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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 624, de 23/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 624
EDUCACIÓN Y CULTURA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
Sesión núm. 36
celebrada el 23 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
- Debate y votación de la solicitud de creación de una Subcomisión,
dentro de la Comisión de Educación y Cultura, para analizar el coste
de los libros de texto en la enseñanza básica y obligatoria y su
repercusión en las economías familiares. Formulada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) (número de expediente
158/000041) ... (Página 18126)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- Sobre la regulación de la tarjeta única de investigador (TNI)
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número
de expediente 161/000730) ... (Página 18128)
- Sobre regulación mediante Ley de la autonomía de las enseñanzas
artísticas. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de
expediente 161/000293) ... (Página 18131)
- Por la que se insta al Gobierno a aprobar un suplemento de crédito
no inferior a 20 millones de pesetas, destinado a apoyar económicamente
la candidatura de los Juegos del Mediterráneo Almería-2005 y a incluir
una partida específica destinada a dicha candidatura en los
Presupuestos Generales del Estado de los años sucesivos. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 161/001332)
... (Página 18133)
- Por la que se insta al Gobierno a establecer un reglamento orgánico
para los centros de enseñanzas artísticas de régimen especial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(número de expediente 161/000187) ... (Página 18136)
- Sobre protección registral de la propiedad intelectual sobre obras
de diseño. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia
i Unió (número de expediente 161/001183) ... (Página 18136)
- Sobre medidas para la promoción del libro y la lectura. Presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/001242) ...
(Página 18140)
Se abre la sesión a las diez treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, bienvenidos y
buenos días. Vamos a comenzar el trabajo de la sesión de hoy, cuyo
orden del día obra en poder de todos ustedes.
Con carácter previo a la consideración de dicho orden del día, quiere
esta Presidencia, como única y absoluta responsable, pedir disculpas
a nuestro querido compañero don Francisco Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, porque en la
interpretación que se hizo el otro día de las intervenciones, que
tenía por objeto que solamente pudiera hacer uso de la palabra un
portavoz por cada uno de los grupos parlamentarios para evitar la
división entre los que generalmente lo hacen en materia de educación,
deportes o cultura, cometió la grave irregularidad de privar de la
voz a don Francisco Rodríguez, no teniendo en cuenta que en el Grupo
Mixto hay otras fuerzas políticas y que lo correcto y lógico hubiera
sido que intervinieran ambos. Le pido disculpas muy sinceramente
porque no caí en la cuenta. No le puedo dar otra explicación. No lo
tome como desprecio, bajo ningún concepto, sino como un error
cometido exclusivamente por la Presidencia y no por la Mesa y Junta
de Portavoces, ya que al tomar ese acuerdo lo que quisieron era
aligerar el debate, pero no privar a nadie de la posibilidad de
intervenir. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, sólo quiero agradecerle
su aclaración porque pone en su sitio la cuestión. Es siempre de
agradecer que haya un respeto por las normas democráticas y que usted
las respete ejemplarmente.
- DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN,
DENTRO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, PARA ANALIZAR EL COSTE
DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LA ENSEÑANZA BÁSICA OBLIGATORIA Y SU
REPERCUSIÓN EN LAS ECONOMÍAS FAMILIARES. FORMULADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número
de expediente 158/000041).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate del orden del día. El
primer punto, a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergencia i Unió), es la solicitud de creación de una
Subcomisión, dentro de la Comisión de Educación y Cultura, para
analizar el coste de los libros de texto en la enseñanza básica y
obligatoria y su repercusión en las economías familiares.
Saben ustedes que en esta materia de creación de subcomisiones
y ponencias especiales hay una resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1996. La propuesta al
Pleno de creación de esta Subcomisión tiene que ser adoptada por la
Comisión. Para su debate hará uso de la palabra, en primer lugar, el
grupo proponente; a continuación, si lo estiman conveniente, el resto
de los grupos de menor a mayor y la votación se producirá, junto con
el resto de las votaciones de las proposiciones no de ley, alrededor
de la una y media del día de hoy en que creo que habremos acabado
nuestro trabajo. Una vez que esta Comisión se haya pronunciado, de
ser favorable a la constitución de dicha Subcomisión, se trasladaría
al Pleno y en él se sometería a votación sin debate alguno, se
pronunciaría sólo sobre si lo acepta o no.
Si ustedes lo creen conveniente se podría dar lectura a la resolución
de la Presidencia, para que vean en qué términos se suelen tramitar
estas iniciativas o, por el contrario, se les haría llegar a cada uno
el correspondiente texto. ¿Creen conveniente que se dé lectura a la
resolución de la Presidencia o están todos ustedes lo suficientemente
informados sobre el alcance de la iniciativa y de su tramitación?
(Pausa.) Se dan ustedes por informados al respecto. (El señor Bayona
Aznar pide la palabra.) Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Estábamos distraídos, por tanto es culpa
nuestra, pero no sé exactamente si ha dado la palabra a la portavoz
de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Le iba a dar la palabra a doña Carme Laura Gil i
Miró, como proponente de la creación de esta subcomisión, y a
continuación hará uso de la palabralos grupos que así lo entiendan.
Doña Carme Laura Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Nosotros no vamos a presentar ninguna opción de
debate. Responde a un compromiso de mi grupo con los proponentes del
proyecto de ley sobre la gratuidad de los libros de texto y sólo pido
al resto de los grupos políticos aquí presentes que apoyen esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere manifestarse al respecto?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Francisco
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy a ser breve, señor presidente. Damos
nuestro apoyo a la formación de esta Subcomisión sobre un tema que
resulta crucial en la aplicación de una enseñanza obligatoria y
gratuita. Será, como dijo doña Carme Gil, una respuesta a la
iniciativa legislativa popular que abogaba por la gratuidad de los
libros de texto en la etapa obligatoria.
El Bloque Nacionalista Galego quiere decir, en primer lugar, que esta
subcomisión ha de resultar positiva precisamente para aclarar un
problema tan importante como es el comercial en los libros de texto y
su precio fijo. En segundo lugar, podemos asegurar que va a aclarar
también el papel de los pequeños comercios llamados librerías, de las
pequeñas y grandes editoriales y va a racionalizar el problema del
libro de texto, que ha de repercutir en un menor gasto social.
Asimismo, nos va a obligar a enfrentarnos con un problema
interesante, como es el debate entre el uso colectivo de determinado
material escolar y el individualismo a ultranza.
Estamos seguros de que los trabajos de la subcomisión van a resultar
efectivos en estas cuestiones y que, a corto o medio plazo, han de
desembocar en la gratuidad tan deseada por muchos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco
se comprometió, como los distintos grupos parlamentarios, a que esta
subcomisión se creara en tiempo y forma. Queremos subrayar que en
esta Comisión y en la consiguiente subcomisión que pudiera crearse,
estamos ante una cuestión de credibilidad de las instituciones, una
iniciativa popular que insistía en la necesidad de analizar la
gratuidad de los libros de texto escolares y de poner en manos del
Pleno de la Cámara un dictamen que matice el grueso de la petición de
la iniciativa popular.
El Grupo Parlamentario Vasco quisiera comprometerse con esta
perspectiva porque estima que el tiempo en esta cuestión es
determinante. Si creemos hoy una subcomisión y la dejamos morir al
final de esta legislatura, daremos pie a perder credibilidad
institucional. Quiero comprometer aquí la palabra del Grupo
Parlamentario Vasco ante los suscriptores de la iniciativa popular
respecto a que pondremos todo nuestro empeño para que este dictamen
sea lo más
matizado y coherente posible para que pueda ser presentado en tiempo
y forma al Pleno, de tal manera que sus objetivos no sólo se vean
recogidos, sino que se sustancien de forma importante y se cumplan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Quiero agradecer profundamente que por
fin hayamos estado a la altura de las circunstancias y que se haya
traído a la Cámara una iniciativa de estas características, aunque
siento que vayamos siempre por detrás de la realidad. Hubo un tiempo
político en torno a la ILP en que se planteó la gratuidad de los
libros de texto. En aquel momento hubo una foto fija de cuáles eran
las posiciones políticas y educativas de la mayoría. Estamos en
tiempo político de reconducirla y de considerar que los libros de
texto no deben ser nunca un negocio para la educación pública. Desde
este punto de vista, mi grupo político se compromete en trabajar y
conseguir que los trabajos de esta Comisión sean vinculantes y
resolutivos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Bayona.
El señor BAYONAAZNAR: La posición del Grupo Socialista quedó
suficientemente clara en el Pleno y, por lo tanto, no se trata de
reproducir el debate en Comisión. Ya dijimos que veíamos en la
propuesta de crear una subcomisión ciertos riesgos por lo avanzado de
la legislatura, por el poco tiempo de que disponemos, y porque podía
ser una forma de vestir el rechazo que hubo en aquel momento a la
iniciativa legislativa popular. Ya dijimos entonces que el Grupo
Socialista iba a colaborar, en el bienentendido de que se trata de
encontrar las mejores fórmulas para conseguir el objetivo que
demandaba aquella iniciativa legislativa popular. Anticipo que en
ningún caso nuestro grupo dará su apoyo a un dictamen que pretenda
negar la cuestión fundamental; el acceso gratuito a los libros de
texto. Estamos abiertos a la búsqueda de las mejores fórmulas y con
ese ánimo vamos a aunar nuestro esfuerzo al de los demás grupos, de
tal manera que el Congreso de los Diputados, a través de esta
subcomisión, sepa hacer lo que, a nuestro modo de ver, no logró en el
Pleno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Nuestra postura, como ya se expresó en el
Pleno, es la de apoyar la creación de esta subcomisión, que tiene que
estudiar la gratuidad y cómo, cuándo y a quién puede afectar.
No voy a entrar en los argumentos de fondo. Hay normas fiscales que
han dado la gratuidad a parte de las familias españolas, pero hay
otra parte que todavía no la tienen. Por otro lado, esta Comisión
tiene que estudiar la legislación de los diferentes países de la
Unión Europea, así como el tema de las editoriales de libros de texto
-y solicitaremos algunas comparecencias- para completar la docu
mentación
e información al respecto para lograr que esta Comisión esté
suficientemente informada.
Respecto del tiempo, espero que en lo que queda de legislatura se
llegue a un acuerdo, aunque me habría gustado que años atrás se
hubiera creado esta subcomisión para estudiar este tema que a todos
nos interesa.
El señor PRESIDENTE: En el supuesto de no decidirse por la propia
Comisión de Educación y Cultura cuál es su composición y plazo, se
entenderá que se regirá por las normas aplicables a las ponencias. En
ese sentido, la propuesta de la Mesa y Junta de Portavoces es la
siguiente. Primero, se solicita un plazo máximo de nueve meses.
Segundo, la composición estará integrada por tres representantes de
cada uno de los grupos parlamentarios con más de cien diputados en la
Cámara, dos representantes de cada uno de los grupos con más de diez
diputados y un representante de cada uno de los grupos restantes.
¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Los acuerdos se adoptarán en su
seno mediante el sistema de voto ponderado; porque en el acuerdo que
hay que trasladar al Pleno hay que indicar composición, forma de
adopción de las resoluciones y tiempo de duración de los trabajos,
que hemos quedado que será de nueve meses. En el resto de extremos,
como finalidades se recogen las que vienen en la propia proposición.
En cuanto a convocatorias y ejercicio de actividades dentro de la
misma, se está a lo que resume en la resolución de la Presidencia
antes citada. ¿Estamos de acuerdo en ello? (Asentimiento.) Así será
objeto de votación posteriormente. (El señor Guerra Zunzunegui pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, el señor Bayona
solicitó el otro día que se debatiera en primer lugar la proposición
no de ley que él iba a defender y habíamos dado la conformidad, pero
yo solicitaría a petición de los diputados y diputadas que van a
defender este tema, que se siguiera el orden del día tal y como está.
Como me comprometí el otro día con el señor Bayona, le rogaría esta
aclaración, señor presidente. Señor presidente, también quiero
manifestar que el Grupo Popular ha retirado la proposición no de ley
número 3.
El señor PRESIDENTE: En su momento se dará cuenta de tal extremo.
¿Por cuál quieren empezar ustedes? ¿Se ponen de acuerdo?
El señor BAYONAAZNAR: Señor presidente, por mi parte no hay
inconveniente en que se comience por la proposición no de ley número
2, pero pediría que la número 5 figurara inmediatamente después dado
que tenemos que intervenir en la Comisión mixta de I+D y tanto la
número 2 como la número 5 están afectadas por la ubicuidad en dos
Comisiones simultáneas. Por tanto, yo rogaría, si es posible, que se
mantuviera como primera o segunda la proposición no de ley número 5.
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo ustedes en alterar el orden
del día de modo tal que, en sustitución de la número 3, que se va a
caer del cartel -valga la expresión coloquial-, entre la número 5?
(Rumores.)
Perdonen un minuto, no hagamos de esto «casus belli». Teniendo en
cuenta que la proposición no de ley número 3 cae, la podríamos
sustituir por la número 5 y así damos satisfacción a todos. No creo
que sea fuente de litigio.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA TARJETA ÚNICA DE INVESTIGADOR (TNI).
PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
161/000730).
El señor PRESIDENTE: Empezamos con la proposición no de ley sobre
regulación de la tarjeta única de investigador, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Quién va a hacer uso de la
palabra para su defensa? (Pausa.)
Bienvenida a la Comisión, doña Blanca Fernández de Capel. Tiene la
palabra S. S., de la que puede hacer uso con la mayor roñosería
posible.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Muchas gracias, señor presidente,
yo también me siento muy honrada de estar en esta Comisión, en la que
he tenido el honor de participar durante muchos años.
El motivo de la presente proposición no de ley del Grupo Popular es
que en el mundo de la informática funcionan unas tarjetas que
facilitan en cierta medida la identificación y el acceso a los
archivos, evitando una serie de trabas administrativas que los
investigadores, que ya encuentran muchas en su arduo y abnegado
trabajo, se ven llamados a solucionar en algún momento. Este tipo de
tarjetas que, como digo, funcionan en el mundo de la informática en
otras identificaciones como asociaciones colegiales nacionales,
sociedades científicas o administrativas, facilitarían el acceso
libre a los archivos, que es un derecho de todos los ciudadanos que
está garantizado por la Constitución española, la Ley del Patrimonio
Histórico Español y la Ley del Régimen de las Administraciones
Públicas, e incluso por el derecho común administrativo. Para que
este derecho pueda ser ejercido en todos los archivos de titularidad
estatal se requeriría estar en posesión de esta tarjeta nacional de
investigador o, en su defecto, de una serie de autorizaciones
temporales expedidas por los correspondientes archivos a los que en
ese momento se demande colaboración.
