiera
concederle la palabra al Grupo Popular a efectos de defender la
enmienda; como prefiera Su Señoría.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, lo que pasa es que no
sé lo que va a hacer el proponente de la proposición no de ley con la
enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, le ruego que me disculpe.
Para el mantenimiento de su enmienda, por parte del Grupo Popular,
tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Desde el Grupo Parlamentario Popular
celebramos la presentación de esta iniciativa por parte de CiU porque
con este grupo proponente nosotros también compartimos la
preocupación que existe en la sociedad acerca de toda la problemática
que plantean las sectas, grupos o asociaciones de carácter
destructivo que existen en nuestro país, así como en el resto de
países de nuestro entorno; problemática que va desde los abusos,
vulneraciones de derechos fundamentales e individuales, hasta hechos
completamente delictivos. Por ello, compartimos con el grupo
proponente la necesidad de definir una estrategia que sea eficaz para
hacer frente a toda esta problemática en su globalidad. Es necesario
que se articulen y que se definan una serie de mecanismos precisos
para afrontar el tratamiento de unos problemas personales y sociales
a posteriori, pero también que se tomen una serie de medidas que
tengan un carácter fundamentalmente preventivo, a fin de evitar las
secuelas y los problemas que se producen después de la actuación de
estas sectas.
Nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas que vienen a ser
meramente de precisión técnica, puesto que, como decía al principio,
coincidimos plenamente con el sentido de esta proposición no de ley.
Así, en el primer punto del texto de esta proposición no de ley
presentamosen este momento una enmienda in voce, que pretende
incluir, dentro de la conferencia sectorial que reúna a las
comunidades autónomas junto con los ministerios de Justicia,
Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Educación y Cultura y Asuntos
Exteriores, a los ministerios de Hacienda y Sanidad. El Ministerio de
Hacienda, porque este grupo de sectas y asociaciones destructivas
incurren en delitos fiscales, de ahí que nos parezca fundamental la
presencia de este Ministerio; y el Ministerio de Sanidad, por la
importancia que tiene el tratamiento terapéutico de aquellas personas
que se han visto involucradas en este tipo de organismos.
Respecto al segundo punto, el de la creación de un observatorio
permanente, nuestro grupo introduce el término estudiar la creación
de ese observatorio permanente, en vez de acordar. Consideramos que
puede jugar un papel fundamental, que la creación de un órgano
estatal que esté articulado como un observatorio permanente es
fundamental para nutrirse de todas las informaciones captadas por los
distintos sectores interesados y proceder a su análisis, al
tratamiento y explotación en la elaboración de planes de actuación,
pero también su creación puede presentar los problemas normales de su
estructuración orgánica, como es la ubicación, su composición, la
jerarquía, las dependencias; de ahí el sentido de que nosotros
introduzcamos el término estudiar, para que, una vez que se cree,
actúe de la forma más eficaz y más operativa.
En cuanto al tercer punto, nuevamente incluimos el término estudiar:
estudiar medidas de apoyo a las entidades que se dedican a la
realización de programas de recuperación personal y rehabilitación
social, así como a labores de asesoramiento e información. Nos parece
desde luego trascendental la labor que realizan estas asociaciones y
creemos que una de las medidas fundamentales para combatir los
problemas de las sectas es la potenciación de este tipo de
asociaciones que trabajan con las personas afectadas por ellas.
También presentamos una enmienda al quinto punto. Consistiría en una
precisión técnica: sustituir incrementar por continuar incrementando
el nivel de formación específico que se viene ya impartiendo a los
cuerpos policiales.
En el punto sexto nuevamente introducimos una precisión técnica,
sustituyendo incrementar por continuar incrementando el intercambio
de información acerca de las denominaciones, ramificaciones y métodos
de las sectas en el ámbito de la cooperación internacional y,
especialmente, en el marco de Europol. Por tanto, como decía al
principio de mi intervención, hemos presentado unas enmiendas que son
pura precisión técnica puesto que compartimos plenamente el sentido
de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ahora, sí, señora Martínez, tiene la palabra.
La señora MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Señorías, como iba diciendo, nos parece
muy oportuna la presentación de esta proposición no de ley por parte
de Convergència i Unió. Por un error interno nuestro no hemos
presentado enmiendas y, aunque no lo voy a hacer in voce, me gustaría
intervenir en el siguiente sentido. Por un lado, existe una demanda
social importante para que los poderes públicos hagan algo para
frenar el desborde, por decirlo de
alguna forma, que en este momento existe de grupos sectarios en toda
la geografía española.
A partir del mes de noviembre, cuando compareció el señor ministro de
Interior en esta misma Comisión, a solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista, cuyo origen tuvo lugar en los hechos acaecidos en Santa
Cruz de Tenerife -quiero recordar que tardó nueve meses el señor
ministro en comparecer-, han sido muchísimas las llamadas, las
demandas, algunas de auxilio, otras para intervenir en universidades.
Personalmente esta diputada ha tenido una actividad importante en
relación al fenómeno de las sectas.
También la considero oportuna porque desde el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos que ha habido una desactivación de las medidas
que el Gobierno anterior había puesto en marcha a raíz de la Comisión
que tuvo lugar en 1989. Esto lo digo porque he solicitado del
Gobierno el informe de la Dirección General de la Policía, que, según
el señor ministro nos comunicó en el mes de noviembre, fue presentado
en junio de 1997. He querido acceder a ese informe y lo que en
realidad me ha mandado el Gobierno no es el informe, sino algunos
datos sobre actividades de la policía desarrolladas desde 1991 hasta
1997, pero la información básicamente se refería a los años 1991
a 1996, lo cual ha hecho llegar a pensar al Grupo Socialista que ha
habido una desactivación de las medidas puestas en marcha dentro del
Ministerio de Interior en cuanto a las unidades provinciales que el
propio señor ministro nos comentaba que existían y, por otra parte,
la opacidad que nosotros entendemos que el Gobierno tiene con este
tema, ya que las respuestas a las diversas preguntas que se le han
formulado por esta diputada han sido insuficientes y he pedido el
amparo del presidente de esta Cámara por la falta de información.
