CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 657



ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ MARCOS DE TROCONIZ



Sesión núm. 67



celebrada el martes, 16 de marzo de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor subsecretario de Economía y Hacienda (Díez
Moreno), para:



- Hacer balance del plan de optimización y racionalización del
patrimonio inmobiliario. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 212/001208) ... (Página 19102)



- Informar sobre el proceso de privatización de Tabacalera, S.A. Por
acuerdo de esta Comisión. (Número de expediente 212/001332) ...

(Página 19110)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Señor
subsecretario de Economía y Hacienda, le damos la bienvenida. Vamos a
celebrar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
que corresponde al día de hoy y cuyo orden del día consiste en dos
comparecencias del señor subsecretario antes citado: una, a instancia
del Grupo Parlamentario Popular y, otra, de la propia Comisión, a los
efectos, la primera de ellas, de hacer balance del Plan de
optimización y racionalización del patrimonio inmobiliario y, la
segunda, para informar sobre el proceso de privatización de
Tabacalera, S.A.

Si les parece a ustedes, procederemos a la acumulación de ambas
comparecencias. En primer lugar, intervendrá el señor subsecretario
para informar de ambas y, posteriormente, seguiremos el orden normal
de las comparecencias: comenzaremos por el Grupo Socialista, a
continuación el Grupo Federal de Izquierda Unida, luego los demás
grupos parlamentarios que deseen intervenir y concluirá con el Grupo
Popular. A continuación, el señor subsecretario responderá a las
preguntas, interpelaciones, sugerencias, fijación de posiciones de
los grupos parlamentarios y, posteriormente, si algún grupo lo
solicitase, abriríamos un segundo turno de intervenciones para fijar
la posición o realizar puntualizaciones a la intervención del señor
subsecretario y, por último, concluiría él.

Sin más, tiene la palabra el señor subsecretario de Economía
y Hacienda, don Fernando Díez.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Díez Moreno): Muchas
gracias, señor presidente.




Señores diputados, comparezco para informar sobre el Plan de
optimización y racionalización del patrimonio inmobiliario del
Estado, que se enmarca dentro de un plan más amplio que podríamos
denominar, en sentido muy genérico, plan de austeridad, es decir,
tendría tres partes fundamentalmente. Una primera, de ahorro del
capítulo 2 de presupuestos en algunos conceptos de dicho capítulo, lo
que consideramos gastos corrientes en suministros de bienes
y servicios; en segundo lugar, un plan de compras públicas donde se
intenta hacer valer la posición de la Administración como cliente
preferencial, habida cuenta del enorme volumen de adquisiciones que a
lo largo de cualquier ejercicio realiza la Administración en general
y, en tercer lugar, el plan de optimización y racionalización del uso
del inmenso patrimonio mobiliario que tiene el Estado. Este plan
tiene una concreción normativa pues fue un acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de octubre de 1996 el que estableció las líneas
directrices y los objetivos fundamentales de este plan de
optimización. En síntesis, para entrar en lo más importante para
ustedes que es, sin duda alguna, la ejecución hasta el momento de
este plan, estos objetivos serán los siguientes. Primero, mejorar la
gestión patrimonial. Una gestión de tan inmenso patrimonio
distribuido a lo largo de toda la geografía española es necesario
siempre que se intensifique y profundice en su modernización.

En segundo lugar, optimizar el uso y aprovechamiento centrado en las
siguientes líneas. Primero, no concertar nuevos arrendamientos.

Creemos que la titularidad dominical, la propiedad de patrimonio del
Estado, es suficiente para atender a los servicios públicos, por
tanto, en cuanto sea posible y salvo casos excepcionales, hay que
huir de la figura del arrendamiento. Para ello se han reducido
sustancialmente -como después explicaré- los arrendamientos vigentes,
de manera que los funcionarios se han recluido sobre los edificios en
propiedad. Asimismo, aprovechando la situación más competitiva del
mercado, el plan prevé la renegociación de las rentas de los
arrendamientos que permanezcan a la baja y, finalmente, se concentran
los servicios de la Administración en los inmuebles en propiedad.

Todo ello va acompañado de la promoción de convenios urbanísticos con
los ayuntamientos, de manera que aquellos edificios que se abandonen
porque no son necesarios para la prestación de los servicios públicos
puedan ser objeto de recalificación para obtener la calificación de
la zona donde se encuentren enmarcados y, en su caso, proceder a una
enajenación. Es esta última idea, dar salida al mercado de los
excedentes, uno de los objetivos finales del Plan de optimización y
racionalización del patrimonio inmobiliario: poder enajenar aquello
que no es necesario.

Son dos las líneas u objetivos de este plan. En primer lugar,
necesitamos tener un moderno inventario general de los bienes y
derechos de patrimonio del Estado. Tenemos el inventario tradicional
y habitual, pero las nuevas técnicas informáticas deben permitirnos
tener una mejor información del patrimonio del Estado. A estos
efectos, se han elaborado, hasta el 10 de marzo de 1999, 8.356 fichas
de inmuebles de la Administración, cada una de las cuales proporciona
163 datos aproximadamente. El modelo de fichas, un modelo informático
elaborado por una sociedad de patrimonio del Estado denominada
Segipsa, donde se contiene desde la fotografía del inmueble en
cuestión y su situación en el plano de la ciudad hasta todo tipo de
información relacionada con la utilización, la titularidad dominical,
si es arrendamiento o propiedad, la superficie que ocupa sobre
rasante y bajo rasante; y, lo más importante, la ocupación que tiene,
porque lo que persigue fundamentalmente este plan es determinar
módulos estándares de manera que cada nivel de la Administración
tenga un módulo de superficie y poder así acomodar y reacomodar el
uso de los edificios. Es, como digo, una ficha muy técnica,
informatizada, con 136 datos.

Del dato que he dado antes: 8.356 fichas, 1.033 corresponden a Madrid
y 7.274 a provincias; hay también 49 fichas de inmuebles en el
extranjero. Como es lógico, hemos empezado por los servicios
centrales porque la complejidad de la Administración periférica es
mayor. En una primera fase queremos agotar el examen de los edificios
de la Administración central, fundamentalmente en Madrid, y, en una
segunda fase, los edificios ocupados por organismos administrativos,
es decir, organismos autónomos o entes públicos empresariales y,
posteriormente, los edificios de la Administración periférica, en
colaboración en este caso con el Ministerio de Administraciones
Públicas, empezando por las delegaciones de Gobierno.

En este momento, 14 ministerios tienen ya completadas las fichas de
los edificios que ocupan y 17 organismos han



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hecho esta misma tarea. A partir de esta información, una vez que la
procesemos, comienzan lo que son los planes de reubicación
inmobiliaria. Actualmente, se han elaborado planes de reubicación
para los ministerios de Asuntos Exteriores; Trabajo y Asuntos
Sociales; Agricultura, Pesca y Alimentación; Economía y Hacienda;
Industria y Energía; Sanidad y Consumo; Presidencia; Interior;
Educación y Cultura, y Justicia. Estos planes de reubicación para
estos ministerios afectan a 225 inmuebles. ¿Qué es un plan de
reubicación? Todo ministerio respecto al que tenemos plan de
reubicación ha sido objeto de este informe de análisis y reubicación
que propone la Dirección General de Patrimonio del Estado. En estos
informes se indican los datos genéricos de todos los edificios
ocupados por un departamento; se hace un análisis comparativo de los
inmuebles por tipo de superficie, lo que es área de uso y área que no
se usa a fines administrativos, así como su régimen de disfrute en
propiedad o en arrendamiento; y se hace, además, un análisis
comparativo por estándares de ocupación. Este es el objeto
fundamental: saber si se ocupa demasiado espacio, si los despachos
son demasiado grandes y que cada nivel administrativo tenga la
superficie que corresponde en el estándar. Finalmente, se hace un
análisis comparativo de datos económicos y de ocupación para
inmuebles en propiedad. Existe un mapa de Madrid donde está ubicado
cada uno de los edificios y existe una fotografía para una
identificación visual. Este plan del Ministerio de Asuntos Exteriores
nos aporta los siguientes datos. El Ministerio de Asuntos Exteriores
tiene en Madrid veintiocho inmuebles de los cuales tiene en propiedad
nueve y en arrendamiento diecinueve. La superficie de estos
veintiocho inmuebles ocupa 55.410 metros cuadrados de los cuales
45.000, aproximadamente, son sobre rasante y 9.000 bajo rasante.

Estos edificios están ocupados por 1.362 personas de las que 1.227
son funcionarios y el resto laborales. En propiedad, existe el 74 por
ciento de superficie, aproximadamente 41.000 metros cuadrados, y en
arrendamiento el 26 por ciento.

A continuación, estos informes determinan el nivel de ocupación
estableciendo unos gráficos, donde hay una línea que es la media
estándar y aquellos que sobrepasan o no llegan a esta media lo que
permite después hacer una propuesta, que es el objeto fundamental de
este informe, que es cómo se debe reubicar el Ministerio de Asuntos
Exteriores. En este caso concreto, el objetivo fundamental es que el
Ministerio de Asuntos Exteriores ocupe el antiguo edificio del INI,
actualmente edificio de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Para ello debe desalojar los edificios que actualmente
ocupa de manera que, al final del proceso de reubicación, el
Ministerio de Asuntos Exteriores conservará los palacios de Santa
Cruz y de Viana como edificios simbólicos, el edificio de la calle
Reyes Católicos donde se encuentra en este momento la Secretaría de
Estado para Asuntos Iberoamericanos y, prácticamente, el resto de sus
dependencias se concentrará en el edificio SEPI; proceso que
esperamos terminar a finales de agosto del presente año. La
Secretaría de Estado para la Unión Europea y las direcciones
generales que de ella dependen, así como las demás direcciones
generales desperdigadas hasta ahora en 28 edificios, tendrán
prácticamente tres o cuatro sedes en su ubicación definitiva prevista
en este plan. Repito que cada uno de los ministerios respecto de
los que hemos aprobado el plan lo tiene perfectamente determinado,
concretado y definitivo en documentos de esta naturaleza.

En los estudios que hasta ahora hemos hecho de planes de reubicación
de los ministerios que he mencionado estaban afectados 225 inmuebles.

De éstos está previsto ocupar solamente 133; de los 92 inmuebles
liberados, 23 se integrarán en Patrimonio del Estado para otras
necesidades y 69, que son contratos arrendados, serán objeto de
cancelación. Hasta el 10 de marzo de 1999, de los 45 inmuebles
liberados, 7 son en propiedad, ocupan una superficie de 34.000 metros
cuadrados y tienen un valor de mercado de 7.606 millones de pesetas.

De estos 7 edificios en propiedad, 5 son edificios como tales, no
vendidos, y 2 solares en Doctor Esquerdo y en la calle Jesús de
Nazaret, que se valoraron y adjudicaron mediante subasta en 5.500
millones de pesetas. El resto, 38 contratos de arrendamiento que
ocupan 38.000 metros cuadrados, han sido cancelados y se ha dejado de
abonar por ello una renta cercana a los 900 millones de pesetas.

Primero, el tratamiento informatizado moderno de Patrimonio del
Estado para facilitar su gestión. Segundo, los planes de reubicación
que estamos realizando para los ministerios y organismos públicos y
que, en la segunda y tercera fase, abarcarán las dependencias de la
Administración territorial.

En tercer lugar, las previsiones de actuación, es decir, lo que
tenemos que hacer todavía en 1999 y años sucesivos, en su caso.

Primero, terminar los planes de reubicación respecto de cuatro
departamentos ministeriales y gran número de organismos autónomos.

Recuerdo que solamente tenemos 17 organismos en estos momentos con
plan aprobado. Segundo, continuar con el tratamiento informatizado de
las fichas de inmuebles. Es muy complejo rellenar esta ficha y
algunos departamentos tienen problemas, especialmente en la
periferia; prevemos contratar para algunos edificios servicios de
asistencia para que ayuden en la elaboración de estas fichas, pero lo
consideramos básico porque sin esta información sería después muy
difícil hacer cualquier planificación. Finalmente, iniciar la
reubicación de la periferia empezando por las delegaciones del
Gobierno.

Forma parte de este plan de reubicación también la enajenación de
solares innecesarios. Entendemos que la Administración en este
momento tiene suficientes edificios para dar cobijo a sus
dependencias y que las necesidades que puedan ir surgiendo se pueden
cubrir a través de una mejora y de una aplicación estricta de estos
planes de reubicación. No es previsible, por tanto, la construcción
de grandes sedes para departamentos y, de hecho, un solar existente
en la calle Padre Damián, de Madrid, que en principio iba a ser
destinado a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido
abandonado en cuanto a tal plan, el Ministerio de Asuntos Exteriores
se ha reubicado, como antes he expuesto, y este solar de Padre
Damián, una vez que consigamos ese convenio urbanístico con el
ayuntamiento, puede ser objeto de subasta junto con otros edificios.

De hecho, durante 1997 y 1998, hemos procedido a la enajenación por
importe de 11.800 millones de pesetas:8.000 millones en 1998 y 3.800
millones en 1997, y tenemos



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la previsión, en 1999, de enajenaciones por importe de 16.700
millones de pesetas.

Estos planes de reubicación que se enmarcan dentro del concepto más
amplio de austeridad, es decir, de las cuestiones relacionadas con la
política de compras públicas así como lo que es austeridad y ahorro
del gasto corriente en algunas partidas y artículos del capítulo 2 de
los presupuestos, tienen las siguientes ventajas. Primero, se está
consiguiendo una actualización informatizada del inventario de bienes
de ese inmenso patrimonio con cuya expresión comenzaban mis palabras:
el inmenso patrimonio inmobiliario que gestiona la Dirección General
de Patrimonio del Estado aunque, por supuesto, no es el único centro
directivo que tiene titularidad dominical sobre bienes inmuebles.

En segundo lugar, a la vista de esta informatización, se han
detectado aquellos inmuebles que presentan mejores características
para el uso de los servicios de la Administración en función de su
tamaño, de su emplazamiento, de sus características de construcción,
de su funcionalidad y del estado de conservación.

En tercer lugar, mediante la aplicación de estándares uniformes y
mediante la elaboración de esos gráficos que he mostrado a SS.SS., se
permite determinar los niveles y categorías por áreas de trabajo,
tanto especiales como comunes, así como homogeneizar aquellos
espacios de que debe disponer cada unidad administrativa.

En cuarto lugar, se permite reducir drásticamente los edificios en
arrendamiento. Hasta este momento hemos reducido esos 38 a que antes
me refería por casi 900 millones de pesetas de renta ahorrada, sin
perjuicio de la renta que se ahorra al negociar a la baja los
alquileres que mantenemos.




