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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 673, de 22/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 673
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 42
celebrada el jueves, 22 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Empleo (Chozas Pedrero)
para informar sobre:
- Cómo va a cumplir el Gobierno la proposición no de ley de la
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados,
sobre la utilización del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y no de
las empresas de trabajo temporal en la Administración central y
periférica del Estado, sus organismos autónomos y empresas públicas.
A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 213/000627) ... (Página 19494)
- Posición del Gobierno ante la elaboración por parte de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un nuevo convenio que
se centre en la erradicación inmediata de las formas extremas de
trabajo infantil. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000655) ... (Página 19494)
- El marco normativo de las empresas de inserción y del desarrollo
del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Comité español de representantes de minusválidos
(CERMI). A solicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 212/
001709) ... (Página 19500)
Preguntas:
- Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
filtración de datos del paro del Instuto Nacional de Empleo (INEM)
por parte de dirigentes del Partido Popular, así como medidas para la
corrección de esta grave anomalía. (Número de expediente 181/001903)
... (Página 19508)
- Del mismo señor diputado, sobre conclusiones que saca el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de la condena al director del Instituto
Nacional de Empleo (INEM) de Valladolid por ofensas a miembros del
Cuerpo Nacional de Policía. (Número de expediente 181/002001)
... (Página 19509)
- Del mismo señor diputado, sobre razones por las que se pone trabas
a la cogestión de los trabajadores en la sociedad europea y se
bloquea el desarrollo de la normativa comunitaria sobre la misma.
(Número de expediente 181/002098) ... (Página 19511)
- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones encaminadas a mejorar
el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. (Número de
expediente 181/002099) ... (Página 19513)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (CHOZAS PEDRERO)
PARA INFORMAR SOBRE:
- CÓMO VA A CUMPLIR EL GOBIERNO LA PROPOSICIÓN NO DE LEY DE LA
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS,
SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) Y NO DE
LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y
PERIFÉRICA DEL ESTADO, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 213/000627)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Debo informarles que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida ha enviado un escrito comunicándonos que retira la petición de
comparecencia en Comisión con el número de expediente 213/000627, que
figura como punto 1 en el orden del día. Solicitamos de los miembros
de la Comisión su aquiescencia para que esta petición sea efectiva en
todos sus términos. (Asentimiento.)
Si no hay ningún grupo que quiera hacer uso de su derecho para
mantenerla, queda aprobada por asentimiento la retirada del punto 1
del orden del día.
- POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA ELABORACIÓN POR PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) DE UN NUEVO CONVENIO QUE
SE CENTRE EN LA ERRADICACIÓN INMEDIATA DE LAS FORMAS EXTREMAS DE
TRABAJO INFANTIL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000655)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto 2 del orden del día, que
es la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) para que informe el secretario general
de Empleo. Dado que hubo acuerdo de la Mesa y Portavoces de esta
Comisión el día 14 del presente mes, el ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales será sustituido por el secretario general de Empleo, al que
damos la bienvenida y deseamos toda suerte de éxitos en su nueva
función.
Esta comparecencia se solicita para que informe de la posición del
Gobierno ante la elaboración por parte de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de un nuevo convenio que se centre en
la erradicación inmediata de las formas extremas de trabajo infantil.
Tiene la palabra el señor secretario general de Empleo, señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Muchas
gracias a todos.
Entrando directamente en el contenido de la solicitud de
comparecencia, esto es, informar de la posición del Gobierno ante la
elaboración por parte de la Organización Internacional del Trabajo de
un nuevo convenio sobre erradicación inmediata de las formas peores
de trabajo infantil, hay que señalar que en la Conferencia
internacional del trabajo, que se celebrará en Ginebra en el próximo
mes de junio, se va a proceder a la segunda discusión de los puntos
relativos al trabajo infantil, con vistas a la elaboración de un
nuevo instrumento internacional sobre la materia.
Con esta comparecencia intentaré manifestar la postura que el
Gobierno español va a adoptar en el debate de la propuesta de la
Oficina Internacional de Trabajo, señalando que, en líneas generales
y habiendo algún antecedente más o menos remoto, por parte del Estado
español siempre se ha seguido una postura favorable a la ratificación
de cuantos instrumentos internacionales han ido dirigidos hacia tal
fin, hacia la protección de la educación y desarrollo de los menores
y a la erradicación y limitación de su trabajo y explotación. Nuestra
propia Constitución recoge en el artículo 39.4 el principio de que
los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos. Prácticamente la
totalidad de los instrumentos internacionales genéricos o específicos
que
sobre la materia se han aprobado han sido ratificados por España
(sería bastante largo repetir el gran número de instrumentos
genéricos o específicos), lo que indica la intención, siempre, desde
antiguo, del Estado español de contribuir con una postura clara al
próximo debate del nuevo instrumento que nos ocupa.
La situación que da lugar a la elaboración del nuevo convenio está
descrita en el informe que a tal efecto elaboró la Organización
Internacional de Trabajo bajo el título El trabajo infantil, lo
intolerable en el punto de mira, que puso de manifiesto la magnitud
del problema del trabajo infantil en algunos países.
El hecho de que, según las estimaciones revisadas por la oficina
estadística de la OIT, el número de trabajadores que tienen entre 5 y
14 años de edad se cifre como mínimo en 120 millones en el mundo,
advierte de la gravedad de la situación. Asimismo, el hecho de que
muchos de ellos trabajen en condiciones francamente peligrosas y
nocivas para su seguridad, salud y desarrollo, el que por otro lado
pervivan situaciones similares al trabajo en régimen de esclavitud
mediante la venta de niños y niñas por una suma de dinero, y el que,
por último, existan situaciones de explotación económica infantil,
tales como la trata de niños y niñas, la prostitución y la
pornografía infantil son argumentos suficientes para apoyar la
consolidación de un nuevo instrumento institucional e internacional
que tenga el objetivo de acabar con las peores formas de trabajo o
explotación económica infantil.
Respecto a la forma concreta del instrumento a adoptar, la propuesta
recoge la elaboración de un nuevo convenio de la OIT que aborde el
problema de las peores formas de trabajo infantil y que complementará
el convenio número 138 sobre la edad mínima para la admisión al
trabajo, de 1973. Este convenio, una vez aprobado y ratificado por
los Estados miembros, se aplicará a todos los niños y niñas, así como
a los adolescentes menores de 18 años de edad, y obligará a los
Estados miembros a suprimir inmediatamente las formas más extremas
del trabajo infantil; exigirá, asimismo, el establecimiento y
aplicación rigurosa de unas sanciones penales adecuadas igualmente
importantes, que incitarán a los Estados miembros a prestarse ayuda
por medio de una asistencia técnica o jurídica internacional u otras
formas de cooperación encaminadas a acabar con lo intolerable.
Debemos insistir, en esta segunda discusión que se va a celebrar en
el próximo mes de junio, en reconocer la prioridad inmediata de la
separación de los menores de las formas peores de trabajo infantil,
facilitando alternativas adecuadas para esos niños y sus familias, y
derivar progresivamente hacia la erradicación de toda actividad
laboral realizada por niños y niños en edad escolar, con inclusión de
cualquier actividad que dificulte su desarrollo y su educación. En
este sentido, España va a continuar apoyando el que todo trabajo que
dificulte la educación del niño deberá ser considerado inaceptable.
Por ello, se deben formular y ejecutar programas a plazo fijo de
educación básica obligatoria, universal y gratuita para todos como
componente principal de los programas nacionales de acción.
En relación con la cooperación internacional en esta materia, España
va a seguir apoyando la prestación de asistencia
a países implicados en la eliminación del trabajo infantil
mediante programas bilaterales y multilaterales como, por ejemplo, el
programa internacional para la erradicación del trabajo infantil en
América Latina, al que España contribuye como país donante de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, así como a examinar la
posibilidad de incorporar la obligación de combatir el trabajo
infantil, asegurando los derechos de los niños y niñas en los
instrumentos internacionales antes mencionados y ratificados.
España ha participado activamente en todos los foros y conferencias
que sobre la materia se han realizado en estos últimos años, y quizá
por destacar el papel activo que se está jugando en el ámbito
internacional, yo resaltaría ahora, en cuanto a la cooperación a
nivel internacional, la importantísima aportación que a los programas
de erradicación del trabajo infantil está desarrollando España,
aportación económica y material que ha sido favorablemente acogida
y ensalzada en la última conferencia internacional sobre la materia
celebrada en Oslo por el propio director general de la OIT. El año
pasado, en la conferencia internacional, España participó activamente
en los trabajos de redacción del primer borrador del convenio.
En este momento, en cualquier caso, existe un gran interés en abordar
investigaciones que puedan dar a conocer la realidad de este fenómeno
en países en que puede considerarse, en términos generales,
erradicado, pero una mejor y detallada investigación podría darnos
lugar a un conocimiento y a posteriores investigaciones o
actuaciones. En tal sentido se ha realizado, con auspicio de la
Organización Internacional del Trabajo, una exhaustiva investigación
en Portugal sobre las características y extensión del fenómeno del
trabajo infantil en dicho país, el primero de nuestro entorno que se
emprende con la metodología aportada por la OIT. Dada la posibilidad
de extensión de dicho programa o investigación a nuestro país, existe
un gran interés en abordar dicha investigación y está en estudio su
viabilidad, con la colaboración de la Organización Internacional del
Trabajo, lo que nos permitiría obtener datos homologables con los de
otros países, participando así en el programa de la OIT denominado
programa de información estadística y seguimiento en materia de
trabajo infantil, la participación en la marcha mundial contra la
explotación laboral de la infancia, la participación y elaboración de
cursos específicos de la Unicef en nuestro país y la elaboración de
una parte específica de los programas anuales de la Inspección de
Trabajo monográficamente enfocada hacia la represión del trabajo
infantil.
Entre las acciones que se están llevando a cabo para abordar el
problema de una manera más genérica, se ha firmado un convenio marco
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español
de la Unicef, en cuyo marco se está realizando un estudio sobre
diagnóstico, sobre explotaciones de diversa índole de los menores en
España, con el propósito de conocer su realidad social y los
problemas que se plantean en relación con las diversas formas,
laboral y otra de explotación de los menores, así como para recoger
las propuestas que permitan dar soluciones a dichos problemas tanto
en el ámbito normativo como social.
En 1997 apareció por primera vez, dentro de la convocatoria de
subvenciones con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre
la renta de las personas físicas para la realización de programas de
cooperación y voluntariado sociales, un programa en el colectivo de
infancia y familia dirigido a la prevención y erradicación del
trabajo infantil mediante actuaciones de sensibilización, detección
de factores desencadenantes y prevención. Los referidos programas se
han mantenido en las convocatorias correspondientes a 1998 y 1999.
Dentro de tales programas son prioritarios aquellos que contengan una
metodología de investigación- acción y prevean como beneficiarios a
aquellos menores a los que, por razones de su edad, el trabajo
infantil les suponga un mayor riesgo para su desarrollo y dirijan sus
actuaciones al entorno familiar.
En cualquier caso, la postura en la conferencia de junio es de apoyo
absoluto y pleno a la aprobación de un nuevo convenio internacional o
de la extensión del convenio actualmente existente, y lo que tiene
también importancia es que no se restringe la actuación (que, por
otra parte, como he intentado señalar, es tradicional en el Estado
español), sólo al impulso de estos instrumentos específicos de
carácter internacional, sino también al desarrollo de acciones de
investigación, estudio, actuación administrativa, con un objetivo
claro de erradicar cualquier ejemplo de explotación infantil tanto en
nuestro país como en los países de nuestro entorno y colaborando con
aquellos que pueden tener un problema más grave o de mayor extensión
y de mayor trascendencia social.
Este es el contenido de la contestación, aunque, por supuesto, estoy
encantado de poder ampliarla.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Agradecemos la comparecencia del
secretario general de Empleo. Queremos recordar que, aunque no es
responsabilidad suya, esta es una comparecencia que planteó el Grupo
Parlamentario Catalán el 23 de abril del año pasado, o sea, que
mañana se cumple un año desde que hicimos la petición en el seno de
nuestra Comisión. En aquel momento lo que motivaba nuestra petición
era precisamente la perspectiva de la reunión que se tenía que
celebrar creo que en mayo o junio de 1998, una primera discusión en
Ginebra de este borrador de convenio, y además, después de que el
Parlamento hubiese vivido una jornada muy intensa y muy bonita como
fue el Parlamento infantil, que se celebró en el hemiciclo de esta
Cámara a petición de una de las ONG impulsoras en el Estado español
de la marcha mundial como es Intermón, después de que se hubiese
aprobado una proposición no de ley presentada por todos los grupos
políticos instando al Gobierno a que mantuviese determinadas
posiciones en aquella reunión en Ginebra y después de diversas
iniciativas de control en el Pleno, al menos por parte de nuestro
grupo parlamentario, en relación a esta cuestión. Y hoy, cuando la
sustanciamos, es oportuna porque se va a celebrar esta próxima
reunión en el mes de junio, en la que esperemos que se cierre
finalmente este proceso.
Por tanto, a pesar de este año de retraso para atender nuestra
petición de comparecencia, nos alegramos de poder
celebrar hoy este debate, diciendo que, por las informaciones que
tenemos nosotros (esta misma semana tuvimos oportunidad de mantener
una reunión de trabajo precisamente con gente de Intermón para hacer
la valoración de cuáles habían sido las posiciones del Gobierno
español y de cuáles eran las previsiones de esta reunión en Ginebra),
nos tendríamos que sentir moderadamente satisfechos, en el sentido de
que el convenio está avanzando y se van a introducir conceptos y
sugerencias que precisamente provenían de ese mundo no gubernamental
comprometido afondo en esta materia. Se nos destacaba de manera
especialmente positiva el hecho de que se incorporasen referencias
explícitas al problema de las niñas trabajadoras o de los jóvenes que
trabajan en el ámbito doméstico, definidos como trabajadores
invisibles, y que se habían incorporado elementos de seguimiento y
control del convenio que también eran valorados de manera positiva.
De la intervención del secretario general se deduce también que
existe una paulatina incorporación de aspectos en esta materia dentro
del ámbito de la cooperación al desarrollo que se impulsa desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, hay elementos que nos
permiten calificar como positivo el trabajo que se ha hecho este año
en esta materia, pero también se nos manifestaban algunas
preocupaciones; en concreto, hay dos cuestiones que nuestro grupo
quiere plantear específicamente en esta comparecencia al secretario
general.
En primer lugar, todo lo que hace referencia a la educación. La
necesidad de entender que aquellos trabajos que impiden el derecho a
la educación por parte de los niños sean considerados como peor forma
de trabajo infantil. Por lo que nos consta, ésta no es una cuestión
que tengamos previsto que se pueda asumir en Ginebra, pero nos
gustaría recordarle al Gobierno que en la proposición no de ley que
se aprobó por unanimidad de todos los grupos, en su apartado 5º se
dice: El Congreso insta al Gobierno a apoyar la elaboración por la
Organización de un nuevo convenio contra la explotación laboral de la
infancia, en el que se deben recoger aspectos fundamentales como los
mecanismos de control y seguimiento del convenio y el derecho humano
a la educación primaria. El Congreso aprobó este mandato expreso en
relación con la cuestión del derecho humano a la educación primaria.
Sabemos que es una cuestión polémica y que los países en vías de
desarrollo muchas veces entienden que una referencia de estas
características topa con la realidad de sus sistemas educativos, de
sus sistemas económicos, en definitiva, de sus propias posibilidades.
Pero nos parece importante conocer la posición del Gobierno en esta
materia y si valora el Gobierno la posibilidad de que sobre esta
cuestión se pueda avanzar en esta reunión de Ginebra. Es evidente
que, mientras este derecho a la educación primaria, como mínimo, no
se pueda cumplir, va a ser bastante imposible evitar lo que sucede,
que es esta explotación laboral de la infancia.
