CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 636



DE ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, VICEPRESIDENTE
PRIMERO



Sesión núm. 65



celebrada el jueves, 4 de marzo de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Economía (Montoro
Romero), en relación con el Informe de progreso sobre las reformas en
los mercados de bienes y servicios y de capitales. (Número de
expediente 212/001891) ... (Página 18527)



Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señorías, buenos días. Se
abre la sesión de la Comisión
de Economía para dar cumplimiento al único punto del orden del día,
que es la comparecencia del secretario de Estado de Economía, don
Cristóbal Montoro, relativa al informe de progreso sobre las reformas
en los mercados de bienes, servicios y de capitales, que ha sido
distribuido a todos los señores diputados miembros de la

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Comisión hace unos días por parte de la Secretaría de Estado.

Para informar sobre el contenido de este documento y las aportaciones
que quiera hacer el secretario de Estado de Economía, como
representante del Gobierno, tiene la palabra en primer lugar el señor
Montoro. Posteriormente, como es tradicional, los diferentes grupos
parlamentarios fijarán la posición sobre el mismo.

Tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero):
Comparezco ante esta Comisión para informar a SS.SS. de la evolución
de las reformas estructurales en el ámbito de la política económica,
descrita en sus rasgos fundamentales en el informe que lleva el
título: De progreso sobre la reforma de mercados de bienes
y servicios y de capitales de España, que SS.SS. tienen ante sí. Se
trata de una información a la Cámara antes de que el documento sea
valorado en una próxima reunión del Consejo de Ministros de Economía
y Finanzas de la Unión Europea, revisión en el Consejo que todavía no
está establecida, pero creemos conveniente facilitar directamente
esta información a la Cámara antes de que el Consejo lo examine.

Además, esta mañana es una nueva oportunidad para enriquecer, con la
aportación de los grupos parlamentarios, el contenido de la política
económica del Gobierno y, de antemano, agradezco sus sugerencias y
sus críticas, que estoy seguro que tendrán un tono constructivo, como
es habitual en esta Comisión.

También es, sin duda alguna, buen momento para hacer un balance de la
situación estructural de la economía española, cumplidos
prácticamente tres años desde que celebramos las elecciones generales
y, por tanto, tenemos ya suficiente espacio temporal para acometer la
realización de este balance.

Como se ve en el informe, han sido unos años bien aprovechados para
la modernización estructural de la economía española. Han sido años
en los que han desaparecido barreras, privilegios, monopolios,
rigideces endémicas de todos los mercados clave y en todos los
factores de producción. La economía española es ahora más libre, más
flexible, más abierta y, por tanto, más eficaz. Está, en
consecuencia, mejor preparada para satisfacer las demandas de los
ciudadanos y para responder con agilidad a los retos derivados de
nuestra integración en el euro, en Europa, en una palabra, y nuestra
ya casi plena integración en la economía mundial.

Esta política de reformas estructurales, junto a los demás
instrumentos de política fiscal y monetaria, es la que ha hecho
posible la estabilidad de los precios, la reducción de los tipos de
interés, la expansión internacional de las inversiones de nuestras
empresas, el destacado crecimiento económico de estos años es la que
ha hecho posible la creación de más de un millón de puestos de
trabajo. Había dudas iniciales sobre el contenido, el enfoque
e incluso el alcance de estas políticas de reforma estructural; dudas
sembradas en torno al futuro, por ejemplo, de los trabajadores de
estos sectores. Ahora vemos que esas dudas no tenían mayor sentido;
ahora vemos que es una estructura económica más flexible, más
dinámica, la que
realmente crea más trabajo y expande la creación de trabajo a otros
sectores de la actividad económica. Aquellos recelos de que la
política de desregulación y privatización iba a promover la pérdida
de empleo a corto plazo se ha demostrado que no tenían sentido.

Hemos desarrollado esta política de reformas estructurales en un
intenso ambiente de integración europea en estos años clave en los
que nos hemos jugado nuestra participación de primera hora en la
constitución de la Unión Monetaria, con la implantación del euro. La
moneda única ha sido un aliciente muy significativo a la hora de
aplicar una política económica que, de todas formas, necesitábamos.

El euro ha servido para convencer a amplios sectores de la sociedad
española de la necesidad de acometer reformas estructurales e incluso
para convencer a los sectores directamente implicados en esas
reformas.

En la aplicación de nuestra política económica las reformas
estructurales de factores de producción y de mercados han ido
acompañando a la política fiscal y a la política monetaria en el
proceso de recuperación de los equilibrios macroeconómicos y continúa
contribuyendo, ahora con su constante aportación al perfeccionamiento
del mercado. Con la supresión de privilegios, proteccionismos e
intervenciones del sector público, que, acaso en días anteriores,
tuvieron justificación, pero que hoy resultan perjudiciales, se
consigue estimular la competencia que es la mejor manera de aumentar
y perfeccionar la oferta y de abaratar los precios. También es la
mejor forma de proteger la igualdad de oportunidades y de potenciar,
a la vez, la motivación económica que moviliza a los individuos y a
las empresas.

Este trabajo de liberalización y ordenación de mercados y de factores
de producción no se agota con la promulgación de nuevas normas de
reformas o privatizaciones. Hay que seguir depurando y protegiendo la
libertad de los mercados de las excesivas concentraciones de poder o
de las prácticas ilícitas que entorpecen el juego de la competencia
y ocasionan un perjuicio general. La intervención pública en defensa
de la competencia pone el acento en la protección de la neutralidad
del mercado, pero incluso en este caso hay que tener cuidado de que el
remedio no sea peor que la enfermedad. En todo caso, antes de tomar
cualquier medida coercitiva conviene considerar si es posible lograr
el mismo efecto aumentando la libertad y la competencia. Siempre será
mejor estimular el funcionamiento del propio sistema inmunológico del
mercado que inclinarse precipitadamente por las terapias invasivas.

Como saben SS.SS., las políticas estructurales se engarzan en la
coordinación general de las políticas económicas dentro de la Unión
Europea. Además de la moneda única, de la política monetaria común
establecida por el Banco Central Europeo y de los objetivos de
consolidación presupuestaria determinados en el plazo de estabilidad
y crecimiento, la coordinación de las políticas económicas de los
Estados miembros incluye objetivos comunes de liberalización y de
regulación de los principales sectores de la economía. Esta
coordinación no supone una armonización completa de las
reglamentaciones ni de los procedimientos, pero sí el seguimiento de
unos principios comunes para garantizar la competencia y, a la vez,
la aportación de todos, desde el nivel microeconómico a la
estabilidad macroeconómica de toda la Unión Europea.




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La definición de las políticas estructurales se recoge en las
orientaciones generales de política económica que son aprobadas una
vez al año por el Consejo Europeo, a propuesta de Ecofín. Así, en el
Consejo Europeo de Cardiff se aprobaron las correspondientes al año
1998, y a mediados del presente año se aprobarán en Colonia las
correspondientes al ejercicio de 1999.

El informe que se ha distribuido a esta Comisión denominado: De
progreso sobre las reformas de los mercados de bienes y servicios y
de capitales en España es un documento elaborado por la
Administración española que fue remitido a la Comisión Europea en
diciembre de 1998 y tiene por objeto la descripción del grado de
cumplimiento de los compromisos en materia de reforma estructural.

Hay que tener en cuenta que ante la autonomía de los Estados de la
Unión Europea en cuanto se refiere a las políticas de demanda, por la
delegación que hemos hecho de la política monetaria en el Banco
Central Europeo, y a la limitación voluntaria de la actuación de las
políticas fiscales, la política económica nacional ha de valerse cada
vez más de las reformas estructurales. Dado que desde ahora la
competencia relativa de las economías depende, sobre todo, de la
evolución de los costes unitarios de producción, se comprende la
importancia de mejorar las estructuras de los mercados y de los
factores de producción, si se quiere participar y mejorar en la
posición de nuestra economía dentro de la Unión Europea.

Ciertamente, no todas las reformas estructurales son de la misma
naturaleza. Comúnmente se dividen en reformas horizontales y
verticales. Se llaman horizontales a las generales o comunes a varios
sectores de actividad, como ocurre con las reformas del mercado de
trabajo, de capitales, reformas fiscales, de la regulación de I+D,
etcétera. Otras reformas, llamadas verticales, operan sólo en
sectores particulares, aunque algunos de ellos tienen amplia
incidencia en la economía, porque son suministradores de «input» para
todos los demás, como ocurre con las telecomunicaciones, la energía,
el transporte y el agua. Las privatizaciones han estado muy
relacionadas con las reformas de estos sectores, pues las más
importantes han afectado a empresas monopolísticas o dominantes en
estas ramas de actividad. Voy a detenerme a describir someramente el
estado de las reformas estructurales acometidas, tanto verticales
como horizontales, sin poder profundizar en ninguna de ellas por
razones de tiempo.

En el capítulo de mercados de bienes y servicios figura, en primer
lugar, el sector de las telecomunicaciones. La importancia creciente
de las telecomunicaciones en la actividad económica aconsejó al
Gobierno conceder una atención preferente a la reforma de este
sector. Las medidas adoptadas han tratado de corregir la situación de
partida, introduciendo competencia en el sector, liberalizando su
funcionamiento y privatizando el monopolio existente. El resultado ha
sido una significativa reducción de precios y la consiguiente mejora
del servicio.

El 1 de diciembre de 1998, cumpliendo escrupulosamente el calendario
acordado con la Comisión Europea en noviembre de 1996, entró en
funcionamiento la plena liberalización del sector de las
telecomunicaciones en España. Durante estos dos últimos años la
política de telecomunicaciones se ha articulado sobre cuatro planos
con un enfoque
que ha permitido acometer en forma ordenada la profunda
transformación del sector en sus diferentes dimensiones. Los cuatro
planos se pueden enunciar así: la política legislativa y de
desarrollo normativo; la política de introducción gradual de la
competencia: la política de generación de condiciones de eficiencia
en el mercado, en la que destaca la política tarifaria, y, por
último, la política de aceleración de la convergencia multimedia.

En el campo de desarrollo normativo, el real decretoley de junio de
1996, de liberalización de las telecomunicaciones, tenía como
propósito sentar las bases mínimas y urgentes para la liberalización
del sector. Consecuencia directa del mencionado real decreto-ley,
fueron, primero, la creación de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, a la que se ha dotado de gran autonomía y de
amplias atribuciones para garantizar la competencia efectiva en el
mercado; segundo, la puesta en marcha en torno a Retevisión del
segundo operador la telefonía básica, para romper definitivamente el
monopolio que todavía ostentaba Telefónica en gran parte de los
servicios; tercero, la reforma de la Ley del cable introduciendo los
elementos imprescindibles para favorecer la aparición y actividad de
ese tipo de operadores. En abril de 1998, la Ley general de
telecomunicaciones nos homologa con el resto de los países
comunitarios.

En cuanto a la política de fomento de la competencia, la actividad no
ha sido menor. En la actualidad España cuenta con un grado de
competencia efectiva similar al que tienen los principales países
comunitarios.

Entre las actuaciones en este campo cabe recordar la completa
privatización de Telefónica y la puesta en marcha de los nuevos
operadores de telefonía fija de ámbito nacional, uno de los cuales,
Retevisión, ya ha alcanzado cuotas de mercado cercanas al 10 por
ciento en los servicios que presta. También se ha adjudicado una
tercera licencia para operar en el servicio de telefonía móvil,
usándose hasta el límite de la capacidad actual de frecuencias
disponibles para este género de servicios. Se han convocado y
resuelto 43 concursos que otorgan licencias para prestar todo tipo de
servicios de telecomunicaciones a través de redes de cable. En lo que
concierne a la política tarifaria se ha actuado en dos frentes. Por
un lado, se han eliminado los desequilibrios existentes en las
tarifas de los servicios finales de Telefónica, desapareciendo así
los subsidios cruzados típicos de situaciones de monopolio. Por otro,
se han definido tarifas y condiciones de interconexión para el uso de
las redes de Telefónica por terceros operadores que favorezcan el
rápido desarrollo de la competencia, al tiempo que se ha hecho un
planteamiento incentivador de la inversión en nuevas
infraestructuras. En cuarto y último plano, la acción del Gobierno
abarca el conjunto de actuaciones tendentes a acelerar la
convergencia multimedia. La innovación tecnológica, consecuencia
principal de la digitalización de todos los soportes de información,
brinda numerosas oportunidades a España gracias a la viva presencia
de la lengua española en el mundo.

En la actualidad existen tres operadores de telefonía fija y cuatro
de telefonía móvil. El propio crecimiento del número de operadores
reforzará la competencia en el mercado y dará lugar a la reducción de
los precios finales de los servicios de telecomunicaciones.

Recientemente también



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se han acordado reducciones significativas en la tarifa de
interconexión de Telefónica, reducción que ha llegado al 34 por
ciento en algunos supuestos.

El sector energético -la energía sin duda alguna como factor de
producción básico que utilizan todos los sectores económicos- ha sido
objeto de una profunda reforma, que ha significado un sustancial
descenso de las tarifas gracias a una amplia liberalización del
sector y a los procesos de privatización acometidos en su seno. Así,
la nueva legislación sobre el sector eléctrico, aprobada por el
Parlamento en noviembre de 1997, es más ambiciosa que los compromisos
derivados de las directivas comunitarias publicadas a finales de 1996
y, unida a la plena privatización de Endesa, aporta un impulso
significativo a la competencia. Se mejora la eficiencia en la
generación mediante la creación de un nuevo mercado global al
contado, en el que aceptan los pedidos según el atractivo de las
ofertas de precio, de manera que el precio marginal del pool
determina el precio de la generación de electricidad. El pool es
gestionado por una empresa específica y supervisado por el Ministerio
de Industria y Energía y por el ente regulador independiente. Se
introduce progresivamente la competencia en la comercialización del
suministro eléctrico, ya que los grandes consumidores podrán escoger
proveedor entre los años 1998 y 2001, estando previsto que lo hagan
todos a principios del año 2007. Estas reformas influyen
significativamente en los precios. En 1997 se produjo un descenso de
la tarifa media eléctrica del 3 por ciento en valor nominal y en 1998
se registró otro descenso acumulativo de la tarifa media eléctrica
del 3,63 por ciento, siempre en valor nominal. La rebaja acumulada
durante los años 1997 y 1998 de la tarifa media eléctrica ha sido del
6,74 por ciento en valores nominales y del 10,83 por ciento en
términos reales. Para 1999 se producirá una rebaja de la tarifa media
eléctrica de los clientes no cualificados de al menos el 2,5 por
ciento y para el 2000 y el 2001 están programadas rebajas adicionales
que, junto con las realizadas, puedan llegar a un 20 por ciento en
términos reales durante el período 1997-2001 para algunos tipos de
tarifa.