En quinto lugar, como no parece adecuado mantener suelo para nuevas
construcciones habida cuenta que los servicios futuros pueden estar
cubiertos con el patrimonio existente, llevamos a cabo una política
de puesta al mercado de solares en la medida que sea preciso.

En sexto lugar, se está produciendo concentración en los grandes
edificios administrativos porque son los que ofrecen mayores ventajas
comparativas, así como una mejor prestación y atención al
administrado.

En séptimo lugar, se están firmando convenios urbanísticos con las
administraciones públicas para optimizar el aprovechamiento urbano,
mejorar su entorno y reclasificar o desclasificar los bienes según
proceda y, finalmente se tiene previsto estas tres fases; en primer
lugar, que la Administración del Estado finalice sus planes de
reubicación a través de los ministerios y organismos públicos; en
segundo lugar, que se aborde la optimización del patrimonio
inmobiliario en la Administración periférica y, en tercer lugar, el
patrimonio inmobiliario en el extranjero, aunque en este caso tenemos
solamente inventariados 49 edificios. Estos son, señorías, los datos
básicos que quería exponerles en lo que se refiere al llamado Plan de
optimización, racionalización y mejora del patrimonio inmobiliario
del Estado.

Con su permiso, señor presidente, paso a abordar la privatización de
Tabacalera. No es la primera vez que este subsecretario comparece
ante esta Comisión de Economía para abordar el tema de
privatizaciones. He tenido ocasión de exponer el proceso de
privatización de Tabacalera así
como el relativo a Telefónica Internacional. En esta ocasión
corresponde hablar del proceso de privatización de Tabacalera. No se
trata de detenerse ahora en explicaciones o valoraciones teóricas
sobre el proceso de privatización en su conjunto. No obstante, me
gustaría hacer referencia a dos cuestiones relacionadas con este
proceso global.

La primera es que entiendo que la privatización y el proceso como tal
es una cuestión ideológica que se decide en función de los programas
electorales inspirados en las correspondientes ideologías: se
privatiza o se centraliza; se da más juego al mercado o se absorbe el
mercado. Una vez decidida ideológicamente una política de
privatizaciones, lo importante es determinar su naturaleza, es decir,
¿qué finalidades se pretende con esta política y cuáles son sus
objetivos? Quiero manifestar que la privatización, tal como ha sido
concebida y ejecutada hasta el momento por el Gobierno, no es un
instrumento de política presupuestaria por cuanto que de todos es
sabido que, a efectos de contabilidad nacional y sistema europeo de
cuentas, los ingresos por privatizaciones no son computables para la
determinación del déficit público, por tanto, no es un instrumento de
política presupuestaria, no nos valdría, tiene muy pequeña incidencia
-después me referiré a ella- en la política de ingresos y gastos a
los efectos del déficit según contabilidad nacional; es, por el
contrario, un instrumento de la política económica de liberalización
y apertura de los sectores que ha llevado a cabo el Gobierno. Así,
por ejemplo, cuando se aprueba la Ley 54/1997, del sector eléctrico
donde se inicia el proceso de liberalización de este sector permite
abordar la privatización del sector eléctrico, especialmente, de
Endesa. Cuando se aprueba la Ley 34/1998, de liberalización de
hidrocarburos, está claro que hay que privatizar Repsol. Cuando se
aprueba la Ley 11/1998, general de telecomunicaciones es evidente que
hay que privatizar Telefónica. Cuando se aprueba la Ley 13/1998, del
mercado de tabacos, es evidente que hay que privatizar Tabacalera.

¿Por qué es evidente que hay que privatizar las empresas? Porque en
un sector económico que se liberaliza, en un sector económico que se
abre a la competencia, en un sector en que se devuelve al mercado
todas sus posibilidades, el Estado no puede ser titular aunque sea de
un porcentaje pequeño. Es indiferente que el Estado sea titular del
2, del 5, ó del 20 por ciento del capital de una sociedad, porque la
presencia del Estado por sí misma supera con mucho el porcentaje de
participación en capital.

Si creemos realmente en la política de apertura y de liberalización
que tan buenos resultados está dando, es evidente que el Estado tiene
que privatizar y tiene que marcharse del todo de las empresas que
participan en este sector, entre otras cosas, para no establecer
diferencias o discriminaciones entre ellas. No tiene sentido que el
Estado participe en una empresa en un sector liberalizado porque, por
sí mismo, ese sector que quedaría desequilibrado y, en cierta forma,
disminuida su capacidad de abrirse y liberalizarse realmente.

La segunda consideración que quería hacer es la siguiente. Durante
muchos años, El Partido Popular ha estado en la oposición, ha sido
una larga travesía del desierto y es de lógica política, como de
lógica humana, que, una vez que se accede a ese poder, se quiera
acaparar lo más posible ese poder. Cuando se privatiza empresa se
está perdiendo



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poder, se está perdiendo capacidad de influencia -en el buen sentido,
no en el malo-, por ejemplo, para el apoyo de las políticas del
Gobierno. Si el Gobierno quiere emprender una política de
liberalización de las telecomunicaciones sería magnífico dominar en
Telefónica como ha dominado porque esa presencia en Telefónica podía
apoyar la política del Gobierno. Y lo mismo podría decirse en los
demás sectores. El Estado se desapodera, pierde poder pero consciente
de que esa pérdida de poder es congruente con la política que quiere
seguir, con esa política de liberalización a la que antes me he
referido. Si queremos apertura y liberalización de sectores el Estado
no puede, porque disfunciona y sería un elemento perturbador,
permanecer. Pierde poder conscientemente en congruencia con esa
política económica para la que las privatizaciones son un
instrumento. Éste es un primer reconocimiento que debe hacerse en
justicia.

Antes de entrar en el proceso de Tabacalera, quiero señalar que los
principios que han regido este proceso, lo mismo que los principios
que han regido todos los demás procesos de privatizaciones, han sido
los de continuidad del proyecto empresarial, de publicidad y
concurrencia en los sectores que participan en dicha privatización y
el de control, principio que se lleva a cabo a través del Consejo
consultivo de privatizaciones, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, de la Intervención General de la Administración del Estado
y, finalmente, del Tribunal de Cuentas. Se trata de un proceso en el
que cada una de sus fases está sometida a control por órganos
distintos y concurrentes porque, al final, cada uno de estos órganos
de control termina haciendo el control propio del proceso en su
conjunto.

La privatización de Tabacalera comienza con un acuerdo del consejo de
administración de la Sociedad Estatal de Participaciones
Patrimoniales -Seppa- de 29 de septiembre de 1998. Este no es un
acuerdo indiferente. De acuerdo con la norma que regula las
privatizaciones, quien las gestiona son los consejos de
administración de Seppa en el aspecto patrimonial, las
participaciones de la Dirección General de Patrimonio, o de Sepi en
el aspecto industrial. Quede claro que los presidentes de las
empresas públicas que se privatizan no participan en los procesos de
privatización. Ellos administran la empresa, la Seppa y la Sepi
gestionan el proceso de privatización y son, por tanto, responsables
de este proceso. Así está previsto en la norma del Gobierno de junio
de 1996 que regula el proceso, y así se ha llevado a cabo. Y en los
dossieres de cada proceso de privatización que se conocen y se
remiten a todos los órganos de control, aparecen todos y cada uno de
los actos y acuerdos en virtud de los cuales este proceso ha ido
avanzando, y todos y cada uno de los acuerdos que el órgano gestor y
responsable de la privatización ha ido tomando.

El caso de Tabacalera no ha sido distinto a los demás supuestos de
privatización. El gestor de la privatización y su responsable, en
este caso, ha sido el consejo de administración de Seppa. La primera
tarea que hubo que acometer fue la selección de los diversos asesores
que participan en un proceso complejo, como es el de vender tantos
millones de acciones y que tiene como resultado casi 300.000 millones
de pesetas. Un asesor financiero que se elige en enero de 1998,
previa convocatoria de un concurso en el que por
primera vez se establece la incompatibilidad de ser asesor financiero
con ser distribuidor posterior de las acciones. En este concurso
participan hasta siete entidades financieras, se aprueba un baremo de
evaluación de acuerdo con la metodología establecida en la norma de
privatizaciones donde se tienen en cuenta los criterios de
experiencia, conocimiento del sector y de la empresa, análisis de la
demanda y calendario de la operación y propuesta de colaboración. En
base a estos criterios y al correspondiente baremo se adjudica el
concurso, en este caso, a Salomón Smith Barney, que obtiene 82
puntos. Esta adjudicación se realiza a través de un acuerdo del
consejo de administración de Seppa de 16 de enero de 1998.

El segundo paso es la selección de los coordinadores globales que por
la magnitud nacional e internacional de la operación obliga a que
haya coordinadores globales españoles y extranjeros, y se procede a
un expediente parecido al anterior, es decir, se establecen los
concursantes preseleccionados, en este caso cuatro entidades
nacionales y ocho extranjeras; un baremo donde se vuelve a tener en
cuenta la experiencia de los concursantes, el conocimiento del
sector, sus ideas para el diseño de la operación y su propuesta de
colaboración y se resuelve el concurso, dentro de las entidades
extranjeras, en favor de Merry Linch y, dentro de las entidades
nacionales, en favor de BBV, Argentaria y BCH que son los que
obtienen mayor puntuación. A continuación, se procede a la selección
de los asesores legales que por la normativa internacional se exige
que sean dos firmas, una para España y otra internacional, y, después
del correspondiente proceso de selección, cuyos trámites no repito,
se adjudica el concurso, en lo que se refiere a la asesoría española,
a la firma Uría y Menéndez y a la asesoría internacional, a la firma
Fresh Fields.

Se selecciona, a continuación, el banco agente que tiene una
importancia excepcional en la mecánica operativa de la privatización,
porque tiene por misión centralizar y depurar, de acuerdo con las
condiciones del folleto, todas las soluciones de compra, tengan SS.

SS. en cuenta que las solicitudes en este caso alcanzaron a más de
800.000, así como diseñar informáticamente los prorrateos
correspondientes siguiendo las instrucciones que reciben. Después
realiza el proceso de adjudicación definitiva de las acciones y los
cobros; gestiona las correspondientes referencias de registro con las
sociedades rectoras de las bolsas y, finalmente, controla y ejecuta
por cuenta de Seppa el cumplimiento diferido cuando hay algún
incentivo en el tramo minorista especialmente diferido en el tiempo,
como pueden ser los bonos de fidelidad o los descuentos. Normalmente,
el banco agente es uno de los coordinadores globales y, en este
sentido, el banco agente seleccionado, que era también coordinador,
es Argentaria.

Se procede finalmente a la selección de las agencias de publicidad,
tan importantes en un proceso de privatización a través de un OPV tan
masivo. En este caso son varias agencias porque cada una de ellas
debe realizar una función. Así, una agencia de publicidad sobre
creación y producción de mensajes; una central de compra de medios
que negocia la inserción de anuncios en los medios; un investigador
de mercados que estima la demanda previa y sigue la campaña
publicitaria y sus consecuencias; una agencia de marketing directo;
una firma de relaciones públicas y una



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firma que organiza todos los viajes que tanto por España como por el
extranjero obligan a buscar compradores para la privatización. En
este caso, el procedimiento fue resuelto por concurso en el que se
valoró la experiencia, la propuesta técnica y la propuesta económica,
estableciéndose los correspondientes baremos y fueron adjudicatarias:
para agencia de publicidad, la banda de Agustín Medina; para
relaciones públicas, Eurocofin; la agencia de Row-show Imagination;
la central de compra de medios Cenit Media; investigación de mercado,
Metraseis y el marketing directo, la banda Marketing Promocional.

Con ello habíamos concluido lo que era la primera fase o fase previa
de selección del proceso; entraba ahora la fase de los acuerdos y de
las autorizaciones. En primer lugar, el dictamen del Consejo
consultivo de privatizaciones que se produce el 23 de marzo previo al
acuerdo del Consejo de Ministros. Quiero recordar que el Consejo
consultivo dictamina, con carácter previo, al acuerdo del Consejo de
Ministros y camina sobre lo que hasta ese momento se ha elaborado y,
fundamentalmente, si en la selección de los agentes que intervienen
en el proceso de privatización se han observado las normas de
concurrencia, publicidad y objetividad. Este dictamen fue favorable,
aunque tenía unas observaciones en relación con la valoración que se
hacía de los honorarios, así como una consideración sobre tramo
minorista para extranjeros. Quiero explicar este punto.

En la propuesta que había elaborado la Seppa se preveía que dentro
del tramo minorista, además de un tramo para empleados de la compañía
como es habitual, se hiciese un tramo para estanqueros. Existen en
España casi 15.000 estancos y entendíamos que era una medida adecuada
interesar a los estanqueros en la titularidad de acciones de la
compañía a privatizar. Sin embargo, el Consejo consultivo puso
reparos a esta opción por entender que se podía producir un proceso
de integración vertical que afectase a la competencia. Siguiendo las
indicaciones del Consejo consultivo eliminamos este tramo y, por
tanto, no lo pudimos ofrecer con descuentos minoristas a los
estanqueros.

Una vez dictaminado por el Consejo consultivo, el proceso se somete
al Consejo de Ministros previo informe de la Comisión Delegada del
Gobierno. El Consejo de Ministros acuerda, el 27 de marzo de 1998,
que se autorice a la Dirección General de Patrimonio del Estado para
transferir las 19.280.000 acciones de las que era titular Patrimonio
de Estado a la titular Seppa; en segundo lugar autoriza a Seppa
a vender estos 19 millones de acciones por el procedimiento de OPV y,
en tercer lugar, autoriza a que el tramo minorista tenga un incentivo
del 3 por ciento en cuanto al precio de venta y un 3 por ciento
diferido en un año. Una vez obtenido el dictamen del Consejo
consultivo y el acuerdo del Consejo de Ministros se propone y aprueba
el decreto llamado impropiamente golden share. Este decreto, que se
inspira en la ley que desarrolla y aplica la Ley de 28 de marzo de
1995 sobre régimen jurídico de enajenación de las participaciones
públicas, tiene por objeto proteger a la sociedad privatizada en un
plazo determinado contra posibles operaciones hostiles. Pensemos que
en el mundo se mueven ingentes cantidades de dinero y que a una gran
multinacional o empresa financiera no le es imposible lanzar opas
hostiles contra las empresas privatizadas y, por
tanto, no respetar los acuerdos y principios en que se ha inspirado
el proceso de privatización. En este caso, para Tabacalera, se
promulgó el Real Decreto 552, de 2 de abril, por el que se sometían
al trámite de autorización previa los acuerdos de disolución
voluntaria, de escisión o fusión, así como de sustitución del objeto
social; asimismo, cualquier participación que superase el 10 por
ciento debía ser objeto de autorización administrativa previa. El
plazo que se ha establecido para este real decreto golden share es el
de ocho años. El incumplimiento del mismo implica la imposibilidad de
ejercer los derechos políticos aparejados a las acciones
transmitidas.

