CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 699



POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 44



celebrada el jueves, 20 de mayo de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia urgente del señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Pimentel Siles) para que, previo el análisis de la
situación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en España, informe de la política desarrollada por el Gobierno en
relación con la prevención de los mismos. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000912.)
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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados. Se
inicia la sesión con el único punto del orden del día:comparecencia
urgente del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que,
previamente al análisis
de la situación de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en España, informe de la política desarrollada por el
Gobierno en relación con la prevención de los mismos. Es una
comparecencia solicitada por el Grupo Socialista del Congreso.

Para su exposición, tiene la palabra el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, señor Pimentel.

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El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Señorías, siempre es conveniente plantear este tipo de comparecencias
para abordar lo que sin duda se va convirtiendo en uno de los
principales problemas de nuestra sociedad. Es compartido por la
sociedad española, por los grupos de esta Cámara, por el propio
Gobierno que algunos indicadores del mercado de trabajo avanzan en
sentido correcto: número de empleos, descenso del desempleo, avance
del empleo en la mujer o avance del diálogo social. Estos elementos,
con todos sus matices, caminan por la senda positiva; sin embargo, y
de ahí la oportunidad de esta comparecencia, el propio Ministerio
asume que hay datos que no permiten entonar ningún canto de
satisfacción, y esos datos son los relativos a la siniestralidad
laboral. No hay buenas cifras, son cifras que deben preocuparnos
-desde luego, al Gobierno le preocupan- y sobre las cuales voy a
hacer un análisis cuantitativo de accidentes, en qué sectores, las
posibles causas y las líneas en que estamos trabajando. Como digo,
este análisis parte de que no hay satisfacción de ningún tipo por
parte del Gobierno en relación con la actualidad de la siniestralidad
en nuestro país.

En estos primeros años se ha trabajado en construir el edificio
normativo. Hemos traspuesto 17 directivas, lo que ha dado lugar a 14
reales decretos y tres órdenes ministeriales; se ha creado la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo donde se
encuentran representados empresarios, sindicatos, comunidades
autónomas y Administración, puesto que como saben SS.SS. una gran
parte de las competencias de gestión se encuentran transferidas a las
comunidades autónomas. Por tanto, durante el año 1997 y principios de
1998 ha habido una prioridad: construir el edificio normativo. Al día
de hoy tenemos un nivel altísimo de trasposición de directivas y un
conjunto de normas laborales y legales a la altura de cualquier país
europeo. Por tanto, ya no se trata de leyes, sino de cumplimiento de
las leyes y de ahí que la acción del Gobierno durante todo 1999 vaya
a ir encaminada más que a nueva legislación, más que a nuevas leyes a
que se cumplan las leyes y normas que tenemos actualmente, que además
han sido consensuadas entre comunidades autónomas, agentes sociales y
Administración.




¿Cuál ha sido el balance de 1998? No estamos satisfechos y creo que
es de justicia reconocerlo en público. De enero a diciembre de 1998
se han registrado un total de 753.000 accidentes de trabajo con baja
en jornada laboral, lo que supone, incluyendo la totalidad de los
accidentes de trabajo, un incremento del 11,27 respecto al mismo
período del año 1997. El sector de la construcción, con el 20,76 por
ciento de incremento, casi duplicó el crecimiento registrado por el
conjunto de actividades económicas. En el polo opuesto, es decir el
sector que ha tenido menos incremento en cuanto a accidentes de
trabajo es el sector agrícola con un incremento del 5,6 por ciento.

Las ramas de actividad que registraron un mayor número de accidentes
fueron: construcción, con 165.520 accidentes; otras actividades
empresariales, con 49.623, y fabricación de productos metálicos,
45.810. Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Valencia son
las que registraron un mayor número de accidentes durante el último
año. Es decir, balance no positivo e incremento del número
total de accidentes. Sin embargo, para que todo no sean tintes
tremendistas, sí ha habido un relativo buen comportamiento -siempre
pongo como antecedente el epíteto relativo- o al menos un cambio de
comportamiento en relación con los accidentes mortales; aunque hay un
leve incremento en su número total, es la primera vez que disminuye
su índice de incidencia. Puede ser -lo digo con modestia-, que al
menos en accidentes mortales seamos capaces de invertir la curva. Por
vez primera, tras varios años de crecimiento en el índice de
incidencia, en 1998 disminuya dicho índice de incidencia en 0,58, un
descenso muy pequeño, pero que al menos no es equiparable a los
aumentos sistemáticos y continuados que hemos tenido desde 1993. Las
ramas de actividad que registraron un mayor número de accidentes
mortales fueron construcción, 267 y transportes terrestres, 139.

En cuanto a las formas de accidentarse, los sobreesfuerzos, los
golpes, los cortes por objeto o herramienta y las caídas de personas
al mismo nivel fueron las más frecuentes. Yen lo que respecta a
accidentes mortales, quiero señalar que por causas no traumáticas
están comprendidos el 27,1 por ciento de la totalidad. Es importante
hacer el seguimiento relativo; en valores absolutos, tan solo España
y Francia computan causas de muerte no traumáticas, como son
problemas cardiovasculares o derrames cerebrales. De todas formas, no
hay ninguna excusa de la siniestralidad puesto que en la tendencia
comparativa siempre se han incluido. Cuando comparemos con otros
países de Europa, hay que saber que Francia y España tienen la
singularidad de incluir como causa de muerte en accidentes de trabajo
las causas no traumáticas, sobre todo lo relacionado con problemas
cardiovasculares y cerebrales que suponen más del 25 por ciento de
las causas de muerte durante la jornada de trabajo.

Respecto a los accidentes graves, un 6,5 por ciento estuvieron
producidos por automóviles; siguen las causas no traumáticas, con el
5,2, y las superficies de tránsito, con el 5,1 por ciento. Las caídas
de personas a distinto nivel aglutinaron el 23,7 de las formas de
accidentes graves, seguidas de los atrapamientos por o entre objetos,
con un total del 14 por ciento. Ha sido reiteradamente denunciado por
los sindicatos, y creo que es bueno que tras el análisis objetivo de
los datos lo podamos aportar a esta Comisión, que la población con
contrato temporal, que tan solo es el 30 por ciento del total de la
población asalariada, soporta casi el 60 por ciento de la
siniestralidad; es decir que el colectivo de trabajadores
y trabajadoras que tienen una mayor siniestralidad es el que está
dentro del colectivo de empleo temporal. Esto se puede decir además
de todos los sectores, pero la diferencia es menor en agricultura e
industria y superior en construcción y servicios. Si tenemos en
cuenta el tamaño de la empresa, se aprecia que la gran empresa y la
microempresa tienen una tasa de siniestralidad baja, mientras que es
más elevada en las empresas de los tramos intermedios. Como
conclusiones, podemos decir que los datos registrados en 1998 han
supuesto un incremento de la siniestralidad laboral en valores
absolutos respecto a 1997, si bien este crecimiento se desacelera
frente a años anteriores, y al menos en accidentes mortales, por los
datos que he comentado, podemos estar ante el inicio de un cambio de
tendencia. El crecimiento del año 1998, el 98,4 del total han sido



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accidentes leves, es decir que se está centrando mucho el incremento
en los accidentes leves, y relativizo porque no quiero hacer ninguna
vanagloria pública sobre la evolución, pero creemos que estamos ya en
los años de intersección de los incrementos de siniestralidad. ¿Y
cuáles son las causas básicas de los accidentes de trabajo? Es
importante que antes de continuar con las medidas estudiemos cuáles
son las causas que motivan los accidentes en el trabajo. Yo
destacaría las siguientes: en primer lugar defecto en la organización
del trabajo, como instrucciones de trabajo confusas o insuficientes;
métodos de trabajo inadecuados; formación e información insuficientes
sobre el riesgo para sí o terceros; también el espacio, acceso
y superficie de trabajo y de paso, como apertura, huecos desprotegidos,
falta de orden, de limpieza, falta de seguridad estructural y
deficiencia en las plataformas de trabajo; los factores individuales,
incluyendo no sólo aspectos del comportamiento del trabajo, sino
también de formación e información, como desconocimiento de los
riesgos, desconocimiento de las medidas de prevención o falta de
cualificación y experiencia para las tareas realizadas; y también los
defectos en la gestión de prevención, como mantenimiento preventivo
inexistente, insuficientes actividades dirigidas a la detección y
evaluación de riesgos y falta de corrección de riesgos detectados. Es
decir, se confirma en las estadísticas lo que ya sospechábamos:
tenemos una norma laboral buena, pero que todavía no se aplica ni es
conocida en totalidad en el mundo del trabajo, en el mundo de la
empresa. De ahí que el esfuerzo fundamental de comunidades autónomas,
agentes sociales y Gobierno, y también de las medidas y normas que
adopte esta Cámara, debe ir dirigido más que a nuevas leyes, que
algunas quedan, a que se cumplan las leyes que actualmente tenemos y
cuya bondad suponemos en función de que son idénticas o con la misma
filosofía y casi una traslación de las normas europeas.

En el Ministerio de Trabajo hemos adoptado una serie de medidas en
una doble dirección: por un lado, facilitar y exigir el cumplimiento
de la ley, siempre necesario, y por otro promover medidas y
políticas, en particular también en el área de empleo, que tomen en
consideración los posibles efectos de las nuevas medidas en esta área
sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Ambas medidas se
recogieron en el Plan de acción sobre siniestralidad laboral que se
aprobó conjuntamente en una cumbre sobre siniestralidad y prevención
de riesgos laborales que hicimos en el pasado año conjuntamente con
comunidades autónomas, sindicatos y empresarios. Hay que destacar el
nivel político de esta cumbre, también sindical y empresarial, ya que
asistieron presidentes de comunidades autónomas, varios ministros,
los secretarios generales de las organizaciones sindicales y el
presidente de la CEOE. El plan que se aprobó en la cumbre contempla
una serie de medidas mucho más encaminadas a la gestión ordinaria,
que es donde yo creo que está la necesidad actualmente, y que pueden
agruparse en tres grandes bloques. En primer lugar y para solucionar
la falta de conocimiento que todavía existe -falta de conocimiento
elevada- de las medidas de prevención, el primer bloque de medidas
serían acciones de sensibilización, información, formación y apoyo a
la empresas, con el fin de que ésta y los trabajadores conozcan
suficientemente
sus obligaciones y sus derechos y puedan dotarse de los recursos
necesarios para disponer de los métodos, guías y ayudas que les
faciliten su cumplimiento. En este sentido se ha ido avanzando en el
año 1998. Hemos logrado que se acrediten -y es una competencia de las
comunidades autónomas- 122 servicios de prevención ajenos frente a
los 12 que estaban aprobados en el año 1997. Este incremento de los
servicios de prevención viene a asegurar la oferta externa a las
empresas en este terreno.

Se está poniendo en marcha un Plan nacional de formación, con
participación de los agentes sociales, dirigido a trabajadores y
pequeños empresarios como prioridad en este campo. También hay que
destacar que se sigue avanzando en la cooperación interterritorial,
es decir de las autoridades nacionales con las autoridades
autonómicas que tienen la gestión, y afortunadamente en el seno de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud hay un ambiente de
colaboración muy importante; no se está practicando la técnica de
echarnos mutuamente la culpa por cuestiones de competencias, sino que
entre todos tenemos la responsabilidad y entre todos, cada uno en su
ámbito de competencia, tenemos que dar soluciones.

Por último, como estaba previsto en la Ley de prevención de riesgos
laborales, y fue un mandato del plan -figura en la moción aprobada en
esta Cámara-, ya se ha constituido la fundación para prevención de
riesgos laborales, a la que se ha dotado con un patrimonio de 10.000
millones de pesetas, con aportaciones anuales durante cinco años.

Asimismo y en esta línea de trabajo, destacaría la creación en el
seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de un
grupo de trabajo para el análisis y seguimiento de la aplicación de
la normativa en prevención de riesgos laborales al sector de la
construcción, en el que participan sindicatos, empresarios,
comunidades autónomas y la Administración general del Estado. También
han sido ya publicados, tras ser aprobados por la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, los límites de exposición
profesional por agentes químicos, que son los valores de referencia
recomendados para la evaluación y control de los riesgos inherentes a
estos agentes presentes en los puestos de trabajo, lo que permitirá
proteger a los trabajadores y a su descendencia.

También hay que destacar el fruto del último plenario de la Comisión,
celebrado el pasado día 10 de mayo, en el que se presentaron los
resultados de los grupos de trabajo, que siguen siendo muy activos,
proponiéndose la creación de un nuevo grupo de trabajo bajo el nombre
de profesionales sanitarios, para intentar resolver la problemática
existente en relación con los profesionales sanitarios en los
servicios creados por el reglamento de los servicios de prevención.

Asimismo, conoció la Comisión el informe de siniestralidad laboral
que hoy les he presentado muy esquemáticamente con los datos, así
como las actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Quiero poner de manifiesto el elevado espíritu de colaboración que
manifiestan todos los integrantes de esta Comisión, lo cual permite
que independientemente de que sea compartida la preocupación y la
falta absoluta de satisfacción por los datos que podemos presentar,
tengamos la vocación y voluntad de continuar en la línea de
colaboración para intentar resolver estos supuestos.




