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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 630, de 25/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 630
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 62
celebrada el jueves, 25 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Director General de la Policía (Cotino
Ferrer) para informar sobre:
- La puesta en funcionamiento del Proyecto de Policía 2000 de la
Dirección General de la Policía, a petición propia. (Número de
expediente 212/001805) ... (Página 18288)
- El Proyecto Policía 2000. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000923)
... (Página 18288)
- Su gestión en el Ministerio de Interior, así como cuáles van a ser
sus competencias en la articulación de medios operativos y recursos
en el Proyecto Policía 2000. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 212/001798) ... (Página 18288)
Comparecencia urgente del señor director general de Instituciones
Penitenciarias (Yuste Castillejos) para informar de los sucesos
ocurridos el día 12 de enero de 1999 en la prisión de Soto del Real,
cuya consecuencia ha sido la muerte del recluso Jesús Cano. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001799)
... (Página 18300)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (COTINO
FERRER) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE POLICÍA 2000 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, A PETICIÓN PROPIA. (Número de
expediente 212/001805)
- EL PROYECTO POLICÍA 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000923)
- SU GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE INTERIOR, ASÍ COMO CUÁLES VAN A SER
SUS COMPETENCIAS EN LA ARTICULACIÓN DE MEDIOS OPERATIVOS Y RECURSOS EN
EL PROYECTO POLICÍA 2000. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001798)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Se inicia la sesión, que tiene como primer punto del orden del día
tres comparecencias que la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, ha
decidido que se tramiten agrupadamente. La primera es la del director
general de la Policía ante esta Comisión para informar sobre la
puesta en funcionamiento del proyecto de Policía 2000 de la Dirección
General de la Policía, comparecencia solicitada por el propio
Gobierno. En segundo lugar, una comparecencia del ministro de
Interior ante la Comisión de Justicia e Interior para informar sobre
el proyecto Policía 2000, que ha solicitado el Grupo de Izquierda
Unida y que será diligenciada por el director general de la Policía
agrupadamente con la anterior en esta primera intervención.
Finalmente, la comparecencia ante esta Comisión de Justicia e
Interior y a solicitud del Grupo Socialista, del director general de
Administración de la Seguridad para que explique su gestión en el
Ministerio del Interior, así como cuáles van a ser sus competencias
en la articulación de medios operativos y recursos en el proyecto
Policía 2000, que también será licenciada por el propio director
general de la Policía en esta intervención. (El señor Aguiriano
Forniés pide la palabra.)
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Simplemente para que conste en el «Diario
de Sesiones» que el Grupo Socialista había pedido la comparecencia
del señor ministro del Interior sobre el tema Policía 2000 y que la
Mesa de la Comisión decidió que se agrupase nuestra petición con la
de Izquierda Unida y compareciese el señor Cotino. Por tanto,
formalmente la comparecencia del señor Cotino es a propuesta del
Gobierno, a propuesta de Izquierda Unida y a propuesta del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Aguiriano, echaba yo de
menos justamente en el orden del día esa petición del Grupo
Socialista, que la Mesa acordó se llevara a cabo también por el
director general de la Policía.
Aunque no es costumbre, sí quisiera dejar constancia de que el
director general de Administración de la Seguridad no puede
comparecer hoy por razones de enfermedad. Sin duda, la Mesa aceptó no
la excusa, sino esa lógica justificación para que fuera el director
general de la Policía el que respondiera, y por tanto atendiera a esa
comparecencia. Quizá sea momento en esta Comisión de Justicia e
Interior de desearle al director general de Administración de la
Seguridad, y que así conste en el «Diario de Sesiones», un pronto y
total restablecimiento de la enfermedad que le aqueja.
Para sustanciar estas cuatro comparecencias, en primer lugar tiene la
palabra el señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Señor
presidente, señorías, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo
la posibilidad que me brindan para dirigirme ante esta Comisión de
Justicia e Interior a fin de exponerles las líneas elaboradas por la
Dirección General de la Policía para llevar a cabo un proyecto de
adecuación operativa denominado Policía 2000, que no pretende otra
cosa más que mejorar la calidad de los servicios, aumentar la
satisfacción de los ciudadanos y reducir las tasas delictivas en
España.
Como recordarán, el día 2 de junio de 1997 tuve la oportunidad de
dirigirme a SS.SS. mediante la oportuna comparecencia a petición
propia para informarles de la puesta en marcha de la policía de
proximidad. En la mencionada intervención, como así consta en las
actas de dicha sesión, les decía que en la Dirección General de la
Policía pretendíamos cambiar el sistema tradicional de actuación
hacia otro más cercano al ciudadano. También les decía que para hacer
esto no había una única forma, que no cabían respuestas
estandarizadas, porque los problemas son diferentes, y por tanto las
soluciones también difieren forzosamente. Por ello, pensamos que lo
que debíamos hacer en cada lugar y según sus propias características,
era buscar como único camino para afrontar los problemas una adecuada
descentralización operativa. Asimismo les decía que la policía de
proximidad no era sólo un policía motorizado patrullando en un barrio
determinado, sino una filosofía de actuación policial de acercamiento
al ciudadano y de mejora continuada. Pues bien, aquello expresado
aquí en aquella ocasión es lo que hemos hecho: analizar lo realizado
hasta ahora durante este período de tiempo para mejorar nuestro
proyecto y retomar el camino adecuado.
Señorías, quisiera realizar seguidamente una pequeña síntesis de cómo
se ha generado el nacimiento de esta Policía 2000 y de los elementos
que se han tenido en cuenta para desembocar en su actual concepción y
en su puesta en práctica. Tras seis meses de experiencia desde la
presentación de la policía de proximidad, se realizaron unas jornadas
en Navacerrada, concretamente entre los días 27 y 30 de octubre del
año 1997, a las que se invitó a los portavoces que forman parte de
esta Comisión. Las conclusiones de esas jornadas, en las que
participaron más de 200 policías de diferentes escalas y de todas las
plantillas que estaban trabajando en policía de proximidad desde el
inicio del proyecto, así como representantes de asociaciones
vecinales, APAS, asociaciones de comerciantes, medios de comunicación
social y representantes de otras instituciones, vinieron a confirmar
las ideas manejadas por la Dirección General de la Policía y con las
que desde hacía tiempo se venía intentando poner en marcha un nuevo
estilo de actuación policial para dinamizar un servicio más acorde
con las pretensiones de los ciudadanos. Es decir, lo que pretendíamos
era aquello que recoge nuestra Constitución, tanto en su artículo 104
como en el artículo 9.2, y más explícitamente la propia Ley Orgánica
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no es otra cosa que el
reconocimiento de la íntima conexión y compenetración entre la
policía y la comunidad a la que pertenece.
Por tanto, una pregunta básica que nos formulábamos en el Cuerpo
Nacional de Policía desde hace tiempo y que en Navacerrada se plasmó
en sus conclusiones era cómo reorganizar los servicios policiales
básicos para diferenciar la operatividad entre las unidades
policiales uniformadas y las brigadas de investigación. Esto es, se
trataba de conocer qué es necesario para ser más eficaces en la
misión de luchar contra la delincuencia, de garantizar la seguridad
de los españoles y proteger los derechos y libertades. De igual
manera, y debido a la globalización de nuestra sociedad y también de
la criminalidad, hay que procurar tener paulatinamente una mayor
conexión internacional, pues no hay duda de que la delincuencia
organizada está cada día más internacionalizada. Precisamente, para
hacer frente a esto último el Cuerpo Nacional de Policía a lo largo
de los dos últimos años ha impulsado en su estructura las unidades de
investigación especializada; así por ejemplo, en el área de policía
judicial se crearon las Udyco, unidades de droga y crimen organizado,
como instrumento principal para dar respuesta a estas variables
delictivas. Al mismo tiempo, se creaba la denominada ventana única
internacional con las distintas fuerzas de seguridad, en donde se
encuentran además del propio Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia
Civil y las policías autonómicas, los enlaces policiales extranjeros
que se encuentran en España y de este modo se trata de lograr la
máxima cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad.
En la misma línea cabe decir que nuestra presencia en órganos
internacionales se ha visto reforzada tanto en Interpol, al elegirse
en la 67 Conferencia internacional celebrada el pasado mes de octubre
en El Cairo al comisario general de Policía Judicial como miembro del
comité ejecutivo, como en Europol, en donde hemos pasado de tener una
pequeña delegación con dos personas a otra mayor actualmente con 12
componentes, existiendo la previsión de que sea un comisario español
el responsable del grupo de lucha contra el terrorismo. Todo esto
además de otras medidas en otras áreas, como por ejemplo en la
Comisaría General de Información, en donde se han producido muy
buenos resultados en la lucha contra el terrorismo, de los que todos
podemos felicitarnos, o en la Comisaría General de Extranjería
y Documentación, en donde se ha llevado a cabo una
reorganización para luchar contra las redes de inmigración ilegal.
Todas estas medidas pueden enmarcarse en el ámbito apropiado para
hacer frente a un tipo de delitos que por sus características
podríamos denominar de especialidad policial. Como es lógico, el tipo
de formación que se necesita para luchar contra esta tipología
delictiva especializada es totalmente diferente a la formación
genérica, al igual que su estructura de funcionamiento o la
metodología que se precisa, es decir la especialización requiere un
tratamiento diferenciado si se pretende ganar en eficacia y es
necesario ganar en eficacia si pretendemos lograr los objetivos a los
que atiende nuestra principal misión de lucha contra el delito.
Por su lado, en el campo de lo que hemos venido a llamar proximidad,
les puedo decir que aquello que les expuse en mi comparecencia de
hace año y medio es hoy afortunadamente una realidad concreta, pues
en tan solo algo más de un año lo que era una experiencia piloto ha
sido la base para reestructurar nuestros servicios con la finalidad
de aproximarnos más a las necesidades del ciudadano de la calle, pues
esa demanda que ahora todos solicitan de tener un policía más
cercano, que se conozca y que se integre en los barrios, se ha podido
resolver en parte con la policía uniformada de proximidad.
La policía de patrulla ha dejado de ser un agente anónimo para
nuestros vecinos. Hoy son muchos los ciudadanos que conocen por el
nombre a su policía, quien les protege previniéndoles del delito,
como así lo testifican los miles de felicitaciones que desde
diferentes instancias, tales como asociaciones de vecinos,
asociaciones de comerciantes, grupos políticos, colegios, APAS,
asociaciones festivas y culturales o ciudadanos individuales, han
llegado hasta las dependencias policiales. Les felicitan por la
puesta en práctica de este servicio proactivo tendente a la
resolución de los problemas in situ, cuya principal motivación es dar
seguridad a los vecinos.
Como ya les decía anteriormente, una de las conclusiones de las
jornadas de Navacerrada fue buscar nuevas fórmulas para lograr una
mejor coordinación entre la policía preventiva y las unidades
investigadoras. Tenemos unos índices de resolución de delitos muy
altos cuanto más grave es el delito, por ejemplo los homicidios,
mientras que bajamos en eficacia cuando se trata de los llamados
pequeños delitos; porque se investigan poco pero sin embargo son los
que más afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Las
facilidades para interponer denuncias son generalmente escasas; de
hecho, algunas encuestas nos indican que existe una llamada cifra
oscura del delito, delitos ocurridos pero no denunciados que podrían
calificarse de considerables. La delincuencia, aunque no de forma
alarmante, se ha ido incrementando año tras año en el último decenio.
Por último, no quisiera dejar de comentar en esta enumeración de
antecedentes el hecho innegable de que se ha avanzado de forma
efectiva en la colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Desde el 17 de diciembre de 1996, en que se firmó un acuerdo marco de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación
Española de Municipios y Provincias, han sido muchos losayuntamientos
que han firmado su convenio de colaboración
buscando una mejor vía de cooperación en la resolución de los
problemas que más preocupan a los ciudadanos; anteayer, por ejemplo,
fue suscrito uno con el Ayuntamiento de Camas, en la provincia de
Sevilla.
Respecto al compromiso que ya expliqué en mi anterior comparecencia
de modernizar y mejorar la atención a los ciudadanos en la oficina de
denuncias, podemos decirles que se han realizado importantes
inversiones tanto en adecuación de dependencias, en especial en
aquéllas que dan servicio de atención al ciudadano, como en el
desarrollo de un novedoso sistema de denuncias por teléfono, que
aprovechando los instrumentos que pone a nuestro alcance el
desarrollo tecnológico ha posibilitado dar respuesta a más de 10.000
ciudadanos en tan sólo unos meses; y que han ahorrado una cantidad de
tiempo importante, ya que la duración media de cada denuncia no
alcanza los cinco minutos, ganando además en eficacia y calidad del
servicio.
Como lógica consecuencia de todo lo antedicho, creemos que es el
momento de afrontar con decisión y profundidad una reforma importante
dentro del Cuerpo Nacional de Policía para que sin renunciar a sus
esencias sea capaz de dar respuesta a los retos y desafíos que una
nueva sociedad precisa. Esta reforma ha de estar basada
fundamentalmente en los tres ejes ya explicados sobre los que venimos
trabajando: especialidad, proximidad y colaboración.
En primer lugar, debemos hacer un desarrollo de nuestras
motivaciones: además de salvaguardar los derechos constitucionales,
debemos seguir avanzando en una idea de servicio, de anticipación, de
mejora continua en la que los beneficiarios sean todos los
ciudadanos.
En segundo lugar, hay que ir hacia un cambio de estructuras,
conjugando la desconcentración equitativa de medios para poder
prestar un servicio cada vez más próximo a los ciudadanos con una
especialización más precisa de las diferentes unidades.
En tercer lugar, debemos buscar políticas que permitan cumplir cada
vez mejor los objetivos marcados, que como les dije al principio de
mi intervención a nivel general son: mejorar la calidad de los
servicios, aumentar la satisfacción de los ciudadanos y de los
policías y reducir las tasas delictivas.
Para poder llevar a cabo estas reformas -metodológicas, unas y de
fondo, otras- han de utilizarse algunas de las herramientas que la
sociedad moderna pone a nuestro alcance, como son la dirección por
objetivos y la evaluación continuada. Ambos instrumentos están
previstos en los sistemas de evaluación del rendimiento de las
distintas unidades administrativas diseñados por el Ministerio de
Administraciones Públicas y aprobados por el Consejo de Ministros en
su reunió del 17 de julio de 1998.
Además de hacer una revisión general de todo el sistema, hay que
incidir en la apreciación del desempeño que van a realizar los
agentes policiales, por lo que hemos procurado que su actuación se
traduzca en resultados, por ejemplo, a la hora de la promoción
interna y por medio de felicitaciones y recompensas a los policías.
Todo esto que parece nuevo, no lo es; se ha intentado llevar a cabo
en otras ocasiones y obedece a unas ideas que no buscan otra cosa que
aumentar la eficacia y eficiencia en la actuación policial utilizando
para ello el sentido común, sobre todo. Estas fórmulas no son
patrimonio de
nadie, no sólo aparecen en esta legislatura y con este Gobierno; en
distintos momentos ya se han reajustado los servicios policiales para
tratar de dar satisfacción a las demandas ciudadanas. Cabría citar,
por ejemplo, el intento de implantar una patrulla urbana en 1985,
dentro de un plan de presencia policial en la calle; las directrices
para una policía eficaz, diseñadas en diciembre de 1985 como
propuesta para 1986, bajo criterios de dirección por objetivos; las
diversas campañas de prevención, o entre otros el programa de
presencia policial para grandes ciudades diseñado en octubre de 1994;
o, más recientemente, el plan integral de seguridad para Canarias.
Señorías, con el permiso de la Presidencia, voy a pasar a relatarles
a continuación las características del programa de Policía 2000, con
el apoyo de una proyección de transparencias que hemos preparado al
objeto de poder transmitirles de la forma más gráfica posible y sin
que quepa lugar al olvido este plan en el que tantas esperanzas
tenemos depositadas. He entregado a SS.SS. una ampliación de lo que
vamos a exponerles.
En la primera transparencia se ven las tasas de criminalidad en
España en la década de los noventa. Si la tasa de criminalidad va
aumentando alrededor del 2 por ciento al año y con altibajos, hay un
fenómeno que es más preocupante: el aumento de los delitos más
violentos es del 7 por ciento; aumentan más rápidamente los delitos
más violentos.
En la estructura actual del Cuerpo Nacional de Policía, tenemos unas
comisarías generales, y para su conocimiento en los órganos centrales
de las comisarías han aumentado en los últimos años de 2.000 a 8.000
personas. En las jefaturas superiores, el índice es similar. En las
comisarías de distrito y locales es donde tenemos menos cantidad de
gente actualmente. Este proyecto pretende precisamente invertir la
pirámide y que sean las comisarías de distrito y locales las que
tengan mayor dotación de efectivos, con el fin de que puedan resolver
los problemas que existen en la calle.
