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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 620, de 17/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 620
RGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PòBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles, 17 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias del señor ministro de Administraciones Públicas ante
la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas para:
- Informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento. A petición propia (número de expediente 214/000105)
... (Página 18028)
- Informar de las previsiones y líneas generales a desarrollar en su
departamento. A petición del Grupo Socialista del Congreso (número de
expediente 213/000934) ... (Página 18028)
- Informar sobre las líneas de política general a llevar a cabo en su
Ministerio. Apetición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (número de expediente 213/000940) ... (Página 18028)
- Informar sobre la evolución en los años 1997 y 1998 del complemento
de productividad de los funcionarios de la Administración General del
Estado, así como de los criterios que el Gobierno utiliza para su
distribución. A petición del Grupo Socialista del Congreso (número de
expediente 213/000905) ... (Página 18028)
- Explicar la política autonómica del gobierno. Apetición del Grupo
Socialista del Congreso (número de expediente 213/000948) ...
(Página 18028)
- Explicar la financiación autonómica en general y la aplicación a la
misma de la población declarada oficial por el Real Decreto 1645/
1997, de 21 de octubre. A petición del Grupo Socialista del Congreso
(número de expediente 213/000949) ... (Página 18028)
- Explicar el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas,
así como la política autonómica del Gobierno para la actual etapa de
la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (número de expediente 213/000952) ... (Página 18028)
- Informar acerca de la puesta en marcha efectiva del fondo de
nivelación autonómica, así como de la situación del sistema de
financiación autonómica, transcurridos dos años de su aprobación. A
petición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número
de expediente 213/000953) ... (Página 18028)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Régimen de
las Administraciones Públicas. Buenos días, señorías, señor ministro,
bienvenido en su primera comparecencia ante la Comisión de
Administraciones Públicas.
Señorías, el orden del día contiene un conjunto de ocho puntos que,
por acuerdo de la Mesa y los portavoces, trataremos de manera
conjunta. Son diversas comparecencias, una de ellas solicitada por el
ministro para informar sobre las líneas generales de la política de
su departamento. Hay también cuatro comparecencias solicitadas por el
Grupo Socialista: una, para informar sobre previsiones y líneas
generales del Ministerio; otra, para informar sobre la evolución
durante los años 1997 y 1998 del complemento de productividad; la
siguiente, para explicar la política autonómica del Gobierno, y la
última, para explicar la financiación autonómica y la aplicación a la
misma del criterio de población. Asimismo, se han incluido en el
orden del día tres comparecencias solicitadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida: la primera, sobre líneas de
política general; la segunda, para explicar el proceso de
transferencias a las Comunidades Autónomas y la política autonómica
del Gobierno, y la tercera, para informar sobre la puesta en marcha
del Fondo de nivelación autonómica.
Comenzaremos la sesión, como es habitual en esta Comisión, con la
intervención del señor ministro. Luego, tendrán la palabra los
portavoces de los grupos parlamentarios que han solicitado las
comparecencias y, a continuación, si así lo desean, el resto de los
grupos parlamentarios. Por las características del orden del día y
por la flexibilidad de los grupos parlamentarios al permitir acumular
en esta primera sesión este conjunto de comparecencias, esta
Presidencia será flexible en la atribución del tiempo que tienen SS.
SS. para intervenir, aunque apelo a su buen sentido para que utilicen
el tiempo necesario y nada más que el tiempo necesario.
Sin más, señor ministro, reiterándole la bienvenida en su primera
comparecencia ante nuestra Comisión, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
señoras y señores diputados, después de saludarles y agradecerle al
señor presidente sus palabras de bienvenida, así como a todos ustedes
las que me han trasladado en privado, voy a tratar, en el marco de
esta comparecencia conjunta de dar cuenta de la acción de mi
departamento durante lo que queda de legislatura sobre aquellos
asuntos en relación con los cuales los distintos grupos
parlamentarios han solicitado algún tipo de aclaración. Por ello, y
por anticipado, les pido disculpas por la complejidad de mi
intervención. He tratado de que resulte lo más resumida y concreta
posible para no abusar de la paciencia de SS. SS., pero agrupar
cuestiones tan diferentes como pueden ser el complemento de
productividad de los funcionarios o una valoración de estos dos años
y medio de la financiación autonómica, junto con un calendario sobre
las actuaciones del Ministerio, ha tenido una cierta complejidad. En
cualquier caso, y en función de lo que acaba de decir el señor
presidente, espero que si alguno de los asuntos no es tratado con la
profundidad que ustedes quieren, a lo largo de la comparecencia
tengamos momentos para poder desarrollarlo mejor.
Sin más dilación, comienzo dando cuenta del trabajo a desarrollar en
los próximos meses, trabajo sustentado tanto en la actividad política
desplegada en los años que llevamos de legislatura como en la
continuación de un proyecto que sitúa al ciudadano en el centro de
las decisiones políticas. Hablar de ciudadana o ciudadano en la
España de finales del siglo es hablar de alguien a quien le preocupa
tanto la calidad en la prestación de los servicios públicos como
quién los realiza. La Constitución española, como marco de
convivencia básico de los españoles, propone un modelo de
descentralización política y administrativa que ha hecho posible no
sólo la configuración de las Comunidades autónomas, sino el
desarrollo paulatino de una nueva Administración, que, desde mi punto
de vista, está demostrando
capacidad para resolver eficazmente los retos y exigencias de nuestra
sociedad, así como la posibilidad de ir proyectando un espacio de
participación y decisión acorde con un tiempo en el que el dinamismo
exige de los servicios públicos las características de un modelo de
respuesta rápida, de calidad y solidaria. La Constitución también
reserva un papel relevante a la vieja institución municipal como
primera garantía de la prestación de los servicios más directamente
relacionados con el día a día de los españoles. El pacto local, que
ustedes tuvieron la oportunidad de aprobar en el Congreso y que en
estos momentos se encuentra en el Senado, ha devuelto una vez más a
la primera línea del debate político el funcionamiento de las
corporaciones locales, su organización política y administrativa y,
en definitiva, la vida de nuestros pueblos y nuestras ciudades.
En la primera parte de mi exposición haré referencia al impulso que
pretendemos dar al proceso autonómico en esta nueva etapa.
Seguidamente, me voy a centrar en aquellas cuestiones que
corresponden al ámbito local para, hablando del interés que para mí
tiene la Administración general, terminar diciendo que debe ser una
Administración cada vez más sencilla, cada vez más ágil y cada vez
más eficaz.
Como decía al comienzo de esta intervención, la España de las
Comunidades Autónomas es un sabio equilibrio entre el reconocimiento
de unos derechos inherentes a la voluntad de las regiones y
nacionalidades de plantear su singularidad por la vía política y una
manera de entender la Administración como aquella instancia
permanente al servicio de la sociedad que le da razón de existir.
Estos años de vida autonómica han fortalecido la capacidad de
decisión política de los españoles en cada uno de sus territorios,
han creado instituciones que han ido alcanzando un alto prestigio en
las sociedades donde se han ido configurando, siendo hoy
imprescindibles -gobiernos, parlamentos, entre otras realidades- en
la realidad cotidiana, hasta el extremo de que hoy ya sería difícil
imaginarnos nuestra sociedad sin su existencia. Éste, entiendo, es
uno de los grandes éxitos de nuestro modelo político. Cualquier
español se siente hoy fielmente representado por sus instituciones
políticas más cercanas.
Aeste modelo político le ha acompañado la asunción de
responsabilidades competenciales que de una u otra manera se han ido
efectuando a lo largo del tiempo, tiempo que ha servido para
demostrarnos que estamos en el camino acertado y, además, para
conseguir uno de los sistemas políticos más descentralizados del
mundo. Hemos pasado, como SS. SS. conocen, de un 87,33 por 100 del
gasto público en manos de la Administración central en el año 1981 al
61,13 por 100 en el año 1998 y, sin ninguna duda, al final de esta
legislatura llegaremos al 51 por 100, cuando culminemos el proceso de
transferencias ahora iniciado. Todo ello ha sido posible gracias a
los grandes acuerdos que han ido marcando la política autonómica;
grandes acuerdos conseguidos con la concertación de esfuerzos e
intereses, conscientes del papel que para la cohesión social y
económica de nuestro país significa que su desarrollo permita que
nadie se sienta excluido de un proceso del que se parte sabiendo que
todos los españoles tenemos el derecho de exigir iguales
oportunidades e iguales posibilidades. Este modelo establecido en la
Constitución y en los estatutos, desde mi punto de vista,
sigue siendo válido y vigente, y debemos seguir desarrollándolo. Por
ello, en las semanas que llevamos trabajando, ya hemos comenzado
algunas de las tareas que me parece imprescindible hacer efectivas en
esas líneas de actuación. Así, en lo referente a la coordinación e
impulso del traspaso de funciones y servicios a las Comunidades
autónomas, que permite que se hagan efectivas las competencias
asumidas por los respectivos estatutos en el marco de la
Constitución, ya hemos mantenido contactos y reuniones con la
práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, que finalizarán
mañana mismo por la tarde en una reunión con los representantes del
Gobierno vasco en la que trataremos de las transferencias que todavía
tienen pendientes. Esta misma semana hemos celebrado dos comisiones
mixtas de transferencias con la Junta de Extremadura y con la Junta
de Galicia. En cuanto a la primera, se han traspasado servicios
importantes en materia de turismo, cultura y agricultura; en el caso
de la Comunidad Gallega, se han culminado traspasos en materia de
justicia, educación y el Instituto Social de la Marina. Para estas
comisiones de transferencias tenemos elaborado un calendario que,
como todos ustedes comprenderán, en este momento es provisional y
comenzará a finales de este mismo mes, y si las dificultades en la
negociación no lo impiden, se iniciará con el traspaso de la
formación profesional ocupacional a la Comunidad Autónoma de Murcia,
que de esta forma dará un paso más hacia su igualación competencial
con las Comunidades Autónomas de vía rápida.
En este mismo mes de febrero comenzarán los trabajos preparatorios
relativos a distintas materias en los ministerios correspondientes,
entre las cuales destacaré algunas tan importantes como la educación
no universitaria, los medios personales y materiales de la
Administración de Justicia y las políticas activas del INEM, todo
ello con relación a las Comunidades Autónomas del artículo 143. De
esta forma, por ejemplo, está previsto para la semana próxima la
celebración de una ponencia técnica con Extremadura para sentar las
bases del traspaso en materia de educación no universitaria.
En este calendario que les adelanto, en el mes de marzo, además de
continuar con los trabajos antes referidos, se van a producir
significativos traspasos a la Comunidad Valenciana (parque móvil,
servicios sociales, servicios de empleo, Instituto Social de la
Marina, control de productos farmacéuticos, propiedad intelectual,
traspaso del INEM); a la Comunidad Autónoma de Cataluña en la que
ayer mismo se celebró una reunión en la que hemos ultimado el
traspaso de los servicios de tráfico en las comarcas de Lleida. Luego
me referiré a otras transferencias a Cataluña cuando vaya avanzando
el calendario. Para el próximo mes de marzo está previsto también el
traspaso de distintas funciones y servicios a Aragón en materias
tales como funcionarios docentes, instituciones penitenciarias o el
control de productos farmacéuticos. En el mes de abril, además de
Cantabria, que recibirá transferencias en distintas materias, hay
otras dos comunidades a las que se traspasarán servicios y funciones
relativos a aspectos esenciales de su realidad socio-económica;
Castilla y León recibirá medios necesarios para la gestión del FEGA,
siendo como es una Comunidad Autónoma con un altísimo nivel de
producción cerealista; a Baleares, comunidad insular, se traspasarán
también funciones
y servicios en materia de marina y enseñanzas náuticopesqueras,
importantes materias que se verán complementadas por otras como
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, mediadores
de seguros, propiedad intelectual o el control de productos
farmacéuticos. Por último, el mes en el que se concentrarán los
traspasos cuantitativa y cualitativamente más importantes
(pretendemos que sea en el mes de mayo) marcará un hito en el
desarrollo de las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía
por la vía del artículo 143. Me estoy refiriendo, como sin duda
ustedes se imaginarán, a las funciones y servicios en materia de
educación no universitaria, que actualmente sólo han sido
transferidos, además de a las Comunidades Autónomas del artículo 151,
a La Rioja, Cantabria, Baleares y Aragón. También pretendemos
traspasar las políticas activas del INEM y los medios personales y
materiales de la Administración de justicia, funciones y servicios
que se traspasarán, en la medida de lo posible, a todas las
Comunidades Autónomas que en estos momentos todavía no tienen estas
competencias. A estas competencias mayores se añadirán otras que
ustedes ya conocen por lo que no les voy a cansar, como es el control
de productos farmacéuticos, mediadores de seguros, propiedad
intelectual, etc.
Como les decía anteriormente, en el mismo mes de mayo tendrá lugar
una nueva reunión que tenemos ya acordada con la Comunidad Autónoma
de Cataluña para algunos traspasos. En estos momentos ya estamos
preparando la documentación administrativa suficiente para que la
Comisión Mixta se celebre antes de la primavera. De esta forma,
cuando culmine este calendario, sólo quedará una gran materia
pendiente de traspasar en la próxima legislatura, a la que podrían
añadirse, en su caso, los traspasos antes citados que por cualquier
causa no hubiésemos podido culminar. Se trata, lógicamente, de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social, gestionada actualmente
por el INSALUD, que tan directamente incide en los aspectos
esenciales de la vida de los españoles. Pretendo que sean en los
meses venideros cuando empecemos a tratar y a sentar las bases para
comenzar los trabajos, con un horizonte de cuatro años, que permitan
realizar el traspaso de la asistencia sanitaria. De esta forma, en un
futuro no muy lejano, todas las Comunidades Autónomas habrán
incrementado de manera muy notable su nivel competencial, llegando de
una manera más cercana a los ciudadanos, a cuyo servicio trabajamos y
es el objetivo que pretendemos.
Por otro lado, relacionado con el principio de corresponsabilidad
fiscal al que luego me referiré y que marca el actual modelo de
financiación autonómica, la culminación de estos traspasos
competenciales implicará un significativo incremento de las
posibilidades de gasto de las diferentes Comunidades Autónomas en
consonancia con estos nuevos intereses que pasarán a gestionar. Este
incremento será particularmente llamativo en las comunidades que
reciban ahora los traspasos en materia de educación y posteriormente
en sanidad, algunas de las cuales van a llegar a triplicar su
presupuesto cuando efectivamente gestionen estas dos competencias.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que la consolidación del actual
modelo de Estado no pasa únicamente, desde mi punto de vista, por
realizar los traspasos de servicios pendientes, sino que también debe
descansar en dos
pilares fundamentales sobre los que nos proponemos desplegar una
importante actuación política desde el Ministerio de Administraciones
Públicas. Por un lado, garantizar la realización efectiva del
principio de solidaridad, y, por otro, potenciar el mantenimiento de
relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades
Autónomas que permitan ejercer las competencias correspondientes de
la forma más efectiva y óptima posible en aras de la satisfacción de
las necesidades ciudadanas, que, en última instancia, lo he repetido
en varias ocasiones, es la finalidad última de la actuación de los
poderes públicos.
Entiendo que la solidaridad, como seguramente todos ustedes opinan,
se mueve en cuatro planos: solidaridad de las Comunidades Autónomas
con el propio Estado, solidaridad del Estado respecto a las
Comunidades Autónomas, solidaridad entre las mismas Comunidades
Autónomas y solidaridad interna de las propias Comunidades Autónomas.
La solidaridad como principio está presente en dos supuestos. Uno es
la solidaridad económica. La perspectiva de la solidaridad económica
debe ser entendido cada vez más como el conjunto de mecanismos
destinados a asegurar una más justa distribución de la riqueza
territorial nacional, corrigiendo los desequilibrios entre las zonas
prósperas y las menos desarrolladas del país. Los desequilibrios no
son buenos para nadie. Que cualquier territorio quede retrasado
respecto al conjunto es malo para ese conjunto. A tal fin, y en
desarrollo de este principio constitucional, se prohíben expresamente
los privilegios económicos o sociales a través de los estatutos de
autonomía. Se institucionaliza la distribución, entre otros, a favor
del Fondo de Compensación Interterritorial, fondo que, como también
ustedes conocen, ha ido aumentando sus consignaciones presupuestarias
a lo largo de esta legislatura. Asimismo, configurando la autonomía
financiera con arreglo a principios de coordinación con la Hacienda
estatal y solidaridad entre todos los españoles, además del
desarrollo de la asignación de nivelación para servicios públicos. Y,
todo ello, bajo la planificación de la actividad económica general
para equilibrar y armonizar el desarrollo regional.
La otra dimensión de la solidaridad es la dimensión jurídica. La
solidaridad se plasma en un conjunto de garantías jurídicas basadas
en la igualdad y en la libertad; igualdad de todos los españoles, que
tienen a su vez los mismos derechos y obligaciones de cualquier parte
del territorio del Estado, así como el valor constitucional de la
libertad, que se proyecta en este caso como la libre circulación
y establecimiento. Ytodo ello en el marco de la pluralidad
enriquecedora de la configuración de nuestro Estado de las
autonomías.
El otro principio al que antes hacía referencia, después de la
solidaridad, es el de la colaboración. Entiendo que su potenciación
reside en la necesidad de orientar las relaciones entre las
autonomías y de éstas con el conjunto del Estado hacia una política
que haga de la relación entre las administraciones públicas la base
para el desarrollo del siempre dinámico proceso autonómico. Las
competencias estatales y autonómicas se deben desarrollar teniendo
siempre en cuenta al resto de las instituciones implicadas. Por eso
apoyaré e impulsaré las propuestas que permitan la concertación de
acciones administrativas o la toma conjunta de decisiones, cuyo
potencial, desde mi punto de vista, está aún por
explotar en su totalidad. Creo sinceramente que los mecanismos de
colaboración no sólo son necesarios; creo que en este momento son
imprescindibles y que los responsables y gestores públicos, estatales
y autonómicos, deben usarlos en la adopción y ejecución de las
políticas públicas, especialmente cuando se trata de competencias
compartidas.
La reciente aprobación de la Ley 4/1999 abre en este campo un nuevo
horizonte en el desarrollo de la descentralización político-
administrativa sobre el que estamos trabajando. La colaboración se
contempla como una consecuencia del deber de lealtad institucional,
debiendo instrumentarse no sólo a través de los nuevos mecanismos que
regula, sino abriendo las puertas a cualquier instrumento
y procedimiento que, de manera común, establezcan las administraciones.
De esta manera, a las ya tradicionales conferencias sectoriales y
demás órganos de apoyo, como los convenios de colaboración, además de
dotárseles de un carácter mucho más abierto y polivalente, tanto por
su organización como por las finalidades que pueden diseñar, deben
unírseles nuevas figuras que vamos a impulsar, como son las
comisiones bilaterales de cooperación u otros órganos de cooperación
para los ámbitos específicos en que así se establezca. También cabe
mencionar los protocolos generales como documentos integrantes de una
pauta de acción política concertada y que pueden constituir
verdaderos documentos políticos que contengan las líneas maestras de
una política pública precisada de desarrollo a través de los
pertinentes convenios.
Asimismo, otro instrumento como los planes y programas conjuntos, de
un uso hasta ahora muy limitado y ceñido tradicionalmente a concretos
sectores de la acción administrativa, se deben añadir a los
mecanismos anteriores de materialización del principio colaborador.
Creo que constituyen un instrumento de un enorme potencial, como así
se ha revelado en otros sistemas constitucionales descentralizados
como Alemania, donde su profusión es especialmente intensa en materia
de infraestructuras y en la racionalización de los recursos
naturales.
Las conferencias sectoriales, como instrumento por excelencia de la
cooperación multilateral, deben ser impulsadas para que su
funcionamiento sea eficaz, ya que son los órganos de participación de
todas las Comunidades Autónomas en los que se pueden analizar y
estudiar los asuntos con mayor agilidad y fluidez. Haciendo un repaso
del funcionamiento de las más relevantes, cabe resaltar las
actuaciones más destacadas que vamos a desarrollar. Una de las
conferencias que debe ser impulsada, desde mi punto de vista, es la
de educación, para llegar a un acuerdo definitivo en materia de
becas. La conferencia para asuntos relacionados con las comunidades
europeas, pieza clave de la dinamización de otras conferencias
sectoriales, será potenciada por parte del Ministerio de
Administraciones Públicas. Puede destacarse también la valoración
positiva, en cuanto a colaboración, de la conferencia de agricultura,
en la que inciden temas comunitarios que van a tener una relevancia
importante en los próximos meses, no sólo sobre los que ya se ha
trabajado, como la cuota láctea, sino la peste porcina, la reforma de
la OCM del aceite, así como todos los temas derivados de la Agenda
2000. Por lo que respecta a la conferencia sectorial de industria y
energía, así como la
de infraestructuras y ordenación del territorio, serán foros de
colaboración precisados de un importante impulso.
Me refería antes al instrumento de los planes y programas conjuntos,
que, decía, suponen un novedoso mecanismo de colaboración. Se ha
establecido una completa regulación de los mismos compatible con el
principio de voluntariedad que debe informar la cooperación. En
esencia, los planes y programas conjuntos se configuran como un
método de trabajo entre el Estado y las Comunidades Autónomas que
debe integrar todas las actuaciones necesarias para el desarrollo de
una política pública de común interés para las partes. La máxima
eficacia de muchos programas incentivadores de determinadas
actividades económicas pueden lograrse si somos capaces de integrar
las ayudas, siempre bajo una misma línea de acción concertada que
puede contenerse en tales planes y programas. Estamos impulsando
algunos tan importantes como los de la bahía de Pasajes o La Línea de
la Concepción. Además, dado que la articulación de éstos configurada
en la Ley 4 en torno a las conferencias sectoriales, ofrece el
soporte para hacer efectiva la planificación conjunta al hacer
descansar sobre la misma la propia actividad de las 30 conferencias
sectoriales existentes hoy en día.
Como ejemplos de colaboración entre la Administración central y las
Comunidades Autónomas creo que pueden citarse y vamos a trabajar en
materias como vivienda, pequeñas empresas, desarrollo empresarial,
gestión de residuos, medio ambiente, mejora de estructuras agrarias o
empleo. Lo mismo cabe señalar en materia de grandes infraestructuras,
como la construcción de redes viarias o líneas ferroviarias. La
programación conjunta auspiciada por el Estado puede resultar de
utilidad al servir como instrumento de coordinación de las
actuaciones estatales y autonómicas. En mi opinión, la técnica de los
planes y programas se revela especialmente indicada no sólo para
integrar políticas públicas, sino también para aglutinar en torno
a una misma política a varias Comunidades Autónomas.
Dejando a un lado la faceta cooperativa, otra de las
responsabilidades del Ministerio de Administraciones Públicas es el
seguimiento y coordinación normativa; esto es, el control de las
normas tanto estatales como autonómicas, a fin de conseguir en lo
posible que se ajusten al orden constitucional de distribución de
competencias. Yo creo que una de las cuestiones más significativas
del Estado de las autonomías ha sido el grado de conflictividad
competencial que se ha producido en su seno y que incluso supera a
otros Estados territoriales descentralizados. Precisamente para
reducir esta conflictividad creo que se deben impulsar ciertos cauces
de coordinación previa, para evitar en lo posible dicha
conflictividad. Tenemos una decidida voluntad política de
materializar principios y mecanismos que hagan posible cumplir este
deseo, este objetivo.
Como ya dije al principio de mi intervención, el pacto local ha
devuelto a los pueblos y ciudades a la primera línea informativa.
Deberíamos intentar que no desapareciese de ese lugar, en primer
término, para hacer efectivo el propio pacto mediante el desarrollo
normativo, que luego explicaré, como también para analizar la
realidad ya no sólo competencial sino de prestación de servicios de
nuestros municipios. El ciudadano lo es básicamente en función del
entorno donde desarrolla su vida: la vivienda, el entorno de la
misma, los
espacios verdes, el sistema de transporte, la oferta de trabajo o de
ocio. Esos servicios se prestan en la ciudad, donde concurren
servicios prestados por cada una de las administraciones y donde los
ciudadanos exigimos que los llamados mínimos, que son esenciales, se
den sin ningún tipo de excusa. En primer lugar, y para que la
agilidad de las decisiones municipales coadyuven a la prestación de
los servicios que les corresponden, una vez aprobado por las Cortes
Generales en pacto local, voy a impulsar decididamente su desarrollo
con toda la urgencianecesaria, que paso a exponer.