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Va a prorrogarse y firmarse un nuevo acuerdo de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y las mutuas para dirigir un importante volumen
de actividades a las pequeñas y medianas empresas y a los sectores de
mayor siniestralidad. Este convenio se firmará el próximo lunes 24 de
mayo. Como actividades formativas, que también ha sido una carencia
destacada durante estos años, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo impartió en 1998 formación para 5.400 técnicos
y expertos, colaborando con numerosas universidades a través de los
oportunos convenios en la realización de cursos específicos, entre
los que cabe destacar 14 cursos dirigidos a inspectores de trabajo,
pudiendo estimarse en más de 60.000 los trabajadores y pequeños
empresarios que han recibido esta formación. Esta formación se
complementa con la edición de una serie de guías para el profesorado
de enseñanza primaria y de formación profesional.

Aunque ha sido una petición sindical que no tiene valor efectivo a
corto plazo pero sí lo tiene testimonial, se ha designado un día
específico, el 28 de abril, como día dedicado a la prevención y salud
de los riesgos laborales. Se han desarrollado acciones como vigilar
que se cumpla la norma laboral, que era una parte muy importante de
las competencias que tiene el Estado. Se han incrementado las
acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa a
través de un plan especial de la inspección de trabajo cuya prioridad
durante 1998 -continúa siéndolo en 1999- es por una parte perseguir
los incumplimientos de la Ley de prevención, y por otra facilitar que
se introduzcan todos los elementos previstos en la Ley de prevención
de riesgos laborales.

Estas actuaciones han supuesto un incremento muy notable del
resultado obtenido, que se extiende hasta el primer trimestre del año
1999, en relación con el trimestre inmediatamente anterior. El número
de visitas a centros de trabajo fue de 17.732, lo que supone el 15
por ciento de incremento sobre el periodo anterior; de ellas, 16.411
se hicieron en la actividad de construcción. Este primer trimestre se
han levantado 7.004 actas de infraccion en materia de prevención, con
un incremento sobre el periodo anterior del 18 por ciento. Se
practicaron 18.276 requerimientos, un 27 por ciento más que en el
anterior trimestre, octubre-diciembre de 1998, y se han llevado a
cabo 502 paralizaciones, actuaciones que se incrementaron en un 40
por ciento sobre el periodo anterior. El número de funcionarios de la
inspección de trabajo viene incrementándose; hasta este año la oferta
pública de empleo ha supuesto un incremento de 20 nuevos inspectores
al año, y para el año 2000 nuestras previsiones son que se incorporen
30 nuevos inspectores de trabajo. Por tanto, sí hay un incremento muy
efectivo y una prioridad de la inspección de trabajo sobre la
prevención de riesgos laborales.

Por último, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Presidencia
de la mesa de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Plan de
acción de encuentro con la Fiscalía General del Estado, hemos
iniciado en el mes de marzo los contactos con la fiscalía. También
queremos desarrollar como actividades normativas lo vinculado a
seguridad y salud en el trabajo que fue aprobado por consenso; todas
las normas que se articulan en torno a la prevención han sido
aprobadas no sólo con el consenso de los
agentes sociales y el Gobierno, sino también con todas las
comunidades autónomas; es decir el edificio normativo está
sólidamente cimentado en normas europeas y construido en el consenso.

También logramos aprobar estas disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Lejos de la satisfacción, sí podemos decir que se ha trabajado con
consenso. Todavía no hemos logrado alcanzar los objetivos que
perseguíamos, todavía estamos lejos de esos objetivos, pero debemos
redoblar los esfuerzos en el presente año para conseguir que sea
realidad lo que ha podido adivinarse en 1998 respecto a la inflexión
de la curva de crecimiento de la siniestralidad laboral, sobre todo
en lo referente a accidentes mortales. Todavía no puedo darles datos
de este año, saben ustedes que el Ministerio tiene cierto retraso
porque los datos se aportan por las comunidades autónomas, pero en
cuanto disponga de una evaluación de por ejemplo los seis primeros
meses, estaré encantado de volver a comparecer en esta Comisión,
porque -quiero resaltarlo- una vez que el empleo tiene un
comportamiento correcto y otros factores del mercado de trabajo lo
tienen muy correcto. El dato más negativo que pesa actualmente sobre
el Ministerio de Trabajo -lo digo sin ningún tipo de bagaje- es la
evolución de la siniestralidad laboral que está muy lejos de
satisfacer al Gobierno y creo que al conjunto de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Por el grupo solicitante de la comparecencia tiene la palabra el
señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Agradezco al señor ministro su comparecencia.

Es cierto que era una comparecencia urgente solicitada hace algún
tiempo, pero la urgencia de hace un mes, lamentablemente se mantiene
en estos momentos.

Señor ministro, los primeros meses siguen empeorando. Ya sé que su
Ministerio no puede facilitar los datos con la rapidez necesaria,
pero debería hacer el esfuerzo, debería intentar que los técnicos del
departamento lo hicieran porque teniendo todos los datos y toda la
información que tienen de Seguridad Social y de accidentes podríamos
tener las tasas de incidencia más actualizadas. El último informe que
tenemos de estudios en profundidad sobre accidentes -tasas de
incidencia, etcétera-, como usted sabe, señor ministro, es del año
1997. Los datos que tenemos son del año 1998, pero ni vía Internet ni
vía publicaciones del Ministerio tenemos datos, y es tiempo de poder
exigir al Gobierno para que éste lo haga sobre sus técnicos y poner a
disposición de esta Cámara y de todos los ciudadanos datos más
recientes.

Con los datos que he podido utilizar para trabajar y posiblemente con
algún sesgo que no coincide con los datos que han utilizado los
técnicos en el informe de 1997, la tasa de incidencia de los dos
primeros meses del año 1998 (contabilizándolos en tasa anual, es
decir, sobre los 12 últimos meses para poder ser comparados con el
año 1997) sigue empeorando. A usted eso no le puede causar sorpresa
puesto que los datos mensuales tampoco han mejorado. Ha empeorado la
tasa de incidencia, que en mi



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opinión en el mes de febrero de 1998 se mueve en el orden del 67,3 de
cada mil trabajadores accidentados con baja en jornada de trabajo, y
como tiene que ser a la fuerza en la construcción mucho más, el 168
por mil; en el sector industrial el 109 y en el sector servicios el
45. Si lo comparamos con los años anteriores se ve que seguimos
creciendo. En accidentes todo va bien. Yo no sé si compartir que todo
va bien en su Ministerio, creo que no, pero en cualquier caso esto va
bastante mal. Lo curioso, siempre que nos encontramos con este tema,
es que usted lo conoce de sus anteriores responsabilidades y también
ahora al ser ministro, con lo cual ni siquiera podemos diluir los
momentos ni los tiempos. Usted conoce perfectamente el tema, señor
ministro, pero ¿qué diría una empresa o en un equipo de fútbol si en
los tres últimos ejercicios viniera usted y dijera: esto está mal; al
año siguiente está peor; y al siguiente todavía peor. (La señora
López i Chamosa: ¡Echaban al entrenador!)



Ésa es la situación. Desde luego en un equipo de fútbol usted lo
pasaría mal -ya discutiremos algún día de otras áreas-, pero la cosa
ha ido empeorando y uno se pregunta cómo es posible que haya ido
empeorando la siniestralidad laboral. Permítame le diga que las
respuestas que da no son satisfactorias en absoluto. El problema que
se plantea es que nos podríamos hacer preguntas de distinto tipo. Por
ejemplo, desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno,
¿muere más gente por accidentes de trabajo que por accidentes de
tráfico? Muchísima más, y usted lo sabe, lo sabemos todos a nivel
mundial, de España y de cualquier comunidad autónoma. ¿Qué destina el
Gobierno a prevenir los accidentes de tráfico y de trabajo? ¿Qué ha
hecho su departamento para que no ocurran los accidentes? Yo incidiré
mucho en los matices, en la forma en la que usted aborda este
problema. ¿Qué ha hecho su departamento? ¿Montar campañas de trabajo
pero seguro dirigidas a los trabajadores, que por cierto, ha tenido
que recaudar dinero de las mutuas para que le paguen algunas
campañas?
A mí me parece que aquí hay algo que falla y creo que es el momento
de que empecemos a analizar en profundidad y a plantear las
responsabilidades sobre el tema. Ningún Gobierno -usted ha formado
parte de éste en los tres útimos años- ha tenido el apoyo que tiene
usted para desarrollar una política sobre salud y seguridad en el
trabajo. En esta Cámara ha habido en dos ocasiones interpelaciones
y mociones aprobadas prácticamente por unanimidad. Ya le digo que
homogeneizo la situación puesto que usted también era responsable del
área aunque no fuera ministro, no establezco ninguna diferencia. En
esta cuestión han tenido ustedes mucho apoyo para abordar y afrontar
el tema y ustedes lo recuerdan e insisten mucho. Ha habido mucho
acuerdo con todas las comunidades autónomas y también con los agentes
sociales. Pero, ¿de qué sirve tanto acuerdo si resulta que la cosa
empeora? Ése es el problema. Si después de tanto acuerdo la cosa
empeora y nadie sabe a quién hay que exigirle responsabilidad, a mí
me parece que es uno de los problemas que tenemos. Aquí no se sabe
exactamente quién tiene la responsabilidad para exigir por qué
después de tres años esto sigue empeorando. A mí me parece que la
incapacidad que tiene el Gobierno para resolver o afrontar este
problema tiene que ver en parte con una gestión inadecuada y
deficiente para resolverlo.

Es aquí donde yo querría empezar a incidir, pero ya no sólo en
el diagnóstico de la descripción de lo que está pasando, con lo que
posiblemente estamos de acuerdo, sino en cuáles son los problemas de
fondo y estructurales, los cuales creo que hay que afrontar y ver si
discrepamos o no o si nos ponemos de acuerdo para intentar llegar a
una solución, porque algo falla, y falla de una forma muy importante
cuando, como dice usted, resulta que seguimos empeorando.




Lo que a mí más me preocupa de todo es que, cuando usted o el
Gobierno vienen a la Cámara o hablan ante la opinión pública, se nos
plantea siempre una cuestión: que no asumen ustedes nunca ninguna
responsabilidad. Cuando usted compareció ante esta Cámara para
expresar su política en relación con este área, la cual describió más
o menos como un problema serio en estos momentos en la sociedad
española, dijo textualmente: Entre todos -esto lo dicen mucho-, con
protagonismo del Ministerio y asumiendo su responsabilidad, debemos
luchar contra esta terrible lacra de los accidentes laborales.

Durante estos años hemos trabajado mucho en colaboración con las
comunidades autónomas, con los sindicatos y con los empresarios en la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud para trasponer todo el cuerpo
normativo europeo, ya que había un retraso muy importante. Hoy ya
tenemos el edificio normativo y la prioridad de este año va a ser la
puesta en marcha de la ley a través de un plan de choque, que son los
acuerdos a los que se ha llegado en noviembre del año anterior. Para
todo ello ha sido aprobado un plan por unanimidad por las comunidades
autónomas y los agentes sociales que hace referencia a la amplísima
competencia de ejecución y control que tienen las comunidades
autónomas.

Usted siempre introduce sibilinamente en todas sus declaraciones la
responsabilidad compartida de todos. Señor ministro, lo que yo quiero
discutir aquí es su responsabilidad, la responsabilidad del Gobierno
para encontrar soluciones al problema. Si la responsabilidad es de
todos, de los agentes sociales, de los empresarios, de los
trabajadores, de todas las comunidades autónomas y la suya
fundamentalmente es hacer normas, no sabemos a quién exigir la
responsabilidad de lo que está pasando, y yo creo que este es uno de
los problemas más importantes que tenemos en este momento, porque
¿qué responsabilidad ha asumido usted, señor ministro? Yo creo que
sigue confundiendo lo que es elaboración de normas con la gestión de
una política. Usted está muy satisfecho, y hace bien, por supuesto,
en decir que lo mejor son las normas, entre otras cosas porque todo
el mundo está de acuerdo con ellas, pero desde el punto de vista de
la eficacia y de la eficiencia algo falla, porque las normas no
sirven ni para que se cumplan. Después de tanto tiempo, resulta que
hoy tenemos que llegar a un acuerdo, porque lo que usted manifestó es
que aceptaba lo que le decían para que le firmasen los acuerdos.

Usted firma todo lo que le dicen. Le vinieron a insistir en el último
plan de choque que se acordó con los agentes sociales en que el tema
fundamental era el incumplimiento de la ley y a usted, con tal de que
se firmase el acuerdo, le pareció bien. Llegamos, pues, a la
conclusión de que en el año 1999 hay que cumplir la ley, una ley que
ya hace años que se tenía que haber cumplido, pero ¿quién ha sido el
responsablede que no se haya cumplido? Sin embargo, usted lo



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acepta todo con tal de que le firmen un acuerdo, ya que con tal
acuerdo diluimos la responsabilidad y, al diluirla, aquí no pasa
nada, porque tiene gracia decir que la prioridad es aplicar la ley en
el año 1999. En todo caso, yo creo que la prioridad debería haber
sido hace tres años, desde 1995, desde que entró en vigor. Esa
responsabilidad existía y ya la tenía en parte el Gobierno.

