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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 632, de 24/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 632
ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 63
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Para la elaboración por el Tribunal de Defensa de la Competencia de
un informe sobre las posibles prácticas bancarias en materia de cobro
de comisiones y sus efectos sobre la competencia.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001337) ... (Página 18366)
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas
destinadas a ampliar las posibilidades de canalización del ahorro
hacia nuevos activos financieros de la actividad productiva. Presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió). (Número de
expediente 161/001164) ... (Página 18369)
- Sobre comparecencias periódicas del presidente del Tribunal de
Defensa
de la Competencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
del Congreso. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001285) ... (Página 18375)
- Relativa a la necesidad de que el Gobierno acometa con carácter
urgente las obras en las zonas fronterizas de Santiago y Behobia, para
mejorar la imagen lamentable que ofrece esta entrada en España.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001286) ... (Página 18380)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- PARA LA ELABORACIÓN POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE
UN INFORME SOBRE LAS POSIBLES PRÁCTICAS BANCARIAS EN MATERIA DE COBRO
DE COMISIONES Y SUS EFECTOS SOBRE LA COMPETENCIA. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número de expediente 161/001337.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos
a comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, consistente en la discusión y votación de diferentes
proposiciones no de ley.
De acuerdo con los grupos parlamentarios, vamos a alterar el orden
del día, de forma y manera que la proposición no de ley que figura
como número 5 pasaremos a discutirla en primer lugar. Asimismo
comunico a SS.SS. que la proposición no de ley que viene consignada
en el orden del día como número 2 sobre publicación de las memorias
pendientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha
sido retirada por el grupo proponente.
Por otro lado, si SS.SS. lo tienen a bien, las votaciones las
realizaremos al finalizar la discusión de las diferentes
proposiciones no de ley, que en principio pensamos que sería a partir
de las doce de la mañana. En el supuesto de que el debate permitiese
su votación en un tiempo anterior, suspenderíamos la sesión para que
los diferentes grupos parlamentarios pudiesen hacer la llamada
correspondiente a los diputados asignados a cada grupo para poder
efectuar las votaciones con corrección y con el número suficiente de
votos.
Sin más, pasamos, por consiguiente, a la discusión de la proposición
no de ley formulada por el Grupo Socialista para la elaboración por
el Tribunal de Defensa de la Competencia de un informe sobre las
posibles prácticas bancarias en materia de cobro de comisiones y sus
efectos sobre la competencia. Para su defensa tiene la palabra por
parte del Grupo Socialista del Congreso el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Aunque el debate de la proposición no de ley
que presenta el Grupo Socialista se produce en este momento, la
presentación de la iniciativa fue anterior a la denuncia formulada
por el comisario de la Competencia de la Unión Europea sobre el tema
de las
prácticas de determinadas entidades financieras en materia de cobro
de comisiones por el cambio de monedas europeas. Quiero decir con
ello que aunque la denuncia presentada por el comisario tiene mucho
que ver con el tema que tratamos en estos momentos, la realidad es
que el origen de esa proposición no de ley es anterior a esa
denuncia, sin perjuicio de que esa denuncia de la Comisión Europea
sirve en todo caso para acentuar un problema que se viene dando desde
hace tiempo ya, no sólo por lo que se refiere a las comisiones por el
cambio de moneda, sino por lo que ya era una evidencia desde hace
tiempo, el cobro de comisiones de forma masiva y abusiva que se viene
produciendo por las entidades financieras. Ese problema del que los
ciudadanos tenían ya una evidencia se empieza a convertir en real
cuando las instituciones transforman la evidencia en una denuncia. En
este como en otros casos, nuestra opinión es que el Gobierno no
contesta ni se pronuncia y en este supuesto hay que decir que la
denuncia ni siquiera la ha formulado el Gobierno, sino que ha sido el
comisario de la Competencia de la Unión Europea el que ha puesto el
dedo sobre la llaga en el problema de las comisiones.
Comisiones a todo trapo y comisiones sin control son los titulares
más amables con los que los medios de comunicación vienen a definir
esta situación de comisiones generalizadas. En este clima, producido
por este cobro generalizado de comisiones por todo tipo de servicios,
la Comisión ha decidido recientemente investigar si las entidades
financieras se han puesto de acuerdo para el cobro de comisiones por
el intercambio de monedas de la Unión, que, por cierto, forman parte
de la misma y ya nadie puede alegar la existencia de riesgo en el
intercambio de divisas siendo ésa una de las causas alegadas en su
día para justificar una parte del cobro de esas comisiones elevadas.
La reducción de los márgenes del negocio bancario, que es una
evidencia -hoy mismo en los medios de comunicación vemos otra vez la
presión a la que el Gobierno alemán está sometiendo al Banco Europeo
y a los bancos centrales para disminuir los tipos de interés-, como
consecuencia de la apertura de los mercados de los distintos países y
la liberalización de los mercados, así como el descenso de los tipos
de interés, es lo que de alguna manera puede justificar el peso cada
vez mayor de las comisiones.
Con las comisiones pasa algo así como con los impuestos -permítanme
el símil-. Aquéllas son los impuestos indirectos que permiten a las
entidades financieras cobrar a los ciudadanos para que no paguen
tanto quienes realmente producen los costes financieros y constituyen
el instrumento a través de cual se transfieren márgenes comerciales y
beneficios de unos sectores a otros, aprovechando la posición
dominante de las entidades financieras en la intermediación. La
pregunta que nos hacemos es si nos encontramos
ante posiciones abusivas y no justificadas en la cuantía y en el
cobro de determinadas comisiones. Ése es el problema y nos
encontramos en una situación en que los tipos de interés, los tipos
de descuento y las comisiones se entremezclan en un entramado difícil
de desenredar, que cuestiona si los intereses reales son los que se
dicen o son realmente otros. Las cifras al respecto son bastante
elocuentes. Hay que recordar, seguro que SS.SS. lo saben, que estamos
hablando de 635.000 millones de comisiones netas, que es una cifra
muy importante. Si además tenemos en cuenta las comisiones que vienen
percibiendo las entidades financieras por las transacciones que se
producen en la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en fondos,
empezaremos a entender y a justificar de dónde surgen los incrementos
de beneficios de sistema financiero que vienen anunciando las
distintas entidades en los últimos meses para presentarlos ante sus
accionistas y ante la sociedad en su conjunto como unos buenos
resultados.
La realidad es que en estos momentos el negocio propio de las
entidades financieras no es el tradicional, sino que sus actuaciones
poco tienen que ver con la actividad tradicional de las mismas. Por
eso parece necesario entrar a considerar de forma profunda cuál es la
realidad de este fenómenos de las comisiones en estos momentos,
porque se cobra ya por todo: se cobra por disponer de tarjetas,
tarjetas de crédito y tarjetas de débito; se cobra por operaciones
con esas tarjetas, se cobra por transferencias, por talones, por
tener cuentas corrientes, por descubiertos, por préstamos, etcétera.
No estoy hablando de tipos de interés, estoy hablando de comisiones.
En cualquier caso, en este contexto se trata de ver el funcionamiento
y la forma de actuar de las propias entidades financieras.
En estos días en que se ha debatido también el tema de las tarjetas
de crédito y que los comerciantes vienen produciendo manifestaciones
al respecto, acusando de posición dominante y de establecimiento de
comisiones abusivas por las entidades crediticias y entidades
financieras, tengamos en cuenta que muchas de estas comisiones, por
ejemplo, en las tarjetas de crédito, la fijación de las tasas de
intermediación se efectúa en mesas por el conjunto de las entidades
financieras que participan en las sociedades que de alguna manera
producen la intermediación en dichas tarjetas de crédito. Puede
afirmarse sin equivocarnos mucho que con estas prácticas para ponerse
de acuerdo entre las distintas entidades al objeto de fijar ese tipo
de tasas que son algo bastante parecido a las comisiones, empezamos a
pensar, no sólo los consumidores en su conjunto sino en sectores
mucho más concretos, que las entidades financieras, aprovechando la
facilidad que se ha producido como consecuencia de la liberalización
de los mercados -que todos hemos visto como positiva, pero también
acarrea la posibilidad de fijar libremente las comisiones-, están
produciendo determinadas actuaciones que muy poco tienen que ver con
la introducción de elementos de competencia para que se reduzcan los
costes de sus actividades financieras.
En ese contexto es en el que nosotros presentamos esta proposición no
de ley, con la que queremos que el Gobierno, que muchas veces parece
que necesita comisiones e informes para poder tomar decisiones
-parece que no conoce los problemas-, y esta Cámara puedan disponer
de los elementos y datos necesarios para poder pronunciarse sobre un
tema que es de enorme importancia. En ese sentido nuestra proposición
no de ley dice que el Tribunal de Defensa de la Competencia deberá
elaborar en el plazo de tres meses un informe sobre las posibles
prácticas bancarias en materia de cobro de comisiones y sus efectos
sobre la competencia. El informe deberá ser remitido a la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda para su debate.
El señor PRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda a esta
proposición no de ley por parte del Grupo Popular, para cuyo
planteamiento y defensa tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: El Grupo Parlamentario Popular coincide con
el Grupo Socialista en la existencia de un problema determinado en
nuestro mercado financiero, que afecta a los usuarios,
fundamentalmente a los usuarios pequeños, por el juego de una serie
de comisiones cobradas por estas entidades financieras, no
directamente vinculadas a la prestación de un servicio determinado
o a que el cliente de esa entidad reciba una utilidad concreta por los
servicios que se le prestan. Cuando se acusa al Gobierno de no
pronunciarse, realmente estamos hablando de un problema de mercado,
estamos hablando de una serie de relaciones contractuales y es
preciso contar previamente, como decía el portavoz del Grupo
Socialista, con la constatación de que hay una práctica irregular no
ajustada a la norma y con la constatación, o la sospecha al menos, de
que hay un acuerdo entre entidades que igualan sus cobros por un
determinado concepto y que por tanto se está produciendo una posición
dominante de un sector dentro del mercado financiero. Para que estas
tres condiciones se pongan de manifiesto hay un organismo específico
en nuestra estructura, que es el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Por tanto, exigirle al Gobierno que se adelante a un
pronunciamiento de un órgano específico que tiene sus competencias,
como el Tribunal de Defensa de la Competencia, no parece lo más
adecuado. Por ello coincidimos plenamente con el Grupo Socialista en
que vamos a dar el primer paso en este camino, que es un
pronunciamiento del citado Tribunal.
El problema realmente no se presenta porque los mercados financieros
no sean capaces de adaptarse a una situación determinada como es la
bajada de tipos. Afin de cuentas, el negocio bancario es un negocio
de intermediación y, por tanto, es relativamente indiferente a qué
nivel se sitúen los intereses pasivos y activos, porque siempre habrá
una correlación entre unos y otros, en la que aparecerá el margen de
ganancia por el movimiento financiero.
Es cierto también que las entidades financieras prestan una serie de
servicios al usuario de esa cuenta; evidentemente, cuando los tipos
de interés están situados a un nivel muy alto, la contraprestación
que recibe la entidad financiera por su margen de intermediación es
lo suficientemente amplia como para que no sea necesario contar con
un ingreso complementario de determinados servicios que, digamos, se
dan gratis al cliente. Cuando se reducen esos márgenes hay que cobrar
determinados servicios, pero hay que pedir en el mercado financiero
español claridad en cuanto a los servicios y conceptos que se cobran
y huir de
un concepto que es el más peligroso en el terreno en que nos movemos,
que es el de las comisiones mínimas, que generalmente se cargan en un
porcentaje altísimo, con lo que, traducido a porcentaje anual, nos
encontraríamos con unas tasas anuales de equivalencia cercanas al 100
o al 200 por 100. Es, pues, necesario regular también el concepto de
comisiones mínimas para no perjudicar al pequeño usuario de banca.
Hay determinados servicios que es lógico que haya que pagarlos,
aunque tradicionalmente, quizá por imponer ese servicio o por
extenderlo a una gran cantidad de clientes se ofrecía gratis. Parece
lógico que se pague, pero también es lógico que el pago se haga
dentro de unos márgenes de racionalidad, con la máxima claridad y sin
que aparezca posición dominante. Pondría un ejemplo. Si cualquier
gran banco o caja de ahorros cargara a todas sus cuentas una pequeña
comisión de mantenimiento informático de 100 ó 200 pesetas,
realmente, individualmente, no estaríamos hablando de un gran
problema y serían muy pocos los clientes que pedirían explicaciones
sobre ese pequeño cargo en su cuenta. Al multiplicarlos por el enorme
número de cuentas que tiene esa entidad, nos encontraríamos con unas
cantidades altísimas.
