Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 694, de 18/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 694
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 8
celebrada el martes, 18 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos) para informar
sobre:
- El proyecto de Real Decreto sobre el Consejo de Cooperación.
A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
212/001913) ... (Página 19966)
- El proyecto de Real Decreto sobre el estatuto del cooperante.
A solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 212/001914)
... (Página 19966)
- El proyecto de Real Decreto sobre el registro de las ONGD). A
solicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente
212/001915) ... (Página 19966)
- El proyecto de Real Decreto sobre la Comisión interministerial. A
solicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente
212/001916) ... (Página 19966)
- El proyecto de Real Decreto sobre concesión de microcréditos para
proyectos de desarrollo social básico. Asolicitud del mismo Grupo
parlamentario. (Número de expediente 212/001917) ... (Página 19966)
- El proyecto de Real Decreto sobre la Comisión interterritorial. A
solicitud del mismo Grupo parlamentario. (Número de expediente 212/
001918) ... (Página 19966)
- La elaboración del reglamento que desarrolla la Ley de cooperación.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 212/001935) ... (Página 19966)
- Desarrollo reglamentario de la Ley de cooperación. Asolicitud del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/001943) ... (Página 19966)
- Canalización y objetivos finalistas del Fondo de ayuda de
emergencia de 8.000 millones de pesetas que el Gobierno ha anunciado
enviar con motivo del desplazamiento de refugiados de Kosovo. A
petición propia. (Número de expediente 212/001973) ... (Página 19977)
- Líneas generales y contenido del futuro Plan director de
cooperación española. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 212/001941) ... (Página 19991)
- Directrices y guía de conceptos del Comité de ayuda al desarrollo
(CAD) sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Asolicitud del Grupo
anterior. (Número de expediente 212/001942) ... (Página 19994)
Preguntas:
- De la señora Fernández Sanz (Grupo Socialista del Congreso), sobre
el informe preparado por el Gobierno acerca de los compromisos
adquiridos en la cumbre de Copenhague para presentar ante la Asamblea
General de la ONU. (Número de expediente 181/002384) ... (Página 19997)
- Del señor Castillo Jaén (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre planes y proyectos de cooperación con Colombia
previstos por el Gobierno. (Número de expediente 181/002437)
... (Página 19998)
- Del señor Izquierdo Juárez (Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso), sobre valoración de la aplicación de las bases para las
subvenciones a Organizaciones no gubernamentales. (Número de
expediente 181/002439) ... (Página 19999)
Proposiciones no de ley:
- De habilitación de un crédito extraordinario para financiar las
medidas de acción humanitaria integral a los desplazados de Kosovo.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001568) ... (Página 20001)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (VILLALONGA CAMPOS) PARA INFORMAR
SOBRE:
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE EL CONSEJO DE COOPERACIÓN. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001913)
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE EL ESTATUTO DEL COOPERANTE. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001914)
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE EL REGISTRO DE LAS ONGD. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001915)
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001916)
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS PARA
PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL BÁSICO. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001917)
- EL PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LA COMISIÓN INTERTERRITORIAL. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001918)
- LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE COOPERACIÓN.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 212/001935)
- DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE COOPERACIÓN. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/001943)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión
número 8 de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, empezando con el primer punto del orden del día, que como
SS.SS. ven abarca ocho iniciativas.
La primera para informar sobre el proyecto de real decreto sobre el
Consejo de Cooperación, del Grupo Socialista. La segunda para
informar sobre el proyecto de real decreto sobre el estatuto del
cooperante, del mismo grupo. La tercera para informar sobre el
proyecto de real decreto sobre el registro de la ONGD. La cuarta para
informar sobre el real decreto sobre la comisión interministerial,
del Grupo Socialista. La quinta para informar sobre el proyecto del
real decreto sobre concesión de microcréditos, del Grupo Socialista.
La sexta para informar sobre el proyecto de real decreto sobre la
Comisión interterritorial, del Grupo Socialista. La séptima para la
elaboración del reglamento que desarrolla la Ley de Cooperación, del
Grupo Federal de Izquierda Unida; y , finalmente, la octava para que
el secretario de Estado de Cooperacion Internacional informe acerca
del desarrollo reglamentario de la Ley de Cooperación, formulada por
el Grupo Parlamentario Popular.
Como digo, todas ellas son agrupadas y serán contestadas de forma
conjunta, para lo cual y agradeciendo su presencia, tiene la palabra
el secretario de Estado de Cooperación, señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Como saben, el Gobierno tiene
el mayor interés en informar puntualmente al Congreso de los
Diputados y a esta Comisión sobre el desarrollo legislativo de la ley
de cooperación. Atal efecto, comparecí ante esta Comisión el 6 de
octubre del pasado año y también lo hizo el señor ministro, a
petición propia, el 11 de febrero. A esto se añade la respuesta
puntual a las diferentes preguntas parlamentarias que se han venido
formulando sobre estos asuntos en los últimos meses. Creo que ello da
muestra de la voluntad del Gobierno de llevar adelante el proceso de
preparación de los reales decretos que desarrollan la Ley de
Cooperación sobre la base del diálogo, el consenso y la
transparencia.
En esta oportunidad informaré a SS. SS. acerca de los proyectos de
real decreto relativos al registro de organizaciones no
gubernamentales de la Agencia, al Consejo de
Cooperación al Desarrollo, a la Comisión interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo, a la Comisión interministerial de
Cooperación Internacional, al Fondo de concesión de, microcréditos y
al estatuto del cooperante. Todos estos reglamentos se encuentran en
trámite de aprobación por el Consejo de Ministros, y con ocasión de
un almuerzo que organicé el pasado 24 de febrero tuve el gusto de
entregar sus textos a los portavoces de los grupos parlamentarios de
esta Comisión. Por tanto, presumo que los borradores son conocidos
por SS. SS., y en consecuencia me referiré a su respectivo estado de
tramitación, así como al criterio con que el Gobierno ha elaborado
cada uno de ellos.
En primer lugar, el proyecto de real decreto sobre registro de
organizaciones no gubernamentales de la Agencia, sobre el que se
pronunció el Consejo de Cooperación al Desarrollo aprobando el
correspondiente dictamen el pasado 13 de los corrientes. El texto ya
se ha enviado al Consejo de Estado para que éste emita el preceptivo
dictamen. La finalidad de este real decreto se centra en el
establecimiento de criterios de publicidad formal y material que
permitan conocer el funcionamiento efectivo de las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo que reciban ayudas públicas.
Ciertamente, ello beneficiará a la transparencia y a la claridad del
sector. He de señalar que el texto no regula los procedimientos de
colaboración con la Agencia y las comunidades autónomas y que en su
día tendrá como fin asegurar la comunicación y homologación de datos
registrales. Como su título indica, este real decreto sólo se refiere
al registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo
de la propia Agencia y el Gobierno entiende que los citados
procedimientos de colaboración entre los registros autonómicos y el
registro central habrán de establecerse de forma separada. Entendemos
también que la inscripción en ese registro en ningún caso puede
permitir por sí misma el acceso automático a los incentivos fiscales
que prevé la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones e
incentivos fiscales a la participación privada en actividades de
interés general. Ello se debe a que el artículo 35 de la propia Ley
de Cooperación determina que el régimen tributario de las entidades
sin fines lucrativos, regulado en el capítulo I del título II, se
aplicará a las organizaciones no gubernamentales inscritas en los
registros a que se refiere el artículo 33, siempre que revistan la
forma jurídica y cumplan con los requisitos exigidos en dicho régimen
tributario.
El segundo real decreto del que voy a informar a SS. SS. es el
proyecto de real decreto por el que se regulan las competencias,
funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al
Desarrollo. El borrador ha sido dictaminado por el Consejo de
Cooperación al Desarrollo y por el Consejo de Estado, por lo que en
breve será sometido a la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios. Me gustaría destacar que el texto preparado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores fue oportunamente sometido a debate
con los agentes sociales de la cooperación.
Entiendo que el actual proyecto enfoca el Consejo desde una óptica
novedosa en relación con el real decreto vigente hasta ahora. Se ha
tratado de interpretar fielmente la letra y el espíritu de la ley
cuando en su artículo 22 define al Consejo como órgano consultivo de
la Administración
general del Estado y de participación en la definición de la política
de cooperación internacional para el desarrollo. Ello supone diseñar
un modelo de Consejo que garantice que la actuación de la sociedad
civil se lleva a cabo sin mediatización alguna por parte de la
Administración, sólo así cobran pleno sentido las funciones
consultivas y de participación. A tal efecto, y de acuerdo con las
sugerencias hechas por la Coordinadora de organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo, se ha disminuido drásticamente la
presencia de la Administración, si bien se ha atendido la
recomendación contenida en el dictamen del propio Consejo sobre el
proyecto de ley en el sentido de que debería asegurarse la presencia
minoritaria pero cualificada de representantes de la Administración
del Estado. Dichos representantes, conforme al artículo 3.3.a) del
borrador de real decreto, son el secretario general de la Agencia y
el jefe de la oficina de planificación por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, junto con un representante con rango de director general
por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Estos funcionarios
cuentan con una cualificación técnica en materia de cooperación para
el desarrollo, y por otro lado su número no condiciona, ni siquiera
puede influir significativamente en las votaciones. He de decir que
también hay una petición por parte de los representantes de las
organizaciones no gubernamentales en el Consejo, y es que sea este
secretario de Estado el que presida ese mismo Consejo. Estamos
analizando en estos momentos el dictamen y tomando en consideración
las reflexiones que nos han hecho los diferentes miembros del Consejo
de Cooperación para el Desarrollo, a efectos de proceder a la
modificación del real decreto y presentarlo ya ante la Comisión de
Subsecretarios y Secretarios de Estado para aprobación definitiva en
Consejo de Ministros. De todas las manera, creemos que un Consejo así
enfocado e inspirado en el modelo del Consejo Económico y Social,
gozará de autonomía real que le permitirá emitir dictámenes
independientes y por tanto merecerá la credibilidad que la sociedad
demanda.
El tercer proyecto es el real decreto por el que se regula la
composición, competencias, organización y funciones de la Comisión
interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. También en este
caso el proyecto se ha remitido al Consejo de Estado para dictamen,
habiendo sido dictaminado ya el pasado 13 de los corrientes por el
Consejo de Cooperación al Desarrollo. El borrador elaborado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, fue debatido previamente con los
gobiernos autónomos y se envió también a la Federación Española de
Municipios y Provincias, si bien he de decir que por parte de ésta no
se recibieron observaciones. Este borrador se ha preparado en
colaboración con el Ministerio de Administraciones Públicas. Se prevé
una participación igualitaria de cada una de las administraciones
públicas en el pleno, a fin de lograr una presencia equilibrada entre
la representación municipal, provincial y autonómica. Ello configura
un pleno que puede parecer excesivo, pero he de confesar que no es
fácil encontrar alternativas satisfactorias. En efecto, se parte de
que la totalidad de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla deben estar incluidas en el pleno, sin
que una fórmula de representación parcial tenga posibilidad de ser
aceptada por aquéllas o que no estuviesen
presentes algunas comunidades. Para lograr el necesario
equilibrio, tanto la Administración general del Estado como las
locales deben contar con 19 vocales cada una. Se plantea así la
cuestión de que solamente 19 vocales pueden representar adecuadamente
a la multitud de diputaciones, ayuntamientos e instancias de
coordinación supramunicipal que actúan en el campo de la cooperación.
El borrador trata de resolver la dificultad estableciendo que la
asociación de ámbito estatal con mayor implantación será la encargada
de elegir a los vocales de conformidad con sus propios procedimientos
internos. Como SS.SS. saben, dicha asociación es la Federación
Española de Municipios y Provincias, con amplia experiencia en la
materia.
El cuarto proyecto de real decreto es el de competencias, funciones,
composición y organización de la Comisión interministerial de
Cooperación Internacional. El borrador fue dictaminado por el Consejo
de Cooperación al Desarollo el pasado 13 de los corrientes y se ha
remitido al Consejo de Estado para que a su vez emita el
correspondiente dictamen. Como habrán observado SS.SS., el texto
sigue el esquema habitual en las comisiones interministeriales. El
principal comentario que sobre el mismo cabría hacer es que ha
tratado de compatibilizar la función de coordinación técnica
interdepartamental que el artículo 24 de la Ley de Cooperación
confiere a la Comisión, con la responsabilidad de dirección de la
política de cooperación que el artículo 17 de la misma ley atribuye
al Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo ello debe lograrse sin
perjuicio de las competencias de cada departamento en materia de
cooperación para el desarrollo, de acuerdo con el artículo 18. Sin
embargo, no puede perderse de vista que en cualquier caso la
naturaleza de la Comisión no puede consistir en otra cosa que ser un
órgano de coordinación técnica interdepartamental, puesto que así lo
establece sin lugar a duda el ya mencionado artículo 24 en su
apartado primero.
La consecuencia de la orientación que acabo de describir es el hecho
de que el Ministerio de Asuntos Exteriores cuente con mayor número de
vocales que el resto de los ministerios, con lo que se asegura su
mayor peso relativo sin que por ello dejen de contar los demás
departamentos. Se reconoce además la especial relevancia del
Ministerio de Economía y Hacienda desde el momento en que la
secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa ocupa la vicepresidencia de la Comisión; dos representantes
de este ministerio forman parte además de la comisión permanente,
junto con tres del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El quinto proyecto es el real decreto sobre el estatuto del
cooperante. Este real decreto responde al mandato del artículo 38.2
de la Ley de Cooperación. El borrador ha sido elaborado por una
comisión integrada por representantes de la Secretaría de Estado, de
la Agencia, del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales;
posteriormente fue sometido a la coordinadora de ONG, a los
sindicatos y a la CEOE para que formularan sus observaciones. El
borrador ha sido dictaminado por el Consejo de Cooperación al
Desarrollo y se ha enviado al Consejo de Estado para que a su vez
elabore el correspondiente dictamen. El texto trata de los diferentes
aspectos que especifica el artículo 38.2 de la ley, esdecir derechos,
obligaciones, régimen de incompatibilidades,
formación y homologación de los cooperantes, así como la modalidad de
previsión social.
Aunque era intención del Gobierno cumplir con el mandato de la
disposición final segunda de la Ley de Cooperación y aprobar el
estatuto en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley,
el Consejo de Cooperación al Desarrollo ha solicitado un análisis más
profundo de todas las cuestiones que le afectan, aun a riesgo de
incumplir el citado plazo o el mandato legal. En vista de ello parece
ocioso pormenorizar ahora los diferentes aspectos del reglamento
preparado por el Gobierno, toda vez que podrán ser sometidos a una
profunda revisión, si esta Comisión acepta esa dilación de plazo.
El sexto real decreto es el proyecto sobre el fondo de concesión de
microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el
exterior. Como saben SS. SS., una de las novedades de la ley que más
expectación puede haber suscitado es la concesión de microcréditos
prevista en el artículo 28.1. La disposición transitoria tercera de
la ley faculta al Ministerio de Asuntos Exteriores para disponer
mediante resolución ministerial de los fondos habilitados a este fin
por los Presupuestos Generales del Estado hasta la entrada en vigor
de la reglamentación correspondiente. Finalmente, el artículo 101 de
la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social supone una primera regulación del
fondo de concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo
social básico en el exterior al establecer una serie de medidas que
desarrolla el real decreto que nos ocupa. Sus señorías conocen el
texto de este último ya que les fue entregado el 24 de febrero
pasado, por lo que juzgo que tampoco es necesario describirlo en esta
ocasión.
Por lo que se refiere a su estado de tramitación, he de decir que
estamos a la espera de los dictámenes del Consejo de Cooperación al
Desarrollo y del Consejo de Estado. Sí quisiera, sin embargo, aclarar
algunos aspectos del enfoque que se ha dado a este proyecto de real
decreto. En primer lugar he de señalar que los microcréditos tienen
carácter reembolsable y no pueden ser considerados como donaciones.
Ello deriva del propio planteamiento de la Ley de Cooperación que en
su artículo 28.1 distingue claramente por un lado las dotaciones
destinadas a microcrédito y créditos rotatorios, y por otro lado las
donaciones. Así pues, los programas de concesión de microcréditos no
pueden ser considerados como donaciones, por tanto han de ser
reembolsables. Esa interpretación viene respaldada por el hecho de
que los recursos para programas de microcréditos se hayan incluidos
en el capítulo 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y no
en el 4 o en el 7. El artículo 105 de la Ley de ,medidas fiscales,
administrativas y de orden social corrobora esa interpretación. Por
otro lado puede observarse que no se establece una definición
determinada de microempresa sino que se deja en manos del comité
ejecutivo el establecimiento de los requisitos definitorios de
microempresa en cada país beneficiario. A este respecto debo señalar
que los redactores del borrador estimaron inicialmente que podían
considerarse microempresas aquellas que contaran con un máximo de 10
componentes, que habrían de encontrarse dentro de los sectores pobre
y más pobre de la población, y sus activos totales no habrían de
sobrepasar los 3.000.000 de pesetas. Esta definición
se inspiraba en los criterios del Banco Interamericano para el
Desarrollo. Se pensó no obstante que tanta concreción limitaría
excesivamente las posibilidades de aplicación de programas de
microcrédito puesto que las realidades de los diferentes países
potencialmente beneficiarios eran tan variables que lo que en algunos
de ellos podía considerarse microempresa no lo sería en otros, por
ello se ha estimado preferible que el comité ejecutivo establezca
para cada país beneficario en concreto los requisitos definitorios de
lo que es una microempresa. Podría pensarse también que la propia
definición de microcrédito que suministra el artículo 2.3 del
borrador es excesivamente vaga al señalar que se entiende por
microcréditos los préstamos, fondos de garantías y otros servicios
financieros de pequeño monto específicamente destinados al fomento de
la microempresa. De forma semejante a lo dicho sobre el concepto de
microempresa resulta difícil limitar el importe de un microcrédito
hasta un máximo determinado ya que en cada país se ofrecen realidades
diferentes. Se ha preferido por tanto optar por una formulación más
genérica y flexible que facilite la aplicación eficaz de nuestro
fondo de concesión de microcrédito.
Apuntaré por otro lado que como saben SS. SS. la Secretaría de Estado
ha iniciado ya la aplicación del fondo de concesión de microcréditos,
habiéndose llegado en 1998 a acuerdos con Bolivia, Perú y República
Dominicana por un importe de 5.500 millones de pesetas, y para el año
en curso se han negociado acuerdos con Egipto, Filipinas y con el
Banco Centroamericano de Integración Económica.
Me referiré a continuación a los compromisos de desarrollo
legislativo no mencionados aquí y recogidos en la ley. Por lo que
respecta al estatuto jurídico de la Agencia, su borrador se encuentra
aún en fase de debate interno, por lo que de momento no habrá nada
nuevo que añadir a la información suministrada a SS.SS. en anteriores
comparecencias.
El proyecto de real decreto en desarrollo del artículo 28.2 de la Ley
de Cooperación, sobre gestión conjunta de los créditos FAD se
encuentra también en fase de elaboración conjunta por los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda. Finalmente, no hay
todavía definición sobre el desarrollo del artículo 30.5 de la misma
Ley de Cooperación, relativo al desarrollo reglamentario de las
condiciones y plazos aplicables en relación con el desempeño de los
puestos de trabajo de la cooperación del Estado en el exterior.
Espero haber suministrado a SS.SS. una visión de conjunto
satisfactoria sobre el estado de tramitación de los diferentes reales
decretos que han de desarrollar la Ley de Cooperación, muchos de los
cuales confío que puedan ser aprobados antes del próximo verano.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Socialista, señor Fuentes.
Recuerdo a SS.SS. que acordamos en la Mesa de la Comisión que el
tiempo máximo establecido para las intervenciones era de 10 minutos
lo cual aplicaré a rajatabla según me exigían SS. SS.
Tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Coloco el reloj bien visible para aceptar
sus recomendaciones.
En primer lugar y más allá de los contenidos, quiero poner de
manifiesto dos o tres observaciones que a mi grupo le parecen de
importancia. El señor secretario de Estado compareció aquí el 6 de
octubre, hace siete meses, y en aquella fecha dijo que en las
próximas semanas estarían los decretos a los cuales nos estamos
refiriendo en esta comparecencia. Más tarde, el 11 de febrero, hace
tres meses, compareció el señor ministro de Asuntos Exteriores y en
relación con el mismo tema nos respondió que los decretos estarían
listos en breve. No sé si entendemos lo mismo por el término próximas
semanas o en breve, pero el caso es que dentro de nada se va a
cumplir un año desde que se aprobó la ley y todavía no se ha
publicado ningún decreto en el Boletín Oficial del Estado. Este es el
hecho, dentro de poco va a cumplirse un año desde que la ley se
aprobó y ni uno de los muchos decretos que tiene que aprobar el
Gobierno desarrollando la Ley de Cooperación están publicados en el
Boletín Oficial del Estado.
Cuando usted compareció en el mes de octubre, le dije que la posición
de mi grupo era una posición flexible, porque sabíamos que de la
noche a la mañana no podían aparecer los siete u ocho decretos que
desarrolla la ley y que el Gobierno debía realizar el trabajo poco a
poco. Eso lo entendíamos y lo seguimos entendiendo, pero no
entendemos que después de un año no se haya publicado ni uno.
Hubiésemos comprendido que nos dijese que se han publicado dos
decretos y que hay problemas con otros, problemas entre ministerios o
problemas porque quieren consensuarlo con las organizaciones sociales
en el Consejo de Cooperación y eso provoca un retraso; lo que ni mi
grupo ni nadie puede entender es que después de haber transcurrido un
año no se haya publicado ningún decreto en el Boletín Oficial del
Estado.
Como cuando usted compareció en octubre dijo que estaba convencido de
que en próximas semanas se iban a publicar, yo creo que aquí ha
pasado algo y este algo es lo que quiero que usted me explique en su
respuesta, porque doy por hecho que no se trata de mala fe ni de que
usted hizo aquí una afirmación retórica, que estoy convencido de que
no. Yo creo que cuando dijo en las próximas semanas no se refería a
un período de 28 semanas, que es el tiempo que ha transcurrido desde
que usted compareció, no habiéndose publicado ningún decreto, sino
que pienso que usted estaba convencido de que el término próximas
semanas suponía un horizonte de tres, cuatro o cinco semanas, lo que
comúnmente se entiende por dicho término. Como han pasado 28, yo
deduzco que ha ocurrido algo, que alguna causa habrá y que nunca será
porque usted haya venido aquí con ganas de despistar a los diputados,
tiene que haber otra causa más profunda y espero me la explique. Una
ya la ha explicado y puede ser satisfactoria en parte: hay que
consensuar y llevar los decretos al Consejo de Cooperación, lo que
exige un diálogo, esto lo entiendo; pero también tiene un límite y me
parece que el límite de las 28 semanas que han pasado desde que usted
compareció hasta hoy sin que se haya publicado ningún decreto no
colma esa explicación, algo más tiene que haber.
En relación con los decretos solamente quiero hacer una sugerencia.
La postura de mi grupo es que entre la posición
del Gobierno cuando lleva el proyecto de decreto al Consejo de
Cooperación y la sugerencia que después hace la coordinadora, los
agentes sociales y otros sectores sociales que no estén en la
coordinadora, hay que buscar un punto de equilibrio y procurar que
una parte importante de las sugerencias que hagan los sectores
sociales que se dedican a la cooperación quede recogida en los
decretos definitivos. Esto lo veremos cuando se publiquen, pero ya le
adelanto que en el momento en que se publiquen nosotros pediremos una
comparecencia para hacer un debate y saber qué grado de consenso, qué
grado de acuerdo ha llevado el Gobierno adelante mediante la
comparación de los decretos que él tenía previstos y el resultado
final como consecuencia del diálogo con las organizaciones sociales.
Por cuestión del tiempo voy a continuar muy rápidamente. Respecto al
Consejo de Cooperación yo entiendo que se pueda cambiar de posición,
pero reitero que había un compromiso verbal de los grupos políticos
para que lo presidiese el ministro de Asuntos Exteriores. Sé que
usted nunca compartió esa idea, lo dijo desde el primer momento y es
algo que le honra, pero existe un compromiso verbalmente expresado
entre distintos grupos políticos del Partido Popular, Convergència i
Unió y Socialista. Después se dijo que ese compromiso sería válido si
la presencia de la Administración era mayoritaria; no, ese compromiso
se produjo la tarde antes de acordar la ley en el Pleno y esa tarde
todos los grupos estábamos de acuerdo en que la Administración no
tenía mayoría dentro del Consejo; tenía una presencia cualificada
pero no era mayoritaria. Si después ha cambiado esa posición, lo
único que pido es que se explique el cambio, pero el compromiso entre
el señor Izquierdo, el señor Recoder y este portavoz que les habla
era claro: el Consejo de Cooperación sería presidido por el ministro
de Asuntos Exteriores. Si no lo preside él, por lo menos que el
presidente de dicho Consejo fuese ratificado por los dos tercios del
mismo; ya que no lo preside el ministro de Asuntos Exteriores, que la
persona que lo presida lo haga por un amplio acuerdo del Consejo de
Cooperación.
En cuanto al estatuto del cooperante, si las organizaciones sociales
que se dedican a la cooperación y el Consejo de Cooperación piden esa
especie de moratoria, entre comillas, para conseguir un mejor
objetivo, por nuestra parte no hay ningún problema. Repito, si se
trata de una petición de los sectores sociales que trabajan en la
cooperación y además dichos sectores bilateralmente con el Gobierno o
a través del Consejo de Cooperación han hecho esa sugerencia, no
tenemos nada que objetar. Que se aplique la flexibilidad, pero eso sí
que la flexibilidad no sean 28 semanas, tiempo que ha transcurrido
sin que se hayan publicado los decretos.
Registro de las ONG. Usted sabe que aquí también hay muchas
sugerencias hablándose de establecer dos categorías dentro del
registro: una categoría básica para recibir subvenciones de la
Administración central y acogerse a los beneficios fiscales de la Ley
de Cooperación y otra categoría avanzada por la cual las ONG se
acogerán a todas las ventajas fiscales de la Ley 30/1994 para las
asociaciones de utilidad pública.
Comisión interministerial. Más allá de los contenidos que están en el
borrador que usted mandó a los grupos,
quiero dejar aquí clara la preocupación de mi grupo. En mi opinión,
la comisión interministerial debe ser un instrumento del Ministerio
de Asuntos Exteriores para llevar a cabo ese principio que está en la
ley; aunque a alguno no le guste que figure en la ley, la dirección
política y la última responsabilidad de toda la política de
cooperación debe residir en el Ministerio al que usted pertenece y
nuestra preocupación es que todo el desarrollo del decreto no
contradiga este principio que está en la ley.
Hay algunos temas que nos preocupan, en el sentido de que no es por
este camino por el que vamos. Hace unos días, y eso no es imputable a
su actitud, se aprobó que la subcomisión para hablar de la
condonación de la deuda, que creo yo entra dentro del campo de la
cooperación, no se discutiese aquí sino en la Comisión de Economía.
Esto nos preocupa, pero es que ahora en la conferencia de Estocolmo
para el huracán Mitch también hay otro problema relacionado con la
representación importante que va a tener el Ministerio de Economía. A
nosotros nos da la impresión de que estos pasos no se quieren asumir
por ningún Ministerio, en concreto por el de Economía; no se quiere
asumir que hay una ley aprobada por el Parlamento que dice que la
dirección política y el último responsable de la cooperación española
es el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir el señor don Abel
Matutes, en este momento ministro de Asuntos Exteriores. Esto no es
nuevo, pero hay una diferencia. Digo que no es nuevo porque los que
hemos estado en el Gobierno sabemos que hay problemas y siempre los
ha habido entre los ministerios de Economía Exteriores. La diferencia
es que ahora tenemos una ley que hay que cumplir y ustedes, los
representantes de Exteriores, tienen un argumento fundamental a la
hora del debate que tengan con Economía, que es normal y yo no me
escandalizo por eso. Tienen ustedes el apoyo no solamente de la
práctica totalidad de los grupos de esta Comisión, sino que hay una
ley votada por amplia mayoría del Parlamento que dice que usted,
señor secretario de Estado, y usted, señor ministro de Asuntos
Exteriores, son los responsable políticos y los que tienen la última
responsabilidad de todo lo que hagan otros ministerios en cooperación
internacional para el desarrollo. Ésa es la diferencia, ésa es su
arma y su argumento cuando tenga que discutir con otros compañeros de
Gobierno.
Voy a terminar, para no pasarme del tiempo concedido por el señor
presidente. Microcréditos. El carácter reembolsable de los fondos
plantea un problema y usted lo sabe. Como se trata de pequeñas
cantidades, ese carácter reembolsable va a suponer que se tenga que
recurrir a intermediarios financieros que van a incrementar los
costes y la burocracia y para pequeñas cantidades eso va a ser un
peligro. Yo no tengo la solución, no estoy en condiciones de dar la
solución definitiva, pero ese problema está ahí. Hablamos de pequeñas
cantidades como su propio nombre lo indica, y tener que recurrir a un
intermediario financiero va a encarecer mucho esa operación. Otra
preocupación es que no van a ser rotatorios; es decir los que se
devuelvan no retornarán a alimentar el fondo original de los
microcréditos, y creemos que no aparecen con suficiente claridad.
Repito, porque quiero explicarlo bien, no aparecen con suficiente
claridad los criterios para concesión de los fondos.
Estas son las observaciones que teníamos que hacer y espero haber
cumplido las recomendaciones del señor presidente de la Comisión
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida,
señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor secretario de Estado por su
comparecencia para que conversemos sobre algo tan importante como es
el desarrollo de la Ley de Cooperación.