En segundo lugar, también se ha planteado la necesidad de incorporar
de manera explícita en el contenido del convenio la referencia a la
participación de los niños en conflictos armados. Si bien es cierto
que existen otras iniciativas de orden jurídico a nivel internacional
que abordan esta cuestión, hay una demanda planteada por un número
muy importante de organizaciones no gubernamentales en el
sentido de que se debería considerar trabajo peligroso, de manera
expresa, aquella participación de niños en conflictos armados.
También se ha dicho por parte de algunas delegaciones o de algunos
Estados que participan en las reuniones previas que es evidente que
en el conjunto de definiciones que se incorporan al convenio se
podría dar por incorporada esta participación de niños en conflictos
armados, pero nos parece que las características de esta situación,
la dimensión que tiene, el número de niños a que afecta en
determinados países en vías de desarrollo, debería obligarnos a hacer
un esfuerzo para incorporar este concepto en la definición del propio
convenio. Sobre estas dos cuestiones, sobre la participación de niños
en conflictos armados y sobre la cuestión de la educación, nos
gustaría conocer la opinión del secretario general.
Antes de terminar, quería hacer mención a una última cuestión. Nos
parece que, más allá de la elaboración del convenio, el Gobierno
tiene oportunidades de promover entre las empresas españolas
inversoras en países en vías de desarrollo lo que en algunos Estados
se está promoviendo -y también se están lanzando iniciativas en el
marco de la propia Unión Europea-, que es la elaboración de códigos
de conducta que orienten la actuación ética de las propias empresas.
En 1998 hemos celebrado el cincuentenario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Hemos insistido en el carácter indivisible
de estos derechos. Hemos reflexionado sobre la puesta en marcha de
una tercera generación de derechos humanos. Nos parece que también
deberíamos incorporar en nuestras propuestas y en nuestras acciones
políticas de apoyo y de promoción de la presencia exterior de la
economía española esta referencia ética. Hace unos años, el
presidente Clinton empezó políticas en esta línea, que vinculaba un
compromiso de multinacionales norteamericanas a su presencia en
países en vías de desarrollo, pero también a la asunción, entre otras
cosas, de no utilizar mano de obra infantil en estas condiciones.
Nosotros creemos que ahí el Gobierno tiene posibilidades y podría
ejercer un liderazgo desde el consenso, desde el diálogo, con el
mundo empresarial y con los propios gobiernos de estos países. Nos
consta, por ejemplo, que hay actitudes especialmente positivas a
encontrar fórmulas de colaboración de Estados como la India. Nos
gustaría que el Gobierno, más allá de esta participación, que en
términos generales consideramos positiva, en el marco del convenio,
de las reuniones de Ginebra, y al margen también de una acción de
difusión del Estado español que se ha hecho y que todo el mundo
reconoce, supiese también jugar un liderazgo que fuese más allá, que
fuese más imaginativo y que fuese capaz de vincular a más sectores.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Quiero agradecerle también la
comparecencia al señor secretario de Estado.
Está claro que la concepción social del colectivo infancia ha
experimentado en los últimos años importantes
transformaciones, y quizá la más importante sea la de empezar a
considerar a los niños y niñas como ciudadanos y sujetos de derechos.
Las transformaciones en el papel de la familia, la incorporación de
la mujer al mundo laboral, los medios de comunicación emergiendo como
nuevos espacios de socialización, las nuevas formas de vida, los
cambios de valores, están afectando directamente la vida de los niños
y niñas. La sociedad ha ido configurando su actitud frente a la
infancia según las necesidades del niño en cada momento histórico.
Los historiadores nos revelan que la sociedad descubre de alguna
manera la realidad específica de la infancia relativamente tarde. Las
políticas desarrolladas hasta el siglo pasado se centraron
básicamente en la protección de la infancia, en situaciones de
desamparo y en la corrección de conductas conflictivas para la
sociedad. Durante este siglo se producen cambios decisivos para el
enfoque de la acción política en el campo de la infancia. Estos
cambios se refieren tanto a la realidad socioeconómica que rodea al
niño como a los medios y el contexto político que rodea la acción de
Estado. En este contexto es en el que se adoptan medidas muy
importantes que afectan a la mayor parte de los países del mundo y
que en este caso se centran en buscar fórmulas para erradicar el
trabajo infantil o las peores formas de trabajo infantil.
La Organización Internacional del Trabajo ha cifrado en 250 millones
los niños y niñas de 5 a 14 años que trabajan en los países del Sur,
a pesar de que no existen estadísticas fiables sobre la extensión del
trabajo y la explotación laboral infantil, puesto que buena parte de
este trabajo es clandestino o se realiza en el sector informal. Pero
a pesar de no tener datos exactos, se calcula que aproximadamente
unos 120 millones de niños sufren situaciones de explotación laboral
extrema. Sin embargo, mucho más importante que la cifras son las
condiciones laborales que sufren muchos niños trabajadores.
Lamentablemente, hablar de 120 millones de niños explotados supone
que trabajan a una edad muy temprana, 5 a 6 años, con jornadas
laborales muy prolongadas, que realizan trabajos que producen
tensiones indebidas de carácter físico, social y psicológico, con una
remuneración baja, que les sigue impidiendo el salir de las
condiciones de marginalidad en que se encuentran, que realizan
trabajos que obstaculizan definitivamente su acceso a la educación o
trabajos que afectan a su dignidad y autoestima, como la
prostitución, el trabajo servil y en régimen de esclavitud.
Ante esta situación de abuso del trabajo de los niños y niñas en el
mundo, la comunidad internacional reacciona y en 1948 es aprobada por
la Organización de Naciones Unidas la Carta Magna sobre Derechos
Humanos. Posteriormente, en 1989, el 20 de noviembre, se aprueba en
la Asamblea General de la ONU la convención sobre los derechos del
niño. Estas iniciativas son las que empiezan a poner límites al
trabajo de los niños y niñas, completadas también con el convenio
sobre la edad mínima, de 1973; por cierto, como usted mencionaba
antes, para aplicar esta norma se puso en marcha el programa
internacional para la erradicación del trabajo infantil. España se
implicó de una forma decidida en 1995 en el desarrollo de este
programa en América Latina con una importante aportación de 12
millones y medio de dólares, a realizar en el quiquenio 1995-2000. Se
calcula que en la zona donde se están desarrollando
estos estudios o programas, América Central, el Caribe y Sudamérica,
trabajan más de 7 millones de niños y niñas entre 10 y 14 años, según
datos de Intermón, pero quizás podrían ser muchos más, por lo difícil
que resulta obtener datos reales.
Por eso, nuestro país debe apoyar y reforzar firmemente este nuevo
convenio que la OIT propone para junio de 1999, en el que de una
manera definitiva se eliminen las peores formas de trabajo infantil
en el mundo. Como decía el representante de Convergència i Unió, y de
acuerdo también con las distintas ONG, puesto que nuestro grupo ha
mantenido reuniones con ellas, proponemos al Gobierno que centre sus
aportaciones en la defensa de la educación como base para la
erradicación de las formas más extremas de trabajo infantil.
El concepto de socialización debe asociarse a la noción de educación
a la hora de inspirar una política para la infancia. La
universalización del derecho a la educación es lo que puede
transformar el mundo de los niños y las niñas. Por tanto, todo lo que
obstaculice la incorporación del niño a la educación hay que
combatirlo de una forma expresa. Entre estos obstáculos se encuentran
las jornadas laborales a las que se ven obligados millones de niños
en el mundo. Esta consideración ha de tenerse en cuenta en el nuevo
convenio. Como hizo saber Intermón a la delegación española en la
OIT, no sólo deben garantizarse las medidas de reintegración social,
sino también que el trabajo no impida el acceso a la educación. La
educación es la garantía de futuro. Como recoge el secretario general
de la ONU en el preámbulo del informe o memoria de la Unicef sobre el
estado mundial de la infancia en 1999, en vísperas del siglo XXI no
debe haber mayor prioridad ni misión más importante que la educación
para todos.
Coincidimos también en resaltar que se deben incorporar a este
convenio los temas planteados antes por el ponente de esta
intervención: cooperación internacional y niños inmersos en
conflictos armados. Nos preocupa el hecho de que, entre las formas de
trabajo peligroso, no pueda ser incluida la más peligrosa de todas,
que es el conflicto armado, tal como recoge Intermón en un informe
que envía a representantes españoles en la OIT a la vista del uso a
gran escala de los niños en las guerras que tienen lugar en distintas
partes del mundo. Por tanto, proponemos también que la definición de
trabajo en un ambiente peligroso incluya aquellos trabajos que
exponen a los niños a arriesgar sus vidas en un conflicto militar.
Señor secretario general de Empleo, esperamos que estas propuestas
sean defendidas por el Gobierno español y puedan incluirse en este
nuevo convenio, que sería un paso más en la consecución del fin que
se plantea: la erradicación definitiva de las peores formas de
trabajo infantil. Deseamos que sirva también como guía en nuestro
país para seguir trabajando por la eliminación de estos problemas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra doña María del Carmen Pardo.
La señora PARDO RAGA: Como representante del Grupo Parlamentario
Popular, quiero unirme a las salutaciones de bienvenida de los grupos
que me han precedido
en el uso de la palabra y augurarle una buena andadura como
secretario general de Empleo, ya que su sustituto está ahora ocupando
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se la auguro por dos
motivos: en primer lugar, por su buen hacer y, en segundo lugar,
porque creemos que al frente de la Secretaría General de Empleo está
el futuro de todos los españoles y que el empleo es el principal
objetivo de la política económica y social del Gobierno del Partido
Popular.
Como trae hoy a la comparecencia la erradicación del trabajo
infantil, creemos que también es deber suyo velar por el sector más
débil de la población, es decir, aquellos niños y niñas menores de
edad que puedan sufrir abuso o explotación en alguna actividad.
Compartimos plenamente, ¡cómo no!, la exposición que ha hecho usted
sobre el estado actual del trabajo infantil en el mundo y hemos
seguido con atención y comprobado que, en cuanto a la protección de
derechos humanos y concretamente de los derechos de los niños y las
niñas, el Estado español tiene siempre como estrategia común combatir
cualquier aspecto que vulnere los derechos fundamentales de niños y
niñas. España siempre ha sido favorable a erradicar cuantos
instrumentos internacionales han ido dirigidos a tal fin, atendiendo
sobre todo al principio que recoge nuestra Constitución en el
artículo 39.4, que dice: 'Los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.' Usted ha
formulado una serie de compromisos internacionales ratificados por el
Reino de España y nos tranquiliza ver que es una preocupación en la
que colaboramos, pero quisiera insistir en que debemos dar prioridad
a la inmediata separación de los menores que estén trabajando en las
peores situaciones de trabajo, que hay niños y niñas en edad escolar
que tienen que dejar su formación -como han dicho ya otros
portavoces- para dedicarse a algún trabajo, que les excluye como
miembros activos de una comunidad. Todos sabemos que el trabajo
infantil es a menudo sinónimo de trabajo forzoso u obligatorio; se da
en niños y niñas sometidos a servidumbres y explotados en diversas
actividades. Aproximadamente la mitad de los países permiten que
niños y niñas de edades inferiores a la mínima legal efectúen algún
tipo de trabajo. Un aspecto esencial es, pues, la interdependencia de
las leyes sobre la edad mínima y sobre la enseñanza obligatoria. La
enseñanza obligatoria, señorías, ha sido uno de los instrumentos más
eficaces para erradicar el trabajo infantil. Si analizamos la
situación de estos niños y niñas que se ven presionados para ejercer
algún tipo de trabajo, comprobamos que tal situación se produce en el
entorno familiar, a veces en trabajos no remunerados,
y principalmente en dos sectores: el urbano no estructurado y el rural
tradicional. El Grupo Parlamentario Popular es partidario de que los
trabajadores adultos tengan un salario suficiente para que el trabajo
infantil deje de ser, entre comillas, esencial en algunos casos y que
esos niños no tengan que contribuir a mantener la economía familiar.
Nuestro objetivo como Gobierno es formar ciudadanos para vivir en
libertad y no como miembros de una tribu salvaje que explote a estos
niños. Debemos promover la educación que les integre en la sociedad.
Estas generaciones de niños y niñas tienen que ver el mundo con los
ojos de la tolerancia y de la cultura. En contra del absentismo
escolar
que encontramos en algunas situaciones, tenemos el afán de que nadie,
nadie, repito, quede excluido de este bien de la educación. Con la
formación es como se permite a los jóvenes su inserción y acceso al
empleo. Nuestro grupo cree que el paro y la marginación se combaten
desde las aulas.
Por otra parte, estamos tranquilos con lo que usted ha manifestado:
que España va a continuar apoyando que todo trabajo que dificulte la
educación del niño deberá ser considerado inaceptable. Estamos de
acuerdo y celebramos que, en cuanto a cooperación internacional en
esta materia, España vaya a seguir apoyando la prestación de
asistencia a países implicados en la eliminación del trabajo
infantil, y ha mencionado usted el Programa internacional para la
erradicación del trabajo infantil en América Latina. Nos
congratulamos de que en la cooperación internacional España
contribuya a fijar pautas y modelos para la reducción general de la
pobreza y mendicidad infantiles y también a mejorar la evaluación del
efecto de las medidas contra el trabajo infantil, objeto de esta
comparecencia. En estos países vemos -y aquí estamos representantes
de los distintos grupos- que España tiene un gran interés en abordar
una investigación de similares características, y está en estudio su
viabilidad en colaboración con la OIT. Ello nos permitiría obtener
datos homologables con los de otros países, participando así en el
programa de información estadística y seguimiento en materia de
trabajo infantil.
Aprovechando su comparecencia, quisiera pedirle que prestara la mayor
atención a lo que usted mismo ha anunciado ya sobre la detección y
prevención del trabajo infantil por los sistemas de inspección
laboral, como puede ocurrir en empresas agrícolas o familiares donde
hay niños colaborando, y también al absentismo escolar. Celebramos
también el convenio marco que usted ha anunciado del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales con Unicef, porque pensamos que esto es
dar un protagonismo a la sociedad, así como propiciar un permanente
diálogo, que ya ha sido puesto de manifiesto por este Ministerio al
que usted pertenece. Felicitaciones también, señor secretario, porque
ha dicho -y es verdad- que en el año 1997 aparecen por primera vez en
un presupuesto programas de cooperación y voluntarios sociales en el
colectivo de infancia y familia. También se ha anunciado por primera
vez -por eso la felicitación desde el Grupo Popular- el mantenimiento
de las convocatorias de 1998. Me ha parecido escucharle también que
su disposición va a ser continuar en esa línea en posteriores
presupuestos. Confiamos, pues, en que la erradicación del trabajo
infantil, que fue una meta proclamada ya hace largo tiempo, esté
pasando en estos momentos a ser un objetivo alcanzable.
Señor presidente, queremos dar las gracias al secretario general de
Empleo por la comparecencia de esta tarde, que nos ha permitido
comprobar la sintonía que existe en cuanto a este problema, porque
compartimos la teoría de que los niños y niñas de hoy han de estar
plenamente preparados para una vida independiente en la sociedad que
les toca vivir y ser educados en el espíritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, y en particular en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de
Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Gracias,
señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la cálida acogida o bienvenida de
los tres grupos a mi primera comparecencia como secretario general de
Empleo.
Respecto de la reflexión que hacía el representante de Convergència i
Unió, efectivamente parece ser que la comparecencia se solicitó el 23
de abril de 1998. Sin pronunciarme sobre el funcionamiento de la
Cámara -Dios no lo quiera- sí diría que, a efectos de la contestación
de la comparecencia, el tiempo del trabajo de la Organización
Internacional de Trabajo no habría cambiado. El año pasado, en la
conferencia de junio -siempre se celebran en junio las conferencias-
se tenía previsto efectuar la primera lectura, y así el retraso en
esta comparecencia hace que el texto venga más cuajado y que se tenga
la posibilidad en la segunda lectura de dar ya el visto bueno a este
convenio. Es cierto que queda el debate de la conferencia de este
año, y en ese sentido me parecen de enorme interés las propuestas que
aquí, de manera unánime, se han trasladado.