La OPV era el procedimiento que se ha elegido y determinado por el
Gobierno para la privatización de Tabacalera e implicaba poner en el
mercado 19.280.000 acciones pero, al haberse acordado por la compañía
el SPLIT de una por cinco, lo que realmente se ponía en el mercado
eran 96.400.000 acciones. De ellas, la oferta inicial de 87 millones
sería a través de la OPV y quedaría una oferta adicional de ocho
millones aproximadamente para lo que se denomina GREEN-SHOE, es
decir, las acciones que pueden adquirir las entidades financieras una
vez realizada la OPV para estabilizar el mercado en los días
inmediatamente posteriores a la privatización. Esta oferta inicial de
87 millones de acciones se distribuyó de la siguiente manera: el 70
por ciento para el tramo minorista y, el 30 por ciento restante para
el tramo institucional. Dentro del 70 por ciento, el 68,6 era para el
tramo minorista en general y el 1,4 equivalente a 1.250.000 acciones,
para empleados. El tramo institucional del 30 por ciento se dividió
de la siguiente manera: el tramo español el 10 por ciento y el tramo
internacional, el 20 por ciento. Una vez fijados los tramos y su
volumen, su distribución en porcentajes y número de acciones, se
firman el protocolo y el sindicato de aseguramiento y colocación
donde intervienen prácticamente, todas las entidades españolas y gran
parte de entidades internacionales; son las entidades que aseguran el
precio mínimo de la privatización.




Las comisiones fueron las mejores hasta ese momento en todas las
privatizaciones conocidas en España. La comisión del tramo
institucional se fijó en el 1,65 por ciento, auténticamente una
bajísima comisión; y la comisión del tramo minorista está en función
de dos variables, que son la demanda generada por cada entidad -a
mayor demanda menor comisión- y el momento de consecución de dicha
demanda, la primera o la segunda semana. La media de la comisión
minorista osciló en un mínimo de 1,65, que es la comisión del tramo
institucional, y un 2,50. En función de estas dos variables el tramo
minorista tuvo una comisión del 1,65 a 2,50.

La demanda global superó, con mucho, todas las previsiones incluso,
las medidas que en el folleto habíamos presentado para evitar la
sobredemanda. La demanda alcanzó 1.362 millones de acciones, es
decir, dieciséis veces la oferta de 87 millones de acciones que era
el tramo minorista; 1.362 millones fueron las peticiones que tuvimos
que recayeron fundamentalmente sobre el tramo minorista, es decir, el
tramo minorista abarcó el 95 por ciento de la demanda total. El tramo
minorista fue así veintiuna veces su volumen inicial y el tramo
institucional fue 2,7 veces la oferta realizada.




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El primer día de salida de la oferta pública, el 13 de abril, ya se
cubrió todo el volumen asegurado, y la petición media minorista fue
de 4,8 millones de pesetas. Es cierto que son cifras que no dicen
nada, porque aquí se ha vuelto a repetir un fenómeno contra el que
hemos intentando precavernos y es el exceso de demanda sabiendo que
después va a haber prorrateo y que para alcanzar lo que realmente se
quiere se pide mucho más. En este punto la red de bancos de
colocación aconseja a sus clientes y esta sobredemanda obedece a que
la gente pide más para que en el prorrateo se pueda acercar a lo que
realmente solicita.

Se produjeron 814.000 mandatos, es decir, 840.000 inversores
acudieron a la privatización de Tabacalera y su demanda alcanzó la
cifra de cuatro billones de pesetas, para un resultado de 300.000
millones, 4 billones de pesetas suponía la demanda de los 814.000
mandatos. Es curioso cómo esta petición se ha distribuido por
comunidades autónomas. Madrid acaparó el 26 por ciento de la demanda;
Cataluña, el 14 por ciento; País Vasco, el 11 por ciento; Andalucía,
el 9 por ciento; Castilla-León, el 8 por ciento; así hasta el final,
que son Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia, con un 2
por ciento; y Rioja y Extremadura, 1 por ciento. Esta es la
distribución territorial de esta demanda.

Vayamos a los precios. ¿A qué precios se vendió esta privatización?
Hay diferentes precios en una privatización. En primer lugar, el
precio de aseguramiento, que es el precio por debajo del cual no se
venderá la acción. Este precio se fijó en 3.340 pesetas. Es cierto
que el 20 de abril, día del cierre, la cotización en bolsa estaba en
3.840, es decir, el precio de aseguramiento se hizo 500 pesetas a la
baja, pero ello responde a la volatilidad extrema que tenía el valor
en ese momento, que había provocado una subida tal vez artificial
y que se preveía que esa subida estaba a punto de terminar. En segundo
lugar, se fijó el precio minorista máximo, es decir, 3.840 pesetas,
que era precisamente la cotización del día en que se fijó este
precio, el 20 de abril; es decir, el precio minorista máximo que
puede alcanzar es el de 20 de abril y, luego, el precio
institucional, que se fijó en 3.205 pesetas, que coincidió con el
cierre de mercado del 27 de abril, una semana después. Quiero
decirles que, desde el 20 de abril en que se fijó el precio minorista
máximo en 3.814 pesetas, hasta el 27 de abril, la acción bajó a
3.205; pasó de 3.840 a 3.205 pesetas, prueba de esa volatilidad que
nos temíamos pero que es inherente al riesgo que se produce en bolsa.

Finalmente, el precio minorista, es decir, el precio al que se vende
al inversor, era el menor de los tres siguientes: el precio máximo,
que se había fijado en 3.840; el precio institucional que se fijó en
3.205; y el precio de referencia ese día en el mercado. Este era el
precio inferior, es decir, el precio de referencia del mercado menos
el 3 por ciento como incentivo de un precio minorista de venta de
3.183 pesetas. ¿Qué ocurrió con el tramo institucional? Se fijó en
3.205 pesetas, que fue inferior al precio de aseguramiento que estaba
fijado en 3.340. Por tanto, por primera vez, en una operación de
privatización, nos encontramos con que el valor que hay que fijar
para el tramo institucional está por encima del precio de
aseguramiento. Ello obligó a los coordinadores globales a indemnizar
a Patrimonio del Estado por la diferencia. Es decir, la acción se
vendió al precio de 3.205, pero la diferencia fue indemnizada
por los coordinadores globales a Patrimonio del Estado.

El porcentaje de GREEN-SHOE que antes me he referido no fue ejercido
en su totalidad. De los ocho millones y pico de acciones se vendieron
solamente 2,9 millones, con lo que tenemos en este momento todavía en
poder de Seppa 5.880.000 acciones procedentes de ese ejercicio de
GREENSHOE y que en su momento podremos liquidar. El prorrateo que se
produjo como consecuencia de esta sobredemanda determinó que cuando
el importe solicitado por el inversor era de 200.000 pesetas se
pudiese adjudicar íntegramente, es decir, que los inversores que
compraron por importe de 200.000 pesetas se les adjudicó al cien por
cien; a los que invirtieron por 500.000 pesetas se les adjudicó al 43
por ciento; los que invirtieron un millón de pesetas al 23 por
ciento, lo mismo que los que invirtieron dos; los que invirtieron 5
millones al 6,8 por ciento, y la inversión máxima posible, que era de
10 millones, se adjudicó al 4,7 por ciento. Este es el prorrateo
resultado de la aplicación de la sobredemanda.

Y, por último, los ingresos. Se ingresaron brutos 291.473 millones de
pesetas incluidas la venta de las acciones, la indemnizaciones por
aseguramiento a las que antes me he referido, las que pagaron los
coordinadores globales por la diferencia de precio entre el tramo
institucional y el asegurado; el GREEN-SHOE parcial que se vendió, y
la venta a Tabacalera de acciones para su oferta a empleados, porque
el tramo de empleados en esta privatización se hizo vendiendo
Tabacalera por la Seppa 1.250.000 acciones y Tabacalera lo vendió, a
su vez, a sus empleados. Es decir, los ingresos por estos cuatro
conceptos ascendieron a 291.473 millones de pesetas.

En el importe de las comisiones la media fue el 2,1 por ciento y, por
tanto, fueron 6.357 millones de pesetas y los gastos de publicidad,
gastos legales y otros, fueron de 1.920 millones de pesetas; es
decir, 8.277 millones de gastos, lo que supone el 2,8 por ciento de
la cantidad bruta recibida. Los ingresos netos fueron 283.196
millones de pesetas. ¿Qué se ha hecho con este dinero? ¿Qué se ha
hecho con el dinero de las privatizaciones patrimoniales, las que
hemos llevado a cabo a través de Seppa por un importe aproximado de
un billón, 300.000 millones de pesetas? Este dinero se ha ingresado
íntegramente en el Tesoro, con lo cual el Tesoro no ha tenido que
emitir deuda pública por un importe de un billón 300.000 millones de
pesetas y, en nuestro caso, por importe de 283.196 millones de
pesetas. La no emisión de esa deuda pública ha permitido ahorros por
intereses calculados a los tipos vigentes, aproximadamente, de 80.000
millones de pesetas. Los ingresos por dividendos de las empresas
privatizadas por Seppa estaban en torno a los 35.000 y 40.000
millones. Quiere decirse que lo que nos ahorramos en intereses de
deuda pública duplica prácticamente los ingresos que obtendríamos por
privatizaciones de las participaciones de las empresas privatizadas.

Si me permite, señor presidente -y termino-, aunque no se refiera al
problema de Tabacalera, no he mencionado que nos quedan por vender
aproximadamente cinco millones de acciones de Tabacalera resultado de
la no utilización del ejercicio del GREEN-SHOE en su totalidad. Algo
parecidonos ocurría con Telefónica porque, además, el bonus de



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fidelidad estaba previsto pagarse en acciones, una por cada veinte,
así como en Tabacalera el bonus de fidelidad se pagaba en metálico,
aunque todavía no ha cumplido el plazo del año. Querría informar a la
Comisión de que el martes de las semana pasada, a través de una
operación denominada BLOCK TRADE, hemos vendido las 2.968.000
acciones que teníamos de Telefónica, que significa un 0,28 del
capital de Telefónica. La operación BLOCK TRADE es una especie de
contrato que se hace con una entidad financiera que, a su vez, se
compromete a distribuirla entre otras entidades financieras cobrando
por ello una comisión. Este es básicamente el esquema de esta
operación, que hay que hacer con especiales medidas de seguridad. De
hecho, se convocó a los bancos preseleccionados, a las cinco de la
tarde del martes, cuando ya había cerrado la Bolsa. Como hay
diferencia horaria con la Bolsa de Nueva York, hasta las diez de la
noche estuvieron aislados con requisa incluso de los teléfonos
móviles, estudiando la documentación que se les suministró, y de diez
a once, una vez cerrado Nueva York, conectaron con sus respectivas
entidades para hacer la oferta de la comisión. No puedo publicar la
comisión porque es un secreto mercantil en cuanto que los compradores
de la entidad a quien se adjudicó el contrato pagan al precio que le
vende la entidad; es un precio negociado y privado. Si ellos supieran
cuál es la comisión que ha tenido que pagar el banco adjudicatario
podría incidir en el precio, pero sí puedo afirmar que esa comisión
ha sido inferior al 2 por ciento.

Las cifras de esta operación son las siguientes. Se vendieron
2.968.000 acciones, que equivalen al 0,28 por ciento del capital de
Telefónica. El precio de adjudicación fue 6.975 pesetas por acción,
41,92 euros. El resultado de la operación fue 20.701 millones de
pesetas y el resultado neto fueron 20.390 millones de pesetas. Es
decir, que nos ha costado la operación poco más de trescientos
millones, lo que significa que con eso no habríamos tenido ni para
pagar una campaña de publicidad de una OPV. La entidad adjudicataria
de la operación fue un consorcio formado por Goldman Sachs y el BBV y
ese mismo día y noche, hasta las diez de la mañana del día siguiente
miércoles en que se abría la Bolsa, se había distribuido el paquete
entre casi cincuenta entidades financieras, cuya relación se acompaña
por la entidad adjudicataria certificada, y Goldman Sachs lo estaba
colocando en entidades extranjeras en torno a las diez entidades, es
decir, que el paquete ha quedado completamente diluido hasta el punto
de que los días siguientes, miércoles, jueves y viernes no hubo
ninguna incidencia en la cotización, que es precisamente los que se
pretende cuando se tiene que vender un paquete de esta envergadura,
que no incida para nada en la cotización de la acción.

Con esta información complementaria termino mi exposición y me someto
al procedimiento de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Dije al principio que, si les parecía a ustedes
bien, hacíamos las intervenciones por el orden en que solemos hacerlo
siempre, pero, si quieren, lo alteramos. El solicitante de la
comparecencia, el señor Cámara, tiene la palabra en primer lugar.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Comenzaré por dar la bienvenida
al señor subsecretario del
Ministerio de Economía y Hacienda y agradecerle la generosidad por la
información que ha aportado, y por este último apunte que ha hecho
que da buena cuenta de cuál es el respeto que le merece a la
Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda esta Comisión,
puesto que ha venido a informar con un índice altísimo de
generosidad. Dicho esto, paso a referirme al primero de los temas que
nos ocupa hoy, que es el Plan de optimización en los términos que
solicitó nuestro grupo. Quiero recordar que nuestro grupo solicitó la
comparecencia en 1998 y, por circunstancias habituales en la Comisión
de Economía, fundamentadas en la cantidad de asuntos que hay para
debatir, no se ha podido ver hasta esta fecha, es decir, un año
después. Y quiero decir que esto es una circunstancia que puede
resultarnos muy provechosa porque en febrero de 1998, cuando se
solicitó la comparecencia, era muy reciente en el tiempo la
aprobación por parte del Consejo de Ministros de los planes que
después se han denominado planes de austeridad, y nos da la
oportunidad -pasado un año entero desde la solicitud de la
comparecencia- de hacer un balance importante sobre cuál ha sido el
resultado de las operaciones que se aprobaron en aquellos acuerdos
del Consejo de Ministros.