Creo que en esta línea es en la que hay que trabajar. Hay que ofrecer
a los usuarios claridad en la percepción de lo que pagan y por
supuesto perseguir determinadas prácticas con las que utilizando
cargos que no corresponden a actividades típicas financieras y que,
por tanto, sí estarían sujetos a tributación, se está produciendo
también una reducción fundamentalmente de los ingresos de IVA por
facturaciones que no corresponden a operaciones típicas bancarias y
que, por lo tanto, tendrían que estar sujetas a IVA. En esta
situación es necesario que el Tribunal de Defensa de la Competencia
elabore un estudio concreto y a partir de ese estudio se deberá
actuar por parte del Gobierno y por parte del Congreso de los
Diputados.
Nuestra enmienda sólo tiene un objetivo y es que dado que el Congreso
de los Diputados ya ha encargado al Tribunal de Defensa de la
Competencia determinados estudios, sobre todo por una iniciativa
reciente del Grupo Socialista sobre tarjetas de pago, y atendiendo a
los medios limitados con que cuenta dicho Tribunal, pediríamos
ampliar el plazo, que es de tres meses en la proposición del Grupo
Socialista y que en nuestra enmienda lo elevamos a seis. Ése es el
sentido de la enmienda que hemos propuesto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: La propuesta que el Grupo Socialista somete a
consideración de los grupos parlamentarios pretende que tomemos tres
decisiones: que se elabore un informe por el Tribunal de Defensa de
la Competencia; que para que sea efectivo se haga pronto, en tres
meses, y que esta Cámara reciba ese informe. A pesar de que la
propuesta lleve fecha del 18 de diciembre de 1998, su argumentación
ha cobrado mucha más actualidad y vigencia cuando hemos tenido que
esperar a ver cómo, más
que nuestro Banco de España, más que nuestras autoridades
financieras, desde Europa alguien se ha dirigido a percatarse de si
había una especie de concierto o prácticas concertadas entre las
entidades financieras que establecían precios similares para lo que
es hoy en día la generalización de cobros de tasas y de comisiones,
que en realidad lo que está significando es mantener los beneficios
de un sector -que tenía beneficios cuantiosos-ante la resituación de
los tipos de interés. Hoy se cobra por todo y además se establece una
dualidad dentro de las entidades financieras: lo que llaman clientes
preferentes, a los que siempre se les devuelve la comisión en cada
acto que hagan, en cada transferencia, en cada cobro u operación -a
esos clientes preferentes se les devuelve la comisión al día
siguiente o a los dos días-, y luego la inmensa mayoría, a los que no
se les devuelve. Decían que es que son usuarios pequeños, pero es que
son miles de usuarios pequeños a los que hoy la propia organización
de la vida y de la situación de consumo les ha introducido en la
necesidad imperiosa, para hacer frente al pago de recibos y para un
sinfín de cosas, de tener su cuenta y funcionar con los bancos. Hoy
no hay nadie que no funcione con una entidad financiera. Esos miles
de pequeños usuarios son los que producen miles de millones de
beneficios, puesto que los clientes preferentes que se benefician de
esa articulación son los que después tienen esa condonación. Pero lo
gracioso de todo esto es que poner a flote el sector financiero en
nuestro país, es decir, el saneamiento de la banca, nos ha costado
mucho dinero a los españoles, es un sector que está liberalizado hace
muchísimo tiempo y ahora lo que tenemos es que no hay una pugna por
ganarse al cliente.
Muchos de estos servicios por los que se cobran hoy salieron como
servicios nuevos que daban las entidades y que anunciaban y vendían
como un servicio que te prestaban al margen de lo que ya te venían
cobrando y sin cobrarte nada nuevo. Todo esto ha aparecido o se ha
generalizado en la medida en que los tipos de interés se han
resituado. Claro, la competencia se ve truncada cuando uno ve
permanentemente para todo tipo de servicios que hay unos precios muy
similares para una lista de diez o doce tipos de comisiones que se
cobran hoy en las entidades financieras. Así pues no funciona esto
tan llamado de la libre competencia y de que el mercado, la ley de la
oferta y la demanda nos ajusta. No, nos ajusta la ley del mayor
beneficio posible, no la ley de la oferta y la demanda.
Por eso a mí la propuesta me parecía positiva, oportuna y urgente,
porque hay que hacer frente, no podemos cruzarnos de brazos. La pena
es que esto se tenga que hacer a estímulo de la oposición, y no
porque sea mala la propuesta por parte del Grupo Socialista, que me
parece muy oportuna, pues es una situación que no sólo hay que
denunciar, sino que hay que exigir que se corrija; la pena es que
nuestras autoridades en este momento estén esperando este estímulo
y que no se nos hubiese dicho por parte del grupo mayoritario que ya
está encargado este informe y que además están actuando para ver si
es posible. No se habla de indicios ni de posibilidades y hay una
acción desde la propia Unión Europea que nos indica que están en el
camino de tomar medidas.
Por tanto, en cuanto al plazo de seis meses, bueno es lo que se
consigue, pero estamos en el mes de febrero y dentro
de seis meses nos vamos de vacaciones. Bien, que sea dentro de seis
meses. Hemos tardado otros tres meses o el Gobierno ha tardado tres
meses. Más vale que esta Cámara estimule al Gobierno que no le
estimule, es posible. A mí me gustaría votar la propuesta que hacía
el Grupo Socialista por las tres ventajas que les decía: es rápida,
se hace el informe y además lo conocemos en esta Comisión. Por tanto,
se cumplen los tres requisitos en un sistema democrático. Aunque la
enfermedad no sea muy grave muy grave, a los bolsillos en seis meses
sí que les repercute, y si no que lo digan los que lo pueden cobrar.
Espero de todas formas a que el grupo proponente decida cuál es su
posición y en ambos casos nos parecerá mejor que esta Cámara, como
fruto de su acción de estímulo del Gobierno -que nunca sabemos si es
control o es estímulo- consiga que el Gobierno reaccione, aunque sea
a estos estímulos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco, EAJ-PNV, tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍALEZAMIZ: Anuncio nuestro voto favorable a estas
proposiciones no de ley, incluso aceptando las modificaciones que han
sido propuestas por el Grupo Popular. Creemos que son interesantes,
pero habría que hacer algunos matices, el primero de los cuales se
refiere a si las comparecencias periódicas...
El señor PRESIDENTE: Estamos en la proposición no de ley sobre las
comisiones bancarias.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Me habían dicho que se veían juntas.
En cuanto a la proposición que se debate nos parece adecuado que se
emita un informe sobre las prácticas bancarias en materia de cobro de
comisiones, que en realidad son una de las partes que componen el
costo de los servicios bancarios. Es importante controlar esta
situación, que en muchos casos puede ser abusiva, pero también hay
que tener cuidado por cuanto que desde el ámbito público y desde el
ámbito político la intromisión en la libertad de mercado es un
aspecto que hay que tener en cuenta. Es necesario conocer cuál es la
composición de las comisiones bancarias, pero esto entra dentro de
los servicios que los bancos dan a los clientes y de lo que es el
tráfico mercantil. Por lo tanto lo que desde el ámbito público
debemos hacer, y es la opinión de nuestro grupo parlamentario, es
controlar que no existan abusos por parte, en este caso, de las
entidades financieras respecto al establecimiento de comisiones, o
que puedan existir unos acuerdos implícitos que también atenten
contra la libre competencia. Desde luego debemos reforzar la labor
del Parlamento en el control de esas situaciones de abuso de poder
que pueden existir en ciertos momentos, pero a partir de ahí hay que
tener cuidado con la intromisión también en lo que son puramente las
relaciones mercantiles y las relaciones comerciales, en cuanto a que
estas comisiones lo que vienen es a establecer un canon por los
servicios que se producen. Entendemos que en este aspecto puede ser
interesante el informe que pueda emitir el Tribunal de Defensa de la
Competencia y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda la brevedad, intervengo para
manifestar la posición de nuestro grupo, señalando que la iniciativa
del Grupo Socialista, con las matizaciones que se han hecho
posteriormente, nos parece acertada.
Si pudiéramos analizar el balance consolidado de activos y pasivos y
de resultados de la banca española hace quince años y en la
actualidad, veríamos que el panorama es absolutamente distinto. En
aquella época el gran capítulo de rendimientos venía por el descuento
bancario y por la intermediación, donde se pagaban y se cobraban
altísimos intereses. También veíamos cómo al principio las
operaciones hipotecarias no tenían relevancia, inclusive estuvieron
prohibidas a la banca, y hoy día gran parte de la actividad tiene
lugar en el ámbito hipotecario.
Nosotros vamos a apoyar este tema basándonos en tres parámetros, el
de la libertad de mercado, el de la necesaria estabilidad financiera
y otro que es fundamental y que ha guiado la iniciativa que estamos
viendo hoy, el corte de abusos por parte de las entidades bancarias y
no bancarias en el cobro de comisiones, inclusive algunas ilegales.
Hay entidades que cobran por aperturas, por disponibilidades, por no
disponibilidades, por cancelación..., cobran por todos los conceptos
y, como aquí se ha dicho, hay clientes privilegiados que consiguen la
cancelación de los cargos que se les hacen y otros que no tienen esa
suerte. Lo que sí es importante es que hay que cortar los abusos.
Las protestas de las organizaciones de consumidores están al día. La
Unión Europea ha actuado porque al parecer, en materia de legislación
sobre el euro, se ha vulnerado la prohibición de que no se podían
cobrar comisiones por el cambio. Todo esto hace que sea un tema de
actualidad y nosotros nos adherimos a que se aprueben los tres puntos
que con todo acierto propone el Grupo Socialista, ampliando el plazo
de tres a seis meses.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR UN CONJUNTO DE MEDIDAS
DESTINADAS A AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE CANALIZACIÓN DEL AHORRO
HACIA NUEVOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001164.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió),
por la que se insta al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas
destinadas a ampliar las posibilidades de canalización del ahorro
hacia nuevos activos financieros de la actividad productiva, para
cuya defensa tiene la palabra por parte de dicho grupo parlamentario
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado esta proposición no de ley, por
la que se insta al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas
destinadas a ampliar las posibilidades de canalización del ahorro
hacia nuevos activos financieros de la actividad productiva, dentro
del nuevo contexto de los mercados financieros que representa la
convergencia de todos los países miembros de la Unión Europea, que
requiera a nuestro entender la rápida adopción de un conjunto de
medidas legislativas y administrativas para adecuarlos a su realidad,
en beneficio lógicamente de unas mejores y mayores garantías para el
ahorro y de una mayor eficiencia de nuestros mercados financieros
para evitar todos aquellos problemas que se puedan derivar del
trasvase de la peseta al euro que vamos a vivir los próximos años,
así como también para evitar todos aquellos problemas de financiación
que se pueden derivar de todo el trasvase de las cuentas de ahorro y
de los diferentes depósitos bancarios a los fondos de inversión. Por
este motivo, nuestro grupo parlamentario insta al Gobierno a adoptar
un conjunto de medidas administrativas y a impulsar todas aquellas
modificaciones normativas necesarias para que al mismo tiempo se
puedan ampliar todas aquellas posibilidades de canalización del
ahorro hacia nuevos activos financieros, vinculados lógicamente a la
actividad productiva, los cuales, a nuestro entender, mejorarán y
contribuirán a incrementar la solvencia, la rentabilidad y la
eficiencia del ahorro en los mercados financieros.
Esta proposición no de ley contiene doce iniciativas para que el
Gobierno, a través de diferentes actuaciones, pueda potenciar la
solvencia para mejorar la rentabilidad y la eficiencia del ahorro en
los mercados financieros. Algunas de estas iniciativas van en el
sentido de modificar la normativa reguladora de las inversiones
efectuadas por las instituciones de inversión colectiva, al objeto de
permitir la inversión de estas instituciones en depósitos bancarios,
instrumentándolos en forma de certificados de depósito transmisibles.