Los archivos que expiden la actual tarjeta nacional de investigador
son archivos generales, regionales y provinciales de titularidad
estatal, una titularidad común que no evita la disparidad que a veces
los investigadores observan en su trabajo en otros archivos en
relación con el tema al que nos estamos refiriendo. La transferencia
de la gestión de los archivos regionales -por ejemplo, el queridísimo
Archivo de la Real Chancillería de Granada y los archivos históricos
provinciales, exceptuando en este último caso los archivos del País
Vasco- ha propiciado esta disparidad, lo que genera algunas veces
algún problema. No existe,
como decía, un modelo único y actualizado de tarjeta nacional de
investigador. En algunas comunidades autónomas se cobran tasas por la
expedición de estar tarjeta, mientras que el Ministerio de Educación
y Cultura no cobra por ello. Estar en posesión de la tarjeta nacional
de investigador actual expedida por un determinado archivo no evita
que cuando un usuario acude a una consulta a otro tenga que darse de
alta en el sistema informático de este último, habida cuenta de que a
veces las redes no están conectadas. Por otra parte, el mundo de la
reproducción ha cambiado y la Orden ministerial de marzo de 1959, en
la que se hablaba de fotocopias y de reproducciones, ha perdido su
vigencia tras la promulgación de la Constitución española y la
facilidad reproductiva que encontramos en estos momentos.
El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley a
la que existen dos enmiendas que mejoran considerablemente algunos
aspectos. Pedimos para ella el voto favorable y estamos dispuestos a
admitir la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) que viene a resumir, en cierta medida, lo que propone el Grupo
Socialista en su enmienda, si bien algunos de los términos de esta
última no encajarían en la actividad nacional sino que serían
competencia de las comunidades autónomas. Nuestra proposición
quedaría mucho más completa si incorporáramos, en mor de la
colaboración con las comunidades autónomas y respetando sus
competencias y los convenios suscritos al respecto, la enmienda
presentada por Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se han presentado dos enmiendas:
una, de Convergència i Unió y, otra, del Grupo Socialista.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña
Carme Laura Gil i Miró para defender su enmienda.
La señor GILY MIRÓ: La llamada tarjeta nacional de investigador, como
se sabe, se solicita en los archivos donde el usuario se dirige por
primera vez para hacer una investigación. Con esta gestión se conocen
los fondos documentales más consultados, e incluso los perfiles
sociológicos de los investigadores, las necesidades de descripción
documental más importantes de los archivos respecto a las peticiones
y también se puede hacer un censo de temas de investigación. En
definitiva, esta tarjeta se puede configurar como un elemento
importante para la programación y la planificación de las tareas de
descripción y de gestión de archivos.
La Generalitat de Cataluña, al igual que otras comunidades autónomas,
tal como prevé nuestro estatuto, tiene competencias exclusivas en
materia de archivos, por eso el Estado, en el año 1982, hizo la
transferencia pertinente a la Generalitat para la gestión de los
archivos de titularidad estatal ubicados en Cataluña, con la
excepción insólita del Archivo de la Corona de Aragón. En este
convenio de traspaso ya queda explícitamente claro, en su artículo
10, que la Generalitat garantizaría el cumplimiento de las normas
estatales que regularan el régimen de acceso público y de
investigación de los documentos de los archivos estatales objeto de
traspaso. Seis meses después, ese mismo año
1982, se firmó un convenio por parte del Ministerio de Cultura y el
departamento de cultura de la Generalitat de Cataluña para la
utilización de las tarjetas de investigador expedidas por los
archivos del Estado y los archivos dependientes de la Generalitat de
Cataluña, estableciéndose que las tarjetas de investigador expedidas
por archivos dependientes de la Administración estatal y de la
autónoma tendrían la misma validez y conferirán los mismos derechos.
Con ello se trataba de potenciar el trabajo de estudiosos y de
ampliar el campo de posibilidades de investigación, con la voluntad
de servir mejor al principio constitucional de facilitar la
intercomunicación cultural. Quiero recalcar que desde el año 1982, en
Cataluña, se han expedido gratuitamente ambas tarjetas sin ningún
problema hasta la actualidad, pero recientemente, hace menos de un
año, se ha detectado una actuación insólita y es que a los
investigadores que acuden a un archivo de gestión estatal,
específicamente el Archivo de la Corona de Aragón, se les comunica
que, pese a tener la tarjeta expedida por la Generalitat de Cataluña,
se deben hacer una nueva tarjeta de investigador, alegando que el
programa informático, que ha desarrollado hace muy poco el Ministerio
de Cultura para el control de la investigación, no prevé otra
posibilidad. Por la vía de los hechos, el Centro de archivos
dependientes del Ministerio de Educación y Cultura invalida la
tarjeta de investigador expedida por la Generalitat.
Nosotros creemos que es aceptable, quizá conveniente, que el
Ministerio de Educación y Cultura y nuestro departament de Cultura
perfeccionen el sistema de expedición de tarjetas de investigador y
que se facilite la tarea de los estudiosos, pero también queremos que
se respete la legislación vigente en cuanto al uso de las lenguas
oficiales cuando un ciudadano se dirige a la Administración, porque,
cuando se pide en el Archivo de la Corona de Aragón la tarjeta del
Ministerio de Educación en las dos lenguas, como hace la Generalitat
de Cataluña, se dice que el programa informático lo impide. No
creemos que se puedan invocar problemas informáticos para hacer una
excepción en la aplicación del convenio de reciprocidad, que ha
funcionado magníficamente, sobre todo cuando ahora se están
desarrollando programas de intercomunicación entre las
administraciones públicas, como el proyecto Indalo del Ministerio de
Administraciones Públicas, que desde luego superan estas situaciones
técnicas.
Como muy bien ha explicado la portavoz del Grupo Popular, nuestra
enmienda quiere restablecer aquello que dice el convenio, quiere que
se mejore el sistema de las tarjetas de investigación y de
investigador, pero que se respeten las competencias propias de las
comunidades autónomas y el plurilingüismo del Estado.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista también ha
presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para su
defensa, tiene la palabra doña Montserrat Palma i Muñoz.
La señora PALMA I MUÑOZ: La enmienda que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista está elaborada con la intención de ir un
poco más allá del espíritu de la proposición no de ley que presenta
el Grupo Popular. A partir de su lectura podríamos entender que con
la tarjeta nacional
de investigador sólo y exclusivamente es posible acceder a los
archivos de titularidad estatal, lo cual representaría un paso atrás
respecto de la situación actual en la que, como se ha dicho antes,
existe a través de los convenios un reconocimiento de reciprocidad
para acceder a archivos de titularidad estatal y autonómica, lo cual
es muy positivo y ventajoso para todos los ciudadanos, especialmente
para los investigadores. Además, esta tarjeta nacional de
investigador, que en estos momentos está avalada por el Estado y por
las comunidades autónomas, permite también el acceso a los archivos
dependientes de la Administración local, que ha sido reconocido de
hecho, aunque no oficialmente, con lo cual se produce nuevamente una
situación de beneficios para los ciudadanos.
Nos parecen correctas las propuestas que se han hecho en cuanto a
modificar la regulación de la tarjeta nacional de investigador, pero
debemos tener en cuenta que no gozamos de una situación de tanta
disfunción como se podría desprender de la lectura de la proposición
no de ley que presenta el Partido Popular. Lo ha expuesto de una
forma bastante clara la portavoz de Convèrgencia i Unió: algunas
cosas seguramente son revisables, pero no se trata de grandes
disfunciones.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista constata,
en un primer punto, que esta modificación debe realizarse si es
necesaria puesto que del análisis de la situación parece que las
cosas no están tan mal ni son tan complicadas. En segundo lugar, las
modificaciones que sea necesario introducir, naturalmente de acuerdo
con las comunidades autónomas, deberían perseguir el objetivo
contenido en la proposición no de ley, cual es el de eliminar
obstáculos. Pero estos obstáculos se eliminarán en el momento en que
la tarjeta nacional de investigador permita a los investigadores el
acceso libre y en las mismas condiciones, se trate del archivo de que
se trate. Proponemos una orientación determinada de cómo debería ser
esta revisión y modificación, repito que siempre de acuerdo con las
comunidades autónomas, intentando que los criterios demandados para
obtenerla, tanto si los centros que la expiden son de titularidad
estatal como autonómica, sean mínimamente homologados. Respecto a la
informática, aunque seguramente ha habido muchas mejoras en los
últimos tiempos, es especialmente importante porque facilita el
acceso de los investigadores a los archivos y la conexión en red
entre los mismos es fundamental para que esto pueda funcionar.
En el último punto de nuestra enmienda proponemos que, además de
facilitar el acceso a los archivos dentro del territorio del Estado,
se promuevan acuerdos a nivel de la Unión Europea y de otros países
para que el acceso de los investigadores no sólo sea fácil dentro del
territorio nacional, sino que nuestros investigadores puedan acceder
también en las mismas condiciones a archivos de países de la Unión
Europea y a la inversa, es decir, que esta reciprocidad que en el
acceso a los archivos funciona a nivel estatal pueda ser extendida a
nivel europeo y a otros países.
El señor PRESIDENTE: Si quiere intervenir al respecto, doña María
Jesús Aramburu, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra para ello.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Con muchísima brevedad.
Quisiera decir que, como no podía ser de otra manera, estamos
absolutamente de acuerdo con el resultado obtenido después de las
aportaciones hechas por los diferentes grupos. Efectivamente, estamos
todos a favor de facilitar el acceso a los investigadores con los
requisitos supuestamente planteados que estén en el marco de los
convenios tanto autonómicos como europeos para que se
internacionalice ese posible acceso hoy restringido. Al estar
absolutamente de acuerdo con el fondo de la cuestión y con las
aportaciones hechas tanto por Convergència i Unió como por el Grupo
Socialista, mi grupo político apoyará sin ninguna aportación más la
propuesta del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿En cuanto a la aceptación de ambas enmiendas,
hay alguna posibilidad de que el grupo proponente de aquí a la hora
de la votación, debidamente exhortado a la concordia, presente un
texto común?
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: En cuanto a la enmienda del Grupo
Socialista, nos parece que la mejora de los sistemas informáticos va
implícita en la elaboración de una tarjeta única, pues no tendría
sentido si no hubiera unos medios informáticos capaces de
identificarla.
Con respecto a realizar los impulsos necesarios dentro del ámbito de
la Unión Europea, nos parece una declaración de intenciones muy
loable, pero quien ha investigado en los países de la Unión Europea
conoce la enorme disparidad existente en la titularidad de los
archivos internacionales de los países de la Unión Europea y la
facilidad con la que en Europa se accede a alguno de ellos -me quiero
acordar, por ejemplo, del Museo Británico-, o con la que fuera de la
Unión Europea cualquier investigador puede acceder a los fondos del
Congreso de los Estados Unidos. Es una pluralidad tan enorme que
tendríamos que tomar aquí una serie de acuerdos internacionales que
escaparían al control de esta Comisión y de esta modesta proposición
no de ley que aunque es de gran importancia, no tienen encaje en la
misma hoy en día. Me refiero a los archivos del Palatinado, a los
archivos arzobispales del Vaticano, a los de la Casa de los Habsburgo
y de las diferentes casa reales europeas archivos históricos y museos
que nos llevarían a adoptar una infinidad de tratados para la
regulación de una modesta tarjeta de identificación nacional.
Quiero decir que a veces se está confundiendo el término autonómico.
Lo autonómico también es Estado. No variamos titularidad estatal por
pública, pues la autonomía también es Estado, y queda claro y bien
representado por la enmienda de Convergència i Unió. El resto de la
enmienda que presenta el Grupo Socialista excede a las atribuciones
que en este momento tiene esta Comisión para hablar de todos esos
grandes impulsos, que serían un despliegue diplomático y
administrativo sinfín.
El señor PRESIDENTE: Entiende la Presidencia que será objeto de
votación la proposición no de ley en la medida en que queda
modificada por la asunción de la enmienda de Convergència i Unió.
El debate del punto tercero del orden del día, por escrito del Grupo
Parlamentario Popular se solicita que se aplace. No se retira, queda
dentro de los temas pendientes, pero no es objeto de tratamiento en
el día de hoy.
- SOBRE REGULACIÓN MEDIANTE LEY DE LA AUTONOMÍA DE LAS ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS, PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número
de expediente 161/000293.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tal y como habíamos convenido,
pasamos a la tramitación de la proposición no de ley que figura en el
número 5: Regulación mediante ley de la autonomía de las enseñanzas
artísticas, del Grupo Socialista del Congreso.
Par su defensa, tiene la palabra don Bernardo Bayona.
El señor BAYONAAZNAR: Sean mis primeras palabras de agradecimiento
por haber aceptado la modificación del orden del día, adelantando de
esta manera, aunque sea sólo una o dos horas, el debate de un texto
que fue presentado hace más de dos años. La responsabilidad no es
imputable a nadie y así lo hago constar.
Mientras tanto, han cambiado algunas cosas, entre ellas, el titular
del departamento ministerial. Parece que ha cambiado también su
voluntad, puesto que ha anunciado ya la intención de desbloquear este
problema del grado superior de las enseñanzas artísticas. El señor
Rajoy, en comparecencia de la semana pasada, anunció un proyecto de
ley para dar, decía él, carácter de estudios al grado superior de las
enseñanzas artísticas.