Hemos hecho dos apartados con el fin de dividir el esquema de la
policía en dos grandes grupos. Como les decía antes, existen unos
problemas de ámbito internacional, que son preocupación de los
Estados, que hemos pensado desarrollar a través de las comisarías
generales y de las brigadas. Otro sistema y otras preocupaciones, las
de los ciudadanos, enumeramos algunas de ellas. En mi anterior
intervención ante esta Comisión, SS.SS. me preguntaban qué hacía la
policía para ocuparse de aquellas cosas que realmente preocupaban al
ciudadano.
En el proyecto de Policía 2000 pretendemos que haya una división
entre los delitos de ámbito internacional, que llamamos especialidad,
y los problemas que preocupan a los ciudadanos, a los que llamamos
proximidad. Por eso tenemos un modelo supraterritorial, del que se
encargarían las comisarías generales y las brigadas, y un modelo
territorial que se encargarían de desarrollarlo las comisarías de
distrito y las comisarías locales.
Les podría decir a modo de ejemplo que se trata de cambiar de un
sistema a otro. Hay un plan actual -podríamos llamarle centralizado y
lo que pretendemos es ir a uno descentralizado-, hay una excesiva
burocratización en la policía y queremos pasar a un plan de dirección
por objetivos.
Creemos que tenemos unos planteamientos demasiado rígidos y queremos
ser más flexibles en el funcionamiento. Hay un planteamiento
concurrente en el anterior y queremos pasarlo a uno subsidiario dado
que el inferior - en este caso las comisarías de distrito- deben
resolver todos aquellos temas que a su alcance puedan. Hay un plan
estático y queremos pasar a un plan dinámico. Hay un plan muy
uniforme y queremos pasar a un plan más personalizado para que cada
policía tenga la posibilidad de sugerir y apoyar cuantas cosas crea
oportunas para mejorar los servicios. Hay un plan reactivo y queremos
pasar a un plan proactivo y preventivo y hay un plan más o menos
distante, dado que estamos muy concentrados en las grandes
estructuras, y queremos pasar a un plan próximo de la policía en los
barrios y en los distritos.
En la actual estructura de la policía tenemos una división del
territorio y ahora vamos a pasar a lo que llamamos subsectores. El
subsector es equivalente aproximadamente a un barrio de gran ciudad y
será atendido por un policía de proximidad. Ala suma de varios
subsectores le llamamos sector y coincide con el territorio donde se
encuentra desplegado un MIP; la palabra MIP significa módulo integral
de proximidad. Por tanto, estas dos estructuras que estoy
explicándoles a SS.SS. no existen actualmente, es una novedad que
incorpora el proyecto de Policía 2000 a raíz de la experiencia de la
policía de proximidad, que según comentaba antes pusimos en marcha
hace aproximadamente dos años.
Los distritos o comisarías locales siguen exactamente igual y es la
suma de varios MIP. Luego existe una novedad en concreto en las
grandes ciudades, que son las zonas. Con el fin de que en una ciudad,
como puede ser Madrid o Barcelona, el jefe superior pueda dirigir
mejor a las comisarías de distrito y a esos MIP, se unifica por cada
cuatro o cinco comisarías un responsable zonal para que éste
diariamente sepa y vea cómo están los resultados en cada comisaría.
La estructura final es la misma que tenemos en la actualidad.
Como pueden observar en el gráfico, el círculo representa el
territorio de una comisaría. Una comisaría, según el número de
habitantes y el número de policías que la componen, se puede dividir
en uno, dos, tres o más MIP. Aparte de esto, se divide en un módulo
general operativo y en un módulo de apoyo. La diferencia que hay
entre este sistema y el sistema actual es que hoy en día en una
comisaría cada grupo de policías que existe tiene un jefe determinado
-el policía judicial, el policía de prevención, el policía de
atención-, es decir en cada comisaría hay distintos grupos
determinados de policías. Lo que pretendemos con este sistema es que
la división territorial -el terreno que hay dentro de un sector, de
un MIP- tenga un único responsable y lo sea tanto del policía
uniformado como del policía investigador. La novedad que aporta este
servicio al actual, es que nosotros pretendemos, que cada barrio,
cada distrito, cada sector tenga un policía preventivo uniformado, y
a la vez tenga también un policía de investigación de proximidad. Por
eso existe esta división de estructuras.
La palabra EDU significa equipo directivo de la unidad. Por tanto, la
policía preventiva de proximidad estará formada por motos, por
vehículos «Z» y por vehículos furgonetas donde irán dos o más
policías, y la policía de investigación de proximidad son policías
que estarán adscritos a
la comisaría del distrito, se descentralizan de las brigadas para ir
a pasar a los distritos y todo aquel hecho que ocurra en un distrito
tendrá que asignársele a los policías de investigación con el fin de
que estos puedan informar a los ciudadanos de cuándo le ha ocurrido
el hecho, quién está investigándolo y qué se pretende hacer con ello.
El policía técnico -el PT- es el policía científico que en ese
distrito también apoyará al investigador para averiguar las huellas
o cualquier hecho que haya podido ocurrir y sirva para encontrar a la
persona que haya cometido el delito.
La forma de dirigir el sistema está basado en modernas técnicas
informatizadas. Hoy día en casi todos los ayuntamientos de España, en
los importantes al menos, existen los planos digitalizados. Se trata
de computar en el ordenador cualquier hecho que le haya ocurrido a
cualquier ciudadano que si es menor quizás lo puede denunciar
telefónicamente o bien personándose en la comisaría. Inmediatamente,
donde el hecho haya ocurrido, aparecerá una señal en el plano
explicando al momento qué ha ocurrido y el tipo de delito. Ese plano
lo manejará diariamente tanto el policía uniformado como el
investigador para saber qué está ocurriendo en el barrio que él tiene
encomendado. Es la manera de saber día a día qué está ocurriendo en
cada calle que el policía tenga encomendada para su seguridad.
Existen unas de reuniones control se trata de una sala (y aprovecho
para invitar a SS.SS. a participar en cualquier reunión de éstas como
también se están invitando a asociaciones vecinales y de cualquier
otro carácter) para ver cómo va la marcha delincuencial de cada
provincia mensualmente y hacer una revisión no solamente policial,
sino también por parte de aquellas personas que puedan aportar ideas
o matizar cualquier tema que crean no funciona bien.
Paralelamente a ello también queremos poner en marcha una evaluación
del manejo de los recursos que el Estado, la Administración, todos
los ciudadanos ponemos en manos de cada comisaría, de cada equipo
directivo. Existen unos costes de personal, unos costes de vehículos,
unos costes de equipamientos y hay que hacer unos cargos a cada una
de las comisarías para sacar la ratio respecto a si aquello está
costando más o menos, si tiene más o menos eficacia que la comisaría
de al lado.
Respecto a la dirección por objetivos nos dicen los estudios
realizados que tenemos que marcarnos pocos objetivos, que tienen que
estar muy individualizados, que tienen que ser medibles, alcanzables,
interactivos, objetivables. Aquí detrás ponemos una aclaración que es
la eliminación total del palote. Como conocen ustedes, en el argot
policial existe desde hace mucho tiempo la palabra palote que supone
hacer número de detenidos. Es práctica habitual en la policía desde
hace mucho tiempo la medición del policía más o menos eficaz por el
número de detenidos que realizaba cada día. Después de hacer estudios
en profundidad y la experiencia de estos dos años se ve que aporta
poco y sirve para muy poco. Por tanto, no queremos seguir una línea
de trabajo que creemos no es la adecuada; en ningún momento este
programa pretende seguir la historia del palote que en el argot
policial está bastante condenada.
Como les decía, la Dirección General de la Policía se ha marcado unos
objetivos que figuran como MAR y que son: mejora de la calidad de los
servicios, aumentar el grado de satisfacción del ciudadano y del
policía y reducir la delincuencia.
Por esos objetivos queremos que el policía se vea mejorado no
solamente en su retribución económica, sino también en su promoción y
en sus felicitaciones. Ustedes saben que en esta Comisión en muchas
ocasiones ha habido preguntas parlamentarias sobre lo complicado que
es conceder una medalla o una felicitación a un policía. Queremos que
eso se arregle, queremos que eso sea público por parte de todos y que
cuando a una persona se le concede una medalla o una felicitación
todo el mundo sepa por qué ha sido. Éste es un plan que tenemos que
saberlo hacer y medir.
Existen una serie de indicadores que rápidamente les contaré. Me
entretendré en uno pero verán que cada uno de los grupos tiene
similares. Los indicadores tienen dos partes: la parte superior -como
ustedes ven- pone el 70 por ciento y la parte inferior, el 30 por
ciento. El 30 por ciento quiere decir que todos los policías que
están en una misma dependencia tienen que trabajar en colaboración.
No podemos tener policías de pata libre.
Por ello, el planteamiento que tenemos es que de las mejoras en los
resultados de la comisaría se benefician todos en un 30 por ciento y
un 70 por ciento se distribuye por grupos. Esos grupos -el 70 del 70-
son por reducir las infracciones en el sector. Supongamos que el
sector sea ese mapa que estábamos viendo anteriormente, pues
significa que los numeritos rojos, verdes o azules van disminuyendo.
El segundo, por los contactos e informaciones relevantes con los
ciudadanos. Hemos visto que la policía de proximidad tiene una gran
aceptación por los ciudadanos, especialmente por los contactos que
mantiene, y hay policías que tienen más contactos y otros menos, por
lo tanto hay que premiar a aquel que más se entrevista con los
vecinos, que más reuniones tiene con las APA de los colegios, que más
en contacto está con cualquier ciudadano. También la calidad de los
servicios. No es igual una cosa bien hecha que una cosa mediocre, y
se trata también de primarlo.
Les podemos trasladar sucesivamente por qué motivaciones se mide a
los distintos grupos. Es un tema más o menos científico que está
basado en los planes de informatización que la policía está llevando
a cabo y creemos que a partir del mes de abril lo tendremos
terminado.
Aparte de ello, como les decía, tenemos que premiar al policía. Hay
una queja habitual dentro del Cuerpo Nacional de Policía, y es que en
un día lúcido de su vida, con un examen, consigue llegar a la escala
siguiente, sin embargo, su trayectoria profesional le sirve para muy
poco. En el argot de la policía sedice que a lo mejor el policía que
más trabaja en la calle menos posibilidades tiene de prepararse en
una academia para sacar unos resultados. ¿Qué pretendemos nosotros
con este sistema? Pretendemos que la valoración continuada del
trabajo del policía le sirva en el momento de los ascensos para tener
unos puntos que le sean útiles, tanto para cambiar de categoría como
para pedir destinos. Por ello, también se ha estudiado un
planteamiento relacionado con la carrera policial, cuyos detalles
tienen ustedes en los documentos que les he entregado.
Como conclusión final, lo que pretendemos después de la experiencia
de la policía de proximidad es llegar a la investigación, con el fin
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que creo que es lo
que debe hacer la policía.
Muchas gracias. Quedo a su disposición para cuantas preguntas quieran
formularme.
El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder la palabra por el orden en que
se han solicitado las comparecencias. Teniendo en cuenta que el Grupo
Socialista tiene dos iniciativas entre las que han sido agrupadas, en
primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Aguiriano. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
Sí, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Yo creo que en este trámite hay que guardar el
orden cronológico de presentación en el Registro, y corresponde a
Izquierda Unida intervenir en primer lugar.
El señor PRESIDENTE: El orden cronológico es un criterio, pero creo
que la que he tomado no es una decisión en modo alguno caprichosa. Si
S.S. ha escuchado la intervención del señor Aguiriano, sobre el mismo
punto el Grupo Socialista tenía solicitada la comparecencia del
ministro de Interior. No se ha recogido en el orden del día, sin
embargo, al comienzo de la sesión hemos dicho que se incorporaba
porque había una omisión. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos
iniciativas planteadas por el Grupo Socialista que han sido agrupadas
y sólo una de su grupo, parece una decisión razonable que en primer
término le conceda la palabra al portavoz del Grupo Socialista. Creo
que S.S. lo comprenderá y lo aceptará de buen grado, como siempre.
El señor MEYER PLEITE: Lo comprendo perfectamente, señor presidente,
siempre y cuando, como siempre también, la iniciativa del Grupo
Socialista se haya registrado antes que la de Izquierda Unida. Es lo
que le pregunto a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: En este momento no le puedo contestar con
exactitud si es así o no.
El señor MEYER PLEITE: Pues yo sí le puedo contestar que Izquierda
Unida la ha registrado primero.
El señor PRESIDENTE: Sí le he de decir que he tomado esa decisión en
el ejercicio de las facultades que creo que corresponden al
presidente y en razón de que el Grupo Socialista está sustanciando
dos iniciativas. En todo caso, yo lo hacía con esa vocación de
responder a una intervención previsiblemente algo mayor de quien
tenía dos cuestiones que plantear. Como el señor Aguiriano me dice
que no tiene inconveniente, y tampoco creo que sea un tema tan
trascendente, señor Meyer, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene
usted la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco especialmente al señor Cotino su presencia en esta Comisión
porque al comienzo de esta comparecencia se nos ha indicado que tiene
un familiar hospitalizado, su madre concretamente. En nombre de mi
grupo, y lógicamente en nombre de todos los grupos, deseamos un
pronto restablecimiento de su madre.
Dicho esto, tenemos un problema con este proyecto, un primer problema
de método que yo quiero manifestar en
esta comparecencia. Como usted sabe, esta Cámara está discutiendo
desde hace más de un año en una subcomisión creada dentro de la
Comisión de Justicia e Interior precisamente sobre el futuro del
modelo policial. Llevamos muchas comparecencias realizadas, yo creo
que un trabajo bastante intenso, y este proyecto entra de lleno en
una materia que la Cámara está discutiendo. Creo que, teniendo en
cuenta este trabajo, debiera haberse tenido consideración con los
trabajos de esta Cámara a la hora de presentar este proyecto de
Policía 2000. No se ha hecho así, se ha obviado este trabajo, y yo
creo que es un error, una falta de tacto. Saben perfectamente el
Ministerio del Interior y usted también que existe, que se está
trabajando desde hace un año en la subcomisión del modelo policial y
que se persigue con estos trabajos el mismo objetivo, es decir,
mejorar todo el sistema policial, no solamente el Cuerpo Nacional de
Policía, también Guardia Civil, coordinarlos con las policías
autónomas, servicio de vigilancia aduanera, investigación, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que era obligado que antes de dar por
definitivo este proyecto se hubiese permitido a la subcomisión tener
conocimiento de un primer avance del proyecto, que hubieran recibido
las sugerencias de esta subcomisión. ¿Para qué?, para que este
proyecto fuera lo más consensuado posible, porque nos interesa a
todos que cualquier reforma de estas características cuente con el
máximo respaldo social y político.
No ha sido así y yo lo lamento, aunque espero que esta comparecencia
nos permita abordar las críticas que haya que abordar, la confianza
de que usted va a tener la receptividad suficiente como para que
aquellas que entienda que son justas, que son asumibles, de
asumirlas, se puedan asumir, y que no se dé en esta comparecencia la
sensación de que estamos ante un proyecto cerrado, sino que es
susceptible de recibir por parte de los distintos grupos
parlamentarios sugerencias, críticas, enmiendas, etcétera.
También es verdad -es algo de lo que tenemos constancia y es la
primera pregunta que le quería hacer- que no parece que cuente con un
gran consenso desde el punto de vista de la representación sindical
de los funcionarios de policía, a los que lógicamente va dirigida
fundamentalmente esta reforma. Es preocupante que se aborde este
proyecto con poca participación o con un rechazo de los sindicatos
mayoritarios del sector. Es una pregunta que le quiero hacer porque
indudablemente una reforma de estas características necesitaría
contar con el máximo respaldo posible de la representación sindical
de los funcionarios, que al fin y al cabo son los protagonistas de
esta reforma.
Paso a comentarle aspectos y valoraciones en relación al proyecto.
Quiero decirle que en Izquierda Unida tenemos claro que hay que
abordar cambios, reformas en profundidad de lo que es el sistema
policial, y por eso propusimos al comienzo de esta legislatura la
necesidad de crear una subcomisión, precisamente porque no estábamos
conformes con el actual sistema policial, por su descoordinación, por
la falta de criterios claros en cuanto a su adecuación a la realidad
administrativa española, a un país plurinacional, plurirregional,
porque hay resolver bien la coordinación entre policías autónomas,
Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y entre estos dos,
etcétera. En fin, es conocido por parte de SS.SS. y por parte de
usted la necesidad de esta reforma. Por lo tanto, todo lo que significa
en el proyecto de Policía 2000 la necesidad de avanzar en las
reformas, tal como viene estructurado en los objetivos (la máxima
descentralización, la oposición a la estanqueidad, la asimetría, la
óptima adaptación a la demanda, la proximidad al ciudadano, la
adaptabilidad y ausencia de rigidez), debemos compartirlo porque me
parece positivo. De la misma manera, invertir la pirámide actual,
algo fundamental para aproximar la policía al ciudadano, es otro de
los objetivos al que no sólo no nos vamos a oponer, sino que
alentamos a que se ponga en marcha cuanto antes. También celebramos
el aumento de los medios materiales, algo que venimos reivindicando
desde el primer presupuesto de esta legislatura, la mejora en la
gestión del documento nacional de identidad, que se eviten las
esperas cuando se formulan las denuncias, que los ciudadanos que
hayan sido víctimas de delitos sean informados de las
investigaciones; todo nos parece muy positivo. Nadie se va a oponer
a la filosofía de fondo, que no es otra que la de acercar la policía al
ciudadano. Desde ese punto de vista, no hay nada que objetar.