Es evidente que esta modificación de la normativa se vería
complementada positivamente si por parte del Gobierno se presentara
en esta Cámara un proyecto de ley para modificar la normativa
reguladora de inversiones de las diferentes instituciones de
inversión colectiva. Es cierto que el grupo parlamentario que apoya
al Gobierno, el Grupo Popular, ha presentado una enmienda en esta
dirección, en el sentido de instar o de comprometer al Gobierno a que
presente en un plazo de tres meses una iniciativa de este calibre en
el sentido de regular en un marco mucho más amplio y desde una
perspectiva mucho más europea las instituciones de inversión
colectiva.
Entre la gama de posibilidades que presenta nuestra proposición no de
ley existe otro mecanismo importante para poder potenciar el ahorro
hacia la economía productiva profundizando en los contenidos del Real
Decreto 926/1998, de 14 de mayo, en el que también se regulan los
fondos de titulización, permitiendo al mismo tiempo a través de esta
vía a las entidades financieras una mayor titulización de préstamos
de bajo riesgo.
Dentro de la reforma que se pueda promover de las inversiones
efectuadas por las propias instituciones de inversión colectiva,
consideramos igualmente oportuna la posibilidad de adquisición de
pagarés emitidos por pequeñas
y medianas empresas a través de las citadas instituciones,
siempre que estén avalados bancariamente.
Nos parece interesante incentivar una mayor utilización del mercado
de capitales por parte de las pequeñas y medianas empresas,
favoreciendo su cotización en Bolsa y estimulando el desarrollo de
fórmulas activas de financiación a través de instituciones de
inversión colectiva y de sociedades de capital riesgo, entre otros,
partiendo de la base de que sobre estas últimas concretamente ya
tenemos la legislación adecuada para que se desarrolle un marco
favorable de financiación para las pequeñas y medianas empresas. Nos
parece conveniente que con la legislación que ya tenemos
perfectamente delimitada sobre las sociedades financieras se
incorporen los criterios de flexibilización necesarios para que las
sociedades de capital riesgo puedan efectuar sus inversiones, así
como también para facilitar su cotización en Bolsa o la adquisición
de sus títulos por parte de las sociedades de inversión colectiva.
Nos parecería adecuada la creación de fondos y sociedades de
inversión españolas, especializadas en inversión en empresas no
cotizadas en Bolsa, con el objetivo de favorecer los sistemas de
financiación adicionales para pequeñas y medianas empresas.
Dentro del ámbito de la nueva ley de inversiones de instituciones de
inversión colectiva sería interesante incorporar la posibilidad de la
creación de los fondos institucionales o profesionales orientados a
inversiones institucionales con volúmenes mínimos de inversión, para
dotarlos de una mayor flexibilidad en cuanto a coeficientes de
inversión y restricciones en las facilidades de liquidez.
Lógicamente, en este contexto también consideramos oportuna la
posibilidad de facilitar todas aquellas cuestiones que permitan la
internacionalización de las carteras de los fondos españoles para que
se pueda impulsar la armonización de nuestra legislación vigente con
la de otros países de la Unión Europea, de manera que las carteras
puedan estar compuestas por los mismos activos admitidos en otros
fondos comunitarios.
Señoras y señores diputados, señor presidente, nuestro grupo
parlamentario ha presentado esta proposición no de ley con un amplio
abanico de posibilidades que permitan realizar el trasvase de lo que
representa el ahorro, hasta ahora canalizado a través de las cuentas
bancarias, a otros activos o a otro marco que permita la legislación
financiera española para poderlo reorientar en la dirección de
incrementar la actividad de la economía productiva en nuestro tejido
industrial.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya
exposición y defensa tiene la palabra por parte de dicho grupo el
señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Mi grupo, efectivamente, ha presentado una
enmienda a la proposición no de ley de CiU, advirtiendo de entrada
que estamos totalmente de acuerdo con el espíritu que anima a la
iniciativa, que en definitiva es favorecer la canalización del ahorro
productivo para mejorar nuestra actividad económica. Estamos de
acuerdo con ella, pero desde que se produjo su entrada en laCámara
hasta el día de hoy han tenido lugar diversas modificaciones
legales y reglamentarias en las que algunos de los aspectos que
recoge la iniciativa de CiU están ya regulados, bien
reglamentariamente, bien legalmente. Por eso hemos presentado esta
enmienda con la que, en definitiva, en relación al punto 1, lo que
decimos es que el Gobierno se comprometa a presentar en el plazo de
tres meses un proyecto de ley sobre régimen de las instituciones de
inversión colectiva para flexibilizar la política de inversiones. En
ese proyecto de ley es donde caben muchas de las iniciativas que se
contemplan en la proposición no de ley de CiU.
Sobre el punto número 2, que se refiere a la regulación de los fondos
de titulización, permitiendo a las entidades financieras una mayor
titulización de préstamos de bajo riesgo, queremos recordar que al
haberse aprobado el Real Decreto 926/1998 en el mes de mayo, parece
desaconsejable una nueva reforma reglamentaria, ya que casi no ha
dejado todavía sentir sus efectos, por lo que desconocemos cuál será
su repercusión real en el sector financiero. No obstante, más
adelante, cuando se tenga constancia de esos efectos, se pueden
pensar algunas mejoras para facilitar la cesión de los créditos de
las entidades de crédito a los fondos de titulización de activos. Se
puede aprovechar para regular toda la titulización hipotecaria y no
hipotecaria en un cuerpo normativo único o una futura ley de
titulización que podría recoger todos esos aspectos. El Gobierno está
trabajando actualmente en un instrumento de impulso a la titulización
que además puede contribuir a mejorar la financiación de las pequeñas
y medianas empresas. Por otro lado, también se está trabajando en el
diseño de convenios marco del Ministerio de Economía y Hacienda con
entidades de crédito que cederán los créditos que se integren en
fondos de titulización específicos (fondpymes o fondempresas) y con
las sociedades gestoras de fondos de titulización.
En cuanto al punto 3, que habla de la adquisición de pagarés emitidos
por pequeñas empresas, esta posibilidad ya está admitida en la
modificación del reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre,
que introdujo el Real Decreto 1094/1997, de 4 de julio, por el que se
facultó a las instituciones de inversión colectiva a invertir en
valores no cotizados en mercados secundarios organizados tanto de
renta fija como de renta variable. En el borrador de proyecto de ley
al que hacía antes referencia y que está ahora mismo terminando el
Gobierno, de instituciones de inversión colectiva, se avanza
sustancialmente en esta línea al admitir la posibilidad de que
existan instituciones de inversión colectiva cuya actividad
característica sea precisamente la inversión en valores no cotizados.
En lo que se refiere al punto 4, que trata de incentivar una mayor
utilización del mercado de capitales por parte de las medianas
empresas, favoreciendo su cotización en Bolsa, hay que subrayar que
en lo que va de legislatura ya se han adoptado diversas medidas
reglamentarias para favorecer la cotización en Bolsa. Así, se aprobó
la Orden Ministerial de 19 de junio de 1997, sobre variación del
requisito de admisión a negociación en Bolsa, y algunas otras que
modificaban el reglamento de bolsas de comercio, aprobado por el Real
Decreto 1506/1997, de 30 de junio. También hay un convenio marco con
las sociedades gestoras de fondos de titulización, en el que cuando
se firme se establecerán las condiciones generales que deberán
cumplir los fondos constituidos, tanto por el lado del activo
como del pasivo.
Lo que se señala en el punto número 5, referido a que las empresas
utilicen las emisiones de acciones sin voto y acciones preferentes,
está recogido en el compromiso del Grupo Popular de que se modifique
el título X de la Ley de Sociedades Anónimas. Ahí se puede recoger
perfectamente esa posibilidad.
En cuanto al punto 7, que se refiere a flexibilizar los requisitos
para constituir sociedades de capital riesgo, hay que recordar que ya
está publicada la Ley reguladora de las citadas entidades, donde se
introducen importantes novedades en esta actividad financiera,
tratando de facilitar el hasta ahora escaso desarrollo que han tenido
en nuestro país. Los artículos 16 y 17 regulan los coeficientes de
inversión obligatoria y de libre disposición y en este último
coeficiente de libre disposición es en el que se han introducido las
novedades más destacables al permitir la participación en el capital
o la concesión de préstamos participativos a cualquier tipo de
empresas. Por lo que respecta a la cotización en Bolsa de estas
entidades, que es uno de los objetivos de la proposición no de ley de
CiU, ha de señalarse que esta posibilidad ya existe en la actualidad
y el otro día se ha producido la cotización de la primera sociedad de
capital riesgo en España, la primera que ha salido a Bolsa.
El punto 8 propone permitir la creación de fondos y sociedades de
inversión españolas especializadas en inversiones de empresas no
cotizadas, con el objeto de favorecer el desarrollo de sistemas de
financiación adicionales para pequeñas y medianas empresas. El 9 y el
11 prácticamente son algunas de las modalidades de instituciones de
inversión colectiva incorporadas al borrador del proyecto de ley en
que está trabajando el Ministerio de Economía y Hacienda. En efecto,
en el título II de ese borrador, bajo la rúbrica de tipología de las
instituciones de inversión colectiva, se contempla la posibilidad que
habrá de concretarse reglamentariamente de que se constituyan nuevos
tipos de instituciones de inversión colectiva.
Finalmente, mi grupo, reconociendo la urgencia de introducir algunas
de estas novedades en nuestra industria de inversión colectiva, ha
optado también por aprovechar la Ley 31/1998, de reforma de la Ley
del Mercado de Valores, para modificar la Ley 46/1984, reguladora de
las instituciones de inversión colectiva, enriqueciendo la variedad
de figuras que se permiten a su amparo.
En definitiva, queda patente el enorme interés prestado desde mi
grupo parlamentario y desde el Gobierno a la flexibilización de la
regulación de las instituciones de inversión colectiva, al objeto de
que se puedan superar los desequilibrios que se plantean en la
proposición, así como para otorgar a la industria nacional de
inversión una regulación que le permita hacer frente a sus rivales
europeos en un entorno tan competitivo como será el de la unión
monetaria. Con ello, señor presidente, doy por terminada mi
intervención proponiendo que se acepte nuestra enmienda de
modificación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por parte del Grupo Socialista tiene lapalabra el señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Mi grupo parlamentario quiere fijar la
posición sobre esta proposición no de ley y sobre la enmienda de
texto alternativo que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Tengo la sensación, señor presidente, que esta proposición no de ley
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) está presentada desde quizá,
en principio, el vértigo que produce en la economía española y en los
grupos parlamentarios, como no podía ser de otra forma, la permanente
caída de los tipos de interés como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones en tal materia por parte de España ante la entrada
de la tercera fase de la Unión Europea. Esta caída de los tipos de
interés, tanto del activo como del pasivo, produce en términos
generales una convulsión social y en cierto modo política, por cuanto
que haya que buscar en la economía española y en la canalización del
ahorro el máximo aprovechamiento, a favor y en contra, de la
financiación de la empresa para sus nuevos proyectos empresariales y
la lógica compensación del riesgo a los inversores españoles, tanto
familias como personas físicas o instituciones jurídicas. Se trata de
ampliar en principio el marco de maniobra para que el ahorro, tanto
español como extranjero, pueda tener unas vías de participación mayor
que la que está ofreciendo el mercado de capitales actual.
La proposición no de ley, desde nuestro punto de vista, parte en
cierto modo de algunas premisas firmes y verdaderas y de algunas
aseveraciones que nosotros no compartimos. Es verdad que se parte de
que en la economía productiva y en el ahorro español se está
produciendo un permanente trasvase de fondos de los depósitos a los
fondos de inversión en sus diferentes modalidades. La proposición no
de ley, en su exposición de motivos y en la tónica que el Grupo
Catalán (Convergencia i Unió) ha defendido, sostiene que esto es
debido fundamentalmente a los tipos de interés de algunos fondos pero
fundamentalmente a la fiscalidad. Quizá hasta finales de 1998 este
elemento podía tener una base de sustentación cierta y real, pero
todos somos conscientes de que en la reforma del IRPF ha habido una
modificación importante en cuanto al tema de la fiscalidad de los
fondos, en cuanto a las retenciones de éstos y también, por qué no
decirlo, señor presidente, se ha producido una cierta frustración en
determinados colectivos, no los más importantes de esta sociedad sino
de pequeños ahorradores, que han visto de repente truncadas sus
expectativas en función de las decisiones que tomaron en materia de
fondos de inversión, como consecuencia del boom de los mismos y
también de las recomendaciones que las entidades financieras
produjeron en miles y miles de ahorradores de dirigir sus ahorros
hacia dichos fondos de inversión, que ahora, como consecuencia de una
reforma fiscal, van a tener un comportamiento totalmente distinto
produciendo unas expectativas contrarias a las que les llevaron a
tomar esas decisiones de inversión, no solamente por una mejora de
las rentabilidades, sino como consecuencia de unas expectativas
fiscales que se han visto truncadas.