El problema es mucho más grave de lo que dice usted, porque ni
siquiera han incidido en cómo detectar la realidad del mismo, ya lo
hemos dicho en otras ocasiones y ustedes también. Que tengamos una
media de 2.400 accidentes y 43 casos de enfermedades profesionales
con bajas cada día en España, accidentes que suponen más o menos unos
cuatro muertos diarios, ¿esto es la realidad? No, la realidad es
otra. Usted sabe que las enfermedades relacionadas con el trabajo son
mucho más importantes que las profesionales; usted sabe que los
accidentes como consecuencia del trabajo son mucho más importantes
que los que se registran, porque, por razones históricas de nuestro
propio país, los accidentes tienen mucho que ver con la técnica de
aseguramiento que se establece para cubrir las contingencias que se
producen como consecuencia de los propios accidentes. Todos sabemos
que en la propia Seguridad Social hay sectores importantes, como el
de los trabajadores autónomos, que también sufren accidentes, pero
aquí no tenemos los datos, ni siquiera tenemos los datos de múltiples
enfermedades que tienen que ver con el trabajo y que no son
enfermedades profesionales. Sobre eso se aprobó en esta Cámara que
ustedes tenían que hacer algo y no lo han hecho. Ustedes dicen que el
problema que tenemos es muy importante, pero ni siquiera lo miden en
la realidad de los datos que nos dan, porque le vuelvo a decir que
los datos son muchísimo más importantes.

Quisiera incidir en aspectos con los que discrepamos de forma seria,
señor ministro. No se trata ya sólo del diagnóstico. Estoy en
desacuerdo totalmente con la técnica que usted y el Gobierno siguen
para intentar diluir la responsabilidad, se lo he dicho en varios
momentos de mi intervención, y estoy también en desacuerdo con la
técnica que siguen para incidir en determinados aspectos que
neutralizan e imposibilitan que ataquemos los problemas de raíz. Ya
sé que gusta oír algunas de las afirmaciones que se hacen, porque
cada vez que se habla de accidentes de trabajo ustedes insisten en
que lo que pasa es que hay muchos contratos temporales, contratos
temporales que parece ser, señor ministro, según la EPAsiguen
subiendo en porcentaje. La EPAhabla de un 32 por ciento de contratos
temporales -se acaba de publicar- y resulta que cuando empezaron
ustedes en el Gobierno estaban en un 33 por ciento y, si quiere,
hablamos también de eso.

Fracasa usted en la política de atacar la temporalidad en la
contratación. Como consecuencia, si la causa fundamental de todos los
accidentes son los contratos temporales, nunca resolveremos el
problema y seguiremos teniendo accidentes y yo creo que usted dice
eso porque hay algunos agentes sociales a los que les gusta oírlo. No
tenga ningún problema, si yo coincido con usted, ataquemos la
contratación temporal, de acuerdo, pero, cuando hablemos de
accidentes de trabajo, hagámoslo de otra manera, porque, si no, no
encontraremos la solución al problema. Usted no puede no saberlo o,
si no, es que le están mintiendo, pero la verdad
es que usted ya sabe de qué va esto. Usted sabe que la
temporalidad, cuando hablamos de accidentes de trabajo, tiene mucho
más que ver con la antigüedad en la empresa, porque la mayor parte de
los accidentes ocurren en los seis primeros meses de trabajo. Usted
sabe que esto es así, pero claro, ¿cuántos trabajadores tienen seis
meses de trabajo? Pues mucho más los contratos temporales que los
otros. Es en la antigüedad en donde hay que incidir para empezar a
resolver los problemas, pero no sólo en esto.

Usted sabe también que en el sector de la construcción, que es clave
en la definición de la siniestralidad laboral, una parte muy
importante por definición son los contratos temporales y entonces
resulta que, si me ataca el problema por el hecho de intentar
insinuar, lo que gusta a todo el mundo, yo digo que ataquemos la
temporalidad, pero que intentemos atajar los problemas de fondo para
resolver el problema, porque en la construcción no solucionaremos el
problema por la vía de la temporalidad. En la construcción, que
hablaré específicamente sobre ese tema, veremos que existen problemas
estructurales mucho más importantes y que no se resuelven ni siquiera
con las normas que se aprueban por usted por vía reglamentaria. Yo
creo que ustedes medio manipulan en cierto modo la dimensión de la
realidad del problema o la difuminan de tal manera para que
determinados agentes sociales escuchen lo que quieren que ustedes
escuchen, y resulta que con eso volveremos a encontrarnos con el
problema de no resolver la situación.

Le voy a decir dónde discrepamos de forma importante, señor ministro,
y cada vez más, porque yo estoy muy preocupado con este tema: en la
concepción que empiezan a tener ustedes de la propia ley. Ustedes han
interpretado la ley de forma tal que han introducido sesgos con los
cuales yo discrepo totalmente, y luego incidiré en algunos de los
aspectos que yo creo que son de enorme importancia. La forma en que
han abordado ustedes los temas de los servicios de prevención me
parece una política manifiestamente errónea. Yo creo que esa es una
de las claves fundamentales para entender por qué tenemos todavía el
problema que tenemos y por qué no hemos sido capaces de disminuir los
servicios de prevención. Se lo voy a decir con una terminología que
no sé si es la más adecuada, pero ustedes han concebido la
interpretación de la ley de prevención de riesgos laborales con la
idea de que tienen que privatizar los servicios de prevención por la
vía de los conciertos y de los contratos de las empresas con las
mutuas de accidentes y eso, permítame que se lo diga, señor ministro,
es un error y voy a intentar decirle por qué. Señor ministro, usted
me dice que han crecido mucho los servicios de prevención, los
servicios de prevención externos, y yo le digo que es una parte de
verdad que no describe la realidad. ¿Cuántas empresas que estaban
obligadas a hacerlo tienen contratados los servicios de prevención?
¿O cuántas empresas asumen la obligación de los servicios de
prevención y todas las consecuencias que se derivan de dichos
servicios? Ni usted mismo lo sabe. Cantidad de empresas se han negado
a aceptar los servicios de prevención y sólo se van a ver obligadas
a aceptar dichos servicios -que no es buen método cuando hablamos de
prevención- por la vía de la sanción por parte de la inspección de
trabajo o por los instrumentosque se consigan en determinados
momentos.




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Usted sabe que han dado instrucciones, por vía de orden ministerial
-no lo pueden hacer de otra manera, ¡faltaría más!-, para que todas
las empresas que estén asociadas con las mutuas contraten los
servicios de prevención con ellas, porque lo dice la ley, y quieren
hacerlo. ¿Usted cree que ese es el mejor método? ¿Sabe lo que dicen
las empresas?: Tururú. Me estoy refiriendo a las pequeñas empresas.

Usted sabe que las mutuas se dirigen a ellas para contratar los
servicios de prevención.

Por cierto, mire qué casualidad. El 24 de septiembre de 1997, el
ministro señor Arenas vino a esta Cámara para debatir no me acuerdo
si era una interpelación o una moción y dijo: hoy mismo por la mañana
he firmado un acuerdo con las mutuas. Me ha hecho mucha gracia porque
usted viene hoy y nos dice: el próximo día 24, lunes, firmamos un
acuerdo con las mutuas. ¿Sabe usted lo que dijo el día 24 de aquel
año el señor Arenas? Seguro que se acuerda. Dijo: Se van a transferir
32.000 millones a las mutuas para los servicios de prevención y
demás. Señor ministro, me tiene que traer las pruebas -se las pido-
de cómo se han transferido esos 32.000 millones a las mutuas para
atender los servicios de prevención, porque dicen que no han reducido
ni una peseta. Eso es lo que dicen las mutuas. No sé si será verdad o
no. Pero, si es verdad, el problema es más importante. Ustedes, a
partir de ese momento, llegaron a una conclusión, no sé si es porque
no tenían dinero o por qué. Quizás la Seguridad Social tuviera
problemas de tesorería en aquellos momentos. Digo yo, porque no lo
sé. Ese dinero no llega a las mutuas y concluyen que lo que tienen
que hacer las empresas es pagar, además de la cuota de accidentes,
los servicios de prevención. Por eso no hay servicios de prevención,
señor ministro. Pero eso es una parte del problema. Mi preocupación
es mucho más profunda. Implica una concepción de la prevención que no
comparto. La prevención difícilmente la va a poder resolver por la
vía de que se contraten o no esos servicios. Yo siempre he pensado
que la vía de la prevención es la parte más pública de sus políticas,
la que define más el carácter del sector público. De todos modos, nos
debemos fijar en que el problema que se produce es más peliagudo,
porque las mutuas de accidentes teóricamente son sector público; digo
teóricamente porque me tendrá que explicar, señor ministro, si estos
ingresos son recursos de la Seguridad Social. ¿Estos ingresos de las
mutuas son recursos de la Seguridad Social o qué son? (El señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Pimentel Siles, hace gestos
afirmativos.) Me alegro, porque no sé en qué norma cotizadora están
fijados como tales. Vamos a ver si lo empezamos a aclarar. A mí me
parece muy importante que se clarifique también esa situación. Las
mutuas, por vía de contrato, aportan recursos que dicen que son de la
Seguridad Social. También vamos a hablar de esos, señor ministro. Yo
creo que están introduciendo sesgos de tal envergadura en la
concepción de la prevención de la siniestralidad laboral que nos
producen algunos problemas muy importantes.

No puedo dejar pasar la discusión sobre este tema porque afecta a la
concepción de modelo mixto -que dice la ley- público-privado que sin
ninguna duda existe. Ustedes introducen un sesgo muy importante, en
mi opinión, en la parte pública de ese sector. Y lo introducen, según
mi parecer, a favor del sector privado, que es lo que me preocupa,
porque creo que es lo que está dando lugar a que no se avance
tan rápidamente.

Lo de las mutuas es muy preocupante, señor ministro. En esta Cámara
tenemos unos informes sobre las mutuas de accidentes que a mí me han
preocupado enormemente. La situación es muy compleja. Ustedes conocen
el tema de las mutuas en profundidad. Han tenido altos cargos que han
sido altos responsables de las mutuas de accidentes. El que era
secretario general técnico del Ministerio creo que era un gran
experto en mutuas de accidentes; ahora me parece que ya no es
secretario general técnico. ¿Sabe lo que dice el Tribunal de Cuentas
sobre el tema? Supongo que lo sabe. Le puedo decir dos o tres cosas
que me preocupan mucho, porque todo esto creo que tiene mucho que ver
con la siniestralidad laboral y la concepción que empezamos a tener
unos y otros. Un alto porcentaje de las instalaciones que han sido
financiadas con recursos de la Seguridad Social están ubicadas en
inmuebles que no pertenecen al patrimonio de la Seguridad Social,
sino a su patrimonio histórico y a terceros. No quiero citar nombres
concretos, pero una parte están vinculados a fundaciones o a grupos
de empresas que se relacionan con ellas. Todo ese tipo de problemas y
de concepción de lo que es el funcionamiento de la mutua que están
introduciendo son sesgos a favor de una metodología que implican
dificultades muy serias para resolver el problema.

Las mutuas ni siquiera están utilizando los recursos a favor de lo
que es el interés de la Seguridad Social y del conjunto de los
ciudadanos, sino que mucha parte de esos recursos los utilizan, en mi
opinión, a favor de intereses más privados.

Le voy a poner un ejemplo: un 34 por ciento de los inmuebles tomados
en arrendamiento por una mutua son propiedad de las empresas del
grupo que se relaciona con la misma mutua, y las rentas pagadas por
ellos suponen el 73 por ciento del importe total de los gastos de
arrendamiento de la mutua. Esos sesgos tienen que ver con la
siniestralidad. Ustedes están introduciendo una concepción con los
servicios de prevención que en mi opinión no puede ser aceptada,
porque ni siquiera es válida.

Le digo más: mientras las mutuas estén funcionando como hasta ahora
no tiene ningún sentido que publiquen en una orden ministerial que
hay que cobrar a las empresas por los servicios de prevención cuando
conciertan con las propias mutuas. Usted sabe que están introduciendo
una confusión enorme. Hoy, un empresario no sabe distinguir entre la
prevención que corresponde como consecuencia de la prima de
accidentes que paga -porque paga una prima de accidentes- de lo que
tiene que satisfacer, parece ser, por el servicio de prevención.

¿Cómo lo va a distinguir?
En mi opinión, con las primas que se pagan estos servicios de
prevención deberían de ser atendidos. Ustedes ya no deben querer
pagar los 32.000 millones. No sé si los dieron. Ahora no sé qué
querrán hacer. Me refiero al acuerdo de la próxima semana. Espero que
nos lo adelante un poco para saber si lo van a pagar. Tendremos que
estar atentos para ver si esta vez pagan.

Hay una concepción diferenciada en la forma en que ustedes plantean
la gestión. El señor presidente ya se empieza a preocupar por el
tiempo; le he entendido su indicación,señor presidente. Hay
diferencias fundamentales en



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la concepción que empezamos a tener ustedes y nosotros sobre la
interpretación que hacen sobre la aplicación de la ley de prevención
de riesgos. Señor ministro, usted, que diluye tanto la
responsabilidad, defina las suyas. Por ejemplo, ¿cómo se está
coordinando usted dentro del Gobierno para tratar este problema? Yo
le aseguro que es una pena.