Por último, se ha realizado una reducción del 25 por ciento en los
peajes de acceso de terceros a la red y se ha acelerado el calendario
para la elección del suministrador. Desde el primero de enero de 1999
se ha reducido el umbral mínimo de consumo para ser considerado
consumidor cualificado de 15 a 5 gigavatios hora/año y durante este
ejercicio se irá abriendo la libertad de contratación hasta que, a
partir del 1 de octubre, todos los consumidores de electricidad con
consumo superior a un gigavatio/año serán considerados consumidores
cualificados. Con esta medida el número de consumidores cualificados
alcanzará los 8.274, el 42 por ciento del mercado total. Con ello se
acelera la liberalización, que esta prevista para el año 2004.

Por su parte, la nueva Ley de hidrocarburos, aprobada por el
Parlamento en octubre de 1998, establece una liberalización
progresiva de los precios, empezando por los grandes consumidores, a
lo largo de 15 años, la separación contable de las actividades de
transporte, almacenamiento y distribución y su escisión de las de
comercialización, así como la fijación por el Gobierno de una tarifa
única para el acceso de terceros a la red en ciertas condiciones. Las
reformas en este sector, junto con la caída del precio de las materias
primas, han producido a lo largo de 1997 y 1998 un descenso de
la tarifa media del gas del 16,5 por ciento, siendo España el país de
la OCDE donde más se ha reducido el precio de este producto.

La ley consagra el acceso de terceros a las instalaciones fijas de
transporte y almacenamiento de productos petrolíferos bajo un
procedimiento negociado y el Gobierno se reserva la potestad de fijar
peajes. Además, se permite a las estaciones de servicio renegociar
sus contratos de concesión para cambiarlos por contratos de
aprovisionamiento, con los que puedan controlar el precio final. Por
último, la liberalización de los precios de las gasolinas se ha
concretado en octubre de 1998 y, también como consecuencia de la
propia evolución de la caída del precio de las materias primas y de
la liberalización, se está traduciendo en un descenso del precio del
carburante en nuestro país.

En el ámbito de los transportes y de Correos también se han realizado
reformas que tienen su origen en la normativa comunitaria. En
transporte ferroviario se pretende separar la construcción y gestión
de la infraestructura ferroviaria de lo que es el servicio de
transporte ferroviario. Para ello se creó en 1997 el Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Por otra parte, se ha
procedido a la regulación del derecho de acceso y tránsito a las
infraestructuras ferroviarias para la realización de servicios de
transporte internacional, así como al establecimiento del régimen
jurídico de las licencias necesarias para la prestación de dichos
servicios y los procedimientos de adjudicación de las capacidades de
las infraestructuras ferroviarias y de exacción del canon que
corresponda por su utilización.




En el transporte aéreo, a principios de 1996 se acordó con la
Comisión Europea un plan de viabilidad a tres años para Iberia,
permitiéndose una inyección de capital acompañada de reducción de
plantilla y congelación salarial. Al mismo tiempo, Iberia acaba de
suscribir acuerdos con British Airways y American Airlines,
procediéndose en este momento a la privatización parcial de su
capital.

Por último, la aprobación de la Ley del servicio postal universal en
julio de 1998 ha aportado la liberalización de gran parte de los
servicios postales, así como la garantía de unos servicios básicos a
precios asequibles y en todo el territorio nacional. Por otra parte,
el nuevo estatuto de Correos y Telégrafos convierte a dicho organismo
en una entidad pública empresarial, con objeto de dotarla de mayor
agilidad y eficacia con vistas a facilitar la adaptación del ente al
nuevo entorno de liberalización del sector.

En materia de suelo, en abril de 1998 se aprobó la nueva Ley estatal
sobre régimen del suelo y valoraciones, uno de cuyos objetivos es
conseguir el abaratamiento del precio del suelo a través de una serie
de medidas tendentes a incrementar su oferta, favorecer la
competencia entre propietarios, agilizar los procesos de urbanización
y reducir las cargas que pesan sobre el suelo. Entre dichas medidas,
cabe señalar, por ejemplo, la reducción a un máximo de un 10 por
ciento -antes era el 15 por ciento en todos los casos- de la cesión
de suelo con aprovechamiento lucrativo con destino al patrimonio
municipal de suelo, que los propietarios han de ceder a los
ayuntamientos. El incremento de la oferta de suelo urbanizable se
hace posible al invertir la tradicionaldefinición de éste, de forma
que todo el suelo pasa



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a ser urbanizable, salvo que específicamente se diga lo contrario:
por ejemplo, el suelo que sea objeto de protección o que se considere
inadecuado para el desarrollo urbano. En la medida en que las
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio
corresponden a las corporaciones locales y comunidades autónomas, el
Gobierno continuará con la labor de trabajar conjuntamente con dichas
administraciones, para aplicar correctamente la nueva normativa
y promover, en definitiva, la liberalización del mercado de suelo en
todo el territorio nacional.

Otros sectores económicos también han sido objeto de reformas para
suprimir barreras a la libre competencia. Entre ellos figuran los
colegios profesionales, los servicios funerarios, las farmacias y el
sector tabaquero. Con el objetivo de introducir competencia en las
actividades profesionales se ha modificado la normativa de los
colegios profesionales, sometiendo la actividad de las profesiones
colegiadas a la normativa sobre defensa de la competencia,
estableciendo el principio general de colegiación única en todo el
territorio nacional y suprimiendo la posibilidad de fijación de los
horarios -perdón-, de los honorarios mínimos por los colegios. (Los
horarios son cuestión de otro tipo de sectores y de actividades.)
En esa misma línea figura la aprobación de un nuevo reglamento de
corredores de comercio que, a la vez que refuerza la protección de
los consumidores y usuarios de servicios bancarios, genera una
posibilidad de reducción de costes de transacción al instaurarse un
arancel de máximos. Se ha liberalizado, asimismo, la prestación de
servicios funerarios, eliminado la posibilidad de que los
ayuntamientos optaran por mantener un régimen de monopolio y
permitiendo la libre actuación de las empresas, siempre que cumplan
los requisitos técnicos y sanitarios exigibles a esta actividad.

También se han suprimido las trabas que obstaculizaban el transporte
funerario. En el sector de oficinas de farmacia se han llevado a cabo
algunas reformas, sin duda importantes, entre las que cabe destacar
una mayor flexibilidad en la apertura de oficinas de farmacia, la
introducción de la libertad de horarios y la reducción de los
márgenes comerciales de dichos establecimientos, así como los de los
almacenes de distribución.

Otras medidas adoptadas que guardan relación con este sector han sido
la racionalización de la lista de medicamentos financiados por la
Seguridad Social, así como la introducción de los medicamentos
genéricos y la implantación de precios de referencia. En el sector
tabaquero se ha liberalizado las actividades de fabricación,
importación y distribución al por mayor de labores no comunitarias,
manteniéndose el monopolio de la distribución al por menor.

Dentro de las actuaciones horizontales, señorías, figura, en primer
lugar, las que conciernen al mercado de capitales. El sector
financiero ha experimentado desde 1996 una profunda transformación
que busca dos objetivos fundamentales: el primero, la mejora de la
eficiencia en el canal a través del cual el ahorro financia la
inversión; es decir, el ahorro actúa como motor del crecimiento
económico y la creación de empleo. Ello se consigue a través de una
mayor libertad de mercados y de favorecer la creación y desarrollo de
instrumentos financieros que se adapten mejor a las necesidades de
ahorradores e inversores. Por otra parte, las medidas liberalizadores
buscan, asimismo, eliminar las
diferencias en cuanto a su capacidad de financiación de las empresas
españolas. En este sentido facilitar el acceso de las pequeñas y
medidas empresas a instrumentos y mercados es una baza fundamental
para desarrollar el tejido empresarial español.

Las medidas en el ámbito financiero son numerosas y variadas. Me
referirá sólo a aquellas que han tenido más trascendencia. El
Gobierno ha realizado un esfuerzo para mejorar la financiación de
proyectos emprendedores a través de la nueva Ley de capital riesgo
que reúne toda la normativa sobre este sistema de financiación, parte
de la cual fue adelantada en el Real Decreto-ley de 1996 sobre
medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de
la actividad económica. Al mismo tiempo, se ha establecido una nueva
regulación para los préstamos participativos y las sociedades de
garantía recíproca que permite mejorar la financiación de las pymes.

La normativa de titulización que se aplicaba a los créditos
hipotecarios se ha extendido a otros activos, lo que favorece
simultáneamente la variedad de instrumentos en los que pueden
invertir las instituciones de inversión colectiva, y facilita al
acceso de los proyectos empresariales de menor tamaño a los mercados
de capitales. Se ha realizado una reforma profunda de las
instituciones de inversión colectiva, permitiéndoles invertir en
valores no cotizados, en instrumentos derivados o en inmuebles. Ello
da lugar a una más amplia gama de activos en los cuales realizar las
inversiones, o lo que favorece la aparición de nuevos emisores en los
mercados. Asimismo, se ha permitido la realización de fusiones de
fondos y la creación de fondos y otras instituciones de inversión
colectiva. Se ha realizado una reforma profunda igualmente del
mercado de valores que implica una verdadera flexibilización para los
emisores de valores y para las OPA y OPV. Se ha realizado una mejora
del sistema de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y una adecuación de la normativa española a la normativa
europea. Al mismo tiempo, también la propia Ley de introducción al
euro ha sido un instrumento que ha facilitado en ese sentido la
adecuación de nuestro sistema financiero al desafío formidable que
supuso cambiar nuestra unidad monetaria desde el 1 de enero de 1999.

También ha habido otras modificaciones del ordenamiento jurídico,
como la actualización de la Ley de sociedades anónimas, en la que se
introducen diferentes aspectos que facilitan el acceso de las
empresas a los mercados financieros o la equiparación en el
reglamento del impuesto sobre sociedades de la renta fija, privada y
pública, en materia de retenciones.

En cuanto a privatizaciones, señor presidente, el Gobierno ha llevado
a cabo un ambicioso plan de privatizaciones que se recogió en el
denominado programa de modernización del sector público empresarial
del Estado de 1996. En poco mas de dos años el Gobierno ha
privatizado prácticamente las grandes empresas públicas de una amplia
gama de sectores, alcanzando un valor de enajenaciones de más de 4,5
billones de pesetas, de los cuales 3,4 billones de pesetas se han
obtenido, total o parcialmente, mediante ofertas públicas de venta.

En el año 1997 se privatizaron, mediante OPV, Telefónica, Repsol, un
tramo de Endesa y Aceralia por un total de 1,6 billones de pesetas.

Las familias representaron cuatro millones de suscriptores



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que adquirieron el 86 por 100 de las acciones. En el año 1998 las
privatizaciones de la Corporación Bancaria Española, Tabacalera y el
último tramo de Endesa supusieron 1,8 billones de pesetas, de los
cuales el 90,7 por 100 de las acciones fueron suscritas 3,2 millones
de accionistas individuales. Tales privatizaciones han tenido un
importante efecto de ahorro público financiero y han permitido evitar
emisiones de ingentes volúmenes de deuda pública. De manera que en
algo más de dos años los españoles hemos ahorrado en los presupuestos
del Estado una gran cantidad de recursos, que así han podido
liberarse hacia otras aplicaciones de los presupuestos del Estado y
de la Seguridad Social.

España es hoy uno de los países que está a la cabeza de las
privatizaciones en Europa. A través de esa política se avanza en la
eficiencia por el lado de los costes, puesto que es la misma del
aumento de la competencia, de la mejora de los niveles de competencia
en los mercados, de manera que lo que se ha hecho con esa política,
mediante la reducción de la presencia del sector público, es devolver
iniciativa a la sociedad, promover mejores condiciones de competencia
y bajar precios en sectores que son clave para el bienestar de los
españoles, para mejorar sus condiciones de consumo y la eficiencia de
nuestro sistema productivo.

En política de defensa de la competencia, que es imprescindible en un
contexto de reformas estructurales y de liberalización de importantes
sectores de la economía, la voluntad del Gobierno ha sido desde el
principio reforzar los instrumentos y recursos de esa política
entendida en un sentido muy amplio. En junio de 1996 se llevó a cabo
una primera reforma parcial de la Ley de defensa de la competencia,
dirigida a paliar algunas deficiencias detectadas desde su normal
entrada en funcionamiento y conseguir con ello una aplicación más
eficaz de la norma. Así, por un lado, se concedió una mayor margen de
actuación a los órganos de defensa de la competencia para rechazar
aquellas denuncias derivadas de conflictos privados que por su
dimensión no afectaran al interés público, logrando con ello un
utilización más eficiente de los recursos. Por otro, se incluyó de
forma específica en el ámbito de las normas de competencia los
acuerdos restrictivos derivados de actuaciones administrativas o de
entes o empresas públicas. Entre las actuaciones más importantes
llevadas a cabo, y en curso, en el ámbito de defensa de la
competencia, podemos mencionar las que aparecen hoy en medios de
comunicación, relativas a importantes federaciones empresariales en
el sector agroalimentario y a los principales servicios que
utilizamos todos los españoles. Han sido recursos, expedientes en los
que se han involucrado las grandes empresas de la economía española,
en tanto que en esas empresas se han podido apreciar abusos de
posición dominante o posiciones, en definitiva, no compatibles con la
política de reducción de precios, de desaceleración de la inflación
en España.

En el ámbito de la fiscalidad, son conocidos por la doctrina y por la
experiencia internacional, y difundidos suficientemente, los efectos
desanimadores que ejercer la elevada fiscalidad sobre el ahorro y el
empleo, disminuyendo el crecimiento potencial de las economías
modernas. Por ello, se han adoptado diversas medidas tendentes a la
disminución de los impuestos que más repercuten sobre esos
dos grandes componentes: el ahorro y el empleo. La medida por
antonomasia es la entrada en vigor de un nuevo impuesto sobre la
renta de las personas físicas, que está vigente en nuestro país desde
el 1 de enero de 1999. Ello constituye en sí mismo una reforma
estructural, cuya oportunidad viene además precedida por el esfuerzo
de consolidación fiscal ya realizado y su repercusión positiva sobre
el crecimiento potencial de la economía española. La característica
principal del nuevo impuesto sobre la renta, es que reduce la carga
tributaria de todos los contribuyentes, siendo la rebaja media del
11,1 por 100. Además, favorece especialmente a los asalariados
mediante un primer tramo de salario exento y una deducción fija,
ayudando así a disminuir la cuña fiscal que incide negativamente
sobre el empleo y facilitando la moderación salarial. Asimismo, el
nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas se distinguir
por una mayor neutralidad sobre las decisiones de los agentes
económicos, compatible con el apoyo al ahorro previsión y a la
adquisición de vivienda. Por último, se busca la disminución de los
costes de cumplimiento del tributo, liberando además recursos para la
lucha contra el fraude fiscal. Junto a la reforma de esta singular e
importante figura, columna de nuestro sistema tributario, se han
adoptado otras medidas de carácter fiscal, siempre dirigidas a
incentivar el ahorro. La reducción de las retenciones practicadas
sobre los rendimientos de capital mobiliario son avances en esa misma
orientación, en el sentido de homologar el tratamiento fiscal que el
ahorro derivado de los depósitos bancarios recibe en España con el
trato del resto de los países de la Unión Europea. También quiero
citar la eliminación de la retención practicada sobre la renta fija
privada, con lo que el impuesto gana en neutralidad y el mercado de
renta fija privada en nuestro país abre un puerta para su desarrollo
en una sociedad como la española, donde no ha tenido la evolución que
debe tener conforme a un mercado financiero moderno mucho más amplio.