Es cierto también que el texto con el que se está trabajando
actualmente gira como medida fundamental, como medida limitadora de
las posibilidades o los riesgos de los trabajos en peores
condiciones, alrededor de la educación, y el artículo 7 del texto
actual es el que aparte de establecer posibilidades de sanciones
penales señala la importancia de la educación para la eliminación del
trabajo infantil e insta a que los Estados miembros que ratifiquen el
convenio adopten medidas efectivas y en un plazo determinado con el
fin o bien de impedir que haya niños ocupados en las peores formas de
trabajo infantil o bien específicamente prestar la asistencia directa
necesaria y adecuada para librar del trabajo a los niños y asegurar
su rehabilitación y reinserción social por medio, entre otras
medidas, del acceso a la educación básica gratuita, de tal manera que
quizá este sea el elemento fundamental en la puesta en práctica del
convenio.
En cuanto a la segunda de las cuestiones señaladas, la prohibición de
la participación de los niños en conflictos armados, también es
cierto que el artículo 3.d) del actual texto, entre las prohibiciones
de las peores formas de trabajo infantil, tiene una cláusula genérica
que prohibe cualquier otro tipo de trabajo que por su naturaleza o
por las condiciones en que se lleva a cabo pueda suponer una amenaza
para la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. El mayor
problema aquí es más técnico-jurídico que de deseo real de erradicar
lo que por definición, y con razón, es la actividad más peligrosa
para los menores, que es la propia competencia de la Organización
Internacional de Trabajo, según su Carta de constitución, sobre
asuntos específicamente laborales y la práctica exclusión de todos
los derechos del trabajo relacionados con las actividades de la
defensa y mucho más de los conflictos bélicos. En ese sentido, hay
más un conflicto de competencia por parte de la Organización
Internacional del Trabajo en cuanto a la posibilidad de extensión de
instrumentos de protección
internacional, que estarían más en el ámbito de la oficina específica
de Naciones Unidas para la infancia, como es la Unicef, sin perjuicio
de todo lo cual a mí me parece absolutamente valorable e interesante
la propuesta. En ese sentido, en la medida en que los países de la
Comunidad Europea son en gran parte los más activos o los que ejercen
de locomotora en la elaboración de estos instrumentos que a nosotros
nos pueden parecer, lógicamente, escasos muchas veces, pero que
tienen una trascendencia enorme en países en vías de desarrollo,
incorporaremos como posición del Gobierno español las propuestas en
la discusión y en las reuniones técnicas de la segunda lectura,
intentando además lograr el consenso, como suele ser la práctica
habitual, con el resto de los países de la Unión Europea.
Creo que estas han sido las dos cuestiones fundamentales sobre las
que se ha girado. Entiendo que para la actuación de un país
desarrollado como es España no son suficientes y creo que el esquema
general de actuación que he intentado explicar es el razonable:
impulsar la cooperación internacional. Se ha citado aquí
específicamente la aportación de doce millones y medio de dólares en
el programa de cinco años, que finaliza en 1999, para aquellos países
en vías de desarrollo que más directamente nos afectan, como son los
de la comunidad iberoamericana, y ahí entiendo que es razonable el
esquema de dotar de fondos suficientes a la oficina especializada de
Naciones Unidas, en este caso la Organización Internacional del
Trabajo, para que ponga en marcha un programa específico de
erradicación del trabajo infantil.
Evidentemente hay cuestiones que a pesar de considerar erradicadas en
nuestra sociedad, como norma general, no tienen que ser abandonadas y
en ningún caso estaría el Gobierno haciendo dejación de la vigilancia
en ellas. Se han señalado aquí algunas actividades relacionadas con
sectores urbanos no estructurados, con el sector rural, y la
importancia que tiene la actuación de la Inspección de Trabajo en
estos casos. Eso es cierto, todos los años se repite, como uno de los
objetivos prioritarios de la actuación de la Inspección en los
programas generales de lucha contra la economía sumergida, un
programa específico de control, vigilancia y represión del trabajo
infantil. Bien es cierto que no es un problema que acabe en el ámbito
de la actuación de la Inspección de Trabajo, ya que en líneas
generales las actividades en las que se ven involucrados los menores
están fundamentalmente amparadas en el trabajo familiar y normalmente
estas actividades escapan del ámbito de protección del derecho del
trabajo. Sin perjuicio de ello, creo que también en este caso las
labores de difusión, los programas de colaboración de organizaciones
no gubernamentales mediante su subvención, como he señalado
anteriormente también, y la educación general de la sociedad, es una
cuestión que nos tenemos que aplicar en nuestra propia sociedad.
En cualquier caso, creo que el panorama general de actuaciones
intenta tener un ámbito general -valga la redundancia- no sólo en la
ratificación de instrumentos internacionales sino también en el
impulso de la cooperación, tanto a nivel internacional como en la
participación de nuestra propia sociedad civil en la erradicación de
un problema de la trascendencia del que nos ocupa.
En cualquier caso, para finalizar, queda claro que la participación
en la Conferencia Internacional del Trabajo será absolutamente a
favor de la ratificación y, en su caso, de la incorporación de las
mejoras que hoy se han señalado en esta sesión.
- EL MARCO NORMATIVO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y DEL DESARROLLO
DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS
(CERMI). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ (Número de expediente 212/001709)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día,
que es comparecencia igualmente del secretario general de Empleo, a
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
informar sobre el marco normativo de las empresas de inserción y del
desarrollo del acuerdo suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el Comité español de representantes de
minusválidos (Cermi).
Para su exposición, tiene la palabra de nuevo el señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Aludiendo a
la primera de las cuestiones que se nos inquieren respecto a la
regulación de las empresas de inserción, tengo que señalar que el
Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está
elaborando, con la participación activa de los interlocutores
sociales, de los representantes del sector, muy específicamente
Fedei, la Federación Española de Empresas de Inserción, un proyecto
de ley que regule la inserción laboral y más específicamente, dentro
del proceso general de inserción laboral, la regulación dentro de las
empresas de inserción. Se busca con ello crear unos mecanismos -que
actualmente no existen en nuestro ordenamiento jurídico- adecuados
para evitar los riesgos de exclusión social de determinados
colectivos de personas, que por diferentes razones tienen especiales
dificultades para integrarse social y económicamente en la
colectividad.
En las sociedades actuales, como se sabe, la participación plena de
las personas o uno de los factores fundamentales de participación e
integración, se realiza a través del trabajo, del mundo laboral, el
cual proporciona no sólo una fuente de ingresos y la independencia y
libertad que ello significa, necesarios para vivir, sino también una
red de relaciones sociales normalizadas necesarias para el desarrollo
personal y para evitar situaciones de baja autoestima, frustración,
desmotivación y, en suma, marginación. En la regulación que ahora se
intenta sacar adelante, la empresa de inserción que define la norma
será aquella que produce bienes y servicios en el mercado de trabajo,
y se rige, por tanto, por principios de competitividad y
rentabilidad, pero cuyo objeto social primordial es la integración
sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión
social.
En este sentido, la ley en la que estamos trabajando efectúa una
delimitación de los grupos de personas, identifica un ámbito de
aplicación personal de aquellos que pueden ser objeto de estos
procesos de inserción: perceptores de rentas mínimas de inserción;
perceptores que debiendo ser beneficiarios de estas rentas no hayan
accedido a las mismas por determinadas causas; jóvenes procedentes de
instituciones de protección de menores; personas con problemas de
drogadicción o alcoholismo; internos de centros penitenciarios y ex
reclusos; inmigrantes con graves necesidades personales o familiares,
etcétera, y además cualquier persona que esté en situación potencial
de riesgo de exclusión. Asimismo, para objetivar la posibilidad de
inclusión en las medidas contempladas en esta ley, se podrán incluir
también las personas que propongan las propias empresas de inserción,
previo informe favorable de las unidades de los servicios de empleo y
servicios sociales competentes en cada caso. Las empresas deberán
reunir, asimismo, una serie de requisitos, entre los que se
encuentran, como más destacables, que deberán tener la forma de
sociedades mercantiles o cooperativas: estar promovidas o
participadas por entidades o corporaciones de derecho público o por
entidades sin ánimo de lucro; tener un número mínimo de trabajadores
en proceso de inserción respecto del total de la plantilla; aplicar
un determinado porcentaje de los resultados obtenidos en cada
ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y
de inserción y facilitar a los trabajadores en proceso de inserción
toda una serie de servicios de formación y apoyo personalizado en el
puesto de trabajo, así como medidas de acompañamiento social que
permitan su posterior incorporación definitiva al mercado de trabajo
ordinario.
Otro de los capítulos de la ley se refiere y define las competencias
propias o compartidas de las distintas administraciones públicas
responsables, tanto en lo que son la colaboración en los procesos y
la tutela de los procesos de inserción -tanto por los servicios
sociales como por los servicios públicos de empleo en relación con
este proceso de inserción, contemplándose acciones previas a la
incorporación de los trabajadores-, como de seguimiento y apoyo a
éstos una vez finalizada su estancia en las empresas. La norma
establece, y éste sería quizá el núcleo de la misma, el marco
contractual y de relaciones laborales aplicables en estos casos. Como
principal característica del contrato que permita la inserción
laboral para esta adaptación, se puede señalar que es un contrato de
carácter temporal en las modalidades tanto de tiempo completo como de
tiempo parcial. Se determinará, asimismo, la duración específica
mínima y máxima de dicho contrato. En la regulación de las
condiciones de trabajo se han tenido en cuenta tanto las especiales
características de los trabajadores en proceso de inserción como las
propias peculiaridades de las empresas de inserción, adaptando la
normativa del Estatuto de los Trabajadores a dichas particularidades.
Cabe resaltar en este sentido la lógica prohibición de realización de
horas extraordinarias, excepto en casos de fuerza mayor, así como el
establecimiento del derecho a permisos remunerados para tratamientos
de rehabilitación o sesiones de formación y adaptación profesional.
En materia de extinción del contrato también se contemplan algunas
especialidades, como es partir de la normativa
general del Estatuto de los Trabajadores para adecuarla
mediante algunas especificaciones en lo que se refiere a las causas
objetivas de extinción y a las de despido disciplinario, adaptándolas
a las circunstancias especiales de este tipo de relaciones laborales.
Además, en el caso de extinción por causas objetivas, se requiere el
informe previo de los servicios sociales de atención primaria o
especializada y, en cualquier caso, el empresario deberá comunicar
toda extinción de los contratos de trabajo tanto a los servicios
sociales como a los servicios públicos de empleo. Un capítulo de la
norma se dedica a establecer el conjunto de ayudas que la
Administración podrá destinar a estas medidas de fomento de la
inserción sociolaboral y que girarán alrededor de subvenciones para
la creación de estas empresas de inserción y bonificaciones para cada
uno de los contratos de adaptación sociolaboral, bonificaciones para
los contratos que se realicen posteriormente por empresas ordinarias
para finalizar este proceso de inserción con trabajadores procedentes
de empresas de este tipo. Asimismo, podrán establecerse medidas
específicas de apoyo a los trabajadores provenientes de las empresas
de inserción para su establecimiento como trabajadores por cuenta
propia o autónomos o en fórmulas de economía social. Todas estas
medidas de fomento deberán ser objeto de concreción en un posterior
desarrollo reglamentario.
A nivel del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha finalizado
la tramitación de la norma. Este mismo lunes se finalizó la puesta en
común de la norma; está en fase de informe del resto de los
departamentos, lo que llevará un período escaso de tiempo, no más
allá de 15 días, y se mantienen los contactos -como he dicho al
principio- con los interlocutores sociales y con el sector. En
cualquier caso, nuestra intención sería que la norma pudiera ser
aprobada este año e incluirla como una de las medidas específicas del
Plan nacional de acción para el empleo para 1999, que deberemos
presentar en Bruselas el 31 de mayo como fecha límite.
En cuanto a la segunda parte de la información que se me solicita
sobre el desarrollo del acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo español de representantes de
minusválidos, Cermi, convenio suscrito el 3 de octubre del año 1997,
creo que significó la puesta en común de las solicitudes del sector y
la aceptación en su desarrollo por parte del Ministerio de un impulso
general, prácticamente un programa de actuación general acerca de la
situación laboral de los discapacitados, que es un importante impulso
al desarrollo de la Ley de integración social de los minusválidos,
aprobada en 1982, en la que se incorporan planteamientos genéricos,
medidas de apoyo de integración de un colectivo con obstáculos
importantes de partida en su acceso al empleo. El plan contenía una
serie de medidas, que se pueden estructurar en cuatro grandes
apartados: participación institucional; intermediación laboral;
formación profesional y contratación e inserción laboral, que debían
ir siendo desarrollado en plazos más o menos determinados en el texto
del acuerdo.
Haciendo un balance, prácticamente al año y medio exacto de la
suscripción del convenio y recorriendo una a una las obligaciones que
asumía para desarrollar el Ministerio de Trabajo, creo que la sola
enumeración de las mismasindica el gran volumen de programas,
proyectos que
se han puesto en vigor en este corto -a los efectos de lo que es el
tratamiento institucional, administrativo, legislativo, etcétera-
período de tiempo.
Yendo a los cuatro bloques a los que me he referido, en el ámbito de
participación institucional se encuentra pendiente, aunque en fase de
elaboración por parte del Real Patronato de Prevención y Atención a
Personas con Minusvalía, un borrador de real decreto en el que se dé
una reestructuración de dicho patronato. Asimismo, el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, el Imserso, ha elaborado ya un
borrador de normas sobre la creación del Consejo estatal de personas
con discapacidad, que se encuentra en fase de tramitación.
En lo que se refiere a los acuerdos con gobiernos autonómicos, el
Instituto Nacional de Empleo ha incluido una serie de propuestas en
el marco del Plan nacional de acción para el empleo, que se
desarrollaron durante 1998, que se prevé que se amplíen para 1999, y
que han sido analizadas y aprobadas en conferencia sectorial y
puestas en práctica, dada la general transferencia de la ejecución de
estos programas por las comunidades autónomas.
En el área de la intermediación laboral, en primer lugar se ha
utilizado en el Plan nacional de acción para el empleo el registro
del INEM sobre personas con discapacidad, que ha sido uno de los
elementos para el desarrollo, tanto de las directrices genéricas, que
afectan a todos los trabajadores en situación de desempleo, como de
aquellas directrices que afectan a los trabajadores en situación de
desempleo en los que, además, concurre alguna discapacidad. El
trabajo conjunto entre el INEM y el Imserso ha dado lugar a un
borrador de bases para la cooperación futura en esta materia, que
habrá que incorporar a los trabajos de la conferencia sectorial, dada
la creciente competencia de las comunidades autónomas en materia de
intermediación laboral y, por tanto, de intermediación laboral en lo
que afecta a los discapacitados.
En relación con la implantación progresiva en los servicios públicos
de empleo de acciones de especialización en la intermediación laboral
para este colectivo, hay que señalar que el 9 de julio de 1998 el I N
E M dictó una instrucción en la que se prioriza al colectivo de
discapacitados en el acceso y desarrollo a las acciones de mejora de
la ocupabilidad, también dentro del ámbito del Plan de acción para el
empleo, y que se incorporará también en el plan de este año. A lo
largo de 1998, todos los programas de actuación del INEM dirigidos a
desempleados, escuelas taller, formación profesional ocupacional de
desempleados, programa INEM-corporaciones locales, y ya en 1999 el
nuevo programa de talleres de empleo, se dirigen fundamentalmente
a este colectivo como colectivo prioritario. Asimismo, dentro del
ámbito de la adecuación del Plan de empleo para este año, está
incluido el desarrollo de la Directriz 9, que por primera vez se
incluye dentro de la estrategia derivada de la cumbre de Luxemburgo.