Hay tres aspectos que nos preocupan especialmente. Me gustaría que
fuera muy receptivo respecto a estos tres asuntos, porque creemos que
no son menores. Valdría la pena que la Dirección General reflexionara
sobre el conjunto de las críticas que se puedan hacer para que, si no
hoy, en sucesivas reuniones podamos acertar a corregir los aspectos
que no nos gustan. El primero y más importante es el famoso debate de
la productividad, que desde el comienzo de la presentación en
sociedad de este proyecto ha recibido importantes críticas, tanto
dentro del mundo sindical de los funcionarios como fuera, incluso por
parte de jueces, fiscales, etcétera, porque existe un cierto riesgo
al equiparar la productividad, esas 25.00 ó 30.000 pesetas, en
función de los objetivos a cubrir. Es preocupante que la seguridad
pública se pueda relacionar con el pago de productividad de entre
25.000 a 30.000 pesetas en función de los objetivos a alcanzar.
Traducido al mundo judicial, sería tan disparatado como decir que un
juez tuviera un complemento de productividad en función de las
sentencias que produjera. No se corresponde con esta función de
servicio público, en donde el equilibrio entre protección de derechos
y seguridad ciudadana en un Estado democrático tiene que ser
exquisito. Se ha hablado mucho de este concepto de productividad,
incluso se ha dicho que se puede equiparar a lo que se intentó
aplicar en la policía de Nueva York, una cierta vía de privatización.
En Nueva York se autoriza a que la policía en determinadas horas
pueda hacer servicios privados en empresas privadas, algo que
nosotros no compartimos. Lo hayan copiado o no del modelo de Nueva
York, que es lo de menos, lo importante es que desde Izquierda Unida
no entendemos que al funcionario de policía haya que someterle a este
pago de productividad. Lo consideramos injusto, porque pueden ponerse
en marcha sistemas operativos generalizados que busquen incrementos
de productividad que pueden bordear la frontera de la legalidad.
Tenemos noticias, que quería contrastar con usted, de que se están
dando un tipo de órdenes en determinadas comisarías para hacer
investigaciones generalizadas en las que se tiene que indicar
incluso, a la hora de tomar los datos de las personas a las que haya
que pedir documentación,el color de la piel, la indumentaria,
etcétera.
Habrá que tener mucho cuidado, porque si se sigue adelante con esta
fórmula de la productividad , se puede crear un problema muy
importante de seguridad ciudadana. No sólo no se va a mejorar la
seguridad, sino que puede haber problemas importantes de seguridad,
además, se van crear situaciones injustas entre los propios
funcionarios que no reciban al final de mes la productividad porque
el jefe va a indicar que no han alcanzado determinados objetivos. Por
eso le pido que en este punto concreto haga un esfuerzo de
receptividad, para que seamos capaces de resolver algo que no nos
gusta y que creemos que debe ser modificado, y así se lo planteamos.
Otra de las pegas que ponemos es el famoso plan seis por seis, las
seis ciudades elegidas para poner en marcha este plan, y, sobre todo,
una fórmula que creemos que debería de ser revisada. Nos referimos a
que se rebaja la presencia policial durante todas las noches de la
semana para reforzar los festivos, sábados y domingos y también las
plantillas en la calle de lunes a viernes en los horarios de mañana y
tarde, con la finalidad de intentar rebajar el número de esos delitos
que había objetivado usted y que más preocupan a la ciudadanía. Pero,
desde nuestro punto de vista, no se tiene en cuenta que precisamente
ese tipo de delitos se cometen de noche y en fines de semana, con lo
cual se va a dar la situación de que no sólo no se van a rebajar los
delitos, sino que van a aumentar. Es una fórmula que deberían revisar
porque si, en función de la estadística, es en las noches de fin de
semana cuando más delitos se producen, no se refuerzan las noches
entre semana y se refuerzan las mañanas y las tardes, podemos
encontrarnos con que los delitos que se quieren rebajar pueden
aumentar. Es otra de las críticas que planteamos en este plan. De ser
así, y se ha hablado de ello, nos preocuparía que algunas comisarías
cerraran de noche, porque el efecto subjetivo que crea una comisaría
abierta en un barrio , en una ciudad o en un pueblo, es absoluto. La
seguridad de saber que hay una luz encendida en una comisaría no sólo
da tranquilidad al ciudadano, sino que no anima al presunto
delincuente delinquir. Pero la dinámica de reducir la presencia
policial determinadas noches a lo largo de la semana podría llevar a
que determinadas comisarías cerraran por la noche, lo que supondría
un tremendo error.
Finalmente, uno de los objetivos que compartimos es eliminar de los
servicios burocráticos a los funcionarios de policía, pero es algo
que tiene que hacerse si ponen en marcha los servicios informáticos
que usted nos ha adelantado, que pueden ayudar a la operatividad
policial. Sin embargo, según la información de que disponemos, el
sistema informativo geográfico, el SIG, que ubica los delitos en el
lugar geográfico donde se han cometido, todavía no está en marcha;
tampoco el Sidenpol, que canaliza y centraliza las denuncias, y no
existe la estadística periódica informatizada, la EPI. Es decir, el
objetivo de reducir la presencia de funcionarios en tareas
burocráticas difícilmente se va a lograr si previamente no se ponen
en marcha estos sistemas, que son indispensables para conseguir una
mayor operatividad.
Estas son, señor director general, las tres pegas fundamentales que
ponemos al proyecto. Lo decimos en esta comparecencia, aunque nos
hubiese gustado plantearlas en una subcomisión o en una comparecencia
no cerrada,
donde usted viniera a presentarnos un anteproyecto para recibir las
sugerencias. Aunque el proyecto ya está en marcha, espero que,
escuchadas las críticas y sugerencias que vamos a formular los
distintos grupos políticos en esta comparecencia, podamos tener una
ventana abierta para poder incidir en aquello que creemos que hay que
mejorar o rectificar. En todo caso, quedamos a la espera del dictamen
final de la subcomisión. Estoy convencido de que la subcomisión hará
un verdadero esfuerzo para que, teniendo en cuenta este proyecto,
digamos todo lo que tengamos que decir para que se adapte a las
necesidades del modelo del sistema policial del conjunto del Estado;
porque habrá que coordinar todo lo que es la modernización del Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil, habrá que coordinar a estos con
las policías autonómicas, con el servicio de vigilancia aduanera, en
fin, para que tengamos finalmente la oportunidad de adecuar dicho
conjunto dentro del sistema policial español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Quiero, en primer lugar, agradecer al
director general su comparecencia ante esta Comisión y en estos
momentos, y también quiero decirle que si hubiese comparecido a
finales de año le hubiese manifestado una queja similar a la que ha
expresado el portavoz de Izquierda Unida. Yo entonces le transmití al
responsable del Ministerio una queja en un sentido similar, el de que
hay una subcomisión, que se está estudiando el modelo policial y que
la subcomisión formalmente no ha recibido información sobre este
tema. Sin embargo, y pensándolo muy detenidamente, son dos cosas
diferentes. Pienso que una cosa es el modelo policial, que es el que
está estudiando la subcomisión, y otra el proyecto Policía 2000, que
es más de política de seguridad. Y aunque haya unas fronteras comunes
y haya aspectos que no sé muy bien donde situarlos, me da la
impresión de que este proyecto de Policía 2000 entra en la esfera de
la actuación política, de la responsabilidad política de un Gobierno
o de un Ministerio.
Por tanto, en aquel momento posiblemente yo hubiese planteado esa
queja, porque los miembros de la subcomisión nos enteramos, como
todos los miembros de la Comisión, del proyecto Policía 2000
fundamentalmente por los medios de comunicación. Mi queja no va tanto
por que no haya habido una reunión concreta de la subcomisión como
por la forma en que nos hemos llegado a enterar. En cualquier caso,
eso es lo de menos.
Creo que este proyecto, como ha dicho el propio director general, no
es más que una continuación, una evolución lógica, teniendo en cuenta
de dónde viene el Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de
Policía hunde sus raíces en la fusión de dos colectivos, en la Ley 2/
1986, y a caballo de sus respectivas estructuras y funciones hubo de
afrontar la misión posconstitucional de la seguridad, haciendo
reformas de urgencia que, si bien eran imprescindibles, no han sido
suficientes. El resultado ha sido una estructura policial
sobrecargada -usted mismo lo ha dicho-, viciada de gigantismo
estructural y de acusado centralismo. Sin embargo, en la última
década, el clamor
social ha venido demandando más presencia policial y mejor atención a
los problemas ciudadanos y, en definitiva, una más efectiva
contención de la delincuencia.
Usted ha hecho referencia a antiguos proyectos y planes puestos en
funcionamiento en la época del Gobierno anterior, a la dirección por
objetivos de 1985, y a la de 1986 sobre directrices para una policía
eficaz. Aquellos trabajos se realizaron de cara a los Juegos
Olímpicos.
El otro día, en la discusión en el Pleno de un decretoley del
Gobierno, yo decía, con un cierto tono de broma, de humor, que este
Gobierno sólo acierta cuando sigue las directrices de Europa y que en
el resto se suele equivocar a menudo. Ahora quiero ampliarlo un poco
más. Creo que este Gobierno y sobre todo el Ministerio de Interior
también aciertan cuando, inteligentemente, siguen, en parte, una
evolución lógica de políticas, de planteamientos, de estudios y de
discusiones que se habían iniciado, en algunos casos, con el Gobierno
anterior. Que no se haya hecho en muchas de las cosas -como quizá en
otros ministeriostabla rasa de una experiencia y de unos trabajos
realizados puede ser -yo por lo menos así lo considero- una evolución
razonable y lógica, con más estudios, con más trabajo, con más
aportaciones de mucha más gente sobre unos problemas que ya estaban
sobre la mesa, y en aquella época ya había en los responsables no
solamente políticos sino fundamentalmente policiales una sensibilidad
respecto a la necesidad de cambio de determinadas cosas, y quizá este
proyecto Policía 2000 es el camino que se ha elegido.
Para empezar, creo que no cabe duda de que tiene elementos muy
positivos, con más medios materiales para mejorar, entre otras cosas,
la gestión del DNI, el tema de la esperas que se producen cuando hay
que hacer denuncias, la información a las víctimas de los delitos,
etcétera, son aspectos que difícilmente alguien puede cuestionar.
Como aquí se ha dicho, el proyecto de Policía 2000, el famoso seis
por seis, seis delitos, seis ciudades, me parece una buena
experiencia y, sobre todo, me parece una buena idea el trazar un plan
de actuación y ponerlo en vigor no en todo el territorio nacional
sino escogiendo unas zonas para ver realmente cuál es su eficacia,
para ver cuáles son los problemas reales con que nos encontramos,
para, después de un período de funcionamiento en un determinado
sector o en determinadas poblaciones de la geografía española, poder
corregir sus defectos antes de implantarlo en todo el territorio
nacional. Todo eso, repito, me parece positivo. ¿Que puede haber
problemas? Yo no voy a hacer una crítica, porque una lectura
apresurada tal vez me ha podido informar mal de lo que realmente se
pretende, pero sí hay algunas cosas -algunas ya las ha señalado el
señor Meyer- que me gustaría que usted me aclarase porque, repito,
tal vez una lectura apresurada no me ha dado la información correcta.
Estas cosas van en el sentido -lo ha dicho el señor Meyer- de que hay
una disminución de presencia policial por las noches y los fines de
semana, por ejemplo. Si eso es cierto, me preocupa, porque -y usted
lo sabrá mejor que yo- intuitivamente creo que se cometen más delitos
de noche y los fines de semana. Me gustaría que me explicase si es
cierto y a qué se debe. Parece ser que se cierran comisarías de
distrito, así que doy por bueno el mismo razonamiento que ha
presentado el señor Meyer.
Respecto a las retribuciones, hay algo que me preocupa. Si estamos
hablando de una prima de aproximadamente 25.000 ó 30.000 pesetas al
mes, esto nos vendría a dar una cifra anual de unas 300.000 pesetas.
Ysi a eso le sumamos -que no sé si hay que sumarlo, usted me lo dirá-
otra prima de otras 20.000 pesetas, que me parece que es la que
tienen los policías de proximidad, estas primas puedan rondar el 25
por ciento de la retribución que un policía normal puede obtener en
su trabajo, y quizá la cifra sea ya excesiva. En una policía -tenemos
que reconocerlo, aunque existan dificultades económicas- que no cobra
unos sueldos muy altos, más bien bajos, la posibilidad de que un 25
por ciento de sus retribuciones sea por la consecución de una serie
de objetivos, quizá, sólo quizá, pueda dar lugar a actuaciones no voy
a decir ilegales pero sí más o menos irregulares, puede dar lugar a
problemas y a un excesivo interés en conseguir los objetivos como
sea, porque hay una parte muy sustancial de los ingresos a fin de mes
que van parejos con determinadas actuaciones. Por lo menos por
informaciones que nos han ido llegando parece ser que puede haber
algo de esto, yo no lo sé y me gustaría que usted me lo aclarase,
dado que eso sería peligroso porque, al final, podría predominar la
seguridad sobre la libertad, y creo que ése es un equilibrio siempre
inestable y con el que hay que andar con mucho cuidado. Estamos
recibiendo informaciones -el señor Meyer lo ha dicho y yo también lo
digo- en algunos de estos temas que nos preocupan y le agradecería
que usted los aclarase.
Me gustaría que usted nos explicase, quizá no ahora porque hay
documentación suficiente para que podamos verla con detenimiento, el
papel que pueden jugar, por ejemplo, las policías locales. Siempre
hay un problema en la policía de proximidad, que tiene contacto real
con el trabajo que están realizando policías locales, y me gustaría
saber realmente qué papel puede jugar la policía local.
Tampoco hace falta que sea ahora, pero podría enviarnos información
(aunque no sé si está aquí, porque no he tenido tiempo de verlo),
sobre el presupuesto del que estamos hablando; ni siquiera sé si se
recoge en los Presupuestos Generales del Estado pero, en cualquier
caso, es un tema que me interesa. Aparentemente, en un proyecto de
este tipo (que, como digo, tiene cualidades, tiene ventajas, tiene
aspectos muy positivos y no sé si tiene sombras; yo por lo menos
tengo alguna duda, que usted seguramente me aclarará), mucho más que
hacer en este momento una discusión teórica sobre las ventajas y los
inconvenientes que pueda tener el proyecto, lo que me interesa
fundamentalmente son sus resultados.
Respecto a esa experiencia de poner en vigor el plan en seis ciudades
y sobre seis delitos (que son los que más preocupan a los ciudadanos
y las seis ciudades están elegidas en función del número de delitos
de ese tipo que se producen), me gustaría saber si la aplicación de
ese proyecto, limando aquellos aspectos negativos, se extenderá al
resto del país. Para mi grupo es fundamental el conocimiento de esos
resultados, no tanto los incentivos y los métodos para calcular la
actividad profesional de los policías como los resultados reales
sobre la incidencia en esas ciudades y sobre ese tipo de delitos. Es
decir, ver en qué medida el plan responde a las expectativas que se
hayan podido o que se puedan crear, ver realmente si el plan cumple
con lo que
pretendemos, que yo creo que eso es lo fundamental, más que las
críticas que yo pueda hacer en este momento. En una lectura quizá
apresurada he podido encontrar lagunas, pero más que buscar una
crítica creo que todo aquello que se trabaje en función de conseguir
una mayor seguridad y una mayor tranquilidad para los ciudadanos
siempre es positivo, dentro de unas normas, como debe ser, y yo creo
que este plan las cumple, creo que lo fundamental es conocer los
resultados. Por eso me gustaría -estoy seguro de que no habrá ningún
problema- que, a medida que vayan ustedes conociendo esas
estadísticas de actuaciones, de disminución de delitos, de
detenciones, etcétera (es decir, todo tipo de datos que ustedes están
dispuestos a reunir para realizar esas estadísticas, y que estoy
seguro que están recibiendo en estos momentos), que esta Comisión las
conozca y quizá dentro de unos meses podamos reunirnos otra vez para
hacer balance de cuál ha sido el resultado de la actuación de este
plan, cuáles son los aspectos que hay que corregir, cómo se van a
corregir y cómo se va a extender el plan al resto de las ciudades.
En cualquier caso, señor director general, muchas gracias por la
comparecencia, y termino mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente, por intuir que
quería intervenir sin haber solicitado la palabra, como así era.