Tengo que empezar lamentando que no podamos cumplir el objetivo de
tener el desarrollo reglamentario en el plazo que nos habíamos
planteado, y además quiero dejar constancia de la actitud dialogante
y constructiva que mi grupo viene ofreciendo al Gobierno para
conseguir una publicación lo antes posible y dentro de los márgenes
que nos hayamos trazado, de reglamentos que nazcan del diálogo y del
consenso; de ahí aumenta nuestra sorpresa por no conocer mayores
detalles de por qué se ha estado durante tanto tiempo sin progresar
en el acuerdo y en la redacción de los distintos reglamentos.
Debemos exigirle mayor claridad en cuanto a las facilidades
o dificultades que el Ministerio de Asuntos Exteriores, su Secretaría
de Estado, está teniendo dentro del propio Gobierno. Entiendo que la
discrecionalidad debe ser una de sus obligaciones, pero en esta
Comisión tenemos que hablar de algo que ya se ha dado, y es la
contradicción no superficial que ha existido, y con toda seguridad
seguirá existiendo, entre los intereses del Ministerio de Economía
y los de su propia Secretaría en el desarrollo de una ley.
Voy a hacer tres comentarios a uno de los reglamento, en concreto el
de microcréditos. Nosotros pensamos que se regula muy poco en este
real decreto. Deja fuera de la regulación aquellos aspectos
sustanciales relacionados con los microcréditos o bien deja que sea
un comité ejecutivo quien los regule. Si es el comité ejecutivo quien
los va a regular, ¿quién va a determinar su uso y su empleo? ¿Cómo se
hace compatible esa función con un supuesto objetivo de regulación de
los microcréditos por el presente borrador del reglamento?
En el artículo 2º se habla de que estos microcréditos se aplicarán
para la ejecución de programas de desarrollo social básico, si bien
en ningún lugar del reglamento se detallan estos programas, dando pie
a que puedan tener interpretaciones completamente opuestas, como ha
venido sucediendo con otros programas comerciales de la ayuda
española. Debe detallarse al menos lo que se entiende como programas
de desarrollo social básico.
También existe un problema en cuanto a la definición de lo que se
puede entender que son los microcréditos, que se recoge en el
artículo 3º. La definición que hay es sumamente confusa, dejando la
puerta abierta a cualquier tipo de actividad económica, incluso
contraria al propio espíritu de la Ley de Cooperación, ya que se
habla de servicios financieros de pequeño monto destinados a
microempresas, etcétera. Incluso se habla de algo tan impreciso como
los fondos de garantías, sin que se detalle lo que se entiende como
tales. Realmente este reglamento no reglamenta ni regula o establece
fines sino que maneja términos bastante genéricos y amplios.
La indefinición sobre el comité ejecutivo es otra de nuestras quejas.
Nos sorprende que no figure el ICO que a fin de cuentas es quien va a
administrar, y nos tememos que al gestionar este fondo, disponiendo
de un importante currículum en la gestión de créditos de ayuda, todos
los miembros del comité ejecutivo sean cargos políticos que quizá
hayan podido tener una experiencia importante en actividades
comerciales, pero puede coincidir que no tengan un conocimiento en la
identificación y gestión de programas de prioridad social.
Entendemos que con la actual estructura de modelo de gestión la
Agencia va a tener serias dificultades para gestionar estos nuevos
microcréditos ella sola. Algo parecido ocurre con la evaluación
encomendada a la Secipi, a través de la OPE; un órgano que no es
siquiera capaz de evaluar las acciones ordinarias y más importantes
de la cooperación española difícilmente va a ser capaz de evaluar
algo nuevo y tan complejo como estos microcréditos.
Usted sabe que a lo largo del debate sobre la Ley de Cooperación
fuimos especialmente críticos con la concepción del estatuto del
cooperante. Dice la propia ley que se deben fijar, entre otros
aspectos, sus derechos y sus obligaciones -los de los cooperantes-,
régimen de incompatibilidades, formación, homologación de los
servicios que prestan y modalidades de previsión social.
El borrador del real decreto y a lo largo de ese artículo intenta dar
una apariencia de semiempleados públicos a los cooperantes de las
entidades privadas cuando habla de convocatorias, requisitos,
registros, etcétera. Que la Administración establezca requisitos
normativos para desempeñar una actividad no significa su carácter
público o semipúblico, evidentemente; por ejemplo para ejercer la
medicina no es necesaria una autorización expresa de la
Administración correspondiente sino la titulación exigida por el
Ministerio de Educación.
Por otro lado, en el borrador del estatuto del cooperante se habla de
que las entidades privadas, las ONG, para contratar a un cooperante
tienen que hacerlo mediante una convocatoria cuyas características
fija el propio real decreto. En España cualquier entidad privada
puede contratar de la forma que le parezca conveniente, y
desgraciadamente ahora no tiene que pasar ni por el Inem y sólo está
sujeta la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En definitiva, sobre el estatuto del cooperante en Izquierda Unida
hemos llegado a la conclusión de que dicho real decreto no es
necesario, ya que la pretensión de reglamentar las condiciones de las
personas que trabajan en un sector determinado (cooperantes que
realizan sus funciones al servicio de entidades privadas o públicas,
en este último caso, exceptuando a los funcionarios y al personal
laboral fijo, los que realizan su función fuera de España) no
consigue más que hacer alusión al articulado del Estatuto de los
Trabajadores, norma de superior rango. No podía ser de otra forma ya
que aquellos trabajadores que realizan actuaciones de cooperación
para el desarrollo dentro de la Administración pública, según se
enuncia en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo ya
tienen sus condiciones regladas bien en el régimen general del
funcionariado bien en el Estatuto de los Trabajadores.
Creemos que el Estatuto de los Trabajadores debe ser el instrumento a
aplicar a los trabajadores que realicen dichas
actuaciones en entidades privadas, y así las mejoras sobre el
Estatuto estarán fijadas por convenio colectivo, como ocurre con el
resto de los trabajadores. Trabajar en cooperación para el desarrollo
no es diferente a trabajar en cualquier otro sector en el extranjero.
De esta forma los representantes de los trabajadores podrían promover
la negociación, convenio colectivo de las ONG, como paso previo al
reconocimiento del ejercicio real de los derechos sindicales de los
trabajadores de las ONG, tanto los que trabajan en España como los
que trabajan en el exterior.
Para finalizar rápidamente, quiero hacer un pequeño comentario sobre
el registro de organizaciones. El primer aspecto es la relación que
entendemos no está claramente reflejada en el real decreto. No se
especifica esa relación entre los diferentes registros públicos y su
prevalencia - estatal, autonómico, local- y tampoco queda claro si al
actuación en uno de estos niveles implica al registro en ese nivel o
en todos y cada uno de los registros existentes.
La finalidad específica de la cooperación para el desarrollo en el
reglamento, y, no reglamenta que las ONG al inscribirse deberán tener
como finalidad específica la cooperación para el desarrollo de estos
objetivos, pudiendo abrir la puerta a que se inscriban organizaciones
ajenas a estas políticas y actuaciones.
Llama la atención que en el reglamento de registro no se mencione el
hecho de que se establezca una relación entre este registro y la OPE
o el Tribunal de Cuentas, de manera que aquellas ONG que incumplan
sus obligaciones de justificación de ayudas o de subvenciones, que
incluso tengan auditorías que detecten anomalías se deje constancia
de ello en el registro, y tampoco los hechos que se deriven de estas
actuaciones. En la medida que muchas organizaciones que trabajan en
cooperación son fundaciones, no puede ser que ahora se les vuelva a
exigir unos requisitos que ya han cumplido con anterioridad o tengan
unas exigencias mucho más severas que las ONG que son simples
asociaciones y tienen unas obligaciones jurídicas mucho más leves. Se
debe articular un mecanismo por el cual aquella documentación que ya
exista en el registro de fundaciones no vuelva a ser solicitada.
Con esto termino, pido disculpas porque tengo que trasladarme a la
Comisión Mixta para la Unión Europea, porque hay en ella la
comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores, y lamento no
poder quedarme.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia del
secretario de Estado y la información que nos ha transmitido.
Coincido con él en el sentido de que es evidente que el Gobierno está
realizando un esfuerzo de diálogo, de consenso y de transparencia en
una materia importante como es el desarrollo de la Ley de Cooperación
internacional, que ha provocado una amplia expectativa política y
social.
A nuestro grupo le preocupa relativamente el hecho de que el Gobierno
no haya concluido todos sus trámites para llegar a la publicación en
el BOE de estos reglamentos. Nos parece que el esfuerzo de consenso
interno dentro del
Gobierno, el esfuerzo de consenso social en el marco del Consejo de
Cooperación e incluso la voluntad de consenso con los grupos
políticos justifican estos plazos perentorios. Hemos tardado muchos
años en tener una Ley de Cooperación, y que el Gobierno tarde más de
lo previsto en el desarrollo de sus reglamentos no debe escandalizar
a nadie, especialmente en el reglamento del estatuto del cooperante,
que exige un especial punto de acuerdo con los grupos sociales
implicados en el mismo, y esos propios grupos en el marco del Consejo
de Cooperación se han puesto un plazo, junto con el Gobierno, hasta
el 30 de julio para poder concluir estos trámites. Entendemos por
tanto que es bueno que se realice ese esfuerzo y que se busquen
fórmulas para permitir encontrar puntos intermedios entre las
posiciones que mantiene la Administración y las que mantienen los
grupos sociales.
También entendemos que es de sentido común que el desarrollo de una
norma con carácter de ley a través de los reglamentos sea una
potestad del Ejecutivo y que por tanto el Gobierno debe tener los
márgenes normales que se tienen siempre en la actuación reglamentaria
correspondiente. Entendemos que la responsabilidad última del
desarrollo de la ley corresponde al Gobierno, que por eso mismo es
Gobierno. Nuestro grupo va a exponer algunas consideraciones de orden
político entendiendo sería bueno que el Gobierno las asumiese en ese
margen de actuación, pero entendiendo también que la responsabilidad
del desarrollo de la ley corresponde al propio Gobierno.
Con brevedad, señor presidente, en primer lugar y por lo que hace
referencia al desarrollo del estatuto del cooperante y entendiendo
que constituye o puede constituir uno de los instrumentos más
importantes para consolidar con normalidad las actividades del
personal al servicio de las organizaciones no gubernamentales, nos
parece que es aquél donde se debe realizar por parte del Gobierno un
máximo esfuerzo de aproximación a las posiciones que se mantienen
desde el Consejo de Cooperación. En este sentido, reclamar del
Gobierno que en este margen de tiempo que existe hasta el 30 de julio
se produzca una máxima aproximación entre las posiciones del Gobierno
y del Consejo; algunas posiciones que viene manifestando el Consejo
podrían ser perfectamente asumidas por parte del Gobierno.
En segundo lugar y en relación a la Comisión interterritorial,
hacemos nuestra una propuesta, que además se nos ha trasladado desde
los Fons Català de cooperació del desenvolvent local, en el sentido
de que la Confederación de Fondos de Cooperación, que tiene tradición
de presencia institucional en el País Valenciano, en las Illes
Balears, en Cataluña y en Euskadi, pueda tener una participación
directa en la Comisión interterritorial.
Es evidente que la Federación Española de Municipios y Provincias
debería ser generosa en la composición de su delegación, pero
intuyendo que quizá la actitud de la Federación de Municipios no sea
precisamente ésta, entendemos sería bueno que el Gobierno apostase
por dar a la Confederación de fondos una presencia propia o
compartida con la Federación de Municipios. Este planteamiento nos
parece especialmente interesante y sugerente, porque en definitiva es
dar apoyo institucional a realidades institucionales potentes
existentes hoy en la geografía del Estado
español, con mucha tradición en la cooperación descentralizada, muy
ligada al territorio y muchas veces pionera en el desarrollo de esta
cooperación descentralizada. Sería importante que el Gobierno fuera
sensible a esa petición que se le plantea.
En relación al Consejo de Cooperación, y al margen del debate sobre
la Presidencia del mismo, a estas alturas nos interesa que haya una
voluntad explícita por parte del Gobierno de que el Consejo sea el
foro de debate y discusión entre el Gobierno y los agentes sociales
sobre el desarrollo de la política de cooperación del Gobierno. En
este sentido, la referencia al modelo del CES nos parece interesante
y perfectamente asumible por parte de nuestro grupo político, y creo
que el Gobierno debe encontrar un margen en el que su nivel de
interlocución dentro del Consejo sea en términos políticos lo más
vinculante posible. La presencia del secretario de Estado de
Cooperación en momentos claves del debate dentro del Consejo es una
fórmula que no deberíamos abandonar. Por tanto, buscar algún tipo de
formulación más flexible de la que hoy prevé la propuesta de
reglamento. Las ONG están demandando fundamentalmente un nivel de
interlocución política adecuado cuando corresponda y creo que ahí
existen márgenes para elaborar un planteamiento que no cierre cuando
convenga la posibilidad de que sea el propio secretario de Estado
quien participe activamente en las reuniones del Consejo de
Cooperación.
Finalmente y en relación a la cuestión del registro, en este
reglamento en su momento se habían generado importantes expectativas
por su vinculación con la declaración de utilidad pública y con sus
efectos fiscales. Esta cuestión es difícil desde un punto de vista de
técnica legislativa que enlaza con posiciones a nuestro entender
demasiado limitadas por parte del Ministerio de Economía y Hacienda a
la hora de afrontar todo el marco fiscal, no ya de las ONG al
desarrollo sino en general de todo el mundo sin ánimo de lucro.
Estamos teniendo estos días una experiencia negativa de la posición
que está manteniendo el Ministerio de Economía y Hacienda en la
asunción de las cláusulas sociales en la Ley de Contratos del Estado;
por tanto no nos extraña que a la hora de abordar las consecuencias
fiscales que tiene el registro de ONG, dentro del Gobierno existan
posiciones cerradas y a nuestro entender profundamente equivocadas,
porque parten de una desconfianza del mundo no gubernamental que no
se corresponde con la realidad.
El registro de ONG debería avanzar en la definición de un determinado
tipo de ONG que en función de sus características tuviesen unos
efectos fiscales previstos en la Ley de fundación y mecenazgo, y si
el Ministerio de Asuntos Exteriores necesita del apoyo explícito de
los grupos políticos para comprometer al Gobierno, sepa que por parte
de Convergència i Unió lo va a obtener.
Finalmente, sabemos que de este conjunto de reglamentos, el de los
microcréditos es seguramente el que va menos avanzado, y nuestro
grupo esperará a otra próxima comparecencia, cuando la posición del
Gobierno esté más definida, para poder efectuar nuestras
correspondientes reflexiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Popular agradece la presencia del
secretario de Estado de Cooperación Internacional.
Voy a ser muy breve, porque creo que el propio secretario de Estado
ha recordado su comparecencia del pasado 28 de octubre y la del
ministro el 6 de febrero y creo además que el Gobierno está
impulsando un diálogo político muy importante, o por lo menos
significativo en cuanto a lo que supone el desarrollo reglamentario
de la Ley de Cooperación. Recuerdo la reunión que con él tuvimos los
portavoces de los grupos parlamentarios en el Ministerio de Asuntos
Exteriores no hace mucho donde hubo oportunidad de conocer las
propuestas del Gobierno incluso antes de que fueran circuladas a
otros departamentos, que creo es la manera correcta que se emplea en
el seno de la Administración, incluso al Consejo de Cooperación o al
Consejo de Estado. Es de señalar el importante esfuerzo de
transparencia que el Gobierno está haciendo -como algún portavoz ha
dicho- de diálogo político y de diálogo social. Es la circunstancia y
la característica que a nuestro grupo le interesa señalar, con
independencia de que nos parezca poco relevante el hecho de que
todavía no esté publicado en el BOE alguno de los reglamentos de la
Ley de Cooperación.
Cuando el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura,
dijo que en España se necesitaban una serie de reformas políticas y
económicas, para poner al país en situación de afrontar los retos
políticos y económicos que los nuevos tiempos demandaban y que se
tenía que recuperar el consenso y el diálogo político, estaba
diciendo algo muy importante. Yo creo que eso es lo que se está
haciendo con la Ley de Cooperación. Bastantes años tuvimos que
esperar para conseguir un texto, para poner de acuerdo a un Gobierno.
Porque las dificultades administrativas, que no políticas, que
tuvieron otros gobiernos para sacar adelante el texto de la ley, no
ha dejado de tenerlas este Gobierno y, sin embargo, tenemos la Ley de
Cooperación. Tendremos unos buenos reglamentos de esa ley, sobre
todo, porque nacerán desde la base del máximo acuerdo y del máximo
diálogo social y político. La fuerza de la crítica, señorías, está en
la presentación de alternativas y el Grupo Parlamentario Popular
agradece las que hoy se han hecho aquí y además anima -nosotros lo
estamos haciendo por nosotros mismos también y lo conoce el
secretario de Estado- al resto de los grupos a formularlas, no sólo
de manera verbal, en esta Comisión de Cooperación, sino por escrito y
de modo bilateral, empleando terminología del Ministerio de Asuntos
Exteriores, al propio Gobierno, a la propia Secretaría de Estado,
para sumar iniciativas a los reglamentos de la ley. Algunas de las
propuestas que hoy se han hecho nos parecen especialmente
interesantes.
Voy a hacer una breve referencia al concepto que el secretario de
Estado ha desarrollado en cuanto al reglamento del microcrédito. A
nosotros nos parece fundamental el principio de corresponsabilidad,
que es uno de los que consagra la Ley de Cooperación, que significa,
nada más y nada menos, que los Estados receptores de ayuda también
son responsables de su propio desarrollo. Por tanto, el debate sobre
la donación y la ayuda reembolsable, en mi opinión, y lo digo con
toda modestia y humildad, es un debate bastante periclitado y
bastante caduco. Hoy la cooperación va por otro lado: va por la
responsabilidad, por la
coordinación internacional, va por pasar de los viejos conceptos de
la ayuda a conceptos nuevos, con todas sus consecuencias, de
cooperación entre todos los pueblos y países y también de
responsabilidad en el desarrollo. No se puede conseguir de otra
manera la erradicación de la pobreza,que es para lo que todos estamos
trabajando.
No quiero hacer, señor presidente, porque lo suelo hacer de manera
bastante impropia, lo reconozco, un turno en contra, pero sí que mi
grupo no está preocupado por haber incumplido ningún tipo de promesa
verbal, ya que he sido aludido por ello. Creo que hay que cambiar
conceptos y criterios. El Consejo de Cooperación es un órgano muy
importante que estaba agotado en sus planteamientos políticos. El
Consejo que está en vigor es el que deriva de un real decreto
aprobado por el anterior Gobierno en el año 1995. Hoy, todos, hasta
el Grupo Socialista, entonces Gobierno, hemos analizado con bastante
acierto las deficiencias de ese Consejo de Cooperación y no podemos
repetir lo mismo. Por tanto, dar al Consejo de Cooperación una
posición de independencia y neutralidad, para que sea, aparte de un
órgano consultivo de la Administración, un órgano de participación de
la sociedad civil, es extraordinariamente importante. Y eso no cuadra
la presidencia del ministro de Asuntos Exteriores, ni de ningún
ministro en dicho Consejo de Cooperación; no parece muy oportuno, y
lo hemos debatido ampliamente en la pasada reunión de la Comisión, en
la que se rechazó una proposición no de ley del Grupo Socialista. No
va a votar en contra del dictamen del Consejo el propio ministro,
estando allí. No quiero alargar mi intervención señor presidente,
pero entiendo que es un debate bastante insustancial, desde el punto
de vista político.
Los reglamentos de la ley, saldrán adelante con un gran acuerdo del
Gobierno. Porque la ley, en su artículo 17, consagra el principio de
la cooperación al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también el
artículo 18, como nos ha recordado el secretario de Estado,
establece, la competencia en la cooperación de otros departamentos
ministeriales y de otras administraciones públicas. La propia ley no
es una ley del Gobierno, no es una ley de la de la Ayuda Oficial al
Desarrollo, de la Administración central. Es una ley que intenta
regular, en toda su extensión, la oficial y también la privada, la
cooperación que realizan las organizaciones no gubernamentales, las
fundaciones, la sociedad civil, en general y por tanto intenta
coordinar los esfuerzos de todas las administraciones y de todos los
actores de la cooperación con un único objetivo: la eficacia y la
eficiencia de la cooperación. Éste es su único objetivo. Creo que el
espíritu del legislador está presente en todas y cada una de las
líneas, desde el preámbulo hasta las disposiciones finales. Y lo que
tenemos que hace entre todos es ser suficientemente capaces de
proponer alternativas de gestión política concretas, para que sea
así.
Termino, señor presidente, recogiendo la preocupación del Gobierno,
que ha expresado el secretario de Estado, y otros grupos, sobre la
posibilidad de incumplir el plazo del estatuto del cooperante. Es el
único reglamento para el cual la ley establece un plazo. Creo que
ello, en ese espíritu de diálogo y de consenso, debe preocuparnos,
porque es un dato legislativo de las Cortes y, por tanto, de la
soberanía popular, que se cumplan esos plazos; pero si los agentes
sociales implicados directamente en la redacción de dicho estatuto
consideran que se debe ampliar ese plazo, no creo que el Parlamento
tenga inconveniente, señor secretario de Estado, en validar esa
propuesta. Lo dijimos en los debates de la Ponencia, en Comisión e
incluso en el Pleno. El estatuto del cooperante, como ha dicho el
portavoz de Izquierda Unida, es complejo, si lo que se pretende es
cambiar el marco general legislativo de las relaciones laborales. La
opinión de este Gobierno, de nuestro grupo, de nuestro partido, es
que esto no se puede hacer a golpe de decreto, ni siquiera desde las
Cortes. Tiene que hacerse sobre la base del acuerdo social y de los
agentes sociales y este Gobierno tiene que refrendar el acuerdo a que
lleguen los agentes sociales, es decir, sindicatos, trabajadores, y
empresarios. Ésta es la única receta que yo creo que es lógica y
sensata. Un Gobierno puede tomar decisiones que considera acertadas,
desde el punto de vista de la coyuntura de la situación política en
un momento determinado, pero que pueden ser, como se han visto en el
pasado, tremendamente perjudiciales, sobre todo para el principal
problema de nuestro país, que es el problema del empleo. Yo creo que
todos los grupos parlamentarios somos muy responsables en este
sentido y, por tanto, estaremos atentos a lo que el Consejo de
Cooperación y el propio Gobierno nos vayan indicando sobre el
particular.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Voy a intentar contestar
a todos los grupos. Agradezco el tono de sus intervenciones y hago
míos
los comentarios del Grupo de Convergència i Unio y del Grupo Popular
en relación con el cumplimiento por parte del Gobierno de la
obligación de desarrollar la Ley de Cooperación.
Hemos tardado muchos años en tener una Ley de Cooperación y creo que
el Gobierno ha cumplido a la hora de desarrollar los reglamentos. De
forma inmediata se hizo entrega de los anteproyectos de estos
reglamentos a los grupos parlamentarios, a las organizaciones no
gubernamentales, a los sindicatos, a los empresarios, a los agentes
sociales de la cooperación y a los diferentes departamentos
ministeriales del Gobierno. Desde entonces se ha iniciado un proceso
de rico diálogo, que va avanzando, pero que tiene sus dificultades,
incluso internas, y el señor Fuentes conoce muy bien cuáles pueden
ser las dificultades internas de una administración, no sólo en sacar
una ley sino en desarrollarla. También son muchos los puntos de vista
que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los reglamentos que
desarrollan la ley. Por tanto, yo creo que el Gobierno ha cumplido.
Tan solo el día 13 de este mes se reunió la Comisión de seguimiento
legislativo que dictaminó sobre cinco reales decretos, de los que les
he informado. Yno me parece que se pueda imputar al Gobierno la
tardanza en aprobar esos reglamentos, puesto que el propio Consejo de
Cooperación hasta el día 13 no dictaminó sobre cinco de ellos. Se
quedó sin dictaminar el real decreto de microcréditos y en el del
estatuto del cooperante, el sexto, solicitaron
los agentes sociales, concretamente las organizaciones no
gubernamentales, mayor plazo para poder estudiarlo.
Vamos a buscar un punto de equilibrio entre la Administración y los
agentes sociales, como siempre hacemos, y de ahí deriva
fundamentalmente la dificultad de que se vaya avanzando. Como he
dicho, tenemos y cinco dictámenes y, en breve espacio de tiempo,
vamos a considerar qué aspectos de esos dictámenes pueden ser
incluidos en los textos finales que vayan al Consejo de Ministros. De
todas formas, el esfuerzo de consenso ha sido muy grande. Para
elaborar ya los anteproyectos de reales decretos consultamos con
todas la organizaciones no gubernamentales, con todos los agentes
sociales y con todos los grupos políticos. El proceso de consenso va
siguiendo sus etapas. Muchas de las organizaciones no gubernamentales
a quienes consultamos en su momento para presentar los anteproyectos,
después de hacer sus observaciones y tener un texto consensuado, han
hecho nuevas observaciones a través del Consejo de Cooperación al
Desarrollo y de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales.
Es un proceso complejo de consenso y de equilibrio y vamos a seguirlo
manteniendo para tener los mejores reglamentos posibles.
Algo bastante explicativo, por ejemplo, de lo que es el proceso de
elaboración de estos decretos es el estatuto del cooperante. Para
elaborar el estatuto del cooperante, además de negociar un texto con
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo remitimos por escrito
a todos los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a
la coordinadora. Los sindicatos contestaron, hicimos un proceso de
consenso, incluimos dentro del estatuto del cooperante las
indicaciones que nos habían hecho los gabinetes jurídicos de los
sindicatos mayoritarios con implantación estatal y, posteriormente,
después de tenerlo elaborado e iniciar el trámite de aprobación en
Consejo de Ministros, la propia coordinadora, además de alguna ONG,
que no se pronunció en su momento, se pronunciaron después. Incluso
muchas de las grandes organizaciones no gubernamentales, a través del
Consejo de Cooperación al Desarrollo o del comité de seguimiento
legislativo, pidieron más tiempo, porque no les parecía adecuado el
texto que había presentado el Gobierno y, por tanto, vamos a volver a
empezar otra vez todo el proceso negociador.
A mí me parece que el Gobierno ha cumplido con los plazos legales.
Dependerá de esta Comisión y de este Parlamento que se acepte la
recomendación de las organizaciones no gubernamentales de dar un
plazo mayor que el que exige la ley. En su momento, cuando se aprobó
esta ley, yo fui muy contrario al establecimiento de un plazo para el
desarrollo del reglamento del estatuto del cooperante, porque
modifica básicamente el Estatuto de los Trabajadores y requiere gran
consenso. Pero el Gobierno lo ha aceptado y si SS.SS. lo aceptan, yo
no tengo inconveniente en volver a discutir desde cero otra vez el
estatuto del cooperante. No me parece serio que a estas alturas se
diga que no hace falta estatuto del cooperante, después de haber
tenido un debate intenso para aprobar la ley, y que con el Estatuto
de los Trabajadores basta. Nos hubiésemos ahorrado muchísimas horas
de discusión en esta Cámara.
En cuanto al Consejo de Cooperación a Desarrollo mesigo manifestando
en contra de que sea el ministro de
Asuntos Exteriores el que lo presida, por una serie de razones. Si
hemos cambiado su naturaleza jurídica, con una práctica desaparición
de la Administración, y lo hemos convertido en un órgano de
representación de la sociedad civil, me parece una contradicción que
un órgano de representación de la sociedad civil sea presidido por el
ministro de Asuntos Exteriores. Además, resulta contradictorio que un
ministro presida un órgano que pueda emitir dictámenes -y desde luego
los emitirá, porque no tiene mayoría el Gobierno ni va a estar
proporcionalmente representado, como ocurre ahora- contrarios a los
proyectos gubernamentales. La situación es políticamente rara.
Además, la presidencia por una personalidad distinta al ministro de
Asuntos Exteriores yo creo que corrobora el principio de autonomía
del Consejo como órgano consultivo y participativo. De todas formas,
vuelvo a decir que vamos a estudiar las recomendaciones que nos ha
hecho el Consejo de Cooperación al Desarrollo yéste es el cuarto
escalón de consenso o de diálogo que se lleva a cabo con el Consejo
para aprobar un texto definitivo. Se iniciaron grandes consultas con
organizaciones no gubernamentales, con partidos políticos, se
presentó un texto después de esas consultas, se modificó nuevamente
el texto antes de llevarlo al Consejo de Cooperación al Desarrollo, y
una coincidencia absoluta no va a haber, pero creo que hemos llegado
a una aproximación bastante digna entre Administración y agentes
sociales a la hora de configurar el Consejo de Cooperación al
Desarrollo.
