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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 627, de 24/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 627
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 33
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno para que incluya en el catálogo
nacional de especies amenazadas a todas las especies de cetáceos
incluidos en la Directiva 92/43/CEE, Hábitat. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/
000527) ... (Página 18220)
- Por la que se insta al Gobierno a que se acoja al artículo 16 de la
Directiva 90/220/CEE, del Consejo, de liberación internacional en el
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y prohíba su
importación en España. Presentada por el Grupo anterior. (Número de
expediente 161/000610) ... (Página 18223)
- Sobre medidas para reducir la contaminación producida por el complejo
industrial Ence-Elnosa, ubicado en la ría de Pontevedra. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.(Número de expediente 161/000611)
... (Página 18230)
- En relación con el impacto ambiental que causará la construcción
del salto de Sela, en el río Miño. Presentada por el Grupo anterior.
(Número de expediente 161/000927) ... (Página 18235)
- Sobre medidas para recuperar, sanear y mantener en condiciones
óptimas el río Miño. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001194) ... (Página 18235)
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para
que no se lleve a cabo la construcción del denominado salto de Sela.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000920) ... (Página 18235)
- Sobre creación de un Plan especial de emergencia de riesgos químicos.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001176) ... (Página 18240)
- Relativa a la declaración de interés general de las obras de
prevención de riadas en los ríos Besós y Llobregat. Presentada por el
Grupo anterior. (Número de expediente 161/001189) ... (Página 18243)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE INCLUYA EN EL CATÁLOGO
NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS A TODAS LAS ESPECIES DE CETÁCEOS
INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE, HÁBITAT. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000527.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Vamos a comenzar la
sesión. Iniciamos la Comisión de Medio Ambiente con el debate y
votación de las proposiciones no de ley. La primera, por la que se
insta al Gobierno para que incluya en el catálogo nacional de
especies amenazadas a todas las especies de cetáceos incluidos en la
Directiva 92/43/CEE, Hábitat.
Para su defensa, tiene la palabra por el Grupo proponente su
Portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida presentó esta iniciativa hace ya tiempo, pero no ha
sucedido con ella como con otras, que hay que retirarlas porque el
paso del tiempo viene a hacer la iniciativa inaceptable o el problema
que se instaba al Gobierno a que diera una solución se ha resuelto.
En esta ocasión, no ocurre lo mismo, pues los cetáceos que habitan en
la zona comprendida entre las islas de Tenerife y de La Gomera siguen
sufriendo las presiones de los humanos, los animales, en la
explotación de los recursos naturales, por lo cual siguen padeciendo
la misma situación de pérdida de su hábitat y su posible desaparición
en caso de que no se tomen las medidas que mejoren el entorno en el
que viven estos cetáceos. Nos referimos a cetáceos que están
protegidos por la Directiva Hábitat. Lo que habría que hacer es tomar
una serie de medidas que permitan su desarrollo e implantación, como
ha sido habitual, en la zona existente entre las islas de Tenerife y
de La Gomera, protegerlos para explotarlos turísticamente y poder
seguir disfrutando de ellos, como se está haciendo,
pero dentro de unos controles y con unas medidas de seguridad para
evitar que su entorno se pueda deteriorar y sufran las molestias que
están afectando a estas dos especies, en concreto, las calderonas y
al delfín mular. Señorías, no quiero extenderme mucho más porque son
situaciones que se pueden denunciar y ver si uno se acerca a la zona.
Durante el año pueden ser más de 500.000 las personas que hacen estas
visitas, legales o ilegales, porque no siempre tiene la autorización
pertinente para utilizar los medios turísticos o los submarinos para
observar el fondo del mar. Es necesario establecer los mecanismos
adecuados para disfrutar de estas especies, para que siga existiendo
la explotación turísticas racional y para que no se acabe con la
gallina de los huevos de oro, porque, si la explotamos mal, los
delfines y las calderonas desaparecerán de esta zona, con lo cual se
perderá uno de los ingresos más importantes que existen en estos
momentos para las Canarias a través del turismo, que, según nuestros
informes, puede ascender a 2.000 millones de pesetas anuales.
Estamos hablando de compatibilizar la vida de los cetáceos en esta
zona con su explotación turística, pero preservándolos. Para eso
hemos presentado esta iniciativa, que solicita incluir en el catálogo
nacional de especies amenazadas previsto en la Ley de conservación de
los espacios naturales y de la flora y fauna silvestre, en particular
a estas dos especies, a las calderonas y al delfín mular, como
especies sensibles a la alteración de su hábitat entre las islas de
Tenerife y de La Gomera. Por otra parte, solicitamos que se declare
un espacio natural protegido entre las categorías que la citada Ley
de conservación de espacios naturales y la flora y fauna silvestre
establece, para que se delimite la zona de localización de los
cetáceos, especialmente de las poblaciones estables de calderonas y
delfines mular, entre las islas de Tenerife y de La Gomera, y que
esta declaración permita, a través del instrumento oportuno de
gestión, la regulación restrictiva de las actividades de observación
turística de los cetáceos. Estamos solicitando, en definitiva, su
protección compatibilizando con un uso racional de la zona la
explotación turística que se puede hacer de los mismos. Lo único que
pretende muestra iniciativa es llevar a cabo aquello que siempre
decimos defender: conservar el medio ambiente y hacer de él un uso
sostenible, compatible con la explotación económica, con su
preservación y conservación, pero no con su deterioro.
Es tan importante esta proposición no de ley que esperamos de la
Comisión de Medio Ambiente que sea aprobada.
El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Grupos que desean
intervenir, para fijar posición. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Intervengo en nombre de mi Grupo para manifestar
que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Señor Ros, disculpe.
Señora Fernández de Capel, no le permite a la Presidencia ver al
señor Ros.
Disculpe, señor Ros. Puede seguir su señoría.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente, me estaban privando a
mí también de ver su rostro.
Decía que mi Grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley
porque hay fundamentalmente razones de dos tipos: legislativo y
medioambiental. Como SS.SS. conocen, la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, en desarrollo de los artículos 45 y 149.1 de la
Constitución, estableció un régimen jurídico protector de todos los
recursos naturales mediante un régimen especial para la protección de
los espacios naturales y las medidas necesarias para garantizar la
conservación de las especies de fauna y flora silvestres, con
especial atención a las especies autóctonas, dedicando precisamente
un artículo completo de la ley, el número 4, a estas últimas. El
artículo 29 de la ley, señor presidente, establece que para la
determinación de los animales o plantas, cuya protección exige -leo
textualmente- medidas específicas por parte de las administraciones
públicas, deberán ser incluidos en el catálogo nacional de especies
amenazadas. Creado este catálogo, como es lógico, por la propia ley
en el artículo siguiente o en los catálogos que las comunidades
autónomas puedan establecer en sus respectivos ámbitos territoriales.
A tales efectos, se incluían las especies, subespecies o poblaciones
en dichos catálogos, tanto las especies en peligro de extinción como
otras que SS.SS. conocen.
De acuerdo con la ley, la categoría de especies en peligro de
extinción, que son las que hoy nos afectarían, se reserva a aquellas
-cito también textualmente- cuya supervivencia es poco probable si
los factores causales de su actual situación siguen actuando. En
relación con las mismas, además de establecer unas prohibiciones
genéricas, se exige algo que para nosotros es de gran importancia, la
redacción de un plan de recuperación, en el que, según dice también
la ley, se definirán las medidas necesarias para eliminar tal peligro
de extinción. El catálogo nacional de especies amenazadas fue creado
por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, y la gran mayoría de
las comunidades autónomas también es cierto han establecido sus
propios catálogos de especies amenazadas en sus respectivos ámbitos
territoriales, si bien la inclusión de una especie, subespecie o
población en el catálogo nacional de especies amenazadas conlleva
automáticamente para la totalidad del territorio español la adopción
de un plan de
recuperación de dicha especie, subespecie o población. (Rumores.)
Nosotros creemos que es precisamente la exigencia de este plan de
recuperación cuya gestión necesita la aportación de nuevos recursos
lo que ha hecho que el comportamiento del Ministerio de Medio
Ambiente haya sido muy romo a la hora de incluir especies o
subespecies en este catálogo nacional. El catálogo ya existe, existe
el decreto, existe la ley, por tanto, no hay razón alguna para que yo
me desgañite de esta manera, porque casi ni yo me oigo con este
barullo que hay en la parte posterior de la sala.
Señor presidente, continuaré.
El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Señor Ros, continúe,
porque esta Presidencia puede escuchar perfectamente, además de verle
en este momento.
Señorías, silencio, por favor.
Continúe, señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Me doy por satisfecho si la Presidencia y la
portavoz de Izquierda Unidad me escuchan.
Decía, señor presidente, que hay razones de tipo legislativo
suficientes para que este catálogo sea tratado, desarrollado y se
inscriba no en dos modificaciones, como ha ocurrido, ya que a lo
largo de 1998 sólo ha habido dos ligeras modificaciones de este
catálogo nacional. Como decía la portavoz de Izquierda Unida, existe
también la Directiva 92/43/CEE, que obliga necesariamente a inscribir
en ese catálogo las especies que vienen recogidas en sus anexos...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Señora Fernández de
Capel, aunque seguramente son labores parlamentarias, le rogaría que
saliese de la Comisión.
Continúe, señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.
Decía que además de la ley a la que me he referido, donde se crea el
catálogo y esos planes de recuperación, hay también, aunque no
quisiéramos, la Directiva europea 92/43, que obliga al Reino de
España a incluir en ese catálogo especies que vienen recogidas en sus
anexos.
Hoy la proposición no de ley hace referencia a dos especies, el
delfín mular y la ballena piloto o calderonas, que existen en la zona
de las islas Canarias, no sólo en el paso entre Tenerife y La Gomera,
donde yo mismo he podido ser testigo de avistamientos, sino en otros
lugares de archipiélago canario, por lo cual deberíamos inscribirlas
en ese catálogo. (El señor vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la
Presidencia.)
La población calculada que parece ser de unas doscientas
o trescientas ballenas y delfines mulares, debía exigir de este
Parlamento la agilidad suficiente para que tuviéramos garantizado en
el futuro la protección de estas especies. Yo no sé si, como la
proposición no de ley dice, los datos son correctos cuando afirma con
rotundidad que hay 500.000 visitantes que en distintos tipos de
embarcaciones, a motor, a vela, etcétera, se aproximan para avistar
estos mamíferos en las islas Canarias. Tampoco sé si exactamente este
negocio puede mover 2.000 millones de pesetas. Sean o no
correctas estas cifras, lo cierto es que hay un peligro claro de
conservación de estos mamíferos en la zona a la que la proposición no
de ley hace referencia. No es sólo preocupación de este Congreso de
los Diputados, porque prueba de que el problema existe, de que la
preocupación existe en la sociedad canaria, es que ya ha habido
algunas acciones de protección del Gobierno canario, de la propia
Viceconsejería del Medio Ambiente, que se han manifestado
insuficientes para el fin que fueron pensadas.
Mi grupo va a votar a favor de los cuatro extremos de esta
proposición no de ley: en primer lugar, de que se incluya en el
catálogo, porque la propia ley que elaboró el Gobierno socialista
necesita que esas especies sean reflejadas en el catálogo; en segundo
lugar, de que específicamente las especies a las que se refieren los
anexos IV y II, tanto el delfin mular como la ballena piloto o las
calderonas, sean incluidas; en tercer lugar, de que se incluya una
población sensible a la alteración de su hábitat; y un cuarto punto
que a nosotros nos parece especialmente importante, porque si
introducimos estas especies en el catálogo, sin desarrollar lo
previsto en la ley, un plan gestor de esos recursos, difícilmente
podrá hacerse.
En consecuencia, estamos de acuerdo con que se declare una forma de
protección en el archipiélago canario donde se dan estas familias de
mamíferos, estas ballenas o delfines, de tal forma que, declarado
como espacio natural protegido, necesariamente habrá que arbitrar
formas de gestión que garanticen su conservación para el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Para fijar la posición de
su grupo, tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor
Medina.
El señor MEDINATOLEDO: Señorías, la realidad es que casi un tercio de
las especies de cetáceos en aguas españolas está amenazado,
habiéndose extinguido históricamente una especie y, en tiempos
actuales, una población local. Igualmente ocurre que el paso de los
cetáceos del ámbito normativo pesquero al ámbito normativo
medioambiental no se ha traducido en los últimos años con la
intensidad necesaria en el correspondiente desarrollo normativo
específico y en las consiguientes actuaciones concretas o planes de
acción.
El Grupo Parlamentario Popular y el Ministerio de Medio Ambiente
están preocupados por la situación actual de los cetáceos en nuestro
país y también firmemente decididos a invertir dicha situación
mediante la aplicación de medidas activas, tanto en el desarrollo
normativo como en actuaciones específicas o, como decía antes, planes
de acción. El Ministerio de Medio Ambiente, en el ámbito de sus
competencias, ha dado pasos importantes en esta materia, que a
continuación describiremos con todo detalle, pero es obvio que toda
iniciativa legislativa que se formule en este sentido es bienvenida.
Por ello, nos apresuramos a decir que nuestro grupo parlamentario
apoyará con su voto favorable la iniciativa parlamentaria de
Izquierda Unida que hoy debatimos en los términos estrictos en que ha
sido presentada.
Señorías, déjenme decirles algo que hace referencia a este ámbito o a
otros de la protección medioambiental de nuestro país. Éste es un
tema general, de toda España, pero
se hace singular en Canarias. Frecuentemente se olvida una
circunstancia importante, y es que nuestro país, España, tiene una
organización política descentralizada; más que descentralizada, a un
nivel de autogobierno de las comunidades autónomas, lo cual conlleva
unas virtudes desde el punto de vista de acercar la gestión de la
cosa pública a los ciudadanos, pero tiene unas servidumbres que no se
pueden obviar. En esta materia, como en otras, se busca que el
Ministerio de Medio Ambiente sea una especie de responsable político
subsidiario, o una red que está disponible para afrontar sus
responsabilidades y servir de garantía de que otros cumplen lo que ya
es directamente su obligación de cumplir, y esto no es así, sino que
cada cual políticamente debe asumir sus competencias y, concretamente
en materia de medio ambiente, las comunidades autónomas tienen muchas
y muy importantes. En una comparación metafórica que pretende ser
amable, diría que el Ministerio de Medio Ambiente tendrá la
obligación de sensibilizar o ser una especie de animador
medioambiental en los temas que no son de su competencia, pero nunca
puede ser un poder que coarte la responsabilidad y la libertad de las
comunidades autónomas para ejercer sus competencias. Fíjense ustedes
por donde, señorías, a veces los detalles y las precisiones son
absolutamente importantes para que los discursos políticos sean
coherentes, y es que en general la responsabilidad de las comunidades
autónomas se circunscribe a aguas interiores, y las poblaciones de
mamíferos de la naturaleza que estamos estudiando normalmente
desarrollan su actividad en aguas que son de responsabilidad general
del Estado; en el caso concreto del que estamos hablando, Canarias,
son las únicas que por su extensión, siendo aguas interiores,
permiten que haya poblaciones importantes de cetáceos. Quiero
resaltar este aspecto porque veremos que la actuación del Ministerio
en este campo solamente puede ser parcial y que parte de esas
competencias se debe exigir que se ejerzan con esmero y con
diligencia por parte de la comunidad autónoma canaria y del Gobierno
de su autonomía.
Pues bien, como decía, es muy importante y oportuna la proposición de
Izquierda Unida, porque el Ministerio de Medio Ambiente está
trabajando en el programa nacional de rescate de especies amenazadas,
pero el Real Decreto 1997/1995, cuando obliga a incluir a los
cetáceos en el catálogo nacional de especies amenazadas, lo hace
porque tal inclusión es el paso previo necesario para hacer viable la
obligatoriedad de redactar planes de acción, pero los planes de
acción deben ser ejecutados, según estipula la Ley 4/1989, por las
comunidades autónomas, y en este caso particular de las aguas
canarias, que son aguas interiores, sería la comunidad autónoma la
responsable de la ejecución de esos planes.
En cuestión medioambiental hay últimamente una moda peligrosa. Se
trata de dar una visión catastrófica; aun pudiendo en algún momento
ser grave, se cargan las tintas en exceso en el afán de sensibilizar
a la gente de la importancia de tomar la acción que se propone, con
lo cual llegamos a situaciones verdaderamente singulares. Yo tampoco
tengo, como decía el señor Ros, los datos económicos ni el número de
visitantes, pero yo que vivo en las islas Canarias, que soy y nací
allí, pongo en su consideración que si al año visitaran esa zona
500.000 personas debería venir
incluso el capitán Achab para buscar la ballena blanca Moby Dick,
porque 500.000 personas es poco menos que la población de toda la
isla de Tenerife. Apesar de que efectivamente hay una enorme
afluencia de turistas, equivaldría a que 1.400 personas diarias se
embarcarían en el canal entre las islas de La Gomera y de
Fuerteventura para ver esos cetáceos sábados, domingos, días
laborables, etcétera. Sinceramente, no lo creo. No sé si las cifras
económicas son ésas, pero aunque fuera media peseta y aunque lo
visitaran diez personas, desde el punto de vista medioambiental es
necesario tomar esas acciones y, por tanto, es absolutamente oportuno
lo que propone Izquierda Unida.
Sería muy largo decir todo lo que ha hecho el Ministerio en esta
materia, porque no ha estado parado durante este tiempo. Enunciaré
solamente medidas de tipo legislativo, administrativo, planes de
acción y protección de hábitat. Concretamente, el catálogo de
cetáceos está elaborado, e incluso se han tomado algunas acciones muy
importantes a propuesta -éstas, si- del Gobierno de Canarias y de la
Subconsejería de Medio Ambiente. Precisamente, la Directiva europea
Hábitat prevé la posibilidad de crear lugares de interés comunitario.
Canarias, que en biodiversidad es muy rica, tiene en esta materia
cuatro zonas específicas donde hay poblaciones que proteger. Decía
muy bien el señor Ros que no única y exclusivamente en las aguas
occidentales de Tenerife, lo que podíamos llamar el canal de La
Gomera y sur de Tenerife, donde las poblaciones son el delfín mular y
el calderón tropical, sino que en la isla de Lobos hay también
delfines mulares protegibles, foca monje; en las aguas
eurooccidentales de Gran Canaria, el delfín mular y calderón; y en
las aguas nororientales de Gran Canaria, el delfín mular. Esos cuatro
lugares de interés comunitario han sido ya propuestos a la Unión
Europea como paso previo para actuar después de la elaboración de un
Plan de ordenación de recursos naturales (PORN), cuya competencia en
este momento de poder declarar el grado de protección que Izquierda
Unida prevé en su proposición no de ley es de la comunidad autónoma,
como antes decía.