Es una directriz específica para fomentar el empleo de los
discapacitados, que tendrá un desarrollo que permitirá ampliar las
actuaciones llevadas a cabo en el Plan de 1998.
Por último, en el apartado de contratación e inserción laboral es
quizá en el que se ha realizado una labor normativa más amplia, ya
que las medidas contenidas en el plan así lo requerían. Las medidas
ya aprobadas son las siguientes.
Se ha modificado parcialmente la normativa de contratos en
prácticas y para la formación, estableciendo requisitos más flexibles
y un tratamiento favorable para la contratación de discapacitados
bajo estas modalidades contractuales. En segundo lugar, se ha
efectuado la actualización, ampliándolas, de las cuantías de las
subvenciones por contratación indefinida, y su aplicación a la
contratación a tiempo parcial. Asimismo, se han extendido los
programas de fomento del empleo a todos los trabajadores
discapacitados, con independencia de su situación laboral; es decir,
que se han suprimido los requisitos previamente existentes de exigir
su inscripción previa como demandantes de empleo durante un período
determinado o la necesidad de que fueran beneficiarios de
prestaciones por desempleo. Se han actualizado y mejorado las medidas
de apoyo al autoempleo y a la contratación en centros especiales de
empleo de discapacitados, e incluso se ha redefinido el actual modelo
de centros especiales de empleo, ampliando el concepto, abriendo la
posibilidad de la elaboración de contratos a tiempo parcial y
extendiendo a los mismos las subvenciones de la contratación. Se ha
restablecido la modalidad de pago único de las prestaciones por
desempleo para los trabajadores discapacitados que inicien su trabajo
por cuenta propia. La última norma, aprobada muy recientemente, ha
sido el Real Decreto 427, de 12 de marzo de este año, que modifica la
relación laboral de carácter especial de los minusválidos que
trabajen en centros especiales de empleo. En esta norma se han
incluido tres de las medidas contenidas en el convenio con el Cermi:
la supresión de la exclusión del trabajo a domicilio, la introducción
de la causa de despido objetivo en estos centros y la aplicación de
la distribución flexible y negociada del tiempo de trabajo, contenida
en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.
En lo que respecta al cumplimiento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha dictado, con fecha 30 de diciembre de 1997, unas
instrucciones sobre el establecimiento de criterios de preferencia en
la adjudicación de contratos, en base a la integración de
minusválidos en las plantillas de las empresas licitadoras, que serán
de aplicación a las contrataciones de este Ministerio. Quedan
pendientes algunas actuaciones sobre las que se está trabajando en la
actualidad y que son específicamente la definición de las medidas
alternativas al cumplimiento por las empresas de más de 50
trabajadores de la obligación de reserva del 2 por ciento, la
regulación de los denominados enclaves laborales, del empleo con
apoyo y de la modificación de los centros de formación ocupacional,
así como del acceso al empleo público de los discapacitados. Todas
estas medidas están en fase de elaboración de los proyectos de la
normativa correspondiente, y específicamente la de medidas
alternativas, enclaves laborales y empleo con apoyo están en fase de
información por parte de los interlocutores sociales.
Ése sería el resumen de las actuaciones que se han llevado a cabo y
que se completarían con las reuniones periódicas de evaluación y
seguimiento llevadas a cabo por la comisión mixta, formada por
representantes del Ministeriode Trabajo y Asuntos Sociales y del
propio Cermi.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante, el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En primer lugar, quiero agradecer las
explicaciones del señor Chozas.
Para nosotros, esta comparecencia, en la medida en que aborda dos
ámbitos claramente diferenciados, va a tener también dos
planteamientos estrictamente diferenciados. En lo que hace referencia
a la primera de las cuestiones planteadas, que es el estado actual
del marco normativo de las empresas de inserción sociolaboral,
nuestro grupo parlamentario, como sabe perfectamente el señor
secretario general -esta misma semana hemos tenido oportunidad de
trabajar sobre estas cuestiones-, está profundamente satisfecho.
Estamos profundamente satisfechos puesto que ésta era una demanda muy
vieja de todos aquellos colectivos que trabajan precisamente en el
ámbito de la inserción de los colectivos de excluidos; la gente que
trabaja en el ámbito de la sociedad civil en la lucha contra la
pobreza en este legislatura se ve, por fin, satisfecha. Queremos
también recordar que esta misma Comisión aprobó hace unos meses una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) en la que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de
estas características. Sabemos también que, a lo largo de esta
legislatura y al margen de la actividad del Parlamento en esta
materia, un grupo de expertos y de asociaciones, con representantes
de la Dirección General de Fomento, han trabajado para ir desbrozando
el terreno y poder legislar en esta materia. Hoy, el secretario
general anuncia en esta Comisión que en un tiempo muy breve vamos a
tener un proyecto de ley de empresas de inserción sociolaboral. Por
tanto, vamos a tener oportunidad de profundizar en muchos de los
aspectos que ha mencionado el secretario general y, en consecuencia,
no me voy a extender demasiado en esta cuestión, pero sí quiero
manifestar que nos parece importante y positivo que esta legislatura
termine con una ley de inserción. Creo que el colectivo de personas
que llevan tanto tiempo trabajando en esta materia tienen un mérito
fundamental en esto, como creo que todos los grupos políticos
entendemos que era necesario conseguir este marco jurídico y
facilitar un trabajo que muchas veces se venía realizando desde el
voluntarismo y sin un espacio legal que efectivamente permitiese
cumplir con todo el rigor y con toda la eficacia lo que sin duda debe
constituir una verdadera obsesión pública: la movilización de todos
los recursos legales y materiales para hacer frente a la exclusión.
Por el conocimiento que tenemos del proyecto de ley creo que estamos
ante un buen instrumento legislativo. Espero que de las
conversaciones del Gobierno con los grupos sociales y políticos y,
posteriormente, en el trámite parlamentario, podamos elaborar una
buena ley para las empresas de inserción, una buena ley de inserción.
Dicho esto, y entrando en la segunda parte de la comparecencia, la
posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a
ser diferente por tres motivos. Hemos visto con preocupación, y el
señor secretario general lo sabe, que el desarrollo de la política
del Gobierno en esta materia, especialmente el desarrollo de la
política normativa, ha contado a veces con un diálogo insuficiente
con
el conjunto de agentes e instituciones implicadas en el ámbito de las
minusvalías. El Gobierno, de manera legítima, ha situado su trabajo
político en un único interlocutor social, pero nos parece que, como
mínimo, ha olvidado tres dimensiones.
Una dimensión es que el movimiento que trabaja en el ámbito de las
discapacidades es muy amplio y no está exclusivamente representado en
la plataforma con la que el Gobierno negocia habitualmente; otra es
que los agentes sociales más convencionales, sindicatos y
asociaciones de empresarios, también tienen algo que decir en esta
materia, y por último existe el ámbito que representan las
comunidades autónomas. Es cierto que en esta materia ha habido más
capacidad de diálogo en los últimos meses; pero en la medida en que
quedan por desarrollar aspectos importantes que afectan de manera muy
sensible al sector, a aquellas comunidades autónomas que tienen
competencias en esta materia y que responden, además, a mandatos
parlamentarios muy explícitos, insistimos una vez más al Gobierno
-tuvimos ocasión de hacerle la misma reflexión al señor Pimentel
cuando ocupaba su actual cargo- que haga el esfuerzo de procurar que
el desarrollo normativo de las políticas en materia de minusvalías
incluya al conjunto de sectores implicados y no a una única
plataforma por muy importante y representativa que sea. Cuando el
Gobierno anuncia que existen borradores respecto al Consejo Estatal
de Discapacitados o a una reestructuración del Real Patronato, nos
parece que estas reflexiones son especialmente importantes. En el
Estado español hay una pluralidad, una diversidad de intereses en
esta materia que se deben considerar.
Segunda cuestión. Al mismo tiempo que se aprobaba el Plan Cermi, en
paralelo y después de meses de discusión y de diálogo, el Congreso de
los Diputados aprobó en septiembre de 1998, creo recordar que por
unanimidad, una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario,
consensuada con el conjunto de grupos de la Cámara, que constaba de
trece puntos, mandatando al Gobierno para que, al cabo de seis meses,
desarrollase una serie de cuestiones. Me gustaría hacer algunos
comentarios sobre las mismas.
En primer lugar, nos gustaría saber cómo se encuentra la prevision de
modificación del sistema de coeficientes de valoración que determina
el grado de minusvalías. Entonces se nos dijo que este era un
documento que estaba a punto de ser aprobado. Desconocemos en estos
momentos en qué fase se encuentra, y nos gustaría saberlo. En segundo
lugar, conocer el estado de desarrollo de los equipos
multiprofesionales a los que hacía referencia el artículo 10 de la
Lismi; todos los expertos que trabajan en este ámbito insisten en la
necesidad de desarrollar el perfil previsto por la Lismi para
conseguir un seguimiento de los itinerarios de integración social de
manera eficaz. En tercer lugar, saber si existe voluntad del Gobierno
de avanzar hacia nuevas modificaciones del artículo 38 de la Lismi en
la línea de establecer una gradación del porcentaje de la cuota
exigible, y esperamos -entre paréntesis- que si se produce una
modificación de esta ley no se vuelva a hacer por el Grupo Popular a
través del trámite de enmiendas en el Senado porque nos parece un
tema suficientemente importante que exige un planteamiento de trabajo
legislativo que tenga mucho más en cuenta al Parlamento. En cuarto
lugar,
conocer si el Gobierno ha avanzado en el estudio del canon que
permite compensar la obligación de contratar personas discapacitadas.
Sabemos que es una medida polémica, pero la proposición no de ley que
aprobó el Pleno hablaba de estudiar ese canon. En quinto lugar, saber
si se ha avanzado en la puesta en marcha de una normativa que regule
los servicios de apoyo a la integración laboral de las personas con
disminución, otro instrumento que nos parece esencial para darle
sentido a esta política. Finalmente, existe un borrador que aborda la
cuestión de enclaves temporales y medidas alternativas a la cuota
exigible; enlaza perfectamente con esta última reflexión y nos
gustaría que en la explicación que dé el secretario general se
avanzase en esa línea.
Existe en esta materia el desarrollo de un compromiso del Gobierno
con un amplio grupo de asociaciones, así como la proposición no de
ley que marca esta política. Nos gustaría saber en qué estado se
encuentra su cumplimiento. Y una última reflexión: insistir al
Gobierno en que haga un esfuerzo en esta materia, en la línea que le
definía al principio, la del diálogo social y el trabajo
parlamentario. Sería importante que el desarrollo normativo de estas
políticas, la puesta en marcha de estas iniciativas, encontrase el
máximo consenso social y político. Estoy convencido de que los grupos
políticos -al menos los que asisten hoy a esta Comisión, un jueves
por la tarde vigilia de Sant Jordi- estaríamos en condiciones de
llegar a acuerdos con el Gobierno en los elementos de fondo. Que el
Gobierno aproveche el ámbito parlamentario para legitimar y dar aún
más fuerza a unas políticas que todos consideramos prioritarias
y necesarias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero dar la
bienvenida al secretario general de Empleo, felicitarle por su
nombramiento. La primera vez que vino era director general del INEM y
la segunda secretario general de Empleo; si sigue con esta carrera
ascendente, la tercera vez no sé en qué lugar lo vamos a encontrar.
En todos los temas relacionados con la discapacidad, como decía el
diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, hemos tenido
una posición bastante consensuada. Existe la dinámica y la cultura
dentro de todos los grupos parlamentarios y dentro de todos los
partidos políticos de aunar esfuerzos, voluntades y criterios a fin
de coordinar las políticas que se pueden mantener para mejorar las
condiciones de la discapacidad. A nuestro grupo y a mí, señor
secretario general -se lo digo por si no posee la información- nos
parece que son tres los pilares que han fundamentado toda la
actuación en materia de discapacitados: en primer lugar, la Lismi; en
segundo lugar, el Plan de acción para las personas con discapacidad,
cuya vigencia es de un quinquenio, del año 1997 al 2002, y en tercer
lugar, recibimos con satisfacción la propuesta del Plan de promoción
del empleo de discapacitados y el acuerdo firmado con el Consejo
Español de Representantes de Minusválidos. Estos tres pilares nos han
hecho avanzar en la línea de conceptualizar
que la discapacidad no solamente tiene que ver con el
empleo, sino también con la formación, con las políticas preventivas
en materia sanitaria. Es decir, estamos hablando de un mundo, de un
universo que precisa una serie de colaboraciones y coordinaciones
para poder dar una atención integral.
Le comentaba, por si no lo conoce, que esta diputada ha formulado 168
preguntas por escrito en relación al ámbito de la discapacidad, y
para su conocimiento le diré que he tenido que pedir el amparo de la
Presidencia del Congreso de los Diputados en bastantes ocasiones
porque lo que no se puede, o no se debe hacer por parte del Gobierno
es firmar una serie de planes y luego, cuando se le pide información
de cómo va la gestión de dichos planes o actuaciones, decir que es
competencia del Consejo de Universidades, del Ministerio de Sanidad o
de las comunidades autónomas, etcétera. Le puedo dar un largo
etcétera, pero no es el tema fundamental del debate de hoy. El 2 por
ciento de la población que nace en España son personas con una
discapacidad, es decir, con malformaciones, que van a exigir una
demanda concreta de actuación.
Tenemos un segundo elemento que no podemos olvidar y que creo que
estamos dejando un poco de lado. Durante el año 1997 se produjeron en
España 1.218.000 accidentes laborales, y esta diputada ha solicitado
información sobre las secuelas que han generado para ver qué tipo de
actuación podemos acometer, porque según las secuelas invalidantes
que pueda dejar un accidente laboral así serán las políticas que haya
que emprender.
Un tercer elemento que me parece bastante importante es que en lo que
respecta a la discapacidad, parece que ha estado fuera de las
prioridades del Inem todo lo que concierne al impulso y al desarrollo
de las políticas para la integración laboral de los discapacitados.
En primer lugar, me voy a referir al registro de trabajadores
minusválidos demandantes de empleo, artículo 39.2 de la Lismi. El
informe del Consejo Económico y Social decía clarísimamente que el
Instituto Nacional de Empleo sería el organismo adecuado para asumir
las funciones principales de información, orientación y búsqueda
activa del empleo en colaboración con otros agentes o con otro tipo
de organizaciones, pero nos parece que todavía no se está realizando
debidamente porque cuando hemos solicitado determinadas
informaciones, mediante preguntas escritas al Gobierno, las
respuestas han sido muy cicateras, y yo diría que es porque no se
tienen los datos, si no, se hubiesen trasladado.
En segundo lugar, en relación a la intermediación familiar, es muy
importante volver a retomar la política de actuaciones conjuntas del
INEM y del IMSERSO. ¿Por qué lo digo? Porque, aunque esta entidad
esté transferida, los equipos multiprofesionales, los centros base,
los centros de diagnóstico, todo lo que pueda ser el trabajo de apoyo
y de colaboración, tiene que estar vinculado al Inem y se tienen que
seguir manteniendo todos los mecanismos de coordinación que mejoren
este tipo de actuaciones.
En relación a los servicios públicos del empleo, y en eso sí que
discrepo mayoritariamente con el Grupo Parlamentario Popular y con el
Gobierno, creo que todavía se hacen pocos esfuerzos en el
seguimiento, en dar una participaciónmás específica a los
funcionarios en relación a la
capacidad que puedan tener para mejorar la información y la mediación
laboral de los trabajadores discapacitados.