Quiero recordar que a finales del año 1996 y durante todo el año 1997
se aprobaron estos tres planes a los que voy a hacer referencia con
dos objetivos básicos; en los que creo que estará de acuerdo el señor
subsecretario conmigo: fomentar los criterios de ahorro de la
Administración de una manera tan amplia como digo y fomentar el rigor
en la gestión de los recursos públicos. Se le ha denominado
genéricamente Plan de austeridad, entendido en un sentido amplio y
son un conjunto de medidas que han dado unos resultados óptimos,
según las explicaciones recibidas del compareciente, para optimizar
el uso de los recursos públicos. Los tres grandes grupos de medidas,
el primero fue el Plan de racionalización, mejora de gestión y
utilización del patrimonio inmobiliario que ha sido objeto de la
primera parte de la intervención del compareciente, que se aprobó por
acuerdo del Consejo de Ministros en octubre de 1996; el segundo fue
el programa de ejecución de la política de compras públicas con
acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 1997 y, de la
misma fecha, el plan de austeridad de gastos corrientes de
Administración General del Estado. Esto conformó lo que sería el Plan
de austeridad. Quiero pensar que siguen vigentes -y lo deduzco de las
palabras del señor subsecretario-, que no se trataba sólo de reducir
el gasto en el capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado,
sino que era necesaria una labor de concienciación para que no sólo
tuviera incidencia en el capítulo 2, capítulo en el que desde luego
había que hacer un esfuerzo importante. Se ha acreditado durante la
presentación de los diversos ejercicios económicos presentados por el
Gobierno y ejecutados desde 1996 que hay una reducción paulatina de
los gastos de funcionamiento de la Administración. Esto es una
realidad objetiva y además ocurre por una acción desplegada por el
Gobierno y encaminada a que sea así, y esto ha sido efectivo como
hemos podido comprobar con las deducciones de los presupuestos que
han venido a esta Cámara y que han sido objeto de comparecencias del
secretario de Estado de Presupuestos, o con ocasión simplemente de
cada uno de los debates presupuestarios.




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También es importante el tema de la concienciación, y quería recabar
algún comentario del señor subsecretario. Es cierto que la
efectividad y la eficacia de los planes es óptima según nuestra
opinión porque ha tenido un resultado inmediato en el presupuesto
público. Ha hecho usted referencia a un buen número de actuaciones en
este sentido, pero sí queríamos hablar algo más sobre si en el camino
de la concienciación de los ministerios, en el sentido de tener que
acudir a criterios de gestión y criterios de ahorro en la gestión de
los fondos públicos, hemos avanzado algo con respecto a hace tres
años. Me gustaría percibir lo que pudiera trasladarnos desde su
sensibilidad sobre esto, porque los resultados están ahí y los ha
puesto de manifiesto no sólo para este plan sino que somos
conscientes de que, por ejemplo, en el Programa de ejecución de
política y compras públicas algo tendrá que ver la presentación del
proyecto de ley de contratos de administraciones públicas y de los
planes de austeridad, y algo tendrán que ver también algunas
propuestas puntuales a las leyes de acompañamiento sobre modificación
de las normas de carácter presupuestario. Como digo, nos gustaría
saber si tiene usted la sensación de que en materia de concienciación
se está avanzando.

Ha hecho una descripción rigurosa de cuáles son los medios que se han
puesto a disposición de la Administración o cuáles se están poniendo
para que, en materia de racionalización, mejora y gestión de
utilización del patrimonio inmobiliario las obras vayan por el camino
que van. Ha hecho referencia al inventario de bienes y quiero decirle
que es una magnífica noticia el que por fin se pueda tener un
instrumento útil para algo tan simple y sencillo, pero tan importante
al mismo tiempo, como es poder optimizar el uso y aprovechamiento del
inmovilizado de la Administración, porque esto se puede hacer hoy de
forma fácil y sencilla apoyado en medios informáticos con estas 8.300
fichas a las que hizo referencia y permitirá no sólo fijar una
política concreta dirigida a la utilización del uso y aprovechamiento
de inmovilizados sino también hacerlo de forma rápida, sin tener que
investigar más allá de lo estrictamente necesario. Esto es lo que se
está haciendo en este momento al conformar este inventario de bienes
al que hacía referencia en su intervención.

Respecto a los planes de reubicación queremos decirle que los
trabajos nos parecen de grandísima envergadura. Es decir, más que por
criterios de gestión, si me permite, entramos en el mundo del sentido
común y de las propuestas razonables. Parecía muy razonable que el
subsecretario calificase de inmenso el patrimonio del Estado en el
que están radicadas las oficinas de la Administración del Estado. Es
cierto y ha habido que hacer un ejercicio de sentido común, con
criterios de máxima eficacia. Esto se ha logrado, le puedo asegurar
que nuestro grupo está convencido de ello y que las actuaciones que
quedan pendientes en algunos de los edificios administrativos
llevarán el mismo camino sin ninguna duda porque así lo acredita el
camino emprendido hasta el momento. Digo sentido común pero el
sentido común hace falta ponerlo en marcha, ponerlo a caminar y creo
que ahí ha actuado la Subsecretaría de Economía que usted dirige con
pleno acierto.

También consideramos muy positivo el resultado de la gestión de
aquellos inmuebles liberados del uso público.

Tampoco parecía razonable mantener tantísimo espacio inmobiliario
ocupado por oficinas administrativas que estuvieran pagando una
renta. Esto parece tan obvio como poco deseable, puesto que había
espacios en inmuebles que podían dar cobertura a estas oficinas
administrativas y se está haciendo paulatinamente en un plazo tan
corto de tiempo que no podemos pedir más dado el espacio de tiempo
transcurrido desde que se comenzaron a hacer estos tipos de
gestiones. Estamos hablando de dos años y pocos meses, en este
momento los esfuerzos han sido muy notables y están facilitando un
ahorro sensible a las arcas del Estado. Por tanto, sí querríamos
desde nuestro grupo felicitar por la gestión y por la eficacia de los
planes implementados por el Gobierno y, en concreto, por el que fue
objeto de su intervención sobre mejora de gestión y utilización del
patrimonio inmobiliario. Deseamos que siga actuando con la misma
eficacia para acabar los trabajos y poder reubicar estos cuatro
edificios administrativos a los que hacía referencia. También algunas
concretas iniciativas, como los convenios urbanísticos con
ayuntamientos, nos parecen una magnífica forma de mejorar la eficacia
y poner en manos de quien corresponda, con criterios hasta sociales,
lo que era el inmenso patrimonio del Estado, que se está no sólo
reubicando como oficinas administrativas sino reutilizando con
criterios de razonabilidad en algunos casos y, en otros, en la
mayoría, con criterios de máxima economicidad en el resultado de
estos planes.

Sí quería pasar de inmediato a referirme al segundo punto del orden
del día, a la privatización de Tabacalera para coincidir plenamente,
al cien por cien, con las primeras palabras del subsecretario.

Efectivamente, esto es una propuesta ideológica, se puede estar de
acuerdo o en desacuerdo pero, desde luego, con plena certeza, esto se
hace por una sencilla razón. En el programa del Partido Popular, para
las elecciones de 1996 se establece ya el programa de modernización
del sector público empresarial del Estado; esto viene en nuestro
programa electoral, forma parte de una cuestión ideológica, el
Partido Popular ha tenido que esperar un importante lapso de tiempo
para poder poner en marcha sus políticas de carácter económico, y
esta política de privatizaciones, en la que queda incardinada la
privatización de Telefónica, la de Tabacalera la de tantas otras,
tiene que ver, primero, con propuestas legislativas concretas como la
reforma del mercado de tabacos que fue aprobada en esta Cámara a
principios de la legislatura y, segundo, tiene que ver con esta
propuesta ideológica de liberalización y modernización de los
sectores productivos en España.

Quiero decir que esta privatización de Tabacalera se enclava en un
proceso dinámico de privatizaciones, de puesta en manos de los
españoles de las empresas que hasta el momento estaban en el
patrimonio del Estado, y se hace por primera vez -y quiero decirlo
así- con criterios claros en los procesos de privatización, con
criterios generales que en el caso de la privatización de Tabacalera
tienen que ver fundamentalmente con el real decreto que le da
cobertura, el Real Decreto 552/1998, donde se establece el régimen de
autorización administrativa previa de Tabacalera. De estos criterios
generales quiero decir, en primer lugar, que la primera de las
necesidades expuestas en el programa de modernización del sector
público que presentó el programa



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del Partido Popular era establecer con claridad que había la
necesidad primordial de la continuidad de los proyectos empresariales
de las empresas privatizadas y esto, desde luego, en el caso de
Tabacalera, es un buen exponente de que no sólo era un objetivo sino
que era un objetivo cumplido.

Después, como criterio claro establecido en este programa de
modernización y liberalización de los sectores productivos en España,
está el complimiento certero de la publicidad y concurrencia para
garantizar la transparencia del proceso. Quiero decir al señor
subsecretario que buena muestra de que esto ha sido así es la
comparecencia con la generosidad de datos que ha presentado, por lo
que quiero resaltar que la publicidad y la concurrencia también se
han acreditado en todos los procesos de privatización y Tabacalera no
ha sido una excepción.

El tercero de los puntos al que hizo referencia el subsecretario es
el establecimiento de controles claros, controles a través de la
Intervención general de la Administración del Estado, a través del
Tribunal de Cuentas, a través de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, a través del Consejo Consultivo de Privatizaciones que han
dado como consecuencia un proceso de privatización transparente,
claro, un proceso donde hasta la última de sus prescripciones ha
estado puesta en manos del público, lo que ha permitido que la oferta
pública de acciones que llegó a producirse haya tenido un éxito
fácilmente comprobable -será muy difícil reconocer lo contrario- y
con unos resultados económicos importantes que han permitido que
estos 283.000 millones de pesetas queden deducidos de la deuda
pública para que, por ejemplo, una de las cuestiones también debatida
en esta Cámara, en la Comisión de Economía, pueda ser una realidad.

Es decir, el Programa de estabilidad del Reino de España para el año
2002 establece la necesidad de colocarnos en el 60 por ciento del PIB
sobre la deuda pública, y para alcanzar ese objetivo España tiene
mucho que ver con este tipo de operaciones. De muy difícil manera
podríamos alcanzar un objetivo sin que los procesos de privatización
en los que se ha incorporado el Gobierno de España hubieran obtenido
con un índice de gasto muy por debajo del que se produjo en otras
épocas, con un éxito en resultados económicos y de credibilidad de
los mercados ciertamente importante y, además, con un valor añadido:
Tabacalera está en posiciones incluso de liderazgo en el mercado
financiero. Estos días conocemos la intención de Tabacalera de
participar en proceso de privatización tan importantes como puede ser
el proceso de Iberia. Esto no se hace si no estamos en presencia de
una empresa con ciertas garantías, con cierta capacidad de liderazgo
en el mercado financiero y se debe ni más ni menos que al proceso de
privatización, un proceso que le ha permitido seguir a Tabacalera en
esta senda.

Quiero agradecerle el dato que aportó al final de su intervención
porque creo que es muy expresivo de en qué lugar está Tabacalera y
cuál es el cuidado que tiene el Gobierno de que los procesos de
privatización se hagan sin que se altere el mercado financiero de
forma irregular o que pueda presentar irregularidades en los mercados
financieros. Es muy saludable que cuando se presenta una propuesta de
un partido político como la de Partido Popular en cuanto a la
liberalización de los mercados se haga del modo
en que, por ejemplo, lo ha hecho el señor subsecretario en la
comisión hoy, se haga sin medias palabras, sin querer entrever
acciones ocultas, se haga con absoluta transparencia porque estamos
convencidos que es la senda que hay que seguir y que contrasta con
otros tiempos en los que la introducción en los procesos de
privatización se hacía sin creérselo. Quiero decir que esto que se
hace se lleva a efecto creyendo en lo que estamos hablando y que el
proceso de privatización que aparecía en el programa electoral del
Partido Popular es algo que no sólo nos lo hemos creído sino que lo
hemos puesto en marcha y que ha dado resultados óptimos.




El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Quiero que quede constancia en el «Diario
de Sesiones» del saludo de mi Grupo Socialista al señor
subsecretario, en una comparecencia densa, variada, en la que hemos
pasado del monopoly a Wall Street, y en la que posiblemente no podía
ser de otra forma.

De entrada -ya me conoce el señor subsecretario- le doy la
enhorabuena por la información detallada, exhaustiva, quizás un poco
desfasada en el tiempo, porque estamos hablando hoy del proceso de
privatización de Tabacalera cuando éste se produjo hace un año.

Quizás no sea un tema que le incumba personalmente, quizás no haya
podido venir hasta estos momentos. Ya hubo una comparecencia con el
presidente de Tabacalera en el mes de abril, me parece que fue el día
6 de abril de hace un año, en vísperas del proceso de privatización,
de la que no obtuvimos demasiada información porque, como suele ser
habitual en algunas comparecencias del señor Alierta, en aquellos
momentos quizás se refugiaba en tablas: esto es comparecencia de la
Dirección General de Patrimonio y de la Seppa. Entonces él no podía
decir más cosas que las que nos dijo en aquel momento y la
comparecencia fue en aquel momento insuficiente. Quizás ahora ya
hemos conocido con detalle las características de la operación y
también la sinceridad del señor subsecretario en cuanto a que nos ha
manifestado una filosofía que ya conocía mi grupo, la filosofía
privatizadora del Partido Popular, de la travesía del desierto, de la
acaparación de poder, etcétera, y que se inspiraba en tres principios
básicos: continuidad empresarial, transparencia y control.

Desde mi grupo parlamentario, se entiende que en este proceso de
privatización han faltado, como quizás en otros, dos características
de esos principios básicos. Para nosotros era muy importante, y se
dijo durante todo el proceso de privatización, no sólo de esta
empresa sino de otras, la continuidad empresarial y la continuidad de
las plantillas, tema que nos preocupó cuando compareció el señor
Alierta y respecto al que el tiempo nos dice que efectivamente
teníamos razón. Alo largo del último año ha habido procesos de
reconversión, entre comillas, de la masa laboral de esta empresa,
parece que en estos momentos existe un posible acuerdo de reducción
de plantilla. Estamos viendo que no sólo en Tabacalera sino en otras
empresas privatizadas una de las primeras cuestiones abordadas por
los nuevos equipos dirigentes, que eran los anteriores por otra
parte, ha



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sido el ajuste de las plantillas, el ajuste del personal y el ajuste
a la baja del empleo, así que una de las dos o tres características
que para nosotros eran importantes desde el punto de vista de los
principios con que veíamos el proceso de privatización, impulsado en
gran manera por el Partido Popular, se está cumpliendo, es decir,
reducción de plantilla, ajuste de plantilla a la baja,
características que denunciamos hace un año en el proceso de
privatización de Tabacalera.




Otro elemento que creemos que está faltando es el control de
privatización de la CNMV, del Consejo Consultivo y del Tribunal de
Cuentas, pero también control político de este Parlamento; hay una
subcomisión en estos momentos para estudiar el proceso de
privatizaciones y mucho nos tememos que el señor presidente de
Tabacalera, S.A. no tiene demasiado interés en acudir, son ya tres
las veces en las que no ha podido ajustar la agenda con el trabajo de
esta subcomisión; tres, la última esta mañana. Mucho nos tememos que
no hay demasiado interés, máxime cuando en poder de la Seppa, en
estos momentos, existe un paquete de acciones importantes, 5.800.000
acciones por el que podemos terminar por concluir que el Estado, a
través de su empresa patrimonial, a través de la Seppa, es
propietaria todavía de un paquete de acciones de Tabacalera, S.A.