Esta proposición no de ley enuncia algunos principios que nosotros
compartimos, como son los de aumentar la solvencia y la seguridad
jurídica de las sociedades de inversión colectiva, cosa que nos
parece loable, pero que luego no vemos reflejada en los elementos que
dan cuerpo tanto a la proposición no de ley del Grupo Catalán
(Convergència
i Unió) como a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
También estamos de acuerdo, además de en aumentar la solvencia de las
sociedades de inversión colectiva, en dirigir y facilitar la
financiación de la economía productiva y más concretamente de las
pymes con nuevos instrumentos financieros.
Esa proposición no de ley parte de algunos elementos del pasado,
obsoletos quizá ya, como consecuencia de una reforma de la Ley del
Mercado de Valores producida en octubre; hay que tener en cuenta que
esta proposición no de ley está presentada en septiembre y que quizá
no prevé decisiones que estas cámaras tomaron en la citada reforma de
la Ley del Mercado de Valores, en la modificación de la Ley de
Sociedades y en la modificación de la propia Ley de instituciones de
inversión colectiva, concretamente en su punto 10.2, donde se
flexibiliza ya la posibilidad de que las sociedades de inversión
colectiva puedan utilizar instrumentos derivados y otras técnicas que
no precisa -en lo que quizá deja demasiada libertad precisamente al
Ministerio de Economía y Hacienda- para poder dirigir sus
inversiones. También la reforma de la Ley del Mercado de Valores,
llevada a cabo con un grado de consenso importante, modifica la Ley
de Sociedades en toda la parte referente a acciones preferentes y a
acciones sin votos, que ha dado lugar en los últimos meses a una
amplia profusión de artículos que nuestro presidente, el señor
Fernández de Trocóniz, ha publicado con cierta asiduidad y que nos
sirven para conocer su docto conocimiento en relación a toda esta
modificación de la Ley de Sociedades Anónimas.
En definitiva, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores,
también se han eliminado algunas rigideces en las ampliaciones de
capital y en los derechos de suscripción. Ha habido en este ínterin
una Ley de entidades de capital riesgo y la creación de los fondos de
capital riesgo, cuya aprobación en los términos de la proposición no
de ley no tendría tanta virtualidad ya. Se ha abierto, e incluso se
está haciendo un uso quizá excesivo, la titularización de
determinados créditos o de determinados elementos de riesgo de
entidades. No hablaré ahora de la titulización de las eléctricas,
pero ya nos anuncian a veces desde el Gobierno que lo que se pretende
es titulizar determinados créditos de empresas públicas, no sé si de
la SEPI o Radiotelevisión Española, para sacar al mercado por la vía
de la titulización determinados créditos y determinadas deudas de las
empresas públicas o de los entes públicos. Ha habido en los últimos
meses un nuevo funcionamiento, como consecuencia de la aplicación de
la Ley del Mercado de Valores, de la Comisión Nacional, en cuanto a
que ha ido adaptando, incluso adelantándose, determinadas
recomendaciones de la propia Ley del Mercado de Valores que están en
marcha o se van a hacer, que permitan ensanchar el marco de la
captación y de la utilización del ahorro por parte de la economía
productiva y de la economía ahorradora.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de cinco
puntos que adelanta, parece ser, lo que puede ser la próxima
comparecencia, en parte así lo esperamos, del secretario de Estado de
Economía, donde anuncie las reformas estructurales de la economía
española y del mercado de capitales, previstas en el plan de
estabilidad. Nosotros esperaremos a que tomen cuerpo legal y no que
se anuncien determinadas intenciones recogidas en la
enmienda que ha presentado a esta proposición no de ley el Grupo
Parlamentario Popular. Como estamos expectantes por conocer las
reformas que el Gobierno nos anuncia a través de la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular con cierta brevedad, preferimos esperar a
conocer las reformas de los textos legales y no pronunciarnos
expresamente sobre esta proposición no de ley.
Finalmente, quiero decir cuál es la postura de nuestro grupo
parlamentario en relación a esta proposición no de ley, a la enmienda
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y al calendario que
se nos anuncia desde el punto de vista de la reforma del mercado de
capitales. Nuestro grupo dará su apoyo a lo que suponga modernización
del mercado de capitales, mejora de la solvencia y la seguridad de
los mismos, a lo que sea mejora de la financiación de la pequeña y
mediana empresa y a todo lo que sea mejorar la competitividad de la
economía española, siempre que ello no suponga lo que a veces el
Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno nos trae a esta Cámara, que
bajo el socaire de la modernidad y de la competitividad, sean regales
fiscales, desfiscalización y mejora de determinados colectivos, que
no es lo que realmente necesita la economía española para mejorar.
Así que con esta expectativa y con esta actitud nosotros afrontamos
tanto la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) como la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular. En este momento, estando de acuerdo con parte de la
filosofía, como he transmitido anteriormente, nos vamos a abstener
con relación a ambas iniciativas y estamos a la espera de que estos
anuncios sean concretados, tanto la reforma de la Ley de 1984, de
instituciones de inversión colectiva, como la posible reforma de la
Ley de sociedades anónimas, que mucho nos tememos pueden ir en una
dirección similar a la que estableciera la Ley de reforma del Mercado
de Valores, en alguno de cuyos extremos nosotros no coincidiremos
posiblemente sobre determinadas filosofías.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: El Grupo Federal de Izquierda Unida no va a
poder apoyar la proposición no de ley que estamos discutiendo ahora,
ni siquiera en los términos que propone la enmienda de sustitución
del Grupo Popular, a pesar del objetivo que persigue el título de la
proposición no de ley, el título global, que insta al Gobierno
a adoptar un conjunto de medidas administrativas y a impulsar las
modificaciones normativas necesarias para ampliar las posibilidades
de canalización del ahorro hacia nuevos activos financieros
vinculados a la actividad productiva.
Nosotros estamos de acuerdo en que se puedan adoptar medidas
normativas que favorezcan que todos los activos financieros puedan
caminar hacia la economía productiva, que signifique una
modernización de nuestra empresa, de la competencia de nuestra
empresa en relación con la situación de construcción europea y que
todos estos recursos que están dormidos, que están parados, que están
ávidos de buscar nueva colocación tengan ese destino, en lugar de
unas economías más especulativas.
Ése es el objetivo que propone, pero luego se plantean doce
propuestas. Es verdad que la propuesta se hizo en el mes de
septiembre, recién incorporados de las vacaciones de verano, todavía
no se habían presentado los Presupuestos Generales del Estado, no
habíamos discutido el IRPF, no se había discutido la nueva regulación
del mercado de valores y todo lo que ha venido después; por tanto, a
lo mejor necesitaría una especie de resituación geográficonormativa
a lo que es la situación actual.
Pero, al margen de eso, de que ya se ha caminado a un lado, está la
inclinación, porque ante una canción positiva, luego la concreción de
esa canción positiva lleva a una propuesta de reforma del mercado de
capitales que el Gobierno viene anunciando y que a nosotros no nos
parece positiva.
Nos hemos encontrado con una realidad que ha sido fruto de la
actuación económica de nuestro país. Es verdad que hoy hay más de 32
billones de pesetas circulando en fondos de inversión; es verdad que
antes estos fondos de inversión iban dirigidos fundamentalmente a
cubrir o financiar el déficit público del país; que, mientras antes
era el 90 por ciento, hoy estaremos en torno a un 30 por ciento de
esa demanda o de esa ocupación, y que tenemos, por así decirlo, sin
ocupación concreta el resto de los fondos de inversión. Pero estos
fondos de inversión han ido funcionando por una realidad, y es que
los tipos de interés han caído y la localización de los ahorros que
tenían los españoles se ha situado, al calor de toda una serie de
políticas orientativas de los gobiernos, hacia estos fondos de
inversión o estos fondos que acumulan ese ahorro. También es verdad
que ese ahorro está producido por un número importante, superior a 7
millones, de españoles; no es un ahorro, por tanto, producido por un
grupo reducido.
Es verdad también que en la exposición de motivos plantea el Grupo de
Convergència i Unió que es necesario que nuestra economía tenga una
regulación similar al nuevo contexto de los mercados financieros a
nivel europeo y que debe abordarse toda una serie de reformas
normativas. Pero a nosotros nos da la impresión de que la filosofía
que la orienta es contraria a lo que deberíamos llamar una vertiente
más comprometida con nuestra propia realidad productiva.
Aquí se está hablando de que se intenta conseguir que haya un mayor
reflujo de estos capitales hacia las pymes. Bueno, podría ser verdad.
¿Pero eso se consigue solamente con las propuestas que se hacen aquí
de flexibilizar los requisitos para constituir las sociedades de
capital riesgo o solamente se puede conseguir con ese abuso de lo que
llamamos titulización, haciendo acciones toda una serie de
realidades, llámese patrimonial, llámese productiva, llámese de
créditos?
Por tanto, a espera de las reformas legales, de las reformas
normativas que de aquí se deriven, a espera de la concreción que se
pueda producir, nosotros no vamos a poder apoyar esta propuesta.
Fíjense que hoy, en realidad, lo que están haciendo es impulsar algo
que ya el Gobierno tiene preparado, porque si no, no tendría
justificación que ante una proposición no de ley presentada en
septiembre, que pedía que se modificara la normativa de las
instituciones de inversión colectiva, en la enmienda que propone el
Grupo Popular se diga que en tres meses se presentará al Parlamento
un proyecto de ley de régimen de estas instituciones
de inversión colectiva. Esto quiere decir que el Gobierno lo tiene
preparado, es decir, se va a presentar esta propuesta porque además
es un compromiso que está anunciado.
Ha habido una aseveración del portavoz del Grupo Socialista respecto
a la filosofía que puede haber detrás, que a nosotros todavía nos
preocupa un poquitín más, y es que en la enmienda, en el punto dos,
se da la posibilidad de constituir fondos de titulización de activos
que transformen créditos de valores que puedan ser avalados por parte
del Estado. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Es la pequeña y
mediana empresa o es otra realidad que hay detrás? ¿Es el compromiso
de que la orientación de los fondos de inversión traigan dinero, que
ahora mismo está dormido en otros objetivos de economía más
especulativa, hacia la economía productiva? Pues nosotros nos tememos
que esa orientación y esa inclinación no son las de nuestro propio
grupo.
Por tanto, no vamos a respaldar la propuesta y quedaremos a la espera
de las reformas que el Gobierno está anunciando, tanto para la
reforma de la normativa legal, como es la flexibilización de
requisitos para la emisión y admisión de valores, como para las
figuras de fomento de la financiación empresarial.
Hasta ahora lo único que el Gobierno ha hecho ha sido buscar
beneficios fiscales, por tanto, reducir fiscalidad o introducir
elementos de distorsión en la fiscalidad española y en lo que
pudiéramos llamar mandato constitucional, ya que el artículo 31.1 de
nuestra Constitución habla de criterios de progresividad y equidad en
la aportación de recursos. En este caso, desconocemos la concreción
que va a tener después, pues no sabemos cuáles van a ser los
contenidos de ese proyecto de ley que se anuncia -mejor dicho, de
varios proyectos de ley, porque hay tres proyectos que se nos
anuncian aquí-, de las reformas y las flexibilizaciones que se
proponen, como si no hubiese hoy una flexibilización suficiente. Da
la impresión de que se camina hacia pedir menores controles, menores
transparencias, menores requisitos para facilitar el movimiento de
estos dineros, de este volumen de fondos, que a nosotros lógicamente
nos preocuparía aún más que la realidad actual.
Espero que esta posición se nos pueda diluir en el trámite de las
propuestas concretas que el Gobierno está anunciando, en lugar de ser
ahora mismo una reticencia a la orientación de las partes concretas,
que no de la filosofía, insisto, que se nos ha propuesto, pues
nuestro grupo irá situando en cada propuesta de reforma o de
modificación nuestro posicionamiento concreto.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Intervengo para anunciar el voto favorable
de nuestro grupo parlamentario a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, por cuanto que creemos
que podemos coincidir prácticamente en la totalidad del conjunto de
medidas que propone por lo menos en el espíritu que con ellas se
persigue.