En la conferencia de sanidad, para tratar estos temas, se dicen cosas
que no tienen nada que ver con lo que manifiestan ustedes. Al hablar
de servicios de prevención dicen cosas que no tienen nada que ver con
lo que se manifiesta en las otras áreas. No sé si lo del Consejo
Interterritorial de Sanidad es un seminario o qué es. Lo que sí le
quiero decir es que se pongan de acuerdo con el Ministerio de
Sanidad. Y no sólo con el Ministerio de Sanidad, sino con el de
Industria también, que sin duda alguna tendrán que trabajar
conjuntamente para resolver algunos de estos problemas.

Respecto a las normas que tanto le entusiasman a usted y que asume
como su propia responsabilidad, debo decirle que hay problemas muy
serios. Le voy a poner un ejemplo que creo que es el más concreto y
paradigmático. Usted sabe que en la construcción el problema es
serio. Sabe que la construcción sigue siendo uno de los sectores en
los que la incidencia de los accidentes es la más alta; es dos veces
y media más alta que la que se registra en el resto de los sectores.

En ese contexto creo que puede servir de ejemplo.

El Real Decreto 1627/1997, para quien no lo sepa - usted sí que lo
sabe, señor ministro-, he de decir que se refiere a las obras de
construcción. Creo que es un decreto de diseño. El problema que
tienen para aplicar ese decreto y esa norma los expertos que se
dedican a esta cuestión es de tal envergadura que no me atrevo a
calificarlo. Usted lo debe saber porque ha firmado convenios con los
colegios profesionales, aunque los tiene aburridos, porque usted
firma todo. Usted firma un convenio y durante los 12 meses siguientes
tenemos que esperar a ver cuáles son los efectos de ese convenio. Yo
le aseguro que la aplicación de ese reglamento es el mayor caos para
resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas de la
siniestralidad laboral muchas veces no tienen nada que ver con
normas; tienen que ver con otro tipo de causas. Existen causas
estructurales y de tipo económico que hacen que salten por los aires
todas las normas que usted quiera aprobar. Esto es así.

Si los accidentes de la construcción ocurren fundamentalmente en
obras pequeñas y en municipios pequeños, ¿me quiere decir para qué
sirve este decreto si no se aplica en ninguna obra pequeña y en
ningún municipio? Resulta que se han introducido elementos, aspectos
polémicos, como que el estudio de seguridad debería o no estar
vinculado a la existencia de un proyecto. Pero si las obras de los
pueblos pequeños no tienen proyecto. No hay estudio de seguridad ni
de nada. Ni siquiera para ver si se aborda el problema. Y los
accidentes siguen produciéndose allí porque no es el problema de la
gran obra ni cosas por el estilo.

Le podría plantear cantidad de preguntas que se hacen todos los
expertos sobre ese reglamento. Tenemos discrepancias profundas en la
concepción de para qué sirve una norma y cómo se gestiona una
política. Yo creo que hay factores estructurales que ustedes no han
atendido. Usted no ha asumido su responsabilidad al respecto, porque
su responsabilidad no es sólo aprobar normas. También es
responsabilidad suya que las normas se apliquen de la misma
forma en todo el territorio español. ¿Sabe que ese reglamento se
aplica de distinta forma en cada comunidad autónoma y usted tiene la
obligación de que no sea así? Porque esa sí que es su competencia.

Fíjese que se lo pongo fácil. Y vuelvo a lo normativo, cuando dicte
una norma preocúpese de que se aplique por igual en todos los sitios.

Señor ministro, nosotros creemos que usted tiene mucha más
responsabilidad de la que intenta decir que tiene. Usted intenta
diluir la responsabilidad diciendo que esto es responsabilidad de
todos, que nos ponemos todos de acuerdo y que la cosa está muy mal.

Si la cosa está muy mal, alguien es responsable y a usted le
corresponde gran parte de la responsabilidad. Una muy importante, la
concepción en la aplicación de la ley de prevención. Yusted en estos
momentos empieza a tener una concepción diferente de la nuestra por
los datos que empezamos a tener. Usted tiene una concepción más
privatizadora y está debilitando claramente al sector público en una
tarea que fundamentalmente es preventiva y de incidencia del sector
público. Usted cree que con aprobar normas es suficiente, nosotros no
lo compartimos. Usted tiene la obligación de potenciar mucho más y de
poner orden dentro del sector público, porque tiene la
responsabilidad de vigilar y poner al servicio de los intereses
generales.

Termino, señor presidente. Señor ministro, dote de medios a los
instrumentos de los que dispone. Dote a los institutos y a los
organismos que usted tiene, porque le aseguro que es un llorar y
crujir de dientes cada vez que oye uno a personas que trabajan en
esas áreas. Entiendo que pueden ser reivindicaciones muy
corporativas, pero la situación ha empeorado en lo relativo a la
dotación de determinados instrumentos que hasta ahora podían
utilizarse de una manera más adecuada.

Por todo ese tipo de razones, creemos que tiene mucha responsabilidad
en esta área y ya es hora de que empiece a asumirla para empezar a
abordar el problema. Nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que
hacer, hasta ahora, apoyándole para ver si adoptaba iniciativas para
resolverlas, ahora; empezamos a criticarle porque creemos que usted
es responsable de lo que está pasando.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen participar? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Ricardo Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia ante esta Comisión para hablar de este tema.

Tenemos conocimiento a la fecha en la que estamos, 20 de mayo, de
distintos informes y noticias en relación con el tema de la
siniestralidad laboral durante el pasado año 1998. Nos corresponde a
todos procurar que este debate, que me parece importante y oportuno,
seamos capaces de hacerlo en el futuro en unas condiciones más
adecuadas. Aunque también nos ha dado tiempo a trabajar
tranquilamente los informes que hemos tenido ocasión de conocer hace
ya algunos meses. De los datos que ha dado usted, y que cada día son
más precisos, podemos sacar distintas conclusiones.




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En primer lugar, que la siniestralidad laboral sigue siendo uno de
los principales problemas que tiene el mercado laboral en nuestro
país. Durante el año 1998 el número total de accidentes en nuestro
país ha crecido en torno al 11 por ciento, lo cual pone de manifiesto
que seguimos todavía en presencia de una evolución muy preocupante en
un tema que ya de por sí era muy grave, notoriamente por encima de lo
que eran los parámetros europeos. Ese crecimiento del número total de
accidentes es especialmente superior en algunos sectores de la
actividad económica, como es el caso de la construcción, ahí el
crecimiento supera el 20 por ciento.

Es verdad, tal y como ha dicho usted, que seguramente como
consecuencia del conjunto de medidas que se han adoptado, en el
ámbito estricto de los accidentes mortales se ha producido una
estabilización. Aunque no podemos hablar de ninguna manera de
satisfacción, sin embargo contrasta con el crecimiento que se
experimenta en el número total de accidentes el hecho de que cuando
menos en el ámbito de los accidentes mortales se haya conseguido esa
estabilización. Estabilización que, analizándola de manera
pormenorizada, podemos constatar que se corresponde con una caida en
el sector de la industria y con un crecimiento nuevamente en el
sector de la construcción y también en el sector de la agricultura.

Si entramos en más detalle, podemos ver que el índice de incidencia,
el número de accidentes por 1.000 trabajadores, continuó creciendo
durante el año 1998. Son los datos que ha dado usted y que, en
concreto, en el ramo de la construcción aumenta por encima de lo que
fue el crecimiento global. Barajando estos datos de accidentes con
otro tipo de variables se pueden contemplar dos datos que me parecen
significativos. En primer lugar, que en la población asalariada fija
la tasa de siniestralidad decrece, mientras que, por el contrario, en
el sector de población temporal dicha tasa aumenta. En el informe de
la Comisión Nacional sobre Siniestralidad Laboral se contienen
algunas afirmaciones sumamente significativas en esta materia. En
todos los sectores económicos la siniestralidad es mayor en
contratados temporales que en contratados fijos, en todos los
sectores productivos. Por tanto, esto pone de manifiesto que hay una
variable que tiene una incidencia en el ámbito de la siniestralidad.

El sector agrario y la construcción tienen más de un 60 por ciento de
contratos temporales, que son precisamente donde se nota el
crecimiento que se ha producido.

En definitiva, tal y como se indica en este informe, mientras que la
población con contrato temporal en nuestro país oscila entre un 30 y
un 35 por ciento del total de asalariados, ese porcentaje de
trabajadores temporales soporta casi el 60 por ciento de la
siniestralidad. Negar, a la vista de estos datos, que nos encontramos
en presencia de un factor de riesgo muy preocupante es ir contra la
evidencia de los hechos. Y aquí podemos sacar una conclusión: la
contratación temporal implica por parte de las empresas que recurren
a este procedimiento una cierta socialización de los costos que
tiene. Estos costos pasan a continuación al sistema público de
Seguridad Social, al sistema público sanitario, y ellos eluden asumir
ese tipo de costo que soportamos entre todos. De ahí que en algún
momento se haya pensado, y nosotros hayamos apoyado, la posibilidad
de que la
contratación temporal tenga un recargo especial en la cotización para
que asuma ese costo que finalmente deriva hacia el conjunto de los
sistemas públicos.

Siguiendo en esta línea de utilizar informes que ya se han elaborado,
el propio plan de acción sobre siniestralidad laboral, que se nos
repartió en su momento, contiene un anexo elaborado por la propia
inspección de trabajo en el que aparecen datos significativos. Por
ejemplo, se dice -y ha hecho usted referencia a ese dato- que el
número de inspectores de trabajo ha crecido el 5,5 por ciento en los
21 meses últimos, de 596 a 631. Posteriormente se actualiza el dato y
se habla de 636 a septiembre de 1998. Estoy convencido, señor
ministro, de que ese porcentaje es inferior al crecimiento del
empleo. Estoy convencido de que eso sólo hace agravar un dato que es
preocupante en nuestro país, que el número de efectivos de
inspectores de trabajo en relación con el número de trabajadores en
nuestro país es notablemente inferior a la media europea.

Tenemos un déficit importante en esta materia. Usted ha dicho que
este es un aspecto importante. Una de las conclusiones a las que ha
hecho referencia es que en nuestro país el problema no es crear
nuevas normas, sino que se conozcan y se apliquen las que hay. Eso
implica la actuación de distintos factores. No sólo se trata de que
haya más inspectores de trabajo, se trata de que los propios
trabajadores asuman este factor, de que los empresarios cumplan con
sus obligaciones, pero también que desde la Administración existan
los medios adecuados para exigir y para hacer que estas normas cuando
no sean asumidas voluntariamente se impongan con la contundencia
propia de una norma que está plenamente vigente en nuestro país. Y en
este tema seguimos teniendo un déficit significativo que yo creo que
es necesario corregir con urgencia.

Es evidente, en la línea de lo que decía anteriormente, que la
presencia de un nivel de siniestralidad muy significativo en los
trabajadores temporales y su concentración en niveles de población de
determinada edad (la población más joven, hasta 30 años de edad, es
la que tiene un mayor nivel de siniestralidad; en las pequeñas y
medianas empresas es donde se da un nivel de siniestralidad más alto)
nos obligan a adoptar medidas específicas en relación con los mismos.

Es bueno tener el nivel de información que tenemos en estos momentos,
que creo se va mejorando progresivamente, y considero que esto nos
permite llevar a cabo, en esta materia, una actuación cada día más
concreta y más cercana a la realidad. Sin lugar a dudas, en ese
acercamiento a la realidad, es necesario contar con la participación
de los trabajadores. Tal vez la Administración no tiene los medios
adecuados, y yo estoy convencido de que en estos momentos no los
tiene, pero se está haciendo un esfuerzo. En algún momento
determinado ha hablado usted de la incorporación de 20 trabajadores
más por año, pero habría que descontar los que, por razones diversas,
causan baja, con lo cual el incremento real es bajo, por debajo
seguramente de lo que crece el empleo en nuestro país, lo que obliga
a que, si queremos combatir real y adecuadamente este problema, se
tomen medidas que complementen esa insuficiencia de medios de la
Administración.

En este sentido creo que hay que tomar medidas sin irse a pensar en
lo que pudiera fácilmente tacharse de radicalismo,



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simplemente medidas de contar con la sociedad. Por ejemplo, señor
ministro, desde que se puso en práctica este plan de acción, ¿cuántas
veces se ha reunido la comisión de seguimiento? Y ésta es una de las
maneras de conseguir que se participe y se aborden los temas. Porque
los datos y las estadísticas son preocupantes, incluso aprobado este
plan de acción. Y es imprescindible contar con las organizaciones
sociales. Hay medios y datos que estoy convencido de que están
haciendo que se conciencien los sindicatos, porque son quienes la
sufren directamente, pero estoy convencido también de que en sectores
empresariales empieza a asumirse la conciencia de que es necesario
terminar con esta lacra, y desde luego es así en los sectores
políticos, en los que podemos valorar el daño tremendo, en primer
lugar personal pero también el daño económico que supone el nivel de
siniestralidad en nuestro país, y de ahí la clara convicción y la
clara determinación de corregir estas medidas y esta situación. Pero
hace falta que eso se concrete.

Por tanto, señor ministro, creo que en esta materia, siendo
conscientes de que intervienen muchos factores y muchos agentes, la
Administración tiene un papel fundamental, y su responsabilidad no se
diluye por la corresponsabilidad que puedan tener esos otros agentes
sociales, esas otras instituciones, sino que, al contrario, eso la
acrecienta y obliga a de la Administración del Estado a ser
especialmente diligente en esta materia.