La proposición no de ley solicita una ley para regular el estatuto de
este tipo de centros superiores de enseñanzas artísticas, dotándoles
de una autonomía y de una organización administrativa coherente con
ese carácter superior. Así se terminaría con la anacrónica situación
de que dependan de las direcciones provinciales de educación, de que
sean tratados como centros de enseñanza secundaria unos centros que,
de acuerdo con la legislación, son a todos los efectos centros
superiores. Aellos, de acuerdo con la Logse, no se puede acceder sin
el requisito previo de la titulación de bachillerato. De ellos se
sale con un título que en unos casos es licenciatura o equivalente a
licenciatura, se dice. En ellos puede haber profesores extranjeros,
que son contratados con la denominación de profesor emérito,
obviamente una figura sacada de la ley de Reforma Universitaria,
y también, según la Logse, se pueden organizar estudios de tercer ciclo
de doctorado. Sin embargo, son centros superiores que no tienen una
organización administrativa coherente con esta situación. En la
Logse, en su preámbulo, se dice que hay que organizar, con
flexibilidad y especificidad, necesarias para atender a estas
peculiaridades, este tipo de enseñanzas universitarias, alcanzando
titulaciones equivalentes a las universitarias en el caso de la
música y artes escénicas, es decir, en el caso de las que no son ya
facultades universitarias.
Históricamente, desde la Ley Moyano -y no voy a repetir en la
Comisión la exposición de motivos-, algunas de estas enseñanzas han
ido adquiriendo el carácter universitaria, desde la arquitectura a
las bellas artes, y se han ido
quedando descolgadas de ese proceso histórico fundamentalmente las
enseñanzas musicales, los conservatorios superiores y las enseñanzas
escénicas, que comprenden danza y arte dramático. En los artículos 39
a 49 de la Logse se insiste reiteradamente en que, para dar clases,
hará falta estar en posesión del título de licenciado; que para el
acceso hará falta estar en posesión del título de bachiller; que el
título que se obtenga al final de estos estudios será equivalente,
a todos los efectos, al título de licenciado universitario y que se
podrán organizar estudios de tercer ciclo destinados a los titulados
superiores a los que se refiere el apartado anterior.
Por tanto, lo que pedimos es el desarrollo de la Logse, mediante una
ley que conceda el rango superior específico, autónomo, que debe
tener este tipo de enseñanzas artísticas y que se haga ya, pues ya he
dicho que esta proposición no de ley está presentada hace más de dos
años. Finalmente, parece que el Ministerio quiere desbloquearlo, pero
un proyecto de ley necesita -y todos lo sabemos en esta Cámara- un
período mínimo de tramitación. Si queremos que esto sea realidad en
esta legislatura, y en el supuesto de que la legislatura se agote,
ese proyecto de ley deberá estar aquí en este período de sesiones.
Sobre mi propio texto de la proposición de ley, estaría diciendo que
hace falta poner un plazo.
Como creo que conviene en este trámite, para no utilizar más tiempo,
decir algo sobre las enmiendas que se me han presentado, voy a
hacerlo. La enmienda de Convergència i Unió es un texto sobre el que
debemos trabajar. Es preferible, desde mi punto de vista, al texto
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, por dos razones.
Primero, porque en el texto del Grupo de Convergència i Unió aparece
un plazo, que yo solicitaría que se pudiera bajar a cuatro meses. De
esa manera, el proyecto de ley podría entrar en las Cortes de aquí al
verano y tendríamos la garantía de que en el último período de
sesiones del año se podría tramitar. Si damos seis meses para la
elaboración, el comienzo de la tramitación nos coincidiría con los
presupuestos y difícilmente en esta legislación podríamos ver
aprobado el proyecto de ley, se terminaría esta legislatura sin haber
conseguido el objetivo de la proposición no de ley. La semana pasada
hubo una demanda y una importante movilización de profesores y
estudiantes de algunos de estos centros superiores artísticos. Yo
estaría en disposición de aceptar, sobre la base de la enmienda de
Convergència i Unió, la aprobación de ese texto con una rebaja del
plazo de cuatro meses. La segunda razón es que prefiero trabajar
sobre ese texto porque en él, a diferencia de la enmienda del Grupo
Popular, se avanza en lo que debe regular la ley. En la enmienda del
Grupo Popular sólo se dice que se haga una ley, pero esto también lo
decía la Logse en cierto modo, y no se ha hecho. Sí solicito que, en
el texto que se apruebe, se diga que esa ley es para regular el
carácter específico y de grado superior, equivalente a estudios
universitarios, que tienen esas enseñanzas. El texto de Convergència
i Unió avanza en la línea de mi proposición no de ley, en ese
carácter específico de grado superior que debe tener este tipo de
titulaciones.
Por estas dos razones, con el texto de Convergència i Unió, bajando
un poco el plazo y quizás matizando el carácter específico de grado
superior de estos estudios, podríamos llegar a un acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Doña Carme Laura Gil i Miró tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Como recordará el portavoz del Grupo
Socialista, el señor Bayona, la Logse no fue aprobada ni ayer ni
anteayer, sino el año 1990. Precisamente desde esta fecha no se ha
regulado el grado superior de las enseñanzas artísticas, porque la
Logse las dejó en una especial ambigüedad. La misma Logse incluyó la
enseñanza superior como si esta enseñanza superior no fuera
universitaria, porque de otro modo no hubiera tenido cabida en esta
Ley. Por ello, el carácter específico que se debe regular -y hace
nueve años que se debería haber hecho- necesita un tratamiento muy
flexible; las enseñanzas artísticas son las de diseño, las de danza,
las de música, y necesitan una flexibilidad y una gran autonomía para
autoorganizarse.
Esto no indica necesariamente que se deba encuadrar en el sistema,
que es muy rígido, de la enseñanza universitaria. Una enseñanza puede
ser universitaria y puede no serlo mientras tenga autonomía y sea
flexible.
Nosotros hemos presentado esta enmienda, primero, porque el ministro
Rajoy habló de que estaba trabajando ya sobre un proyecto de ley;
después, porque hay un gran interés en los departamentos de enseñanza
de las comunidades autónomas por este tema. Por eso, nuestra enmienda
dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, de
acuerdo con las comunidades autónomas -que significa, como todo el
mundo entiende, en el seno de la conferencia de consejeros- y en el
plazo máximo de seis meses, un proyecto de ley que regule el carácter
específico del grado superior de las enseñanzas artísticas. No se
dice si debe ser universitario o si debe tener una autonomía muy
superior a la que tiene ahora el sistema universitario. Se dice
simplemente que se regule su carácter específico.
Yo pediría que el Grupo Socialista lo aceptara, porque la intención
es ésta y porque ya lo estudiaremos cuando este proyecto de ley entre
en esta Comisión del Congreso, y también el resto de grupos
políticos.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular también ha
presentado una enmienda.
Don José Ramón Calpe tiene la palabra para su defensa.
El señor CALPE SAERA: La proposición del Grupo Socialista contiene
una petición al Gobierno, que a nuestro entender es necesario que se
atienda: regular mediante ley las enseñanzas artísticas. Sin embargo,
creemos que la fundamentación que ha expuesto su portavoz no incide
precisamente en aquello que es más necesario en la regulación de
estas enseñanzas. No es necesario reconocerles ahora nada especial
para que se les considere de rango universitario, puesto que la
propia Logse ya lo hace en aquellos casos en que se tiene la
titulación adecuada.
El portavoz del Grupo Socialista, que ha empezado quejándose de la
demora con que se ha tramitado esta proposición, demora que quizá sea
imputable a los portavoces de su grupo, por no haberle dado prioridad
-ya que la tienen presentada hace tanto tiempo, habrían podido
traerla a
esta Comisión con mayor antelación-, ha incidido en la necesidad de
desarrollar por ley las enseñanzas artísticas, pero especialmente por
lo que dice en la segunda parte de su proposición, que habla de la
creación de una organización administrativa congruente con su
condición de estudios superiores y con la finalidad de ese rango
inherente.
Yo, que he pasado muchas horas en la aulas de un conservatorio y que
tengo un título de profesor de una especialidad musical, recuerdo
cómo, en aquella época en que estaba en las aulas del Conservatorio,
muchos compañeros lamentaban que los estudios no fueran
universitarios; se comentaba que nosotros dedicábamos mucho más
tiempo a los estudios musicales que la mayoría de los estudiantes
universitarios a cursar los estudios de sus respectivas
licenciaturas. Había un cierto complejo de inferioridad. Pero a mí mi
parece que no es ése el problema de las enseñanzas artísticas. Como
ha señalado la portavoz de Convergència i Unió, estamos ante un grupo
de enseñanzas muy dispares entre sí; por una parte, la música y la
danza; por otra, las de arte dramático y, por otra, las enseñanzas de
artes plásticas y de diseño. En todas ellas, para llegar al grado
superior, que se regula en el título II de la Logse y fuera de las de
régimen general, porque tienen unos requisitos distintos a las otras
titulaciones que permiten llegar a la universidad, se exige el título
de bachiller, aunque en algún caso, para las enseñanzas de arte
dramático, se dispensa de este título. En unos casos, el título de
grado superior que se obtiene se declara por la ley equivalente al de
licenciado universitario y en otros casos se declara equivalente al
de diplomado universitario.
Si es por eso, parece que el contenido actual de la ley es
suficiente; que se pueda estudiar o no en la universidad es un
problema secundario, pero sin perder de vista que el acceso a las
enseñanzas universitarias se logra mediante la obtención del título
de bachiller. En cambio, difícilmente se puede acceder con un título
de bachiller a una enseñanza universitaria, por ejemplo, música o
danza, sin tener previamente unos estudios musicales de danza, que se
empiezan en la infancia, pues, cuando se llega a la edad
universitaria, difícilmente puede uno iniciarlos con garantías de
obtener un nivel suficiente para merecer un título superior en estas
disciplinas. Son enseñanzas diversas, con problemáticas muy
especiales, y efectivamente es necesario que haya una ley que las
regule. Nosotros diríamos más, es necesario -ya lo anunció la
anterior titular del ministerio- incidir en algunos aspectos que
prevé la Logse. Y estoy un poco sorprendido de ser yo, el portavoz
del Grupo Popular, quien defiende la Logse más que quienes la
aprobaron. Es necesario incidir en lo que dice el artículo 41 de la
Logse y desarrollarlo: Las administraciones educativas facilitarán al
alumnado la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas de
música o danza y las de régimen general. Eso es importante porque
cualquier niño o niña que empieza sus estudios musicales o de danza a
los ocho o nueve años, cuando llega a los trece, catorce o quince,
que está cursando la ESO, ha adquirido ya un nivel de estas
enseñanzas que requiere una dedicación de tiempo tal que difícilmente
puede tener un rendimiento adecuado tanto en las enseñanzas generales
como en las artísticas. La Logse tenía ahí una previsión y la ley que
proponemos que se nos remita como proyecto por el Gobierno sí tiene
que jugar un
papel importante. Creemos que esto es mucho más importante que
incardinarlas o no en la universidad, pues su rango superior está
suficientemente garantizado.
Yo creo que hay un punto de acuerdo en los tres grupos que hemos
intervenido, el proponente y los dos enmendantes, que es la necesidad
de un proyecto de ley para regular estas enseñanzas. Ahí acabaríamos,
aunque es cierto que la enmienda de Convergència i Unió y la nuestra
recogen la necesidad de escuchar a las comunidades autónomas. La
conferencia sectorial de educación del pasado 22 de diciembre ya creó
una comisión para estudiar estas enseñanzas, algunas de las cuales,
en algunas comunidades autónomas, como la mía, tienen una gran
tradición, por lo que es muy importante escuchar a las comunidades
autónomas. En ese sentido, rogaría que fuese atendida esta petición
que se contiene en las dos enmiendas. A partir de ahí, decidir si el
proyecto de ley ha de traer o no una organización administrativa
especial referente al carácter superior de estas enseñanzas me parece
innecesario pues, cuando llegue el proyecto de ley, ocasión habrá de
discutirlo con tranquilidad, de enmendarlo o de corregirlo, si ello
fuere oportuno.
Pediría generosidad al Grupo Socialista para poder llegar a una
enmienda transaccional en la que quedasen claros los dos requisitos
que consideramos que deben tener esta instancia al Gobierno y que se
contienen en nuestra enmienda. Por una parte, la necesidad de que se
remita un proyecto de ley y, por otra parte, que se escuche a las
comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
quiere pronunciarse al respecto doña María Jesús Aramburu?
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Con posterioridad, veremos una iniciativa
de mi grupo parlamentario. Aunque la redacción pueda albergar matices
profundos, creo que es prácticamente una cuestión de redacción. En
este sentido, hay un nivel de consenso muy alto, sobre el que me
explicaré con posterioridad.
De todas maneras, pienso que todos compartimos la idea de que
efectivamente las enseñanzas artísticas son la gran cenicienta de la
Logse; es ese proyecto inacabado siempre por no saber cómo resolverlo
aparte de que creo que ha habido una dejación de funciones de
gobiernos anteriores. Parece que, efectivamente, don Mariano Rajoy,
en su primera comparecencia, planteó intervenir sobre ello. La
idiosincrasia de las enseñanzas artísticas obliga a abordarlas con un
respecto y una exquisitez tremenda. Y yo sería profundamente amiga,
desde el marco de cualquiera de las autonomías en el que nos
embarcáramos para abordar esta ley, de que entrase antes del verano.
Creo que deberíamos llegar a un acuerdo en la temporalidad de
incorporarla a esta Comisión y ser muy escrupulosos, porque no se
sabe en qué términos se puede acabar o ampliar el tiempo político de
después del verano.
Desde ese punto de vista, compartiría darle el grado de autonomía que
pide el Grupo Socialista, pero creo que el matiz que garantiza
siempre que una ley se aborde en los términos adecuados es que esté
profundamente regulada. Ese es el tronco o el texto de la iniciativa
que, posteriormente,
como grupo de Izquierda Unida, presentaré. Comparto, como
digo, la iniciativa, del Grupo Socialista y por eso la voy a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, tiene la palabra para manifestarse
acerca de la aceptación o rechazo de las enmiendas o, en su caso,
abrir el portillo a la esperanza de que lleguen ustedes a un acuerdo.
El señor BAYONAAZNAR: En primer lugar, quiero hace una aclaración,
porque en la intervención del Grupo Popular no sé si ha quedado
claro. Estamos hablando exclusivamente de los centros de grado
superior de enseñanzas artísticas; no del resto de las enseñanzas
artísticas. Los que pedimos y en lo que estamos de acuerdo todos los
grupos es un proyecto de ley; lo que proponen las enmiendas y en lo
que estamos de acuerdo todos los grupos es que se haga con acuerdo de
las comunidades autónomas; lo que pide la proposición no de ley del
Grupo Socialista y también está incluida en la de CIU es que se
regule su carácter autónomo y específico, y eso no figura en la
enmienda del Grupo Popular; lo que además pretende la enmienda del
Grupo Convergència i Unió, y mi grupo quiere apoyarlo como requisito
imprescindible a estas alturas de la legislatura, es fijar un plazo.