Sobre los microcréditos, lo que estamos regulando es el fondo que se
dota en la Ley General de los Presupuestos Generales del Estado. Es
cierto que el reglamento sólo regula un tipo de microcréditos, los
reembolsables, y a través de ellos se está haciendo una cooperación
al desarrollo moderna. Algunas organizaciones no gubernamentales
pueden tener programas de microcréditos que sean donaciones, igual
que la Agencia ha subvencionado programas a través de las
convocatorias concediendo donaciones a organizaciones no
gubernamentales que a su vez tienen programas de microcréditos. Pero
no es eso lo que estamos regulando. Lo que estamos regulando es el
fondo de microcréditos, que tiene que ser necesariamente
reembolsable, porque viene recogido en el capítulo VIII y porque es
bueno que así sea, por el principio que acaba de señalar el señor
Izquierdo de la corresponsabilidad de los países en vías de
desarrollo con los propios procesos de desarrollo que llevan
internamente. Es el método que siguen los bancos, es el método que
sigue el PNUD, y creo que es un instrumento moderno que tiene que
mantenerse en sus términos financieros, no convirtiéndolo en
donaciones. Difícilmente se podría crecer en el ámbito del
microcrédito si no fuese a través del capítulo VIII, si se pasase al
capítulo IV, al de las subvenciones. No sería instrumento financiero,
generaríamos déficit y, por tanto, se vería con muchas más
dificultades la posibilidad de incrementar un fondo anualmente con el
contexto presupuestario que tenemos. De todas formas, vuelvo a
repetir que estamos regulando simplemente un fondo, un tipo de
microcréditos. No tengo ningún inconveniente en revisar de nuevo el
texto e incluir los dos tipos de microcréditos, los reembolsables y
los no reembolsables, pero me parece que es muy importante que el
fondo de microcréditos, con esas magnitudes,
se mantenga en los términos financieros, tal y como lo desarrollan
los bancos o las propias Naciones Unidas. Evidentemente, los
microcréditos no son los créditos rotatorios, que es otra modalidad
de créditos que recoge la ley, y que desarrollaremos en su momento
mediante un reglamento, aunque sí que pueden rotar los microcréditos,
al constituir un fondo y procederse por parte de las entidades
financieras a su devolución; se reintegra ese fondo y los fondos de
microcréditos se irán renovando de la misma forma que el Fondo de
Ayuda al Desarrollo se va renovando cuando hay amortizaciones y
devoluciones. Pero los créditos rotatorios es otra categoría de
créditos que desarrollaremos reglamentariamente y que vienen de forma
específica recogidos en la ley.
Hay diferentes tipos de microcréditos. Puede ser que una ONG entregue
microcréditos -que desde luego son devueltos, sí que son
reembolsables para la ONG- y que constituyan ese fondo, pero nostros,
con las cantidades que tenemos, estamos utilizando los mecanismos
financieros internacionales, es decir, la banca de los países en vías
de desarrollo, fundamentalmente la banca gubernamental, y los bancos
de desarrollo como gestores financieros de los programas de
microcrédito. Ello no encarece el interés; hay más intermediarios,
evidentemente, pero no encarece el interés. Los microcréditos no son
créditos a interés más bajo que los del mercado, son créditos con
interés de mercado, ya lo desarrolle una organización no
gubernamental o una entidad financiera cualquiera del Banco
Interamericano de Desarrollo o de un país beneficiario o en vías de
desarrollo. La finalidad del microcrédito no es otorgar crédito
barato a las comunidades vulnerables, no lo es; no ha funcionado eso.
Es simplemente permitir acceder a esas comunidades al mercado o al
sistema financiero. Antes no tenían posibilidad de hacerlo. Si el
crédito ahora en Perú, como es el caso, está en un 20 o en un 25 por
ciento, se puede bajar un punto en el tipo de interés, pero no
funciona el microcrédito, tal y como está concebido modernamente, si
se le da al campesino a un 7 por ciento; no funciona, no se retorna,
no se aprecia y es difícil de gestionar. Se trata de mantener el
interés a ese 25 por ciento. Se puede bajar un punto, al 24 por
ciento. La gran revolución que produce es que a lo mejor un campesino
del altiplano puede acceder al sistema financiero, cuando antes no
tenía ninguna posibilidad. Esa es la filosofía del microcrédito. Por
tanto, no hay ningún inconveniente en que intervengan entidades de
primer piso, de segundo piso, a la hora de implementar un programa de
microcrédito complejo y cuantioso como el que tiene la cooperación
española.
Evidentemente, las entidades que participan tiene gastos
administrativos, por supuesto que los tienen, pero pueden llegar a
comunidades o a bolsas mucho mayores de población que lo que pueden
llegar programas concretos de una ONG en una determinada comunidad de
un país en vías de desarrollo. Por tanto, lo que estamos
desarrollando son facilidades financieras amplias para entidades
financieras de los países en vías de desarrollo para que éstos pongan
en marcha amplios programas de microcrédito que toquen a grandes
bolsas de población y no a pequeñas comunidades que son objeto ya de
acciones de organizaciones no gubernamentales. Esa es la filosofía
del microcrédito, repito.
Estamos abiertos a poder regular en el nuevo reglamento esa otra
modalidad de microcrédito, que ya es más pequeña, que es la que puede
manejar una determinada organización no gubernamental en comunidades
o en proyectos de desarrollo concretos. Pero a lo que yo me estaba
refiriendo era a que tenían que ser reembolsables y tenían que
utilizar entidades financieras de primero y segundo piso con
garantías suficientes de que van a retornar esos créditos. No quiero
decir garantías de Estado, porque eso es otra cosa, sino que haya
garantías suficientes de que van a reingresar o a devolver esas
cantidades prestadas por el Estado español. Vamos a intentar regular
-como solicita alguna organización no gubernamental- estas dos
modalidades, pero tengan en cuenta SS.SS. que el microcrédito al que
me estaba refiriendo y al que se refiere el reglamento es un
instrumento de carácter financiero, instrumento de carácter
financiero, que no comercial, también quiero dejarlo claro. Es un
instrumento de desarrollo y por tanto no exige la garantía del
Estado, se puede condonar alguna parte en un momento determinado del
proceso. Es un instrumento mucho más ligero y mucho más útil. Sobre
microcréditos está también todo descrito y basta simplemente seguir
la doctrina de los bancos internacionales de desarrollo, del BID o
del Banco Asiático de Desarrollo, para ver cómo funcionan estas
modalidades crediticias.
Otro de los temas que se han planteado -quería también avanzarlo en
esta Comisión- es cuándo va a tener el Gobierno listos todos los
reglamentos. El otro día, en el Consejo de Cooperación al Desarrollo,
yo expuse una duda, que se respondió, creo, afirmativamente por parte
de todos los miembros y que vendrá recogida en el acta, y es si el
nuevo Consejo de Cooperación tiene que entrar en vigor de forma
inmediata, si el Gobierno debe llevar a Consejo de Ministros la
aprobación del reglamento del Consejo de Cooperación de forma
inmediata. ¿Por qué tenía esta duda? Porque, en un proceso de
desarrollo legislativo como en el que estamos, complejo, largo, con
muchos temas -el estatuto del cooperante, instrumentos financieros
que tenemos que desarrollar por vía reglamentaria y otros- una
entrada en vigor del nuevo reglamento del Consejo de Cooperación, con
la complejidad que tiene la elección de los representantes de los
agentes sociales, la puesta en marcha del nuevo consejo, etcétera,
retrasaría este proceso legislativo que estamos llevando hacia
adelante. Creo que fue el sentimiento de todos que este Consejo, con
la estructura que tiene, sea el que vaya aprobando el desarrollo
reglamentario hasta tenerlo completado, al menos hasta principios del
próximo año, máxime cuando tiene que aprobar un instrumento que va a
ser determinante, que es el plan director, y que en estos momentos
está circulando y siendo debatido en el seno de la propia
Administración. Difícilmente, en los plazos que nos hemos marcado,
podríamos tener aprobado el plan director si procedemos ahora a la
aprobación del real decreto que pone en marcha el nuevo Consejo de
Cooperación al Desarrollo. Pero esta es una inquietud que dejo a SS.
SS. para que reflexionen y si quieren lo comenten con los agentes
sociales.
Por último, quiero decirles que yo creo, que en la próximas semanas,
los reglamentos menos polémicos, los que han obtenido mayor consenso,
podremos llevarlos a la comisión de secretarios de Estado y de
subsecretarios. Y
espero que antes del verano tengamos ya consensuado en la
Administración el plan director (por parte del Ministerio de Asuntos
Exteriores está ya elaborado; venimos trabajando en él hace más de un
año) y que pueda estar dictaminado también por la comisión del
Consejo de Cooperación al Desarrollo, para que el Consejo de Estado
emita dictamen, lo apruebe el Consejo de Ministros y pueda venir a
esta Comisión, para ser discutido y aprobado por el Congreso de los
Diputados.
- CANALIZACIÓN Y OBJETIVOS FINALISTAS DEL FONDO DE AYUDA DE
EMERGENCIA DE 8.000 MILLONES DE PESETAS QUE EL GOBIERNO HA ANUNCIADO
ENVIAR CON MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO DE REFUGIADOS DE KOSOVO. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/001973.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al punto nueve
del orden del día, relativo a la comparecencia del secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica para
informar acerca de la canalización y objetivos finalistas del fondo
de ayuda de emergencia de 8.000 millones de pesetas que el Gobierno
ha anunciado enviar con motivo del desplazamiento de refugiados de
Kosovo. De esta iniciativa es autor el propio Gobierno. Asimismo, se
subsume en ésta una comparecencia pedida por el Grupo Socialista, del
mismo tenor.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Muchas gracias, señor
presidente.
Quería explicar a SS. SS. el plan de acción español en socorro de los
desplazados y refugiados albanokosovares. La población albanokosovar,
como conocen SS. SS., por desgracia se ha visto forzada a
protagonizar uno de los mayores éxodos de la historia del siglo XX,
lamentablemente siglo tan pródigo en crímenes contra la humanidad.
Aunque no disponemos aún de cifras de víctimas, sabemos que se
contarán por millares y es de temer que nos estremezcamos cuando se
levante el velo informativo que cubre Kosovo y se conozca el alcance
de la tragedia.
Las cifras de desplazados y refugiados son desde luego
suficientemente elocuentes. Los datos hechos públicos el 15 de mayo
por Acnur registran 64.300 desplazados en Montenegro -que no tenemos
a veces memoria para ello-; 233.000 refugiados en Macedonia; 431.100
en Albania y unos 18.500 en Bosnia-Herzegovina. Esto hace un total de
747.000 refugiados y desplazados. El número de evacuados desde los
Balcanes a otros países se extendía ya a 15 de mayo a 49.813
personas. Por último -y esto sin duda resulta lo más preocupante-,
son aún varios cientos de miles los albanokosovares que están
retenidos o vagan por el territorio de Kosovo hostigados por el
ejército serbio, su policía o sus fuerzas paramilitares. Para muchos
de ellos la única esperanza es alcanzar alguno de los territorios
vecinos de Serbia para sobrevivir a la persecución. Las
circunstancias que imperan en los campos de refugiados
distan, desde luego, de ser óptimas, no sólo por su penuria material
sino también porque los refugiados no son, en todo caso, recibidos
con especial entusiasmo. Ocurre así en Macedonia, debido tanto a la
carga que tal aluvión supone para una economía endeble como por el
temor a que se pueda perturbar el ya de por sí decir equilibrio
étnico-político existente en esa república de poco más de 2 millones
de habitantes. Y de ello han tenido ocasión de ser testigos directos
miembros de esta Comisión que tomaron parte en el vuelo que trasladó
de Skopje a Málaga al tercer grupo de refugiados que llegaron a
nuestro país.
Ante esta situación tan grave, por su magnitud e injusticia, la
comunidad internacional tiene la obligación moral y política de no
escatimar esfuerzos para contribuir a paliar los sufrimientos de
estas víctimas de la intransigencia criminal del régimen de
Milosevic. España ni podía ni ha querido permanecer al margen de esa
tarea y cuando estalló el conflicto, se pusieron en marcha de
inmediato acciones de ayuda humanitaria, al tiempo que se comenzó a
trabajar en un plan de acción de cuyos aspectos más relevantes vengo
a dar cuenta a ustedes en esta comparecencia. Me gustaría explicar
los ejes sobre los que gravita la respuesta española al problema de
los desplazados albanokosovares o los criterios que rigen nuestra
actuación.
Se ha puesto especial cuidado, en primer lugar, en el establecimiento
de una coordinación eficaz con los demás agentes de la ayuda
humanitaria que trabajan en la zona de los refugiados, en particular,
con Acnur, en Ginebra y en Madrid, con la OTAN y, en el seno de la
Unión Europea, con la Oficina de Ayuda Humanitaria, ECHO. También se
ha procurado, en segundo lugar, asegurar una coordinación adecuada
entre todos los ministerios implicados así como con las
administraciones españolas, comunidades autónomas, municipios y
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo con implantación
en la zona para obtener la mayor eficacia posible de los esfuerzos
que se llevan a cabo. La respuesta española no se va a limitar, en
tercer lugar, a colaborar en la asistencia humanitaria, sino que
abarca un compromiso a medio y largo plazo, más allá de la fase
actual de emergencia. España debe desempeñar un papel apreciable
también en la ulterior fase de reconstrucción, que se acometerá
cuando las circunstancias lo permitan. En cuarto lugar, España está
colaborando en la acogida de refugiados albanokosovares sobre la base
de que las evacuaciones resulten necesarias para paliar el
sufrimiento de esas personas y aliviar la carga que su numerosa
presencia produce en los países de la zona. En todo caso, el Gobierno
participa de la opinión de que deben ponerse todos los medios
posibles para evitar que los albanokosovares se alejen de su tierra.
La acogida de refugiados en otros países más distantes es una medida
complementaria a la ayuda en la zona, que debe ser excepcional y
además debe estar montada sobre la base de la voluntariedad, que sea
temporal, que esté destinada a personas que presenten una situación
de especial vulnerabilidad y, desde luego, que tenga en cuenta el
principio de la agrupación familiar. Ahora bien, si las
circunstancias imperantes sobre el terreno aconsejaren, por
cualquiera de las razones políticas, sanitarias, etcétera, que he
mencionado anteriormente, incrementar las salidas de los países de la
zona de refugiados, reduciendo de este modo la excepcionalidad de los
traslados a otros países, España cooperará solidariamente con esas
acciones, siempre sobre la base de los principios que acabo de
mencionar.
Vistos los criterios que inspiran la acción del Gobierno, paso a
exponer a SS. SS. los aspectos sustanciales de nuestras actuaciones,
dividiéndolas en tres bloques: la coordinación internacional, las
acciones acometidas por el Gobierno con indicación de los recursos
financieros ejecutados y comprometidos y la acogida de refugiados en
España.
En cuanto a la coordinación internacional, como ya he señalado, en la
ayuda a las víctimas del conflicto de Kosovo tiene una importancia
primordial asegurar una buena coordinación entre todos los agentes
que trabajan, con la finalidad de aliviar las penalidades de los
desplazados. Sólo así se puede alcanzar un nivel de eficacia
suficiente en el desarrollo de esa tarea. El Gobierno ha tenido en
todo momento muy presente la necesidad de mantener un contacto
permanente con los principales actores de la asistencia humanitaria,
en particular con el Acnur, organismo sobre el que ha recaído la
responsabilidad de dirigir las acciones del conjunto de la comunidad
internacional en favor de los desplazados albonokosovares. La
coordinación con Acnur se realiza tanto en Ginebra, su sede, como en
Madrid a través de su representante residente, quien, además de haber
mantenido contactos bilaterales con los ministerios de Exteriores,
Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, participa con voz pero sin voto
en la Comisión interministerial de asilo y refugio, foro que se ha
reunido para abordar la acogida en España de ciudadanos
albanokosovares. La interlocución de España con Acnur es, por lo
demás, privilegiada, habida cuenta de que nuestro embajador en
Ginebra, Pérez Hernández, fue elegido en octubre de 1998
vicepresidente del comité ejecutivo de Acnur, que es su órgano de
gobierno, al que corresponde impulsar y supervisar las actuaciones
del Alto Comisionado. Adicionalmente, nuestros embajadores
acreditados en Albania y Macedonia mantienen también contactos
regulares con los funcionarios de Acnur en esos dos países, para
coordinar las acciones. Las dos operaciones de mayor envergadura que
en el terreno humanitario está llevando a cabo España -el
establecimiento de un campo de refugiados en Albania que ayer mismo
se inauguró, con capacidad para 5.000 personas, y el traslado a
nuestro país de refugiados albanokosovares- han contado con la
autorización previa y preceptiva de Acnur. Además, nuestro país ha
sido puesto como ejemplo de buena coordinación y eficacia en la
gestión de los refugiados por parte de la propia Acnur en Ginebra.
En cuanto a la coordinación en el seno de la OTAN, la Alianza
Atlántica también participa en actividades de ayuda humanitaria a
raíz de la decisión adoptada por el Consejo Atlántico el pasado 11 de
abril, en el que se aprobó el plan de operación denominado Puerto
aliado. Este plan consiste en el apoyo a las actividades de
asistencia a los refugiados que llevan a cabo las autoridades
albanesas, Acnur y otras agencias humanitarias; contempla la
asignación a las tareas humanitarias de 8.000 militares y España ha
enviado un contingente de cerca de 400 personas a colaborar en esta
misión OTAN. Su primer contenido específico entre los españoles es el
levantamiento del ya mencionado campo de refugiados al norte de
Durres, tarea que ha quedado prácticamente culminada de modo que las
ONG
españolas, Cáritas y Cruz Roja van a pasar en breve, según lo
previsto, a gestionar este campo montado por el ejército español.
En la coordinación con otro de los actores fundamentales en la ayuda
a los desplazados kosovares con la Unión Europea, como SS.SS. saben,
el Consejo de asuntos generales de 8 de abril adoptó la decisión de
destinar 150 millones de euros -unos 24.950 millones de pesetas- para
ayuda humanitaria de los desplazados, y otra contribución de 100
millones de euros -16.630 millones de pesetas aproximadamente- a los
países limítrofes que soportan el aluvión de quienes huyen de Kosovo.
El Comité de Ayuda Humanitaria de 7 de mayo decidió el siguiente
reparto para los 150 meuros: 50 permanecen en reserva en previsión de
una posible actuación a corto plazo en territorio yugoslavo; de los
100 restantes, 25 se otorgan al movimiento internacional de la Cruz
Roja, 20 a Acnur, 10 al programa mundial de alimentos y 1 a Unicef.
Por último, se ha asignado una bolsa de 24 meuros para proyectos en
Albania, otra de 10 para Macedonia y dos menores, de 5 cada una, para
Montenegro, Serbia y Kosovo. Por lo demás, ECHO ya ha puesto en
marcha desde el comienzo del conflicto otras decisiones en materia de
ayuda humanitaria a los albanokosovares por 32 meuros, con lo que el
compromiso global comunitario por este concepto se eleva ya a 182
meuros, más de 30.200 millones de pesetas. En lo que atañe a los 100
meuros para los países limítrofes, el Consejo de asuntos generales
del 26 acordó el siguiente reparto: 62 meuros para proyectos en
Albania, 13 para Montenegro y 25 para Macedonia.
De las acciones acometidas por el Gobierno español desde el comienzo
del conflicto, con expresión de la valoración económica de las mismas
allá donde corresponda, paso a informar a SS.SS. Quiero destacar en
primer lugar que la reacción española ha sido rápida y que está
teniendo un grado elevado de eficacia. La rapidez en la respuesta ha
sido posible gracias a la inmediata constitución de esa célula de
crisis durante la pasada Semana Santa, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y en la Agencia Española de Cooperación, con objeto de
poner en marcha los primeros envíos aéreos a la zona. Así, el primer
avión Hércules de la Fuerza Aérea española voló a Albania el primero
de abril, transportando 25 toneladas de alimentos, valorados en 25
millones de pesetas.
La célula de crisis de Exteriores-Agencia se integró en la Comisión
interministerial que, bajo la dirección del vicepresidente primero
del Gobierno, comenzó a funcionar a primeros de abril con el objetivo
de asegurar al máximo la eficacia de nuestras actuaciones. Esta
Comisión interministerial, similar a la que se estableció para
coordinar la ayuda española con motivo del huracán Mitch, ha servido
de inspiración al real decreto que este último viernes, 14 de mayo,
aprobó el Consejo de Ministros, por el que se crea la Comisión
interministerial para coordinar planes de ayuda humanitaria en el
exterior, institucionalizando así lo que ha venido funcionando con
carácter ad hoc en estas emergencias humanitarias. También de
inmediato se decidieron dos contribuciones en efectivo, una al
programa mundial de alimentos de Naciones Unidas, por valor de 125
millones de pesetas, atendiendo al llamamiento para prestar
asistencia alimentaria en los Balcanes, y otra de 200 millones de
pesetas, al Acnur, en respuesta al llamamiento del Alto Comisionado.
La eficacia de nuestra respuesta obedece, como en el caso del huracán
Mitch, a que todos los envíos que se realizan son consecuencia de una
comprobación previa de necesidades, bien directamente por el personal
de las embajadas en contacto con otros agentes, bien por personas que
están trabajando sobre el terreno o bien también porque recibimos
peticiones de los propios organismos y gobiernos. Ala preocupación
por conocer de manera directa las necesidades más perentorias han
respondido, asimismo, los desplazamientos del ministro de Asuntos
Exteriores el pasado 9 de abril a la antigua república yugoslava de
Macedonia y del secretario general de la Agencia a Albania el 22 de
abril. Es obligado y de justicia resaltar en este punto la labor de
nuestros embajadores en Sofía y en Roma, acreditados respectivamente
en Macedonia y en Albania, que están dedicando una atención
prioritaria, como la circunstancia merece, a la asistencia
humanitaria que venimos prestando.
Sobre las actuaciones realizadas por departamentos, y entrando en más
detalle, resumiré lo siguiente: Las ejecuciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de la Agencia ascienden a 2.051 millones de
pesetas. Esta valoración incluye el transporte aéreo y el envío
terrestre de ayuda de emergencia, 150 millones; las contribuciones a
organismos internacionales, 325 millones; las aportaciones ya
realizadas a organizaciones no gubernamentales, 100 millones; la
financiación de expertos españoles para colaborar en labores
humanitarias con el Acnur por un período inicial de seis meses, 27
millones; los gastos de coordinación de la ayuda humanitaria en
Albania, 8 millones; los gastos de los vuelos comerciales para
trasladar a España a los refugiados, 41 millones, y la convocatoria
específica, urgente y extraordinaria para financiar proyectos de
asistencia humanitaria de organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo con implantación en la zona, 1.400 millones de pesetas. La
convocatoria a la que me acabo de referir, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del 13 de mayo, establece un plazo de presentación
de proyectos que expira el 2 de junio. La AECI va a hacer cuanto sea
necesario para acelerar al máximo el comienzo de la ejecución de los
mismos. Por otra parte, en las cuentas abiertas por la Agencia para
donativos con destino a la ayuda a desplazados albanokosovares se
habían recaudado hasta el 14 de mayo 34.760.000 pesetas. Aesta
cantidad se suma la aportación que hizo efectiva ayer Tabacalera, por
el fondo solidario Fortuna, de 50 millones de pesetas. El Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, como indicó el ministro de Trabajo en
su comparecencia parlamentaria del pasado día 13, va a destinar
inicialmente una cantidad de 750 millones de pesetas a la atención de
los refugiados en España, cuestión a la que me referiré después, al
final de esta comparecencia. En cuanto al Ministerio de Defensa, su
participación en las labores humanitarias en los Balcanes está
valorada en 7.515 millones de pesetas, cantidad que ya fue hecha
pública por el vicepresidente primero en su comparecencia ante al
Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de abril pasado. Esta
valoración de 7.515 millones de pesetas incluye los transportes
marítimos y aéreos, el mantenimiento del contingente durante cinco
meses en la zona y el material trasladado para la instalación del
campamento de Jamalaja.
Como quiera que esta Comisión es el foro parlamentario especializado
en cooperación al desarrollo y cuestiones conexas como la ayuda de
emergencia, me van a permitir que recuerde la doctrina sobre la ayuda
oficial al desarrollo del organismo que determina qué acciones son
computables como tal, como ayuda oficial al desarrollo, que SS.SS.
saben que es el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el conocido
CAD. Pues bien, el CAD señala -y cito literalmente- que pueden
clasificarse como ayuda oficial al desarrollo, como AOD, los
siguientes gastos del sector público en el mantenimiento de
refugiados. Respecto de refugiados que se encuentren en un país
beneficiario de la ayuda, que no tiene por qué ser el país de primer
asilo, dice que computarán como ayuda oficial al desarrollo los pagos
realizados a un Gobierno para sufragar sus gastos a una organización
multilateral, a una organización no gubernamental internacional o
nacional, o directamente a los propios refugiados, en relación con el
transporte, la recepción y el mantenimiento de los refugiados.
También computarán como AOD aquellas acciones respecto de refugiados
de un país beneficiario de la ayuda que lleguen a un país
desarrollado como primer país de asilo, los gastos realizados para
llevarlos al país y una vez en el mismo por su mantenimiento
temporal, comida, alojamiento, formación, etcétera. Desde luego, el
CAD no distingue si estas acciones las realiza el personal de las
fuerzas armadas o el personal civil. Así, las actuaciones que hayan
llevado a cabo o vayan a desarrollar nuestras Fuerzas Armadas con
cargo al presupuesto de Defensa, en el marco de la labor humanitaria
en favor de los refugiados albanokosovares, computarán como ayuda
oficial al desarrollo en cuanto se subsuman los criterios del CAD que
acabo de leerles. La cifra exacta se conocerá, evidentemente, cuando
se recojan todos los datos correspondientes al actual año en curso el
próximo ejercicio. Esta explicación me ha parecido obligada ante SS.
SS. para dejar sentado una vez más que en estas cuestiones no puede
haber ni trampa ni cartón.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha costeado el suministro de 9.800
kilos de medicamentos de primera necesidad para Macedonia, envíados
en vuelos sucesivos a Skopje, cuya valoración global es de 11
millones de pesetas. El Ministerio de Economía y Hacienda, siguiendo
las instrucciones del Gobierno, que está dispuesto a sostener un
esfuerzo a medio y a largo plazo en favor de los desplazados
albanokosovares, y con el fin de contribuir a reconstruir,
rehabilitar y, en su caso, transformar las zonas devastadas,
particularmente en la región de Kosovo, ha adoptado una serie de
medidas. El presidente anunció, en su comparecencia del pasado día 4
ante el Pleno del Congreso, una reserva de 7.000 millones de pesetas
en créditos FAD para la ulterior fase de reconstrucción, que se
saldarán del presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda. Por
lo tanto, la suma global de los compromisos asumidos por el Gobierno
no es de 8.000 millones, sino que asciende ya a 17.327 millones de
pesetas.
Conviene, por lo demás, recordar que a estos compromisos
exclusivamente nacionales hay que añadir la parte atribuible a España
de la ayuda que otorga la Unión Europea. Habida cuenta de que la
participación de nuestro país en el presupuesto comunitario es de un
6,9 por ciento, la cuota anual española se eleva a 19 millones de
euros, el 6,9
por ciento de 282 meuros, lo que equivale a más de 3.230 millones de
pesetas de nuestra contribución a través de la Unión Europea. Todos
estos esfuerzos garantizan para España un papel destacado en la tarea
de socorrer a las víctimas del conflicto yugoslavo, en consonancia
con el papel que a nuestro país le corresponde desempeñar en el
concierto internacional. El Gobierno no tiene ninguna intención de
capitalizarlos en su provecho toda vez que se trata de una labor en
la que existe una responsabilidad compartida, aunque sea distinto el
grado y la medida, por la sociedad española en su conjunto y que
sigue además nuestra sociedad con un notable y justificado interés.
Por último, me gustaría referirme a la acogida de refugiados en
España y querría insistir en que las evacuaciones de refugiados hacia
países alejados de Kosovo se contemplan como una medida
complementaria a la ayuda en la zona, de carácter excepcional y
temporal, destinada a aquellas personas que presenten una situación
de especial vulnerabilidad, como enfermos, ancianos, huérfanos,
etcétera. Es condición indispensable la voluntariedad, es decir, que
den su conformidad expresa a un eventual traslado que se realiza por
razones humanitarias en unidades familiares indivisibles. Los
traslados se hacen con el acuerdo previo de Acnur y tras proceder a
la debida identificación, documentación y revisión médica de las
personas afectadas, labor que realiza un equipo de funcionarios de
los ministerios de Interior, Trabajo, Asuntos Sociales y Sanidad
desplazados a la zona y en la que también participa la organización
internacional de las migraciones.
El requisito previo a cualquier acogida en España de refugiados es un
acuerdo del Consejo de Ministros que fue adoptado el 23 de abril y
ampliado posteriormente. Por su parte, el presidente del Gobierno
anunció en la ya citada comparecencia parlamentaria del 4 de mayo un
plan de traslados que contempla la venida a España del orden de 250
refugiados por semana hasta el mes de junio, de modo que para
comienzos del próximo mes tendremos unos 1.200 entre nosotros,
ampliados hasta 1.800 por el último Consejo de Ministros. De momento,
los refugiados que hemos evacuado hacia España son 680: en el primer
traslado, el 25 de abril, vinieron 102 y en el segundo vuelo, el 29
de abril, 107, realizándose ambos en aviones de la Fuerza Aérea
española; el tercer grupo, 232 refugiados, vino el pasado día 7; en
el cuarto vuelo, el día 12, trajimos, en un DC 10 de Iberia, como en
el caso anterior, a otros 234 y por último, el 13 de mayo, en la
estafeta militar que nuestras Fuerzas Armadas mantienen en Albania,
volaron siete refugiados, familiares de un ciudadano español de
origen albanokosovar. La gran mayoría de ellos proviene del campo de
refugiados de Stankovic, cerca de Skopje, en Macedonia. Sus señorías
saben que en su momento se hicieron oír críticas en relación con las
evacuaciones realizadas por España y a este respecto quiero reiterar
que el Acnur, por boca de su director para Europa, ha elogiado
expresa y públicamente a España por la manera de preparar y organizar
los traslados de refugiados a nuestro país, calificándolos de
modélicos.