El problema que siempre se plantea con estas proposiciones no de ley
es que se suelen ver con un plazo bastante
lejano y se debaten después de unos meses de haber sido presentadas,
con lo cual algunas cuestiones y algunas medidas que se proponen
incluso ya están en marcha. Pero creemos que la intención es buena.
El que exista una serie de medidas que vayan destinadas a posibilitar
la canalización del ahorro hacia el sistema productivo es algo que
siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando; creemos también que es
importante que desde el Parlamento y desde el ámbito público se
procure, en una política económica acorde con las necesidades de los
mercados, canalizar el ahorro. Así lo estamos haciendo. Hace poco
tuvimos ocasión de tratar sobre la incentivación del ahorro hacia la
previsión social, y creo que el ahorro como inversión o el ahorro
como incentivo fiscal o financiero, debería de tener un tratamiento
más detenido. Habría que estudiar con más sosiego qué es lo que
debemos incentivar desde el ámbito público en cuanto a la
canalización del ahorro. Están surgiendo permanentemente productos
financieros que van por delante de la regulación, tanto fiscal como
financiera, lo que produce en muchas ocasiones inseguridad jurídica.
Y éste es uno de los aspectos, desde nuestro punto de vista, que aún
no han sido contemplados suficientemente.
En muchas ocasiones los ahorradores se ven en situación de
inseguridad por cuanto que, cuando realizan sus planteamientos de
canalización del ahorro, tienen un tratamiento fiscal y financiero
determinado que puede ser modificado en el tiempo. Esto produce una
inseguridad en la inversión importante, y no solamente desde el
ámbito individual o desde el ámbito personal de la inversión, sino
también desde el ámbito empresarial.
Por lo tanto, creemos que, al margen de las medidas incentivadoras
que aquí se proponen, algunas de las cuales ya están en marcha y
otras lo estarán en un breve plazo -algunas muy interesantes, como,
por ejemplo, la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva-, hay otra cuestión que quizá es el denominador común de
todas y que habría que tener en cuenta, porque no está
suficientemente analizado desde el ámbito parlamentario, y es, como
digo, la seguridad jurídica de la inversión. Desgraciadamente,
siempre vamos por detrás de la agilidad que tiene el mercado de
capitales para sacar productos financieros que normalmente están
basados en conseguir un tratamiento fiscal que todavía no ha sido
contemplado y que, por lo tanto, tiene esa ventaja. Pero eso mismo
que puede ser una ventaja en un momento determinado se puede
convertir en un perjuicio si posteriormente hay un tratamiento
jurídico a esa inversión, con lo cual el inversor ve que ha cambiado,
en el transcurso de su inversión, el aspecto jurídico y fiscal que se
contemplaba al principio. Esto produce una inseguridad que, desde
nuestro punto de vista, debería ser contemplada con más detenimiento.
Por lo demás, creemos que la proposición no de ley plantea cuestiones
interesantes, como digo, en la reforma del régimen jurídico de las
entidades de inversión colectiva, así como también en el apoyo a
medidas que están encaminadas a incentivar el sistema productivo -lo
hemos dicho reiteradamente, y yo creo que además ya se están poniendo
en marcha-, como son las medidas para incentivar las sociedades de
capital riesgo y las sociedades de garantía recíproca. Por lo tanto,
desde nuestro punto de vista, tanto las medidas propuestas por el
Grupo Catalán de
Convergència i Unió en esta proposición no de ley, como la enmienda
de modificación que presenta el Partido Popular, que va en esa línea
con algunas matizaciones, estaríamos dispuestos a aceptarlas, siempre
y cuando lo acepte el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene
la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, señor presidente, voy a
manifestar la posición del Grupo de Coalición Canaria en esta
interesante iniciativa, señalando que vamos a votar favorablemente el
texto modificado que propone el Grupo Popular, con ciertas
rectificaciones que va a hacer el grupo proponente, Convergència i
Unió, ya que consideramos que es completamente necesario actualizar
la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva buscando la creación
de nuevas fórmulas institucionales, así como la garantía para los
ciudadanos de potenciar la supervisión de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Esto va a exigir una reedición de un conjunto de
normas económicas que afectan a esta faceta de la actividad
económico-financiera, especialmente a la Ley de Sociedades Anónimas y
a la Ley del Mercado de Valores, sin olvidarnos de la realidad
económico-financiera actual y que la realidad económico-financiera es
absolutamente cambiante; lo que tenemos que hacer es, con la
legislación, ir por delante con un sentido previsor para que el libre
mercado esté debidamente atendido.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy a reposicionarme sobre la enmienda que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, es decir, voy a
reposicionarme sobre una posición anteriormente detallada.
Hemos estudiado detenidamente la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Es cierto que ha existido un cierto décalage
entre nuestra iniciativa, presentada a principios del mes de
septiembre, y las posteriores reformas legislativas que, tal y como
ha anunciado el resto de grupos parlamentarios que no van a apoyarnos
o se van a abstener a esta iniciativa, hace que esta proposición no
de ley tenga que ambientarse y cambiarse de acuerdo con las
modificaciones establecidas a las legislaciones aprobadas a finales
de 1998. Por este motivo, nosotros vamos a aceptar el planteamiento
que nos ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de
tramitar en este Congreso, en esta Cámara, en un plazo de tres meses,
el proyecto de ley relativo al régimen de las instituciones de
inversión colectiva, así como también modificar el proyecto de ley
sobre el título X de la Ley de Sociedades Anónimas, para poder
incorporar en el contexto de estas futuras legislaciones, así como en
las modificaciones de algunas legislaciones ya establecidas por esta
Cámara, la mayoría de puntos que presenta nuestro Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió.
Solamente quiero hacer una pequeña matización, señor presidente. Voy
hacer llegar a la Mesa de la Comisión dos pequeñas modificaciones a
través de una enmienda transaccional a la que nos ha presentado el
Grupo Parlamentario
Popular, en el sentido de incorporar en el punto uno de su
enmienda de modificación un párrafo orientado en la dirección de
ampliar las posibilidades de canalización del ahorro hacia nuevos
activos financieros vinculados a la actividad productiva, así como de
potenciar la posibilidad de pagarés emitidos por pequeñas empresas y
reforzar la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Y en el punto número cuarto, respecto al compromiso del
Gobierno de presentar un proyecto de ley sobre modificación del
título X de la ley de sociedades Anónimas, queremos incorporar el
plazo de seis meses.
Les hago llegar seguidamente esta enmienda transaccional para que, a
los efectos oportunos, se puedan hacer las rectificaciones que vayan
encaminadas en esta dirección.
El señor PRESIDENTE: Cómo se nota que su grupo tiene escuela en
cuanto a las transacciones de las transacciones en esta Comisión.
Señor Albendea, ¿acepta la transacción de la transacción?
El señor ALBENDEA PABÓN: Sí, señor presidente. Nos parece razonable.
Aceptamos las dos enmiendas a nuestra enmienda.
- SOBRE COMPARECENCIAS PERIÓDICAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALDE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA ANTE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
DEL CONGRESO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO. (Número
de expediente 161/001285.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de
ley, pasamos a la siguiente, formulada por el Grupo Socialista, sobre
comparecencias periódicas del presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del
Congreso, para cuya defensa tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: La propuesta que realiza el Grupo
Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley es la de
establecer las comparecencias periódicas del presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia ante la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda. La propuesta nos parece que es oportuna, que se realiza en
un momento oportuno y que se fundamenta en razones de carácter
económico y social.
Señorías, nos parece necesario que haya un seguimiento sistemático de
los procesos de liberalización de la economía para ver cómo se
traducen, si se traducen o no en un nivel de competencia real, es
decir, en más eficiencia económica y también en más eficiencia
social, si se están beneficiando los consumidores, si hay un descenso
de precios y una mejora de los intereses de los consumidores.
Los procesos de liberalización se pueden desarrollar correctamente y,
sin embargo, pueden existir y existen tendencias permanentes hacia la
concentración de actividadesempresariales, y esto lleva como
consecuencia en bastantes
casos, y estamos asistiendo además últimamente a una proliferación de
denuncias de situaciones varias en las que se están vulnerando las
normas de la competencia, a la intervención de los órganos que
integran el sistema institucional de defensa de la competencia.
Se trata, por tanto, señorías, de sistematizar la presencia del
Tribunal de Defensa de la Competencia en el Parlamento, haciendo un
seguimiento de los procesos de liberalización y su traducción real en
competencia económica y en descenso de los precios.
Es verdad que el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia
puede comparecer en esta Comisión, puede comparecer en otras
comisiones tantas veces como lo soliciten los grupos de la Cámara. Y
hemos asistido a comparecencias de esta naturaleza en esta Comisión y
en la Comisión de Industria últimamente. Pero nos parece que sería
positivo que se sistematicen estas comparecencias y que se homologuen
con las que celebran otros responsables económicos, para que pueda
haber un seguimiento exhaustivo y documentado por parte de esta
Comisión.
Por ello, pensamos que esta homologación permitiría que las
comparecencias se celebrasen con estudios, con informes previos, lo
que está fundamentado en las normas que afectan al Tribunal de
Defensa de la Competencia. En este sentido la Ley de Defensa de la
Competencia, de 17 de julio de 1989, establece, entre otras, la
competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia para dirigir
informes a cualquier poder u órgano del Estado, y contempla
igualmente la posibilidad de que el Tribunal pueda ser consultado por
las comisiones de las Cámaras legislativas sobre los proyectos o
proposiciones de ley o sobre cualquier otra cuestión relativa a la
libre competencia. Al mismo tiempo hay que señalar que para el buen
ejercicio de las funciones constitucionales es necesario que las
comisiones de las Cámaras dispongan de la información adecuada en
tiempo y forma sobre las actividades del Tribunal de Defensa de la
Competencia, especialmente en períodos como el presente, de cambio de
las estructuras competitivas de los sectores económicos.
Por todo ello, señorías, la propuesta que realizamos es que se
establezca la comparecencia periódica del presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, con una periodicidad cuatrimestral como
tienen otros responsables económicos, y que se realice con
presentación previa de los informes sobre las cuestiones que hemos
planteado: seguimiento de la liberalización de los sectores y su
traducción en una competencia real y más eficiencia económica y
mejoras para los intereses de los consumidores y usuarios de los
servicios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada
una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya
exposición y defensa tiene a continuación la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha
sido y es un firme partidario de los procesos de liberalización,
tanto de los mercados como de los servicios. Hemos sido muy
conscientes desde hace tiempo de los beneficios de las reformas
estructurales y del daño que estaba causando a la economía del país y
al bienestar
de sus ciudadanos la persistencia de monopolios o de
restricciones injustificadas a la competencia en algunos ámbitos.
Partíamos de una premisa fundamental: que el gran beneficiario de la
competencia es el consumidor, a través de bajadas de precios, a
través del aumento de la calidad, de la propia mejora del trato en
los servicios y, sobre todo, de la libertad y de la mayor posiblidad
de elección. Y partíamos también de una convicción: y es que la
introducción de la competencia en muchos sectores no ha repercutido
sólo sobre los consumidores o las empresas, sino que ha tenido una
repercusión directa sobre todos los ciudadanos en su conjunto. Hemos
aumentado en este país la eficiencia en la asignación de los
recursos, hemos generado un buen ritmo de crecimiento económico y, en
consecuencia, se ha aumentado la renta per cápita y el nivel de vida
de todos los ciudadanos. Y este proceso, señorías, debe continuar.
El Grupo Parlamentario Popular cree además que este proceso resulta
muy oportuno que se vea acompañado por un amplio debate sobre estas
cuestiones en sede parlamentaria. Sin duda, la competencia gana con
la claridad, con la transparencia, con el debate; y el monopolista,
el defensor de los privilegios y de los favoritismos, gana también en
la oscuridad y en los pasillos. La discusión, por tanto, para
introducir la competencia ha de llevarse a la luz pública, ha de
llevarse en la medida de lo posible a todos los foros.
La proposición no de ley del Grupo Socialista recoge, como ya se ha
dicho, las previsiones de la Ley 16/1989, de Defensa de la
Competencia, que atribuye una serie de funciones consultivas y de
emisión de informes, entre ellos el dirigir informes a cualquier
poder u órgano del Estado, como esta Comisión y esta Cámara, o que el
Tribunal también pueda ser consultado por las propias comisiones de
las Cámaras legislativas.