En aras a la brevedad, porque el orden del día es muy largo y
cargado, no continuaré, pero quiero añadir que hay razones
suficientes, primero, para felicitar al Grupo de Izquierda Unida por
su sensibilidad en este tema y, segundo, para apoyarle con nuestro
voto, porque los objetivos de su proposición no de ley son
concurrentes con los de este grupo y con los del Ministerio, y a la
vez son igualmente coherentes con los trabajos que el Ministerio
tiene en marcha. Por tanto, la votaremos favorablemente.
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE SE ACOJAALARTÍCULO 16 DE
LADIRECTIVA 90/220/CEE, DEL CONSEJO, DE LIBERACIÓN INTERNACIONAL EN
EL MEDIO AMBIENTE DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE, Y PROHÍBA
SU IMPORTACIÓN EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000610.)
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Vamos a pasar al debate
de la segunda proposición no de
ley, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por la que se insta al Gobierno a que se acoja al artículo 16
de la Directiva 90/220, de la Comunidad Económica Europea, del
Consejo, de liberación internacional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente, y prohíba su importación en
España. Aesta proposición se han presentado tres enmiendas: una del
Grupo Mixto, otra de Izquierda Unida y la tercera del Grupo
Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: La iniciativa que hoy discutimos en esta
Comisión fue presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida en mayo de 1997, hace casi dos años, a la que hemos
presentado una enmienda de adición para actualizarla, aunque, desde
nuestro punto de vista, su texto es totalmente vigente y necesario en
estos momentos.
Nuestro grupo parlamentario no se opone ni se opondrá a los avances
tecnológicos, en la investigación, a aquello que pretenda mejorar las
condiciones de vida de la sociedad y a intentar mejorar las
condiciones medioambientales. Nuestro grupo parlamentario no habla de
la utilización de productos transgénicos en la medicina o en aquellas
variedades que vayan a mejorar la salud de las personas, fundamental
en algunas ocasiones. Nos referimos a la utilización de cultivos
transgénicos para consumo alimentario y, según las empresas
agroquímicas, para acabar con el hambre en el mundo. Cuando empezaron
las investigaciones con estos productos transgénicos, con las
mutaciones genéticas en las plantas, se decía que era para mejorar la
calidad y productividad de los cultivos o de las semillas, para que
fueran resistentes a las plagas, que es realmente para lo que se está
investigando y no para mejorar la calidad de las semillas, pero se
utilizan los productos químicos de las empresas propietarias de las
semillas que se están plantando.
Dejando de lado los intereses económicos y ciñéndonos a los términos
medioambientales y de salud humana, si en 1997 existía preocupación y
fueron varias las iniciativas que se discutieron en esta Cámara tanto
en 1996 como en 1997 sobre la autorización para el cultivo de
semillas o de organismos modificados genéticamente, de productos
transgénicos y existían también dudas, hoy cada vez son más las voces
autorizadas de expertos y científicos que alertan de los posibles
riesgos para el medio ambiente y fundamentalmente para la salud
humana si seguimos ampliando los cultivos de productos modificados
genéticamente.
Nos referimos a productos de alto consumo humano. Ahora se nos alerta
de la solicitud de autorización que ha pedido el Ministerio de Medio
Ambiente -que es el competente para dar las autorizaciones sobre
cultivos- a la Comisión Europea para cultivar tomate transgénico. Les
pediría que pensáramos en las consecuencias medioambientales,
económicas y alimentarias en grandes sectores de nuestra población
agrícola que se verán afectados por la siembra de tomate transgénico.
Veremos qué es lo que les va a pasar a los ciudadanos de las islas
Canarias o de Murcia que están cultivando tomate y a otros muchos
ciudadanos
y ciudadanas del resto de nuestro país que cultivan tomates, maíz,
soja y otros muchos productos que ya hoy se pueden cultivar de manera
transgénica.
Los científicos han demostrado que a través del cultivo de los
productos transgénicos se contamina el suelo y que se producirá una
contaminación mayor a medio y largo plazo cuando los agricultores que
no estén cultivando productos transgénicos utilicen mayor cantidad de
pesticida a los que las plantas transgénicas se han hecho insensibles
(para eso las han creado), por la contaminación que van a suponer
estas plantas en el resto de las malas hierbas o de los insectos de
su entorno, a los que se van a hacer fuertes y resistentes. Señorías,
existen experiencias. Cuando se empezaron a utilizar los pesticidas
en nuestros suelos se decía que íbamos a acabar con todas las plagas
en la agricultura, pero ni hemos acabado con las plagas ni hemos
bajado el consumo de los pesticidas. Más bien al contrario, hemos
creado nuevos seres vivos que son resistentes a estos pesticidas, por
lo que hay que crear productos cada vez más fuertes y más dañinos
para el medio ambiente para poder acabar con ellos. Estamos hablando
de cosas que hay que tratar con mucha prudencia, y nuestro grupo
parlamentario cree que nuestro Gobierno no las está tratando con la
prudencia debida.
En 1997 ha habido en nuestro país un alto grado de autorizaciones
para cultivos transgénicos. No somos de los países europeos que
tienen mayores cultivos, pero sí avanzamos a pasos agigantados. Nos
preocupa que no se tenga en cuenta la precaución que establece el
Tratado de Maastrischt. Precaución no es paralización, pero sí poner
por delante los intereses de la población. Recordemos, señorías, que
estamos hablando de informes contradictorios, unos apoyados por las
multinacionales, que son las que tienen los intereses económicos para
que esto se siga aplicando de forma rápida y no permiten ni el debate
sereno, ni que las personas...
El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): Un momento, señora Urán.
Les recuerdo a SS.SS. que en esta Comisión está prohibido fumar.
Continúe, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Como decía, estamos ante una situación donde
la precaución tiene que estar por encima. Cada vez son más las voces
expertas que se alzan en contra de este tipo de cultivos, entre otras
cosas porque, según pasa el tiempo, las barreras que se pretenden
poner para evitar la contaminación de los cultivos que hay alrededor
de cultivos transgénicos están resultando fallidas. Están apareciendo
mutaciones genéticas y contaminaciones en otros cultivos que están
fuera de la barrera de protección, pero que en principio se suponían
preservados. No sólo hay que poner por encima de todo la precaución,
sino que consideramos imprescindible y necesario que se adopten
medidas. Hay informes de expertos independientes y existe hasta un
informe oficial del Gobierno británico que alerta sobre los riesgos
medioambientales de los transgénicos. Es necesario e imprescindible
que en nuestro país se tomen medidas. Es más, si no fuera dañino el
Gobierno no habría incluido en el borrador del proyecto de ley sobre
responsabilidad civil derivada de actividades con incidencia
ambiental los cultivos de organismos modificados genéticamente y su
manipulación como una de las actividades de riesgo medioambiental.
Tenemos excesivas experiencias para que no seamos más cautelosos de
lo que hemos sido hasta ahora. Si nuestras noticias no son falsas,
tenemos entendido que en nuestro país ha habido últimamente 130
solicitantes de cultivos de organismos modificados genéticamente. No
sabemos exactamente qué tipo de cultivo es el que ha solicitado la
explotación, pero sí que se han concedido 90 y, por lo que se refiere
al resto, parece que no tienen problemas en que se concedan,
exceptuando los dos que se pretendían cuya solicitud ha denegado la
Comisión Europea por contener resistencia a los antibióticos. Esta
actividad tiene mucha importancia, dado que en España ya se está
cultivando un maíz resistente al antibiótico y, por tanto, puede
hacernos resistentes a los humanos a los antibióticos. Tenemos que
tener precaución. No lo decimos nosotros, sino los científicos, que
son los que nos están alertando. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Es importantísimo adoptar medidas serias. Como no se tuvo en cuenta
la proposición no de ley que se aprobó en 1996, con el acuerdo de
todos los grupos, para mantener en España una situación que nos
preservara de este tipo de cultivos o de que se comercializaran en
nuestro país, nuestro grupo parlamentario solicita la prohibición
expresa de su importación y, con la enmienda de la totalidad, cultivo
para evitar los riesgos a los que estamos sometiendo a la población;
riesgos que, por mínimos que sean -a nosotros no nos parecen tan
mínimos-, deberían tenerse en cuenta.
Documentación hay y personas que nada tienen que ver con nuestra
ideología se pronuncian también en contra. Me voy a referir a un
artículo que ha sido publicado en diversos periódicos, firmado por el
Príncipe de Gales, que no tiene nada que ver, como SS.SS. pueden
comprender, con nuestra organización ni ha sido inducido por nuestras
posiciones ideológicas o políticas, simplemente es una persona que
tiene los conocimientos y la sensibilidad suficiente para decir lo
que perjudicaría al medio ambiente y a los cultivos de continuar
aceptando las presiones de las multinacionales alimentarias.
Señorías, por aquello de que esta vida es una constante sorpresa,
esas multinacionales son también las propietarias de los pesticidas
que vamos a tener que seguir utilizando para evitar que se mueran las
cosechas no transgénicas.
Es importante tomar medidas para que después no nos pase lo que nos
ha ocurrido con otras cosas. Por ponerles un ejemplo que a esta
diputada le resulta muy familiar, puesto que es también su portavoz,
les recuerdo a SS.SS. que en los años en los que la energía nuclear
era el «boom», todo el mundo decía que era una maravilla, que no
había riesgo para nada, que era todo perfecto, muy económico y que se
iban a solucionar los problemas del mundo para generar energía
eléctrica. A los críticos de la energía nuclear se les dijeron en un
principio verdaderas barbaridades: que estaban en contra del
progreso, que querían que nos alumbráramos con un candil, etcétera.
Después se ha venido a demostrar que los riesgos medioambientales son
muy altos, muy costosos, su gestión muy cara y que, cuando surge un
accidente, es irreversible. No cometamos los mismos errores con las
experiencias que
hemos tenido. Pongamos la precaución por encima de los intereses
económicos de grandes multinacionales, que tienen otras connotaciones
que no vamos a explicar aquí, porque no vienen al caso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, para defender su
enmienda, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, la enmienda que
presentamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida tiene tres objetivos fundamentales: el primero es el
control de los ensayos de campo con organismos transgénicos; el
segundo es la parálisis en la extensión de cultivos transgénicos que
existen en el Estado español, es decir, no debemos aumentarlos; y el
tercero es, consecuentemente, que figure en el etiquetado, en el caso
de que se trate de productos alimenticios sobre todo, la condición de
producto transgénico.
Se sustenta nuestra iniciativa en la intervención de tres científicos
oficiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
comparecieron en esta Cámara el 2 de abril de 1998. En primer lugar,
el señor Albert Martínez dijo que el número de experimentos de campo
de organismos transgénicos aumentaba sensiblemente en los últimos
años, y daba el dato concreto de que en 1997 fueron cuarenta y pico y
que ya en el primer trimestre de 1998 - según los datos que él tenía
en aquel momento- eran más de treinta, con lo cual auguraba que el
año terminaría con unos ciento y pico, como acaba de aludir ahora la
representante de Izquierda Unida.
El señor Puigdomènech, también del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, refiriéndose a la extensión de los
cultivos transgénicos, nos dijo que se había pasado de 12 millones de
hectáreas en 1994 a 24 millones de hectáreas en 1998 a nivel mundial,
especialmente de maíz, soja y algodón. En el caso del Estado español,
ya por aquel entonces había 20.000 hectáreas de maíz transgénico y un
número inferior de otras especies, en concreto, soja. Aun estando,
junto con otros científicos, a favor de los experimentos y de los
cultivos transgénicos, el señor Puigdomènech añadió que las normas
debían garantizar la inexistencia de impactos negativos sobre la
salud y el medio ambiente.
Finalmente, el señor Daniel Ramón Vidal, también del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, decía que los consumidores tenían
claro que debían estar etiquetados todos los productos de carácter
transgénico, a pesar de que ellos pensaban que etiquetar equivalía a
estigmatizar. Nos daba, por fin, una pequeña garantía de inocuidad de
estos productos con un argumento que resultaba llamativo: que había
que confiar en las multinacionales, en el sentido de que se juegan
mucho, pero por aquel entonces no tenía ninguna otra argumentación a
favor de la inocuidad de todos estos productos.
Es cierto que a partir de entonces, concretamente desde octubre de
1997, el debate en el mundo científico no hizo más que aumentar y hay
pruebas contundentes de personas muy cualificadas en organismos
internacionales o de carácter estatal y público que pusieron en
peligro sus puestos de
trabajo, incluso fueron despedidos por demostrar precisamente los
peligros de los organismos transgénicos. Por ejemplo, el grupo de
trabajo de bioseguridad del Convenio de biodiversidad de la ONU, en
su reunión celebrada en octubre de 1997 en Montreal, Canadá; así como
un grupo de científicos del Reino Unido, Alemania e India, que
lanzaron un manifiesto en favor de la retirada de la soja
transgénica. Hay que recordar que el Estado español y Portugal
destacan en la condescendencia con la importación de este tipo de
soja -el Estado español a través de los puertos de Barcelona o A
Coruña-, frente a otros Estados europeos que se muestran muchas veces
en contra de los pareceres y decisiones de la Comisión Europea. Tal
es el caso de Noruega, de Austria o de Luxemburgo.
El Estado español es hoy el primer importador de maíz transgénico y
el segundo de soja. Cuando se debatió en este Congreso de los
Diputados nuestra proposición no de ley respecto a la oposición a la
importanción y comercialización de la soja «roundoup ready», el
Partido Popular, por boca del portavoz en aquel momento, dijo lo
siguiente: entendemos, para finalizar, que sin embargo es posible -y
mi grupo comparte esa posición- llegar a un compromiso formalizado en
una enmienda transacional o no, en todo caso manifestado con toda
claridad por el Grupo Parlamentario Popular en relación con la
oportunidad de que los consumidores españoles puedan tener una
información veraz, rigurosa, que no suponga ningún tipo de
discriminación con respecto a estos productos, sino que les
suministre una información, una documentación que puedan utilizar
para ejercer con plena capacidad su libertad de opción en el mercado.
En este sentido, el Gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad
de introducir algún tipo de información en el etiquetado que
explicite si estos organismos han sido sujetos a alguna modificación
genética en su configuración. Esperamos que esta promesa, que
entonces no se cumplió en nuestra proposición no de ley, se cumpla
ahora, cuando tiene una cobertura a través de reglamentos de la Unión
Europea, en un momento especialmente difícil y preocupante, porque ya
hay muchas dudas de los organismos de que sean de carácter inocuo.
En una respuesta a este diputado, el Gobierno reconocía que, no
obstante, el Gobierno español puede invocar la cláusula de
salvaguarda contenida en el artículo 16 de la mencionada Directiva
90/220 CEE, si existiesen nuevos elementos que objetivamente
permitiesen concluir la existencia real o potencial de un riesgo para
la salud humana o el medio ambiente.
Está claro, señorías, que en el debate científico hay en este momento
indicios más que suficientes para hablar por lo menos de una
existencia de riesgo potencial para la salud humana o el medio
ambiente. No de otra manera se puede entender el hecho de que el más
eminente científico en la materia, señor Arpad Pusztai, expulsado en
concreto del laboratorio «Rowett Institute», haya puesto en peligro
su merecida fama y su puesto de trabajo, muy bien retribuido,
precisamente por hablar del deterioro de los sistemas inmunológicos
de ratas alimentadas con patatas transgénicas, los que le valió, eso
sí, la solidaridad de muchos científicos de otras partes del mundo,
en concreto, de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos.
Por todo esto, hemos presentado esta enmienda, que esperamos sea
aceptada, sobre todo en la parte que hace referencia a la indicación
del etiquetado, a lo que el Gobierno se comprometió en 1996, cuando
presentamos nuestra proposición no de ley. En la respuesta que dio el
Gobierno a nuestra pregunta indicaba que, si había riesgos reales o
potenciales para la salud, se predisponía a tomar una nueva
disposición. Con respecto al cultivo, no pedimos que se eliminen los
que hay, sino que se paralice su extensión en el Estado español y se
ejerza un control que debe seguir impulsándose sobre los ensayos de
campo que se están realizando, por motivos científicos pero, bajo un
control riguroso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
para defender la enmienda presentada por este grupo, tiene la palabra
su portavoz, doña Carmen Heras.
La señora HERAS PABLO: La iniciativa que hoy se ve en esta Comisión,
que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida, llega en un
momento de fuerte debate, como SS.SS. saben, que se produce por estar
discutiéndose en Cartagena de Indias el protocolo de bioseguridad,
protocolo que se firmará, si todo sale bien al final, en la
Convención sobre biodiversidad de la ONU y en el que tendrán que
contemplarse una serie de regulaciones internacionales que dictarán
la transferencia, el manejo y el uso de organismos manipulados
genéticamente.
Señorías, hemos llegado a esta realidad social a pesar de que existen
normativas al respecto, lo que creemos que es normal debido al
aumento incesante de la inversión que en biotecnología hacen las
empresas especializadas. El desarrollo biotecnológico, que abre un
conjunto de posibilidades, ha sido tan fuerte que las empresas que se
dedican a ello parecen obligadas a buscar reglas de juego
internacionales para que sus intereses no sean perjudicados. El
principal país partidario de estas técnicas biotecnológicas, como
ustedes saben, es Estados Unidos. Aél se unen otros países, pero es
Estados Unidos el que va a la cabeza en la lucha que se está llevando
a cabo en los preliminares de la firma de este protocolo. Estados
Unidos no ha ratificado la Convención de biodiversidad, no es miembro
nato, por lo tanto, y, sin embargo, está haciendo una avanzadilla
importante porque no hay duda de que los intereses de sus grandes
empresas se lo están pidiendo. Saben ustedes que hasta un 25 por
ciento del maíz y un 30 por ciento de la soja que exportan las
grandes empresas americanas son transgénicos.
Por otra parte, está el mundo en vías de desarrollo, que solicita en
estas discusiones un protocolo de bioseguridad suficientemente fuerte
que le permita no quedar de perdedor frente a los grandes intereses
del mercado. Los países en vías de desarrollo temen, lógicamente, el
desgaste en la salud de sus ciudadanos, el desgaste en su equilibrio
ecológico y también en sus ingresos -¿por qué no decirlo?-, pues
usuarios como son fundamentalmente de técnicas tradicionales en sus
cultivos, temen que éstos pudieran dejar de ser competitivos frente a
los cultivos transgénicos.
En medio de las dos fuerzas, de estos dos grandes bloques, se
encuentra la Unión Europea, que está dividida. En
ella hay países que son claramente partidarios de la industria de la
biotecnología, sin ninguna cláusula de contención ni restricción; en
otros, sin embargo, se han prohibido ciertos organismos manipulados
genéticamente, y en algunos como, por ejemplo, Dinamarca, hay
acuerdos voluntarios para detener temporalmente ciertos organismos
genéticamente manipulados.
El artículo 16 de la directiva que cita el grupo político proponente
de esta iniciativa dice exactamente: cuando un Estado miembro tenga
razones suficientes para considerar que un producto que ha sido
debidamente notificado y autorizado por escrito, de conformidad con
la presente Directiva, constituye un riesgo para la salud humana o el
medio ambiente, podrá restringir o prohibir provisionalmente el uso
y/o la venta de dicho producto en su territorio, de lo cual informará
inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros,
exponiendo las razones de su decisión.