Termino reafirmando el compromiso español con las víctimas de Kosovo,
que es un compromiso a todas luces inequívoco y generoso. El Gobierno
es muy consciente de que esta labor es tarea de todos y por eso desea
aprovechar
esta comparecencia para reiterar su compromiso de una plena
transparencia respecto a las acciones que se impulsan, desarrollan y
se coordinan desde el Ejecutivo, al tiempo que reconoce también el
espíritu de colaboración de todas las fuerzas políticas para llevar a
buen puerto esta empresa, así como su comprensión, tanto más de
agradecer cuanto que a nadie se le escapa la complejidad de hacer
frente a este enorme problema humano internacional. Aunque estemos en
la Comisión de Cooperación Internacional Desarrollo, quiero recordar
a SS.SS. que no debemos esconder el conflicto de Kosovo en el
problema humanitario, que lo es. El conflicto de Kosovo tiene una
raíz política y hay que atenderlo y atacarlo políticamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, la señora Fernández Sanz.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor Villalonga, le doy las gracias por la
información que nos ha trasladado, adelantándole que el Grupo
Socialista comparte los criterios de la primera parte de su
exposición y la necesidad de alcanzar el objetivo de trabajar en la
coordinación entre todos los organismos que tienen que actuar ante
este conflicto. Asimismo, quiero darle las gracias por otra cuestión.
El jueves hablamos de usted en la Comisión de Política Social y
Empleo, ya que el diputado del PNV había obtenido información acerca
de su talante democrático en Málaga, cuando otras personas de su
organización política se dedicaban a los responsables de otras
instituciones, como era la Junta de Andalucía y otras organizaciones
gubernamentales, y no a la recepción y al primer saludo a las
personas que venían y que iban a ser trasladadas al Ceulaj, al centro
juvenil de Mollina. Se le recordó a usted como una persona que
reaccionó y al que pareció injusto un trato de no igualdad y de no
cuidar las formas que en democracia son tan importantes.
Dicho esto, tenemos que seguir hablando de los recursos que se
dedican a la cooperación al desarrollo, porque, aún siendo usted una
persona muy cuidadosa con el lenguaje, con las cosas que ha dicho,
nosotros discrepamos y necesitamos seguir hablando con ustedes para
ver si llegamos a algún acuerdo en torno a lo que consideramos cada
uno. Es usted la tercera persona que comparece, después de que el día
5 de abril el presidente del Gobierno nos leyera un comunicado en
Moncloa, en el que hablaba de un serio compromiso de España a través
de su Gobierno dedicando 8.000 millones a ayuda humanitaria. Vino el
vicepresidente y, cuando ya no teníamos derecho a réplica, haciendo
él uso de ella nos desglosó los 8.000 millones de una forma que, para
la mayoría de los grupos, desde luego para el Grupo Socialista, es
insatisfactoria. El jueves pasado, como le decía, vino el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales y, después de su comparecencia, ya tenemos
claro que en principio -en principio: si las cosas se complican, se
tendrá que revisar- nuestro país va a acoger a 1.200 personas. La
mitad más o menos ya está aquí, quedan pendientes unos contingentes,
estando ya decidido con las comunidades autónomas a dónde van a ir.
Del 0,5 del IRPF, una cantidad que ya estaba presupuestada, porque
ustedes hacen una resta antes de sumar y dibujarlo, pero ya estaba en
los presupuestos y ahora en los
recursos para el 0,5, que podían ir a Ceuta, a Melilla, a una
emergencia del país o a cualquier otro tema, pero ya digo que estaba
en el presupuesto, 500 millones se reservan para atender a este
colectivo. Haciendo los números con mucha precisión, coincidimos
todos en que esos 500 millones, poniendo otra cantidad similar las
comunidades autónomas, más lo que aporten los ayuntamientos, las ONG
y los ciudadanos a cualquiera de las administraciones o directamente
en los lugares donde están estas personas, nos da para llegar hasta
diciembre de este año y atender a las 1.200 personas que vengan. Y
están previstos, usted ya lo ha sumado, otros 250 millones, que no
sabemos bien si saldrán del próximo 0,5 o si se tratará de un crédito
ampliable pedido a Economía.
Ya tenemos claro las personas que vienen y los recursos que vamos a
dedicar, pero no tenemos nada claro los recursos de la ayuda
humanitaria o de emergencia. Nos ha recordado algo que ya hemos visto
en las actas que ustedes han elaborado en la Agencia como
consecuencia de las reuniones que han mantenido con las comunidades,
los 604 primeros millones, que se han dedicado a ayuda humanitaria,
algo de lo que nadie dudamos, y a emergencia. Pero después usted ha
sumado la cantidad de 7.515 millones, que son gastos del Ministerio
de Defensa, y ha leído las directrices del Comité de Ayuda al
Desarrollo, de la OCDE, documento que yo traía, además del artículo
12 de la Ley de Cooperación, que dice que es ayuda humanitaria y de
emergencia.
Señor Villalonga, yo quiero decirle que el Grupo Socialista podrá
estar de acuerdo con los 713 millones correspondientes a los
materiales. Ayer vimos en la televisión el campamento. Por cierto, a
esta diputada le pareció que el terreno no era tan inseguro; me
gustaría que nos hablase de ello, porque los medios de comunicación
que han regresado de allí y algunas otras personas que han ido hablan
de la preocupación, del temor de que ese terreno no sea el más
adecuado. Incluso se ha hablado de que ustedes estaban pensando en
que tendrían a lo mejor que desplazarse, porque parece que el terreno
no era apropiado. Espero su respuesta, porque, desde luego, la
impresión que daba la televisión no era esa. Significaría perder
recursos económicos y esfuerzo humano, lo cual sería desagradable. De
esos 7.500 millones, los 713 correspondientes al material podríamos
pensar que están cumpliendo esa función; los 1.200 millones de que
habló el presidente, que dijo que eran para instalación del
campamento, también lo podríamos considerar y entraría en lo que dice
la OCDE, pero no el desplazamiento del contingente militar. No creo
que, leyendo detenidamente y consultando al Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE, nos diga que eso se puede computar como ayuda
humanitaria. Tampoco la estafeta semanal ni los 3.500 millones
correspondientes al mantenimiento del contingente.
Nuestro grupo tiene la sensación de que el ministro de Defensa quiere
comprar más fusiles, de esos alemanes, que me han dicho que cuestan
una pasta inmensa y que sustituyen a los cetmes, -no sé cómo se
llaman, no soy una experta en herramienta armamentística-, a cambio
de ahorrarse, vía capitulo 1, lo que suponen los 380 o casi 400
militares españoles, porque estén allí o estén aquí, hay que pagarles
su nómina, pero esos capítulos 1 y 2 ya están en el
Ministerio de Defensa. Eso no se puede contabilizar como ayuda
humanitaria, no es riguroso y el Ministerio de Asuntos Exteriores
debía hacer que eso no se computara ni se trasladara a los ciudadanos
como ayuda humanitaria ni como ayuda de emergencia, porque,
clarísimamente, cuando la OCDE habla del ejército se refiere a la
participación en las operaciones de mantenimiento de la paz bajo la
tutela de Naciones Unidas y describe todos los capítulos: supervisión
de elecciones, derechos humanos, reinserción de soldados
desmovilizados, rehabilitación de infraestructuras, formación,
etcétera -todo eso está escrito y para qué lo voy a leer-, y también
señala que es para las tareas de integración del personal militar
desmovilizado. En eso usted es un experto y ha hecho cosas
importantes en los últimos tiempos. Soy testigo de cómo ha potenciado
en Centroamérica con los diferentes cuerpos de guerrilla unos
programas, valorados como muy positivos, de formación y de reciclaje,
para pasar del mundo de la guerrilla al mundo de la prestación civil
y de la consolidación de las democracias en los que intervienen la
Carlos III, una fundación que pertenece al Partido Popular y otra que
pertenece al Partido Socialista. Eso sí se puede contabilizar, pero
no el sueldo de nuestros soldados, no el desplazamiento de los mismos
nio la estafeta semanal. Eso figura en los capítulos 1 y 2 del
Ministerio de Defensa. Que no quiere ahorrar el ministro de Defensa a
costa de una guerra y a costa de la necesidad de la ayuda
humanitaria.
Tal vez tendría que haber empezado, señor Villalonga, diciéndole que
para nosotros esto es política de país -se lo hemos dicho al
vicepresidente, se lo hemos dicho al ministro de Trabajo y se lo
decimos a usted- y para que podamos darles a ustedes un apoyo total
tienen que trabajar y tienen que realizar este trabajo con claridad,
con información constante y con transparencia, y tienen que contar
con todos, con las comunidades autónomas, con las ONG y con los
ayuntamientos, porque todos van a contribuir a esta imagen que el
Gobierno tiene que dar en el exterior -también en el interior- de que
este es un pueblo con una ciudadanía muy solidaria.
Dicho esto, en primer lugar, ustedes están hablando de 8.600 y pico
millones de pesetas -ahora ha dicho 17.000; intentaremos aclarar eso
también- destinados a algo que han trasladado a los ciudadanos y que
no es correcto, y no lo va a asumir ninguna ONG ni ningún ciudadano
que contribuya solidariamente. Después han sacado una resolución, de
la que nos ha hablado usted, la del 13 de mayo, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, con la ampliación de 1.400 millones. Es otra
resta, señor secretario de Estado; no es un crédito ampliable, está
ya incluido en el presupuesto para ayuda humanitaria.
Señor Villalonga, nosotros hemos compartido con ustedes que el reto
de llegar al 0,7 no es fácil, porque se necesita un esfuerzo
solidario de la riqueza de este país dedicado a terceros países y
además se necesita que el conjunto de las ONG, y de los organismos
que actúan en la cooperación tengan la capacidad para hacerlo. De la
nada al 0,7 no se pasa tan fácilmente. Eso lo ha dicho el Gobierno
que yo he representado, eso lo han dicho ustedes y nosotros en la
oposición lo hemos reconocido, pero cuando aparecen emergencias
tenemos la oportunidad de dar empujones, de intentar conseguir
crecimientos cualitativos en los recursos.
Si ante una emergencia como es una guerra en los Balcanes o los
problemas derivados de los huracanes en Centroamérica, de lo que ya
tenemos dibujado decimos: ahora lo sacamos de donde estaba y lo
canalizamos para esta emergencia, estamos siempre en una foto fija.
Ahora tendríamos la oportunidad de hacer crecer los recursos, pero
estos 1.400 millones van a dejar de estar asignados a lo que ya
estaban en el pasado. Me dice que no con la cabeza. Le escucharé y si
estoy confundida, he investigado mal y me concede réplica el
presidente, ajustaré lo que tenga que ajustar, pero lo que vemos es
que se trata de adelantarlo, de quitarlo de otro lado y, por tanto,
de no hacer crecer los recursos.
En segundo lugar, ustedes han aprobado una comisión interministerial,
que se ha publicado en el BOE del 17 de mayo. Se lo señalamos al
señor ministro el jueves, porque alguien nos filtró un texto que nos
parecía que incumplía la Ley de Asilo y la Ley de Extranjería,
porque, en el fondo, esa comisión intentaba asumir competencias que,
por esas leyes, residían en la Comisión interministerial de
Extranjería y en la Comisión interministerial de Asilo y Refugio.
Ahora y en el texto publicado hemos visto que eso se corrige y que
dicha comisión no va a tener funciones que ya están asignadas a otros
organismos competentes. De todas formas, señor Villalonga, creo que
han perdido una oportunidad importante de haber escuchado lo que en
la Agencia les dijeron las comunidades autónomas, las ONG y las
corporaciones locales. Hagamos un comisión interministerial o mixta,
como se llame, donde estén incluidas las comunidades autónomas, las
ONG y las corporaciones locales, y póngase a dialogar, a intentar
encontrar soluciones y a consensuar con todo el conjunto de las
instituciones que están trabajando en este tema.
En tercer lugar, tenemos la famosa circular de la CECA, publicada el
domingo en El País y que también tengo aquí. Consulté a varias cajas
de ahorros y todas habían recibido esta circular que decía: Siguiendo
instrucciones del vicepresidente primero del Gobierno, le comunico
que cualquier recurso que hayan recibido en esas cuentas nos lo
trasladen a la Agencia. Si hacen esto, tienen que redoblar la
transparencia y la información y tendrían que estar cada mes
publicando en los medios de comunicación y haciendo llegar a este
Parlamento la información sobre de qué se nutre la cuenta. Eso que ha
dicho usted aquí, de 30 millones que vienen de la Fundación de
Tabacalera, 40 millones de no sé qué otro organismo, tendría que
quedar claro. Tendría que quedar claro que no se trata de cantidades
que pone el Gobierno de la nación de los recursos presupuestarios
o por las ampliaciones de éstos sino que es dinero que pone el
conjunto
de la sociedad española, y ahí se específica cuál es la contribución
de cada uno. La verdad es que sería mejor que no hicieran esto, no es
correcto. Ustedes se lo plantearon en la Agencia a las comunidades y
a las corporaciones, y las comunidades y los ayuntamientos dijeron
que no.
Hay organizaciones no gubernamentales que están diciendo que no
quieren ayuda pública de países que están involucrados en el
conflicto bélico. Es respetable. Son recursos que pueden venir de
otro lado, por ejemplo, de una fundación, de una empresa, de unos
recursos queponen las cajas de ahorros. Esta circular no tiene clase,
por
decirlo de una manera burguesa, no tiene estilo, señor Villalonga; no
se puede pedir a los que son solidarios desde otras posiciones que
manden sus recursos a la cuenta de la Agencia. Por la falta de
transparencia hasta ahora o por cómo suma el vicepresidente del
Gobierno, mezclan cosas que no se pueden mezclar.
El señor presidente me está diciendo que acorte.
Espero de su réplica que me aclare estas restas que vemos; que diga
si lo que está en el presupuesto de Defensa es ayuda humanitaria, que
creo que tiene que decir que no; que el Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Agencia tienen que decir que no; que su Secretaría
tiene que decir que no, no me cabe que diga que sí. Quiero que me
diga cómo va a arreglar este tema de pedir que entren en la cuenta de
la Agencia recursos que provienen de la solidaridad de otros y no de
los presupuestos que administra el Estado y cómo va a resolver ese
objetivo de coordinación, que yo comparto y que usted ha planteado al
principio, cuando se crea una comisión interministerial y el resto de
las personas y de las organizaciones que están contribuyendo en la
solución no intervienen. Entiendo que se comunique a los ciudadanos
que los 3.200 millones de nuestra contribución en ECHO, en los
presupuestos europeos, son recursos y aportación de España, pero me
da la impresión de que sumándolo todo no llega a los 17.000 millones
que usted acaba de decir, pero estaré más atenta si cabe para
escucharle en la réplica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Convergència i
Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer la información del
secretario de Estado. Coincido con sus valoraciones políticas en
relación con el conflicto. Este portavoz hace quince días, se
desplazó a Tirana para conocer de primera mano la posición del
Gobierno albanés y el trabajo de alguna organización no gubernamental
catalana desplegada en ese territorio y es evidente que la necesidad
de un compromiso a fondo como demócratas y europeos en relación con
lo que sucede en los Balcanes nos obliga a activar el máximo de
recursos públicos y privados para hacer frente a esta tragedia que se
ha calificado como el desastre humanitario más importante en Europa
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esta dimensión obliga a
todos, al Gobierno, a las administraciones públicas y a los agentes
sociales a construir un consenso político y social robusto y fuerte,
con capacidad de generar complicidades, porque debemos ser
conscientes -e intuyo que el señor Villalonga lo es, porque conoce a
fondo estas cuestiones- de que no estamos hablando sólo de
presupuestos y de esfuerzos para las próximas semanas y para los
próximos meses, sino que estamos hablando de un esfuerzo colectivo de
Europa para sacar a los Balcanes de un atolladero histórico y de una
situación de crisis prolongada en el tiempo. Por tanto, el esfuerzo
del conjunto de las instituciones públicas y privadas de Europa va a
tener que ser tremendo, razón de más para construir ese consenso
necesario y robusto en el terreno político y social.
En la comparecencia del jueves pasado del ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, le reclamábamos la necesidad de construir una
arquitectura fina que llevara a entender
que el conjunto de grupos implicados en este proceso, (las
administraciones públicas territoriales, el Gobierno, los agentes
sociales y los grupos políticos) deberíamos participar de un mínimo
común denominador que nos permitiera articular aquellas medidas
políticas de fondo que se van a necesitar en los próximos años.
Aestas alturas de los debates efectuados en esta Cámara en relación
con esta cuestión y previsiblemente en el que se va a producir al
final de esta sesión a raíz de una proposición no de ley que plantea
el Grupo Socialista, intuimos que nos vamos a quedar con un mal sabor
de boca por la impotencia de este Parlamento y de estos grupos
políticos de construir una mínima política común al respecto. Todos,
el Gobierno y los grupos políticos, el principal de la oposición, el
del Gobierno y también Convergència i Unió, vamos a ser responsables
de este fracaso de la clase política española por ser incapaces de
ponernos de acuerdo en articular un conjunto de medidas políticas que
vayan al fondo de la cuestión. Por tanto, en esta comparecencia, tal
como hicimos el jueves, reclamamos al Gobierno que impulse a fondo
esta voluntad de liderazgo que por otra parte, organizaciones no
gubernamentales tremendamente honestas que comparten y que son
cómplices -en el mejor sentido de la expresión- de la política del
Gobierno también lo reclaman porque compartimos los criterios que
informan esta política de coordinación con Acnur, con la OTAN, con la
ECHO, entre los ministerios, con las administraciones públicas y con
las ONG. Asumimos ese compromiso a medio y largo plazo. La necesidad
de acoger a aquellos refugiados más vulnerables forma parte de la
política que se debe conformar. Existen suficientes elementos de
consenso para que se sigan estos criterios.
Una segunda consideración es sobre la movilización de los recursos
públicos. Entendemos que a medio plazo los Estados de la Unión
Europea van a tener que incrementar sus previsiones económicas y
financieras para hacer frente a esta tragedia. Nadie puede creer que
con los presupuestos hoy previstos destinados a la AOD o la ayuda a
los desplazados, refugiados e inmigrantes vamos a tener recursos
suficientes para hacer frente a esta situación. Por tanto, un segundo
elemento del consenso debe ser la necesidad de que estas políticas no
impliquen el detraimiento de recursos destinados a la AOD, a
políticas sociales de integración o de apoyo a desplazados y
refugiados. Creemos que puede existir consenso en esta materia con
los grupos políticos. En tercer lugar, debe existir un compromiso de
impulsar en el marco de la Unión Europea ese plan de estabilidad para
toda la Europa del sureste.
Estos criterios que compartimos los grupos son los ejes mínimos: el
no detraimiento de recursos -y en este sentido entendemos que los
1.400 millones de pesetas de la convocatoria recientemente aprobada
son recursos nuevos y nos parece muy importante que el Gobierno haya
tomado esta medida- y un compromiso a medio plazo en el sentido de
que el plan de estabilidad constituya una apuesta de Europa por la
reconstrucción democrática de los Balcanes. Nos gustaría que de esta
comparecencia del secretario de Estado se pudiese derivar una
voluntad política del Gobierno de construir este robusto consenso
político y social y esta arquitectura fina.
Otros debate. Tiene que ver con la cantidad de personas que deben ser
acogidas en el Estado español. Tengo la percepción de que en relación
con los que asumen otros Estados europeos esos 1.200 refugiados que
se están planteando son pocos y nos gustaría saber si el Gobierno
tiene previsto aumentar esa cifra. En la comparecencia del ministro
de Trabajo no pudimos saber si había una voluntad política de
incrementar el número de personas acogidas. Comparados con otros
Estados de la Unión Europea es evidente que una cifra de 1.200 es
modesta. El jueves pasado decíamos que la asunción de una cantidad
superior de refugiados -inicialmente el Gobierno había hablado de
8.000 personas- tiene muchísimas consecuencias de orden organizativo,
técnico, financiero y económico, por la duración de la presencia de
estas personas en el Estado español y por la necesidad de prever su
retorno. En este sentido nos gustaría conocer si el Gobierno está
trabajando ya en programas que prevean el regreso de estos refugiados
a Kosovo cuando se den las condiciones políticas que así lo permitan
y qué medidas va a tomar para prever la posible integración de estos
ciudadanos en el Estado español. Hemos de recordar que del
contingente de 1.000 y pico bosnios recogidos a raíz de la guerra de
Bosnia-Herzegovina, alrededor de un 20 por ciento se quedó finalmente
en el Estado español. En relación a la cuestión de la acogida de
estos desplazados y refugiados, la complejidad del tema, en la medida
en que previsiblemente vamos a tener que ampliar esa cifra de 1.200
personas, obliga aún más a ser muy cuidadosos en la organización de
esta actuación en la perspectiva del medio y largo plazo.
Existe otra discusión que me temo que va a ser un poco escolástica,
que es sobre el conjunto de recursos que destinamos a esta política.
La cifra de 17.327 millones de pesetas es necesaria y por ello nos
parece positiva. En la medida en que hoy los 7.515 millones de
pesetas del Ministerio de Defensa van destinados a la construcción de
un campo de refugiados eso responde a un concepto adecuado de ayuda
humanitaria, pero este no es el debate importante. El debate
principal que Convergència i Unió cree que se debe producir es sobre
la necesidad de soluciones a medio y largo plazo, cómo activamos más
recursos para hacer frente a los problemas que existen en la zona de
los Balcanes y los que se van a derivar de la necesaria intervención
militar en Serbia y de la reconstrucción democrática de Kosovo y de
la propia Serbia. Creo que ahí está el debate y los grupos deberíamos
ser capaces de generar ese mínimo consenso, ese mínimo común
denominador para comprometernos todos, Gobierno, administraciones
públicas, ONG y grupos políticos, a que en los próximos años, no en
las próximas semanas, ni en los próximos meses, la reconstrucción de
los Balcanes sea una apuesta de la Europa democrática, porque en
definitiva los costes de nuestra insolidaridad con los Balcanes están
saltando hoy a la vista. Siempre la insolidaridad es mucho más cara y
más perniciosa que la solidaridad. Seamos capaces esta mañana o quizá
en los próximos días de construir este consenso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Hace pocas fechas, como ya ha recordado
alguien, hemos debatido en el Pleno del Congreso, por la vía de una
comparecencia, a petición propia del Gobierno, en la persona de su
vicepresidente primero, lo que hoy estamos tratando aquí. El Grupo
Parlamentario Popular agradece la petición y la iniciativa del
secretario de Estado de comparecer en esta Comisión de Cooperación
Internacional, que además fue creada por esa ley que nos dimos todos
para alcanzar acuerdos políticos y consensos y, además, para empezar
a hacer cosas prácticas en lo que se refiere al mundo de la
cooperación para el desarrollo y de la cooperación internacional en
general.
Creo que el único defecto que ha tenido este Gobierno hasta ahora,
señor Villalonga, es que a todo esto que usted ha explicado no lo ha
llamado plan global, como dicen otros. Yo en la comparecencia del
vicepresidente primero pedía que lo llamáramos equis.Se pide una
comisión mixta o un plan global para intentar solucionar y regular la
aportación de España al conflicto de Kosovo.Nosotros, desde ningún
punto de vista lo hemos llamado plan a bombo y platillo, ni lo hemos
impreso en letras de imprenta como plan global, pero se ha realizado
un plan global.
Yo coincido con usted en que la actuación del Gobierno español fue
rápida. Como anécdota, cuenta Acnur que el primer avión que llegó con
alimentos para atender a los primeros deportados y desplazados fue un
avión español. No es una anécdota, tampoco ha sido una primera
actitud que no haya tenido continuación en el tiempo, que la ha
tenido.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular comparte, como compartimos
todos, dentro de ese plan global que el Gobierno diseñó hace meses,
en cuanto se produjo la situación en Kosovo, los criterios y la
filosofía política general, porque en definitiva, venimos de una
experiencia como la de Bosnia de hace aproximadamente 10 años. Hoy se
están tomando decisiones políticas de carácter general impulsadas por
aquella experiencia . Eso no se nos puede olvidar, ni se les puede
olvidar a los portavoces de grupos parlamentarios que tuvieron
responsabilidades de Gobierno. Es verdad lo que ha dicho el último
portavoz que ha intervenido de que hay que incidir y debatir estas
cuestiones de calado, porque como usted ha dicho y yo comparto,
estamos ante un problema político importante. Compartimos los
criterios de coordinación que el Gobierno ha impulsado en el conjunto
de la Unión Europea y con el resto de la comunidad internacional.
Estamos plenamente de acuerdo con las actuaciones, tanto de
coordinación internacional con Acnur, con la OTAN y con la Unión
Europea, como con las del propio Gobierno y las de los departamentos
ministeriales. Usted ha señalado con bastante profusión y detalle en
qué han consistido y no hemos oído, señor Villalonga, ninguna
crítica. Poco más me queda que decir por parte de nuestro grupo sobre
el particular. Nos hubiera preocupado haber recibido críticas de
Acnur, de la OTAN, de la Unión Europea o de otros países por la falta
de capacidad de coordinación, de rapidez y de eficacia de España.No
se han producido, como no se produjeron en el caso de Centroamérica,
donde la posición española fue reconocida y valorada de una manera
extraordinaria por el conjunto de la comunidad internacional, y
seguimos trabajando de manera muy importante en centroamérica.
Terminaba su intervención el señor secretario de Estado diciendo que
esta es una tarea de todos. Me ha parecido muy bien que dijera esto
después de anunciar que España lleva ya comprometidos 17.327 millones
de pesetas.Creo que algunos grupos parlamentarios, y lo digo con toda
cortesía, están más preocupados de la foto, de los efectos políticos
y del resultado electoral interno de lo que este Gobierno pudiera
estar haciendo sobre esta cuestión que de la importancia de fondo de
la cuestión. Yo lo dije hace poco en el Pleno y lo vuelvo a repetir
hoy aquí: esto no da votos. Decir que hacemos país y que es tarea de
todos hay que decirlo con todas las consecuencias. No se pueden
emplear palabras corteses y establecer la duda sobre cuestiones en
las que no la hay . El tema de los recursos no es un debate
escolástico, como ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, yo
creo que es un debate recurrente. ¿Para qué? Para minimizar la
importancia de lo que se hace. Es legítimo desde el planteamiento de
la oposición. Lo dije antes y lo repito ahora, creo que la crítica en
democracia tiene fuerza si está acompañada de alternativas, si se
está construyendo una alternativa, y no cuando se hace desde la
generalidad y desde la intención de erosionar la imagen, como si esta
fuera lo importante. Lo importante no es ni siquiera la imagen del
Gobierno que realiza estas políticas sino lo que hace, si lo hace
bien y cómo puede hacerlo mejor. Lo importante son las personas. Al
final esto va dirigido a personas con nombres y apellidos, en la
antigua Yugoslavia, en Albania, en Montenegro y en Macedonia, y eso
parece que lo olvidamos con mucha frecuencia. Por eso los políticos
-entre comillas y con minúscula- a veces damos espectáculos
lamentables. Si los refugiados albanokosovares escucharan este
debate, probablemente no entenderían nada. Por eso me parece
impresentable la preocupación del consejero de Sanidad de la Junta de
Andalucía por hacerse la foto al pie de la escalerilla del avión en
el aeropuerto de Málaga, cuando lo que tiene que hacer es ayudar y
ponerse el mono, como se lo ponen otros.
Creo que hay personas que no comprenden una cosa y es que los
Presupuestos Generales del Estado, en conreto sobre ayuda oficial al
desarrollo, prevén unas cantidades que pueden o no cumplirse. El
salto cuantitativo en los últimos tres años de consignación
presupuestaria para ayuda oficial al desarrollo ha sido
extraordinariamente importante, pero esto no es lo importante,
señorías. Lo importante es lo que se gasta, como casi siempre nos
recuerda el Grupo Parlamentario Socialista cuando el Gobierno
comparece en el trámite de los Presupuestos Generales del Estado y
explica la ayuda oficial al desarrollo, intentando minimizar la
importancia de las cifras, para decir: lo importante no es lo que
ustedes se van a gastar, esperemos un año a ver lo que se han
gastado.¿Por qué digo todo esto? Porque los Presupuestos Generales
del Estado para 1999 prevén un máximo en ayuda oficial al desarrollo
de 240.000 millones de pesetas. ¿Está todo ese dinero comprometido?
No, hay créditos ampliables, hay partidas ampliables como la del FAD,
en la que se prevé un crédito de hasta 80.000 millones de pesetas,
del que vienen a ejecutarse aproximadamente la mitad, 40.000 millones
de pesetas.Al final, la ayuda oficial al desarrollo española se
evalúa por la oficina de planificación y evaluación, con los
criterios del CAD, y se dan los resultados. Por tanto, es un
artificio decir que se están restando
recursos empleando partidas presupuestarias. Se están sumando
recursos. ¿Cómo es posible, cómo entender esto? Dicen: es que usted
esto ya lo tenía previsto. Estaba previsto como están previstas
tantas cosas. Una política de solidaridad rápida, eficaz e importante
en cuanto a sus bases ideológicas y políticas pero también en cuanto
a sus bases cuantitativas ¿es compatible con el rigor presupuestario?
Lo es ¿Cuándo se vería obligado el Gobierno a hacer una ampliación de
crédito o un crédito extraordinario? Cuando no hubiera margen para
superar eso.
Se habla del empujón hacia el 0,7. Ese empujón lo ha dado este
Gobierno, porque recibió una ayuda oficial al desarrollo de 158.000
millones de pesetas y hoy está en 214.000 millones de pesetas; en
tres años, señorías, más de 50.000 millones de pesetas, no
presupuestados, gastados. Esos son datos. Por tanto, coger recursos
de una partida del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o del
Ministerio de Defensa y de otra partida de la Agencia Española de
Cooperación, de donde sea posible,y sumarlos al plan global de ayuda
humanitaria para el caso de los refugiados albanokosovares no es
restar, es sumar, y tampoco supone el detrimento de otros programas.