No podemos quedarnos tranquilos porque se firmen planes de acción y
se creen comisiones de seguimiento, mientras los datos, de manera
contundente y permanente, siguen diciendo que en nuestro país las
estadísticas son muy negativas. Eso nos tiene que servir de acicate
para que todos esos sectores sociales, que en algún momento
determinado han manifestado su disposición y su voluntad de
contribuir a corregir estas estadísticas, tengan la ocasión de
expresar sus opiniones y de plantear sus soluciones.

Desde este punto de vista, quisiera terminar, señor ministro,
diciéndole, por ejemplo, que en la siniestralidad laboral influyen
muchos factores. En el sector de la construcción, al que he hecho
referencia varias veces a lo largo de mi intervención como uno de los
sectores en donde crecen notablemente, por encima de la media
general, los índices del número total de accidentes, sabe usted
perfectamente que hay en este momento en marcha, salida de los
propios trabajadores, una iniciativa legislativa que tiene como
objetivo corregir lo que ellos consideran -y yo comparto en buena
medida- un factor de siniestralidad, que es la proliferación de
contratas y de subcontratas, hasta llegar a esa figura de los piratas
-así la denominan gráficamente en el sector -, que son empresarios
que carecen de cualquier infraestructura, carecen de cualquier
solvencia y, finalmente, carecen de cualquier responsabilidad en unos
niveles de siniestralidad que las estadísticas ponen de manifiesto
que se producen de una manera agravada.

Creo que, a la vista de los datos que se conocen de las estadísticas,
sería bueno que, en sectores concretos y con la participación de los
agentes sociales, fuéramos capaces de abordar medidas adecuadas
-aunque alguien pueda decir que son duras- a una realidad
especialmente dura y que sean eficaces, que consigan que, cuanto
antes, terminemos con esta situación.

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Yo también quiero agradecer la
intervención del señor ministro.

Creo que en esta materia el Gobierno -lo demuestra la comparecencia
del señor ministro- mantiene siempre un elemento que Convergència i
Unió valora de manera muy positiva, un tono autocrítico. A mí me
parece que eso le da al Gobierno en general, al Ministerio y al
ministro del ramo en concreto, suficiente autoridad moral para poder
entrar a discutir muchas de las cuestiones que están encima de la
mesa en este debate.

Esta posición autocrítica, y creo recordar que el propio ministro ha
terminado su intervención reconociendo la gravedad del problema y las
dificultades para afrontarlo, creo que es la mejor manera de orientar
una política en esta materia Y esta intervención, como otras que
hemos podido oír de los responsables del Ministerio, demuestran un
convencimiento de la necesidad de articular medidas políticas,
complicidades, que vayan más allá de las que hasta ahora hemos podido
poner en marcha.

Entiendo que afrontar este debate desde esa perspectiva es
importantísimo porque, además, enlaza con otro mensaje que creo que
todos los grupos compartimos, que es el de la corresponsabilidad. El
cumplimiento de la ley va a necesitar -necesita- de la
corresponsabilidad de todo el mundo, del Gobierno, de las otras
administraciones -hay que recordar que existen unos títulos
competenciales que otorgan a las comunidades autónomas la capacidad
de ejecución de la política laboral y que eso implica una aplicación
de los reglamentos, seguramente en función de las prioridades y
políticas que se desarrollan en los territorios del Estado español-,
la corresponsabilidad de los agentes sociales, de sindicatos y de
empresarios, pero también la corresponsabilidad individual de los
trabajadores y de los propios responsables en las empresas. Tan sólo
desde la corresponsabilidad nos parece que es posible avanzar en esta
línea.

También se ha hablado muchísimo esta tarde del cumplimiento de la
ley. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos una buena Ley
de prevención de riesgos y en que tenemos unas insuficientes
políticas y una insuficiente corresponsabilidad para que esta ley se
cumpla.

Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le ha preocupado
muchísimo durante estos meses, prácticamente desde la aprobación de
la ley en 1995, la puesta en marcha de las previsiones que contiene
la disposición adicional quinta. Una disposición adicional quinta que
fue resultado de un debate parlamentario muy intenso, no con el
actual equipo de Gobierno, sino con el equipo de Gobierno socialista,
que nos llevó a redactar un texto que entendíamos equilibrado y que
orientaba claramente la política del Gobierno en esta materia.

El señor ministro conoce mucho mejor que yo el contenido de esta
disposición adicional quinta. En concreto, prevé -y leo- que la
planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos
ámbitos territoriales -territoriales- tendrá en consideración la
población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de
siniestralidad



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laboral. Los presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos
territoriales -subrayo territoriales- autonómicos -subrayo
autonómicos- que tengan asumidas competencias en ejecución de la
legislación laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo
-subrayo también estos conceptos-, serán atribuidos para su gestión a
los órganos tripartidos y de participación institucional que existen
en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nos parece que, en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de esta
disposición adicional quinta, en cumplimiento del espíritu que llevó
a elaborar a los grupos políticos del anterior Gobierno y de
Convergència i Unió esta disposición adicional, ahora que parece que
la fundación se va a poner en marcha, ahora que vamos a cumplir esta
previsión de la ley, sería muy importante que se hiciera desde esta
perspectiva del pleno respeto a la necesidad de que una articulación
eficaz de esta política pasa por una territorialización de los fondos
asignados a la fundación. Para nosotros esta cuestión se va a
convertir en caballo de batalla muy claro y contundente. Nos gustaría
que hoy el señor ministro, en su respuesta a los portavoces, nos
diese la tranquilidad de saber que el espíritu y la letra de la
disposición adicional quinta de la Ley de prevención de riesgos se
van a cumplir.

Una segunda reflexión, compartiendo muchas de las cosas que han dicho
los otros portavoces y algunas de las reflexiones de la intervención
del señor Peralta. Nuestro sistema de prevención de riesgos convierte
al empresario en deudor de la seguridad de sus trabajadores. Eso
orienta de una determinada manera el planteamiento legal. Las
políticas que están ahora en marcha fomentan esta actitud del
empresario como deudor de la seguridad de sus trabajadores, pero
creemos que no lo suficiente. Deberíamos ser capaces de buscar
fórmulas que incentivasen este compromiso del empresario hacia la
seguridad de sus trabajadores. Quizá eso nos debería obligar a
reflexionar sobre si -entre comillas- las cotizaciones en función de
la materia de riesgos no deberían vincularse también a los niveles de
accidentalidad en las empresas. En el actual sistema, que un
empresario tenga un mayor número de accidentes no incide -insisto,
entre comillas- en sus cotizaciones. En algunos Estados de la Unión
Europea existen fórmulas que incentivan que aquellas empresas que
tengan un menor número de accidentes para que tengan también algún
tipo de apoyo público, ya sea en la línea de subvenciones, ya sea en
la línea de bonificaciones o alguna otra fórmula.

Nosotros apuntamos esta idea. Nos gustaría compartirla con el señor
ministro, compartirla con los grupos políticos. Nos parece que, más
allá de la necesidad de la sensibilización, de que la inspección
funcione, de la apelación al sentido de la responsabilidad de todo el
mundo, que entendemos básicas, más allá de esa autocrítica, que
Convergència i Unió la valora positivamente en la actitud del
ministro, quizá haya que empezar a buscar fórmulas que incentiven
efectivamente el sentido de la responsabilidad del empresario hacia
la seguridad de sus trabajadores.

Esta tarde no querríamos ir más allá de estos planteamientos:
cumplimiento estricto, en forma y espíritu, de la disposición
adicional quinta, reflexión sobre mecanismos
que incentiven esta responsabilidad específica de los
empresarios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Pedro Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia y también al grupo que la ha solicitado, por darnos una
nueva ocasión para hablar de este tema repecto del que, ciertamente,
uno tiene la impresión de que ya ha oído antes, y repetidamente, los
argumentos que entre todos estamos desgranando esta tarde.

Señorías, me parece que esta es la quinta o la sexta ocasión en esta
legislatura en que se debate la siniestralidad laboral, posiblemente
con los mismos escasos resultados. Yo recuerdo haber oído al anterior
ministro de Trabajo los mismos argumentos que el actual ministro
plantea hoy; primero, reconocimiento de la importancia del tema;
segundo, siempre faltan algunos datos por aclarar; tercero, un cierto
mea culpa, en el sentido del reconocimiento de que estos datos,
frente a otros que van muy bien, van muy mal o no van tan bien como
se desearía; cuarto, que la responsabilidad es compartida por todos,
especialmente por las comunidades autónomas, y la gestión también se
deriva en función de acuerdos con las mutuas, etcétera, es decir, la
responsabilidad siempre se deriva, o por lo menos se comparte o se
reparte; otro elemento es que la legislación es correcta, buena,
prácticamente insuperable, pero no se cumple; finalmente, que hay
algunos elementos estructurales, como pueda ser la inspección de
trabajo, que se están haciendo esfuerzos para ir incrementándola,
etcétera. Poco más y siempre lo mismo.

Permítanme, en función de la legitimidad por la cual ustedes repiten
lo mismo, que yo repita también los mismos argumentos. Señorías,
señor ministro, me congratula que algún grupo se haya apuntado
también a exponer que existen problemas de gestión, pero también
problemas estructurales. Es lo que Izquierda Unida señaló desde el
principio. Hay problemas estructurales que fomentan la
siniestralidad.

Creo que podemos hablar de gestión, efectivamente, porque falta
autoridad laboral. Estamos hablando de que tenemos una ley perfecta,
una ley muy buena -es verdad- y que no se cumple, porque no se conoce
y por otra serie de cosas. Pero ¿qué ley laboral se cumple en este
país? Se cumple poco la ley laboral. Además, se ha diseñado un
mercado de trabajo para que se cumpla poco la ley laboral. ¿No hemos
estado hablando, durante ya décadas, de flexibilización? Eso conlleva
que no sólo haya flexibilización de la ley misma, es decir,
desnaturalización de los compromisos, de los comportamientos
laborales, sino incluso también una cierta permisividad en muchos
comportamientos. Obviamente, en la misma medida en que se desregula
el mercado de trabajo, también se desregula este elemento y, por
tanto, nos cuesta doble trabajo racionalizar y ordenar este elemento.

Es verdad que no solamente es un problema de falta de inspectores de
Trabajo, sin duda alguna; ésa es la manifestación del problema, la
punta del iceberg, pero hay otras muchas cosas. ¿Hay voluntad
política, por ejemplo, de quese condicionen los contratos de las
administraciones públicas



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con respecto a que las empresas cumplan la normativa sobre la
siniestralidad? Eso se puede ver si existe un registro en las
administraciones públicas de empresas incumplidoras y que ese
registro sea exigido como requisito para la suscripción de contratos
de las empresas con las administraciones públicas, además en un
mercado -estoy hablando de la construcción, que es donde
fundamentalmente existe la siniestralidad- que es oligopolístico en
la práctica, por lo menos en cuanto a las empresas fundamentales,
porque luego vienen en cascada. En este sector, que es donde se
produce fundamentalmente la siniestralidad, el problema de las
contratas y las subcontratas es fundamental; es cruel y siniestra la
denominación popular cuando se habla de los piratas, palabra con la
que se denomina a las empresas que están en la base del sistema, pero
¿quién es más pirata en estos temas? ¿El Ministerio va a dialogar
sobre la iniciativa legislativa popular que está haciendo la
Federación de Construcción de Comisiones Obreras? Quisiera conocer
este dato, del que no se nos ha hablado para nada, porque eso sí
sería entrar en una cuestión que efectivamente apunta a los problemas
estructurales a los que hemos aludido desde el principio. ¿Se
establecen sanciones para las autoridades laborales de las
comunidades autónomas que dejan actas de infracción sin llevar a sus
últimas consecuencias el cumplimiento de las sanciones propuestas por
la Inspección de Trabajo? Por mucho que se vaya a incrementar el
número de inspectores de Trabajo en este país, ¿las sanciones van a
seguir durmiendo en los cajones de las delegaciones o de los
directores provinciales de Trabajo? Estos son los problemas que
existen. Es evidente que hay ceremonias en las que todos concordamos
y procesos de intenciones comunes y coordinados, pero los problemas
siguen estando ahí. Si se reconoce que hay pocos inspectores de
Trabajo, ¿alguna vez se nos reconocerá que teníamos razón cuando, en
el debate de la Ley de ordenación de la Inspección de Trabajo,
decíamos que los actualmente subinspectores tendrían que tener las
mismas competencias que los inspectores de Trabajo para así poder
triplicar los efectivos que realmente puedan levantar actas de
infracción con absoluta autoridad, o vamos a seguir temiendo a los
intereses corporativos y, por ello, reduciendo los efectivos de la
Inspección de Trabajo y de la autoridad laboral? La voluntad política
tendrá que reflejarse en función de las actuaciones y de los
compromisos concretos que el Ministerio adquiera respecto a estos
temas. Amí me parece que lo demás es hablar en vacío y, de verdad,
uno ya está cansado de estas cuestiones que afectan a la vida y a la
seguridad física de muchos trabajadores.

No quiero hablar de las mutuas, aunque algún día habrá que hablar en
serio de este tema, pero lo cierto es que no se aborda que los
servicios de prevención sean una realidad, no solamente en las
grandes empresas sino en las pequeñas empresas, y no sólo en unos
sectores sino en todos los sectores de la producción.