Decía el señor Díez Moreno en su intervención inicial que el objetivo
era no acaparar poder. Tengo la sensación, y lo digo sin acritud, que
el que ha perdido poder en algunas empresas privatizadas, y en este
caso en Tabacalera, ha sido el Gobierno de todos los españoles y los
que han asumido el poder han sido fundamentalmente personas
vinculadas al Partido Popular. Es decir, todos los españoles hemos
perdido poder en empresas privatizadas que eran estratégicas en un
sector importante como el del tabaco. Me imagino que el Gobierno
coincidirá con nosotros, en la medida en que sigue manteniendo la
golden share durante un período de ocho años, cosa que no se ha
producido en otro tipo de empresas privatizadas. ¿Por qué? Porque
Tabacalera es una empresa importante que tiene que ver con aspectos
vinculados al tejido económico y social de este país, desde el punto
de vista de los productores, desde el punto de vista del empleo,
desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los
elaboradores y desde el punto de vista de los productores de tabaco.

Al hilo de esta reflexión y estando conformes con la exhaustiva
información numérica del proceso de privatización, alguna pregunta sí
quisiera hacerle. ¿El Gobierno sigue manteniendo en estos momentos
alguna persona en el consejo de administración de Tabacalera, S.A. en
virtud de que en estos momentos -según nos ha dicho- Seppa tiene
5.800.000 acciones todavía en propiedad de la Administración? ¿Qué
criterios está defendiendo en estos momentos el Gobierno a través de
las personas que pueda tener -que no sé si las tiene- en el consejo
de administración? Y si no lo tiene, ¿por qué no las tiene en todo
este proceso de diversificación, entre comillas, que está utilizando
Tabacalera?
Es verdad que Tabacalera en su momento adquirió una posición
importante desde el punto de vista económico, social, de apoyo al
Gobierno, en el proceso de privatización. Previamente, antes del
proceso de privatización de Tabacalera, como recordará el señor
subsecretario, fue vendida
Aldeasa a Tabacalera, en la medida en que incorporó a su know-
how empresarial un monopolio de las tiendas de los aeropuertos y a
través del proceso de liberalización del mercado de tabaco se mantuvo
el monopolio en el sector de la distribución, con lo cual Tabacalera,
S.A., previamente, había adquirido una posición importante en el
mercado, anterior al proceso de privatización que fue una decisión
tomada única y exclusivamente por el Gobierno de España, por el
Gobierno del Partido Popular. Es más, no sé si son debidos a un
interés puramente estratégico-empresarial de Tabacalera, si son
debidas a las buenas relaciones de los dirigentes -que ya sabemos
quienes son los que estaban antes, personas absolutamente vinculadas
a la dirección o a la cúpula del Partido Popular- las decisiones de
carácter estratégico a las que parece va avocada Tabacalera, S.A. en
el proceso de privatización de Iberia, Líneas Aéreas Españolas, que
no sé muy bien qué tienen que ver con el proceso de tabaco o con el
proceso de la acción fundamental de una empresa que se ha dedicado,
en parte a la producción, en parte a la distribución y en parte a la
parte logística del sector comercial, a no ser que Tabacalera esté
interesada en mejorar su flotilla de distribución a través de Líneas
Aéreas Españolas; no lo sé, pero, desde luego, lo que está
produciendo es una decisión estratégica tomada en algunos despachos
ministeriales o en empresas y sociedades públicas vinculadas al
Gobierno para que una empresa privatizada, cuyos dirigentes son los
mismos que estaban anteriormente y en la que la Seppa tiene el 0,28
por ciento de su capital, esté tomando decisiones de carácter
estratégico.

Señor Díez Moreno, a usted le han parecido baratos los costos de
colocación en el mercado de Tabacalera, S.A., en torno a 8.277
millones entre gastos de comisión, los gastos de publicidad y los
gastos de gestión de la OPV, pero siempre me he hecho una pregunta.

Sabiendo previamente que tal y como estaban produciéndose los
procesos de privatización por vía OPV anteriores a Tabacalera, me
pregunto si era necesario haberse gastado los 8.237 millones de
pesetas a través de una amplísima campaña de publicidad que lo que ha
producido es lo de siempre, que 4,5 billones de pesetas fueron las
demandas que surgen de la sociedad provocando, como siempre ha
ocurrido, un proceso de frustración en determinados sectores. Cuando
tenemos el producto vendido, cuando tenemos el producto colocado,
prácticamente en manos del público porque era un proceso cantado tal
y como se habían producido los anteriores, no me parece barato 8.277
millones de pesetas, aunque en términos porcentuales sobre los
300.000 millones de privatización pueda parecer una minucia, pero
resulta que 8.000 millones de pesetas es lo que usted ha dicho que el
Estado ha vendido en terrenos, solares, etcétera, a lo largo de 1997
o de 1998. Las cuestiones son todas relativas, en términos absolutos
pueden no decir nada, pero en términos relativos es importante. El
proceso de privatización ha costado lo que ha obtenido el Estado por
la venta de todo el patrimonio que ha podido vender en 1997, sabiendo
previamente que, como quien dice, estaba el bacalao vendido. Me
parece que es una cantidad bastante importante.

Cambiando de tema, entrando en el proceso de optimización, el plan de
austeridad, de gestión inmobiliaria del patrimonio del Estado,
etcétera, a mi grupo parlamentario,todo lo que suponga optimizar,
recabar, clasificar, ordenar,



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tener seguridad jurídica, planes de optimización, nos parece bien,
pero quisiera hacer alguna reflexión desde el punto de vista global.

Quizás el trabajo esté muy centrado en la optimización en el ámbito
de Madrid, en el ámbito de la capital, en el ámbito donde están
ubicados fundamentalmente los ministerios. Quisiera hacer alguna
pregunta en relación a Madrid y sobre otras cuestiones que también
forman parte del patrimonio del Estado, porque el patrimonio del
Estado no sólo está en Madrid sino también en el resto de las
comunidades autónomas.

Usted ha vendido como un éxito, y posiblemente lo sea, el ahorro que
por la vía de arrendamientos está obteniendo el conjunto de las
administraciones públicas, subsector Estado, a lo largo de los
últimos años. Yo no he sido capaz de encontrar -a pesar de que cuando
discutimos los presupuestos usted y yo discutimos incluso la letra
pequeña- de separar en el subconcepto 20, arrendamientos y cánones,
porque no están separados los arrendamientos de los cánones y está
ahí metido todo, la parte inmobiliaria y la parte de gestión
globalmente un ahorro en los Presupuestos Generales del Estado en el
subconcepto arrendamientos y cánones, subsector Estado, en los
últimos tres años. En 1997 el Estado presupuestó 15.000; en 1998,
15.500 y en 1999, 15.857. Lo mismo pasa con el Ministerio de Economía
y Hacienda, de 3.700 a 3.785 millones. Luego la partida general, en
global, de arrendamientos y cánones, en los tres últimos años no ha
disminuido sino que ha aumentado; posiblemente usted me dirá que esto
tiene que ver más con arrendamientos de servicios que con
arrendamientos inmobiliarios, pero en su conjunto, los arrendamientos
y cánones no se han reducido. Máxime en unos años en que el Estado ha
ido transfiriendo a las comunidades autónomas un ingente volumen de
edificios, oficinas, en función de las transferencias de estos
últimos años. Es decir que en su conjunto seguimos manteniendo unas
cantidades muy similares en un proceso en el que la desinversión de
terrenos hacia las comunidades autónomas por parte del Estado ha sido
importante. Es decir, que algo no cuadra de acuerdo con los datos que
nos ha dado usted.

También quisiera preguntarle si este proceso de reunificación
ministerial es algo que se va a producir -porque se tiene que
producir, señor subsecretario- en los ámbitos de las comunidades
autónomas. No es posible, que transferidas prácticamente casi todas
las competencias, excepto las sanitarias, a las comunidades autónomas
del artículo 143, en una comunidad autónoma que conozco bien como es
la mía, La Rioja, existan en una ciudad como Logroño 29 oficinas
distintas de la Administración central del Estado: 29, desde la
Delegación de Gobierno hasta el último edificio u oficina para
Protección Civil, pasando por otra de los Abogados del Estado
distinta de la de Hacienda y por todo un volumen de edificios
administrativos importantes. Cuando prácticamente el proceso de
transferencias a las comunidades autónomas está concluido, va siendo
urgente y necesario que la Administración central del Estado
reunifique, y no sólo en Madrid, sus edificios y oficinas
administrativas. Le animaría, señor subsecretario, a que lo que están
haciendo en Madrid de reunificar ministerios lo vayan haciendo
urgentemente en los ámbitos de las comunidades autónomas. No es
posible que en una ciudad como Logroño haya 29 oficinas distintas de
la Administración central del Estado.

Va a haber que hacer un proceso no sólo madrileño sino en el
ámbito de las comunidades autónomas por el que se asuma cuál es el
papel del Estado y dónde va a estar, y si hay que construir edificios
nuevos, vender viejos y reunificar servicios una vez producidas las
transferencias, es ya urgente que se vaya haciendo.

Al hilo de su comparecencia quisiera preguntarle por dos cosas, una
es cómo está el programa de incorporación de bienes inmuebles, de
titularidad desconocida, objetivo que se había planteado tanto en
1998 como en 1999, en el ámbito de la subsecretaría, en la gestión de
patrimonio del Estado, y si tienen previsto producir algunos cambios
en la Ley de patrimonio. Son muchas las veces en las que
corporaciones locales, comunidades autónomas u otro tipo de entidades
de carácter público, se encuentran con un problema, como es la
absolutamente imposible reversión de bienes públicos municipales
cedidos en propiedad para una función concreta al Estado -por
ejemplo, para hacer un cuartel para la Guardia Civil que ya no tiene
función- en virtud de la actual Ley de patrimonio. ¿Por qué? Porque
están muy tasados los casos en que se puede producir la reversión
precisamente a la entidad o ente público que en su momento cedió un
determinado bien. Tiene que ser de carácter público pero, por
ejemplo, para hacer viviendas, un ayuntamiento no puede disponer de
ellas. Creo que habría que flexibilizar esa la Ley de patrimonio en
alguna medida.

Por último, quiero decirle, señor subsecretario, que compartiendo mi
grupo parlamentario, en muchas ocasiones, el objetivo de
racionalizar, de optimizar la política de inmuebles o de solares que
le quedan excedentes a la Administración, a veces, lo más importante
en determinados sitios no es sólo obtener un buen precio por la vía
de la subasta. ¿Por qué? Porque en determinadas ocasiones el Estado,
a través de la política con relación a los solares, lo que está
consiguiendo no es una utilidad de carácter social en un municipio
sino que por la vía de unos mayores ingresos lo que está es
convirtiéndose en un auténtico especulador inmobiliario, a veces,
marcando los precios de los solares y tirando al alza en su conjunto
los valores de los terrenos en un determinado municipio. Hay que
buscar, señor subsecretario, un equilibrio entre precio, utilidad y
proyección social cuando Patrimonio enajena o quiere colocar en el
mercado determinados bienes o instalaciones que en un momento
determinado le sobran.

Estas son las reflexiones que mi grupo parlamentario quiere hacer,
tanto de un tema como de otro sobre su intervención.




El señor PRESIDENTE: El señor Santiso tiene la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar, sobre la cuestión del
patrimonio del Estado, quiero decir que nos preocupa desde hace mucho
tiempo, porque hemos seguido -con intranquilidad en algunos casos-
cómo han ido evolucionando distintos ministerios, distintas empresas
públicas, el patrimonio del Estado a lo largo de estos años y los
distintos conflictos que en torno a la desamortización de ese
patrimonio por cambio de usos o por noser necesarios se producen,
conflictos importantes en algunas



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ciudades o en algunos ámbitos por intentar recuperar el patrimonio
para el uso de los ciudadanos o para equipamientos sociales,
etcétera.

En el primer aspecto que usted tocaba, que es la reubicación, una
mayor funcionalidad, ir abandonando una política de arrendamientos,
estamos de acuerdo en todo aquello que suponga un ahorro en la
utilización del patrimonio público y, sobre todo, una racionalidad en
su uso en cuanto a ir concentrando las actividades del Estado. Se
trata de ir racionalizándolo para evitar que un mismo ministerio esté
esparcido por toda una ciudad o una administración pública en el
ámbito de una comunidad autónoma tenga dispersas por la comunidad
autónoma sus propias oficinas causando trastornos a aquellos
ciudadanos que necesitan realizar gestiones y que tienen que ir
recorriendo distancias largas, con pérdida de tiempo importante, para
intentar agilizar cualquier trámite burocrático.

También creemos que es una labor enorme y muy difícil. Es lógico que
cualquier gestor cuando llega a un sitio intente conocer, desde el
punto de vista incluso económico, qué es lo que tiene, cómo puede
ahorrarse costes y al menos haga un inventario de cuál es la
situación. También tenemos dudas en que esto sea un objetivo
alcanzable al cien por cien, dadas las dificultades que conlleva las
resistencias importantes que existen en casi todos los organismos
porque hay quien mide la importancia de un ministerio, de una
administración según los metros cuadrados utilizados o de los metros
de moqueta o de despacho. Esto es una realidad que sucede también en
el mundo empresarial; toda empresa que relanza su actividad por
cambios en la dirección lo primero que cambia es el ámbito del
espacio en que se mueve, los locales, etcétera. Algunos que hemos
trabajado muchos años en la empresa pública hemos vivido con sorna
ese tipo de situaciones donde lo habitual era que una nueva dirección
conllevara nuevos cambios de espacio y, por tanto, mejoras, entre
comillas, para la propia supuesta funcionalidad, aunque
automáticamente, cuando a los dos años cambiaba la dirección, había
que volver a invertir en nuevas obras, etcétera. Lo dice alguien que
proviene de Renfe y que ha vivido esto con mucha simpatía.

Nos preocupan varias cosas en cuanto al inventario. Creemos que es
válido que tengamos muchos datos, pero sobre todo que tenga algunos
importantes. Por ejemplo, el origen de ese patrimonio porque, muchas
veces, el origen también determina después cuál puede ser el proceso
de venta o enajenación. Sobre todo nos preocupa el patrimonio
procedente del Ministerio de Defensa por sus características, ya que
en el caso de Madrid los cuarteles han quedado integrados en la
ciudad y es un patrimonio muy goloso para el propio municipio, muy
necesario en muchos casos para desahogar zonas.