En definitiva, lo que se ha hecho ha sido asimilar el tratamiento de
la renta fija privada al que ya recibe en la renta pública.

También fue objeto de reforma en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas el establecimiento de una tarifa plana del 20 por
100 para los incrementos de patrimonio. Asimismo se ha querido
racionalizar el pago de este impuesto para los pequeños empresarios a
través de una reforma del sistema de módulos, que elimina las
distorsiones que existían hasta el momento para la contratación y la
estabilidad del empleo. Igualmente, se ha incentivado la inversión
real de las pequeñas empresas, permitiéndoles descontar en este
sistema de liquidación las amortizaciones de crédito. Se ha
simplificado sustancialmente el régimen de las pymes a través de la
creación del sistema de liquidación de estimación directa
simplificada. Ello da lugar a una enorme simplificación
administrativa para la liquidación del impuesto de las empresas con
una facturación inferior a cien millones de pesetas. En el ámbito del
impuesto sobre el valor añadido, el nuevo sistema de módulos que
permite descontar el IVA soportado, mejora la eficiencia del impuesto
y evita las posibilidades de fraude. En el impuesto sobre sociedades
se han realizado reformas en la ley y en el reglamento que acercan la
contabilidad financiera a la contabilidad fiscal. Ejemplos de ello
los tenemos en la



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inclusión en el impuesto como gasto o en la nueva tributación de las
plusvalías empresariales. Asimismo, para las pymes se ha rebajado el
tipo del impuesto a un 30 por 100. Igualmente, se ha dado un
tratamiento preferencial a la pyme en el impuesto de sucesiones y
donaciones y en el impuesto sobre el patrimonio.

Las políticas de I + D requieren actuaciones como las emprendidas en
los últimos años, que se han destinado, en primer lugar, a mejorar la
coordinación institucional en este ámbito, en materia de I + D, con
la creación del observatorio para la prospectiva tecnológica
industrial y, por otro lado, a reforzar las medidas de carácter
fiscal y financiero para incentivar la innovación en las empresas.

Dichas actuaciones se han visto apoyadas por el incremento
sustancial, cerca del 35 por 100, de los créditos destinados en los
Presupuestos Generales del Estado a programas de investigación
científica y desarrollo tecnológico. Con objeto de facilitar el
acceso de las empresas a las políticas de I + D, se procedió a
homogeneizar en un microprograma el sistema de subvención al
desarrollo tecnológico, a través de la llamada iniciativa Atyca,
Apoyo a la Tecnología y Calidad. De esta manera, las empresas
españolas deben cumplimentar un formulario único para participar en
cualquiera de los programas de apoyo a la tecnología. Asimismo, se ha
desarrollo un programa de préstamos reembolsables para proyectos
tecnológicos en el área de defensa, proyecto de desarrollo
tecnológico íntegramente español que participa en programas
nacionales como el carro de combate Leopard, las fragatas de última
generación F-100 o en consorcios internacionales como el caso del
caza de combate europeo. También se han incrementado sustancialmente
los créditos para desarrollos tecnológicos que otorga el CDTI,
pasando de un montante de 2.500 millones de pesetas a comienzos de la
legislatura, a los 6.000 actuales.

Un ámbito de reformas estructurales de suma importancia para el mundo
económico se refiere al ordenamiento jurídico-económico. A este
respecto, para mejora del proceso civil se encuentra en tramitación
parlamentario el proyecto de ley de enjuiciamiento civil que va a
sustituir a las actuales leyes procesales. En lo que se refiere a las
relaciones económicas, las líneas básicas del proyecto permitirán
agilizar los procesos judiciales, suprimiendo procedimientos,
concentrando trámites y mejorando los sistemas de notificación de
actos; protegerá mejor el crédito de pequeña cuantía a través de un
proceso que permita tramitar tales reclamaciones de una forma
sencilla, ágil y eficaz y favorecerá la ejecución de las deudas,
racionalizando el sistema de medidas cautelares, permitiendo, a su
vez, una ejecución provisional sin fianza y reformando los actuales
medios de realización de bienes.

Tras este repaso extenso, aunque no podía ser profundo, de las
reformas estructurales, finalizo mi intervención con el apartado
relativo a reformas para el futuro en todos estos campos, a las que
también se refiere el documento conocido como informe de progreso.

Esas reformas, señorías, son, en primer lugar, en el ámbito de las
telecomunicaciones, el propio crecimiento del número de operadores
que reforzará la competencia en el mercado y dará lugar a la
reducción de los precios finales de los servicios de
telecomunicaciones. En este sentido, en el futuro próximo se llevará
a cabo la adjudicación de nuevas licencias para prestar servicios
de telefonía fija y móvil, así como la implantación gradual de los
operadores de cable, sin olvidar que, a partir del 1 de diciembre, se
producirá la apertura definitiva del mercado. Con ello se pretende
dar un impulso definitivo a la liberalización del sector, mediante
las rebajas de los precios de interconexión. Asimismo, la reducción
generalizada del precio de los servicios de telefonía básica es el
principal objetivo.

En el sector eléctrico la liberalización emprendida implicará una
reducción entre un 25 y un 40 por 100 de los peajes de acceso al
transporte y distribución. Igualmente, se disminuirá la garantía de
potencia. La aceleración del calendario para los clientes
cualificados permitirá que en el año 2007 el mercado sea totalmente
libre, muy por encima de lo que exigen las directivas comunitarias y
muy por encima de cualquier proceso de liberalización en el ámbito de
la energía eléctrica llevada adelante por los demás miembros de la
Unión Europea.

En aguas, existe un proyecto de ley de aguas que intenta mejorar la
gestión y la asignación de los usos de este recurso.

En privatizaciones se continuará en la línea ya experimentada, y está
previsto enajenar las participaciones existentes en una quincena de
empresas -entre ellas Iberia e Indra-, de modo que prácticamente para
el año 2000 el sector público empresarial estará concentrado en la
minería y en empresas de defensa.

En el ámbito de defensa de la competencia, se pretende una reforma
adicional cuyo propósito fundamental será fortalecer la política de
competencia entendida en un sentido amplio. Las principales líneas de
reforma previstas son las siguientes: refuerzo de los órganos de
defensa de la competencia, tanto en lo que se refiere a su autonomía
como a su capacidad de actuación, a través de una mayor dotación de
medios. Incremento del control de las ayudas de Estado, posibilitando
que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda iniciar de oficio
o a instancia del Ministerio de Economía y Hacienda u otras
administraciones públicas el análisis de aquellos casos que pudieran
suponer una distorsión de la competencia en los mercados, y pueda
recomendar a los poderes públicos las medidas oportunas. Modificación
de determinados aspectos del control de concentraciones, como por
ejemplo el relativo a la notificación obligatoria de las
concentraciones empresariales que se acometan en España. El análisis
y estudio de algunos sistemas que puedan agilizar los procedimientos
sancionadores por parte de las autoridades de la competencia.

En I + D, en políticas de innovación, actualmente se está perfilando
en el seno del Gobierno un proyecto de ley de fomento de la
innovación industrial que pretende atender a la demanda empresarial
creciente para estimular, desde todas las perspectivas de la política
económica, la innovación empresarial en nuestro país.

Dentro del ámbito del nuevo ordenamiento económicojurídico figura el
proyecto de una ley concursal que modernice la legislación española
en materia de quiebras y suspensiones de pagos. Una ley que, sin duda
alguna, es importante y demandada por los sectores económicos, dada
la antigüedad de la que actualmente está en vigor y las carencias y
deficiencias que se han observado en ella. El objetivo de la nueva
ley sería facilitar un procedimiento



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más ágil y menos gravoso a efectos de otorgar una mayor seguridad en
las relaciones económicas, que evite que la recuperación de empresas
viables se vea dificultada por procesos judiciales excesivamente
largos y costosos.

Pasamos al ámbito de la pequeña y mediada empresa. La pequeña y
mediana empresa, señorías, es la gran protagonista de las reformas
estructurales; es el principal beneficiario de esas reformas y el
receptor nato de las modificaciones del nuevo orden de mercado. El
trabajo que acomete el Gobierno cuando realiza sus reformas
estructurales está encaminado, en definitiva, a fortalecer la pequeña
y mediana empresa, y en ese terreno seguiremos. Tenemos en previsión
la elaboración de un plan de agilización y simplificación normativa
en el que, partiendo del estudio y análisis de la situación actual,
se propondrán las medidas necesarias en cuanto a reducción o
simplificación de los procedimientos. Es una gran demanda del mundo
económico y es también una exigencia derivada de la necesidad de
completar el mercado interior europeo.

También nos parece especialmente interesante insistir en el ámbito
financiero para facilitar, a través de nuevos mecanismos, nuevos
procedimientos de financiación; una financiación más moderna, más
cómoda y más accesible para la pequeña y mediana empresa. La
titulización de activos tiene que cobrar un mayor relieve en nuestro
país y, de hecho, la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1999 establecía un precepto
importante a ese respecto.

Se trata, señorías, de facilitar una demanda importante del mundo
empresarial español: su internacionalización. Estamos viviendo una
apertura creciente de las fronteras económicas, no sólo a través de
la venta directa de los bienes y servicios producidos en España, sino
también a través de las inversiones de las empresas españolas. Esa
internacionalización será facilitada por el Gobierno adoptando un
conjunto de medidas en materia fiscal y financiera, de promoción, en
definitiva, de esas actividades de nuestras empresas en el exterior.

La última de las actuaciones previstas se refiere a una
actualización, una modificación, relativa a las medidas del control
del gasto público. Me refiero a una nueva ley general presupuestaria
que tiene por objeto reforzar tanto el control como la eficacia del
gasto público, a través del establecimiento de la gestión por
objetivos y la responsabilidad directa de los gestores.

Adicionalmente, esta reforma fijará como principio fundamental el
equilibrio presupuestario en la programación a medio plazo,
estableciendo además la gestión presupuestaria plurianual.

Por último, aunque no es objeto del informe, quiero hacer una
brevísima referencia, presidente, a la necesidad de seguir avanzando
en el proceso de racionalización de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo fijado en el Pacto de Toledo. Como se explica en la
introducción del documento, no es éste su objeto ni tampoco lo es la
reforma del mercado de trabajo, que tienen sus propios ámbitos de
desarrollo aunque son, por supuesto, reformas estructurales de gran
envergadura que aportan un alto componente de confianza a la sociedad
española.

En esa línea, el Gobierno insiste en la necesidad de seguir
promoviendo los sistemas de previsión social complementaria en
nuestro país, punto de aplicación y desarrollo
del Pacto de Toledo. De hecho, el próximo decreto de
externalización de los sistemas complementarios de pensiones, que
entrará pronto en vigor, es un paso importante para la extensión de
la previsión social complementaria en España.

En resumen, presidente, como hemos visto, se ha andado un buen trecho
en las reformas estructurales, pero queda todavía un importante
camino por recorrer. Por razones de toda índole, incluso de
conveniencia económica, las reformas estructurales son procesos
graduales: hay que escoger bien su ritmo y el tiempo en que se
aplican. De todas maneras, a la luz de la experiencia que hemos
acumulado en estos años, expreso la convicción ante la Cámara de que
los resultados obtenidos hasta ahora son expresión del fundamento del
crecimiento económico y de la importante creación de empleo que se ha
dado en nuestro país. La sociedad española es hoy una de las
sociedades europeas más abiertas y que demanda mayor número de
reformas estructurales desde el convencimiento de que esas reformas
traen bienestar para todos, traen más oportunidades de empleo y, en
definitiva, nos permiten alcanzar los beneficios plenos de nuestra
integración en el euro.

El convencimiento de la sociedad en este extremo es de suma
importancia porque es el que tiene que trasladarse a los sectores que
todavía expresan recelos y resistencias en relación con la aplicación
subsiguiente de las reformas estructurales que nuestro país necesita
para confirmar su entrada en el siglo XXI como una de las economías
europeas que está viviendo un mayor desarrollo económico y mayor
creación de empleo.




El señor VICEPRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray, por
un tiempo razonable.




El señor EGUIAGARAYUCELAY: Trataré de ser tan razonable como usted me
sugiere.

Señor Montoro, le agradezco su comparecencia. Le agradezco que, con
tres meses de retraso, nos hayamos enterado del informe que en
noviembre había preparado el Ministerio de Economía en relación con
las reformas estructurales y, naturalmente, que la Comisión Europea
haya sido especialmente bien tratada en este sentido frente a los
representantes de la soberanía nacional que, hasta hace dos días, no
han tenido conocimiento de un documento del que se hablaba, que
aparecía citado incluso en el Programa de estabilidad, pero del que
no se tenía noticia.

Debo decir que nosotros sí tuvimos alguna noticia, por los medios que
uno siempre se encuentra en esta vida, y pudimos acceder al
documento. De ahí que no solamente hemos disfrutado de su exposición
y del conocimiento desde ayer o anteayer de este documento, sino que
hemos tenido algún tiempo para elaborar y preparar nuestra posición
en este terreno. Una posición que, por otro lado, hemos venido
acreditando a lo largo de los meses pasados a través de distintas
propuestas y de una valoración importante y bien distinta de la que
ustedes han establecido sobre la necesidad de hacer reformas
estructurales y de que éstas pasen de las musas al teatro y no se
conviertan en un discurso retórico, sino que formenparte de la
realidad.




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Le decía en su última comparecencia, señor Montoro (en un tono que
recordará que no pretendía ser hiriente, pero que describía
perfectamente la actitud que, a mi juicio, adopta usted
permanentemente), que da la sensación de no necesitar abuela, puesto
que su ejercicio de comparecencia casi siempre es una exposición urbi
et orbi de los supuestos éxitos del Gobierno en un mundo difícilmente
superable en términos de bondad. Incluso hace unos días renegaba
usted, como Pedro, hasta tres veces, de la necesidad de modificar las
previsiones de crecimiento. Me alegro de que tanto usted como el
ministro de Economía hayan empezado a reconocer, como ayer expresaba
la secretaria de Estado de Comercio, que algunas de estas cosas no
son sostenibles, y me alegro no para señalar ninguna catástrofe que
yo no preveo, sino simplemente para adoptar posiciones mínimamente
más realistas. Esto es un reconocimiento de que las cosas que a veces
decimos desde la oposición no están ni siquiera dirigidas por la
malevolencia, sino simplemente por la necesidad de ser más realistas
y algo más autocríticos. Seguramente no será la última modificación
de las tasas de crecimiento la que ustedes están a punto de hacer, si
al menos se mantienen en los niveles en los que aparecen haber
confesado.