Me parece muy aventurado decirlo de esta manera ahora, hay que
esperar al final. Esperemos al final, cuando se haga el informe de
evaluación, el informe de seguimiento del PACI 99, para ver si se ha
restado. Esperemos a que alguna organización no gubernamental, por
ejemplo, diga públicamente que se ha visto obligada a detener un
programa que tenía en marcha porque se le han restado recursos para
aumentar este plan. Esto no se va a producir con toda seguridad. Por
tanto, lo que realmente es un artificio y- perdóneme la expresión si
es fuerte- una falacia y no se ajusta a la verdad es decir que es
restar recursos de un sitio para darlos a otros. No es cierto.
Dígasenos que el Gobierno tiene un margen de ayuda oficial al
desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado de 240.000
millones de pesetas y que ese margen es insuficiente, porque tenemos
que poner más. Pues dígase y cuantifíquese. De momento, las cifras
que el señor secretario de Estado ha dado son más importantes
cuantitativamente y van más allá de lo que la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista que vamos a ver como último punto
del orden del día dice. En esa proposición no de ley no se pide más
de lo que ya está comprometido por el Gobierno.
Señorías, sucedió lo mismo con Centroamérica. Tuvimos una proposición
no de ley in extremis para intentar hacer ver a la opinión pública
que el Gobierno no lo estaba haciendo bien, pidiendo cantidades
inferiores a las que el Gobierno ya había comprometido y dado. Pues
sigamos haciendo labores de investigación desde el rigor. Nosotros no
estamos preocupados por la foto, ni por la del principio, la de la
escalerilla del avión, ni por la del final. (La señora Cunillera i
Mestres: Están deslumbrados por los flashes.) Esto no da votos,
señorías. (El señor Fuentes Gallardo: Ni la de Guadalajara.- Un señor
diputado: La de Sigüenza.-Rumores.) Son políticas de Estado a las que
tenemos que sumar alternativas, como ha dicho muy bien el portavoz de
Convergència i Unió, cuyos criterios compate nuestro grupo
plenamente.
En cuanto al tema de la comisión mixta, yo celebro ladecisión del
Gobierno, que mediante real decreto, el pasado
día 14, creó de manera permanente una comisión de coordinación para
el caso de ayuda humanitaria en el exterior, porque hemos tenido el
caso de Centroamérica recientemente, el de Colombia con los
terremotos, ahora tenemos este. España tiene y quiere tener un papel
de extraordinaria importancia y este Gobierno quiere impulsar ese
papel en el concierto internacional en este tipo de cuestiones. Por
tanto, la decisión que el Gobierno ha tomado nos parece
extraordinariamente oportuna.
Por otro lado, se dice que no se están produciendo reuniones de mesas
de diálogo y comisiones de coordinación de los diferentes
departamentos ministeriales con lo agentes sociales implicados. Pues
naturalmente que sí. El señor secretario de Estado se ha referido a
ellas: el Ministerio de Administraciones Públicas con las
administraciones territoriales; la Agencia Española con las
administraciones territoriales y las organizaciones no
gubernamentales; el Ministerio de Trabajo con las organizaciones no
gubernamentales de asistencia social dentro de España; el de
Exteriores con las de cooperación internacional. Podrá haber
discrepancias, podrá afinarse más en el diálogo y siempre se podrá
mejorar. No podemos estar satisfechos ni podemos ser ni siquiera
triunfalistas en estos temas, porque -lo dije antes y lo voy a
repetir -estamos hablando de personas. Triunfalistas no podemos ser,
este es un gran fracaso. Lo decía un dirigente europeo no hace mucho
y comparto sus palabras. La emergencia es el fracaso de la
cooperación. Estamos fracasando todos, está fracasando de alguna
manera la comunidad internacional por falta de previsión. El debate
puede ser amplísimo en este sentido. Ahora, ¿está respondiendo España
a la emergencia? Está respondiendo España a la emergencia sobre la
base de la coordinación yademás sobre la base de que la tarea no es
solamente de emergencia sino de reconstrucción.
Comparto -y termino, señor presidente- las palabras del secretario de
Estado: tenemos que aprovechar esta crisis - no lo hicimos cuando el
conflicto de Bosnia y hoy tenemos el conflicto de Kosovo- para darle
estabilidad a los Balcanes y poner las pautas de colaboración y de
cooperación dentro de Europa que solucionen definitivamente o pongan
en vías de solución un conflicto de extraordinaria complejidad. No
quiero ser recurrente, pero creo que las cosas se estan haciendo
bien. No me parece tan importante el número de refugiados, sino que
los que vengan a España respondan a los criterios que todos
compartimos: voluntariedad, que esté garantizado el retorno, no
separación familiar, atención a los casos especiales de
vulnerabilidad, principalmente niños, mujeres sometidas a cualquier
tipo de violencia física, psíquica o sexual, y ancianos. Eso es
importante porque tenemos el caso de Bosnia donde la llegada de
refugiados estuvo un tanto descoordinada, y esto no lo dijo la
oposición, que se comportó de una manera exquisita en aquel momento,
toda la oposición parlamentaria apoyó al Gobierno en lo que se hizo.
Hoy todos, no solamente España, toda la comunidad internacional, sin
criticar y sin mirar hacia el pasado, estamos haciendo cosas
distintas a lo que entonces se hizo en Bosnia. Creo, señorías, que
tenemos que ser sensatos. No se trata de echar flores. Se puede decir
que las cosas se pueden y se deben hacer mejor y mostrar las
alternativas.
Las críticas que se hacen al tema de la cuenta me parecen
desproporcionadas. Se pide transparencia, señorías, y eso es
precisamente lo que se intenta con esa iniciativa. Habrá personas que
no quieran figurar como donantes, que quieran ser donantes anónimos.
Se produce en muchos casos la generosa aportación anónima de muchas
españolas y españoles cuando suceden estos hechos. Lo importante es
que los recursos se empleen bien, que vayan donde tiene que ir, y de
ahí la intención del Gobierno por centralizar la cuenta.
Corrijo a la señora Fernández, no hubo una oposición de comunidades
autónomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales al tema
de la cuenta. A todo el mundo le pareció bien, aunque era difícil de
articular. Ojalá pudiéramos en España articular una cuenta conjunta
en esas campañas que se hacen a través de los medios de comunicación
para que los recursos luego sean transparentes, haya información
sobre estos y estén bien empleados, ojalá, no vayan los recursos a
crear fundaciones, por ejemplo, remanentes o a aumentar el patrimonio
de entidades sin interés, cosas que han pasado y que no deberían de
pasar.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios tiene
la palabra el señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Me gustaría centrar esta
intervención más allá de los números. Entiendo que a veces en la
política es necesario descender a ese tipo de detalles, pero ante una
catástrofe de la magnitud de la de Kosovo, ante las tensiones que se
están viviendo en Bosnia- Herzegovina, en Montenegro, en Macedonia y
en Albania y sobre todo ante el grandísimo drama humanitario, todos
estos puntos se relativizan. El mensaje político que quiero enviar yo
al Congreso de los Diputados y a esta Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo es que el Gobierno está siendo
solidario y va a mantener su esfuerzo solidario con los refugiados y
con los Balcanes permanentemente en el tiempo, a corto, a medio y a
largo plazo. No voy a entrar en si son 8.000 o son 18.000, porque
serán muchos más.
Necesariamente el debate es el que planteaba el señor Campuzano, cómo
hacemos frente, a medio y a largo plazo, desde la solidaridad
española, a las catástrofes humanitarias, que son muchas y que nos
las acercan los medios de comunicación. Imagínense ustedes que en
cuestión de seis meses hemos tenido el Niño y la Niña, en América, el
Georges en la República Dominicana, el Mitch, y ahora lo de Kosovo, y
estamos a mitad del ejercicio presupuestario. Ese es el gran debate
que se tiene que plantear la cooperación española y esta Comisión y
no si los recursoscomputan o no. Repito que el esfuerzo que está
haciendo el Gobierno español es solidario, amplio y generoso. Desde
luego, asumimos nuestra cuota de responsabilidad en la catástrofe
política y humanitaria que ha ocurrido en los Balcanes desde el
inicio de la guerra.
Bajando a este tipo de detalles y con deseo de contestar a las
preguntas de los grupos parlamentarios, quería decir que para el
Comité de Ayuda al Desarrollo, en cuanto a
estas ayudas, todo computa. Estamos hablando de ayudas relativas a
los refugiados, donde se incluye desde luego el transporte del
contingente español, que es humanitario, no es el ejército que hace
la guerra, sino que es un contingente de 400 hombres que están
desempeñando en tareas humanitarias en relación con los refugiados.
Esto se va a computar como ayuda oficial al desarrollo. Por supuesto
que no todos los gastos de Defensa serán ayuda oficial al desarrollo,
pero sí es dinero que sale del presupuesto y que está destinado a la
ayuda a los desplazados albanokosovares.
Hemos consultado ya con el CAD y nos responderán con mayor detalle
qué es ayuda oficial al desarrollo y qué no lo es. Quiero recordar
también a esta Comisión la iniciativa que la delegación española ha
tenido en numerosas ocasiones, como otras muchas delegaciones en la
OCDE y ante el CAD a efectos de computar la ayuda oficial al
desarrollo, sobre todo el gasto del ejército. El CAD es muy estricto,
a nuestro juicio demasiado en este tipo de apreciaciones, y ello
responde a numerosas causas. Por ejemplo, algún miembro del CAD nunca
envía misiones humanitarias ni bajo paraguas de las Naciones Unidas
ni bajo ningún tipo de paraguas, como Japón, y se niegan a que sus
cifras de ayuda oficial de desarrollo se vean reducidas respecto
a otros porque se computen dentro de lo que es ayuda oficial al
desarrollo algunos gastos realizados por los ejércitos, pero que
tienen destinatarios humanitarios. Quiero recordar que tanto el
anterior Gobierno como este fuimos partidarios, y así lo reclamamos
al CAD, de que el gasto importante en nuestros contingentes en
Bosnia, que se eleva a 30.000 millones de pesetas al año, se
incluyese en todo o en parte como ayuda oficial al desarrollo, porque
ese contingente además de hacer una operación de mantenimiento de la
paz, hacía labores de reconstrucción de puentes, labores humanitarias
y de asistencia sanitaria, y todo eso es ayuda oficial al desarrollo.
Pero sea o no sea ayuda oficial al desarrollo, lo cierto es que el
contingente militar español de 400 personas está ayudando a los
desplazados albanokosovares. Después distinguiremos qué es AOD, o qué
no es AOD, pero de todas formas es dinero de los presupuestos que va
a aliviar la vida de los refugiados en Albania.
Respecto al terreno, efectivamente no era adecuado. Era un territorio
pantanoso y por eso hubo de hacerse un esfuerzo mayor en cuanto a los
drenajes. Hoy en día el terreno es perfecto, el campo ya ha empezado
a recibir refugiados y esperemos que en muy breve plazo de tiempo se
pueda transferir a Cáritas y a Cruz Roja, que es la condición sine
qua non por la cual la Unión Europea financiará, a través de ECHO, el
mantenimiento de este campo.
Respecto a los 1.400 millones de pesetas, quería decirle a la señora
Fernández que no se detraen de ningún sitio, no se detraen de ninguna
convocatoria a proyectos de organizaciones no gubernamentales, ni de
la ordinaria ni de la extraordinaria; son recursos extraordinarios.¿
De dónde? De un remanente de caja que siempre ha existido en la
Agencia Española de Cooperación a efectos de mantener la regularidad
de los pagos en el exterior para el personal y para los proyectos que
tenemos. Hay un remanente de caja en la Agencia, que es lo mismo que
un crédito extraordinario ampliable, que nos permite mantener
regularizados en el tiempo sueldos de cooperantes y pagos exteriores
a proyectos,
y lo hemos utilizado a efectos de hacer una convocatoria
especial para proyectos relacionados con la emergencia y la
reconstrucción no sólo de Macedonia y de Albania sino también de
Bosnia-Herzegovina, de Montenegro, del Kosovo y de la propia
Yugoslavia. Por tanto, sí son recursos extraordinarios y no se
detraen de nada. Habrá una reposición de ese fondo de maniobra por
parte del Ministerio de Economía y Hacienda a efectos de mantener la
regularidad de los compromisos económicos de la Agencia Española de
Cooperación en el exterior.
Respecto a la circular de la CECA simplemente quiero decir que dentro
de la magnitud de la catástrofe me produce cierta tristeza que se den
debates de este tipo, que son más políticos que realmente
humanitarios y de cooperación. En primer lugar esa circular es de la
CECA,no es del vicepresidente del Gobierno. Lo que diga la CECA (La
señora Fernández Sanz: Va a la Meca.)(va a la Meca (Risas.), pero la
circular no es del vicepresidente del Gobierno. Por tanto, el
vicepresidente del Gobierno no ha podido nunca instruir a la CECA. Sí
que dio una recomendación que yo comparto, y no entiendo cómo ustedes
no lo hacen. En primer lugar el debate está trastocado y por eso
quiero llevarlo a sus términos. En principio ustedes tendrían que ser
los partidarios de la cosa pública, en principio , y los que se fian
de la Administración, de los organismos del Estado e instituciones
públicas, pero aquí se ha producido, no sé por qué, el fenómeno
contrario: desconfianza hacia la Agencia, exigencia de transparencia
y una defensa cerrada de lo que ustedes ahora defienden que es la
sociedad civil. Pues no. Yo reivindico el papel y la transparencia de
la Agencia, que es igual o mayor que la de cualquier otra
organización no gubernamental. Nos controlan ustedes, nos controla la
Intervención General del Estado y rendimos cuentas permanentemente
ante toda la sociedad de todo el dinero que nos gastamos. No sé si
todo el mundo puede decir lo mismo. Por tanto, el dinero que gestiona
la Agencia es dinero transparente, administrado bajo los ojos de toda
la sociedad española y, por supuesto, de esta Comisión y de este
Parlamento. ¿Qué ocurre? Yo quiero recordarles que cuando tuvo lugar
el conflicto de los Grandes Lagos ustedes también abrieron cuentas,
la Agencia Española de Cooperación abrió cuentas para recaudar fondos
privados. ¿Dónde está la dificultad, por qué no? Los fondos que nos
remiten muchas instituciones no son fondos finalistas o donaciones
que hacen los particulares a ninguna ONG en concreto. Yo quiero dar
mi dinero a Manos Unidas o a Intermón, y no es que el Estado venga
aquí a quitar a Manos Unidas o a Intermón el dinero que dan; son
fondos que no tienen destinatario, que vienen de los ciudadanos para
paliar las consecuencias del conflito o para la ayuda humanitaria al
Kosovo, pero sin designar una ONG en concreto. Simplemente ha sido
una recomendación que no sólo ha seguido la CECA sino muchas
empresas. Quiero recordar la campaña de Cepsa, que recaudó una gran
cantidad de dinero a través de una peseta en el precio de las
gasolinas que entregó a la Agencia Española de Cooperación y que
estaba destinada a la reconstrucción de Centroamérica. Por supuesto
que nosotros no contabilizaremos estas aportaciones particulares como
ayuda oficial al desarrollo, no lo hemos hecho nitampoco lo he dicho
yo en esta comparecencia. Me parece
realmente anecdótico y es que además sacar los pies del tiesto
pretender buscar implicaciones políticas o de poca transparencia por
el hecho de que se recomiende a las entidades bancarias que las
donaciones que no tengan finalistas, que no sean nominativas las
destinen a la Agencia Española de Cooperación. Se ha hecho así en el
pasado y lo vamos a seguir haciendo. Muchas veces son las empresas
las que nos preguntan qué hacen con el dinero o a quién se lo dan.
Nosotros gestionamos desde luego con muchísima transparencia y ahí
están la Intervención General del Estado y SS.SS. para fiscalizar
estas cuentas públicas.
Por otro lado, me gustaría decirles que sí hay coordinación y diálogo
con las comunidades autónomas; hasta ahora no he tenido ninguna
queja. Todos los contingentes de refugiados que han venido han sido
acogidos con la colaboración generosa -cómo no- de todas las
comunidades autónomas. Ahora estoy en contacto con la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para el próximo contingente que vendrá el
miércoles y viernes próximos en dos aviones 707, y también con el
conseller de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, Antoni
Comas, para la acogida en la cuarta semana de mayo de otro
contingente de 250 personas, que llegará al aeropuerto de Barcelona.
Estamos en conversaciones con las comunidades autónomas y con las
organizaciones autonómicas no gubernamentales a efectos de poder
coordinar la ayuda, y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien.
¿Por qué son pocos los refugiados que vienen a España? En primer
lugar, porque el criterio ha cambiado. En un primer momento hubo el
deseo solidario y bueno por parte de los gobiernos de acoger gran
número de refugiados. Después se meditó y siguiendo las instrucciones
del Acnur, se ha preferido mantener a los refugiados cerca de Kosovo.
No queremos hacerle la vida fácil al señor Milosevic, no queremos
contribuir a la limpieza étnica de Kosovo por parte de los yugoslavos
y creemos, como lo cree el Acnur, que las salidas masivas de
refugiados hacia países de acogida son un mal servicio a la causa de
la paz y al posible retorno de los refugiados. Por eso el Gobierno
español -y quiero aclarar las cifras porque aquí se ha manejado la de
1.200- acogerá hasta finales de julio a 1.800 refugiados, 1.200
iniciales más 600 que aprobó el último Consejo de Ministros. A veces
estas cifras no se pueden cumplir, porque siguiendo los criterios de
voluntariedad, hay que preguntar a los refugiados si quieren venir a
España. Si históricamente nuestro país ha tenido pocas relaciones
culturales con los Balcanes, imagínense ustedes la poca referencia
cultural que existe en los kosovares respecto a la situación
geográfica y a las características culturales de nuestro país. Antes
del conflicto había poca gente en España que supiera dónde estaba
Kosovo; imaginen la poca gente que en Kosovo sabe dónde está España.
Por eso es importante el criterio de la voluntariedad; hay que
preguntar a los refugiados y a veces hasta hay que explicarles dónde
está España y qué se les va a ofrecer. No es fácil esa tarea que está
desarrollando el Acnur junto con funcionarios del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en los campos de refugiados de Macedonia.
No es fácil convencer a los refugiados de que España es un destino
acogedor y positivo para rehacer sus vidas, porque no tienen
referencias culturales. ¿Dónde las tienen? Fundamentalmente en
Centroeuropa y en la Europa del Este, donde está su tradición
cultural. Por eso, puede ser que el número no sea el previsto por el
Gobierno, aunque estamos manteniendo un buen ritmo, estamos trayendo
250 refugiados semanales aproximadamente y hasta finales de julio
creo que completaremos la cifra de 1.800. El Gobierno -y este es otro
mensaje político que quiero enviar desde aquí- asumirá su cuota de
solidaridad y de responsabilidad y, si es necesario, si el conflicto
no ha acabado para entonces y no se han encontrado soluciones que
alivien la vida de los refugiados, más concretamente en Macedonia,
que es donde se producen tensiones sociales y tampoco son bien
recibidos por aquel Gobierno, seguirá trayendo contingentes de
refugiados sin límite, pero, como digo, de acuerdo con los criterios
que establezca el Acnur y con la excepcionalidad del alejamiento de
refugiados de su lugar de origen.
El señor PRESIDENTE: El orden del día es muy extenso, por lo que
rogaría a los señores portavoces que empleen el menor tiempo posible
en su réplica.
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, le pedí la palabra cuando
estaba interviniendo el portavoz del Grupo Popular y mi tiempo lo voy
a distribuir en contestar al secretario de Estado y al señor
Izquierdo.
Después de la información que me ha dado el secretario de Estado yo
reconduzco mi posición en relación a los 1.400 millones. Entendía que
estaban dentro de los créditos, que se adelantaban para un
tratamiento de forma urgente; él me dice que no, que está en el
capítulo de cooperantes. Espero que queden más remanentes para que,
si se estropea alguna de nuestras furgonetas por ahí, los
responsables de las oficinas de cooperación tengan recursos para
repararlas. Creo que me ha dado la razón en relación a que no todos
los 7.515 millones son ayuda de emergencia y de cooperación. La
prueba es que ha dicho que van a consultar. También he oído en los
medios de comunicación que las ONG van a consultar a la OCDE si esto
se debe computar o no.
Me ha dado algunas contestaciones que quiero puntualizar. Al Grupo
Socialista no le preocupa que se concentren en una cuenta de la
Agencia los recursos. Sólo ha pedido -recuerde que eso es lo que he
dicho- transparencia. Si esa no es una cuenta sólo de recursos que
pone el Ministerio de Asuntos Exteriores sino también de recursos que
solicita a ciudadanos y a otras instituciones, que de alguna manera
eso se haga público y se sepa, porque es pedagogía para este país. En
tal caso, si hemos hecho hincapié en ello, señor Villalonga, es
porque ustedes empezaron mal. Empezó mal el presidente del Gobierno
el día 5 de abril saliendo a leer un comunicado de dos folios, donde
lo único concreto que dijo fue que ponía 8.000 millones para ayuda
humanitaria, y resulta que luego no eran para ayuda humanitaria. Si
no hubiera empezado así, si hubiera hecho un comunicado tan ambiguo
en el segundo folio como en el primero y no hubiera concretado que
los 8.000 millones eran para ayuda humanitaria, estaríamos hablando
de cuánto, qué y para qué cosa. Empezó mal el presidente del Gobierno
y por eso estamos nosotros aquí queriendo aclararlo, para que no
cambiemos nosotros los criterios estadísticos. Si la
OCDE es muy rígida, consensúemos nosotros, interpretemos el artículo
12 de nuestra ley, pero no empecemos a meter en cooperación lo que no
es cooperación, en desarrollo lo que no es desarrollo y en emergencia
lo que no es emergencia. Nos fiamos de los servidores del Estado, de
los funcionarios que hacen su trabajo, y nos fiamos de los mecanismos
de control que en la democracia hemos establecido, claro que sí, y me
parece bien que pueda acabar todo ahí; sólo decimos que, por favor,
se clasifique perfectamente lo que es cada cosa.
Sobre las personas, nosotros no decimos que 1.200 sean muchas o
pocas; sólo observamos lo que pasa en el resto de Europa, y usted se
estará dando cuenta que, en general, se están multiplicando por dos
las personas que llegan a los otros países. Es más, lo que les
decimos es que nos gustaría que nuestro país, que en la Unión Europea
no es de los que está a la cola en cuanto al producto nacional bruto,
en cómo va, etcétera, tampoco esté a la cola en ayuda. Nosotros
propusimos una fórmula tan general como que por qué no nos marcamos
como objetivo que el Gobierno español y los españoles alcancemos la
media europea en la solidaridad que ejercemos en esta zona de los
Balcanes Nos preocupa más si cabe la ayuda que, canalizada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, se haga allí y con los países de
ese entorno que, como siempre, están ejerciendo con los desplazados
y con los refugiados más solidaridad. Hasta aquí mi respuesta a su
exquisita y correcta exposición.
En contestación al señor Izquierdo, de aquí en adelante, cada vez que
venga a la Comisión de Cooperación, empezaré diciendo: gracias, señor
Izquierdo, porque en su tiempo, gobernando su partido, se ha aprobado
la Ley de Cooperación. Punto y seguido. Se lo diré siempre para que
usted no me lo repita constantemente, porque está todo el día con el
tema de la Ley de Cooperación aprobada.
Usted dice que en Bosnia fueron exquisitos. Bien, yo me he leído los
informes, los he pedido a la Administración actual a través de
funcionarios que conozco, y puedo decirle que en ellos, tal y como
comentábamos la semana pasada, hay cosas bien hechas y cosas mal
hechas. Lo que el Grupo Socialista dice es que aprendamos de lo que
no se hizo bien o de lo que luego valoramos y evaluamos como no
correcto, porque yo interpreto, en función de lo poco receptivos que
están ustedes a escuchar las sugerencias y las propuestas, que no las
críticas y la oposición del Grupo Socialista, que ustedes no
preguntaban por Bosnia porque no les preocupaba el problema de los
bosnios y por eso no había posición del Grupo Parlamentario Popular,
tal y como sucede con tantas otras políticas que tienen que ver con
las personas más desiguales.
No nos preocupa la foto, señor Izquierdo, ya se lo dijimos al
vicepresidente, y por eso le dimos las gracias al señor Villalonga
nosotros y el representante del PNV. Lo que manifestamos es que no se
puede decir que en la Junta de Andalucía gobiernan los socialistas y
entonces los encerramos para que no salgan en la foto (ya le digo que
no me preocupa la foto), y luego en el Gobierno de Valencia sacamos
a Zaplana y a todos sus consejeros en primera fila. No; en democracia
las formas son y deben de ser iguales para todos y eso es lo que
ustedes hacen mal. Ustedes sí que se preocupan de la foto y, si no,
echen un vistazo a los acontecimientos acaecidos en otra época y
miren a ver si había
esa obsesión con la foto. Esto no va con usted, señor Villalonga,
sino con el señor Izquierdo y sus manías de hacer reflexiones que no
tienen sentido.
Espero que nadie sea tan torpe y tan tonto como para pensar en el
voto. Aquí estamos pensando en la solidaridad con un pueblo que sufre
los efectos de la guerra y no estamos hablando de dar alternativas,
sino que estamos trabajando en propuestas. Lo han hecho nuestros
ayuntamientos, nuestras comunidades, nuestras organizaciones no
gubernamentales y, si no, que lo diga el señor Villalonga. Hemos ido
con propuestas y hemos acordado mucha filosofía, principios,
propuestas y objetivos. Ahora dice el presidente del Gobierno que se
van a dedicar a ayuda humanitaria 8.000 millones. Pues, como no lo
hace, nuestra obligación democrática es controlarlo y hacer que eso
se reconduzca. En esto es en lo que estamos y en lo que seguiremos
estando, apoyando al Gobierno y pidiéndole que podamos presumir en
Europa y en la zona de los Balcanes -digo presumir entre comillas- de
que tenemos un Gobierno que canaliza el sentimiento solidario de un
pueblo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, voy a hacer tres
reflexiones. En primer lugar, sobre la cuestión de la acogida de los
refugiados. Las cifras a 10 de mayo, facilitadas por la propia Acnur,
sitúan procedentes de Macedonia a los siguientes refugiados: hacia
Austria, 1.890 personas; hacia Bélgica, 1.205; hacia Canadá, 1.821;
hacia Francia, 2.816; hacia Alemania, 9.974 ; hacia Holanda, 2.014;
hacia Noruega, 2.934; hacia Suecia, 1.234; hacia Turquía, 6.691;
hacia Estados Unidos, 1.339 y hacia el Estado español, 443. Ya digo
que estas son cifras facilitadas por Acnur a 10 de mayo.
Al margen de la consideración sobre la cuestión del conocimiento o no
del Estado español por parte de los kosovares, simplemente quiero
decirle que mi grupo entiende que el compromiso solidario en la
acogida de refugiados del Estado español podría ser superior, en la
línea de otros países de la Unión Europea y de nuestro entorno. Nos
parece, por tanto, que en las próximas semanas, si se dan esas
condiciones de voluntariedad y de grupos de personas más vulnerables,
deberíamos ser capaces de estar en la media comunitaria que se podría
derivar de estas cifras.
Segunda cuestión. A nosotros nos parece que esta sesión de hoy ha
sido muy interesante, ya que la información que ha dado el secretario
de Estado ha sido un ejercicio de transparencia sobre las cifras que
el Gobierno destina a estas políticas, incluso ha permitido aclarar
el malentendido derivado de la información publicada en El País sobre
la supuesta indicación del Gobierno a la CECA en relación a los
fondos que los ciudadanos otorgan a través de entidades de crédito a
estas políticas. Yo creo que sería bueno que el Gobierno asumiese hoy
el compromiso de una presencia continuada en el seno de esta Comisión
de Cooperación Internacional para informar de estas políticas. La
mejor manera de que los grupos políticos seamos cómplices de estas
políticas y de que los medios de comunicación tengan la información
es realizar debates como
los de esta mañana. Por tanto, quisiéramos que el secretario de
Estado asumiese este compromiso de presencia continua en la Comisión
para informar de las políticas que desarrollamos en esta materia. En
tercer lugar, queremos reiterar la necesidad de construir un
compromiso de todas las fuerzas políticas en relación a la cuestión
de fondo que es el medio y largo plazo en los Balcanes.
Durante mi viaje realizado a Albania, tanto miembros del Parlamento
albanés, miembros del Gobierno albanés, como personas vinculadas al
mundo no gubernamental desplazadas en Tirana, manifestaron la
necesidad de que haya una mayor implicación del Estado español en
Albania. Incluso existe la sensación de una cierta frustración por la
implicación del Estado italiano en el proceso de reconstrucción
democrática de Albania en estos años, y una esperanza: que otro
Estado mediterráneo con posibilidades de comprender lo que ha
sucedido en esa zona se implique.
Nuestro compromiso para la reconstrucción política de Albania, para
la reconstrucción política y económica de toda la región de los
Balcanes debe ser objeto de un amplio consenso político. Quien tiene
que liderar ese consenso político es el Gobierno, y nosotros vamos a
intentar facilitarle que asuma este liderazgo y le vamos a reclamar
al Grupo Socialista la misma responsabilidad que tuvo en el reciente
debate sobre el huracán Mitch, gracias a la cual presentamos ante el
Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley que hoy
nos permite reclamar al Gobierno el cumplimiento en sus términos de
aquello que el Congreso aprobó por unanimidad.