La petición de la proposición no de ley queda enmarcada dentro de
esta directiva, que tiene a su vez una modificación y que conocemos
por la propuesta de directiva sobre liberalización intencional en el
medio ambiente de organismos manipulados genéticamente. Esta
modificación de la anterior directiva añade algunos aspectos dignos
de destacar: uno de ellos es que la actuación comunitaria debe
basarse en el principio de precaución, del que ya se ha hablado en
esta Comisión en el día de hoy, y que significa simplemente que los
Estados miembros pueden adoptar medidas sin esperar a que se
demuestren científicamente todas las pruebas que apunten a la
existencia de un peligro para el medio ambiente. En este sentido, es
de destacar que se desconocen en la actualidad muchas repercusiones
de los productos transgénicos para el medio y la salud pública.
Siendo necesario establecer una normativa de seguimiento obligado
para poder detectar cualquier efecto directo, indirecto, inmediato o
diferido que los productos que contengan organismos manipulados
genéticamente o consistan en organismos manipulados genéticamente
puedan producir en la salud humana o en el medio ambiente después de
su comercialización; y siendo también necesario consultar -porque así
lo creemos- con expertos independientes y personas autorizadas en
temas de sanidad y de medio ambiente, entendemos que es lógica la
nueva redacción del artículo 16 en la modificación de la propuesta de
la directiva, que dice que cuando se disponga de nueva información
o una revaluación de la existente, se podrá restringir o prohibir
provisionalmente el uso y la venta del producto en el territorio.
Con todo esto, señorías, lo único que quiero decir es que en la
propia norma existe el cauce adecuado para atender al contenido de
esta proposición no de ley. No es algo que se le haya ocurrido a uno
o más de un grupo político, sino que en la norma de la Unión Europea
puede contemplarse esta situación. Pero, además, existe un dictamen
del Comité Económico y Social que también manifiesta sus
observaciones al respecto, dictamen que viene a decir que si bien en
el año 1994, que fue cuando empezó la comunicación sobre alimentos
transgénicos, la preocupación principal parecía ser la de
flexibilizar las normas de manera que se incentivasen los avances de
la biotecnología; hoy, sin embargo, parece que los legislacores
prestan una atención
mayor a los intereses ampliamente denunciados por los consumidores y
por las asociaciones ecologistas, que lo único que piden es que se
haga una evaluación y un control de los riesgos inmediatos y a largo
plazo que pueden tener estos alimentos para la salud y el medio
ambiente. Como digo, hay una gran iniciativa por parte de estos dos
grandes grupos, los consumidores y los ecologistas, que exigen cada
vez con mayor contundencia que la información al respecto sea
adecuada, que haya transparencia, garantías de control y dictámenes
científicos independientes relativos a la seguridad; al mismo tiempo
que piden que los Estados miembros tenga mayor influencia en el
proceso de toma de decisiones en los organismos competentes.
De todo esto, señorías, se deriva la posición que el Grupo Socialista
manifiesta hoy en esta Comisión. Nuestra postura es favorable al
establecimiento de una serie de cautelas que tienen como objetivo
salvaguardar la salud y el equilibrio ecológico o medioambiental.
Vuelvo a decir que todo ello es posible desde la normativa vigente
que, como es sabido, es de obligado cumplimiento. Otra cuestión es si
el Gobierno actual, miembro como es de la Unión Europea, está
cumpliendo esta normativa y la está haciendo cumplir.
Desgraciadamente, nosotros nos tememos que no.
La Comisión Nacional de Bioseguridad, que tiene carácter consultivo,
en la actualidad carece de medios adecuados para poder llevar a cabo
con garantías los objetivos para los que fue nombrada. Dicha Comisión
es un órgano colegiado que, repito, tiene carácter consultivo, está
adscrita a Medio Ambiente y debe informar preceptivamente las
solicitudes de autorización que corresponde después otorgar a la
Administración general del Estado, ejerciendo al mismo tiempo otras
funciones de información. Sabemos que la Comisión Nacional de
Bioseguridad tiene en estos momentos pocos medios a su disposición,
por lo que no podemos ser totalmente exigentes con sus resultados.
(Rumores.) Sabemos además que el Gobierno del señor Aznar...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Heras.
Señores diputados, les ruego que hablen más bajo, por favor, ya que
dificultan la audición de la señora diputada.
La señora HERAS PABLO: Sabemos además que el Gobierno del señor
Aznar, lo dice la experiencia, no ha acreditado nunca su beligerancia
en estos temas, no ha sido excesivamente luchador en estas
cuestiones, a pesar de haber vendido muy bien la constitución del
Ministerio de Medio Ambiente; sabemos que suele plegarse a muchas
decisiones que toma Estados Unidos, precisamente justificadas desde
el punto de vista del libre comercio. Sin embargo, durante los
últimos tres años están ocurriendo en España una serie de situaciones
de tipo social que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse el
hacer algo al respecto. En los últimos tres años España se ha
convertido, sin lugar a dudas, en un país importante con respecto a
la importación e incluso con respecto a cultivos de alimentos
transgénicos: España es el primer país importador de maíz y el que
más lo cultiva y el segundo país importador de soja. En tres años se
ha pasado de 36 proyectos que ha informado la Comisión
correspondiente a 124 iniciativas que se han comunicado a la
Comunidad Europea, de las
cuales sólo 17 dependen de universidades y el resto de empresas que
trabajan el tema biotecnológico.
A pesar de existir unas normas para el etiquetado, el propio
Instituto de Consumo reconoce no saber con exactitud si se están
cumpliendo en su totalidad y, a pesar de ser preceptivo que cada tres
años se tenga que realizar un informe por el Gobierno sobre la
situación en España en materia de organismos manipulados o
modificados genéticamente, hasta la fecha no conocemos que el mismo
haya elaborado ningún informe y, desde luego, no se ha hecho nada
público al respecto. Una proposición no de ley que presentó el Grupo
Socialista en fechas recientes en la Comisión de I + D, en la que se
instaba al Gobierno para que en el plazo de seis meses elaborase
dicho informe y lo presentase públicamente, fue denegada por el Grupo
Popular, apoyo del Gobierno del señor Aznar. Por lo tanto, podemos
decir que, hasta la fecha, la experiencia y los resultados obtenidos
nos demuestran que el Gobierno del señor Aznar en estos temas, por
así decirlo, no se va a poner al lado de los intereses de la mayoría,
sino que, como en otras muchas cuestiones, va a defender los
intereses de las grandes empresas.
Como con la legislación en vigor no conocemos realmente cómo está la
situación, el Gobierno debería obligar a cumplir a rajatabla las
normas comunitarias, puesto que para eso están establecidas, pero
como dudamos mucho que esto sea así, es por lo que presentamos
nuestra enmienda y en ella la petición de que se realice una
moratoria, siguiendo quizá los pasos que ha dado la Cámara de los
Comunes británica, que ha pedido también algo parecido. La moratoria
de tres años nos parece un período de tiempo sufiente, que puede ser
bueno para que se investiguen a fondo las repercusiones sanitarias y
medioambientales de la manipulación genética, aunque, para que todo
esto tenga efectividad, el Gobierno debe tomar decididamente cartas
en el asunto. Al pedirlo entendemos que estamos poniendo en marcha
una serie de medidas que van en la dirección de la cautela y de la
prevención que antes mencionábamos. Nos agradaría que los otros
grupos que están en esta Comisión aceptasen nuestra enmienda, porque
creemos que el Parlamento español tendría que posicionarse de forma
clara en relación al papel social que debe tener en un asunto tan
importante como el que nos ocupa.
Nuestra postura, evidentemente, no es ir contra el desarrollo, contra
la investigación o contra ningún tipo de interés científico general,
porque entendemos que eso sería poner puertas al campo. Simplemente
se trata de una postura de reserva o prudencia científica, en cuanto
que el objetivo político que debe primar es que no debe existir
ningún tipo de riesgo para el equilibrio ecológico y la salud humana
y porque, por desgracia, en demasiadas ocasiones hemos visto cómo el
poder de las multinacionales se impone frente a otros intereses menos
fuertes. También creemos que la seguridad del consumidor debe ser una
prioridad para cualquier Gobierno que se precie, y nuestro país no
debe ser una colonia de nadie.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos políticos que deseen fijar su posición
en torno a este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Blanca
Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Señorías, estoy escuchando esta
mañana muchas cosas y creo que hay proposiciones que muchas veces
escapan a los controles de este propio Parlamento. Ni siquiera en una
Comisión parlamentaria se está capacitado para decir las cosas que se
han dicho aquí o para aludir a ciertas personas atribuyéndoles cosas
que nunca quisieron decir. Es por eso que anuncio que haré llegar a
algunas de las personas que han sido citadas lo que aquí se ha dicho
esta mañana, poniéndolas como ejemplo para defender el peligro de la
biotecnología.
En primer lugar, voy a recordar lo siguiente. En 1965 se permitió en
Checoslovaquia, por parte del Gobierno que en aquel momento existía,
que se celebrase una misa porque iba a tener lugar una mesa redonda,
una mesa redonda que fue lo más extraño que pudo celebrarse en la
Checoslovaquia de aquella época, pero que simboliza el inicio de la
primavera de Praga. Era el centenario de Mendel. Durante muchos años
la extinta Unión Soviética y los países de su entorno, animados por
Lisenko, apoyados por Stalin y basados en las teorías de Lamarck,
prohibieron las estatuas y las teorías de Mendel y la genética
aplicada no solamente a la salud, a la ciencia, sino a la
agricultura. De ahí la floreciente agricultura que en este momento
disfrutan esos países, que tiene mucho que ver con el bienestar de
sus campesinos, donde vemos unos mercados maravillosamente puestos
con tres zanahorias, que no dejan de ser tres zanahorias, donde la
gente se muere de hambre y donde hay el mayor índice de niños en este
momento con carencias vitamínicas de todo tipo. (Rumores.)
Se han dicho esta mañana muchas cosas...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Capel.
Señores diputados, les ruego que se mantengan en silencio.
Señora Capel, puede usted seguir.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Estas escenas hay que recordarlas
porque ponen en conocimiento que no se pueden mezclar dogmatismos
científicos con dogmatismos políticos, ni dogmatismos científicos ni
dogmatismos políticos. Permítanme ustedes que yo remede hoy la frase
del más grande orador que pisó esta Cámara, don Emilio Castelar: «La
ciencia es como la luz y debe ser para todos, es como el sol que nos
ilumina». No se puede jugar con la ciencia llevándola a terrenos
políticos. Aquí no se puede decir que la biotecnología es algo nuevo.
Hoy sabemos qué son los procesos biotecnológicos, pero dichos
procesos tienen en el mundo más de catorce mil años. Los procesos
biotecnológicos los hemos visto en los bajorrelieves asirios, donde
aparecen fertilizando las palmeras, mano a mano, las personas, los
dioses o los símbolos que se utilicen. Los procesos biotecnológicos
nos enseñaron la cerveza, el yogur, el vino, y también el vino de
Galicia, los tomates, las plantas. Cuando vemos cómo se injertaba
hace muchos años un pie de almendro en un ciruelo, ¿qué es eso sino
una manipulación genética?
No se puede venir aquí, señores de algunos partidos, -y no quiero
referirme a ninguno, porque he oído muchas cosas raras- a decir que
nos estamos metiendo en la dieta genes y cosas raras. ¿Qué es lo que
comemos nosotros
sino genes? Cuando nos comemos un salmón, estamos comiendo genes de
salmón, y cuando nos comemos un filete de ternera, estamos comiendo
cientos de genes de ternera, y si comemos tomates, estamos comiendo
genes de tomate. Esto hay que saberlo porque la gente se cree que
puede estar comiendo otra cosa.
Parece que aquí hubiera una ciencia buena y una ciencia mala. Les
remito a los estudios de ese magnífico premio Nobel que es Jacob, que
junto con Monod obtuvo el premio Nobel de genética, cuando nos dice
que la ciencia no es ni buena ni mala. No se puede escoger la
biotecnología sólo para la sanidad, como no pueden salir algunos
partidos en la televisión diciendo hoy que proponen que se deje sin
insulina a los millones de insulinodependientes que hay en este país,
porque no se atreverían a decirlo y, sin embargo, asegurar que están
defendiendo al pequeño consumidor.
Aquí se ha preguntado qué pasaría con los agricultores de Murcia, por
ejemplo, si se plantaran tomates transgénicos. Yo, que soy conocedora
de la zona, se lo voy a decir. Si plantaran algún tipo de tomate que
tardara en su maduración, no se les pudriría y tendrían más tiempo
para lanzarlo al mercado. Por otra parte, necesitarían muchos menos
pesticidas y además les resultaría mucho más fácil poder cultivar
unos tomates que no necesitaran agua en una zona donde la sequía y la
desertización son dos de los grandes problemas medioambientales no
sólo de España, sino de Europa. Todo eso pasaría si se pudiera
plantar un tomate que tuviera unas características biotecnológicas
adecuadas, de resistencia a la sequía o una maduración más tardía. Lo
que no se puede es jugar con lo que nos conviene para una parte y
hablar de lo que nos conviene para otra, porque permítanme que les
diga que están entrando en el juego de decir que están defendiendo al
pequeño agricultor.
Si como ejemplo del gran capital quieren poner a Estados Unidos, les
diré que el primer país en comercializar alimentos transgénicos no
fue precisamente Estados Unidos, sino China. Esto hay que decirlo y
hay que saberlo. En China ha supuesto que en una misma zona de
explotación agrícola se estén produciendo muchos más millones de
toneladas de un arroz al que se le ha transformado un factor
alergénico, con lo que su población tiene más seguridad alimentaria
en este momento que la que tenía hace unos años. Por ejemplo, en
India, que es otro de los países que según ustedes puede estar
involucrado en estas cuestiones económicas de Estados Unidos, en el
año 1961 se cultivaban 87 millones de toneladas de cereal en 90
millones de hectáreas y el año pasado, en 100 millones de hectáreas,
se cultivaron 200 millones de toneladas. Es decir, que con el mismo
terreno se están obteniendo cosechas cuatro y cinco veces mayores
para países donde la población crece a un ritmo desorbitado. Estos
datos apoyan en cierta medida la biotecnología, pero hay otras
cuestiones.
No se puede venir aquí y decir que no se obtiene ningún beneficio con
el tipo de semilla que se planta. ¿Qué sucede con las semillas que
son tetraploides y que tienen un mayor número de granos en cada una
de sus espigas? Eso hay que decírselo a los agricultores, porque
muchos de ellos no tienen conciencia de que cuando han estado
comprando en contrabando semillas de países donde sí tenían estos
productos y España no los tenía, pagando millones de pesetas
por un kilo de semillas para plantar en sus explotaciones, estaban
usando productos manipulados genéticamente, es decir, productos
biotecnológicos, alimentos transgénicos -no sabemos si el término es
muy adecuado, hay quien dice que sí y hay quien dice que no-. Esos
productos se han estado usando en España sin control. Lo que no se
puede decir a humo de paja en esta Comisión es que la Comisión
Nacional de Seguridad no tiene medios cuando hay quien pudo y no la
creó después de 11 apercibimientos de la Unión Europea, y tuvo que
llegar el Partido Popular y crearla, donde hay eminentes científicos
de todas las ideologías y donde se hace un trabajo intachable. Lo que
no se puede decir es que no se conoce lo que se hace, porque vivimos
en el mundo de la comunicación y cuando hay una página de Internet
que se actualiza a diario, con cualquiera de los permisos que se
solicitan o con cualquiera de los permisos que están en trámite, no
se puede decir que hay oscurantismo. Esto hay que decirlo en esta
Comisión porque estamos representando a todos los ciudadanos. Lo que
no se puede hacer es vestirnos con piel de cordero y decir que
estamos defendiéndonos contra unas multinacionales cuando algunas de
las guerras que se están planteando en este momento son producto de
guerras entre compañías. No nos engañemos -y alguno de ustedes les
saben hacer muy bien el favor-, porque no se puede decir alimentos
biotecnológicos no y antibióticos biotecnológicos sí. Eso no se puede
decir. Tenemos las mismas garantías. Se dice: parece ser que hay
tantas solicitudes. Eso no se puede decir así, esos son chismes, aquí
hay que traer datos, opiniones, lo que dice la FAO, las
organizaciones sanitarias, el Centro Internacional para Ingeniería
Genética y Biotecnología, donde están representados todos los países
del mundo, lo que dicen los grandes centros de bioseguridad y
biotecnología en el mundo, lo que dice la Organización de Cooperación
para la Desarrollo Económico, el Departamento de Agricultura de la
Salud y Plantas Animales, el Comité Científico sobre Plantas, el
Instituto de Ciencia y Tecnología de la Alimentación, el Consejo
europeo de Información sobre Alimentos, y cientos y cientos de
organizaciones en donde España está magníficamente representada por
alguna de las personas cuyo nombre se ha pretendido hoy utilizar
diciendo que son detractores de los alimentos transgénicos. Esto hay
que decirlo.
Cuando se han arrastrado las estatuas de Mendel, cuando se ha
prohibido la genética, cuando la agricultura es arrastrada a la más
honda de las miserias, de la que todavía no se puede salir, no se
puede hablar con licitud de que eso supone un peligro.
No me hagan ustedes la comparación con la energía nuclear, que nada
tiene que ver con este asunto, porque el inicio de la energía nuclear
fue una bomba que supuso una tragedia enorme. Los países que han
causado más daño al mundo con la energía nuclear han sido esos países
tan cercanos a su ideología que durante cuarenta años mantuvieron
unas centrales nucleares sin pasar ni la mínima revisión y sometieron
a Europa entera a grandes plagas como el cáncer. Lo que no puede
decirse es que las multinacionales tienen a este país como avalista.
No necesitan avalistas, les tienen a ustedes que les hacen la guerra.
Y lo que tampoco puede decirse es que aquí no se ha hecho nada. Se
pide un informe cada tres sobre qué se está haciendo. Pero si yo lo
saco de Internet. Sáquenlo ustedes también ¡Por amor de Dios! Vayan y
sáquenlo. Lo que no se puede pedir es que creemos organismos para
hacerles a ustedes informes. Aprendan ustedes a buscarse sus
informes, como aprende cualquier chico que tiene que hacer un trabajo
en bachiller. (Rumores.) Hay cosas que hay que decirlas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que vaya terminando.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor presidente.
Sin embargo, quiero decirles una cosa. Aquí se ponen en duda los
medios y las capacidades de la Comisión Nacional de Bioseguridad, y
yo tengo que advertir al Grupo Socialista, con todo cariño y respeto,
que está muy equivocado en ese aspecto. No vaya a ser que al intentar
dar una patada al Gobierno estén jugando a dirimir los problemas
internos de su grupo, atacando a los miembros de su grupo en la
Comisión Nacional de Bioseguridad. Ojo con esto, porque tendría muy
mala explicación y muy mala solución. De todas maneras, pienso que
ustedes les están haciendo un flaco servicio a nuestros científicos
cuando ponen en duda todas estas cosas.