Sobre esas líneas tenemos que negociar de aquí al momento de la
votación, y creo, señor presidente, que es posible.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO
NO INFERIOR A 20 MILLONES DE PESETAS, DESTINADO AAPOYAR
ECONÓMICAMENTE LA CANDIDATURA DE LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO ALMERÍA-
2005 Y A INCLUIR UNA PARTIDA ESPECÍFICA DESTINADA A DICHA CANDIDATURA
EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE LOS AÑOS SUCESIVOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001332)
El señor PRESIDENTE: Les deseo fortuna en ello y pasamos a otro punto
del orden del día, recuperando el orden anterior: proposición no de
ley, que figura bajo la número cuatro, por la que se insta al
Gobierno a aprobar un suplemento de crédito no inferior a 20 millones
de pesetas destinado a apoyar económicamente la candidatura de los
Juegos del Mediterráneo Almería-2005 y a incluir una partida
específica destinada a dicha candidatura en los Presupuestos
Generales del Estado de los años sucesivos. Ha sido presentada por el
Grupo Socialista.
Tiene la palabra doña Isabel Salinas, para defender la proposición no
de ley. Y bienvenida a esta Comisión.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias, señor presidente, estaba en la
puerta intentando negociar.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para la defensa
de esta proposición no de ley que entiendo de vital importancia para
la provincia de Almería. La ciudadde Almería lucha desde hace tiempo
-la iniciativa
arranca de la anterior corporación municipal y ha sido seguida por la
actual- por lograr ser sede de los juegos del Mediterráneo del 2005,
siendo este evento deportivo una aspiración conjunta de todos los
sectores de la sociedad almeriense, así como de las diferentes
administraciones. Los propios colectivos empresariales y sociales de
la ciudad decidieron hace tiempo, y lo están haciendo, establecer una
vía permanente de colaboración en defensa de nuestra candidatura.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, no es obligatorio hablar aquí dentro.
La señora SALINAS GARCÍA: Es más bien poco aconsejable.
El señor PRESIDENTE: Eso lo dice usted. Yo lo recuerdo para que no se
sientan impulsados.
Continúe usted con su exposición.
La señora SALINAS GARCÍA: Gracias por su amparo.
Como iba diciendo, la Cámara de Comercio y la Confederación de
Empresarios de Almería decidieron hace tiempo prestar todo su apoyo
posible al proyecto de la candidatura para que Almería consiga ser
sede de los juegos del Mediterráneo del año 2005. También es cierto
que ambas instituciones se han mostrado públicamente preocupadas por
las limitaciones económicas del proyecto, al igual que mi grupo
parlamentario.
Almería tiene ante sí el último y más importante esfuerzo para
afrontar con éxito la candidatura de los XV Juegos del Mediterráneo
en el 2005. El próximo 28 de abril se decidirá en Túnez la ciudad que
albergará dicha competición deportiva. Rijeka, en Croacia, es la gran
rival, dado que Budva, en Montenegro, está situada en las cercanías
-por desgracia- del conflicto de Kosovo, lo que puede perjudicar
seriamente sus posibilidades de victoria. Almería, una vez que se ha
retirado la candidatura de Alejandría, incrementa sus posibilidades
de llevarse el voto de los países árabes, aspecto que es decisivo en
esta ocasión. Vaya por delante que desde el Grupo Socialista estamos
convencidos de la celebración de estos juegos en Almería, que pueden
significar una expansión de la propia provincia, tanto en aspectos
económicos como sociales. En el camino de la promoción ya recorrido
es muy importante el ritmo de incorporación de empresas a la
asociación de Almería 2005 y ya son más de 130 las asociaciones de
todo tipo que se han integrado y sumado a este apasionante proyecto.
Podría invertir todo el tiempo que la Presidencia me concediese para
motivar la conveniencia e importancia de este evento, pero entiendo
que es una cuestión en la que todos los grupos estamos de acuerdo, y
no es necesario incidir en lo que ya es obvio. Por tanto, voy a
invertir el tiempo que me resta en lo que se solicita en esta
proposición no de ley.
Señorías, en política hay que pasar necesariamente de la literatura a
las matemáticas, y aquí es donde suelen venir los problemas. Todas
SS.SS. entienden que una iniciativa de este tipo necesita un
presupuesto que no puede ser sufragado al margen de las instituciones
públicas. El
propio presidente de la Comisión de los Juegos de Almería, don Manuel
Maldonado, anunciaba públicamente, y yo creo que con buen criterio,
que Almería 2005 tendría problemas si no recibe ayudas
institucionales. Pues bien, en el capítulo de aportaciones económicas
-y subrayo lo de económicas, porque todo el mundo se apunta a Almería
2005, pero a la hora de poner dinero es otra cosa- e institucionales,
al día de hoy nos encontramos sólo con la aportación de dos
instituciones públicas: La Junta de Andalucía y la propia Diputación
Provincial de Almería. Curiosamente, el Gobierno central aún no ha
aportado ni una sola pesetas, aunque en ocasiones no ha faltado a
través de las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. La
Diputación de Almería, señorías, ha aportado al proyecto de la
candidatura 25 millones de pesetas y la Junta de Andalucía, en su
presupuesto del año pasado, ya se comprometía económicamente. Así, en
el «Boletín Oficial de la Junta», el día 26 del pasado noviembre se
publicó una resolución del 20 de octubre, de la Dirección General de
Administraciones y Promoción Deportiva, que incluye una partida para
la asociación Almería 2005, de 20 millones de pesetas. Para este año
se incluyen en los presupuestos otros 20 millones de pesetas. Esta es
una realidad indiscutible, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado», aunque algunos representantes del PP salgan en la provincia
con grandes titulares diciendo que la Junta no apoya económicamente a
Almería 2005. Incluso se permiten el lujo de llegar a los parlamentos
a pedir algo así como 425 millones de pesetas, olvidándose una vez
más de que existe una cosa que se llama Gobierno central, y lo que es
peor aún, no hay que olvidar que la Comisión de evaluación de los
juegos, en su visita a Almería, dijo públicamente que uno de los
aspectos a tener en cuenta sería que existiesen garantías del
Gobierno de la nación. Pues ahora es el momento de ver ese compromiso
económico y decidido con la provincia de Almería.
Señorías, desde el Grupo Socialista, seguimos siendo responsables y
consecuentes con lo que solicitamos. No venimos aquí a pedir 400, 500
ni 1.000 millones; nos encantaría, pero somos bastante responsables.
Por ello, sólo pedimos una aportación no inferior a lo aportado por
las otras dos instituciones, Junta y Diputación Provincial, aunque es
verdad que el Gobierno central podía hacer un esfuerzo mayor. En el
Grupo Socialista -y por eso he llegado tarde a la Comisión, para
defender mi proposición no de ley- hemos estado intentando llegar a
un acuerdo y todavía estamos abiertos a él, pero lo que no puede ser,
bajo ningún concepto, es que se nos diga que estamos intentando
boicotear que la proposición no de ley salga adelante. Estamos
dispuestos a aceptar una transaccional, no la enmienda, y entró en el
debate de la enmienda que ha presentado el Partido Popular, íntegra,
tal como dicen. Ya llevamos mucho camino recorrido sin que el
Gobierno haya puesto una peseta, pero, una vez que sea sede oficial
declarada, se tiene que comprometer en los presupuestos, que
entendemos que es donde se compromete un Gobierno. Si están
dispuestos a dar un paso adelante y llegar a un acuerdo, por nosotros
no hay ningún problema, pero quede bien claro que la enmienda, tal
como la ha presentado el Partido Popular, no la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que
efectivamente tiene presentada una enmienda, tiene la palabra don
Manuel Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: En primer lugar, he de puntualizar sobre
determinadas afirmaciones que se contienen en el enunciado de la
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el
Congreso y que hoy mismo debatimos, relativa a la candidatura para
los Juegos del Mediterráneo 2005 de la ciudad de Almería.
Cuando el Grupo Socialista dice textualmente que, hasta el momento,
la Junta de Andalucía ha sido la única administración que ha apoyado
la candidatura de Almería a los juegos del Mediterráneo del año 2005,
no sólo con pronunciamientos verbales, sino con aportaciones
económicas concretas, en los presupuestos de los años 1998 y 1999,
está faltando deliberada o cuando menos torpemente a la verdad. Ni
aquí, en el Congreso, ni en el Ayuntamiento de Almería, ni en el
Parlamento andaluz, ni en el Senado, se puede engañar a la clase
política, ya que todos tenemos conciencia de que tal afirmación es
falsa, como voy a tratar de demostrar a continuación. Pero sí me
preocupa que afirmaciones como la enunciada por el Grupo Socialista
pretendan cuando menos confundir a la opinión pública.
El 18 de diciembre de 1996 se debatió y se aprobó por unanimidad en
esta Comisión una proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, 161/000189, sobre la declaración de la ciudad
de Almería como sede de los juegos del Mediterráneo del año 2005.
Quedó bien claro en la sesión de esta Comisión, como consta en el
«Diario de Sesiones», que fue el Grupo Popular en el Ayuntamiento
almeriense el que solicitó en el Pleno municipal que Almería fuera
candidata a los citados juegos, porque en pregunta escrita formulada
por este diputado al gobierno socialista de entonces se contestó que
no se había solicitado por el gobierno municipal que Almería fuera
sede de los juegos del Mediterráneo del año 2005. Es luego, en el
Parlamento andaluz, en el Senado y en el Congreso de los Diputados,
cuando se aprueba por unanimidad y a instancia del Grupo Popular las
respectivas mociones y proposiciones no de ley. En cuanto a lo
económico, hay que poner bien en claro y a todos los efectos que el
Gobierno ha apoyado institucionalmente la candidatura de la ciudad de
Almería para organizarlos Juegos del Mediterráneo del año 2005,
concretado este apoyo en el acuerdo del Consejo de Ministros del 20
de marzo de 1998, por el que el Gobierno de España acuerda apoyar
firmemente la candidatura de la ciudad de Almería para la
organización de los XV juegos del Mediterráneo 2005.
Los gobiernos anteriores, al igual que el actual Gobierno, han
mantenido un criterio homogéneo a la hora de prestar su apoyo
institucional a las ciudades candidatas a celebrar eventos deportivos
de rango internacional en España: campeonato del mundo de atletismo
de Sevilla de 1999; Europa de fútbol 2004; universiada de Palma de
Mallorca 1999; juegos mundiales ecuestres de Jerez de la Frontera año
2002. Este apoyo institucional no contempla la financiación de la
promoción de la candidatura a sede de los eventos deportivos en tanto
no se haya concedido oficialmente la organización del evento
deportivo de que se trate en cada caso. Sólo en el supuesto de que
Almería fuera
designada ciudad anfitriona de los XV juegos Mediterráneos, se
dispondría lo procedente en orden a facilitar el desarrollo de los
mismos, adoptando cuantas medidas están establecidas e el citado
Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de marzo de 1998.
Consecuentemente con lo anteriormente expresado, el texto de esta
proposición o de ley del Grupo Socialista debe ser rechazado en su
totalidad. Quisiera añadir que hasta ahora la Diputación Provincial
de Almería, cuyo presidente es don Luis Rogelio Comendador, que es
del Partido Popular, ha concedido una ayuda, en 1998, de 25.000.000
de pesetas, y otra de igual importe para el año 1999. El ayuntamiento
de Almería, cuyo alcalde es don Juan Megino, también del Partido
Popular, ha concedido ayudas tanto en los presupuestos de 1998 como
en los de 1999, amén de los apoyos de instituciones como Iberia,
Aena, Televisión Española, el Consejo Superior de Deportes de la
Presidencia del Gobierno, del anterior ministro de Trabajo, don
Javier Arenas; del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro de
Defensa, de los Secretarios de Estado, presidentes del Consejo
Superior de Deportes, del vicepresidente segundo del Gobierno, del
ministro de Fomento, del Ministerio de Medio Ambiente. Todos, entre
otros, han prestado su apoyo institucional a la candidatura de
Almería para los juegos del Mediterráneo del año 2005.
Por ello, el Grupo Popular ha presentado una enmienda, que
textualmente dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
que, una vez sea declarada oficialmente la ciudad de Almería sede de
los juegos del Mediterráneo del año 2005, se proceda a revisar las
inversiones necesarias, repito, necesarias, en materia de su
competencia para ayudar económicamente a Almería durante el período
comprendido desde la oficialidad de ser sede hasta la celebración de
los citados Juegos del Mediterráneo del año 2005. Esto es una mejora
evidentemente técnica a la proposición no de ley del Grupo
Socialista. Entiende mi grupo que se ciñe más a la realidad y que no
le va a faltar apoyo del Gobierno de España, una vez que la ciudad de
Almería sea declarada oficialmente sede y hasta la celebración de los
citados juegos. Además, he de aclarar a SS.SS. que en el plazo de
unos dos meses se dilucidará si Almería es sede de los juegos, y
parece que es la ciudad mediterránea que más posibilidades tiene
entre las candidatas.
Por lo que antecede, insistimos en rechazar la proposición no de ley
socialista, según viene redactada, y que se acepte la enmienda
propuesta por el Grupo Popular. Yquiero manifestar el agradecimiento
de los almerienses y el mío propio a los apoyos que tenga Almería
2005.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
doña María Jesús Aramburu, ¿se quiere pronunciar al respecto?
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Solamente manifiesto mi apoyo a la
iniciativa planteada en el día de hoy. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLAY CAMPABADAL: Muy brevemente.
Nuestro grupo siempre se manifiesta a favor de aquellas iniciativas
que promuevan acontecimientos deportivos del interés y de la
dimensión que puede tener la candidatura de la cual estamos hablando.