Estas previsiones, a nuestro juicio, son suficientemente explícitas,
no hay limitación alguna al respecto y queda claro, por tanto, que la
previsión legal no limita en absoluto la comparecencia en la Comisión
de Economía, Comercio y Hacienda del presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia; incluso puede solicitarse, como así ha
ocurrido en ocasiones, para cualquier tema en cualquier Comisión de
esta Cámara.
En ese sentido, nada más lejos de nuestra intención que excluir por
completo la posibilidad de que la comparecencia del presidente
implique alguna obligatoriedad formal. Ahora bien, mi grupo se
pregunta si garantizamos con ello un mayor compromiso de esta
Comisión, o si puede suponer alguna ventaja objetiva respecto a la
situación actual. Realmente no lo creemos así, pero en todo caso lo
que sí pensamos es que la pretensión del Grupo Parlamentario
Socialista de hacer regladamente una comparecencia cada cuatro meses
resulta a todas luces excesiva. Excesiva porque, como ya he dicho, el
Reglamento del Congreso y la Ley 16/1989 prevén que las
comparecencias podrán solicitarse siempre que un grupo lo desee y,
obviamente, por un tema puntual o circunstancial, sino por los
motivos que se consideren pertinentes, incluso, como hemos hecho esta
misma mañana en esta Comisión, recabando informes sobre cuestiones de
interés para esta Cámara.
Excesiva también porque, con carácter general, mi grupo parlamentario
cree que la agenda política en esteCongreso ha de venir marcada por
la voluntad en cada
momento de los grupos parlamentarios. La medida que se pretende
constituye una de esas propuestas que, lejos de suscitar debates de
interés y de actualidad, acaban ritualizándolos, los devalúan por
previsibles y por sistemáticos. Y en este proceso de taylorismo
parlamentario que pretende S.S. tenemos que decir que no estamos
excesivamente de acuerdo. Nada más lejos de la viveza del Parlamento
que proyectar debates a años vista con independencia de la
relevancia, del interés o del propio contenido que pueda
justificarlos.
Excesiva también porque en esto, como en tantas otras cosas, el Grupo
Parlamentario Socialista pasa de la nada al todo, pasa del negro al
blanco con una celeridad casi espasmódica. Bienvenidos, en todo caso,
a este aprecio por las virtudes de la competencia, pero a mi grupo le
gustaría que lo hiciéramos con moderación, con unos plazos
razonables, ajustados a lo que es la propia dinámica de trabajo del
Tribunal de Defensa de la Competencia, que por su propia naturaleza
gusta del análisis sosegado, de las propuestas medidas y de las
reflexiones de alcance. Y creemos que flaco favor le haríamos al
Tribunal si le forzáramos a acelerar innecesariamente sus trabajos o
a imprimirles la presión de lo inmediato haciéndoles exámenes
cuatrimestrales sobre sus actividades y opiniones, insisto señorías,
cuando puede hacerse a solicitud de cada grupo y siempre que se
considere procedente. Yademás, porque juzgamos que esta propuesta de
someter al Tribunal a marcaje tan exhaustivo casa bastante poco con
lo que ha sido la evolución de las peticiones de las comparecencias
celebradas en las últimas legislaturas.
Señorías, en esta VI Legislatura constitucional llevamos tres
comparecencias del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia, no en esta Comisión, que no ha venido nunca, sino en
esta Cámara. En la V fueron cinco; en la IV, tan sólo fue una. Es
positivo que se plantee ahora la necesidad de comparecencias mínimas
obligadas. Ahora bien, dudamos mucho que esté justificado pasar de
tres o de cinco comparecencias por legislatura en toda la Cámara, a
doce, como pretende S.S., sólo en esta Comisión. Porque los procesos
de liberalización no han empezado ahora; llevan al menos tres años
incentivándose de manera muy especial, y no parece que al Grupo
Parlamentario Socialista le hayan llevado a una cascada de peticiones
de comparecencias.
Tienen todo el derecho del mundo a cambiar de opiniones, de
estrategias, de fórmulas, pero eso no justifica que nos veamos todos
arrastrados a una dinámica desproporcionada.
Nuestra enmienda, señor presidente, es más ajustada a un compromiso
para estimular comparecencias con contenidos; nos interesa evidenciar
-como es lógico- los daños que pueden producir mecanismos
monopolísticos o de falta de competencia; nos interesa, a mi grupo al
menos, como al que más, poner de manifiesto los intereses políticos
o económicos que subyacen en la defenssa por algunos colectivos de
situaciones de privilegio; y nos interesa explicar qué hay detrás de
muchas resistencias a los cambios, a las reformas, amparándose, como
es habitual, en conceptos como el servicio público. Y sobre todo nos
interesa, señorías, que ningún sector a priori quede fuera de un test
sobre políticas específicas de introducción de competencia, y
hacer transparentes aquellos privilegios que puedan subsistir
temporalmente, si no es posible acometer procesos de reforma
inmediatos o drásticos. Nos interesa, por tanto, y voy finalizando,
hablar de esto y de otras cosas. Y podemos hacerlo, con independencia
de convocatorias ah hoc, en un debate anual, acorde en el tiempo con
el informe que esta institución publica cada año, y que, por cierto,
no les ha suscitado a ustedes ningún interés, al menos en la
legislatura que lleva de gobierno el Partido Popular. No han
solicitado ustedes ni una sola comparecencia en Economía y Hacienda
para tratar sobre estas cuestiones. Sólo han solicitado una, que se
ha producido en la Comisión de Industria y Energía. Por tanto, es
evidente que ese interés repentino por la competencia es algo, cuanto
menos, de hace muy pocas fechas.
Pedimos al resto de los grupos su respaldo a esta enmienda. Y al
Grupo Parlamentario Socialista en especial le transmitimos nuestra
idea de que constituye un paso razonable. Antes realmente no existía
nada, no existía ningún mínimo de comparecencias obligadas. La propia
dinámica parlamentaria hará, si éste es su deseo y el de todos los
grupos, que los temas de la competencia se planteen no de forma
esporádica, sino continuadamente en esta Comisión y en esta Cámara.
Les instamos a ello y, además, les anunciamos que si no lo hacen
ustedes, el Grupo Parlamentario Popular será el primer interesado en
hacerlo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: La verdad es que a uno cuando discute de
proposiciones no de ley le gusta ajustarse a lo que propone, porque
hemos oído aquí el canto que ha hecho el portavoz del Grupo Popular
sobre su amor a la liberalización de los mercados y de los servicios,
a su transparencia permanente y a que no se debe dar en los pasillos.
Lo pasillos se dan cada año, es malo que sea cada cuatro meses;
solamente cada año, y así ya son menos ocultos.
Y la verdad es que esto a uno le lleva a no saber a qué sujetarse.
Voy a intentar sujetarme a lo que proponen, por volver al objetivo
que tiene la iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista.
El Grupo Socialista, al margen de su capacidad reglamentaria, que la
conoce, que la puede ejercitar cuando quiere, además de pedir las
comparecencias que estime oportunas del presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia sobre temas monográficos, lo que viene a
plantear en su propuesta es que dado el peso que está cobrando la
liberalización de los servicios, la controversia que ello conlleva y
la necesidad de transparencia, previo informe por escrito, comparezca
cada período ordinario de sesiones en esta Cámara. Al final, ésa
sería la conclusión definitiva de la propuesta que hace el Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Para qué? Pues para añadir todo lo bueno
que ha dicho que quiere hacer el Grupo Parlamentario Popular.
Resulta que traer aquí al presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia cada período ordinario es someterle a un marcaje, a un
examen, pero traerle cada año ya no es un ni marcaje ni un examen.
Creo que deberíamos de medir un poquitín todas las cosas. (El señor
Burgos
Gallego: El centro.) No, ni el centro, ni nada. Esto no es centro.
Esto es descentrado.
Lo que viene a pedir el Grupo Socialista, al margen de los usos
reglamentarios, es si podemos hacerlo por acuerdo de todos los
grupos. Esa es la propuesta que hace. Por tanto, usted puede hacer un
canto a que los grupos pueden pedir y a que la voluntad de cada grupo
es prioritaria. Parece que la libertad de los grupos va a ser
coartada porque se fije esto. Bueno, pues queda limitada en el
sentido de que, por votación de todos los grupos, establecemos un
marco, un compromiso de comparecencia que va más allá de lo
reglamentario. El reglamento ya regula todo lo demás.
Por tanto, añadimos un compromiso por decisión de esta Cámara. Los
procesos de liberalización llevan una gran velocidad y, aunque ha
hecho un canto a la liberalización de los mercados y de los
servicios, que dice que ha provocado mayor libertad de elección y
bajada de precios a mí me gustaría que me explicaran cómo puedo
elegir otro suministrador de energía eléctrica en mi casa, porque no
se ha posibilitado. Nos va a costar un volumen de dinero importante.
Respecto a la liberalización, usted, dice: Ha sido un gran proceso
porque hacemos partícipe a la sociedad. Y ahora yo le digo: ¿Cómo es
posible que se diga esto cuando en la propia Unión Europea se habla
de 28 billones de comisión? ¿Las liberalizaciones están pagando
comisiones? ¿Hay gente que va a prestar un servicio o no? ¿Hay o no
posibilidad de concentración y monopolio en algunos sectores? Pues
miren ustedes, las canciones están bien, los brindis al sol, también;
pero para oponerse a que haya cada período ordinario una
comparecencia me parece demasiado para el body.
Le voy a señalar cuáles han sido las evoluciones parlamentarias de
las comparecencias de altos cargos de la Administración del Estado.
Las que tenemos fijadas cada cuatro meses del secretario de Estado de
Presupuestos se hacen cada período ordinario; las del secretario de
Estado de Economía se hacen cada período ordinario. ¿Por qué? Porque
los cuatro meses brincan por nuestra propia ordenación parlamentaria.
Se hace una en febrero o marzo, se hace otra en septiembre y otra en
febrero del año siguiente. Son cuatro meses, pero estamos en períodos
distintos. En todo caso, podían haber hecho una propuesta distinta.
Y hay otra cosa más. Uno que, aunque sabe contar poco, sabe contar
hasta diez, sabe que a esta legislatura le queda menos de un año, o
por lo menos un año; es decir, que lo que están diciendo está bien,
pero si es una por año, nos vamos al mes de marzo del año que viene.
Yo no veo que ustedes estén siendo consecuentes con lo que han dicho.
Y ustedes han estado exponiendo, al margen de su canto por los
procesos de liberalización, que me parece bien que los defiendan, que
los organicen, que los impongan, o que los hagan como lo estimen
oportuno, que hace falta luz, y taquígrafos, que hay que sacarlo de
los pasillos.
A nosotros nos parece positiva la propuesta porque es un paso
adelante. Y si el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida o el
Grupo Popular hasta ahora no ha pedido comparecencias de este tipo o
lo ha hecho en pocas ocasiones, con este acuerdo tomamos el
compromiso todos los grupos de hacerlo con este orden de propuesta.
Si fuese así, yo creo que se habría fortalecido la argumentación del
Grupo Popular; si lo que aquí se aprobase
fuese esto, todo lo que se ha dicho quedaría fortalecido, porque todo
el discurso se queda reducido a la opresión que significa esa
comparecencia. Es verdad que el informe es anual, pero también hay
otros organismos que hacen informes anuales y comparecen. El Fiscal
General del Estado hace un informe anual y comparece. Hay una
comparecencia sobre ese informe anual, y luego algún tipo de
comparecencia monográfica. En fin, los votos en esta Comisión dirán
si es posible esta propuesta u otra.
Tengo una satisfacción, y es que el Grupo Popular dice que si el
Grupo Socialista no acepta esta propuesta y sale derrotada (por
tanto, si no es la posición que ellos proponen de un año, dan por
derrotada esta propuesta), va a hacer posible que sea cada año.
Bueno, menos da una piedra. Espero que no haga falta hacer una
proposición no de ley, sino que se haga de facto; que hagan de facto
esa comparecencia que se puede solventar también con una proposición
no de ley. Podré entonces votar si una cada período ordinario, cada
año o cada año legislativo.
En todo caso, señor presidente, dado lo que propone el Grupo
Parlamentario Socialista, nosotros no tendremos inconveniente en
votarlo favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Nuestro grupo parlamentario no va a impedir
con su voto que pueda comparecer el presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, como solicita el Grupo Socialista.
En cualquier caso, sería interesante y conveniente racionalizar el
proceso de comparecencias, porque, al final, dado el cúmulo de
comparecencias, sobre todo las que se están estableciendo de forma
periódica y concreta, en muchos casos estamos observando la no
necesidad perentoria de esa comparecencia. Y en este caso creo que
podría producirse todavía con más facilidad esta situación.
Yo creo que deberíamos llegar a establecer un sistema por el cual
siempre que un grupo parlamentario solicite la comparecencia
debidamente razonada, en este caso del presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia, pudiera ser aprobada y que el citado
presidente del Tribunal compareciese. Sería para un tema, como digo,
razonado por el grupo proponente, tendría un contenido.
El establecer comparecencias periódicas sin que exista una necesidad
inminente lo que hace es complicar y, desde luego, acumular trabajo a
las comisiones y al Parlamento, y esto muchas veces no hace más que
complicar la labor parlamentaria. Yo sería más partidario de no
establecer ningún plazo, simplemente llegar al acuerdo de que, cuando
un grupo parlamentario, con la debida justificación, proponga la
comparecencia, en este caso, el presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia, éste compareciera, Con eso sería suficiente; yo creo
que se cumpliría lo que en cierto modo solicita el Partido
Socialista, porque lo que me imagino que pretende, y lo que podemos
pretender todos, es que se comparezca siempre que sea necesario.
Bueno, pues que se haga así, pero el establecer periódicamente, cada
cuatro meses, la comparecencia obligatoria, además de un informe de
un estamento público, desde nuestro punto de vista lo que hace es
complicar los trabajos parlamentarios.
En este caso, además, nos surge una duda: ¿por qué tiene que
comparecer en la Comisión de Economía y no en la Comisión de
Industria? ¿Por qué, si no estoy equivocado, los temas que se tratan
y por los cuales se pide y se razona la solicitud de comparecencia,
están tratados en la Comisión de Industria. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que
en la Comisión de Industria soliciten también la comparecencia del
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y entonces se
duplicarían los trabajos? No lo vemos claro.
En primer lugar, creo que está mal ubicada esta comparecencia, que
debería ser en la Comisión de Industria. Y en segundo lugar, si
verdaderamente creemos que debe comparecer en la Comisión de
Economía, pues que comparezca. Pero porque esos temas son tratados en
la Comisión de Industria, con más motivo, la comparecencia debería
ser puntual y para temas concretos.
Desde luego, ésa es la opinión de mi grupo parlamentario. Nosotros
proponemos a todos los grupos que reflexionen sobre este tema, porque
creo que además sería congruente con el procedimiento que el Tribunal
de Defensa de la Competencia tiene en el ámbito parlamentario, y es
canalizarla a través de la Comisión de Industria, y que en la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda pueda comparecer en
momentos puntuales, para temas concretos que esta Comisión encuentre
razonable que lo haga. Ymientras tanto, evitar las comparecencias
obligatorias, me da lo mismo cada cuatro meses que cada año;
indudablemente prefiero cada año, pero creo que no es la solución
adecuada al tratamiento que se quiere dar y a los motivos que se
exponen en la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: No voy a contestar a temas que no son objeto
ni forman parte de la propuesta del Grupo Socialista. El Grupo
Socialista no ha propuesto que se introduzca la competencia ni que se
realice un debate sobre la posición de los grupos en relación a esta
cuestión. Hemos propuesto una cuestión muy simple, que es la
comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia en la Comisión de Economía para hacer un seguimiento
sistemático de los procesos de liberalización. Por lo tanto, voy a
referirme a ello. Tampoco voy a entrar a debatir con el Grupo
Parlamentario Popular el derecho que le asiste...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Aroz. ¿Sí o no?
La señora AROZ IBÁÑEZ: ...al Grupo Parlamentario Socialista de
presentar las propuestas que le parezca oportuno sin recibir
lecciones de otros grupos parlamentarios.
Sobre la propuesta que se nos hace, nos parece que es una broma,
señor presidente, que se diga que las comparecencias periódicas
tienen que ser anuales, y que se diga en este momento, cuando queda
menos de un año de legislatura desde el punto de vista físico, pero
desde el punto de vista parlamentario quedan pocos meses. Nos parece
que no es una propuesta seria y que hubiera sido más honesto
por parte del Grupo Parlamentario Popular que se dijera: No nos gusta
la propuesta y decimos que no por esto, por esto y por esto, en vez
de tratar de enmascararlo.
Nos parece que, en todo caso, la posición es coherente; expresa la
alergia del Partido Popular a la transparencia, al seguimiento y a la
evaluación real de los procesos de liberalización y su incidencia en
la competencia.
Por lo tanto, decimos que no a esta propuesta del Partido Popular de
que la comparecencia sea anual. Y si no puede ser periódica, porque
no lo establece así la mayoría, supliremos esta situación presentando
las propuestas de comparecencia con informes. Pero, señor presidente,
con una solicitud: que estas propuestas se tramiten y se realicen,
porque el Grupo Parlamentario Socialista tiene, por ejemplo, una
petición de comparecencia del presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia desde hace algunos meses, en relación a los acuerdos
abusivos entre entidades emisoras de tarjetas de crédito y las
comisiones abusivas que se están produciendo, y todavía no se ha
tramitado ni se ha celebrado en esta Comisión.
Por tanto, señor presidente, si no hay una mayoría en relación a esta
propuesta, lo supliremos con propuestas concretas, pero con la
petición expresa y el ruego de que se tramiten y se lleven a efecto
estas comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Señora Aroz, he de decirle que si hubiera estado
usted en esta Comisión desde el principio, habría tenido conocimiento
de que se ha debatido una proposición no de ley, formulada por su
grupo precisamente, para que el Tribunal de Defensa de la Competencia
emita un informe al respecto, es decir, acerca de las comisiones que
vienen percibiendo las entidades financieras. Y si no recuerdo mal,
señora Aroz, he de decirle, en cuanto a la tramitación parlamentaria
de esta proposición no de ley, que ha sido publicada en el «Boletín
Oficial del Congreso de los Diputados» del día 19 de enero pasado.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Permítame una aclaración, señor presidente.
Hablamos de dos cosas distintas. Soy muy consciente de lo que hemos
tramitado. Ésta es otra petición diferente.
El señor PRESIDENTE: Señora Aroz, las comparecencias que son
solicitadas, todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en que
así se celebren y en todas las reuniones de Mesas y Portavoces que
tenemos así se realizan por parte de todos los grupos parlamentarios.
(El señor Burgos Gallego pide la palabra.)
Señor Burgos, dígame.
El señor BURGOS GALLEGO: Le solicito la palabra simplemente para
hacer una última precisión.
El señor PRESIDENTE: Es que ya ha hecho usted las precisiones
oportunas y ya no ha lugar a más en este debate.
El señor BURGOS GALLEGO: Yo creo que la portavoz del Grupo Socialista
ha hecho algunas consideraciones que merecen...
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, la portavoz del Grupo Socialista
ha manifestado que no acepta la enmienda que ha formulado su grupo y
no hay más que hablar; el trámite parlamentario es así.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO ACOMETA CON CARÁCTER
URGENTE LAS OBRAS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS DE SANTIAGO Y BEHOBIA,
PARA MEJORAR LA IMAGEN LAMENTABLE QUE OFRECE ESTA ENTRADA EN ESPAÑA.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001286.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley,
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la
necesidad de que el Gobierno acometa con carácter urgente las obras
en las zonas fronterizas de Santiago y Behobia para mejorar la imagen
lamentable que ofrece esta entrada en España, para cuya exposición y
defensa tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero trasladar a
la Comisión... (Rumores.) Pediría en cierta medida algo más de
silencio y rogaría el amparo del presidente de esta Comisión.
Quería manifestarles que, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
nos sentimos satisfechos porque la presentación de esta iniciativa
parlamentaria ha permitido acelerar y conseguir que rápidamente uno
de sus objetivos, que era garantizar que se acometiesen las obras en
la zona fronteriza de Santiago y de Behobia, en la frontera con
Francia, se haya conseguido, ya que el día 1 de febrero se ha firmado
un convenio.
La motivación de esta iniciativa parlamentaria viene dada porque el
día 25 de marzo de 1995 entró en vigor el Tratado de Schengen sobre
la libre circulación de las personas a través de las fronteras
interiores de los países integrantes de la Unión Europea.
Desde esa fecha se había garantizado que las cabinas y los pasos de
control que desaparecieran serían espacios urbanísticos que debían
ser ordenados en Bruselas de común acuerdo con todos los países
afectados. Con el espíritu de Schengen yo creo que se habían
intentado dos cosas importantes: Por un lado, conformar y garantizar
la libre circulación de los más de 300 millones de personas que
integran la Unión Europea; y por otro lado, que las fronteras, que
habían sido un elemento para la división y el distanciamiento entre
los países, fueran utilizadas en un futuro como vías para comunicar a
los pueblos.
Constatamos que no habían sido más que buenas intenciones, porque
casi han pasado cuatro años y las cabinas y todas las instalaciones y
los sitios fronterizos presentan un aspecto de ruina y de abandono
total. En esta línea, el Ayuntamiento de Irún inició tres expedientes
de declaración de ruina: El primero hacía referencia a las cabinas
del control policial del puesto de Santiago; el segundo se centraba
en edificios aduaneros de la misma zona, tanto de la
antigua aduana española como de la francesa, y el tercero tenía como
objetivo el edificio central de Behobia, bajo el cual circulaban los
vehículos.
Se había mantenido una serie de conversaciones con Patrimonio del
Estado, pero realmente no se llegaba a acuerdos. Sin embargo, como ya
he dicho al inicio de esta intervención, ha habido dos reuniones, y
el lunes 1 de febrero, el Ayuntamiento de Irún y la delegación de la
Agencia Tributaria de Guipúzcoa, a través del Gobierno central, han
llegado a un acuerdo. En dicha reunión se constató la voluntad de
aceptar la decisión del Ayuntamiento de Irún sobre el estado de ruina
física y económica de la práctica totalidad de los inmuebles
existentes en la frontera, con dos excepciones: el antiguo edificio
de la aduana, situado junto al puente de la avenida, y el edificio de
control anexo a las básculas, que estaba situado en Behobia.
Según han manifestado los integrantes de esta reunión, llegaron a un
acuerdo, y, por lo tanto, creo que es interesante poder manifestar
que ya existe una voluntad y un acuerdo, que ha sido corroborado con
la firma de un convenio, que tuvo lugar el 17 de febrero y que tiene
cinco cláusulas que evito leérselas a SS. SS. porque es un documento
público y todos los diputados, diputadas e instancias administrativas
interesadas en Guipúzcoa tienen acceso al mismo.
A esta propuesta inicial se ha recibido una enmienda, presentada por
el Partido Nacionalista Vasco y, a la vista del texto presentado en
la enmienda, se han tenido conversaciones con otros grupos
parlamentarios para ver el grado de aceptación que la misma pudiese
tener y conseguir por fin que la Cámara inste al Gobierno a que
acometa estas obras con celeridad.
Por lo tanto, a través de la enmienda presentada y de las
negociaciones que ha habido, y que yo misma he llevado a efecto,
quiero trasladar a la Mesa que hay una enmienda transaccional que es
aceptada por todos los grupos, cuyo texto dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que, en base a los acuerdos alcanzados
con el Ayuntamiento de Irún, ejecute bajo el procedimiento de
urgencia y/o emergencia las obras en las zonas fronterizas de
Santiago y Behobia para mejorar la imagen lamentable que ofrece esta
entrada en España.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (PNV), ha sido
presentada una enmienda a esta proposición no de ley. Yo no sé si ni
siquiera ha lugar a defenderla, en la medida en que la señora
Cortajarena ya se ha encargado de decir que esta enmienda, al
parecer, ha sido aceptada y ha sido transigida por los diferentes
grupos parlamentarios.
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, el procedimiento supongo
que establece que, aunque eso sea así, tendrá que dar la opinión el
Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Sí, claro.
El señor ZABALÍALEZAMIZ: Entonces, atendiendo a su indicación,
siempre certera, le diré que efectivamente
desde mi grupo parlamentario vamos a aceptar la enmienda que se ha
propuesto.
Lo que sí quiero decir en dos palabras es que nosotros estábamos de
acuerdo con la proposición que ha presentado el Partido Socialista,
lo que pasa es que estaba fuera de tiempo, porque era una proposición
de diciembre de 1998. Como el procedimiento ha tenido ya un
recorrido, quedaba fuera de lugar la redacción tal y como estaba
establecida en esta proposición no de ley.