Por último, les voy a leer una frase de Norman Borlaug, premio Nobel
de la Paz en 1970 por su trabajo sobre la revolución verde. Dice que
la biotecnología es una importante herramienta en la lucha para
acabar con el hambre en el mundo. Esta ciencia ofrece beneficio
inmediato, pero su mayor reconocimiento será a largo plazo. Aquellos
que se oponen a la biotecnología no entienden realmente lo que
significa dejar de usar productos químicos en la agricultura para
reducir los costes de producción, para proteger y sostener el medio
ambiente y para conseguir comida más barata para los consumidores.
Aquí se ha dicho una de las cosas más graves que se pueden decir, que
se transfiere la posibilidad de un gen resistente a los antibióticos,
a través de plantas, a una bacteria en el intestino humano. Quien
conoce los mecanismos biológicos sabe que esa posibilidad es
prácticamente nula, porque en el intestino humano hay infinidad de
bacterias que, a su vez, tienden a tener un gran porcentaje de
bacterias que son resistentes por naturaleza no a uno sino a varios
antibióticos. Y la probabilidad de que un patógeno humano adquiera un
gen resistente a antibióticos de esa manera es millones de veces más
alta a que le sea transferida por una planta. Es decir, nuestras
propias bacterias tienen más posibilidades de hacernos resistentes a
los antibióticos. Esto hay que saberlo y no se puede venir aquí
dudando de nuestros científicos. Lo que no se puede poner en duda es
que España está magníficamente representada y lo que también hay que
decir es por qué oponen algunos Estados. Los Estados europeos que no
son agrícolas...
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Capel, le ruego concluya.
La señor FERNÁNDEZ DE CAPELBAÑOS: Termino señor presidente.
A los Estados europeos que no son agrícolas, que son muy
industrializados, les conviene muchísimo más comprarnos a nosotros o
a otros países la producción. Pero no se puede venir aquí jugando a
decir una cosa y decirles otra a los agricultores, porque ¿cómo les
explican ustedes a los agricultores sus posicionamientos en algunas
cosas?
España no es un país suicida ni irreflexivo; está magníficamente
representado en organismos internacionales por magníficos
científicos. En todos esos organismos que le he leído estamos
representados por científicos de altísimo nivel. Además, tenemos la
suerte de contar en este momento con el mejor plantel de
biotecnólogos que puede tener un país en todas las materias, no sólo
en materia agroalimentaria. También les quiero decir que a partir de
1968, cuando entraron en vigor las normas de etiquetado...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, me va a obligar a que le retiré
inmeditamente el uso de la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con su benevolencia, acabo en un
momento, señor presidente.
Las normas de etiquetado tendrán también que aplicarse para el vino
de algunas regiones y tal vez a los productores de vino les va a
convenir muy poco que figure en la etiqueta que es vino transgénico,
porque el vino también es un alimento manipulado genéticamente,
aunque lo llevamos tomando miles de años, diez o doce mil años, no sé
quién tendría la suerte de hacer el primer vino. A lo mejor al
consumidor, cuando lo vea en la etiqueta, ya le gusta menos el vino
de Amandi o de la ribera del Miño (La señora Urán González pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Advierto a todos los señores portavoces que no
abriré turno, porque este debate sería interminable.
Señora Urán, voy a aplicar estrictamente el Reglamento. De paso,
quiero decir, señora Fernández de Capel que, desde luego, ha agotado
la benevolencia de esta Presidencia.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: El tema lo merecía, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de Capel, no está en el uso de
la palabra.
Simplemente a los efectos de manifestar la aceptación o no de las
enmiendas, tiene la palabra la portavoz del grupo que ha presentado
la propuesta.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Haré uso de la palabra exclusivamente para
esto, dado que la Presidencia no me va a permitir que conteste a
algunas de las alusiones que se han hecho, que, además, dejan
bastante que desear en cuanto a la actividad y al respeto que se
merecen los miembros de esta Cámara cuando se reclaman informes que
el Estado tiene la obligación de emitir.
Esta diputada, en vista de las enmiendas que se han presentado por el
Grupo Socialista y por el Bloque Nacionalista Galego, plantea a estos
grupos una enmienda transaccional, que, si es aceptada por los demás
grupos, trasladaríamos a la Mesa. La enmienda transaccional dice: El
Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que se acoja al artículo 16 de la
Directiva 90/220, de la Comunidad Económica Europea, de liberación de
organismos modificados genéticamente, prohíba durante un período
mínimo de tres años su importación, uso, venta y cultivo y oblique a
la indicación en el etiquetado, especialmente en los alimentos con
elementos transgénicos, de la condición de producto transgénico.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que tenga algún inconveniente?
Les adelanto que sólo voy a dar la palabra a estos efectos. Repito,
¿hay algún grupo que tenga algún inconveniente en que se admita a
trámite esta enmienda transaccional, que ruego a la portavoz que
facilite a la Mesa? ¿Se opone el Grupo Socialista?
La señora HERAS PABLO: No, señor Presidente, pero...
El señor PRESIDENTE: Señora Heras, no tiene la palabra.
La señora HERAS PABLO: Señor presidente, creo que han sido alusiones
muy directas y entiendo que, de alguna manera, no hay igual trato
para todos.
El señor PRESIDENTE: Señora Heras, la interpretación del Reglamento
le corresponde a esta Presidencia, y esta Presidencia considera que
no ha lugar al debate, que, por otra parte, sería interminable
(Varios señores diputados: no se trata a todos por igual.)
- SOBRE MEDIDAS PARAREDUCIR LACONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EL COMPLEJO
INDUSTRIAL ENCE-ELNOSA, UBICADO EN LARÍA DE PONTEVEDRA, PRESENTADAPOR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000611.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre medias para reducir
la contaminación producida por el complejo industrial Ence-Elnosa,
ubicado en la ría de Pontevedra. El autor de esta iniciativa es el
Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el
diputado señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): La proposición no de ley
que presenta el Bloque Nacionalista Galego hace referencia a una
empresa pública instalada en la ría de Pontevedra, en concreto entre
las ciudades de Marín y Pontevedra. Esta empresa, Ence-Elnosa, se
dedica fundalmentalmente a producir pasta de papel y cloro, que se
utilizó durante muchos años para el blanqueo de la pasta.
Desde luego, en el tiempo de que disponemos en esta Comisión para ver
los asuntos resultaría imposible realizar una exposición detallada de
los pormenores y circunstancias que rodean la actividad de este
complejo industrial, pero creo que podemos coincidir todos en que fue
causa de polémica desde el mismo momento de su instalación.
Por resumir la cuestión, se trata de un complejo industrial que está
ubicado en una zona escasísimamente industrializada
y bajo los criterios vigentes en aquella época, en la que del respeto
al medio ambiente creo que ni siquiera se hablaba. Está instalada en
un espacio ganado al mar, que condicionó el desarrollo urbanístico,
turístico y otras cuestiones en la zona de Pontevedra y que, además,
desde el inicio de la producción de pasta, hacia el año 1963, es
causante de una fuerte contaminación en la ría de Pontevedra.
Durante muchos años se sucedieron anuncios en el sentido de que los
problemas mediambientales se resolverían inmediatamente (y yo creo
que de esas campañas dan fe las hemerotecas) sin que esa solución
llegase nunca. Por tanto, no es de extrañar que muchos ciudadanos de
Pontevedra y de su entorno geográfico protestasen repetidas veces
ante esta situación y que muchos de ellos llegasen a la conclusión de
que los perjuicios que ocasiona el complejo son mayores que los
beneficios, porque estamos hablando de un complejo industrial cuya
dirección dependía, y depende aún, del Estado, primero a través del
INI y ahora de la SEPI, que se negó cuanto pudo a tomar medidas
serias anticontaminates; naturalmente, siempre se negó a considerar
la posibilidad de trasladar este complejo para ubicarlo en un lugar
más adecuado, con tecnología de producción más moderna, que cerrase
el ciclo productivo y que evitase el peligro derivado del
almacenamiento de cloro en un lugar cercano a núcleos habitados.
Ante este problema, la discusión no se centra en el dilema famoso de
industrialización o pajaritos de colores. No estamos planteando este
problema; se trata de que industrialización y medio ambiente deben
ser comptibles, más aún en una zona donde una sola industria coarta e
impide el desarrollo económico alternativo.
Creo que del incumplimiento de todas las normas da fe el que la
propia Xunta de Galicia, ante la presión popular existente, hace
algunos años empiece a tomar cartas en el asunto por evidente. Se
sucede una serie de actuaciones, a alguna de las cuales voy a hacer
mención porque ejemplifican lo que digo. El 28 de julio de 1989 se
firma un convenio entre la Consellería de Ordenación del Territorio y
Ence, con plazo de vencimiento el 1 de enero de 1993, para adecuar
los vertidos a la normativa medioambiental vigente. Creo que esto es
prueba evidente de que, a esas alturas, no se cumplía; estamos
hablando de 1989. Se preveía la construcción de un emisario submarino
al que se conectarían los vertidos de la fábrica si cumplían una
serie de condiciones que se fijaban. Pues bien, aún hoy no están
conectados los vertidos a ese famoso emisario submarino. Cabe
preguntarse por qué. Efectivamente, en ese convenio famoso se creaba
un comité científico de seguimiento que acabó disolviéndose y no
emitiendo informe alguno por las discrepancias evidentes entre sus
miembros.
En noviembre del año 1991, la Xunta de Galicia ordena el cierre
cautelar de Elnosa, por peligro para la población. En el año 1993 se
conoce el llamado informe WallaceEvans, que a mí me parece que se
filtra desde la propia Xunta de Galicia que lo encargó, que habla de
que el efluente combinado de Ence-Elnosa lanza a la balsa de
decantación 170 kilogramos/año de mercurio, de los que 41 kilogramos
salían a la ría. En junio de 1994, la propia Xunta de Galicia abre
expediente sancionador por vertidos no autorizados. También en junio
de 1994, la entonces secretaria de Estado de Medio Ambiente afirma
que EnceElnosa
era uno de los problemas más serios del Estado en cuanto a
contaminación. En octubre de 1994 hay un nuevo informe Wallace, que
informa que el mercurio presente en el sedimento superaba los
márgenes tolerables. Así hasta llegar al año 1997, en que la propia
Xunta anuncia la puesta en marcha de una ley de ría que, en esencia,
según los criterios que se fijarían en esta ley, obligaría a Elnosa a
fabricar cloro con tecnología libre de mercurio o a cerrar; una ley
cuya tramitación, como SS.SS. sabrán, está paralizada en el
Parlamento de Galicia, fundamentalmente debido a presiones de la
propia SEPI.
Cito estas actuaciones de quien tiene la competencia en medio
ambiente en Galicia, la Xunta, para ejemplificar a SS.SS. la
evidencia de la gravedad del caso que tratamos y, por tanto, la
necesidad de tomar, cuando menos, algunas medidas al respecto.
En los últimos, creo que también por la presión social muy importante
que existe en Pontevedra y su área geográfica, se adoptaron algunas
medidas por el complejo para amortiguar algo los problemas de
contaminación que causa, pero, como se ve, me parece que claramente
insuficientes. Prueba de ello, insisto, es que, aun sin la
consecuencia que se precisaría en este caso, la propia Xunta es la
que inicia la puesta en marcha de nueva legislación para afrontar
este problema, como decía antes, la llamada ley de ría de Pontevedra.
También es notorio que Celulosas afirma que la inmensa mayoría de la
producción de pasta se hace en estos momentos sin cloro, que se está
blanqueando con oxígeno. De esto cabe deducir fácilmente que sería
innecesaria la cercanía de la fábrica de cloro a la fábrica de pasta.
Cuando estamos haciendo esta proposición, tampoco estamos diciendo -y
quiero que esto quede claro allá, porque son cuestiones que se oyen
muchas veces- que no se fabrique cloro, simplemente decimos que se
fabrique con las garantías necesarias y adecuadas. Por tanto, en
estas circunstancias, la proposición no de ley que presentamos
persigue que el Gobierno asuma sus responsabilidades y adopte medidas
concretas dirigidas a eliminar dos problemas muy importantes. Me
parece que las medidas que proponemos son mínimas, son elementales.
Decía que hay que eliminar dos problemas: uno, la contaminación por
mercurio, y, otro, el riesgo que supone el almacenamiento de cloro en
lugares cercanos a núcleos habitados. Ese riesgo es evidente por
actuaciones de la propia Xunta que cité anteriormente, porque existe
un plan de emergencia exterior que no vamos a discutir si es de
utilidad o no, pero existe precisamente porque hay este riesgo, por
no hablar de sucesos acontecidos en otras latitudes, como el reciente
accidente que tuvo lugar en enero de 1996, que obvio comentar.
Por tanto, con las medidas que se proponen en la proposición no de
ley no se afectaría ningún puesto de trabajo, que es el chantaje que
permanentemente se ejerce por quien tiene las riendas cuando se
reclaman medidas medioambientales. Creemos que son medidas posibles,
que dependen exclusivamente de la voluntad política, que
efectivamente suponen un desembolso económico, pero creemos que es
asumible, más teniendo en cuenta los beneficios generados por esta
empresa a lo largo de los años o los millones de pesetas que se
gastan en otras latitudes parasolucionar problemas medioambientales o
de otra índole.
También creemos que existe la tecnología precisa. Cuando proponemos
que se fabrique cloro con tecnología libre de mercurio, conviene
decir que casi el 40 por ciento de la producción de cloro en Europa
se está haciendo con esta tecnología. Además, creemos que el Gobierno
tiene una deuda con la ciudad de Pontevedra y su entorno.
Desde la convicción de que es posible realizar algunos avances para
mejorar la calidad medioambiental de la ría de Pontevedra, porque son
necesarios y porque son de justicia, es por lo que esperamos el voto
favorable a la proposición no de ley que presentamos y cuyo texto es
el siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un estudio
para proceder al traslado del complejo industrial Ence-Elnosa,
ubicado en la ría de Pontevedra. Transitoriamente, adoptará un plan
de actuación que, cuando menos, contemple las siguientes medidas:
1. La empresa Ence utilizará inmediatamente, como única forma de
producción de pasta de papel, el sistema totalmente libre de cloro.
Asimismo, contará con las medidas tecnológicas más avanzadas para el
tratamiento de la materia orgánica y para la reducción y control de
sus emisiones atmosféricas.
2. Se procederá al cierre inmediato de la actual factoría de Elnosa,
para la que se buscará una ubicación alternativa que no implique
riesgo para la población y que sustituya la actual tecnología para la
fabricación de cloro por otra libre de mercurio.
3. Garantizará los puestos de trabajo actuales.
4. Mediante la oportuna negociación con la Xunta de Galicia en lo
referente a plazos y cantidades, se destinarán las partidas
presupuestarias necesarias para la recuperación ambiental de la ría
de Pontevedra.
Con esto concluyo mi intervención, señor presidente, y, si me
permite, fijaré la posición respecto a las enmiendas que se presentan
a esta proposición no de ley una vez oídos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a esta
proposición del Grupo Mixto. Una de ellas corresponde al Grupo de
Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo está de acuerdo con esta
proposición no de ley en todo lo que plantea la exposición de
motivos. Hemos presentado una enmienda simplemente para intentar
acotar en el tiempo el cierre de la propia factoría de Ence-Elnosa,
que consideramos necesario. La ría lleva sufriendo ya treinta años
las consecuencias de esta instalación y estamos debatiendo sobre la
necesidad de su traslado a otra ubicación. No obstante, hemos
introducido esta enmienda para garantizar que los trabajadores de
esta fábrica, una vez encontrada la solución, no se vean en una
situación de desempleo, es decir, que previamente se tiene que
construir la nueva factoría y garantizar estos puestos de trabajo. No
obstante, creo que esto está en el espíritu de la proposición no de
ley. Por tanto, dejando constancia de esta preocupación, vamos a
retirar esta enmienda para facilitar el debate de la propia
proposición no de ley y del resto de enmiendas.
Quiero decir finalmente que compartimos que no es soportable esta
situación, que es necesario acabar con la contaminación en la ría y
que apoyamos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, para defender la
enmienda que ha presentado a esta proposición, tiene la palabra su
portavoz, doña Carmen Silva.
La señora SILVA REGO: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
una enmienda de sustitución ya que, aunque compartimos algunos de los
argumentos que el Bloque Nacionalista ha expuesto, esta proposición
fue presentada en el año 1997 y, desde ese momento hasta hoy, han
surgido nuevas situaciones que obligan a realizar nuevos
planteamientos. El más preocupante de todos ellos es el anuncio de
privatización del complejo Ence-Elnosa.
La factoría Ence produce un grave impacto en el sector forestal
gallego, por lo que no es en absoluto indiferente lo que suceda con
esta empresa. No se trata sólo del empleo que directamente genera,
que es fundamental mantener, sino del impacto que tiene sobre la
demanda y los precios del sector forestal. Sin embargo, la faceta más
relevante es, sin lugar a dudas, su impacto en el medio ambiente; el
riesgo contaminante real y potencial inherente a su actividad. Es
cierto que se han venido reduciendo sus efectos contaminadores en los
últimos tiempos, pero no lo es menos que es preciso mejorar sus
sistemas de anticontaminación y mantener un esfuerzo permanente en
esta dirección.
La propiedad pública de Ence facilitó la actuación inversora de la
empresa en medios anticontaminantes y sería una garantía de que en el
futuro se continuara avanzando en ese aspecto. El accionista, el
Estado, es y tiene que ser el primer interesado en garantizar que
esta empresa cree riqueza y no la destruya. La situación puede
cambiar radicalmente si se lleva a cabo la privatización. Los
intereses que primarán serán los beneficios de la empresa y no la
economía y de la zona; surgirá un conflicto entre los intereses
generales y los particulares: los generales de la sociedad, que han
estado instando de forma reiterada y a lo largo del tiempo, y lo
seguirán haciendo, a que se dedique el esfuerzo a eliminar la
contaminación, y los particulares, los de los accionistas, que
instarán a conseguir beneficios.
En esta situación, el riesgo es que a corto o medio plazo se relajen
las medidas anticontaminantes y, no sólo no se continúe en la misma
línea, sino que se desande una parte del camino recorrido. La empresa
se rige por las medidas medioambientales marcadas por las directrices
europeas, españolas y gallegas, que marcan los parámetros máximos de
emisiones que este tipo de industrias pueden tener. Mientras ha sido
empresa pública, la ciudadanía, organizaciones e instituciones han
podido presionar para que primase la utilización de procesos y
tecnologías más limpias sobre el empleo de medidas correctoras; es
decir, inversión para caminar hacia el logro de la fábrica TCF,
totalmente libre de efluentes, muy por encima de los parámetros que
hoy marca la legalidad vigente.