Hemos seguido y seguimos muy atentamente las singladuras de la
candidatura de Almería 2005, como es nuestra obligación y, por otro
lado, también por la simpatía que tenemos hacia todas aquellas
ciudades que promueven la celebración de acontecimientos deportivos
de alto nivel, porque ello favorece muchas cosas; favorece al
desarrollo, favorece al deporte, favorece la convivencia, algo que
nuestro grupo siempre tiene especial valoración.
Es cierto que la candidatura va a ser una realidad: la decisión
respecto a la ubicación definitiva de los juegos del Mediterráneo del
año 2005 va a conocerse en poco tiempo. Y nuestro grupo entiende que
en esos dos meses, como citaba el portavoz del Grupo Popular, lo que
más va a favorecer que resulte vencedora la candidatura de Almería
es, no tanto las garantías de una administración, por importante que
ésta sea, de una sola administración, sino las garantías de que todas
las administraciones y todas las fuerzas políticas, en eso que
llamamos una unidad de acción, están detrás de esa candidatura.
Nuestro grupo ve con preocupación que en el planteamiento, que
nosotros entendemos que es más de forma que de fondo, tanto del grupo
que propone como del grupo que ha enmendado, no puede llegarse a una
redacción común, porque, en definitiva, estoy seguro, señorías, que
la decisión que van a tomar los responsables va a moverse en gran
parte por esa unidad de acción que vean en las fuerzas políticas y
que vean en las instituciones. Nuestro grupo apoyará en todo caso
cualquier iniciativa que refleje eso precisamente.
Por eso, nosotros hacemos un llamamiento a los dos grupos, al grupo
que ha propuesto la iniciativa y al grupo que la ha enmendado, para
que lleguen a una redacción común que nos permita que podamos votar
todos. En caso contrario, en caso de que eso no fuera posible,
nosotros presentaríamos una enmienda in voce que reflejara el sentido
de lo que debería ser esa unidad de acción para reforzar esa
candidatura de Almería 2005 y, en caso de que no fuera aceptada, lo
que haríamos sería abstenernos, señor presidente.
En esa enmienda in voce que tienen los dos grupos se instaría al
Gobierno a hacer un análisis comparado de lo que la Administración
del Estado ha hecho en casos análogos anteriores, y en casos que
están en ciernes de designarse, como las competiciones de los
acontecimientos que se han citado antes, obligando en ese análisis
comparado con lo que se ha hecho en otras ocasiones, al Gobierno a
actuar en consecuencia y a apoyar, económica y logísticamente, la
candidatura de Almería 2005.
El señor PRESIDENTE: Señor Burballa, entiendo que ha pasado usted un
texto a cada uno de los grupos. (Asentimiento.)
Entonces, doña Isabel Salinas tiene la palabra para pronunciarse con
respecto a la enmienda del Grupo Popular, y en su caso, para
pronunciarse también sobre la enmienda transaccional propuesta por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora SALINAS GARCÍA: Sobre la enmienda del Grupo Popular ya me
he pronunciado anteriormente,la rechazamos. Y quiero dar las gracias
al representante, en este caso, portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), porque me consta que ha hecho un
esfuerzo sobreañadido para intentar ponernos de acuerdo. Quiero dar
las gracias públicamente para que conste en el «Diario de Sesiones» y
me parece que así es como debería haber actuado sobre todo el
representante de Almería. En cualquier caso, quiero que se someta a
votación el texto propuesto por el Grupo Socialista, rechazando las
dos enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Entonces no hay lugar a preguntar acerca de la
admisión a trámite de la enmienda transaccional, puesto que ha sido
objeto de rechazo.
- POR LO QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UN REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000187).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura en el orden del
día bajo el número 6, por la que se insta al Gobierno a establecer un
reglamento orgánico para los centros de las enseñanzas artísticas de
régimen especial.
Por el grupo proponente de Izquierda Unida, tiene la palabra para su
defensa doña María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Quiero hacer una advertencia inicial y,
en función de ello, obrar en consecuencia.
Los Grupos Popular, Convergència y Socialista me indicaban algo que
efectivamente habíamos detectado si la intervención del Grupo
Socialista se producía en primera instancia, y es que hay una
flagrante contradicción entre las dos iniciativas, por lo cual si una
aprueba la otra es diametralmente opuesta y no habría lugar a ella.
Por mi parte la aplazaría para una nueva sesión en función de cuando
entrara la Ley en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que S.S. solicita el aplazamiento a
resultas de lo que ocurra en la votación de la proposición no de ley
sobre autonomía de las enseñanzas. (Asentimiento).
Muchas gracias, doña María Jesús Aramburu.
- SOBRE PROTECCIÓN REGISTRAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE OBRAS DE
DISEÑO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ). (Número de expediente 161/001183).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley que
figura con el número 7 del orden del día: Protección registral de la
propiedad intelectual sobre obras de diseño, del grupo parlamentario
Catalán, que va a defender
el señor Guardans i Cambó, al que le damos la bienvenida a esta
Comisión. Tiene usted la palabra para la defensa de su
correspondiente proposición no de ley. A ver si hay suerte y le
atendemos todos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor Presidente, por sus
palabras de bienvenida a esta Comisión, en la que efectivamente me
encuentro muy a gusto. El hecho de que esta proposición no de ley,
por su contenido, se deba tratar en la Comisión de Cultura me lleva a
empezar mi exposición diciendo que sólo de forma accidental debía
discutirse aquí. Antes de redactarla se me ocurrió ir al diccionario
de la Real Academia de la Lengua y ver cuál es una de las acepciones
que de la palabra «cultura» aparece recogida en el diccionario. En el
mismo figura que es cultura el conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época o grupo social. Descripción que
nunca se me había ocurrido que pudiera formar parte de lo que es
estrictamente la acepción de cultura, pero que encaja perfectamente
con lo que hoy vengo a aquí a defender en nombre de mi grupo. La
defensa de ese conjunto de conocimientos y grado de desarrollo
industrial también forma parte de la cultura y como tal debe ser
protegido.
La propiedad intelectual del diseño industrial, por tanto, el hecho
de que sobre el diseño industrial, sobre lo que se suelen llamar
obras plásticas aplicadas, existe no sólo aquella categoría que se
conoce como propiedad industrial, sino también la propiedad
intelectual o los derechos morales de autor, es lo que hoy se
pretende subrayar con esta proposición no de ley.
Sus señorías probablemente conocen las diferencias importantes que
existen entre la noción de propiedad intelectual y los llamados
derechos morales, derechos de autor o propiedad intelectual. Son
categorías distintas y no pretendo alargarme aquí sobre la
disquisición jurídica, pero sí querría destacar dos puntos que vienen
al caso a la hora de defender este texto.
En primer lugar, el hecho de que la propiedad industrial, el título,
por tanto de propiedad industrial que una persona pueda tener sobre,
por ejemplo, una marca nace del hecho mismo de la inscripción de tal
marca, patente en su caso o diseño en el registro correspondiente.
Sólo desde el momento en que eso ha quedado registrado ese derecho
nace.
En cambio, la propiedad intelectual arranca directamente, y de ahí la
denominación incluso de derecho moral, del solo hecho de la autoría;
quien es autor, es autor, con independencia de que eso haya sido
registrado o no. Lo que ocurre es que el hecho de la inscripción es
prueba utilísima, y por lo demás no excesivamente costosa, de esa
primacía: quien inscribe una canción, quien inscribe una melodía, o
quien inscribe en el registro de la propiedad intelectual una
determinada escultura, una obra de arte o un diseño de moda,
suponiendo que esto se pudiera hacer -y aquí es donde entramos con
las dificultades-, lo que está haciendo es acreditar que fue el
primero que lo inventó, no está dando lugar a su derecho por el solo
hecho de la inscripción. Esta sería una primera premisa que querría
fijar.
La segunda, que viene también muy al caso en la defensa de esta
proposición no de ley, es dejar claro que la defensa
en dos frentes de la propiedad sobre este tipo de obras es
perfectamente posible. La protección a nivel de propiedad industrial
y de propiedad intelectual es perfectamente posible y compatible. Una
obra artística no deja de ser una obra artística por el hecho de que
pueda ser reproducida en serie. Es una verdad de perogrullo. Sin
embargo, cuando eso debe traducirse en normas jurídicas se encuentra
con las dificultades que voy a comentar. Creo que nadie en principio
podría negar eso, porque expresamente lo reconoce el artículo 3.2 de
la Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos que en esa ley se
reconocen no son ni incompatibles ni dependientes de los hechos de
propiedad industrial. Por tanto, la propiedad intelectual tiene sus
cauces, tiene sus medios de protección, tiene su origen, y la
propiedad intelectual tiene los suyos.
La Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 10.e), reconoce
expresamente la propiedad intelectual sobre cualquier obra o creación
original artística, y muy concretamente menciona las obras plásticas,
sean o no aplicadas. Paradigma de obra plástica aplicada es lo que
nos trae hoy aquí del diseño artístico. Eso es una obra plástica
aplicada, una obra plástica que permite una posterior reproducción
seriada, y esa noción de seriada puede llegar incluso a adquirir
proporciones industriales. Estamos hablando tanto de un diseño de una
joya que admite, sin dejar por ello de ser una creación artística,
una reproducción seriada, como de determinadas porcelanas, algunas
bien conocidas por su capacidad exportadora y por estar en este
momento presidiendo los domicilios de gran cantidad de familias
japonesas; por ejemplo, objetos de porcelana que sin dejar de ser una
creación artística en su concepción original admiten posteriormente
una reproducción seriada y, por tanto, industrial. Pero eso vale
exactamente igual para una cafetera de diseño, para una pluma
estilográfica, o también, por qué no, para una locomotora; no en vano
ha habido locomotoras y helicópteros en la exposición sobre la
evolución del diseño industrial en España, que tuvo lugar en el
Centro de Arte Reina Sofía, y que posteriormente se expuso también en
Barcelona. Esa exposición sobre la evolución del diseño industrial en
un Museo de Arte Contemporáneo, como es el Reina Sofía, ilustra mucho
más que cualquier discurso de este diputado o de cualquier otra
persona acerca de hasta qué punto el hecho de que exista la
posibilidad de una reproducción industrial sobre un diseño no es
incompatible con su categoría artística.
Podríamos seguir con multitud de ejemplos, algunos tomados, en lugar
del diseño español, para que no parezca que se hace publicidad de una
u otra empresa, por ejemplo del escandinavo, y podríamos hablar de
tantos televisores o aparatos musicales que se venden, no tanto por
su calidad sonora, sino sencillamente por sus formas y por su juego
de formas y colores. Por tanto, la estética es absolutamente básica y
su categoría artística no es incompatible como su capacidad de
reproducción industrial. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema
que se intenta solucionar con esta proposición no de ley? La
aplicación práctica de aquella fórmula del Conde de Romanones: hagan
ustedes las leyes que ya haré yo los reglamentos. Porque a la Ley de
Propiedad Intelectual le siguió el Real Decreto 733/1993, de 14 de
mayo, por el que se aprobabael reglamento del registro general de la
propiedad
intelectual. En ese reglamento en principio también se prevé
genéricamente la posible protección como propiedad intelectual de las
obras plásticas aplicadas, por tanto, de las obras de diseño. En
principio así aparecía, no voy a citar el texto, pero queda claro que
eso sí era, artículo 7.2, e) de ese reglamento.
Sin embargo, cuando el reglamento tiene que entrar a detallar, ya sé
que esto quizá en esta Comisión menos acostumbrada, salvo su
presidente, a los pequeños detalles jurídicos y hasta qué punto ...
El señor PRESIDENTE: Y todos los miembros, señor Guardans, que
afortunadamente superan al presidente en cualquier conocimiento.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me refiero a la parte negativa del
derecho, que supone que muchas veces la falta de precisión de una
determinada reglamentación puede dejar vacía de contenido a la más
perfecta aspiración jurídica. Aeso me refería, señor presidente, no a
la falta de conocimientos, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Aclarado el tema, señor Guardans. Continúe su
señoría.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En este caso concreto el problema es que
cuando el reglamento del registro de propiedad intelectual tiene que
entrar a detallar concretamente las categorías y los requisitos
precisos que permiten la inscripción de cada uno de los objetos que
teóricamente son susceptibles de inscripción, y por tanto precisa
exactamente cuál es la documentación que se debe aportar y en qué
categoría exacta deben quedar registrados, sorprendentemente omite
las obras plásticas aplicadas. Por tanto, el resultado es que en
todos los registros de propiedad intelectual de España se está
denegando sistemáticamente desde la aprobación de este reglamento, y
por tantodesde hace unos cuantos años, el registro de las obras
plásticas aplicadas; sencillamente porque quien intenta presentar al
registro de la propiedad intelectual una obra de diseño, no tiene
cauce práctico, no sabe muy bien qué documentación, porque aquéllo ni
es una melodía, ni es una pintura, ni es una obra literaria, es otra
cosa, y esa otra cosa no tiene cauce práctico para acceder al
registro.
El resultado directo, por tanto, de esta laguna en el reglamento es
ésta, la denegación sistemática de la inscripción. El resultado
indirecto es muchísimo más grave, y es que se crea la apariencia
-nada más que apariencia. Por eso he querido empezar mi intervención
con esa aclaración jurídica- de que, dado que las obras plásticas
aplicadas no pueden inscribirse en la práctica en el registro de la
propiedad intelectual, no tienen derecho a protección. Esa apariencia
perjudica gravísimamente a los diseñadores españoles e indirectamente
a las empresas que invierten gran cantidad de dinero en el diseño
como elemento de competitividad, puesto que de eso estamos hablando.
En esta Europa unida y del mercado único, si hay algo que distingue a
una empresa por encima de otra, cada vez será menos los costes, o por
lo menos no serán sólo los coste, sino lógicamente la apariencia
estética exterior de sus productos, es decir, el diseño. El hecho de
que tengan una protección
menor en España que en otros Estados de la Unión Europea o del
mercado mundial en el que operan, introduce un grave factor de
distorsión, que deja en desprotección a los diseñadores españoles,
por lo demás absolutamente brillantes en el conjunto europeo, los
catalanes en particular, me atrevo a decirlo por puro número, pero en
conjunto el diseño español está muy bien representado.
De cara a proteger la competitividad de la industria española y a sus
diseñadores, conviene que se modifique el reglamento del registro de
la propiedad intelectual y que se articule concretamente, de la misma
forma que se hace con todos los demás elementos susceptibles de
registro, de forma en que deben poder ser inscritas las obras
plásticas aplicadas en ese registro.