Estas medidas pueden esquematizarse en tres grandes apartados:
desarrollo reglamentario, medidas administrativas y medidas de
carácter general.
En cuanto al desarrollo reglamentario, los cambios introducidos en
las leyes implicarán modificaciones reglamentarias en materia de
aguas, en las que se exige al Gobierno actuaciones para aprobar un
reglamento de la Administración pública del agua y de la
planificación hidrológica y de adecuación de los reales decretos en
los que se establece la composición de las juntas de gobierno de las
distintas confederaciones hidrográficas. Estas modificaciones vienen
derivadas del hecho de que en la propia ley se reconoce la
obligatoriedad de la participación de los entes locales en el Consejo
Nacional del Agua, dadas las competencias de los municipios en una
materia tan importante como es el abastecimiento de agua potable a
los municipios.
El segundo lugar, nos encontramos con actuaciones que tendríamos que
llevar a cabo derivadas de la modificación de la Ley Orgánica 8/1985,
reguladora del derecho a la educación. Esta modificación requerirá
una adecuación del Consejo Escolar del Estado a la nueva redacción
del artículo 31 de la ley. En efecto, el Consejo Escolar del Estado
se configura en la actualidad como el órgano de ámbito nacional para
la participación de los sectores afectados en la programación general
de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o
de reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el
Gobierno.
Respecto a las medidas de carácter administrativo que el Gobierno se
comprometió a desarrollar en el citado acuerdo, las citaré tomando
como referencia el Ministerio que tiene atribuida la competencia. En
materia de interior, tenemos que citar el compromiso de iniciar, con
carácter inmediato, el estudio con la Federación Española de
Municipios y Provincias, como representante de las entidades locales
en la Comisión Nacional de Administración Local, de una
simplificación de la vía reglamentaria del procedimiento sancionador
en materia de tráfico, a fin de solucionar los problemas que
actualmente viene planteando. Ello implicará, en su caso, la
modificación del procedimiento sancionador en materia de tráfico, de
circulación de vehículos a motor y de seguridad vial. También tenemos
que reglamentar la constitución y composición de las cada vez más
importantes juntas locales de seguridad, potenciando el papel como
órganos básicos de colaboración, coordinación e intercambio de
información entre las diferentes policías que actúan en el ámbito
local. Por último, se pretende mantener y asegurar un ámbito
competencial propio de los municipios en materia de protección civil,
así como garantizar la participación municipal en las actividades de
la Escuela Nacional de Protección Civil.
En lo que se refiere al ámbito del trabajo y asuntos sociales,
destaca, en primer lugar, la necesidad de potenciar la participación
efectiva de las entidades locales en los programas del Fondo Social
Europeo, en el marco de la iniciativa comunitaria de empleo y
desarrollo de los recursos humanos. Hay también importantísimos
desarrollos reglamentarios en materia de sanidad y consumo, de medio
ambiente y en el ámbito de la justicia. Haré una especial referencia
al ámbito del turismo, respecto al que es necesario crear y asegurar
la participación de las entidades locales en el Consejo Promotor de
Turismo, encargado de la promoción interna y externa del turismo.
En materia de fomento, destaca el compromiso, en el que tanto interés
tienen desde hace mucho tiempo las corporaciones locales, de asegurar
la representación de la participación de las entidades locales en los
programas estatales sobre vivienda, infraestructuras, su
planificación y programación.
En lo referente al pacto local, se habla ahora de promover una nueva
descentralización de competencias de las Comunidades Autónomas a los
entes locales. Pues bien, considero que, en este tema, el Ministerio
debe centrarse en labores de impulso y asesoramiento, con el fin de
que todas aquellas medidas que solicitaba la Federación Española de
Municipios dentro del pacto local, y que no han podido ser realizadas
en el mismo por ser competencia de las Comunidades Autónomas, se
lleven a la práctica en los respectivos ámbitos autonómicos. En este
aspecto, la Dirección General para la Administración Local y el
Instituto Nacional de Administración Pública, independientemente de
que cada Comunidad Autónoma pueda dar al pacto local de ámbito
autonómico el contenido que considere conveniente ajustándose a su
modelo de organización territorial, prestará, y ya ha recibido
instrucciones para ello, todo el apoyo necesario, todo el impulso, en
aquello que su experiencia pueda ser válida, si así se solicita por
las partes afectadas. Para ello, este Ministerio propone a todos los
interlocutores abrir un período de reflexión sobre las materias que
aquí hemos tratado, tanto respecto al pacto local autonómico, la
actualización de los servicios municipales contemplados en la Ley de
bases, los nuevos servicios que pueden considerarse mínimos en todos
los municipios y las políticas municipales activas de empleo, a fin
de adaptar los ayuntamientos a las exigencias del próximo siglo y
equipararnos con el trabajo que están desarrollando nuestro vecinos
europeos. Por último, resulta precisa la intensificación de la
cooperación internacional del departamento en materias relativas a
los gobiernos locales, especialmente en los países iberoamericanos y
en las nuevas democracias del centro y del este de Europa,
fortaleciendo también la política existente en esta materia.
A continuación, quiero hacer, aunque sea de la manera más breve
posible, una referencia a una de las peticiones de comparecencia
relativa al sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001. Es
un sistema o modelo de financiación aprobado y adoptado por todas las
Comunidades Autónomas a excepción de Andalucía, Extremadura y
Castilla-La Mancha, que, entendemos, está atendiendo adecuadamente
las demandas de corresponsabilidad fiscal que se habían manifestado
por las Comunidades Autónomas durante el quinquenio anterior y, desde
esta premisa, demostrando que dispone de los elementos necesarios que
garantizan
las dos cuestiones esenciales en un modelo de financiación
autonómica: la suficiencia financiera y la solidaridad.
Efectivamente, el sistema atiende las demandas de corresponsabilidad
fiscal en un doble sentido; primero, atribuyendo la capacidad
normativa en relación con los tributos cedidos y el IRPF, y, en
segundo lugar, fortaleciendo y mejorando la coordinación en materia
de gestión de tributos cedidos y participando en la gestión del IRPF
mediante la creación de la Comisión Mixta para la gestión tributaria;
órganos que están incardinados, como SS.SS. conocen, en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la que forman parte las
Comunidades Autónomas.
Decía que el sistema de financiación en este tiempo de funcionamiento
también está cumpliendo con el principio de suficiencia financiera.
El sistema de financiación, en función de la conjunción de los
distintos mecanismos constituidos por la tarifa autonómica, la
participación en los ingresos territoriales del Estado por IRPF, la
participación en los ingresos generales del Estado y las tres
aplicaciones del Fondo de garantía, viene proporcionando a las
Comunidades Autónomas que lo adoptaron un crecimiento global de sus
recursos que se está situando sensiblemente por encima del índice de
crecimiento de la economía; esto es, se encuentra por encima del
incremento del PIB nominal al coste de los factores y del gasto del
Estado en materias susceptibles de traspaso.
Estas pautas de crecimiento de los recursos, relacionadas con la
realidad de una inflación baja y estable, hacen que el crecimiento
global de los recursos que proporciona el sistema de financiación no
tenga precedente que lo iguale. El sistema de financiación cumple
además el principio de solidaridad, al garantizar a las Comunidades
Autónomas, en primer lugar, un crecimiento de sus recursos, como
decía antes, por encima del IRPF y por participación en los ingresos
del Estado igual al del PIB nominal al coste de los factores. En
segundo lugar, porque el crecimiento de la totalidad de los recursos
de cada una de las Comunidades Autónomas sea, como mínimo, igual al
90 por 100 del crecimiento medio de todas las Comunidades Autónomas.
En tercer lugar, que una vez contemplado el traspaso de servicios de
la educación no universitaria a todas las Comunidades Autónomas, la
financiación per capita para cada Comunidad Autónoma será, como
mínimo igual al 90 por 100 de la media de financiación por habitante
en el año 2001.
Por otra parte, y en relación con los demás instrumentos de
solidaridad recogidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 23 de septiembre de 1996, debe destacarse el
crecimiento de las dotaciones presupuestarias al Fondo de
Compensación Interterritorial a partir del año 1997 y, en segundo
lugar, las tareas realizadas por el grupo de trabajo creado en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el encargo de
elevar una propuesta de instrumentación jurídica, financiera y
presupuestaria de las asignaciones de nivelación de los servicios
públicos fundamentales regulados en el artículo 15 de la Lofca. Hasta
el momento se han producido seis reuniones en los últimos dos años.
Con anterioridad, el grupo de trabajo creado con esta finalidad se
había reunido en tres ocasiones en diez años. Tienen avanzados sus
trabajos y luego, si SS.SS. lo consideran oportuno, podemos
pormenorizar.
A continuación, quiero pasar a exponer las líneas generales de
actuación en la segunda gran área del departamento correspondiente a
Administraciones Públicas.
Señorías, tenemos el reto de construir una nueva Administración para
un nuevo siglo, una Administración que cree en las personas y en la
fuerza de la sociedad y por eso la atención a sus problemas, la
orientación al ciudadano como usuario y el respeto y la
revalorización de los funcionarios y empleados públicos y serán y
deben ser la razón de ser de esta nueva Administración. Esta
concepción del papel de la Administración es reflejo del cambio de
actitud de los ciudadanos en relación con el sector público, al que
sólo se le reconocerá su legitimidad en la medida en que sus
actuaciones respondan adecuadamente a las demandas que se les
planteen. La Administración pública no puede permanecer ajena a una
profunda transformación social. Es preciso mantenerla totalmente
abierta a la sociedad en un entorno caracterizado por los cambios
producidos por la integración europea, la conformación de mercados
abiertos, la desaparición de fronteras y la reordenación completa de
las actividades productivas y de servicios a causa de los avances de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por
ello, la Administración pública ha de ocupar una nueva posición, ser
sensible a los cambios sucesivos que tengan lugar en la sociedad y
servir para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, en un
proceso de adaptación continua a sus necesidades. La Administración
ha de convertirse, por tanto, en un instrumento flexible que
evoluciona con la sociedad y con sus cambios en el orden económico y
social y que ha de actuar descentralizadamente, ha de ajustar sus
dimensiones a las necesidades reales de los ciudadanos y las
instituciones y ha de prestar sus servicios más eficazmente,
externalizándolos cuando sea conveniente, con el fin último de
promover un mayor desarrollo económico, favorecer el aumento del
empleo y mejorar las prestaciones sociales.
En este contexto, el papel de la Administración orientada a los
ciudadanos y a los usuarios cobra pleno sentido. La Administración
debe facilitar la vida a los ciudadanos y no convertirse en un
obstáculo para su desarrollo, por lo que es necesario proseguir la
acción del Gobierno introduciendo las mejoras que correspondan al
sentir de la sociedad sobre qué Administración desean, que sean
acordes con los principios de neutralidad política de la
Administración, de legalidad, de subsidiariedad y de coordinación y
cooperación entre las diferentes administraciones. Estoy convencido
de que la Administración española puede prestar tan buenos servicios
como las mejoras empresas de este país. Es la hora de aprovechar el
impulso de los empleados públicos y las oportunidades que ofrece el
progreso de la sociedad del conocimiento, el avance de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación para lograr una nueva
Administración para esta nueva sociedad.
Con el fin de impulsar coordinadamente las actuaciones en marcha e
incorporar aquellas otras que la propia evolución de la sociedad
demanda, voy a promover un plan de calidad en la Administración
pública. Este plan se basa en los siguientes elementos fundamentales:
la Administración pública ha de estar orientada a la atención de las
necesidades de los ciudadanos y de los usuarios de sus servicios. La
Administración ha de preocuparse por la obtención de resultados que
satisfagan las aspiraciones de la sociedad
con la mayor calidad y la mejor eficiencia. Las personas que integran
la función pública constituyen su principal activo y son la garantía
de que las transformaciones que se realicen partan del respeto a
quienes prestan y reciben los servicios públicos. Un renovado
compromiso ético debe marcar la acción de la Administración. La
delegación y la descentralización han de acercar las tomas de
decisiones a los lugares donde se presta el servicio. Frente a una
excesiva jerarquización, el trabajo cooperativo sirve para encontrar
las mejores soluciones. Las actividades de la Administración pública
han de evaluarse para conocer si se están alcanzando los objetivos
previstos y examinar si se están satisfaciendo las expectativas de
los ciudadanos y de los usuarios de los servicios. El conocimiento de
las necesidades de la sociedad debe conducir a la introducción de
mejoras en la prestación de los servicios.
Con este plan será posible avanzar hacia una Administración pública
moderna y eficaz, que no suponga un gravamen para las personas y las
organizaciones y que sirva para impulsar el desarrollo económico y
social de nuestro país. Los objetivos más inmediatos del plan serán
mejorar las relaciones que los ciudadanos han de mantener con la
Administración, mejorar la ordenación del personal para facilitar su
cooperación en este proceso de innovación y promover la
autoevaluación de las unidades administrativas con el fin de impulsar
la mejora continua en la Administración pública.
Hay un compromiso derivado de la Ley 4/1999, de reforma de la Ley del
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, con el que vamos a iniciar un proceso de
simplificación administrativa sin precedentes en nuestro país.
Pretendemos impulsar, a través de su próxima constitución, una
comisión interministerial de simplificación que acometa, por un lado,
las adaptaciones introducidas por la Ley 4/1999, fundamentalmente la
instauración del silencio positivo, y, por otra parte, desarrolle un
completo proceso de simplificación de trámites y de cargas
burocráticas.
Vamos a intentar reducir los más de 2.100 procedimiento actuales a
sólo diez categorías generales, dando prioridad en esta tarea a
aquellos procedimientos dirigidos a la creación de empleo, al fomento
de actividades económicas y a las prestaciones sociales básicas. En
este orden de cosas, el Ministerio pretende también poner a punto una
disposición que, cumpliendo, asimismo, con otra de las previsiones de
la Ley 4/1999, asegure que la Administración general del Estado
comunique inmediatamente a todo ciudadano que inicie cualquier
procedimiento no sólo el plazo en que debe recibir la resolución de
la cuestión planteada y el sentido del silencio que se producirá en
caso de no recibir respuesta, sino también cómo obtener información
del Estado sobre la tramitación de su asunto.
Para que los proyectos normativos que pretendo impulsar para
simplificar la Administración y reducir la burocracia no se agoten en
el ámbito de la Ley 30, se encuentra ya prácticamente ultimada una
disposición que establece la imagen institucional de la
Administración general del Estado y regula sus documentos y material
impreso. En un momento en que la Administración general del Estado
está cambiando radicalmente su organización y servicios, como
consecuencia de los traspasos de competencias a las Comunidades
Autónomas, la adaptación de organismos públicos a la LOFASE y
su reducción, la privatización del sector público empresarial y la
integración de la Administración periférica, es necesario acabar con
la selva de logotipos y denominaciones distintas que dificultan al
ciudadano saber a qué lugar de la Administración ha de dirigirse.
Dicha disposición unifica la imagen y proyección externa de la
Administración estatal, desde el convencimiento de que en una
sociedad de la comunicación y la imagen es preciso ofrecer una
identidad coherente y sencilla a los ciudadanos, al tiempo que regula
aspectos tan relevantes como el bilingüismo en las señalizaciones y
material impreso, de manera que se garantice la disponibilidad en las
dependencias de la Administración general del Estado, situadas en
territorios con lengua cooficial de modelos normalizados en ambas
lenguas o como la configuración de los modelos normalizados de
solicitud.
Quiero destacar a SS.SS. una de las medidas más importantes que vamos
a promover. En desarrollo del artículo 4.1 de la Ley 6/1997, de
organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, se va a impulsar un real decreto por el que se regulan las
cartas de servicios en la Administración general del Estado. El
objetivo del proyecto es generalizar en el ámbito de la
Administración del Estado el compromiso de las unidades y de los
gestores con los servicios que prestan, para que los ciudadanos sepan
qué hace cada unidad y en qué condiciones de calidad. La finalidad
concreta de las cartas de servicios es que los ciudadanos dispongan
de unos documentos suscritos por los responsables de los distintos
organismos en los que puedan informarse fácilmente de todo lo
relevante sobre los servicios ofertados y en especial de los niveles
de calidad comprometidos en su prestación, así como los derechos que
les asisten. En este sentido, las cartas de servicios deben, al
menos, facilitar información acerca del catálogo de prestaciones o
servicios dispensados, la determinación de los niveles de calidad en
la dispensación del servicio y el sistema o los sistemas de
evaluación de dicha calidad. En todo caso, es evidente que el
objetivo de mejorar las relaciones con los ciudadanos no se
conseguirá limitándonos a cambiar el marco normativo, que es
importante, pero, desde luego, no es suficiente. Es esencial, tal y
como ya he anunciado, establecer cauces directos de comunicación con
los ciudadanos. Vamos a continuar con el programa ya iniciado por mis
predecesores de la ventanilla única, que se base en la cooperación
entre todas las administraciones territoriales, para facilitar al
ciudadano el acceso a los servicios y prestaciones públicas, y cuyo
éxito queda claramente demostrado al constatar la participación de 10
Comunidades Autónomas y cerca de 800 entidades locales. Mi intención
es continuar desarrollando este programa, extendiéndolo al resto de
las Comunidades Autónomas y a un mayor número de entidades locales.
En este último aspecto pretendo desarrollar un proyecto de ventanilla
única empresarial, consistente en la creación de centros en los que
se presten los servicios totales, es decir, servicios integrados a
los ciudadanos interesados en iniciar una actividad empresarial. Este
ambicioso proyecto se diferencia de alguno ya existente en que en
dichos centros podrán realizarse todos los trámites precisos para la
apertura de una nueva empresa, para la apertura de un
nuevo negocio, y que corresponda a las tres administraciones,
estatal, autonómica o local. Para ello recabaremos el apoyo de los
agentes económicos, en particular con los que ya estamos en contacto
(las cámaras de comercio), con quienes vamos a suscribir un convenio,
así como de las corporaciones locales, Comunidades Autónomas y todos
los ministerios económicos.
Como culminación de este programa de ventanilla única, estamos
desarrollando la implantación de la ventanilla electrónica, que no es
sino la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación a la ventanilla única, para permitir la realización
de procedimientos administrativos a través de Internet, para lo que
se está preparando la puesta en funcionamiento del hipercentro de la
información administrativa y la creación de una intranet
administrativa de la Administración general del Estado, con el objeto
de lograr la interconexión de las redes telemáticas de todas las
dependencias de la Administración y soportar sobre ellas la voz, los
datos y la gestión. El objetivo consiste en lograr que cualquiera que
sea su lugar de residencia, los españoles tengan la misma capacidad
de acceder a la información administrativa existente, a través de
cualquiera de las unidades de información presentes en el territorio.
Para apoyar esta iniciativa, estudiamos la puesta a disposición de
los ciudadanos de un teléfono de marcación abreviada de tres cifras,
fácilmente memorizable y accesible, que llegue a facilitar
información o a posibilitar gestiones en todo el territorio nacional.
El último apartado de las acciones de mejora en la relación de los
ciudadanos con la Administración va a producir una transformación de
los procedimientos de gestión interna que agilice y simplifique la
tramitación de las solicitudes y permita ofrecer respuestas eficaces
en plazos razonables. Este planteamiento va a ser especialmente
relevante en relación con la Administración periférica del Estado,
consolidándose el modelo de integración de servicios en las
delegaciones del Gobierno y reforzándose la coordinación de las
actuaciones administrativas sobre el territorio, para hacer efectivo
ese otro principio rector de la actividad administrativa que es el de
unidad de acción. Como todos ustedes conocen, ya se han suprimido 150
direcciones provinciales, se han incorporado 6.000 funcionarios y
laborales y en estos meses próximos van a integrarse las direcciones
provinciales de trabajo y asuntos sociales, salvo la Inspección, los
servicios generales de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional del Ministerio de Fomento, los servicios periféricos de la
Dirección General de Objeción de Conciencia y del Ministerio de
Justicia, con lo que se van a suprimir otras 52 direcciones
provinciales más y se van a incorporar cerca de 1.200 efectivos más.
Vamos a continuar esta tarea, consolidando los servicios integrados,
mejorando el funcionamiento y la coordinación interna de los
servicios periféricos con delegaciones de competencias y estudiando
nuevos servicios a integrar.
Como ya se ha dicho, el segundo de los objetivos del Plan de calidad
en la Administración pública consiste precisamente en la mejora de la
ordenación del personal. La valoración y el respecto a las personas
que trabajan en la Administración es para mí un principio
fundamental, y son los propios funcionarios y empleados públicos los
que por estar más cerca de los ciudadanos y las empresas conocen
mejor sus problemas y sus expectativas y son, por tanto, los que
pueden aportar una mayor energía y creatividad para alcanzar las
mejores soluciones. Las políticas de diálogo social con los empleados
públicos y sus representantes continuará presidiendo nuestras
actuaciones en materia de empleo público. En este sentido he de
informar a SS.SS. que ya se han mantenido con los representantes de
organizadores sindicales más representativos en el ámbito de la
Administración pública varios contactos, señalando que el pasado día
15 de febrero tuve la oportunidad de reunirme con los sindicatos UGT,
CC OO, CSIF, CIG y ELA. En dicha reunión se analizaron aspectos de
interés para los empleados públicos y en las que los sindicatos
incidieron en la necesidad de abordarlo.
Realizamos un calendario de actuaciones, que me propongo abordar con
carácter inmediato, pero me gustaría tratar un tema cual es el del
estatuto básico de la Función pública. Creo que estamos todos de
acuerdo en que es necesario intentar cumplir el mandato
constitucional de la elaboración de un nuevo estatuto regular de la
Función pública.
El Estatuto de la Función pública constituye un elemento esencial
para el funcionamiento de las administraciones públicas, la adecuada
ordenación de su personal y su mejor aprovechamiento. Realizada ya
una reforma del marco organizativo de la Administración general del
Estado con la LOFAGE y con la Ley del Gobierno es necesario tener su
correlato en el ámbito de la Función pública por varias razones. En
primer lugar, porque la configuración actual de la Función pública
viene fijada por un conjunto de normas establecidas en tiempos muy
distantes y diferentes que se han completado, modificado y corregido
sucesivamente sin haber sido nunca objeto de un tratamiento
globalizado y homogéneo de materias. En segundo lugar, porque a pesar
de haber transcurrido más de veinte años de su promulgación no se ha
dado cumplimiento a los mandatos contenidos en los artículos 103 y
149 de la Constitución que determinan que la ley regulará el estatuto
de los funcionarios públicos, atribuyendo competencia exclusiva al
Estado para dictar las bases del régimen estatutario de los
funcionarios de las diferentes administraciones.
Por tanto, y para dar cumplimiento al mandato constitucional
y resolver los problemas señalados, el Gobierno elaboró el anteproyecto
de ley del estatuto básico de la Función pública. El grado de
consenso mayoritario alcanzado por el Gobierno con los representantes
de los empleados públicos y con el resto de las administraciones
públicas afectadas debe verse completado con el de los grupos
políticos, para conseguir que un texto jurídico de tal naturaleza
e importancia, pendiente desde hace más de veinte años, constituya
elemento aglutinador y con vocación de permanencia que articule a
nivel general la Función pública española y permita conseguir los
objetivos propios de la misma. Por eso desde aquí quiero hacer un
llamamiento a todos los grupos parlamentarios para conseguir sacar
adelante este importante reto, muy particularmente a cuantos creemos
en la necesidad de articular un sistema de Función pública lo
suficientemente amplio para conseguir su estructuración básica a
nivel nacional.