Pero hoy hablamos de reformas estructurales y de lo que se ha venido
haciendo. A su juicio, de acuerdo con el texto del informe y más
todavía con su exposición, da la sensación de que adopta exactamente
el mismo tomo complaciente que ha venido adoptando respecto a esa
supuesta relación de causalidad entre su presencia en el Gobierno y
los efectos benéficos que estamos conociendo en función de la
coyuntura internacional. Siempre tengo la misma pregunta en los
labios. ¿Usted de verdad se lo cree o esto es un mero ejercicio de
propaganda del que usted es cada vez más partícipe? Da la sensación
de que ese complejo de Adán ilustra su comportamiento en todas las
esferas de la vida política: hasta que ustedes llegaron al Gobierno
jamás se había hecho nada; desde que ustedes llegan al Gobierno no
solamente la economía en un conjunto de maravillas, dentro de un
círculo virtuoso que usted nos describe pormenorizadamente, sino que
además se hacen reformas estructurales, la competencia aparece como
el gran elemento que reforma, modifica, hace más eficaz la economía
española y además esto no solamente lo estamos viendo y palpando,
sino que de ahí no se desprenden más que efectos beneficiosos que los
ciudadanos disfrutan y de los que naturalmente son conscientes.

Es verdad que hay una enorme ausencia de causalidad entre la marcha
de la economía y lo que ustedes han hecho y es verdad, además, que
ustedes anuncian muchas cosas -como tendré después ocasión de
pormenorizar, aunque no tan en detalle como usted ha podido hacerlo-
que ni siquiera se han cumplido. ¡Cuántos anuncios han hecho de
reformas estructurales que figuran en el primer y en el segundo plan
de liberalización, que todavía están por transformarse en proyectos y
mucho más en realizaciones en la vida social!
Pero lo que me merece más preocupante es el tono, la absoluta falta
de autocrítica, de señalamiento de cuáles son los verdaderos
problemas que tenemos -como siempre le suelo decir, señor Montoro- en
términos comparativos. Usted oculta algo que me parece que es cada
vez más evidente
-y lo quiero decir de una manera básicamente descriptiva, que
luego argumentaré-: cómo esta España que usted describe, la que
ustedes titularon la España de las oportunidades, se ha convertido
mucho más en una España de las oportunidades de algunos, seguramente
amigos, y especialmente en la España de los oligopolios y de la
concentración del poder. Esto es lo que me parece que está detrás de
todo este supuesto elenco de medidas liberalizadoras cuyos efectos,
en algunos casos, son exactamente los contrarios a los que usted
pretende y cuyos efectos en términos benéficos están muy lejos de
haber alcanzado las cotas que usted ha defendido.

En el supuesto de que se hubiera hecho una gran política de
introducción de reformas, por tanto, de introducción de competencia
y, en consecuencia, de mayor eficiencia de los mercados, y hubiéramos
obtenido los resultados apetecidos, hubiera sido otra la evolución de
algo que esperamos los ciudadanos, en tanto que consumidores y en
tanto que ciudadanos, que tenga como resultado una política de
reformas estructurales y de defensa de la competencia: una caída de
los precios, pero allá donde efectivamente hay más problemas. Si
analiza lo que ha venido ocurriendo, usted no puede ser triunfalista
sino todo lo contrario, tendría que venir a pedir perdón, porque no
ha alcanzado ninguno de los resultados que hubieran sido esperables
de una política tan amplia de reforma estructural y de introducción
de competencia.

Ya se conocen cuáles son los datos del mes de enero del índice de
precios de consumo armonizado -sabe que no resisto nunca la tentación
de recordárselo-: seguimos teniendo el diferencial de precios que
tenemos. Pero no me voy a referir al diferencial de precios en
general, me voy a referir a algunos de los sectores en los que
supuestamente ustedes han introducido mayores niveles de competencia,
por ejemplo, las telecomunicaciones. España es el país de la Unión
Europea y de la unión monetaria en el que a lo largo del último año
ha habido más elevaciones de precios en el sector de comunicaciones;
casi todos los países han tenido reducciones de precios en el sector
de las comunicaciones y nuestro país tiene un índice de precios de
consumo armonizado en comunicaciones -con datos de enero- del 5,2. La
media de la unión monetaria es del 3,7 negativo, es decir, menos 3,7.

Esto sucede en el preciso momento en el que podemos disfrutar de
tantas modificaciones estructurales como las que usted nos viene a
señalar. Pero es que algo parecido se puede decir del sector del ocio
y de la cultura, del sector de la enseñanza, del sector hoteles,
cafés, restaurantes, del sector del transporte, del sector de la
medicina, del sector de la vivienda, etcétera. Para verlo en términos
un poco más agregados, si analizamos cuál ha sido la evolución de los
precios entre los años 1977 y 1999, veremos, como sabe, que el índice
general se ha incrementado en un 3,56 por ciento. ¿En cuánto se han
incrementado los precios de los servicios computados en el IPC sin
alquileres? En el 7,25 por ciento en estos dos últimos años. ¿Y en la
vivienda, esa en la que también ha habido grandes modificaciones
estructurales? En el 9,84 por ciento. Esto en la vivienda en
alquiler, porque en la vivienda en propiedad, que naturalmente está
profundamente afectada por las medidas liberalizadoras del suelo que
ustedeshan introducido, es en el 6,77 por ciento; en correos y



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comunicaciones en el 5,44 por ciento y en turismo y hostelería en el
8,02 por ciento.

Si por las obras tiene uno que analizar las acciones y por los
resultados, en consecuencia, la bondad de una política, habría que
ponerle un cero patatero, señor Montoro. No han tenido éxito,
lamentablemente. Y a continuación diré: yo sé que es difícil, diré
que es difícil, sé que no es fácil, sé que esta no es una cuestión de
varita mágica, pero el problema es que ustedes no pueden hacer un
balance de éxitos en algo que es un manifiesto fracaso, en la
introducción de reformas estructurales y de elementos de competencia.




Me refiero a algún elemento más antes de entrar en valoraciones más
generales. Hay un informe, precioso por cierto, de la Comisión
Europea sobre las modificaciones que se han introducido en los
distintos países en materia de telecomunicaciones; ya sabemos que
nosotros no hemos sido los más adelantados en ese mundo, países como
Finlandia o como el Reino Unido nos llevaban unos cuantos años a casi
todos los países de la Unión Europea. Nosotros iniciamos esa
política, ustedes la han continuado, etcétera. Pero cuando se empieza
a contar que hemos hecho grandes avances en esta cuestión, hay que
volver a recordar que, de acuerdo con el balance reciente que ha
hecho la Comisión Europea, seguimos siendo uno de los farolillos de
la Unión Europea en esta cuestión y que las modificaciones o las
reducciones de precios alcanzadas en el último año han sido las
menores o de las menores de las obtenidas en todos los países de la
Unión Europea. Países como Alemania, que partían de un monopolio tan
brutal como el nuestro o más, han tenido modificaciones de precios
infinitamente superiores, a la baja y en beneficio del consumidor, a
las que hemos tenido nosotros, por no hablar de Austria o por no
hablar de otros países. Yes que si se analiza el precio de las
comunicaciones, lo mismo entre teléfonos fijos que entre teléfonos
móviles que en las comunicaciones internacionales o en el precio del
alquiler de las líneas, no hay un solo parámetro en el que salgamos
bien, señor Montoro. A eso me referiré posteriormente para poner de
manifiesto que algunas de las cosas que se han hecho están muy lejos
de producir la satisfacción a la que usted aspira.

Pero déjeme empezar por alguna otra consideración, incluso de
carácter más general. La introducción de la competencia debe producir
como efecto la reducción de los precios, y en eso seguramente estamos
de acuerdo usted y yo y creo que casi todos, hay consenso en que es
favorable a la innovación y, en cambio, no está demostrado
empíricamente el que los efectos sobre el empleo de una política de
liberalización, al menos a corto plazo, sean siempre positivos. En
cambio, en lo que hay consenso es en que la magnitud y el signo de
los efectos de la introducción de mecanismos de competencia de
mercados sobre precios, sobre demandas, sobre innovación y sobre
crecimiento dependen de la existencia efectiva de competencia. Esto
es, no es casualidad que la mayor parte de los países europeos o
países occidentales que tienen más tradición en este terreno sean los
que cuentan también con instrumentos más eficaces para limitar la
concentración empresarial, el abuso de posición dominante o las
prácticas concertadas entre empresas competidoras. Y naturalmente es
así como se pueden producir ganancias de eficiencia y ganancias de
productividad notables,
como descensos también notorios de los precios finales. Pero
esto no es la consecuencia del cambio de propiedad de las empresas,
no es consecuencia de un proceso de privatización, sino consecuencia
de la existencia de rivalidad entre las empresas que tienen que
competir en un mismo mercado. Las ganancias de productividad y
también las ganancias de eficiencia, en consecuencia, son más
elevadas cuanto menor es la concentración empresarial y cuanto más
reducidas son las barreras técnicas y legales que limitan la
incorporación de nuevos competidores. De ahí que solamente desde esta
perspectiva se puede pensar que la competencia puede tener
consecuencias favorables a largo plazo cuando se dan estas
condiciones sobre la productividad en forma de adopción de
innovaciones tecnológicas y organizativas.

Nuestro país no accede a todo esto cuando ustedes llegan al Gobierno.

Para que usted no crea que estoy refiriéndome solamente al benemérito
período de Gobierno socialista, habría que hablar, por lo menos, como
usted sabe bien, desde el año 1959, en que, sin duda alguna, nuestra
economía empieza esa apertura hacia el exterior, y después hay un
montón de procesos de modificación que alcanzan casi su culmen con la
entrada de nuestro país en el Mercado Común, en la Comunidad Europea.

La integración en la CEE supuso el gran proceso de liberalización y
el gran proceso de adaptación; un proceso cuyas consecuencias no han
terminado y que después hemos seguido unos y otros con diferente
éxito. Lo que es verdad es que en tiempos de anteriores gobiernos se
introdujeron reformas, que usted no desconoce, en algunos sectores de
una manera absolutamente radical: en el transporte aéreo, en el
sector bancario, en el sector energético, en las telecomunicaciones,
en el establecimiento y la potenciación de un esquema institucional
de defensa de la competencia (ley de 1998), en el establecimiento de
la Comisión Nacional de Mercados de Valores, en la adaptación a la
normativa comunitaria de la legislación en materia de puertos, de
transporte marítimo, de ferrocarril, de transporte por carretera, en
la reestructuración del sector público empresarial y en la separación
de fuentes de financiación de las empresas en crisis respecto del
resto de las empresas que ustedes han desecho, etcétera.

Algunas de esas cuestiones son bastante evidentes; lo que es verdad
hoy es que tenemos la seguridad de que nuestro país tiene y tendría
una ventaja relativa precisamente en el marco del euro -y estoy de
acuerdo con su esquema formal de discusión de por qué una política de
oferta es absolutamente necesaria en este terreno en el marco de las
limitaciones y de las oportunidades de la política del euro- para
adoptar enfoques mucho más drásticos, mucho más decididos en una
cuestión que siempre es difícil. La OCDE, por ejemplo, ha evaluado
que las ganancias, en términos no solamente de productividad del
trabajo sino de salarios reales y de PIB de nuestro país, pueden ser
no notoriamente superiores a las de otros países europeos y de otros
países de la OCDE si se hace un esfuerzo adecuado en esta dirección
de reformas regulatorias. La OCDE ha llegado a estimar que un
conjunto de reformas regulatorias en los principales mercados y
sectores podía significar un aumento del PIB en torno al 5,6 por
ciento, una cifra muy superior a la que se les atribuye por reformas
regulatorias aotros países europeos, o que los salarios reales
podrían crecer



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incluso un 4,2 por ciento, o que la productividad del trabajo en
España podría elevarse un 3,1 por ciento. Tenemos, por lo tanto, en
ese sentido, razones para pensar que esto hay que hacerlo y hasta ahí
seguramente coincidiríamos. El problema es el balance que ustedes han
hecho, y he empezado por decir algunas cosas.

Ustedes hicieron un planteamiento, contenido en el I Plan de
liberalización de junio de 1996, que después se continuó, y es
básicamente lo que ustedes han introducido en su informe sobre las
medidas tomadas y el avance de los progresos hechos con las medidas
del II Plan de liberalización de febrero de 1997.

El Plan de liberalización de junio de 1996 contenía modificaciones en
materia de telecomunicaciones algunas bien limitadas -no las voy a
relatar en detalle, están contenidas, por otro lado, en su informe-,
y sobre todo una concepción de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, como de otras comisiones sectoriales,
notoriamente limitada. De hecho, la atribución al Gobierno de la
facultad para fijar tarifas y condiciones de interconexión durante el
período transitorio hasta la plena liberalización ha tenido como
consecuencia, entre otras cosas, el resultado desigual y además
negativo, en términos comparativos internacionales, de la bajada de
precios en nuestro país de las telecomunicaciones. El reequilibrio
tarifario llevado a cabo este verano pasado, entre otras cosas, ha
tenido como efecto -sin duda alguna, usted lo recuerda- una elevación
de las tarifas locales en esta materia, que no parece que pueda
considerarse, teniendo en cuenta todavía el camino que nos queda por
recorrer en relación con otros países.

En materia de suelo -ésta es una de las cuestiones que ya apareció en
el Decreto-ley 5/1996, que después se ha aprobado como ley-, ustedes
pretendieron descubrir el Mediterráneo y declararon poco menos que
toda España era suelo urbanizable y que, a partir de ahí, salvo por
las limitaciones de carácter medioambiental o patrimonial o de
patrimonio histórico-artístico, esto iba a tener un efecto netamente
positivo sobre el precio del suelo, por lo tanto, sobre la vivienda,
sobre la edificación. Ya he dicho qué es lo que está ocurriendo en
materia de precios y ya se sabe la reacción social que ha habido en
esta dirección. En todo caso, no hay ninguna relación de causa-
efecto, sino una cierta retención especulativa del suelo, que no ha
sido limitada, desde luego, por las medidas que ustedes han
introducido.

En materia de colegios profesionales se han producido algunas
modificaciones formales, pero lo cierto es que la prohibición de los
horarios mínimos no impide el que se sigan fijando por los colegios
con carácter orientativo y que, al mismo tiempo, esto siga siendo una
práctica completamente habitual. Siguen subsistiendo limitaciones
para la publicidad de los servicios, siguen subsistiendo limitaciones
a la libertad de forma jurídica de la actividad de los profesionales,
por no hablar de lo que en materia de energía no se puede considerar
como un éxito. La supresión de los precios máximos de los gasóleos,
estimada como todo un avance hacia la liberalización, ha tenido como
efecto que la bajada de los crudos internacionales no repercuta
totalmente en los precios efectivamente practicados en un mercado que
sigue siendo oligopolístico. De hecho, los cálculos en este momento
ponen de manifiesto que los precios
medios de los gasóleos serían 3 pesetas más bajos de lo que son de no
haberse suprimido los precios máximos, y eso con una diferencia de
precios en aquellos lugares del territorio español donde hay
muchísima menos competencia que en otros de casi 10 pesetas.