Quería terminar señalando que en esa misma línea va un proyecto de
directiva que recuerda exactamente esos principios. Recuerda que
sobre el diseño cabe la doble protección, la de la propiedad
industrial y la de la propiedad intelectual -ha sido ya adaptada por
el Parlamento Europeo pero sigue su curso-, y anima expresamente a
los Estados a adaptar el copyright para que se aplique también
a todos los avances tecnológicos. Por tanto, en esa misma línea es en
la que estamos aquí. De ahí -y con esto termino, señor presidente-
que mi grupo pida (y lo leo literalmente para que conste ya como
texto propiamente en el «Diario de Sesiones», aunque se tiene por su
propia publicación) que esta Comisión inste al Gobierno a revisar, en
el plazo de tres meses, el vigente Reglamento del registro general de
la propiedad intelectual, a los efectos de establecer los criterios
que, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual, permitan la
inscripción de las obras plásticas, sean o no aplicadas, garantizando
así su adecuada y efectiva tutela registral.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda presentada a esta
proposición no de ley por parte del Grupo Popular, para cuya defensa
tiene la palabra doña Beatriz Rodríguez- Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Nuestra enmienda es muy breve y
yo creo que se aceptará sin problema.
Si me permite, voy a explicar un poco cuál es nuestra posición en
esta cuestión en general, que es de extraordinaria importancia, como
ha resaltado el señor Guardans. Me parece importante señalar, además,
que van a venir -nos parece bien, incluso lo estimularemos- a esta
Comisión cuestiones que tengan que ver con la propiedad intelectual.
La complejidad de las nuevas tecnologías está haciendo cada vez no sé
si más difícil, pero desde luego está complicando los procesos de
defensa, de protección y de aseguramiento de la propiedad
intelectual, teniendo en cuenta además que tenemos un país con poco
hábito de respeto a la propiedad intelectual. Estamos hablando ahora
de diseño, pero sobre propiedad intelectual todos podemos constatar
que en general hay poco respeto en nuestro país, con lo cual cada vez
que se avanza algo en su defensa nos encontramos con problemas
sectoriales, problemas de defensa de todo tipo frente a una clase de
propiedad que está poco reconocida y cuyo ámbito de protección
debemos ir ampliando.
Me parece que lo que se propone aquí en el campo del diseño, como ha
dicho el portavoz del Grupo Catalán, es importante y, efectivamente,
se están dando disfunciones; parte son las que él ha señalado. Desde
luego, la Ley de Propiedad Intelectual reconoce perfectamente el
diseño al hablar de artes aplicadas y decir cuáles son los
requisitos. Las lagunas las encontramos en los reglamentos. Pero no
cabe duda que la mayor parte de las cuestiones relativas al diseño
entran de lleno en lo que podría proteger la Ley de Propiedad
Intelectual.
En cuanto a las razones de estas disfunciones, el señor Guardans ya
ha explicado algunas, y me parecen correctas, de concepto. El
concepto de diseño no es tradicional de los ámbitos protegidos por la
propiedad intelectual, pero es total y no sé por qué incluso no digo
que es tradicional. Llevamos muchísimos años ya considerando el
diseño como una de las artes plásticas más interesantes. ¿Qué sucede?
Me parece muy importante señalar que hay en este momento conviviendo
dos reglamentos -hablo de reglamentos para el registro general de la
propiedad intelectual-, el de 1991 y el de 1993. Conviven a través de
una transitoria que figura en el reglamento de 1993, para seguir la
actividad del anterior mientras las comunidades autónomas no pongan
en marcha los registros territoriales. Ala espera de que las
comunidades autónomas, de acuerdo con la Ley de Propiedad
Intelectual, pongan en marcha sus registros territoriales, una
transitoria prolonga la actividad del antiguo reglamento. Excepto en
Cataluña, no se han puesto en marcha estos registros, con lo cual el
reglamento de 1993 no se aplica en su totalidad y no se desarrollan
las reformas correspondientes que la Ley de Propiedad Intelectual,
que es posterior, tendría que haber hecho, esperando este desarrollo
por parte de las comunidades autónomas de sus respectivos registros
territoriales. Como eso es así y parece que se puede prolongar en el
tiempo, la Administración, y concretamente la Subdirección de la
Propiedad Intelectual (a la que quiero hacer aquí mención específica,
porque todos los que la hayan conocido sabrán, y viene de
administraciones muy anteriores, la extraordinaria competencia, en un
ámbito tan complejo como la propiedad intelectual, que tiene toda la
gente que trabaja en ella y en las comisiones de codificación) piensa
que va a ser necesario, incluso antes de que las comunidades
autónomas desarrollen sus registros territoriales, modificar el
reglamento, porque esta cuestión se está planteando como se están
planteando otras que conviene aclarar, sin esperar a unos registros
que posiblemente se demoren más.
Aparte de este problema de los dos reglamentos, que conviven ahora de
una forma anómala por medio de una transitoria, hasta que las
comunidades autónomas pongan en marcha los registros territoriales,
excepto Cataluña, también hay una competencia tradicional, que no
debe darse, porque desde luego, como ha dicho el señor Guardans, son
perfectamente compatibles, y así lo indican las leyes respectivas,
entre propiedad intelectual y propiedad industrial.
El nuevo reglamento, por tanto, tendrá que afinar aquí, porque aunque
es compatible es un hecho que esa compatibilidad a la hora de
registrar una obra da lugar a interpretaciones distintas. Por tanto,
nos encontramos con que en un momento dado es Ley de Propiedad
Intelectual, que se desarrolla mediante unos reglamentos de registros
y que, a
su vez, conviven dos reglamentos mediante una disposición
transitoria; también nos encontramos con que la propiedad industrial
tiene su oficina de patentes y marcas y a su vez la Ley de Marcas, la
Ley General de Publicidad, en el caso de determinados logotipos, o la
Ley de Patentes. Hay que compatibilizar estos dos ámbitos de acción
que se especifica en todas las leyes que son compatibles, pero de
hecho a la hora de inscribirlo, vuelve a presentar, igual que los dos
reglamentos, cuestiones que hay que solventar. En una directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, concretamente creo que era de mayo
de 1996, parece que el diseño deriva más hacia la propiedad
industrial, pero es un hecho que esto se debe contemplar en el ámbito
de la propiedad intelectual.
La Administración estaba contemplando esta reforma y le parece
pertinente que desde esta Comisión se le inste a hacerlo, porque son
trabajos en los que está avanzando y que cree necesarios. Lo que sí
proponíamos -porque es muy complejo el desarrollo de un reglamento,
mucho más en estos ámbitos y con las competencias autonómicas- era
que no se pusiera un plazo concreto de tres meses en el que sería
absolutamente imposible hacerlo. Se insta a que se haga a la mayor
brevedad y, además, se va a hacer; se conocen los problemas y es
voluntad de la Administración hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con respecto a
esta proposición no de ley presentada ante esta Comisión de Educación
y Cultura por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por
ella, como ya se ha dicho, se pretende instar al Gobierno a que en el
plazo de tres meses, a partir de su aprobación, revise el vigente
reglamento del registro general de la propiedad intelectual, aprobado
por Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, a los efectos de establecer
los criterios que, acordes con la Ley de Propiedad Intelectual,
permitan la inscripción de las obras plásticas, sean o no aplicadas,
garantizando así su adecuada y efectiva tutela registral.
Pues bien, señorías, como ya se recoge en la exposición de motivos,
el artículo 10.1, e) de la Ley de Propiedad Intelectual establece que
son objeto de propiedad intelectual las obras plásticas, de las que
enumera previamente las principales categorías, para terminar con una
cláusula genérica. Es precisamente esta cláusula genérica la que
plantea problemas en la práctica, pues el reglamento del registro
general de la propiedad intelectual, no contiene precepto alguno que
indique los elementos o datos que necesariamente deben incluirse en
la solicitud de inscripción de la obra y que permiten la descripción
o identificación de la misma a efectos de otorgar esa tutela
registral. Si bien se puede afirmar que no existe ninguna duda sobre
la protección que la Ley de Propiedad Intelectual otorga a todas las
obras plásticas, entre las que se incluyen las obras de diseño
artístico (como demuestran los debates parlamentarios sobre su
gestación, que muestran cómo el Grupo Parlamentario Catalán tuvo que
retirar su enmienda número 313, que pretendía añadir en este apartado
los diseños industriales y gráficos
por considerarse que en realidad no aportaba ninguna ampliación de
los supuestos subsumibles en esta parte del artículo 10), lo cierto
es que finalmente a alguna de las obras plásticas, sean o no
aplicadas, no se le garantiza su adecuada y efectiva registral por
falta de esa previsión reglamentaria. El hecho de que no se precisen
los datos que determinan al objeto ocasiona la negativa del
registrador a contemplarlo, lo que supone de hecho una desprotección,
pese a que se la reconozca la propia Ley de Propiedad Intelectual.
Por ello, oponernos a la revisión reglamentaria que a tales efectos
propone Convergència i unió supondría ir en contra del espíritu de la
Ley de propiedad Intelectual, que si no hizo una enumeración
exhaustiva de las obras plásticas fue por la complejidad de las
mismas, de las cuales podría decirse que se caracterizan, más que
ninguna otra obra acreedora de protección, por su originalidad, en
continua evolución, como aquí se ha señalado, por el cambio de los
valores estéticos y por el impacto de las nuevas tecnologías. No
obstante, para el Grupo Parlamentario Socialista está circunstanciada
no puede repercutir sobre una tutela registral efectiva de las obras
plásticas aplicadas o no, pues ello iría en contra no sólo de la Ley
de Propiedad Intelectual, sino del propio progreso intelectual, ya
que el derecho creativo de autor ha nacido y se ha desarrollado al
hilo de la aparición sucesiva de las tecnologías. Así, la irrupción
de cada nueva tecnología ha generado una nueva categoría de obras que
requiere adaptaciones jurídicas.
Por todo ello y en aras a que se encuentre solución a este problema
modificado el reglamento, en evitación de plagios, posibilidades de
fraude y comercio, el voto de mi grupo será favorable a esta
proposición no de ley de Convergència i Unió y consideramos la
enmienda que se ha presentado por el Grupo Popular en los términos en
que la haga el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, para la manifestación formal de
aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Popular, tiene la
palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Ni aceptación ni rechazo, sino todo lo
contrario. Lo que haría es proponer una enmienda a la enmienda, y es
fijar un plazo superior -puesto que entiende las razones- pero no una
simple apertura de que cuando sea posible. Por tanto, propondría que
donde dice tres meses, diga seis meses. En esos términos es en los
que aceptarían la modificación de la iniciativa, que literalmente
dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar en
el plazo de seis meses el vigente reglamento del Registro General.
Entendemos que ese es un plazo más que razonable para, cuando hay
voluntad política, dirimir todas las dificultades que hay sobre la
mesa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Beatriz Rodríguez, con
respecto a la corrección de la corrección de la incorrección.
La señor RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Nos parece correcto.
El señor PRESIDENTE: Sí le parece correcto, ese será el texto objeto
de votación.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001242)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley que figura con el número 8
en el orden del día, y última de la mañana de hoy, sobre medidas para
la promoción del libro y la lectura, introducida a debate por el
Grupo Parlamentario Mixta, para cuya defensa tiene la palabra don
Manuel Alcaraz, del Grupo Parlamentario Mixto y de la formación de
Nueva Izquierda.
El señor ALCARAZ RAMOS: Defiendo esta insólitamente extensa
proposición no de ley, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del libro y de la lectura, en la que se
incluyen algunos apartados, bastantes extensos también, sobre
política de bibliotecas como eje central de una política pública en
torno al libro. A la hora de presentar esta proposición entendíamos
que era preciso abordar un tema clave, el del libro y la lectura, una
cuestión que en demasiadas ocasiones ha sido más adornada por la
gloria de las palabras que por el poder efectivo que las acciones de
los poderes públicos pueden aportar en defensa de algo tan
importante. El libro es símbolo cultural por excelencia, incluso en
épocas en que se ve de alguna forma combatido por otras expresiones,
seguramente no menos ricas en el futuro, con nuevos soportes. Es, por
otra parte, la del libro la principal industria de España, y esto es
algo que gustamos repetir las personas del Estado español amantes de
la cultura; es un elemento de orgullo y el alguna ocasión ha servicio
para que el propio Gobierno, comenzando por su presidente, se hayan
puesto alguna medalla cuando llegan estadísticas que son favorables.
Sin embargo, dentro de ese marco no hay que olvidar que nos
encontramos con una legislación obsoleta. Por un lado, porque
contiene definiciones arcaicas, preconstitucionales en algunos
momentos. Por otro lado, porque existe un solapamiento competencial
con las comunidades autónomas que no acaba de quedar claro, sobre
todo en materia de bibliotecas, qué significa ese nivel de
competencia compartida.
Nos encontramos con otros datos, aunque aquí las cifras habría que
matizarlas, como, por ejemplo, un cierto descenso de los niveles de
lectura, con un deterioro de las bibliotecas, con fondos muy escasos,
salvo alguna honrosa excepción, según las recomendaciones de los
organismos internacionales dedicados a esta materia, con muy poca
incorporación de nuevos soportes informáticos a los fondos
bibliográficos y con una fragilidad del sistema industrial. Aunque
esa industria es la más poderosa de España en el ámbito cultural, sin
embargo, en muchos de sus segmentos tiene una enorme fragilidad,
sobre todo en lo que afecta a pequeñas y medianas empresas. Porque
aquí no hablamos sólo de los problemas de medianas y pequeñas
empresas comunes, sino que en muchos casos la desaparición de una
pequeña editorial supone la imposibilidad de
que determinado tipo de obra vaya a llegar a los canales de
distribución, que se vaya a publicar en definitiva o que el cierre de
una librería pueda suponer un empobrecimiento cultural más que
notable en un barrio de una ciudad o en un pueblo pequeño o mediano.
Por lo tanto, hablamos, como en las dos caras del dios Jano, tanto de
economía como de cultura, conceptos hoy en día indisociables, pero
que requieren un tratamiento mucho más cariñosa por parte de esta
Comisión.