Tenemos la oportunidad de responder a los rostros y las voces de los
refugiados que todos hemos visto en Cataluña, en Sigüenza, en Albania
o en Macedonia, que nos reclaman un compromiso a fondo para construir
de verdad en esa región de Europa una sociedad democrática, una
sociedad en progreso, una sociedad en libertad. No debemos defraudar
ese compromiso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra su
portavoz, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Lo diré una vez más, porque no creo que
haya presumido de nada aquí, no tengo por qué. La Ley de Cooperación
es una ley de todos. Si en algo ha colaborado el Grupo Popular y se
siente orgulloso es de hacer posible la intención del Gobierno,
expresada desde el primer momento, de que fuera una ley de todos y
alcanzar como se alcanzó finalmente un gran acuerdo parlamentario.
Eso lo he dicho por activa y por pasiva y no creo haberme referido en
otros términos en mi intervención a la Ley de Cooperación.
No hablaba de Bosnia ni de la experiencia de Bosnia, me refería a que
algo hemos aprendido todos. El Grupo Popular, entonces en la
oposición, preguntó mucho por Bosnia y pidió la comparecencia del
Gobierno por el tema de Bosnia, y ahí están las actas. Se lo puedo
facilitar a SS.SS. si lo desean. Con motivo del pasado debate en el
Pleno de la Cámara tuve la oportunidad de recoger todas las
intervenciones, absolutamente todas, y todas las figuras
parlamentarias, hasta las preguntas escritas, sobre la cuestión de
Bosnia, y he encontrado una posición de todos los grupos
parlamentarios de la oposición, y especialmente del
Grupo Popular, muy constructiva, sin ningún tipo de pega mediática o
de imagen que pusiera en peligro la posición del Estado ante el
exterior y ante el interior. Reitero que fue muy constructiva. Lo que
no he encontrado en tanta medida han sido comparecencias del Gobierno
a petición propia; hubo muy pocas en muchos años, dos en seis años.
Sin embargo, ahora hay comparecencias del Gobierno a petición propia
extraordinariamente intensas.
Diré sobre el particular que es muy difícil ponerse de acuerdo. El
diálogo es norma permanente del Grupo Parlamentario Popular para
intentar alcanzar acuerdos y consensos. Lo hemos demostrado y vamos a
seguir por ese camino, que es el mejor para este país, no solamente
para el Grupo Popular. Pero es muy difícil ponerse de acuerdo con
alguien en lo que todos estamos de acuerdo, aunque pueda no ser
verdad. Por ejemplo, es la una menos veinte, es una verdad relativa,
porque probablemente verdades absolutas no hay, pero si convenimos
todos en que es la una menos veinte pues es la una menos veinte. Si
convenimos todos y demuestra la Intervención General del Estado que
se han comprometido 17.000 millones de pesetas, ¿por qué seguir
diciendo que el presidente del Gobierno empezó mal, que prometió
8.000 y no existen los 8.000? Que cada cual diga lo que quiera pero,
en definitiva y al final, sin que suponga más mérito por parte de
quien lo hace ni más demérito por parte de quien lo critica. Esas son
las realidades y las cifras. Deberíamos de estar todos orgullosos de
ello.
No creo que se deba de variar el mensaje porque convenga desde el
punto de vista político. La coherencia es muy importante en política,
también la rectificación. Agradezco de verdad las palabras de
rectificación de la diputada Fernández cuando ha dicho que no le
preocupa el tema de la cuenta. He entendido que el hecho de que el
Gobierno hubiera instrumentado una cuenta donde voluntariamente se
centralizaran las aportaciones solidarias de españolas y españoles
iba a impedir la transparencia y la información. Nada tiene que ver
una cosa con otra, una cosa es la cuenta y otra la transparencia y la
información. La cuenta no solamente no impide que haya transparencia
e información sino que garantiza que las hay, porque todas las
anotaciones quedarán reflejadas y no precisamente por la
Administración pública. En cualquier caso, la Administración pública,
como ha dicho muy bien el secretario de Estado, y yo corroboro, es
garantía suficiente de transparencia e información, al menos ahora,
en estos momentos; en el pasado, es problema del pasado sobre el que
no hemos de volver. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Creo que el consenso es muy importante y
la crítica también, la crítica sobre la base de la alternativa, la
crítica sobre la base de construir, la crítica sobre la base de
aportaciones a cuya asunción el Gobierno está siendo
extraordinariamente receptivo. Esa es la diferencia, señorías, entre
acertar o equivocarse; cuando se persiste en el error, acaba uno
equivocándose y, cuando se equivoca uno mucho, lógicamente se va a la
oposición. Eso es así y no es malo irse a la oposición; para volver
al Gobierno, a lo mejor hay que cambiar el discurso. No tiene nada
que ver, por lo menos a mi grupo parlamentario no le
gustaría que tuviera nada que ver, volver al Gobierno o estar en la
posición con estas cuestiones que hoy estamos tratando aquí, que son
bastante más importantes que eso, aunque el poder sea la única
obsesión de algunas diputadas y algunos diputados. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor
Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Simplemente, quiero recordar a
SS. SS. el compromiso político del Gobierno de tener una cuota de
solidaridad que esté a la altura de los tiempos, que la está
teniendo. Habrá que consultar con el CAD lo que es ayuda oficial al
desarrollo, pero todo es cooperación. Quiero reiterarles que sólo el
gasto de defensa en ayuda oficial al desarrollo superará con mucho
los 8.000 millones comprometidos al principio; que la operación no
está terminada, tan solo se ha terminado el campo de refugiados; que
las Fuerzas Armadas, más en este conflicto, en esta catástrofe
humanitaria, van a tener un papel importante; que no estamos a la
cola ni lo vamos a estar; que en nuestras donaciones a Acnur para los
refugiados estamos por delante de países como Francia, Italia,
Alemania o el Reino Unido; que estamos en la media de países europeos
de acogida a refugiados, siempre con los principios de voluntariedad,
vulnerabilidad y unidad familiar que he señalado; que países como
Turquía, Canadá, que no son de la Unión Europea, como Noruega o los
centroeuropeos, tienen más tradición y vínculos culturales con la
zona. Eso es así y lo será. Por eso, no creo que España nunca vaya a
liderar la reconstrucción en Albania ni en los Balcanes; la
lideraremos en Centroamérica, como lo hemos hecho, pero será muy
difícil que la podamos liderar en los Balcanes. Haremos un esfuerzo
importante, mantendremos la atencion y desde luego tendremos nuestra
cuota de responsabilidad solidaria en toda la reconstrucción de los
Balcanes. Pero, no nos olvidemos, ni la respuesta solidaria del
pueblo español ha sido tan importante como lo fue en el caso del
huracán Mitch ni lo será. Todavía faltan referencias culturales
y tradición histórica con los Balcanes para que esa respuesta esté a la
altura de países de su entorno, como ocurre con Centroeuropa. Vuelvo
a repetir el mensaje de que el Gobierno mantendrá un esfuerzo
solidario, a la altura de su responsabilidad y de sus obligaciones
internacionales.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al siguiente punto del
orden del día y a efectos de aclarar a los señores portavoces las
consultas que han efectuado a la Presidencia, debo decirles que, a la
vista de cómo se desarrolla la sesión, no se procederá a la votación
de la proposición no de ley antes de las dos de la tarde.
- LÍNEAS GENERALES Y CONTENIDO DEL FUTURO 'PLAN DIRECTOR DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA'. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001941)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto 10 del orden del
día: Comparecencia del secretario de Estado de Cooperación
Internacional para informar acerca de las líneas generales y
contenido del futuro Plan director de la cooperación española, a
petición del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Me gustaría comenzar
recordando que en estos momentos estamos en proceso de elaboración
del plan director y que, por lo tanto, no puede hablarse de su
contenido definitivo. Sí es posible explicar la fase en la que se
encuentra y presentar, de forma esquemática, su contenido.
Durante todo el año 1998, un equipo de funcionarios de la Secretaría
de Estado trabajó con un grupo de expertos de diferentes
universidades españolas en la preparación de los primeros materiales
analíticos sobre la cooperación, de los cuales saldría el primer
borrador de plan director. Ante la ausencia de referentes en nuestro
país, fue necesario debatir el tipo de documento que se precisaba. Se
llegó a la conclusión de que, partiendo del mandato establecido en la
ley y de nuestra tradición de casi veinte años en el campo de la
cooperación, debería establecerse un programa ambicioso y moderno,
pero a la vez gradual y flexible, que permitiera de una forma
progresiva la mejor calidad de nuestra cooperación, transparencia,
una óptima comunicación con la opinión pública, su máxima
interlocución con Estados contraparte y poblaciones beneficiarias y
su contribución definitiva a la superación del subdesarrollo y de la
pobreza.
El profesor José Antonio Alonso asumió la dirección final de todo el
trabajo, que culminó con un estudio extenso de la cooperación
española y de sus líneas óptimas de evolució -que, por su valor
didáctico, será publicado próximamente por la Secretaría de Estado-y
un borrador de plan director, que fue recibido por la Administración
en enero de 1999. Desde enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha
procedido a su estudio y a su modificación, según lo que entendemos
deben ser las líneas correctas de la política de cooperación. Lo ha
distribuido al resto de ministerios para integrar sugerencias y
construir un texto que pueda ser elevado al Consejo de Ministros,
incluyendo las sensibilidades de todos los departamentos
ministeriales con actuaciones en materia de cooperación.
La Secretaría de Estado está poniendo a punto esta última versión del
plan, que deberá ser dictaminada por el Consejo de Cooperación,
puesta en conocimiento a las comunidades autónomas y a entidades
locales y, una vez aprobada por el Gobierno, trasladada a las Cortes
para su debate y dictamen. Es mi intención acelear estos trámites en
la medida de lo posible.
El borrador del actual plan director para el cuatrienio 1999/2002
incluye como subtítulo COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: UNA
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. Se significa con esto, desde el primer
momento, que se trata de una oferta de nuestra cooperación que tendrá
que ser profundamente discutida y acordada con aquellos Estados con
los que se mantiene una relación estable de cooperación; el elemento
de asociación para el desarrollo, es decir, diálogo
e interlocución privilegiada entre donante y receptor, con vistas a
garantizar la fiabilidad, la viabilidad futura de las intervenciones
de cooperación, que son absolutamente esenciales en el plan.
Obedeciendo el mandato legal, el plan, después de analizar los
cambios recientes en el sistema internacional de ayuda al desarrollo
y las premisas y principios y condiciones que deben informar toda
nuestra ayuda, dedica una especial atención a las prioridades
geográficas y sectoriales.
En lo que se refiere a las prioridades geográficas, se ha insistido
frecuentemente en la conveniencia de concentrar nuestro programa de
ayuda en una lista más restringida de países, de tal forma que
pudiese aumentarse el impacto de ésta y su contribución por ello a la
lucha contra la pobreza. Por esta razón, el plan incluirá una lista
de países-programa prioritarios en la recepción de fondos y que
estará centrada en los países más pobres de Iberoamérica, en nuestros
receptores tradicionales de Africa Subsahariana, los países más
pobres del subcontinente? y en los países del norte de África.
También se incluirán los países de los Balcanes azotados por las
últimas guerras y una serie de países asiáticos ahora mismo en
proceso de discusión.
En la selección de países se combinan los criterios de necesidades
básicas comparadas de las poblaciones, la propia capacidad de los
gobiernos de gestionar seriamente flujos externos de cooperación, la
ventaja comparativa de la cooperación española y nuestro conocimiento
del país, interlocución y compromiso con las autoridades locales.
Esto no excluye el que haya acciones puntuales en otros países o
circunstancias sobrevenidas que puedan aconsejar ampliar la lista.
La idea de planificación, tal como la entendemos, no va a asociada ni
a la rigidez de los planteamientos ni a la imposibilidad de adaptarse
a las propias necesidades de una realidad internacional cambiante y
compleja.
Se dedicará particular atención a los procesos de cooperación de
carácter regional, con especial hincapié en los derivados del
Convenio de cooperación de las cumbres iberoamericanas, instrumento
central de nuestro diálogo privilegiado con los países con los que
formamos ese foro cualificado de asociación.
En cuanto a las prioridades sectoriales, se ha optado por una
perspectiva que combine la inclusión de orientaciones de carácter
transversal, enfoques que deben estar presentes en todas las acciones
de cooperación junto con prioridades sectoriales referidas a ámbitos
temáticos específicos.
En cuanto a las orientaciones transversales u horizontales, se
considera que tanto la lucha contra la pobreza como la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres y la sostenibilidad
medioambiental deben informar todas las actuaciones de cooperación.
Junto a ellas, existen seis áreas específicas de acción prioritaria:
necesidades sociales básicas; inversión en el ser humano, en su
educación y valores culturales; desarrollo de las infraestructuras y
del tejido económico, con el ánimo de dinamizar el sector privado;
fortalecimiento de la sociedad civil; desarrollo de las instituciones
y buen gobierno; defensa del medio ambiente y prevención de
conflictos y apoyo a los procesos de paz.
No está definido aún el marco presupuestario final que se desea
proponer, pues se está trabajando en ello de forma conjunta entre
esta Secretaría de Estado y la de Presupuestos,
con vistas a establecer una perspectiva que conjugue la dotación
adecuada y creciente al esfuerzo de solidaridad que el Gobierno ha
defendido con los criterios globales de nuestra política
presupuestaria.
El plan dedica un capítulo, titulado Por un multilateralismo activo,
selectivo y estratégico, a lo que se estima debe ser nuestra postura
ante los organismos internacionales de cooperación, tanto los
vinculados al sistema de Naciones Unidas, como el Banco Mundial y
otro bancos regionales y a la Unión Europea. Se defiende una política
de iniciativa y presencia reforzada que permita participar de forma
creciente en todos los procesos multilaterales de elaboración de
doctrina y programación de la ayuda, que, como es bien sabido,
orientan y condicionan luego la dirección y el contenido de los
grandes flujos bilaterales.
El plan dedica otros capítulos a los instrumentos de la ayuda y a los
principales actores de la política, con lo que se completa una visión
global de toda nuestra ayuda oficial al desarrollo.
Como he dicho al principio, es mi intención avanzar cuanto antes en
este proceso de formulación del plan por parte de la Administración
para poder en breve plazo debatir de forma más amplia todo su
contenido definitivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el proponente del Grupo
Popular, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Con mucha brevedad, porque el fin
perseguido por la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario
Popular era iniciar el debate en esta Comisión de Cooperación de lo
que va a ser el principal instrumento de la cooperación española, el
plan director cuatrienal o plurianual, como también se le llama, que
tenía un carácter eminentemente informativo.
El debate de la cooperación al desarrollo y la lucha contra la
pobreza es un debate que de cara al próximo siglo dependerá de las
decisiones políticas que ahora tomemos. Yo creo que la cooperación
española, no lo creo sólo yo, lo decían los expertos y nos lo dijo el
CAD en el año 1994, tenía, probablemente por su juventud, problemas
importantes que debía de superar. De ahí la Ley de Cooperación, pero,
como no le gusta a la señora Fernández, no hablaré de la Ley de
Cooperación. La Ley de Cooperación establece como principal
instrumento de la cooperación española la planificación plurianual, y
era uno de los defectos de nuestra cooperación. Algunos expertos
consideran que va siendo hora de que la comunidad internacional, los
países donantes, empiecen a medir su esfuerzo en desarrollo no tanto
por la cantidad de recursos aportada, el 0,7, como por el impacto que
producen sobre el desarrollo esos recursos. Eso es algo a lo que no
podemos sustraernos si queremos empezar con buen pie el próximo
siglo, si queremos poner las bases de una política sólida de cara al
próximo siglo. ¿Por qué digo esto? Porque la necesidad de concretar
todavía más, porque la ley lo hace de manera muy general, las
prioridades geográficas y sectoriales de nuestra cooperación será
algo en lo que no solo España tendrá que avanzar, sino el conjunto de
los países donantes.
Qué duda cabe que el debate va a ser importante, porque los esfuerzos
de España siempre serán limitados, aunquenos acerquemos -y ese es el
objetivo deseable- al
0,7 del producto interior bruto; aunque nos vayamos acercando a ese
objetivo, los esfuerzos sólo de España serán muy limitados para
luchar contra la pobreza. Yo he estado en la semana en que no había
sesiones parlamentarias en un país donde existen 80 millones de
pobres, y es el principal problema de este país, no es ni siquiera el
empleo, porque no lo hay, la pobreza es su principal problema. Allí
las fuerzas políticas, las administraciones públicas, se están dando
cuenta de que no bastan ya declaraciones generales de impotencia
política sobre la cuestión de la pobreza, sino que hace falta
corresponsabilizarse en el desarrollo, y sobre todo establecer
vínculos de integración dentro de lo que nos espera en el próximo
siglo, que es ese espacio global de relaciones políticas, económicas,
culturales y comerciales, que ya se apuntan. Por eso me parece muy
adecuada la definición que el secretario de Estado ha señalado al
principio de su intervención del concepto de asociación para el
desarrollo, me parece capital. Nuestro grupo piensa que una de las
grandes reformas que necesitaba la cooperación española también era
conceptual, pasar de conceptos de ayuda a conceptos -como hemos dicho
antes y lo repito ahora- más amplios de cooperación. Pero esto va a
originar un debate importante.
Cuando se nos pide por parte de las organizaciones sociales que
concentremos nuestro esfuerzo en continentes extremadamente afectados
por problemas de pobreza, como puede ser África, no podemos
sustraernos a que tradicionalmente la cooperación española se ha
destinado a Iberoamérica, pero no la cooperación oficial sino la
privada, la que se instrumenta a través de los recursos privados que
gestionan las organizaciones no gubernamentales de todo tipo. Por
tanto, el debate es importante, y me parece que el Gobierno en ese
sentido está haciendo una apuesta que yo calificaría de vanguardista
y también de arriesgada. Espero que el espíritu de consenso que anima
a la Comisión de Cooperación Internacional y a este Parlamento en
estos temas sea también permanente en esta cuestión.
Me ha parecido muy importante el señalar a los países pobres como los
principales destinatarios de nuestra cooperación, ya lo dice la ley,
y todavía más importantes las prioridades sectoriales, con esas tres
patas importantísimas de lucha contra la pobreza, igualdad de mujeres
y hombres y protección del medio ambiente. Yo creo que son las claves
del desarrollo sostenible. En ese sentido, siendo la cooperación
española una competencia multidepartamental y multidisciplinar, el
hecho de que podamos aplicar todos estos criterios y este enfoque
transversal de nuestra cooperación puede ser algo realmente
importante.
El Grupo Parlamentario Popular no está preocupado, se lo digo con
toda sinceridad, señor secretario de Estado, señor presidente, por el
marco presupuestario. Nosotros sabemos que los Presupuestos Generales
del Estado recogerán el esfuerzo que España pueda y quiera hacer en
materia de cooperación para el desarrollo. El esfuerzo y el impulso
está siendo muy importante en los últimos años y creo que no tiene
retorno, porque el liderazgo y la credibilidad de un país se juzga ya
por su capacidad de hacer cooperación, no sólo cooperación para el
desarrollo, sino cooperación en el más amplio sentido de la palabra,
por su capacidad de estar luchando contra la pobreza y de manera
solidaria en las relaciones internacionales. Por eso, creo
que el esfuerzo conceptual, programático y de planificación que se
está haciendo es importante.
Señor presidente, para terminar quiero recordar algunos datos. No
solamente es importante el esfuerzo de priorizar geográfica y
sectorialmente nuestra cooperación, darle un enfoque transversal u
horizontal adecuado, no solamente es importante lo que haga la
cooperación pública, es muy importante lo que haga también la
cooperación privada, los proyectos de cooperación que impulsa la
propia sociedad española, en colaboración con las administraciones
públicas o bien por sus propios medios, porque nosotros pensamos que
el plan director será de aplicación para el conjunto de la
cooperación española.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con extremada brevedad.
Nosotros no tenemos suficientes elementos para pronunciarnos aún
sobre el contenido del plan director. Sin lugar a dudas, el plan
director va a ser el principal instrumento de vertebración de la
política del Gobierno en esta materia y, por tanto, su debate será de
una enorme importancia. Nos gustaría que, antes de que se llegase al
trámite formal del trabajo parlamentario sobre el plan director, los
grupos tuviésemos oportunidad de trabajar sobre las propuestas del
Gobierno. Nos llegan inquietudes de algunas organizaciones no
gubernamentales en el sentido de que las propuestas inicialmente
realizadas por el profesor Alonso se han visto limitadas en la
previsión con la que ya trabaja el Gobierno. Desconocemos tanto el
trabajo del profesor Alonso como el documento con el que trabaja
ahora el Gobierno. También nos preocuparía que una cierta actitud
prepotente con la que el Ministerio de Economía y Hacienda afronta
este paquete de cuestiones, se viese reflejada en los trabajos que se
hagan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sepa el secretario
de Estado que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a
defender el sentido y la filosofía de la Ley de cooperación, que es
clara e inequívoca en esta materia.
Por tanto, quiero reiterarle esta voluntad de diálogo, esta voluntad
de trabajar sobre los documentos que el Gobierno tenga en marcha.
Lógicamente, nos gustaría que este plan director, insisto, columna
vertebral de la política de cooperación al desarrollo del Gobierno
español, informase ya los presupuestos del año 2000 en esta materia.
En este sentido, nos ponemos a su disposición para avanzar en la
elaboración del mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Muy brevemente, señor presidente.
Está claro que el plan director es el instrumento más importante que
va a tener la cooperación española en los próximos cuatro años. Usted
ha dicho en su intervención que no está todavía definido el marco
presupuestario que, junto con los elementos de prioridades, es
probablemente
el elemento más importante. Quisiera recordarle dos cosas. Aquí se
aprobó una proposición no de ley a instancias del Grupo Parlamentario
Popular, en el sentido de que en el horizonte del año 2000 se
establecería el 0,7 por ciento para la cooperación. La significación
de la palabra horizonte puede ser muy amplia, pero habida cuenta de
que el plan es 1999-2002, según ha expresado anteriormente, el 2002
ya está cercano al horizonte, y entonces sería importante saber qué
marco presupuestario se maneja. Además, a pesar de lo que se ha dicho
otras veces, usted sabe que todavía hoy, a cifras oficiales -y las
cifras oficiales últimas de ayuda oficial son de 1997-, estamos más
lejos del 0,7 que en el año 1995. En el año 1995 se dedicó el 0,24
por ciento, en 1996 el 0,22 y en 1997 el 0,23; o sea que según las
últimas cifras oficiales conocidas de 1997 estamos más lejos del 0,7
en 1997 que en 1995. Esos son datos. Seguro que tendrá explicaciones,
pero son datos. Veremos cuáles son las de la ayuda al desarrollo de
1998, que le preguntamos a final de abril en la comparecencia al
secretario general y la previsión era que saliesen a finales de
abril, no tenemos ningún dato y si usted lo puede avanzar se lo
agradeceremos.
Como usted sabe, se están elaborando documentos para los Presupuestos
Generales del Estado del año 2000. Ya está circulando documentos por
los ministerios, como siempre ha sido en estas fechas, que van a
conformar el proyecto de ley de presupuestos. Si ya se están
elaborando documentos sería bueno que fuesen en la línea de lo que no
es todavía un proyecto determinado, pero sí son líneas de actuación
del plan director. Que no haya contradicción entre lo que figure en
los presupuestos y los contenidos que después discutamos sobre este
plan cuatrienal.
Por último, si nos pudiese dar su previsión -con todo lo que esto
supone de riesgo porque evidentemente después siempre le podremos
preguntar sobre ello- sobre cuándo prevé usted que entrará en el
Congreso el plan director. ¿Tiene usted alguna previsión? No me
refiero a cuando lo apruebe el Congreso, que eso ya no depende de
usted, depende de la Cámara, pero sí cuándo entrará en el Congreso el
plan director para su debate.
Para finalizar, creo que es un buen documento el que ha hecho el
profesor José Antonio Alonso y nosotros compartimos muchísimas de las
cosas que allí se dicen, pero tengo la impresión de que va a haber
también, al margen del tema presupuestario, mucho tira y afloja
-perdonen la reiteración- con el célebre problema que estamos aquí
tratando muy a menudo de la dirección política real de la
cooperación. En ese debate no mire usted a este grupo como adversario
político. Probablemente tenga usted mejor aliado en este grupo que en
otros a la hora de apoyarle en que la dirección política de la
cooperación tiene que estar en su ministerio y no en otro.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos, tiene la palabra el
señor Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Señor presidente, a mí, como
ustedes se pueden imaginar, me gustaría que estuviese pasado mañana
ya aprobado el plan y debatiéndose, porque nuestro compromiso es que
fuese un plan que
sirviese para 1999. Por tanto, a mí me gustaría que este plan
estuviese aprobado, y voy a hacer todo el esfuerzo posible para
sensibilizar a los diferentes ministerios a que aproximen posiciones
y definitivamente podamos tener un texto.
De todas formas yo creo que no va a ser difícil alcanzarlo. El texto
de base es tremendamente bueno, sólo puede generar consenso entre
todos y reconocimiento de su calidad y el esfuerzo presupuestario
tampoco me preocupa demasiado. Al ritmo que vamos creciendo, las
últimas cifras que computó la OPE ayer elevan la ayuda oficial al
desarrollo del año pasado de nuestro país al 0,25 por ciento, cifra
récord por primera vez en la historia de la cooperación española.
Sinceramente, al ritmo que venimos creciendo, en cuanto ayuda oficial
al desarrollo, creo que las previsiones presupuestarias que hace el
plan son muy realistas.
El plan contempla dos escenarios, uno que es más ideal y otro que es
más real. Ese escenario real creo que se puede cumplir perfectamente
y plantarnos al final del año 2002 con un esfuerzo cercano al 0,350
por ciento. Ese es un escenario real: el 0,7 es absolutamente irreal,
imposible. Vuelvo a decir que sigue siendo un objetivo moral de
todos, pero les hablo claro. El 0,7 del año 2000, partiendo del 0,25,
es absolutamente impensable. Esos dos escenarios presupuestarios que
hemos elaborado y que hemos elevado a la Secretaría de Estado de
Presupuestos creo que son realistas y por ahí irán las cifras. Al
ritmo que venimos creciendo tampoco hace falta hacer un esfuerzo
mayor. Es un plan a cuatro años e irá bien.
Pongo a disposición de todos los grupos de la Cámara, si quieren, el
índice de la actual versión del plan director, que les viene ya a
indicar por dónde van los tiros, tendencias del sistema de ayuda al
desarrollo, premisas y principios y condiciones de la ayuda,
realidades sectoriales y geográficas, objetivos y marco
presupuestario por un multisectorismo activo, selectivo y
estratégico, como he dicho antes, estrategias de intervención,
prioridades horizontales, principales instrumentos de la ayuda y
principales actores de la política de ayuda.
Estamos también trabajando en aquellos capítulos que no han sido
mejorados con sugerencia de otros ministerios con organizaciones no
gubernamentales a efectos de acercar al máximo posiciones, quemar
etapas y, cuanto antes,poder tener aprobado este plan por el
Gobierno, dictaminado por este Cogreso.
- DIRECTRICES Y GUÍA DE CONCEPTOS DEL COMITÉ DE AYUDAAL DESARROLLO
(CAD) SOBRE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/001942)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación al punto 11 del orden
día, que es la comparecencia del secretario de Estado de Cooperación
Internacional para informar acerca de las directrices y de la guía de
conceptos del Comité de Ayuda al Desarrollo sobre la igualdad entre
las mujeres y los hombres, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su exposición, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA( Villalonga Campos): Una de las principales razones
del ingreso de España en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
en diciembre de 1991 fue la homologación y coordinación de la
cooperación española con los principales donantes del mundo. De
manera creciente, España ha ido participando en el intercambio de
planteamientos de experiencias, así como en la elaboración
consensuada de doctrina en varios de los grupos constituidos en el
seno del CAD. En concreto, así ha ocurrido en el grupo de trabajo del
CAD para la igualdad entre mujeres y hombres, denominado: De mujer y
desarrollo hasta 1998. Este grupo aprobó en 1998 dos documentos que
han sido recientemente traducidos y editados por la Secretaría de
Estado. Su propósito es contribuir a una mayor eficacia de la ayuda
al desarrollo a través de la coordinación entre los miembros del CAD,
del consenso en los principios y objetivos y de la aplicación de
metodologías comunes. Se trata de las directrices del CAD para la
igualdad entre las mujeres y hombres y el empoderamiento de la mujer
en la cooperación para el desarrollo y de la guía del CAD de
conceptos y enfoques relativos a la igualdad entre mujeres y hombres.
La edición española de ambos textos se ha realizado en un sólo libro,
bajo el título de Síntesis, directrices y guía de conceptos del CAD
sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Estos documentos tienen
características distintas. Las directrices constituyen el texto
doctrinal teórico, que tiene una evidente dimensión programática, con
el propósito de informar e influir en los sectores de la cooperación
para el desarrollo. Partiendo de los compromisos asumidos en la
declaración y la plataforma para la acción de Pekín en 1995, se
ofrecen orientaciones para elaborar y poner en marcha políticas y
programas acordes con el covencimiento de que la igualdad entre
mujeres y hombres es un tema esencial para el desarrollo. Constituyen
también el paso de un enfoque de mujer y desarrollo a uno más amplio,
basado en la igualdad entre los sexos. La promoción de la igualdad se
convierte en el centro de atención en lugar de considerar a las
mujeres como un grupo objetivo. La igualdad entre mujeres y hombres
debe ser un tema que se incorpore en los procedimientos de
elaboración de políticas, en la planificación, en la evaluación y en
la toma de decisiones. Este plena integración se traslada también a
las relaciones con autoridades, sociedades de los países en
desarrollo, de modo que contribuya a la adopción por éstas de
estrategias en este ámbito.