Hoy en día hay una gran tendencia a presumir de que hay una serie de
iniciativa sociales, véase el Cermi, asociaciones, etcétera, pero,
señor secretario general, qué casualidad que siempre miran al
servicio público de colocaciones. Si la competencia o las funciones
pudieran ser asumidas y adscritas a este tipo de organismos,
automáticamente dejarían de reclamar, de reivindicar, de pedir en sus
plataformas reivindicativas que el servicio público del empleo,
llámese como se llame, con las transferencias que han tenido, siga
siendo el principal actor, el principal ejecutor y el principal
impulsor de todas estas política. En ese sentido, tenemos que seguir
trabajando en colaboración para seguir impulsando que el servicio
público de colocaciones sea aquél que pueda favorecer la inserción
laboral de personas con discapacidad.
En cuanto a la formación ocupacional, es importante garantizar la
igualdad de oportunidades y tenemos que hacer un esfuerzo para
eliminar las barreras arquitectónicas y la comunicación para apoyar
todo lo que pueda ser la formación profesional ocupacional de
trabajadores discapacitados.
En relación al Forcem, es decir, a la formación continua para
trabajadores discapacitados, tenemos que priorizar las acciones
propuestas por las organizaciones, tanto patronales como sindicales,
y en esto coincido plenamente con lo que acaba de decir el señor
Campuzano en relación a que no se puede negociar toda la actuación en
materia de inserción laboral única y exclusivamente con el Cermi. Hay
unos agentes sociales que están interesados en estas políticas,
existen las comunidades autónomas que tienen ámbitos de competencia
exclusiva o complementaria con el Estado y, por tanto, tenemos que
seguir trabajando en esta línea.
No voy a repetir lo que ha dicho el señor Campuzano en relación a la
moción, ya que estoy de acuerdo en cuanto a los baremos Lismi, los
equipos multiprofesionales y el estudio del canon, y me parece
importante remarcar que en esto vamos a ser muy beligerantes y no
vamos a aceptar que en aquellas empresas que no tengan el 2 por
ciento de reserva o de trabajadores discapacitados adscritos a la
empresa se pueda automáticamente garantizar el no cumplimiento de
este cupo de reserva, porque el Consejo Económico y Social
recomienda, y también lo recomiendan el Foro de la Discapacidad y la
OIT, que este canon sirva para dar contratación, y el 50 por ciento
siempre a través del empleo ordinario.
Si hay algún mecanismo en el que todos los discapacitados están de
acuerdo es en que la mejor normalización de la vida del discapacitado
es la normalización educativa, que ya se consiguió, la normalización
en la formación, la normalización laboral y la normalización
sanitaria, y el trabajo ordinario es uno de los elementos que
teníamos que seguir remarcando como clave a la hora de avanzar en
estas políticas.
Recuerdo que el 22 de septiembre, cuando le preguntamos al Gobierno,
les dije en el Pleno, desde la tribuna, que, por favor, hicieran los
deberes, porque había nueve normas que estaban sin desarrollar y sin
haber visto la luz. Sin embargo, por lo que usted me ha comentado,
parece ser
que están impulsando todas las medidas legislativas que hacían falta
para desarrollar este plan y, por tanto, estamos de acuerdo.
Por último, quiero llamar la atención en relación a la discapacidad,
que es un tema que preocupa muchísimo al Grupo Socialista. Cuando se
ha hablado de hacer un censo de las personas con discapacidad, censo
que fue hecho en el año 1986 por el Instituto Nacional de
Estadística, pero que se volvió a solicitar que se hiciera a los 10
años, se dijo, y se ha dicho por activa y por pasiva, que el Gobierno
no tenía recursos económicos. ¿Sabe usted quién nos va a venir a
ayudar a hacer el censo? ¿Lo saben ustedes, señoras y señores
diputados? Nos va a venir a ayudar la fundación ONCE, que va a
aportar el 33 por ciento del costo del censo de los discapacitados de
este país, con lo que no estoy de acuerdo y me parece poco serio,
porque si el censo es de 2.300.000 personas, que es la población
discapacitada que hipotéticamente existe en nuestro país, creo que
hay suficientes recursos económicos dentro del Gobierno y de la
Administración central como para poder acometer esta actuación. Esta
es una cuestión de voluntad política, y yo quiero reprobar esta
actitud por parte de la Administración y por parte del Gobierno en
relación al censo de discapacitados.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor secretario general de
Empleo por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha dado.
Efectivamente, estamos hablando de dos temas que, como S.S. ha
expuesto al principio de su intervención, tienen una tremenda
importancia respecto a un elemento fundamental en nuestra sociedad,
que es la búsqueda de la cohesión social. Efectivamente, las empresas
de inserción, así como los acuerdos suscritos con los colectivos de
minusválidos van en esa línea. Yo me felicito, y le felicito a usted,
de que el proyecto de ley sobre empresas de inserción social esté ya
terminado y coincido con el señor Campuzano en el sentido de que era
una demanda y una aspiración muy vieja. Una aspiración y una demanda
que no corresponden únicamente a esta legislatura, sino que la
habíamos detectado en legislaturas anteriores. Es precisamente ahora,
con el Gobierno del Partido Popular, cuando se va a acometer su
regulación.
Señorías, cuando a finales de 1995 y principios de 1996, en los meses
inmediatamente anteriores a la campaña electoral, José María Aznar
ofrecía a los españoles como valor inspirador o principio fundamental
de su oferta política un compromiso político y social a todos los
españoles, estaba demandando de los propios españoles acciones,
actuaciones y confianza en sí mismos Esas acciones se venían
desarrollando por la sociedad, pero faltaba el compromiso político
por parte de quienes estaban gobernando. Bastó simplemente voluntad
política para impulsar los mecanismos de diálogo social, que han dado
lugar a acuerdos tan importantes como el alcanzado con el Cermi.
Quizá pudiera hasta cierto punto compartir el comentario del señor
Campuzano en el sentido de que existen
más organizaciones, pero lo cierto es que a principios de la
legislatura el colectivo de discapacitados estaba profundamente
atomizado y, a través del Cermi, se consiguió reducir esa
atomización.
Es cierto que el Cermi es el interlocutor más numeroso del colectivo
de discapacitados, y la política que se ha desarrollado después de la
firma del convenio hace aproximadamente año y medio, solamente año y
medio, adoptando medidas tan importantes como las relativas al empleo
selectivo, al fomento del empleo ordinario, al empleo protegido, a la
promoción del trabajo autónomo, a la economía social, al colectivo de
discapacitados o minusválidos, y otros programas de apoyo al empleo,
creo que dicen suficiente de la voluntad política de este Gobierno.
Realmente, estamos satisfechos de lo que se ha hecho hasta ahora,
pero esa satisfacción no nos lleva a la autocomplacencia. Estamos de
acuerdo con los restantes grupos en que hay que seguir trabajando, en
que estos colectivos tienen un riesgo evidente de exclusión social,
me refiero a los discapacitados, y nada que decir con respecto a los
destinatarios de los programas de inserción social.
Por lo tanto, le animo a seguir trabajando en la misma línea y le
felicito por lo conseguido hasta este momento.
El señor PRESIDENTE: El secretario general de Empleo tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Muchísimas
gracias otra vez por la bienvenida, que se produce por segunda vez en
la tarde. Espero no tener que volver a comparecer para no tener que
poner peligro a nadie, ni a mí mismo. (Risas.)
Hablando en serio. Se plantean por SS.SS. diversas cuestiones que voy
a intentar resumir.
En primer lugar, no haría más comentarios sobre la ley de inserción.
Entiendo que todos estamos de acuerdo en que es un hueco en nuestra
normativa, que cuanto antes seamos capaces de cubrir y con el mayor
consenso y apoyo, mejor será para todos.
En cuanto a la información que he dado sobre el convenio del Cermi,
haría una primera precisión. Se me ha llamado para informar sobre el
convenio del Cermi, y eso he intentado hacer con el detalle que he
podido. Evidentemente, hay otras cuestiones que afectan al empleo y a
la problemática general de los discapacitados. No he centrado mi
intervención sobre ellas, porque no era sobre ellas sobre las que se
me requería hoy.
En cuanto a las cuestiones que se me han apuntado, sí haré algunos
comentarios al respecto. Se señala que se ha actuado con escasez de
diálogo ya que estamos en tres dimensiones, según se ha señalado:
una, que afectarían al sector de los discapacitados; otra, a los
interlocutores sociales en sentido clásico; y otra, a las comunidades
autónomas.
Yo aquí no voy a cuestionar si se valora como bueno o malo el nivel
de participación y diálogo que hemos tenido, pero sí voy a cuestionar
que se diga que no lo hemos tenido, porque me atrevo a decir que lo
he tenido personalmente. En este sentido, es cierto que en el sector
hay no sólo contactos, diálogos e investigaciones o proyectos de
actuación que se realizan con el Cermi -insisto-, a los que me
he referido porque se me pedía que me refiriese a ellos, sino que
existen convenios específicos de actuación en materia de integración.
Voy a señalar sólo los que me suenan más familiares, que son los
referidos al empleo dadas las competencias que me ha tocado
desarrollar, y desde luego hay un número importantísimo de
instituciones, no sólo la ONCE, Fiapas, asociaciones específicas de
sordos, que tienen convenios específicos bilaterales con el Instituto
Nacional de Empleo.
Por citar un ejemplo también significativo, el año pasado, la última
convocatoria de programas de escuela-taller se hizo específicamente
para que de manera monográfica se presentasen proyectos por parte de
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones sin
ánimo de lucro, corporaciones locales, etcétera, fundamentalmente
específicas para empleo de la mujer o fomento de empleo de
discapacitados, y más del 20 por ciento de las escuelastaller
concedidas en dicha convocatoria fueron para proyectos relacionados
con el empleo y la integración laboral de los discapacitados, y
fueron presentadas también por un sinnúmero de asociaciones y
agrupaciones.
Sobre los interlocutores sociales, toda la normativa a la que me he
referido ha sido dialogada y participada con los interlocutores
sociales, digamos clásicos, o sea, con los sindicatos más
representativos y con las organizaciones empresariales.
Las comunidades autónomas han participado activamente, porque
prácticamente todas, creo que lo he ido señalando en mi intervención,
las medidas a que me he referido se han incorporado en el Plan
nacional de acción para el empleo, que recibió el apoyo de las
comunidades autónomas, y que en gran medida son quienes gestionan las
actuaciones que se financian con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, que están mayoritariamente transferidas en lo que se
refiere a su ejecución y gestión.
Conozco, si bien probablemente no con el detalle que lo conocen SS.
SS., la proposición no de ley que hay sobre la materia, y que se
abordan problema tan importantes como los coeficientes, equipos
multiprofesionales, el artículo 38 de la Lismi y la alternativa a la
cuota, canon, servicios de apoyos y enclaves, pero insisto en que no
se me había pedido hoy comparecer sobre esta cuestión.
Hay varias cuestiones que sí están relacionadas, no colateralmente
sino de lleno, con el desarrollo del convenio con el Cermi, y a ellas
me he referido, que son muy complejas. Como he dicho, no se fijaban
unos plazos cerrados; había cuestiones a realizar en un plazo breve y
otras en un plazo superior en el desarrollo del convenio del Cermi y
se sabía que una de las cuestiones más complejas era la regulación
del canon y de las medidas alternativas, en su caso, a las cuotas.
Como digo, hay un par de borradores de proyecto de real decreto, que
en este momento están siendo informados por los interlocutores
sociales. La complejidad es muy grande, las alternativas son las
clásicas que se barajan normalmente en estos casos, y yo espero que,
antes de que acabe este año, esa normativa esté aprobada.
En cualquier caso, siempre es una cuestión a considerar si el
legislador, el Ejecutivo en este caso, ha insuflado la suficiente
celeridad y apoyo al programa, pero yo creo que, según las notas que
traigo, la modificación de cinco normas
con rango de ley, cuatro reales decretos, cuatro órdenes
ministeriales, un acuerdo de Consejo de Ministros en dieciocho meses,
cualquiera que sepa un poco lo que es la elaboración legislativa y
administrativa lo puede calificar como un desarrollo bastante cabal
de lo que se firmó en su momento.
Respecto al impulso que da el Instituto Nacional de Empleo a la
actuación de los discapacitados, también aquí difiero un poco. En
tres años se ha duplicado, o sea, se ha producido un incremento del
cien por cien del presupuesto destinado en el Instituto Nacional de
Empleo a la integración laboral de los discapacitados. Yo creo que un
incremento de tal tamaño hace que huelgue cualquier otro comentario.
Con relación a que son tres patas fundamentales las armas que tenemos
aquí, estoy totalmente de acuerdo. Realmente el acuerdo del Cermi no
hace más que desarrollar lo que está previsto en la Lismi, lo que
estaba previsto en el plan de acción y que lo que hace es concretar
un compromiso de carácter político, llevar a cabo una serie de
medidas, que por supuesto no es que no cuestionen sino que
desarrollan las previsiones de una legislación en la que creo que
siempre ha habido un nivel de consenso alto y que es una de las
virtudes de dicha legislación.
Estoy totalmente de acuerdo en que debemos impulsar e incorporar las
acciones de formación e inserción. Se están incrementando las
acciones del Instituto Nacional de Empleo de manera casi exponencial,
casi duplicándose año a año, y es en la vía de los convenios con
asociaciones de representantes del sector, sean o no del Cermi, en la
que se está trabajando fundamentalmente.
Lamento enormemente lo de las 162 preguntas. Espero que yo no sea
causa de ninguna de ellas y, desde luego, en lo que es nuestro ámbito
de competencia, yo me brindo, siempre que pueda y sepa, a aclarar
toda la actuación que, por otro lado, creo que está llena de
contenido.
Registro de demandantes de empleo. Aquí se produce una cuestión en la
que también tenemos que situarnos. Con motivo del Plan de empleo y
con el desarrollo del acuerdo del Cermi se efectuó un estudio
riguroso en el Instituto Nacional de Empleo sobre el número de
demandantes de empleo que declaraban alguna discapacidad, estudio y
comprobación que arrojó 40.000 personas; 40.000 demandantes de empleo
se declaran en el Instituto Nacional de Empleo como discapacitados.
Siempre se nos señala que ese no es el número de discapacitados que
hay en España. Evidentemente, pero no se nos puede negar que el
número de personas que a la hora de demandar un empleo declaran su
discapacidad son las que son. Es cierto que hay una problemática
bastante amplia en este sentido y que hay discapacitados que no
declaran su discapacidad en el momento de inscribirse por pensar que
puede ser una dificultad para el acceso al empleo, y que hay otros
discapacitados que efectivamente, busquen o no empleo, no lo hacen
mediante su registro en el Instituto Nacional de Empleo, sin
perjuicio de lo cual nosotros planificamos actuaciones, y así está
contenido en los planes de empleo, para esas personas que se
identifican como tales y que en tal sentido acuden al Instituto
Nacional de Empleo.
La colaboración INEM, Imserso, servicios públicos de empleo, también
se está desarrollando. Yo entiendo que
estamos en un momento de complejidad técnica, en un momento en el que
se está procediendo a la transferencia de la labor de intermediación
entre el Inem, que hasta ahora la realizaba prácticamente de manera
monopolística, hacia las comunidades autónomas, por desarrollo de un
mandato constitucional. Eso en ningún caso está poniendo en peligro,
en mi opinión, el registro general de demandantes de empleo, ni pone
en peligro el conocimiento general de los demandantes que en este
caso concurran con alguna discapacidad, pero permite la ejecución y
la planificación por parte de las comunidades autónomas, ya como
competentes en la materia y la de gestión de lo que, tanto por sus
presupuestos específicos como por lo previsto en los Presupuestos
Generales del Estado, se dota para estos programas.
En cuanto a la priorización de las actuaciones de Forcem, éste es un
proceso que tiene un procedimiento de actuación específico, como SS.