Hay problemas estructurales y a mí me parece que los problemas
estructurales (perdonen la grosería de mi comparación) son errores
colaterales del bombardeo que se ha hecho con respecto a la
regulación y a la protección del mercado de trabajo. ¿Se quiere la
flexibilidad para el crecimiento económico, para el crecimiento del
empleo, etcétera?
Habrá que soportar también estos datos o habrá que equilibrar los
temas. ¿Habrá que equilibrar la protección en el mercado de trabajo?,
¿por qué no se reduce la temporalidad?, ¿por qué va creciendo la
rotación en vez de decrecer?
Pues bien, todos estos temas son los que están en el fondo de la
cuestión. No se puede separar el debate de la siniestralidad del de
la realidad del mercado de trabajo. Estamos tocando fondo en esta
cuestión. ¿Cuándo vamos a hablar en serio de que la siniestralidad no
es un mero problema de la gestión de la prevención, sino también de
una reforma profunda, en progresista, del mercado de trabajo y de un
dejar de una vez por todas los dogmas del neoliberalismo? En el
fondo, ésa es la cuestión.

A mí me parece que el Gobierno se marca sus propias prioridades, pero
es lamentable que tengamos que acudir a un debate sobre este tema,
que es repetitivo y que está devaluado, mientras se pone toda la
carne en el asador para priorizar la adecuación de la EPA. El
Gobierno es eficaz en algunas cosas -yo lo siento mucho- y ha sido
eficaz en el tema de la EPA, pero en el de la siniestralidad, no.

Señorías, no sé si debo pedir perdón por mi tono, pero ésta es la
realidad que sienten los trabajadores cada vez que hay un muerto y,
por tanto, me parece que con este tono es con el que deberíamos
abordar la siniestralidad, como prioridad, en esta Comisión, si es
que queremos hablar de corresponsabilidad, y no pedir luego más
dinero porque hay que cumplir la ley de que las responsabilidades son
de las comunidades autónomas. Creo que eso suena un poco a chiste a
estas alturas de la historia y a estas horas de la tarde. Si esto es
una prioridad, habrá que planteárselo como tal.

Señorías, Izquierda Unida no ve que la prioridad del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales sea acabar con la siniestralidad laboral,
porque no ve la voluntad política de acabar con la desregulación del
mercado de trabajo, sino más bien de todo lo contrario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Gustavo Adolfo Alcalde.




El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Señorías, en esta mi última intervención en
esta Comisión de Política Social y Empleo quiero que mis primeras
palabras sean de bienvenida al señor ministro y de agradecimiento de
mi grupo parlamentario por el contenido de su intervención, que se ha
caracterizado por el rigor y por la sinceridad a la hora de abordar
un tema tan importante como es el de la siniestralidad laboral.

En segundo lugar, señorías, quiero expresar -como han hecho antes
tanto el ministro como el resto de los portavoces de los grupos
parlamentarios- la preocupación de mi grupo por las cifras de
siniestralidad laboral que existen en nuestro país. A pesar de ese
descenso que afortunadamente se ha producido en el índice de
incidencia de accidentes mortales, no podemos sentirnos satisfechos
porque tras cada uno de estos accidentes de trabajo, como ya han
dicho otros portavoces y también el señor ministro, encontramos el
dolor y el sufrimiento de una persona y de su familia. Sin embargo,
aunque reconocemos que los datos que ha expuesto el señor ministro no
son todo lo halagüeñosque desearíamos, no puedo compartir algunas
intervenciones



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ha habido aquí, concretamente la del Grupo Socialista, que parece más
dictada por la proximidad de los comicios electorales del 13 de junio
que por el sosiego y el diálogo constructivo que habían caracterizado
hasta ahora los debates sobre la siniestralidad laboral en esta
Comisión.

El portavoz socialista ha hecho un diagnóstico de la situación que,
más que pesimista, yo diría que es kafkiano. Después de oir toda su
argumentación, yo esperaba que en algún momento nos expusiera su
bálsamo de Fierabrás, su solución mágica al problema. Pero, meditando
mientras intervenían los otros portavoces, he llegado a la conclusión
de que difícilmente puede presentar aquí un bálsamo de Fierabrás o
una poción mágica cuando, en los 13 años que estuvo en el Gobierno el
Partido Socialista, en ningún momento hicieron nada concreto respecto
de la siniestralidad laboral. (Rumores.) Respecto al símil de la
siniestralidad y el fútbol, yo no sé qué tal le iría al señor
ministro de entrenador, pero es que los anteriores gobiernos
socialistas no es que no llegaran a jugar un partido de fútbol, es
que no llegaron ni a entrenar siquiera, en materia de siniestralidad
laboral. (Rumores.) ¿Saben lo que les pasó a los gobiernos
socialistas? Que sufrieron un espejismo (El señor Gimeno Marín: La
siniestralidad laboral descendió.) Sí, sí, en eso voy a entrar, señor
Gimeno. Ustedes sufrieron el espejismo de unas cifras decrecientes de
siniestralidad laboral que atribuyeron a lo bien que lo estaban
haciendo ustedes, cuando la causa era la disminución de la actividad
económica que propiciaron los gobiernos socialistas. Cuando esa
actividad comenzó a repuntar, en 1994, ustedes no fueron capaces de
adoptar ninguna medida al respecto.

El señor Gimeno exigía aquí muchas responsabilidades y parece
olvidarse de que la mayor irresponsabilidad, señor presidente, es no
hacer absolutamente nada. Porque lo único que ustedes hicieron en 13
años (y para ello tuvo que conminarles la propia Comisión Europea)
fue presentar el proyecto de ley de prevención de riesgos laborales
(El señor Gimeno Marín: En 1995.), en 1995, cuando usted sabe que el
período para trasponer la Directiva 89/391 era el 31 de diciembre de
1992. Es decir, tardaron casi tres años en trasponer esa directiva y,
repito, tras la conminación de la propia Comisión Europea. Resulta un
sarcasmo, señor Gimeno, que ahora, cuando el Gobierno del Partido
Popular está abordando este problema con seriedad, siempre bajo el
prisma del diálogo social y desde el rigor que ustedes no tuvieron,
venga usted a acusar al actual Gobierno de inactividad, de
irresponsabilidad y de sesgos en la interpretación de la normativa a
la hora de afrontar la siniestralidad laboral.

Señorías, el Gobierno del Partido Popular no ha estado precisamente
dormido en los laureles, como se podría deducir de su intervención.

Aquí se ha puesto en duda la gestión del Ministerio en esta materia,
pero si ustedes no han apreciado lo que el Gobierno ha hecho en estos
tres últimos años será porque han estado en otro planeta o es que
están tan ocupados buscando continuamente al líder perdido que no
tienen tiempo para enterarse de lo que hace el Gobierno. (Rumores.)
Si me lo permite, le voy a repetir lo que ha hecho el Gobierno. Al
mes de tomar posesión, concretamente el 5 de junio de 1996, se
constituyó ya, por el Gobierno y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas,
la mesa tripartita sobre seguridad y salud laboral. El 2 de
agosto de 1996 se promulgó el Real Decreto 1.879, que regula la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano garante
de una actuación coordinada entre las administraciones y de
participación, que se constituyó 5 de septiembre y comenzó sus
trabajos el 2 de octubre. Integran dicha Comisión la Administración
general del Estado y todas las comunidades autónomas con competencias
transferidas, porque alguno parece no entender que estamos en un
Estado de las autonomías y que hay competencias que están
transferidas -concretamente las de ejecución laboral- a las
comunidades autónomas y que, lógicamente, esa responsabilidad es
corresponsabilidad, es decir, compartida entre distintas
administraciones.

En desarrollo de la Ley de prevención de riesgos laborales, el
Gobierno promulgó el Real Decreto 39/1997, el reglamento de los
servicios de prevención, que entró en vigor en abril de 1997. Como ha
dicho el señor ministro, en un plazo récord se han promulgado catorce
reales decretos y tres órdenes ministeriales en desarrollo de la ley
o para trasponer las directivas, cosa que ustedes, sus gobiernos no
habían realizado. (La señora López i Chamosa: Les dejamos la ley
hecha, ¡qué más quieren!) Perdone, señora López i Chamosa, pero estoy
en el uso de la palabra. Ruego el amparo de la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, le ruego que guarde
silencio.




El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Decía, señor presidente, que todas estas
normas han sido consensuadas, como no podía ser de otra manera, al
menos en este Gobierno; otros gobiernos no consensuaban o no
dialogaban con los interlocutores, pero, en el caso de éste, ésa ha
sido la principal característica de su gestión.

El 24 de septiembre de 1997 el ministro de Trabajo firmó un acuerdo
con las mutuas de accidentes de trabajo, dirigido a aquellos sectores
económicos en los que hay un mayor porcentaje de siniestralidad, en
las pymes, que tienen la mayor dificultad para acceder a información
y formación en materia de prevención de riesgos laborales, así como a
ciertas profesiones de mayor riesgo. Este acuerdo, que fue para 1997
y 1998, ya ha anunciado el ministro que va a ser prorrogado.

En este punto quería decirles una cosa: ustedes están auténticamente
obsesionados con la privatización. Para ustedes, el Partido Popular
va a privatizar absolutamente todo. Que yo sepa, las mutuas de
accidentes de trabajo tienen la misma forma de trabajar, la misma
forma de actuar que tenían durante los trece años de gobierno
socialista, sin que haya habido ninguna modificación al respecto.

Pero quiero tranquilizarle; si usted se lee el Plan de acción que ha
presentado el Gobierno, verá que, en su punto 2.2.2, se incluye que
se incorporarán a la Comisión mixta para el seguimiento del Plan en
relación con las mutuas las organizaciones empresariales y
sindicales. (El señor Gimeno Marín pronuncia palabras que no se
perciben.) Se lo digo para que se quede tranquilo y vea que están
perfectamente sometidas a control. Y vuelvo a repetir y rogar queme
dejen intervenir, puesto que yo he callado y he atendido



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con mucho interés a las explicaciones que ha dado el señor Gimeno.

En noviembre de 1997 se realizó, como siempre de acuerdo con los
interlocutores sociales, una campaña de divulgación conjuntamente con
el Forcem, con el fin de hacer llegar al gran público los principios
de la cultura preventiva. Asimismo, señorías, el actual Gobierno ha
incrementado las actuaciones de apoyo y divulgación del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; ha incentivado la
contratación indefinida mediante subvenciones a empresas -por cierto,
que los contratos basura que tenía el Gobierno socialista y los
actuales contratos temporales son muy diferentes, por supuesto, a
favor del trabajador y de su protección social-; se ha desincentivado
por parte del Gobierno la realización de horas extraordinarias, otro
factor que algunos grupos ponen de manifiesto, y así es, que incide
en los accidentes de trabajo.

Durante el trienio 1996-1998 se ha incrementado notablemente la
actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de
promulgarse la nueva ley ordenadora de dicha inspección, siendo la
acción inspectora en el ámbito de la prevención una función
prioritaria. Pasaré por alto la importante labor de la Inspección de
Trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, duplicando y
triplicando en muchas actividades lo que se hacía hasta 1996.

Siguiendo con las actuaciones del Gobierno, el pasado 15 de marzo de
firmó en la conferencia sectorial de asuntos laborales un protocolo
de cooperación interterritorial entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, pues, repito, no
conviene olvidar que las competencias en materia de ejecución laboral
están transferidas a todas las comunidades autónomas, excepto a la
asturiana.

El 28 de abril pasado, día nacional de la seguridad y salud en el
trabajo, se ha constituido la fundación, adscrita a la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contempla la
disposición adicional quinta de la Ley de prevención de riesgos
laborales, con el fin de promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en los lugares de trabajo, especialmente en las
pequeñas empresas. Esta fundación nace como instrumento específico de
apoyo a la actividad preventiva en España a través de acciones de
información, formación, asistencia técnica y promoción del
cumplimiento de la nueva normativa. La fundación, señorías, va a
contar con 10.000 millones de pesetas en los próximos cinco años,
provenientes del fondo de prevención y rehabilitación. El destino de
estos fondos, así como los objetivos, prioridades y aprobación de los
planes de actuación, que preocupaban al señor Campuzano,
corresponderá determinarlos al patronato de dicha fundación. En este
patronato participan 19 miembros por cada una de las partes
(Administración general del Estado, comunidades autónomas y
organizaciones empresariales y sindicales más representativas).

Apesar de todo lo realizado, mi grupo no está satisfecho y la
intervención del ministro ha dejado perfectamente claro que el
Gobierno tampoco está satisfecho. Por eso, señorías, el Grupo Popular
ha apoyado y participado con sus enmiendas en dos mociones, que se
han aprobado por unanimidad en esta Cámara, la primera el 7 de
octubre de 1997 y la segunda, de doce puntos, el 24 de febrero de
1998; mociones
que han servido de base para que el Gobierno promoviera, junto a
las propuestas que han realizado las comunidades autónomas y las de
los interlocutores sociales, un Plan de acción sobre la
siniestralidad laboral, que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo aprobó el 29 de octubre pasado. Aprovecho para decir
-tanto que preocupa al Grupo Socialista el problema de los
seguimientos- que este plan tiene su correspondiente Comisión de
seguimiento, que ya se ha reunido dos veces y que en el primer
semestre de este año se reunirá por tercera vez. Este Plan de acción
no sólo incluye los puntos de las mociones aprobadas en esta Cámara,
sino que va bastante más lejos de lo que nosotros, el Legislativo,
aprobamos aquí el 24 de febrero; si me lo permiten, diré que, junto a
la moderna legislación de que ya disponemos, va a convertirse en la
herramienta fundamental para afrontar con seriedad y rigor esa lacra
laboral que constituye el elevado número de accidentes de trabajo.