El otro documento, la Guía de conceptos y enfoques, es, en su origen,
una recopilación de materiales utilizados durante el proceso de
elaboración de las directrices, el primer libro. Aporta luz a la
delimitación de conceptos profusamente utilizados y de plena
actualidad como el de empoderamiento o plena integración de la
perspectiva de género, incluyendo ejemplos prácticos y biografía
especializada. Se podría afirmar que constituye una herramienta de
consulta que ofrece argumentos prácticos ante cuestiones como, por
ejemplo, la justificación de la igualdad entre los sexos, su
relación con la injerencia cultural o las distintas modalidades de
resistencia encontradas. El contenido expuesto explica así la
pertinencia de realizar su traducción al castellano para facilitar su
amplia difusión; por ello, se han incluido estos dos documentos en la
serie de publicaciones que la Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, a través de la OPE,
dedica a los principales temas de cooperación para el desarrollo.
Esta edición ha representado también una oportunidad para realizar un
esfuerzo de precisión terminológica en castellano. Se tuvieron
presentes las opciones de traducción de términos ya tomadas en el
campo de las ciencias sociales y de la cooperación internacional para
el desarrollo, así como las traducciones al castellano de
publicaciones anteriores sobre el tema. De modo especial se tomó como
referencia al Instituto de la Mujer, pero también se consultaron las
traducciones realizadas por Naciones Unidas, la Comisión Europea,
organismos de la Administración española y ONG. Naturalmente, en
ocasiones hubo que efectuar alguna elección procurando mantener el
respeto al idioma.
Esta publicación se encuentra también disponible en soporte
informático en la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Internet, y se trata del primer libro publicado por la Secipi, que se
difunde también por la red. De este modo yo creo que resultará más
accesible a los especialistas y al público en general y de
Iberoamérica.
La edición del libro no puede considerarse un fin en sí mismo, desde
luego, ni mucho menos el inicio de un compromiso de la cooperación
española a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, que ya es
viejo. Podemos recordar cómo la Ley de Cooperación para el Desarrollo
contempla entre sus principios la promoción de un desarrollo humano
global, incluyendo el enfoque de género, y define como una de las
prioridades sectoriales la igualdad de oportunidades, la
participación y la integración social de la mujer. Por su parte, el I
plan director cuatrienal, que se encuentra en su etapa final de
discusión como acabo de informar, desarrolla la ley colocando la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres como una de las tres
orientaciones básicas de carácter transversal, junto a la lucha
contra la pobreza y la defensa del medio ambiente. Esto significa que
se trata de enfoques que deben estar presentes en todas las acciones
de la cooperación, cualquiera que sea el ámbito en que ésta se
despliegue. El planteamiento, además, expresa claramente la decisión
de trasladar el enfoque de género a planificación, a la metodología
de gestión de proyectos, a la evaluación de éstos, en definitiva,
a nivel de los resultados prácticos. En realidad, la cooperación
española ya está poniendo en práctica las directrices del CAD, así
como el enfoque entre la igualdad entre mujeres y hombres como
prioridad transversal en toda su actuación en Centroamérica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular
señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: De la plataforma para la acción de la IV
Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Pekín del año 1995 leo a
SS.SS. lo siguiente: El avance de la mujer y el logro de la igualdad
entre mujeres y hombres son una cuestión de derechos humanos y una
condición
para la justicia social y no deben encararse aisladamente como un
problema de la mujer. Únicamente después de alcanzados esos objetivos
se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada. El
empoderamiento de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres son
condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social,
económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos.El mismo año
1995, en la reunión de alto nivel que celebró el CAD, concluía: La
igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo estratégico global
para promover el papel de la mujer y, por lo tanto, para un
desarrollo sostenible centrado en la persona.
Recientemente, el documento al que muchas veces hacemos referencia
los portavoces parlamentarios, que es el papel de la cooperación para
el desarrollo en los albores del siglo XXI de la OCDE, del año 1996,
dice: Para que las estrategias de desarrollo tengan éxito deben
integrar varios elementos claves: requieren un marco firme y estable
de políticas, un énfasis en el desarrollo social y una mayor
participación de la población local y sobre todo de las mujeres.
Son textos que están recogidos en el libro al cual el secretario de
Estado ha hecho mención. La intención del Grupo Parlamentario Popular
era dar continuidad a aquella proposición no de ley, que fue
iniciativa también del Grupo Parlamentario Popular en el primer año
de esta legislatura, para que se priorizaran los proyectos orientados
al género, que fue aprobada por unanimidad con aportaciones de todos
los grupos parlamentarios.
Decía antes, señorías, que la lucha contra la pobreza dependerá en el
próximo siglo de las decisiones políticas que ahora tomemos los
gobiernos. Nuestro grupo piensa firmemente que una de las decisiones
políticas que España debe tomar, y que creo que está tomando, es
fijar una prioridad sectorial clara que se establece en el plan
director, el cual hemos debatido antes, y también en la propia ley de
cooperación, que, por cierto, lo que es el enfoque de género y la
incorporación como prioridad sectorial de la igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer ha sido - decir celebrado
por la comunidad internacional es emplear una frase casi hecha-
incluso objeto de artículos y ensayos de expertos e internacionales
sobre la ley española como una de sus principales características.
La intención de nuestro grupo parlamentario era informativa y también
de recordatorio. Estamos completamente convencidos de que, desde el
punto de vista específico, pero también transversal, la igualdad de
oportunidades entre el hombre y la mujer es ya una prioridad en las
políticas de la Agencia Española de Cooperación y del conjunto del
Gobierno. Avanzamos una idea más, por si es posible que sea recogida
por el resto de los grupos parlamentarios. La cooperación al
desarrollo en el seno de la Unión Europea ha avanzado de manera muy
importante cuando todos los países europeos establecimos la
condicionalidad democrática como cláusula para hacer cooperación;
después, las condicionalidades medioambientales, el desarrollo
sostenible, etcétera. Yo creo que si queremos ser eficaces, si
queremos que nuestras políticas sean más o menos importantes en
cuanto que los recursos tengan eficacia directa contra la pobreza,
tienen que orientarse decididamente a la igualdad de oportunidades
entre la mujer y el hombre.
Para terminar, recordaré lo que siempre nos recuerdan quienes
trabajan directamente en la cooperación, los que trabajan sobre el
terreno, los cooperantes españoles y españolas y los voluntarios
españoles y españolas: que allá donde hay pobreza la mujer todavía es
más pobre y encima es el motor económico de esos países. En los
países pobres, la participación, la contribución de las mujeres al
producto interior bruto y al crecimiento económico es
extraordinariamente importante. Luego, tenemos la experiencia de la
propia cooperación española y de la cooperación europea. Cuando se
han priorizado los programas para la igualdad de oportunidades éstos
han tenido éxito y han tenido efectos visibles y concretos sobre el
desarrollo. Por tanto, yo celebro la intervención del señor
secretario de Estado y animo al Gobierno a seguir por ese camino, un
camino de eficacia y realmente interesante para los próximos años si
queremos poner unas bases sólidas de lo que será la cooperación para
el desarrollo en el próximo siglo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora García Manzanares.
La señora GARCÍA MANZANARES: Voy a ser muy breve.
Todos somos conscientes de que la cooperación española y la igualdad
de género es algo relativamente reciente. Es a partir de 1991, con la
incorporación de España al Comité de Ayuda al Desarrollo, cuando se
empiezan a introducir estas consideraciones sobre el género en los
temas de la cooperación. También, como ha dicho el señor secretario
de Estado, la conferencia mundial de Beijing, en 1995, supuso un gran
empuje para que España, tanto a través del Instituto de la Mujer, en
aquel momento, como de la Agencia Española de Cooperación
Internacional después, marcara un poco sus esfuerzos y su trabajo
para incorporar esta perspectiva de género en las políticas de
cooperación.
Dicho esto, quiero manifestar que, aunque doy la bienvenida al señor
Villalonga, me resulta chocante que se le haya hecho venir para
anunciarnos que se ha hecho un libro; al menos, eso es lo que he
creído entender. Me resulta chocante que haya venido para presentar
las directrices del CAD y la guía de conceptos y enfoques -me alegra
saber que ahora lo tenemos en castellano; por supuesto, en Internet
ya lo teníamos tanto en francés como en inglés, pero está bien que se
traduzca y que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores quien haga una
publicación para su difusión, para su extensión a todos los ámbitos
de la cooperación en España e incluso para la información escolar-;
quizá yo me había creado una falsa expectativa con motivo de su
comparecencia, porque, puesto que conocemos las directrices del CAD y
la guía de conceptos y enfoques, aunque no traducida, yo entendía que
el secretario de Estado nos iba a anunciar también su trasposición a
la política de cooperación española o su incorporación a los
distintos ámbitos de la política de cooperación española, puesto que
la mayor parte de la comunidad de donantes ha tratado de integrar
esta perspectiva de género en sus políticas bilaterales y,
evidentemente, también España. Si ha sido así y yo no lo he entendido
bien, quizá el señor secretario de Estado me pueda aclarar algunas
dudas que en este sentido se me
plantean, porque pensé que nos iba a hablar de actuaciones concretas,
de incorporación de la perspectiva de género y de las líneas
directrices del CAD a la cooperación española, de actuaciones
concretas, de modificaciones necesarias en los contenidos de los
proyectos, de la adecuación del personal y de su formación, de los
presupuestos específicos para estos temas y de la estrategia para
introducir esta perspectiva de género en la política de cooperación
en general y en proyectos concretos en particular. Esto es lo que yo
esperaba. Probablemente es un poco pronto, y yo lo entiendo. Es un
poco pronto porque nos acaba de decir que se está trabajando en el
plan director y entiendo que éste será un aspecto que deberá estar
integrado en el plan director. No obstante, me gustaría que me lo
aclarase el señor Villalonga, si esto es así.
Ami me parece muy bien, y les felicito por ello, que se hayan
traducido estas líneas directrices, que se haya editado un libro en
castellano y que se difunda, pero podemos correr el riesgo de tener
la teórica bien encuadernada, bien publicada y quedarnos bastante
tranquilos diciendo ya está, ya lo hemos traspuesto y lo hemos
difundido. Sin embargo, es necesario esa trasposición o esa
traducción concreta a todos y cada uno de los ámbitos y de las áreas
de nuestra política de cooperación. Por eso mis preguntas son para
cuándo, en qué aspectos y qué medidas están tomando, al hilo de lo
que anteriormente le he preguntado. No voy a reiterar más porque
quiero cumplir mi promesa de ser breve. Espero su respuesta.
Señor presidente, ya que nos ha anunciado este libro, quería pedirle
que fuera tan amable de solicitarlo, aunque supongo que ya lo habrá
pensado, para enviárnoslo a todos los miembros de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Les enviaré el libro a todos
los miembros de la Comisión, los dos documentos del CAD traducidos
debidamente. Creo que tampoco hay ningún inconveniente en que puedan
disponer de la parte del plan director relativo al género e igualdad
entre hombres y mujeres. También les podemos hacer llegar a los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios aquella parte
relativa a los principios rectores o principios transversales, que es
la igualdad entre hombres y mujeres. Yo me comprometo a hacer una
comparecencia parlamentaria ante esta Comisión para explicarles cómo
se informan los diferentes programas de la Agencia Española de
Cooperación en materia de igualdad y género.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ SÁNZ (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO),
SOBRE INFORME PREPARADO POR EL GOBIERNO ACERCA DE LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS EN LACUMBRE DE COPENHAGUE PARA
PRESENTAR ANTE LAASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. (Número de expediente
181/002384)
El señor PRESIDENTE: Acontinuación pasamos a las preguntas, empezando
por la que corresponde al número 12 del orden del día, de la que es
autora la señora Fernández Sanz, que tiene la palabra para su
formulación.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor Villalonga, como conoce usted
perfectamente, estamos a la vez trabajando en una subcomisión de
derechos humanos para elaborar un informe, en el entorno de su 50
aniversario, y todas las organizaciones e instituciones que hemos
convocado y que ha convocado el señor Rupérez, como presidente de esa
subcomisión, han venido a concluir en algo que algunas de nuestras
serias e importantes organizaciones no gubernamentales, como es el
caso de Intermom, llevan tiempo peleando: los derechos humanos son
derechos sociales. Y los derechos sociales se tienen que mejorar en
los países del norte, trabajando internamente en el porcentaje del
PIB que dedicamos a gasto social y con los países del sur a travésm
de la ayuda al desarrollo. Al preguntar si había ya informes al
Gobierno y no tener respuesta, y acercándose la fecha, pues, si no
estoy mal informada, se está celebrando una reunión estos días en
Nueva York para preparar la próxima asamblea y tratar el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por todos los gobiernos en
la cumbre de Copenhague en la lucha contra la pobreza, nuestro grupo
ha querido preguntar en esta Comisión y en la de Política Social y
Empleo si podemos conocer la posición de nuestro Gobierno, cómo se
han ido cumpliendo los compromisos y, para los que nos sentimos
insatisfechos, qué nuevos mecanismos de ajuste se prevén. Creo que
Cáritas e Intermón presentan hoy un informe a los medios de
comunicación, y nos lo harán llegar a todos, acerca de cómo evalúan
ellos el grado de cumplimiento de los 10 puntos de la cumbre de
Copenhague. A mí me parece un buen documento: he tenido la
oportunidad de ver un borrador y yo pediría al Gobierno que, si
también ha elaborado un documento para llevarlo a esa reunión de
Nueva York, nos lo envíe. Si no, todo lo que usted nos diga ahora nos
será de mucho interés.
Puesto que se trata de una pregunta y no quiero que el señor
presidente me llame la atención, no puedo repasar los 10 puntos, pero
sí quiero hacer una reflexión acerca del hecho de que nuestro plan
director dibuje nuestra mayor presencia en los organismos
internacionales. A mí esto me ha parecido siempre muy importante; se
han hecho cosas, ustedes también las han hecho en estos tres años y
sé que forma parte de sus prioridades. Me parece muy importante que
tengamos en esos organismos internacionales, personas españolas,
porque son voces, son criterios, son opiniones, es una forma de estar
presente en el mundo. Si tuviera que decirle algo acerca de los 10
puntos -ya buscaré otro momento donde podamos discutir sobre ello,
posiblemente después de ver su informe-, yo diría que debemos
esforzarnos más en todo lo que son los recursos de la ayuda oficial
al desarrollo, sobre todo en dos ejes. Uno, cómo hacemos frente a la
pobreza que crece en nuestro país. Está cambiando la orientación
decreciente hacia un pequeño crecimiento. Eso no se lo tengo que
preguntar a usted, sino
a los ministerios del área social, pero sí quiero manifestar que
tenemos que intentar que los recursos de ayuda oficial al desarrollo
que dediquemos a hacer frente a la pobreza sean mayores. La
estadística se puede mirar de muchas maneras, pero nuestro porcentaje
es escaso. Incluso podemos llegar al 20-20. Estamos en un ocho,
estamos creciendo, pero ahí hay que hacer un esfuerzo importante. El
otro esfuerzo, en opinión de nuestro grupo, tiene que ver con la
educación básica. También hemos discrepado de lo que dicen que
dedican a educación; no creemos que se deban incluir los programas de
las becas a los universitarios, etcétera, sino que hay que centrarse
en la educación básica.
De los 10, puntos destaco cómo podemos conseguir una mayor presencia
de España en todos los organismos internacionales, como herramienta.
Después, como objetivos importantes, déjeme decirle que, sin entrar
en el detalle de esos 10 puntos, para el Grupo Socialista está que
dediquemos cada vez más recursos, más porcentaje de nuestra ayuda a
luchar contra la pobreza en el sur, así como a atender las
prestaciones básicas, tal y como nos recomienda Naciones Unidas. Por
otro lado, dedicar más recursos a la educación básica en nuestro
porcentaje de programas, en nuestros programas de cooperación, nos
parece que debería ser prioritario para todos y de forma especial
para ustedes.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Villalonga.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Para los señores diputados que
no conozcan el compromiso, les recordaré que, en Naciones Unidas, la
asamblea general convocó, mediante una resolución, una sesión
especial del 26 al 30 de junio para efectuar una evaluación global de
los compromisos adquiridos en la cumbre mundial de desarrollo social
celebrada en Copenhague. La asamblea, en el curso de su 52º período
de sesiones, estableció un comité preparatorio para el proceso. Ese
comité tuvo su primera reunión organizativa en mayo del año pasado y
acordó, además de reafirmar la declaración de Copenhague y el
programa de acción, señalar los progresos en todos los países y los
obstáculos que se han encontrado para la aplicación de los
compromisos y recomendar medidas y actividades para reactivar los
compromisos de Copenhague. Se encargó al secretario general que
elaborase un documento de evaluación con informes nacionales para
presentarlos en el segundo período de sesiones sustantivo del comité
para el año 2000. El secretario general ha elaborado ya unas
directrices y una estructura común para los informes nacionales, que
nos ha enviado y nosotros tenemos que hacer llegar la respuesta
a Naciones Unidas el próximo 30 de junio. La fecha es posterior a la
primera reunión sustantiva del comité preparatorio, que tendrá lugar
del 17 al 28 del próximo mes de mayo.
El texto que afecta a España, y que estamos coordinando desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores, afecta también a varios
departamentos, concretamente a Educación y Cultura y Sanidad. El
informe destaca dos líneas, que son las que conforman la declaración
y el plan de acción de Copenhague, la cooperación al desarrollo en
cuanto a
movilización y utilización de recursos y los aspectos sociales que
son los que competen al Ministerio de Trabajo y Asuntos.Sociales.
Contiene también una serie de cuestiones esenciales tratadas en
Copenhague y demandadas por el secretario general sobre erradicación
de la pobreza en nuestro país, políticas de empleo, medidas de
formación profesional, programas y actuaciones para la integración
social, la igualdad de oportunidades, realizaciones para los
colectivos desfavorecidos y vulnerables. Ello conduce a una
perspectiva nacional de cumplimiento bastante amplio, de compromisos,
yo creo que satisfactorio, y que no impedirá la formulación de
sugerencias como la aportación a la elaboración general en el proceso
de aplicación de los resultados. El texto se encuentra en un estado
de elaboración muy avanzado y estará dispuesto con tiempo suficiente
para el cumplimiento del plazo. Lo haremos llegar a todos los
diputados cuando lo tengamos terminado.
- DEL SEÑOR CASTILLO JAÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE PLANES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON
COLOMBIAPREVISTOS POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 181/002437)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 13, pregunta que formula
el diputado del Grupo Popular, señor Castillo Jaén, que tiene la
palabra.
El señor CASTILLO JAÉN: Por el mes de febrero, invitados por la
Conferencia episcopal colombiana y Cáritas internacional, una
delegación de diputados de esta Comisión tuvimos la oportunidad de
acompañar a una delegación internacional de parlamentarios de los
parlamentos europeos en una visita a Colombia. En ella pudimos ver la
situación, puesto que fueron unas jornadas de intenso trabajo, en
todas las zonas de Colombia, sobre todo, las zonas conflictivas.
Pudimos detectar la violencia que existe en ese país, la violencia
física contra la vida y contra la libertad. Existen 28 grupos armados
de signo ideológico diferente, los cuales han profesionalizado la
violencia. En relación con los derechos humanos, hay un
incumplimiento absoluto del derecho humanitario internacional; las
ONG relacionadas con temas de derechos humanos se ven amenazadas y
piden la colaboración y el apoyo internacional. Pudimos constatar el
problema de los desplazados forzosos, difícil de cuantificar, porque
no hay cifras exactas ni de la propia Administración, pero hay con
seguridad entre 500.000 y un millón de personas que han sufrido un
desplazamiento forzoso. También constatamos los efectos recientes
provocados por el terremoto en el eje cafetero. Eso nos hizo llegar a
una conclusión y a manifestar que es necesario actuar puntualmente en
temas de cooperación específica, tales como necesidades básicas,
sanidad o educación en la paz y la tolerancia, en un país que lleva
50 años en conflicto armado.
El día 16 de marzo, en una iniciativa del Grupo Popular, suscrita por
la Comisión de Asuntos Exteriores, en su punto sexto, se instar al
Gobierno a revisar los planes de cooperación bilateral con Colombia,
con el objetivo de
aumentar dicha cooperación. En Colombia, como en Kosovo, hay guerra,
hay violencia armada, hay violación de derechos humanos y muchas
personas forzadas al desplazamiento obligado. Si bien no aparecen
asiduamente en los medios de comunicación, no puede tintar de
opacidad la situación y el sufrimiento al que los colombianos están
sometidos. De ahí procede la gran inquietud de nuestro grupo, creo
que compartida por el Gobierno y por toda la sociedad española;
inquietud y preocupación que hoy trasladamos al Gobierno en demanda
de cuáles son los planes actuales y los proyectos de futuro de
cooperación con Colombia.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Villalonga.
SECRETARIO ESTADO PARA LA El señor DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): Por supuesto, entre los
objetivos primordiales de la cooperción de España que tienden a
potenciar las capacidades internas de Colombia, están el
fortalecimiento institucional y la modernización de los sectores
productivos como una estrategia para apoyar los esfuerzos de paz que
superen los desequilibrios internos, pobreza, marginalidad, etcétera.
También se están realizando actividades para apoyar específicamente
el proceso de pacificación y, tras el terremoto de Armenia del pasado
25 de enero en el eje cafetero, se están dirigiendo los esfuerzos a
apoyar la reconstrucción de las zonas devastadas por el seísmo.
En cuanto a las prioridades, en la última comisión mixta, que se
celebró en Madrid en marzo de 1999, se acordó acentuar la cooperación
bilateral en torno a cuatro grandes líneas que configuran la misma,
prioritarias para la cooperación española. La modernización
institucional y el refuerzo de las capacidades del país para
satisfacer las necesidades sociales básicas, educación y
capacitación, formación de recursos humanos, ciencia y tecnología,
modernización de los sectores productivos de infraestructura
y refuerzo de la cooperación cultural realizada por la Agencia, además
del apoyo al proceso de paz.
Como ocurre en muchos países de desarrollo medio, se está produciendo
una evolución en Colombia, en la que la cooperación al desarrollo va
tomando un protagonismo y también las organizaciones no
gubernamentales. Parte de la acción se desarrolla con apoyo de la
Agencia, ya que en las últimas convocatorias hemos visto crecer el
número de proyectos dirigidos a Colombia, sobre todo el interés de la
sociedad civil española en participar en procesos de pacificación en
las zonas de despeje. La cooperación y los compromisos incluidos en
la comisión mixta se desarrollan en forma de asistencias técnicas, de
becas, de cooperación, con participación de diferentes instituciones
de las administraciones públicas. No hay un gran proyecto que
implique un alto desembolso, salvo un programa de microcréditos que
incluimos en la presente comisión mixta, que se pondrá en marcha
próximamente y que tiene como objetivo conseguir el acceso al crédito
de sectores especialmente desfavorecidos, con el fin de facilitar la
creación de microempresas y apoyar a sectores marginados. La
asistencia técnica también aparece como un capítulo fundamental del
proceso de apertura económica y modernización que vive Colombia. Cabe
citar una nueva línea de cooperación que intenta fomentar y potenciar
el proceso de pacificación interna que se está desarrollando en aquel
país y de respeto a los derechos humanos.
En el área de modernización institucional y refuerzo de capacidades
para satisfacer necesidades sociales básicas, estamos llevando a cabo
un programa de modernizacion de la función pública en Colombia que
incluye cooperación en materia penitenciaria, judicial, desarrollo de
nuevas normativas en materia económica y apoyo al proceso de paz,
también educación, formación y capacitación de recursos humanos en
ciencia y tecnología . Y, en el sector de modernización de los
sectores productivos y de infraestructuras, un programa de
fortalecimiento del sector empresarial, con encuentros entre
empresarios, cursos teóricos sobre microcrédito, pequeñas y medianas
empresas sectoriales, gestión del medio ambiente y reconstrucción del
eje cafetero, aparte de que se han realizado en Colombia numerosos
intercambios de universidades en el terreno de la cooperación
cultural.
Colombia es un país prioritario para España. En estos momentos, tiene
la principal dificultad de la accesibilidad de las ONG a gran parte
del territorio. Estoy seguro de que, si el proceso de paz avanza,
será uno de los objetivos prioritarios de la cooperación en toda
América. Se requiere un gran esfuerzo para modificar la sociedad
colombiana. Tantos años de guerra han dado lugar a situaciones de
gravísima injusticia y pobreza extrema en un país que se puede juzgar
como de los más ricos de América, que tiene una clase empresarial
activa que, a pesar de la guerra, ha hecho que el país crezca en los
últimos años una media del 7 por ciento. Tiene una buena clase
universitaria, un buen factor humano, una buena clase política. Sin
embargo, se requieren reformas importantes en la cultura democrática,
en la de partidos, en la seguridad pública, en prisiones, en
educación, en sanidad, etc.
Colombia en el caso que avance el proceso de paz, estoy seguro de que
se convertirá, si no en el primero, sí en uno de los primeros
receptores de cooperación española de toda América.
- DEL SEÑOR IZQUIERDO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS BASES PARA LAS
SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG). (Número de
expediente 181/002439)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 14 del orden del día, pregunta
que formula el diputado del Grupo Popular, señor Izquierdo, que tiene
la palabra.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Voy a ser muy breve, dada la hora y que
estamos todos un poco cansados.
Hace tres años aproximadamente, cuando el Gobierno tomó posesión, se
publicaron unas nuevas bases de concesión de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales;
luego fueron reformadas y ampliadas en posteriores decretos, sino
estoy mal informado.
El objeto de la pregunta, señor secretario de Estado, es solicitarle
una valoración de lo que ha sido la aplicacion de estas bases en
estos años y saber si el Gobierno tiene la intención de introducir
novedades en las mismas o plantearnos a los grupos parlamentarios las
reflexiones que considere oportuno hacer sobre el particular.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor
Villalonga
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMÉRICA (Villalonga Campos): La valoración que hace el
Gobierno es que las bases de 1996 se manifestaron como un excelente
instrumento de gestión del programa de subvenciones a organizaciones
no gubernamentales, ya que regularon de formna pormenorizada cada uno
de los elementos del proceso, desde los requisitos del acceso de las
organizaciones no gubernamentales a los fondos públicos, a los
criterios de selección de proyectos, el sistema de concesión,
seguimiento y control de los mismos e incluso la propia evaluación.
Ha sido un buen instrumento y he de decir que las bases requieren
perfeccionarse y tenemos que ir más allá. En ese ejercicio yo tengo
cautelas políticas. Y quiero ser sincero ante la Comisión diciendo
que pasar a un sistema de mauyor confianza con algunas organizaciones
no gubernamentales siguiendo los convenios-marco que existen en otros
países de nuestro entorno, con menos trabas administrati vas, con
mayores plazos que den lugar a una posible planificación a cuatro
años, que vaya en paralelo con nuestro plan director. Para eso es
necesario optar y establecer esa relación de confianza o ese
contratop de confianza con algunas organizaciones no gubernamentales,
de acuerdo con criterios objetivos. Tenemos preparados en la Oficina
de Planificación y Evaluación unos modelos que van a permitir
seleccionar qué organizaciones no gubernamentales van a tener esa
relación privilegiada con la Administración, que les va a garantizar
una financiación plurianual a cuatro años en base a más que
proyectos, lineas de acción en países determinados que se adapten
también a las prioridades sectoriales y geográficas de nuestro plan
director. Sin embargo, no he encontrado todavía consenso suficiente
enn el seno de las organizaciones no gubernamentales españolas. He de
decir, que cuando anunciamos que estábamos trabajando para la
elaboración de estos contratos-marco con algunas ONG,las presiones
fueron trementas por todos los lados y no creo que estemos en el
mejor momento para sacarlas de forma inmediata. En la próxima
legislatura, uno de las cosas que tenemos que conseguir desde la
Agencia Española de Cooperación es, en primer lugar, aumentar
considerablemente los fondos que tenemos para subvencionar proyectos
de organizaciones no gubernamentales, de manera que nos permitan no
detraer, por el hecho de firmar contratos-programa, recursos en forma
significativa a algunas ONG que están trabajando y bien. Requerirá
necesariamente optar por favorecer la fusión de organizacones no
gubernamentales, la federación entre ellas. No es normal que,
compartiendo un espacio ideológico y una sensibilidad
social similar, tengamos cinco o seis ONG que actúan en el
mismo ambito de desarrollo y que compartan la misma sensibilidad
social y política. Tendríamos que fomentar que se agrupasen, a
efectos de poder establecer esos contratos-programa que pasarán a
convertirse en el centro de la cooperación española.
Cuando se inició esta legislatura, yo me propuse como objetivo
reducir el número de ONG subvencionadas por la cooperación española y
creo que lo hemos conseguido. Hemos pasado de subvencionar a 340 ONG,
a menos de la mitad (en este momento estamos en 70 u 80) y mi
intención es hacer contratos-programa con un máximo de 5 ó 6 ONG que
respondan a diferentes criterios, entre ellos, base social,
reconocido prestigio, extensión en todo el territorio nacional, una
serie de condiciones que negociaremos con todas ellas, a través de la
coordinadora. Para llegar a esa relación privilegiada y que gestionen
esas cinco ONG, al menos un 40 por cierto del presupuesto, que
dedicaremos a subvencionar proyectos de organizaciones no
gubernamentales, se requiere tranquilidad política, porque el hecho
de optar es siempre doloroso.Y tenemos que dar un salto cualitativo
que permita a las ONG que planifiquen con tiempo y que aquellas que
tienen base social y que tienen prestigio social tengan una relación
privilegiada con la Administración, como ocurre en cualquier país de
nuestro entorno.
El señor PRESIDENTE: Señorías, es el momento procesal oportuno para
agradecer al secretario de Estado su disposición y su presencia
maratoniana en esta comparecencia de cerca de cinco horas, y proceder
a suspender la Comisión dos minutos, simplemente para despedir al
señor secretario de Estado y seguir con los restantes puntos del
orden del día.