En cuanto al texto, el segundo párrafo contiene un error de fechas.
Yo creo que sí puede aceptarse in voce la corrección. Los datos
exactos son: aprobación de las conclusiones de la Comisión de estudio
por el Pleno celebrado el día 2 de marzo de 1989, publicadas en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie E, número 174, el 10
de marzo de 1989. Esas son las fechas exactas de la aprobación a la
que hace referencia el segundo párrafo de la proposición no de ley.
Por otra parte, nos parece exagerado dar al fenómeno de las sectas un
tratamiento análogo al de los grandes temas de la política
institucional como es el de conferencias sectoriales de comunidades
autónomas con el Gobierno. Si bien, por una parte, se puede
considerar un tratamiento muy serio y formal, por otra, emite un
mensaje a la sociedad que parece desmesurado, al menos esto es lo que
el Grupo Socialista opinan en este sentido. Las sectas pasan a ser
tratadas como la educación, la sanidad, el trabajo, el transporte o
el medio ambiente. Dudamos que merezcan tanto honor administrativo
y juzgamos inconveniente la relevancia mediática y la importancia
social que ello indirectamente les otorgaría. Por otra parte, si se
crea ese observatorio, que nos parece muy oportuno, entendemos que
debería estar armonizado y coordinado según las resoluciones que el
Parlamento Europeo nos indica. De todas formas, la creación inmediata
del observatorio entendemos que tendría problemas porque habría que
prever, por ejemplo, quién crea el observatorio, quién lo financia, a
quién rinde cuentas, qué reglamento de
funcionamiento se le otorga y por quién. Creemos que la enmienda que
ha presentado el Grupo Popular es oportuna no para aplazar la
creación del observatorio, pero sí para darle un contenido más
reglamentario.
Por último, aquí no se insta al Gobierno a crear políticas
preventivas en ningún momento, sólo se habla de que se haga dentro de
las áreas de justicia e interior, y nos parece insuficiente, porque
creemos que un fenómeno como el de las sectas tiene una dimensión
social de tal calibre que merecería la pena no solamente dedicarnos a
estudiarlo, sino también a escuchar a aquellas organizaciones que ya
están hoy trabajando con estos problemas y a arbitrar medidas
preventivas lo más urgentemente posible.
Finalmente, alertaría, como también se contempla en el propio texto,
del peligro de que los grupos sectarios se conformen como
organizaciones no gubernamentales, que pueden engañar a la
Administración haciéndose con recursos públicos para ser ellos mismos
quienes aparentemente ayuden en la solución de los problemas
derivados de las sectas.
Con esto concluimos nuestra intervención.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de
ley, que votaremos al final ...
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente he de manifestar si
aceptamos o no las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Como íbamos a hacer la votación al final, lo iba
a decir al final, pero si quiere hacerlo ahora S.S., teniendo en
cuenta que hay gente con vocación de dirigir la sesión, tiene S.S. la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: A efectos de que conste en acta,
aceptaríamos del conjunto de enmiendas que plantea el Grupo Popular
todas aquellas que sitúan previamente la acción de estudio del
Gobierno al conjunto de medidas que marcamos en esta proposición no
de ley. Por tanto, la proposición no de ley quedaría conformada por
los seis puntos, encabezada en el caso de los puntos 2 y 3 por el
estudio del Gobierno, los puntos 4, 5 y 6 por el verbo continuar,
como proponía el Grupo Popular, y en el punto 1, los ministerios de
Hacienda y Sanidad se implicarían también en la conferencia
sectorial.
Para que conste también en el acta de esta Comisión, quiero plantear
dos cuestiones: una, que nos gustaría que estos mandatos del
Parlamento se pudiesen cumplir con la máxima brevedad posible.
Nosotros entendemos que es importante como medida precisamente
preventiva la existencia de este observatorio permanente. Nos parece
que la falta de este instrumento ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, pero eso se sale de la
aceptación o no de las enmiendas.
Señora Torme, como la enmienda no se acepta en sus propios términos,
¿desea S.S. indicar si acepta a su vez las correcciones que establece
el grupo proponente en la enmienda presentada por su grupo?
La señora TORME PARDO: Aceptamos las indicaciones que ha efectuado el
portavoz de Convergència i Unió.
- PARA IMPLANTAR UNA REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS PRUEBAS DE
APTITUD PARALAOBTENCIÓN YUSO DE ARMAS PARA LA PRÁCTICA DE LA CAZA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001535)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 18
DE MARZO DE 1998, DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
GUARDIA CIVIL, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 1998, ASÍ COMO DEL REAL
DECRETO 2487/1998, DE 20 DE NOVIEMBRE. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001570)
El señor PRESIDENTE: Punto 3 del orden del día: Proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para implantar
una reglamentación específica de las pruebas de aptitud para la
obtención y uso de armas para la práctica de la caza.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado una proposición
no de ley en Comisión, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales ayer, día 24 de mayo, cuyo texto es el siguiente:
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la
modificación de la Orden de 18 de marzo de 1998, de la resolución de
la Dirección General de la Guardia Civil, de fecha 19 de octubre de
1998, así como del Real Decreto 2487 de 1998, de 20 de noviembre.
Este decreto guarda relación con esta iniciativa. Su texto, teniendo
en cuenta la publicación tan inmediata, es conveniente leerlo en este
momento, y dice lo siguiente:
Exposición de motivos.-La actividad cinegética tiene una
extraordinaria importancia en España no sólo desde el punto de vista
económico sino también desde un punto de vista social y cultural; son
aproximadamente 1,5 millones los cazadores que habitualmente
practican este deporte. Con fecha reciente, el Gobierno del Estado ha
puesto en vigor una serie de normas que han venido a complicar
injustificadamente la práctica de esta actividad tradicional. Por un
lado, bajo la iniciativa del Ministerio de Interior, en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 3 de diciembre se publica el Real Decreto
2487, de 20 de noviembre de 1998, por el que se regula la
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar
armas y para prestar servicios de seguridad privada. Este real
decreto se pretende aplicar a dos colectivos que realizan una
actividad totalmente distinta: por un lado, a las personas que
desempeñan profesionalmente servicios de seguridad privada y, por
otro lado, a un colectivo que desempeña una actividad deportiva, como
es la caza o el tiro. No parece lógico que se equiparen unas
actividades tan dispares. El Grupo Parlamentario Vasco entiende
razonable la existencia de un examen psicofísico para la concesión de
licencias de armas de caza y tiro, sin embargo, considera excesivos
los requisitos exigidos por este real decreto para la práctica de un
deporte tan extendido y popular.