SS. conocen sobradamente; están previstas preferencias a la hora de
valorar los expedientes que se presentan en los que concurren
proyectos dirigidos a discapacitados, aunque bien es cierto que el
volumen de proyectos, hasta donde yo sé (y estoy un poco hablando de
memoria, porque tampoco había preparado yo esta cuestión
específicamente), es bastante escaso en lo que es la presentación de
programas concretos de empresas o planes agrupados, etcétera.
Por último, quiero dar también mi total acuerdo en el sentido de que,
al final, el trabajo ordinario es la mejor vía de integración de los
discapacitados. Todas estas medidas de apoyo, no sólo del desarrollo
del acuerdo con el Cermi sino también de la propia Lismi, todos estos
importantes recursos públicos sólo para centros especiales de empleo
-creo que este año tenemos destinados 24.000 millones de pesetas-,
todo esto sólo tiene sentido si son tránsitos que permiten la
posterior integración en el mercado y en la vida -voy a utilizar el
término ordinario- general de este colectivo. (El señor Campuzano i
Canadès pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: A efectos de clarificar una cuestión de
forma.
Simplemente para que el señor secretario general lo entienda, creo
recordar que presentamos la petición de comparecencia en el mes de
octubre de 1998. El paso del tiempo hace que se acumule el interés de
este grupo parlamentario en conocer las políticas que el Gobierno
desarrolla en materia de discapacitados lo que nos obliga no sólo
a ceñirnos a lo que es estrictamente el título de la comparencia, sino
a ampliarla al conjunto de la política del Gobierno.
Tenemos, -y estoy seguro de que no es su responsabilidad sino que se
debe a la dinámica de funcionamiento general de todo el mundo, del
Gobierno y del Parlamento, pocas oportunidades de realizar debates
monográficos sobre temas concretos, y para nosotros hacer un
seguimiento de la política global del Gobierno en esta materia es
importante. De ahí que le hayamos planteado cuestiones que van más
allá del título de la comparencia.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
EXPLICACIÓN DE LA FILTRACIÓN DE DATOS DEL PARO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE EMPLEO (INEM) POR PARTE DE DIRIGENTES DEL PARTIDO POPULAR, ASÍ
COMO MEDIDAS PARA LA CORRECCIÓN DE ESTA GRAVE ANOMALÍA. (Número de
expediente 181/001903)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de preguntas formuladas por
don Ricardo Peralta. La primera de ellas, explicación de la
filtración de datos del paro del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
por parte de dirigentes del Partido Popular, así como medidas para la
corrección de esta grave anomalía.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Doy también la bienvenida al señor Chozas a
esta Comisión. Tal como indicaba el presidente, me gustaría saber qué
explicación da el Gobierno a esta circunstancia absolutamente anómala
de que reiteradamente, en los últimos meses, por parte de dirigentes
del Partido Popular se hayan filtrado los datos del Inem relativos al
paro registrado, y digo que se hayan filtrado porque eran dados a
conocer con antelación a que fueran hechos públicos por el propio
Instituto.
Me gustaría, asimismo, que se informara sobre las medidas que se han
tomado para la corrección de esta grave anomalía.
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Voy a ser muy
breve, porque tampoco creo que la cuestión planteada de para
fárragos, como decía el clásico, más valen quintaesencias que
fárragos.
Efectivamente, a lo largo fundamentalmente del segundo semestre de
1998 se produjeron determinadas manifestaciones públicas que, si yo
no las he contabilizado mal, afectaron a diversos territorios
(Galicia, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Valencia);
se produjo una comunicación pública total (me refiero a todo el
ámbito nacional) o parcial (me refiero al ámbito de determinadas
comunidades autónomas) de los datos que, como práctica habitual,
hacen públicos el Instituto Nacional de Empleo y el secretario
general de Empleo todos los meses, que son los datos de paro
registrado en las oficinas del INEM.
En mi opinión, la cuestión es fundamentalmente práctica, ya que no
hay ninguna normativa que regule cómo se deben dar estos datos o cómo
se deben hacer públicos, pero evidentemente indeseada e incómoda para
el Ministerio de Trabajo que, como responsable último del registro de
los demandantes de empleo, entiende que es quien tiene que hacer esta
presentación pública.
El problema se plantea porque la disposición de los datos se tenía,
hasta prácticamente el inicio del presente año, en una primera fase
con términos muy genéricos, o sea, los datos absolutos de demandantes
de empleo por los
territorios, y sólo al cabo de siete, ocho o prácticamente diez días
se tuvo el desglose con el detalle necesario para hacer la
presentación pública que hace el Ministerio de Trabajo, esto es,
contratos y distribución de los mismos, distribución del paro según
zonas geográficas, pero también sectores, sexos, edades, etcétera,
con la complejidad con que habitualmente se hacen públicos estos
datos. Ello ocasionaba que un número enorme de instituciones y
personas, todas las delegaciones de Gobierno, todas las consejerías
laborales de las comunidades autónomas y determinados órganos de la
Administración del Estado dispusieran prácticamente desde el primer
día de cada mes de los datos generales y no se producía la
publicación hasta pasados prácticamente diez días. Eso ha implicado
filtraciones y malentendidos desgraciadamente con una cierta
habitualidad en los últimos meses del segundo semestre del año
pasado, por un sinnúmero de causas como son la coincidencia de
fiestas en Madrid pero no en una comunidad autónoma, o errores en el
envío de la empresa de mensajería que tenía que entregar la
documentación no antes del momento en que se producía la
comparecencia del Ministerio para hacerla pública. Dada la gran
variedad de instituciones y personas que incurrieron en estas
filtraciones que, como digo, en la mayoría de los casos, después de
haber hecho las correspondientes comprobaciones, se debían a
malentendidos y, en mi opinión, a un defecto estructural en la
distribución de la información, que significaba que estaba
a disposición de un gran número de personas que no siempre eran
conscientes de su trascendencia cuestión de fondo, que significaba,
el riesgo y casi la certeza de filtración o de mal manejo de dichos
datos, el Ministerio, a partir del mes de febrero de este año, ha
cambiado el mecanismo de hacer públicos dichos datos. Afortunadamente
se ha culminado un trabajo que llevaba realizando ya desde hace
tiempo el Instituto Nacional de Empleo que nos permite tener los
datos con todo el desglose y la desagregación necesaria para hacerlos
públicos de la manera habitual el día 2 ó 3 de cada mes, en función
del calendario o de la coincidencia o no con días laborales, fines de
semana, etcétera. Este sistema no sólo nos permite hacer públicos los
datos siempre antes del día 5, y así se está produciendo desde el mes
de febrero -hablo de memoria, pero nunca han hechos públicos, más
allá del día 4 ó 5, los datos de paro registrado y de contratos-,
sino, sobre todo, que en el mismo momento en el que se tienen, es
decir, el día que se van a hacer públicos, se distribuyen a todos los
responsables de empleo de todas las comunidades autónomas. Hay que
poner esto en relación con que gran parte de ellas, a corto plazo,
van a ser las competentes en el registro de los demandantes de
empleo. De hecho, ya lo son Cataluña, Galicia y Valencia. A corto
plazo se van a incorporar, por las transferencias en materia de
intermediación, Navarra y Andalucía; y; a medio plazo, se van a
incorporar absolutamente todas las comunidades autónomas, con lo cual
tampoco sería de recibo que la comunidad autónoma competente en
materia de registro de desempleados tuviera que esperar la
aquiescencia o el permiso del responsable del Registro Nacional,
porque todos se nutren de una misma base de datos informática.
Entendemos que la solución de que los datos estén disponibles en el
mismo momento para todas las administraciones
y hacerlos públicos en ese mismo momento por parte del Ministerio de
Trabajo, en lo que corresponde a la información nacional, acaba con
los riesgos, con los problemas y con el mal funcionamiento que ha
habido hasta ahora. Nada obstaría que la misma mañana en la que el
Ministerio de Trabajo hace públicos los datos nacionales, si lo
considera conveniente una comunidad autónoma, o el mismo día -ya que
es el mismo día en que se dispone de la información-, hiciera también
las ruedas de prensa o las valoraciones que libremente considere
oportunas. Esa es la explicación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Chozas, comenzaba usted diciendo que
más vale quintaesencia que fárrago. ¿Qué lástima que no se haya
aplicado ese comienzo tan brillante de su intervención! ¿Por qué no
se dice que la caída era una situación realmente inadmisible? ¿Cómo
puede haber hecho una exposición larga -no he contado el tiempo- para
decir cosas ciertamente preocupantes? Primero ha reconocido que era
prácticamente una habitualidad en el segundo semestre de 1998. Ha
empezado a citar territorios y casi ha citado a toda España. Así, a
vuelapluma, Galicia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia. Ha
mencionado que era prácticamente una habitualidad y que es una
cuestión práctica, ya que no hay ninguna normativa que regule esta
materia. Señor Chozas, yo no quisiera recordarle lo que es la
separación entre el Estado y los partidos políticos. Esto es de
cajón. El problema no está en que el Estado o una comunidad autónoma
dé los datos; no, señor Chozas. Eso serían administraciones públicas
en definitiva. El problema es que es un partido político el que hace
públicos los datos de la Administración. El asunto no se puede
resolver con esa simplicidad con que lo ha hecho usted. El tema es
grave y está perfectamente establecido y resuelto. Eso es
inadmisible, señor Chozas. A mí me sorprende que me diga que no hay
normativa que regule esta materia. ¿Cree usted eso de verdad, señor
Chozas? Usted no puede creer ni puede decir eso. Un partido político
no puede hacer públicos datos de la Administración del Estado. Lo
sabe usted perfectamente. Cuando eso se ha producido hay, como ha
dicho usted, un defecto estructural, del Inem y de los mecanismos
internos del Inem; hay un defecto estructural más preocupante, y son
las relaciones del partido que apoya al Gobierno y la Administración
del Estado. Es un defecto estructural muy preocupante desde el punto
de vista democrático. La solución, créame, no es de carácter técnico,
de que el día 5 se tengan los datos. La solución es de carácter
político, que el Partido Popular, Nueva Izquierda, el Partido
Socialista o cualquier otro partido no tienen acceso a los datos
hasta que no son hechos públicos por la Administración. Es un
problema político, señor Chozas. Por eso vuelvo al comienzo de su
intervención. La quintaesencia en este caso es ésa. Todo lo demás,
señor Chozas, es fárrago. Se lo podía haber ahorrado, porque, entre
cosas, corresponde a una época en la que usted no estaba. Usted podía
haber dicho que esa situación, en la medida en que usted está al
frente, ya no se produce. Yo hubiera tenido que darle la enhorabuena.
Pero si S. S. cree
todo lo que ha dicho y lo afirma públicamente, me resulta
preocupante. Piense en el ámbito fiscal. ¿Qué diría usted si un
partido político hiciera públicos datos de carácter fiscal, del
Ministerio del Interior o de cualquier otro ámbito de la
Administración? Diría que es inadmisible. En esta materia,
exactamente igual, señor Chozas.
Celebro que se haya cortado esa situación. Quiero creer a pesar de lo
que ha dicho, que a partir de ahora no se va a volver a producir esa
situación porque la quintaesencia de este problema es muy preocupante
desde el punto de vista democrático; quiero creer que ha quedado
claro que, efectivamente, no se repetirá porque comparto que esta es
una cuestión indeseada e incómoda. Lo mejor es reconocerlo con
claridad, no tratar de trivializarla, y poner las medidas adecuadas.
Las medidas adecuadas son las que son: una clara separación entre lo
que es la Administración del Estado como ámbito de todos los
ciudadanos, y lo que son los partidos políticos como ámbito privado
de determinados ciudadanos, instituciones que funcionan con plena
independencia, incluso en el caso del partido que sostiene al
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas, ¿quiere añadir algo?
El señora SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Sí, quería
hacer una precisión.
De las filtraciones que se produjeron, todas menos una fueron hechas
por administraciones -es una cuestión de número y matiz-, no por
partidos políticos. Comparto con usted que hay un problema de calidad
en el caso de la filtración por un partido político, pero hay que
centrarlo en este debate: estamos hablando de datos de un registro
público, no de datos secretos o reservados a un ámbito de actuación
de las administraciones. Coincido en la inconveniencia de que un
partido político dé una primicia informativa, pero en ningún caso ha
tenido acceso a datos reservados, prohibidos o limitados.
He intentado referirme a la explicación de la filtración -y
lamentaría que no hubiera sido así- que, como he dicho, era más
genérica porque existía un problema estructural en el manejo de la
información. También he intentado señalar que las medidas que se han
tomado para corregirlo evitarán en el futuro cualquier filtración de
estas características.
En cuanto a mí, no voy a hacer caso omiso de la responsabilidad del
cargo que ocupaba en esa época porque era el director general del
Inem y la responsabilidad sería plena. En cualquier caso, la asumiría
aunque hubiera estado en otro puesto de la Administración, ya que soy
quien debe explicarla.
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
CONCLUSIONES QUE SACA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE
LA CONDENA AL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
(INEM) DE VALLADOLID POR OFENSAS A MIEMBROS
DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. (Número de expediente 181/002001)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula
igualmente el señor Peralta, sobre las conclusiones que saca el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la condena al director
provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Valladolid por
ofensas a miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Seguro que conoce, señor Chozas, que esta es
la segunda vez que pregunto por este tema. Si no es así, le pongo en
antecedentes. Cito literalmente la contestación que dio su antecesor
en el cargo, señor Pimentel, cuando contestó la primera vez. El día
26 de diciembre, el director provincial del Inem se personó en una de
las comisarías de policía de Valladolid tras recibir aviso de que sus
hijos se encontraban detenidos. Se produjo un incidente en la
comisaría de policía; a raíz del cual el Sindicato Unificado de
Policía presentó una denuncia contra el director provincial del Inem
acusándole de amenazas. Semanas después de estos hechos el citado
director provincial del Inem hace unas declaraciones en medios de
comunicación ciertamente escandalosas. Permítame que utilice esta
expresión, más que citar lo que los medios de comunicación recogieron
que había dicho el director provincial del Inem. A raíz de estos
hechos, presenté mi anterior pregunta que se explanó en esta Comisión
el 22 de abril del año pasado, hace exactamente un año. En aquella
ocasión, el señor Pimentel me dijo que él creía que los hechos que se
habían producido en la comisaría de policía y en los que había habido
algún exceso del director provincial del Inem pertenecían al ámbito
privado. Decía: La actuación del denunciado no es loable, no es ni
mucho menos edificante, pero no tiene relación alguna con el
desempeño de su puesto de trabajo como funcionario.
Yo le insistí en que quizá podían admitirse aquellos hechos que se
habían producido en comisaría, a resultas de como quedara el tema,
pero que de ningún modo eran admisibles las declaraciones públicas
hechas por el director provincial del Inem de Valladolid, que no es
un ciudadano cualquiera que convoca a los medios de comunicación y
que dice que funcionarios del Cuerpo Superior de Policía de este país
cometen auténticas torturas. El señor Pimentel en aquel momento dijo
que no conocía estas manifestaciones públicas -cito literalmente lo
que manifestó el 22 de abril pasado-, pero que se informaría acerca
de las mismas porque su intervención se había ceñido a lo derivado
del día 26 de diciembre, no a las posteriores informaciones que no
conocía.
Así terminó aquella actuación. Era oportuno esperar a ver cómo
terminaba el tema. Ya sabemos cómo ha terminado señor Chozas:
condenado por ofender a policías el director del Inem de Valladolid.