Ante esto, la actitud del Gobierno del Partido Popular ha sido, por
calificarlo en términos suaves, de desconcierto, cuando no de nítido
desencuentro por la carencia de una política del libro, la lectura y
la biblioteca. La prueba es que en esta Comisión nunca hemos tenido
ocasión de conocer exactamente los proyectos, mientras sí que hemos
tenido que conocer, con un cierto bochorno, a través de los medios de
comunicación, críticas de grueso calibre de los diversos
representantes del sector a políticas nefastas del Gobierno. Los
descuentos en los precios de los libros escolares se ha provocado una
crisis más que considerable.
Es verdad que se han intentado algunos encuentros, que se han abierto
mesas, pero al día de hoy no han concluido en nada. Es más, todo
parece indicar que en esas mesas en muchos momentos lo que se ha
escenificado es esa impotencia y esa incapacidad por parte de los
responsables del Ministerio de Cultura. Es verdad también, y lo
anunciaba el señor ministro en su última y primera comparecencia en
esta Comisión, que se reabren algunas de estas mesas, algo que
nosotros saludamos y que consideramos muy positivo. Por lo tanto,
demos un último voto de confianza a que este método de buscar
acuerdos entre el sector y el Ministerio llegue a buen puerto.
Es verdad que solamente consiguiendo unos consensos básicos se va a
poder elaborar una auténtica política del libro en España. Serían
necesarios dos tipos de consensos, uno vertical, entre las
administraciones y el sector -y cuando hablo del sector me refiero a
editores, distribuidores, libreros, etcétera- y otro horizontal entre
comunidades autónomas y Gobierno. Ninguno de ellos se ha producido.
Insisto en que de alguna manera el desencuentro es lo que ha
presidido las relaciones hasta ahora. En cualquier caso la cuestión
por su gravedad, por la confusión reinante, por esos malos índices
que se aprecian en algunos elementos básicos, no podía quedar fuera
del Parlamento, estaríamos haciendo una dejación de funciones. Porque
una cosa es felicitar, promover, aceptar, incluso en su momento los
consensos a los que se llegue, y otra cosa es simplemente renunciar a
cualquier intervención política en nombre de unas mesas que están
abiertas. Por lo tanto, creo que sí es competencia de esta Comisión y
de esta Cámara pronunciarse sobre prioridades. Eso es lo que
pretendía nuestra proposición de ley.
En el Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya éramos
conscientes de que esta proposición no de ley era demasiado amplia y,
quizás, demasiado ambiciosa. Este riesgo estaba calculado, es decir,
en el momento que la proposición llegara a esta Comisión muchas
plumas tenían que caerse para que pudiera aprobarse, ya que lo que
ahí se definía es toda una política alternativa del libro, con la
cual seguramente otras fuerzas políticas no estarán de acuerdo. Sin
embargo, entendíamos que esta propuesta
era la única forma para propiciar el debate; que si se presentaba una
proposición en términos demasiado genéricos, ambiguos, del estilo de
aquello de que los poderes públicos promuevan la lectura, sin duda
sería aprobada pero no fomentaría el debate, que al día de hoy es lo
más importante. Por eso, nos alegramos de que se hayan presentado
enmiendas. Es un tipo de proposición que seguramente pretende
provocar la aparición de enmiendas. No todas nos gustan por igual,
pero ocasiones habrá de volver a hablar de algunos temas que quizá
hoy se queden en el tintero o que se aplazan para un futuro,
esperando, desde el optimismo, que las reuniones que se están
celebrando lleguen a buen puerto.
Parte de las enmiendas presentadas no me gustan, y no me gustan
porque los argumentos que subyacen son discutibles, pero, sobre todo,
porque, como digo, se aplaza el problema. De todos modos, lo más
importante es que hoy podamos decir que se ha llegado a un consenso,
tanto por el grupo proponente como por los dos grupos enmendantes,
Grupo Popular y Grupo Socialista, con el conocimiento y participación
de los Grupo Catalán (Convergència i Unió) y de Izquierda Unida, lo
que va a garantizar que esta Cámara adoptará una proposición sobre
los libros y la lectura, de lo cual Nueva Izquierda-Iniciativa per
Catalunya y yo personalmente nos sentimos orgullosos.
Las características del texto que finalmente se someterá a votación
son las siguientes: se aligera notablemente el texto; se eliminan
cosas que han cambiado -hoy mismo se vota la creación de una
subcomisión sobre el libro de texto que aparecía en uno de los puntos
de la proposición y seguramente ya no tiene sentido cuando hay una
subcomisión-; se hace una síntesis propuestas -lo que en nuestra
proposición estaba mucho más detallado ahora se sintetiza en unos
puntos más amplios-; se dejan abiertas las puertas a nuevas fases de
negociaciones en el sector y, por tanto, ocasión habrá de examinar lo
que se acuerde en esas mesas en relación con el sector, e incluso se
incluyen algunas mejoras técnicas que gustosamente asumo que mejoran
el texto que yo registré en su momento.
Si le parece oportuno, señor presidente, paso a leer el texto
consensuado. Ya anuncio que lo que vamos a votar no nos eximirá a
nosotros ni a otros grupos de, en otras ocasiones, ejercer acciones
de control del Gobierno en la ejecución de la proposición que se
aprueba y de algunos otros temas conexos que ahora quedan fuera.
Ruego a los colegas que han contribuido a elaborar el texto que, si
en algo me equivoca, me vayan corrigiendo sobre la marcha. El texto
dice lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar en el plazo más breve posible un plan de promoción del
libro y de la lectura, a semejanza de lo que está ocurriendo en otros
países de nuestro entorno, que ejecute los acuerdos de las mesas de
trabajo convocadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Dicho
plan debe incluir una campaña de comunicación poderosa e imaginativa
en los medios de comunicación social que invite a una movilización de
muy variada naturaleza, tanto pública como privada; potenciar una
política de bibliotecas públicas en colaboración con las comunidades
autónomas, ayuntamientos,
universidades, etcétera, a las que se debe dotar con consignaciones
presupuestarias suficientes; desarrollar un programa ambicioso y
acelerado de las bibliotecas escolares, que, hoy por hoy, pese a su
inclusión en la Logse, apenas tienen existencia real.
2. Lograr una adecuada fiscalidad para el libro, continuando los
estudios de la mesa de trabajo de comercio interior y fiscalidad.
3. Elaborar, en colaboración con el sector, un plan de modernización
y fomento de las librerías como principal instrumento de divulgación
del libro.
4. Mantener el sistema de precio fijo como elemento clave para el
desarrollo de la pluralidad cultural para garantizar la competencia
equilibrada en el sector, defendiéndolo asimismo en el ámbito de la
Unión Europea.
5. Realizar un estudio significativo sobre los hábitos de consumo y
lectura en toda España y apoyar otros más especializados que
permitan, tras su conocimiento, adoptar las decisiones adecuadas al
respecto.
6. Otorgar pleno apoyo a los derechos de propiedad intelectual y a
sus titulares, especialmente ante el fenómeno de las nuevas
tecnologías, impulsando en la propia Administración pública una
actuación ejemplar.
7. Establecer, en colaboración con las comunidades autónomas
implicadas, programas específicos de apoyo a la edición de libros en
todas las lenguas oficiales.
8. Dar apoyo económico y técnico a la Oficina del Libro Español, que
debería convertirse en pieza clave para la promoción exterior, y
mejorar las tarifas postales, de transporte y seguros adecuados a la
doble naturaleza del libro y a la situación peculiar de los países
iberoamericanos.
9. Apoyar en el ámbito de la Unión Europea la consideración del libro
como producto cultural, de los que se deben derivar beneficios
fiscales, económicos, de promoción, traducciones, etcétera.
10. Promover la actualización de la legislación en materia del libro
y la lectura en el ámbito de las competencias de la Administración
central.
Este es el texto que ha conseguido el consenso de los portavoces, que
esperamos se reproduzcan en la votación, y que marca, creo que por
primera vez en esta legislatura, una política de mínimos en materia
de libros de lectura que ojalá sirva para que trabajos futuros se
desarrollen con más eficacia.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, haga llegar a la Mesa ese texto
para que pueda ser objeto de votación, sin perjuicio de lo cual no
vamos a dejar privados de la palabra a los colaborantes en el mismo
aunque sustituya a sus enmiendas. Para que no puedan decir que han
perdido ustedes la mañana, porque no estaría nada bien, señor Abejón,
primero, y señor Clotas, después, pronúnciense en la forma que les
parezca conveniente teniendo en cuenta la vacuidad de argumentos
anteriores.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular
el libro es un bien cultural de primer orden, de gran trascendencia
económica y motor de muchas otras actividades. Por tanto, para mi
grupo es fundamental seguir potenciando el sector del libro español
ya que constituye el ámbito cultural de mayor solidez que
tenemos en España y también uno de los vehículos de la imagen de
España fuera de nuestras fronteras, especialmente en Iberoamérica.
Por otro lado, la evolución de la que ya se denomina sociedad de la
información ha convertido el del libro en un sector estratégico de
irrenunciable naturaleza cultural. Para el Grupo Parlamentario
Popular el futuro del libro está ligado a lo que seamos capaces de
desarrollar en torno a la enseñanza y a los planes de estudio. La
creación de un espacio de lectura en la vida familiar y cotidiana, el
fomento de la lectura en la escuela, el desarrollo de las bibliotecas
escolares y, sobre todo, la concienciación por parte de todos los que
la lectura es la base de la formación son los mejores argumentos en
favor del libro y de la lectura. Por todo ello, nos produce una gran
satisfacción el funcionamiento de las mesas de trabajo entre la
Administración y el sector del libro, que contradice, en cierto modo,
lo que ha dicho el portavoz de Nueva Izquierda acerca de la actitud
del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que eran
necesarios el diálogo y el consenso entre la Administración y los
sectores del libro, y eso se ha conseguido a lo largo de 1998 con
excelentes acuerdos.
Tampoco puede compartir el grupo Parlamentario Popular que se haya
producido una disminución en la facturación del sector del libro,
pues, en reciente comparecencia en el Senado, el director general del
Libro anunció que a lo largo de 1997 el incremento en la facturación
del sector del libro había sido de un 5 por 100 respecto de 1996 y
que se había alcanzado una cifra importantísima, 422.000.000.000 de
pesetas. Eso en el plano interior. Si estos datos los llevamos al
campo de la exportación, tendríamos un incremento nada más y nada
menos que del 33,6 por 100. Por tanto, nuestro grupo cree que los 31
puntos sobre los que hemos llegado a un entendimiento entre las
distintas enmiendas y la proposición no de ley estaban recogidos en
las negociaciones de las cuatro mesas que se formaron a lo largo de
1998, que daban cabida a los mismos a través de una mesa que
relacionaba la política cultural en torno al libro, otra dedicada al
comercio interior y la fiscalidad, otra al comercio exterior y una
última dedicada a la propiedad intelectual.
En cuanto a la amplitud de la proposición no de ley, muchos de los 31
puntos ya se han recogido en acuerdos importantes en estas mesas de
trabajo, otros están camino de ello, puesto que esas mesas van a
seguir funcionando a lo largo de 1999 con ese talante de diálogo y de
consenso y dando cabida a las comunidades autónomas que tiene
competencias en materias importantes como bibliotecas y otras. Por lo
tanto, estamos satisfechos con esa fórmula de consenso
y entendimiento con todos los grupos sobre la política cultural del
libro y siempre nos encontrarán dispuestos a favorecerla. El haber
llegado a un entendimiento para fortalecer este sector tan importante
para España creo que es motivo de felicitación.
Por lo que se refiere al espíritu global de la proposición no de ley
de presentar un proyecto de ley de ordenación del sector del libro y
fomento de la lectura, el Grupo Popular considera que la regulación
legislativa no es prioritaria, dada la situación administrativa
actual, en que las competencias sobre el libro y la lectura
corresponden en muchos campos a las comunidades autónomas. El
objetivo de la
Administración -y en este aspecto el Grupo Parlamentario Popular está
de acuerdo- debe ser el fomento del libro y la lectura y no la
ordenación de un sector privado, por lo que la medida más urgente y
necesaria sería el establecimiento de ese plan de actuaciones sobre
la base de las medidas propuestas en las que hemos llegado a un
entendimiento.
Ahí queda enmarcada toda la política cultural del Gobierno, son los
primeros pasos a dar, esto no es más que un comienzo de acuerdo y
esperamos que a lo largo de 1999 las fórmulas de consenso en un
amplio tema como éste, con 31 puntos, se puedan ir desarrollando en
pro de una política educativa que mejore sustancialmente en el futuro
todas las demandas que van a ser requeridas por los distintos
sectores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, como enmendante también
y partícipe de la enmienda transaccional, don Salvador Clotas tiene
la palabra.
El señor CLOTAS I CIERCO: Estamos ante un debate de indiscutible
trascendencia y oportunidad y creo que la iniciativa del señor
Alcaraz lo ha propiciado.
Este es un debate que, desde el punto de vista del grupo que
represento, debe de llevarse a cabo con sinceridad y sin falsa
retórica. Porque no hay nada más fácil, señor presidente, a la hora
de hablar del libro, que llenarse la boca de grandes palabras, de su
importancia y de la del sector editorial. Sin embargo, no hay nada
más real que la pérdida, en cierto modo, del prestigio cultural que
tiene el libro y los problemas que aquejan a la industria del libro.
Por tanto, debemos analizar con sinceridad cuál es la situación y ver
cuáles son las medidas que desde esta Comisión debemos de impulsar,
instando al Gobierno a que las lleve a cabo. Esto, como digo, hay que
hacerlo con la menos retórica posible y con la mayor serenidad y
profundidad. ¿Cuál es la situación? Por un lado, tenemos un sector
muy fuerte, se ha dicho aquí y es verdad; seguramente es el sector
industrial en materia de cultura más importante que tiene España,
pero a la vez lleno de debilidades, de problemas, como se demuestra
en las múltiples peticiones que a través de las mesas de trabajo se
han recibido, y conocemos esas debilidades y esos problemas.
Una de las debilidades, sin duda, reside en los índices de lectura
que tenemos en España; índices de lectura que no han variado
excesivamente, que se encuentra entre los más bajos de Europa y que
tienen una consecuencia en la industria del libro, aparte de las
culturales, que serían las primeras que deberíamos considerar.