Muchas gracias, señor director general, por sus explicaciones. Yo
también debo empezar manifestando una queja, al igual que el
representante del Grupo de Izquierda Unida, sobre el cierto desaire
que ha supuesto para la subcomisión el enterarse de que existía este
proyecto a través de los medios de comunicación. No es que yo piense
que el Gobierno tenga que estar parado simplemente porque exista una
subcomisión parlamentaria. Evidentemente, su obligación -y si no
también se lo exigiríamos en esta Cámara- es ejercitar la acción de
Gobierno, en la medida que su cometido no tiene por qué esperar,
puesto que incluso podría suceder que la subcomisión no llegase a
conclusión alguna. No es tanto pedirle que hubiese solicitado nuestra
autorización, nuestro parecer, cuanto que se nos hubiese tenido
informados de que se tenía la previsión de abordar un proyecto de
este estilo. Le repito que nuestro conocimiento previo del asunto ha
sido únicamente por la prensa, que desde la perspectiva de esta
diputada -quizá es que sólo leo determinados periódicos-, ha sido
bastante crítica con el proyecto.
Me interesaba resaltar, sobre todo porque quedase clara la postura
del grupo al que pertenezco, un asunto al que se han referido los dos
intervinientes con carácter previo, que es el de las retribuciones e
incentivos; el traído y llevado asunto de la productividad. Creo -o
esa es la perspectiva que nosotros sostenemos- que debiera abordarse
sin pudor un sistema de retribuciones más dignas para los
funcionarios de policía. Sé que no corren buenos tiempos para que se
piense en aumentos de retribuciones o en reconsideraciones de las
retribuciones funcionariales de ninguna índole, teniendo en cuenta
que estamos en la senda de reconducción de nuestro déficit por
requerimientos europeos,
pero creo que, desde la óptica del partido al que yo represento,
sería más digno y más presentable abordar de una vez el asunto de si
los policías deben estar mejor retribuidos. Nosotros creemos que sí,
porque desde la policía se ejerce una función en garantía de los
derechos de los ciudadanos, y deben tener el incremento retributivo
que merezcan. No debe quedar al albur lo que se ha dicho -quizá sean
tópicos- de que cuanto más se detenga y más se actúe se va a tener un
sueldo más digno. Debiera quedar claro que todo policía actúa como
debe y cuando debe, sin que tenga que ver con eso el que vaya a
cobrar unos dineros más a fin de mes.
La segunda cuestión que me interesaba es muchísimo más anecdótica y
se lo pregunto -repito- por mera curiosidad. Se hacía referencia en
todos los medios de comunicación a algo que parecía absolutamente
moderno y novedoso: que la expedición del DNI se iba a tramitar poco
menos que de forma instantánea. Leído el contenido - quizá es que soy
bastante bruta para materias informáticas-, me parecía que lo que
resultaba no era muy distinto del sistema actual o, al menos, del
sistema actual en el pueblo en el que yo vivo. En el municipio de
Getxo creo que se tramita el DNI como se dice en el proyecto de
Policía 2000 que se va a hacer, como un gran avance. Quería saber,
puesto que se vendía como uno de los grandes logros y en otros
contenidos no se hacía especial insistencia, por lo menos en los
medios de comunicación.
He observado la exposición que se nos hacía y, desde mi perspectiva
(he asistido a otras exposiciones parecidas, si no en materia
policial, que también, en relación con otros estudios que se hacen
sobre rendimiento, eficacia y eficiencia en materia funcionarial), le
diré que son un tipo de presentaciones que me recuerdan bastante a
las presentaciones con fines comerciales. Se me hace duro el llamar a
los ciudadanos clientes, por mucho que sea muy moderno y desde el
punto de vista de las técnicas de marketing así sea; pero creo que a
veces nos hace olvidar que se trata de la prestación de un servicio
público en garantía de los ciudadanos. Quizá es que yo estoy un poco
pasada de moda y no estoy en lo que se lleva en el mercado, pero me
parece poco adecuado a la realidad que se está viviendo y que, en
todo caso, lo que de verdad importa es si esos gráficos tan
magníficos, con flechas de aquí para allá y con el servidor de un
sitio para otro, se corresponden luego con la realidad efectiva de lo
que es la práctica diaria en el funcionamiento policial.
Siendo, como soy, nacionalista, tengo que manifestar las inquietudes
en cuanto a lo territorial. Evidentemente, se nos atribuye siempre la
salvaguarda competencial y me ha sorprendido ese apartado, el de la
implantación territorial. Sé que se refiere ahora a seis delitos para
seis ciudades, pero supongo que, si resulta bien, se extenderá a
otras localidades. Entre las ciudades en las que se va a implantar de
forma inmediata se hace mención a Barcelona, lo cual me ha llenado de
sorpresa, puesto que mi idea es que los mossos desquadra se están
desplegando y, en la misma medida en que los mossos desquadra se
desplieguen -al menos en lo que es la concepción que yo tengo de las
policías de sustitución-, debiera producirse el repliegue del Cuerpo
Nacional de Policía. Por eso le pregunto qué previsiones hay para
cuando este Programa 2000 se lleve a efecto dentro de laComunidad
Autónoma del País Vasco. Pienso que no debiera
llevarse a efecto o no debiera estar incluido porque, como usted
conoce tan bien como yo, la Ertzaintza está desplegada en todo el
territorio vasco desde 1995 como policía integral. Hay acuerdos de la
Junta de Seguridad -muchos, varios- en los que se habla ya de la
delimitación de servicios y, sin embargo, esta famosa delimitación
está sufriendo retraso tras retraso. Creo que debe hacerse una
adecuación de organigramas y efectivos, saber exactamente -si es que
se nos manifiesta- cuántos policías nacionales hay. En este momento
rondarán los 2.000, pero nos gustaría saber cómo se piensa dar
cumplimiento al contenido del artículo 17, que tantas veces citamos.
El régimen de la policía autónoma para la protección de personas y
bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio
autónomo queda reservado a la policía autónoma vasca, quedando
reservado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los
servicios policiales de carácter extra y supracomunitario: vigilancia
de puertos, aeropuertos, costas, fronteras, control de entrada y
salida del territorio -permítanme la exhaustividad-, extranjería,
extradición y expulsión de emigrantes, inmigración, pasaportes,
documento nacional de identidad, armas y explosivos y resguardo
fiscal del Estado. Para todo esto, desde la perspectiva del grupo al
que represento, sobran estos cerca de 2.000 efectivos y nos parece
que sería bueno que, cuanto antes (ahora se acaba de producir la
renovación en la cúpula del departamento de Interior en el Gobierno
vasco, y quizá sería un buen momento para retomar, si es que en algún
momento se dejaron, estas relaciones), se reúna la Junta de Seguridad
y que de una vez se haga esta delimitación de servicios.
Nada más. Muchas gracias nuevamente, señor director general.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Comienzo -cómo no- agradeciendo la comparecencia
del director general en la situación personal en que hoy se
encuentra, y que han tenido la amabilidad y la cortesía de resaltar
los portavoces de otros grupos parlamentarios.
En segundo lugar, permítaseme -y estoy convencido de que así se hará
por parte de mis colegas portavoces de otros grupos- valorar en su
justo punto el tono constructivo de esta comparecencia, el especial
énfasis puesto por todos los grupos parlamentarios intervinientes en
definir sus posiciones desde ese valor constructivo que, sin lugar a
dudas, permite ampliar los espacios de discusión serena y de consenso
para que, sin que nadie tenga que renunciar, como es natural, a sus
posiciones legítimas, podamos avanzar en común en lo que es un
patrimonio de todos, como es la definición de las políticas de
seguridad, y el tratar de minimizar, en todos los extremos posibles,
el debate político, la legítima dialéctica oposición-Gobierno en un
aspecto como éste, que afecta de una manera singular a la mejora de
las condiciones de vida de todos los ciudadanos.
En este sentido, quiero compartir la afirmación hecha por el señor
Aguiriano en cuanto a que en las políticas de seguridad no caben ni
rupturas ni quiebras ni improvisaciones. Como reiteradamente se ha
dicho desde el Ministerio de Interior, como reiteradamente se ha
dicho desde la Dirección
General de la Policía, desde la Dirección General de la Guardia
Civil, como retiradamente se ha dicho desde la portavocía de este
Grupo Parlamentario Popular, las políticas de seguridad evolucionan
en función de la propia evolución de los acontecimientos y demandas
sociales y evolucionan en función de la propia evolución de la
delincuencia, pero nunca hay una ruptura ni una quiebra. El mejor
patrimonio que podemos tener todos, el mejor punto de reconocimiento
de todos los grupos parlamentarios en nuestra contribución a la
definición -crítica, sin lugar a dudas- de esas políticas de
seguridad, es pensar, sobre todo los grupos parlamentarios que
tenemos ahora responsabilidad de Gobierno, que hay un nexo común, que
hay un camino compartido.
Dicho esto, quisiera situar también esta comparecencia en su justo
contexto desde lo que es la apreciación y la valoración de este Grupo
Parlamentario Popular. Por una parte, para nosotros esta
comparecencia no es el fin, sino el principio de un contacto del
Ministerio de Interior, la Dirección General de la Policía y el
Parlamento, a propósito de este proyecto -para nosotros desde luego
muy importante- que hoy se nos ha presentado. Hoy se recibe
precisamente la información inicial en sede parlamentaria de este
proyecto, y desde luego estoy convencido de que por parte del
Ministerio de Interior, de la Dirección General de la Policía y desde
luego del Grupo Parlamentario Popular, en ningún momento se impedirán
u obstruirán posteriores actos parlamentarios de seguimiento y
evaluación de este proyecto, para poder hacer de este proyecto un
proyecto de todos, e insisto, sin la renuncia por parte de nadie a la
crítica legítima o a la fijación de sus naturales posiciones.
Quiero resaltar también en la definición del justo contexto de esta
comparecencia, que no existe una contraposición entre lo que es la
definición y la práctica de este proyecto y los ejemplares trabajos
que está realizando la subcomisión del modelo policial. En ese
sentido, también compartimos la valoración hecha por el portavoz del
Grupo Socialista. No cabe confundir lo que es el diseño y la
aplicación de las políticas de seguridad, como tal concepto, y lo que
es la referencia al modelo policial, igualmente como concepto. En ese
sentido, nos parece que no se puede entrever ningún tipo de
contradicción, ni tampoco de descortesía entre la aplicación por
parte del Gobierno, en el ejercicio de sus legítimas competencias, de
sus políticas de seguridad, y el respeto, la atención y la máxima
colaboración que el Ministerio de Interior viene prestando a los
trabajos de esta subcomisión del modelo policial, que si antes me
atrevía a calificar como ejemplares, es en la medida en que todos los
grupos parlamentarios están dando -en los trabajos de esa
subcomisión- buena prueba de su lealtad a sus propias convicciones,
sin duda, pero también a los ciudadanos, en orden a saber diferenciar
y discernir perfectamente lo que es el ejercicio de esa dialéctica
oposición-Gobierno, situado en su ámbito natural, es decir, en la
crítica y en la evaluación de las políticas de seguridad, teniendo
como referencia parlamentaria, como instrumento, precisamente esta
Comisión de Justicia de Interior, y lo que es también la definición,
la búsqueda de los mejores elementos y de las mejores sugerencias
para el cierre del modelo vigente, que tienen que estar presididos
esencialmente por una idea de consenso, por la búsqueda de las
coincidencias y que tiene su sede einstrumento en esa subcomisión.
Por otro lado, celebramos que no haya habido por parte de ningún
grupo parlamentario objeciones en cuanto a la filosofía de fondo del
proyecto, en tanto en cuanto que entendemos que es bueno que todos
compartamos básicamente esa filosofía. Esa filosofía está ceñida en
una serie de principios que precisamente por ser principios que
engarzan directamente con lo que es la definición de las políticas
constitucionales de seguridad y del deseo de rendir mejor servicio al
ciudadano y mejorar sus condiciones de vida, son principios y
planteamientos no de este Gobierno, no del Grupo Parlamentario
Popular, sino de todos los grupos de la Cámara. Quiero insistir en la
idea de que el hecho de que compartamos estos principios no se debe
entender nunca -desde luego este Grupo Parlamentario Popular no lo
entiende así- como que nadie tenga que hacer renuncia alguna a la
definición de sus propias posiciones y al ejercicio natural de la
crítica. Yo entiendo que no existe una contradicción -y puedo
comprender el recelo de algún grupo- entre productividad y objetivos,
en la medida en que el sistema, como ha explicado el director general
de la Policía, parte de un elemento, de la base de compartir
objetivos y rendimientos en común, por grupo, por unidad, de manera
que se evita de alguna forma el que la persecución de esa
productividad o de ese intento de conseguir el implemento, pueda
individualizar -valga la expresión- en exceso la acción del policía
y, por tanto, perjudicar el rendimiento de conjunto.
Quiero recordar, porque se ha dicho a modo de ejemplo, que en el
ámbito de la Administración de justicia no se fijan a los jueces
módulos o baremos en cuanto al número de sentencias que deben dictar.
Precisamente el Consejo General del Poder Judicial tiene establecidos
módulos conforme a los distintos tipos de juzgados, fijándoles un
volumen específico de resoluciones al año, de manera que si bajan de
ese modulo, suelen ser objeto de inspección en orden a comprobar las
causas y, en consecuencia, si hubieran podido incurrir o no en falta
disciplinaria de retardo en la administración de justicia.
Por lo demás, y simplemente como elemento de información, en la
medida en que la señora Uría, con la inteligencia que le caracteriza,
ha planteado un cierto temor referente a lo que puede ser el
despliegue de mossos desquadra en Barcelona capital y en su área
metropolitana en relación con su forma de casar con este proyecto,
quiero recordar que -y hablo de memoria- hasta el año 2003 no se
definirá el sistema de despliegue de mossos desquadra en Barcelona y
en su área metropolitana. Esto no quiere decir que vaya a comenzar en
el año 2003, sino que será a partir de ese año cuando se diseñará ese
ritmo y tiempo de despliegue, de manera que el despliegue efectivo,
el despliegue real probablemente sea en tiempo aún posterior a este
año 2003. De modo que no existe ningún riesgo de solapamiento
inmediato entre ese despliegue de mossos desquadra, y, por tanto, el
desarrollo integral, como todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara respaldamos de la policía de Cataluña, Mossos dEsquadra, y el
proyecto de Policía 2000.
Concluyo señor presidente, insistiendo en una idea que me parece
fundamental. Este grupo parlamentario quiere valorar y agradecer el
tono de esta comparecencia, que entendemos que es tremendamente
constructiva. Desde
este grupo invitamos a todos los grupos parlamentarios, y tendrán en
ello nuestro máximo grado de colaboración, para que, como decía al
principio de mi intervención, este acto de hoy no haya sido el
principio y el fin, sino simplemente el principio de una relación
permanente entre la Dirección General de la Policía y el Parlamento,
en el seguimiento y en la evaluación de este proyecto de Policía 2000
y en la consecución de estos fines que todos compartimos: mejorar la
calidad del servicio, aumentar la satisfacción ciudadana y reducir
los índices de delincuencia. Esta es una filosofía que yo estoy
seguro que todos compartimos, cambiar un sistema tradicional de
actuación reactiva hacia otro más cercano al ciudadano, es decir de
naturaleza preventiva, tal y como se dibujó y se bosquejó también por
parte ya de gobiernos anteriores; buscar el instrumento para ello, el
de la descentralización operativa, y definir un doble reto, como
recordaba el señor director general de la Policía en su exposición:
frente al delito especializado, cada vez más una policía más
especializada; frente al pequeño delito, al delito cotidiano, una
policía cada vez más próxima al ciudadano, cada vez más orientada a
la definición de elementos de prevención, cada vez más integrada en
su entorno y con cauces adecuados de trabajo en común con las
unidades investigadores. El proyecto de Policía 2000 es un proyecto
de futuro que desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos
especialmente en cuanto a esos tres cimientos sobre los que se quiere
construir, combinar especialidad, proximidad y colaboración entre
cuerpos.
Creemos que la estructura del proyecto, definida sobre la dirección
por objetivos, la evaluación continuada y la definición de elementos
motivacionales, es esencialmente orientada, y creemos que, en
definitiva, con este proyecto, con la colaboración de todos, con el
deseo de todos, cada uno desde sus legítimas posiciones y,
naturalmente, desde la crítica también, desde esa posición legítima
y, me atrevo a decir, leal de todos, estaremos en condiciones de que
este proyecto pueda adecuar mejor la organización policial a las
demandas de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, pueda
actualizar los sistemas y procedimientos de trabajo reduciendo la
burocratización, pueda viabilizar la incorporación de los recursos
necesarios optimizando su utilización y, finalmente, pueda definir
instrumentos de promoción interna y de incentivo al trabajo
profesional bien hecho.
Señor presidente, señor director general de la Policía, el Grupo
Parlamentario Popular asume hoy como tal, con los demás grupos, un
compromiso específico: el de que este acto haya sido el principio de
una colaboración y de un diálogo permanente para, desde la
contribución de todos, hacer posible que en la ejecución de este
proyecto la Dirección General de la Policía y el Parlamento tengan
una relación permanente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Muchas
gracias, señorías.