Quiero detenerme ahora un momento, y antes de avanzar en la
exposición del último objetivo de este Plan de calidad en la
Administración pública, para informar a los
miembros de la Comisión sobre otra de las peticiones que alguno de
los grupos parlamentarios me habían solicitado, como es informar
sobre el complemento de productividad de los funcionarios de la
Administración general del Estado y de su evolución en los años 1997
y 1998, así como los criterios de su distribución.
El artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma de la
Función pública, establece que son retribuciones complementarias,
entre otras, el complemento de productividad destinado a retribuir el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. Las leyes de
Presupuestos Generales del Estado desde 1985 hasta la actualidad,
desarrollando el citado artículo, han venido recogiendo
explícitamente tanto la definición del concepto como los diversos
elementos de valoración del mismo. Consecuentemente se ha venido
estableciendo que no sea el Gobierno, sino que cada departamento
ministerial fije la cuantía individual de dicho complemento, de
acuerdo con diversas normas, entre las que se señalan las siguientes:
que la valoración de la productividad debe realizarse en función de
circunstancias relacionadas directamente con el desempeño del puesto
de trabajo; la consecución de resultados u objetivos asignados al
mismo en cada uno de los programas; igualmente que en ningún caso las
cuantías asignadas por complemento de productividad durante un
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual
respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes
a períodos sucesivos.
Por lo que respecta a las cuantías que en concepto de productividad
se han consignado para los funcionarios incluidos en el ámbito de
aplicación de la citada ley, en los Presupuestos Generales del Estado
para los ejercicios 1997 y 1998, puedo informar a SS.SS. que en
términos presupuestarios, excluidas las cuantías destinadas a la
Dirección General de la Guardia Civil y a la Dirección General de la
Policía, el incremento ha sido de 764 millones de pesetas. Este
aumento de las cuantías es consecuencia de la aplicación del 2,1 por
100 de incremento de las atribuciones de los empleados públicos
previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, lo
que ha supuesto 730 millones de pesetas, a los que hay que añadir
otros 34 millones derivados de la consolidación de gasto y
correcciones del ejercicio de 1997. El último objetivo del Plan de
calidad en la Administración pública es el de promover la
autoevaluación de las unidades administrativas. Creo que la
autoevaluación permite conocer cuál es la situación en que se
encuentra cada unidad, cuales son sus puntos fuertes y cuáles son sus
áreas de mejora por comparación a un modelo de excelencia.
Debo señalar, no obstante, que las medidas de evaluación del
rendimiento han sido durante muchos años algo ajeno al ámbito de las
administraciones públicas, alegando que era muy difícil evaluar los
servicios prestados y las especiales condiciones en que se desarrolla
esta prestación. Aesta preocupación responde el impulso que debemos
dar a la evaluación del rendimiento en general y a la promoción de la
autoevaluación como mecanismo para mejorar la continuidad en
particular. Luego, si alguien lo considera oportuno, podemos
pormenorizar algunas de las cuestiones y de los trabajos ya previstos
en el sistema de autoevaluación,
pero dado lo avanzado de la hora y por concretar algunos temas
que quería tratar y que no puedo dejar de citar avanzaré hacia las
acciones que está desarrollando el departamento con respecto al
denominado efecto 2000.
Quiero resaltar que la adaptación al efecto 2000 de los sistemas de
información y sistemas automatizados de los centros directivos de las
administraciones públicas, constituyen una de las principales
preocupaciones del Gobierno ante las consecuencias que pueden
derivarse por una inadecuada adaptación de los sistemas físicos,
lógicos, automatizados o empotrados. El acuerdo del Consejo de
Ministros de fecha 12 de junio de 1998 incluye una serie de medidas
dirigidas al sector público y otro conjunto dirigidas a colaborar con
el sector privado con el fin de incrementar las acciones de
sensibilización, concienciación y paso a la acción para prevenir,
corregir y evitar los efectos negativos del año 2000 en la prestación
y gestión de los servicios, en particular los más esenciales para los
ciudadanos. La Comisión nacional para el efecto 2000, de la que
forman parte los representantes de la Administración del Estado, de
las Comunidades Autónomas, de los entes locales y de las grandes
asociaciones empresariales hemos celebrado una reunión el pasado día
3 de febrero en la que se puso de manifiesto lo avanzado de los
procesos de adecuación de los sistemas de la Administración general
del Estado a este problema, a los que vamos a destinar en 1999 en
torno a los 24.000 millones de pesetas. Pero en el mismo encuentro se
insistió en la necesidad de continuar los trabajos a este ritmo y
poner especial cuidado en la verificación de los sistemas empotrados,
para lo cual van a realizarse una serie de auditorías sobre estos
sistemas en el conjunto de la Administración pública. Por último, esa
Comisión nacional insistió en que este problema sigue siendo bastante
desconocido en algunos ámbitos, especialmente entre los ciudadanos
como consumidores de productos informáticos y las pequeñas y medianas
empresas, ámbitos en los que el papel del Estado está forzosamente
limitado a concienciar, motivar y ayudar cuando así se solicite. Para
ello en los próximos meses está previsto un reforzamiento de las
campañas de comunicación sobre los problemas que plantea la llegada
del año 2000.
Es preciso seguir adelante en la doble tarea iniciada de concienciar
seriamente también a todos los sectores empresariales, industriales y
financieros de los problemas que su inadaptación puede ocasionar al
funcionamiento de los servicios, por tanto a los ciudadanos,
reiterándoles permanentemente en esta tarea, y, por otro, avanzar en
la adaptación de los sistemas y servicios propios de la
Administración general del Estado, reiterando esta opción al resto de
las administraciones públicas y ofreciéndoles nuestra colaboración,
sobre todo a las entidades locales más pequeñas.
También en el terreno internacional España está en contacto
y coordinación con la Comisión Europea y con el resto de los Estados
miembros en este tema del efecto 2000, presentándose, como es lógico,
una especial atención a los efectos transfronterizos y a las
consecuencias que puede tener un plan sobre otro. Es mi intención
mantener permanentemente informada a la Cámara de la marchade todos
estos trabajos.
En fin, señorías, como pueden comprobar, la Administración pública
está desarrollando un papel esencial en la evolución de la sociedad.
Este Gobierno, consciente de su importancia, a través del Plan de
Calidad en la Administración pública y del Plan estratégico de las
tecnologías de la información y de la comunicación en la
Administración pública realizará las acciones que permitan a la
sociedad española contar con una Administración que sirve para
satisfacer sus aspiraciones y que propicia el progreso económico, la
mejora de las prestaciones sociales y el crecimiento del empleo,
situando a la persona en el lugar central.
Considero, en resumen, que la gran reforma que tenemos pendiente es
la de la Administración pública y, consecuentemente, la de los
servicios públicos que presta, aunque es lo cierto que han existido
avances importantes en los últimos veinte años. Por ello, no quisiera
finalizar mi intervención sin hacer mención al propósito que tengo de
iniciar inmediatamente los trabajos para elaborar un libro blanco
para la reforma de los servicios públicos, un documento cuyo objetivo
final es la aportación del conocimiento necesario para articular
cuantas medidas sean precisas en aras de conseguir una Administración
Pública para el siglo XXI y que debe configurarse como un instrumento
básico y fundamental del proceso de reforma al que me he estado
refiriendo a lo largo de esta comparecencia, que quiere incidir en
unos servicios públicos cercanos al ciudadano, ágiles, modernos y
eficaces. Para alcanzar este objetivo es preciso iniciar un proceso
de estudio y análisis de la realidad del sector público español, que
sirva de diagnóstico pormenorizado de la situación actual y permita
definir el escenario en el que la Administración presta sus
servicios. A través de este proceso podremos detectar las carencias
de las administraciones, que impiden que la calidad de sus servicios
alcancen el grado de satisfacción deseable, fase que no es
incompatible con la puesta en marcha de las actuaciones anunciadas en
esta comparecencia. Después ha de pasarse a una segunda fase, en la
que se incluirán las líneas de reforma precisas y concretas para que
el sector público dé cumplida respuesta a las demandas de nuestra
sociedad. Esta última fase únicamente podrá arrojar resultados
positivos si se cuenta con las aportaciones del mayor número posible
de implicados en los distintos procesos derivados de la gestión
pública: administraciones, instituciones, colectivos profesionales y
grupos políticos. Por ello, aprovecho esta intervención para anunciar
la apertura de las vías de diálogo necesarias para canalizar estas
ideas e invitar a participar en ellas a todos aquellos que crean que
sus aportaciones pueden ser de interés para alcanzar el objetivo
final. Sólo con las aportaciones de todos podremos conseguirlos.
Espero que el libro blanco sobre la reforma de los servicios públicos
sea la vía y la base que defina y sobre la que se construya una nueva
Administración pública que dé respuesta a los retos que el nuevo
siglo nos depara.
Por último, no me resta sino agradecer a la Presidencia y a SS.SS. la
atención prestada a mi exposición, esperando haber dado respuesta a
las cuestiones contenidas en las peticiones formuladas por los
distintos grupos y acumuladas en esta comparecencia, quedando a
disposición de los señores diputados para cuantas cuestiones y
aclaraciones quisieran formularme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su
intervención y por sus explicaciones.
A continuación, y dentro del bloque de los grupos parlamentarios que
han solicitado las comparecencias, tiene la palabra el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Sean mis primeras palabras para desearle como
persona y como nuevo ministro del Ministerio de Administraciones
Públicas todo lo mejor en su gestión. El responsable anterior le ha
dejado el listón muy bien situado, no a una altura que no se pueda
sortear, pero muy bien situado, tanto en la forma de actuar y de
ejercer como en la forma de funcionar, al margen de los contenidos
con los que hemos discrepado algunas veces.
Por otra parte, siguiendo lo que ha sido la evolución anterior y lo
que va a ser la evolución futura, me gustaría comentarle dos
cuestiones. Una es que cuando comparecía el Gobierno y hablábamos de
cosas tan prosaicas como de las que aquí hemos hablado, se nos
aportaban unos documentos, un estudio comparativo y a mí me gustaría
solicitarle a usted que me facilitara lo que elaboraba el Ministerio
con respecto a la evolución de las competencias, la situación en el
momento actual -iba acompañado de un cuadro muy bien detallado que el
Ministerio de Administraciones Públicas nos aportaba- y la situación
de las competencias de cada Comunidad para poder hacer un
seguimiento, no sólo de su intervención, sino de la documentación que
se nos pueda acompañar. Había un talante en la parte previa que
acompañó a la LOFAGE y a la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y espero que en ese funcionamiento podamos
ultimar las dos grandes cosas que pueden quedar: el Estatuto de la
Función Pública y el tema de la Ley de Gobierno, que no sé si depende
de su departamento, pero que quedó fuera de la LOFAGE, todo ello con
la voluntad de ese encuentro.
Dicho esto, para no fracasar en lo que es nuestro objetivo de
seleccionar lo importante a la hora de preguntarle en esta
comparecencia, me gustaría situar el momento en el que se produce.
Son tres años de Gobierno y uno que nos queda, es decir, usted se va
a encargar de administrar durante un año, yo espero que nada más sea
un año, de aquí a las próximas elecciones para que haya otro Gobierno
en las siguientes. Digo que espero y trabajaré para que eso se pueda
conseguir. Cuando le nombraron a usted ministro yo le dije que no le
había escuchado; hoy, sin embargo, le he escuchado y la verdad es que
nos ha leído bien durante una hora y diez minutos. Ha empleado
treinta y cinco minutos para hablarnos muy bien de la nueva
Administración, del Plan de calidad, de la ventanilla única
empresarial y de otra serie de cosas y el resto del tiempo lo ha
dedicado a lo que, desde nuestro punto de vista, pudiéramos llamar la
otra gran parte de la discusión, que es el impulso autonómico o el
concepto de modelo de Estado, y tengo que decirle que me ha quedado
un sabor de boca ligeramente de decepción, se lo digo sinceramente.
No he encontrado un modelo de Estado en el que usted vaya a
incardinar su acción, porque su acción no es una suma de
transferencias a una comunidad y luego a otra y a otra, su acción
obedece a un diseño, a un modelo en el que va a funcionar y a
profundizar usted, del cual se decantan acciones concretas. Yo diría
que ese modelo ha tenido dos ausencias que creo van a ser una
centralidad,
le guste a usted más o menos, que es el hecho de una realidad
española plurinacional y plurirregional y una realidad española donde
el hecho diferencial, a la hora de gestionar y funcionar en la
Administración, funciona tanto como el hecho cooperativo, y no
pongamos un sustantivo. Para unos es federalismo cooperativo y para
otros se trata de una visión más conjuntada, más aunada del hecho
cooperativo. Ese modelo del cual se decanta ha hecho que su impulso
autonómico me haya parecido más una profundización de un defecto que
hemos encontrado en la acción del Gobierno, que es la acción
bilateral como centro para componer el Estado, la gestión, la
relación bilateral y no la acción más conjuntada, más global. ¿Por
qué digo esto? Porque la acción bilateral para un momento coyuntural
puede servir, pero no puede ser el centro en la construcción de un
modelo de Estado. Usted ha citado, por poner un ejemplo, lo que han
sido los grandes acuerdos de ese impulso autonómico: en 1982 fue
entre UCD y el PSOE y en 1992 entre el PP y el PSOE, impulso
autonómico que tenía como compromiso resituar las dos grandes
ventanas para acceder a la autonomía, que en este país se había
producido vía artículos 143 y 151 de la Constitución en una realidad
como más acompasada. Bien, pues uno de los compromisos del año 1992,
en el que confluyeron dos gobiernos distintos, fue hacer residir en
las Comunidades Autónomas, a través de la reforma de los estatutos
correspondientes, la competencia de educación. Cuando empezó esta
legislatura el ministro que le precedió dijo que en el año 1998 la
competencia de educación estaría en manos de las comunidades
autónomas. Tanto es así -y después me referiré al modelo de
financiación-, que el modelo de financiación estaba condicionado a
que en el año 1998 estuvieran las competencias de educación en todas
las comunidades -no en unas sí y en otras no- para acceder al 30 por
100 del IRPF. Por tanto, el compromiso del año 1998 ha sido un
compromiso concreto de aquellos acuerdos. Hemos visto pasar el
tiempo, el año 1998 ya es historia, estamos en febrero de 1999 y
tengo la impresión de que el tiempo se nos puede escapar sin que ese
compromiso de 1992 se cumpla. Después del año 1992 y después de la
reforma de los estatutos de 1994 se produjo una reforma mayor en el
año 1997, han sido unas reformas estatutarias que han tenido lugar
ahora en las que se incorporaba también la gestión ejecutiva de la
sanidad. ¿Por qué hago referencia a estas dos grandes competencias?
Porque un modelo de Estado, cimentado en una profundización del
Estado de las autonomías, que yo creo que hoy está como agotado,
necesitado de un nuevo acicate, que apueste, a nuestro juicio, en un
federalismo cooperativo o un proceso más federalizante, que abarque y
dé la respuesta plurinacional y plurirregional que tiene nuestro país
de cara al nuevo futuro, pasa porque haya una evolución de poder
asentado en todas y cada una de las comunidades para diseñar unos
parlamentos que de verdad sean protagonistas de su futuro.
Ha empezado a hablarnos el señor ministro de traspasos; en unas
comunidades de la educación ocupacional, en otras, de las políticas
activas del INEM, en otras, como Baleares, La Rioja, Cantabria y
Aragón, ha hablado de traspasos de la educación. A nosotros nos
hubiese gustado un diseño más global, un modelo de Estado que dijera:
primero, hay unos estatutos que no han sido modificados desde que se
promulgaron, que se están atendiendo con déficit, como son los
estatutos catalán, vasco o andaluz, que están demandando competencias
que aún no han sido
transferidas y sus estatutos de autonomía no han sido reformados.
Cuando oímos hablar a esas comunidades demandan un volumen de
competencias. ¿De qué manera, en el año que le queda para gobernar,
van a funcionar esas competencias a esas comunidades de la vía del
151? ¿De qué manera van a acrecentarse las competencias de rigor, de
valor? Al margen de todas las demás que también lo son, por ejemplo,
la competencia de educación ocupacional en Murcia es muy importante,
es un pequeño matiz, porque las competencias en educación supondrán
que la Comunidad Autónoma podrá llegar a 200.000 millones, mientras
que con la competencia de educación ocupacional nos quedamos como
estábamos, en los 130.000 millones. Igual puede pasar con otras
Comunidades; en Asturias están pendientes de transferir las
competencias de educación y trabajo, que estaban comprometidas; en
Navarra estaban comprometidas otras competencias, por ejemplo, las
políticas activas del INEM, etcétera. En resumen, si en su exposición
hubiese ido a líneas generales de las que se decantan propuestas, yo
hubiera aceptado que estamos en un momento de la negociación. Pero es
que antes de su comparecencia se ha producido hace un año la de su
antecesor, así como otra anterior al principio de la legislatura y lo
que ustedes anunciaban era un impulso importante al proceso
autonómico que se acompasaba con dos pilares: un nuevo esfuerzo
competencial que residía en las comunidades autónomas y un nuevo
modelo de financiación que cimentaba una mayor autonomía financiera
para las comunidades, una mayor suficiencia y una corresponsabilidad
fiscal. Esos tres criterios son los que unían ese nuevo gran impulso
del modelo de Estado, de la composición plural del Estado. Y yo tengo
que decirle que no he encontrado ese hilo conductor del que se
decantan cosas. No ha dicho que este año nos vamos a centrar en tres
cuestiones y, por tanto, evolucionará así en estas comunidades.
¿Compromiso nuevo? Nos ha hecho un balance de lo que ha hecho hasta
ahora y nos parece bien, es importante con el poco tiempo que lleva
en el Ministerio, aunque alguna cosa habrá añadido que obedezca a la
gestión anterior.
El segundo elemento respecto a las preocupaciones es el relativo al
pacto local. Fíjese que se lo digo desde la óptica de entender que
una de las asignaturas pendientes de un modelo de Estado moderno,
diferente, es el protagonismo de lo municipal. Y le estoy hablando
del futuro. La constitución non nata del año 1871 era una
constitución federal en la que uno de los pilares era la autonomía
municipal y el fortalecimiento municipal de ese modelo de Estado. Es
lo nuevo y, a la vez, tan antiguo de la historia de nuestro país.
Usted ha hablado del pacto local como un nudo gordiano de toda la
propuesta y se ha referido a un pacto local satisfecho de lo
realizado, en el sentido de que se ha producido un pacto a nivel del
Estado, cuando en realidad el pacto local pasa por incorporar a los
ayuntamientos un peso de la gestión de los servicios en torno al 20 ó
25 por 100, y hoy está en el 13 por 100, y pasa por competencias con
financiación suficiente que le haga salir de su deuda. Respecto a
esta política, usted ha citado como una estrategia positiva la de los
convenios. Yo no voy a discutir que los convenios son una fórmula
positiva de funcionar, pero los convenios es la forma de que el que
más responsabilidad tiene la comparte
con los demás. Por ejemplo, convenio de educación: que tiene la
competencia, que es la Administración central, compromete a las
comunidades autónomas a que pongan dinero de sus competencias para
algo que no es su competencia. Convenios con los ayuntamientos,
ocurre lo mismo, idem, eadem, idem.
Los ayuntamientos han estado prestando en los últimos quince, veinte
años un sinfín de competencias compartidas con comunidades y con el
Estado que les ha hecho endeudarse a su propia realidad y capacidad.
La nueva dimensión del pacto local pasa por una resituación de la
capacidad financiera de los ayuntamientos, de la capacidad
competencial y de los recursos, materiales y humanos, para hacer
frente a esa nueva dinámica. Esta realidad debe venir de dos pilares:
de las comunidades autónomas y de la Administración periférica del
Estado. Ahora ya son así algunas competencias y por eso no entiendo
por qué tienen que caminar solamente en una dirección. Es verdad que
depende del desarrollo de cada comunidad, que por su idiosincrasia y
por su realidad futura o actual pueda tener, no estoy diciendo que se
tenga que evolucionar de manera directa. Pero el pacto local a que
usted se ha referido -salvo esa propuesta de un período de reflexión,
que es bueno en este momento para discutirlo- ha sido con la
intención de resaltar el paso de ese pacto local, pero le hemos dado
un pequeño soporte. El pacto que hemos hecho aquí a nivel del Estado
se ha quedado limitado a cuatro modificaciones importantes, pero que
da protagonismo a los ayuntamientos ante el Tribunal Constitucional,
que da protagonismo, desde nuestro punto de vista negativo, a los
alcaldes en los plenos respecto a capacidades competenciales, que
permite luchar contra el transfugismo en la vida municipal, si los
reglamentos se hacen en marcha, y aplicar una dinámica distinta,
etcétera. Hemos hecho unas medidas muy por arriba. No hemos hecho de
verdad ese compromiso político partidario e institucional para
resituar en la vida del modelo de Estado un mayor protagonismo local.
Hace poco el CIS ha hecho en todas las comunidades autónomas una
encuesta titulada Instituciones y Autonomías. Pues bien, a la
pregunta de cuál es la institución que mejor funciona y mejor trata a
los ciudadanos, el 41 por ciento respondió que los ayuntamientos, por
encima de las comunidades autónomas, de los parlamentos autónomos, de
la Administración central y del Parlamento del Estado, en porcentajes
del doble: 41 por 100 de los ayuntamientos, 20 por 100, 17 por 100,
11 por 100. Esto es una realidad popular y me hubiese gustado que se
planificara más allá, porque ahora mismo los ayuntamientos con sus
recursos no pueden protagonizar ningún impulso diferente, ellos per
se, conforme están, no es posible, porque están limitados
competencial y económicamente.
Esta pequeña decepción -que después intentaré argumentar mejor- ha
terminado con una especie de SOS porque me he encontrado ante una
cuestión que quiero entender y no entiendo; me estoy refiriendo a esa
declaración sobre la nueva Administración. En la primera parte de su
intervención la ha definido como una Administración sencilla, ágil y
eficaz. Lo de ágil y eficaz me suena bien; eso de sencilla, como es
un adjetivo que aplicado a las personas significa que es humilde,
posiblemente ha querido usted decir simplificada, reducida... Y me ha
dejado como con los pelos de punta, permítame la expresión, la
decepción
y preocupación se me han agudizado. Posteriormente, en la
explicación más profunda, usted ha dicho que esa Administración cree
en la fuerza de la sociedad, que haga frente al cambio de actitud
social y abierta otra vez a la sociedad, flexible, que evolucione a
la externalización, y me ha dado la impresión de que ustedes aplican
la filosofía de reducir la presencia de la Administración. Y esto se
lo digo en el sentido de prestación de servicios, porque usted ha
hablado posteriormente de un libro blanco de los servicios públicos,
aunque ha empezado su intervención refiriéndose a una gran reforma de
la Administración pública pendiente, pero luego lo ha cifrado en la
prestación de los servicios. Cuando hablamos de simplificación de la
Administración, si es de trámite, estaría dispuesto a decir que sí,
ahora bien, si es de volumen de ciudadanos que atendemos en
determinados servicios es muy complicado porque los servicios
sociales o se prestan con personas o no se prestan con personas; si
hay menos médicos, ATS o auxiliares en los hospitales hay más
complicaciones, y si hay menos maestros en las aulas, hay menos
diversificación de la educación. Es decir, es muy complicado si no
vamos a la relación de un volumen de servicios con la voluntad de
prestar con calidad esos servicios. Por eso a mí ese discurso de
nueva Administración, como tercera pata de su explicación, me ha
llegado como un poquitín trastocado.
Voy a volver a lo que ha sido el objetivo de nuestra petición de
comparecencia y el objetivo de la explicación. Usted ha venido a
explicarnos las líneas generales, y si sus líneas generales son éstas
yo no le puedo decir nada; hay cosas que en los acentos no comparto y
otras con las que radicalmente discrepo. Nosotros queríamos conocer
el estado de la cuestión porque está en el centro del debate
político, está en el centro de la realidad actual, está en el centro
de la discusión de aquí al mes de junio, de aquí al mes de octubre y
de aquí al mes de marzo, si las elecciones son en marzo; nos queda un
año con una serie de fronteras, frontera de junio, frontera de
octubre e incluso en noviembre y diciembre puede ser que nos las
encontremos por la parte sur de España. Cualquier cosa puede darse si
hubiéramos encontrado la explicación de cómo va a trabajar usted en
cuanto a algo que son compromisos que le hemos demandado, y el
compromiso que le hemos demandado es qué modelo de Estado va a
impulsar usted en este año en cuanto a competencias y en cuanto al
modelo de financiación.