Lo que nosotros pretendemos es que el procedimiento sea de urgencia,
o de emergencia, en su caso. Creo que es eso lo que se recoge;
estamos todos de acuerdo. Y, al final, lo que se pretende es que las
obras se lleven a efecto lo más rápidamente posible.
También queremos saber si verdaderamente existe partida
presupuestaria para estas obras, porque eso es importante; no sólo la
voluntad hace posible el llevar a buen fin los proyectos, sino que
hacen falta también partidas presupuestarias. Queremos conocer si eso
es así, si alguien nos puede contestar, supongo que en este caso
sería el Partido Popular, al respecto. En tal caso, como digo,
aceptaremos la redacción que propone el Partido Socialista, que es
igual que la nuestra, sólo que nosotros decíamos que se hiciera antes
del verano. No tenemos inconveniente en que no se especifique que las
obras sean hechas para el verano de 1999, por el tránsito que existe
en esa época. También deciamos que esté dotado de partida
presupuestaria. Entendemos que eso, si nos confirman que es así, es
obvio y, por lo tanto, no tendríamos ningún inconveniente en que esas
dos cuestiones no aparezcan en la redacción de la proposición no de
ley, que, como digo, lo importante es que se haga por procedimiento
de urgencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En primer lugar, quiero agradecer a
la señora Cortajarena la presentación de esta proposición no de ley,
porque realmente, dicho en la frialdad o en la abstracción, resulta
un tema importante. Si uno fuera a ese lugar y la persona que les
habla ha nacido y vive en Irún y pasara por aquel paso fronterizo,
desde luego quedaría espeluznado -ésa sería la expresión, incluyo yo
creo que no demasiado elevada- por la situación de deterioro en la
que se encuentran los pasos fronterizos tanto de Santiago como de
Behobia. Ésta es una cuestión que lleva muchísimo tiempo en esta
situación, no solamente desde el año 1995, con la entrada en vigor
del Tratado de Schengen. Desde el año 1993 algo se podía haber hecho
porque con la entrada en vigor del Acta Única Europea, es decir, del
mercado único europeo, algunos edificios podían haber sido
susceptibles de readecuación, incluso de reajuste en cuanto a su
destino. Pero, en cualquier caso, desde el año 1995 era una cuestión
pendiente que se había dejado en el más puro abandono y degradación.
Es una zona que, por otra parte, es transitada por muchísimos
ciudadanos y, desde luego, cualquier persona que pretenda pasar del
Estado francés al Estado español, fuera de uno o otro Estado o ajeno
a los dos Estados, quedará absolutamente sorprendida de cómo alguna
institución,
y en este caso el Gobierno central, puede mantener unas
instalaciones en semejante grado de deterioro.
No voy a hacer un recorrido por todas las iniciativas que se han
realizado por parte de todos los grupos. En cualquier caso, como me
corresponde a mí la representación de mi formación política, desde el
año 1996 he ido presentando periódicamente diversas iniciativas,
preguntas escritas, preguntas orales y siempre se me ha respondido
con buenas palabras, e incluso se me fijaban fechas que luego no
resultaban cumplidas. Se hablaba mucho de procedimientos
transfronterizos, de lo bueno que era el tema transfronterizo,
incluso en comparecencias del señor Mayor Oreja, pero a la hora de la
verdad no teníamos nada más que una especie de ruina y abandono
increíble.
Quiero decirles coloquialmente, que para que vean ustedes en la
situación en la que se encontraba, que una persona, una noche, se
llevó una cabina de control policial y le detuvieron, pero se creó
una corriente de simpatía de toda la población, señalando que
curiosamente esta persona, en una noche, podía haber hecho lo que la
Agencia Tributaria, todo el Gobierno central y otras instituciones no
habían conseguido en cuatro años. Reitero que nos congratulamos todos
los que estamos en esta Cámara de que se haya puesto en marcha esta
circunstancia. Queremos que sea lo más rápido posible, porque no
puede beneficiar a nadie esta ruina. Es curioso que un Ayuntamiento
haya tenido que hacer tres expedientes de ruina para que alguien se
ocupe de algo que es de su propiedad. En cualquier caso, me voy a
sumar a esta proposición no de ley y a la enmienda transaccional. Nos
dicen que la partida presupuestaria está consignada, que existe y
nosotros vamos a hacer gala de buena fe y a creer en ello. Esperamos,
para septiembre de este año, venir a esta Comisión o a otra para
felicitarnos de que está todo solucionado.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARARODRÍGUEZ-VALENZUELA: Quiero comenzar por decir que
vamos a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por
el Partido Socialista, porque no tenemos nada que objetar a la
presentación y a los calificativos que introduce. La proposición no
de ley hace referencia a que la situación de la entrada de la antigua
frontera entre España y Francia es lamentable. Y efectivamente,
señorías, lo es. La imagen de entrada a España no puede tener otro
calificativo; por lo tanto, estamos de acuerdo. También estamos de
acuerdo con el contenido de los acuerdos obtenidos en el Ayuntamiento
de Irún, que, como ha dicho la señora Cortajarena, han tenido
plasmación en un convenio de colaboración establecido el 1 de
febrero, con lo cual algún avance se ha obtenido sobre la materia
desde que la presentó el Partido Socialista en diciembre del año
pasado. La razón por la que la proposición se ve hoy obedece al puro
trámite parlamentario. También quiero recordar a SS.SS. que en la
prensa guipuzcoana se plasmó con cierta profusión y nivel de detalle
cuáles eran las medidas que el Gobierno iba a adoptar para atajar,
como digo, esa lamentable imagen que presenta la entrada a España por
la frontera de Irún.
Quiero hacer referencia a algunos acuerdos que se vienen
materializando sobre esta materia desde hace algún tiempo, aparte de
los que señaló la señora Cortajarena, por ejemplo, el acuerdo entre
el Reino de España y la República de Francia sobre la creación de la
comisaría conjunta en la zona fronteriza común, del 3 de junio de
1996, para aplicar los artículos 7 y 39.4 del Acuerdo de Schengen. En
este artículo se aprueba la creación de una comisaría común en
Biriatou-Irún, en Behobia, disponiendo en su artículo 7 que las
instalaciones fijas situadas en las proximidades de las fronteras
serán mantenidas en buen estado de conservación. Y ¿qué se ha hecho
desde entonces? Se han hecho algunas cosas que trataré a
continuación, pero tiene también lugar otro acuerdo entre España y
Francia los días 27, 28 y 29 de octubre, en los que se hace
referencia en el acta de la comisión internacional de los Pirineos a
la remodelación del área de la frontera de Behobia. No me resisto a
hacer referencia a lo que dice exactamente el acta por cuanto la
delegación española expone con claridad a la francesa la situación de
ruina -lo hace el Gobierno de España- del edificio de controles
yuxtapuestos y también de otros dos edificios en la zona de la
frontera, a la que hacen referencia las tres solicitudes de
declaración de ruina del Ayuntamiento de Irún. Menciona también la
delegación española estos tres días que el Ayuntamiento de Irún ha
solicitado el derribo de los tres edificios en ruinas y que la
delegación española está de acuerdo. Se dice en el acta con claridad
que el Gobierno español está de acuerdo con la necesidad de
declaración de ruina de estos tres edificios, y el presidente de la
delegación francesa, en respuesta a la pregunta de la delegación
española sobre la oportunidad de destruir los edificios de aduanas en
muy mal estado que forman parte de la oficina conjunta de controles
nacionales, lee un extracto de la respuesta recibida en la Dirección
General de Aduanas de los Pirineos Atlánticos del Gobierno francés.
Esta respuesta indica, y leo textualmente: «que teniendo en cuenta al
estado desastroso de las oficinas conjuntas de Behobia, no se ve
ninguna objeción para su destrucción para las autoridades españolas.
En esto estamos, exactamente este es el estadio jurídico-
administrativo en el que nos encontramos.» Con relación al expediente
administrativo he de decir que existe un escollo, cual es la
necesidad de proceder a la desadscripción de las instalaciones que ya
ha sido solicitada a la Dirección General del Patrimonio del Estado,
para proceder a la demolición de los edificios a los que se refieren
la proposición y los acuerdos con el Ayuntamiento de Irún. Dicha
demolición, desde el punto de vista de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, podría afectar a todos los edificios a los
que hace referencia la proposición no de ley. No obstante, tenemos
pleno conocimiento de que el Ayuntamiento de Irún -no se ha hecho
referencia por parte de ningún parlamentario con anterioridad-
mantiene el criterio de que se siga denominando la aduana vieja de
Behobia y, por lo tanto, parece que existe la idea de mantener el
edificio en algún estado.
Según mis noticias, se halla en estudio por parte del Ayuntamiento de
Irún. Quizá este sea uno de los elementos que deba entrar en juego en
este tipo de acuerdos.
Respecto al expediente de demolición de las instalaciones, con la
salvedad a que he hecho referencia, es decir, la
pretensión del Ayuntamiento de Irún de mantener la denominación de la
aduana vieja de Behobia y el expediente administrativo, está
esperando las obras de demolición que tendrán lugar durante el
próximo ejercicio del año 1999. No sabemos si antes o después del
verano, pero lo cierto es que a lo largo del año, para lo que
obviamente el Gobierno tiene prevista la consiguiente dotación
presupuestaria.
Se dan todos los elementos, con la colaboración del Ayuntamiento de
Irún, para que definitivamente la frontera entre España y Francia
tenga otra imagen que la que actualmente tiene, para lo que desde
luego nuestro grupo votará favorablemente, porque no es sólo nuestro
compromiso, sino el del Gobierno, explicitado en estos acuerdos a los
que he hecho referencia. Creemos que la redacción ofrecida por la
señora Cortajarena es la que mejor se presta al consenso entre los
grupos y que hace una clara definición de cuál es la situación y cuál
puede ser la solución. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quería hacer sólo una aclaración al
portavoz del Grupo Popular, si el presidente lo considera oportuno.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué quiere S.S. aclarar? No hay que aclarar
nada. Usted ha manifestado su exposición y no hay más que hablar. (El
señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor Presidente, yo sí quiero la
aclaración porque, en base a ella, puedo o no aceptar la transacción
que me han ofrecido. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ha dicho que existe dotación presupuestaria.
Señora Pozuelo, no recabé su consentimiento a la enmienda que había
sido formulado el Grupo Popular a la proposición no de ley.
La señora POZUELO MEÑO: La aceptamos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a proceder a las
votaciones.
Suspendemos la sesión durante unos minutos, hasta que los portavoces
de los grupos parlamentarios manifesten su posibilidad de proceder a
realizarlas.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Habiendo ya en la sala 41 diputados, que somos
el total de los miembros que componen esta Comisión, repartidos
proporcionalmente en función de los que corresponden a cada grupos,
vamos a proceder a realizar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a adoptar un conjunto de medidas
destinadas a ampliar las posibilidades de canalización del ahorro
hacia nuevos activos financieros de la actividad productiva. Esta
proposición no de ley se votará en los términos en que ha sido
redactada, de acuerdo con la transacción realizada por el señor
Sánchez i Llibre y con la enmienda que ha sido formulada por el Grupo
Parlamentario Popular. ¿Algún grupo desea solicitar votación separada
de algún apartado de esta proposición no de ley? (Pausa.) Por
consiguiente, pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, tres; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la proposición no de ley.
Proposición no de ley sobre comparecencias periódicas del presidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia ante la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda del Congreso, en los términos estrictos
en que ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, rechazada la
proposición no de ley.
Proposición no de ley relativa a la necesidad de que el Gobierno
acometa con carácter urgente las obras en las zonas fronterizas de
Santiago y Behobia para mejorar la imagen lamentable que ofrece esta
entrada de España, que
se votará en los términos que han sido anteriormente leídos y pasados
a la Mesa de la Comisión por parte de la señora Cortajarena,
resultantes de la admisión parcial y transigida de una enmienda
formulada por el Grupo Vasco (PNV-EAJ).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley para la elaboración por el Tribunal de Defensa
de la Competencia de un informe sobre las posibles prácticas
bancarias en materia de cobro de comisiones y sus efectos sobre la
competencia, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda formulada por parte del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.
Nota.-El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda, del miércoles 24 de febrero de 1999, no guarda
la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.