Estoy segura, y ustedes también tendrían que estarlo, de que, si esta
empresa pasa a manos privadas, se conformarán con cumplir simplemente
con las directrices que existan en cada momento y no será objetivo
prioritario mantener el medio en condiciones óptimas o, al menos, en
las mejores condiciones posibles. ¿Creen ustedes que una empresa
privada va a dedicar un volumen importante de recursos, una fuerte
inversión, a investigación y puesta en funcionamiento de nuevas
tecnologías para lograr la desaparición del impacto medioambiental?
¿O más bien tendrá como objetivo invertir en lograr mayores
beneficios económicos? Se podrá decir cualquier cosa, pero nadie
podrá creerlo seriamente; la experiencia demuestra que objetivamente
no es así. Estoy convencida, y ustedes tendrían que estarlo también,
de que con el mantenimiento de Ence en la gestión pública sería mucho
más fácil que los criterios medioambientales primasen en la toma de
decisiones y que la investigación e innovación se dirigiesen a la
mejora continua de la calidad ambiental y al desarrollo de
tecnologías limpias.
El portavoz de Bloque Nacionalista Gallego planteaba que la ría de
Pontevedra está definida como un espacio singular dentro de la
geografía gallega, que cuenta con una gran riqueza natural, fáunica y
paisajística de importante valor económico, que convive con
asentamientos urbanos y actividades industriales; es el único lugar
en Galicia que merece el calificativo de zona sensible. Decía también
el mismo portavoz que esta situación ha llevado a la Xunta de Galicia
a elaborar un proyecto de ley de protección de la calidad de las
aguas de la ría de Pontevedra, en el que se plantea acometer una
normativa especial para los vertidos contaminantes en esta zona, con
el objeto de prevenir, minimizar, corregir e impedir los efectos
nocivos sobre las aguas de la ría.
Me pregunto si ustedes pueden creer que con la privatización de Ence,
de una empresa tan fuerte, que ejerce tanta presión económica no sólo
en Pontevedra o Galicia, se podrá desarrollar una ley que incidirá
directamente sobre la utilización de beneficios en inversiones para
poder acometer las medidas medioambientales que propone este proyecto
de ley. Yo estoy convencida de que no es posible; primarán los
beneficios y se presionará para que no se lleven a la práctica las
medidas necesarias para la protección de la ría de Pontevedra; si no,
al tiempo. Si ustedes no aceptan hoy esta enmienda y se oponen a
mantener en el sector público al complejo Ence, se lo recordaremos.
Éste es el gran conflicto que se ha suscitado en torno a este
complejo industrial, en torno al medio ambiente y en torno al eje
principal de salvaguarda de la ría de Pontevedra. Además, es urgente,
y habrá que hacerlo también de forma inmediata, elaborar un estudio
sobre el impacto económico, social y medioambiental que la factoría
tiene sobre el área de Pontevedra y sobre el sector forestal de
Galicia. Creemos que las instituciones y la ciudadanía en general
tienen el deber de conocer con fiabilidad cuál ha sido el aporte
positivo de esta empresa a la economía gallega y al desarrollo social
y cuáles los costes negativos y su alcance en relación con el medio
ambiente y los sectores productivos que se han visto perjudicados por
su actividad; habría que añadir, además, el impacto que otras
actividades urbanas e industriales tienen sobre la ría de Pontevedra.
Este estudio sería un mecanismo que favorecería la toma de decisiones
y evitaría la demagogia que se ha venido utilizando. Es fundamental
tener una información precisa, fiable y científica, tanto a nivel
ecológico como social o económico, en la que participen todos los
sectores implicados: la empresa, los grupos políticos, sindicatos,
ecologistas, movimientos sociales y los técnicos que han venido
planteando a la sociedad diferentes posiciones que han creado
confusionismo. Así se tendría una idea clara de la realidad en que
sustentar las actividades o decisiones que su materialización puede
proponer.
En cuanto a la factoría Elnosa, y dado el planteamiento de la
necesidad de su traslado, el Gobierno debería elaborar un estudio
señalando las ubicaciones alternativas más apropiadas. Si no se
plantean cuáles son esas posibles ubicaciones, cualquier decisión
será papel mojado y una nueva declaración de intenciones. Además,
todas las propuestas planteadas hasta ahora tienen que ir acompañadas
y de forma inmediata, tal como se relata en nuestra enmienda, de
medidas concretas, tales como mantener el sistema TCF al cien por
cien en la producción de pasta de papel -como ya ocurre en este
momento en la empresa- y proceder a las inversiones necesarias para
contar con las tecnologías más avanzadas en lo que se refiere al
tratamiento de materia orgánica y a reducción al máximo de las
emisiones atmosféricas. Se ha hecho ya un esfuerzo considerable en la
actividad de esta empresa, pero es insuficiente. En la actualidad, la
empresa está estudiando la implantación de una nueva tecnología que
reduciría en más del 50 por ciento las emisiones atmosféricas. Es
necesario que se implante sin dilación.
Se debe recomendar a la Xunta de Galicia que extreme al máximo el
control de todo tipo de emisiones que la empresa efectúa a la ría y a
la atmósfera. La Xunta cuenta ya con un sistema que, a través de
Internet, le da conocimiento a tiempo real de cuál es la situación de
la empresa, pero todo control es poco cuando lo que está en juego es
el futuro de la ría, que, como ya se ha comentado, es un elemento
configurador de la sociedad y de la economía de Pontevedra.
Mención especial merece el planteamiento de la necesidad de que las
empresas con alto riesgo contaminante tengan en cuenta las
externalidades negativas que su actividad industrial produce al
conjunto de la sociedad y al medio natural en el que están ubicadas.
En el futuro, no será posible no tener en cuenta estos parámetros.
Las empresas tendrán que cubrir con los beneficios esas
externalidades negativas. Desde la decisión política, desde las
instituciones, desde la gestión pública, se debería comenzar ya a
aplicar este planteamiento. Proponemos que se dedique un porcentaje
de los beneficios no sólo a la implantación de nuevas tecnologías en
el tratamiento de residuos, emisiones y efluentes que produce la
empresa, sino también a la recuperación ambiental de la ría. Esto
debería hacerse como acompañamiento de las partidas presupuestarias
que la Xunta de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente, debería disponer, definiendo proyectos, plazos y
financiación; estaría en la línea de las directivas europeas sobre la
ecogestión.
Los socialistas creemos que éstas son medidas realistas y viables que
resolverían los graves problemas que padece
la ría de Pontevedra y que continuarían con el objetivo de lograr una
factoría respetuosa con el medio, que en el corto plazo podría estar
libre de efluentes. Son las decisiones, con propuestas concretas,
plazos, ejecución y financiación, en definitiva, los hechos, los que
actuarán para regenerar la ría de Pontevedra.
En esta enmienda que he presentado hay muchos puntos coincidentes con
los que ha planteado el grupo proponente, con lo cual, creo que sería
posible la redacción de una transaccional si a éste le parece
adecuado y oportuno.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir para
fijar su posición en torno a esta proposición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rivas.
El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, señorías, voy a intervenir
con la precisión y brevedad posible en un tema complejo, como es el
que nos ocupa en esta ocasión; no en vano, se trata de un complejo
industrial de industrias básicas en Galicia. En nombre de mi grupo
haré esta intervención con la mayor responsabilidad, con la misma que
mi grupo político, desde el poder o desde la oposición, ha planteado
el tema, siempre complicado, del medio ambiente, en relación al
complejo Ence-Elnosa.
El proponente y compañero de circunscripción política por la
provincia de Pontevedra hizo una exposición respetuosa y creo que
detallada que, en verdad, se contradice bastante con el contenido de
la propia proposición de ley, porque éste es un tema que me atrevo a
calificar de complejo y cáustico a la vez. Podría compartir en gran
parte las afirmaciones hechas, pero también es cierto que no puede
ser así, puesto que entre su presentación y el contenido de la
proposición hay contradicciones importantes; contradicciones que se
aprecian en el propio boletín de las Cortes, en el que se titula este
tema como medidas para reducir la contaminación, cuando realmente el
tema que plantea el proponente es un tema de traslado, de cierre, en
gran medida, y de gran calado político.
No me parece que esta Comisión sea la más indicada para tratar este
tema, puesto que el problema en el fondo es de asentamiento de una
industria y no meramente medioambiental. Sin embargo, las cosas son
así y por ello tendría que rechazar una serie de afirmaciones que
están contenidas en la proposición no de ley; afirmaciones como la
contaminación grave, la falta de medidas anticontaminantes, el
incumplimiento de la normativa medioambiental, apreciaciones que se
hacen respecto al informe Wallace-Evans, el producir sin recurrir al
uso del mercurio, que se pueda blanquear -y de hecho es así- sin
cloro, etcétera.
En todo caso, el diputado proponente, en una pregunta dirigida al
Gobierno en 1996, podía haber encontrado la respuesta a muchas de las
cuestiones que hoy se plantean a través de esta vieja ya proposición
no de ley. El Gobierno respondía sobre este mismo tema que el grupo
cumplía la normativa vigente y además decía que Ence es una empresa
puntera a nivel internacional, que utiliza las más modernas
tecnologías limpias, como son el blanqueo con oxígeno y agua
oxigenada, con tecnología propia, de la que es líder mundial junto
con otra empresa escandinava. El complejo
Ence-Elnosa cumple la normativa autonómica, estatal
y comunitaria en materia de medio ambiente y Elnosa cumple la
legislación en materia de distancia a la población agrupada más
próxima, de acuerdo con el propio reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.
Sin embargo, por la cortesía parlamentaria que merece esta
proposición de ley y la propia exposición del diputado proponente,
tendría que hacer una apreciación doble y previa. Aunque me consta
que no es por su voluntad, sino por la propia dinámica de los temas
que abundan en esta Comisión, ésta es una cuestión que en el entorno
de Pontevedra siempre surge próxima a las elecciones, no sé si es
coincidencia o es algo intencionado, pero siempre es así. Además, le
diría una vieja afirmación, casi un axioma, respecto a este tema por
ser complejo, científico y opinable: lo que es medible no es
opinable. En este sentido, voy a referirme sobre todo a la parte de
lo que es medible.
Soy consciente, y él debe serlo aplicando este criterio de segmentos
de fuerza hacia la conducción de lo más razonable, que la
contaminación cero no existe, es evidente. Es una actividad molesta
y, como todas las actividades molestas, está sometida a normas
específicas, la tutela ambiental -y creo que esto ya lo planteó la
compañera de circunscripción, la señora Silva- no es posible sin
contar con un previo, adecuado y responsable grado de información.
Debo decir en nombre de mi grupo, el que sustenta al Gobierno, que
éste está y estuvo siempre dispuesto a impulsar las medidas
reductoras de la contaminación de origen industrial, en particular en
las empresas de titularidad pública. Si embargo, hay que reconocer
que los planes de actuación en este campo están en este caso
transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Se hace referencia permanentemente al derecho ambiental. Nosotros
somos conscientes de que el derecho ambiental se perfila como el
resultado de la reconciliación entre el hombre y su entorno, como un
derecho protector de las mismas raíces de la vida. Por tal motivo, la
actuación de este complejo, en todo lo que se refiere al campo de la
producción y del control de emisiones tanto líquidas como gaseosas,
está sometido absolutamente al imperio de la ley, es decir, a la
legislación vigente. Me permito decirle al proponente que he
entendido por sus afirmaciones que los márgenes que la ley permite
respecto a la emisión de fluidos no son los márgenes ideales.
Posiblemente, pero entonces la proposición de ley no tendría que
encaminarla en esa dirección, sino más bien en la de cambiar parte de
la legislación que en este momento le hace mantener esa posición.
Quiero resumir, porque el tema se podría extender en demasía, y
concluyo con afirmaciones que son perfectamente constatables desde el
mejor criterio científico que se pueda aplicar. Ence-Elnosa cumple en
este momento con la legislación nacional y comunitaria aplicable con
gran margen. La Xunta tiene transferidas las competencias en materia
medioambiental y los límites del vertido están regulados por
convenio, firmado, como también se ha dicho, en el año 1989. Cumple
en la totalidad de los parámetros y hay que reconocerlo, excepto, y
de manera puntual, en el caso de los sólidos en suspensión, en el que
existe una discrepancia entre Aguas de Galicia y la empresa en lo
referenteal sistema analítico.
Por otra parte, como también se ha dicho aquí, la Xunta ha aprobado
un proyecto de ley de calidad de las aguas de la ría de Pontevedra
que está en tramitación en el Parlamento de Galicia, y a él hay que
esperar. La planta de Elnosa está en servicio desde el año 1968 y
durante este tiempo en ningún momento ha sido prohibida la
comercialización de los productos marisqueros o pesqueros que se
extraen de la ría por razones imputables a los vertidos de la
fábrica. Respecto a Elnosa, no hay en el mercado en este momento una
«bat» aceptada de forma generalizada que evite la utilización de una
cantidad de mercurio, porque aquí se han dado cifras. En la
actualidad, por este proceso industrial, lo que se aporta a la ría no
alcanza el kilo anual, que es bastante menor a los efluentes que
produce la ciudad de Pontevedra en los vertidos depurados a la ría de
Pontevedra.
Digo con respeto que es demagógico pretender cerrar o trasladar
Elnosa y mantener a la vez los puestos de trabajo; es difícil. Quiero
decir también que en el período 1987- 1992 se realizaron inversiones
de renovación tecnológica y medioambiental, instalaciones que ya
superan los 20.000 millones de pesetas y que han hecho de Ence una de
las fábricas punteras en resultados medioambientales, no solamente en
Europa, sino en el mundo.
Señor Presidente, el objeto de la proposición no de ley de trasladar
el complejo industrial, además de no parecer posible, tanto desde el
punto de vista técnico como económico, no procede, teniendo en cuenta
las consideraciones anteriormente hechas, referidas a la utilización
de tecnologías limpias, al cumplimiento de la normativa
medioambiental sobre vertidos y de seguridad. En cuanto al plan
transitorio que también contiene la proposición no de ley, debo
afirmar categóricamente que Ence ya utiliza el sistema TFC
-totalmente libre de cloro- y dispone de tecnologías avanzadas para
la preservación del medio ambiente, como lo demuestra el hecho de
haber sido de las primeras compañías en Europa en conseguir la
certificación medioambiental. Precisamente, ya había conseguido la
certificación de aseguramiento de calidad ISO 9002. Desde el punto de
vista de seguridad industrial, Elnosa está situada en el mejor nivel
de las empresas españolas y europeas. El plan de emergencia exterior
está implantado desde el año 1997, incluyendo la fase de información
a la población afectada. Fue aprobado por la Xunta en el año 1994 y
homologado por la Comisión nacional de Protección Civil el 12 de
febrero de 1996.
Por último, voy a hacer una precisión de tipo personal. A mí, como
pontevedrés, me gustaría una ría y un entorno sin ninguna clase de
contaminación, pero, como diputado por aquella circunscripción, no
puedo hacer planteamientos tan superfluos, poniendo en grave riesgo
lo que es trascendental: los miles de puestos de trabajo que directa
o indirectamente dependen del grupo Ence en Galicia. Ésta es la
posición de mi grupo y la mía, que, por qué no decirlo, he mantenido
durante los años que he sido alcalde de aquella ciudad, en los que he
vivido muy intensamente toda esta problemática.
El señor PRESIDENTE: A los simples efectos de manifestar su posición
con respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo de Izquierda
Unida y el Grupo Socialista,
tiene la palabra el portavoz del grupo que ha presentado la
iniciativa, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): En ese sentido intervendré,
ya que el Reglamento así lo exige.
Nosotros agradecemos la retirada de la enmienda que presentaba el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque con lo que se
dice en nuestra proposición no de ley queda suficientemente clara
cuál es la intención. Respecto a la enmienda que presenta el Grupo
Socialista, tenemos que decir que, en general, no aporta nada a
nuestra iniciativa, simplemente reordena algunas propuestas, obvia la
necesidad de elaborar un estudio para el traslado del complejo en un
futuro, aplaza cuestiones que ya deberían estar más que elaboradas,
como aquélla a la que se hace referencia en el punto 2 y desde luego
introduce algunas cuestiones discutibles, como el punto 4.c) de la
enmienda,que trata de instar a la Xunta de Galicia. Desde nuestro
punto de vista, lo único novedoso, dado que esta proposición no de
ley fue presentada en junio de 1997, es el punto primero de esta
enmienda del Grupo Socialista, que se refiere a la necesidad de
paralizar el proceso de privatización de Ence y, por tanto, éste es
el único punto de la enmienda que vamos a aceptar. No aceptaremos el
resto de los puntos, que me parece que no aportan nada a nuestra
proposición.
El señor PRESIDENTE: Comunico a todas las señores y señores diputados
que las votaciones no se harán antes de la una. A partir de esa hora,
si el debate de las proposiciones ha terminado, tendrán lugar las
votaciones.
- EN RELACIÓN CON EL IMPACTO AMBIENTALQUE CAUSARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL
SALTO DE SELA EN EL RÍO MIÑO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/000927.)
- SOBRE MEDIDAS PARA RECUPERAR, SANEAR Y MANTENER EN CONDICIONES
ÓPTIMAS EL RÍO MIÑO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001194.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS
PARA QUE SE NO SE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL DENOMINADO SALTO
DE SELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/000920.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora al debate de la
proposición no de ley número 4, que puede ser acumulada a la 5 y a la
6. Han sido presentadas por tres grupos, el Grupo Parlamentario
Mixto, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y hacen referencia al mismo asunto: el impacto
ambientalque causará la construcción del salto de Sela en el río
Miño.
Según el orden de estas proposiciones en el orden del día, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Efectivamente, la
proposición no de ley que presenta el Bloque Nacionalista Galego hace
referencia a la hipotética construcción de un nuevo embalse en el río
Miño, conocido como embalse de Sela.
En los años sesenta, los gobiernos de los Estados español y portugués
firmaron un convenio para regular el uso y el aprovechamiento
hidráulico de los tramos internacionales de varios ríos, entre ellos
el Miño. La concesión para el aprovechamiento hidroeléctrico
denominado salto de Sela se otorgó por Orden ministerial de 22 de
diciembre de 1978. La construcción, cuyo plazo inicial de ejecución
era de seis años, sería compartida, así como su explotación, por las
compañías Electricidad de Portugal y Unión Fenosa. Dicho plazo de
ejecución fue prorrogado en dos oportunidades, según consta en una
respuesta parlamentaria a este diputado. Desde entonces, desde el
momento en que se toman las primeras decisiones, la amenaza de
construcción de este embalse pende sobre los habitantes de la zona.
Estamos ante la posible materialización de decisiones tomadas en otro
contexto político y sobre todo en un contexto en el que el concepto
de desarrollo económico y la conciencia medioambiental eran
distintos.