La aplicación de este plan que el señor ministro ha explicado en
líneas generales y la obtención de resultados requieren paciencia. El
señor Vaquero se quejaba de que los argumentos son siempre los
mismos. Obviamente, tendrá que aceptarme que la mayor parte de sus
argumentos están recogidos en el Plan de acción contra la
siniestralidad laboral que ha presentado el Gobierno. Usted dice que
no, pero yo le invito a leerlo, a releerlo si ya lo ha visto en
alguna ocasión, y verá como es así. Pero, como le decía, nadie puede
esperar fórmulas mágicas ni resultados espectaculares a corto plazo.

De lo que se trata, y creo que todos los grupos de esta Cámara lo
hemos expresado en distintas ocasiones, es de extender la cultura de
la prevención y, sin lugar a dudas, ello requiere tiempo. Se trata
nada más y nada menos que de abordar los pilares de la educación: la
información, la formación y el cambio de hábitos o de actitudes; por
eso, uno de los apartados fundamentales de ese Plan de acción es el
Plan de formación. Es necesario implicar a todos los sectores
inmersos en el problema aunando sus esfuerzos; es necesario aunar los
esfuerzos no sólo de las distintas administraciones públicas y la
Administración general del Estado, sino de las comunidades autónomas
organizaciones sindicales empresariales y, por qué no, de todas
aquellas entidades y asociaciones que tengan interés en la materia.

En definitiva, hay que implicar a la sociedad en su conjunto,
facilitando los medios y recursos necesarios para mejorar las
condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito de las pymes,
sector más castigado, como decía anteriormente, y concentrar los
esfuerzos en aquellos sectores o empresas que ofrezcan los mayores
índices de siniestralidad.

En conclusión, el elevado número de accidentes de trabajo que padece
nuestro país no se debe solamente a la mayor actividad económica, al
mayor nivel de ocupación, a la temporalidad, al insatisfactorio
cumplimiento de la nueva normativa de prevención o al desconocimiento
de las ventajas que aporta una adecuada prevención de riesgos
laborales, sino a la falta de una verdadera cultura de la prevención
generalizada, en todos los ámbitos de la sociedad, y eso, señorías,
no se cambia solamente con reales decretos, con reducciones de
jornada laboral o a través de la Inspección de Trabajo. Para eso es
preciso, en primer lugar, voluntad, y eso nadie puede regateárselo a
usted, señorministro, ni a su antecesor, ni al Gobierno. En segundo



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lugar, hace falta diálogo con todos los sectores implicados, y eso
tampoco se lo va a poder discutir nadie, señor ministro. Y, en tercer
lugar, hace falta tiempo. De eso no vamos tan sobrados pues,
lamentablemente, los accidentes se siguen produciendo, pero mi grupo
y el Gobierno confían no sólo en la benevolencia del resto de los
grupos -hoy alguno no se ha caracterizado especialmente por ella-,
sino en la rápida comprensión del problema y asunción del mismo por
parte de nuestra sociedad.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos, tiene la
palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Quiero agradecer al conjunto de los grupos que han intervenido el
tono de sus intervenciones, así como las sucesivas aportaciones que,
con diverso éxito, han realizado en el conjunto de sus
intervenciones.




Dentro de los sucesivos verbos y conjugaciones que la acción de
gobierno ha merecido a SS.SS., me quedaría con los conceptos de
autocrítica, que manifestaba el portavoz de Convergència i Unió,
señor Campuzano, y la insatisfacción que manifestaba el señor
Alcalde, portavoz del Grupo Popular. El Gobierno no elude, no diluye,
no deriva responsabilidad alguna, por emplear las expresiones que
sucesivamente SS.SS. han utilizado. El Gobierno asume la
responsabilidad. Nosotros decimos que se ha hecho una serie de
actuaciones importantes, compartidas, que no están dando el fruto que
todos perseguíamos, y lo estamos asumiendo. No venimos a intentar
eludir, ni derivar ni diluir ninguna responsabilidad. Asumimos que la
responsabilidad nominal nos corresponde a nosotros; además una parte
de la material, otra parte no, también nos corresponde a nosotros.

Asumimos, por tanto, responsabilidad amplia en el concepto material y
también en su plenitud en el concepto nominal, y de ahí la
autocrítica y la insatisfacción. Además, la persona que les habla ha
seguido este proceso muy de cerca, porque fue el primer presidente
que tuvo la Comisión Nacional, fui padre constituyente de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud, con sus luces y sus sombras, y he
heredado, por ascenso, la responsabilidad que ahora tengo.

Como primer concepto dentro de esta asunción de responsabilidad, voy
a hablar con franqueza porque el Ministerio de Trabajo, si quieren
-me gusta más utilizar el plural en este tema porque creo que es más
real, pero me da igual, si así ustedes se quedan tranquilos-, tiene
en cuenta, como es normal, este problema y se plantea diversos
interrogantes, y yo también. En primer lugar, hemos hecho mucho, con
retraso, porque se aprobó una ley muy tarde, -es rigurosamente
cierto, pero no quiero mirar atrás-; si la hubiéramos aprobado en
1992 en vez de en 1995, probablemente hubiéramos puesto los
mecanismos mucho antes. Pero miremos hacia el futuro; ya el señor
Alcalde ha indicado la sincronía en el tiempo de entrada. Tenemos una
norma amplia, profusa y europea. Esta norma todavía no está dando
resultados. Puede ser por varios factores, pero simplificando en el
análisis podemos decir: a) porque la norma no es buena y hay que
cambiarla; b) porque la norma no se cumple o no se cumple
suficientemente. Veremos
en qué fallamos y en qué falla cada una de las partes. Pero en
una acción de Gobierno hay que ir tomando alternativas. Nosotros -y
digo nosotros aunque lo podríamos ampliar al conjunto de la Comisión
Nacional- creemos que hay todavía que darle una oportunidad a la
norma de prevención, porque parece que es buena; en todo caso, en
otros países donde se están utilizando las mismas leyes hay unas
tasas de siniestralidad evidentemente inferiores a las nuestras. Por
tanto, no anulemos la norma; vamos al segundo capítulo. Asumamos que
son buenas o tan buenas como lo son en otros países y veamos por qué
aquí la siniestralidad es superior a la de ellos.

Me voy a referir, en primer lugar, a la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista. Tengo que señalar que el señor
Gimeno, en una obtusa y elíptica intervención, porque me ha costado
en algunos momentos seguirla, dice que le choca que digamos que se
incumple la ley. Pero nosotros creemos que la ley todavía no se está
cumpliendo en su totalidad, y no es que haya ninguna maldad en
decirlo. Tenemos un dato objetivo que es bueno que utilicemos, que es
la encuesta de condiciones de trabajo, en la que se entrevista a
directivos de empresa y a trabajadores; en un porcentaje enorme no es
que no se cumpla, es que no se conoce, y en otros muchos casos no se
aplica. Por tanto, trabajemos en la línea de que hay que cumplir lo
que está reglamentado, lo que está normado y no se ha aplicado
todavía.

En este caso hay un envolvente laboral, tan sólo en parte, señor
Vaquero, porque abarca muchos temas. Por supuesto, está la norma, y
parece que hay coincidencia en que tenemos una norma que todavía hay
que agotar y continuar desarrollando, aparte de un envolvente laboral
y unas tradiciones laborales. Aquí, ya no como ministro de Trabajo,
que como tal no podría hablar, sino por un análisis psicológico
elemental resulta realmente curioso y llamativo cómo el Grupo
Socialista salta cada vez que decimos algo tan elemental como que en
la temporalidad hay más accidentes de trabajo. No sé qué intención ve
usted en esto o por qué dice que son cantos de sirena a no sé qué
sensibilidad o por qué ve usted una afirmación maniquea en ello. Es
una realidad objetiva: hay un 30 por ciento de temporales que tienen
un 60 por ciento de siniestralidad; dato objetivo. Yo no estoy
diciendo que la temporalidad sea buena o sea mala; estoy diciendo que
es un dato objetivo y que algo tiene que pasar. No lo asuma como una
crítica ni se revuelva en la silla cuando pasa, porque curiosamente,
víctima de los nervios, ha realizado un panegírico acerca de la
temporalidad. Tranquilo, como está viendo, no voy a cuestionar hoy
estos temas. Le digo que es un dato objetivo y que también tendremos
que incorporarlo.

He seguido con atención su intervención, señor Gimeno, que me ha
parecido obtusa y elíptica, porque no ha presentado el bálsamo de
Fierabrás, la piedra filosofal de la que hablaba; probablemente no
pueda presentarla porque no exista, pues la alquimia terminó con un
gran fracaso, ya que no se encontró la piedra filosofal.

Probablemente es que no exista, así como tampoco una solución única,
exclusiva ni ninguna varita mágica, sino que sean muchas. Pero lo que
sí tengo claro es que la componente que hay que buscar para
solucionar este problema, que se puede solucionarcomo ha sucedido en
otros casos en este país, pasa por la



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intervención de muchos. Y de ahí que esté sorprendido de que a usted
le parezca mal que el Ministerio no firme cualquier convenio. No
firmamos cualquier convenio cara a la galería. No crea, que con
cualquiera que pasa por el Ministerio con una papela, por salir en la
foto, se llega a un convenio. No frivolice con un afán de diálogo,
porque siempre que por consenso se pueda conseguir un fin, siempre un
acuerdo como instrumento, será positivo. Comprendo que no es la
cultura propia de su partido, que ha tenido otra bien distinta, y que
le parezca chocante; pero no frivolice porque hay veces que la única
alquimia posible, los únicos condimentos posibles, no para encontrar
una piedra filosofal, que no existe, pero sí para lograr una solución
satisfactoria, pasan por los ingredientes del consenso y el diálogo.

Vamos a continuar en esa línea, aunque veo que a usted no le gusta
mucho, y sin ánimo ninguno de diluir ninguna responsabilidad -en
términos alquimistas, usted ha utilizado el concepto de diluir, no
eludir ni derivar, sino diluir-; tomando la nuestra, que nos
corresponde en mayoría, vamos a seguir derivando.

Usted ha abordado la única discrepancia que parece que tenemos
respecto de la norma, oyendo su intervención, que es el concepto
servicio de prevención mutua. Nosotros tenemos muy claro lo que son
las mutuas, y creo que es compartido; lo tenemos tan claro que está
en una ley, que no se ha cambiado. En política no hay mucho campo de
actuación cuando algo está reglamentado por ley. Sabemos lo que son
los fondos de las mutuas y sus actuaciones; como usted sabe, los
servicios de prevención tienen entidad propia en el concepto de
mutua. Es un servicio distinto, que deben pagar además las empresas,
como usted conoce perfectamente. Además hay que ir creando
paulatinamente esos servicios, animando a las empresas a que
inviertan en prevención. Y no digo que gasten, digo que inviertan
porque la prevención para las empresas debe ser una inversión y no un
gasto supérfluo. Una empresa que invierta en prevención no va a
obtener tan sólo una disminución de costes en bajas laborales y un
mejor ambiente de trabajo, sino mayor calidad, mayor fidelidad y, por
tanto, es una inversión que hay que realizar.

Después ya no le he entendido. Continuaba hablando de la mutua y de
la vía de prevención, de que le parecía que no se contrataban y,
después, de que no es suficiente con que se contraten. De verdad que
no le he comprendido, no es que quiera salirme por la tangente. Sí le
he entendido cuando decía que no es suficiente imponer esta norma;
eso lo compartimos. El Ministerio de Trabajo tiene el instrumento de
la inspección, que estamos utilizando hasta donde podemos y hasta
donde sabemos; a lo mejor se podría hacer de otra manera, pero
nosotros lo estamos haciendo hasta donde podemos y hasta donde
sabemos, siendo claramente conscientes de que no sólo la voluntad o
la realidad coercitiva van a hacer que se aplique la norma. La norma
debe tener, desde luego, un consenso básico; es una cultura de
prevención que no se impone, sino que debe ser compartida. Mientras
se comparte o no, creo que tampoco viene mal -al menos es el
instrumento que tenemos a nuestro alcance- incrementar la inspección.

En este sentido, sí hay al menos una coincidencia en el
planteamiento: ya no se trata de hacer más normas; quedan algunas,
pero ya no debemos dedicarnos exclusivamente a hacer normas. Ya hay
que realizar
otro tipo de actuaciones mucho más directas. Teníamos que
elaborar las normas, porque, si no las tenemos, no podemos hacer
nada; aunque con retraso, ya las tenemos, y eso siempre es un buen
paso.