En cuanto al modelo de financiación, no es bueno que caminemos de una
manera poco crítica y poco exigente por un lado y muy exigente por
otro lado. El pacto a que ustedes llegan en cuanto al modelo de
financiación se produce sin el consenso entre todas las fuerzas
políticas, solamente con una parte del arco parlamentario con el que
ponen en marcha un modelo de financiación y un modelo de Estado; sin
embargo, los socios que les apoyaron llevan un año diciéndoles que el
modelo de financiación está agotado, que fracasa, que no les da, que
eso no es así y que hay que impulsarlo más. Por lo menos es lo que
oigo, y sé que eso se dice porque como aventan tiempos en algún sitio
hay que incentivarlo y estimularlo. Yo, en la petición de
comparecencia, pedía la explicación del modelo de financiación porque
sería bueno hacer un balance de cómo ha funcionado. Cómo ha
funcionado, por ejemplo, en el tema delcompromiso de financiación con
el IRPF como centro de
la reforma. Yo sé que el que ahora lo critica lo apoyó antes, y tiene
que explicar por qué lo apoyó y creyó que el centro de la
financiación autonómica estaba en torno al IRPF y no entre otros
impuestos, como defendíamos algunos, otros impuestos como IVA en fase
minorista, o como impuestos especiales; sin embargo, se centró en el
IRPF. Yo le voy a hacer una pregunta, hoy, el modelo de financiación
que lleva dos años ¿se cimenta sobre el 15 por ciento del IRPF
o sobre el 30 por 100? Esto es importante saberlo puesto que la gente
cree que las comunidades autónomas están percibiendo el 30 por 100
del IRPF y yo, por lo que conozco, por lo que sigo, creo que está en
el 15 por ciento del IRPF, el resto es participación en los ingresos
del Estado, la PIE. Es importante explicar esto porque era un nudo
gordiano, estaba ligado a las competencias de educación generalizadas
y estaba ligado a otras cosas.
El segundo centro de discusión era que la corresponsabilidad fiscal y
la autonomía financiera no iba a cimentar las distancias entre las
comunidades autónomas, no iba a provocar que se produjesen
alargamientos, de tal manera que el modelo de financiación establecía
que ninguna comunidad percibiría menos del 90 por 100 de las otras
comunidades autónomas. Me gustaría que usted nos explicase si, en la
situación de partida, se han agrandado las distancias entre las
Comunidades Autónomas o se han acortado con el modelo de
financiación, con lo que ha sido la evolución de la propia
corresponsabilidad. Ustedes hacían un canto a la corresponsabilidad
fiscal, ¿cuál ha sido la eficacia de esa corresponsabilidad fiscal
hoy? ¿Cómo ha funcionado la corresponsabilidad fiscal de ese modelo?
¿De qué manera la autonomía financiera que se ha cimentado ha
provocado unas políticas que han ido a consolidar el volumen de
recursos, a aplicar políticas de reducciones o a aplicar una realidad
determinada? Porque la gran duda que había era si esa
corresponsabilidad podía crear complicaciones de competencia desleal
a nivel fiscal o si podía provocar un alargamiento de las capacidades
de unas comunidades para financiarse frente a otras que tenían menos;
junto a ello, no sería bueno ir a una especie de modelo de
financiación de castigo. Yo le invitaría a usted a que abandonase la
idea de un modelo de financiación de castigo; me refiero a las
comunidades que no se suman al modelo, o por lo menos, que evitaran
ustedes -usted o los que pudiéramos llamar miembros de su Gobierno-
resaltar que los gobiernos que legítimamente decidieron no sumarse al
modelo de financiación están castigando a sus poblaciones porque van
a recibir 80.000 millones de pesetas menos de financiación, 80.000
millones a los que se refería hace unos días el secretario de Estado,
cifrando los años 1997, 1998 y 1999. La evolución de la financiación
incondicionada, que ustedes repartieron antes de su comparecencia,
significa que las comunidades que no adoptaron el modelo han recibido
menos dinero, han incrementado sus ingresos porque han recibido más
dinero pero no el que podrían haber recibido. A mí me gustaría que
usted nos explicara esto, que nos explicara de qué manera se ha
producido esa divergencia y, si no es así, que se pueda rectificar.
En tercer lugar, en el modelo de financiación hay una asignatura
pendiente, una asignatura pendiente que ha sido la canción de la
discusión del centro del modelo de financiación, que es tener en
cuenta los habitantes de las Comunidades
Autónomas o no tenerlo en cuenta. Yo sé que el pacto del
modelo de financiación se hizo sobre un censo elaborado en el año
1989 y publicado en el año 1991, pero lo cierto y verdad es que el
modelo de financiación empieza a funcionar en el año 1997 y los
ciudadanos que viven son los de 1997, y fíjese que estamos hablando
de una financiación para prestar unos servicios, lo cual es muy
importante, Comunidades Autónomas que tienen que prestar servicios de
educación y otros servicios muy generalizados. ¿Cómo es posible que a
comunidades autónomas como Andalucía no se les cuenten 300.000 ó
400.000 ciudadanos, a Murcia no se le cuenten 100.000, a Valencia no
se le cuenten 150.000..., ciudadanos que han nacido desde 1991 a
1996, que viven, que están allí y que reciben servicios? Las
comunidades reciben menos dinero para prestar los mismos servicios.
Permítame que le diga que si adoptara el criterio de población
obtendrían otros recursos, ya que habrían recibido en función de esos
habitantes. ¿En qué porcentaje? En la fórmula que se quisiera tener
en cuenta. Pero hay que reconocer una cosa y es que ustedes llegaron
a un pacto del modelo de financiación con una parte del arco
parlamentario; si se hubiese producido un desarrollo más
constitucional, más amplio, más abierto, más pactado, habrían tenido
en cuenta a todas las fuerzas y, para ese modelo de financiación,
habrían tenido que valorar también la variable de población, variable
de población que, nos guste más o nos guste menos, evoluciona. Es
verdad que crece más en unas poblaciones y menos en otras pero es una
variable a tener en cuenta y que debería de tenerse en cuenta para
revisar el modelo, debería de tenerse en cuenta para hacer más
razonable el modelo. Yo sé que hay otros criterios a tener en cuenta,
como la dispersión de la población, como el territorio que se debe de
tener, como el criterio de insularidad, de acuerdo, pero la variable
de población no se puede minimizar.
Había otros elementos que ustedes pusieron en marcha, que era un
fondo de nivelación, gran innovación que dijeron ustedes que no
habían hecho los gobiernos socialistas y que hacían ustedes, que lo
proponían como propuesta nueva, 10.000 millones de pesetas el primer
año, 12.000 millones el segundo... ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Se ha
puesto en marcha o no se ha puesto en marcha? ¿Quién lo ha recibido,
quién no lo ha recibido? Porque la nivelación de servicios es un
compromiso de la LOFCA en su artículo 15, que decía que, por la
realidad de los servicios que se estaban prestando de manera más o
menos homogénea, en las condiciones que se han producido las propias
transferencias nivelemos esos servicios. Amí me gustaría saber cómo
ha funcionado, si hay una propuesta... Esta pregunta no es nueva, ya
se la hice al anterior ministro y hace un año me contestó que si en
octubre las comunidades no se habían puesto de acuerdo -porque la
canción es que no se ponen de acuerdo en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera- no habría fondo; dijo que harían una propuesta e
incluso llegó a decir que se podría elaborar un decreto para
desarrollarlo, lo cual no le pido que hagan porque sé que es
complicado, pero sí que hagan una propuesta del fondo de nivelación
porque, si no, es un parto anunciado no nacido, y está bien nueve
meses pero, claro, cuando ya lleva dos años el nacimiento es muy
complicado. ¿Cómo ha funcionado o cómo va a funcionarel fondo de
nivelación? Este fondo de nivelación intentaba
atender, con esos recursos que nosotros considerábamos escasos, una
situación determinada.
Por último está el fondo que ustedes habían puesto en marcha y que
este año llevan presupuestado para compensar las divergencias que se
hayan producido en el modelo de financiación por la
corresponsabilidad fiscal. ¿Cómo va a funcionar la distribución de
ese nuevo fondo? Sería importante conocerlo porque nos situaría en la
revisión de la financiación que ustedes dieron, que yo considero que
ha sido un fracaso en cuanto a modelo nuevo, que necesita ser
revisado, y yo le invitaría a que esa revisión se hiciese con el
mayor consenso posible, puesto que estamos hablando de la
financiación de una parte del propio Estado.
Por último, además del tema de la realidad competencial y de la
financiación del modelo, me gustaría referirme a lo que usted ha
comentado sobre la nueva Administración con ese libro blanco. Le
anuncio que nosotros estamos en disposición de hablar y de dialogar
de todo, por adelantado, pero que sería bueno ir precisando. Estamos
asistiendo hoy a un deterioro de lo público bastante grande; existe
una desazón por lo mal que funcionan las cosas, por la aglomeración,
por la masificación frente a la otra oferta más privada, más
fundamental que se considera mejor, más llana, más cercana, menos
amontonada. Yo creo que la reforma de la nueva Administración debe
pasar por unir, por aunar lo que pudiéramos llamar funcionamiento
rápido de la Administración con la calidad, con la evaluación y el
seguimiento de dicha evaluación que ustedes han puesto en marcha.
El Estatuto de la Función Pública es una asignatura pendiente, debe
frontarse con una propuesta que ustedes tienen entre manos. Me
gustaría que usted nos dijese cómo va a evolucionar aquel informe del
Consejo de Estado que decía dos cosas. Una, que en el acceso a la
Función pública no puede incrementarse el tema del dedo, tienen que
facilitarse más otros sistemas. Se están abriendo puertas al acceso a
la Función pública que no son lo que ustedes anunciaron. Es otra
cosa. Y la segunda...
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, vaya terminando, por favor.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Pues se me ha ido el tiempo al cielo.
El señor PRESIDENTE: Le quedan todavía unos minutos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, no pensaba ser extensivo o
excesivamente amplio.
En relación con el tema de la negociación colectiva, que es otro de
los peros que pone, le pregunto si va a mantener el compromiso social
adquirido, de qué manera se va a mantener, porque es importante
tenerlo en cuenta.
Por último, yo creo que, por desgracia, en nuestra Administración no
se ha conseguido algo que siempre decimos todos, pero que cuando
estamos en el Gobierno se nos complica, y es que cada uno produzca
según su capacidad y según su posibilidad técnica y preparación y no
según su adhesión al Gobierno; que la promoción interna, la carrera
administrativa de los funcionarios que trabajan
en cada una de las administraciones esté cifrada precisamente en esa
competencia, en esa lealtad a la hora de proponer pero no en su
adhesión o su dependencia. Ustedes no han realizado ni la
simplificación administrativa que dijeron de reducción de puestos y
cargos, ni han eliminado o reducido esa carrera en función de la
adhesión al Gobierno. Han mantenido los cargos políticos que vienen
con el político y que son los que dirigen, mandan y deciden en la
Administración por encima de toda la carrera administrativa.
Mantienen una forma de estímulo un tanto rara: la productividad en la
Administración, sea cual sea el eje que tomemos, desde la que
gestiona ingresos hasta la que llega a la máxima, no está
utilizándose de verdad para estimular a la persona que es más activa,
que dedica más tiempo, que hace más ágil la Administración, sino
precisamente a quien está en la cima de la cúpula de la propia
Administración y que además impone las condiciones a los de abajo. La
productividad ha sido utilizada para pagar esa adhesión y no para
hacer racional el funcionamiento de la Administración, por lo menos
en lo que yo conozco. Si no lo conozco me gustaría que usted me diera
datos de la distribución de los criterios de productividad.
Es verdad que en la Administración tenemos diversos frentes de
personal, funcionarios, personal laboral, y quien realiza la
negociación colectiva del personal laboral funciona de una manera
determinada. Pero, el hilo conductor de manera general, en una
Administración capaz, cimentada en objetivos que se ponen, que se
rigen, que se revisan, lógicamente tiene que hacer participe a todos
los que hacen posible el cumplimiento de los objetivos de esa
productividad, porque si solamente se dirige a la cabeza, lo que
sucese es que el está al lado del de la cabeza o el látigo del de la
cabeza hace funcionar las cosas, y no es verdad en la Administración
y usted lo sabe muy bien.
Yo me he enterado esta mañana que usted estuvo de teniente alcalde en
Ávila.
El señor PRESIDENTE: Alcalde.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: ¿Alcalde? Entonces, mucho más. Eso es lo más
importante de la vida local, es el sueño de cada uno de nosotros. Ya
lo ha cumplido usted.
Lo que le estoy intentando decir es que falta añadir esa racionalidad
que ustedes anunciaron.
Termino diciéndole que hay que ver la prudencia cómo se les ha venido
a ustedes encima. Empezaron la legislatura anunciando la
Administración única. No le oído hablar para nada en su intervención
de la Administración única. Es ya un paso de racionalidad. Ya sé que
los programas se hacen como guías, pero luego se complican. Sí le he
oído una cosa: ventanilla única. Es importante que la ventanilla
única empiece a funcionar. Tampoco le he entendido muy bien cómo lo
va a hacer. También le he oído hacer una propuesta de ventanilla
única empresarial, que me ha levantado un cierto resquemor, que no sé
muy bien dónde se va a situar, no sé si la va a gestionar una
Administración u otra, porque confluyen un sinfín de ayudas, de
actuaciones, confluye la vida local, la vida municipal, todos tienen
planes de empleo en la vida local, programas de desarrollo, si son
las propias empresas o las cámaras de las empresas las que lo van a
gestionar. ¿Quién va a gestionar eso?
Ha culminado usted, junto con esa propuesta de libro blanco de la
reforma de los servicios públicos -la otra estrella de su
intervención final-, que es una imagen corporativa global, con el
anuncio de retirar todo el material que ahora mismo funciona para dar
un nuevo impulso. Esto de la austeridad y de retirar todo el material
ahora mismo para un año que queda, a ver si la imagen corporativa
nueva que quiere dar globalidad y unidad a toda la dispersión
administrativa, tanto la periférica como la sectorial, funciona va a
ser complicado porque existen un sinfín de organismos y entidades
empresariales públicas que funcionan dentro de los ministerios y que
será complicada la coordinación de los anagramas, pero la verdad es
que se queda un poco recortado -iba a decir lavado de cara, pero no
es justo- ese impulso de nueva imagen. En un año tiene usted
posibilidades de recoger los papeles. Espero que de aquí a junio
usted haya hecho una parte importante de ese trabajo de imagen
corporativa; yo no creo que sea una prioridad ahora mismo, pero usted
la ha anunciado como una prioridad importante y espero que no nos
encontremos con papeles de tres colores a lo largo de la
Administración durante algún tiempo, que a lo mejor podría pasar y no
sería tampoco malo.
Esto se debería hacer al final; ustedes han puesto antes el carro que
los bueyes. Me hubiera gustado que esa carta de los servicios que
usted ha anunciado estuviera funcionando, y no impulsando un real
decreto, porque sé la complejidad de un Consejo de Ministros, pero
usted no impulsa un real decreto, elabora, y si es real decreto ni
siquiera pasa por aquí. Sería bueno que pudiéramos hablarlo y le
invito a que hablemos de esas cosas. La imagen corporativa sería al
final de todo el proceso y no antes, pero usted ha preferido eso y
ese discurso le ha facilitado a usted dos grandes señas de renovación
de su nueva actividad, que espero que sea lo suficientemente positiva
como para que mejore el trabajo de los españoles de aquí a marzo del
año 2000 y que después lo podamos sustituir otros en ese trabajo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Como sabe la Presidencia, el Grupo
Socialista va a dividir su intervención en dos partes. Una, la que
afecta a la Administración general del Estado, a la política global
de las administraciones, y, dos, la que hará mi compañera Amparo
Rubiales, básicamente referida a todos los temas que atañen a la
política autonómica.
En primer lugar, quiero mostrar nuestro cordial saludo al señor
ministro por esta su primera comparecencia que ha sido, sin duda
alguna, densa y prolija en cuanto a datos y a comentarios. Quiero
decir en tono de broma que su antecesor en el puesto hizo gala de su
condición de gallego, de manera reiterada, en esta Comisión. Usted le
conoce tan bien como nosotros y, por tanto, es bueno recordarlo hoy.
Yo le apelo a que usted haga gala de su condición de castellano pues
parece que se reconoce la virtud en los castellanos de ser francos y
claros. Yo como tengo su misma condición le voy a ser también muy
franco y muy claro en la valoración política que nos ha merecido su
intervención.
Le puedo asegurar que lógicamente usted está bajo el beneficio de la
duda, el Grupo Socialista se le concede porque
inicia hoy una andadura ante el Parlamento en lo que ha sido un
conjunto de proyectos que ha puesto en marcha. Permítame que le diga
ya con carácter más general y haciendo una reflexión que afecta a su
Gobierno y a su partido que después de haberle escuchado hoy usted ha
dejado visto para sentencia -diríamos en términos de trámite
judicial- lo que en nuestra opinión venía siendo una constatación,
y es la inexistencia de un proyecto del Partido Popular para la
Administración pública o, si quiere, se lo puedo decir de otra
manera: la constatación de un gran fracaso de sus tesis
tradicionales. Si usted coge hoy lo que sus portavoces en la
oposición decían, su programa electoral (alguna guinda le voy a dar
del programa electoral que compareció a las elecciones generales y
compromete a todo su partido), o los discursos del señor Rajoy y los
confronta con su intervención, la verdad es que no hay modelo, no hay
proyecto global y, por ello, no me extraña que haya puesto en marcha
la idea del libro blanco. Lo que pasa es que un libro blanco para
abordar nada más y nada menos que un estudio en profundidad -la idea
no nos disgusta- de la reforma de los servicios públicos y de la
Administración en general, resulta un poco paradójico cuando estamos
prácticamente en la recta final de la legislatura. No le quito ni un
ápice de su buena voluntad y comprendo que usted apele a ese libro
blanco porque, al llegar a su Ministerio, se habrá encontrado con la
falta notable de un proyecto global, y ya no le digo nada si usted
confronta las resoluciones del último congreso de su partido en
materia de administraciones públicas. Vamos a cosas concretas, aunque
quiero subrayar que esa falta de modelo es perceptible.
Para los que estamos en el mundo del derecho, conviene acercarse al
decreto del Gobierno, que marca cuáles son sus competencias, y dar un
breve repaso a algunas de las más significativas. Le recuerdo que,
conforme al decreto que regula sus competencias, de su Ministerio
depende la organización administrativa, el régimen jurídico de los
funcionarios, el régimen retributivo (cosa que habitualmente eluden
desde el MAP para trasladar el tema al Ministerio de Economía y
Hacienda y lo comprendo por algunas de las cosas que voy a decir),
los procedimientos e inspección de servicios y las relaciones con los
entes territoriales. En relación con la organización de la
Administración del Estado, algún dato conviene señalar. Algunos van a
decir que soy algo pertinaz en mis aportaciones numéricas, pero
quiero afirmar que, desde que son ustedes Gobierno, los puestos
directivos en la Administración han aumentado en 1.321 personas,
desde los niveles 27 a 30, y la fecha referida es de septiembre de
1996 a diciembre de 1998. Hay 1.321 puestos directivos más. No quiere
que haga alusión a lo que ustedes decían, a su programa electoral -me
parece que huelga-, pero añadiré, porque nosotros no hacemos
oposición simplemente para denunciar, que es lógico que aumenten los
niveles superiores en la Administración del Estado porque esa es la
Administración necesaria, una Administración con cuerpos que
planifiquen, con cuerpos que coordinen y que sean lo más competentes
posible. Deberían haberlo conocido cuando eran alternativa de
Gobierno y no se hubieran encontrado en esta situación, sobre todo el
anterior secretario de Estado, don Francisco Villar, que se peleaba
todos los días conmigo, contando los niveles 28, 29 y 30. Laverdad es
que nunca se ha visto algo tan insólito, de una
propuesta en un programa electoral a lo que realmente ha pasado en la
organización de un tema importante.
Quiero hacer referencia a algo que es también muy preocupante y que
es todo lo contrario de lo que decía su programa electoral en lo que
atañe a la Administración institucional: los organismos públicos,
etcétera. Ustedes prometieron una reducción importante de organismos
autónomos, de entidades públicas empresariales y, además, que no iba
a proliferar la creación de entes, digamos, especiales en la
Administración, pero su tendencia ha sido la contraria. Hay muchos
más entes públicos nuevos y en estos momentos -coincidirá S.S.
conmigo en que es un mal que viene de atrás- la Administración
general del Estado es difícilmente reconocible globalmente por su
multiplicidad, por su variedad tipológica y por una cada vez más
voluminosa parte de la misma que huye, casi despavoridamente, de la
sujeción al régimen normal del derecho administrativo, la famosa
huida del derecho administrativo. Ése sería un buen tema para el
análisis del libro blanco, pero no tomen nuevas medidas hasta que ese
estudio se pueda realizar.
Sé, por lo que se refiere al régimen retributivo, que han pasado
cosas muy graves desde que ustedes son Gobierno. Sé que no ha podido
hacer referencia a la productividad, y aquí sí le tengo que hacer una
crítica muy severa a su Gobierno en general, y le quiero lanzar un
reto a usted como ministro de Administraciones Públicas. Le he
recordado que tiene competencias en política retributiva. Ya sé que
es muy difícil controlar a muchos ministerios, pero yo me he dedicado
a hacer un cuadro -estas cosas me gustan- para ver cómo han
evolucionado las nóminas de seis tipos de funcionarios desde que son
ustedes Gobierno. He cogido tres meses de referencia, el mes de
octubre de los años 1996, 1997 y 1998; he cogido un funcionario del
cuerpo administrativo, nivel 16; un jefe de sección, nivel 24 del
grupo B; un jefe de sección, nivel 26; un consejero técnico, nivel
28; un subdirector, nivel 30, y un jefe de gabinete de subsecretario,
nivel 30, y el cuadro resulta escandaloso. Como usted bien conoce,
congelaron un año la retribución de los empleados públicos y el total
de aumento -2,1 y 1,8 para el año que viene- es del 3,9. Resulta que
la inmensa mayoría de los funcionarios, como consecuencia de esa
congelación, ha perdido poder adquisitivo en estos tres años. La
media de aumento ha sido, para el nivel 16, 2,85; para el nivel 24,
3,30; para el nivel 26, 2,26; para el nivel 28 -aquí empieza el
cambio de tendencia- el aumento ha sido del 5,27; para el nivel 30,
subdirector general, el aumento ha sido del 10,39, concretamente de
562.000 pesetas brutas mensuales a 627.749 y para el jefe de gabinete
del subsecretario, nivel 30, el aumento ha sido de un 16,49 por 100.
Es decir, una política retributiva que ha conducido a la pérdida de
poder adquisitivo de la inmensa mayoría y a la ganancia de poder
adquisitivo del núcleo reducido del conjunto de la Administración.
Esto no es asumible, esto es una política retributiva claramente
arbitraria que conduce a la desigualdad. Los datos están sacados de
nóminas y se los puedo facilitar. Desde aquí le invito a que adquiera
un compromiso serio de abordar lo que ha pasado en materia de
política retributiva y las subidas que se han producido en los
sueldos de los jefes de gabinetes de los
subsecretarios, por distintas vías, el complemento específico o los
aumentos de productividad.