Renfe es también otra de las entidades públicas que quizás tiene más
patrimonio en este país y, también, por los avatares que ha sufrido.

El propio patrimonio de Renfe, con operaciones llamativas, algunas
todavía hoy en los tribunales pero, sobre todo, porque el origen de
ese patrimonio y su propia situación, absolutamente distinta en
muchos casos, debe llevar a una reflexión sobre su posible
enajenación o cambios de uso, que nuestro grupo sintetiza en los
siguientes. Primero, que al ser patrimonio público debe tener
preferencia que su reversión sea a la utilidad pública,
entendiendo la utilidad pública en razón de su ubicación y, en muchos
casos, ponerlo a disposición de los propios ayuntamientos; segundo,
ver en qué zona está ubicado, qué necesidades territoriales tiene ese
municipio en ese ámbito y dar prioridad, por encima de la tentación
de hacer caja fácil con ese tipo de patrimonio, a ponerlo a
disposición de la ciudad sin excluir algunas operaciones mixtas en
las que es posible sacar una cierta utilidad económica en algunos
casos para reinvertirlo en la mejora. Estoy pensando en el caso de
Renfe donde siempre hemos defendido la posibilidad de hacer
operaciones combinadas y que, por ejemplo, el enterramiento de unas
vías de capital de provincia pueda conllevar algún tipo de operación
para cofinanciar la propia operación de soterramiento o la propia
operación de recuperar espacios en la misma zona. Pero todo ello
siempre sin caer en una especulación y con un fin concreto como sería
incluso financiar las propias obras necesarias para ese
soterramiento, en este caso de un ferrocarril. Lo mismo decimos sobre
los cuarteles y citaré también otra operación que en Madrid está
siendo muy polémica, el caso de la cárcel de Carabanchel. En
Carabanchel hay una demanda importante para que se mantenga como
monumento histórico y luego otra cosa es el uso que se puede dar a
esas instalaciones, pero creo que sería una pena construir una serie
de viviendas y que desaparezca algo que para la historia de este país
tiene mucho contenido, cuando puede ser perfectamente convertido en
un centro social con otro tipo de utilidades. Ha habido
manifestaciones importantes en la zona y sigue existiendo una
reivindicación importante para que se conserve o, en todo caso, se
transforme en otro tipo de usos y no se haga desaparecer mediante una
operación pura y dura inmobiliaria.

También, por el origen, nos preocupan, por ejemplo, los activos de
Hunosa, en el sentido de que son activos puestos en muchos casos a su
disposición por los municipios en aras de incentivar la actividad
minera, incluso en la fecha en que lo que hoy es Hunosa estaba
repartido entre distintas empresas privadas y la mayoría de esos
suelos utilizados, fue obtenido, de una manera peculiar o casi
gratuita. Además, son espacios que han sufrido un degradación
importante por su propia explotación y sus consecuencias. Hoy hay
graves dificultades en muchos municipios que cuando tienen que
soportar necesidades por causa de esos propios terrenos utilizados en
este caso por Hunosa, se ven obligados a afrontar el pago de
cantidades que aisladamente pueden parecer poco relevantes pero que
no lo son para municipios que tienen presupuestos muy bajos. Por
ejemplo, se me ocurre el caso reciente de Mieres, donde para instalar
una depuradora al lado de un río había que pagar del orden de diez o
quince millones. Resulta que cuando se van sumando, a esos
municipios, que tienen presupuestos que no superan en muchos casos
los cincuenta o cien millones de pesetas, les supone un esfuerzo
importante y, sobre todo, no comprenden cómo por una empresa que en
muchos casos no ha pagado ni siquiera las tasas y los impuestos que
le corresponden por la propia ubicación del municipio, ahora se ven
obligados a hacer un esfuerzo muy importante para recuperar esos
terrenos e incluso invertir para regenerar la degradación
medioambiental que sufren esos terrenos. Por lo tanto, es muy difícil
dar un tratamiento generalizado a todo este tema del patrimonio.

Creemos



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que hay que identificar uno a uno los problemas y buscar las
soluciones más razonables entendiendo fundamentalmente como objetivo
aquellos casos en que es posible la devolución para el uso público de
esos terrenos.

También nos preocupan las valoraciones que hacen. Esto del inventario
es a veces muy sui géneris -he vivido y denunciado algunos casos-
porque el inventario a veces se produce a valor contable. En el caso
de empresas como Renfe con una historia larga, cuando luego se
produce la venta de esos terrenos hay quien dice, desde el punto de
vista estrictamente contable, que sí, que se han vendido los terrenos
a valor contable, pero curioso lo que ocurre si uno observa después
la evolución de la venta de esos terrenos, y algunos casos le puedo
citar. Por ejemplo, en Zaragoza hay terrenos vendidos para Renfe muy
bien, con valor contable de 250 millones de pesetas, que en dos meses
se revendieron en 1.250 millones de pesetas. Y como esos bastantes
más, incluso algunos terrenos los tenemos identificados -del orden de
treinta-, y cuando uno va al registro, ve incluso el valor declarado
de venta -no hablo de otras cosas- y la evolución curiosa que ha
tenido todo ese tipo de operaciones. Por lo tanto, nos preocupa tener
garantía de que esas ventas, en aquellos casos en que no sea
necesario para la propia comunidad o se vea razonable por todas las
partes implicadas ir a una enajenación, se hacen a valor de mercado,
de que se actúa con transparencia y concurrencia para evitar que se
hagan por el famoso procedimiento de la invitación donde son muchos
los invitados y muy pocos los elegidos, lo que da lugar a ese tipo de
situaciones posteriores bastante llamativas. Todo ese uso del
patrimonio nos preocupa y lo vamos a seguir de cerca.

También nos preocupa otra cuestión que no es patrimonio inmobiliario
y es que -usted ha hablado de la venta de Tabacalera y de otras
empresas públicas- esas empresas en muchos casos habían adquirido
patrimonio artístico importante. Ha sido tradición que Iberia, Renfe
en menor medida, pero sobre todo Tabacalera y otras, a lo largo de su
historia iban adquiriendo obras de arte para enriquecer las paredes
de sus edificios o bien porque tenían alguna fundación o algún tipo
de actividad cultural importante, e iban adquiriendo obras de arte u
otro tipo de patrimonio importante. Nos preocupa que este tema no se
haya negociado antes de la privatización para evitar que patrimonios
obtenidos en algunos casos a precios simbólicos precisamente por ser
empresas públicas, u obtenido en determinadas condiciones, se haya
ido en muchos casos con la propia empresa en su privatización.

Pensamos que se tenía que haber hecho una política de rescate de una
parte de ese patrimonio por el propio Estado para que se mantuviera
como patrimonio del Estado. Ahí el Ministerio de Educación y Cultura
tenía que haber realizado una labor muy importante de identificación,
de valoración de ese tipo de patrimonio para, puesto que fue
adquirido con dinero del Estado, no venderlo en ese paquete anónimo
que supone una privatización con las características que están
teniendo las ventas actuales. Termino pidiendo que se haga un
seguimiento riguroso sabiendo que es una labor muy compleja y que se
trate de manera diferente ese patrimonio según haya sido su origen.

Hay otra parte del patrimonio que, a pesar de que cuantitativamente
no sea tan importante, también nos preocupa
y es que se continúa transfiriendo y nos parece bien, todo el
patrimonio de viviendas del Estado, fruto de distintas cuestiones,
procedente en algunos casos del Ministerio de Trabajo, de las
antiguas viviendas sociales del franquismo, etcétera y, desde hace
años, se ha hecho una política de transferencia de esas viviendas que
venía avalada no por criterios sociales sino por intentar rebajar
costes al Estado. Eran viviendas en general en muy mal estado, y lo
siguen siendo porque siguen existiendo, y se transfirieron en muchos
casos a precios simbólicos pero también en muchos casos con una
situación de deterioro tal que es ahora cuando a las propias
administraciones, en este caso autonómicas o municipales o incluso
estatales, puesto que hay que incluirlas en las partidas del plan de
vivienda, les corresponden la rehabilitación de barrios. Podemos
hablar incluso de zonas completas de Tenerife, Asturias, etcétera,
que hoy se están hundiendo y en las que está siendo necesario
afrontar gastos muy importantes para combatir problemas endémicos de
ese tipo de viviendas, como era la aluminosis y como era la ubicación
en zonas con cambios en la capa freática, en el caso de Murcia. En
Tenerife hubo que invertir más de 6.000 millones. Hay bloques
completos de la antigua organización de portuarios, y puedo citar el
caso de Asturias, donde en Gijón ahora mismo se ha transferido
recientemente, a petición de los actuales propietarios de las
viviendas que ahora se ven obligados a afrontar unas obras de
rehabilitación enormes, con presupuestos que para esta gente tan
modesta son prácticamente imposibles de abordar si no hay una
cooperación de las distintas administraciones.




También creemos que esta política hay que afinarla en el sentido de
que cuando se transfiera ese tipo de propiedades, aunque sea a un
precio mayor al que se está haciendo, al menos se haga en unas
condiciones dignas y habitables y no en una actitud exclusiva de
hacer caja rápidamente o de quitarse un problema como era el de tener
que hacer frente a las obligaciones de un propietario para tener en
condiciones dignas aquellas viviendas que son de su propiedad.

Pasando al tema de las privatizaciones, usted ha dicho que era un
planteamiento ideológico; la verdad es que como argumento no me
parece muy fuerte. En todo caso es verdad que atribuimos a la
derecha, en abstracto, el planteamiento de supuesta liberalización y
a la izquierda una visión más estatalista o más participativa del
Estado en la cosa pública. La verdad es que, como comunista,
últimamente me siento bastante despistado porque hay una cuestión.

Primero, el origen de ese patrimonio. En muchos casos, el origen de
ese patrimonio del Estado es precisamente el fracaso de lo privado y
ahí está toda la larga historia de Hunosa, por ejemplo, donde una vez
que las empresas privadas mineras explotaron al máximo sus
posibilidades, cuando ya entraron en problemas fue el Estado el que,
también para evitar problemas sociales, tuvo que asumir esas
responsabilidades. Con Aceralia pasa lo mismo, una parte importante
de la parte más moderna, la que procede de Gijón, lo que era la
antigua Ensidesa, Briña, fue también un fracaso de una actividad
privada, muy reciente ya, años 1968-1970, pero fue un complemento de
la actividad siderúrgica de Avilés.

Podríamos seguir este relato, incluyendo a Tabacalera, en el que
precisamente aparece el Estado cuando hay problemas



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y hay que afrontar esas responsabilidades. También es habitual que
una vez que ya tiene beneficios y que el Estado ha tenido que aportar
ingentes cantidades de dinero, al cabo de un tiempo, cuando ya es
rentable y empieza a ser llamativo y goloso, lo privado empieza a
demandar también su parte de la tarta y se produce su venta. Esto es
un ciclo histórico y, por lo tanto, en algunos de los casos
probablemente nos veremos en situaciones similares. Creo que está
bien vestirlo de ideológico, pero tiene unas razones más de fondo que
a nadie se le escapan cuando analiza de verdad en profundidad el
problema.

También es verdad que, en muchos casos, la presencia de lo público es
como consecuencia de considerar los sectores estratégicos o lo que
hasta ahora se consideraban sectores estratégicos. El tabaco es
verdad que no es un sector estratégico, a pesar de lo que se quiera
decir; sí tiene incidencia en una parte del tejido productivo -y hay
en este país productores de tabaco, que no son muchos pero que tienen
importancia en algunas zonas- y tiene más de compañía de tradición,
una compañía del Estado significativa e importante en el mercado de
tabacos, que ya cuando se produce su privatización estaba saneada y
aportaba al Estado unos ingresos significativos. Usted hablaba de la
volatilidad de Tabacalera en el momento de la privatización, pero
creo que también esa volatilidad venía determinada por decisiones
empresariales equivocadas o que al menos no culminaron con éxito; por
ejemplo, el intento de entrar en Portugal que era la gran operación
que tenía Tabacalera en marcha en esos momentos y que fracasó por las
reglas de la competencia cuando otra multinacional consiguió el
contrato con Portugal. Por lo tanto, no era sólo una volatilidad
extraña sino que tenía también distintas incertidumbres que se
producían en ese momento.

Nos preocupa, sobre todo, el empleo porque esto es como lo de los
inventarios; todo el mundo que llega a una empresa hace inventario y
después pregunta dónde hay que recortar gastos, con lo que procura
ahorrar en alquileres y renegociar con el patrón el alquiler, además
de intentar reducir costes de personal, siempre con una doble visión:
a los trabajadores se les aplica que hay que reducir costes porque el
mercado tiene mucha mano de obra desempleada y, por lo tanto, es
importante ponerse a precios del mercado en mano de obra y por ello o
bien se externalizan los costes buscando subcontratas que trabajen
para la empresa, o bien se buscan en la propia Tabacalera, incluso
con el acuerdo de los sindicatos dada esa situación, soluciones
extra-convenio para contratos puntuales, como por ejemplo la
fabricación de tabacos para países del Este, donde los propios
sindicatos se vieron obligados a negociar la participación de algunos
trabajadores o de bloques de trabajadores con condiciones distintas a
las del convenio, si bien, gracias a los sindicatos, con la
posibilidad más adelante en el tiempo de integrarse en el convenio
colectivo. Sin embargo, a los directivos se les aplica el baremo
contrario, a los directivos de la empresa pública siempre se les ha
dicho que están mal pagados y, por lo tanto, hay que buscar
incentivos para que no se vayan al sector privado. Esa ha sido la
dinámica inversa que se ha producido en la empresa pública y en las
empresas en privatización.

Luego hay que buscar tratamientos fiscales peculiares, no ilegales
pero sí llamativos, como los que ahora están en
la opinión pública por un caso concreto como fue el del señor
ministro Piqué, pero que han sido aplicados sistemáticamente por los
directivos de determinado nivel para que sus aportaciones en especie,
sus vehículos, sus viviendas, etcétera, pudieran tener un menor
impacto fiscal, ya que también había que incentivarlos para que no se
fueran a la empresa privada. Como ahora ya están en la empresa
privada, creo que todos tendrán un tratamiento similar.