Usted se ha referido también al acceso a las instalaciones logísticas
de hidrocarburos. Como usted sabe, no se ha formulado todavía ni un
solo contrato de ATR a las instalaciones logísticas de hidrocarburos.

Farmacia. Hay un Real Decreto-ley, después una ley, que amplía los
límites para los módulos poblacionales a fijar por las comunidades
autónomas que va en la buena dirección, pero es verdad que las
modificaciones que se han hecho, incluso su introducción por ley, no
hace sino confirmar lo que ya los tribunales de justicia habían
establecido en materia de horarios -la libertad de horarios también
era aplicable a las farmacias-. Los módulos poblacionales se siguen
estableciendo con carácter de máximos cuando deberían tener carácter
de mínimos. Algunas de sus propuestas están muy por debajo de las que
diferentes comunidades autónomas habían planteado y siguen existiendo
barreras a la introducción de competencia, por ejemplo, en materia de
descuentos o en materia de establecimiento de farmacias en centros
comerciales, en aeropuertos, etcétera.

No quiero entrar en todos y cada uno de los sectores porque sobre
todo ellos tenemos una posición, una crítica y un señalamiento sobre
la insuficiencia y el enorme camino que nos queda por delante, pero
sí quisiera hacer, como mínimo, un balance general de lo que ha
significado el II Plan.

El II Plan y el conjunto de lo que ustedes llaman política de
reformas y de liberalización no puede ser más decepcionante. Es
verdad que si uno hace el elenco de las leyes sectoriales que se han
modificado, tiene un listado enorme y, a pesar de que se pueda decir
que ha habido muchas modificaciones de carácter legal, no es menos
ciertos que subsisten enormes limitaciones cuyos resultados son los
que al principio de mi intervención he dicho. El Gobierno no ha sido
capaz de vencer; es más, en ocasiones ha sido cómplice de los
intereses y de la defensa de privilegios corporativos
y empresariales. El resultado de ello no solamente son los precios en
general, sino precios como el de la vivienda, precios como el del
conjunto del sector servicios, incluso el crédito social y político,
que tiene tan limitada la política de eliminación de obstáculos
legales a la competencia hoy en nuestro país, y el que en ocasiones,
como después diré, se esté produciendo una enorme concentración de
poder económico, que tiene connotaciones políticas mediáticas y
efectos en términos de calidad de nuestro sistema democrático.

Me referiré a algunas leyes, señor Montoro, unas pocas de las muchas
que hay: Ley del Sector Eléctrico, del Sector de Hidrocarburos,
general de Telecomunicaciones, de ordenación del mercado de tabacos,
del Servicio Postal Universal, del régimen del Suelo, reguladora del
servicio público de la Televisión Automática. Si uno extranjera los
resultados de las modificaciones operadas, tendría que poner de
manifiesto varias cosas, entre otras que se ha producido una clara
sumisión a los intereses empresariales en la definición del modelo de
liberalización de los sectores



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de redes. En concreto, hay un alcance limitado de la posibilidad de
nuevos entrantes; requisitos muy exigentes para obtener la condición
de consumidores cualificados -esto ocurre en hidrocarburos y en el
sector eléctrico-; amplios períodos transitorios para protección de
los operadores dominantes -de nuevo sector eléctrico, sector de
hidrocarburos, tabaco-; excesivo peso de los operadores dominantes en
algunas de las instituciones que incluso regulan el funcionamiento de
los mercados en proceso de liberalización -en el sector eléctrico, en
hidrocarburos, de nuevo en tabaco-; limitación de las funciones y
poderes de las comisiones reguladoras sectoriales, a las que ustedes
siempre han visto con malos ojos, tanto frente a los operadores
dominantes como en relación a las competencias que se sigue
reservando el Gobierno; una notoriamente escasa sensibilidad por los
intereses de los consumidores y de los usuarios y una dejación casi
absoluta de lo que significan y deben seguir significando las
obligaciones derivadas del concepto de servicio público universal,
que ante un proceso de liberalización como el que ustedes están
produciendo tiene el riesgo de volver a generar eso que en la jerga
europea se empieza a llamar, entre otras cosas, los infopobres,
aquellos que se quedan al margen de las principales redes de las
cuales va a depender la información y el progreso económico y social
en el futuro.

Quiero hacer alguna consideración a título de ejemplo. Hechos que han
aparecido en los medios de comunicación, como las OPA de Endesa sobre
Sevillana y sobre Fecsa. Cualquiera sabe que eso tiene como efecto la
concentración del mercado eléctrico en mercados que no serían
permitidos, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la
valoración del Gobierno? Que genera más competencia y más eficiencia.

La alianza Iberdrola-Repsol, ¿qué efecto tiene? Sin duda el riesgo de
eliminar un competidor potencial en el sector eléctrico, en este caos
el Gas Natural. ¿Cuál ha sido la valoración del Gobierno? No
entramos; es una operación empresarial. La alianza Endesa-Gas
Natural, ¿qué efectos tiene? Los mismos que acabo de decir, y además
con la eliminación de un competidor potencial en el sector del gas,
en este caso Endesa Gas. ¿Cuál ha sido la valoración del Gobierno?
Una operación empresarial; operación que por cierto, está siendo
objeto de examen por la Dirección General 4.a de la Competencia. Otra
operación, Endesa toma el 4 por ciento de Repsol. Los mismos efectos
que acabo de mencionar y el Gobierno sigue sin tener nada que decir;
es una operación empresarial. La Caixa toma el 4 por 100 de Endesa.

La misma valoración del Gobierno y la misma situación. La absorción
del BCH por el Banco de Santander. Al Gobierno únicamente se le
ocurre decir que es una operación empresarial sin más aditamentos. El
acoso al Grupo Prisa Canal Satélite Digital. En esto no resisto la
tentación de recordar -espero que usted no sea de los que todavía se
atrevan a decir estas cosas- la valoración que salió del Gobierno: el
monopolio favorece la competencia. Acuerdos entre Antena 3, Once,
Recoletos, Telefónica y El Mundo. De nuevo la misma posición, la
misma actitud del Gobierno. No se ría, señor Montoro, créame cuando
le digo que portavoces del Gobierno han dicho exactamente lo que le
acabo de indicar.

El señor VICEPRESIDENTE: Señor Eguiagaray, la Presidencia ampara las
sonrisas.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Y yo me alegro; le veo risueño, pero si
detrás de eso había alguna ironía, quería recordarle al señor Montoro
que han sido portavoces cualificados del Gobierno, portavoces que
exactamente ocupan ese cargo, quienes han hecho esa valoración a la
que he hecho referencia.

Lo mismo ocurre con la pluralidad informativa obtenida a través de
mecanismos como los que acabo de mencionar.




Si uno tuviera que sonreír en esta dirección, tendría que preguntarle
al ciudadano medio catalán la satisfacción que obtiene cuando se
encuentra, por ejemplo, con que el día que va a comprar una bombona
de butano la compra a Repsol, empresa casualmente participada por la
Caixa; cuando compra la electricidad lo hace a Endesa, empresa
también participada por la Caixa; cuando compra al gasolina del coche
a Repsol o a Cepsa, también empresa participada por Endesa, se
encuentra con que hay una relación entre Endesa, Cepsa, Repsol,
etcétera, y la entidad financiera que he mencionado; cuando abona los
peajes de las autopistas también se produce a empresas participadas
por la Caixa, o cuando se compra el agua a Agbar, empresa participada
por la Caixa, o cuando los préstamos personales e hipotecarios, que
tienen una probabilidad del 0,6 por ciento de ser solicitados a la
Caixa, teniendo encuentra su cuota de mercado -en este caso a las dos
Caixas-, se encuentran con que son accionistas de Repsol, o cuando el
gas natural se compra a Gas Natural, de nuevo participada por la
Caixa, o cuando el servicio telefónica básico es obtenido a través de
Retevisión, empresa participada por Endesa, o a Telefónica, empresa
participada por el BBV, que es accionista principal de Repsol.

Esto que he dicho no pretendo que sea más que una sugerencia, la
sugerencia de lo que pueden significar procesos de concentración de
poder económico, que también tienen connotaciones políticas, y al
mismo tiempo dan lugar a una situación de insuficiente competencia en
nuestro país. Le puedo poner otros ejemplos, que tienen que ver con
un análisis mucho más depurado que el que acabo de hacer aquí de
participaciones cruzadas entre empresas de diferentes sectores
estratégicos de nuestro país. El resultado, señor Montoro, es que los
sectores de energía, de telecomunicaciones y otros están vinculados
por una red de participaciones empresariales cruzadas, alianzas
estratégicas y consejeros comunes; que las privatizaciones de las
empresas públicas han potenciado los niveles de concentración de
poder económico, de ahí que la descripción más ajustada de la
economía española es que se rige sobre todo por las reglas de
conducta de los oligopolios: relaciones estrechas con el poder
político, ausencia de competencia, precios elevados, beneficios
sustanciosos y protección política frente a la competencia exterior.

Sin embargo, los mecanismos de protección de la competencia, cuya
movilización correspondería al Gobierno, apenas han funcionado. La
única vez que se sabe que el Gobierno directamente ah hecho suyas las
leyes de la competencia ha sido con ocasión de los conflictos de la
televisión



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digital, para a su vez promover la configuración de un monopolio. La
única limitación hoy a la oligopolización de la economía española
está viniendo de la Unión Europea, de la Dirección General de la
Competencia y el Gobierno por el contrario todos los días hace oídos
sordos a invitaciones de comisiones sectoriales reguladoras, entre
otras y de manera bien notoria a la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico, precisamente para no propiciar y no tolerar la existencia
de estructuras de mercado que hacen imposible cualquier proceso de
competencia efectiva más allá de la apariencia y de las palabras.

Lo que ocurre es que la concentración del poder económico tiene
consecuencias políticas notables. A ello contribuye, como sin duda
alguna ustedes conocen, el nombramiento al frente de las empresas
privatizadas y que usted se enorgullece, de personas que también son
afines personal y políticamente a los máximos dirigentes del Partido
Popular. El resultado de esa estructura oligopolística con esos
nombramientos es la aparición de un núcleo empresarial no
disciplinado por la competencia, que disfruta de un poder de decisión
amplio y blindado a la vez sobre una parte muy importante de la
economía española y con relaciones muy estrechas con el Gobierno y
con el Partido Popular, todo lo cual sin duda introduce elementos muy
serios de preocupación, no solamente sobre la eficiencia económica de
nuestro país en esta materia, sino también sobre la calidad del
sistema democrático que a partir de ahí se está generando.

Quisiera, señor Montoro, referirme a algunos otros elementos con
mayor detalle; elementos que vale la pena que se pongan de
manifiesto. Usted se ha referido entre otras cosas a algunos éxitos
clamorosos en materia de reducción de precios y de tarifas.

Es curioso que habiendo designado por ejemplo de la vieja LOSEN, Ley
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, pretendan ignorar en su
balance de reducciones de tarifas que las tarifas en vigor en el año
1997 todavía son resultado de la aplicación de la LOSEN y no de la
nueva Ley del Sistema Eléctrico. Si uno tuviera en cuenta solamente
los resultados de modificaciones tarifarias de los años 1998 y 1989 y
la reducción de las tarifas eléctricas en el 3,6 y 2,5 por ciento,
respectivamente, en términos nominales de esos dos años, habría que
recordar que solamente con haber cumplido los criterios suscritos
entre el Gobierno y las empresas eléctricas en el protocolo de
diciembre de 1996 y los cálculos de la Comisión Nacional del Sistema
Eléctrico sobre la influencia de la caída de los tipos de interés y
la evolución de la demanda se hubiera producido una reducción de las
tarifas eléctricas, en términos nominales, no inferior al 8 por 100
en cada uno de esos dos años 1998 y 1999. A ustedes esto les parece
que se puede computar simplemente en términos de que hay rebajas. El
problema está en cuántas rebajas hay u cuántas debiera haber si
ustedes no introdujeran una política escasamente compatible con
criterios de competencia y que se ha traducido en algo tan
absolutamente intolerable como el regla de un billón 300.000 millones
de pesetas a las empresas eléctricas y la obligación de todos los
consumidores de este país, por lo menos, de los que acceden a la
electricidad, de pagar mediante un recargo del 4,5 por ciento y
durante 15 años, lo que es la factura exigida por el sector eléctrico
y a la que
ustedes han accedido en absoluta contradicción con las normas de
competencia de la Unión Europea.

Hay algunas cosas más a las que quisiera referirme, aunque ya con
menos detalle. Sin duda alguna ustedes han anunciado un buen número
de medidas que nunca han entrado en vigor y que todavía hoy usted nos
vuelve a recordar, desde la simplificación administrativa, que ya
formaba parte de viejos anuncios del año 1996, a la nueva ley
concursal o a la reforma del sistema jurídico institucional de
defensa de la competencia. Nada de todo eso se ha hecho de momento.

Incluso algunas costas que nos anuncia ya sabe que van a contar con
nuestra leal colaboración, pero también con nuestra rotunda
oposición, en la medida que no vayan en la dirección que estamos
propugnando.

Nosotros hemos planteado ya algunas cosas para que en todos y cada
uno de los sectores a los que usted se ha referido el proceso sea
mucho más intenso del que se ha expresado. Se enorgullece usted de la
rebaja del precio del gas; pero no es menos cierto que ustedes han
dado a Gas Natural nada menos que 15 años para consolidad su
oposición antes de tener que enfrentarse a la competencia real. Que
eso es introducción de competencia en el sector del gas, que venta
Dios y lo vea, señor Montoro. Todos sabemos, y algunos por razón de
oficios anteriores, lo que es el sector del gas; y dar una prórroga
de 15 años, dentro de la cual no habrá ningún tipo de competencia
real, me parece, como mínimo que no es precisamente para
enorgullecerse, sobre todo si tenemos que tomar en consideración lo
que desde una perspectiva realista, y asumiendo las limitaciones que
tiene nuestro país en aprovisionamiento, en distancia, en contratos
de gas ya firmados con Argelia, etcétera, habría de hacer.

Otras cosas querría comentarle y fundamentalmente algunas que ponen
de manifiesto la necesidad de abordar todo este proceso desde otra
perspectiva. Avanzar hacia un sistema en el que la España de las
oportunidades sea la España de las oportunidades para algunos y en
que la concentración del poder político, económico y mediático, sea
de verdad lo que no solamente reduzca la eficiencia económica de
nuestro país, o nos permita avanzar tan rápidamente, para decirlo de
una manera más suave, como sería deseable, sino que además,
introduzca efectos negativos sobre la calidad del sistema democrático
es lo que está detrás, señor Montoro, de la política de reformas.

Esto no es solamente un problema estrictamente económico, que lo es.