Por tanto, a mí me parece que es una obligación de todas las fuerzas
políticas y, por supuesto, del Gobierno, reconsiderar las decisiones
que, tomadas en otra época, ahora pueden resultar manifestamente
injustas. La construcción del embalse tiene como justificación
fundamental su posterior uso para producir energía eléctrica, del que
la parte española aprovecharía el 79,5 por ciento y el resto la parte
portuguesa. Nadie niega que es necesario producir energía eléctrica,
pero debajo de esta afirmación genérica no se puede amparar cualquier
tipo de actuación; no se pueden amparar decisiones que pueden suponer
perjuicios importantísimos para comarcas enteras a cambio de un
escasísimo beneficio general. Como ustedes saben, señoras y señores
diputados, Galicia es una comunidad con una gran riqueza
hidrográfica; su territorio se encuentra, por decirlo de alguna
manera, plagado de embalses en los que se produce energía eléctrica
abundante, por no hablar de otras fuentes de producción. Por todo
ello, creo que Galicia, y en concreto sus habitantes, que tuvieron
que sufrir las consecuencias de la construcción masiva de embalses,
lo que supuso el abandono de formas de vida y la emigración de muchos
habitantes, ya ha contribuido con una cuota más que suficiente a este
tipo de producción de energía. Además, Galicia, que efectivamente es
excedentaria en producción de energía eléctrica, se beneficia poco de
esas ventajas comparativas. No tuvo apenas beneficios en cuanto a su
desarrollo industrial y esta energía fue más bien dedicada al
desarrollo económico de otras zonas. Como decía antes, la aportación
a este sistema de producción de energía por parte de Galicia es más
que suficiente. Y si hablamos en concreto del río Miño, a cualquier
persona también le parecerían más que suficientes los 40 embalses que
hay en su curso y en el de sus afluentes y que se dedican a producir
electricidad.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, este nuevo proyecto de
construcción de un nuevo embalse no tiene justificación, ni por la
cantidad de energía que se produciría, ni por lo que esto supondría a
la hora de disminuir las emisiones de CO2 y el consecuente efecto
invernadero, ni por la regulación de los caudales. Ni siquiera el
estudio de impacto ambiental es capaz de justificar la bondad del
proyecto, estudio que además fue realizado por una empresa
relacionada con las empresas eléctricas interesadas en esta
construcción. Por el contrario, el proyecto, de realizarse, supondría
anegar 480 hectáreas, se extendería a lo largo de 22 kilómetros de
río y, desde el punto de vista económico, histórico, ecológico y
social tendría un fuerte impacto negativo, suponiendo un lastre
evidente para el desarrollo de la comarca. Valorando como negativa su
construcción, se han pronunciado diversas organizaciones ecologistas,
la asociación de biólogos de Portugal, asociaciones de pescadores,
cámaras municipales de los ayuntamientos limítrofes en una y otra
parte de la frontera e incluso la propia Consejería de Medio Ambiente
de la Xunta, que en principio no era favorable, y supongo que así
seguirá, a la realización de este proyecto. El desarrollo de la
comarca pasa por potenciar el turismo, la restauración, la producción
de vino o utilizar las posibilidades de pesca que ofrece el río y la
construcción de este embalse va a afectar precisamente a la
producción de vino, que en los ultimos años se ha desarrollado de una
manera importante, tanto por el cambio climático -las nieblas que
originaría la construcción del embalse- como por la disminución de
tierras de cultivo. Afectaría negativamente, llevando a su
desaparición aguas arriba de la presa, a los salmónidos y a la mítica
lamprea, con lo que esto supone, tanto desde el punto de vista
ecológico como económico, y conllevaría asimismo la desaparición de
un valioso patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, como son
las pesqueiras, que, como ustedes saben, aunque sea discutible su
origen, si es romano o medieval, desde luego están en ese río desde
hace muchos años. En esencia, desde nuestro punto de vista, yugularía
el desarrollo económico de la comarca y supondría un fuerte impacto
ambiental y paisajístico, que no se justifica por la hipotética
producción de energía, salvo desde el punto de vista de las propias
empresas interesadas.
Esta proposición, por tanto, debe hacer reconsiderar al Gobierno el
acuerdo firmado en su día, en un contexto, como decía al principio,
sociopolítico, económico y científico, distinto al actual y, en
consecuencia, anular la concesión otorgada.
En los medios de comunicación apareció que en estas fechas, yo no sé
si se realizó o no, estaba prevista una reunión de la Comisión
hispano-lusa de aguas internacionales, en la que se iba a tratar la
conveniencia de construir este embalse. Me parece que si no se
produjo aún esa reunión, el Gobierno debería ser sensible a la
opinión mayoritariamente expresada por los habitantes de la comarca
afectada y posicionarse en contra de este proyecto, al que también,
como decía, se oponen en Portugal y al que se presentaron más de dos
mil alegaciones que no deberían caer en saco roto. Si existe voluntad
política por parte del Gobierno, este proyecto de embalse no se
acabará construyendo. Esa posibilidad -también quiero apuntarlo,
porque también apareció en los medios de comunicación- era
contemplada el
año pasado por la propia ministra de Medio Ambiente de Portugal.
Se trata, por tanto, señoras y señores diputados, de tomar una
decisión favorable para los habitantes de la comarca, teniendo en
cuenta que no siempre deben prevalecer los intereses de las empresas
sobre los intereses de los habitantes que se ven afectados por la
construcción de determinadas obras, en concreto ésta de un embalse. A
eso sin duda contribuirá la aprobación por el Congreso de la
proposición no de ley que el Bloque Nacionalista Galego somete a
debate y votación y cuyo texto dice lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno: uno, a considerar las alegaciones
presentadas contra la construcción del salto de Sela referentes al
negativo impacto que causará desde el punto de vista económico,
medioambiental y cultural; dos, en consecuencia, anular la concesión
otorgada para el aprovechamiento hidroeléctrico del denominado salto
de Sela en el río Miño.
El señor PRESIDENTE: Según el orden del día, le correspondía ahora
intervenir al Grupo Socialista, pero, si no hay inconveniente por
parte del resto de los grupos, esta Presidencia acepta la propuesta
de cambio hecha por el Grupo de Izquierda Unida, en cuyo caso tendría
la palabra su portavoz, el señor Santiso, para defender la
proposición relativa al salto de Sela. ¿Hay algún inconveniente?
(Pausa).
Tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar, agradezco al Grupo
Socialista que me permita este cambio en el orden de intervenir,
puesto que tengo que asistir en la sala de al lado a la comparecencia
del presidente de EFE.
Nuestro grupo comparte las opiniones expresadas por el anterior
interviniente, puesto que nuestra proposición no de ley busca los
mismos objetivos. El salto de Sela tiene su origen en un protocolo
firmado en el año 1968 entre el generalísimo Franco y Salazar y, por
tanto, yo creo que ya no hay un contexto socioeconómico, ni cultural,
ni político, que justifique las necesidades que en aquel momento
podrían existir de generación de energía eléctrica. Construir un
salto para producir 152 megavatios en nuestro país, que tiene en este
momento una sobrecapacidad de producción de energía eléctrica, y
teniendo en cuenta que no es tampoco una zona necesitada de regadío,
creemos que ya no tiene ningún sentido económico, salvo querer
aprovechar al máximo la producción de una energía relativamente
barata, como es la hidráulica. Las consecuencias de este embalse son
para el entorno mucho peores, económicamente también, por su impacto,
que los posibles beneficios para la empresa Fenosa y Electricidad de
Portugal, que son quienes comparten el proyecto con el 64 por ciento
y el 36 por ciento, respectivamente.
En el proceso de alegaciones al impacto ambiental han existido más de
cinco mil en toda la zona, entendiendo que los ayuntamientos son
conscientes del grave daño que les puede causar esta infraestructura,
puesto que sería un lago de unos 20 kilómetros, afectando a 480
hectáreas, y una presa con una altura de 36 metros. Esto tiene una
incidencia directa, en primer lugar, en los peces migratorios. Se ha
citado ya el daño, incluso arqueológico, que se produciría
en las pesqueiras de lamprea, pero también produce un daño al sábalo,
al reo, al salmón. Todas aquellas especies migratorias encontrarían
un nuevo obstáculo que prácticamente impediría su camino por el río.
Hay que recordar que existe una pequeña joya faunística, que son las
colonias de margaraitífera o almejas de río, que se creían
extinguidas; hay algunas localizadas en el río Ebro, pero también
existen todavía en este río. Asimismo, tendrían problemas serios
especies como la nutria, el lobo, la garduña, etc., que se
encontrarían con un nuevo obstáculo natural que dificultaría sus
movimientos. Se han citado también los efectos del incremento de las
nieblas -y hay estudios de otros pantanos de la zona que así lo
avalan- con una incidencia directa en las viñas que producen las uvas
necesarias para el Albariño y para los vinos del Condado, que también
tienen una importancia relevante en la economía de la zona.
Por todo ello, nuestro grupo considera que hay razones suficientes
para desistir de la construcción de esta presa, pues los daños
causados en la zona serían muy superiores al posible beneficio para
unas empresas privadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra para defender la
proposición presentada por el Grupo Socialista su portavoz, doña
Carmen Silva.
La señora SILVAREGO: El Grupo Socialista presenta hoy una proposición
no de ley sobre medidas para recuperar, sanear y mantener en
condiciones óptimas el río Miño. Pretendemos con ella sensibilizar a
todos los grupos parlamentarios en torno a la situación en la que se
encuentra el río Miño en el tramo final de su curso.
Esta iniciativa es producto de la fuerte demanda social que existe
sobre la necesidad de actuación sobre el río. Proponemos que se
apruebe, en el plazo máximo de tres meses, el proyecto de actuaciones
necesarias para la recuperación del río y sus afluentes, que se evite
la construcción de más embalses en este tramo, que se anule la
concesión otorgada a Unión Fenosa y a la EDP portuguesa para la
construcción de un embalse en Sela, y que se aproveche la situación
transfronteriza del Miño en su tramo final para elaborar
conjuntamente proyectos de desarrollo sostenible con Portugal que
pudiesen ser cofinanciados con la Unión Europea. En la actualidad
nadie cuestiona la necesidad de armonizar el desarrollo económico y
social de un territorio con su conservación y con la adecuada gestión
de sus valores naturales y culturales. Esta idea de codesarrollo
requiere un trabajo previo de conocimiento de la realidad en la que
poder sustentar las actividades que haya que realizar para la
recuperación del medio.
El río Miño ha sido y es para todos los pueblos que han nacido al
amparo de sus aguas el eje fundamental de configuración de su propio
ser, tanto en lo relativo a su desarrollo social, como económico,
cultural e histórico. Lo ha sido a lo largo de todo su curso, pero de
una forma especial y con características específicas en su curso
bajo, situado en las comarcas del Condado y Baixo Miño, donde el río
es un soporte fundamental para el desarrollo sostenible de estas
zonas mencionadas. Su estratégica situación, en un área metropolitana
muy desarrollada, su situación transfronteriza con Portugal, sus
peculiares características climáticas
que favorecen las sociedades agrícolas diversificadas y de alta
calidad, la belleza del río y el paisaje que lo circunda, su
condición estuárica con una flora y fauna digna de resaltar, con una
gran actividad pesquera fluvial, con grandes potencialidades en el
desarrollo del turismo de calidad ligado a la gastronomía y a la
hostelería, el ocio, los deportes acuáticos, los corredores
medioambientales, el altísimo valor paisajístico, el patrimonio
histórico, el comercio y las innumerables posibilidades de desarrollo
del sector servicios en general, convierte estas localidades
ribereñas en zonas idóneas para lograr un importante crecimiento
socioeconómico sostenible.
Señoras y señores diputados, creerán ustedes que les estoy
describiendo una situación idílica y que en una zona con unas
características así se estarán realizando las inversiones necesarias
para desarrollar las potencialidades que presenta. Pues no, no es
así. El río Miño está sufriendo una degradación que afecta gravemente
a los ecosistemas de la ribera e imposibilita el desarrollo
sostenible de las zonas antes mencionadas. Esta degradación se debe a
diversas causas, entre otras y en primer lugar, la contaminación que
padece el río Miño, producto de los residuos industriales
provenientes, sobre todo, del río Louro, afluente del Miño, donde
vierte un enorme rosario de industrias y núcleos de población sin las
debidas medidas anticontaminantes, fundamentalmente del polígono
industrial As Gándaras, en Porriño, y de la zona industrial que lo
circunda. A esto hay que añadir la contaminación que producen los
residuos urbanos que en esta zona aún carecen de un tratamiento
mínimamente adecuado, existiendo una enorme proliferación de
vertederos incontrolados.
Mención especial merecen, en primer lugar, los vertidos de aguas
residuales, urbanas e industriales que se realizan al día de hoy sin
cumplir los mínimos requisitos de respeto al medio ambiente, que
provocan alteraciones muy importantes en el río y ponen en peligro,
ya inminente, sus enormes potencialidades. En segundo lugar, la
eliminación de las crecidas, producto de la construccion de un número
muy importante de embalses, que han provocado caudal estable y han
influido en el propio funcionamiento del río que, a través de las
crecidas y corrientes, mantenían el ecosistema y las características
propias del Miño: renovación, regeneración, cauces, sedimentación,
canal, profundidad, etc. Al eliminar las crecidas se ha transformado
el funcionamiento del río y se han formado fuertes barras que están
provocando serios problemas. Esta situación ha creado problemas en
relación a las especies piscícolas que viven en el Miño; unas, porque
necesitan profundidad y están desapareciendo; otras, porque necesitan
corrientes para poder desovar y no pueden hacerlo. Y esto no es un
tema menor, ya que en este río faenan más de 300 barcas y son una de
las bases económicas a mantener desde el respeto al medio. Además,
esta regulación, prácticamente total de la corriente, está provocando
la desaparición de las playas en la desembocadura, ha provocado la
acumulación de sedimentos en el lecho del río, produciendo una
progresiva disminución del calado a lo largo del tramo, lo que
debería dar lugar a realizar un estudio sobre la conveniencia de
proceder a su dragado en aquellas zonas donde se favorezca el
funcionamiento natural del río. En tercer lugar, hay que destacar las
explotaciones mineras de grava y arcilla que
han dejado una impronta grande en el paisaje al no tener en cuenta
planes de recuperación y rehabilitación del entorno tras su abandono,
haciéndose evidente en muchas zonas el gran impacto que se ha
producido. En cuarto lugar, las actividades deportivas acuáticas, que
se realizan en el río, sin ningún tipo de control. En quinto lugar y
capítulo aparte merece el nuevo intento de agresión al Miño en
referencia al previsto salto hidroeléctrico de Sela, en As Neves, que
ha sido mencionado por los otros dos grupos proponentes. Se otorgó en
el año 1978 a las empresas Unión Fenosa y Electricidad de Portugal y,
de realizarse, modificará totalmente las condiciones actuales del río
aguas abajo y, por tanto, de las riberas del Miño en todo su curso
bajo, profundizando en los problemas actuales producidos por los
embalses existentes. A esta grave situación, que afectaría a todo el
tramo final del río, hay que añadir que la construcción del embalse
causaría un irreparable daño medioambiental, social y económico en
toda la comarca del Condado, como ya se ha mencionado, ya que no se
ha tenido en cuenta la gestión equilibrada y sustentada de los
recursos hídricos, fáunicos, paisajísticos, históricos y turísticos
que caracterizan a esta zona. Los impactos negativos que causaría
sobre la fauna y la flora, el régimen hidrológico, sobre los cultivos
de vid de alta calidad -los vinos Albariño y Condado-, sobre el
patrimonio arquitectónico y cultural, la desaparición de las
pesqueras, que ya se ha nombrado, el turismo ligado a la alta calidad
de sus productos y su valor paisajístico y la afectación sobre el
microclima de esta zona no justifican de ninguna manera su
construcción.
Por todas estas causas, el Grupo Socialista presenta esta proposición
no de ley, porque o decidimos salvar el río Miño, definiendo todas
las medidas a desarrollar y poniendo plazo y financiación para que
siga siendo el eje configurador de desarrollo de los pueblos de sus
riberas, o estamos firmando el acta de defunción de todo un
territorio que, por falta de voluntad política, no podrá desarrollar
todas sus inmensas posibilidades.
Señoras y señores del Partido Popular, me dirijo especialmente
a ustedes. Hoy, de esta Comisión debe salir un compromiso inexcusable
de realización de un tratamiento integral para el río Miño en su
tramo final. Porque, señorías, el río Louro, tanto a nivel
cualitativo como cuantitativo, es el mayor agente contaminador del
río Miño. La ejecución del plan de saneamiento integral del Louro,
que fue proyectada por el gobierno socialista, depende ya únicamente
de que se saquen a concurso las obras, ya que todas las fases previas
están concluidas. Sin embargo, en los presupuestos de este año no
existe partida alguna suficiente para acometer este imprescindible
proyecto que a día de hoy debería estar concluido. Ustedes no han
hecho absolutamente nada. Incluso en uno de los tramos, exactamente
el de la cuenca del río en Mos, fue adjudicada la obra hace un año a
la empresa Huarte y aún no se ha comenzado. Es fundamental
complementar este proyecto con otras actuaciones para evitar el
vertido de aguas residuales directamente al río, ya que existe un
mapa de puntos negros de emisión que deben ser controlados y no lo
están siendo.
El Miño, a día de hoy, se está encargando de hacer lo que el Gobierno
de España y la Xunta de Galicia no hacen: regenerarse a sí mismo.
Pero esta situación tiene un límite y ya no se sostiene más. Tienen
ustedes que actuar. Es necesario,
con urgencia, realizar un estudio sobre las barreras que se han
creado a lo largo del tramo final del río. Hay expertos reconocidos
que mantienen que es necesario efectuar un dragado permanente y
selectivo; hay que estudiarlo con seriedad, hay que ver cómo se podía
hacer y en qué zona sería conveniente y preciso, no sólo para no
dañar el ecosistema, sino para favorecerlo, recuperando el canal,
recuperando las playas y favoreciendo las corrientes naturales del
río. Proponemos que si el dragado se realiza, los beneficios que se
obtengan de la extracción de arena repercutan en la propia
regeneración del río y su entorno natural. Es decir, invertir los
beneficios en el que los genera, el río Miño. Habrá además que tomar
las medidas necesarias para solucionar el impacto ambiental que las
graveras ejercen sobre las riberas del río, recuperando así su alto
valor paisajístico. Se tiene que regular el uso incontrolado de
embarcaciones de recreo, motos acuáticas, que navegan habitualmente
por el río y que, por desconocimiento o por falta de información y
sobre todo por la escasez de recursos humanos y materiales de
vigilancia, producen agresiones o circulan por zonas prohibidas que
deben ser protegidas.
Hoy, en esta Comisión, debemos oponernos a la construcción del
embalse de Sela así como tomar la decisión de que no se construyan
más embalses en el tramo final del Miño. La construcción del embalse
de Sela es, en términos ecológicos y sociales, inadmisible y, en
términos estrictamente económicos, destruye más de lo que produce.
Hay que decidir si se da beneficio a una empresa o si se mantiene un
espacio natural privilegiado y las actividades económicas de esa zona
que, con medidas de promoción, tienen unas expectativas de desarrollo
ilimitadas. Veinte años después de que se otorgara la concesión, se
intenta ejecutar este proyecto y no valen disculpas. Durante veinte
años no se realizó. Ahora es el actual Gobierno el que tiene
capacidad para decidir y tienen que hacerlo y será su responsabilidad
la decisión que tomen. Les adelanto que si votan en contra de la
anulación de la concesión, todos los ayuntamientos de la comarca se
opondrán, como ya vienen haciendo reiteradamente, y junto a ellos
todos los gallegos, que considerarán que se les está agrediendo sin
causa justificada.