Respecto a ese asunto le tengo que decir algo que afecta muy
seriamente a su Ministerio y para el que le pido que tome medidas de
manera inmediata. Usted ha esbozado lo que ha pasado con la
productividad -ya se puede imaginar que estas subidas se producen
básicamente por la evolución de la productividad-, que es una cuantía
muy pequeña en los niveles normales de la Administración, pero que en
los altos se dispara. Le tengo que decir que su Ministerio ha
duplicado los máximos de productividad con la instrucción de junio de
1998, no hace mucho tiempo. El nivel 30, con la instrucción vigente
hasta ese momento, tenía de productividad hasta 75.000 pesetas y ha
pasado a 150.000 pesetas; el nivel 29 tenía hasta 62.000 pesetas y ha
pasado a 140.000; el nivel 28 tenía hasta 58.000 y ha pasado a
130.000; el nivel 26 tenía hasta 57.000 pesetas y ha pasado a
115.000; el nivel 24 tenía hasta 54.000 pesetas y ha pasado a
105.000; el nivel 14 tenía hasta 37.000 pesetas y ha pasado a 55.000,
y el nivel 10 tenía 29.000 pesetas, como máximo, y ha pasado a 55.000
pesetas. ¿Quiere que le diga las productividades de algunos altos
cargos de, por ejemplo, el mes de noviembre? Se las voy a decir. El
Ministerio de Trabajo, el señor secretario de Estado, Juan Carlos
Aparicio, productividad del mes de noviembre -de un solo mes-,
266.727 pesetas; productividad del señor subsecretario del Ministerio
de Trabajo -en aquel entonces, hoy han cambiado-, 262.583 pesetas;
productividad de don Manuel Pimentel -hoy ministro-, como secretario
general de Empleo, 262.583 pesetas, y la productividad de la inmensa
mayoría de los funcionarios está, como bien sabe usted, en torno a
las 40.000/50.000 pesetas. Nadie niega que los altos cargos deban de
tener más productividad, pero la desproporción es absolutamente
ingente. De ahí que los datos que resultan de la ejecución
presupuestaria den lo que den. En el año 1998, la ejecución del
presupuesto pone de manifiesto que se han gastado en productividad en
la Administración general del Estado 48.618 millones, 12.000 millones
más de lo presupuestado, y ya le quito los 5.000 de la Guardia Civil,
de la Policía, o los 8.000, que ahora dicen que son. Esto es lo que
está pasando con la productividad.
Yo le ruego que se entere, si es que es posible, de qué
productividades han tenido los directores y subdirectores de
departamento en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
que tome medidas porque, si no, tendremos que decirle que han sido
escandalosas y que esto es un auténtico hervidero en la
Administración. Por eso hemos pedido una comparecencia para hablar
sólo de la productividad, porque está llevando a un deslizamiento del
sistema retributivo que no tiene posibilidad de ser analizado desde
ninguna perspectiva. También le quiero indicar en relación con este
tema que ha habido decisiones, como antes comentaba, que han sido
contestadas. Sería bueno saber qué ha pasado con todos los miembros
de consejos de administración que han dejado de serlo, no sólo
secretarios de Estado sino otros niveles inferiores. No sé si en
algún momento lo podrá comentar, pero nosotros tendríamos interés en
conocerlo.
Obviamente no le puedo hacer a usted responsable de lo que estoy
denunciando. Le pido desde aquí que asuma el compromiso serio de un
cambio radical de cómo se
están llevando las cosas en materia de política retributiva, porque
esto genera algo que es constatable. Hay un desánimo notable en la
Administración general del Estado, hay una desafección evidente hacia
las políticas de personal, y eso genera que no tengamos precisamente
un momento de euforia respecto al empleado público. Algunos analistas
de renombre y de prestigio han sido mucho más duros colateralmente
con una situación que voy a comentar. Le voy a leer textualmente un
párrafo de un artículo de opinión. Miguel Sánchez Morón, catedrático
de derecho administrativo de reconocido prestigio en el ámbito de la
política de personal de los empleados públicos, dice: «De hecho, la
Función pública se halla en una situación crítica pues se carece por
lo común, salvo honrosas excepciones, de una gestión eficaz del
personal y de estímulos para el funcionario, mientras que se
extiende, como mancha de aceite, el absentismo y la despreocupación
por el servicio, así como el favoritismo en el ingreso y en la
provisión de destinos, la opacidad y la desigualdad retributiva y la
inseguridad jurídica. En estas circunstancias, la Función pública se
descapitaliza por el abandono de sus efectivos más valiosos, se
reduce al mínimo la imparcialidad de los empleados públicos y se
rutinizan sus comportamientos pues lo que determina la carrera del
funcionario, en la medida en que tal carrera existe, no es tanto su
mérito como su fidelidad al gobernante».
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, puesto que ha
compartido el turno, ha de ser breve.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Sí, señor presidente.
Esto tiene mucho que ver con otra de sus grandes promesas electorales
y con la situación que hay en estos momentos. Ustedes dijeron que
iban a restringir al máximo creo que es literal en su programa
electoral la libre designación en la Administración general del
Estado. ¿Sabe cuántos puestos tiene su Gobierno como libre
designación? Tiene 7.100, después de haber reducido las RPT en 20.000
efectivos, como S.S recordará, que se encontraban vacantes. Están
extendiendo la libre designación y hasta puestos que han de cubrirse
con niveles 25, como algún director del parque nacional, están
apareciendo en las RPT como de libre designación.
Es un clamor social que tenemos una Administración
desprofesionalizada. El mal seguramente se arrastra de manera
inveterada, es caso histórico. En algún momento tendremos lógicamente
que coger el toro por los cuernos. La provisión de puestos de
trabajo, el acceso a la Función pública exige en este país un cambio
radical que le dé credibilidad a ese valor constitucional de la
igualdad de oportunidades.
Todos los días parecen denuncias y es un problema nacional del que
hay que ser conscientes. Le aseguro que el ministro que coja este
toro por los cuernos seguramente pasará a la historia de este país,
porque eso es lo que piensan los ciudadanos. No hay más que ver las
encuestas del CIS o hablar con ellos. Sinceramente, si la medida
alternativa es la filosofía del estatuto básico de la Función Pública
que hemos conocido, ya le digo de antemano que el Grupo Socialista no
aceptará un consenso. Mientras no cambio radicalmente la forma de
acceso que diseña el estatuto
y las formas de provisión de los puestos hacia un modelo
radicalmente independiente que garantice mucho más la objetividad, la
neutralidad y la igualdad de oportunidades, no habrá posibilidad de
consenso.
El señor PRESIDENTE: Termine ya, por favor, señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Sí, señor presidente.
Por cierto, que desde que son Gobierno no ha habido ningún acuerdo
global en el ámbito del empleo público con los sindicatos. El último
fue el de 1994-1997, un buen acuerdo que nadie ha criticado y que
lógicamente debería servir de base. Y sé que han estado negociando el
estatuto, que ha sido el elemento que ha ocupado al Ministerio de
Administraciones Públicas.
Quiero terminar con una alusión a la Administración periférica del
Estado. Aquí es donde -lo apuntaba el portavoz de Izquierda Unida- el
desconcierto es genuino. A lo mejor no hemos entendido bien alguna de
sus afirmaciones, pero es notable que ya no hablamos de
Administración única. Algunas de las cosas que he entendido, como la
ventanilla única empresarial, me parece que es complicación de más
instancias ahora en las Cámaras de Comercio. Es una fórmula original
de meter ahí a comunidades autónomas, a ayuntamientos y a la
Administración del Estado para que puedan tramitar conjuntamente todo
lo que afecta a la constitución y funcionamiento de una empresa, pero
es lo que están haciendo ya muchas comunidades autónomas. No nos
compliquemos la vida. En este país tenemos una tendencia enorme a
partir de nuevo y a creer que se produce.
En cuanto a la evolución de la Administración periférica, le tengo
que decir que el balance es bastante triste. Usted ha hablado aquí,
correctamente además, de que hay 6.000 funcionarios integrados en el
proyecto de Administración única y ha apuntado que va a haber 1.000
más. Le quiero recordar las cifras de cuántos funcionarios tiene la
Administración general del Estado en la periferia. Del conjunto de
efectivos, contando todo tipo de administraciones y entidades, hay
516.449 en la Administración periférica; sólo de la AGE -por tanto,
quedan fuera Seguridad Social, Defensa, Educación, Sanidad, etcétera-
tienen 157.001 efectivos en la Administración periférica. Si el
balance es 5.000 a integrar y, como mucho, un desiderátum de 1.000,
después de abril de 1997, en que aprobamos la LOFAGE, esto ni
Administración integrada, ni única, ni nada, porque siguen las cosas
exactamente igual que seguían como cuando había gobernadores en un
proceso ciertamente lento. Yo le insto -me gustaría que adquiera ese
compromiso- a revaluar esta situación y a hacer mucho más rápida y
efectiva la integración de los servicios periféricos, porque es una
vía importante.
Termino ya diciéndole, señor presidente, que el volumen de temas que
he planteado nos va a obligar a solicitar una nueva comparecencia, no
sé si del ministro o de algún secretario de Estado, como ustedes y
los grupos entendamos, porque nos gustaría profundizar en ellos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor ministro, señorías, reitero la
felicitación que por su nombramiento le hice el otro día y también
los deseos de suerte en su gestión. Falta le va a hacer, señor
Acebes.
Si este Ministerio no ha sido nunca especialmente sencillo, su tarea
está complicándose por momentos, y, a no ser que usted no quiera
enterarse de lo que está pasando, con el Estado democrático que nos
dimos en el año 1978, del que acabamos de cumplir veinte años, va a
tener un duro trabajo. Quiero decirle también sinceramente que de
esta su primera intervención me ha parecido que no mira usted de
frente a los problemas.
Señor ministro, mi grupo, el grupo en nombre del cual les hablo,
considera que la España constitucional hoy es mucho más fragil como
proyecto político que hace unos años. Señor ministro, quiero empezar
ofreciéndole una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, un pacto de Estado en materia autonómica. Hemos formulado
este ofrecimiento desde el primer momento de la formación de su
Gobierno, con reiteración y sin ningún éxito en la respuesta, hasta
el momento por lo menos, pero no cejaremos en el empeño.
En su intervención inicial, al hablar del Estado autonómico, se ha
referido a los grandes acuerdos que han presidido la política
autonómica. Hasta hoy, efectivamente, ha sido así. No ha hecho ni
siquiera referencia a cuáles han sido, pero si la política
autonómica, el Estado de las autonomías que hoy tenemos ha sido
posible, lo ha sido porque afortunadamente hubo pactos políticos,
pactos autonómicos realizados entre los diferentes partidos
políticos: los del año 1982 entre el Gobierno entonces de la Unión de
Centro Democrático y el primer partido de la oposición, el Partido
Socialista, y a los diez años entre el Gobierno del Partido
Socialista y el Partido Popular entonces en la oposición. Esos dos
grandes acuerdos entre los dos grandes partidos han hecho posible que
la España de las autonomías sea la que hoy tenemos.
Señor ministro -y siento decírselo así de claro y así de duro-,
cualquier funcionario de su Ministerio podía haber hecho su
comparecencia. Desde mi punto de vista, no ha sido la comparecencia
del ministro de un Gobierno de España, porque las circunstancias por
las que estamos atravesando con la articulación territorial del
Estado no son hoy más fáciles que hace unos años, sino al contrario.
Los peligros de desagregación de España son cada vez más grandes y
las posiciones disgregadoras de los nacionalistas, absolutamente
legítimas por otra parte, se extienden como la pólvora (Rumores).
Acaban de celebrar de nuevo en Barcelona, el viernes pasado, la IV
cumbre de la trilateral nacionalista, constituida, como ustedes
saben, el último verano. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo,
a reunirse y a hacer cuantas propuestas quieran sobre, como en este
caso ha ocurrido, la supresión del Ministerio de Cultura, pero el
mismo derecho tenemos nosotros, los que no pensamos igual que ellos,
expresar nuestras opiniones contrarias a la visión de España que nos
ofrecen.
Señorías, no se trata de hacer nacionalismo español, de tristes
recuerdos imperiales y franquistas. Proponemos hacer un pacto de
Estado que siga permitiendo la cohesión y la identidad de España, que
despeje las incertidumbres que nos debilitan dentro y fuera de
nuestras fronteras. Si
de alguna cosa o me he calificado nunca, ni lo haría hoy es de ser
nacinalista de ninguna clase. Tengo del nacionalismo -y lo siento- un
concepto reductor. Por eso, respetándolo profundamente, no ha sido
nunca mi opción política, ni de lejos. Pero no deja de ser curioso
-no me lo negarán- que ser nacionalista español sea hoy la única
forma no legítima de ser nacionalista. Afortunadamente, hemos
superado el nacionalismo español, que era excluyente de la
diversidad. Pero el modelo territorial que tenemos para seguir
avanzando en su desarrollo necesita del pacto, del acuerdo y de una
explicación constante a los ciudadanos de su evolución. Se trata,
señorías, de recuperar el orgullo nacional español, sin frentismos de
ninguna clase, sin ir contra nadie, pero sí defendiendo la
Constitución y los estatutos de autonomía; en suma, el Estado
democrático y plural que tenemos desde hace veinte años, buscando el
acuerdo constante con los partidos nacionales y nacionalistas en lo
que sea posible, y con las comunidades autónomas. Hay que tender la
mano siempre a todos los partidos democráticos. La división -lo saben
SS. SS.- no es entre partidos nacionalistas y no nacionalistas. No
estoy haciendo esa división, y que nadie lleve mis planteamientos ni
los reduzca al absurdo. La división en este país sigue siendo entre
violentos y no violentos, entre demócratas y no demócratas, y nada
más lejos de mi intención que propiciar un frente de los no
nacionalistas frente a los nacionalistas porque sería un camino
equivocado. El Gobierno, señor ministro, ha hecho todas las cesiones
imaginables a cambio de apoyo parlamentario de éstos, de los
nacionalistas, y no ha conseguido, por el contrario, un solo
compromiso en lo que se refiere a la articulación del Estado ni a la
lucha contra el terrorismo. No parece serio después de haber
zarandeado la política autónoma, el Gobierno y su partido se
presentan ahora envueltos en la bandera de la firmeza, y a las
pruebas de lo que está pasando estos días -entrevista Pujol-Aznar de
ayer mismo- me repito.
Señor Acebes, este pacto que una vez más le proponemos debe hacerse,
pensamos nosotros, en sede parlamentaria, por ser el Parlamento el
ámbito de decisión adecuado. Antes, hace unos años, lo que pasaba en
esta Cámara era lo relevante para los ciudadanos españoles; hoy es lo
que pasa en el Parlamento de Vitoria. Tenemos que romper con esta
dinámica y hacer del Parlamento eso que ustedes decían en campaña
electoral y que luego tampoco han cumplido, el centro de nuestra vida
política; como no han cumplido las comisiones de investigación y
tantas otras cosas.
Señor ministro, mientras España es cuestionada el Gobierno no puede
seguir mirando a otro lado, sino que tiene que defender sus
posiciones. Si yo le digo que la fuente de legitimidad de nuestro
marco de convivencia, de reparto de poder del Estado, de respeto y
reconocimiento de la realidad plural de España, está en la
Constitución que nos hemos dado, y si añado que el modelo de
anticulación territorial de España no puede ser otro que el que se
fija en la Constitución y en los estatutos de autonomía, usted me va
a decir que está de acuerdo conmigo; estoy segura. Entonces, ¿qué
pasa, señor Acebes? ¿Por qué esa resistencia a pactar la resolución
de problemas esenciales como el que nos ocupa? Su único objetivo,
señor Acebes, el de su Gobierno y el de su partido, sigue siendo de
tierra quemada para los socialistas y, mientras, los nacionalistas
ganan
terreno. Señor ministro, no somos los enemigos a batir, sino los
adversarios a respetar y con los que compartir los elementos básicos
de un pacto de Estado. Podemos discrepar y discrepamos en la
concesión de la educación, en la concepción del empleo, en la
concepción de la cultura, de la economía; podemos y debemos estar a
favor o en contra de la ampliación de la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo o en tantas otras cosas, pero
tenemos que estar de acuerdo en la defensa y desarrollo del Estado de
las autonomías, y así se ha hecho en estos veinte años de Gobierno
constitucional y democrático. (Rumores.)
Señorías, mi grupo sigue apostando y apostará, intentando no caer en
los debates nominalistas que en muchas ocasiones aparecen, por una
España democrática y pluralistas que en muchas ocasiones aparecen,
por una España democrática y pluralista, por una España incluyente de
las culturas e identidades que la integran -oiganlo bien-, por una
España solidaria entre sus gentes y entre sus pueblos, y rechazamos
las propuestas excluyentes de los que son una parte que hablan en
nombre de todos. ¿No cree, señor ministro, que ha llegado el momento
de hacer algo? Un proyecto de país exige de todos, como demócratas,
áreas de consenso que fortalezcan el Estado democrático como garantía
de convivencia libre y pacífica entre los ciudadanos, como garantía
de respeto a la pluralidad de las nacionalidades y regiones que lo
integran y, por tanto, a la pluralidad de identidades que lo
componen.
Nos preocupa que, en aras de esa famosa gobernabilidad -que tantas
ronchas está levantando por mi izquierda-, estén ustedes permitiendo
que se produzcan un cuestionamiento franco y claro del Estado de las
autonomías en su explicitación y configuración actual. Se discrepa
abiertamente del café para todos y del modelo constitucional. Por eso
le reiteramos nuestro ofrecimiento a la búsqueda del acuerdo, como
había sido la costumbre, la tradición hasta ahora. Desde el Pacto de
Estella y desde esa peculiar declaración de tregua por parte de ETA,
todos los demócratas necesitamos más que nunca del acuerdo y la
colaboración en estas materias. Y mientras tanto, señorías, tenemos
que seguir avanzando en el desarrollo del modelo constitucional y
autonómico; cumplir, como S.S. ha dicho, los acuerdos de 1992, y
terminar las transferencias educativas a las comunidades autónomas
que aún no las han recibido. Lo ha dicho S.S., seis quedan todavía
por recibirlas, y deberían tenerlas antes de las próximas elecciones
de junio de este año; e iniciar ya las negociaciones para las
transferencias de sanidad con las once comunidades autónomas que aún
no las tienen, para que la igualdad y la solidaridad sea posible.
Señorías, igualdad no es unifamiliar. Con esto del territorio ocurre
igual que con lo de las mujeres. La igualdad que reclamamos las
mujeres no significa que no reconozcamos las lógicas diferencias que
existen, que las hay, lo que no queremos es que estas diferencias
produzcan desigualdades.
Señor ministro, ¿qué quiere que le diga con respecto a las
transferencias educativas y a las políticas activas de empleo y
sanitarias? Si han incumplido todos los calendarios habidos y por
haber con respecto a las transferencias educativas, qué no va a pasar
con las sanitarias, señor Acebes. ¿Qué piensa el Ministerio de
Sanidad de esas transferencias, de esas negociaciones que dice usted
que van a
empezar? Ojalá que avancen, como usted dice, en transferir las
políticas activas de empleo y en tantas otras que nos ha dicho para
ir adelante en el desarrollo del Estado autonómico, para lo cual es
preciso, señor Acebes, conocer algo sobre lo que tampoco ha dicho ni
una sola palabra, seguramente porque considera que esta Cámara no
tiene por qué saber lo que ocurre en la otra, aunque creo que en la
visión global de lo que debe ser el desarrollo del Estado de las
autonomías nos interesa saberlo también aquí, porque tiene que ser
una política global y no una política troceada o parcializada. Señor
ministro, nos gustaría saber si va a haber debate sobre el Estado de
las autonomías en el Senado, porque hemos leído unos días que sí y
otros que no, y pasa como con lo de la población, a lo que después me
refiriré. Creemos que debe haber debate de las autonomías en el
Senado, señor ministro, para que todas las comunidades autónomas y el
Gobierno tengan las mismas oportunidades que los nacionalistas y
hacer de esa Cámara, del Senado, de la Cámara Alta, lo que la
Constitución dice que debe ser: la representación territorial de
España, hoy más necesaria que nunca.
Señor ministro, la reforma del Senado, usted lo sabe bien (ha sido
portavoz en esa Cámara, igual que yo hace muchos más, no portavoz,
sino senadora, creo que no llegué a coincidir con usted), es la
asignatura pendiente de la democracia española y tenemos que
abordarla. A los nacionalistas parece que no les gusta la idea, pero
mi grupo considera que también en este tema podemos y debemos llegar
a acuerdos con ellos. Mientras no reformemos el Senado será el
Congreso el que tenga que funcionar cada vez como Cámara territorial,
pervirtiendo sus funciones y creando desigualdades, una vez más,
entre los territorios.
Paso a la financiación autonómica. Le voy a prestar un libro que ha
hecho el Partido Socialista para que lea usted qué ha pasado. Se le
he dicho muchas veces en esta Cámara a su antecesor y en los
múltiples debates que hemos tenido sobre esa materia en este mismo
Parlamento: la financiación autonómica es la historia de un fracaso
anunciado. Se lo advertimos desde el debate de investidura y se lo
hemos repetido en numerosos debates parlamentarios y en sesiones de
control al Gobierno. Desde el primer día les dijimos que la
financiación autonómica es la columna vertebral del Estado de las
autonomías y que el sistema que la regula requiere neceriamente una
visión de Estado basada en el mayor consenso posible. Por encima de
tentaciones partidistas, el sistema no debería nunca convertirse en
moneda de cambio para la obtención de apoyos parlamentarios
coyunturales, ni debería utilizarse como arma arrojadiza contra los
gobiernos autonómicos no afines, lo ha explicado muy bien el señor
Ríos y por falta de tiempo no me extiendo. El modelo, señor Acebes,
era y es malo por razones de fondo. Hoy a nadie convence porque nació
viciado de origen, sin consenso, como una imposición. Porteriormente,
el falseamiento de sus principios inspiradores y la evolución de la
recaudación del IRPF han confirmado todos sus defectos, además de
poner de manifiesto el alto coste que supondrá para la Hacienda
estatal, cercano a los 500.000 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, procure ir terminando.
La señor RUBIALES TORREJÓN: Procuraré terminar y no hablar con la
misma insistencia cuando hable doña Carmen Laura para dejarla que la
entienda y la oigan el resto de los miembros de esta Comisión.
Señorías, les decía que la caída de la recaudación del IRPF ha
confirmado todos los defectos del sistema, además de poner de
manifiesto el alto costo que supondrá para la Hacienda estatal,
cercano a los 500.000 millones de pesetas. Es un sistema que está
agotado, cuestionado y modificado por dos veces, como de tapadillo,
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; que ha sido denunciado
incluso por su principal socio parlamentario, impulsor inicial, que
ya ha exigido reiteradas veces su modificación y ustedes siguen
empecinados no sólo en no tocarlo, sino siquiera en empezar a
negociar el recambio para ver si logramos sacarlo de las peleas
partidistas en las que nunca debería haber caído. Nosotros le
tendemos también la mano, en este caso en la búsqueda de un nuevo
acuerdo que con el consenso indispensable alumbre un nuevo sistema de
financiación que no ponga en peligro la cohesión territorial del
Estado. Un sistema que garantice a las comunidades autónomas la
suficiencia, la autonomía financiera y la aplicación efectiva de la
solidaridad, cosa que con este modelo periclitado y obsoleto que
tenemos no se hacen. ¿Qué va a pasar con el fondo de nivelación,
aparte de que se sigan reuniendo los grupos de trabajo, que ya llevan
seis reuniones? ¿Cuándo van a concluir esas reuniones y vamos a saber
algo de lo que pasa con el mismo?