En definitiva, lo que nos preocupa, es la evolución futura de
Tabacalera y es curioso cómo se pasa de defender una cosa a la
contraria. Hasta hace un tiempo, Tabacalera decía que uno de los
grandes errores había sido su diversificación empresarial, es decir,
haber entrado en actividades que no eran directamente producción y
venta de tabacos, como era el tema de Aldeasa y otra serie de temas
de alimentación, etcétera en que se metieron. Sin embargo, una vez
reconocido ese error y centrados en el negocio del tabaco, se produce
la venta y ahora parece que Tabacalera emprende una carrera loca -o
al menos llamativa- de nuevo hacia la diversificación; quizás eso es
lo que explique su posible entrada en breve en Iberia, aunque
probablemente vaya ligado también a tener esos grandes centros. Eso
es recuperar la vieja idea de tener un cierto control sobre la
distribución y diversificación de productos a vender porque, de
hecho, están anunciando que van a vender libros, discos y otra serie
de cosas que no son precisamente tabaco, no sé si con la colaboración
o no del gran colectivo de los 15.000 estanqueros que también
querrían entrar en una línea que fuera en esa dirección, y no sé si
va a haber algún tipo de alianza. Entiendo que al fin y al cabo esta
era una de las cosas que hoy deberíamos haber preguntado al
presidente de Tabacalera, quien después de haber confirmado su
asistencia esta mañana a una reunión de la subcomisión de
privatizaciones, de nuevo la agenda le ha impedido venir, después de
haber confirmado esa asistencia.

Termino con el control de las privatizaciones. El control hay tres
maneras de hacerlo que es antes, durante y después. Puedo decirle que
estoy satisfecho con el control posterior en esta parte y quiero
decirle también, en honor a la verdad, que me encuentro más
satisfecho de sus explicaciones que de las que se producen desde el
ámbito de la Sepi -creo que ha sido más transparente la información-,
pero también es verdad que hay organismos que se crearon para este
control, Consejo Consultivo de Privatizaciones que me producen cierta
alarma. Me gustaría -si usted tiene el dato- que me diga cuántos
miembros pertenecientes a este organismo del Consejo Consultivo han
pasado a formar parte, desde su inicio, de los consejos de
administración de las empresas privatizadas, porque llevamos
solamente tres años y van ya -de los que yo tengo controlados- del
orden de cuatro los que han pasado de tener que emitir informe sobre
la transparencia del proceso para, al poco tiempo, pasar a formar
parte de consejos de administración de las empresas cuyo proceso de
privatización ellos mismos han tenido que vigilar. Es verdad que he
calificado hace tiempo a este organismo como una especie de ONG
porque tampoco cobraba gran cosa -sólo las dietas-, pero no estaba
muy identificado cuáles eran sus funciones, y también es verdad que
el propio Consejo Consultivo se ha quejado de que muchos de estos
casos de privatización han tenido escaso tiempo para analizar todo el
proceso. Porque



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hay dos maneras de hacerlo: que el propio Consejo Consultivo pudiera
analizar desde el primer día el proceso, acompañando la operación de
privatización y los distintos pasos que en algún caso se han dado
voluntariamente por quienes privatizaban, porque no es algo que
estuviera normalizado, no era obligatorio ir informando de cada paso
al Consejo Consultivo; y en otros muchos casos han tenido diez o
quince días a partir de la fecha en que se ha cerrado la
privatización para que el Consejo de Ministros tuviera ese informe
preceptivo. Se han producido quejas por parte de distintos miembros
-quizá las hagan en privado- de que no han tenido tiempo suficiente
en muchos casos para analizar procesos tan complejos como los que
conlleva una privatización de esta envergadura.

Termino diciendo que me parece muy bien que hayan participado 800.000
españoles en esta privatización; pero también es verdad que no es lo
mismo que sea todo propiedad del Estado que reducirlo a 800.000, esto
tiene muchas lecturas. No es que ahora Tabacalera sea de 800.000
accionistas, sino que antes éramos más los propietarios. Yo, que soy
fumador, antes era propietario y ahora no lo soy, me han expropiado
una parte de mis intereses porque con los impuestos que pago
religiosamente a través del tabaco también participaba en la empresa.

El tema de la liberalización es muy sui géneris. No comparto tampoco
discursos simplistas sobre quién manda ahora, si antes mandaba más el
Gobierno y ahora menos o viceversa. Creo que están ustedes haciendo
unas privatizaciones que, en general, son fáciles, puesto que son
pseudo-monopolios. Los negocios son fáciles una vez saneados, pero
dudo mucho que de verdad sean liberalizaciones siquiera en el sentido
estricto de la palabra; es decir, sigue habiendo muchas dificultades
para la competencia en este país. Ahí está lo que ha sucedido en el
sector eléctrico y en el de hidrocarburos. Lógicamente, el tabaco
tampoco es un sector ahora mismo abierto más que a la competencia de
las distintas multinacionales del sector. En muchos casos ha sucedido
lo contrario, que el Gobierno ha favorecido, no sé si consciente o
inconscientemente, los intereses del sector y se ha puesto a sus
órdenes en lugar de potenciar esa supuesta competencia. De esto
seguiremos hablando mucho tiempo y podremos entrar en detalles,
aunque lo sucedido en el sector eléctrico y en el de hidrocarburos ha
sido verdaderamente escandaloso.




El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Díez Moreno): Voy a
agrupar mis contestaciones en torno a los dos temas. Agradezco al
señor Cámara sus expresiones de aliento y reconocimiento por esta
tarea de fomento del ahorro y rigor en la gestión que estamos
intentando imprimir al patrimonio del Estado.

Me pide una valoración personal del cumplimiento de los objetivos.

Con toda sinceridad le diré que los objetivos de planes como estos no
se pueden conseguir en breve plazo, ni siquiera hablando de plazos
por legislaturas. Son operaciones muy complejas, muy ligadas. Son
casi operaciones de fichas de dominó que hasta que no se destapona
una cuestión no puede iniciarse el paso siguiente. Operaciones
magníficamente planteadas chocan con un breve
problema que, a su vez, arrastra a otros. Por ejemplo, estamos
intentando crear, en torno a la zona de la calle Génova, lo que es el
espacio judicial de Madrid. Allí está el Tribunal Supremo, el Consejo
del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de
Justicia, el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial. Nos
piden más espacio porque lo necesitan y estamos esperando que se
desaloje un edificio en la propia calle Génova, casi colindante con
éstos, para dar más espacio al Tribunal Supremo. Este desalojo
conlleva que hay que habilitar las oficinas del local donde vayamos a
transferir a estos funcionarios y para eso hay que hacer obra con las
correspondientes diligencias. De manera que hasta que no realicemos
esa operación, que en principio parece sencilla pero que no lo es
tanto, no es posible hacer el resto.

Por tanto, somos conscientes de que esto no es una operación
espectacular en ningún caso, que tendrá que pasar tiempo para que se
puedan ver los frutos, y también es cierto la resistencia de los
funcionarios. El señor Santiso lo comprendía. Aveces digo con cierta
ironía que la figura del desahucio administrativo está pensada para
el funcionario que se niega a abandonar su despacho por traslado y
cuesta muchísimo convencer de las ventajas y de la necesidad de que
prevalezca el interés público sobre el interés particular de una
determinada dependencia.

Efectivamente, el programa es amplio, aunque tenga esa austeridad en
los gastos corrientes. Se trata de una política de compra, de
optimización y continuaremos con ella y la ampliaremos. A esos
efectos quiero informarle que en estos momentos estamos tramitando en
la Comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios un
acuerdo de Consejo de Ministros, dentro del programa de política de
adquisiciones, para mejorar las compras en aquellos sectores ya
liberalizados. En los suministros de energía eléctrica, en la
telefonía móvil y fija con todas sus concomitancias, en los
suministros de combustible y en los servicios postales existen ya
empresas en el sector que pueden ofrecer mejores precios o puede
haber competencia entre ellos. Queremos unificar la capacidad
clientelar de las diversas dependencias administrativas por
departamentos y pedir ofertas a los diversos suministradores porque
entendemos que se ha terminado la etapa en que solamente se podía
acudir a un suministrador. Por tanto, esta vía la queremos iniciar ya
y es un complemento de la política de compras. Lo mismo haremos con
los demás aspectos de esta política de austeridad.

El señor Martínez Sanjuán me habla con toda razón de las dificultades
en la Administración periférica. Creo que hay que distinguir lo que
es la Administración periférica provincial de la administración de
las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen su propio
patrimonio. Lo mismo que me gustaría que iniciasen sus procesos de
privatización, también me gustaría que tomasen ejemplo, en lo que
pueda servir, de los procesos de austeridad de la Administración
central y aplicasen a sus propias administraciones operaciones
similares, pero son comunidades autónomas porque tienen autonomía
para diseñar sus políticas y en este punto solamente cabe dar ejemplo
e incitar a que sigan esa vía.

Sin embargo, tiene toda la razón en los ejemplo concretos de
edificios de la Administración del Estado en La



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Rioja. No es infrecuente el ejemplo que me ha expuesto. Le recuerdo
que he citado la cifra de 7.274 edificios del Estado en la
Administración periférica, y la nueva administración territorial, con
la figura de las delegaciones del Gobierno, permitirá, incluso
recuperando una vieja idea o proyecto de edificios de servicios
múltiples, agrupar todos los servicios de la Administración del
Estado en uno o dos edificios, y esa es la segunda fase del plan que
queremos establecer. Queremos ahora, en coordinación con el
Ministerio para las Administraciones Públicas, responsable en este
momento de las delegaciones del Gobierno, o al menos de la logística
de las delegaciones, facilitar que se puedan cumplimentar las fichas
informáticas a que antes me he referido para que tengamos la
información necesaria de estos 7.274 edificios y, a partir de ahí,
empezar a hacer planes, que serán escalonadamente por razones de
territorio y de tiempo, en la Administración periférica.

También le informo que sigue la investigación sobre bienes
mostrencos. Estas investigaciones son permanentes dentro del ámbito
de las competencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado
y se siguen tramitando y aprobando expedientes sobre este tipo de
bienes.

Lo que sí quiero informarle es que, dentro de la política de
optimización inmobiliaria, hay un aspecto que no he comentado en mi
intervención, pero que lo hago ahora al hilo de una de sus preguntas.

Existe una permanente actuación de la Dirección General de Patrimonio
del Estado en relación con los entes territoriales en dos sentidos:
tramitar las reversiones que procedan cuando los bienes cedidos a la
Administración del Estado para cumplir un fin no se ha cumplido. En
ese caso el Estado está prácticamente obligado a revertir ese bien a
la Administración local que lo ha suministrado. Es posible que haya
que modificar la Ley de Patrimonio del Estado para dar más agilidad a
estas reversiones. Pero existe una dirección contraria, y es la
cesión gratuita que Patrimonio del Estado hace de sus bienes para
fines de interés público en favor tanto de comunidades autónomas como
entes locales. En este tema he puesto no solamente un especial
empeño, sino una especial presencia, ya que me desplazo siempre que
hay que firmar una escritura de cesión gratuita al punto de la
geografía española que sea y, prácticamente, ya la he recorrido toda.

La última, el viernes pasado, estuve en Santiago de Compostela
cediendo a la Administración autonómica un edificio propiedad de
Patrimonio del Estado donde estuvo en su momento ubicada la Agencia
Tributaria que, a su vez, la Xunta lo va a convertir en la sede de la
fundación Torrente Ballester. Este tipo de actuaciones son muy
frecuentes al cabo del año. También son muy frecuentes los casos en
que, a petición de los municipios, porque ellos se encuentran en
condiciones de aprovecharlo mejor, cedemos bienes gratuitamente. Por
tanto, siempre que voy a estos viajes animo a las autoridades locales
a que detecten los bienes que existen propiedad del Estado -y que
Patrimonio, por sus limitaciones, no puede utilizar-, para que ellos
los aprovechen e inicien estos expedientes de cesión gratuita, no de
permuta y de venta, cuando el fin es de interés general. Tal vez
también en este punto podríamos modificar la Ley de Patrimonio para
hacer más rápido este tipo de cesiones aunque, como es lógico, todo
administrador de bienes, cuando se trata de una cesión gratuita,
tiene
que cumplir una serie de trámites e informes de carácter preceptivo.

Siempre buscamos equilibrio, cuando vendemos, entre precio y
utilidad. No sé si hay operaciones de especulación, no es nuestra
profesión ni nuestra vocación. Cualquier operación especulativa soy
el primer interesado en conocerla y en poner el remedio, pero nuestra
pauta de comportamiento es buscar el equilibrio entre precio y
utilidad y en ese punto estoy completamente de acuerdo con su
señoría.

Con el señor Santiso también estoy de acuerdo en la dificultad. Ya he
comentado antes que es imposible conseguir el cien por cien de los
objetivos. Sobre todo necesitamos mucho tiempo y no sabemos cuánto.

Es cierto que hay, junto al patrimonio del Estado en sentido estricto
-es decir, el patrimonio del Estado dependiente de la Dirección
General de Patrimonio del Estado-, otros muchos patrimonios en la
Administración española. Ha mencionado algunos: Defensa, Renfe,
Hunosa. No ha mencionado el de la Seguridad Social -por ejemplo- que
es también importantísimo. En ese punto cada patrimonio tiene sus
propias normas de gestión, administración y enajenación, pero he
tomado nota de sus preocupaciones y transmitiré a mis colegas de
otros departamentos sus sugerencias.

También estoy de acuerdo en que la complejidad del patrimonio del
Estado en sentido amplio, hace difícil un tratamiento generalizado y,
por tanto, no vale decir que se va a vender en bloque el patrimonio
de Defensa. Estoy de acuerdo en que los intereses locales y
territoriales son muy importantes y es necesario tenerlo en cuenta
antes de proceder a las operaciones concretas.

En cuanto al patrimonio artístico de las empresas privatizadas, tengo
que hacer algunas precisiones. Normalmente, las empresas privatizadas
no eran cien por cien patrimonio del Estado. Por ejemplo, en
Telefónica, la más llamativa, el Estado tenía un 24 por ciento del
capital y el 76 por ciento restante era capital privado; lo mismo
ocurría en Argentaria, teníamos el 29 por ciento del capital. Por eso
no podíamos disponer de los bienes artísticos adquiridos por estas
empresas, salvo mediante expropiaciones o compras, con lo cual el
problema era distinto. A través de la Secretaría de Estado de Cultura
se han hecho convenios con esas entidades que les obligan a exhibir
en museos públicos su patrimonio artístico. De hecho, el primero de
los convenios firmado, además de los suscritos con Telefónica,
permite ya contemplar, en el Museo Reina Sofía, una parte muy
importante de la colección de estos cuadros, donde tienen una sala
permanente de exposición, que irá rotando para que pueda
contemplarse. Es la fórmula que hemos encontrado para poder obligar a
estas entidades, ya que no podemos comprarles el patrimonio porque
los bienes histórico-artísticos son normalmente valiosos y hay que
tener un presupuesto mayor que el que tenemos. Por lo menos, lo
importante es que el público pueda contemplar estas obras y eso está
garantizado.

En lo referente a viviendas ocurre los mismo. Pertenecen a entidades
muy distintas porque ha habido un momento en la historia española en
que ese tipo de patronatos era la única manera de acceder a una
vivienda. Su enajenación puede tener problemas pero, en principio, es
una política lógica de que el ocupante de la vivienda sea su
propietario,



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que será el más interesado en conservarla aunque, por supuesto, las
ayudas para su restauración pueden ser necesarias y no habría ningún
motivo de oposición.