Si quisiéramos hablar de los temas económicos, como queremos hablar
sin duda alguna, y hacer bastante más de lo que ustedes están
haciendo, detrás de todo esto hay un problema más serio todavía. Yel
problema del poder, señor Montoro. El problema del poder, créame, es
la esencia de la política; el problema del poder y de la
democratización del poder consiste en que ningún poder pueda ser
incontrolado. Ningún poder; no solamente los poderes políticos
establecidos en términos constitucionales, que significan el control
de los gobiernos, la eliminación de la arbitrariedad en el
comportamiento público, sino aquellos otros poderes económicos en una
sociedad que por su situación de dominio y por su relación con el
poder político se pueden convertir en poderes no democráticos,
poderes incontrolados, poderes que anteriormente podrían estar
sujetos en mayor o menor medida al control de esta Cámara y que hace
bastante



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tiempo, desde que ustedes han llegado al Gobierno, han dejado de
estarlo.

Algunas de las cosas que estamos viendo no solamente notorias. Cuando
Endesa se privatiza, ustedes cuentan y cantan las excedencias de lo
que significa la privatización. Es verdad que en términos de ingresos
públicos es una excelencia; pero cuando uno contempla las operaciones
en que se meten los empresarios que hoy dirigen Endesa, llamémosle
así, operaciones extraordinariamente complicadas desde el punto de
vista político y fracasos empresariales notorios desde el punto de
vista económico, la verdad es que a uno le quedan ganas de volver a
decir: ¿Por qué no es posible controlar empresas que anteriormente
eran públicas, que se han privatizado, que se han blindado sus
directivos, sus presidentes, que se han metido en aventuras
empresariales de dudoso gusto, con notorios fracasos y sobre los
cuales no podemos decir absolutamente nada? Esto reza también sobre
otras empresas. Alguna operaciones realizadas por quien hoy dirige la
principal multinacional de este país son operaciones
extraordinariamente complejas que tienen efectos sobre el conjunto de
la economía española, no está sometidas a ningún tipo de control, y
ustedes lo están negando. Sin embargo, no solamente hay una relación
clara y una vinculación personal, política y económica con algunos de
estos dirigentes, sino que esto está teniendo efectos desde la forma
que se produce, hasta las relaciones de comunicación y el diálogo
político de este país.

De lo que estamos hablando, señor Montoro, es de poder, estamos
hablando de una economía que tiene que ser más eficiente y en la cual
la competencia y las reformas juegan un papel importante, y ustedes
no han dado prácticamente un palo al alguna aunque hayan modificado
un montón de leyes sectoriales, pero los resultados no son los
esperados, sino que detrás de esto hay un problema que es todavía más
serio, y es la utilización de los resortes de poder político hechos
desde el Gobierno desde que ustedes han llegado para que el proceso
de privatizaciones, la venta de un buen número de empresas que
anteriormente eran públicas y de todos los españoles, se hayan
colocado ahora en manos de personas que les son afines y a través de
las cuales, sin ningún tipo de control democrático, ustedes
controlan, directa o indirectamente, medios de comunicación y encima
han puesto sus manos han puesto sus influencias cerca de sectores que
siguen siendo todavía monopolísticos y oligopolísticos, solamente que
ahora ya privatizados.

Tenemos desde luego, un enorme camino que recorrer, señor Montoro.

Hemos hecho un buen número de propuestas de carácter general y
sectorial. Relatarlas en este momento no tiene demasiado sentido.

ustedes las conocen, has hemos planteado en el momento que se ha
discutido cada una de las leyes sectoriales; pero es verdad que la
política de competencia, el marco de competencia no solamente la Ley
de Defensa de la Competencia sino sus propios órganos, desde el
tribunal a la comisiones sectoriales necesita un repaso entero y no
precisamente el que ustedes han planteado en ese anteproyecto, en la
medida que es conocido, de defensa de la competencia o modificación
de defensa de la competencia, tal y como usted nos lo ha relatado.

Hay que modificar las comisiones sectoriales que intervienen, pero
hay que hacer muchas más cosas en todos y cada uno de los sectores.

En la medida que siguen expresando una satisfacción incompatible con
los resultados alcanzados, señor Montoro, yo quiero volver a
recordarle que no tiene ninguna razón para el triunfalismo, sino todo
lo contrario. Ni los precios han evolucionado como ustedes desean, ni
los resultados en términos de competencia son los deseables, ni al
mismo tiempo los resultados en algo que es mucho más importante que
los precios, como son las relaciones con los poderes, con los
políticos y los económicos, han significado que los españoles sean
hoy más ciudadanos de lo que eran ayer. Por el contrario, hoy están
más indefensos frente a poderes privados cada vez más concentrados y
que no tiene ni siquiera el control de este Parlamento.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Aguirre, tiene la palabra:



El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Bienvenido a la Comisión de Economía,
señor Secretario de Estado.

Deseo recordar que el motivo de esta comparecencia, o por lo menos el
origen de la misma que es bueno saberlo y dejar constancia en el
«Diario de Sesiones» de la Comisión, nace de una propuesta de
resolución que se aprueba con motivo del debate del plan de
estabilidad.

Por cierto, también quiero recordar que por primera vez un Plan de
estabilidad -o lo que anteriormente fue denominado Programa de
Convergencia-tuvo debate en esta Cámara con propuestas de resolución,
precisamente a iniciativa del Gobierno.

Entre las propuestas que acompañaron al Plan de estabilidad había una
que -hay que reconocerlo-nace en las bancadas del PNV y finalmente se
redacta como fruto de una transacción con el Grupo Popular. Se trata
de una propuesta de resolución que insta al Gobierno a que, de forma
periódica, informe a la Cámara sobre los efectos de las reformas
estructurales, sobre identificación de las reformas estructurales que
están pendientes o la identificación de las barreras que necesitarían
o que llevaría pareja la puesta en marcha de alguna reforma
estructural, y sobre todo el balance de lo que pueden ser las
reformas estructurales en cada legislatura.

Nos pareció una buena iniciativa y así la apoyamos nuevamente se da
al Parlamento vida en un asunto de relevancia como es el de las
reformas estructurales, y nuevamente el Parlamento juega el papel que
le corresponde. Digo esto porque de vez en cuando parece que alguien
critica que el Parlamento no está al tanto de los debates que se
pueden producir, pero mire por donde hoy venimos a demostrar que eso
no es así y que el Parlamento participa. Esto ha sido posible gracias
a una propuesta de resolución de un último debate del Plan de
estabilidad, que nunca se había debatido con este tipo de
tramitación, y esa es la primera satisfacción de la que quiere dejar
constancia el Grupo Parlamentario Popular.

Debo reconocer que por algunas de las cosas que estamos oyendo aquí
esta mañana pareciera que no se ha leído a fondo el documento
facilitado, en el que considero que una de las partes que más
contribuyen el debate figura en la página 20, cuando, bajo el título
III se identifican las barreras que todavía subsisten en el mundo de
la competencia, y



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se va diciendo sector por sector qué queda pendiente por hacer; y
sector por sector se va a anticipando cuáles son esas barreras y
hacia donde tendrían que seguir encaminándose las reformas futuras.

Hoy no voy a insistir, a participar ni a contribuir al debate de si
se ha hecho más en las reformas estructurales en una etapa y se ha
hecho menos. Señor Eguiagaray yo no voy a entrar en ese debate de
quién ha contribuido más o de si ahora se están recogiendo los frutos
de unas cosas o de otras, porque me parece que nos vamos a terminar
aburriendo con lo de a quién responsabilizamos. Cada uno en su
momento de Gobierno habrá hecho unas cosas bien y otras mal, y ahí
están la residencia, los depósitos y las contribuciones de todos y
cada unos de todos y cada uno a las reformas estructurales.

Sin embargo es un hecho cierto que las reformas estructurales
adquieren una relevancia muy superior a la que pudieran tener en
otros momentos. Primero porque estamos antes uno de los elementos en
que se identifica la modernización de un país. Segundo, por que
estamos ante uno de los elementos donde se identifica la integración
de nuestro país en todo el contexto económico internacional, y más
concretamente europeo. Tercero, porque estamos ante un elemento -las
reformas estructurales, insisto-que prácticamente comienzan a ser las
únicas políticas posibles que se dictan desde los gobiernos a efectos
de contribuir a la mejoría de la economía y de las convergencias
reales con otros países.

Hay que recordar que alguna soberanía hemos trasladado a entes
supranacionales en materia de política monetaria; hay que recordar
que algunas soberanías tenemos compartidas en los compromisos
internacionales que dimanan del Pacto de Estabilidad, por lo que
inclusive nuestro presupuesto de gastos, inclusive nuestro
presupuesto de ingresos tienden a una armonización y están insertos
en unos límites y en unos marcos dictados en organismos
supranacionales. Por tanto, era verdad que poco a poco cuando España
se fuera integrando en Europa, le iban a quedar reservadas muy pocas
parcelas de autonomía política, y ésta es una de ellas; las reformas
estructurales.

Por eso considero importante que se acceda no sólo a pasar revista a
cuáles son las reformas estructurales que mejor fruto han dado y
cuáles son las que están dando su fruto, sino también a que de forma
periódica el Gobierno venga al Parlamento y nos diga qué se ha hecho
en reformas estructurales y qué se debería hacer en reformas
estructurales futuras. Creo que en esa actuación sería muy bueno
contar con el concurso de la oposición, por si ha advertido algún
campo nuevo de los que aquí ha sido anticipado que faltan. La verdad
sea dicha, en la intervención de hoy no he escuchado ni una sola
propuesta respecto a esta -creo yo- parte importante del documento;
supongo que en debates futuros, y seguramente en algunos otros
planteamientos tendremos ocasión de escuchar esas propuestas que de
seguro existen.

Ha habido un enfoque sobre todo el entramado de las reformas
estructurales en sus aspectos legales y económicos, respecto del que
sí me gustaría dar mi opinión al respecto. Se decía y se dice con
cierta habilidad, que detrás de las reformas estructurales no hay un
problema exclusivamente economista ni de mercados, sino un problema
de
poder político. Eso se nos dice. Yo creo que está bien traída al
debate esta cuestión, precisamente porque aquí me gustaría plantearle
alguna pregunta al secretario de Estado. La argumentación del
problema de poder político que hay detrás de las reformas
estructurales se apoya casi siempre en cuál ha sido el tratamiento de
la política de privatizaciones por parte del Gobierno del señor
Aznar. Inclusive se reclama que este Parlamento no está prestando
demasiada atención al proceso de privatizaciones. Voy a decirlo caso
como se dice por otros portavoces: el Gobierno obstaculiza la
transparencia del proceso de privatizaciones. Pues bien, yo creo que
no la obstaculiza; en próximos días veremos cómo eso no es así y
podrá este Parlamento tener unos debates todo lo intensos que se
quiera respecto a todas y cada una de las privatizaciones, todo ello
en el seno de la subcomisión que para eso se hizo y para eso se puso
en marcha. Hay una subcomisión que tiene unos trabajos pendientes
y en la que creo los abordaremos empresa por empresa.

La pregunta que dirijo al señor secretario de Estado es si podría o
si tiene datos -no me ha parecido que los haya formulado hoy aquí y
si los ha formulado le pediría que se extendiera un poco más-, para
contestar en relación a la forma en que ha asistido el ciudadano
español a este proceso de privatizaciones en la Bolsa y si tiene
datos sobre quienes han sido los compradores de esas titularidades,
porque creo que eso enfocaría muy bien este debate del poder político
que está detrás de las reformas estructurales.

Señalaría que esta misma mañana el candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno, al que apoya todo el Grupo Socialista, ha
dado una rueda de prensa y nos ha dicho que el PSOE perdió las
elecciones, en 1996 porque hubo toda una serie de episodios de abuso
de poder. Yo no sé si los representantes del Grupo Socialista que
están en esta Comisión comparten esa afirmación en todo en parte o la
quieren matizar, pero en cualquier caso cuando el propio candidato
confiesa que fueron abusos de poder los que les llevaron a perder las
elecciones, a mí me parece que todavía están con la mala digestión de
un proceso electoral que no les fue todo lo bien que ellos pensaban,
y que por aquellos abusos de poder, que hoy de alguna manera confirma
y certifica el candidato Borrel, están creyendo que todos somos de su
misma condición, pero yo creo que por ahí no van las cosas en materia
de abusos de poder. En fin, no es un debate feo y seguramente en
diferentes comparecencias podríamos seguir profundizando sobre las
cuestiones políticas que puede haber detrás de todo el entramado de
reformas.




Yo soy de los que me empecino -y me parece que con el señor Montoro
hoy también-en que la economía española goza de buena salud y que esa
buena salud permite confirmar, décima arriba, décima abajo -me parece
que ya ha quedado suficientemente debatido-, que el crecimiento
económico español de este año 1999 será el que se dijo por parte del
Gobierno en el debate de presupuestos, a pesar de que se insista en
que hay un proceso de desaceleración en el conjunto de las economías
de nuestro entorno y que eso va a afectarnos directamente. Desde el
Grupo Parlamentario Popular reconocemos que nos va a afectar, y que
lo va a hacer probablemente algo más de lo que teníamos previsto, en
el sector exterior. Habida cuenta que el patrón en el que



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se apoyan las previsiones del Gobierno está fundamentado en que el
origen de ese crecimiento va a residir fundamentalmente en la demanda
interna y ésta va a crecer en los términos que ya se ha anunciado,
sigo pensando que es sensato vincular el porcentaje de crecimiento de
la demanda interna precisamente al porcentaje de crecimiento de la
economía.

También se ha querido criticar en todos estos debates que los efectos
de estas reformas estructurales son malos, es decir, que la cuenta de
resultados que presenta el Gobierno, señor secretario de Estado, es
mala. Yo no sé en qué basan esa argumentación; si es que hay todavía
algunos sectores que se resisten. Con bastante delicadeza y sutileza
desde el Gobierno y desde el propio grupo parlamentario conformamos
aquellos sectores donde todavía se encuentran resistencias a la
competencia; resistencias que vienen precisamente cifradas e
identificadas por cómo no se consiguen alcanzar evoluciones de
precios que se acomoden al resto de las evoluciones. Identificadas
como están, y sabiendo que hay que seguir trabajando en esas áreas
donde todavía existen esas resistencias, a mí me parece que, si el
indicador que debe medir la bondad o la no bondad de un proceso de
reformas estructurales tiene que ser la competencia, la evolución de
precios, el mandato Aznar en materia de control de precios no está
mal, no tiene una mala cuanta de resultados; es más teniendo en
cuenta a todos aquellos a los que les gusta traer y llevar la
historia de las cosas, sería bueno también traer la historia de la
inflación de este país, dónde ha estado colocado durante tanto tiempo
y qué resistencia tenía su inflación, con una barrera del 4,5 desde
hacía muchísimos años y que no había manera de romper. Y llegado el
mandato Aznar, permítanme reconocer modestamente que, con lo que haya
hecho el Gobierno, con lo que hayan hecho los mercados, los agentes y
la autoridad monetaria, parece que aquella barrera del 4,5 no sólo ha
sido rota, sino que, además, ha sido superada y hoy tenemos la
satisfacción de poder presentar una evolución de precios bajo control
y, por qué no decirlo, también tenemos el reto de seguir
convergiendo, en materia de inflación, con las inflaciones medias de
centroeuropea. Lo que no hay que hacer es pretender tirar abajo toda
una operación de precios como la que se ha llevado a cabo.