Voy a intentar sintetizar las distintas preguntas y sugerencias que
SS.SS. me han realizado. En primer lugar, quiero
decirles que, de la misma forma que cuando pusimos en marcha la
policía de proximidad se les dijo que era un proyecto abierto que iba
a ir construyéndose con la colaboración de todos, y al cabo de seis
meses hubo una reunión para debatir el proyecto en profundidad con
los mismos policías que estaban trabajando durante cuatro días, y que
los portavoces de los distintos grupos parlamentarios fueron
invitados para debatir, junto con los policías, los pros y contras
del proyecto, este director general se compromete con ustedes, aparte
de cualquier otra cosa, a que en un período prudencial de seis o
siete meses nos reunamos para tratar conmigo y con los profesionales
que lo están llevando a cabo las ventajas e inconvenientes que el
proyecto va encontrando a lo largo de su camino.
El portavoz de Izquierda Unida decía que era bueno que este proyecto
se consensuara mayoritariamente con los sindicatos, y puedo decirle
que en la policía hay seis sindicatos y que, de estos, solamente uno
dice que está en contra en el 10 por ciento del proyecto y a favor en
el 90 por ciento, y los demás, con alguna matización, lo comparten.
Ciertamente, el proyecto tendrá que ser mejorado, y creo que las
mejoras las tendrá que aportar todo el mundo. Pero creo que este
proyecto tiene que estar basado en esas tres palabras que decíamos, y
especialmente en aquello que la ciudadanía nos reclama. Por lo tanto,
tendremos que escuchar a los representantes de los ciudadanos, que
son SS.SS., especialmente. También a los sindicatos, a las
asociaciones de vecinos, a los comerciantes y a toda la sociedad, y
creo que entre todos tenemos que contribuir en aquello que podamos ir
mejorando.
Me pedían también que se facilitara una información periódica sobre
cómo va el proyecto. Yo les puedo dar información de una primera
evaluación de un mes en las comisarias donde se ha puesto en marcha,
y en ese mes, que ha sido el de enero, respecto a los seis delitos
más frecuentes, ha habido una reducción importante, de alrededor de
un 10 por ciento. Pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre
así, y simplemente le anuncio que esta es la cifra, pero no le damos
ni una gran fiabilidad ni una gran contrariedad. Vamos a dejar pasar
los meses, y cuando pase un período quizá de seis meses, podremos
profundizar más en la cuestión.
En cuanto a la productividad, tengo que decir que es una cuestión
compleja y difícil. Lo único que nosotros queremos conseguir con el
proyecto es que la productividad se aplique para aquello para lo se
decía que debía ser cuando se creó la productividad -recuerdo que fue
en 1984-, ni más ni menos, y queremos medirla lo más objetivamente
posible. No sabremos si en lo que queremos hacer habremos acertado,
pero sí creemos que no estamos acertados con lo que estamos haciendo.
Creemos que la forma de repartir la productividad que ahora tenemos
no es adecuada y queremos buscar otros medios. No digo que el medio
que estamos proponiendo sea todo un éxito, pero queremos salir del
actual, con el que no estamos de acuerdo.
Con respecto a qué va a pasar en Barcelona, tengo que decir que se
han mantenido conversaciones con el conseller de Interior de la
Generalitat para explicarle el proyecto y determinar dónde debíamos
realizarlo y dónde no y de qué manera, por el hecho de que con el
tiempo, más o menos largo, más o menos corto, habrá un despliegue de
mossos desquadra, y entonces, la materias que en este proyecto sean
de su competencia, como ya lo son, en el caso del País Vasco, de la
policía autonómica vasca, no las asumirá el Cuerpo Nacional de
Policía. Por lo tanto, esto está hablado y consensuado en Cataluña, y
no se ha hecho así en el caso concreto del País Vasco porque,
lógicamente, como usted bien ha dicho, es competencia de la policía
autonómica vasca todo lo concerniente a la seguridad ciudadana.
Me reitero en lo primero que he dicho en cuanto a que quedo a su
disposición -ya lo hemos hablado antes de iniciar la Comisión- para
tener cuantas sesiones sean necesarias, pero al menos, por supuesto,
una, dentro de un período prudencial, para evaluar entre todos el
resultado del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotino. ¿Algún grupo desea
intervenir? (Pausa.)
El señor Aguiriano tiene la palabra.
El señor AGUIRIANO FORNIÉS: Voy a intervenir muy brevemente.
Usted se ha comprometido ahora mismo a mantener reuniones posteriores
para informarnos sobre la marcha de la aplicación del proyecto
Policía 2000, y yo me voy a permitir pedirle a usted y al señor
presidente que estas reuniones se celebren fuera del corsé
reglamentario. Yo soy de la opinión -y lo he dicho en algún otro
lugar, pero nunca para que aparezca en el «Diario de Sesiones», y
quizá ya es hora- de que realizar el control desde la oposición o
incluso desde el partido del Gobierno a la actuación del propio
Gobierno plantea problemas reales con nuestro Reglamento. Porque
habitualmente no se hace control. Si suponemos que nuestra opinión
sobre el plan es radicalmente diferente dentro de unos meses de la
que tiene usted, lo que ocurriría sería lo mismo que ocurrió hace
poco con la comparecencia del señor ministro del Interior con el
incidente de la Universidad de Barcelona, es decir, que el ministro
da la versión de que la policía actuó perfectamente y los grupos de
la oposición decimos que ha sido un desastre. Al fin y al cabo, no es
una comisión de control, sino un diálogo de sordos, y no se
profundiza en la cuestión.
Por ello, yo me permitiría pedirle que, además de las reuniones
oficiales que podamos tener, formales y reglamentarias, en esta casa,
con el trámite habitual que tienen todas las comparecencias, tengamos
alguna reunión de trabajo mucho más serio y profundo, de una forma
más dinámica y con muchas más posibilidades de intercambiar opiniones
de las que normalmente se dan en una comparecencia como la de hoy.
Pensamos que esa es la mejor manera de conocer y entrar a fondo en la
aplicación y en la realidad de un plan como este.
Me gustaría recordarle -supongo que ha tomado nota, pero en la
réplica no me ha dicho nada- la petición que le he hecho de que nos
envíe información sobre la policía local y sobre el tema
presupuestario, y también quiero mencionar dos temas que me pueden
preocupar y sobre los que me gustaría que me contestara en algún
momento, si no puede ahora, y que tomen las medidas oportunas para
que no vuelvan a suceder. Tengo información de que en algunos casos,
tras la denuncia correspondiente, se ha rebajado
la categoría de ciertos delitos menores y se instruyen como faltas.
No sé si se ha hecho a menudo, si no ha habido más que un caso o si
ni siquiera ha ocurrido tal caso, pero puede ocurrir y dar lugar a
que haya una disminución de delitos cuando en verdad no es una
disminución real, sino que, al desaparecer como delito y convertirse
en falta, no entra dentro de la categoría de delitos y entonces
disminuye su número. No sé si eso ha ocurrido o no, lo que pasa es
que me ha llegado algún rumor y me gustaría que en la medida de lo
posible se adoptasen las medidas necesarias para que esta picaresca
no tenga lugar.
Me preocupa otra cosa, a la que creo que también se ha referido el
señor Willy Meyer. Aquí tengo una fotocopia relacionada con una
identificación en vía pública de la Jefatura de Policía de Sevilla y
yo creo que las identificaciones pueden tener dos consecuencias: que
el identificado sea no ya culpable, sino presunto culpable de la
comisión de un delito o de una falta, o bien no tiene nada que ver y
es absolutamente inocente. Pues bien, hay determinados datos que me
preocupan, que son los relacionados con la vestimenta: si llevaba
alguna prenda en la cabeza, si llevaba pantalones, si eran vaqueros o
no. Si es inocente, eso no tiene nada que ver y, si es culpable,
tampoco. Pero más me preocupa todavía el que en la última línea del
último apartado se hable de tatuajes y características, poniendo
entre paréntesis bigote, cojo, árabe, negro o con pendiente en la
nariz. Esto sí me preocupa y me parece muy grave y, si esta hoja es
la que se ha facilitado, que yo supongo que será la que se esté
utilizando por lo menos en Sevilla y no sé si en algún otro sitio
más, que desde el Ministerio, desde la Dirección General de la
Policía se tomen las medidas oportunas para que esto no vuelve a
ocurrir, porque me parece extraordinariamente grave.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Es sólo para una cuestión, señor
presidente, pero es que no puedo dejar pasar por alto el abusar quizá
de la presencia del señor director general en esta Comisión y que se
vaya sin contestar a mi pregunta.
Me ha hablado del reconocimiento de las competencias de la Ertzaintza
en el ámbito vasco, pero mi pregunta iba más allá: ¿Para cuándo los
acuerdos de delimitación de servicios entre la Ertzaintza y el Cuerpo
Nacional de Policía?
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GILLÁZARO: Muy brevemente, señor presidente, quiero señalar
que, desde luego, amén de las comparecencias o iniciativas que se
puedan sustanciar ante esta Comisión y amén de las ya previstas ante
la subcomisión del modelo policial, nosotros, desde luego,
respaldamos plenamente la sugerencia o propuesta hecha aquí en este
acto por el portavoz del Grupo Socialista en cuanto a agilizar esos
contactos, esas reuniones no sujetas, como él ha dicho, al corsé
reglamentario. Desde luego, no por ello van a perder ni rigor en las
exposiciones ni seriedad en el trabajo.
Quiero recordar, como se ha visto al comienzo de la sesión en trámite
ajeno a la sesión misma, que ya hay algún encuentro de esta
naturaleza previsto para este mismo mes
y, desde luego, quiero insistir también en una idea, y es que me
consta que el propio director general de la Policía, todos sus
colaboradores más inmediatos y el conjunto de los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía son extremadamente cuidadosos en cuanto a la
definición, permítaseme la expresión, de elementos descriptivos. Yo
creo que ahí, precisamente por lo que el señor portavoz del Grupo
Socialista citaba como ejemplo, siempre tenemos que ser todos
singularmente muy cuidadosos.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Yo no formo
parte de esa Comisión Mixta entre el Gobierno vasco y el Ministerio
del Interior. El secretario de Estado es el que representa a la
Guardia Civil y a la Policía, por lo que no le puedo concretar para
cuándo esas preguntas que usted me hace, dado que no tengo autoridad
para ello.
Por supuesto, a usted le preocupa ese escrito y a mí también y le
agradecería que me lo dejara ver ahora o me facilitara una fotocopia
para inmediatamente averiguar quién, cuándo, dónde y por qué.
Estas son mis respuestas y, por supuesto, acepto totalmente la
sugerencia de reunirnos cuantas veces sea necesario.
El señor PRESIDENTE: Señorías, con esta intervención concluye la
comparecencia del señor director general de la Policía.
COMPARECENCIA URGENTE DEL SEÑOR DIRECTOR GENERALDE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS (YUSTE CASTILLEJOS) PARA INFORMAR DE LOS SUCESOS
OCURRIDOS EL DÍA 12 DE ENERO DE 1999 EN LA PRISIÓN DE SOTO DEL REAL,
CUYA CONSECUENCIA HA SIDO LA MUERTE DEL RECLUSO JESÚS CANO.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/001799)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la
comparecencia urgente del director general de Instituciones
Penitenciarias para informar de los sucesos ocurridos el día 12 de
enero de 1999 en la prisión de Soto del Real, cuya consecuencia fue
la muerte del recluso Jesús Cano. Ainiciativa del Grupo Parlamentario
Socialista.
Para la primera intervención propia de estos actos parlamentarios,
tiene la palabra el señor director general de Instituciones
Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con el tema que justifica mi comparecencia,
cúmpleme informarles que, sobre la una y media del día 12 de enero,
el funcionario que prestaba servicio en la planta del módulo 2 del
centro penitenciario de Madrid 5 recibe, a través del panel de
comunicación con las celdas, una llamada procedente de la número 18.
Al preguntar
qué pasaba, oye frases ininteligibles de una persona, no dirigidas
directamente al micrófono, entre las que consigue entender: este tío
me envenena, lo mato. Asu posterior insistencia preguntando por lo
que sucede, no recibe respuesta alguna por lo que llama al jefe de
servicios, con el que se persona rápidamente en la celda citada. Al
abrir, se encuentra al interno Jesús Cano Muñoz en el suelo, boca
abajo, en un charco de sangre. El interno Pablo Esteban Bienvenido,
que compartía la celda con el fallecido, se encontraba tumbado en la
cama inferior de la litera de la celda, mirando hacia la ventana y
rezando.
Avisado el facultativo de guardia, comprueba que Jesús Cano Muñoz ha
fallecido, apreciando en su exploración visual cortes en el cuerpo
que apenas sangraban, sin que la ropa presentara cortes, al parecer
porque le había sido retirada previamente.
A las preguntas sobre lo ocurrido, Pablo Esteban Bienvenido responde
que le habían querido envenenar y se había defendido. Éste es
trasladado al departamento de enfermería del centro donde, reconocido
por el facultativo, se le aprecia un brote delirante agudo y una
herida contusa en la cabeza que requiere puntos de sutura. Permanece
en la enfermería hasta la llegada del juez de guardia, que ordena su
ingreso inmediato en la unidad de psiquiatría del hospital Gregorio
Marañón.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en funciones de
guardia, procede al levantamiento del cadáver y, por miembros de la
policía científica, se registra la celda interviniendo una cuchilla
de afeitar presuntamente utilizada en la agresión. En ningún momento
recibió el funcionario señal alguna de alarma de las celdas próximas.
El interno agresor, Pablo Esteban Bienvenido, con fecha 23 de
diciembre de 1997, ingresa en el hospital de La Paz de Madrid,
procedente de la residencia de Guadalajara, por presentar una herida
de bala a nivel de codo, con puerta de entrada en el costado derecho
y alojamiento del proyectil en la zona paravertebral.
Con fecha 14 de enero de 1998, ingresa en el centro penitenciario de
Guadalajara, a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de los
de esa ciudad, por un delito de incendio y lesiones con arma de
fuego. En el mandamiento de prisión -a disposición de SS.SS.- no
figura el delito de homicidio, sino, como he dicho, exclusivamente el
de incendio y lesiones.
El 15 de enero de 1998, es trasladado al centro penitenciario de
Madrid 5, Soto del Real, al carecer el de Guadalajara de las
adecuadas instalaciones y servicios para su correcto tratamiento. El
mismo día de su llegada al centro, el facultativo que efectúa su
reconocimiento prescribe su ingreso en la enfermería por las lesiones
orgánicas que presentaba y solicita consulta psiquiátrica a efectos
de prevención de riesgos suicidas, según lo dispuesto en la circular
de esta Dirección General de fecha 16 de diciembre de 1996, al
tratarse de un interno de edad avanzada y ser la primera vez que
ingresaba en prisión.
Por el psiquiatra, doctor Rivera, se informa el mismo día 15 de enero
de 1998: delirio de envenenamiento, trastorno delirante; niega
ideación suicida; sin tratamiento; habitación compartida. Permanece
en el departamento de enfermería del centro hasta el día 18 de
septiembre de 1998, fecha en la que es dado de alta por el
psiquiatra, al
encontrarse clínicamente compensado, pasando al módulo 2, destinado
en el centro a los internos primarios.
En el parte normalizado de alta médica de la enfermería se reseña la
indicación: en habitación compartida. En el expediente médico del
interno Cano Muñoz, el fallecido, no aparece dato relevante alguno a
los efectos que nos ocupan.
Considerando el hecho desde la perspectiva de seguridad y vigilancia,
cabe significar a SS.SS. lo siguiente: primero, no obra dato alguno
en informes de funcionarios de vigilancia ni de otro profesional
relativo a alteraciones conductuales ni de comportamiento, de Cano
Muñoz o de Pablo Esteban, que hubiesen aconsejado su ingreso en la
enfermería del centro, como se ha especulado en algunos medios de
comunicación.
Segundo. Los internos Jesús Cano Muñoz y Pablo Esteban Bienvenido, de
53 y 63 años, respectivamente, primarios y presos preventivos en
sendos procedimientos por un delito de lesiones, el primero, y por un
delito de incendio y lesiones con arma de fuego, el segundo, ocupaban
la celda número 18 del módulo 2 del centro penitenciario Madrid 5,
conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria, al ser ambos primarios y haber ingresado por
delitos dolosos en situación preventiva. La clasificación interior
fue absolutamente respetuosa con la legalidad y coherente con los
dictámenes clínicos que aconsejaban en ambos casos su ubicación en
celda compartida.
Ninguno de ellos estaba incluido en el protocolo de prevención de
suicidios, según indicación expresa al ingreso del psiquiatra, en un
caso, y del psicólogo, en el otro, al no verbalizar ideaciones
suicidas. La indicación de que permaneciesen en celda compartida
pretendía paliar las tensiones que puede provocar el internamiento en
sujetos primarios, mayores de 50 años y con delitos de análogas
características.
