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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 615, de 15/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES Año 1999 VI Legislatura Núm. 615
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 40 celebrada el lunes, 15 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al estudio de la problemática derivada de la existencia de
razas caninas con tendencias agresivas y la adopción de las medidas
oportunas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/001369) ... (Página 17898)
- Sobre la regulación de determinadas razas caninas. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/001370) ... (Página 17898)
- Por la que se insta al Gobierno a que proceda a realizar un estudio
que permita conocer la auténtica realidad de las razas caninas
autóctonas en nuestro país y así poder desarrollar las acciones
precisas a los efectos de garantizar su conservación y difusión.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001372) ... (Página 17898)
- Comparecencia del señor Secretario de Estado para informar sobre:
- La decisión del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea,
celebrado el pasado 8 de junio, para la erradicación de las redes de
enmalle a la deriva. Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 213/000750) ... (Página 17908)
- La Agenda 2000 y la futura programación de los fondos
estructurales, su repercusión en el sector pesquero español y
previsiones del Gobierno al respecto. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/
000751) ... (Página 17908)
- La polémica surgida con la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre la
gestión del IFOP, sistema de gestión y coordinación de estos fondos
con las Comunidades Autónomas, y en concreto con la Comunidad
Autónoma de Andalucía. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. (Número de expediente 213/000752) ... (Página 17908)
- Perspectivas para la flota española con pabellón británico en aguas
del Reino Unido. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número
de expediente 213/000760) ... (Página 17908)
- El futuro de la pesca del pez espada. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000761) ... (Página 17908)
- Situación de la flota española ante el anuncio de no renovación del
acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, y medidas a
adoptar por el Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000918) ... (Página 17908)
Se abre la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA EXISTENCIA DE
RAZAS CANINAS CON TENDENCIAS AGRESIVAS Y A LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS
OPORTUNAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001369).
- SOBRE LA REGULACIÓN DE DETERMINADAS RAZAS CANINAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/001370).
- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE PROCEDA A REALIZAR UN ESTUDIO
QUE PERMITA CONOCER LAAUTÉNTICA REALIDAD DE LAS RAZAS CANINAS
AUTÓCTONAS EN NUESTRO PAÍS Y ASÍ PODER DESARROLLAR LAS ACCIONES
PRECISAS ALOS EFECTOS DE GARANTIZAR SU CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001372).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la sesión número 40 de
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Les quiero anunciar que el debate de las proposiciones no de ley que
figuran en el orden del día como números 1, 2 y 3 se hará
conjuntamente, y al final del mismo se procederá a su votación de
forma individualizada; es decir que el debate será conjunto y las
votaciones, separadas.
Empezamos por la intervención del Grupo Parlamentario Popular. A
continuación tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida como autos de la iniciativa que figura
como número 2 en el orden del día.
Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, tanto para defender las dos proposiciones no de ley como
también para defender las enmiendas presentadas a la número 1,
autoenmienda, como también la enmienda a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra, por tanto, el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señor Presidente, en efecto como ha dicho
vamos a defender las dos proposiciones no de ley presentadas por mi
grupo en los primeros días de febrero, y simultáneamente también la
enmienda que se pretende sustituya a aquellas proposiciones no de ley
que se refieren a la situación generada por ataque de determinados
perros a personas.
Entrando en el primer tema que nos ocupa hoy, que es precisamente las
medidas a adoptar para preservar la seguridad de los ciudadanos ante
ataques de determinados
perros a personas, nuestro grupo parlamentario presentó el 3 de
febrero una iniciativa en esta Cámara en línea con una moción que ya
se ha debatido a estas alturas en el Senado, y en síntesis la
proposición no de ley presentada pretendía que la Administración, el
Gobierno por mandato de esta Cámara, pusiera en marcha un estudio que
permitiera conocer cuál es la realidad del caso, y por tanto adoptar
las medidas tanto administrativas como legales en el ámbito de sus
competencias, las que fueran precisas para garantizar la seguridad de
las personas.
La segunda parte de la proposición no de ley contemplaba un mandato
de la Cámara al Ejecutivo para que éste se dirigiera a las instancias
comunitarias a efectos de hacer homogéneo el tratamiento que la
legislación comunitaria hace a casos como el que nos ocupa.
Esta situación que ha sido ampliamente divulgada a través de los
medios de comunicación a raíz de la muerte de un niño en Baleares por
ataque de un perro, que según las imágenes que he tenido ocasión de
ver responde a las características de un dogo argentino, ha dado
lugar a una información muy amplia y que en principio ha generado en
la opinión pública cierta preocupación que debe dar lugar a que nos
ocupemos de ello en el menor tiempo posible para conseguir solventar
un problema que estaba latente, y que es una realidad no solamente en
nuestro país sino también en otros países de nuestro entorno.
Nosotros consideramos -y por ello es por lo que hemos presentado la
enmienda- que el camino más coherente, el camino más sólido y el
camino más eficaz es en efecto profundizar en el conocimiento de la
realidad. Para llegar a este planteamiento, nos aproximamos a él
haciendo una serie de reflexiones. En primer lugar, creo que conviene
quede constancia en el «Diario de Sesiones» de la Comisión y también
que conozca la opinión pública, que según los datos que ha aparecido
en los medios últimamente a raíz del acontecimiento al que ha he
hecho referencia, en España en un año se pueden producir entre 10.000
y 12.000 agresiones de perros a personas, bien es cierto y también
los medios de comunicación así lo reconocen, que solamente un número
muy poco significativo, tres o cuatro casos, revisten especial
gravedad y son aquellos de los que pretendemos ocuparnos en esta
sesión. Por tanto y como decía antes es un asunto que nos de debe
ocupar y que debemos preocuparnos en sus justos términos, y desde
luego hay que ofrecer una tranquilidad y una seguridad para que estas
situaciones no se produzcan.
Por otra parte, creemos que es imprescindible tener muy presente algo
que he echado de menos en alguna de las iniciativas que se han
presentado en la Cámara, hay un par de iniciativas presentadas para
debate en pleno y hay una iniciativa que se debate simultáneamente en
esta sesión y es que el colectivo de agentes agresores, es decir el
colectivo de perros que puedan causar daño serio y que son objeto de
la preocupación que nos hace traer a debate este asunto a la Comisión
de Agricultura no está perfectamente definido. De la información que
ha aparecido tan pronto se habla de perros que se pueden considerar
molosoides, como son los doberman, los boxer, incluso el dogo de
Burdeos o el dogo argentino o inclusión también se mencionan perros
que están incluidos en grupo terrier, como el bull-terrier y el
american staffordshire y otros del estilo, e incluso algunos
expertos en la materia señalan algunos perros que están incluidos en
el grupo quinto de los pits, como el aquitaino que también tiene
ciertas características que son dignas de conocer, porque es un perro
que necesita un contacto permanente con el dueño y un cierto control
para que nunca se convierta en un perro poco sociable, pudiéramos
decir.
También para aproximarnos al problema solventemente creo que hay que
hacer una reflexión sobre la incidencia que la cría puede tener en la
producción de ejemplares que tengan una más marcada agresividad.
Nosotros entendemos que las leyes de la reproducción, tanto la
biológica como aquella que afecta a las distintas especies de plantas
o de flora, han demostrado que una política de cría no adecuada puede
conseguir que características genéticas de una determinada raza, de
una determinada especie queden acrecentadas o más fijas en la
descendencia de esta pareja. Así hay criadores que a efectos de fijar
un determinado manto en una camada utilizan progenitores de un manto
similar o a los efectos de disminuir una alzada o de aumentar el
tamaño de una determinada especie utilizan también individuos que
tienen esa característica muy manifiesta en su persona. De igual
forma una política de cría no conveniente puede llegar a fijar en el
producto de la cría, es decir en el cachorro resultante del cruce,
unas especiales predisposiciones a un comportamiento agresivo, un
comportamiento poco social. Por eso entendemos que también habría que
profundizar en lo que la cría puede significar en relación al
resultado para poder obrar en consecuencia.
El adiestramiento, desde nuestro punto de vista, también es un factor
determinante. Creo que todo el mundo puede comprender que cualquier
tipo de animal, pero en el caso de un perro con mayor razón por
aquellos de que en sus orígenes está vinculado a un animal salvaje
como es el lobo, puede ser definitivo a la hora de configurar su
carácter. Basta con que el adiestramiento en lugar de estimular su
sociabilidad tanto con sus congéneres como con la especie humana, se
le adiestre para atacar. Hay perros que están especialmente
adiestrados para salvamento de accidentados; hay otros perros que
están adiestrados para la caza y también puede haber, indudablemente,
perros adiestrados para que manifiesten una especial fiereza en el
caso de guarda y defensa, o incluso para el ataque. Por tanto, desde
nuestro punto de vista, el adiestramiento también tiene que ser
conocido con detalle para poder actuar según las necesidades.
Nosotros cuando hemos empezado a pensar sobre este particular también
hemos entendido que una pieza fundamental en el carácter resultante
del animal adulto es su propietario. El propietario es para nosotros
decisivo no solamente porque es el que adopta la decisión en cuando a
la adquisición de una determinada raza, él es el que determina el
adiestramiento y comportamiento futuro del animal; por ello, tanto
por activa como por pasiva el propietario es un elemento clave en el
entorno en que se va a desarrollar el cachorro y ese entorno clave
configurará de forma decisiva el comportamiento del animal adulto.
Luego parece que el propietario también debe ser objeto de análisis y
estudio.
Sin embargos, nosotros creemos que todas estas reflexiones se deben
enmarcar en una serie de ideas generales que no debemos olvidar al
abordar el problema. La primera de ellas es que con estadísticas en
la mano hay que reconocer
que el mundo canino, los aficionados a la cría, a la tenencia de
perros en el entorno familiar en nuestro país es muy importante, las
inscripciones en el libro de orígenes han ido creciendo en los
últimos años y existen una gran cantidad de familias que tienen
perros, animales de compañía en su casa, y por tanto hay sentimiento,
hay aportación del perro hacia el ser humano y es un detalle que no
se debe olvidar.
Por otra parte, naturalmente, dado tan importante predicamento en la
sociedad española de este tipo de animal en el seno de la unidad
familiar, no es menos cierto que en torno al perro existe un muy
importante sector económico con un valor añadido muy considerable que
conlleva un gran número de puestos de trabajo, gente que tiene como
medio de vida todo lo que es el comercio, la difusión, la cría, el
adiestramiento de este tipo de animales. Por otro lado, tampoco
queremos obviar o dejarnos en el tintero el hecho de que para
nosotros los animales son merecedores de un respeto porque podemos
decir que forman parte del patrimonio natural español, del patrimonio
genético español; en cualquier caso, creemos que son merecedores de
un respeto como seres vivos, por tanto, cualquier medida que les
pueda afectar tiene que hacerse con esos acondicionamientos.
La última parte de nuestra proposición no de ley, que también está
recogida en la enmienda que yo presento, contempla un mandato de la
Cámara al Ejecutivo para que reclame ante las instancias comunitarias
un enfoque y una solución únicas al problema de las agresiones o
posibles agresiones a los seres humanos por parte de los perros.
Hemos tenido conocimiento de que no todos los países de Europa tratan
por igual a las distintas razas. Hay algunos países, como es el caso
de Alemania, donde según parece el rottweiler, una raza que tiene
gran predicamento, solamente está autorizado para las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. En otros países como en Holanda
parece que está prohibida la comercialización y tenencia
concretamente del bull-terrier. En Inglaterra ha habido intentos -
aunque no se ha logrado- incluso de esterilizar a determinadas razas,
así como en Bélgica y Francia. Así se ha planteado por los
eurodiputados en el Parlamento Europeo.
Nosotros creemos que esta falta de homogeneidad en el tratamiento del
problema puede tener su razón en un desconocimiento de la situación
de las propias razas, de las incidencias que los factores antes
señalados pueden tener en el comportamiento de estos animales, y nos
parecía muy conveniente que formando Europa una unidad completa,
donde las fronteras están todo lo diluidas que en este momento están,
existiera un planteamiento único. Sinceramente creo que el
planteamiento que hace el Grupo Popular, que está en perfecta
coherencia con la posición que ha mantenido el Gobierno desde el
primer instante, que además es perfectamente coherente con la
posición que mi grupo ya mantuvo en el Senado, puede ser apoyado por
la gran mayoría de esta comisión y de esta manera dar un paso
adelante para conseguir proteger lo que para nosotros es el bien más
importante, que es la seguridad de nuestros ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Terminó señor De Luis? (Asentimiento.) Tiene la
palabra entonces para defender la
segunda proposición no de ley, incluso para defender la enmienda de
esa segunda proposición no de ley.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: La enmienda a la proposición no de ley
que he presentado la doy por defendida con la exposición inicial.
En cualquier caso, y dado que el presidente así ha ordenado el
debate, vamos a acumular también otra proposición no de ley que mi
grupo parlamentario presentó en los primeros días de febrero;
proposición no de ley que no ha tenido en los medios de comunicación
el mismo eco que la anterior, pero que desde mi punto de vista tiene
también mucho interés para el mundo canino y para lo que puede ser la
cultura de esta actividad en nuestro país.
España, por su posición geográfica y por su tradición tanto económica
como cultural, ha conseguido a través de muchísimos siglos crear una
serie de razas caninas que tanto en perros de compañía como en perros
de utilidad ha tenido y tienen una gran importancia como aportadores
de factores definitivos en otras razas que tienen más predicamento.
Desde el principio de este siglo se pudo detectar que estas razas no
estaban en su mejor momento y que realmente en nuestro país tenían un
prestigio bastante inferior al de otras razas no autóctonas; algunas
de ellas han sido tan importantes que han contribuido de forma
notable a fijar algunos caracteres en las razas extranjeras. Así, el
mastín ha contribuido mucho a fijar caracteres en algunos tipos de
molosoides, y desde luego el galgo español ha influido decisivamente
en algún perro tan afamado como el greyhound inglés.
En cuanto a la situación real de las razas hoy en nuestro país
tomando como fuente de información las publicaciones de la Real
Sociedad Canina (que es a quien corresponde la custodia del libro de
orígenes español desde 1911, por decisión de su majestad el Rey
Alfonso XIII), se puede observar que en el período 1992-1997 las
inscripciones en el libro de origen español en 1992 eran 44.000
ejemplares aproximadamente y en 1997 hemos superado los 105.000
ejemplares, lo que indudablemente indica que la tendencia a la
utilización y disfrute de perros de raza en España ha ido creciendo a
un ritmo muy conveniente. Sin embargo, si comparamos las cifras
absolutas con las inscripciones de perros autóctonos españoles, vemos
que existe una diferencia muy notable. Obsérvese que si en el año
1992 se habían inscrito 44.000 ejemplares de raza en general,
solamente 2.686 fueron de razas autóctonas; en el año 1997, año en el
que se inscribieron más de 105.000, solamente 3.479 perros eran de
razas autóctonas españolas, lo que quiere decir que los perros
autóctonos españoles están muy descolgados respecto a otras razas que
tienen más apoyo por parte de los que podríamos llamar consumidores.
Por ejemplo, en este período de tiempo la raza española que más
inscripciones tuvo, del año 1992 al año 1997, fue el mastín español,
con más de 3.000 inscripciones, mientras que otras razas extranjeras
como el pastor alemán superaron las 67.000; el cocker inglés, 35.000,
o el husky siberiano que tuvo 29.000. La diferencia es abismal.
Los aficionados al mundo canino, a las razas españolas, los
profesionales del mundo canino, tanto a través de pruebas de trabajo
como de exposiciones monográficas, hacen un esfuerzo por conseguir el
sostenimiento y la difusión de
nuestras razas. Sin embargo, las estadísticas no son para nada
favorables. Si observamos la participación de perros autóctonos en
pruebas de trabajo en el año 1997 vemos que frente a inscripciones de
38 ejemplares de perdiguero de Burgos hubo 221 inscripciones de la
raza inglesa pointer; la diferencia es abismal cuando las
características del perdiguero de Burgos, a los efectos de la caza,
pueden ser tan notables como las de un pointer. En el caso de
exposiciones monográficas, que son exposiciones específicas sobre
determinadas razas, estamos exactamente en el mismo caso. En el año
1997 hubo exposiciones monográficas con 282 inscripciones de boxer,
mientras que, por ejemplo, las inscripciones de galgo español fueron
103 o las de perro pastor catalán fueron 87. Es evidente que existe
un déficit de interés, existe un número demasiado bajo de aficionados
y de ejemplares.
Hay algunas razas que en parte del período estudiado, 1996 y 1997,
han tenido un retroceso en las inscripciones; retroceso que
naturalmente no debería producirse dada la diferencia de peso
específico que tienen en el mercado las razas autóctonas respecto a
las razas foráneas.
La proposición no de ley que sometemos a la Comisión pretende que
previo un conocimiento detalldo de la situación de las razas
autóctonas españolas, por su gran valor podríamos decir cultural, por
la gran aportación que han hecho al conjunto de las razas
internacionales, se pongan en marcha procedimientos que permitan
aumentar la cría y difusión de ellas. Consideramos que habrá que
establecer tratamientos diferenciados según el caso. En algún momento
habrá que distinguir razas que están plenamente recuperadas
y reconocidas; en unos casos las labores de apoyo tendrán que ir por la
vía de aumentar la calidad de la cría y la difusión de los ejemplares
y en otros casos se tendrá que mantener una actitud agresiva en
positivo, una actitud activa que en aquellas razas que están en
peligro de extinción o que no tienen el reconocimiento internacional
que deberían tener, permita intentar conseguir, con la adecuada
política de cría, la fijación del estándar, el reconocimiento de
dicho estándar como característica de una raza, y al final promover
su difusión y su cría en nuestro país.
Esta proposición no de ley creo que puede ser perfectamente apoyada.
Creo que significaría un avance notable en lo que es mantener un
valor tradicional vinculado durante muchísimos siglos a la historia
de España. Por tanto, espero el apoyo de los grupos representados en
la Comisión.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para defender su
proposición no de ley, manifestar si acepta o no la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para fijar posición
respecto a las otras dos proposiciones no de ley.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, señora Sabanés, con tiempo ilimitado porque son
muchos temas para comentar.
La señora SABANÉS NADAL: En primer lugar, y más allá de la dinámica
que supone una proposición no de ley de unas características, otra
proposición y la enmienda, voy a tratar de ordenar de alguna manera
lo que creo es la preocupación esencial de nuestra proposición no de
ley, y por
tanto admitir que tenemos un problema, que hay un vacío legal en lo
que supone fundamentalmente las agresiones provocadas por animales,
en este caso por perros.
Nuestro grupo entiende que es un debate necesario, que no podemos
resolver en este momento con declaraciones de principios. Por otro
lado, había una serie de proposiciones no de ley planteadas en el
Pleno de la Cámara, nosotros reiteramos una proposición similar para
el Pleno y sería bueno concentrar todas las proposiciones para tener
un debate en profundidad de toda la problemática, consensuar un texto
y expresar las medidas que deberíamos tomar. Como no ha sido posible
diferir el debate para el Pleno acumulando las proposiciones no de
ley de todos los grupos, mi grupo defiende hoy nuestra proposición no
de ley y participará también en el debate del Pleno introduciendo
otra similar a ésta.
Dando un repaso a las disposiciones que regulan en la actualidad la
peligrosidad de los animales en diversos países comunitarios, vemos
cómo en el Reino Unido existe responsabilidad por los daños cometidos
por animales cuando el dueño conociera las tendencias peligrosas o
malignas del animal -en el caso de que no, deben suponerlas- y desde
1971 existe ya una legislación específica que a los efectos de
determinar responsabilidades derivadas de la tenencia de animales
distingue entre animales agresivos, como aquellos que atacan a las
personas, y peligrosos como aquellos que atacan a otros animales;
también distingue entre animales de compañía y de guarda, siendo las
medidas respecto a estos últimos las más estrictas.
No obstante, en 1991 se prohíbe la tenencia de ciertos perros de
lucha, dejándose la vía abierta para la inclusión de otras razas o
animales individuales y especificándose con claridad las condiciones
para mantener la propiedad de estos animales, imponiéndose como
sanción en caso de incumplimiento de estas medidas la eutanasia del
animal. Entre las condiciones exigidas para la tenencia de estos
animales está la castración, la identificación con tatuaje o
microchip, el registro del animal en la comisaría del distrito y el
uso de correa y bozal. No cumplir estas medidas supone la imposición
de penas de prisión para los propietarios de los animales y la
inhabilitación para la tenencia de perros.
En Estados Unidos los comportamientos imprevistos no suponían la
imposición de sanciones, es decir, que sólo son responsables los
propietarios de animales cuando se demuestra que tenían conocimiento
de la agresividad de su perro, por lo que para considerar que es un
animal peligroso previamente había que demostrar tal carácter. Esta
legislación, y debido a los acontecimientos, fue revisada en 1986,
momento en el que se promulgó la ordenanza sobre perros
potencialmente peligrosos, imponiendo restricciones a los
propietarios.
En Francia y Alemania se establece la responsabilidad derivada de los
daños causados por los animales a cargo de sus propietarios o de
quienes sirven de ellos, tanto si están bajo su vigilancia como si se
encontraran perdidos o escapados. En el primer caso se han
establecido medidas especiales para determinadas razas, como pitbull,
y, en el segundo, respecto a la raza rottweiler.
En Suiza se establece una presunción de culpa contra el poseedor de
un animal que no adopta las medidas necesarias a las circunstancias
de peligrosidad del animal.
Analizando las legislaciones existentes, deberíamos destacar que en
los países que se han basado en el conocimiento técnico, las normas
que regulan la convivencia entre animales y personas no establecen en
sí con precisión las razas de perros malos sino de malos dueños, los
que fomentan determinadas razas a fin de conseguir objetivos basados
en la agresión. Actualmente todos estos países están redactando y
promulgando disposiciones más restrictivas en cuanto a la tenencia de
animales potencialmente peligrosos. En España se han promulgado
disposiciones en el ámbito municipal que regulan de forma aislada las
medidas que deben adoptarse por parte de los propietarios de los
perros considerados potencialmente peligrosos, no existiendo ninguna
regulación de ámbito estatal que tenga un planteamiento global en
este punto fuera de las disposiciones concretas que hacen referencia
a la producción de un daño por parte del animal y que vienen
recogidas en el Código Civil y en el Código Penal. El artículo 1.905
del Código Civil dispone que el poseedor de un animal o el que se
sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se
le escape o extravíe; sólo cesará esta responsabilidad en el caso de
que el daño proviniera de fuerza mayor o de la culpa del que lo
hubiere sufrido. En el artículo 580 del Código Penal se establece que
los dueños o encargados de la custodia de los animales feroces o
dañinos que les dejaren sueltos o en disposición de causar mal serán
castigados con las penas de multa entre 5.000 y 25.000 pesetas.
En España hoy, y bajo ese marco, la legislación vigente concreta la
regulación en cuanto a las responsabilidades derivadas de la
producción de un daño por parte de los animales, así como las
sanciones que en estos casos correspondería, si bien las medidas
concretas a adoptar, como la prevención de tales daños, están siendo
en este momento objeto de debate y no existe ningún tratamiento
específico.
Quisiera insistir en el tema que se ha planteado ya aquí de los
factores que pueden determinar la agresividad, que no es sólo el tema
de la raza, aunque ésta es importante, sino el propietario, el
aprendizaje, el sexo (hay una clasificación de diferentes niveles de
agresividad entre macho, macho castrado, hembra y hembra castrado),
así como la edad y la actitud de la víctima. Desde esa perspectiva,
se intenta aunar un nivel de clasificación donde está el factor de la
raza, el de comportamiento, el de propietario y, en base a eso,
actuar sobre las restricciones.
Como conclusión, deberíamos plantear o establecer una serie de
principios en este debate, que tendrá continuidad en el Pleno, y que
nos acerquen a la solución de la problemática. En primer lugar
deberíamos entender que no puede haber cabida para perros peligrosos
cuando representen una amenaza clara al bienestar de los humanos.
También deberíamos manifestar la oposición clara respecto a cualquier
persona que utilice perros potencialmente peligrosos como medio de
ataque. Otro tratamiento es el que miembros especializados de la
policía o de las fuerzas de seguridad pudieran hacer para el
cumplimiento de sus deberes. Tenemos que tener claro que es necesario
establecer, en base a estudios científicos y técnicos, una clara
definición
de comportamientos que resulten peligrosos para que frente a ellos se
pueda adoptar las medidas de seguridad que corresponden. Cuando se
hace referencia al calificativo de potencialmente peligroso, no
debemos pensar exclusivamente en una sola raza, sino regular y
debatir sobre la definición de peligrosidad, sus variaciones y sus
consecuencias. Por tanto, mi grupo entiende que tendríamos que ser
capaces de establecer un marco que defina el concepto de
peligrosidad; en este caso deberíamos establecer las medidas a seguir
por los propietarios de los animales que se declaren peligrosos;
establecer medidas de control sobre las personas responsables del
adiestramiento de animales y deberíamos ser capaces también de
tipificar las sanciones que deban imponerse a los transgresores, en
este caso a los propietarios.
Es necesario adoptar medidas de seguridad dirigidas a los dos
factores causantes del problema que nos ocupa: por un lado, los
propietarios y, por otro, los perros peligrosos. Es necesario que los
propietarios identifiquen a los animales. También es necesario
adoptar medidas rigurosas de control y de sanción lo suficientemente
radicales como para garantizar en la medida de lo posible que los
accidentes por ataques de animales peligrosos no vuelvan a ocasionar
víctimas. En este sentido, con independencia de la obligación de
formalizar un seguro de responsabilidad civil, es necesario cohibir a
los propietarios y responsables hasta el punto de que pudiéramos
evitar que este daño se produzca.
En el contexto de nuestra proposición de ley -que seguramente será
mejorada con el concurso del resto de los grupos y finalmente en el
debate que se vaya a producir- proponemos que se ordene una serie de
principios que deben tenerse en cuenta hoy en el problema que nos
ocupa, y por eso la primera parte habla de modificar o incluir en el
Código Penal. Quiero aclarar, ya que por los comentarios que he
podido escuchar personalmente creo que no se ha entendido, lo que
significa la modificación del Código Penal para incluir como arma a
los animales entrenados que desarrollan esa actividad. De la misma
forma que la tenencia de armas, tráfico y depósito de municiones o
explosivos viene establecida en el artículo 563 del Código Penal,
donde se tipifica lo que significa tener armas prohibidas a las que
resultan de modificar sus características de fabricación para evitar
que actúen sin el suficiente control, planteamos -aunque no lo
decimos con exactitud- que se podría incorporar ahí la tenencia de
animales de ataque o defensa careciendo de la documentación y de los
permisos necesarios para ello. De la misma forma, tratamos de abordar
el tema de la lucha de animales, la lucha de perros, que está
suponiendo una falta de capacidad para actuar, aun en los casos que
es posible detectar estas competiciones, por llamarlo de alguna
manera, y erradicar no sólo lo que significa como práctica, sino lo
que supone el sufrimiento de estos animales en su entrenamiento.
También creemos que en la parte del Código Penal que se refiere a los
delitos relativos a la protección de flora y fauna se podría
incorporar alguna pena o multa por el abandono de un animal de su
propiedad, teniendo en cuenta que en este caso habría que valorar la
peligrosidad del animal para la gradación de la pena. Esa es la
primera parte de nuestra proposición no de ley.
La segunda parte trata fundamentalmente de definir el concepto de
peligrosidad y sus consecuencias. En este caso nosotros entendemos
que habría que elaborar, de acuerdo con expertos en la materia, un
catálogo de razas consideradas peligrosas y su grado de peligrosidad.
Aquí tratamos de introducir los dos conceptos: por un lado, lo que
pudiera significar la raza y, por otro, la tipificación del grado de
peligrosidad, que, como he expuesto antes, atiende a otros factores y
no sólo a la raza. Marcamos una serie de medidas de control de la
cría, venta, donación o tenencia de estas razas y la Administración
debería definir y elaborar el catálogo teniendo en cuenta estas
características. Finalmente, entendemos que se tendría que elaborar
una legislación de ámbito nacional que introdujera las medidas de
seguridad que deben aplicarse a las razas, como el uso de bozal y
correa, la exigencia de que en los núcleos urbanos estén
permanentemente en compañía de su dueño, etcétera. También
introducimos un apartado que hace referencia al control y elaboración
de un catálogo de criadores, centros, educadores y adiestradores
caninos, que deberán estar en posesión de la correspondiente
habilitación para ejercer tal contenido. La Administración tiene que
controlar a aquellos animales que vayan a ser propiedad de compañías
de seguridad o particulares que vayan a ser adiestrados en centros
expresamente autorizados por la Administración tras el visado de sus
procedimientos y los programas de formación. Las compañías de
seguridad y particulares responsables de animales adiestrados para
defensa o ataque deberían superar una prueba psicotécnica similar a
la existente para la posesión de armas antes de hacerse cargo del
animal en cuestión. En el caso específico de compañías de seguridad y
particulares, esta prueba debería obrar en poder del centro de
adiestramiento para admitir un animal en el mismo.
En definitiva, es posible que con nuestra proposición de ley no se dé
solución a todos y cada uno de los elementos, ya que son complejos y
amplios, como he expuesto en el transcurso de mi intervención, pero
pensamos que es un elemento importante, junto con el debate y con las
proposiciones del conjunto de los grupos, para ser capaces de abordar
este tema, que no puede plantearse sólo desde la perspectiva de lo
que significa la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario
Popular para estudiar la problemática derivada de la existencia de
estas razas y proponer la armonización en el entorno de la Unión
Europea, que son elementos evidentes. Mi grupo cree que se debe
celebrar un debate que concrete los elementos que preocupan a la
sociedad, a la que están dividiendo en unos términos no razonables y
que se deberían reconducir con un buen planteamiento. Por tanto, mi
grupo, primero, porque no le parece suficiente y, segundo, porque
quiere facilitar un debate en el Pleno sobre lo que significa la
incorporación de los otros grupos y lo que significa estudiar con
mayor profundidad los elementos que he expuesto no acepta la enmienda
de modificación y mantenemos el texto, quedando claro que queremos
que conste que estamos abiertos, sobre la base de nuestro texto y con
el debate que finalmente se produzca, a buscar elementos de mayor
consenso y concreción de las medidas a estudiar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su
portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo fijando mi posición respecto a la
tercera de las proposiciones de ley, que es la presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, que figura con el número tres en el
orden del día de esta Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que
insta al Gobierno a la realización de un estudio que permita conocer
la auténtica realidad de las razas caninas autóctonas en nuestro país
y así poder desarrollar las acciones precisas, a los efectos de
garantizar su conservación y difusión. Comienzo por ésta, separándola
de lo que voy a decir en relación con las otras dos siguientes,
porque no tiene nada que ver con las otras. Esta proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular es puramente técnica, de orden
zootécnico, que se refiere a las garantías administrativas para
proteger y fomentar un patrimonio de razas caninas autóctonas, que
han obedecido a principios bien económicos, como el pastoreo -los
perros pastores de las razas y subrazas españolas-, bien puramente
culturales o deportivos, como son los podencos, los perros de caza o
las razas y subrazas de las competiciones deportivas, los denominados
galgos. La vamos a apoyar porque se trata de normalizar, a través de
los registros que puede realizar la Administración mediante el
Ministerio de Agricultura -como tiene ya con otras especies animales
de las distintas razas productivas económicas españolas, tanto
vacunas como caballares, por poner un ejemplo, bobinas, caprinas,
etcétera-, los libros registros de carácter zootécnico. Esto no tiene
nada más que decir. Nos parece una proposición no de ley correcta y
oportuna y, por tanto, la vamos a apoyar con nuestro voto.
Me refiero ahora a las dos anteriores proposiciones no de ley, la del
Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que traen su razón de ser y justificación ante la
grave llamada de preocupación de la opinión pública por los luctosos
casos que se han citado, como el de esta criatura de Mallorca o como
el de una mujer, el año pasado, en el archipiélago canario, en Las
Palmas de Gran Canaria, que murió por el ataque de uno de estos
perros de razas peligrosas o agresivas. Por tanto, hay en primer
lugar un hecho a destacar: una alarma social. Esa alarma social tiene
que ser atendida por los poderes públicos, haciendo las correcciones
legislativas pertinentes para que haya unas garantías mínimas para
los ciudadanos, porque hay que decir que el mundo del supuesto
control canino en España desde el punto de vista de la Administración
es totalmente anárquico, yo diría que es casi inexistente, existe una
dejación incluso por el poder inmediato, que son los ayuntamientos,
de la exigencia de las normas que están en muchos reglamentos y
disposiciones de la policía municipal, que no se cumplen ni en cuanto
al censo. Menos mal que hay una especie de conciencia popular,
sensibilizada con las campañas antirrábicas que organizan los
servicios municipales veterinarios de los ayuntamientos, que lleva al
ciudadano a la vacunación antirrábica de sus animales. Fuera de ahí
no se aplica en absoluto la ordenanza municipal que exige que en
lugares públicos o cuando están conviviendo con niños, etcétera, los
perros deben llevar bozal. Ver un perro con bozal es en la práctica
una excepcionalidad digna de ser fotografiada.
De las dos iniciativas que se han presentado quiero destacar en
primer lugar la simplicidad que tiene la presentada por el Grupo
Popular; tan es así que, de votarse, yo votaría la autoenmienda del
Grupo Popular porque es más completa que la propia inciativa
originaria. En segundo lugar, quiero destacar los aspectos completos
y positivos que trae la iniciativa que ha defendido la señora Sabanés
por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida. Como la ha remitido
a un debate en pleno y dado que hay una amplia iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, también muy documentada en cuanto a sus
antecedentes en la exposición de motivos, lo vamos a dejar también
por parte de mi grupo para ese debate en el pleno. ¿Por qué digo
esto? La propia iniciativa de la señora Sabanés, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, trae algunos aspectos
necesarios e interesantísimos, pero en mi calificación son más de una
iniciativa en la Comisión de Justicia e Interior que en la de
Agricultura. Me refiero fundamentalmente a las modificaciones del
Código Penal, en lo que, le adelanto, estoy de acuerdo, con las
salvedades que se tengan que hacer en cuanto a la consideración de
armas. No hace falta utilizar el sentido de arma existente en el
Código Penal para incluir en él la tenencia de animales peligrosos,
porque si se dice que estos perros son peligrosos cuando no están
acompañados del dueño, es como decir que igual es de peligroso un
perro que un tigre. Si al tigre se le va a permitir andar por las
calles porque vaya con su domador, apañados estamos en el reglamento
de policía urbana para la convivencia de los ciudadanos. Por tanto,
tiene que diferenciarse qué controles sobre las fieras colocamos en
el Código Penal -en este caso, perros de ataque que tienen que ser
considerados como fieras- y de lo que son los propietarios. Porque lo
que se deriva de estos hechos luctuosos que han ocurrido -muerte de
niños, de mujeres, los dos últimos casos- es que el juez se va a
encontrar con un problema final, cuando fije la indemnización de la
responsabilidad civil que corresponda, cosa que en el caso de un
atropello no ocurre por la obligatoriedad de los seguros del
automóvil. Por tanto, tenemos que legislar a través de la comisión
correspondiente, como es la Comisión de Justicia e Interior, para que
se garantice a los ciudadanos la protección de la responsabilidad del
seguro civil obligatorio, porque si el propietario del perro que ha
matado a una persona se declara insolvente o no tiene póliza de
seguro de responsabilidad civil obligatorio, porque no lo hay, porque
la legislación no lo pone, o no tiene siquiera una póliza de
cobertura mínima de la indemnización que fije el juez, en buen lugar
deja una sociedad de un Estado democrático de derecho al ciudadano
indefenso que ha perdido a uno de seres queridos al no haber
indemnización civil sustitutoria para al menos paliar la pérdida de
ese familiar. Es por tanto uno de los aspectos que hay que introducir
en la legislación. Si va a ser tolerante con la raza en principio
tampoco estoy dispuesto a legislaciones drásticas de prohibición de
determinados tipos de raza-, que sea implacable con el seguro de
responsabilidad civil. No podemos tolerar que este peligro quede al
criterio subjetivo del propietario del animal, que entienda que no
muerde. Cualquier animal de estas razas, con los colmillos que tiene,
si muerde y ataca es verdaderamente como
si usara unos puñales que produjeran los efectos catastróficos que ya
hemos visto en lo que ya hay. Además, hay que tener en cuenta el
aspecto de policía de buen gobierno del uso de reglamentaciones:
cualquiera que sea el tipo de raza, estando en posesión de toda su
dentadura estos animales, en los espacios públicos donde conviven con
niños y personas mayores que pueden tener una indefensión física, sea
exigible rigurosamente, con la penalización correspondiente, el uso
de bozal y sistemas de correaje de sujeción; eso como mínimo. No
entro ya en el espectáculo bochornoso de la suciedad de las ciudades
por las defecaciones de estos animales que son llevados al medio
exterior para efectuar sus necesidades fisiológicas sin que se tomen
medidas higiénicas al respecto.
Por tanto, nos parece que esta proposición no de ley cumple con una
serie de requisitos. De una manera más genérica, la enmienda que
presenta el Grupo Parlamentario Popular, si de la misma se derivan
todas estas exigencias de orden jurídico o legal, que se reglamenten
por los ministerios respectivos, el de Agricultura, como viene
haciendo actualmente con las determinadas razas de animales
productivos, y el Ministerio del Interior con los registros
pertinentes. Ahí tenemos el caso de los registros de las razas
vacunas españolas en el Ministerio de Agricultura, incluidos los
registros de las razas de lidia, pero el reglamento taurino lo regula
el Ministerio del Interior. En cuanto ese animal se transforma en una
peligrosidad se obliga a que su uso público, en corridas de toros, se
regule por una reglamentación cuya dependencia ya no es el Ministerio
de Agricultura, sino del Ministerio del Interior y de los poderes que
regulan el orden público para evitar lo que se puede derivar de ahí.
Con esto termino, señor presidente, deseando una labor de síntesis,
para que, teniendo en cuenta las obras iniciativas que hay tanto del
Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Mixto
también para Pleno, en los debates de Pleno se pueda lograr una
armonización porque yo creo que tanto la postura del Grupo
Parlamentario Popular con su autoenmienda como la del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida son complementarias y van en
la misma línea. Por esa vía de apoyo iremos, para que el sentido
común y la responsabilidad legislativa prevalezcan y no sigamos
mirando para otro lado con este tema del mundo canino.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), después de analizar las propuestas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, teniendo en cuenta la situación creada a nivel
estatal derivada de los diversos ataques producidos a personas por
razas de perros considerados como peligrosas, principalmente pitbull,
doberman, rottweiler, fila brasileño y dogo argentino, estima
necesario exponer las siguientes consideraciones.
Primero, nos parecen acertadas las propuestas del Grupo Popular junto
con su enmienda, en el sentido de promover estudios pormenorizados
que permitan conocer realmente la situación de este tipo de razas
caninas potencialmente agresivas, así como, en la tercera, la
realidad de las razas caninas autóctonas, y que además permita elevar
ante las instancias correspondientes de la Unión Europea la necesidad
de promulgar en el plazo más breve posible una legislación de ámbito
europeo orientada a la regulación de los siguientes puntos
principales: condiciones de cría y tenencia de este tipo de razas,
usos y utilización de las mismas y política de control genérico y
cruzamiento de razas.
Segundo, nos parece importante reseñar la necesidad de tender a la
existencia de una única y coordinada base legislativa en la Unión
Europea, que evite la situación creada en la actualidad, según la
cual las diferentes comunidades autónomas y Estados miembros de la
Unión han publicado o están a punto de publicar normas propias, que
provocan confusionismo y diferentes criterios legales de actuación.
La muerte de una niña de seis años este fin de semana, despedazada
por tres perros rottweiler en Bélgica, en un momento en que se
estudia el endurecimiento de la legislación sobre canes de razas
peligrosas -por cierto, iniciativa que ya se ha llevado a cabo en
algunos Estados, como el francés-, hace todavía más necesario tender
a la existencia de una única base legal de ámbito europeo.
Tercero, en cuanto a las propuestas presentadas por Izquierda Unida,
tengo que decir que desde el Grupo Vasco no compartimos el desarrollo
de medidas orientadas a la esterilización, prohibición y extinción de
este tipo de razas, en primer lugar, porque las mismas constituyen
por sí mismas un patrimonio genético animal que debe conservarse, al
igual que se preservan y conservan otro tipo de especies y razas
animales consideradas como peligrosas a nivel mundial (felinos,
reptiles, etcétera) y, en segundo lugar, porque ante medida de este
tipo, determinados sectores reaccionarían con medidas de mezcla
animal que nos volverían a colocar ante el mismo problema. Además,
entendemos que algunas otras medidas propuestas ya se encuentran
incluidas en la ley estatal de epizootías -medidas de seguridad tales
como el uso de bozal en los perros, etcétera-, y lo que hace falta es
aplicarlas. Por otra parte, estas medidas se presentan en un momento
de cierto oportunismo político, dada la sensibilidad que los
ciudadanos tienen en estos momentos como consecuencia de los hechos
recientemente acaecidos. Otras medidas propuestas corresponderían
a la Comisión de Justicia e Interior, como ya se ha señalado por quien
me ha precedido en el uso de la palabra. Las medidas a adoptar es
evidente que hay que tomarlas con serenidad; por ello, aunque
pudiéramos estar de acuerdo con algunas de las medidas propuestas,
creemos que es mejor adoptarlas después de un estudio pormenorizado.
Finalmente, hay que señalar que en la propuesta del Grupo Federal de
Izquierda Unida se alude a competencias que son de las comunidades
autónomas, por lo que, en todo caso, dichas medidas habría que
proponerlas en los parlamentos correspondientes. Por todo ello,
nosotros estaríamos de acuerdo con las propuestas 1 y 3 y no
apoyaríamos la número 2, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de0 Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Desde nuestro punto de vista, la
regulación sobre la tenencia-crianza de perros es una competencia
propia de las comunidades autónomas y, consecuentemente, han de ser
los parlamentos de las comunidades los que deben realizar ese debate.
Por ejemplo, en el caso de Cataluña, existe una ley de protección de
los animales de 1988 que en su artículo 5 dice: el poseedor de un
animal, sin perjuicio de las responsabilidades subsidiarias de su
propietario, es el responsable de los daños, perjuicios y molestias
que ocasione a las personas, a las cosas, a las vías públicas, a los
espacios públicos, al medio natural y, en general, de acuerdo a lo
que establece el artículo 1905 del Código Civil. Existe también un
decreto que regula la identificación y el registro general de
animales de compañía y establece la obligatoriedad de la
identificación y el censo de estos animales, así como la obligación
de inscribir estos animales en el registro censal del municipio de
residencia habitual de los caninos. Asimismo, existe otra orden de la
Consellería que regula los centros destinados a la cría, y otro
decreto, de inicio de este año, antes del desgraciado accidente de
Mallorca, que en su artículo 6 dispone que los poseedores de animales
de compañía que por su tamaño o características de especie pueden
considerarse potencialmente peligrosos han de tomar las medidas
preventivas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la de
los otros animales. En este momento se está terminando de pactar con
el sector una orden de la Consellería de Agricultura en la que se
tipifican las razas potencialmente peligrosas -por lo tanto,
estaríamos ya en la definición de los animales potencialmente
peligrosos- y en ella se habla de las medidas de seguridad que hay
que tomar con esas razas, de los registros especiales para esas
razas, de la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil que
cubra los daños que pueda provocar el animal, de los controles de los
centros de cría y, sobre todo, de la regulación de los centros de
adiestramiento. (El señor vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la
Presidencia.)
Por lo tanto, entiendo que muchas comunidades autónomas han trabajado
y están trabajando para que las cosas funcionen lo mejor posible. No
obstante, estos días he escuchado muchas opiniones, en general muy
contrarias, algunas de las cuales satanizan a los perros. Yo he
descubierto que muchos de estos animales son muy indefensos y en
algunos casos están bastante maltratados. Por ejemplo, hay animales
de grandes dimensiones, oriundos de zonas frías y cuyo espacio vital
es el pequeño balcón de una ciudad mediterránea y, además, encarado
al sur. Efectivamente, ese animal tiene que terminar creando
problemas; pero hemos hablado poco de los auténticos responsables,
que son sus dueños.
También he oído hablar de la posibilidad de la prohibición genérica
de determinadas razas. En este momento es fácil salir con quien tiene
la bandera más alta para regular la situación de estos animales
porque esto crea cierto populismo. Independientemente de que las
comunidades autónomas tendrán que legislar en el ámbito de sus
competencias,
la aparición de este problema en relación con los perros peligrosos
no es atribuible a los perros, más bien diría que es un fracaso de la
sociedad; en general, detrás de un animal agresivo encontraremos, con
toda seguridad, a un dueño inestable o desequilibrado. Adelanto que
nuestro grupo parlamentario presentará alguna iniciativa de cara a la
modificación de algún artículo del Código Penal, sobre todo en
relación con aquellas infracciones que cometan los dueños que tengan
razas potencialmente peligrosas. Resumiendo, nuestro grupo
parlamentario está en contra de cualquier prohibición genérica y
bastante de acuerdo con la propuesta que ha hecho Izquierda Unida,
aunque entendemos que esas competencias son propias de las
comunidades autónomas. Por tanto, continuaremos debatiendo esto, pero
creo que debe ser en el marco de los parlamentos autonómicos donde
hay que dar solución al asunto, independientemente de que haya una
regulación para todo el conjunto de la Unión Europea.
En consecuencia, votaremos afirmativamente la proposición del Grupo
Popular, porque entiendo que salva las competencias propias de las
comunidades autónomas y nos parece bien el tema de Europa. No
votaremos afirmativamente la proposición de Izquierda Unida, no
porque entendamos que no es interesante, sino porque, por ejemplo, en
el caso de Cataluña, una gran mayoría de las propuestas ya están
puestas en marcha y, por tanto, ese debate entrando a fondo en la
cuestión debe realizarse en los parlamentos autonómicos.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Para fijar la posición del
Grupo Socialista respecto a la proposición no de ley y las enmiendas
correspondientes, tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LÓPEZ: Los desgraciados y luctuosos acontecimientos
de estos días han acelerado el tratamiento, el debate y la atención
de este Parlamento sobre un problema que, independientemente de los
acontecimientos que se hayan procedido, estaba latente en la
sociedad. Mi grupo viene tratando estos asuntos hace año y medio,
intentando dialogar, a veces infructuosamente, con la propia
Administración, a través de todo tipo de iniciativas, entre ellas las
propias preguntas, para llegar a algún tipo de acuerdo, y el primero
sería reconocer que el sector está absolutamente desorganizado. Es
decir, que la importancia social que aquí se ha dicho, la importancia
cultural e incluso económica es decisiva para que el propio Grupo
Parlamentario Socialista, además de estar tan presionado como los
demás e impresionado por los acontecimientos, pretenda llevar este
debate al Pleno del Congreso de los Diputados. Creo que ya es momento
de que el Congreso de los Diputados, en su máxima expresión, pueda
tratar de aquellos asuntos que afectan de una manera decisiva a las
familias, a las personas, a los sentimientos, pero también a aspectos
de la seguridad y de nuestra propia cultura.
Por eso nosotros hemos presentado una proposición no de ley, en la
que venimos trabajando hace ya mucho tiempo, que trata sobre el
control de perros potencialmente peligrosos, del centro de
adiestradores de perros de ataque y de la actuación y la regulación
de los libros genealógicos caninos, es decir, queremos afrontar de
una manera global los
problemas que todo esto trae consigo no solamente ante una situación
coyuntural como pueda ser el ataque de algunos perros en determinados
lugares.
Efectivamente, como aquí se ha dicho, la legislación actual, las
responsabilidades, las competencias están, como casi todas las
cuestiones ya en un Estado de las autonomías, muy compartidas. El
Gobierno de la nación, el Gobierno de España tiene unas competencias
muy determinadas, pero una gran parte de esas funciones las tienen
las comunidades autónomas, como aquí muy bien se ha dicho. Estamos
preocupados porque la iniciativa del partido del Gobierno nos parece
que lo que intenta es dar salida como sea a una cuestión en la que se
plantea un problema de fondo, desde nuestro punto de vista; por
ejemplo, cuando dice que hay que estudiar la problemática derivada de
las razas caninas. Es claro que estamos ante un principio básico, ya
que sería arbitrario adoptar cualquier medida si previamente no se
estudia la problemática creada por las razas caninas potencialmente
agresivas.
El primer paso sería realizar una estadística veras de las agresiones
ocasionadas por perros a personas por la que se pudiese saber qué
razas son las causantes del mayor número de tales agresiones. Por
desgracia, no existen medios reales de realizar estas estadísticas
por la falta de control existente sobre el sector canino. El primer
asunto que habría que reconocer es que no existe un control sobre
este sector. No obstante, es conveniente recordar que medidas del
tipo de las que aquí se han mencionado, como el uso del bozal o
correa o el horario restringido para el paseo de los perros, zonas
acotadas, etcétera, corresponden también a los municipios, y no son
solamente las de ámbito estatal, de tal manera que aquello que desde
el Congreso de los Diputados recomendemos, solicitemos y exijamos del
Gobierno tenga en cuenta cuál es esta realidad y su complejidad.
Tampoco tiene sentido adoptar ciegamente medidas tomadas en otros
países de nuestro entorno, pues muchas veces ya han acreditado su
ineficacia. No podemos ir a rastras. Así ocurre con los intentos de
hacer desaparecer determinadas razas mediante la esterilización. Esta
medida fue aprobada primero por el Reino Unido en 1991, pero cinco
años después se vieron obligados a derogarla por ineficaz: las razas
peligrosas seguían criándose en la clandestinidad, ahora ya sin
control de la Administración, puesto que estaban prohibidas. Por otro
lado, el concepto de raza pertenece plenamente a la zootecnia y,
consecuentemente, a los registros genealógicos. No puede establecerse
un control efectivo de las razas si ese control no bascula
directamente sobre un registro genealógico y unas asociaciones de
criadores que realicen su gestión en el ámbito de las respectivas
comunidades autónomas. Si no comprometemos al sector, estamos
legislando en el aire, y yo creo que esta es una buena ocasión para
afrontar definitivamente, con todas las consecuencias, la
problemática y la complejidad que existe en estos momentos en el
sector. Actualmente hay en España una falta absoluta de control sobre
la cría de perros. Hay dos o tres comunidades autónomas donde existe,
y ninguna más ha establecido registros genealógicos. Por lo tanto,
creemos que los certificados de raza se han de hacer, pero
se están haciendo en estos momentos a través de un registro que se
envía por correo. Solamente hay un registro en España, y éste se hace
por correo, solicitándolo a una asociación que existe en Madrid que
tiene registrado como marca comercial un registro genealógico. Nadie
comprueba si en la camada ha nacido el número de perros que se dice
en la solicitud o si se están añadiendo más para dar pedigrí al
perro, igualmente importados. Tampoco se comprueba si los padres de
los cachorros son realmente los que se hacen constar en la
inscripción ni se exige la identificación animal.
Como comprenderán SS.SS., la situación es mucho más grave que la que
podría solucionarse con una simple recomendación. Basta enviar un
giro con el importe de las inscripciones en el registro genealógico
y, a vuelta de correo, se reciben cuantos certificados se hayan
solicitado. Los adiestradores tampoco son controlados y nadie
supervisa su calificación profesional para la tarea. Como no se ha
establecido una relación entre el registro genealógico y la
identificación animal, un perro con taras psíquicas que muerda a una
persona en Jaén, por ejemplo, puede ser inmediatamente vendido a un
adiestrador de Zamora, donde el perro, sin identificación alguna,
será empleado para la cría transmitiendo sus taras psíquicas a su
descendencia. Esta es la situación que, como una lacra, padece la
cría de perros en España y que hay que corregir de inmediato si no
queremos que hechos tan graves como las agresiones y muerte
denunciadas en los últimos días se sigan produciendo.
En las proposiciones no de ley se establece que las instancias de la
Unión Europea legislen para la cría y utilización de las razas y
cruces caninos. Señorías, esta propuesta resulta innecesaria. La
Unión Europea ya estableció en la Directiva 91/174, del Consejo del
25 de marzo de 1991, las normas zootécnicas y genealógicas que
regulan la comercialización de animales de raza de especies como el
perro. Esta directiva fue parcialmente traspuesta a nuestro
ordenamiento mediante el Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, pero,
por tratarse de un decreto marco, requiere, eso sí, un desarrollo
posterior para las distintas especies y razas, lo que ha motivado que
su aplicación a la especie canina no se haya realizado en el ámbito
estatal por falta del desarrollo de un reglamento, aunque algunas
comunidades autónomas, como he dicho antes, sí lo han desarrollado y
aplicado en su ámbito.
Por todas estas razones, nos parece que estamos todavía a tiempo de
estudiar esta cuestión con la tranquilidad necesaria y conseguir que
la mayor parte de los grupos parlamentarios pudiéramos ponernos de
acuerdo para que el conjunto de las iniciativas de los grupos
pudieran entrar en una proposición que, analizada como se merece, con
el reposo necesario y las transacciones que fueran oportunas, se
debatiera en la máxima expresión de la sede parlamentaria, que es el
Pleno del Congreso, para que los acuerdos no sean como algunas
iniciativas -lo voy a decir con la mayor delicadeza-, sobre todo las
del Grupo del Gobierno más bien improvisadas, un poco vagas y
bastante difusas. Por lo tanto, nosotros no podemos aportar nuestro
voto porque nos gustaría que se realizaran con toda la atención del
mundo, pero sí ofrecemos nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para
llegar a acuerdos para que la
sociedad pueda percibir de la representación popular - nunca mejor
dicho- una atención a un asunto tan popular. El 20 por ciento de las
familias y el 25 por ciento de los jubilados tienen un perro o más en
su casa, y yo creo que tiene que percibir de nosotros, del Poder
Legislativo en este caso, la necesaria sensibilidad para asegurarles
que los accidentes que pueda haber en el futuro sean los mínimos y
además que cuando existe algún accidente, sea eso, simplemente un
accidente, que cuando alguien compre un animal de esta naturaleza
sepa lo que está comprando y que evitemos el desorden que existe en
estos momentos.
Señor presidente, esta es nuestra posición, que es de clara
colaboración y enorme responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Una vez finalizado el debate, vamos a suspender
la sesión por un minuto a fin de que los portavoces puedan hacer un
llamamiento a los señores diputados para proceder a las votaciones.
(Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de
ley que figuran en el orden del día.
Comenzamos por la primera proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa al estudio de la problemática
derivada de la existencia de razas caninas con tendencias agresivas y
a la adopción de las medidas oportunas, según la autoenmienda
presentada por dicho grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, pasamos a votar la segunda proposición no de ley, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre regulación de
determinadas razas caninas, según el texto original de dicho grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2;
en contra, 21; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, pasamos a votar la tercera proposición no de ley, del
Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a que
proceda a realizar un estudio que permita conocer la auténtica
realidad de las razas caninas autóctonas en nuestro país y así poder
desarrollar las acciones precisas a los efectos de garantizar su
conservación y difusión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Una vez finalizadas las votaciones, pasamos a la celebración de las
comparecencias del Secretario General de Pesca.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (JUÁREZ
CASADO) PARAINFORMAR SOBRE:
- LA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE PESCA DE LA UNIÓN EUROPEA,
CELEBRADO EL PASADO 8 DE JUNIO, PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS REDES DE
ENMALLE A LA DERIVA, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000750).
- LAAGENDA 2000 Y LA FUTURA PROGRAMACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES,
SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL Y PREVISIONES DEL
GOBIERNO AL RESPECTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000751).
- LA POLÉMICA SURGIDA CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMADE ANDALUCÍA SOBRE LA
GESTIÓN DEL IFOP, SISTEMA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ESTOS FONDOS
CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, YEN CONCRETO CON LACOMUNIDAD
AUTÓNOMADE ANDALUCÍA. ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000752).
- PERSPECTIVAS PARA LA FLOTA ESPAÑOLA CON PABELLÓN BRITÁNICO EN AGUAS
DEL REINO UNIDO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número
de expediente 213/000760).
- EL FUTURO DE LA PESCA DEL PEZ ESPADA.
ASOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/
000761).
- SITUACIÓN DE LA FLOTA ESPAÑOLAANTE EL ANUNCIO DE NO RENOVACIÓN DEL
ACUERDO PESQUERO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MARRUECOS, Y MEDIDAS A
ADOPTAR POR EL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000918).
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al secretario general de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Samuel
Juárez, que ha venido a esta Comisión para cumplimentar diferentes
solicitudes de comparecencia sobre el sector pesquero español.
Una vez dada esta bienvenida, cedemos la palabra a don Samuel Juárez
para que pueda desarrollar su exposición como él crea conveniente:
conjuntamente, separándola por bloques, en definitiva, él tiene la
palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Juárez Casado): Voy a
desarrollarla conjuntamente y por el orden en que aparecen en el
orden del día de la sesión; creo que será lo más útil.
Empiezo por la decisión del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión
Europea, celebrado el pasado 8 de junio, para la erradicación de las
redes de enmalle a la deriva. Es preciso recordar la importancia que
tienen estas pesquerías de atún blanco y pez espada, en el caso del
Mediterráneo, cuando se realizan con artes tradicionales por la flota
artesanal. Existe una problemática de interacción, es decir, de
incompatibilidad, entre las redes de enmalle a la deriva y las artes
tradicionales, que ha dado lugar a múltiples conflictos en el sector
en los últimos años. La posibilidad de erradicar definitivamente su
uso por la flota comunitaria era un compromiso y una prioridad
política del Ministerio y de la ministra, tal como lo manifestó en su
primera comparecencia ante esta Cámara.
En el año 1994, como todos ustedes saben, tuvieron lugar en el
Cantábrico los más graves conflictos en relación con este tipo de
artes, que hicieron que este asunto cobrara una intensa sensibilidad
política, tanto en nuestro país como en Francia. En aquel momento, se
produjo por parte de la Comisión la primera propuesta de reglamento
que preveía la erradicación de las redes de enmalle a la deriva en
cuatro años. En aquel Consejo de Ministros de finales del año 1994,
la propuesta de la Comisión tuvo muy escasos apoyos: España y
Portugal. Lo mismo sucedió en los años siguientes, 1995 y 1996, a lo
largo de los cuales el control de la actividad para evitar que se
utilizaran redes de enmalle de longitud superior a la permitida evitó
en buena medida los incidentes que se había producido en años
anteriores.
En el año 1996, después de la entrada en el Gobierno del Partido
Popular, comenzaron a producirse frecuentes y estrechos contactos
diplomáticos con todos los Gobiernos comunitarios para tratar de
retomar la posibilidad de la prohibición que estaba atascada, y se
continuó una labor de trabajo conjunto con el sector pesquero y con
organizaciones no gubernamentales para conseguir este objetivo.
En el Consejo de abril de 1997, se buscaba desbloquear esta situación
y se produjo una intervención de la ministra de Agricultura y Pesca
ante el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. La
ministra presentó un memorando cuyos puntos clave eran: la exclusión
del mar Báltico de la propuesta de prohibición porque se entendía que
tenía una problemática totalmente distinta y que los países que
pescan en él eran contrarios a la prohibición debido a problemas que
no tenían nada que ver con la pesca en el Mediterráneo y en el
Atlántico; se proponía, asimismo, un alargamiento de plazos para la
erradicación y la previsión de medidas socioeconómicas de
acompañamiento para la flotas que tuvieran que eliminar este tipo de
artes. En aquel momento, se produjeron algunos cambios de actitud;
concretamente, Alemania cambió totalmente de actitud y pasó a apoyar
a los que propugnábamos la prohibición, y el ministro italiano se
manifestó favorable a la prohibición; Italia se encontraba ante un
contexto de potenciales problemas con Estados Unidos debido al empleo
de estas redes en longitudes superiores a las permitidas.
La Presidencia luxemburguesa, en el segundo semestre de 1997, no
abordó esta cuestión como nos hubiera gustado y hubo que buscar el
apoyo de la siguiente, la Presidencia británica, cuyo cambio de
postura fue fundamental para alcanzar una mayoría suficiente en el
Conejo de Ministros para apoyar la propuesta. Durante la Presidencia
británica,
en el primer semestre de 1998, se produjo una propuesta de compromiso
de la Presidencia, que reformaba la que tenía sobre la mesa la
Comisión, y que se basaba fundamentalmente en los puntos de memorando
español. Concretamente la conclusión de los debates y la propuesta
que fue finalmente aprobada contenía: una contingentación de la
flota, para evitar que aumentara la presencia de barcos en esta
pesquería por encima del nivel de los que habían pescado en el
período 1995-1997; reducción del 40 por ciento del número de barcos
autorizados para el año 1998; reducción gradual posterior contenida
en los planes que los distintos Estados miembros tenían que presentar
a la Comisión antes del 30 de abril de 1999, para poder acogerse a
las ayudas para reconversión que se aprobarían en el Consejo del 22
de octubre de 1998.
En mi opinión, se trata de una solución satisfactoria que da
respuesta a las inquietudes del sector pesquero español. Es un
triunfo muy importante de la pesca responsable que tenemos que
agradecer a todo el sector pesquero español, que ha apoyado
entusiásticamente esta iniciativa, a determinadas organizaciones
medioambientales, que también la han sostenido, a la acción de las
comunidades autónomas implicadas, que han aportado un trabajo
importante, al apoyo de todos los grupos políticos en nuestro país y,
cómo no, a la Presidencia de turno, la británica, que nos brindó un
apoyo sumamente decisivo para que esta propuesta que prevé la
prohibición en cuatro años -el 31 de diciembre del año 2001- pudiera
ser finalmente aprobada en un clima realmente complicado, con el voto
en contra de Francia, Italia e Irlanda.
Paso a la segunda comparecencia, sobre la Agenda 2000 y la futura
programación de los fondos estructurales, su repercusión en el sector
pesquero español y previsiones del Gobierno al respecto. El sector
pesquero español se integró en los fondos estructurales en el año
1993. Para el período 1994-1999, se creó el instrumento financiero de
orientación de la pesca -el IFOP- y un objetivo horizontal -el
Objetivo 5 A- que permitía la aplicación del IFOP en todo el
territorio comunitario, aunque con distintos niveles de
participación. Concretamente, en las regiones Objetivo 1, los niveles
de participación del IFOP en la financiación de proyectos eran
superiores a los que podían alcanzar en las regiones que no eran
Objetivo 1; pero existía una aplicación horizontal de las medidas
-insisto- en todo el territorio comunitario.
En estos momentos, por hacer brevemente balance, la ejecución del
IFOP es muy satisfactoria y creemos que cuando finalice el período de
ejecución, cuando finalice el presente año 1999, podremos hacer un
balance completo de lo que ha significado para el sector pesquero
español este importante apoyo estructural en lo que se refiere a su
modernización.
Para ceñirme al objeto de la comparecencia, la Agenda 2000 contiene
una filosofía de concentración por una parte de objetivos, solamente
con tres objetivos: regiones atrasadas, Objetivo 1: regiones con
problemas socioeconómicos puntuales, Objetivo 2 y un objetivo social
que es el 3. Por tanto, una concentración de objetivos y también una
concentración territorial y poblacional.
En el caso del Objetivo 1, la aplicación estricta del criterio del 75
por ciento de renta va a obligar a dos o tres regiones
españolas con sectores pesqueros sustanciales a abandonar el
citado objetivo, y sin embargo este problema podrá encontrarme una
solución con el mecanismo transitorio que se prevé que cubra
prácticamente hasta el año 2006.
El Objetivo 2 está previsto en la Agenda 2000 que alcance solamente
el 18 por ciento de la población comunitaria, y de este 18 por ciento
al sector pesquero se le reserva un 1 por ciento de la población.
Fuera de los Objetivos 1 y 2 la Agenda 2000 propone que actúe el
Feoga-Garantía como elemento financiero de soporte de la política de
estructuras pesqueras. Tenemos, pues, las dos problemáticas. Por una
parte, como he dicho, la concentración de objetivos (ya no existe un
objetivo horizontal, lo cual impide que se puedan aplicar los fondos
en todo el territorio comunitario) y, por otra parte, tenemos el
problema del techo poblacional para la catalogación del Objetivo 2,
lo cual también implica dificultades a la hora de seleccionar las
zonas litorales que deberían ser afectadas por estos objetivos, ya
que el criterio principal es el desempleo y en general presenta una
adaptación problemática hacia el sector pesquero.
El primer problema, que es el de que el IFOP pueda aplicarse en todo
el territorio, es quizás el principal escollo en este momento en la
negociación, en opinión del Gobierno español, y se afronta con varias
posibilidades. Una de las posibles soluciones sería la creación de un
objetivo horizontal en el caso de la pesca, cuestión que sería
defendida y secundada por alguno de los demás países comunitarios
y sería satisfactoria, en nuestra opinión, para nuestros intereses,
pero es una cuestión harto difícil, puesto que choca frontalmente con
la filosofía de la reforma que propone la Comisión.
Otra posibilidad es que los criterios de elegibilidad de las zonas de
Objetivo 2 en el caso de la pesca se puedan ampliar y no sea el
criterio del empleo el único a utilizar, de modo que podamos englobar
prácticamente a todas las regiones litorales con tal de que resulten
afectadas por la reestructuración del sector pesquero. En este
supuesto tenemos un apoyo importante y es que las flotas pesqueras
comunitarias están sometidas a la reestructuración impuesta por el
programa de orientación plurianual. Por tanto, está justificado que
todas las zonas litorales que se ven afectadas por este programa de
orientación plurianual tengan una cobertura de los fondos
estructurales.
En lo que se refiere a las zonas que a pesar de ello pudieran quedar
fuera del Objetivo 1 y 2, donde, por tanto, no pudiera ser de
aplicación el IFOP, la Comisión ha propuesto la utilización del
Feoga-Garantía, posibilidad que en principio no es vista como óptima
por la mayor parte de los Estados miembros, entre los que se incluye
España, ya que plantea diversos problemas. Por una parte, plantea el
problema de la dificultad en realizar una programación plurianual con
fondos de la rúbrica 1, es decir, del FeogaGarantía y, por otra
parte, plantea el problema de la escasez presupuestaria que, en
cualquier caso, va a existir en función de las previsiones existentes
en el resto de los sectores, en aquellos que tradicionalmente son
financiados por el Feoga-Garantía, el sector agrario principalmente.
El segundo asunto que nos preocupa (el primero, como decía, era el
hecho de que todas las zonas litorales dependientesde la pesca queden
cubiertas por el IFOP) es el de
las medidas que van a poder financiadas con cargo a este IFOP, es
decir, cuáles son las medidas financiables y bajo qué condiciones,
pues de ello depende, evidentemente, la efectividad de los fondos.
El día 18 de marzo del año 1998 la Comisión presentó el paquete de
reglamentos estructurales. Por una parte, el reglamento por el que se
establecen las disposiciones generales sobre los fondos estructurales
y, por otra, los tres reglamentos de los distintos fondos, uno de
ellos relativo a medidas estructurales en el sector pesquero. Este es
un reglamento que presenta una concepción no completa, puesto que se
remite a un reglamento de aplicación presentado el día 16 de
diciembre del año 1998 al Consejo de Ministros de Pesca de la
Comunidad. En nuestra opinión, hubiera sido preferible la existencia
de un solo reglamento de IFOP. En cualquier caso, nos parece
necesario que antes de dar el visto bueno, antes de vaciar
globalmente el paquete de los fondos se debe haber cerrado con
suficiente concreción todos los reglamentos que afectan a la
aplicación y que serán, como he dicho antes, determinantes para el
buen fin de la programación del próximo período, del 2000 al 2006.
En esta propuesta de la Comisión tengo que avanzar que se recogen las
principales medidas que el sector pesquero ha estado desarrollando en
los últimos años y que en nuestra opinión necesitamos completar en un
próximo período de programación. Concretamente se recogen todas las
medidas de adaptación de capacidades, de construcción y modernización
de la flota pesquera, de apoyo a la acuicultura, apoyo a la industria
de transformación, medidas socioeconómicas, etc., y plantea, en
nuestra opinión, en estos momentos dos problemas principales. En lo
que se refiere a los requisitos que la Comisión ha propuesto para la
aplicación de los fondos para la renovación de la flota pesquera,
existe en la propuesta un sistema de entradas y salidas de flota que,
en nuestra opinión, excede de la finalidad de un reglamento de estas
características. Concretamente, esta propuesta de la Comisión propone
que en la financiación de proyectos de renovación de la flota sea
necesario retirar un 130 por ciento del tonelaje que se construye
como medida adicional para evitar que la renovación de la flota
redunde en un incremento del esfuerzo pesquero.
Por otra parte, existen una serie de requisitos adicionales para las
empresas mixtas que, además de reducir el nivel de ayudas al
establecimiento de empresas mixtas, establecen una serie de normas a
cumplir, tales como la aplicación de los fondos de la prima en una
parte de los fondos a inversiones en el tercer país, o unos
requisitos en cuanto a niveles de participación del socio comunitario
en la empresa mixta en el país tercero que, en nuestra opinión, no
tienen mucho sentido y que podrían dificultar grandemente el
desarrollo de esta medida.
Por lo que se refiere a la construcción y modernización, la posición
que mantiene el Gobierno en este caso es tratar que se vincule la
medida de renovación de la flota al cumplimiento de los programas
plurianuales, pero que se vincule en cuanto a segmentos del programa
y no en cuanto a los proyectos individual4es a atender.
Pasando al siguiente punto, polémica surgida con la Comunidad
Autónoma de Andalucía sobre la gestión del IFOP, sistema de gestión y
coordinación de estos fondos con las comunidades autónomas y en
concreto con la Comunidad Autónoma de Andalucía, quiero informar de
que, como SS. SS. conocen, la ejecución del IFOP recae en buena
medida en las comunidades autónomas en base a su competencia, por una
parte, de ordenación del sector pesquero y, por otra parte, en
materia de comercialización. Es necesario, pues, establecer una
intensa y estrecha coordinación entre todas las administraciones
responsables de la ejecución del programa porque el propio sistema de
reembolsos y de justificaciones de los fondos del IFOP exige una
coordinación estricta para evitar que los retrasos puedan redundar en
las demás partes implicadas, en las demás comunidades autónomas y en
la Administración general del Estado en lo que se refiere a la parte
que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En el momento en que estaba planteada esta comparecencia, hace casi
un año, se estaba produciendo un problema con algunas comunidades
autónomas que mostraban un bajo nivel de ejecución que, por una
parte, ponía en peligro la ejecución final del programa, pero, por
otra parte, existía el problema de que la gran descompensación entre
los niveles de ejecución de unos y otros hacía que algunas
comunidades autónomas estuvieran en la práctica adelantando fondos de
su propia tesorería para poder atender proyectos mientras que otras
comunidades autónomas, por su bajo nivel de ejecución, disfrutaban de
unos abundantes superávit de tesorería. Por tanto, en aquel momento
se producía una situación en la Junta de Andalucía, en mi opinión,
debido, entre otros motivos, a que no se presupuestaban estas
partidas dentro de los presupuestos autonómicos, se ejecutaba en base
a los sistemas de ejecución extrapresupuestaria, lo cual producía,
como digo, una lentitud importante; existían queja: del sector
pesquero y, por otra parte, había un interés principal de la
Administración central de que el programa en su conjunto se pudiera
ejecutar totalmente al final del período y que, por tanto, el sector
pesquero español, dentro del cual se encuentra, por supuesto, el
sector pesquero andaluz, se pudiera beneficiar del programa sin
ninguna merma.
En la conferencia sectorial celebrada el 25 de septiembre de 1994 se
acordó un reparto indicativo del plan financiero por anualidades del
programa operativo del eje número 5, del submarco plurirregional del
marco comunitario de apoyo del Objetivo 1, que reservaba a la
Administración general del Estado la anualidad completa del año 1994
y el 35 por ciento de las anualidades siguientes, de 1995 a 1999,
y que otorgaba a las comunidades autónomas una participación del 65 por
ciento en las anualidades de 1995 a 1999, según una serie de
porcentajes preestablecidos, que en el caso de Andalucía significaba
el 19,98 por ciento. Posteriormente, el Real Decreto 2112/1994, de 28
de octubre, atribuyó una fracción mayoritaria de la gestión de las
ayudas estructurales del sector pesquero a las comunidades autónomas,
como he dicho anteriormente, y reservaba a la Administración general
del Estado una serie de acciones, concretamente las ayudas a la
creación de arrecifes artificiales en aguas exteriores, sociedades
mixtas, asociaciones
temporales de empresas, acciones piloto de pesca experimental, etc.
Hay que significar que al comienzo del programa la gestión que
aportaba la Administración general del Estado fue muy superior en su
participación en el plan financiero en el programa operativo a la que
aportaban las comunidades autónomas en su conjunto, debido
fundamentalmente a la fuerte concentración de gastos, una ejecución
mayoritaria de la decisión de la Comisión de septiembre de 1994 de
pago de la parada de la flota de Marruecos, armadores y tripulantes
durante siete meses de 1995 y la abundancia de proyectos de
sociedades mixtas y asociaciones temporales de empresas. Como digo,
acumulación de gestión en manos de la Administración general del
Estado que necesariamente hubo que afrontar y que hizo que en
noviembre de 1996 la Administración general del Estado hubiera
cubierto más de la mitad de la gestión del programa realizado hasta
aquel momento.
Una vez atendidos los gastos extraordinarios, la gestión de la
Administración general del Estado empezó a depender principalmente de
la demanda del sector a las medidas reservadas a su gestión, que son
las que he citado anteriormente. Esto fue produciendo un descenso
paulatino del nivel de participación de la gestión de la
Administración general del Estado en el conjunto de la gestión del
programa, como consecuencia del cual en octubre de 1997 dicha
participación era ya ligeramente inferior a la de las comunidades
autónomas. En este momento parecía claro, lo cual era fácil de
prever, que era necesario instrumentar medidas para que la ejecución
del programa en su conjunto no sufriera retrasos. Por ello, en la
conferencia sectorial del mes de febrero de 1998 hubo un acuerdo
según el cual todas las cantidades de IFOP no comprometidas por las
comunidades autónomas en mayo de 1999 quedarían a disposición de
aquellas comunidades autónomas que garantizaran su compromiso dentro
de dicho año 1999; asimismo, se acordó que los excedentes de los años
1998 y 1999 se repartieran en función de la ejecución de dichos años
con una serie de etapas preestablecidas.
Cuando este asunto salió a la luz pública, aproximadamente en el
momento de la petición de esta comparecencia, concretamente con fecha
28 de febrero de 1998, las transferencias que se habían producido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía eran las siguientes. Hasta aquel
momento se habían transferido 10.219 millones de pesetas de IFOP y
3.288 millones de pesetas de fondos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, lo que hacía un total de 13.500 millones de
pesetas. En aquel momento estaban justificados por parte de
Andalucía, de IFOP, 5.800 millones y de fondos del Ministerio de
Agricultura 1.110 millones, lo cual significaba que la Comunidad
Autónoma de Andalucía tenía un superávit en su tesorería de 4.356
millones de IFOP y de 2.178 millones de fondos del MAPA, lo cual
arroja un total de superávit de fondos, entre IFOP y MAPA, de 6.534
millones de pesetas.
Como consecuencia de las acciones tomadas y de la necesidad de que
todas las comunidades autónomas aceleraran su gestión para poder,
como digo, cumplir con los objetivos de ejecución, en estos momentos
podemos felicitarnos de que la gestión, prácticamente en todas las
comunidades autónomas, incluida Andalucía, se ha agilizado
notablemente, de modo que en este momento los compromisos que ha
asumido la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el IFOP se
acercan ya a la media del conjunto del Estado, situándose en torno a
un 69 por ciento, mientras la media está en torno a un 77 por ciento,
que son unas cifras aceptables para este momento de ejecución del
programa. Hay que señalar que en el momento en que surgió esta
polémica la media de ejecución en el Estado, en cuanto a compromisos,
era del 73 por ciento, mientras que la de Andalucía solamente era de
un 55 por ciento.
Para aclarar mejor esta situación, he de decir que todavía hoy, a
pesar de esta mejora en la ejecución, existe un claro superávit en
las transferencias realizadas a esta comunidad autónoma, de modo que
en estos momentos lo transferido es superior en 4.034 millones a las
cantidades pagada y justificadas por Andalucía. Además, hay que decir
que Andalucía, igual que las demás comunidades autónomas -pero el
caso que nos ocupa es Andalucía-, ha recibido y va a recibir al final
del programa más fondos de los inicialmente previstos, concretamente
en el plan original aprobado por todas las comunidades autónomas en
la conferencia sectorial del año 1994 el compromiso era transferir en
el conjunto del programa 111,4 millones de ecus y al final del
período las previsiones son de que se han transferido a Andalucía
152,6 millones de ecus, lo cual supone 41 millones de ecus, es decir,
unos 6.800 millones de pesetas.
Pasando a la siguiente comparecencia sobre perspectivas para la flota
española con pabellón británico en aguas del Reino Unido, quisiera
comenzar haciendo una pequeña puntualización respecto a la
denominación de esta flota: en nuestra opinión, no se trata de flota
española con pabellón británico sino que se trata de flota británica
de capital español. Creo que es un detalle importante, porque
realmente el principal motivo del ataque que esta flota viene
sufriendo desde hace más de diez años por parte de las autoridades
británicas se refiere a que se consideran, por parte del Reino Unido,
buques españoles con pabellón británico.
Desde el año 1980, una serie de armadores y empresas españolas son
titulares de buques con pabellón británico, en virtud de lo cual
pueden pescar cuotas asignadas al Reino Unido dentro de la política
común de pesca de la Unión Europea. El Reino Unido ha intentado,
mediante la aprobación de normas nacionales, en especial de la
Merchant Shipping Act del año 1988, establecer distintos requisitos
de nacionalidad, residencia, participación en capital y otros, para
dificultar que los buques con pabellón británico, propiedad de
empresas armadoras de capital de otros Estados miembros, pudieran
pescar cuotas asignadas al Reino Unido. Esta legislación fue
declarada contraria a la normativa comunitaria por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas en las sentencias Agegate
Jaderow y Factor Tame, que indicaban que las restricciones
establecidas por la normativa británica eran contrarias a los
principios fundamentales del Tratado y, no obstante, dicha
jurisprudencia estableció la posibilidad de que los Estados miembros
exigieran a los buques que pescan sus cuotas un vínculo económico
real con el Estado de pabellón, aunque no se definió ese vínculo de
manera positiva. En concreto, el considerando 26 de la sentencia
Jaderow decía lo siguiente: El sistema de cuotas puede justificar
efectivamente la existencia de requisitos que tengan por objeto
asegurar un
vínculo económico real entre el buque y el Estado miembro de que se
trata, por cuanto tales requisitos tienden a que se beneficien de las
cuotas las poblaciones que viven de la pesca, así como las industrias
conexas.
Con motivo de las negociaciones iniciadas en el año 1996 para la
elaboración del Tratado de Amsterdam, el Reino Unido presentó una
propuesta de protocolo, a añadir al Tratado, mediante el cual se
estableciera en el derecho comunitario la posibilidad de imponer
restricciones a la libertad de inversión en buques bajo pabellón de
los Estados miembros por parte de empresas y nacionales de otros
Estados miembros. Dicho protocolo era, a nuestra juicio, un intento
de reintroducir las medidas que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas consideró contrarias a la normativa comunitaria,
pero modificando esta normativa para que fueran ajustadas a derecho.
España reaccionó de manera contundente contra estas pretensiones,
llegando a presentar dos memorandos ante la Unión Europea, negándose
a aceptar esta enmienda de la normativa comunitaria y también
explicando las razones en que se apoya para la dacción de este
rechazo. La firmeza en la respuesta obligó a las autoridades
británicas a desistir de su solicitud buscando, en su lugar, una
serie de declaraciones del Consejo, con motivo de la aprobación del
Tratado de Amsterdam, que permitieran alcanzar un significado
semejante, al menos desde el punto de vista político, puesto que
jurídicamente estas declaraciones no tienen efecto.
Durante las negociaciones celebradas en junio pasado para la
aprobación de ese Tratado España se negó en rotundo a que se
adoptaran en el Consejo ese tipo de declaraciones por entender que
eran contrarias a la normativa comunitaria, y que en ningún caso
podrían tener un respaldo político declaraciones contrarias a la
normativa en vigor. Por ello, también fue rechazada la pretensión
británica de que el Consejo adoptara ningún tipo de declaración sobre
este asunto. Dado que las autoridades británicas no habían obtenido
ningún tipo de resultado con las intenciones antes explicadas, con
fecha 17 de junio, y con motivo de la firma del Tratado de Amsterdam,
el primer ministro británico y el presidente de la Comisión
realizaron un intercambio de cartas mediante el cual se plasmaba una
solicitud británica de interpretación sobre el concepto del vínculo
económico real y la respuesta de la Comisión a dicha interpretación.
La carta del primer ministro británico solicitaba que la Comisión
manifestara su opinión sobre la imposición de ciertos requisitos
alternativos para demostrar que existía un vínculo económico real
entre los buques y el Estado de pabellón. Los requisitos que proponía
el Reino Unido en su carta eran, alternativamente, desembarcar al
menos el 50 por ciento de las capturas en puertos del Estado de
pabellón, emplear una mayoría de tripulación residente en áreas
dependientes de la pesca del Estado de pabellón o comenzar una
mayoría de mareas desde puertos del Estado de pabellón.
El presidente de la Comisión, señor Santer, en su respuesta reconocía
que las medidas indicadas en la carta del primer ministro británico
podían establecer, de manera coherente con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la existencia de un
vínculo económico real entre los buques y el Estado de pabellón.
Finalmente, el 31 de julio de 1998, tras arduos exámenes por parte de
la Comisión y con la participación muy activa de la delegación
española, en cuanto a desmontar ciertos argumentos que la
Administración británica pretendía introducir en estas normas, la
Comisión dio el visto bueno a la normativa que establece distintas
opciones: en cuanto a las descargas establece la posibilidad de que
se demuestre el vínculo económico real mediante la descarga del 50
por ciento de las especies sometidas a las cuotas en el Reino Unido;
también mediante la existencia de un 50 por ciento de tripulación
residente en zonas costeras del Reino Unido; otra posibilidad era que
los buques realizaran gastos por el 50 por ciento del valor de los
desembarcos o el 50 por ciento del total de los gastos operativos del
buque en el Reino Unido; también aceptaba otras medidas propuestas en
este caso por los armadores así como combinaciones de todas estas
posibilidades.
Como digo, estos requisitos han sido distintos de los pretendidos en
un principio por el Reino Unido, en el sentido de que se ha
introducido la posibilidad de admitir cualquier tipo de gasto dentro
del cómputo; la posibilidad también de cambiar de sistema de
demostración del vínculo económico real durante el mismo año, o la
posibilidad, por ejemplo, de aceptar grandes reparaciones como una
parte de los gastos constituyentes del vínculo; es decir, en alguna
medida fue modificada la propuesta inicial del Reino Unido.
Sin embargo (y este tema ha sido analizado por los servicios
jurídicos del Estado), esta normativa, así entendida, no resulta
atacable jurídicamente, ya que se trata de normas que, insisto, tal y
como están formuladas, no son discriminatorias, son proporcionadas,
son alternativas y admiten combinaciones o nuevos medios de prueba
por parte de los armadores. Por tanto, de acuerdo con los servicios
jurídicos -y esta es una cuestión no ya política; cuando se intentó
introducir modificaciones al Tratado o declaraciones en el Consejo el
Gobierno se opuso totalmente, y en la parte que se refiere a la
consideración jurídica el Tribunal ha santificado la posibilidad de
que se exija un vínculo económico y real) estas medidas son conformes
al derecho comunitario y, en opinión también del servicio jurídico,
lo que cabe es prever un seguimiento estricto, que se está realizando
con las empresas implicadas, para conocer de la aplicación de estas
normas por parte del Reino Unido o de otros Estados miembros que
también las están aplicando, de modo que si de la aplicación se
derivara cualquier acto contrario al derecho sería inmediatamente
recurrido ante los Tribunales, por supuesto con la participación
activa del Gobierno español.
Es decir, en esta cuestión, en nuestra opinión, existen dos ámbitos:
el ámbito político, que yo he señalado y sobre el cual no ha habido
ninguna concesión por el Gobierno español, y el ámbito jurídico, que
ha sido y está siendo seguido muy de cerca por parte del servicio
jurídico del Estado en coordinación con las empresas afectas. Si de
la aplicación de estas normas se derivara cualquier discriminación
hacia empresas de capital español, se pondrían los medios necesarios
para acudir con este tema al Tribunal de Luxemburgo que, en su caso,
tendría que dictaminar si la forma en que se está aplicando el
vínculo económico real, que él mismo ha dicho que era posible
establecer, es contraria o no al derecho comunitario.
Paso a la siguiente comparecencia, que es el futuro de la pesca del
pez espada. De la pesca del pez espada en nuestro país dependen,
aproximadamente, unos 150 barcos, con base en puertos gallegos y
andaluces, que pescan no solamente pez espada, sino que en su
economía inciden también de forma muy importante en los últimos
tiempos distintas especies de escualos o especies como la palometa.
El pez espada es una especie que está sometida a un exceso de presión
por pesca. Las recomendaciones de ICCAT a lo largo de los últimos
años son muy restrictivas y este recurso está sometido a cuotas
dentro de ICCAT, Comisión para la conservación del atún atlántico.
Concretamente, la gestión por parte de ICCAT se realiza en dos stock
separados: por una parte, el stock que se sitúa al norte del paralelo
5 grados norte y, por otra, el stock que se sitúa al sur de 5 grados
norte. En el stock que se sitúa al norte, España tiene una
participación del 41,25 por ciento del total de la cuota de todo el
Atlántico, siendo la siguiente cuota la de Estados Unidos, con un 29
por ciento, y las siguientes, ya muy lejos, Canadá, con un 10 por
ciento, Portugal, con un 7,5 por ciento, y Japón, con un 6,25 por
ciento. En lo que se refiere al stock sur, que se reguló en el año
1997, España tiene un 40 por ciento del total, siendo la segunda
porción en importancia Japón, con un 25,75 por ciento, Brasil, con un
16 por ciento, y Uruguay, con un 4,75 por ciento. Quiero decir con
ello que España mantiene una parte importantísima de las cuotas,
tanto en el norte como en el sur, con lo cual somos un país
especialmente interesado en la conservación de este recurso y
especialmente responsable también de su conservación.
Hemos tomado ya decisiones consecuentes con esta situación de los
stock y con esta necesidad de conservación, y concretamente se han
cerrado los censos, es decir, no se están admitiendo nuevos barcos
para la pesca del pez espada debido a la contingentación existente en
el recurso; se ha procedido al reparto de las cuotas entre los buques
participantes en la pesquería, tanto los del sur como los del norte,
para procurar una mejor gestión empresarial y se está incentivando
una diversificación de las actividades mediante su orientación hacia
la pesca en mares que en este momento todavía no están contingentados
y que no tienen los problemas de conservación que está teniendo el
Atlántico, concretamente hacia el Índico y hacia el Pacífico, donde
está empezando a haber una mayor actividad de los buques españoles, e
incentivándola, como digo, desde la Administración a través de la
modificación del real decreto que regula la renovación de buques,
mediante la cual se permite la construcción de buques con el doble de
capacidad cuando se renuncia a la pesca en el Atlántico y se dirige
exclusivamente hacia estos dos stock que he citado anteriormente, el
Índico o el Pacífico. Esto responde a la necesidad de que en estas
zonas se opere con buques con la mayor autonomía y también a la
necesidad de incentivar la salida de buques del Atlántico para pescar
en estas otras zonas con menores problemas de recursos. Por otra
parte, se están realizando campañas experimentales de pesca en el
Pacífico para procurar un mejor conocimiento de las zonas de pesca de
esta especie e incentivas así el desplazamiento de flota hacia estos
mares.
En los últimos meses hemos venido sufriendo una crisis de precios del
pez espada debido, principalmente, a la confluencia
de una serie de factores: por una parte, tenemos el problema
de la crisis asiática que, sin duda, está influyendo de forma muy
concreta en este sector, debido a que Japón, Corea, etcétera, son
países demandantes de este pescado y han reducido mucho sus compras
en los últimos meses, lo cual produce una confluencia mayor hacia el
mercado español. También se debe a una reducción del consumo de esta
especie en mercados tradicionales como el de Estados Unidos y por el
endurecimiento, por otra parte ya conocido y frecuente, de las
medidas sanitarias en este país en relación con este recurso, y
también a la actividad, como es bien conocido, de banderas de
conveniencia, que actúan sin respetar las normas de la Comisión para
la conservación del atún atlántico y que, como ya se ha dicho alguna
vez en esta Cámara, es uno de los principales objetivos en cuanto a
acabar con esta irregular actividad.
En ese sentido, tengo que decir que la posición del Gobierno español
ha venido siendo muy clara hacia este tipo de banderas. