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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 643, de 16/03/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 643
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 65
celebrada el martes, 16 de marzo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de
ley de modificación del artículo 9, apartado 5, del Código Civil.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número
de expediente 122/000157) ... (Página 18746)
- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del
informe elaborado por la ponencia, de la proposición de ley de
modificación del artículo 9, apartado 5, del Código Civil. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 122/000157) ... (Página 18746)
Proposiciones no de ley:
- Sobre instalación de una nueva notaría en Vícar (Almería).
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número
de expediente 161/000946) ... (Página 18748)
- Sobre mantenimiento del grupo rural de seguridad número 6 en su
actual sede de La Virgen del Camino (León). Presentada por el Grupo
Socialista en el Congreso (número de expediente 161/000980)
... (Página 18750)
- Sobre despliegue de una Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado
(Udyco) en el municipio de Villagarcía de Arousa. Presentada por el
Grupo anterior (número de expediente 161/001132) ... (Página 18752)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICIÓN DE
LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9, APARTADO 5, DEL CÓDIGO CIVIL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 122/000157).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En primer lugar, vamos a votar la ratificación de la ponencia
designada para informar la proposición de ley de modificación del
artículo 9, apartado 5, del Código Civil. ¿Se aprueba por
asentimiento? (Pausa.) Queda ratificada.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 9, APARTADO 5, DEL CÓDIGO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 122/
000157.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, y siguiendo lo previsto en el
orden del día, debate y aprobación en su caso de la proposición de
ley de modificación del artículo 9, apartado 5, del Código Civil.
A este texto se mantienen tres enmiendas. Vamos a iniciar el debate
por los grupos que mantienen las enmiendas, en una sola intervención,
teniendo en cuenta que estas enmiendas son pocas y sencillas y no
tienen ninguna complejidad. Después concederé, por el orden
correspondiente, la palabra a los restantes grupos, para que muestren
su criterio con relación a esas enmiendas y fijen su posición sobre
la totalidad del texto de la proposición de ley.
Anuncio que la votación, tanto de esta proposición de ley, que, como
saben SS.SS., es con competencia legislativa plena, como de las tres
proposiciones no de ley que subsisten, puesto que la primera de ellas
ha sido retirada del orden del día, la relativa a la singularidad
territorial y geogr·fica de la provincia de Cádiz, no se llevará a
cabo antes de las doce y media.
Primero, y para la defensa de la enmienda número 3, al artículo
único, tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervendré muy brevemente, señor presidente,
para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.
La proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que trata de facilitar la conversión de aquellas
adopciones que se constituyen en el extranjero y que sin embargo no
reúnen los requisitos para surtir unos plenos efectos en España. Nos
parece que su sentido es perfectamente admisible y ya en su día
votamos su toma en consideración. Sin embargo, entendemos que el
ámbito es excesivamente limitado. La proposición de ley contempla un
fenómeno muy concreto que se produce sobre todo en aquellas
adopciones que tienen lugar en Nepal y en China, donde se permite al
adoptante, mientras el adoptado alcanza la mayoría de edad, revocar
su consentimiento a la adopción. La intención de la proposición de
ley es permitir la atribución de plenos efectos en España a estas
adopciones cuando el adoptante renuncie a ese derecho en documento
público o ante el cónsul correspondiente. Por tanto, resuelve sólo
algunos problemas de los que se producen en las adopciones
constituidas en el extranjero. (El señor Vicepresidente, Aguiriano
Forniés, ocupa la Presidencia.) Desde luego, no resuelve los
problemas de aquellas adopciones que se practican en algunos estados
mejicanos o en Guatemala, donde el problema es diferente. El problema
allí es que la adopción, tal y como está regulada en aquellos países
o en aquellos estados federados, no rompe los vínculos de filiación
entre la persona que es adoptada y sus padres biológicos. Esto
dificulta notablemente la plenitud de efectos en España; plenitud de
efectos que al final se acaba produciendo sobre la base de simular un
desamparo y procediendo, a través del acto de jurisdicción voluntaria
correspondiente, a constituir la adopción.
En principio, el convenio de La Haya no debiera provocar, desde esa
perspectiva, ningún problema, ya que, en sus artículos 26 y 27,
permite precisamente la conversión de aquellas adopciones
constituidas en determinados países cuyos efectos no coinciden con
los del país de destino del adoptando. No dificulta ni impide en
ningún momento la posibilidad de atribuir a estas adopciones, que,
como decía antes, se producen en algunos estados mejicanos o en
Guatemala, plenos efectos en España,
siempre que se produzcan las renuncias correspondientes en estos
casos por los padres biológicos. De ahí que la enmienda que presenta
el Grupo Parlamentario Catalán pretenda hacer uso de esta posibilidad
de conversión que permite ese convenio de La Haya, ampliando el
ámbito. No se trata pura y simplemente de permitir la renuncia a la
posibilidad de revocación de la adopción; se trata también de
permitir la renuncia al mantenimiento de esa filiación. Porque,
señorías, o permitimos que esas adopciones se convaliden de esta
manera, como se propone en nuestra enmienda, o al final se convalidan
de otra forma, casi pudiera decirse que, en el fondo, si no
fraudulenta, sí recurriendo a la ficción del desamparo y
posteriormente al acto de jurisdicción voluntaria de constitución de
la adopción.
En última instancia, señorías, se trata de los mismos efectos que se
están produciendo en estos momentos a través de esta ficción de
desamparo y de constitución de la adopción en un acto de jurisdicción
voluntaria, pero sin que tenga que darse este período de tiempo, esta
complejidad de trámites y esta situación de absoluta incertidumbre,
que, si correspondiese a la realidad, podría admitirse, pero que,
como digo, tiene como base una ficción de desamparo que se ha
producido en la medida en que se ha concedido la adopción simple.
Por tanto, señorías, en la medida en que tiene su base en el convenio
de La Haya, de protección de los menores dados en adopción y que
responde a lo que persigue la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular, solicitamos de SS.SS. el voto favorable a la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Socialista,
van a intervenir dos señores diputados. En primer lugar, tiene la
palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presiente, he repartido el
turno con mi compañero Jordi Pedret, que fijará posición sobre esta
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Yo defenderé
brevemente las dos enmiendas que el Grupo Socialista mantiene vivas.
Anuestro juicio, este es un tema claro. Es tan magnífica la enmienda
que seguramente habrá unanimidad en su aprobación y casi podría hasta
omitir la explicación, pero voy a ello con toda brevedad, señor
presidente.
El artículo 9.5, in fine, del Código Civil recoge y establece que no
será reconocida en España como adopción la constituida en el
extranjero por adoptante español: a) -y ahí está el problema- Si los
efectos de aquélla no se corresponden con los previstos por la
legislación española. Esto ocurre en determinadas situaciones, muy
diversas, y una de ellas es la que recoge la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular, con la que estamos absolutamente de
acuerdo, y es que la atribución por la ley extranjera de un derecho
de revocación de la adopción no impedirá el reconocimiento de ésta si
se renuncia a tal derecho en documento público o por comparecencia
ante el encargado del registro civil. Perfecto. Pero nosotros
decimos, y esta es la pequeña reflexión, que si solucionamos
este aspecto, ¿por qué no otros en que el adoptante pueda renunciar
en favor del adoptado, es decir, en interés del menor? Esa es la
cuestión.
Resolvemos una parte del problema, un problema específico, que
probablemente se haya traído al tener conocimiento de uno, dos, tres
o cuatro supuestos concretos. Pero de esos supuestos concretos tendrá
conocimiento otra persona distinta, por un problema distinto, en un
país distinto, y lo que se pretende, y voy concluyendo
rapidísimamente, con esta enmienda, como dice textualmente, es que
también el adoptante pueda renunciar en la misma forma a cualquier
otro derecho previsto en la ley extranjera, siempre que dicha
renuncia se haga en beneficio del adoptado. Nos parece que es
razonable y que damos respuesta a situaciones complejas que es
imposible que el legislador pueda articular en números clausus.
Entendemos además que va no sólo en la misma línea del contenido de
la proposición de ley, sino más allá, con la misma filosofía, con el
mismo fondo y con la misma voluntad.
La segunda enmienda es mucho más clara. Es a la disposición
transitoria y es una mera reforma de contenido técnico. El texto dice
que lo dispuesto en la presente ley se aplicará a las adopciones
constituidas con anterioridad a su entrada en vigor, aunque se puede
entender que sólo se aplicaría a las que existieran o estuvieran
constituidas con anterioridad. Habrá que decir: También se aplicarán
a las constituidas con anterioridad a su entrada en vigor. Es una
cuestión de redacción, pero que claramente mejora el texto inicial,
para no tener que andar con interpretaciones innecesarias.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Siento tener que fijar posición en contra
de la enmienda defendida por Convergència i Unió en ausencia de su
ponente. Lo cierto es que el favor minoris y el favor adopcionis
tienen sus límites y que, si bien es cierto que hay que regular
siempre a favor de que la adopción pueda constituirse y de aquello
que resulte más favorable para el menor, esto no nos puede llevar a
ignorar los límites de la posibilidad autorreguladora de los Estados,
no nos puede llevar a infringir la cortesía internacional y el
principio de convivencia civilizada entre los Estados, que es el
fundamento del derecho internacional privado, y, en una actividad que
entendemos que es ultra vires, a regular el contenido de adopciones
extranjeras, a base de introducir en una norma interna española la
ruptura de la filiación biológica en aquellos sistemas jurídicos,
abundantes, en que no se produce esta ruptura de la filiación
biológica por razón de la adopción. Entendiendo la finalidad
filantrópica del grupo proponente, creemos que no estamos autorizados
a regularlo, que no podemos aplicar a una ley interna, como se hace
en la enmienda, la técnica convencional internacional del convenio de
La Haya.
Encuentra este diputado incluso comprensible, dadoel asesoramiento
especializado en convenios internacionales
sobre estos aspectos del Grupo de Convergència i Unió, que se haya
trasladado directa e incluso automáticamente la técnica convencional,
pero el sistema jurídico es completamente distinto. Una cosa es que
los Estados, voluntariamente, se sometan a la norma pactada, superior
a la interna, y que de común acuerdo incluso el país de origen del
adoptado permita que se modifique por esta vía su norma de adopción,
y otra cosa es que nosotros pretendamos establecer unilateralmente
modificación de adopciones reguladas, siempre o casi siempre, en la
inmensa mayoría de casos, como cuestión de orden público civil, por
otros Estados.
Por ello, reiterando la comprensión de la intención de la enmienda,
debemos manifestarnos en contra y anunciar el voto contrario a la
misma, por entender que estaríamos infringiendo las normas de derecho
internacional privado respecto al límite de actuación de la norma
interna, a lo que no podemos dar nuestro consentimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Grupos que no tienen
enmiendas y quieren fijar posición?
Por el Grupo Popular, el señor Cárceles tiene la palabra.
El señor CÁRCELES NIETO: Con relación a la enmienda número 3, del
Grupo Catalán, tengo que manifestar la coincidencia de criterio con
el señor Pedret, portavoz del Grupo Socialista, que acaba de
intervenir. Además, suprimir la necesaria propuesta de la entidad
pública parece prescindir de una cautela necesaria cuando se trata de
equiparar, en la legislación española, la adopción extranjera. No nos
parece prudente.
En cuanto a la posibilidad de que sea ante un cónsul donde se pueda
producir la comparecencia, a los efectos de mera convalidación podría
ser, puesto que la ley orgánica así lo autoriza, pero para el
supuesto en el que una adopción simple extranjera tenga que
transformarse en una adopción con plenitud de efectos, según la
legislación española, ya no parece tan razonable, pues se trata de
equiparar unos efectos con el arbitrio de una autoridad judicial
necesariamente. Por lo tanto, no podemos compartir este criterio, por
una elemental razón de seguridad jurídica y sobre todo para proteger
al menor adoptado. Entendemos la intención del Grupo de Convergència
i Unió de ampliar las miras de aplicación o de facilitar el trámite
en un proceso de adopción por la legislación española, en cuanto a
los convenios internacionales, de la adopción extranjera, pero no
podríamos, como digo, por seguridad jurídica, abrir una puerta que
restara las garantías para la legislación española y en beneficio y
defensa de ese menor adoptado.
La enmienda número 2, del Grupo Socialista, a la disposición
transitoria (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Magnífica!) no es tan
magnífica quizás, porque en la propia técnica legislativa, por su
propia naturaleza, habrá que entender que la disposición transitoria
va a regular las nuevas situaciones que provoque la ley.
Evidentemente, y por reducción al absurdo, no puedo decir que la
disposición transitoria solamente vaya a tener la finalidad que dice
la enmienda y que la ley no tiene aplicación;
es del género absurdo. Sería muy grave. No obstante, a la
inclusión del término «también» que propone la enmienda del Grupo
Socialista, nosotros nos vamos a abstener, permitiendo que,
efectivamente, pueda tener una mejor comprensión de lo que yo creo
que es innecesario puesto que, como digo, en técnica legislativa la
disposición transitoria regula las nuevas situaciones que provoca la
ley. En cualquier caso, ya dice la disposición final cómo entra en
vigor y el contenido del texto íntegro de la ley. No haría falta,
pues.
En la enmienda número 1, del Grupo Socialista, entendemos el espíritu
y la buena intención de proteger estas situaciones que se pudieran
producir en beneficio del adoptado o del menor, pero sería proteger
un bien jurídico abstracto, incierto, indeterminado, indefinido. ¿Qué
es en beneficio del adoptado? Es siempre una consideración de
carácter subjetivo, y en esta materia deberíamos precisar cuál es el
ámbito exacto de aplicación y de los bienes que se quieren proteger.
Es evidente que, para transformar una adopción simple en una adopción
plena -y no es que se nos ocurra promover un proyecto de ley en
función de que haya una casuística de dos, tres, cuatro, cinco o seis
casos-, hay un valor jurídico, un bien jurídico no suficientemente
protegido, como es la posibilidad de revocar por la decisión única y
excluyente del adoptante la situación de esa adopción. Sería un
desamparo de ese bien jurídico tan extraordinario y evidentemente
tenemos que exigir la renuncia de ese derecho para que adquiera esa
adopción plena. Tendría además otra dificultad práctica la enmienda
socialista, porque requeriría exigir, para ese supuesto de beneficio
del adoptado, la renuncia a todas aquellas personas que pudieran
tener derecho, de la familia biológica, y a las que se atribuye ese
derecho concreto. Nunca habrá una forma clara de saber si la renuncia
beneficia o no beneficia al adoptado. En cualquier caso, sería una
complejidad de trámite, al ser unas situaciones indeterminadas e
indefinidas, que no se podrían, como es natural, concretar.
Por tanto, entendiendo la buena fe y la buena intención de la
propuesta, no podremos aceptarla, en tanto en cuanto no se
configuran, ni se limitan, ni se concretan las casuísticas que
pudieran definir o constituir el beneficio del adoptado.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE INSTALACIÓN DE UNA NUEVA NOTARÍA EN VÍCAR (ALMERÍA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (número
de expediente 161/000946.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Terminado el debate de
las proposiciones de ley, pasamos al debate de las proposiciones no
de ley. Se ha retirado la número 3, por lo que pasamos a la número 4,
sobre instalación de una nueva notaría en Vícar, Almería,que presenta
el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Arqueros tiene la
palabra.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señorías, hace justamente un año que el
diputado que habla presentó a través del Grupo Parlamentario Popular
la proposición no de ley que debatimos en esta Comisión y que
textualmente decía: Se insta al Gobierno para que en la próxima
demarcación notarial se hagan los estudios correspondientes para la
instalación de una nueva notaría en Vícar, provincia de Almería, y
que mientras tanto se abra un expediente administrativo a esta
proposición no de ley para que así conste a los efectos oportunos.
De todos los aquí presentes es sabido el cúmulo de trabajo que tiene
la Comisión de Justicia e Interior, en la que, aparte de debatirse
importantísimas leyes, es grande el número de comparecencias de altos
cargos, tanto de Justicia como de Interior; también se debaten otras
proposiciones no de ley y hay preguntas orales. Ello ha hecho que
esta proposición que hoy debatimos se haya demorado, desde la
iniciativa, justamente un año y cinco días.
Ya en el texto de la proposición no de ley sobre la creación de una
notaría en Vícar se hace una somera enunciación de los datos
objetivos que hacen necesario que, por los procedimientos
establecidos, se inicie el expediente para la creación de una notaría
en Vícar y que se tenga en cuenta en la próxima revisión de la
demarcación notarial. El número de habitantes de Vícar pasa con
creces hoy en día de los 16.000 habitantes, y a pesar de ello no
tienen notaría. El rápido crecimiento demográfico del pueblo, además
de la gran actividad económica del municipio, basada especialmente en
la agricultura intensiva bajo plástico, invernaderos, y la distancia
con otros municipios que sí tienen notaría justifican esta iniciativa
parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular. Los productos
hortícolas comercializados en el municipio de Vícar sobrepasan las
150.000 toneladas anuales. Las sucursales de bancos, cajas y
entidades financieras ascendían hace un año a 13. Todo ello conlleva
también un gran movimiento económico de servicios, agencias de
seguros, transacciones inmobiliarias, rústicas y urbanas, asesorías
jurídicas, económicas y fiscales y la actuación e instalación en el
municipio de profesionales de todo tipo, por lo que se desarrolla un
activo tráfico jurídico mercantil. El Ayuntamiento de Vícar aprobó, a
través del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular, la
solicitud de la creación de una notaría que atienda la creciente
actividad de una población en franco progreso económico y con un
constante crecimiento demográfico.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular mantiene su
proposición no de ley. No obstante, hemos presentado una enmienda de
modificación que es una mera mejora técnica, y si la Comisión da sus
votos favorales, que, como almeriense, yo agradecería muchísimo, el
texto definitivo de la proposición no de ley quedaría redactado de la
siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobieno para
que en la próxima revisión de la demarcación notarial, sea ésta de
carácter ordinario o extraordinario, se hagan los estudios
correspondientes para la instalación de una nueva notaría en Vícar
y que mientras tanto se abra expediente administrativo a esta
proposición no de ley, para que así conste a los efectos oportunos.
He de poner en conocimiento de la Comisión que la Dirección General
de los Registros y del Notariado ha ordenado ya que se inicie el
expediente administrativo para la creación de dicha notaría y se
tenga en cuenta en la próxima revisión de la demarcación notarial.
Ello principalmente es lo que ha motivado la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular. Como ya decía anteriormente, es una mejora
técnica, pero yo la llamaría también una mejora que amarra, para que
esa revisión de demarcación notarial se haga lo más pronto posible,
tanto si se hace con carácter extraordiario como ordinario.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Grupos que desean
intervenir?
La señora Salinas, del Grupo Socialista, tiene la palabra.
La señora SALINAS GARCÍA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Socialista para fijar el sentido del voto de mi grupo ante esta
proposición no de ley, que ya anuncio de antemano que, como no puede
ser de otra forma por los motivos que ahora pasaré a explicar, va a
ser favorable.
Conozco perfectamente, como es mi obligación, el municipio de Vícar.
Lo visito con mucha frecuencia, quizá por ser diputada por Almería y
vivir en esa provincia, y no en Madrid, como les sucede a otros
diputados, lo que me permite conocer de primera mano la situación
real de este municipio, con cuyo actual equipo de Gobierno me une una
amistad muy personal.
La proposición no de ley que hoy debatimos se registró, el 27 de
marzo, como muy bien ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario
Popular, hace un año y cinco días, y desde entonces han cambiado
considerablemente las cosas en este municipio. Vícar cuenta,
efectivamente, con 6.434 hectáreas, de las que en la actualidad 278
corresponden a zona urbana y 5.696 a zona rústica. La población ha
aumentado en este último año, desde que se hizo esta proposición no
de ley, y ha pasado a 15.911 habitantes de derecho, según el
Instituto Nacional de Estadística. El sector agrícola supone el 80
por ciento de la economía de este municipio, unido además a que es el
motor que impulsa el desarrollo de los demás sectores económicos, que
son numerosos. Además, el corazón del poniente, como se conoce
normalmente al municipio de Vícar, se encuentra dentro de los
municipios con mayor equipamiento de servicios de la provincia de
Almería. El número de sucursales bancarias y cajas de ahorro ha
pasado a ser 14 en la actualidad. Este municipio tiene una población
muy joven y, sorprendentemente, por ejemplo, la edad media de
nuestros agricultores en Vícar es de 44 años; son agricultores
jóvenes y emprendedores. El índice de desempleo en este municipio
almeriense es muy bajo, alrededor del 3 por ciento. Lo predominante
es la agricultura bajo plástico, con numerosas empresas de envasado,
manipulado y comercialización de frutas y hortalizas; grandes
cooperativas, como Agrupejido, Campo Vícar y Vicasol, son un buen
ejemplo a seguir.
Todo lo anteriormente expuesto justifica de sobra la necesidad de la
instalación de una notaría en Vícar, ya que sus habitantes suelen
desplazarse mayoritariamente a Roquetas de Mar, donde existen dos
notarías de segundo grados pertenecientes al distrito de Almería o a
El Ejido, que pertenece al distrito de Berja. En la actualidad
existen en nuestra provincia cuatro distritos, que son los de
Almería, Berja, Huercal-Overa y Vera. Por los numerosos núcleos que
existen en Vícar, como son La Puebla, La Gangosa, Cabañuelas, Los
Llanos y otros, consideramos más que razonable que Vícar cuente con
este nuevo servicio.
Puede resultar sorprendente a SS.SS., políticamente hablando, que se
formule y se defienda una notaría en un municipio donde actualmente
gobierna el Partido Socialista. Por muy bien que nos lleváramos, como
debería ser la tónica general, repito que puede resultar algo
sorprendente que el Partido Popular solicite una notaría para un
municipio gobernado por el Partido Socialista. La verdad es que
cuando se registró esta proposición no de ley el 27 de marzo, en
Vícar gobernaba el Partido Popular. Después han cambiado,
afortunadamente, las cosas para los vicarios y gobierna la izquierda;
ahora mismo, en el Ayuntamiento de Vícar está gobernando el Partido
Socialista con Izquierda Unida. El actual alcalde es también senador
y ha ejercido varias iniciativas en la Cámara Alta encaminadas a
obtener una notaría para su pueblo. Nosotros no queremos ser mal
pensados y nos creemos lo que acaba de exponer el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que achaca el retraso de un año y cinco días
para poder debatir esta proposición no de ley al cúmulo de trabajo de
esta Comisión. En cualquier caso, queremos manifestar que estamos
encantados, como Grupo Socialista, de que Vícar pueda tener esta
notaría que le corresponde.
Es verdad que, cuando leemos la proposición no de ley, volvemos a
encontrarnos con una redacción de las que ya son habituales en el
Partido Popular: que se inicien los estudios correspondientes. Ahora,
con esta autoenmienda, se intenta mejorar el texto, por lo cual nos
felicitamos todos. Vuelvo a reiterar que estamos encantados, como
Grupo Socialista, de que Vícar cuente con esta notaría, que sin duda
mejorará los servicios que ese municipio se merece. (El señor
Arqueros Orozco pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Arqueros, ¿a qué
efectos?
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor presidente, como ya he enunciado, se
está haciendo el expediente informativo. Para que quede más correcta
la proposición no de ley, propongo que se diga que se abra expediente
administrativo a resultas de esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Quiere eso decir que
propone una enmienda transaccional a su propia enmienda?
El señor ARQUEROS OROZCO: Sí, señor presidente, por pura corrección y
congruencia. Se abre expediente
administrativo a resultas de esta proposición no de ley. Sólo
eso.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Supongo que no hay
ningún problema en ningún grupo.
El señor ARQUEROS OROZCO: Es puramente técnica; no tiene ninguna otra
intencionalidad.
La señora SALINAS GARCÍA: Después de las numerosas enmiendas, y una
sobre la marcha, a resultas no sabemos muy bien lo que puede
enriquecer el texto.
El señor ARQUEROS OROZCO: Aresultas o como consecuencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por favor, no dialoguen.
La señora SALINAS GARCÍA: Estamos de acuerdo.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Se tendrá en cuenta en
el momento de las votaciones.
- SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL GRUPO RURAL DE SEGURIDAD NÚMERO 6 EN SU
ACTUAL SEDE DE LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN). PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000980.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Terminado el debate
sobre el punto número 4, pasamos al número 5, que trata sobre el
mantenimiento del grupo rural de seguridad número 6 en su actual sede
la Virgen del Camino (León), cuyo autor es el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Socialista trae hoy a la
consideración de esta Comisión de Justicia e Interior una proposición
no de ley para instar al Gobierno a garantizar la permanencia del
grupo rural de seguridad número 6 en su actual sede en la Virgen del
Camino, Ayuntamiento de Valverde, en la provincia de León. También
para instar al Gobierno a construir un nuevo cuartel en la Virgen del
Camino, en una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento de
Valverde para mejorar la operatividad y las condiciones de trabajo
y habitabilidad de los miembros del grupo rural de seguridad de la
Guardia Civil.
Señorías, hace ahora un año que se tuvo noticia en la provincia de
León de la pretensión de la Dirección General de la Guardia Civil de
cerrar el cuartel del grupo rural de seguridad de la Virgen del
Camino. Ante esta noticia, confirmada por la propia Dirección General
de la Guardia Civil, la reacción que se produjo no sólo en el propio
cuartel, sino fundamentalmente en la provincia de León, fue unánime.
Fue unánime de rechazo a la desapariciónde un cuartel y un grupo
operativo de la Guardia Civil
que llevaba asentado en la Virgen del Camino desde el año 1968 y que
tenía y tiene un importante grado de integración social en la Virgen
del Camino y en todo lo que es el ámbito social de la ciudad de León
y buena parte de su provincia. Al grupo rural de seguridad de la
Virgen del Camino le están encomendadas, entre otras misiones, el
mantenimiento del orden y de la seguridad ciudadana, proteger y dar
seguridad a altas personalidades, pero también vigilar y custodiar
los edificios e instalaciones públicas si circunstancias
excepcionales así lo requiriesen y algo muy importante para los
ciudadanos de León, que es colaborar con los servicios de protección
civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Señorías, la posible desaparición del grupo rural de seguridad de la
Virgen del Camino tendría un efecto muy negativo para una localidad
como es la Virgen del Camino, de poco más de 3.000 habitantes, y
tendría unas consecuencias gravísimas para la vivienda, el comercio o
la hostelería. Además, se verían afectados 214 hombres y mujeres
guardias civiles y sus familias. Por lo tanto, el impacto social
sería enorme. Pero no menos graves entiende el Grupo Socialista que
serían las consecuencias sociales y económicas y también las razones
técnicas y de operatividad. Entendemos que el grupo rural de
seguridad número 6 tiene una ubicación idónea para la atención y para
el cumplimiento de sus misiones en la zona noroeste, en la Virgen del
Camino.
Por todo ello, el Grupo Socialista solicita el apoyo de esta Comisión
de Justicia e Interior para que se produzca una instancia al Gobierno
en la que se pida el mantenimiento de la unidad del grupo rural de
seguridad número 6 en la Virgen del Camino. También entiende que
deben mejorarse las actuales condiciones de habitabilidad y de
operatividad en las que están realizando su trabajo los 214 hombres y
mujeres que componen esta grupo rural de seguridad y solicitamos del
Gobierno la construcción de un nuevo cuartel en la Virgen del Camino,
en lo cual contará, como ya ha sido dicho, con la total colaboración
del Ayuntamiento de Valverde, que pone a disposición de la Dirección
General de la Guardia Civil la parcela correspondiente.
Por lo tanto, señorías, el Grupo Socialista pide el voto favorable
para esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): A esta proposición no de
ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular
quiero empezar celebrando la iniciativa que ha tenido el Grupo
Socialista a la hora de presentar esta proposición no de ley, porque
así nos permite, en el seno de esta Comisión, debatir sobre lo que es
el mantenimiento del grupo rural de seguridad número 6 en su actual
sede de Virgen del Camino.
No obstante, hemos considerado la necesidad de presentar esta
enmienda de modificación porque creemos que quedaban difusos algunos
aspectos. Convenía con esta enmienda -es lo que pretendemos hacer-
aclarar algunos aspectos que, como decía, podían quedar poco
claros o confusos. En esta proposición no de ley se insta
a garantizar la permanencia de este grupo rural de seguridad en su
actual sede, aspecto que ha quedado garantizado -y así lo ha
comunicado el Ministerio del Interior, a través de la Dirección
General de la Guardia Civil- y, en segundo lugar, se insta a
construir un nuevo cuartel en la Virgen del Camino, nueva
construcción para la cual ya se vienen haciendo gestiones desde el
Ministerio del Interior. Con este texto, lo que pretendíamos era
aclarar algunos aspectos, celebrando, no obstante, la oportunidad de
que se presente esta proposición no de ley.
Pues bien, como decía, desde el Ministerio del Interior se están
llevando a cabo gestiones para construir un nuevo acuartelamiento en
esta misma sede, con lo cual queda garantizada la permanencia en esa
localidad del GRS número 6. Desde la Guardia Civil se ha elaborado ya
lo que es un borrador de anteproyecto, para ir adelantando los
trámites, y se están haciendo negociaciones con las distintas
instituciones que pueden verse afectadas para llegar a la firma de un
convenio de colaboración que agilice todos los trámites necesarios
para este nuevo acuartelamiento. El Ministerio del Interior, por
tanto, parte del reconocimiento de una situación muy deficitaria en
la que se encuentra este acuartelamiento donde se ubica el GRS número
6, que, por cierto, fue instalado allí, como ha señalado la diputada
por León, en 1988, sobre unas casas que pertenecían al Patronato de
Casas del Aire, que ya tenían más de 40 años de antigüedad. En ese
momento, en 1988, ya presentaban un deterioro que no se acometió
antes de proceder a esa ubicación. Por tanto, esta situación es
anterior a esta Administración. No obstante, y como no podía ser de
otra manera, se está haciendo frente y dando los pasos para poderla
solucionar.
La posición del Ministerio del Interior en relación con este asunto
queda muy clara, tanto en las previsiones presupuestarias como en las
gestiones que se están efectuando, porque, al parecer, de momento, el
calendario previsto para agilizar este nuevo acuartelamiento sería,
por una parte, la cesión, como se señala también en el texto de la
proposición no de ley del Grupo Socialista, por parte del Invifas al
Ayuntamiento de Valverde de una parcela sobre la que se construiría.
A continuación correspondería al Ayuntamiento de Valverde, que
también esperamos acelere sus gestiones correspondientes, la cesión o
donación a la Dirección General de la Guardia Civil de estos
terrenos, así como su recalificación para que se pudiera proceder al
nuevo acuartelamiento. Después vendría la redacción del proyecto y el
concurso.
Teniendo en cuenta, por tanto, que el Ministerio del Interior y la
Dirección General de la Guardia Civil seguían su actuación, en
general, en relación con las unidades de seguridad del Estado y en
este caso concreto en relación con el grupo rural de seguridad número
6 de León, de acuerdo con los principios de racionalidad en el gasto
público, así como eficacia operativa, el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado a la proposición no de ley que debatimos una enmienda
de modificación cuyo texto es el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que continúe desarrollando las
gestiones emprendidas con el Ayuntamiento de Valverde y con la
Diputación Provincial de León en orden a la firma de un
convenio de colaboración entre las citadas instituciones y el
Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, a los
efectos de la construcción de un nuevo acuartelamiento para el GRS
número 6 que asegure su permanencia en su actual emplazamiento.
Desde nuestro grupo parlamentario, consideramos que con esta enmienda
de modificación, como señalaba al principio de mi intervención,
quedan claros esos aspectos que pudieran no estarlo y contribuimos a
tranquilizar a la población que pudiera haber tenido algún tipo de
alarma en algún momento.
Sin más, proponemos la votación de esta enmienda (La señora Valcarce
García pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señora Valcarce, ¿a qué
efectos pide la palabra?