Para concluir, reitero que esta zona tiene un potencial de desarrollo
sostenible que ya le gustaría a otras tener, el Miño. Y que actuar en
el río es potenciar la riqueza de las localidades ribereñas y de sus
habitantes. La gente que vive en el entorno del río y todos los que
lo conocemos lo vivimos como una realidad natural. Deberíamos tener
nosotros la sensibilidad de verlo así también, porque es aquí donde
se pueden tomar las medidas que mantengan vivo al río Miño. Hoy,
votando favorablemente; en tres meses, desarrollando las medidas que
hagan posible la recuperación integral del Miño y sus afluentes y,
con urgencia, desarrollando los proyectos con plazos y financiación.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún grupo sobre estas tres
propuestas cuyo debate se ha agrupado? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señorías, me corresponde intervenir
en la fijación de posición de estas tres proposiciones no de ley que
se están debatiendo en este momento ante la Comisión de Medio
Ambiente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado una
proposición no de ley que insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para que no se lleve a efecto la construcción del
denominado salto de Sela. Asimismo, ha presentado otra proposición no
de ley el Grupo Parlamentario Mixto con relación al impacto ambiental
que causaría la construcción del mencionado salto. Por último, otra
proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre medidas para
recuperar, sanear y mantener en condiciones óptimas el río Miño.
Señorías, no es esta la primera vez que cuestiones sobre el salto de
Sela se debaten en esta Cámara. El 21 de octubre de 1997 presentó el
Grupo Parlamentario Mixto una proposición no de ley sobre defensa de
los límites de España y Portugal, que se debatió en la Comisión de
Asuntos Exteriores y que fue rechazada. El 19 de mayo de 1998
presentó el Grupo Socialista una moción sobre paralización de la
construcción del embalse de Sela en el río Miño, que, debatida en
Comisión, también fue rechazada.
Hoy nos traen a debates tres proposiciones no de ley muy semejantes a
las anteriores. Los motivos alegados para oponerse a las mencionadas
obras son, primero, un fuerte impacto en los ecosistemas ribereños de
España y Portugal; segundo, la afectación a la riqueza piscícola, en
especial a la lamprea, pero sin olvidar el salmón, el sábalo y la
angula. Otra de las causas es el problema de los viñedos, destacando
lo que afectaría a la industria del Albariño. Y otras actividades
económicas de la zona, como pueden ser el turismo y los balnearios de
aguas termales, al alterar sus niveles freáticos. Por último, la
generación de energía que se producirá por la construcción de este
embalse se considera que es muy reducida.
No todo son cuestiones en contra; hay también defensores y causas
justificantes para el aprovechamiento hidroeléctrico. En primer
lugar, las previsiones del consumo eléctrico en ambos países, con la
paulatina sustitución de las centrales antiguas por las modernas; en
segundo lugar, la necesidad de atender las demandas puntuales de
energía, y, por último, la sustitución de otras fuentes de energía
contaminantes, como la procedente de las centrales térmicas, evitando
la emisión a la atmósfera de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y
anhídrido carbónico, entre otros gases. No todo son males, sino que
la construcción de un embalse también trae consigo beneficios.
El aprovechamiento del Sela aparece en el Convenio suscrito el 29 de
mayo de 1969 entre España y Portugal para regular el uso y
aprovechamiento hidráulico de los tramos internacionales del río
Miño. El aprovechamiento hidroeléctrico del Sela se sitúa en el tramo
internacional del río Miño, a unos 57 kilómetros de su desembocadura
y a 23 kilómetros aguas abajo de la ribera del Freira. Es de señalar
que la zona inundada en España serían unas 170 hectáreas, con una
anchura de 80 metros dedicada a monte y algún labradío disperso. La
concesión para el aprovechamiento del salto de Sela fue otorgada por
Orden ministerial de 22 de diciembre de 1978, habiéndose retrasado su
construcción por diversas circunstancias, entre ellas, garantizar
la riqueza piscícola de la zona aun antes de la promulgación de la
legislación actual medioambiental.
Este proyecto se sometió a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental el 20 de febrero de 1996. Los días 26 y 27 de febrero de
dicho año se creó el grupo de trabajo bilateral de la comisión
hispano-portuguesa para regular el uso y aprovechamiento de los ríos
en sus zonas fronterizas. Este grupo de trabajo se encargó de
canalizar los estudios necesarios sobre la conveniencia del proyecto
y viene celebrando reuniones periódicas en las que se estudian los
problemas planteados en el documento de la proposición no de ley. Se
recabaron consultas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, de la Xunta de Galicia, de la Diputación Provincial de
Pontevedra, del Consejo das Naves del Ayuntamiento de Arbó, de la
Universidad de Santiago de Compostela y de la Sociedad Galega de
Historia Natural. Actualmente, el procedimiento del impacto ambiental
se realiza en los dos países, estando próxima su finalización.
El informe emitido por la Subdirección General de Conservación de
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, elaborado en junio de
1996, puso de manifiesto que el lugar de ubicación del salto no se
asienta sobre ningún espacio natural protegido, de acuerdo con la
legislación vigente. El incremento de nieblas con afectación a
producciones vinícolas está siendo estudiado por el grupo de trabajo
citado junto con el resto de las alegaciones recogidas en el
documento.
Con la promulgación de la legislación medioambiental y al no haberse
iniciado aún las obras, la comisión hispanoportuguesa, constituida
para la regulación del uso y el aprovechamiento de los ríos
internacionales en sus tramos fronterizos, acordó la aplicación del
proceso reglado de evaluación del impacto medioambiental actualmente
en fase de información pública, cuyo plazo para la presentación de
alegaciones concluyó el 4 de marzo de 1998 y a la que se presentaron
unas 3.000 alegaciones. Todo se encuentra en estudio, proveyéndose
una modificación concesional que permitiera el aprovechamiento de una
buena parte del potencial hidroeléctrico y la reducción drástica del
impacto medioambiental. Creo que los pasos van sobre la realización
de un nuevo proyecto que debería disminuir de forma apreciable la
superficie inundada y la altura de la presa o presas a considerar,
por lo que, con un adecuado control de caudales, el impacto sobre la
fauna piscícola sería irrelevante, las alteraciones microclimáticas
resultarían prácticamente nulas y el agua no sufriría ninguna mengua
de su calidad. Igualmente, se deberían mantener intactas la mayoría
de pesquerías y, por supuesto, todas las fuentes termales. Al
tratarse de un aprovechamiento en un tramo internacional y sujeto a
convenios existentes, serán los respectivos departamentos de España,
Ministerio de Medio Ambiente y Portugal los que adoptarán una
decisión conjunta acerca de la ejecución de la presa en cuestión,
siempre que resulte viable desde un punto de vista medioambiental
y con las medidas correctoras que en su caso correspondan.
Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, se acogen favorablemente, en general, los tres primeros
párrafos de la exposición de motivos, la necesidad de realizar una
planificación y gestión integral
del río Miño que haga posible un desarrollo sostenible de las
poblaciones ribereñas y la conservación de sus recursos naturales.
Pero no se muestra el mismo acuerdo con el esquema de actuación que
se propone al introducir unos puntos contradictorios e incluso
incompatibles entre sí, contrarios a la gestión integral que se
propugna. No se puede pedir un mantenimiento y potenciación de la
pesca y una potenciación del ecoturismo ligado a la conservación de
los espacios naturales y en especial con el mantenimiento
y recuperación de las playas y al mismo tiempo el fortalecimiento de
las comunicaciones entre España y Portugal a través del río, cuando
esta última actividad exige la realización continuada de dragados,
una de las causas fundamentales de regresión de las playas. Por
ejemplo, a partir del establecimiento de la línea de ferry entre
Caminha y A Guarda, único existente hasta el momento, se deben
realizar periódicamente dragados del río que permitan la navegación
en sentido transversal, lo que ha motivado la regresión de la playa
de Camposantos. Asimismo, el plazo exigido en la presente proposición
no de ley es insuficiente para la realización del proyecto de
actuaciones para la recuperación del río Miño y sus afluentes. Por
otra parte, mediante el Real Decreto 2792/1986, de 30 de diciembre,
se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y
servicios de la Administración General del Estado en materia de obras
hidráulicas, entre las que se encuentran las actuaciones
correspondientes a saneamiento, recuperación y acondicionamiento de
márgenes fluviales.
Nosotros hemos de contestar al Grupo Socialista, que dice que llevan
veinte años desde la concesión del salto del Sela y que no se ha
hecho absolutamente nada, que ellos, en catorce años de Gobierno, en
modo alguno tomaron ninguna medida, contra la realización de este
salto. Por otra parte, el Gobierno está trabajando en el saneamiento
y recuperación del río Miño y esto lo demostramos con el Real
Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, que declaró de interés general
del Estado el saneamiento de la cuenca del río Louro, en Pontevedra,
actuación que tiene por objeto la recogida de los vertidos urbanos
industriales procedentes de los núcleos más importantes de las
cuencas de Louro, Caselas y Miño, o un presupuesto de 13.000 millones
de pesetas. En el momento actual ya se han adjudicado las obras
correspondientes a los colectores interceptores de la cuenca alta del
río Louro, se encuentran pendientes de licitación los tres tramos del
colector interceptor general de la depuradora de Villarey, está
redactado el proyecto del colector general de Porriño y se encuentran
en redacción los proyectos del colector interceptor general del río
Miño en Tuy y de los colectores generales del río Miño y de As Selas.
Con todo ello se justifica plenamente la actuación del Gobierno
respecto al saneamiento del río Miño. El Ministerio de Medio Ambiente
está siendo respetuoso con la riqueza medioambiental de la zona,
habiéndose exigido en toda la tramitación de este expediente el
cumplimiento de la normativa vigente en esta materia así como la
estricta sujeción a los procedimientos establecidos por los convenios
internacionales suscritos, por lo que consideramos que no es
procedente en este acto apoyar las proposiciones no de ley
presentadas por los diferentes grupos.
- SOBRE CREACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA DE RIESGOS
QUÍMICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001176.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del
día, que es la propuesta sobre creación de un plan especial de
emergencia de riesgos químicos, presentada por el Grupo Socialista
del Congreso.
Para su defensa tiene la palabra su portavoz.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Voy a ser muy breve, como se señala en la
proposición no de ley, en una zona no superior a cinco kilómetros
existe un gran número de empresas que tiene como base de su
fabricación procesos químicos complejos. Dichas empresas se
encuentran esencialmente ubicadas en tres ayuntamientos que
pertenecen a comunidades autónomas distintas. Me van a permitir que
me retrotraiga seis o siete años para explicar los incidentes, muy
próximos en el tiempo y en el espacio geográfico, que pueden
representar claramente cuál es la situación que se produce tras los
mismos (Rumores.)
El primero de ellos es un atentado de ETA.
El señor PRESIDENTE: Un momento por favor.
Ruego a aquellos señores del fondo que tomen asiento y que se
mantengan en silencio.
Puede seguir, señor Simón de la Torre.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Decía que el primero de los incidentes
fue un atentado de ETA sobre unos enormes tanques e instalaciones de
almacenaje y distribución de Campsa en el término municipal de
Ribabellosa, en la provincia de Álava, en el mismo límite con la
ciudad de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos; es decir, en el
límite entre el País Vasco y la Comunidad de Castilla y León. El
segundo incidente se produce poco tiempo después a unos tres
kilómetros de distancia. Es el escape de gases producido en una de
las torres del proceso de fabricación del complejo químico de la
empresa general química y el avance paulatino de la nube formada en
dirección a Miranda de Ebro y a su comarca, que tiene más de 50.000
habitantes.
Aunque afortunadamente estos dos casos que presento como muestra
tuvieron un final relativamente tranquilizador, fueron también una
demostración palpable de la falta de un criterio de unidad de acción
por parte de las autoridades de una y otra comunidad autónoma así
como de la desconexión y desinformación en cuanto a los medios a
utilizar y a su ubicación e incluso a su existencia. En posteriores
ocasiones y sin tener la magnitud de los dos accidentes antes
mencionados, han ocurrido otros, algunos no divulgados por causas
perfectamente comprensibles, pero que han terminado por obligar a las
propias empresas de una y otra comunidad autónoma a hacer el intento
de coordinar sus esfuerzos. Entre ellas han creado una serie de
posibles acciones en común, siempre con las limitaciones que supone
que se hagan con una falta de coordinación que debe imponer una
autoridad superior, la Administración. Todas estas empresas poseen
sus planes de emergencia, tanto exteriores como interiores, e incluso
tienen planes
de emergencia cada una de las zonas en cada comunidad autónoma.
Pese a ello, estamos en las mismas condiciones que años atrás, es
decir, si se produce un incidente de cierta envergadura en las
empresas de una u otra comunidad autónoma, sólo cuentan con los
medios y dirección correspondientes a esa comunidad, sin posibilidad
de coordinar la acción, a no ser que el sentido común y la buena
voluntad se imponga en ese momento, pero no existe coordinación, ni
catálogo de medios, ni posibilidad de utilizar los medios en una
forma común, ni dirección común de las policías locales, de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza de los
parques de bomberos, etc.
Por esto, pensamos que la acción directa de la Administración Central
puede conseguir, a través de un plan de emergencia para toda la zona,
independientemente de que sea de una comunidad u otra, que quede
determinada perfectamente qué autoridad debe ser la responsable de la
coordinación de todos los elementos activos en caso de accidente, la
creación de un catálogo de medios perteneciente a todas las empresas,
así como los disponibles por la Subdelegación del Gobierno en la
provincia de Burgos y el correspondiente de la Diputación Foral de
Álava. Además de la necesidad que nos ha demostrado la experiencia,
con la aprobación de esta proposición no de ley desarrollaríamos la
norma básica de protección civil, que contempla un posible interés
nacional, al establecer que será objeto de planes especiales en
aquellos ámbitos territoriales que lo requieran, mencionando
esencialmente los casos derivados de las instalaciones químicas de
alto riesgo. En definitiva, es necesaria la coordinación y
desarrollar el soporte jurídico que supone la norma básica de
protección civil, lo que posibilitará la solución del problema.
Con esta proposición no de ley pretendemos trasladar a los más de
50.000 habitantes de la zona la tranquilidad de que, si vuelve a
ocurrir un accidente -y probabilidades siempre hay- las
administraciones sepan qué deben hacer y con qué medios hacerlo, no
dejándolo sólo a la buena fe y a la capacidad de improvisación, tal y
como ocurre hasta estos momentos.
El señor PRESIDENTE: A esta propuesta no se han presentado enmiendas.
¿Grupos que desearían intervenir?
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra su portavoz, doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Intervengo de una manera muy breve para
decir que nuestro grupo va a votar a favor de la iniciativa
presentada por el Grupo Socialista. Entre otras cosas, porque
consideramos que es imprescindible que exitan coordinaciones
específicas en zonas de riesgo, por accidentes químicos en este caso,
al afectar a más de una comunidad autónoma. Ya tenemos la
experiencia, como ocurre en la lucha contra incendios, de que es
difícil cuando afecta a más de una comunidad autónoma una buena
coordinación si no existe una estructura que esté bien organizada,
que permita rentabilizar adecuadamentetodos los recursos humanos y un
equipo de dirección que
coordine de una manera absoluta todas las actuaciones que se tengan
que llevar a cabo.
Estamos hablando de riesgos importantes para las personas y creemos
que es necesario aprobar esta proposición no de ley y que pueda
existir ese plan de emergencia que coordine perfectamente a estas
comunidades, que baje al mínimo los riesgos que tiene para la
población y la alarma que puede suscitar en ella saber que, aunque el
accidente se produzca a una distancia determinada, al no existir
coordinación, se pueden ver afectados y tomar medidas que no sean las
más adecuadas. No estamos diciendo que se pueda hacer por una falta
de consideración, sino simplemente porque no haya coordinación ni
comunicación en cuanto a las medidas que se deberían adoptar.
Por lo tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario votará
favorablemente, porque nos parece muy importante.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra su portavoz, señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Curiosamente, volvemos a estar en presencia
de un asunto cuya filosofía de fondo es similar a la del primer punto
del orden del día. España es un país con una organización
descentralizada, con responsabilidades y autogobierno en comunidades
autónomas y, como en el caso del País Vasco, con competencias muy
importantes, por lo que la Administración Central del Estado, y en
particular el Ministerio de Medio Ambiente, que en este asunto no
tiene absolutamente nada que ver, no puede ser eternamente el
responsable político subsidiario de las responsabilidades que otros
tienen muy bien definidas y delimitadas por la ley y los reglamentos.
Sin embargo, sí es cierto que, en el caso de hipótesis de riesgo
grave que afecte a las poblaciones desde un punto de vista
supraautonómico existen los mecanismos legales necesarios para que la
Administración Central del Estado actúe a través de los
procedimientos que están reglamentados; pero antes de llegar a esa
posición, hay todo un camino y todo un procedimiento que debe
respetar, fundamentalmente, la responsabilidad y las competencias de
las comunidades autónomas. Y éste es un caso típico. Yo creo que se
ha contado la historia, otra vez, con algunos ribetes trágicos, cuasi
accidentes, unos ocurridos u otros ocultados, para dar un entorno a
la proposición que rebasa ampliamente la realidad.
Concretamente, en el marco de la normativa vigente sobre prevención
de accidentes mayores en determinadas actividades industriales, en el
artículo 4.1.f) del Real Decreto 886/1988, se contemplan determinados
accidentes mayores y actividades industriales; también en el artículo
5.1 se habla de la directriz básica para la elaboración y
homologación de planes especiales en el sector químico. En ellos se
dice cuándo la Dirección General de Protección Civil -en este caso,
repito, dependiente del Ministerio del Interior y nada relacionado
con Medio Ambiente- debe proceder a la elaboración de un plan de
emergencia exterior, de ámbito supraautonómico, dirigido a empresas
que están en un grado de afectación comprendido en el Real Decreto
886/1988 y cuya ubicación geográfica corresponde a zonas limítrofes
de dos comunidades autónomas
-que es el caso del que se habla, de Castilla y León y el País
Vasco-, para que, una vez analizadas las hipótesis de riesgos (sobre
todo aquellas que son más desfavorables y, por tanto, con menor
probabilidad de ocurrencia), puedan asumir competencias que, de
alguna manera, son de las comunidades autónomas. Esta cuestión, que
tiene una formulación general independientemente de los territorios
que en este momento analizamos, fue estudiada en el año 1994
conjuntamente por la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial de la Junta de Castilla y León y por representantes de
Protección Civil del Gobierno Vasco (además, el Partido Socialista
Obrero Español tenía responsabilidades en ese Gobierno vasco, como
todos sabemos), manteniéndose entre los mismos diferentes reuniones
técnicas para adoptar una postura común.