¿Cuáles son las industriales? Por citar algunas de las más conocidas,
vivimos una situación industrial en la que las tiradas de los libros
son muy pequeñas porque el número de lectores también lo es, lo que
produce un encarecimiento del libro, y esto no es bueno ni redunda en
facilitar la lectura, puesto que si los libros son caros la lectura
será más difícil. Este es uno de los problemas, para caracterizar
esta situación, que en términos de una máxima brevedad diríamos
industria fuerte y llena de problemas a la vez e índices o hábitos de
lectura insuficientes.
Por otra parte, ¿cuál ha sido la actitud del Gobierno del señor Aznar
en materia del libro? Es fácil de ver. ¿Cuántas
han sido sus iniciativas? Ninguna ¿Cuál ha sido su nivel de acuerdo
con el sector hasta llegar a este inicio de conclusiones o de
acuerdos, porque no está terminada la tarea de las mesas de trabajo?
Escasísimo. Valga recordar aquí -no quisiera convertir esto en un
debate agrio, ya que hemos llegado a un consenso, del cual nos
facilitamos todos- que las relaciones entre el sector editorial y el
Gobierno del señor Aznar han sido las más difíciles de todas. Es
decir, no ha habido fotos hasta hace muy poco e incluso se celebraron
acontecimientos tan importantes como el Líber al que nadie asistió
representando a la Administración. Por tanto, estamos ante una
relaciones no solamente difíciles y complejas sino, en algún momento,
incluso de agresividad más que de colaboración. ¿Y de eso tendrá la
culpa un sector tan necesitado? No tiene la culpa el sector, tiene la
culpa el Gobierno del PP que tiene otras prioridades. No quiera
extenderme en ello, pero hasta ahora no se ha demostrado que la
prioridad pase ni por el apoyo a la industria cultural del libro ni
por el apoyo a la lectura y a las bibliotecas, ya sean las públicas o
las escolares, que tienen un nivel de desarrollo casi penoso en
nuestros país.
Ante esto hay que felicitar al señor Alcaraz, del Grupo Mixto, que ha
presentado una proposición no de ley basada en las tareas de las
mesas de trabajo, que también se basa -cómo no- en la desconfianza de
que esto se vaya a cumplir por parte del Gobierno. Por eso, el Grupo
Mixto ha hecho bien en traer aquí una proposición no de ley en la que
se recogen básicamente las primeras conclusiones de esos trabajos de
las mesas. ¿Cuál es y cuál ha sido la posición del Grupo Socialista
frente a esa proposición no de ley? Por un lado, de apoyo total.
Nosotros no discrepamos de la proposición no de ley del Grupo Mixto,
pero hemos presentado una alternativa que creemos que recoge lo
esencial de la proposición del Grupo Mixto y nos alegramos de que
haya servido para alcanzar el acuerdo de todos los grupos presentes
en la Cámara. Lo que hemos intentado no era enmerdarle la página al
grupo Mixto sino jerarquizar, porque creemos que en la propuesta del
Grupo Mixto había 30 puntos que eran de orden muy distinto y que
perjudicaba el correcto entendimiento de su voluntad el mezclar temas
que, en una jerarquía lógica, no debían aparecer unos al lado de
otros.
Por otra parte, había un tema en el que discrepábamos, que es el de
la refundición, es decir el de la apelación a una especia de ley
marco. Creemos que en el estado actual de las competencias no
corresponde llevar a cabo una ley marco, una ley del libro, pero en
realidad éste casi sería el único punto en profundidad en el que
discrepamos.
Creemos que el acuerdo al que se ha llegado es positivo; nosotros
seguramente hubiéramos deseado, igual que el señor Alcaraz, que en
algunos casos hubiera sido más determinante y nos hubiera gustado que
el plazo hubiera sido más concreto; creemos que con la actual
redacción el Gobierno goza de una discrecionalidad excesiva respecto
al tiempo; nos hubiera gustado más concreción en el tema fiscal, pero
creemos que se ha llegado a una buena propuesta, y si el Gobierno la
cumple, como esperamos y como es su deber, creo que habremos dado un
paso importante en un asunto el del libro y la lectura, que en los
últimos
años ha sufrido por parte de la política del Gobierno un parón
inexplicable.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, doña Carmen Solsona tiene la
palabra.
La señora SOLSONA I PIÑOL: En relación a la proposición no de ley que
ha presentado, por el Grupo Mixto, Nueva Izquierda-Iniciativa Els
Verts, nuestro grupo considera que se inspira en el primera documento
resultante de las mesas de trabajo sobre el libro español organizadas
por la Dirección General de Libros, Archivos y Bibliotecas, a
petición del sector.
En este primer documento -del cual ya hay unas conclusiones finales-
se proponer la elaboración de un plan de fomento del libro y la
lectura en cuatro temas principales: política cultural, comercio
interior y fiscalidad, comercio exterior y propiedad intelectual.
Nuestro grupo quiere manifestar que, en líneas generales, está de
acuerdo con la mayoría de las propuestas presentadas, así como con
las enmiendas presentadas por los grupos Popular y Socialista. En
principio, creemos que los niveles de coordinación que se establecen
con las comunidades autónomas deben tener en cuenta y adecuarse al
peso específico de cada comunidad en el sector editorial español.
Así, por ejemplo, a la hora de determinar los representantes de las
asociaciones del sector en el forum permanente sobre el libro y la
lectura, se tendría que tener en cuenta su peso específico en
relación al conjunto del Estado, en función de la comunidad autónoma
a que pertenece. Por otro lado, creemos que la proposición no de ley
tendría que recoger la necesidad de consensuar con el sector algunas
de las medidas contempladas en ella, lo cual ya se ha reflejado en el
texto final presentado. En cuanto a las medidas de soporte a las
pymes del sector del libro, se favorece sobre todo la lengua
castellana y las exportaciones a Iberoamérica. En consecuencia,
nuestro grupo creería oportuno arbitrar medidas para compensar a las
pymes que publiquen en otras lenguas del Estado.
Al margen de estas consideraciones, nuestro grupo está a favor del
texto transaccional que se ha redactado finalmente por consenso y que
recoge en parte nuestras observaciones. En aras a este consenso, lo
votará a favor.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, terminado el debate de los
puntos que constituían el orden del día y habiéndose anunciado la
votación para la una y media, suspendemos la sesión hasta la una y
venticinco. (El señor Abejón Ortega pide la palabra).
Señor Abejón, ¿a efectos de?
El señor ABEJÓN ORTEGA: De la intervención del señor Clotas, por
alusiones.
El señor PRESIDENTE: Usted no ha sido aludido.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Es una precisión, no voy a abrir debate.
El señor PRESIDENTE: No, claro que no a abrir usted debate, tampoco
vale mucho la pena. Déjelo usted ahí.
Según parece -y llegan emanaciones de la Moncloa-, todavía queda
suficiente legislatura para que tenga usted ocasión de hacer toda
clase de precisiones en posteriores ocasiones (Risas). Vamos a
dejarlo ahí y tengamos la fiesta en paz.
Suspendemos la sesión hasta la una y veinticinco.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a las votaciones relativas a todos y cada uno de los
puntos del orden del día que han sido objeto de debate y
consideración esta mañana.
Comenzamos por la proposición de creación de una subcomisión, dentro
de la Comisión de Educación y Cultura, para analizar el coste de los
libros de texto en la enseñanza básica y obligatoria y su repercusión
en las economías familiares. Es objeto de votación el texto tal y
como ha sido propuesto por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en cuanto a composición, forma de adopción de
acuerdos, objeto de la subcomisión y plazo para la realización de su
trabajo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del punto 2, sobre regulación de la tarjeta
única de investigador, a instancia del Grupo Parlamentario Popular.
He de entender que, aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el texto que es objeto de votación
literalmente diría así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que modifique la actual regulación de la tarjeta nacional
de investigador, en colaboración con las comunidades autónomas
y respetando, en todo caso, las competencias propias de éstas y los
convenios suscritos al respecto, de forma que se adecúe al
plurilingüismo del Estado, que se eliminen obstáculos y trámites
burocráticos y se facilite el acceso a los investigadores a los
distintos archivos de titularidad estatal.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A continuación, vamos a votar la proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a aprobar un suplemento de crédito no inferior a
20.000.000 de pesetas, destinado a apoyar económicamente la
candidatura de los Juegos del Mediterráneo, Almería 2005, y a incluir
una partida específica, para dicha candidatura, en los Presupuestos
Generales del Estado de los años sucesivos.
Señora Salinas, tiene la palabra para ver si se ha producido alguna
modificación.
La señora SALINAS GARCÍA: Informo a SS.SS. de que hemos llegado a un
acuerdo para la votación de nuestra proposición no de ley y aceptamos
la enmienda in voce presentada por Convergència i Unió, cuyo texto
acaban de pasar a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Le pido, por favor, que lo lea, señor Burballa.
Como hace mucho tiempo que no ejerzo de mancebo de botica, soy
incapaz de transcribir las prescripciones que contiene la receta
(risas).
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nada más lejos de mi intención que
exigir su esfuerzo para interpretar mi letra, cada vez más
complicada.
La enmienda in voce diría así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a proceder al análisis comparado de las actuaciones de la
Administración del Estado ante acontecimientos de semejante nivel
realizados en el pasado, y actúe en consecuencia para ayudar
económica y logísticamente a Almería durante el período comprendido
desde la oficialidad de ser sede hasta la celebración de los citados
Juegos del Mediterráneo del año 2005.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Esto es lo que se vota.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho texto por unanimidad.
Votamos a continuación la proposición que venía en el punto 5 del
orden del día, sobre regulación mediante ley de la autonomía de las
enseñanzas artísticas, que fue introducida por el Grupo Socialista
del Congreso.
La redacción que se propone es fruto de la asunción de la enmienda
del Grupo Catalán (Convergència i Unió). ¿Es así o no es así?
(asentimiento). La redacción es la siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a aprobar, de acuerdo con las comunidades
autónomas, en el plazo máximo de seis meses, un proyecto de ley que
regule el carácter específico del grado superior de las enseñanzas
artísticas. ¿Informados? (asentimiento).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado dicho texto por unanimidad.
Votamos ahora la proposición no de ley sobre protección registral de
la propiedad intelectual sobre obras de diseño, que venía en el punto
7 del orden del día.
El texto que se va a someter a votación dice así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses desde la
aprobación de la presente proposición, revise el vigente Reglamento
del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real
Decreto 422/1993, de 14 de mayo, a los efectos de establecer los
criterios que, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual,
permitan la inscripción de las obras plásticas, sean o no aplicadas,
garantizando así su adecuada y efectiva tutela registral.
¿Debidamente informados? (asentimiento).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada dicha proposición no de ley por
unanimidad.
Llegamos a la votación de la proposición no de ley que se ha
tramitado bajo el número 8, medidas para la promoción del libro y la
lectura. Con carácter previo y sin modificación ni entrada en debate
de nada de lo que se haya expuesto, don Salvador Clotas quiere hacer
una aclaración.
Señor Clotas, tiene la palabra.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señor presidente, simplemente deseo hacer
una rectificación que me parece de justicia. En mi intervención,
quizá porque no estaba leyendo, he dicho que no había asistido a la
inauguración del Liber nadie en representación del Ministerio de
Educación y Cultura, cuando la ausencia fue solamente de la ministra
y de secretario de Estado, porque asistió el director general del
Libro y quiero rectificar porque me parece de justicia.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Abejón tiene usted satisfacción ante esta
aclaración? (asentimiento). Enhorabuena (risas).
Vamos a dar lectura al texto resultante del acuerdo entre Grupo
Mixto, Grupo Popular y Grupo Socialista: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a: primero, elaborar en el plazo más breve posible
un plan de promoción del libro y de la lectura, a semejanza de lo que
está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, que ejecute los
acuerdos de las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de
Educación y Cultura. Dicho plan debe incluir: una campaña de
comunicación poderosa e imaginativa en los medios de comunicación
social que invite a una movilización de muy variada naturaleza tanto
pública como privada; potenciar una política de bibliotecas públicas
en colaboración con las comunidades autónomas, ayuntamientos,
universidades, etcétera, a las que se debe dotar con consignaciones
presupuestarias suficientes; desarrollar un programa ambicioso
y acelerado de las bibliotecas escolares que, hoy por hoy, pese a su
inclusión en la LOGSE apenas tienen existencia real. Segundo, lograr
una adecuada fiscalidad para el libro continuando los estudios de la
mesa de trabajo, de comercio interior y fiscalidad. Tercero, elaborar
en colaboración con el sector un plan de modernización y fomento de
las librerías como principal instrumento de divulgación del libro.
Cuarto, mantener el sistema del precio fijo como elemento clave para
el desarrollo de la pluralidad cultural, para garantizar la
competencia equilibrada en el sector y defenderlo, asimismo, en el
ámbito de la Unión Europea. Quinto, realizar un gran estudio
significativo sobre los hábitos de consumo y lectura en toda España y
apoyar otros más especializados que permitan tras su conocimiento
adoptar las decisiones adecuadas al respecto. Sexto, otorgar pleno
apoyo a los derechos de propiedad intelectual y a sus titulares,
especialmente ante el fenómeno de las nuevas tecnologías, impulsando
en la propia Administración pública una actuación ejemplar. Séptimo,
establecer en colaboración con las comunidades autónomas implicadas
programas específicos de apoyo a la edición de libros en todas las
lenguas oficiales. Octavo, dar apoyo económico y técnico a la oficina
del libro español que debería convertirse en pieza
clave para la promoción exterior y mejorar las tarifas postales de
transporte y seguros, adecuados a la doble naturaleza del libro y a
la situación peculiar de los países iberoamericanos. Noveno, apoyar
en el ámbito de la Unión Europea la consideración del libro como
producto cultural, de lo que se deben derivar beneficios fiscales,
económicos, de promoción, traducciones, etcétera. Décimo -y último-,
promover la actualización de la legislación en materia del libro y la
lectura en el ámbito de las competencias de la administración
central. ¿Debidamente informados? (asentimiento).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias a los
servicios de la Cámara y a los medios de comunicación presentes en la
misma.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.