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, pido la palabra a los
efectos de aceptar la enmienda del Grupo Popular, por entender que se
consigue el objetivo que pretendía el Grupo Socialista, que es
asegurar a los leoneses que el grupo rural de seguridad número 6
permanecerá en la Virgen del Camino y que se está en la mejor
disposición para construir un nuevo cuartel que garantice la mejora
de la operatividad de este grupo.
- SOBRE EL DESPLIEGUE DE UNA UNIDAD DE DELINCUENCIA Y CRIMEN
ORGANIZADO (UDYCO) EN EL MUNICIPIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001132.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Pasamos al punto número
6, sobre el despliegue de una unidad de delincuencia y crimen
organizado (Udyco), en el municipio de Vilagarcía de Arousa, cuyo
autor es también el Grupo Socialista del Congreso.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Gago.
El señor GAGO LÓPEZ: Señorías, por regla general, cuando entablo
conversación con alguna persona o grupo de personas, a ninguna le
dice nada mi nombre ni mi cara, espero que absolutamente normales, ni
les extraña ya mi ocupación actual, alcalde y diputado, por más que
tampoco sea muy habitual, pero cuando preguntan por el ayuntamiento
que presido y les hablo de Vilagarcía de Arousa, en la comarca de
Arousa o Salnés, advierto inmediatamente las miradas interrogantes de
la morbosa curiosidad. Parecen preguntarse si será el alcalde de la
partida de los buenos o de los malos, si estará metido en el rollo o
no lo estará, mientras se interesan por saber si estamos,
sociológicamente hablando, más próximos a Sicilia o a Miami y si los
capos y los que no lo son hacen exhibición diaria de su armamento.
Mientras tanto, los medios de comunicación ayudan a configurar esta
imagen pública de la zona con sus constantes reportajes sobre los
oubiña, charlines, sitos miñanco, carballos y demás; información que
pone de manifiesto la existencia de un enorme problema de difícil
solución. La segunda
cuestión que parece preocupar a las personas que nos conocen está
relacionada con los medios con que contamos para enfrentarnos al
enorme problema que tiene nombre y apellidos: narcotráfico,
contrabando y blanqueo de dinero.
Pues bien, si es difícil explicar a la gente que, a pesar de todo, en
Vilagarcía y su comarca se puede hacer una vida normal, resulta de
todo punto imposible hacerle entender que, para un área geográfica
poblada por más de 100.000 habitantes, sólo se cuenta con una
comisaría de la Policía Nacional, mal ubicada y escasa de recursos
materiales y humanos, que realiza su labor a duras penas no por lo
idóneo de sus dotaciones sino por su profesionalidad, esfuerzo y
dedicación de sus componentes. Pero ¿hasta cuándo?
Si examinamos la estadística oficial de delitos y detenidos
correspondiente al año 1997, última publicada, podemos comprobar cómo
la comisaría de Vilagarcía, con 895 delitos, muchos de ellos
relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico, y 224
detenidos, supera con creces los índices que reflejan otras de la
misma categoría, como Marín, Monforte o Viveiro, con 524 y 161, 280 y
62, y 96 y 44 delitos y detenidos respectivamente. Incluso, las
comparaciones resultan sorprendentes con índices de comisarías, como
Ávila o Teruel, que, por estar ubicadas en capitales de provincia,
triplican la dotación de recursos humanos, a pesar de sus 634 y 274
delitos y 168 y 75 detenidos.
De la sorpresa, señorías, pasamos a la preocupación, si tenemos en
cuenta que, de la plantilla de derecho de la comisaría, que componen
59 funcionarios, sólo prestan servicios de hecho 45, motivado por las
bajas que no se cubren, la ausencia de los destinados a unidades de
intervención, policía autonómica o agregados a servicios a la capital
del reino. Todo ello comporta, como decía, una situación difícil de
entender, imposible de explicar y lesiva para el orden público y la
seguridad ciudadana, hasta tal punto que, en la mayoría de las
ocasiones, no se puede formar ni una sola patrulla del 091 con los
cometidos que le son propios.
Por ello, señorías, cuando el Gobierno anunció la creación de las
unidades para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado,
llamadas Udyco, los vilagarcianos y arousanos respiraron tranquilos,
esperando el despliegue de una de ellas en la comarca, dotada de los
medios materiales y recursos humanos necesarios para luchar
eficazmente contra el narcotráfico, el contrabando y el blanqueo de
dinero, delitos cuya incidencia en la zona no es necesario volver a
justificar, porque los datos que contiene esta proposición no de ley
están avalados por las respuestas del Gobierno y las memorias anuales
del Plan nacional sobre drogas, la Fiscalía Antidrogas y los
distintos cuerpos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen
competencia sobre la materia. Tal despliegue, además, permitiría
liberar a funcionarios de la comisaría de servicios que no les son
propios y reforzar los efectivos destinados a labores de orden
público y seguridad ciudadana.
Pero, señorías, nuestro gozo en un pozo. El esperado despliegue se
limitó a la creación de una antena informativa -por cierto, menudo
nombre-, servicio compuesto
por un funcionario de la plantilla existente y dotado, supongo, de
una buena capacidad auditiva, pero a todas luces insuficiente para
desarrollar una labor de prevención e investigación rigurosa y
eficaz. Se hace necesario, pues, y con carácter de urgencia proceder
a crear una Udyco allí donde más se precisa, allí donde la enfermedad
exige una vacuna rápida y eficaz, allí donde los ciudadanos demandan
mayor protección contra una verdadera lacra social que destruye vidas
y economías.