El responsable del Inem utilizó su cargo para intentar presionar a
los agentes y poder ver a sus hijos que se encontraban detenidos en
dependencias policiales. En varias ocasiones manifestó, entre gritos
y amenazas, que era el director provincial del Inem y que no pararía
hasta ver a los policías en la cola del paro. Según la sentencia del
Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid
el responsable del Inem profirió expresiones de carácter
despectivo contra los agentes. Unos hechos, que según la sentencia,
se ven agravados por la personalidad del autor. A la vista de esto me
gustaría saber qué conclusiones saca el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de esta situación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Como ha hecho
S.S. una exposición clara de los antecedentes que rodean al caso, sin
más antecedentes me situaré en la resolución de la Audiencia
Provincial de Valladolid, sentencia de 25 de marzo, para llegar al
momento en el que nos encontramos; sentencia que resolvió el recurso
de apelación del juicio de faltas seguido contra don Luis Cecilio
Escorial Velasco, director provincial del Inem en Valladolid,
presentado tanto por él como por el policía nacional Julián Téllez
del Río. En dicha sentencia se aceptan los hechos que se declararon
probados en la de instancia, en la que no quedaba probado que el
señor Escorial hiciera ostentación de su cargo de director provincial
del Instituto Nacional de Empleo, según dice la sentencia ahora y
dijo en su momento. En cuanto a los fundamentos de derecho, se
desestima el recurso de apelación del señor Escorial y se estima
parcialmente el del señor Téllez, pero sólo en lo que afecta a la
condena a imponer y no a la tipificación de los hechos probados que
considera correcta, razón por la cual se mantiene la pena impuesta,
si bien elevándola únicamente en su cuantía. Por ello ha de
concluirse como primera precisión que el señor Escorial Velasco ha
sido condenado como autor de una falta de ofensas a los agentes de la
autoridad, que no se ha producido en el ejercicio de su trabajo y, en
consecuencia, sin relación directa con el cargo que ostenta. No
obstante, en relación con lo anterior, independientemente del
contenido estricto de la sentencia y en relación con determinados
comportamientos del señor Escorial, no parece adecuado que un puesto
de representación y confianza desempeñado por un cargo o puesto de
libre designación se identifique en una polémica pública entre dos
unidades de la misma Administración, de la Administración del Estado
o de la unidad periférica de Valladolid.
Después de analizar el contenido de la sentencia, el comportamiento y
la posición del señor Escorial, y después de haber esperado el primer
pronunciamiento del recurso, se trasladó al señor Escorial dicha
inconveniencia a efectos de que tuviera una postura coherente con el
funcionamiento lógico y, si se me permite, ejemplificador de la
Administración a la que representa. Como consecuencia de esa
consideración de su actuación, el señor Escorial, con fecha 21 de
abril -es decir, ayer-, presentó la renuncia a su puesto como
director provincial del Inem de Valladolid, renuncia que le ha sido
aceptada, no tanto por el ejercicio excesivo de una actuación en el
cumplimiento de su cargo, sino precisamente por el ejemplo que al
resto de los ciudadanos deben dar todas las unidades de la
Administración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señorPeralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Chozas, aun discrepando de algunas
cuestiones de matiz de su intervención, permítame que le felicite
porque efectivamente creo que es un buen ejemplo. Ese sentido
ejemplificador que, según su intervención, usted pretendía que se
produjera, creo que se consigue. Actuaciones de ese tipo no son nada
edificantes para el funcionamiento de la Administración, máxime
cuando hacen referencia a un cuerpo que -tengo que decirlo- en
ocasiones es tan fácil de denostar como es el Cuerpo Superior de
Policía, que ya tiene un trabajo especialmente difícil y complicado
que le hace recibir determinadas críticas, en muchos casos
injustificadas. Lo último que se puede esperar es que las reciban de
la propia Administración cuando, parece claro a tenor de la sentencia
judicial, eran absolutamente injustificadas.
Es una solución adecuada y que tiene un carácter ejemplificador.
Discrepando en algunos matices en cuanto al método que se ha seguido
por parte del Ministerio, permítame que le felicite.
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
RAZONES POR LAS QUE SE PONE TRABAS A LA COGESTIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LA SOCIEDAD EUROPEA Y SE BLOQUEA EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA
COMUNITARIA SOBRE LA MISMA. (Número de expediente 181/002098.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, razones por las
que pone trabas a la cogestión de los trabajadores en la sociedad
europea y se bloquea el desarrollo de la normativa comunitaria sobre
la misma.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: El tema de la directiva comunitaria sobre la
sociedad europea es casi tan viejo como la Unión Europea, aunque no
sea Unión Europea porque fuera antes Mercado Común, Comunidad
Económica, etcétera. Uno de los temas que ha bloqueado la ejecución
y la concreción de este aspecto importante es la participación de los
trabajadores en los órganos de dirección de las sociedades. En ese
punto se ha producido un choque entre dos concepciones: la concepción
de determinados países europeos que apuestan por lo que se llama la
cogestión, que haya una representación de los trabajadores en los
órganos de gestión de la entidad, y la sostenida por otros países, en
concreto por el nuestro -y digo por el nuestro porque ha ido
perdiendo fuerza su posición-, de que los trabajadores no participan
en los órganos de gestión y tengan determinados derechos de
información.
Este asunto ha ido evolucionando en el sentido de que el Gobierno
español ha ido quedando cada vez más en minoría. En la última
ocasión, a finales del año pasado, se pensaba que se podía alcanzar
un acuerdo y fue la posición sostenida por el entonces ministro de
Trabajo la que bloqueó este tema. España defiende el modelo de
información y consulta al personal consagrado en el Estatuto de los
Trabajos, según decía un miembro de la delegación española: ¿Por qué
tiene que ser mejor que el modelo de cogestión?
No se trata de realizar debates sobre cuál es el mejor modelo.
A tenor de los resultados, habrá que reconocer que el modelo alemán,
tanto desde el punto de vista social como económico, ha podido
producir mejores resultados. El debate no se plantea en términos de
esgrimir cuál es el mejor. En el ámbito europeo, en muchas ocasiones
debe aplicarse, como le oí decir esta mañana al representante del
Grupo Popular, que lo importante en democracia es la razón de la
mayoría, y hay que reconocer que en este tema el Gobierno español
está en una clara inferioridad y en minoría.
Me gustaría saber en qué momento el Gobierno español piensa
desbloquear esta situación; es un tema importante. La cohesión social
en Europa a quien interesa fundamentalmente es a los países como el
nuestro, donde los problemas sociales, sea el paro, la protección
social, etcétera, son más agudos. Deberíamos conseguir que Europa
avanzara por esta senda y que nosotros lográramos beneficiarnos de
los avances que se produzcan sobre esta materia. Me gustaría saber
cuál es la posición del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Como ha
señalado S.S., el problema de la forma jurídica de la sociedad
europea es viejo. Durante más de 25 años se ha intentado elaborar un
reglamento de derecho comunitario que directamente regule dicha
sociedad y una directiva que estudie la participación de los
trabajadores en los órganos, con el esquema que intentaré explicar
ahora, intentando describir cuál ha sido la postura de la delegación
española en los Consejos de Ministros de la Unión Europea.
En lo que se refiere al reglamento, a la propia definición de la
sociedad europea, todavía existen varios aspectos pendientes de
consensuar. En primer lugar, la propuesta de reglamento actual limita
las posibles formas de constitución de la sociedad europea a la
fusión de dos o más sociedades establecidas en Estados miembros
diferentes o a la constitución por dos o más sociedades de un holding
de empresas o de una filial común. Sin embargo, existen Estados
miembros, entre los que se encuentra España, que defienden que
debería admitirse también la transformación en sociedad europea de
una sociedad nacional. En segundo lugar, las consecuencias fiscales
que llevará aparejada la constitución de la sociedad europea no son
abordadas, pese a su importancia en la propuesta de reglamento que
difiere esta cuestión. Por último, existen en la propuesta de
reglamento cuestiones mercantiles pendientes de cerrar relacionadas
con el registro de la sociedad europea y el momento en que adquirirá
personalidad jurídica. Si bien esta regulación no es el objeto de la
pregunta, es bueno situar las cosas señalando cuáles son las
obligaciones de participación de los trabajadores y no diciendo qué
queremos que sea la sociedad europea o qué régimen va a tener.
Respecto a la propuesta de directiva sobre la implicación de los
trabajadores en la sociedad europea, aunque se han producido avances
en la discusión desde la presentación del denominado informe
DíAvignon en 1997, los trabajos desarrollados durante las tres
últimas presidencias de la Unión, es decir, Luxemburgo, Reino Unido y
Austria, no
han permitido alcanzar el grado de consenso necesario entre todos los
Estados miembros que permitiera su aprobación. El problema
fundamental estriba en que, mientras que algunos Estados miembros
conocen formas de presencia de los trabajadores en los órganos
sociales de sociedades mercantiles -y el ejemplo lo ha citado S. S.
es el sistema de cogestión alemán-, en otros Estados miembros la
participación de los trabajadores en las empresas se materializa
a través de derechos de información y consulta de los trabajadores.
Este último es el caso de España. Y lo es por una imposición
normativa o legal, sino que es el fruto, en gran medida, del diálogo
social que se plasmó con lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores. Pero también es el de otros países como Francia,
Italia, Portugal, Grecia, Bélgica, etcétera. ¿Cuál debe ser, por
tanto, la posición o la implicación de los trabajadores en la
sociedad europea? ¿La cogestión, la información y la consulta, ambas
formas de participación a la vez, o lo que en cada caso se decida? La
propuesta de directiva, siguiendo el esquema de la directiva comité
de empresa europeo, reconoce la autonomía de las partes para
determinar cuál debe ser la forma de implicación de los trabajadores
en la sociedad europea. La dirección de las sociedades participantes
en la constitución en la sociedad europea y una comisión negociadora,
integrada por representantes de los trabajadores de las sociedades
participantes, deben negociar un acuerdo para determinar cómo debe
producirse la información, la consulta o incluso, -si así se decide-,
la cogestión de los trabajadores en la sociedad. España acepta este
esquema. La implicación de los trabajadores en la sociedad europea
será la que ambas partes decidan o la que se derive del acuerdo, del
diálogo social. Sucede, sin embargo, que aunque la propuesta de
directiva dice reconocer la autonomía de las partes en la
negociación, existen a lo largo del articulado determinadas
disposiciones que no lo recogen, en nuestra opinión, de manera
adecuada.
Por un lado, la comisión negociadora que representa a los
trabajadores en este posible pacto tiene una composición
exclusivamente proporcional al número de trabajadores de las
sociedades participantes en cada Estado miembro. Esta composición
difiere de lo que sucedía en la directiva comité de empresa europeo,
donde se combinan criterios geográficos y proporcionales en la
composición de la comisión negociadora y así se exige un mínimo de un
representante de los trabajadores por cada país donde la empresa
tuviera centros de trabajo y, además, miembros adicionales en función
del número de trabajadores en cada país. Teniendo en cuenta las
importantes decisiones que debe adoptar esta comisión negociadora
-iniciar o no negociaciones, anular negociaciones, acuerdos sobre
implicación de los trabajadores en la propia sociedad, etcétera-, los
países periféricos de la Unión -España, Portugal, Grecia
o Luxemburgo-, caracterizados por una estructura empresarial de
pequeñas y medianas empresas, están disconformes con el hecho de que
la composición de la comisión sea exclusivamente proporcional. Se
propone, por el contrario, una combinación de criterios geográficos y
proporcionales que permita a los representantes de los trabajadores
de su país defender adecuadamente sus posiciones y no someterse a
decisiones que unilateralmente puedan
adoptar los representantes de los trabajadores de los países grandes
o con una estructura empresarial en la que predominan las empresas
con elevado número de trabajadores.
Otro de los elementos de la propuesta de directiva que parece ir en
contra o que no desarrolla correctamente la proclamada autonomía de
las partes es la regla del voto en la comisión negociadora. A juicio
de los países antes enumerados, la autonomía de las partes exige que
la regla del voto en la comisión negociadora sea la mayoría absoluta
de los votos, esto es, la mitad más uno de los votos de los miembros
de la comisión negociadora. Sin embargo, otros países,
fundamentalmente Alemania, insistiendo a lo largo de su Presidencia,
desean imponer como regla del voto para determinadas decisiones de la
comisión negociadora una mayoría reforzada de dos tercios de los
votos de los miembros de la comisión negociadora, utilizando además
un sistema de voto ponderado pues exigen que estos dos tercios de los
votos representen a dos tercios de los trabajadores de las sociedades
participantes en la constitución de la sociedad europea. Es en caso
de fracaso de las negociaciones donde la propuesta de directiva prevé
que serán de aplicación obligatoria unas determinadas disposiciones
en materia de información y consulta y cogestión de los trabajadores
en la sociedad europea.
Por lo que se refiere a la información y consulta establece que
deberá constituirse un órgano de representación de los trabajadores,
esto es, nuestro comité de empresa. Sucede con ese órgano de
representación lo que sucedía con la comisión negociadora: su
composición es exclusivamente proporcional, -no voy a repetir el
argumento-, que perjudicaría a aquellos países donde el tamaño de las
empresas es menor. Respecto a la cogestión de los trabajadores en la
sociedad europea, en caso de fracaso de las negociaciones, también
existen posiciones enfrentadas entre las delegaciones nacionales.
Todos los países parecen estar de acuerdo en dos cosas: si una
sociedad nacional se transforma en sociedad europea y en esa sociedad
nacional existe cogestión, deberá existir cogestión en la sociedad
europea; si en las sociedades participantes, en la constitución de
una sociedad europea no existe cogestión, tampoco existirá cogestión
en la sociedad europea en caso de fracaso de las negociaciones. En
esos casos sólo existirá cogestión si lo acuerdan ambas partes.
El desacuerdo entre los diferentes países se produce cuando en la
constitución de la sociedad europea participan sociedades con
cogestión y sociedades sin cogestión. Algunos países, -no sólo
España-, han defendido, después de avanzar respecto de sus posiciones
iniciales, que en estos casos existirá cogestión cuando el 50 por
ciento de los trabajadores de las sociedades participantes tuvieran
sistemas de cogestión. Sin embargo, otros países -aquí Alemania sería
también quien encabezara el grupo- defienden, para no afectar a los
derechos existentes, que basta con que el 30, el 20 ó incluso el 10
por ciento de los trabajadores de las sociedades participantes tengan
cogestión para que deba existir cogestión en la sociedad europea. Es
más, si la cogestión no alcanza ese porcentaje, desean reconocer a la
comisión negociadora formada por representantes de los trabajadores
el derecho a imponer el sistema de cogestión en la sociedad europea.
Esta propuesta no es aceptada por la delegación española ni por otras
delegaciones por varias razones. En primer lugar -y como resumen-,
porque consideramos que no resulta democrático por el lado de los
trabajadores que una minoría de trabajadores imponga un sistema de
participación a la mayoría. En el debate subyace, en gran medida, el
interés que puedan tener determinados estados en extender o exportar
un sistema de cogestión a otros Estados miembros donde la
participación de los trabajadores se produce a través de la
información y consulta, con el argumento de que la cogestión es el
mejor sistema. Estoy de acuerdo con S.S. en que no es ese el debate,
sino que el modelo es fruto fundamentalmente del diálogo social y del
desarrollo del mercado de trabajo en cada uno de los países.
Como resumen de lo señalado hasta aquí, es claro que es admisible
que, en virtud de las autonomías de las partes, el sistema de
participación en la sociedad europea sea el que ambas partes decidan
libremente, nadie lo cuestiona; es admisible que, en caso de fracaso
de las negociaciones, el sistema de participación en la sociedad
europea sea el que afecte al mayor número de trabajadores en las
sociedades participantes. Sin embargo, resulta difícil de aceptar que
una minoría imponga su sistema a la mayoría. Hay que tener en cuenta
que el sistema de cogestión funcionó en Alemania en una determinada
época porque era aceptado por todas las partes, empresas y
trabajadores, pero este sistema pierde toda su virtualidad cuando no
es fruto de un consenso, como cualquier otro, sino de una
confrontación entre la empresa y los trabajadores o de una imposición
de la minoría a la mayoría.