Por último, señorías, me toca hablar -le pido disculpas, señor
presidente, sabe que eran ocho puntos del orden del día y hemos
querido agruparlos precisamente para facilitar el trabajo del señor
Acebes- de un tema al que él no ha hecho ninguna referencia, a pesar
de que venía expresamente contemplado en uno de los puntos del orden
del día. Se trata de la famosa aplicación -a ello también ha hecho
referencia el señor Ríos- del nuevo censo de población, aprobado por
Real Decreto 1645/1997, sobre financiación autonómica. Con este tema
nos hechos hecho hasta un poquito famosos en esta Cámara el señor
Rajoy y esta portavoz que les habla. Hemos presentado desde una
proposición no de ley en Pleno -que, por cierto, fue aprobada por
unanimidad de esta Cámara, seguramente la votaría usted mismo, señor
Acebes- hasta muchas preguntas orales, comparecencias, artículos de
opinión y debates mil. Dicen ustedes estos días que la Junta de
Andalucía ha roto el principio de igualdad entre los españoles con la
subida de las pensiones no contributivas y asistenciales. Además de
no ser cierto -como SS.SS. muy bien sabe-, esto no tiene ni punto de
comparación con lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Hemos
oído decir a su Gobierno -no a usted, pero usted es responsable de
estas cuestiones- que va a interponer un recurso de
inconstitucionalidad contra la subida de pensiones de la Junta de
Andalucía. No hemos oído una sola palabra sobre qué van a hacer
ustedes con la Ley foral 21/1998, de 30 de diciembre, de los
presupuestos generales de Navarra, para el ejercicio de 1999, cuyo
artículo 10, puntos 6 y 7, incrementa en este caso las pensiones
contributivas de jubilación en 13.000 pesetas con
respecto a las demás y las de viudedad en 12.000 pesetas. Me gustaría
que tuvieran ustedes el mismo ardor en la declaración de
inconstitucionalidad del precepto de esta comunidad autónoma.
Usted sabe que...
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, me hago cargo de las
dificultades, pero debe terminar ya. Le ruego que acabe en un minuto.
La señor RUBIALES TORREJÓN: Termino inmediatamente, señor presidente.
Usted sabe que las retribuciones de los funcionarios y maestros no
son iguales, pues varían según la comunidad autónoma. ¿Qué pasa con
el no reconocimiento de 400.000 andaluces en la financiación
autonómica? Según el Gobierno existimos para unas cosas, para la
financiación sanitaria y para el fondo de compensación, pero no
existimos para otras, para la financiación autonómica. Le aseguro a
usted que Andalucía es un clamor contra esta injusticia del no
reconocimiento de los 7.200.000 andaluces que somos, según dice el
real decreto-ley que ha aprobado su Gobierno, y no los 6.800.000 que
ustedes pretenden que seamos.
Es cierto, señorías, que la Lofca -y termino, señor presidente-
solamente dice que la variable población tiene que ser tenida en
cuenta, después se la podrá ponderar de una manera o de otra. Pero lo
que está claro es que solamente se puede partir de la población
realmente existente, todo lo demás no solamente es injusto sino que
es nulo de pleno derecho. Esta es una querella abierta con una
comunidad autónoma, la andaluza, que debe ser cerrada. Como partido
mayoritario en esa comunidad autónoma también le ofrezco la
posibilidad de que lleguemos a un pacto o a un acuerdo.
Señor Acebes, concluyo diciéndole una cosa muy seriamente. Espero que
no eche en saco roto cuando le he dicho porque si lo hace así,
¿cuándo y quién marcará el punto de no reversibilidad en la
disgregación paulatina pero inexorable de España?
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor ministro, sea usted bienvenido, en
nombre del Grupo Vasco, a esta Comisión. Le deseo también lo mejor en
el desenvolvimiento de su tarea.
Comparece usted en unas circunstancias que son ciertamente
especiales, puesto que a la legislatura le queda lo que le queda, en
todo caso poco, y es claro que no hay ruptura entre el desempeño de
este cargo entre el ministro anterior y usted sino continuidad en el
cumplimiento de un mismo programa de gobierno. Por eso, voy a hacer
un repaso a lo hecho y a lo que queda por hacer, también al hilo de
su intervención, en las dos grandes áreas que tiene encomendada su
Ministerio: la de política autonómica y local y la de
administraciones públicas en general.
En el área de política autonómica usted esperará o temerá que mi
intervención sea crítica. No quisiera que frente a la intervención de
la señora Rubiales, que le ha atacado por
el exceso con las comunidades históricas y el defecto que yo le voy a
imputar, sacase la conclusión de que, como está en el término medio,
está en lo cierto. Espero que atienda a los argumentos de una y otra
parte y sepa ver lo que de justo puede haber en la reivindicación
que, en nombre del grupo al que pertenezco, realizo.
En su primera comparecencia su antecesor decía que era propósito del
Gobierno cumplir los estatutos de autonomía tanto en las comunidades
que accedieron por la vía del artículo 151 -el caso de la mía-, como
en las que accedieron por vías diferentes, concretamente por el
artículo 143, y aludía al impuso en el proceso autonómico. ¡Ojalá que
así sea, señor ministro! Ya entonces mencionaba el ministro,
curándose en salud -si me pertime expresarlo así; posibles
discrepancias en la interpretación de los estatutos. Habrá oído usted
hablar hasta la saciedad del famoso acuerdo del Parlamento vasco,
ratificado por todos los grupos, en el que, por cierto, estaba
entonces como distinguido parlamentario un miembro del Gobierno
actual que votó a favor de estas fichas en las que se plasma en qué
consisten las transferencias pendientes. También se llevó al
Parlamento vasco el acuerdo sobre prioridades en las transferencias,
señalándose que el sector de infraestructuras y el que llamamos
paquete social eran los prioritarios. No es la interpretación que se
sostiene por un grupo concreto, sino que es postura avalada por todos
los grupos de la Cámara vasca en legislaturas pasadas, no en la
actual, porque esto viene del año 1992.
En esta legislatura sí ha habido transferencias me dirá usted que las
ha habido, la de agentes mediadores de seguros y la del Instituto
Social de la Marina. Ninguna competencia es despreciable desde la
óptica del partido al que represento, pero convendrá usted conmigo en
que el autogobierno vasco no se ha visto muy aumentado por la
asunción de estas competencias. Queda, por tanto, todo lo que hace
referencia a infraestructuras. Ahora parece que hay un mediano
acuerdo, no en los términos literales sino respecto de una de las dos
autopistas que está pendiente; y todo el llamado paquete social que
se ampara -y así se ha hecho en campaña electoral hasta la saciedad-
en la idea de que nosotros despreciamos lo que se ha dado a las demás
comunidades autónomas. La mera gestión no nos interesa, no está en el
acuerdo del Parlamento vasco que sea el alcance de la competencia
vasca. Por más dinero que ella suponga, lo que la competencia
contiene es capacidad de gestión. En cuanto a las cuotas del Inem, el
Tribunal Constitucional ha declarado en dos sentencias distintas que,
aunque se recaudan con las cuotas de la Seguridad Social, no
conforman la caja de la Seguridad Social. Nosotros queremos recaudar
las cuotas y hacer políticas propias. El planteamiento es
jurídicamente impecable de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y creemos que no se ha discutido directamente, puesto
que la falta de igualdad entre cuotas de la Seguridad Social y cuotas
del Inem es clara, a pesar de que se recauden juntas, repito, y lo
que ha faltado es el impulso político, la falta de voluntad política,
que yo le pido que usted tenga en el futuro. Usted ha hablado de la
reunión pendiente con la vicelehendakari en el día de mañana. Ojalá
que con esta reunión y la siguiente se pueda producir un desbloqueo
en estas competencias y en las que la señora vicelehendakari le
plantea a usted como propuestas
del Gobierno que recién inicia su andadura en la Comunidad
Autónoma vasca.
No puedo dejar de hacer mención a los desarrollos estatutarios, a la
forma en que se han completado o modificado los estatutos que
accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143. Quede claro
que el partido al que represento siempre ha sostenido en esta Cámara
el principio dispositivo que plasma la Constitución. Puede ser
comunidad autónoma aquella que cumpla los requisitos, que conforme al
procedimiento constitucionalmente querido, haya accedido a ella y
podrá tener el nivel de competencias que dentro del juego de los
artículos 148 y 149 sus ciudadanos, a través de sus instituciones,
decidan libremente. Pero me parece que es momento de poner sobre la
mesa -lo he hecho ya en otras ocasiones- una cuestión que ha sentado
especialmente mal al grupo al que pertenezco y que se ha producido en
esta legislatura. Siempre votamos, repito, a favor de las
modificaciones estatutarias. No lo hemos hecho así y nos abstuvimos
respecto de los estatutos de La Rioja y Castilla y León porque en
ellos por primera vez se recoge la idea de que causa perjuicio la
vecindad con territorios forales. Se ha plasmado esta idea en el
texto estatutario con el beneplácito del Gobierno o, cuando menos,
del partido que le apoya. Cuando a algunos se nos atribuyen actitudes
hostiles o sectarias, es bueno recordar de dónde ha partido la
primera plasmación en un texto legal. Quería que en esta
comparecencia quedase constancia de ello.
Hay otra cuestión pendiente que, si no ha encontrado, hallará en días
siguientes en algunas de las mesas de su Ministerio, que hace
referencia al ejercicio de las competencias propias de la Comunidad
Autónoma vasca. Conocerá el señor ministro que la citada comunidad
autónoma tiene competencias en materia de derecho civil foral propio
y que la actualización del derecho civil vasco se ha hecho respetando
los territorios aforados en el pasado, con lo cual es un derecho
civil discontinuo, es decir, que en Bilbao es territorio común y en
el municipio de Getxo, enn el que yo resido, es territorio aforado.
Sin embargo, la propia ley contiene la previsión de que los
municipios que lo deseen puedan acceder mediante un procedimiento que
establece perfectamente acorde a derecho o por lo menos no recurrido
por nadie, es decir, en Ley perfectamente vigente, mediante
referéndum, al régimen de aforamiento. Hasta un total de ocho
municipios han presentado la solicitud en el Ministerio sin que hasta
este momento haya habido respuesta. Localíceme esos expedientes,
señor ministro, y contéstele algo a la Diputación de Vizcaya, que le
instaba a que se pusiere en marcha este procedimiento perfectamente
anclado en la legalidad, en lo estatutario e incluso en la propia
Constitución.
No ha aludido usted a la conflictividad competencial, que siempre es
un aspecto importante del desarrollo autonómico. Conoce usted que el
Gobierno vasco, el Parlamento vasco no acuden al Tribunal
Constitucional para demandar pero si reciben procedimientos y los
contestan. Quería aludir a dos bloques distintos: Uno hace referencia
a las competencias en materia de Justicia. Usted ha dicho en su
intervención que se está produciendo la transferencia a numerosas
comunidades autónomas, lo cual nos parece bien, pero el Ministerio
debiera tener presente que todavía está pendiente un recurso contra
el artículo 455 de la LeyOrgánica del Poder Judicial, interpuesto por
50 Diputados
del Grupo Popular en la pasada legislatura, que se opone a la adición
de este precepto. Pudiera ocurrir que las políticas que está llevando
adelante un Gobierno del Partido Popular se viesen posteriormente
declaradas inconstitucionales por un recurso que pusieron sobre la
Mesa del Tribunal Constitucional 50 Diputados del Grupo Popular. Si
la voluntad política del Gobierno actual es seguir adelante con esta
política de transferencias y considerar que es correcta la adición
del artículo 455, debiera retirarse o intentar que los compañeros de
su propio grupo desistan de este recurso que está pendiente y que
entorpecía el ejercicio de competencias que ya ejercitan con absoluta
normalidad Galicia, Valencia, Andalucía, País Vasco y Cataluña.
Hay otro procedimiento, que también está pendiente de recurso y que
es de la presente legislatura, en el que si se puede hablar de culpas
en estas cuestiones, quizá se las imputase más al Ministerio de
Justicia que al de Administraciones Públicas que, justo es
reconocerlo, hizo todo lo posible por evitarlo, y es el que hace
referencia a la política de plantillas o de personal de la
Administración vasca en relación con el personal de la Administración
de justicia. Hace unos días se ha producido el auto del Tribunal
Constitucional en el que se levanta la suspensión respecto de este
recurso. No debe parecerle al Tribunal tan grave lo que se pretendía
y la vigencia de estas medidas en los términos de la Administración
vasca porque mientras penda el recurso -que, como sabe el ministro
igual que yo, será muchos años- va a seguri vigente este sistema de
plantillas. Ayer mismo se aprobó en la Cámara una proposición no de
ley de Grupo de Convengencia i Unió en la que se da una redacción a
las prioridades que el Gobierno va a asumir como propias en materia
del personal al servicio de la Administración de justicia, en la
línea que preveía la orden reguladora del Gobierno vasco, que debiera
llevarle al Gobierno a reconsiderar el mantenimiento o no de este
conflicto que crea una conflictividad social que es perfectamente
evitable y que no debiera obedecer a políticas concretas, puesto que
la política de transferencias y la política que en materia de
personal se aprobó en el día de ayer está evidenciando otra cosa.
Otro recurso pendiente, que es de extraordinaria importancia y se
relaciona con dos materias de su departamento, la competencial y la
referida al régimen de la Función pública, son los sucesivos recursos
de inconstitucionalidad o contenciosos que se plantean en relación
con las retribuciones previstas en distintas administraciones vascas.
Lo he explicado hasta la saciedad cada vez que se debaten
presupuestos en esta Cámara o la ley de acompañamiento. El Tribunal
Constitucional tiene establecido que el régimen y las retribuciones
de los funcionarios no son el artículo 149.1.18, es decir, no son
bases de régimen jurídico de los funcionarios públicos. Si el Estado
puede fijar unos topes es por el artículo 149.1.13, bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Estimamos que el planteamiento correcto jurídicamente es que la
coordinación de estas bases del artículo 149.1.13 en el sistema
constitucionalmente querido se hace a través del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, que es el que marca a cada comunidad autónoma
cuál es su cuadro de convergencia, en qué límites puede moverse para
que sea posible la integración
y el mantenimiento dentro de la Unión Europea conforme a los
parámetros establecidos.
La Comunidad Autónoma vasca va espléndidamente bien en el cuadro de
convergencia, lo cumple sobradamente.
No debiera impedírsele que emplee sus propios recursos en las
políticas que le parezcan más adecuadas, que en este caso concreto, y
ya desde hace tiempo, viene siendo adecuar las retribuciones de sus
funcionarios públicos a unos parámetros más acordes con la realidad
del mercado laboral en general en el ámbito de esta comunidad
autónoma. Creo que debe revisarse puesto que lo constitucionalmente
correcto -espero no estar empecinada en ello-, lo que el Tribunal
Constitucional acabará reconociendo es el planteamiento que hasta
ahora estamos sosteniendo y se está haciendo daño -ése sí que podrá
devenir irreparable- a los distintos funcionarios públicos de la
Administración vasca a los que se les limitan sus medios de
subsistencia con esta paralización, no constitucionalmente
justificada, en la posibilidad de aumento de sus retribuciones.
No ha mencionado usted para nada, ni ningún portavoz de los que me
han precedido, otra materia competencia de su Ministerio, si bien
repartida con el Ministerio de Asuntos Exteriores: Lo que hace
referencia a la presencia de las comunidades autónomas en los asuntos
europeos. En esta legislatura se ha aprobado, y tuvo su tramitación
en esta misma Comisión, la Ley que regula la Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas. Me gustaría, por lo menos,
apuntarle tres grandes asignaturas pendientes que hay en este área
ahora que el ingreso en la Unión Europea es una de las prioridades
que se marcan desde la política del Gobierno. En primer lugar, la
presencia de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea. En esta legislatura se han aprobado en esta Cámara
distintas resoluciones, bien sea como mociones consecuencia de
interpelaciones o como proposiciones no de ley, que no se han
plasmado en nada. Creemos que requieren un empuje político y su
impulso para que, cuando menos, los tibios acuerdos que suscitaron el
consenso de todos los grupos de la Cámara puedan ir avanzando en el
camino diseñado en las iniciativas.
También quisiera preguntarle qué pasa con el consejero de asuntos
autonómicos; no con él personalmente, excelente persona y
profesional, sino con la configuración que se le ha dado a este
cargo. En la comparecencia que tuvo en esta misma Comisión el 10 de
junio pasado quedó claro que a ninguno de los grupos representados en
la Cámara nos satisfacía en qué se ha plasmado ese representante, ese
consejero de las comunidades autónomas en la Unión Europea y las
posibles virtualidades de esta figura. Me gustaría que lo repasase y
que en una comparecencia futura nos explicase hacia donde se cree que
puede avanzar esta figura que, repito, tiene potencialidades que
finalmente no han quedado plasmadas.
Por último, le quisiera preguntar, y entro en el terreno que afecta a
la comunidad autónoma de la que yo prevengo, qué pasa con la Comisión
de asuntos bilaterales País Vasco-Gobierno del Estado de la Unión
Europea. La ley a la que antes me he referido mantiene la salvedad de
la existencia de comisiones bilaterales; ésta existe y hace muchísimo
tiempo que no se ha reunido. Me gustaría instarle a
que en la carpeta de asuntos pendientes que le hayan dejado de este
área agilice esto y cuanto antes sea posible tenga lugar una reunión
de esta comisión bilateral.
En el área local, el señor ministro conocerá que el Grupo Vasco ha
participado en lo que usted denomina con exceso -permítame que se lo
diga- pacto local. En realidad, sería más acorde la denominación
oficial de medidas para la mejora del Gobierno local, lo que se ha
dado en llamar pacto local, que era algo más global e incluso incluía
financiación. En lo que son estas seis medidas traídas a la Cámara,
diré que el Grupo Vasco ha apoyado su tramitación y le satisface lo
que en ellas se plasma en cuanto a la legitimación de los territorios
históricos para su acceso al Tribunal Constitucional. Le menciono que
nos falta el reverso; está contemplada la legitimación activa, pero
no la pasiva. Sobre ello tenemos una enmienda pendiente en el Senado
y, conocida por el señor ministro y por el grupo que le apoya la
constancia del grupo al que represento, sabrá que no cejaremos en
nuestro intento de que sea posible, puesto que lo demás sería un
logro a medias. Si las normas forales cubren la reserva de ley y
desplazan a leyes, creemos que también su control de legalidad debe
residenciarse en el ámbito constitucional y no en el de la
jurisdicción ordinaria.
Quisiera hacer alguna referencia al otro ámbito, al de las
administraciones públicas en general, al que usted se ha referido
considerando un logro de aprobación de la Lofage. El partido al que
represento también lo consideró así y ya en su día manifestamos
nuestra satisfacción por algo más que simbólico, como es la
desaparición de los gobernadores civiles. Sin embargo, no ha quedado
muy claro y, por lo menos desde nuestra óptica, no se está realizando
con la suficiente eficacia la reducción de la Administración
periférica. La idea de la Administración única sigue siendo un anhelo
más que una auténtica realidad y nos parece que la figura de los
delegados del Gobierno ha quedado extraña. No tengo claro, señor
ministro, si son más suyos que del ministro del Interior, de ambos
iguales o cuál es la relación de dependencia. Lo manifiesto porque en
esta legislatura distintas cuestiones han motivado la petición de
comparecencias de delegados del Gobierno: la delegada del Gobierno en
Cataluña, el delegado del Gobierno en Navarra y, con anterioridad,
otra circunstancia referida al delegado del Gobierno en Galicia.
Siempre son circunstancias motivadas por las competencias que tienen
en materia de seguridad ciudadana y lo que es evidente es que hay un
área de falta de control político de esta figura. Los parlamentos
autonómicos no pueden controlar políticamente su actuación porque,
evidentemente, son Administración del Estado y el título V de la
Constitución les ampara. Al no ser miembros del Gobierno no pueden
comparecer en esta Cámara, pero tampoco se puede pedir que vengan a
dar explicaciones puesto que se ha consagrado una práctica
parlamentaria según la cual los delegados del Gobierno no comparecen.
Nos parece que esto es un déficit, puesto que el control de la
legalidad de sus actuaciones sí se residencia en los tribunales y nos
gustaría establecer un control político distinto del que es el que yo
me queje ante el ministro del ramo y le pida que lo cese, que no deja
de ser un mero pataleo.
Un breve apunte sobre Función pública. Me parece que usted ha
incurrido en la misma equivocación que en los años que van del
Gobierno anterior. Ha hablado de que
existe un mandato constitucional de elaborar un estatuto básico de la
Función pública. Lea bien la Constitución; ése no es el mandato
constitucional. El mandato es elaborar las bases del régimen
estatutario, que, desde la óptica de la distribución competencial en
un Estado que se define como autonómico, es algo muy distinto. Ahí
empezó el gran enfrentamiento en relación con el grupo al que
represento: en la elaboración del supuesto estatuto básico en la
etapa anterior, de lo que encontrará usted abundante material en su
Ministerio. La competencia que el Estado tiene es elaborar bases de
régimen estatutario y lo que se nos presentaba como anteproyecto no
merecía el calificativo de básico ni en la vertiente competencial
Estado-comunidades autónomas, ni en la acepción de régimen general
frente a un régimen especial, ni tampoco como núcleo mínimo o
principal de una materia. Si aborda esta tarea contará con nuestro
apoyo, pero deberá hacerse desde la óptica de lo que es estrictamente
competencia del Ministerio.
Me gustaría hacer mención a una última cuestión, que es un poco
general, pero hace referencia a una percepción que he tenido en la
totalidad de su intervención: una visión, si me permite decirlo
-quizá lo considere una acusación-, excesivamente centralista en el
ejercicio de las competencias que incumben al Ministerio. No sonría,
señor ministro. Ha aludido usted a políticas que pretenden impulsar
y entre ellas ha mencionado las políticas en materia de vivienda. No me
parece bien ni mal, pero quisiera recordarle que la vivienda es
materia asumida por la totalidad de las comunidades autónomas y, por
tanto, poco le queda por hacer al Estado en esa cuestión. Sí se hacen
todos los años lo que se denominan planes nacionales, en ésta y en
otras numerosísimas materias, pero ésa es otra asignatura pendiente
respecto de la cual supongo que la vicelehendakari le mencionará algo
y nos oirá en muchísimas ocasiones. Existen pleitos pendientes en el
Tribunal Supremo puesto que, desde nuestra percepción, si el Estado
elabora planes nacionales en materias respecto de las cuales ya no
tiene competencia y los financia, eso debe tenerse en cuenta a la
hora de hablar de la financiación propia de la Comunidad Autónoma
Vasca. Si nosotros contribuimos y financiamos con nuestro 6,24 a esos
planes nacionales, deberíamos recibir de ellos o, si no,
descuéntesenos en el cupo. No se hace ninguna de las dos cosas y,
como digo, en este momento hay procedimientos pendientes en el
Tribunal Supremo, uno referido a comercio interior y otro a turismo.
Lo digo porque evidencia una tendencia por parte de su Ministerio
y yo le pongo de manifiesto un problema que no es de ahora, sino que se
arrastra desde hace tiempo: el deseo de la Comunidad Autónoma vasca
de recibir de esos planes nacionales.
No me extenderé más, porque veo que el presidente me mira.
El señor PRESIDENTE: Todavía tiene unos minutos, señor Uría, si lo
desea, aunque le agredecería que no los usara. (Risas.)
La señora URÍA ECHEVARRÍA: No los usaré, señor presidente. Creo que
he punteado las cuestiones que más interés tienen desde el punto de
vista del grupo al que represento y únicamente volveré a manifestar
lo que le he
indicado al principio: en nuestro grupo encontrará leal colaboración
y participación, si se nos solicita, en los quehaceres del
Ministerio, pero también absoluta firmeza en los planteamientos, que
creo que el señor ministro ya conoce.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GILI MIRÓ: Benvingut, ministre; sea usted bienvenido, señor
ministro.
He escuchado atentamente la exposición de las líneas de trabajo que
espera llevar a cabo en el tiempo que puede restar de legislatura y
también el tratamiento del objeto de las diversas comparecencias de
esta sesión, y aunque en su discurso de gestión administrativa hay
puntos que seguramente van a merecer nuestro aplauso, algunos de
ellos están todavía en la zona del claroscuro. Hoy no vamos a hablar
de ello y tampoco de otros temas que tenemos pendientes, algunos de
los cuales son idénticos a los que ha presentado la portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco, ni vamos a entrar en debate con la
estimada diputada del Grupo Socialista sobre el nacionalismo y e
papel estabilizador de éste hoy y ayer en la gobernabilidad de este
Estado, en su modernidad y también en la generosa aportación
solidaria al crecimiento económico de otras comunidades autónomas.