El recuento de relevo de las 21,30 horas, el día 11 de enero de 1999,
se desarrolla con absoluta normalidad. El funcionario de servicio
permanece en el lugar adecuado a efectos de control de la unidad,
estando garantizada la intercomunicación puntual entre internos y
funcionarios, ya que cada celda dispone de un pulsador que, una vez
activado, produce una señal acústica y visual en el panel del
funcionario para posterior audición de la misma.
Una vez que el funcionario recibe la llamada de la celda 18, procede
de forma diligente y correcta interesándose por lo que sucede y
avisando a la jefatura de servicios. Se encontraban de servicio 21
funcionarios, un jefe de centro y un jefe de servicios, según la
dotación prevista en el centro.
Desde el punto de vista sanitario, dos son los apartados a tener en
cuenta: por un lado, la atención médica prestada en el centro y, por
otro, la consideración jurídico-penal sobre la estancia en prisión de
Pablo Esteban Bienvenido. En cuanto a la atención prestada en el
centro, no cabe sino considerarla adecuada por cuanto Pablo Esteban
Bienvenido es reconocido a su ingreso prescribiéndose su destino a la
enfermería del centro en razón de las lesiones orgánicas que padecía,
al tiempo que se le solicita una consulta psiquiátrica que se produce
el mismo día de su ingreso.
Desde el punto de vista psiquiátrico, permanece en la enfermería del
centro hasta el 18 de septiembre, fecha en que es dado de alta por
dicho especialista al encontrarse el paciente compensado y no haber,
a juicio de dicho profesional,
ningún riesgo de estancia en un módulo ni indicios de que pudiera
producirse un resultado como el acontecido. Dicha situación de
compensación se mantiene con posterioridad, según consta en el
historial clínico del interno.
Resulta necesario realizar algunas consideraciones jurídico- penales
sobre la estancia en prisión del interno Pablo Esteban Bienvenido.
Hay que señalar que, según establece el artículo 184 del Reglamento
penitenciario con relación al internamiento de detenidos o presos en
establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias, éste tendrá
lugar cuando la autoridad judicial decida su ingreso para
observación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, durante el tiempo que requiera la misma y
con la emisión del oportuno informe.
Resulta obvio que el ingreso en un centro de régimen ordinario como
Guadalajara o Soto del Real supone descartar por la autoridad
judicial la existencia de una patología psiquiátrica severa. La
patología psiquiátrica que Pablo Esteban Bienvenido padece no
sobreviene a su ingreso en prisión, sino que, a tenor de los informes
que obran, presumiblemente sería anterior a la comisión del hecho
delictivo y directamente relacionado con el mismo, siendo reconocido
en repetidas ocasiones a requerimiento de la autoridad judicial por
la clínica médico-forense. Durante el tiempo que el interno permanece
en el centro se encuentra compensado en su patología según el informe
psiquiátrico. En la actualidad se está tramitando el procedimiento
abreviado número 37/99 en el Juzgado de Instrucción número 1 de
Colmenar Viejo, al que se le ha solicitado informe sobre el estado de
las actuaciones y del resultado de la autopsia del cadáver del
interno Jesús Cano Muñoz sin que la Administración disponga en este
momento de ellos.
Es evidente que nos encontramos ante un hecho desgraciado, donde,
pese a contar con diagnósticos clínicos de expertos en el área
psiquiátrica y psicológica, no se evita el fatal desenlace. La
dificultad en la prognosis de la conducta humana, especialmente en
los sujetos con trastorno de personalidad, pone de manifiesto la
limitación de nuestros conocimientos científicos. Tampoco podemos
concluir exclusivamente, y ante el impacto de los hechos, atribuyendo
una responsabilidad objetiva a la Administración o a sus
profesionales con independencia de su contribución causal a este
resultado o la imposibilidad con los medios a su alcance de evitar el
mismo. Podremos comprometer nuestro esfuerzo, pero nunca asegurar un
resultado. Tampoco estamos ante una repetición de hechos que
descalifiquen el rigor en la prestación de la obligación que tiene la
administración penitenciaria para velar por la vida e integridad de
los recluidos ya que ésta se produce cada vez en mejores condiciones
tanto de infraestructuras penitenciarias como profesionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El grupo que ha pedido
la comparencia ha sido el Grupo Socialista. Por lo tanto, el señor
Pérez Solano tiene la palabra.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor director general, por
comparecer esta tarde para responder a la solicitud de información
que le habíamos demandado.
Estamos de acuerdo por la información de que disponemos, en la
versión de hechos que acaba de realizar el señor
director general, pero discrepamos profundamente de la valoración de
los hechos, sobre todo de las causas que han producido ese hecho
luctuoso como es el fallecimiento del recluso interno en Madrid V-
Soto del Real.
Efectivamente, de la versión que nos da el señor director general
refiriéndose a la limitación de los conocimientos científicos
penitenciarios, a que la unanimidad en el diagnóstico del psicólogo y
del psiquiatra no aconsejaban en ningún momento su separación o que
no estuviera albergado con otro interno, se saca una consecuencia
final que obedece a hechos fatales o deterministas. En absoluto
pensamos desde este grupo que cuando se produce una muerte en un caso
tan grave como éste, ésta se deba a hechos deterministas de la
naturaleza, por lo que voy a decir.
Señor director general, los datos demuestran un poco que no es así
este determinismo y en seguida le diré por qué. No quiero hacer, como
le he dicho en otra ocasión, catastrofismos de estos hechos porque no
se puede jugar con la muerte humana para sacar ningún tipo de
rentabilidad política, pero sí quiero decirle, si son ciertas las
declaraciones que hizo a un diario nacional el 17 de enero de 1999
sobre este hecho, que demostró en ese momento concreto que no era un
dechado de sensibilidad y responsabilidad. Sí es cierto que dijo que
estas cosas pasan en el exterior. Un hombre se vuelve loco un día y
mata a una mujer y a sus hijos. Si eso pasa en la calle, ¿cómo vamos
a evitar que algún día pase aquí en una cárcel llena de gente con
problemas? Ni con 60 funcionarios por preso lo hubiéramos podido
evitar. No podemos caer, señor director general, en este
indeterminismo para no poner todos los medios necesarios con el fin
de evitar hechos como el que comentamos.
En mi opinión creo, señor director, que este hecho es producto de la
concurrencia de una serie de concausas y, en concreto, que en Soto
del Real se está produciendo una - no sé cómo decirlo para que no se
molesten- masificación, sobresaturación de la población penitenciaria
que está impidiendo el cumplimiento del principio celular del sistema
penitenciario de que cada interno disponga de una celda excepto
cuando temporalmente no sea posible y es entonces cuando se les
alberga junto con otros internos. Este hecho en nuestra opinión,
señor director, también ha ocurrido por insuficiencia de
funcionarios. El señor ministro hablaba ayer de ratios generales,
proporción número de internos y número de funcionarios, porque todos
los sindicatos con presencia en el sector le han dicho que son
necesarios más funcionarios en el centro de Soto del Real y han
llegado a decir que con el personal de que disponen no se puede
garantizar la integridad de las personas. Algunos funcionarios
llegaron a decir que lo que ocurrió con Pablo Esteban era una muerte
anunciada, y valga esta expresión tan tremenda.
Señor director general, efectivamente, el interno fallecido, Jesús
Cano Muñoz, estaba ingresado en el centro por la presunta comisión de
un delito de agresiones y no tenía antecedentes. Era un preso que no
tenía deficiencias físicas o mentales, por lo menos no se han hecho
constar en su expediente penitenciario, y nunca tenía que haber sido
destinado a compartir celda con el homicida si el tratamiento
penitenciario se hubiera hecho con rigor. No olvidemos que el
presunto homicida es un enfermo periciado de paranoia
crónica y esquizofrenia paranoide, que, como usted bien ha dicho y
los informes periciales lo avalan, tenía ideas delirantes y de
conspiración de la gente que convivía con él y a su alrededor y se
veía impelido a cometer actos irresponsables; no había tenido
antecedentes y parecía que tenía instintos de suicidio. Este
diagnóstico pericial, señor director general, aconsejaba un
tratamiento penitenciario de alojarle en la celda individual, por lo
menos en este caso.
Por tanto, señor director general, el fallecimiento del interno Jesús
Cano Muñoz no fue producido por causas fatales ni deterministas, sino
porque la administración penitenciaria no ha sido capaz en este caso
de velar por la integridad y la vida del interno fallecido, al
ingresarle en una celda con el presunto homicida, que tenía
acreditada su peligrosidad a la vista de los informes psiquiátricos,
y aunque estos dijeran que no tenía un peligro de agresividad, por un
ejercicio elemental de la prudencia del tratamiento penitenciario, se
tenían que haber tomado mayores precauciones.
¿Cómo tenía que haber actuado la administración penitenciaria para
haber evitado estos hechos? Como le decíamos, habiéndose apurado el
tratamiento inicial a la vista de que el presunto homicida tenía
instintos delirantes y persecutorios y que había un peligro, según
los informes psicológicos y psiquiátricos, si no próximo, por lo
menos medio, de que pudiera cometer algún acto de agresión contra su
compañero de celda.
Por toda exposición que le acabo de hacer me gustaría, señor director
general, si tiene los datos y lo tiene a bien, me respondiera a las
siguientes preguntas y si no que me lo remitiera por escrito. ¿Se han
incoado diligencias informativas por parte de la Dirección General
para el esclarecimiento de los hechos del fallecimiento del interno
Jesús Cano Muñoz? Como resultado de esta información, ¿se ha incoado
algún expediente para la depuración de posibles responsabilidades?
¿Por qué se albergó en una misma celda al fallecido Jesús Cano Muñoz,
interno que no padecía enfermedad alguna, física o psíquica, con el
presunto homicida Pablo Esteban Bienvenido, periciado como afectado
de una grave paranoia y esquizofrenia? ¿No es cierto que el artículo
16 de la Ley General Penitenciaria dice que en la clasificación
inicial, entre otras muchas pautas, hay que tener en cuenta si es
primario o secundario, separar hombre de mujer, etcétera,
reincidente, delitos dolosos, delitos por imprudencia, y también
dice, recuerde el señor director general, que hay que separar a los
internos enfermos físicos o psíquicos de los que no lo están.
Este es un caso claro de que, a la vista de la enfermedad psíquica
peritada, que tiene demostrada el presunto homicida, si se hubiera
hecho un tratamiento penitenciario adecuado, no se tenía que haber
albergado en una celda con otro interno.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Grupos que desean
intervenir. (Pausa.)
El señor Meyer, de Izquierda Unida, tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor director general por su
información.
Estamos ante una irresponsabilidad que ha causado una muerte que
nunca debía haber ocurrido y creemos que desde el punto de vista
político esa irresponsabilidad debía haber sido sustanciada con el
cese del director de la cárcel de Soto del Real, que no se la vamos a
pedir porque ya está relevado de su cargo, según han publicado los
medios de comunicación, que ya no está al frente de este centro
penitenciario, pero indudablemente la responsabilidad máxima de esa
muerte desde el punto de vista administrativo recae lógicamente en la
persona que está dirigiendo ese centro.
Más allá de esa responsabilidad, existe otra que convendría corregir
y que es la siguiente. Ayer, al hilo de la intervención que hizo el
Grupo Socialista al Gobierno en la interpelación sobre toda la
política penitenciaria, el conjunto de grupos políticos puso en
evidencia aquellos problemas que se están planteando en el desarrollo
de la política penitenciaria. Una de ellas, ayer tuve ocasión de
exponerlo en el pleno, es todo el tratamiento de las enfermedades en
general, terminales enfermedades psiquiátricas que desde nuestro
punto de vista están siendo tratadas de forma muy deficiente y que
merecerían una atención especial. Sabemos que solamente existen dos
psiquiátricos penitenciarios, Alicante y Sevilla, que hay una falta
de programas para el tratamiento de presos peligrosos y con problemas
psiquiátricos, pero que de no producirse ahí una política clara en
cuanto a su tratamiento, podremos concluir que esta muerte que se
tendría que haber evitado se puede volver a producir si no somos
capaces de corregir con claridad el tratamiento específico que tienen
que tener estas personas.
No sé cómo es posible que con este historial la Administración y el
centro penitenciario hubiesen optado por meter a Bienvenido en una
celda con otra persona. No lo puedo entender. Usted ha hablado del
diagnóstico, pero yo le voy a dar unos datos más de diagnóstico para
que seamos capaces de cotejarlos. El 16 de diciembre pasado, apenas
un mes antes del crimen, el propio estudio psiquiátrico y sicológico
que envía a la prisión el juzgado 1 de Guadalajara es el siguiente:
Efectivamente, el curso y el contenido de su pensamiento está repleto
de ideas delirantes, de prejuicios y persecución a muerte, de ideas
delirantes de envenenamiento y conspiración. Sigue adelante un cuadro
en el que los médicos reconocieron un activo proceso esquizofrénico y
del que obtuvieron el siguiente diagnóstico: Trastorno crónico,
paranoia y esquizofrenia paranoide en evolución. Más adelante, viene
a decir que por lo anteriormente expuesto consideramos que Pablo no
es responsable del acto antijurídico que se le imputa, debiendo
seguir tratamiento en un hospital psiquiátrico cerrado. Esto es lo
que recomienda el informe psiquiátrico de la prisión, tratamiento
psiquiátrico cerrado.
Este es el informe que el propio centro facilita al juzgado. En la
propia ficha del informe psiquiátrico el centro se indica que en sus
antecedentes penales es acusado de un delito de asesinato, en la
propia ficha del informe, y yo creo que, a partir de este informe
pericial, indudablemente la administración del centro tendría que
haber adoptado medidas de cautela sin esperar a nada más, a ninguna
indicación más. Auna persona esquizofrénica, una persona a la que se
le recomienda un tratamiento de hospital cerrado, no se le puede
facilitar una bolsa de aseo, en la que con el material de aseo está
una cuchilla de afeitar, ni a un esquizoide con
este diagnóstico, se le puede encerrar con una persona normal, porque
esa persona normal estaba condenada a muerte. Además, más grave, los
funcionarios -así lo indican los sindicatos, comisiones obreras,
etcétera, no tenían ninguna constancia de ese diagnóstico, de manera
que el propio funcionario no sabía con quién estaba hablando, desde
el punto de vista pericial. Por lo tanto, cuando se encierra con ese
diagnóstico a Bienvenido con Jesús Cano Muñoz, la muerte estaba a
anunciada, una persona esquizofrénica, una persona que tiene que
estar en un hospital psiquiátrico, no en una cárcel, en un hospital
psiquiátrico, cerrado, una persona a la que se facilita una cuchilla
y se le encierra con otra persona normal, está servida.
Yo creo que ahí hay una irresponsabilidad absoluta e intolerable. No
se puede poner en peligro a las personas, primero, a de un enfermo de
esas características, que no puede estar encerrado, sino que tiene
que estar en tratamiento en un hospital psiquiátrico, cerrado, como
indicaban los propios sicólogos y psiquiatras, y, segundo dentro de
la propia administración de ese centro penitenciario, por las
personas encargadas del tratamiento psiquiátrico, no se puede ocultar
ese diagnóstico ni encerrarle con una persona normal.
Ha sido un conjunto de disparates y de no haberse producido el relevo
del director de la prisión, en esta comparecencia le hubiésemos
exigido su dimisión, su cese, por ética política, porque sería una
manera de lanzar un mensaje a la sociedad sobre casos como éste, que
son claros, que rayan en la irresponsabilidad más absoluta, que ponen
en evidencia que estamos ante una Administración que ha hecho
dejación de todo, que ha puesto en peligro una vida y que no
solamente la ha puesto en peligro, sino que la hemos perdido. Además,
se evidencia que estos enfermos psiquiátricos o presos peligrosos, se
caracterizan por no tener un tratamiento especial, por juntarlos con
presos normales, por no tener una asistencia médica y psiquiátrica
especial, por no tenerlos encerrados en sitios especiales, etcétera.
Por tanto, señor director general, que al menos seamos capaces de
aprender de este error. Me daría por contento si usted en su réplica
nos anunciara que a partir de esta muerte, cuando se da una muerte
con estas características, cuando el propio centro aconseja que a
esta persona se le encierre en un hospital psiquiátrico, que esta
persona es un esquizofrénico, que esta persona tiene estos delirios y
por lo tanto puede cometer algún acto contra otra persona, se tomarán
las medidas para que en el futuro, con este diagnóstico, esa persona
no pueda estar compartiendo celda con otro preso, y que a estas
personas no se les faciliten cuchillas ni cuchillos, y, por contra,
lo que se le facilite sea asistencia psiquiátrica.
Esta es la pretensión de nuestra intervención, que al menos
deberíamos ser capaces de aprender de este error. Yo me quedaría
absolutamente satisfecho de esta comparecencia si usted en su réplica
nos dice que, efectivamente, tomamos nota y a partir de ahora, todos
los enfermos de esas características, con este diagnóstico pericial
de la propia institución penitenciaria donde se indique que son
esquizofrénicos o que son paranoides, tendrán una tratamiento
específico, no estarán en celdas con otras personas, no se le
facilitarán cuchillas de afeitar, etcétera, tan sencillo como eso. Yo
me quedaría satisfecho, aparte lógicamente
de que intentaremos aprovechar en el trabajo de la moción que habrá
que presentar dentro de una semana sobre la interpelación, ya con un
carácter más general, no solamente el tratamiento concreto
psiquiátrico o médico de los retenidos y de los reclusos sino todos
aquellos aspectos en los que desde nuestro punto de vista entendemos
que hace falta un giro en la política penitenciaria.
Se está poniendo en riesgo la vida, no sólo de los reclusos, sino de
cualquier funcionario, porque pudo haber caído otro funcionario. En
vez del señor Cano Muñoz, podía haber sido un funcionario. Voy a
estar muy atento a su réplica, para ver si se nos da cierta
satisfacción para tener la seguridad de que casos como éste nunca se
van a producir. Eso es lo que nosotros desearíamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad. Comenzaba el señor Pérez
Solano diciendo que la intención de nadie está en sacar rentabilidad
política de una muerte ,y el Grupo Parlamentario Popular da
absolutamente por cierto esa consideración de principio. No tenemos
en ello ni la más mínima duda. Precisamente porque no tenemos en ello
la más mínima duda, tampoco dudamos en cuanto al esfuerzo que, tanto
esta administración penitenciaria, como la anterior, han venido y
vienen realizando precisamente para evitar que sucesos tan
lamentables como este no se produzcan. Pero , por desgracia, ello no
obsta para que el señor director general tenga razón en la afirmación
que realizaba ante un determinado medio de comunicación, y que ha
sido también traída a colación en este acto. Nos corresponde, por
tanto, en primer lugar, no poner en duda, porque no ponemos en duda
bajo ningún concepto, la intencionalidad constructiva de los términos
con los que se ha querido formular esta comparecencia. En segundo
lugar, agradecer al director general el detallado y sincero relato de
los hechos en los términos en que son conocidos por la propia
administración penitenciaria. Sin duda el espacio común en el que
todos nos reconocemos es en el de lamentar, y lamentamos todos, tanto
Instituciones Penitenciarias, como los demás este triste resultado
final.
Quiero señalar que, tanto la anterior administración penitenciaria, y
le consta expresamente a este portavoz por razones que son conocidas
sobradamente por los grupos de la Cámara, como ésta, vienen
desarrollando todas las prevenciones y esfuerzos necesarios para
evitar este tipo de sucesos. Pero hay que recordar también que, por
desgracia, la supresión definitiva y absoluta de estos hechos es un
objetivo que difícilmente se puede garantizar en todo punto en
cualquier medio, y ese era el sentido de la declaración del director
general, y aún más en un medio de las singularidades
y características del penitenciario. Lo dicho no debe llevar a ningún
tipo de conformismo ni fatalismo, lo dicho debe motivar precisamente
el esfuerzo de todos, y como es natural, en primer lugar, el esfuerzo
de la propia administración, como así se viene haciendo, para
intentar reducir al máximo los niveles potenciales de riesgo en
cuanto a la reiteración de hechos y resultados de las características
del que hoy estamos abordando. Afortunadamente,
también hay que decir que sucesos de esta naturaleza no son una
constante, ni lo han sido en el pasado, ni lo son en el presente.
Pero también en los mismos términos en que acabo de señalar antes,
sin duda sólo un caso producido merece y exige el esfuerzo de todos
para tratar en lo posible de evitar su reiteración.
Insisto en lo que dije ayer, y con esto concluyo. Busquemos espacios
de consenso, bien entendido que las dificultades estructurales que en
este momento pueda encontrarse la administración penitenciaria, no
son dificultades estructurales sobrevenidas a partir de marzo de
1996. Como también digo que los éxitos que en este momento pueda
tener en cuanto a evolución y avance de la mejora interna de la
realidad de nuestro medio penitenciario, no son sobrevenidos a partir
de marzo de 1996, sino que son también trasunto de unas políticas
evolucionadas y aplicadas con anterioridad. En definitiva, huyamos, y
estoy absolutamente convencido que ese es el compromiso de todos los
grupos, de los calificativos gruesos y aprovechemos la oportunidad
que se nos brinda en los próximos días, merced a la interpelación
formulada ayer por el Grupo Socialista, para, a través de la moción a
debatir en el próximo Pleno, definir unas líneas de acuerdo sobre las
que trabajar en común desde el realismo del análisis de la situación,
desde el realismo de los recursos disponibles y desde la voluntad
sincera por parte de todos para afirmar con hechos ese consenso. Sin
duda, y compartimos en esos extremos la afirmación hecha por el señor
Meyer, todos podemos aprender y aprendemos de situaciones que
devienen en un final indeseado. Este principio debe ser para este
grupo parlamentario el motor que conjugue la acción en común de
todos.
No se puede decir que la Administración es responsable de un
determinado resultado, pero, dicho eso, y me consta en ese sentido el
compromiso del Ministerio del Interior y de la administración
penitenciaria, tampoco se puede dar por definitivamente inevitables
este tipo de situaciones. El origen profesional del director general
de Instituciones Penitenciarias, su conocimiento exhaustivo del medio
penitenciario, de las características del medio penitenciario, de las
riquísimas características personales de los funcionarios del medio,
son un elemento muy importante, contando con el respaldo y el debate
sincero y constructivo de todos los grupos parlamentarios, para,
todos juntos, grupos parlamentarios y administración penitenciaria,
tratar de evitar con todo esfuerzo que un hecho como este pueda
volver a repetirse.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Tiene la palabra el
señor director general.
El señor DIRECTOR GENERALDE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): En primer lugar y por precisar las declaraciones que se
han traído a este foro, diré que estaban hechas en un contexto en el
que determinados sindicatos atribuían este suceso a una falta de
personal. La reflexión mía en aquel momento era que una situación
dada entre dos internos en su celda difícilmente puede evitarse por
la mayor o menor presencia de funcionarios, entendiendo también que
se había instrumentalizado este hecho para demandar más personal.
Respecto a atribuir este hecho a la masificación, por ejemplo,
tendría que decirle que el centro de Soto del Real es un centro tipo,
un centro clónico, cuya capacidad está estandarizada. Tiene 1.008
celdas residenciales, tiene 72 más en el departamento de aislamiento,
72 en enfermería y 72 en el módulo de ingresos. Sumándolas, nos viene
a dar 1.222, si no me falla la memoria. En este momento el centro
está ocupado en torno a 1.460 ó 1.470 internos. No cabe hablar de
masificación cuando el número de celdas compartidas puede oscilar
entre el 25 y el 30 por ciento, porque nos encontrarnos ante unos
niveles de ocupación que no justifican alarma social o no nos pueden
introducir en la dinámica de justificar un hecho por el número de
personas que comparten el centro, máxime cuando se produce en horas
nocturnas en las que los internos están descansando.
He intentado explicar por qué los internos comparten celda. Lo hacen
por expresa prescripción facultativa, tanto del psicólogo , como del
psiquiatra. Es evidente que nosotros podemos hacer un juicio de valor
brillante cuando han sucedido los hechos, ex post, hacerlo antes de
que sucedan es bastante más complejo. Estas personas, primero son
preventivas. Hablar de tratamiento penitenciario respecto a internos
preventivos a los que la ley impide que se infiera, por imperativo de
la presunción de inocencia, en su personalidad, es hacer un juicio,
dicho sea con todo respeto, poco riguroso.
Hechas estas afirmaciones, me gustaría también decir, como he
apuntado, que el ingreso de un interno en una unidad psiquiátrica o
en un psiquiátrico penitenciario, no es una discrecionalidad de la
Administración, es una decisión que compete única y exclusivamente al
juez. El tratamiento que se estableció en el vigente Código Penal
para abordar aquella pena de por vida que tenían las personas a las
que se acusaba como inimputables de un delito, fue corregida en lo
que se entendió como un avance progresista por fijarles un tiempo,
como si hubieran cometido cualquier otro delito sujeto a una pena, y
no prolongar de forma indeterminada su internamiento, circunstancia
que rigorizó de alguna manera en el reglamento de 1996, que pretendió
sintonizar con aquella reforma legal, con una limitación de la
administración penitenciaria para ejercer esa posibilidad, para no
satanizar circunstancias de desviación de la personalidad que no
pueden entenderse como enfermedades o que, en definitiva, son
reversibles, admiten tratamiento. No estamos ante el determinismo,
estamos justo ante lo contrario, ante la posibilidad que fija una ley
que cree en el hombre, cree en la posibilidad de cambio, cree en la
posibilidad de que con un tratamiento evolucione. Hablar de
determinismo es desconocer la esencia que mueve y dinamiza el sistema
penitenciario.
En cuanto a la insuficiencia de funcionarios daré unos pocos datos,
porque también la relación de puestos de trabajo de los centros tipo
fue elaborada hace cinco años y son centros muy parecidos. El centro
de Madrid 5 tiene, en este momento, 573 funcionarios, para 1.500
reclusos, en cifras redondas; el de Huelva tiene 447 por RPT para la
misma población y el de Albolote, 467. Como ven hay una diferencia de
casi 100 funcionarios más y los justifica la finalidad que tiene ese
centro de acoger a personas preventivas, lo cual supone una rotación
tremenda de ingresos, al
estar destinado a acoger las personas que son detenidas en una ciudad
como Madrid.
Creo que hablar de carencias de personal, al margen de que pueda ser
rentable sindicalmente, porque más personal siempre sería necesario,
no parece, insisto, en que con los datos, que son los únicos
elementos que tiene la Administración para hacer comparaciones
rigurosas, sea muy afortunado.
Decía S.S. que ésta era una muerte anunciada, en opinión de algún
sindicato que pretendía parafrasear a algún escritor sudamericano.
Cuando alguien es consciente de que una muerte se va a producir lo
que tiene que hacer es evitarla, y en ese sentido quien conociera esa
situación de riesgo podía haberla denunciado. Yo he hecho hincapié en
que no se ha producido, por ningún funcionario de vigilancia, por
ningún sindicato, por ningún responsable intermedio, como un jefe de
servicio, la constatación de una situación de riesgo, de una
situación de alteración, de la que pudiera intuirse o vislumbrarse
tal acción.
Esta persona pasa recluida más de un año, sin dar atisbo alguno de
encontrarse alterada o ante una disfunción que hiciera previsible ese
hecho. No estamos hablando de una administración que se sienta a la
puerta a la espera de que acaezcan los acontecimientos, estamos
hablando de una administración que tiene unos servicios médicos
importantes, que ven sistemáticamente a esta persona, a la que
entienden compensada y que no está en condiciones de hacer daño a los
demás. En ese sentido, no estamos ante un enfermo, no estamos ante un
asesino, estamos ante una persona inculpada, que está presa
preventiva, a disposición de un juzgado y a la que se le imputa
solamente un delito de lesiones.
La referencia que efectivamente aparece después, por asesinato, en el
informe pericial que demanda el juez, responde a una ligereza del
psiquiatra, que carece de una formación jurídica solvente y que
utiliza el término asesinato de una manera coloquial. Insisto, el
mandamiento de ingreso -que está a su disposición- fija como delitos
por los que se le imputa un delito de lesiones con arma blanca y otro
de incendio.
El escándalo que le genera el que esta persona comparta celda,
insisto, insisto en que es el psiquiatra del centro el que lo
aconseja. Parece que al desacreditar el juicio de un experto,
exclusivamente por la conclusión, es quizá donde podríamos ver esos
atisbos de responsabilidad objetiva. No estamos hablando de una
intuición feliz del director, estamos hablando de que el director
opera en función de un dictamen pericial altamente cualificado que,
además, es plenamente coherente con la decisión judicial de ingresar
a esta persona en un establecimiento psiquiátrico. Sí podría el juez
de Guadalajara, a la vista del hecho, haberlo ingresado directamente
en un hospital psiquiátrico, como lo hizo el juez de Colmenar cuando
se comete el homicidio, pero no lo hace, lo remite a la prisión.
El dictamen al que hace referencia el señor Meyer después, se produce
el 17 de diciembre de 1998, casi un año después del ingreso y es un
dictamen que demanda el juez instructor para evaluar -como así dice
si se lee detenidamente el informe- la imputabilidad o la
inimputabilidad en el momento de cometer el delito, no un año
después.
Estaríamos también ante una esquizofrenia del psiquiatra si, un año
después de su ingreso y cuando tiene perfecto conocimiento de que
esta persona está haciendo vida en común, diera un dictamen tan
contradictorio, entendiendo que padecía una esquizofrenia paranoide
en ese momento y manteniendo la situación en contra de sus propios
actos, como es decir que el interno estaba compensado en el momento
en que cinco o seis meses antes le realiza la exploración de alta en
la enfermería. Estamos hablando del mismo psiquiatra, no estamos
hablando de dos personas diferentes; no estamos hablando de una
persona que desconozca al interno. Estamos hablando, eso sí, de dos
decisiones clínicas diferentes que hacen referencia a momentos
cronológicos también diferentes. El primero a la evolución, en ese
momento, que justifica el alta de enfermería, el que hace el
psiquiatra, señor Rivera, y la segunda el informe pericial que le
demanda el juzgado para evaluar la imputabilidad que esta persona
tenía en el momento de cometer los hechos, años antes.
Es evidente que, a la luz de los hechos, nos encontramos ante un
fallo de ese diagnóstico, pero si cualquier experto en las ciencias
de la conducta tuviera que pronunciarse exclusivamente frente a
aquello de lo que tiene seguridad absoluta no se daría, nunca, un
permiso penitenciario, no se daría, jamás, una libertad condicional,
no se produciría ningún elemento de contacto con la sociedad porque,
atrincherados en esa visión rigorista de la seguridad, que desde
luego beligera abiertamente con las premisas que fija la Ley General
Penitenciaria, que es una ley, insisto, que apuesta por el hombre,
nos escudaríamos en la seguridad absoluta frente a cualquier
posibilidad de cambio, de tratamiento, de evolución, de cambio, en
definitiva.
En cuanto a las preguntas a las que hace referencia, efectivamente,
se han iniciado unas diligencias informativas, con una información
reservada, así se llama en la expresión administrativa, que en este
momento se hallan, por imperativo legal, al existir un procedimiento
judicial abierto sobre los mismos hechos, en suspenso hasta tanto se
produzca la resolución judicial. En ella intentaremos averiguar si ha
habido alguna responsabilidad disciplinaria, porque entendemos que
tendremos que llegar al fondo, pero lo que no podemos es anticipar la
responsabilidad, anticipar una premisa que se basaría en la
culpabilidad y no en la truculencia del hecho, en la contribución
causal, en definitiva, que haya tenido una eventual negligencia de
ese facultativo o de ese experto a la hora de elaborar un dictamen.
Entendemos que estamos hablando de términos estrictamente clínicos,
no estamos hablando de responsabilidad política. No puede el director
del centro decirle al médico qué tratamiento y qué fármacos tiene que
administrarle. La esencia de un experto clínico se funda en que según
la lex artis tiene la capacidad de entender una enfermedad y
prescribir su remedio. Como resultado, no le puedo anticipar,
lógicamente, si va a producirse alguna responsabilidad disciplinaria.
Desde luego, si nos encontramos con que ha habido una negligencia
culpable vamos a exigirla, como no podría ser de otro modo.
Pregunta que por qué se albergó al fallecido con otra persona, que no
era un asesino convicto, o si conocía el delito por el que estaba
penado. Eran, repito, dos internos
preventivos (El señor Pérez Solano hace gestos negativos) Perdón le
he entendido mal y le pido disculpas.
En cualquier caso quiero recordarle, y ya he hecho referencia a ello,
que el artículo 16, como usted bien dice, además de los criterios de
primariedad o delito doloso o culposo sí recoge a los enfermos
psiquiátricos; pero esos enfermos psiquiátricos se ubican en la
enfermería, en la unidad o departamento -también lo dice el
reglamento- que en cada enfermería habrá para internos con problemas
psiquiátricos o contagiosos. Es evidente que si el propio psiquiatra
da el alta clínica a esta persona de la enfermería, es porque está
diagnosticando, como cualquier médico lo hace cuando firma un
documento de esta naturaleza, que esta persona no está enferma o que
al menos su enfermedad no tiene ese grado de incidencia que permita
etiquetarlo como enfermo psíquico.
En cuanto a la afirmación del señor Meyer acerca de una
irresponsabilidad de la Administración, tengo que discrepar
respetuosamente de la misma. Es evidente que la tragedia que supone
la pérdida de una vida humana en circunstancias de privación de
libertad admite los reproches que usted quiera al responsable
administrativo o al responsable político, pero la reponsabilidad
administrativa también se basa en la culpa y entiendo que habría que
conectar la decisión de compartir celda con ese carácter técnico que
tienen los dictámenes que así lo avalan; y como digo van destinados,
no a tutelar a un interno frente a otro, sino específicamente
a permitirles que superen ese primer impacto que supone el
internamiento en personas de edad ya avanzada. El principio celular,
es un principio evidentemente deseable y al que camina la
administración penitenciaria, pero no es incompatible con que
personas determinadas prefieran compartir celda o se aconseje
médicamente que lo hagan con el fin de superar esos elementos
angustiosos de afrontar una fórmula de vida que es limitadora y que
realmente produce efectos angustiosos.