Lo anteriormente expuesto confirma que existen aún cuestiones
abiertas. En ningún caso, en mi opinión, ello debe dar la idea de que
el proceso está parado o absolutamente fuera de debate. Todo lo
contrario, la Presidencia alemana mantiene su intención de obtener
algún resultado en este sentido. En concreto, mantiene como una de
sus prioridades la intención de aprobar la directiva. No obstante,
las dificultades aquí señaladas creo que son comprensibles
y justificables y lo único que buscan es mantener el equilibrio de la
representación de los trabajadores e impedir que el proyecto de
sociedad europea nazca de una manera poco atractiva o lastrada para
la integración en el mercado único de las empresas en las que haya
participación española. Se está trabajando en los ámbitos de la Unión
Europea para llegar al máximo consenso en esta materia. La postura
española no es rígida y busca lograr ese nivel de consenso unánime
que se requiere para la aprobación de la directiva.
Efectivamente, en los medios de comunicación se ha dado la idea de la
posición numantina de la delegación española. Yo no voy a negar lo
que todos hemos leído en la prensa. Creo que todos tenemos alguna
experiencia de cómo se efectúan los debates en el Consejo de
Ministros de la Unión y tal aislamiento no es tan absoluto o, desde
luego, no existe una posición aislada de la posición española.
Insisto, en que se está trabajando para intentar llegar a un consenso
lo más rápidamente posible. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Peralta, porque la
respuesta ha sido amplísima y no vamos a confundir esta pregunta con
un congreso de derecho del trabajo.
El señor PERALTA ORTEGA: No es mi voluntad y, desde luego, no estaría
en condiciones de competir en ese terreno con la Presidencia, pero,
precisamente por la amplitud de la respuesta, sí creo que tengo que
hacer alguna precisión.
En primer lugar, señor Chozas, creo que ha hecho un gran esfuerzo por
intentar justificar su posición. Yo no sé si se trata de una posición
numantina y si el aislamiento es absoluto, pero, como usted tiene que
reconocer, sí parece que en estos momentos la posición del Gobierno
español es una posición bastante minoritaria en el conjunto de las
posiciones en esta materia; que se están manteniendo una posición que
choca con otro criterio que tiene una mayoría significativa. Eso debe
valorarse adecuadamente. Estamos hablando de un tema importante para
el avance del proceso de construcción europea, tanto en su aspecto de
carácter económico, lo que pueda ser la definición de la sociedad
europea, como en su aspecto de carácter social, que también está en
juego aquí.
Yo insisto en que nuestro país es el primer interesado en que se
avance en este terreno y que se pueda participar de los beneficios y
a mí me gustan mucho esas apelaciones a la autonomía de las partes y
demás, pero -y con esto termino, señor presidente- yo le preguntaría
si esa posición que mantiene el Gobierno español es respaldada por
Comisiones Obreras y por UGT. Estoy convencido de que no. Por tanto,
¿qué quiere que le diga? Creo que no hay una posición de respeto a la
autonomía, se ha tomado una posición que no coincide precisamente ya
no digo con la posición de los sindicatos europeos y de muchos países
europeos, sino con la de los sindicatos españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Únicamente
haré un par de precisiones. Efectivamente, es una posición
minoritaria, en ningún caso he intentado aquí negar lo que es una
evidencia, pero ése es el pan de cada día en la negociación de la
normativa comunitaria. Aquí hay que hacer confluir los intereses en
la construcción del mercado único con los intereses legítimos de cada
uno de los mercados de trabajo. Es verdad que hay dos cuestiones, las
económicas y las sociales, a la hora de la construcción de la
sociedad europea, pero creo que es cabal que primero definamos cuál
era la sociedad y cuál es su régimen y después las obligaciones de
participación, sin eludir el bulto sobre dichas obligaciones.
Por último, en referencia a la autonomía de las partes, efectivamente
los sindicatos españoles están a favor de la aprobación de la
directiva, pero no menos efectivamente las asociaciones empresariales
están en contra, no las españolas, la Unice?, y la autonomía de las
partes es también que esas partes lleguen a acuerdos y no tomar el
camino de una o de otra.
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS
DE
TRABAJO TEMPORAL. (Número de expediente 181/002099)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta del orden del día: actuaciones
encaminadas a mejorar el funcionamiento de las empresas de trabajo
temporal, que formula don Ricardo Peralta.
Tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Yo daría por formulada la pregunta en los
términos en que lo ha hecho la Presidencia y así vamos más rápido. Me
reservo para poder intervenir más ampliamente en la segunda parte.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente, controlando el tiempo la
Presidencia, señor Peralta.
Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Agradezco la
celeridad, y procuraré no romperla yo.
Sin entrar en muchos más antecedentes, diré que una de las cuestiones
que reiteradamente se plantean en nuestro mercado de trabajo han sido
algunos aspectos del funcionamiento de las empresas de trabajo
temporal, reguladas, como S.S. sabe, en la Ley 14/1994. Yo creo que,
en líneas generales, la valoración del funcionamiento de las empresas
de trabajo temporal tiene que ser positiva porque han abierto unas
posibilidades de acceso al empleo, si bien temporal, y han permitido
la afloración de actividades que normalmente eran ámbito habitual de
la economía sumergida. Pero no es menos cierto que entendemos que se
han producido importantes excesos o funcionamientos, digamos, no
deseados por parte de dichas empresas. Esto no sólo lo dice el
Gobierno ahora que estoy yo aquí; el acuerdo interconfederal por la
estabilidad en el empleo, ahí sí, los interlocutores sociales
señalaron la necesidad de crear un grupo que analizase el
funcionamiento de las empresas de trabajo temporal grupo en el que se
instaba al Gobierno que participase, para que con representantes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se analizase el
funcionamiento de las empresas de trabajo temporal en el marco
general del acuerdo interconfederal, que buscaba fomentar la
estabilidad en el empleo.
Dicho grupo estuvo funcionando prácticamente durante todo el año
1998, y en él se trataron durante ese año algunas cuestiones de
carácter parcial, aunque no por ello menos relevantes, como las
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, que finalmente
dieron lugar a un decreto de limitación de actividades de las
empresas de trabajo temporal en determinadas ocupaciones con riesgo.
Como quiera que los resultados de este grupo de trabajo no abordaban
las cuestiones de fondo que se consideraba que debían corregirse en
el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal, en enero de
1999 propuso el Gobierno a los agentes sociales la continuación de
los trabajos del grupo, pero específicamente dirigidos a modificar o
a presentar propuestas de modificación de la Ley 14/1994. El
Ministerio de Trabajo ha convocado desde entonces, si yo no estoy mal
informado, cuatro reuniones de dicho grupo, y se ha intentado la
búsqueda de un acuerdo en materia de modificación de la regulación
actual de las empresas de trabajo
temporal. Durante ese período se han producido también en el ámbito
parlamentario algunas modificaciones como es la aprobación por el
Parlamento específicamente de dos iniciativas que venían a situarse
en este debate. Una de ellas es la de modificación del artículo 11,
en el que se establece la equiparación de los salarios entre los
trabajadores de las empresas usuarias y los trabajadores puestos a
disposición por las empresas de trabajo temporal, proposición de ley
que fue tomada en consideración y que recibió el apoyo unánime de los
grupos parlamentarios. También había una proposición no de ley para
instar al Gobierno a hacer el máximo esfuerzo para acordar las líneas
y modificaciones necesarias de la ley.
En el intento de abordar esta modificación, no me atrevo a decir que
hubiera acuerdo, pero sí se llegó a aceptar por todas las partes un
temario inicial presentado por el Ministerio de Trabajo en el cual se
abordaban las cuestiones de salarios, contratación y estabilidad en
el empleo. En ningún caso pretendía el Ministerio fomentar la
estabilidad obligatoria en las empresas de trabajo temporal, lo que
probablemente sería una contradicción in terminis en muchos casos,
sino limitar los excesos en el abuso de la temporalidad cuando se
habla de actividades habituales en las empresas usuarias. Se dio
también un mayor avance en los derechos colectivos, fundamentalmente
los de información para la representación de los trabajadores ligada
a los contratos de puesta a disposición, las garantías y controles en
el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal, básicamente
una mejor regulación del proceso de autorizaciones, y un apartado
relativo a la formación en prevención de riesgos laborales. Como
digo, el temario fue aceptado por las partes y posteriormente se
descendió a mayor concreción por parte del Ministerio, entrando en
terreno más complejo, pues en su caso llegará a ser el texto
articulado. Finalmente, se levantaron las reuniones de carácter
tripartito sin haber llegado a un acuerdo sobre la materia.
Con relación a la actualidad inmediata, a lo largo de esta semana se
han tenido contactos tanto con las representaciones de los sindicatos
como de las organizaciones empresariales, analizando ya textos
concretos para la posible aprobación y, en su caso, incorporación de
la modificación. Tampoco ha habido apoyo unánime por parte de los
interlocutores sociales, y sin perjuicio de que la posición o el
escenario ideal para el Ministerio de Trabajo sería que hubiera un
acuerdo sobre todas o parte de las cuestiones que están encima de la
mesa, o un acuerdo de mayor dimensión o que abarcase otras
cuestiones, como el Ministerio de Trabajo es parte, pero no
precisamente inocua o neutra en este proceso, entiende que deberá
abordarse una modificación que afecte al menos a las cuestiones que
se presentaron en el temario. Si no se logra de manera inmediata,
y eso sería entre esta semana y la que viene, un acuerdo en la materia,
por parte del Ministerio se iniciaría la elaboración definitiva de
unas propuestas para que sean analizadas por el Gobierno y se decida
qué trámite es el más conveniente para llevar a cabo esta
modificación.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Procurando la brevedad, señor Chozas, le
diré que yo comparto la afirmación que ha hecho de que las ETT han
funcionado en nuestro
país con excesos importantes, que tienen que corregirse. No sé si eso
lleva a matizar la valoración global positiva, pero en todo caso la
obligación que tenemos es corregir con carácter prioritario esos
defectos, esos excesos. Partiendo de esa realidad, urge el tiempo. No
podemos permitir que esos excesos importantes se estén produciendo y
que no se haga nada. Se ha hecho un gran esfuerzo por alcanzar un
consenso y no ha sido posible. Por tanto, hay que entrar en una
actuación dirigida a erradicar esos excesos.
El temario inicial que presentaba el Gobierno, al que sucintamente ha
hecho usted referencia, era aceptable, pero quizá se podría
completar. Hay un punto en concreto, que no sé si formaba parte de
ese temario o no, que podría ser el de la delimitación del ámbito de
actuación de las ETT. Hubo alguna iniciativa parlamentaria que
sugería su restricción en el ámbito de la Administración pública;
incluso ha habido alguna propuesta legislativa posterior que
pretendía burlar esa previsión, punto que también debe contemplarse.
Pero creo que los temas que ha citado usted en ese temario, salarios,
contratación y estabilidad, derechos colectivos, garantías en el
funcionamiento de las ETT, formación, pueden ser un mecanismo que
permita corregir esos excesos.
Muy brevemente me voy a permitir decir cuál es la opinión de Nueva
Izquierda en esos temas. Por lo que se refiere al tema de los
salarios, efectivamente estamos tramitando una proposición de ley en
la que creo que el tenor literal no concreta adecuadamente la que era
voluntad de todos los grupos parlamentarios, que era producir la
equiparación retributiva. Esta debe hacerse a la equiparación
retributiva real que se percibe en la empresa, y no tanto al convenio
que en ésta sea aplicable. Por ejemplo, como sabe usted, puede que la
empresa no tenga convenio propio y se aplique el convenio del sector.
Sin embargo, en la realidad, las retribuciones en la empresa pueden
ser notoriamente superiores a las de dicho convenio, en virtud de
acuerdos internos, prácticas empresariales y tantos otros mecanismos
a través de los cuales se toman decisiones en el ámbito laboral. Yo
creo que la voluntad de todos los grupos parlamentarios era
garantizar la equiparación retributiva, que las ETT no funcionaran
como un mecanismo de perversión de las condiciones laborales. Desde
ese punto de vista, en el tema de las condiciones sociales, del
salario, habría que ir por la línea de garantizar la efectiva
equiparación a las retribuciones y condiciones sociales reales.
Un tema importante al que ha hecho referencia es el de la
contratación y estabilidad en el empleo. Respecto a este tema, señor
Chozas, creemos que se podrían adoptar diversas medidas. La primera
de ellas sería que la celebración del contrato de puesta a
disposición fuera posible exclusivamente en los mismos supuestos y
con los mismos requisitos con los que la empresa usuaria pudiera
celebrar un contrato de duraión determinada, con arreglo a lo que hoy
dispone el estatuto. La segunda sería establecer un número máximo de
trabajadores de las ETT en la empresa usuaria, mediante un porcentaje
en función del volumen de la empresa. La tercera, procurar garantizar
una determinada estabilidad en las ETT. Es verdad que, como usted ha
dicho, esto puede parecer una determinada contradicción in terminis,
si se lleva a términos rigurosos, pero no planteándolo en términos
rigurosos, sí que parece que se puede conseguir que un porcentaje
determiando de los trabajadores
en misión sea fijo. También, que en el supuesto de que un trabajador
mantenga una relación laboral con una determinada ETT durante un
periodo de tiempo determinado, de manera ininterrumpida o con
pequeñas interrupciones, pase a considerarse fijo en la misma.
El tercer aspecto importante que ha mencionado es el de los derechos
colectivos. En este sentido, creemos que debe reforzarse la
información que se proporciona donde está realmente la base estable
de los trabajadores, que es en la empresa usuaria. A la
representación de esos trabajadores se le debe proporcionar
actualmente una mayor información sobre los trabajadores que son
cedidos a esa empresa. Nosotros creemos que se deben reconocer los
derechos de los trabajadores en misión a participar en la vida
laboral de las empresas usuarias, donde se pueden producir procesos
de conflicto. No parecería lógico y no sería justo que fueran ajenos
a los trabajadores en misión, que pudieran aparecer como esquiroles,
y nada más ajeno a su voluntad ni de lo que sería el funcionamiento
normal de la empresa. Creemos que se pueden adoptar medidas en esto.
Compartimos la necesidad de garantías en el funcionamiento y control
de las ETT y usted lo ha dicho. Creemos qu debería abordarse el tema
de responsabilidades solidarias de la ETT y de la empresa usuaria.
Finalmente, sobre la formación, creo que el Ministerio comparte la
preocupación de que, para combatir esa inestabilidad laboral, es
imprescindible que los trabajadores de las ETT reciban una formación
e información adecuada a las características del puesto de trabajo al
que realmente van a ser destinados. Esto requiere, primero,
garantizar que la formación es efectiva y, segundo, que se da una
información y una formación adecuada.
Con todos estos temas, señor Chozas, creo que el Ministerio ha
cumplido adecuadamente su labor de buscar el consenso y el acuerdo,
pero cuando ese acuerdo, desgraciadamente, no es posible -y quizá sea
la sitaución, aunque se puede hacer un último intento-, si ésa es la
situación, el Ministerio debe contribuir a atajar esos excesos
importantes que constatamos en el funcionamiento de las ETT.Los
compromisos asumidos por el Gobierno, y también por los agentes
sociales, de trabajar por mejorar el mercado laboral de nuestro país
y la estabilidad requieren intervenir en esta materia. Por los
trabajos que se han hecho hasta ahora y por los debates entre las
partes, hay muchos elementos aprovechables, y yo animaría al señor
Chozas y al Ministerio de Trabajo a que, con celeridad, aborden un
tema que servirá, sin lugar a dudas, para mejorar el mercado laboral
de nuestro país y la situación de miles de ciudadanos y de
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor Chozas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Nada más
quiero decir que ésa es nuestra intención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoras y señores diputados.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.