Coincido con la primera parte del análisis del señor Peralta. Creo
que algunos de los datos que se han aportado aquí son objetivos como
otros que S.S. ha traído a esta Comisión. Usted profundizaba en la
idea de que no basta con planes de acción, que le parecían muy bien,
ni con comisiones de seguimiento, que también le parecían muy bien, y
en esto sí hay coincidencia; es decir, tanto planes como comisiones
no son suficientes, debe haber instrumentos. Como ministro que asumo
mi responsabilidad, no puedo venir a esta Comisión y decir que,
aunque se incremente la siniestralidad, lo estamos haciendo muy bien
porque hemos creado tres planes y hemos constituido cuatro
comisiones. No tiene ningún sentido; no lo voy a hacer. Serán útiles
o no en función de que cumplan los objetivos para los cuales están
creados, que es la disminución de la siniestralidad, balance que
todavía no puedo traer y que por tanto no esgrimo en este momento. En
cuanto al número de inspectores, ya sabe usted que está creciendo. Le
he indicado que serán 20 este año y 30 para el año 2000, y es verdad
que están teniendo como prioridad la prevención de los riesgos
laborales.

Comparto con el portavoz de CiU el tono autocrítico que ha mantenido.

Ha hecho dos reflexiones, una de ellas un compromiso acerca de la
participación de las fundaciones tripartitas. Hemos tenido un debate
profundo. La fundación se ha constituido, va a haber una parte muy
importante de las tripartitas que tengan ámbito autonómico y será el
propio patronato de la fundación y los patronatos los que organicen
ese trabajo. Supongo que el protagonismo, en la cuantía de que
disponemos, 10.000 millones de pesetas, va a corresponder a los
órganos tripartitos autonómicos. También planteaba una duda: cómo
conseguir que el empresario sea deudor de la seguridad de sus
trabajadores. Evidentemente, en nuestra legislación, y así debe ser,
en la empresa es el empresario quien tiene responsabildades, y
tenemos que exigírselas. Las vías que tenemos no son sólo la
inspección, sino el conjunto de medidas aplicables. Pero también hay
que transmitir una responsabilidad al trabajador, vía formación, para
que conozca sus derechos y también sus deberes. Esto se consigue
básicamente a través de la formación, en la cual tanto empresarios y
directivos como trabajadores tenemos que invertir con intensidad,
porque no hay conocimiento compartido -lo quiero decir públicamente-
de lo previsto en la Ley de prevención.

El señor Vaquero sí corre un riesgo. Dice que está cansado de oír los
mismos discursos. No debemos cansarnos, señor Vaquero. (El señor
Vaquero del Pozo hace gestos negativos.) Hay que exigir resultados.

Lógicamente, hay que decir que no estamos satisfechos, pero no nos
podemos cansar. Éste es un problema que tiene solución. No es
explicable por qué otros países tienen menos siniestralidad que
nosotros; por tanto, no es que no tenga solución. En este tema la
comparación es siempre un elemento deductivo válido: si otros tienen
menos que nosotros, al menos nosotros podremos estar como la media
europea. Le recomiendo que no se canse, aunque a veces todos queramos
ir másrápido, y que continuemos trabajando. Se deduce de la



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intervención de algunas personas que no les gusta mucho que lo
hagamos vía consenso porque eso parece, en su interpretación, que es
una manera de diluir. Créanme, no hay ningún afán diluyente sino que
no encontramos otra vía más adecuada de construir que no sea la de
hablar.

No querría entrar ahora mismo en una erudición de norma laboral.

Únicamente tengo que hacerle una llamada de atención porque usted
aduce ladinamente que el Gobierno -creo que así lo ha dicho
exactamente- se muestra muy eficaz en la adecuación de la EPA. Es
absolutamente inapropiado. En el día de ayer hemos conocido un buen
resultado para todos y es de inteligencia y de justicia no matar
nunca al mensajero. La EPA es únicamente un instrumento estadístico,
con independencia en su ejecución y conocimiento del Gobierno, y
usted sabe que el INE tiene independiencia propia e importante, que
no hay cambio de metodología sino que está aplicando una línea
Eurostat, que ya anunció hace prácticamente un año y que es de
conocimiento público. (El señor Vaquero del Pozo hace signos
negativos.) Le rogaría, en función de su propio nivel, que no
introduzca ladinamente estos matices porque es una profunda
injusticia, un enorme error; nunca, nunca mate al mensajero. Diga si
le parece suficiente o insuficiente el nivel de creación de empleo.

Le anticipo una cuestión: si la Seguridad Social -que no es una
estadística, que es un registro de personas que cotizan y pagan,
luego hay que tender a pensar que nadie cotiza y paga de forma
voluntaria ni graciosa- está creciendo en torno a un 6 por ciento, es
razonable esperar que la EPArecoja incrementos del 3,9 por ciento.

Probablemente, mientras la Seguridad Social siga creciendo por encima
del 6 por ciento tendremos crecimientos de población ocupada muy
altos. Diga usted si le parece bien, suficiente, insuficiente o
mejorable, pero le ruego, por la propia seriedad de las instituciones
públicas y de esta Cámara, que no ponga nunca en cuestión al
mensajero, ni lo ataque. La EPAes únicamente el mensajero que recoge
lo que sin ningún género de dudas es una realidad social, la de que
se está creando empleo, y ésa es una buena noticia que debe
alegrarnos a todos.

Coincido plenamente con el señor Alcalde en torno a la
insatisfacción, y está hablando en nombre del grupo que sustenta al
Gobierno: está insatisfecho, asume la responsabilidad de que lo hecho
todavía no es suficiente. Ya no sé cómo decir que asumimos la
responsabilidad, me puedo flagelar en público si les tranquiliza.

(Risas.) Asumo la responsabilidad. Tenemos que hacer aún más de lo
que hemos hecho, pero por lo menos reconozcamos que lo andado no han
sido pasos vanos ni pasos en falso, y creo que ahora con consenso.

(El señor Gimeno Marín hace signos negativos.) Sí, señor Gimeno, eso
siempre es bueno, eso nunca viene de más; con consenso y con norma
laboral estamos en mejores condiciones para poder abordar este
asunto.

Espero sinceramente que en la siguiente comparecencia, que sin
ninguna duda tendrá lugar, no hablemos sólo de planes y de comisiones
sino de datos; datos que hasta ahora no nos han acompañado y que
espero que en la próxima comparecencia nos alegraremos todos de poder
mejorar. Mientras tanto, continuaremos trabajando en común;
seguiremos utilizando nuestras armas. El Estado nunca va a hacer
dejación de su poder de inspección, que va a continuar
teniendo prioridad, pero entendiendo, como decía anteriormente,
que la prevención no es un concepto que se imponga sino que debe ser
compartido por todos.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Pimentel.

Con las palabras del ministro damos por concluida ... (El señor
Gimeno Marín pide la palabra.) ¿Qué quería, señor Gimeno?



El señor GIMENO MARÍN: No sé si es posible, señor presidente, pero
creo que el Reglamento prevé la posibilidad de un segundo turno.




El señor PRESIDENTE: Sí, pero sólo en circunstancias excepcionales, y
no parece que se hayan dado.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, aparte de que ha habido
alusiones por parte de los grupos, que creo inadecuadas, en cualquier
caso sería para clarificarle al ministro algunas de las cuestiones
que le han quedado dudosas, según me ha manifestado en su
intervención.




El señor PRESIDENTE: Por alusiones no. Yo he seguido con atención la
intervención de todos los portavoces y creo que el tema está agotado.

Sólo ha habido una cuestión incidental, pero no creo que sea el
motivo fundamental.




El señor GIMENO MARÍN: Señor presidente, incidental de clarificación
de situaciones. Yo creo que el debate es muy importante para que no
se clarifique. Apelo a su sensibilidad sobre los temas.




El señor PRESIDENTE: Un minuto.




El señor GIMENO MARÍN: Sí, muchas gracias, señor presidente.

En la voluntad clara de profundizar en el tema, señor ministro,
lamento que se hayan podido producir confusiones. No me interprete
mal, yo estoy en contra de la temporalidad; pero usted sabe que para
analizar en profundidad ese problema habría que entrar en el análisis
de todas las causas que concurren con la temporalidad para introducir
la solución, porque, si no, lo que estamos provocando es confusión
sin resolver el problema. Le he puesto el ejemplo de la antigüedad,
que tiene mucho que ver con la temporalidad pero que tiene vivencia
propia y se articula de una manera independiente. Lo que le digo es
que si el problema es la temporalidad sólo habría que intentar que no
hubiera contratos temporales y no habría accidentes. Ésa no es la
solución, como usted bien sabe, y le he puesto el ejemplo de la
construcción.

Servicios de prevención. Es muy importante. En mi opinión el problema
que tienen es la aplicación y la interpretación que están haciendo de
la ley, puesto que establecen por una orden ministerial que los
servicios de prevención con las mutuas -no en otros supuestos ni en
otras circunstancias- tendrán que establecerse previo pago. Lo que
está pasando es que ninguna empresa pequeña quiere hacerel contrato y
no hay servicios de prevención. Las mutuas



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están en situación económica suficiente para no tener que cobrar los
servicios de prevención. Le he puesto ejemplos; he intentado ponerle
ejemplos de las mutuas a otros niveles. Con esa fórmula de articular
el mecanismo de privatización del servicio de prevención por la vía
del cobro de los contratos en estos momentos están generando enormes
dificultades al sistema para que entren los servicios de prevención
en las empresas, a lo que éstas se niegan radicalmente. La situación
de las mutuas, por los informes que tenemos de ellas, nos hace pensar
sin ningún tipo de dudas que no habría ningún problema porque sus
recursos se utilizan de una forma inadecuada, en mi opinión, a favor
de intereses privados y no de las mutuas.

Respecto de la interpretación de los reglamentos, señor ministro, hay
dudas enormes sobre cómo se interpretan algunas de las normas que
usted tenía que clarificar. Usted o sus expertos tienen que saber las
enormes dudas que existen sobre la viabilidad y aplicación de algunos
de los supuestos que se están planteando en el reglamento de obras de
construcción. Le he puesto un ejemplo concreto. Por eso digo que hay
gestión de política de seguridad que no se hace. En los ayuntamientos
pequeños las obras no tienen proyecto ni tienen estudio ni tienen
nada. Articúlense mecanismos para dar solución a esos problemas.

Porque, si no, los accidentes se siguirán produciendo, y esos
reglamentos que usted aprueba no sirven para casi nada en ese tipo de
situaciones en las que se producen accidentes. Le puedo plantear
otras preguntas: ¿Sólo es obligatorio el estudio básico en las obras
en las que se requiere un proyecto? Son preguntas que le hacen los
expertos al Ministerio y que éste no contesta. ¿Habrá tantos planes
como contratistas, cuando sabe usted que en una obra puede haber
distintos contratistas y subcontratistas como resultado de la
coordinación, etcétera? ¿Hay un único plan o múltiples planes? Todos
esos problemas están sin resolver y todos ellos inciden en que no se
aclara la situación ni se gestiona una política para resolverlos.

Podríamos hablar de más cuestiones. En servicios de prevención, según
creemos nosotros, la solución es que apliquen los 32.000 millones. El
lunes tiene la oportunidad. Que se monten los servicios de
prevención, pero no cobren a las empresas por ese concepto.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde.




El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Señor presidente, entiendo que el señor
Gimeno ha reabierto el debate al incidir otra vez en una serie de
cuestiones. Si ha habido alguna confusión, que indudablemente la ha
habido, desde el primer momento ha partido de la propia intervención
del señor Gimeno, la cual ha sido confusa por naturaleza.




El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, señor Alcalde.

El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Con respecto a la temporalidad,
evidentemente, a mayor número de contratos temporales más accidentes
de trabajo se producen. El 60 por ciento de los accidentes de trabajo
se corresponde con los contratos temporales cuando un 30 por ciento
de la población tiene ese tipo de contrato. Señor Gimeno, ustedes son
los reyes de los contratos temporales, especialmente en precario. Su
intervención ha sido confusa y no sé lo que habrá dicho, pero yo le
comento lo que entiendo que usted ha dicho y, si no es así, entonces
es que usted no se aclara.

Respecto a las mutuas, usted mismo se está contradiciendo, porque
dice que se están derivando fondos públicos y por otra parte ha
acusado al Ministerio de no haber aportado los fondos en el momento
en que se firmó el acuerdo. No lo entiendo. Hay una parte de las
cotizaciones que se destina a los accidentes de trabajo y otra que
no. Me parece que induce usted a la confusión cuando habla de las
mutuas, porque resulta que la legislación es la misma tenían ustedes,
la actuación de la mutua es la misma que ustedes llevaron a cabo en
los trece años de Gobierno y yo no veo ahora ese fantasma que ustedes
ven por todos los lados de privatización. Evidentemente, las mutuas
tienen que tener un peso específico en la prevención de riesgos
laborales y es lógico que las pequeñas y medianas empresas, que no
tienen posibilidades de contar con unos servicios propios de
prevención, a través de convenios, a través del apoyo de estas
entidades públicas que son las mutuas se nutran de estos servicios a
los que de otra manera difícilmente podrían acceder. (La señora López
i Chamosa: ¡Es que no lo entiendes, ese es el problema!)



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles): Voy
a intervenir con brevedad.




Simplemente quiero anunciarles que ya se ha creado un grupo de
trabajo específico para la interpretación de la construcción, que no
es interpretación, sino adaptación a realidades muy diversas; además,
vamos a elaborar una guía técnica que aclare estos aspectos y otros
muchos relacionados con la variedad de situaciones que hay en torno
al sector de la construcción. Por tanto, se ha creado ya un grupo
para la aplicación de la norma y para la realización de una guía
técnica.




El señor PRESIDENTE: Concluido el orden del día, se levanta la
sesión.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y cinco minutos de la tarde.