Yo creo que un buen indicador de que las reformas están surtiendo
efecto es reconocer que hemos salido de una economía muy intervenida
y que vamos camino de una economía muy integrada. Todas esas
resistencias está ahí y habrá que seguir venciéndolas poco a poco y
seguir trabajando todos junto en ese horizonte.

Por todas estas razones, señor secretario de Estado, mi grupo le
muestra su satisfacción por el documento que ha elaborado en materia
de reformas estructurales, a la vez que le insta a que sigan avanzado
y profundizando en las reformas que hagan que cada día nuestro
mercado esté más liberalizado y más en línea con los mercados
europeos, que son nuestros competidores, así como le insta igualmente
a que cada equis tiempo venga a este Parlamento para que podamos
tener un debate de estas características, que creo que es bueno para
la vida parlamentaria y política de este país.

El señor VICEPRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra don
Cristóbal Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): Ante
todo, señor presidente, quisiera agradecer el tono de las
intervenciones, que han sido constructivas, especialmente la del
Grupo Popular, puesto que, efectivamente, el concepto de reforma
estructural es un gran concepto político a introducir en nuestro
tiempo y en nuestra sociedad. Me parece especialmente significativo
que, cuando traemos a la Cámara el debate de las reformas
estructurales que sobre la economía se están vivienda en nuestro país
de manera global, aunque parcialmente se va haciendo, en lo que son
los grupos políticos principales de la Cámara se reconozca y se
identifique la importancia de este planteamiento para preparar a la
sociedad en el siglo XXI y, e definitiva, derivar las consecuencias
positivas que España ya está obteniendo por nuestro ingreso en el
euro.

En relación con la intervención del señor Eguiagaray, del Grupo
Socialista, me va a perdonar el portavoz, pero es que no puede
disculparme por las sonrisas. Tiene una costumbre el señor Eguiagaray
-ya llevamos unas cuantas sesiones desde el año 1996 hasta la fecha-,
que es empezar siempre su intervención con alguna referencia que va
conceptualizando en torno a la persona. Es una técnica parlamentaria
como otra cualquiera que yo agradezco porque a mí me relaja y hace
más simpática, si se me permite la expresión, mi presencia física
aquí. Hoy hemos escuchado una expresión nueva. El otro día hablamos
de la abuela. Y hoy recordaba yo la primera comparecencia que tuve
con el señor Eguiagaray, portavoz de economía, en la que me llamó
intervencionista; luego hemos hablado de Keynesianos, a continuación
de abuelas y hoy de adanes. Esto es lo que me relaja y en un momento
determinado de las comparecencias me parece una técnica parlamentaria
como otra cualquiera, por lo que podemos seguir con ella si el señor
Eguiagaray le divierte. Por lo demás, las sonrisas, lógicamente, las
promueve un determinado tipo o tono de las intervenciones.

Respecto a los contenidos de su intervención, voy a empezar por el
final, por donde el señor Eguiagaray pretende elevar el tono, que es
donde yo derivo un concepto de política económica y de política
general que realmente comporta un talante muy distinto en relación
con el planteamiento que usted hace del concepto de poder político,
de lo que son los controles de la seguridad nacional sobre el poder
económico. Realmente me parece interesante el contenido de esa
intervención y, además, le tengo que reconocer que me parece bastante
antiguo. Su señoría ha venido a decir con otras palabras que qué pena
que hayamos perdido controles parlamentarios, así lo ha llamado
usted, sobre sectores económicos claves de una economía moderna como
la española. ¿Qué clase de modelo económico tiene usted? ¿El modelo
económico de la empresa pública por antonomasia controlando los
sectores económicos claves de un país? Si es eso, no se compagina muy
bien con lo que estamos haciendo, ni al abrir nuestras economías en
el mundo ni siquiera en el mercado interior europeo, donde realmente
los procesos de privatización están en marcha para completar el
mercado interior. ¿O es que estamos



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haciendo otras cosa en el mercado interior? ¿Por qué las reformas
estructurales figuran en el capítulo primero de la construcción del
mercado interior de la Unión Europea?
Su señoría apela a un concepto de control político que a mí me ha
sonado a antiguo, incluso me ha parecido añorar las políticas de
nacionalización. Supongo que el Partido Socialista en España no va
por esa línea. No le he oído expresar este argumento, pero sí que me
ha parecido en el transfondo de su presentación final que lamentaba
un determinado control. Ese ese el problema de lo que son los grandes
modelos de política de un país. Si, además, quienes han estado en
cargos de máxima responsabilidad del Gobierno y de la administración
económica de un país tienen esta concepción, luego ocurre lo que
ocurre a continuación; es decir, no identifican que se produce una
concentración de poder en el que tiene una empresa que se llama
pública y que está actuando bajo directrices de políticas concretas
de Gobierno y está promoviendo unas situaciones en las que siempre se
dirá: eso tiene una dimensión social. Yo le tengo que contestar que
lo que tiene una dimensión social es que los ciudadanos tengan los
teléfonos más baratos, que los ciudadanos tengan los teléfonos más
accesibles, que las pequeñas y medianas empresas en nuestro país
tengan la energía eléctrica mucho más accesible, y que los
ciudadanos, en definitiva, desarrollen su sistema productivo desde su
propia configuración y desde su propia concepción.

Cuando se hace una privatización y millones de españoles acuden a esa
propiedad nueva que se está creando a través de la privatización, qué
se está diciendo a esos millones de españoles, ¿que están confundidos
cuando va a esa privatización o es que esos millones de españoles no
va a ejercer el control efectivo sobre esa dirección económica de
estas empresas, precisamente con la garantía que da que esas empresas
estén abiertas al mercado, estén analizadas y valoradas en el día a
día del mercado en cuanto a la eficiencia económica que generan esas
empresas?
Esta es la cuestión de fondo y comprendo que S.S. no está en ese
planteamiento, pero esto me remonta a las configuraciones que
recordaba, con gran acierto, el portavoz del Grupo Popular, el señor
Aguirre, sobre lo que son los abusos de poder. La concentración de
poder político-económico da lugar a extraños sucesos, porque no está
obedeciendo a la disciplina auténtica, efectiva del mercado. Eso es
lo que estamos construyendo en el mercado interior europeo. Por eso
la construcción de la Unión Europea está basada en las políticas de
desregulación y de privatización de empresas públicas; por eso se
hace así y por eso el Gobierno español ha acelerado este proceso. De
todas formas, la próxima vez que venta a una comparecencia lo que
puedo hacer, más que un balance de gestión, son manuales de historia
que, a veces, me pide el señor Eguiagaray, porque continuamente se
está refiriendo a que el mundo no comienza en 1996. Claro que no.

Pero yo tengo que hacer balances sobre lo que hemos estado trabajando
en favor de la economía española desde ese tiempo. Comprenderán que
sería anómalo que presentara un manual de historia económica
reciente, remontándome a los tiempos en los que el franquismo, a
través de la estabilidad, abría la economía, como se ha referido el
señor Eguiagaray. Yo he sido más moderado y me he limitado al período
que corresponde obviamente a este Gobierno y para eso supongo que
vengo a la Cámara, no para hacer otro tipo de intervenciones para las
que busco otro tipo de foros, ya que también tengo gran afición por
ellas.

Ciñéndome a lo que es ese concepto de balance, tengo que decirle el
paso que ha dado la modernización del sistema productivo español en
nuestra economía y en nuestro país. Yo invito a todos esta mañana a
que se hagan la siguiente reflexión: ¿Quién está creando el empleo en
España? ¿Lo están haciendo las grandes empresas, las grandes
corporaciones de nuestro país? ¿Lo están haciendo las grandes
corporaciones que se han privatizado en nuestro país? No. Lo está
haciendo todo un tejido de empresa familiar, de pequeña y mediana
empresa que está recibiendo los beneficios directos de esa política
de incremento de competencia y de privatización; es decir, la bajada
del precio de la energía eléctrica que se promueve, a través de la
privatización y de la creación de un mercado eléctrico mucho más
competitivo (de hecho España tiene un mercado eléctrico que se
compara, señorías, como el más abierto y el más competitivo del mundo
desarrollado en este momento), está beneficiando a un tejido
productivo que gana eficiencia rápidamente, a gran velocidad, y eso
se traduce en más empleo. El ciudadano que está encontrando empleo en
esa pequeña y mediana empresa en el sector industrial, en el ámbito
de los servicios, en el ámbito de las empresas del sector primario de
la economía, de la industria agroalimentaria, está obteniendo ese
beneficio precisamente porque hay una política que ha liberizado, que
ha formulado y ha hecho posible una evolución de los costes de
producción tan positiva como afortunadamente está recogiendo nuestro
país. Es la bajada de la energía eléctrica, la bajada del precio de
las comunicaciones para las pequeñas y medianas empresas de nuestro
país que hoy tienen una oferta formidable y que escogen operador, que
asisten a descuentos sucesivos en sus tarifas, lo que explica el
desarrollo de los servicios, como lo es también el propio sistema
financiero. Porque díganme cómo es posible que en nuestro país se
haya hecho en dos años una política de privatización a través de OPV
tan ambiciosas, como para que parte del resultado de esas OPV se
dirija, nada menos, a garantizar el futuro de los trabajadores
excedentarios de la reconversión industrial de los años ochenta en
nuestro país. Cuando eso es posible hacerlo y, además, vender esas
empresas públicas en una dispersión del capital, que sería la
formación de un auténtico capitalismo popular en España, es algo que
está beneficiando al conjunto del sistema productivo y lo está
haciendo a la pequeña y mediana empresa que se está beneficiando de
unos mecanismos de financiación que sencillamente antes no tenía. Ya
me he referido antes a los efectos de la fiscalidad.

Comprendo, como usted decía, señor Eguiagaray, en un momento de su
intervención, que es difícil hacer la reforma. En eso sí que estamos
de acuerdo. Es difícil y usted lo sabe perfectamente. Sólo le tengo
que decir que, de haber continuado con su política de privatización,
a lo que habríamos asistido es a la consagración de unos monopolios
con unos intereses del ámbito financiero que habrían hecho imposible
el desarrollo del auténtico mercado en España. Ese es el cambio de
orientación de una política que ha apostado por la desregulación y
por la privatización en el sentido de que hay un control que llamamos
de mercado,



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pero que en realidad son millones y millones de ahorradores que han
puesto su confianza en el futuro de esas empresas porque merecen esa
confianza en esa nueva posición de mercado y, además, en una
evolución hacia adelante, como afortunadamente están promoviendo en
una operaciones de internacionalización de la empresa española, sobre
lo que también le he notado un tono crítico que no sé a qué se
corresponde, cosa que me parecía no demasiado apropiada para el
principal partido de la oposición en España.

Dicho esto, en relación con lo que es ese planteamiento, la famosa
referencia que siempre hacen ustedes del regalo a no sé quién a
través de un recargo en las eléctricas es otro de los argumentos que
es sencillo de desmontar. Basta leer la propia Ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado para advertir que en ella se
contiene las salvedades para que las eléctricas, año a año, no
reciban más allá de lo que les hubiera correspondido por la propia
evolución del precio de mercado libre, en forma de ingresos
procedentes de esa figura que se llama lo CTC. Tengo que decirle que,
lejos de haber habido ningún tipo de regalo es un paso hacia la
liberalización del sector eléctrico que se ha dado en nuestro país,
lo que nos está permitiendo tener una repercusión tan positiva como
es el descenso del precio de la energía eléctrica para la pequeña y
mediana empresa, que asciende en tres años a un 20 por ciento;
descenso realmente importante que se nota en la configuración de esa
empresa y, sobre todo, en la creación de empleo.

Comprendo que la política es decir, a veces, lo mismo, por parte de
cada uno de los participantes en la actividad pública, desde la
machaconería suya de la crisis de la Seguridad Social, a la otra
machaconería más moderna del regalo a los sectores económicos que
están participando en esa liberalización. Quiero aprovechar esta
comparecencia para referirme a los contenidos específicos de esa ley
y a las previsiones que se establecen relativas a la utilización de
los CTC por parte de las eléctricas. En la ley se habilita al
Gobierno para establecer un procedimiento de compensación a los
consumidores, en el caso de que el sector eléctrico hubiera derivado
ingresos que no le hubieran correspondido en la propia evolución del
precio de mercado. Tan sencillo como eso. Aquí no se hace regalo a
nadie, sino que a quien se hace y para el que se trabaja es para el
consumidor, que es quien está apreciando una evolución de los precios
tan positiva como la evolución de la inflación que se ha producido en
España.

Insiste S.S. en referirse a lo que califica su preocupación por la
inflación. Ya le he dicho en estas comparecencias que estoy
absolutamente encantado de ver al Partido Socialista levantando la
bandera de la inflación. Si se deriva de esta comparecencia que
ustedes apoyan los procesos de liberalización, tenemos un activo en
la sociedad española francamente positivo que nos permite mirar con
gran tranquilidad al futuro. Supongo que S.S. no querrá para España
una inflación como la que tienen otros países de la Unión Europea en
este momento. Los gobiernos de esos países están francamente
preocupados por lo que llaman la evolución de los precios
excesivamente baja e indicativa de la falta de recuperación económica
y de la falta de demanda interna. Supongo que no se referirá a que el
problema está en nosotros con inflaciones del orden del 1,5 por
ciento; inflaciones que, por lo demás, tendrán una evolución
estos meses acorde con una comparación del año pasado, que nos
llevará a seguir manteniendo una estabilidad de precios en España
esencial para que tengamos un crecimiento económico tan positivo y
favorable como el que hemos tenido.

Me refiero a la última comparecencia, y me sonrío otra vez, porque el
señor Eguiagaray ha dicho que yo negué tres veces el objetivo de
crecimiento de este año y se ha referido a unas palabras en las que
me ha parecido reconocer una metáfora en este caso una alegoría. Le
recomiendo que lea el «Diario de Sesiones» para ver cómo en esa
comparecencia lo que estoy anunciando es que durante esta primera
parte del año el crecimiento económico sería similar al crecimiento
con el que hemos cerrado el final del año pasado. Si S.S. recuerda
cuál es el crecimiento económico de finales del año pasado, verá que
es lo que estoy contando en esta comparecencia. No estoy en esas
posiciones que, por lo demás, no me corresponden. Son posiciones
normales. Ya dije en esa misma comparecencia que tendríamos una
desaceleración de las exportaciones. Es exactamente la misma idea que
está explicando el Gobierno desde mediados de septiembre, cuando yo
mismo comparecí en el Congreso para advertir que la crisis
internacional tendría una consecuencia de evolución de nuestras
exportaciones que sería negativa, y que restaría al crecimiento de la
economía. Dicho esto, tengo que insistir esta mañana en que todos los
indicios que se tienen es que la demanda interna de la economía
española, expresión de la confianza de los ciudadanos en su presente
y su futuro, no sólo no se está desacelerando en España, sin que
podría tener hasta un comportamiento algo más expansivo esta año. Lo
cual compensaría en parte esa desaceleración de las exportaciones
que, como S.S. sabe, está causada por la no recuperación económica de
otros países europeos que no acaban de despegar, y eso nos perjudica
porque son grandes mercados de nuestros productos, de bienes y
servicios.

En definitiva, aprovecho su referencia para tranquilizarte. El
crecimiento de la economía española, como recordaba el señor Aguirre,
es muy sólido. Este año vamos a crecer claramente por encima de la
media de la Unión Europea. En ese sentido, España podrá seguir
trabajando desde la convicción de que este año tendremos una creación
de empleo muy importante, asentada en la liberalización económica y
en la privatización y, en definitiva, en las reformas estructurales,
también en la reforma fiscal, que está fortaleciendo en este momento
nuestra recuperación económica, especialmente la recuperación de la
demanda interna.




El señor VICEPRESIDENTE: Turno de réplica muy breve. Les rogaría que
no utilizaran demasiadas frases bíblicas, dado que parece que el
elemento central de algunas intervenciones y nos pueden dar una horas
poco prudenciales.




Tiene la palabra el señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muy brevemente, señor presidente. Muchas
gracias por su benevolencia. Quiero agradecerle también al señor
Montoro el tono de suintervención.




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El primer lugar, es especialmente gratificante que esté de acuerdo
con cosas que hemos venido diciendo uno y otro. Como sabe, no he
planteado nunca ninguna catástrofe, que no deseo, sino simplemente
que no era razonable tener las previsiones que se tenían cuando lo
que usted está confirmando era previsible. Efectivamente, se está
confirmando que la previsión, además, se convierte en realidad. Por
lo tanto, más allá de cuantas décimas modifique, algo de eso es lo
que vengo diciendo hace tres o cuatro meses y no me parece ninguna
catástrofe. Insisto, tengo todo el interés del mundo en que la
economía española vaya bien. Lo que es verdad es que el 3,8 por
ciento no era una cifra razonable, ni previsible, ni plausible.

En segundo lugar, quiero hacer un par de consideraciones sobre sus
interpretaciones de mi intervención. No creo que a estas alturas de
la vida podamos construir fácilmente maniqueos, ni usted ni yo. Es
tan antiguo como el mundo el intento de producir una falsa imagen de
los demás. Usted sabe que mi concepto de democracia económica no
tiene nada que ver ni con el intervencionismo, ni con que lo público
lo invada todo, sino algo tan simple como que una cosas son las
instituciones sometidas a la elección, al control de los ciudadanos,
y otra cosas es el conjunto de la vida. Probablemente esta es una
diferencia importante entre dos opciones que podríamos, genéricamente
y sin faltar, situar en el marco de la derecha, y las opciones que
podríamos, genéricamente y también sin faltar, situar en el marco de
la izquierda. La vida de los ciudadanos no se acaba ni en el
Parlamento ni en las Cortes Generales, sino que la vida está en el
mundo, está en la calle. Todos estamos sometidos a poderes, y la
realidad de los poderes es tan vieja como el mundo.

Cuando uno aspira al control de los órganos políticos elegidos
democráticamente, no tiene que olvidar que una parte de la vida se
desarrolla al margen de poderes democráticamente elegidos. Eso es a
lo que estoy haciendo referencia, perfectamente compatible con una
concepción en la cual la competencia y la creación de mercados
competitivos forme parte, no sólo de un proyecto político como el
socialista, sino de un análisis mínimamente real de lo que es la
interrelación en la sociedad, entre los ciudadanos y entre los
distintos grupos sociales.

Si uno cree que por privatizar ha generado las condiciones para la
existencia de competencia, ahí es dónde viven la figura, ahí es donde
usted se equivoca, señor Montoro, o donde no creo que se equivoque,
porque estoy seguro de que si tuviera que explica a sus estudiantes,
como lo hace en el ejercicio de su profesión, lo que es un mercado
competitivo, no diría hoy lo que ha repetido en su intervención de
que el mercado eléctrico español es el más abierto y el más
competitivo, al parecer, de Europa. Porque una de estas dos cosas
revelaría o una profunda ignorancia de cuál es la composición de los
actores del sector, o a una profunda ignorancia, que creo que no le
pudo atribuir justamente, sobre lo que significa un mercado
competitivo. En el mercado de generación en nuestro país, no existe
competencia, señor Montoro. Es muy difícil que haya en la medida en
que se dé la concentración en dos empresas que son más del 80 por
ciento del mercado. Y como la ley, los propios acuerdos entre el
Ministerio de Industria y las empresas del sector eléctrico han
producido es simplemente el revestimiento
de una actitud por competencia la que se ha hecho, incluso la
utilización de palabras inadecuadas. Hablamos de la existencia de un
mercado spot pero de un mercado spot en el que previamente se ha
fijado el precio.

No sé si usted sabe que cuando se produce el protocolo eléctrico se
pone de acuerdo en que vamos a crear un mercado de competencia en el
cual el precio de referencia son seis pesetas. Es una de las
maravillas de la técnica ¿usted se ha imaginado que podamos
establecer qué significa un mercado y que simultáneamente seamos
capaces no sólo de prever el precio? Es una cosa bastante notable
para un mercado competitivo. No hay competencia, o la hay, por
decirlo en términos menos radicales, tan profundamente insuficiente
que éste es uno de los problemas que siguen exigiendo la actividad de
regulación en ese sector como en otros muchos.

Por tanto, la democracia económica no se acaba en los procesos de
liberalización, sino en el establecimiento de condiciones para que
haya competencia. Esta es mi crítica sustancial a lo que he
interpretado como una autosatisfacción por los resultados
conseguidos.

La privatización es algo a lo que no sólo no nos hemos opuestos como
proceso general, sino que la hemos protagonizado por otras vías, con
otros contenidos y otros ritmos, pero el problema es que ustedes
siguen confundiendo privatización con liberalización. Y hay sectores,
áreas en las cuales han sustituido monopolios públicos por monopolios
privados, con un efecto absolutamente negativo.

Los monopolios públicos tenía un montón de defectos, pero sin duda
alguna poseían una virtud: tenían algún grado de control; los
monopolios privados no tienen ninguno. Si usted cree que el hecho de
que un buen número de accionistas haya acudido a la privatización de
Endesa o al proceso de pérdida de posiciones del Gobierno en
Telefónica significa que el presidente de Endesa y su consejo de
administración o las empresas de su núcleo o el correspondiente de
Telefónica, están controlados, simplemente nos está contando usted
una teoría que está muy bien para exponerla en términos de cómo
deberían ser las cosas si las cosas fueran como deben ser, pero que
ciertamente tienen muy poco que ver con la realidad.

Ahora hay una junta general de accionistas de Argentaria; las
oficinas de Argentaria tienen instrucciones de la dirección de
conseguir el máximo posible de mandatos para poder ser representados
por la propia dirección de la empresa en la junta de accionistas,
como es norma; esto ocurre siempre. Pero la función de quienes
creemos que también en las empresas tiene que haber un régimen
democrático significa el tratar de compensar las desigualdades de
poder que tiene los unos y los otros. Esta teoría sobre el gobierno
de las empresas es muy vieja y muy nueva, por otro lado y, sin
embargo, éste es uno de los problemas que tiene nuestro país, nuestra
economía. El código Olivencia es una aproximación en términos de
buenos deseos a lo que en muchos lugares del mundo se ha puesto en
práctica hace tiempo, pero pensar que un consejo de administración
como el de Telefónica cumpla eso, por ejemplo, o que se pueda
considerar consejeros independientes a los que deben su nombramiento
precisamente a quien está al frentede Telefónica, es simplemente una
broma.




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Mutatis mutandis, salvando las distancias de nombre y de empresa, se
podría decir lo mismo de un buen número de empresas de las que han
dejado de tener participación pública o que tiene referencia con el
sector público y que están muy lejos de convertirse en una democracia
desde el punto de vista de su gobierno.




Esto es lo que quería decir, señor Montoro, y me ha entendido
perfectamente. No es que usted conclusiones: uno no es añorante de
las empresas públicas, lo que si es añorante es del control
democrático. Del control democrático que se tiene que producir
también en el mundo de la empresa y que forma parte de una tendencia
que yo espero que se vaya abriendo camino, porque es un problema en
Estados Unidos, en los países europeos y en nuestro país y, desde
luego, en esa dirección tenemos muchísimas deficiencias.




Dos últimas consideraciones. Ya le he dicho que espero que usted esto
lo rectifique; por favor, no vaya diciendo por ahí que el mercado de
la electricidad de nuestro países es el más abierto, no lo vaya
diciendo porque no lo es, señor Montoro. Ya presumía yo ante mis
colegas en la Unión Europea, cuando todavía era ministro, de que
habíamos hecho más cosas de las que había hecho otros muchos países,
pero eso es una cosa y otra distinta es que uno se crea toda la
propaganda que tiene que hacer frente a otros. Pensar que hemos
introducido un mercado competitivo de electricidad en nuestro países
por el hecho de que hayamos dado más defectos de elección, no resiste
la más mínima consideración. Entre otras cosas, porque hay otros
muchos países en los cuales la estructura de producción, de
generación, de comercialización, es notoriamente más avanzada que la
nuestra; y aquí tenemos un nivel de concentración que hace
prácticamente imposible la existencia de un mercado, en el sentido de
mercado competitivo al que usted y yo podríamos referirnos en
términos técnicos.

Tenemos ese problema en ese sector y en otros muchos sectores. Yo no
quiero seguir esta discusión, señor Montoro. Seguramente estaríamos
de acuerdo usted y yo en muchas cosas y podríamos expresarlas con un
lenguaje diferente. A lo que me niego, y entenderá usted mi énfasis,
es a que crea que los avances, que siempre son difíciles en una
materia como ésta, se puedan explicar como usted lo ha hecho. Ha
tratado de convencer, de explicarse en términos de grandes éxitos en
esta materia -y seguramente cree que esa es su función- que no se
compadecen con los resultados medidos a través de precios y
situaciones competitivas.




Además, hay un problema que a usted le resulta incómodo, y entiendo
que le resulte, pero que en términos democráticos hay que debatir:
hablo del debate del poder, del poder económico y del poder político.

Una parte del proceso que ustedes están haciendo tiene graves riesgos
desde el punto de vista de la calidad del proceso democrático. Cuando
se producen concentraciones de poder económico muy importantes sin
control público, cuando esas concentraciones afectan a sectores
estratégicos, cuando simultáneamente tiene que ver -nominativamente
incluso- con personas ligadas a responsabilidades y amistades
personales y políticas, estamos ante un proceso muy serio, sobre todo
y especialmente en la medida en que afecta a
esos sectores estratégicos y a los medios de comunicación en nuestro
país.

Esto es una parte de lo que está ocurriendo en nuestro país. No digo
que ésta sea toda la radiografía del país, ni mucho menos, pero es
uno de los problemas serios que tiene. Ami juicio, desde que ustedes
gobiernan, han producido sistemática y conscientemente una
concentración de poder económico que tiene connotaciones políticas y
que afecta negativamente a la calidad de sistema democrático.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señor Aguirre, ¿desea
intervenir? (Pausa.) No es obligatorio, señor Aguirre; parece que lo
está pensando. (Risas.)
Tiene la palabra, señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: He de reconocer que hemos asistido a una
segunda intervención de la que tengo que subrayar el tono, que me
parece que es el que tiene que ser.

Yo no sé si el señor Montoro tendrá o no complejo de Adán, lo
desconozco y me imagino que no, pero por las intervenciones me parece
que alguien también tendrá que revisar si tiene el complejo del padre
Peyton, porque se nos dan unos redactados sobre que nada más uno
posee la verdad. Más adelante tendremos oportunidad de debatir sobre
el poder político que haya detrás de estas reformas estructurales
sobre los procesos de privatización. Pero tengo que insistir en lo
que he dicho antes: me de la impresión de que viejas imágenes de
antiguos pasados todavía caminan por el recuerdo de algunos.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Para concluir el debate,
tiene la palabra el señor Montoro.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA (Montoro Romero): Aestas
alturas de la mañana, sólo quiero recordar que es el Gobierno del
Partido Popular el que empieza con la modernización de los consejos
de administración en España y es un acuerdo del Consejo de Ministros
el que da lugar a la formación del grupo de expertos que después, en
su informe sobre el gobierno de las empresas, se ha traducido en lo
que ya se conoce vulgarmente -y me parece muy bien que sea así- como
el código Olivencia en cuanto en la composición de los consejos de
administración.

Esa figura es expresión de que, cuando se acomete una política de
privatización y desregulación de la economía, dicha política exige
reforzar, bien desde las propias fuerzas del mercado o desde la
Administración -como es el caso de defensa de la competencia-, los
elementos que garanticen que las consecuencias de esa privatización y
de esa desregulación sean todo lo positivas que tiene que ser para el
interés general de la sociedad, para los consumidores y, en una
palabra, para el desarrollo económico y para la creación de empleo.

Sólo le recordaba al portavoz del Grupo Socialista que quien hizo
esta reforma del consejo de administración fue el Gobierno del
Partido Popular.

En este sentido, comprendo que cuando se tiene otra configuración de
lo que es el poder económico no hace falta entender la
profesionalidad de esos consejos de administración.




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Pero, señorías, es importante completar las políticas de
privatización y desregulación con promover aquellos cambios, también
en el gobierno de las empresas y, desde luego, con aquellas políticas
horizontales, como es el caso de defensa de la competencia, que el
Gobierno pretende traer a esta Cámara antes de que termine la
legislatura, en el sentido de que tengamos también un remozamiento de
la Ley de Defensa de la Competencia, para que se convierta
efectivamente en la gran política horizontal que necesita nuestro
país en los actuales procesos de concentración económica que son, por
lo demás, ineludibles ante la circunstancia de un gran mercado
interior, ante la circunstancia de la internacionalización de la
economía y ante la circunstancia, en una palabra de que nuestras
empresas están operando en condiciones económicas cada vez más
exigentes y cada vez más abiertas.

Eso no tiene nada que ver con el concepto de democracia, es al
contrario. Usted, señor Eguiagaray, además de portavoz económico del
principal grupo de la oposición en esta ocasión tiene una larga
experiencia y por tanto conocer
perfectamente cómo se configura el poder económico de un país. En ese
sentido, haga uso de esa experiencia para que realmente le lleve a
las reflexiones y a las formulaciones de soluciones para lo que debe
ser el futuro económico de los españoles en este final de siglo.

Vamos a seguir trayendo reformas estructurales en forma de cambios
legislativos fundamentales para garantizar nuestro bienestar e
impulsar el crecimiento económico, y lo que espero y derivo del
debate de esta mañana es que el Grupo Socialista, habida cuenta de su
intención de promover la liberalización de la economía española,
estará también detrás del Gobierno a la hora de favorecer esas nuevas
condiciones de competencia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Muchas gracias, señor
Montoro.

Concluido el debate, se levanta la sesión.




Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.