Hoy es una buena ocasión, ya que es su primera comparecencia, para
hablar de principios; quizá también de principios político-
administrativos. Abordar las cuestiones sobre las relaciones entre
administraciones, la distribución competencial o la financiación es
para mi grupo y para mí, señor ministro, una reflexión y un
reconocimiento de la difícil relación entre soberanías, entre la de
Cataluña y la del Estado y también con la casi antitética
interpretación del título VIII de la Constitución española por parte
de mi grupo, de su Gobierno y de otros partidos políticos. Nuestras
palabras, pues, van a ser en realidad una reflexión sobre el modelo
de Estado y el concepto de Estado plurinacional que en su discurso y
en otros se ha convertido en puso regionalismo y su diversidad en un
tópico, quizá anternecedor y maternal, de pluralidad enriquecedora.
La Constitución -quiero recordarlo- fue fruto de un pacto. La
Constitución es en realidad un pacto, y este pacto diferenciaba las
regiones de las naciones (llamémoslas nacionalidades); un pacto que
se diluyó en un sistema homogeneizador que, a nuestro entender,
asumió la peor de las injusticias, la de tratar de manera uniforme
aquello que es distinto. La imposibilidad por parte del Gobierno del
Estado, de los sucesivos gobiernos y de las fuerzas políticas
mayoritarias de este país para interpretar de acuerdo con este pacto
la realidad nos hace creer, o bien que la Constitución no es el
instrumento adecuado para articular un Estado plurinacional, o bien
que los sucesivos gobiernos de este Estado, del PSOE y del Partido
Popular, dirigen su mirada hacia el pasado y no hacía la modernidad.
A los veinte años de vigencia de la Constitución es por lo menos
inquietante escuchar discursos de una lectura plana de la misma y de
las relaciones políticas e interadministrativas. Aunque la
descentralización administrativa se escude en la modernidad
conceptual de la Administración única, que hoy se ha convertido en
una simple ventanilla,
electrónica o no, su Gobierno y los gobiernos anteriores, a nuestro
entender, no han aplicado el principio de subsidiariedad en toda su
extensión y dimensión política con el respeto a la organización
político-territorial del Estado a sabiendas de que todo espacio
físico-geográfico-administrativo es geografía política y poblacional
de una comunidad autónoma -y quiero recordar que cuando ésta sea
realmente la Administración única en su territorio será la que deberá
decidir si hace o no su pacto local. El modelo autonómico actual,
señor ministro, no surgió, como usted ha afirmado, por la demanda de
las regiones españolas o por la voluntad y aspiración de autogobierno
de sua agentes o de los partidos políticos estatales, sino por la
existencia de las naciones catalana y vasca en aquel momento, ahora
también sería la gallega, y de partidos nacionalistas. Éste es un
dato que su Gobierno, la Cámara y este país deberían recordar porque
es algo que sigue y seguirá vivo, actual y conflictivo. A veinte
años, pues, de vigencia de esta Constitución todavía estamos hablando
de este tema.
La Unión Europea, la globalización, la nueva modernidad, señor
ministro, señoras y señores diputados, conllevan sin duda la
reducción del monopolio del Estado como actor político y el
establecimiento de una política distinta, la del reconocimiento de
las naciones sin Estado, lo que debería obligar a su Gobierno y a
esta Cámara a traducir también estas diferencias nacionales en
diferencias políticas y jurídicas que les permitan ser reconocidas y
consolidadas en las relaciones internas y externas.
Este tema del reconocimiento de la diversidad nos sirve también para
traducirlo al ámbito fiscal y financiero. Ha expuesto usted los
efectos del sistema de financiación que rige durante este quinquenio,
que, como es sabido, es el efecto del impulso de mi grupo y de mi
Gobierno y la consecuencia de una cultura político-económica
distinta. Pasar de un modelo receptor y dependiente, de un modelo de
la subvención, a un modelo de la corresponsabilidad y del esfuerzo
fiscal, unas características que son congruentes con el ejercicio de
la autonomía y con la capacidad normativa. Y aunque sabemos desde mi
grupo y desde Cataluña que mayor autonomía no significa
necesariamente mayor financiación, también para mi grupo y para mi
Gobierno la exigencia de mayor responsabilidad económico-financiera
es coherente con nuestro proyecto de futuro. Es éste un simple paso,
una aproximación a un sistema definitivo por el que, mediante un
pacto fiscal entre su Gobierno y el mío, el de Cataluña tenga un
sistema de financiación propio, suficiente y autónomo, con plena
capacidad de recaudación de los recursos propios con los que, sin
duda, sufragará la parate correspondiente de los costos del Estado
central y seguirá coadyuvando a garantizar el principio de
solidaridad interterritorial.
Nuestro descontento al respecto sabe usted que es profundo
y permanente. Es notorio el efecto discriminador sobre Cataluña de los
principios de la Lofca que nos fueron impuestos. El déficit fiscal
-su signo- el Cataluña con el Estado español es año tras año
negativo, y todos y todas ustedes lo saben. En cambio, el esfuerzo
fiscal de las mujeres y hombres residentes en Cataluña es muy grande.
Debo recordar que cada residente en Cataluña recibe en forma de
prestaciones y servicios del Estado el 80 por 100 de lo que aporta a
este Estado. En cambio, un residente en otro lugar
de este mismo Estado recibe, con menor esfuerzo fiscal y menor
aportación, el 120 por 100 de lo que aporta. Esta es una
discriminación bastante estentórea agravada en gran parte por la
inversión del Estado en infraestructuras en años pasados.
Debo recordarles también que ya en 1996 (último de los estudios
realizados) Cataluña fue una de las comunidades autónomas con menor
crecimiento económico. Pese a ello, ha seguido transfiriendo
solidaria riqueza a otras comunidades autónomas, y algunas de estas
receptoras no han aceptado el sistema de financiación, pese, debo
decir ahora, a que Extremadura ha incrementado en los últimos catorce
años su índice de producción en catorce puntos y Castilla-La Mancha y
Andalucía en 11 puntos. En cambio, Cataluña lo ha reducido en tres.
Cataluña, señoras y señores diputados, y usted, señor ministro, lo
sabe, aporta aproximadamente el 40 por 100 del excedente que se
redistribuye a todo el Estado, pese a que sólo representa el 20 por
100 del PIB español y el 15 por 100 de la población española. Por
ello, puede decir con todas las garantías que el sistema es injusto
con la sociedad catalana, es insolidario. Quizás es por ello por lo
que su Gobierno y gobiernos anteriores, señor ministro, han ignorado
un mandato reiterativo de este Congreso, ha ignorado nuestra
exigencia, que hoy le reitero en nombre de mi grupo, de que haga
pública la balanza fiscal entre las comunidades autónomas y entre
éstas y el Estado. Porque en Cataluña hay una pregunta generalizada y
no por efectos electorales sino porque así se entiende y se siente:
¿Por qué no se publica? Quizá se teme que se sepa y se haga público
que Cataluña sufre un tratamiento discriminatorio y que el Estado
español ha sido insolidario con mi país año tras año.
Ustedes saben que se nos considera uno de los cuatro motores
dinámicos de Europa. Que Cataluña es una región relativamente rica de
un país relativamente menos rico. Pero el saldo de Cataluña, incluso
con el presupuesto comunitario, es también nagativo porque seguimos
aportando más de lo que recibimos de sus fondos. Esta doble
negatividad fiscal de Cataluña, con el Estado y con Europa, debería
preocuparle, señor ministro; debería preocuparles a todos y todas
ustedes. Porque Cataluña es también el motor dinámico del crecimiento
económico del Estado y, si ralentizara su desarrollo, decrecería la
riqueza de aquél y también la garantía de la solidaridad económica
entre las comunidades autónomas. Reflexionen ustedes y tengan
presente también un famoso informe de la Comisión Europea de 1996, el
que plantea que la política comunitaria de reequilibrio territorial
debería prestar atención preferente a las áreas ricas de los países
menos ricos para estimular con su crecimiento el crecimiento global y
la cohesión de aquél país.
Para nosotros y para mi Gobierno, señor ministro, la demanda de
financiación no es una finalidad en ella misma, como quizá pueda
parecer. Es el instrumento imprescindible para conseguir una sociedad
catalana más cohesionada y para abrir una nueva fase de crecimiento
para las generaciones futuras. El progreso -usted lo sabe y por lo
menos nosotros lo hemos aprendido durante siglos- es una carrera de
fondo, no es el resultado de un éxito súbito. Nuestra carrera, la de
Cataluña, la de mi país, ustedes saben que ha sido muy larga y muy
dura, porque mi país es pobre en
recursos naturales, no tiene materias primas, tuvo que aprender a
manufacturar y a comerciar, no tuvo suelo agrícola y tuvo que roturar
los montes e incluso plantar la viña y el trigo. Así, de aquí
proviene aquella sentencia del siglo XVIII, que los españoles dice de
los catalanes, de que los catalanes de las piedras hacen panes. En
realidad, en documentos oficiales que se enviaban al Rey de España se
decía: Tal es el genio de los catalanes, que roturan los montes y de
las peñas hacen trigos.
Nuestro progreso, señor ministro, señoras y señores diputados, es el
del resto del Estado y estamos obligados a abrir una nueva fase de
crecimiento en mi país y también en el de todos ustedes.
En cualquier caso, señor ministro, y con esto acabo, mi bienvenida es
sincera y usted sabe la plena disponibilidad de mi grupo para el
diálogo. Estoy segura de que así lo entienden usted y su Ministerio.
Con seguridad tenemos, ustedes y yo, lecturas distintas del texto
constitucional, pero estamos leyendo hoy el mismo texto. Y deberíamos
saber, ambos, que existe, ya que se lee el mismo texto, un espacio de
encuentro, un espacio que su Gobierno y los grupos políticos deberían
hacer lo posible para ensancharlo y flexibilizarlo, para que en él
encuentre acomodo Cataluña. En 1714, cataluña y perdió su Estado
propio, su soberanía política, su soberanía fiscal y desde entonces,
solidaria y generosamente, ha estado y busca encontrar el Estado
apropiado.
Yo sólo quiero aquí recordarles que se debe ser suficientemente
generoso por parte de todos y todas ustedes y del Gobierno porque
Cataluña jamás va a renunciar a construir su propia estructura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Quisiera, al igual que los demás
grupos que han intervenido, dar la bienvenida al señor ministro en su
primera comparecencia en esta Comisión y desearle, a él y a todo su
equipo, acierto en la gestión, toda vez que ello redundará no ya en
beneficio del Partido Popular o del Gobierno, sino de lo que es
verdaderamente importante, en beneficio de la sociedad española.
Además, quisiera agradecerle, en nombre del grupo que represento, su
exhaustiva intervención, al igual que el talante de apertura y de
diálogo que ha manifestado que es, en definitiva, el mismo talante de
diálogo y apertura que ha tenido no simplemente este Ministerio con
el titular anterior, sino todo el Gobierno, desde su formación, hace
casi tres años, en todos los ámbitos.
Además, se han planteado importantes cuestiones y yo quiero fijar su
atención sobre lo que significa la llamada a la colaboración de todos
los sectores. En apenas un mes que lleva el nuevo ministro, la
actividad que se ha desarrollado ha sido muy intensa, con reuniones
con todos los sectores, con reuniones con las centrales sindicales,
con reuniones con los delegados del Gobierno, reuniones con
representantes de las comunidades autónomas, sin distinción de
colores, etcétera.
En todo caso y sin duda alguna, la exhaustiva intervención del señor
ministro da pie para realizar diversas reflexiones, toda vez que, sin
perjuicio de que sea al Ministerio
al que le toque ejecutar las decisiones en el ámbito de la
Administración pública, creo que todos los grupos parlamentarios
estamos llamados a llevar a cabo una terea de impulso y no una labor
simplemente de crítica. Desde luego, es legítima la crítica que se
puede hacer, pero también creo que sería conveniente que algunos
grupos dejaran de estar -como llevan- tres años de vacaciones y
realizaran propuestas concretas, porque aquí, en general y sobre todo
por el principal grupo de la oposición, no he oído propuesta ni
iniciativa alguna concreta para lo que es esa tarea que tenemos que
hacer, insisto, entre todos, que es mejorar la Administración al
servicio de los ciudadanos.
En este contexto quiero señalar una idea fundamenta, una idea
esencial de toda la intervención del ministro, cual es situar la
Administración pública en el contexto de la sociedad. Es algo que la
propia Constitución en el artículo 103 subraya, la vocación de la
Administración destinada a servir -y quiero reiterarlo, servir- los
intereses generales. Todo lo que sea profundizar en esta idea de
servicio a los intereses generales y de realizar las propuestas
concretas que se han hecho por e señor ministro, es muy positivo.
En alguna ocasión he utilizado en esta Cámara la alusión a la
película -la señor Rubiales me lo habrá oído- El silencio de los
corderos para referirme al silencio administrativo, tal y como lo
diseñó la Ley 30/1992. Apropósito de silencio administrativo, con
esta cita permítanme considerar que la Administración no puede tratar
como si fuera un lobo a los ciudadanos. Creo que en los últimos años
de Gobierno socialista, así como en los años que lleva -dos y medio,
pronto tres- en el Gobierno el Partido Popular se han dado pasos para
conseguir que la Administración deje de ser considerada como un lobo,
porque realmente no lo es. Otra cuestión es que a veces la
Administración parezca que actúa o que pueda comportarse como tal,
pero verdaderamente no lo es en la medida en que, como señalaba
antes, aunque a veces con acierto y otras con desacierto, es
indudable que la Administración representa los intereses generales, y
en ese sentido quiero subrayar lo que es esa idea de la
Administración al servicio de la sociedad.
En este sentido, son varias las propuestas que se han realizado por
el señor Acebes, lo cual creo que responde a lo que en alguna ocasión
el ministro anterior repetía, que es que la reforma de la
Administración Pública no es algo para lo que una mañana una persona
dice: voy a llevar a cabo la reforma de la Administración, sino que
se hace paso a paso.
Antes he dicho, y no tengo inconveniente alguno en repetirlo, que en
los últimos años de Gobierno socialista algunas mejoras se realizaron
en el campo de la Administración pública, en el sentido que antes
indicaba de la Administración al servicio de los intereses generales.
También se han realizado -y yo pediría que no se negasen desde otros
grupos, porque sería maniqueísmo y, en definitiva, faltar a la
verdad- avances en este sentido de subrayar la Administración como
servidora de los intereses públicos.
En esta línea, todo lo que signifique reformar la Administración ha
de partir no ya de ocurrencias, no ya de ideas sueltas, sino que ha
de responder a una programación, a una concepción amplia, a una
concepción caracterizada por la homogeneidad. Y estas notas de
programación y de homogeneidad es lo que se revela en las propuestas
que han realizado el señor ministro en su intervención.
Por ello, valoramos de una forma muy especial la propuesta y las
concreciones de lo que se ha diseñado como Plan de calidad de la
Administración, materia esta a la cual el portavoz del Grupo
Socialista no ha hecho mención alguna, quizá pro el carácter
acumulado de varias comparecencias, aunque yo quiero pensar que les
interese lo que suponga planificar de una manera homogénea y
coordinada todo lo que es la calidad en la prestación de los
servicios públicos.
Además de este Plan de calidad, quiero llamar la atención sobre otras
iniciativas concretas, como el proyecto que se va a impulsar, que
regula en beneficio de los ciudadanos el derecho a la obtención de
las copias.
Permítanme -y lo hará también posteriormente- que haga una inevitable
conexión con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y
que creo que es una de las leyes más importantes que se han aprobado
en esta legislatura. Muchas de las novedades que se introdujeron a
propósito de esta ley en la tramitación parlamentaria era la
posibilidad de iniciar el proceso judicial directamente mediante
demanda, sin necesidad de escrito de interposición. Para ello hay una
vía contemplada en la ley desde la cual quiero conectar esas
referencias que se han hecho al anteproyecto de decreto de obtención
de documentos, que es que cuando los ciudadanos acudan a la
Administración solicitando copia de los expedientes, facilite lo más
rápidamente posible la copia completa de los documentos que integran
el expediente administrativo. Ello no sólo va a servir para una mejor
atención de los ciudadanos, sino también para que se consigan
agilizar los procesos judiciales frente a la Administración.
En esta línea también quiero aludir al anuncio que se ha hecho de las
cartas de servicios que han de fijar los estándares de calidad
exigibles para la Administración del Estado. La propuesta de
ventanilla electrónica y los terminales de información a los
ciudadanos, la puesta en marcha de teléfonos de marcación
obligatoria, todo lo que sea acercar la Administración a los
ciudadanos para que deje de ser considerada como un lobo, van en muy
buen sentido.
Al hilo de la simplificación, quería señalar que no se trata, como ha
dicho el portavoz de Izquierda Unida, de reducir servicios públicos.
La idea de simplificar es una idea -perdonen la redundancia-
enormemente simple, que es evitar trámites necesarios, facilitar las
cosas a los ciudadanos, y eso no tiene que suponer -y de hecho no ha
supuesto en estos dos años y medio, casi tres de Gobierno del Partido
Popular- reducción alguna de los servicios públicos, no merma alguna
-que tampoco se ha producido- de la calidad de estos servicios.
Muestras de lo que es simplificación administrativa es no sólo todo
lo que se refiere a las cartas de servicio, al plan de calidad u
otras medidas que he apuntado y de las que el ministro de una manera
más amplia ha dado cuenta, sino que es también evitar trámites, tal
como se hizo a propósito de la Ley de la jurisdicción: evitar que
cuando un ciudadano se dirija a la Administración para reclamarla
ante los tribunales, tenga que previamente comunicar a ésta el
propósito de denunciarla. Se ha suprimido este trámite y otros, y hay
que seguir avanzando en esta línea.
Desde el grupo que represento, considero que tiene especial atractivo
todo lo que suponga avanzar e la Comisión
interministerial que diseño la Ley 4/1999 en orden a la
simplificación de esos más de 2.000 procedimientos existentes y
también en materia de silencio administrativo, a fin de dar
efectividad y sentido positivo con carácter general.
Hay alguna otra cuestión sobre la que no he oído manifestarse a otros
portavoces pero considero que debe impulsarse, que es una medida
recogida en al disposición adicional sexta de la Ley 4/1999, que no
ha entrado todavía en vigor. En dicha disposición se contempla el
desarrollo de los procedimientos de medición, de conciliación y de
arbitraje, como alternativos a los recursos administrativos
ordinarios. Creo que desde el Ministerio debe impulsarse la
elaboración del desarrollo de esta disposición adicional, porque todo
lo que suponga evitar -como antes decía- los recursos administrativos
ordinarios buscando mecanismos mucho más flexibles y mas sencillos
para la resolución de conflictos entre la Administración y los
ciudadanos, redundará en beneficio de todos. Algunas de estas medidas
son las que están incluidas o van a estarlo en la propuesta del libro
blanco, en el cual, sin perjuicio de la concreción que ha de
realizarse fruto de la meditación, lo que es importante -como antes
decía el titular del departamento- es la participación de todos los
sectores.
En este punto, antes de iniciar las referencias a la Administración
territorial, tengo que hacer algunas alusiones a los temas de
personal, dadas las afirmaciones que se han hecho. En estos dos años
y medio, todavía no llegan a tres, de Gobierno del Partido Popular
han sido múltiples los acuerdos a que se ha llegado con las centrales
sindicales en el área de la Función pública. Acuerdos sobre
funcionarización que llevaban pendientes muchísimos años; acuerdos
sobre prevención de riesgos laborales; acuerdos también en materia de
promoción; especialmente importante es el convenio único. Antes nos
encontrábamos en materia de personal con 53 convenios colectivos
dispersos, lo que es fruto de una herencia anterior -y yo pediría a
los señores y señoras diputados del Grupo Socialista que asumiesen la
propia historia-; pues bien, este Gobierno ha simplificado
recientemente los convenios colectivos.
Se ha hecho referencia a que han aumentado los puestos directivos.
Por el Grupo Socialista se sigue teniendo una confusión. Por vez
primera, en la Lofage se determinó con precisión qué es alto cargo y
qué no es alto cargo. En todo caso, muchos de los incrementos
retributivos que se hayan podido producir derivan no sólo de los
acuerdos diversos de funcionarización, a los que he hecho referencia,
sino también de los acuerdos de promoción, y quisiera recordar el
acuerdo de la Cecir, el acuerdo de la comisión de retribuciones que
el Gobierno dictó, ya en funciones, que obligaba a que personas que
habían sido altos cargos tuvieran consolidada una situación sin duda
alguna muy especial y un tanto privilegiada.
La Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, introdujo el
concepto de productividad. Yo pediría que se asumiese la propia
historia. Es un concepto que se contempló en esta ley y que fue
objeto de un indudable varapalo por el Tribunal Constitucional. Se ha
hecho referencia a productividades de secretarios de Estado, con
nombres y apellidos, como si esas productividades fuesen ad hominem.
Quisiera recordar que son anterioridad ni siquiera percibían
productividad los subsecretarios o los directores generales,
que fue precisamente la mayoría socialista la que hizo, no recuerdo
si en el año 1990 ó 1991, que fuera posible que los altos cargos
percibieran productividades.
Ese deslizamiento del sistema retributivo del que se ha hablado quizá
sea fruto del fracaso del sistema retributivo vigente. Precisamente
una de las medidas que contempla el borrador o el anteproyecto del
Estatuto de la Función Pública es precisamente un cambio en el
sistema retributivo de los empleados públicos. Queremos simplificar
el sistema retributivo, y a lo mejor esa selva de la cual se habla no
es sino fruto de esa ley que, a pesar del indudable varapalo, como
antes dije, del Tribunal Constitucional, se ha revelado como un
auténtico fracaso. Por eso, a pesar de acuerdo de este Gobierno con
las centrales sindicales, y sin perjuicio de las sugerencias que hay
que estudiar despacio por parte del Consejo de Estado, que tienen un
matiz sobre todo de carácter jurídico, me sorprende que desde el
Grupo Socialista, ya en una primera intervención y de forma rotunda,
se diga que no se está dispuesto a participar. Todo texto, sin duda
alguna, es mejorable y todo lo que suponga desarrollar la
Constitución, y esto es en definitiva desarrollarla porque sí hay,
frente a lo que han dicho otros portavoces, un mandato imperativo de
que exista un Estatuto de la Función Pública. Lo que es indudable, y
el Consejo de Estado lo pone de relieve, es la gran cantidad de
trabajos que ha realizado precisamente este Ministerio de
Administraciones Públicas en orden a buscar acuerdos con las
comunidades autónomas a pesar de las inevitables concepciones que
pueden existir -y otros portavoces lo han puesto de relieve-,
acuerdos con las centrales sindicales, pero también acuerdos con los
grupos parlamentarios.
En ese sentido, no existe desánimo en el ámbito de la Función
pública, el único desánimo es el que tiene el Grupo Socialista y no
hay más que ver las actitudes o las reacciones ante las encuestas de
opinión pública que ponen de relieve que el Partido Popular sigue
subiendo en credibilidad, a pesar de que no todo lo hacemos bien, ni
muchísimos menos, y el Partido Socialista, tal vez porque, entre
otras cosas, no presenta ninguna propuesta concreta, sino que se
limita a hacer crítica, sigue bajando en las encuestas.
A continuación, señor presidente, quiero referirme al área
territorial específicamente. En ese sentido, quisiera comenzar
señalando que a lo largo de este tiempo de Gobierno del partido
Popular lo que hemos hecho es dar cumplimiento a nuestro programa y a
nuestro propio modelo de Estado. Se ha producido una profundización
de la descentralización, que es un principio constitucional,
acercando la gestión a los ciudadanos. Nos comprometimos en nuestro
programa a impulsar la reforma de los estatutos de autonomía que
accedieron a ella por la vía del artículo 143, y lo hicimos con la
idea de consenso. En este tiempo se han modificado ya once estatutos
con un consenso muy notable -como posteriormente señalaré-,
especialmente con el Partido Socialista, y queda únicamente pendiente
y ya en trámite del Senado el estatuto de Extremadura. ¿Cuál es la
idea del Partido Popular en este tiempo y la que vamos a tener en lo
que resta del Tribunal Constitucional a materia competencial y, al
igual que hemos hecho enlas reformas estatutarias, atribuir a las
comunidad autónomas
un mayor margen a la hora de definir la autoorganización propia.