En cuanto a los temas de las privaciones, al señor Martínez Sanjuán
le preocupa la continuidad de las plantillas, y también al señor
Santiso, dentro del proyecto empresarial. Efectivamente, nos preocupa
a todos. No querría ahora remontarme a cuándo empezaron las
reducciones de plantillas en empresas de Tabacalera. Son muy
anteriores a este Gobierno y ha sido progresivo porque la plantilla
de una empresa está en función de una serie de factores complejos
y no solamente en función a una intencionalidad o signo político. Lo
que sí puedo decir es que no conozco ningún caso de empresa
privatizada donde la reducción de plantillas no haya sido debidamente
consensuada sindicalmente y, por tanto, con ausencia de
conflictividad social.

El control parlamentario de las privatizaciones creo que se hace a
través de los cauces que el propio Reglamento de las Cámaras tiene
para el control de la acción del Gobierno. Repito que en mi opinión
las decisiones de privatización están en el programa de Gobierno. Por
tanto, la responsabilidad en cada una de las operaciones, además del
gobierno, es también de los gestores que las realizan. El control
parlamentario se debe hacer a través de los cauces que el Parlamento
tiene establecidos. La comparecencia en los gestores responsables de
los procesos de privatización se han producido y se están
produciendo, y las de los presidentes de empresas privatizadas para
hablar de la gestión de esa empresas -no de las privatizaciones
porque en ellas no intervinieron- creo que también. A pesar de las
dificultades que puede haber, que desconozco, en sus agendas, las
comparecencias, en la subcomisión de privatizaciones se producirán en
su momento. Si ahora ha habido cancelaciones, su motivo tendrán. No
entiendo muy bien que un presidente tenga que comparecer para
explicar la privatización. Creo que los responsables hemos sido los
consejos de Sepi, y Seppa y somos los que podemos dar cuenta del
proceso. Otra cosa es que comparezcan para explicar la marcha de la
compañía, que en términos generales en todos los caso está siendo
bastante buena. Basta comparar las cotizaciones de las fechas en que
se privatizó y las actuales. Eso creo que no podrá negarse y con
mucho gusto lo querrán explicar ante el parlamento.

Tampoco quería entrar en la polémica del amiguismo en las
presidencias de las empresas privatizada. Simplemente querría decir
que no conozco a nadie que nombre a los enemigos para gestionar una
empresa y que la prioridad en la selección por el Gobierno (cuando lo
ha hecho en su momento, porque ahora el nombramiento de los
presidentes no depende del Gobierno, sino de las juntas generales y
de los consejos de administración) era por su competencia profesional
lo que han acreditado precisamente en los años transcurridos desde la
empresa privatizada. Son buenos gestores, buenos administradores.

También son personas conocidas. No conozco a nadie que nombre a
desconocidos para dirigir una empresa.

Informo al señor Martínez Sanjuán que no hay ningún consejero
representante del Gobierno en Tabacalera. Son todos consejeros
privados. La participación que en este momento mantiene al Dirección
General de Patrimonio del Estado la consideramos prácticamente
residual. Es una
participación producto de que no se ejercitó el green shoe. Si se
hubiese ejercitado no hubiésemos tenido ninguna acción. Por tanto,
estamos esperando el momento bursátil más oportuno para desprendernos
de ella, como hemos hecho con la participación residual que teníamos
en Telefónica.




La participación de Tabacalera en Aldeasa y la pretensión de
participar en la privatización de Iberia me parece razonable dentro
de una estrategia de objeto social de una sociedad. Tabacalera tiene
una importante infraestructura de distribución al por mayor. Aldeasa
tiene también una importante infraestructura de distribución de otro
tipo de productos. La participación que tiene Tabacalera en Aldeasa
es importante, pero no tiene mayoría y, por tanto, creo que entra
dentro de lo que es una actividad que ahora parece que quieren
recuperar; en un determinado momento quisieron desprenderse y, ahora,
tal vez porque la situación económica es distinta y el mercado es
distinto, cada empresa intenta hacer esta diversificación a su
manera. A mí me da mucha alegría que Tabacalera aspire a adquirir el
10 por ciento de Iberia, por dos razones. Primero, porque creo que no
debe estar todo en manos de los grandes bancos o las grandes
entidades financieras. Me gustaría que el capital de las empresas que
vamos a privatizar se distribuyera más en otro tipo de entidades que
no sean las de siempre que cualquier empresa española aspire a
adquirir este tipo de participación, estaré muchos más tranquilo que
si lo hace una sociedad extranjera.

Por último, señor Martínez Sanjuán, alude usted a los costes de
colocación. Indudablemente, como cifras absolutas es impresionante,
pero es muy fácil a posteriori criticar el costo de una operación.

Usted me dice que la venta estaba hecha. Eso es muy fácil decirlo
aquí, pero cuando se está planteando la operación y cuando se es
responsable, tomar esa decisión habría sido muy arriesgado porque si
no hacemos publicidad y la operación sale mal seríamos responsables
y nos dirían lo contrario de lo que usted nos dice ahora. Lo que sí
está claro es que estos costes de las privatizaciones están muy
ajustados, que son muy inferiores a toda la secuencia del proceso de
privatización en España, tanto en este Gobierno como en el anterior,
y que dentro de lo que es muy alto, sin embargo, es perfectamente
asumible.

El señor Santiso niega el carácter ideológico del proceso de
privatización, o por lo menos no le parece argumento fuerte. Depende
de la importancia que demos cada uno a lo que es la ideología.

Entiendo que una opción entre un gobierno interventor o un gobierno
regulador es muy importante para la economía de un país. El Gobierno
ha optado por llevar a cabo una política de regulación, o sea diseñar
el marco, y dentro de él que se muevan con libertad los agentes del
mercado, y no una política de intervención donde el Estado tiene que
estar en todas partes. Aun así, quiero recordar al señor Santiso que
todavía el peso del sector público en la economía es muy elevado.

Estamos por encima del 40 por ciento de la economía, o sea que el
peso del sector público todavía es muy elevado como para preocuparnos
de que sea cero.

Efectivamente, creo que el del tabaco no es un sector estratégico,
aunque tiene como todo sector importantes repercusiones sociales en
cuanto al empleo, en cuanto a empresas que dependen de él. Creemos
que tanto por la



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situación de la economía europea, como por la economía mundial, los
procesos de liberalización y los mercados obligan a que el gobierno
regule más que intervenga, y eso es también aplicable al sector del
tabaco y a Tabacalera. Usted debería quedarse tranquilo en relación
con la evolución futura de Tabacalera. Precisamente lo que acabamos
de comentar de sus participaciones y diversificación, además de los
datos de los resultados sociales de los ejercicios pasados, no es
para preocuparse sobre la marcha y el futuro de Tabacalera.

En cuanto al control de las privatizaciones y a los problemas que se
plantean en el Consejo Consultivo de privatizaciones, querría decirle
que el Consejo Consultivo ejerce como uno más dentro de los varios
controles de toda operación de privatización. He mencionado el del
Consejo Consultivo como previo al acuerdo del Consejo de Ministros y
como trámite perceptivo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
ve no con lupa, sino con microscopio, lo que es el prospecto de la
privatización y, de hecho, a veces obliga a hacer modificaciones. La
Intervención General de la Administración del Estado elabora un
dictamen, que debe hacerlo en el plazo de tres meses desde que
termina el proceso, y que lo viene haciendo, y en él se valora
globalmente toda la operación. Finalmente lo fiscaliza el Tribunal de
Cuentas, como cualquier otra operación de la Administración. Por
tanto, no podemos valorar el proceso de privatizaciones por la
actuación -que a usted le pueda parecer discutible- que pueda hacer
algún miembro del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es uno
más de los entes que controlan los proceso, y el comportamiento de
sus miembros es el que es. Son personas independientes -casi todos
catedráticos de universidad, ejercen su función que no es
excesivamente lucrativa, como no podría ser de otra manera, y cuando
se quieren marchar del Consejo van donde el mercado les demande. El
hecho de que algún miembro intervenga en este momento en alguna
empresa privatizada no puede desvirtuar la función y la labor del
Consejo Consultivo. Hay que leerse los dictámenes del Consejo
Consultivo para enjuiciar la labor que está realizando.




Finalmente, su señoría se refiere a las muchas lecturas que pueda
tener el capitalismo popular. Yo le voy a dar la mía, pues usted me
ha dado la suya que respeto plenamente. Para mí, el capitalismo
popular no consiste en que muchas familias hayan acudido al proceso
de privatizaciones. En conjunto, ha habido ocho millones, aunque
estarán repetidas porque algunas han idos a varios procesos; pero han
sido ocho millones las personas a las que se ha adjudicado acciones
antes propiedad del Estado. Lo importante para mí es el cambio de
mentalidad que produce este tipo de operaciones. El inversor español,
especialmente el modesto, estaba acostumbrado a la renta fija, al
quietismo, a estar cautivo de su inversión porque del plazo que
mantuviera su inversión dependía el tratamiento fiscal; es decir,
estaba en un momento completamente distinto del actual, y ese
inversor de renta fija ha cambiado su cultura y se ha decidido por la
cultura del riesgo empresarial o el de la iniciativa privada, es lo
que mueve una economía y, para mí, el capitalismo popular -si se
puede calificar así- ha sido el cambio de cultura de una inversión a
plazo fijo, quieta, sin movimiento, a un riesgo asumido libremente.

Lentitud en los procesos de liberalización. Es cierto. Los sectores
económicos, especialmente aquellos que estaban monopolizados, no se
liberalizan de la noche a la mañana. De hecho, algunos sectores, como
el eléctrico que ha mencionado, tienen su plazo fijado por la ley. El
sector de las telecomunicaciones tiene sus dificultades también, a
pesar de que a partir del 1 de noviembre del año pasado está
teóricamente liberalizado, pero eso, señoría, es consecuencia de la
propia complejidad de los sectores. Pero lo que está claro es que la
competencia, en el momento en que se abre una espita en el sector, es
un fenómeno imparable y verá cómo las empresas eléctricas no tardan
los ocho años que le quedan para abrirse a la competencia en su
totalidad. La competencia tiene su fuerza expansiva y el problema es
iniciar ese proceso, tomar las medidas para iniciar el proceso y,
luego, tener la paciencia de que sea el propio mercado el que impulse
el cumplimiento de los plazos y acelere los procesos a veces fijado
para un plazo más largo.




El señor PRESIDENTE: El señor Cámara tiene la palabra.




El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Quiero agradecer muy
sinceramente al señor subsecretario la claridad de su exposición, la
generosidad en cuanto a los datos aportados y su sinceridad en los
planteamientos. Créame que da mucha tranquilidad, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, saber que quien comparece es alguien de
su solvencia técnica, su solvencia profesional y su solvencia
política



El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Yo quería agradecer al señor subsecretario
que esta mañana he descubierto dos cosas: una, que la señora María y
el señor José que antes eran rentistas, en la clave de la modernidad
de España, ahora son tiburones financieros de Wall Street y que el
señor Montoro, al lado del señor subsecretario, es un kineasiano puro
y duro.

Quería preguntale al señor Díez Moreno, al hilo de la intervención
del señor Santiso en relación con el patrimonio histórico-artístico.

En la comparecencia del 6 de abril, el señor Alierta, Presidente de
Tabacalera, dijo que el consejo de administración de la compañía, en
la última reunión, aprobó depositar el patrimonio artístico de
Tabacalera y todo su archivo en el Archivo de Indias. Quiero saber si
se ha producido o no, porque ha hecho una referencia a las empresas
que no eran cien por cien propiedad del Estado, pero había un
compromiso del presidente del consejo de administración de Tabacalera
en sede parlamentaria, en la que se nos anunció que el patrimonio
histórico-artístico iba a quedar depositado en manos del Estado. Nos
gustaría saber si se ha producido, y si no ha sido así, por qué.




El señor PRESIDENTE: El señor Santiso tiene la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a ser muy breve porque el portavoz
Socialista me ha ahorrado una



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parte de la pregunta. Sólo me resta un comentario sobre la
intervención del portavoz popular.

Nuestro grupo no defiende que el Estado sea propietario del cien por
cien de las empresas, ni cosas similares que a veces se nos
atribuyen, igual que el famoso reparto de la vaca entre todos.

Voy a hacer también una puntualización prefiero que Tabacalera
invierta en Iberia -en eso estamos de acuerdo- a que, al final, sean
Caixa, BBV, entidades financieras, las grandes controladoras de los
mercados. Hay un dicho: Cuando tu portero compra acciones, vende. Y
me temo que podemos estar en un proceso similar. Es muy bonito venir
hoy aquí y decir que es muy positiva esa mentalidad de riesgo, pero
lo hacemos en un momento en que la Bolsa va bien. Espero que no
tengamos que oír en algún momento los lamentos de gente sin
asesoramiento y sin conocimiento suficiente que está en algunos casos
tomando riesgos demasiado importantes en función de su propia
economía. Sostengo siempre que la Bolsa es un juego en el que uno
puede invertir como el que compra lotería, por si acaso le toca;
hablo de los pequeños inversores no de las grandes entidades. Es un
mundo que no conocen y, en muchos casos, en mi opinión, las entidades
financieras están abusando con recomendaciones muy a la ligera para
que compren acciones determinadas sin advertirles de algo que usted
ha dicho aquí: que la Bolsa es un riesgo.

A mí me preocupa porque eso debería ir acompañado de una mayor
información a los consumidores, en este caso compradores de acciones,
para que conozcan realmente cuales son los riesgos que asumen para
que, en todo caso,
si lo hacen, sea con plena conciencia de dónde están poniendo sus
ahorros y, por tanto, con todas las consecuencias -recuerdo las
crisis que hubo con los bancos industriales-. A mí me preocupa
también que las empresas estén al final no en manos de empresarios
sino de entidades financieras, y, por ejemplo, de fondos de pensiones
de todo el mundo que van buscando la rentabilidad. Por ejemplo,
Repsol en este momento tiene más del 50 por ciento en manos de fondos
de pensiones que no son precisamente españoles.




El señor PRESIDENTE: El señor Díez Moreno tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Díez Moreno): Quiero
decirle al señor Martínez Sanjúan que no tengo en este momento
noticia de si se ha terminado de negociar el convenio entre la
Secretaría de Estado de Cultura y Tabacalera para este depósito. Como
S.S. ya sabe, cuando me comprometo a facilitar información lo cumplo.

Me comprometo a enviarle esta información en el plazo más breve
posible.




El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.




Nota.- El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, del martes, 16 de marzo de 1999, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.