En relación con la publicación de la orden de 18 de marzo del
Ministerio de Interior y de la resolución de la Dirección General de
la Guardia Civil de fecha 19 de octubre de 1998, por la que se dictan
instrucciones para la ejecución de la orden, es preciso que el
colectivo de los cazadores sea debidamente consultado, ya que el
examen que se pretende imponer no responde en absoluto a unas
exigencias lógicas que acrediten un debido conocimiento del manejo de
armas deportivas de caza. La realización de pruebas prácticas de
puntería, la acción de montar y desmontar un arma, entre otras,
responde más a unos conocimientos exigidos a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que a los usuarios de unas armas deportivas para
la práctica de la caza y el tiro. Además, es preciso tener en cuenta
que son numerosas las comunidades autónomas, por ejemplo, la
Comunidad Autónoma Vasca, que han implantado el examen del cazador,
en el que se contiene una sección específica dedicada a la
legislación sobre armas y pruebas de manejo y manual de utilización.
Con la implantación de este examen por parte de la Guardia Civil se
produce una duplicidad sobre la misma materia, que complica
y encarece la práctica de la caza y del tiro deportivo, generando
disfuncionalidades administrativas. Por consiguiente, el Grupo
Parlamentario Vasco presenta la siguiente proposición no de ley: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar y adecuar la
orden de 18 de marzo de 1998 del Ministerio de Interior, la
resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 19 de
octubre de 1998, así como el Real Decreto 2487, de 20 de noviembre de
1998, de forma consensuada con los representantes de las comunidades
autónomas en materia de caza, así como con las federaciones
representantes del colectivo de cazadores, ajustándose a las
necesidades específicas de la caza y el tiro deportivo.
Señorías -repito-, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que, dada la
similitud de planteamientos que a su juicio tiene esta proposición no
de ley con la que vamos a debatir, se incorporara al orden del día,
modificándolo en ese sentido. Naturalmente, teniendo en cuenta que
ningún grupo ha tenido oportunidad de formular las correspondientes
enmiendas a esta proposición no de ley, esto se haría siempre que
ninguno de ellos se oponga y muestre su parecer favorable. Por tanto,
someto a la consideración de la Comisión la modificación del orden
del día, para introducir, en su caso, esta proposición no de ley, que
se debatiría conjuntamente con la que vamos a abordar. Si algún grupo
prefiere plantear una eventual enmienda a esta proposición no de ley,
tampoco podría someterse a votación la incorporación al orden del día
de la misma. Con estas indicaciones, someto a la Comisión la decisión
de modificar el orden del día.
Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Mi grupo no tiene inconveniente en que se
acumule la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco en
fecha 11 de mayo, siempre y cuando el Grupo Vasco no tenga
inconveniente en aceptar la enmienda presentada a la proposición no
de ley del Grupo Catalán, en los mismos términos.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: La práctica identidad en los contenidos de
las proposiciones no de ley hace
que efectivamente la transacción que el Grupo Popular ofrece a
Convergència i Unió sea también adecuada a la iniciativa que mi grupo
defiende, tal y como manifestaré cuando me posicione sobre ella.
El señor PRESIDENTE: Visto que los portavoces no tienen ningún
inconveniente -supongo que tampoco el de Convergència i Unió-, someto
a su consideración la modificación del orden del día. (Pausa.) Queda
modificado por unanimidad.
En consecuencia, abordamos el debate de estas dos proposiciones no de
ley.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Evidentemente sólo podemos ser
favorables a esta modificación, que permite que esta iniciativa del
Grupo Vasco se acumule a nuestra proposición no de ley. Incluso la
lectura que ha hecho el señor presidente de los antecedentes, de la
exposición de motivos del texto del PNV, obvia perfectamente la
explicación que ahora relataría yo en relación a esta cuestión, ya
que compartimos tanto el fondo como la forma de lo que se pretende
abordar. Efectivamente el Real Decreto 2487/1998, que regula la
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar
armas y para prestar servicios de seguridad privada, provocó una
importante inquietud, especialmente en el colectivo de cazadores. Ese
decreto regulaba el uso de las armas, tanto por profesionales, por
los que se dedican al servicio de seguridad privada o vigilantes de
seguridad, como por las personas que desean obtener una licencia de
armas para practicar el deporte de la caza. Convergència i Unió, y
estoy seguro de que también el conjunto de grupos de la Cámara,
entienden necesario establecer mecanismos para que aquellas personas
que tengan que utilizar este tipo de instrumentos mortíferos tengan
unas aptitudes que permitan una utilización correcta de los mismos;
todos tenemos en mente otros países del mundo donde precisamente una
política laxa en esta materia tiene consecuencias nefastas. Nos
parece que el planteamiento del decreto, equiparando tanto los
supuestos de los cazadores como los supuestos de los agentes que
profesionalmente se dedican a esta cuestión, induce a equívocos y no
reconoce una realidad existente hoy en toda la geografía del Estado
español, muchas veces en el ámbito rural, como es el deporte de la
caza y, además, las rentas complementarias que proporciona esta
actividad a la población rural. De ahí que, recogiendo una inquietud
que existe en el sector, nuestro grupo parlamentario haya planteado
la necesidad de afrontar una revisión de este Real Decreto 2487/1998
y abrir un proceso de discusión con las comunidades autónomas
competentes en la materia, pero también con el sector social
representativo de los intereses de los cazadores, como es la
Federación Española de Caza, en el sentido de articular la puesta en
marcha de una normativa que tenga en cuenta esa acreditación de la
aptitud psicofísica de los cazadores en función exclusivamente de los
practicantes de este deporte, diferenciándose por tanto de los
requisitos que se piden para los profesionales de los servicios de
seguridad privada. Nos parece que respondemos a una demanda existente
y que sería importante que el Congreso de los
Diputados diese luz verde esta mañana a esta modificación del real
decreto que ha provocado esta inquietud.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Quiero comenzar mi intervención -puesto
que antes sólo lo han manifestado los portavoces de los grupos
mayoritarios- dando las condolencias a los miembros presentes del
Partido Socialista por el fallecimiento de don Ramón Rubial, a quien
tuve el honor de conocer mientras presidió el Consejo General Vasco y
de tratar con posterioridad.
También quiero mostrar mi agradecimiento, esta vez a todos los
portavoces, por haber posibilitado que la iniciativa del Grupo Vasco,
presentada el 11 de mayo, pero no publicada, pueda ser objeto de
tratamiento conjunto con la iniciativa que tenía presentada el Grupo
de Convergència i Unió. Ambas hacen referencia a la alarma social, al
auténtico clamor social que provocó entre los cazadores la
publicación del Real Decreto 2487/1998, por el que se regula la
acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar
armas y para prestar servicios de seguridad privada. La primera
perplejidad que suscitó la publicación de este real decreto fue la
unión de las dos circunstancias, es decir, que se regulase la
acreditación de las aptitudes psicofísicas en una misma disposición y
con idénticas características tanto para practicar un deporte como
para prestar servicios de seguridad privada. Desde el Grupo Vasco se
reaccionó formulando preguntas por escrito por parte de mi compañero
de grupo el diputado señor González de Txabarri que, en el mes de
febrero, preguntaba al Gobierno si creía que era sensato y lógico y
si obedecía a alguna racionalidad englobar en el mismo real decreto a
los cazadores y a los agentes de seguridad; además, si entendía
razonable el Gobierno que para practicar un deporte como es la caza
una persona se viese sometida al conjunto de exploraciones médicas
que se recogen en el real decreto y si había realizado alguna
consulta previa a la puesta en vigor de dicho real decreto con las
federaciones de caza competentes. La respuesta del Gobierno -existió
respuesta en plazo, en efecto- no satisface la totalidad de los
interrogantes que se le formulaban. Evidentemente, al igual que
manifiesta el Gobierno, nosotros entendemos que toda persona que
utiliza armas debe ser objeto de una cierta tutela, pero es que en el
sector de la caza, hasta ahora, no había existido, en el ámbito del
Estado español, ningún problema en cuanto a las condiciones de
quienes las portaban; esto no es Estados Unidos ni aquí existe la
alarma social allí suscitada por la tenencia y uso de armas, no se
puede comparar con lo existente en nuestro ámbito territorial y
creemos que es absolutamente desmedido el cúmulo de requisitos
exigidos para la obtención de una licencia para, repito, la práctica
de un deporte como es la caza, aunque pueda estar justificado en
supuestos como es la prestación de servicios de seguridad privada.
En la propia respuesta que da el Gobierno, cuando se alude a las
entidades que han sido consultadas, se afirma que, tal y como
acredita el informe del Consejo de Estado, se ha procedido al trámite
de consultas, si bien luego el número de las efectuadas resulta más
bien escaso y poco satisfactorio por cuanto que la Federación
Española de
Caza y la Asociación de Productores de Caza de CastillaLa Mancha son
precisamente inductores de las iniciativas que tanto el Grupo Catalán
como el Grupo Vasco presentamos en este momento puesto que, por ser
los afectados, son los que más interés han tenido en promover la
modificación de la norma.
Debo también referirme a que esta inquietud existe en representantes
del propio Grupo Popular. El diputado que intervendrá en nombre de
este grupo, el señor De Luis Rodríguez, cuando en el seno de esta
misma Cámara, en la Comisión de Administraciones Públicas, se estudió
y se debatió la constitución de un consejo interautonómico de la
caza, se hacía eco del malestar que había creado el que desde el
Ministerio de Interior, que es el que realmente tiene competencias en
lo que se refiere a la regulación de la expedición de licencias, se
hubiese establecido un decreto que regula el uso de las armas, con
unas pruebas psicofísicas cuya finalidad es garantizar el perfecto
estado de la persona que va a ser titular de esa arma. El citado
decreto no hace una equiparación entre personas que prestan sus
servicios en la seguridad privada y los cazadores; establece una
distinción, pero esa distinción luego no se traduce a la hora de
establecer distintos requisitos en los exámenes psicofísicos.
Entiende que la redacción del decreto es, además, prolija, compleja y
que ha introducido un importante elemento de preocupación en el
colectivo de cazadores, preocupación -dice- que es nuestra intención
que sea resuelta mediante el diálogo. Obedecía su intervención,
repito, a la constitución de un consejo interautonómico para tratar
de los problemas de la caza.
Por todo ello, el Grupo Vasco, entendiendo que no habían tenido
solución las inquietudes que plantea el real decreto, solicita ahora
del Gobierno, al igual que hace la iniciativa del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) la modificación de la normativa. Creemos que
deben separarse los dos ámbitos a los que va dirigida, teniendo en
cuenta las especificidades de uno y otro. Sin embargo, el Grupo
Popular nos ofrece una transacción que, como suele ocurrir, supone
una rebaja en los planteamientos formulados por los grupos ya que no
se insta al Gobierno directamente, como hubiera sido nuestro deseo, a
la modificación normativa y también, por qué no decirlo, a que los
exámenes psicofísicos previstos para el mes de julio pudiesen ser
atrasados; el Grupo Popular, repito, nos ofrece el que se siga,
dentro de ese marco del consejo interautonómico de la caza, con las
conversaciones promovidas, intentando que los sectores afectados
puedan resolver sus problemas en relación con la aplicación de este
real decreto.
A nosotros, como pasa siempre, nos hubiese gustado más el texto que
proponíamos, que el Gobierno se comprometiese a una modificación de
las normas que regulan la obtención de los permisos de armas o que se
comprometiese a un retraso en la realización de las pruebas, pero
sabiendo que no contamos con los votos suficientes nos sometemos a lo
que creemos que será consenso entre todos los grupos, instando desde
luego al Gobierno a que cuanto antes, si puede ser antes del mes de
julio, en el que se empezarían a realizar estas pruebas, se pueda
producir ese diálogo y ese acuerdo del Gobierno con los sectores
afectados para solucionar este problema que, repito, nunca debiera
haberse producido si efectivamente hubiese existido un
diálogo previo entre las federaciones deportivas y la administración
encargada de regular esta normativa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular
y para la fijación del criterio de dicho grupo, tiene la palabra el
diputado don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Efectivamente, señor presidente, en mi
intervención voy a presentar la enmienda de mi grupo y a valorar las
dos proposiciones no de ley presentadas; una del Grupo Catalán, de
fecha 22 de abril, y otra del Grupo Vasco, presentada el día 11 de
mayo, que ha leído la Presidencia. Creo que para poder acercarnos al
problema en sus justos términos es más que conveniente, aun cuando la
señora Uría ha hecho alguna referencia a los antecedentes, comentar
un poco cómo se ha llevado toda la problemática que, en torno al
mundo de la caza, se ha generado en los últimos meses.
En el mes de abril mi grupo parlamentario mantuvo entrevistas con la
Federación Española de Caza y con el propio colectivo que se ha
constituido para abordar una solución a los problemas que afectan a
este sector, la llamada Plataforma por la caza. En aquel momento,
siendo conscientes, como después veremos, de los problemas que
afectaban a este grupo de ciudadanos, mi grupo presentó en esta
Cámara una proposición de ley, que fue debatida en el mes de abril en
la Comisión de Administraciones Públicas, en la que, conociendo con
detalle los problemas, considerábamos lo más oportuno generar un
punto de encuentro, fuera cual fuera su denominación, estimular un
diálogo entre las administraciones públicas implicadas con
competencias en la materia y el sector para, identificando los
problemas, determinar los objetivos a alcanzar y por tanto poder,
mediante el diálogo, llegar a una justa solución.
El mandato que esta Cámara aprobó el 28 de abril en la Comisión de
Administraciones Públicas fue inmediatamente cumplido por el
Gobierno. Ainstancias del Ministerio de Medio Ambiente se constituyó,
el 4 de mayo, el Foro interautonómico de la caza, con representantes
de los sectores sociales y de las distintas administraciones, tanto
la Administración central como las propias administraciones públicas,
acordándose en ese momento la creación de un grupo de trabajo que,
con carácter urgente, abordara los problemas que afectaban al sector
de la caza y al Ministerio de Interior, entre ellos el Real Decreto
2487/1998 y las órdenes ministeriales a las que se ha hecho
referencia. Ese grupo de trabajo, según mis informaciones, ha sido
convocado por el Ministerio de Interior a una reunión que se
celebrará esta semana para continuar trabajando en la búsqueda de la
adecuada solución.
En relación al Real Decreto que nos ocupa, el 2487/1998, y las
órdenes ministeriales a las que se ha hecho referencia, creo muy
importante que quede muy claro cuál es la intención el Gobierno. La
intención del Gobierno, en primer lugar, es incrementar las cautelas;
en ningún caso es intención del Gobierno ofrecer el más mínimo
inconveniente a la práctica de la muy sana y muy digna actividad
deportiva que nos ocupa esta mañana en la Comisión de Justicia e
Interior. Por otra parte, me parece que también conviene que la
Comisión conozca que toda la normativa que estamos comentando trae
causa del
reglamento de armas de 1993 y de la Ley de Seguridad Privada de 1992,
que requerían un desarrollo, y ésta ha sido la decisión del Gobierno.
En segundo lugar, es muy importante conocer también -creo que la
señora Uría ha hecho antes referencia a ello- que el trámite de
audiencia se produjo, que hubo contactos previos a la promulgación de
estas normas por parte de los responsables del Ministerio de Interior
con el sector afectado y con las comunidades autónomas y que por
tanto se escucharon en su momento las consideraciones que se pudieron
plantear en aquel trámite de audiencia.
Por otra parte conviene dejar muy claro, sin renunciar a ninguna de
las valoraciones que hice en la Comisión de Administraciones Públicas
el 28 de abril, que es cierto que el real decreto y las órdenes
ministeriales han levantado preocupación y que, como he dicho
anteriormente, estamos trabajando para eliminarla y despejarla, pero
no deja de ser cierto que el real decreto no ofrece un tratamiento
idéntico en función de los distintos criterios de aptitud que se
exigen según los colectivos afectados. El real decreto en sus anexos
establece determinados criterios de aptitud para el personal
profesional de la seguridad privada, determina otros criterios de
aptitud completamente distintos para el deportista -llamémosle así-
que practica la caza como manifestación de su ocio, y abre otra
categoría en los anexos para las personas o ciudadanos que tengan
alguna minusvalía, a los que se exige unos criterios de aptitud
distintos. La identidad, el instrumento jurídico o normativo es el
mismo y es lo que da lugar a la preocupación que -repito- estamos
intentando despejar, pero en ningún caso da un trato igualitario
según las categorías que antes he mencionado.
Por otra parte, conviene señalar que -examinando la normativa que
estaba vigente antes de la entrada en vigor de este real decreto, una
de 1985- las pruebas que hoy se exigen no son muy distintas de las
que se exigían entonces y que el conjunto de aptitudes exigibles en
función de la categoría tampoco se distancia mucho de aquéllas que se
exigen para la obtención de los permisos de conducir. Desde el
momento de su entrada en vigor, el real decreto no ha ofrecido ningún
problema para su aplicación derivado de incomprensión o problemas
surgidos en los centros de reconocimiento debidamente homologados o
reconocidos para hacer las pruebas correspondientes. Estos centros de
reconocimiento deben señalar que no existan indicios de padecer una
determinada enfermedad, pero no tienen por qué comprometerse al cien
por cien a que exista cualquier disfuncionalidad que dificulte la
obtención de la licencia.
Por tanto, puestos en conocimiento de la Comisión los antecedentes y
valorado el real decreto en lo que nosotros entendemos que son sus
justos términos, es muy conveniente volver a insistir en algo que los
que me han precedido en el uso de la palabra han hecho y que yo
particularmente también hice en la Comisión de Administraciones
Públicas. Para el Gobierno la actividad de la caza -y reconocido por
todo el mundo- tiene muy profundas raíces en nuestra sociedad. Para
llegar a esta conclusión hay que manejar los datos más objetivos
posibles, que son el número de licencias de caza que existen en la
Federación Española, que superan las 400.000, y el total de personas
que tienen en su poder licencias de armas destinadas a la caza,
superan la cifra de 1.800.000. Es clarísimo -según los datos- que
existe un importante grupo de ciudadanos que utilizan esta respetable
actividad para llenar su ocio.
En segundo lugar, es muy importante la contribución de esta actividad
al sector económico, por cuanto que hay mucha gente, 1.800.000
personas, que realizan esta actividad, lo que genera una corriente de
renta muy importante. Según los datos de la Plataforma de caza, la
generación de renta en torno a la caza puede estar en torno a los
100.000 millones de pesetas, que no es una contribución baja al
producto interior bruto. Por las razones antes expuestas, por el
importante colectivo que participa, más la renta que genera, ya que
afecta a distintos sectores económicos del país, la actividad
cinegética proporciona un importante número de empleos. Según la
Plataforma de caza, los empleos directos que se generan en torno a
esta actividad está alrededor de los 100.000, y los inducidos, por
cuanto que tiene efectos multiplicadores sobre otros sectores, como
la hostelería, las armerías, etcétera, pueden estar en torno a
500.000. En conjunto son 600.000 empleos los que se generan en torno
a esta actividad.
Los cazadores tienen una gran preocupación y es que precisamente las
administraciones públicas no les reconozcan como elementos muy
activos y decididos en el mantenimiento del medio ambiente. Para el
grupo del Gobierno y para el propio Gobierno los cazadores deben ser
contemplados no como agresores sino como personas muy comprometidas
en el mantenimiento tanto de las especies como de los hábitat. Es muy
natural que quien tiene que utilizar ese escenario para realizar su
actividad sea un firme defensor del mantenimiento de especies y
hábitat, y es un reconocimiento que quiero que quede reflejado en el
«Diario de Sesiones».
En cuanto a la valoración de la importancia que tiene el sector, creo
que la política agraria común tiene entre sus grandes preocupaciones
la fijación de la población en el medio rural, y es una preocupación
compartida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la
necesidad de ofrecer a las personas que habitan en el medio rural
actividades paralelas, distintas de la agricultura tradicional y de
la ganadería, que permitan garantizar el conveniente nivel de renta
así como una proyección de futuro con un buen nivel de desarrollo.
Desde el grupo del Gobierno creemos que esta actividad, a pesar de
todos los puntos activos que antes hemos comentado, puede significar
una nueva línea de trabajo que ayude a conseguir el objetivo antes
señalado.
Para terminar, la Comisión de Justicia e Interior debe tener
conocimiento de que en efecto -y así lo dije el 28 de abril en la
Comisión de Administraciones Públicas- hoy en día en torno a este
problema existen algunos puntos oscuros, que no creo que hayan
levantado la alarma social que se ha dicho aquí pero sí una muy justa
y digna preocupación por la que desde hace ya bastante tiempo estamos
trabajando. Consideramos que los problemas tienen dos focos de origen
distintos: uno son los derivados de la disparidad normativa. Las
comunidades autónomas, en el muy legal, muy justo y muy legítimo
derecho, han promulgado normativas distintas, y naturalmente tener
normas muy dispares para jugar la partida dificulta la ejecución de
la actividad y por tanto, preocupa mucho al colectivo. Tampoco
se puede negar que, desde el punto de vista de la capacidad normativa
de la Administración central, hay algunos problemas que preocupan al
colectivo.
Por todo ello, por cuanto que los orígenes son dispares, por cuanto
que el sector es muy importante y por cuanto que nosotros estamos
convencidos de que es una actividad muy digna que es conveniente que
sea apoyada y estimulada en sus justos términos, y teniendo presente
el último párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), donde insta al
Gobierno a que entable negociaciones y diálogo con el sector y con
las administraciones públicas implicadas para buscar una solución a
este problema, es por lo que hemos presentado una enmienda en los
términos en los que la Comisión conoce y que poco más o menos viene a
decir que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el
ámbito de las conversaciones que se han generado en torno a los
distintos problemas que afectan al mundo de la caza, se dé un
carácter prioritario y urgente para resolver aquéllos que hoy en día
preocupan a los que pretenden ser titulares de licencias para el uso
de armas destinados a esta actividad. Espero contar con el apoyo de
los grupos representados en la Comisión para que de esta forma
podamos continuar con un trabajo que, inspirado en el diálogo, busque
las justas soluciones que los cazadores de este país se merecen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Luis.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Como todavía no tengo el don de la
ubicuidad, no he podido estar en la defensa de esa proposición no de
ley.
Nosotros habíamos pedido que este tema se debatiese en la Comisión de
Agricultura, y no fue posible, está en la Comisión de Justicia;
entendemos que era mejor la propuesta de nuestro grupo, pero en aras
de lograr un máximo consenso, vamos a aceptar la enmienda del Grupo
Popular, dejando claro que haremos un seguimiento del tema, y si no
se llega a conclusiones en un tiempo relativamente corto, volveríamos
a insistir en el mismo tema.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, ¿acepta el resultado de la
incorporación de la enmienda del Grupo Popular?
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar el debate de las tres ...
El señor PEDRET I GRENZNER: Perdón, señor presidente, el Grupo
Socialista quería hacer uso de la palabra para fijar posición.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Pedret, con toda esta
agitación de la mañana...
Señor Íniguez.
El señor ÍNIGUEZ MOLINA: Quería aprovechar este momento para
agradecer a todos los grupos las palabras que han tenido en recuerdo
del presidente de nuestro partido, que hacen justo reconocimiento de
su valía de hombre y de político de bien.
Muy brevemente queremos manifestar nuestro apoyo a las dos
proposiciones no de ley del Grupo Vasco y del Grupo Catalán, porque
estamos completamente de acuerdo con todos los razonamientos tanto de
forma como de fondo que han expresado. (Rumores.)
La regulación de estas pruebas psicofísicas para las licencias de
armas y para la concesión de licencias de actividad como vigilantes
jurados o guardas de seguridad no estaban reguladas por la misma
disposición, el Real Decreto 2283/1985, que establecía que para el
uso de las armas había una serie de pruebas psicofísicas que guardan
cierta relación con los anexos del real decreto que se quiere
modificar pero que son muy superados en pruebas, en requisitos y en
imposibilidad de que muchas personas casi normales obtengan el
permiso de la licencia de armas con todos los anexos establecidos en
esta disposición de 20 de noviembre de 1998. (Rumores.) Creemos que
debe establecerse una distinta regulación para el uso de las armas
que han de llevar y las licencias que han de tener los guardas de la
seguridad privada, y, por otra parte, de la licencia propia de las
armas de caza o las armas establecidas para los deportes. (Rumores.)
Esto ya digo que lo establecía el Real Decreto 2283/1985, que
exceptuaba en su artículo 1 a los tipos de licencia ... (El cambio de
impresiones entre los señores diputados impide oír al orador) y los
tipos de licencia tipo S, correspondientes a funcionarios públicos de
seguridad, vigilantes jurados de seguridad y guardas jurados de
explosivos. Es precisamente una orden de 1995 la que establece, ante
la insuficiencia de las normas establecidas para los vigilantes de
seguridad, que se rijan por este Real Decreto de 4 de diciembre de
1985, que hasta entonces estaban excluidos de esta regulación.
(Rumores.)
Con ello se aumentan las circunstancias, se aumentan los requisitos
establecidos para la utilización y para la habilitación de las
personas que puedan ejercitar puestos de seguridad privada; por
tanto, lo que se hace, en vez de igualarlos por lo mínimo, que es lo
que estaba establecido en el Real Decreto de 1985, es establecer un
tope mucho mayor que, cogiendo las condiciones necesarias para las
personas que han de ser habilitados para las armas propias de la
seguridad privada, se aplica también en la exposición de motivos, en
la que incluso quiere igualarlos con las pruebas establecidas para el
permiso de conducción de vehículos de motor, y entonces se busca y se
hace un totum revolutum, en el cual este Decreto de 20 de noviembre
de 1998, salvo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el
Ejército, iguala a todos los demás en estas normas y con estos mismos
anexos, en el que hay algunas distinciones entre los grupos M, L y S,
que son los distintos tipos de actividades que se regulan por este
decreto, pero estableciendo un sistema que es tan impeditivo para el
ejercicio normal de los casi dos millones de personas que ejercitan
el deporte de la caza que a muchos de ellos les haría perder la
posibilidad
de obtener licencias o permisos de armas o posteriormente la
prórroga de las mismas.
Por tanto, estimamos que son acertadas las dos proposiciones no de
ley que establecen tanto el Grupo Vasco como el Grupo Catalán y
votaríamos a favor de ellas. Si ellos retiran sus proposiciones y se
limitan a una, junto con la del Partido Popular, tendríamos que votar
ésta, pues nos parece más restrictiva la enmienda del Partido
Popular, porque creemos que de forma inmediata debe funcionar este
Foro interautonómico de la caza, que no sea la creación de un órgano
para tratar de resolver un problema, alargándolo y no resolviéndolo
en realidad. Por tanto lo que estimábamos oportuno es que se requiera
del Gobierno que se resuelva este problema a la mayor brevedad, desde
luego con intervención de la Federación Española de Caza, pero sobre
todo con intervención de las comunidades autónomas que tengan
competencia en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señorías, al comienzo de la sesión, habíamos
fijado como hora límite de debate las 11,30 horas, tiempo ya superado
con exceso. Tengo la impresión de que alguno de los señores
diputados, a la vista de ese anuncio, habían adoptado prevenciones
sobre otras actividades, y naturalmente creo que hay que ser riguroso
en esos anuncios. Por tanto, deberíamos dar por terminada la sesión.
(El señor De la Encina Ortega pide la palabra.)
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Solamente decirle que vamos a ser muy
breves en la exposición porque hemos llegado a un acuerdo con el
Grupo Parlamentario Popular para aceptar una enmienda transaccional;
por tanto, si le parece oportuno, podríamos entrar al menos a este
punto que queda. Van a ser cinco minutos en total.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer alguna indicación?
(Pausa.) Entonces, con esa brevedad cierta y para evitar la
alteración de las previsiones que he percibido...
El señor DE LA ENCINAORTEGA: Señor presidente, solamente se trata de
la proposición no de ley número 4.
El señor PRESIDENTE: Solamente la número 4.
- SOBRE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE
TRÁFICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ CREANDO UNA DELEGACIÓN DE TRÁFICO EN
ELCAMPO DE GIBRALTAR. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001525)
El señor PRESIDENTE: Entonces, modificando una vez más el orden del
día, debatiremos exclusivamente la proposición no de ley número 4,
sobre descentralización administrativa de la Jefatura Provincial de
Tráfico en la provincia de Cádiz, creando una delegación de tráfico
en elCampo de Gibraltar. Tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LAENCINAORTEGA: Solamente decir que el Campo de Gibraltar
está a una distancia de más de 130 kilómetros de la capital, Cádiz.
Tiene una población de 250.000 habitantes y una delegación comarcal
de tráfico o una oficina local de tráfico para aquella zona sería muy
importante y beneficioso porque vería acercados los servicios
y evitaría desplazamientos y encarecimientos de determinados trámites.
Son muchísimos los trámites que se efectúan en relación a esta
iniciativa que hoy traemos aquí. Señálese, por ejemplo, 5.000
matriculaciones de vehículos, 6.000 transferencias ...; en
definitiva, es algo realmente sentido y reclamado por todos los
ciudadanos del Campo de Gibraltar y una manera de descentralizar un
mandato constitucional, el de acercar los servicios y mejorar la
calidad de ellos ante los ciudadanos. Por ello solicitamos desde el
Grupo Parlamentario Socialista que se contemple la descentralización
administrativa de la Jefatura Provincial de Tráfico en la provincia
de Cádiz, creando una delegación de tráfico en el Campo de Gibraltar,
que conlleve la modificación de relaciones de puestos de trabajo,
dotaciones económicas, coste y medios materiales, y su apertura y
posterior mantenimiento al principio del año 2000 en una de las
ciudades del Campo de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: La exposición del portavoz del Grupo
Socialista me exime de tener que recordar que son más de 250.000
campogibraltareños los que se verían beneficiados por una medida como
ésta que le facilitaría extraordinariamente la tramitación de
diversas actuaciones relacionadas con la Jefatura de Tráfico de
Cádiz, para unas poblaciones situadas todas ellas a más de 100
kilómetros. Es cierto que esta es una vieja pretensión de la comarca
del Campo de Gibraltar, que ha sido contemplada como previsión en
todos los planes y proyectos que se han hecho desde 1991 hasta la
fecha, y el Grupo Parlamentario Popular sensible a las preocupaciones
y a las necesidades de los campogibraltareños no puede menos que
sumarse a esa preocupación y a ese sentimiento.
Tengo que decir, señor presidente, que si es cierto que desde 1991
está previsto en todos los planes y proyectos, sin embargo no ha sido
hasta la creación de la Comisión interministerial de seguridad vial
en octubre de 1997 cuando se ha abordado de manera seria y rigurosa
este problema, hasta el punto de que se propuso por la Dirección
General de Tráfico la creación de una oficina local en el Campo de
Gibraltar, proposición que fue aceptada por la Comisión
interministerial de seguridad vial en marzo del presente año. A raíz
de ello se han realizado los estudios técnicos y económicos
necesarios para dar paso a la orden ministerial de creación de esta
oficina local de tráfico en el Campo de Gibraltar, estudios que están
fechados el 8 de abril de 1999, es decir, hace poco más de un mes y
medio, y dicha orden ministerial se encuentra actualmente en estudio
en las secretarías generales técnicas de los ministerios afectados.
Sin necesidad de recordar que la proposición del Grupo Socialista
tiene fecha posterior a estos estudios técnicos,
me queda por decir que no me cabe ninguna duda de que el señor
De la Encina no tenía conocimiento de ello y de que, por tanto, es
bienintencionada esta propuesta, en la que creo que coincidimos todos
los grupos parlamentarios y todas las fuerzas políticas con
representación en el Campo de Gibraltar. Sin embargo y como
precisamente la orden ministerial está en avanzado estado de
gestación, yo propondría al señor De la Encina la retirada de esta
proposición no de ley, por la simple razón de que no quiero someter
a esta Cámara al mal trago de instar al Gobierno a hacer precisamente
lo que prácticamente ha concluido. De no retirarla el señor De la
Encina, que sería lo más adecuado, sí le ofrecería como enmienda in
voce una transaccional, de forma que quedando la exposición de
motivos como está, el texto fuera el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a culminar, en el más breve plazo
posible, la tramitación administrativa de la orden ministerial cuyos
estudios técnicos y económicos están ya concluidos, en orden a la
creación de una oficina local de tráfico en el Campo de Gibraltar.
Reitero que lo suyo sería retirar la proposición, pero, si no, le
ofrezco este texto transaccional que estaríamos dispuestos a votar a
favor.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Solamente le recuerdo al portavoz
popular que esta es la tercera vez que traigo en nombre del Grupo
Socialista al Congreso de los Diputados esta petición, por tanto, no
es algo nuevo, sino que ya se conocía y existen respuestas del
Gobierno.
En todo caso, conoce también el portavoz popular que lo que se
pretende con esta iniciativa es una reivindicación social y ciudadana
y no un arma política arrojadiza contra nadie. En consecuencia, yo no
voy a retirar la proposición no de ley, pero sí voy a aceptar la
enmienda transaccional in voce que presenta el Grupo Popular, porque
confío que en ese breve plazo de tiempo el Campo de Gibraltar va a
contar con la oficina local de tráfico, ya que estoy convencido de
que todos estamos de acuerdo en dar cumplimiento a esta larga
reivindicación social y, en definitiva ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Encina, el debate ya
concluyó.
Señor Seco, si S.S. no tiene inconveniente, acerque a la mesa el
texto para que quede incorporado a los efectos de la votación a la
que vamos a proceder seguidamente.
Como quiera que fue retirada la proposición no de ley que figuraba
con el número 1 en el orden del día, votamos, en primer lugar, la
proposición de no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
sobre sectas, grupos y asociaciones de carácter destructivo, con el
resultado de la incorporación a la misma de la enmienda aceptada, en
los términos en que lo fue, fruto del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley para implantar una
reglamentación específica de las pruebas deaptitud para la obtención
y uso de armas para la práctica de
la caza, del Grupo Parlamentario Catalán, y también la del Grupo
Vasco, a la que dimos lectura en el inicio del debate y que quedó
acumulada tanto para el debate como para la votación a la que
figuraba en el orden del día como punto número 3, con el resultado de
la incorporación a la misma de la enmienda del Grupo Popular, en la
síntesis resultante del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos finalmente la proposición no de ley del Grupo Socialista,
sobre descentralización administrativa de la
Jefatura Provincial de Tráfico en la provincia de Cádiz creando una
delegación de tráfico en el Campo de Gibraltar, con la transacción
ofrecida por el Grupo Popular y aceptada por el Grupo Socialista y,
por tanto, con el texto resultante de esa transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Terminado el orden del día, tal como ha quedado fijado por la
Comisión, se levanta la sesión.