Con ello, con las transferencias realizadas y con las que se van a
impulsar, como ha señalado precisamente el ministro, pensamos desde
mi grupo que va a quedar bastante estabilizado el marco autonómico.
Ello debe suponer una idea que es fundamental para el Grupo Popular,
que es la de que autonomía significa responsabilidad. Creo que en
ocasiones, desde algunas autonomías, no se es plenamente consciente
de lo que esto significa. Quiero llamar la atención precisamente a
todas las comunidades autónomas, a cualquiera de las que gobiernan,
en que han de profundizar, en que la medida en que asumen más
competencias, asumen más dinero, también tienen que asumir una mayor
responsabilidad.
El Grupo Socialista ha hecho una serie de consideraciones a propósito
del apoyo o actitud del Grupo Popular como consecuencia del apoyo que
recibe por parte de grupos nacionalistas. Es indudable que existen
diferencias entre estos partidos y el Partido Popular; pero, a pesar
de ello, también es indudable que este apoyo ha sido, es y va a
seguir siendo beneficioso para España por dos tipos de razones. En
primer lugar, porque se ha producido una estabilidad muy importante;
estabilidad que es condición sine qua non para el progreso social y
económico, y ahí están todos los índices de este tipo, económicos y
sociales, que ponen de relieve que se ha conseguido un indudable
progreso. En segundo lugar, porque, por vez primera, un partido de
ámbito estatal está intentando implicar a partidos socialistas en la
gobernabilidad y desarrollo de la idea de España como una realidad.
España, sin duda alguna, es un Estado muy descentralizado en el cual
las comunidades autónomas tienen más competencias, incluso, que en
Estados que se llaman a sí mismos Estado federal, por lo que
supondría una falsedad decir que se ha avanzado muy poco. Creemos,
por contra, que se ha avanzado mucho. Creo que se ha desarrollado
desde el principio constitucional pero nunca estaremos dispuestos,
nunca lo hemos estado en este tiempo -tranquilos señores del Grupo
Socialista- ni vamos a estar dispuestos a que se pueda poner en juego
lo que es la cohesión, la solidaridad y la idea de España.
Los estatutos de autonomía, sin duda alguna, tienen como base la
Constitución. Nunca estaremos dispuestos a admitir aquellas
concepciones que pretendan forzar lo que son los estatutos de
autonomía para conseguir algo que no es deseado por los españoles.
Por ello, dentro de estos límites a los cuales me estoy refiriendo
-límites de carácter constitucional- hemos ido buscando y se va a
seguir buscando desde el Grupo Popular todo lo que sean puntos de
encuentro. Creo que siempre es una actitud mucho más positiva buscar
puntos de entendimiento, puntos de encuentro, en lugar de destacar
únicamente lo que son posiciones de divergencia.
Por ello, quisiera hacer una llamada a la responsabilidad a quienes
quieren hacer ver que existe un caos o un desorden autonómico, tal y
como algún grupo ha hecho de una manera patente en esta intervención
al igual que en otras. Parece que desde el departamento de frases
ingeniosas se buscan una o dos ideas y se pretende transmitirlas a la
sociedad a base de repetirla en muchas ocasiones. Sin embargo,
cuando esas ideas no son ciertas, no acaban de calar en la opinión
pública. Acaso sea porque esa idea que ustedes transmiten de caso, de
desintegración de España no sea cierta. Permítanme en ese sentido
recordar una frase de don Manuel Azaña que aplicaba a un político de
su época. Decía de él que era como una pianola, era capaz de tocar 82
teclas al tiempo, pero todo sonaba muy desafinado. Eso es a lo que
nos suena el discurso del Partido Socialista, porque se está hablando
de desorden autonómico. Desorden autonómico: antes recordaba que se
habían producido 11 reformas estatutarias, y se va a culminar con la
número 12. Pues bien, ha habido un acuerdo con el Partido Socialista
en todas y cada una de ellas. Desorden autonómico: ¿saben ustedes
cuantas transferencias se han realizado a lo largo de la legislatura?
Quizá no lo sepan, pero se lo voy a decir: se han producido 191, a
las cuales podrían sumar las cuatro realizadas hace tres días con la
Junta de Extremadura, por tanto 194.
Por favor, yo pediría que me dijeran una cosa: ¿Con cuál de estas
transferencias que se han realizado a todas las comunidades
autónomas, gobernadas por el Partido Socialista, por partidos
nacionalistas o por el Partido Popular, están en desacuerdo? Se lo
voy a decir: con ninguna. No están en desacuerdo con ninguna de las
transferencias realizadas. Eso no es sino una muestra de que
verdaderamente no existe tal desorden, no existe tal discrepancia
absoluta, sino que, sobre la base de un entendimiento y de una idea
básica sobre lo que es la idea de España, se ha producido con notable
orden y racionalidad.
El desorden no lo tiene el Partido Popular. El desorden quizá lo
tengan ustedes con tantos dirigentes hablando de lo mismo de una
forma contradictoria. Es legítimo, y no lo pongo en duda, ni
muchísimo menos, pero hay que tener en cuenta que ustedes son capaces
de ir del brazo en Galicia con el Bloque Gallego, gobernar en Euskadi
en algunos ayuntamientos o territorios históricos con el Partido
Nacionalista Vasco o en Cataluña abstenerse en votaciones sobre la
autodeterminación, por no hablar de otros temas que en alguna ocasión
se han planteado, como el decreto de humanidades, etcétera. Otra de
las voces múltiples que tienen lo que pretende es utilizar la bandera
de España para pegar con el mástil en la cabeza a los nacionalistas
y, por supuesto, al Partido Popular. De verdad, tienen que hacer un
esfuerzo para coordinar lo que son los mensajes porque, hasta este
momento y repitiendo la frase del señor Azaña, están actuando de una
manera muy desafinada.
En el ámbito donde se está actuando de la forma más desafinada es en
el de la financiación autonómica, donde se llegó a un acuerdo con
casi todas las comunidades autónomas. Anosotros nos hubiera gustado
que todas las comunidades autónomas hubieran suscrito ese acuerdo. En
nuestro programa electoral y también en el de otros grupos o partidos
políticos se hablaba de corresponsabilidad. Esto es lo que se ha
hecho y lo que se va a seguir haciendo con lo que supone la
financiación autonómica. Todavía tiene vigencia el modelo y desde el
Grupo Popular entendemos que no debe entrarse ahora, a pesar de que
algunos puedan decir que les gusta menos de lo que pensaban, ya que
cambiar el sistema sería provocar inestabilidad. Cuando se acerque el
momento en que deba abordarse la reforma del mismo es cuando habrá
que estudiarse? también de acuerdo con el grupo de expertos, todo lo
que son las propuestas para
mejorar en esas ideas básicas en las que en el fondo todos estamos de
acuerdo, aunque a lo mejor luego en la traslación concreta del
sistema no se hizo, cual era la autonomía, cual era la
corresponsabilidad y lo que era también un principio fundamental que
así nos parece, cual es la idea de solidaridad.
Por último, señor presidente, concluyo mi intervención con unas
referencias, aunque sean muy breves a lo que es el futuro y la línea
de cooperación que se ha marcado.
Ciertamente en la reforma que se ha llevado a cabo en la Ley 4/1999,
se ha profundizado, desde un punto de vista legislativo, en todo lo
que son los mecanismos de cooperación: la potenciación de las
conferencias sectoriales, los planes y programas conjuntos, etcétera,
todo ello engarzado siempre con el principio de lealtad
institucional. Creo que una vez estabilizado el sistema, con las
transferencias que se han realizado, con las transferencias que se
tienen que seguir realizando y que puedan estar pendientes, el futuro
del sistema autonómico pasa, sobre todo, por lo que es la
cooperación. En este tiempo y escasamente en el año 1998 se
produjeron, nada más y nada menos, que 617 convenios y acuerdos de
cooperación entre el Estado, distintos ministerios y las comunidades
autónomas. Estamos convencidos, y así lo deseamos desde el Grupo
Popular, de que precisamente una de las líneas del Ministerio de
Administraciones Públicas será precisamente la de seguir impulsando
todo lo que sea cooperación, aunque haya un campo que se escapa a lo
que es competencia de este Ministerio, que es la cooperación también
entre comunidades autónomas. Todo ello, dejando de relieve que lo
esencial es precisamente la cohesión y la solidaridad entre todos los
españoles.
Disculpe, señor presidente, por la extensión.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, para contestar tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra para contestar.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios
que han intervenido sus palabras de salutación y de bienvenida a esta
Comisión, así como las propuestas, comentario e incluso las críticas
que se han producido en sus intervenciones y el tono de las mismas
porque, salvo levísimos excesos, todo ha discurrido en un ambiente
y con un tono absolutamente correctos.
Vamos a tener la oportunidad, como muchas de SS.SS. han dicho, de
tocar a lo largo de las próximas semanas o de los próximos meses
temas concretos de algunas de las propuestas que ustedes hacían, de
las que he tomado buena nota. Ahora voy a tratar de concretar, dado
lo avanzado de la hora y la extensión de la comparecencia, algunas de
las cuestiones generales que los distintos grupos han planteado,
y también de pormenorizar algunas cuestiones por las que he pasado de
puntillas en mi exposición -ahora lo hablaba con el presidente y él
lo ha podido comprobar- para no hacer más extensa mi intervención,
pero que no han escapado a la perspicacia de SS.SS., como la
Administración única o las asignaciones de nivelación, trataré de
concretarlas de manera muy breve.
Varios grupos parlamentarios me demandaban la posición global del
Gobierno o del ministro en esta comparecencia, sobre el modelo de
Estado en el que se asienta el resto de sus propuestas. Quiero
aclararlo para que no les quepa ninguna duda, en concreto, al
portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y a la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: el modelo que defiende,
que ha defendido y que va a seguir defendiendo es el del Estado de
las autonomías diseñado en nuestra Constitución y desarrollo por los
estatutos de autonomía. Ninguna duda respecto a esta materia: plena
vigencia y validez de lo que establece el título preliminar de
nuestra Constitución, desde el punto hasta la raya; todo lo que allí
se establece es el modelo que hemos defendido, estamos defendiendo y
vamos a seguir desarrollando con las propuestas que he fijado. Ese
modelo sigue teniendo en estos momentos cauces de desarrollo y de
progresión, y algunas de ellos -lo digo en relación con lo que me
manifestaba el portavoz de Izquierda Unida- se deben y se pueden ir
concretando.
Todavía hay transferencias por realizar en diversas materias, los
diversos grupos han concretado algunas de ellas y yo lo hacía en mi
exposición. Son importantes las de educación y las relativas al INEM,
que ahora hay que poner en marcha con un ámbito largo en el tiempo
porque tienen dificultades -¡cómo no!- las transferencias de
educación, y seguro que las van a tener las transferencias de
sanidad; pero esto está suponiendo unos avances importantísimos en la
descentralización y los supondrá en la prestación posterior de los
servicios desde unas administraciones u otras. Este proceso no está
finalizado todavía hay cauces para seguir avanzando juntos en la
forma de prestar los servicios en los distintos ámbitos, y yo
explicaba algunos muy importantes. He querido poner el acento en
mecanismos de colaboración y de cooperación que he pormenorizado. Me
parece que, además de en las transferencias, tenemos que trabajar
todos de manera intensa y conjunta en mejorar y perfeccionar esos
mecanismos de colaboración y cooperación. He propuesto algunos, pero
estoy absolutamente abierto a que hablemos sobre esos o sobre otros
que cualquiera de los grupos parlamentarios quiera poner sobre la
mesa.
Los mecanismos de cooperación pueden anticiparse a reducir la
conflictividad que pueda existir entre la legislación proveniente de
las comunidades y la proveniente de la Administración General, y con
ésto contesto a las posiciones que algunos de los grupos han
mantenido, incluida la de los recursos que pueden establecerse entre
la Administración central de las comunidades autónomas. Esta es la
propuesta de avance con la que seguir trabajando en un marco de
convivencia que ha sido útil y va a seguir siéndolo.
No comparto, señora diputada, esa visión catastrofista del Estado de
las autonomías y de la situación en que nos encontramos en este
momento. Muy al contrario, me parece que ha funcionado y sigue siendo
útil -insisto-. Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que
continúe siendo así desde el diálogo y desde el acuerdo y no desde la
confrontación. Me parece que la sociedad del futuro se construirá
mucho mejor si avanza desde el acuerdo,desde posiciones conjuntas de
grupos que partiendo de la
pluralidad arriman el hombro, que desde el incentivo de las tensiones
o rupturas, vengan éstas de donde vengan.
No creo que la explicación sea la sumisión de un Gobierno a otros, ni
siquiera cuando se hacen propuestas, vengan de quien vengan, sobre la
desaparición de un ministerio como el de Cultura, de la cultura
española, que resulta que su propio partido comparte en Cataluña con
los nacionalistas. Eso no es sumisión de ningún tipo; nosotros
simplemente no lo compartimos, no estamos de acuerdo; creemos la
cultura española merece su defensa y su gestión desde un Ministerio
de Cultura, pero ello no significa ni sumisión a quienes lo defienden
desde su partido en Cataluña ni a los partidos nacionalistas que lo
han propuesto, sino puntos de vista contrarios que defendemos y
defenderemos con absoluta firmeza.
Hay un aspecto que han tocado casi todos los grupos, que es el de la
financiación económica. Creo que el portavoz de Izquierda Unida
conoce perfectamente los elementos. La tarifa autonómica del 15 por
ciento por el IRPF está funcionando. Los aspectos que integran la
participación del otro 15 por ciento en el IRPF evolucionan
correctamente y la participación en los ingresos generales del Estado
también. Todos los elementos que configuran el modelo están
funcionando, aunque, lógicamente, evolucionan de manera distinta y
algunas de las diferencias que se están produciendo respecto al
modelo anterior se deben precisamente a las variables que se ha
introducido en ellos. Les decía en mi intervención anterior que antes
el PIB era un techo y ahora es la garantía mínima, y es así
precisamente porque el ITAE con referencia a la participación en los
ingresos generales del Estado ha evolucionado por encima del PIB. Ese
es el motivo por el que las comunidades autónomas que adoptaron el
modelo han tenido un crecimiento en sus recursos mayor que aquellas
que no lo hicieron. Insisto en que el modelo ha funcionado y está
dando lo que se esperaba de él en cuanto a corresponsabilidad fiscal;
en cuanto a capacidad normativa, lleva dos años y medio y seguro que
será un instrumento cada vez más útil y utilizado por aquellos que
dispongan de él. Como política competencial de las comunidades
autónomas, creo que cada vez se va a tender más no sólo a tener la
política del gasto, sino también la política fiscal del ingreso que
este modelo permite, sin olvidar el importante instrumento de la
solidaridad.
Me han pedido los dos grupos parlamentarios alguna reflexión sobre
las asignaciones, lo que han llamado los fondos de nivelación. Ya les
he dicho de pasada en mi intervención que durante los años 1997, 1998
y 1999 se han consignado en los presupuestos unas cantidades para
esas asignaciones que, entre todas, ascienden en este momento a
34.000 millones de pesetas. El Consejo de Política Fiscal y
Financiera acordó la creación de un grupo de trabajo, como todos
saben. ¿Para qué ese grupo de trabajo? Porque el portavoz de
Izquierda Unida tiene razón: el problema está en el reparto. La
voluntad política se manifiesta al utilizar ese instrumento en la
asignación de cantidad presupuestarias. Ahora, esas asignaciones,
¿cómo se reparten? Primero, estaremos todos de acuerdo en que deberán
repartirse conforme a las disposiciones legales en las que se dice
que ese reparto se deberá hacer por una sola vez cuando exista
desnivelación. Tendremos que ponernos de acuerdo en los servicios
fundamentales o en servicios esenciales. El asunto era complejo,
de tal suerte que en el derecho comparado o en la política
comparada nadie se ha puesto de acuerdo en cómo se producen repartos
similares, con fondos o asignaciones parecidos, ni siquiera había que
hacer un trabajo porque en ningún sitio pone exactamente cuáles son
esos servicios elementales o básicos sobre los que pueden ir
destinadas esas asignaciones. Por eso, ese grupo de trabajo tenía que
desarrollar unas importantes funciones. Se ha reunido en bastantes
ocasiones y en este momento van avanzando de manera muy importante,
porque del éxito de la función que tenga ese grupo de trabajo va a
poder concluir el éxito de esas asignaciones de nivelación para el
futuro.
En las primeras reuniones trataron de concretar cuáles eran estos
servicios públicos fundamentales que tienen derecho a nivelación,
delimitar las competencias entre Estado y las comunidades autónomas
en relación a dichos servicios porque la asignación vendrá dada en
función de que las competencias sean de unos u otros. El tercer tema
en el que han trabajado es para fijar el gasto de cobertura
financiera del Estado y de cada comunidad autónoma.
En ese grupo de trabajo en el que participan todas las comunidades
autónomas se llegó a un acuerdo para que remitieran una relación lo
más reducida posible de los servicios públicos que, desde su
perspectiva, tuvieran esa consideración de fundamentales. En una
cuarta reunión celebrada en enero de 1998, la Administración del
Estado presentó su propio documento en el que se analizaba la
Constitución española y todas las constituciones de los países de la
Unión Europea a fin de extraer de ese estudio la concreción de cuáles
podrían ser los servicios que tuviesen ese carácter de fundamental.
Se llegó a un principio de acuerdo en el que se consideraba que
merecían esta consideración, además de todos los que establecen
nuestra Constitución y nuestras propias leyes, la educación, la
sanidad y los servicios sociales. Se pusieron a trabajar sobre
educación porque la sanidad y los servicios sociales tienen unos
sistemas de financiación propios como todas SS.SS. conocen. Se acordó
establecer un análisis del sistema educativo español fijando los
distintos niveles de enseñanza, la básica obligatoria, la infantil,
la universitaria y los restantes niveles obligatorios, las
prioridades de nivelación entre los distintos servicios educativos,
los indicadores que pudiesen considerarse más adecuados para medir el
nivel de prestación del servicios y las propuestas sobre las formas
de determinar el mínimo; por tanto, es un asunto de enorme dificultad
y complejidad. Se agruparon las propuestas, tanto de las comunidades
autónomas como de la Administración central y, finalmente, se
presentó un estudio para establecer si existían esos desequilibrio
entre todas las comunidades autónomas en enseñanza no universitaria.
Bien es cierto que algunas de las comunidades autónomas mostraron su
disconformidad con algunos de los parámetros que se habían
establecido para concretar el resultado de ese estudio y han quedado
en las últimas reuniones en formular enmiendas a la hora de modificar
los indicadores que llevaron a esas conclusiones. En este momento se
está haciendo el de enseñanza universitaria.
Si queremos ver con rigor cuál es el desarrollo de estos fondos o
asignaciones, es necesario que estudiemos de manera pormenorizada los
pasos que en esta materia seestán dando. Está convocada una próxima
reunión para
establecer las conclusiones, tanto en materia no universitaria como
en materia universitaria, y ver si existe un grado de acuerdo y de
consenso que es imprescindible entre las comunidades autónomas y el
resto de los intervinientes para llevar a cabo ese reparto, ya que,
insisto, la voluntad política en cuanto a manifestación de su
consignación en los presupuestos así viene determinada.
En cuanto a las propuestas que he realizado para la Administración
general del Estado en cuanto a los funcionarios, no voy a reiterar
algunas de las cuestiones que ya han dicho los grupos parlamentarios.
Existe esa vieja discusión sobre los altos cargos, los puestos de
dirección, aquellos que vienen siendo heredados por resoluciones
producidas en el último momento. En cuanto a la reforma del sistema
de retribuciones -y ahora podremos hablar de las propuestas que usted
ha formulado porque creo que es un asunto de interés-, deberíamos ser
capaces de llegar a un acuerdo sobre el Estatuto de la Función
Pública, que recoge, en buena parte, algunos de los aspectos que el
portavoz del Grupo Social pedía; estatuto que soy consciente de la
importancia que tiene, de la complejidad, de las alegaciones que se
han formulado y de que debemos hacer un esfuerzo por acogerlas y
recoger las sugerencias que el máximo órgano consultivo del Estado ha
realizado. También hay que tener en cuenta el grado de consenso al
que se ha llegado con los sindicatos, que es muy importante.
Por tanto, ¿qué falta? Falta el acuerdo parlamentario suficiente.
Creo que el Estatuto de la Función Pública no puede salir si no
existe un acuerdo parlamentario, si no existe un grado de consenso
amplio. El Estatuto de la Función Pública, por definición pero por
necesidad, tiene que ser un estatuto perdurable, en el que se
encuentren cómodos todos los grupos parlamentarios, en el que se
enfoquen estos problemas que usted ha dicho y otros muchos que
podríamos poner sobre la mesa, con un ánimo de permanencia y de
perdurabilidad en el tiempo, pero no creo que ésto pueda ponerse en
marcha sin un grado de acuerdo importante. Espero en los próximos
días iniciar las consultas, las conversaciones con los distintos
grupos parlamentarios para ver si ésto es posible y, si no lo es, por
el motivo que sea, veremos otros cauces para recoger y solucionar
algunos de los problemas que S.S. ha planteado. En cuanto al
estatuto, les pido que hagamos todos un esfuerzo para intentar llegar
a un acuerdo e impulsarle con las modificaciones y reformas oportunas
porque es imprescindible.
Finalmente, quería -porque me estoy alargando en el compromiso que
tenía con el presidente de la Comisión- agradecerles la receptividad
que han tenido respecto a la propuesta del Libro Blanco de la reforma
de los servicios públicos y de las reformas de la Administración
pública. Esto no
significa que haya habido una dejación en cuanto a modelos, en cuanto
a renunciar a los pasos que se ha ido y, como decía antes alguno de
los portavoces, que se han ido dando en estos 20 años, a la hora de
mejorar y modernizar la Administración general del Estado y también
el resto de las administraciones públicas. Sin embargo, yo creo
estamos todos de acuerdo en que la gran reforma pendiente que debe de
ser acordada, después de la evolución que las distintas
administraciones han tenido, es la mejora en la prestación de los
servicios públicos. Cuando hablo de agilidad, de proximidad o de
sencillez no estoy hablando de reducir ningún servicio público; todo
lo contrario. Yo creo que la sencillez para el ciudadano a la hora de
relacionarse con la Administración es precisamente mejora en la
calidad. Los obstáculos burocráticos son los que impiden la facilidad
en la prestación de los servicios públicos. La facilidad para acceder
a ellos siempre redunda en una mejora de la calidad. Ese es un
trabajo que debemos acometer también entre todos, la gran reforma
pendiente de los servicios públicos, lo que no impide que vayamos
dando pasos, que ya se han dado y que se siguen dando, en los
proyectos que cada uno de nosotros hemos puesto en práctica cuando
hemos tenido responsabilidades en los distintos gobiernos, sean los
autonómicos, sea el Gobierno de la nación. Pero, insisto, ésto no
impide elaborar esa gran reforma a partir de un libro blanco con el
que podemos empezar a trabajar y dar los primeros pasos, como yo
proponía. Desde luego, no supone renunciar a la Administración única,
sobre la que he dado una pincelada en lo que a la integración de los
servicios periféricos se refiere. siempre se puede pedir que se haga
más deprisa, pero lo cierto es que lo hemos puesto en marcha -lleva,
como usted bien reconocía, un año- y creo que se van dando pasos
seguros y firmes. Desde luego le reconozco que hay complejidad y en
algunos momentos dificultades, pero se sigue avanzando. Por tanto,
ese camino es el trazado. Todo lo que se está haciendo, la mejora de
los servicios públicos, las medidas concretas que he propuesto, creo
que no dificulta, sino todo lo contrario, facilita el camino para
acometer esa gran reforma que propongo que hagamos conjuntamente,
para lo cual también ofrezco todo el diálogo y solicito toda la
colaboración, reiterando mi agradecimiento por sus intervenciones.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, señorías, por el
esfuerzo que todos han hecho para llevar adelante este denso orden
del día.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cinco minutos de la tarde.