Tenemos la obligación de responder a esa demanda y, por ello,
señorías, y en nombre del Grupo Socialista, les pido su voto
favorable a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Popular,
tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Antes de entrar en el fondo de la cuestión,
se me va a permitir que haga una reflexión, mejor dicho un análisis
de lo que son las Udyco y cómo se llegaron a crear para entender
claramente cuál va a ser la posición del Grupo Popular.
La implantación de las Udyco, a cuya primera fase corresponde la
desplegada en Galicia en 1997, partió de una reestructuración de los
servicios policiales dedicados a tareas de investigación propias del
área de la Policía judicial. No se trató, pues, de colocar, junto a
las preexistentes brigadas centrales, provinciales o locales de la
Policía judicial, otras unidades paralelas, sino organizar las Udyco
en el seno de las brigadas de Policía judicial, adscribiendo a las
mismas recursos humanos y medios materiales precisos en función de
las disponibilidades existentes. Así, y partiendo inicialmente de los
efectivos humanos y materiales disponibles en estas brigadas, se
configuró en cada una de ellas una Udyco que, aun partiendo de la
situación anterior, se diferencia de la misma en cuanto a la tarea de
realizar un trabajo global contra la delincuencia organizada en una
unidad de criterio y coordinación de actuaciones y en la metodología
a emplear en dichas investigaciones. Más aún, lo que dicho plan
implica es la directa adscripción, por parte del personal policial de
estas plantillas en las que se implanta la Udyco, a las exclusivas
tareas de investigación de las manifestaciones de la delincuencia
organizada, bien sea en forma de tráfico de drogas, blanqueo de
capitales u otras formas de crimen organizado sobre las que son
componentes. Es decir, el personal integrante de las Udyco queda
dedicado a tiempo completo a tan trascendentales tareas. Para ello,
en la primera fase de implantación se produjo, junto a esta
adscripción específica del personal, una primera entrega de ciertos
medios materiales que apoyasen su trabajo, y ello en función de las
disponibilidades económicas existentes, si bien dichas nuevas medidas
vinieron a sumarse a aquellas otras de las que ya disponían las
brigadas de Policía judicial en las plantillas afectadas. Todo este
esfuerzo reorganizativo en cuanto a medios humanos y materiales
pretende incrementarse en sucesivas fases de la nueva implantación de
dichas unidades y potenciación de las ya existentes, si bien habrá
que tener en cuenta, respecto a los medios humanos, que éstos no
pueden ser objeto de improvisación ni su número puede ser aumentado
repentinamente
o en detrimento de otras esferas delictivas, que también afectan a la
seguridad de los ciudadanos, en lo que se refiere a los medios
materiales, cuyo límite está en las dotaciones respectivas que
permitan las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Entrando ya en el tema de Vilagarcía de Arousa y la Udyco de esta
población, ésta no debe ser entendida de forma unipersonal, pues,
siendo su principal función las tareas informativas sobre actividades
de delincuencia organizada que puedan producirse en su localdiad y en
cada uno de los integrantes policiales que en dicha plantilla
ejercen, de hecho dicha función informativa, que aunque
específicamente debe ser canalizada a través de una o varias personas
en función de una mejor organización y racionalización del trabajo,
contribuye a una mayor operatividad de la que corresponde a la
brigada provincial.
En este caso, el portavoz del Grupo Socialista ha preguntado: ¿hasta
cuándo? Yo cambiaría la frase por: ¿desde cuándo empezó esta
implantación de las Udyco? La implantación se produjo en 1997 con la
nueva reestructuración con respecto a la delincuencia organizada,
crimen organizado o narcotráfico.
Hay que tener también en cuenta que con el despliegue de las Udyco en
Galicia, concretamente en las ciudades de La Coruña, Pontevedra y
Vigo, se viene realizando una labor conjunta dentro de su ámbito
territorial, unida al apoyo que desde las Udyco centrales se viene
llevando a cabo en cuanto a la movilización de recursos humanos y
materiales en todos los casos que se precise para el trabajo que se
desarrolle en cada momento.
Para finalizar, he de decir que los proyectos relativos a las Udyco
ya contemplan estos aspectos y que de manera implícita se derivan de
la proposición no de ley del Grupo Socialista, la cual no aporta
mejora en el funcionamiento de los servicios ni en la eficacia de los
mismos. Por ello nuestro un voto será negativo por su innecesariedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Una vez terminado el
orden del día, suspendemos la Comisión hasta las doce y media que es
la hora en que se celebrarán las votaciones, según ha anunciado el
presidente.
Se suspende la sesión.
Se reanuda sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la votación. En
primer término, votamos la proposición de ley de modificación del
artículo 9, apartado 5, del Código Civil, como saben SS.SS. con
completencia legislativa plena.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer
término, la enmienda número 1 al artículo único.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda a la disposición transitoria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos finalmente el texto de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre instalación de una nueva notaría en
Vícar, provincia de Almería, con la enmienda introducida por el
propio Grupo Parlamentario Popular y la corrección técnica puesta de
relieve a lo largo del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Seguidamente, votamos la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista sobre el mantenimiento del grupo rural de
seguridad número 6 en su actual sede de la Virgen del Camino, en
León, con el resultado de la incorporación al texto inicial de la
enmienda que fue discutida en el curso del debate y aceptada por el
grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente, votamos la proposición no de ley sobre el despliegue de
una unidad de delincuencia y crimen organizado en el municipio de
Vilagarcía de Arousa, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Terminado el orden del día, señorías, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.