Muchas gracias, señor Villalonga. (Pausa.)
Señorías, reanudación la Comisión, avisándoles que el punto número
15, que era una pregunta del señor Fuentes Gallardo, relacionada con
el nivel de representación que ostentará la delegación española ante
el grupo consultivo de países donantes, que se reunirá en Estocolmo a
finales del mes de mayo, estaba previsto que fuese contestada por la
señora secretaria de Estado de Comercio, Turismo y la Pequeña y
Mediana Empresa, pero comunica el departamento que se encuentra de
viaje oficial a Rusia y que, por tanto, no podrá contestar la
pregunta de referencia. (El señor Fuentes Gallardo pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GALLARDO: Simplemente quiero decir que, entendemos
que si está de viaje, no puede contestar la pregunta, pero, habida
cuenta de que era una pregunta que también incorporaba una
comparecencia para informar de una reunión que va a tener lugar a
finales de este mes, si no viene hoy, ya no podrá hacerse, porque
cuando vuelva ya se habrá producido esta reunión en Estocolmo. Ya que
ella no puede venir y tiene motivos, como ha explicado, podía haber
pedido al secretario de Estado de Cooperación, como tantas veces ha
pasado en esta Comisión y en otras cuando comparece el Gobierno, que
la pregunta la hubiese respondido él. Es una pregunta sobre una
reunión internacional que va a tener lugar a final de mes,como he
dicho, y porque había que plantearla ahora. Después
ya preguntaremos por los resultados de la cumbre de Estocolmo. Pero
no acabo de entender cómo, aprovechando que estaba aquí el secretario
de Estado, la señora Pisonero no le ha pedido que responda, como
tantas veces, repito, ha pasado en esta Comisión cuando comparece un
miembro del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: No puedo contestarle, como usted podrá
comprender, porque ni soy la señora Pisonero -creo que está claro-,
ni el señor secretario de Estado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE HABILITACIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR LAS
MEDIDAS DE ACCIÓN HUMANITARIA INTEGRAL A LOS DESPLAZADOS DE KOSOVO.
PRESENTADAPOR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente
161/001568)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate y votación de
la proposición no de ley del Grupo Socialista, en relación con el
crédito extraordinario para financiar las medidas de acción
humanitaria integral a los desplazados de Kosovo.
Tiene la palabra la señora Fernández Sanz.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: La proposición guarda relación con la
posición del Grupo Socialista ante las comparecencias que el Gobierno
ha tenido en las fechas anteriores e incluso con lo que hemos hablado
hoy durante la comparecencia del secretario de Estado en el punto
sobre la situación y los recursos dedicados a la ayuda humanitaria
para los albano-kosovares.
Por tanto, diré, señor presidente, que esta es una proposición no de
ley para que nos comprometamos, junto con Europa y Estados Unidos e
influyamos en Europa y Estados Unidos, en la solución de este
problema histórico de la vieja Europa, en la reconstrucción de la
zona, en la europeización de la zona y en la democratización de la
zona. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No,
para la ayuda humanitaria con la OTAN no nos tenemos que comprometer,
eso es otra cosa. Para que la guerra, en definitiva, la gane la
gente, tenga una etnia, tenga una religión o viva en una zona o en
otra; para que nuestra presencia tenga el máximo peso, como
manifiesta el Gobierno que quiere que se tenga en Acnur, en Europa en
el ECHO y en Cruz Roja Internacional o cualquier otra gran
organización internacional, como Caritas Internacional; para poder
ayudar a los países limítrofes que están siendo los más solidarios,
como siempre sucede; para situarnos en la media europea en recursos
dedicados a la solución del problema y para que clarísimamente con
las personas que sufren no hagamos marketing y cuando demos cifras lo
hagamos con el máximo rigor.
Esta es una oportunidad para hacer crecer el porcentaje de PIB
dedicado a la ayuda al desarrollo, y, si quieren que también sea un
poco cínica, que no me gusta, es para que la mentira del presidente
del Gobierno sea corregida . Por eso hablamos de cifras correctas y
de cifras concretas.
Nuestra proposición habla de que realmente haya un crédito
extroardinario de 8.000 millones; de que se gaste eso, más y mucho
más, como ha dicho el secretario de Estado que ya vamos por 17.000
millones por otros conceptos que no se pueden sumar en ayuda
humanitaria; para que se ponga en marcha un plan, no tenemos, como
decía el señor Izquierdo, ningún interés en la palabra plan, él tiene
una alternativa que habla de plan y no habla de recursos, por tanto
da más importancia al plan, mientras que nosotros damos más
importancia a los recursos-, y para que clarísimamente se canalice lo
que ya hemos consensuado en este país respceto a dónde deben de ir y
cuáles son las prioridades de los recursos y las actuaciones.
También para que se actúe de manera anticipada y haya recursos y
anticipos de tesorería. Miren, aunque no le afecta al Ministerio de
Asuntos Exteriores, de esos 500 millones que ya están decididos por
nuestro Gobierno para las personas que vienen aquí, tienen ustedes
que saber que todavía las organizaciones que están acogiendo a estos
ciudadanos no han recibido los recursos y como ya le dijimos al
vicepresidente del Gobierno, es que pintar el seminario, comprar las
camas, las mantas, las toallas, las sábanas, la loza,etcétera, ha
supuesto la petición de un crédito del secretariado católico de
migraciones y todavía no ha llegado el dinero que ya está
comprometido, pero que implica buscarlo por otro lado. Hay que tener
anticipos de tesorería también para las organizaciones que están
actuando allí, las españolas y con las que nosotros queramos
trabajar, aunque no sean españolas, que no lo están pasando bien y
están teniendo auténticos problemas de tesorería.
Nosotros seguimos manteniendo la petición de las comunidades, de las
ONG y de las corporaciones locales de que se cree una comisión mixta
donde estén todos y planteamos lo que parece ser que a nuestro
Gobierno le parece bien y es que venga periódicamente y nos dé
informes escritos de lo que se va dedicando a cooperación al
desarrollo.
Conclusión: la proposición no de ley pide los recursos concretos que
el presidente del Gobierno dijo que iba a dedicar a ayuda humanitaria
para seguir actuando en estos grandes objetivos en los que todos
estamos de acuerdo. Pide que se informe de a qué van dirigidos todos
los recursos que se dedican, sean créditos FAD, sean varios, sean
gastos de otros ministerios, sean la parte en que nosotros
contribuimos en ECHO en Europa, en apartados diferentes.
Por último, leídas las dos proposiciones, la de Convergència y la del
Grupo Popular -siento que el procedimiento no lo permita- si el
procedimiento lo permitiese, el Grupo Socialista votaría a favor de
sus propuestas, pero no como propuestas alternativas. Igual que les
digo que les cabe la posibilidad de convertirlo en una proposición y
traerla aquí o al Pleno y les garantizo que se lo apoyaríamos, de
igual manera les digo que en el a más y más, que dicen los catalanes,
que tiene nuestra propuesta, como es dibujar una cantidad, que dijo
el presidente del Gobierno y que no es real, que ustedes apoyen
nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado
dos enmiendas, una que plantea el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), y otra que plantea el Grupo Popular.
Para defender la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra su portavoz, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presenta una enmienda de sustitución al texto
del Grupo Socialista. Entendemos que el texto que Convergència i Unió
sitúa encima de la mesa contiene los elementos de fondo que podrían
permitir que efectivamente hoy esta Comisión aprobase una postura
política clara e inequívoca en tres líneas. En primer lugar, que el
conjunto de medidas que el Gobierno está desarrollando, por lo que
hace referencia a los campos situados en la zona del conflicto, por
lo que hace referencia a la acogida de los refugiados y por lo que
hace referencia al retorno de estos refugiados, deben conformar un
plan global de actuación. En segundo lugar, que, además, este plan de
actuación, su necesaria financiación, mientras se pueda hacer sobre
la base de los recursos que hoy el Gobierno está movilizando continúe
desarrollándose así, pero que lógicamente no suponga un detraimiento
de recursos públicos destinados a otras políticas sociales y a otras
políticas de cooperación al desarrollo. En tercer lugar, que esta
actuación se enmarque en una visión global, que es la que supone la
propuesta que ha partido de la Unión Europea de elaboración de un
plan de estabilidad para toda la Europa del sudoeste.
Entendemos que a través de una fórmula parlamentaria consensuada
empezaríamos a articular un mecanismo político que pudiese permitir
al Gobierno en los próximos ejercicios presupuestarios realmente
comprometerse a fondo con esta tragedia humanitaria. Que nadie crea
que estamos planteando simplemente una cuestión que va a tener
efectos en el corto plazo; en los próximos años todos los grupos
políticos de esta Cámara deberemos posicionarnos, proponer, habilitar
medidas y créditos que hagan frente a la situación que se vive en los
Balcanes. Para que efectivamente esta no sea una política de un
Gobierno, de un grupo político, sino del conjunto de los grupos
políticos de la Cámara, debemos ser capaces de encontrar un mecanismo
que realmente nos permita llegar a ese consenso mínimo político.
Entendemos que nuestra proposición no de ley contiene esos elementos
mínimos que podrían permitir hoy a la Comisión aprobarla.
Es evidente que el planteamiento que hace la ponente socialista
dificulta la posibilidad de encontrar este consenso, pero nuestro
grupo parlamentario, lógicamente, está muy interesado en que la
Cámara se pronuncie de manera inequívoca sobre estas cuestiones y
presentará esta enmienda en forma de proposición no de ley. En
noviembre de 1998 fuimos capaces de ponernos de acuerdo todos los
grupos políticos en un texto relativamente similar al que propone
Convergència i Unió en relación con el huracán Mitch, en concreto, en
un debate de proposiciones no de ley que hubo el 24 de noviembre de
1998. Creo que ese instrumento daba a los grupos políticos una
capacidad de seguimiento de la acción de Gobierno suficientemente
eficaz; existía una postura del Congreso que todos compartíamos y que
nos permitía hacer un seguimiento de esa política.. Hoy,
lamentablemente, esta Comisión de cooperación para el desarrollo no
podrá votar una resolución que oriente
la acción del Gobierno en esta línea. Nosotros lo lamentamos
porque entendemos que la posición del Grupo Socialista en este
sentido ha sido demasiado cerrada, que podíamos haber encontrado
puntos de aproximación entre su texto y el nuestro, y esto no se ha
producido. También entendemos que el Gobierno y el Grupo Popular
deberían actuar en esta materia con una mayor voluntad de generar
consensos políticos y sociales. Nadie de la opinión pública puede
entender que seamos incapaces de ponernos de acuerdo en esta materia
por tanto, yo pienso que la censura -y aquí incluyo al Grupo de
Convergència i Unió- moral y política sobre nuestras actuaciones nos
pesará a todos en los próximos días.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo
Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del
Grupo Socialista con la intención de alcanzar un acuerdo. Hace
bastante, tiempo después de que el Gobierno compareciera ante la
Cámara en reiteradas ocasiones y se presentaran por registro
iniciativas similares cuando la cuestión de Centroamérica, fuimos
capaces los grupos parlamentarios de aprobar una iniciativa conjunta.
Esa siempre ha sido la voluntad del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular. En ese sentido, presentábamos esta enmienda.
No hay mucha voluntad de diálogo y de acuerdo ante una iniciativa tan
importante como ésta, que viene precedida de aproximadamente once
comparecencias del Gobierno, de las cuales a petición propia al menos
han sido la mitad, y viene precedida de un debate intensísimo en esta
Comisión de cooperación durante la mañana, en la que el Gobierno, una
vez más, ha vuelto a comparecer y a explicar cuál es el plan global o
el plan de actuación del Gobierno ante la crisis humanitaria que se
está produciendo en los Balcanes. Cuando fue presentada en mano en la
reunión de la Mesa y portavoces del Congreso de los Diputados el
pasado martes, casi fue sorprendente que llegara a conocimiento del
conjunto de los grupos parlamentarios en la reunión de la Mesa y
portavoces de la Comisión el pasado jueves y no hemos visto ninguna
voluntad de acercamiento por parte del grupo mayoritario de la
oposición; o sea, no hemos recibido ninguna llamada en el sentido de
que se quisiera consensuar dicha iniciativa.
Por lo tanto, quede bien claro que la posición del Grupo
Parlamentario Popular al presentar esta enmienda ha sido la de
intentar este acuerdo parlamentario. Pero difícilmente puede haber
consenso cuando se dicen cosas tan gordas como llamarle mentiroso al
presidente del Gobierno en una Comisión y se dice que no se quiere
ser cínico. No se querrá ser cínico, pero se siembra la duda por si
tiene el efecto mediático. Hoy hemos tenido la puntualización de los
datos de lo que se está haciendo, de lo que España está haciendo ante
la crisis humanitaria de Kosovo. Si cuantificáramos en pesetas la
iniciativa que el Grupo Socialista hoy presenta a la Cámara, estaría
muy lejos de los 17.532 millones que el Gobierno actualmente ha
comprometid, pero políticamente puede seguir resultando interesante a
alguno ir contracorriente. Contra corriente puede pasar cualquier
cosa
menos agradable. Yo recomiendo al Grupo Socialista que se suba encima
de la ola, que además es una ola en la que queremos que esté.
Nosotros estamos dispuestos a aceptar cuantas sugerencias haga, pero
si se intenta apoyar en un debate estrictamente contable, hablando de
créditos extraordinarios y de anticipos de tesorería, es como si la
proposición no de ley la hubiera hecho un técnico contable. De esa
manera se intenta apuntalar la idea global y general que se lanza de
que el presidente del Gobierno ha mentido, de que no hay 8.000
millones de pesetas y se pone un ejemplo. He dicho antes que se nos
diga qué organización no gubernamental. Ahora y después no habrá
ninguna que tenga ningún detraimiento de recursos por la crisis
humanitaria de Kosovo. Decir que los anticipos de tesorería son
necesarios para que las ONG no adelanten los recursos, es no conocer
cómo se trabaja en la cooperación. Lo digo con toda modestia e
intento ser cortés. (Rumores.) Hay un organismo que se llama
Intervención General del Estado, lo que ocurre es que algunos grupos
parlamentarios creen poco en la intervención de las cuentas públicas.
Lo dejaremos ahí. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, dejen hablar al señor
Diputado.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor presidente.
En el fondo, señorías, las cuestiones de fondo interesantes que
propone la iniciativa del Grupo Socialista están ya recogidas en el
planteamiento que el Gobierno expuesto en esta Cámara en reiteradas
ocasiones.
Nos parece interesante la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), en el sentido de que se pongan la bases del
acuerdo parlamentario para que después no perdamos el norte y España
siga comprometida en lo que va a ser una tarea importantísima de
reconstrucción de la zona de los Balcanes. Estamos completamente de
acuerdo y por eso nosotros incorporamos también un punto muy parecido
al que ustedes introducen en su enmienda. No le oculto, a fuer de ser
sincero, que para la redacción de nuestra enmienda de sustitución
hemos utilizado bastantes elementos de su propia enmienda.
Estoy convencido de que no se va a producir ningún detrimento de
recursos de ODE española, lo intenté explicar antes, tenemos margen
suficiente para hacer compatible el marco presupuestario actual con
el interés económico y los recursos financieros y económicos que
España quiera aportar a la crisis humanitaria de Kosovo. Es
perfectamente compatible, tenemos colchón, los Presupuestos Generales
del Estado, por primera vez, presupuestan - permítaseme la
redundancia- aproximadamente 240.000 millones de pesetas. Voy a
recordar, señor presidente, lo que hasta ahora está comprometido en
los Presupuestos Generales del Estado. Estoy convencido, además, de
que si fuera necesario comprometer más, más se comprometería, con
toda seguridad. Sucedió en el caso de Centroamérica y volverá a
suceder ahora. Por tanto, no hagamos de un debate contable un
oportunismo -si se me permite la expresión- político bastante poco
edificante. (Rumores.) Al final después los medios de comunicación
-como dice la proponente socialista en su exposición de motivos-
concluyen
en que el debate ha sido muy poco edificante, que en poco o en
nada ha movido a la solidaridad.
Hasta la fecha el Gobierno ha comprometido más de 17.000 millones de
pesetas; lo repito, porque no ha mentido el presidente del Gobierno.
(Rumores.) Es muy fuerte decir eso, sobre todo en esta Cámara.
(Rumores.) De la Agencia Española de Cooperación ha comprometido
2.051 millones; 750 millones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales; 7.515 millones del Ministerio de Defensa; 11 millones del
Ministerio de Sanidad; 7.000 millones en créditos FAD, para la futura
reconstrucción que saldrá del presupuesto del Ministerio de Economía
y Hacienda. Este compromiso supera con creces los 8.000 millones de
pesetas que inicialmente anunció el presidente del Gobierno, por lo
tanto, habrá que decir que se quedó corto, pero no que ha mentido.
(Rumores.) En ese sentido podríamos hasta aceptar la crítica del
Grupo Socialista. (Rumores.) Aestas cifras, no obstante, señorías,
hay que añadir la contribución que España hace a la Unión Europea y
que la Unión Europea está destinando a Kosovo -lo conoce muy bien la
diputada doña Matilde Fernández-, que asciende a más de 3.230
millones de pesetas, que es el 6,9 por ciento de los 282 millones de
euros comprometidos por la Unión Europea desde el comienzo del
conflicto. Por tanto, señorías, no cabe volver a repetir con
insistencia esa cuestión ni tampoco tener que admitir nosotros
-porque negamos la mayor, evidentemente- que la intención del Grupo
Socialista es dejar claro que el Gobierno miente, que el Gobierno no
va a cumplir lo que dice y que para asegurar que el Gobierno haga lo
que tiene que hacer y no hace, hacemos esta iniciativa.
Nosotros estaremos decididos al consenso parlamentario -se lo digo al
portavoz de Convergència i Unió-, y si su grupo presenta una
iniciativa similar ante el Pleno de la Cámara o en esta Comisión, no
dude de que contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Ypara terminar, sobre la manifestación que ha hecho la señora
Fernández sobre la aceptación o no de la enmienda que le proponemos,
tengo que decir que lo vamos a sentir de manera muy especial porque
en esta Comisión se ha dado muy pocas veces, creo que sólo en una
ocasión -y a los hechos me remito y a nuestros eficaces servicios
jurídicos de la Cámara, con el letrado al frente-, que se haya roto
el consenso parlamentario sobre proposiciones no de ley. En todas las
demás iniciativas, en la figura de proposición no de ley hemos ido
todos juntos. No creo que tenga que romperse algo que es muy
importante como es ir todos juntos en las cuestiones de solidaridad
por una simple cuestión de oportunismo político y además sobre datos
y hechos no solamente no contrastados, sino meridiana y absolutamente
falsos. (Rumores.-Una señora diputada: Izquierdo nunca defrauda.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra su portavoz, el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Para que el Gobierno no tenga la consideración
de que la oposición no valora positivamente ninguno de sus actos, en
concreto los que estamos discutiendo ahora sobre las actuaciones que
está realizandoen relación con el problema de los refugiados
kosovares,
nosotros vamos a alegrarnos por lo que podría ser sentar -
permítaseme la expresión- una jurisprudencia respecto a lo que está
pasando ahora con ese problema. Quiero decir que nos gustaría que no
fuese la única vez, sino la primera de las siguientes crisis que se
puedan producir, en que el Gobierno español abre la posibilidad de
recibir a los principales afectados por estos conflictos, en este
caso por los kosovares. Anteriormente, por desgracia, no fue así, y
en los conflictos que se produjeron en distintos países de Asia y de
África en fechas muy recientes, con muchísimos más afectados de todo
tipo, psicológicos, materiales, muertos, heridos, desplazados,
etcétera, las fronteras se cerraron. Que ahora se les aloje en
nuestro país y se les posibilite además un marco de asistencia
sanitaria, de trabajo, de asistencia social, etcétera, me parece
digno de encomio, más allá de los matices que expresemos los
distintos grupos sobre si deberíamos recibir a un mayor o menor
número o si la actuación debería ser más o menos coordinada. Por lo
tanto, yo quiero subrayar que esta es la primera vez que hemos hecho
algo y que espero que no sea la última.
Y ahora sí que entraríamos en el fondo de la cuestión para ver qué es
lo que estamos haciendo. Sobre todo, es evidente que los problemas de
descoordinación abundan, y por ello subrayamos la necesidad de una
coordinación que la proposición no de ley recoge como uno de los
objetivos fundamentales. Se han dado casos como los de Sigüenza, en
los que tanto la Administración del Estado como la ONG que trabajaba
en aquel lugar poco menos que discutían sobre quién debía actuar
sobre los refugiados, y la verdad es que es un espectáculo bastante
lúgubre ver cómo se trata a los refugiados como una mercancía, a
veces por motivos electoralistas o de imagen y otras por la necesidad
de cumplir las funciones para las que se supone que están creadas
algunas de las ONG que hacen cooperación.
Los problemas de descoordinación no se han dado sólo en España, sino
también en las zonas donde están los refugiados. Se está dando el
caso de que la ayuda se va canalizando a través de Acnur y Acnur dice
que no tiene recursos suficientes y las ONG se quejan exactamente de
lo mismo, de que como canalizan las ayudas a través de Acnur, a ellos
no les están llegando recursos para las acciones humanitarias que
tienen encomendadas. Por tanto, urge aplicar estos mecanismos de
coordinación no sólo para las acciones en el Estado español, sino muy
especialmente para las que se hagan en la zona de los Balcanes.
Tenemos que agradecer que no sólo España sea generosa con sus
recursos y entendemos como adecuado el marco de los créditos
ampliables para poder sufragar cualquier crisis que se produzca. Lo
propusimos para el Mitch; ahora se vuelve a discutir sobre el asunto
y vemos que es un mecanismo adecuado y acertado. Esa es una
cooperación bilateral, pero en el marco en el que ahora nos
desenvolvemos observamos con gran reticencia otro tipo de ayudas que
se pueden presentar como asépticas y que en el fondo jamás lo han
sido. Las ayudas del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional siempre han venido con anexos. En nuestro grupo no
vamos a ser reticentes a recabar recursos de cualquier organismo
multilateral, pero lo que sí vamos a exigirles es que dejen todas las
cláusulas que vienen acompañando a cierto tipo de ayuda para no
desestructurar la economía de ningún país.
Por último entramos en el apartado de los recursos. Seguimos sin
comprender cómo la ayuda humanitaria se equipara a los gastos
militares que está ejerciendo nuestro país en la zona del conflicto.
Lo dijimos cuando se aprobó la Ley de cooperación y vemos de nuevo
cómo, a pesar de que el Comité de Ayuda al Desarrollo reconoce que
dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo se pueden considerar unos
gastos de este tipo como de ayuda humanitaria, al final se está
acarreando un cajón de sastre donde se está contabilizando desde el
carburante para nuestros destructores hasta los militares que tenemos
allí no ejerciendo ayudas básicamente humanitarias y un montón de
elementos que no tienen nada que ver con lo que se supondría que es
la solidaridad española para con los afectados. Por tanto, cuando
contabilicemos recursos no hablemos sólo del bruto, sino de la
calidad de los mismos que estamos destinando para ayuda humanitaria.
También deseo dejar constancia del apoyo de mi grupo a esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, intervengo para comunicar
a los grupos Popular y Catalán (Convergència i Unió) que cuando se
intenta mejorar una proposición no de ley en general se hacen
propuestas de adición. Cuando se presenta una alternativa completa,
si a mí antes, controlando al secretario de Estado, me llamaban
tomista -miren que me caía mal, cuando estudiaba filosofía, el
tomismo; yo, de los socráticos y de los estóicos pasaba a Kant porque
me parecía que ya estaba entrando en la lógica-, a ustedes les tengo
que decir que su proposición, de ligth, es posmoderna, que para mí
esto es una concepción filosófica de la ambigüedad supina. (La señora
Balletbó i Puig: Muy bien.) Ustedes podrían haber planteado unos
puntos para mejorar o unas propuestas para cambiar, porque, al final,
cuando yo me emperro en los 8.000 millones, como su réplica es que yo
me emperro en los 8.000 millones, lo que quieren es que no consten
los 8.000 millones para ayuda humanitaria. Bueno, ¿si ponemos en
lugar de 8.000 un crédito que nos sitúe en la media europea, lo
aceptan? Porque en el resto, acaba de decir el secretario de Estado
que está de acuerdo con elaborar informes periódicos, con dividir la
información de los recursos que se dediquen según en qué otros
conceptos. Si ya han gastado más de 8.000 millones en ayuda
humanitaria, ¿por qué no me apoyan? ¿Por qué no aceptan que empecemos
diciendo que 8.000 millones de ayuda humanitaria en principio, pero
que no se mezcla con otras cosas? Si nosotros estamos de acuerdo con
la cuenta de la Agencia, con que incorporen más temas; se trata sólo
de que digan qué es cada cosa, de dónde viene y qué es cada recurso.
Nuestra proposición no de ley es mejor que la de ustedes porque es
más completa, incluso recoge lo que ya hemos pactado y consensuado,
aceptando del Gobierno y en diálogo con ONG, comunidades autónomas y
corporaciones locales, y con posicionamiento de los grupos
parlamentarios. Apunta lo que seguimos pactando y lo que tendremos
que hacer para la reconstrucción de la zona. Es una proposición no de
ley mucho más completa y más acorde con las posiciones que ha traído
hoy aquí el secretario de Estado sobre créditos
FAD y fondo de ayuda al equipamiento. Nosotros lo hemos recogido con
anterioridad. Ya lo ha dicho aquí el secretario de Estado. ¿Por qué
no aceptan nuestra proposición no de ley si la de ustedes está
descafeinada? Con los huracanes hemos aprendido ya que el viento se
lleva demasiado las cosas que están redactadas ambiguamente. Queremos
mucha más concreción y esa es la diferencia que hay entre lo que
ustedes y nosotros planteamos.
Insisto, señores que sustentan al Gobierno: si ya han puesto más de
8.000 millones de pesetas en ayuda humanitaria, ¿por qué les molesta
que pidamos que aparezca un crédito ampliable en el futuro? Si dicen
que todavía se van a dedicar más recursos, partan de esos 8.000
millones que habían dibujado e intentado mentalizar a la sociedad
española, que era el punto de partida de donde arrancábamos todos.
Apoyen esta proposición no de ley y estarán haciendo eso que todos
decimos que queremos hacer: política de Estado.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: No voy a enseñarle a la señora
Fernández usos parlamentarios porque es bastante más veterana que un
servidor, pero ella sabe perfectamente que entre una proposición no
de ley y una enmienda de sustitución existe la práctica parlamentaria
que permite multitud de aproximaciones entre el texto inicial
presentado por un grupo y el texto enmendante. Cuando hay voluntad de
llegar a acuerdo todos somos capaces de conseguirlo.
Yo he tenido la sensación desde el primer momento de que poco interés
tenía esta mañana la señora Fernández en llegar a un acuerdo. Recojo
su guante, le sugiero que retire su proposición no de ley y que los
grupos presentes en esta Comisión nos sentemos para buscar una
fórmula a lo largo de esta tarde que nos permita llegar a un consenso
que vaya más allá del texto del Grupo de Convergència i Unió, del
Grupo Popular y del propio texto del Grupo Socialista. Yo creo que
hay algunos elementos en los que todos estamos de acuerdo. Primero,
que hay que movilizar el máximo de recursos públicos para esta
situación; segundo, que hemos de procurar que esta movilización no
implique una disminución de los recursos que destinamos a otras
prioridades de orden social o de cooperación y, tercero, que el
problema es grave, que va a continuar durante un tiempo y que o
existe un compromiso político de fondo de todos los grupos o
seguramente seremos incapaces de encontrar las fórmulas financieras y
económicas que nos permitan de verdad ir al fondo del problema. Yo
creo que tenemos oportunidades y si la señora Fernández
retira su proposición no de ley estoy seguro de que esta tarde
o mañana por la mañana podremos llegar a un acuerdo sobre un nuevo
texto.
El señor PRESIDENTE: El señor Izquierdo tiene la palabra.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señora Fernández, no me vale ese
argumento. Si ponemos 17.000 y yo digo sólo 8.000, ¿por qué no lo
acepta?
Vamos a calificar su proposición no de ley con una simple palabra,
dentro de la cortesía parlamentaria: innecesaria. Ya están previstos
en los Presupuestos Generales del Estado no esos 8.000 millones que
usted pretende aportar aquí, sino más. Diré simplemente una cosa: a
diferencia de otros, este Gobierno, afortunadamente, ya preveía en
sus presupuestos estas cosas, lo que denota una intencionalidad
política clara y concreta. (La señora García Manzanares: ¿Preveía la
guerra?) No; preveía la importancia que para España tiene y va a
tener la cooperación para el desarrollo y la solidaridad
internacional, a diferencia de otros planteamientos políticos.
(Rumores.)
Dicho esto, señor presidente, si pide que se apruebe un plan y ya
existe, comprenderá S.S. que no nos pongamos de acuerdo. Yo recojo el
testigo del portavoz de Convergència i Unió porque sus palabras me
han parecido muy adecuadas y muy sensatas. Se lo digo en lo personal,
porque es justo decirlo. (Rumores.)
Señorías, si quieren seguir con el espíritu de la ley y de esta
Comisión para hacer una política de todos, harían muy bien en retirar
su iniciativa. El Grupo Parlamentario Popular se compromete a pactar
con todos los grupos un texto que sea aprobado por el conjunto de la
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se desprende claramente de la
intervención de los distintos portavoces, y fundamentalmente de la
proponente, que no se aceptan las enmiendas de los grupos
enmendantes.
Por tanto, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
en los términos que propone el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.