La Dirección General de Protección Civil elaboró un informe técnico,
que fue remitido a las comunidades autónomas, en el que se exponían
las distintas posibilidades de accidentes -basadas en los estudios de
seguridad redactados- que, habiéndose producido en una comunidad
autónoma, podían tener efectos transfronterizos sobre otra comunidad,
para estudiar la viabilidad de traspasar el ámbito competencial
elaborando los planes de emergencia exterior a la Dirección General
de Protección Civil del Ministerio del Interior. A SS.SS. no se les
oculta que éste es un terreno realmente delicado, porque las
comunidades autónomas son muy celosas de sus competencias y, en
particular, en este caso está implicada una comunidad de las
denominadas históricas, que tiene a gala mantener contra viento
y marea sus competencias y que no permiten intrusiones de ningún tipo
si no son pactadas.
Para no meterme en demasiados detalles, al final se pactó un intento
de coordinación y de llevar adelante este tema entre las propias
comunidades en esas hipótesis desfavorables y dejar la puerta abierta
a que, posteriormente y de acuerdo con esas comunidades autónomas, si
éstas lo pedían, pudiera intervenir la Administración Central del
Estado. Ese fue el acuerdo al que se llegó exactamente, pero exigía
una solicitud previa por parte de las comunidades autónomas que, en
principio, se creían capaces de poder llevar a cabo este tema. No es
como el portavoz del Grupo Socialista dice, puesto que las empresas
que tienen elevados riesgos tienen la obligación de disponer de
planes de emergencia interior y exterior, y las autoridades
competentes, en este caso las autonómicas, tiene también la
obligación de tomar como referencia estos planes de emergencia
exterior para establecer sus propios planes de protección, disponer
los medios, etc. Concretamente, en el caso específico de las
comunidades autónomas de Castilla y León y del País Vasco, los planes
de emergencia exterior de dos empresas situadas en Lantarón y
afectadas por ese Real Decreto fueron homologados por la Comisión
Nacional de Protección Civil, en su sesión de 4 de diciembre de 1994;
y por lo que se refiere a los planes de las empresas afectadas en
Miranda de Ebro, fueron homologados por la Comisión Nacional en
febrero de 1996.
Pues bien, señorías, señor Presidente, después de transcurrido un
tiempo en el que se ha analizado el procedimiento actual, demuestra
ser satisfactorio y obviamente las conversaciones que permanentemente
se llevan a cabo con las comunidades autónomas en el seno de la
Comisión aludida
no han revelado que dichas comunidades autónomas muestren la
necesidad de que se saque fuera de su ámbito competencial la
realización de un plan supraautonómico y de competencia nacional,
como decíamos anteriormente. Está prevista una próxima reunión de la
permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil, donde
constantemente se están chequeando y reanalizando las situaciones,
y cabe la posibilidad de que tal solicitud de coordinación se produzca.
En ese caso, de acuerdo con las leyes y con respeto a las
competencias de las comunidades autónomas, el Ministerio de Interior
y la Dirección General de Protección Civil no tendrán ningún
inconveniente en asumir sus responsabilidades, pero por ese
procedimiento.
Con esta intervención, señor presidente, señorías, queda claro que,
por el momento, en este caso concreto y en esta Comisión concreta,
nuestro voto no puede ser favorable, pero eso no significa cerrar la
puerta a que, en función de lo que se determine y de lo que las
comunidades autónomas pidan, en un futuro próximo se pueda acceder a
tal petición. No es que lo descalifiquemos, porque creo que tiene su
razón de ser y es una preocupación fundada, y todo lo que se pueda
hacer en la prevención de riesgos mayores y en la protección de medio
ambiente es bienvenido, pero cada cosa tiene su metodología y su
momento procesal oportuno. Por eso, en ese caso insisto, votaremos en
contra de la proposición.
- RELATIVAA LA DECLARACIÓN DE INTERÉS GENERAL DE LAS OBRAS DE
PREVENCIÓN DE RIADAS EN LOS RÍOS BESÒS Y LLOBREGAT. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001189)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al octavo y último punto del orden del
día, que se refiere a la declaración de interés general de las obras
de prevención de riadas en los ríos Besòs y Llobregat, presentada por
el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Pérez de
Tudela.
El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: En nombre del Grupo Socialista voy a
hacer la defensa de esta proposición no de ley, relativa a la
declaración de interés general de las obras de prevención de riadas
en los ríos Besòs y Llobregat, no sin expresar mi sorpresa por el
interés que despierta en los representantes de Convergencia i Unió y
del Partido Popular de la zona, que están ausentes en este momento de
la Comisión.
El pasado 24 de septiembre se convalidó en esta Cámara el Real
Decreto 9/1998, de 28 de agosto, trámite en el que se denegó la
petición del Grupo Socialista de su tramitación como proyecto de ley.
Esa negativa de tramitación como proyecto de ley hizo imposible la
complementariedad del Decreto-ley con algunas obras que, como mínimo,
tienen la misma importancia e interés que las previstas en el
Decreto. La limitación que se hizo en la declaración de interés
general en la provincia de Barcelona representa una discriminación
negativa, que entendemos que se debería corregir. La ejecución de las
obras de la variante de la
carretera N-II y de los enlaces del aeropuerto y de las salidas de
Barcelona hacia el sur, la denominada pata sur, ha obligado a la
remodelación del cauce del río Llobregat hasta la desembocadura,
tramo de unos 20 kilómetros. Esta remodelación ha implicado la
eliminación de las presas y azudes existentes, el ensanchamiento del
cauce y, consecuentemente, la modificación de la rasante del río,
amén de la extracción de áridos que se ha hecho en el cauce, que,
debido al tratamiento que se les da, como experiencias anteriores nos
enseñan, ha perjudicado y va a perjudicar gravemente el acuífero del
río Llobregat. Debido a las obras realizadas se tienen que modificar
los sistemas laterales del drenaje del río con el fin de paliar los
posibles efectos negativos derivados de la alteración del perfil
topográfico longitudinal del río, derivados de la ejecución de dichas
infraestructuras. Las zonas más afectadas se encuentran en San Andreu
de la Barca, Castell Bisbal, Cornellá de Llobregat y Sant VicenÁ dels
Horts. Mención aparte merece el canal de desagüe de las aguas
pluviales del sector Zona Franca y Hospitalet y El Prat, ya que este
canal es imprescindible para evitar las inundaciones de la zona, que
incluye la zona baja de la ciudad de Barcelona.
La ejecución de esta obra antes mencionada está vinculada a los
colectores del sistema de depuradora del Prat de Llobregat. Aunque
inicialmente esta obra estaba incluida en el proyecto de desvío del
río Llobregat, la información de que disponemos apunta a la
posibilidad de suprimirlo y dado que no hay solución alternativa con
suficientes garantías para evitar inundaciones en los sectores
citados es imprescindible vincular el desvío del río Llobregat a la
construcción del mencionado colector de evacuación de las aguas
pluviales.
Hecha esta exposición, déjenme que haga referencia a las propuestas
que el Ministerio de Medio Ambiente propone como cuestiones de
interés general y que serían suficientes para que esta proposición
fuera aprobada por todos los grupos, especialmente por el Grupo
Popular que sustenta al Gobierno, ya que esas propuestas emanan del
Ministerio de Medio Ambiente. Entre otras lo son y serán las obras
necesarias para la regulación y conducción al objeto de garantizar la
disponibilidad y aprovechamiento de las aguas en la cuenca; las obras
necesarias para hacer frente a fenómenos catastróficos como
inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales que afecten
al aprovechamiento, protección o integridad de los bienes de dominio
público hidráulico; y las obras necesarias para la prevención de
avenidas y para el encauzamiento y defensa.
Podría seguir añadiendo citas de las propuestas del Ministerio de
Medio Ambiente para la declaración de obras de interés general y
aportando justificaciones de la petición formulada, pero considero
que es suficiente para que SS.SS. se den cuenta de la necesidad de
apoyar esta proposición no de ley en la que se pide al Gobierno la
declaración de interés general de estas obras.
Señor presidente, señoras y señores diputados, termino mi
intervención solicitando el voto favorable para esta proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en torno a esta
iniciativa? (Pausa).
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
su portavoz el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, esta iniciativa se presenta
el 30 de septiembre, seis días después de la convalidación del
Decreto-ley 9/1998. Nosotros tal como está presentada no podemos
apoyarla, por una razón muy sencilla: la presentación quizá tuviese
la base en un momento de disgusto al no haber podido introducir en el
trámite como proyecto de ley algunas obras concretas que en aquel
momento se hubieran podido pedir, pero en realidad lo que se pidió al
Gobierno el 30 de septiembre eran las obras de prevención de riadas
en los ríos Besòs y Llobregat, ¿y por qué no Francolí o Ter? En las
declaraciones de obras puede haber una normativa que sí sea genérica
mediante la cual el Ministerio pueda declarar de interés general
obras de protección contra las inundaciones o prevención de avenidas,
pero, en realidad, cuando hay que declarar verdaderamente el interés
tiene que ser una obra concreta, un proyecto concreto.
Hay que decir que todo el tema final del Llobregat está inmerso en
una red de proyectos todavía en marcha, algunos realizándose y otros
en fase de proyecto y hacen que en este momento no existan obras
concretas sobre estos temas de prevención de riadas que permitan
apoyar la declaración de interés general de las mismas, porque no se
sabe en detalle qué vamos a apoyar. ¿Apoyar la prevención de riadas?
En líneas generales todo el mundo está de acuerdo en que hay que
hacer el máximo para prevenir las riadas, y no sólo las riadas, sino
cualquier tipo de efecto meteorológico que pueda ser catastrófico o
de cualquier otro tipo en prevención de daños materiales o personales
que puede haber. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que dejar
las cosas bien, pero hay que ser riguroso y por tanto hay que seguir
unos caminos dejando las cosas bien marcadas y delimitadas.
Hoy se insta a declarar la prevención de una manera muy amplia en los
dos ríos y no nos parece que esto sea oportuno. Distinto sería que
tuviésemos que ver si en concreto hablamos de unas realizaciones
determinadas. Conociendo las obras entraríamos más en un estudio
profundo de las mismas y veríamos si es precisa la declaración de
interés general. Así en amplitud genérica nosotros no vamos a
apoyarlo y por tanto nuestro voto no puede ser favorable a esta
proposición no de ley que hoy se discute.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra su portavoz el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor presidente, el Grupo Popular va a
oponerse a esta proposición no de ley, y lo hace basándose,
fundamentalmente, en una serie de argumentos que en gran parte han
sido explicados ya por el señor Sedó. El Decreto-ley que en
septiembre de 1998 se convalidó en el Congreso traía un conjunto de
obras que tenían detrás una historia de estudios técnicos, de
propuestas de los organismos competentes, económicos,
presupuestarios, etc. Pretender que esa lista de obra se amplíe sin
fundamentación no conduce a nada. Concedo al señor Pérez de Tudela
que la propuesta de esta obra está dentro
de las que se podrían considerar en el Decreto-ley, pero no pueden
considerarse todas, habrán de considerarse unas determinadas.
Esta obra, por sus características, es competencia de la Generalitat.
Eso no quiere decir que no pudiera declararse de interés general,
pero tendría que haber un procedimiento que se iniciara en la propia
comunidad autónoma y una discusión a fondo del tema.
Los que llevamos en esta Cámara ya algunos años conocemos este tipo
de actuaciones y recuerdo al señor Pérez de Tudela, con todo cariño,
que este tipo de propuestas también se hicieron en otros tiempos por
la oposición y desde el Gobierno se manifestaba que había que
considerar sólo lo que se podía considerar.
Sí es cierto -y yo lo reconozco así- que quizá tal como tenemos
establecida por la propia Ley de Aguas la declaración de interés
general es uno de los elementos más endebles de la Ley y habría que
intentar reformarlo.
Se dice en la página 636 del Libro Blanco del agua que el mecanismo
de declaración de interés general es utilizado con frecuencia con
escaso rigor y falta de criterios homogéneos para atribuir al Estado
la responsabilidad de soportar el coste financiero de obras, que
conforme al ordenamiento vigente serían competencia de las entidades
locales, las comunidades autónomas o las comunidades de regantes. Una
clarificación legislativa en esta materia se estima procedente.
Pues bien, quiero decirle al señor Pérez de Tudela que nosotros
tenemos en marcha un anteproyecto de modificación de algunos aspectos
de la Ley de Aguas que hemos hecho llegar a todos los grupos (declaro
aquí enfáticamente que nos gustaría tener el máximo de colaboración
porque creemos bueno para cualquier reforma de la Ley de Aguas que
haya un amplísimo consenso) y en él consideramos este tema. Entonces
para una declaración de interés general, si vemos por ejemplo esta
obra podría hacerse, pero hay que empezar primero por quien la insta,
porque no es una obra que corresponda directamente al Estado, pueden
ser las comunidades autónomas o las entidades locales. En segundo
lugar y una vez hecho esto, habría que oír en el expediente a esa
comunidad autónoma y a las entidades locales en donde se ubique.
Después de la aprobación y propuesta de consideración como obra
hidráulica de interés general por el Ministerio de Medio Ambiente,
ponderando la adecuación del proyecto a las exigencias
medioambientales. Finalmente, iniciativa de proyectos y estudios
previos, que deberán incluir una propuesta de financiación de la
construcción y las tasas que puedan exigirte según como sea la obra.
Es cierto que debemos progresar en que las declaraciones de interés
general sean cada vez más de interés general, o sea que afecten a lo
necesario en cada territorio, pero con un procedimiento que debo
decir tampoco cumpliría la propuesta del Grupo Socialista.
Nuestra conclusión es que reconociendo que esa actuación, sobre todo
la del Llobregat que es la que más se ha explicado, sí entra dentro
de lo que pudiera considerarse una declaración de interés general, el
procedimiento que hay que seguir no puede ser, no nos parece a
nosotros adecuado simplemente un enunciado voluntarista, sino que
tiene que haber detrás todo un procedimiento administrativo. (El
señor Pérez de Tudela Molina pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, esta Presidencia ha
seguido el criterio durante toda la sesión de conceder los turnos
según marca el Reglamento, estrictamente a los efectos de aceptación
o no de las enmiendas, y no puedo establecer una excepción porque no
sería justo en este caso. No ha habido presentación de enmiendas.
El señor PÉREZ DE TUDELA: Se ha mencionado una cosa que no es cierta.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, lo siento, pero esta
Presidencia estima que no ha lugar a este debate, ya que originaría
su prolongación, por lo que le ruego atienda las indicaciones de esta
Presidencia.
Doy por interrumpida la sesión hasta las trece horas, cuando tal y
como se ha anunciado se procederá a la votación de las proposiciones
no de ley incluidas en este orden del día.
Gracias, señoras y señores diputados.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión con la votación
de los puntos incluidos hoy en el orden del día.
Ruego a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que
comuniquen las sustituciones. (Los señores portavoces comunican a la
Presidencia el nombre de los comisionados sustituidos.)
No están representados ni el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ni
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, de la proposición
no de ley por la que se insta al Gobierno para que incluya en el
catálogo nacional de especies amenazadas a todas las especies de
cetáceos incluidos en la Directiva 92/43/CEE, Hábitat. El autor de
esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unidad.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En segundo lugar, proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que se acoja al artículo 16 de la Directiva 90/220/CEE del
Consejo de liberación internacional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente y prohíba su importación en
España. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Las enmiendas que se han presentado, una del Grupo Parlamentario
Mixto y otra del Grupo Socialista, han sido sustituidas por una
enmienda transaccional cuyo texto paso a leer a SS.SS.: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a que se acoja al artículo 16 de
la Directiva 90/220/CEE, de liberación de organismos modificados
genéticamente, prohíba durante un período mínimo de tres años su
importación, uso, venta y cultivo y obligue a la indicación en el
etiquetado, especialmente en los alimentos con elementos
transgénicos, de la condición de producto
transgénico. Esta enmienda se entiende incorporada y es la que se
somete a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 3 del orden del día: proposición no de ley sobre
medidas para reducir la contaminación producida por el complejo
industrial Ence-Elnosa, ubicado en la ría de Pontevedra. Esta
iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha retirado la enmienda que
presentó a esta proposición. El Grupo Socialista ha presentado otra
que ha sido aceptada en su punto número 1 por el grupo proponente. Se
entiende que lo que se va a someter a votación es la propuesta
presentada por el Grupo Mixto, con la incorporación del punto 1 de la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra doña Carmen Silva.
La señora SILVA REGO: quiero fijar nuestra posición en torno a esta
proposición. Nosotros mantenemos la posición que queda reflejada en
la enmienda porque, aunque es cierto que compartimos muchos de los
planteamientos que hace el Bloque en su proposición no de ley, no es
menos cierto que no podemos aceptar el punto número 1 en el que se
plantea el traslado de Ence, que consideramos absolutamente inviable.
Por tanto, mantenemos nuestra posición no de ley en los términos en
que la hemos planteado.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, es al grupo proponente a quien
le corresponde aceptar o no. Usted tiene que comunicar a la Comisión
si acepta la propuesta del grupo proponente, que es que se incorpore
el punto número 1, o no lo acepta ¿Retira la enmienda?
La señora SILVAREGO: Yo mantengo la posición del Grupo Socialista.
Aunque el Bloque Nacionalista Galego acepta el punto 1 de nuestra
proposición, es el Bloque Nacionalista Galego el que tiene que fijar
la posición. Mantenemos nuestra enmienda en sus términos y no podemos
votar favorablemente los puntos que plantea el Bloque Nacionalista
Galego.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): De la enmienda del Grupo
Socialista aceptamos el punto 1. Eso es lo que se somete a votación.
El Grupo Socialista votará a favor o en contra de la proposición que
nosotros presentamos.
El señor PRESIDENTE: Puesto que no hay acuerdo entre el grupo
proponente y el grupo enmendante, lo único que se va a someter a
votación es la propuesta presentada por el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
cinco; en contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las proposiciones 4, 5 y 6 han sido debatidas en su conjunto porque
hacían referencia al mismo asunto, que era el saneamiento y
mantenimiento en condiciones óptimas del río Miño, aunque van a ser
votadas por separado.
Proposición número 4, en relación con el impacto ambiental que
causará la construcción del salto de Sela en el río Miño. Esta
iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición número 5, sobre medidas para recuperar, sanear y mantener
en condiciones óptimas el río Miño. Esta iniciativa ha sido
presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición número 6, por la que se insta al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para que no se lleve a cabo la construcción del
denominado salto de Sela. Esta iniciativa ha sido presentada por el
Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición número 7, sobre la creación de un plan especial de
emergencia de riesgos químicos, presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición número 8 y última, relativa a la declaración de interés
general de las obras de prevención de riadas en los ríos Besòs y
Llobregat, presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señoras y señores diputados, antes de levantar la sesión les recuerdo
a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios que están convocados a una reunión que da comienzo a
continuación.
Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.