El tratamiento de las enfermedades terminales está perfectamente
reglado, y me refiero a que no podemos mezclar a un enfermo de sida,
que evidentemente tiene una posibilidad de acceso a la libertad
condicional privilegiada, con un enfermo mental. Como digo, la
filosofía que impregnó la reforma del Código Penal de 1996, y que
también desarrolló el reglamento, es expresamente garantista,
precisamente para no perjudicar al enfermo mental, para que no se le
etiquete de una manera que le haga de peor derecho, cuando
probablemente su maldad, su culpabilidad es menor, es decir que la
imputabilidad no se convierta en un elemento que permita prolongar de
manera indefinida una condena, frente al que quizá siendo consciente
de sus actos, puede cumplirla en un centro y acogerse a otros
beneficios penitenciarios.
En el historial de Bienvenido no figuraba ningún dato que permitiera
aventurar este resultado. En el hospital psiquiátrico (en Fontcalent
o en Sevilla, si usted los conoce bien) los internos también realizan
actividades en común y comparten celdas, porque el tratamiento
psiquiátrico no consiste en un elemento de aislamiento integrista. La
comunicación es también un elemento fundamental para que estas
personas puedan superar sus deficiencias psicológicas. El enfermo
mental no es un sujeto tan alejado del enfermo de otra naturaleza,
sobre todo con un tratamientoes
susceptible de evolucionar y no es un hombre condenado a ser un
sujeto nocivo de por vida. En ese sentido, los internos en hospitales
psiquiátricos también tienen acceso a útiles de afeitar generalmente
inocuos. Aquí había la manipulación de una cuchilla. Esperaremos a la
autopsia, pero es bastante difícil que una persona con ese útil tan
escasamente agresivo, por decirlo de alguna manera, salvo que
precediera una pelea y la otra persona estuviera inconsciente,
pudiera producir un desenlace de esta naturaleza. He hecho referencia
a que el interno no tenía cortes en la ropa; la ropa le había sido
retirada. No es fácil que por la elemental resistencia que pueda
oponer una persona de esa edad pudiera cometerse, por decirlo de
alguna manera, un asesinato tan alevoso. No puedo precisar más en ese
sentido, al carecer de los datos de la autopsia.
Quiero concluir diciendo que evidentemente nosotros queremos aprender
de este error. Estamos profundamente preocupados por la seguridad de
los reclusos. Creo -y también lo he dicho al principio- que los
índices de muertes violentas están bajando, yo diría que
espectacularmente. El nuevo sistema penitenciario admite un mayor
control del recluso y comparar los índices de violencia que pueda
haber en Soto del Real frente a los que había en Carabanchel, donde
seis o siete internos compartían una celda y donde lamentablemente
determinados hechos luctuosos o violentos estaban casi a la orden del
día, nos permite al menos entender que vamos por un camino adecuado,
con todas las servidumbres que tiene un medio de conflicto como es la
cárcel, con toda la humildad para aprender de las aportaciones que
puedan hacer otras personas. Ayer el ministro hablaba de una política
continuista, de una política, que en definitiva, pretende un objetivo
al que no se puede sustraer ninguna Administración que crea en un
Estado de derecho, y es que las personas privadas de libertad tengan
una opción de recuperación. En ese sentido, le traslado por una parte
nuestra preocupación por estos hechos y por otra nuestra convicción
de que vamos a seguir trabajando en esa línea para mejorar un
servicio público tan esencial como el penitenciario.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Gracias, señor director
general. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente. Una brevísima
réplica para hacer alguna consideración a la intervención del señor
director general.
Parece, señor director general, que me acusa a mí de determinista
ante este hecho. En absoluto. Es imputable a la Administración
penitenciaria porque trata de explicar este hecho como si fuera fruto
del azar y lo cierto es que se ha producido, igual que cuando se
produce un accidente de trabajo, porque se ha omitido alguna de las
medidas y alguno de los juicios que habia que haber realizado.
Efectivamente, el artículo 16 de la Ley General Penitenciaria entre
los criterios para proceder a la clasificación interior inicial
y destinar al recluso a una celda individual o compartida, recoge en
este caso concreto si está enfermo o no estáenfermo. Según los
dictámenes policiales estaba clarísimo
-lo ha dicho S.S.- que estaba afectado de un trastorno delirante, sin
ideas o sin instintos de suicidio. Es cierto que el propio régimen
penitenciario a veces aconseja que se comparta la celda para hacer la
pena menos aflictiva, sobre todo en aquellos casos de delincuentes o
de internos primarios. Es cierto que a veces puede estar aconsejado,
pero éste no es el caso, señor director general. El informe del
psiquiatra dice claramente que padece trastornos delirantes crónicos
-es un paranoide- y que está afectado de una esquizofrenia paranoide
en evolución. No se escude, señor director general, en estos informes
periciales para decir que si le alojaron compartiendo celda con el
recluso víctima de la agresión era porque se apoyaban en el dictamen
psiquiátrico, porque yo entonces le preguntaría: si usted mantiene
esa tesis, ¿es que son siempre vinculantes los informes de los
técnicos de las instituciones penitenciarias? En absoluto pueden ser
vinculantes. Serán indicativos, naturalmente, porque están muy
fundados técnicamente por profesionales muy cualificados, pero no
pueden ser vinculantes. Además, le quiero trasladar la idea de que a
la vista de ese informe psiquiátrico y aunque le aconsejaran que
compartiera celda, la experiencia que se tiene en la Administración
penitenciaria española aconsejaba que en este caso al presunto
homicida se le hubiera destinado a una celda individual. En este
sentido, el director general ha dicho que se había aconsejado
-también por los informes periciales- que se ordenara al presunto
homicida que compartiera celda con otro interno para que le ayudara a
no tener instintos de suicidio, o como dicen técnicamente para que el
recluso no tuviera ideas autolíticas. Pues bien, he leído alguna
información en el sentido de que la Administración penitenciaria se
escudaba en que los informes periciales aconsejaban que precisamente
para evitar que el presunto homicida atentara contra su vida,
estuviera acompañado, por decirlo vulgarmente.
Señor director, respecto a la carencia de personal y a la
masificación o sobresaturación del centro de Soto del Real, yo me he
limitado a informarle de lo que dicen los representantes de los
sindicatos. No quiero sacar ninguna rentabilidad política ni erigirme
en el líder de los sindicatos con presencia en la Administración
penitenciaria, porque no tengo ningún título para ello. Me he
limitado a decirle que, según los representantes de los sindicatos,
este hecho luctuoso se produjo, entre otras cosas, por la
sobresaturación y también por la insuficiencia de personal. Es cierto
que esta serie de concausas han producido el hecho luctuoso de la
muerte del interno que compartía celda con el presunto homicida, y
coincido con S.S. en que hay que extremar el celo, que hay que
extremar la vigilancia para que estos hechos ni ningún otro parecido,
que atentan contra la seguridad e incumplen las finalidades de
retención y custodia de los internos, se vuelva a producir.
Señor director general, quiero concluir diciendo que en este hecho,
sin decir que ha habido negligencia, porque no lo puedo decir porque
hay abiertas diligencias tanto reservadas -y pueden derivar en
incoación de expedientes disciplinarios- como judiciales, estaremos a
resultas de lo que digan estas diligencias judiciales. A la vista de
todo lo narrado y lo analizado en esta sesión, voy a decir suavemente
que se ha producido un incumplimiento de la Administración y que la
Administración ha incurrido en cierta
culpa in vigilando, porque si no no se hubiera producido el hecho
fatal de la muerte del señor Cano.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): El señor Meyer, del
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: He seguido muy atentamente la réplica, no
podía ser de otra manera, porque le pedía en mi primera intervención
que hubiera cierto reconocimiento de errores para aprender de ellos.
Usted ha dicho que tal vez se ha producido un error en el peritaje, y
yo me agarro a esa valoración, sin obviar que sigo planteando que hay
una irresponsabilidad, que en ese sentido no me ha convencido, pero
sobre todo pensando en el futuro.
Ami me gustaría que a partir de esta comparecencia, al menos fuéramos
capaces de tener la garantía de que cuando un preso preventivo llega
a cualquier centro y los técnicos de psiquiatría del propio centro,
los médicos hagan un peritaje de estas características, tengamos la
seguridad de que esta persona no va a compartir celda con otra
persona que no tenga las mismas características, y que también
tengamos la garantía de que esta persona tenga una vigilancia
especial y los funcionarios estén advertidos de este peritaje. Es
decir, que al menos tengamos la garantía de que este tipo de personas
enfermas, con este diagnóstico de esquizofrenia paranoide, e
impelidos a cometer actos irrefrenables, no van a compartir celda.
Simplemente esto, de lo contrario, de no tener esta garantía, estoy
convencido de que ante un caso como éste o de un perfil parecido, una
persona esquizofrénica paranoide que esté impelido a cometer estos
actos irreflenables, si se le facilitan determinados utensilios de
aseo y además se le encierra en una celda, podremos tener otro
incidente parecido. Sencillamente apliquemos el sentido común, y lo
que no veríamos normal de los muros para afuera de una prisión, ni
ningún médico aconsejaría que a un esquizofrénico paranoide con esos
sentimientos se le encerrara con una persona y se le diera una
cuchilla, también lo elevemos a categoría de anormal del muro para
adentro. Yo creo que es una cosa de sentido común.
Otra cuestión que me interesaría resaltar -y tal vez en otra ocasión
tendremos más tiempo para poder hacerlo- es todo lo que significa el
tratamiento de este tipo de personas que tienen problemas mentales o
de los llamados presos peligrosos, que también requerirían un
tratamiento especial y que, desde mi punto de vista, hoy no lo
tienen. Yo creo que por parte de Instituciones Penitenciarias se
deberían poner en marcha planes específicos, con personal también
específico, para conseguir que este tipo de recluso, que es un
enfermo psiquiátrico, tenga asistencia específica y que todos
tengamos la garantía de que se cumple esa doble función de
tratamiento psiquiátrico y redención de pena lógica por ser un
recluso.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor Gil Lázaro, por el
Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Brevemente, señor presidente, quiero decir que
nos ha parecido especialmente interesante una reflexión apuntada por
el señor director general y
que yo creo debe motivar en el futuro también una reflexión en común
de los grupos parlamentarios. Ha señalado el señor director general,
y tiene razón, que si adoptásemos todos -naturalmente en primer lugar
la Administración penitenciaria- un criterio excesivamente rigorista
en orden a una garantía de resultado cuando se trata de la aplicación
o no de los diversos instrumentos que componen la política de
tratamiento, probablemente sería imposible aplicar esa política de
tratamiento o aplicar algunos de esos instrumentos que configuran la
política de tratamiento. Por tanto, se trata de que entre todos
contribuyamos a mejorar los planteamientos que deben y pueden hacer
posible un resultado eficaz y feliz en la aplicación de esos
instrumentos que configuran la política de tratamiento. Insisto,
nuestro grupo cree que tiene razón el director general cuando señala
que con un criterio excesivamente rigorista en cuanto a la garantía
del resultado final, estaríamos convirtiendo la política de
tratamiento en una política inviable o, en todo caso, en una utopía.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): En principio quiero disculparme si no he sabido hacerme
entender en cuanto a la disquisición sobre el determinismo, que no
iba destinada a calificar el pensamiento de SS.SS., y únicamente a
intentar explicar en qué medida hay que buscar el equilibrio entre
aspectos frente a los cuales no se pueda asegurar un resultado y
frente a la necesaria diligencia para poner todos los medios para
evitarlo cuando ese resultado es lesivo.
Respecto a los informes de los expertos, evidentemente no son
vinculantes. Ciertamente, cuando la ley obliga a que exista el
dictamen de un experto, aunque no sean vinculantes tienen un alto
valor a la hora de conformar la voluntad del responsable
administrativo. La esencia de cualquier norma es que si se pone una
premisa es para que tenga un resultado, sino sería como un informe
del cual se discrepa o como si frente al rigor técnico del experto se
opone la oportunidad política. Sinceramente entiendo que hay que
hacer mucho caso a los informes de los expertos, sobre todo cuando no
se tiene la alternativa. El director de un centro con 1.500 reclusos
no puede conocer a los internos personalmente. El psiquiatra, el
psicólogo que los ve hace un diagnóstico que yo creo debe ser muy
tenido en cuenta.
Quiero trasladarle que ninguna de estas dos personas estaba en un
protocolo de prevención de suicidios. El hecho de ubicarles en la
misma celda no era para que alguno ejerciera una función tutelar. Se
ha especulado también eso, porque fue un caso que ha generado
estrépito informativo, y se ha hablado muchas veces no con excesivo
rigor. La función que tenía, como digo, no era que se tutelaran
ambos, sino hacerles más llevadera una primera fase de su
internamiento.
En cuanto a la culpa in vigilando, es evidente que si nosotros
llegáramos a tener en cada cárcel un bigbrother, como dice Aldous
Huxley, probablemente no se produjera ningún incidente de esta
naturaleza, si fuéramos capaces de entrar en el último y en el más
recóndito rincón de ese arcano
que tiene cada persona en la cabeza, pero nosotros tenemos que
deducir siempre que pueden producirse determinados hechos de algunas
premisas. En ese sentido, quiero trasladarle la necesidad de que
determinadas decisiones restrictivas tengan que ir siempre seguidas
de alguna premisa que las justifique, de lo contrario tendríamos una
responsabilidad por el resultado, y creo que en estos momentos no
tiene gran predicamento tampoco en el campo del derecho penal. En
cualquier caso, acepto que hubo un error. Es evidente que si esta
persona tiene ese brote psicótico, por imprevisible que resulte, una
diligencia extraordinariamente afinada o quizá otro experto más
competente, más riguroso o más afortunado, hubiera podido detectar
esa anomalía y haber actuado de forma diferente. Pero creo que eso no
puede descalificar a priori que se ha hecho un trabajo riguroso,
tendente a intentar esclarecer en qué medida esa patología de la
personalidad, que insisto no generó en un principio respecto a la
autoridad judicial la resolución de internarlo en un psiquiátrico, es
suceptible de ser tratada.
Por lo que se refiere al señor Meyer, evidentemente también tenemos
que reconocer que la imprevisibilidad en ese pronóstico de conducta,
cuando una persona tiene un trastorno de personalidad con mayor o
menor intensidad, es quizá una de las servidumbres más sensibles de
toda la actividad penitenciaria, porque muchas de las actitudes
violentas que están en presos peligroso se producen perfectamente por
alteraciones de personalidad. Se trata de esclarecer si esa
circunstancia entra en el campo de la enfermedad o en el de lo que
podríamos llamar nocividad. Son personas perfectamente conscientes
del daño que producen, pero tienen esa inclinación. El mundo
penitenciario se dibuja con una línea extraordinariamente difusa, y
se producen incidentes que usted mismo recordará, porque le conozco
vinculado al ámbito andaluz, como el motín del Puerto de Santa María,
cuando se arrojó la cabeza de un recluso. No eran personas
inimputables; eran personas con un perfil psicopático, con una
alteración intensa de la personalidad, pero no nos encontramos ante
una enfermedad que suponga inimputabilidad, sino frente a una
derivación compleja de la personalidad y especialmente nociva para la
sociedad, dentro y fuera. Son reclusos peligrosos, que están en un
régimen especial; hay una serie de limitaciones, y no hay gran cosa
que ver. Queda a su disposición también la información, entendiendo
que quizá el tratamiento de los reclusos peligrosos admita
aportaciones que den más posibilidades de reinserción. En cualquier
caso, hay que entender que los puntos de vista son diferentes.
Les anticipo que es deseo de la Dirección General, si no acudir a un
concurso de ideas, sí facilitar una vía que permita la aportación de
expertos extrapenitenciarios para tratar la cuestión de los enfermos
mentales en prisión. A esto hemos destinado una cantidad que nos
permita entrar en contacto con alguna institución cualificada del
ámbito universitario o sanitario, lo que quizá pueda permitirnos
abordar el problema de los enfermos mentales desde una óptica
científica rigurosa. Yo no podría asegurarle que un hecho de esta
naturaleza no va a volver a repetirse, pero sí le puedo asegurar que
la Administración penitenciaria traslada a los equipos de
tratamiento, y especialmente a losfacultativos, la necesidad de que
los internos sean estudiados
a su ingreso de forma rigurosa y de que funcione de manera eficaz la
clasificación interior. Le aseguro, sin embargo, que se va a hacer un
esfuerzo no sólo por parte del director general, sino también de
todos y cada uno de los funcionarios de los centros, que me consta
son sensibles también ante estas tragedias, y como usted reconoce son
muchas veces directamente destinatarios de la violencia de los
internos.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Terminado el orden del
día, he de decir que la Presidencia ha sido cómoda y fácil gracias al
trabajo eficaz de los servicios de la Cámara y a la concisión y
claridad de los intervinientes, tanto diputados como el director
general.
Atodos muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las siete y cinco minutos de la tarde.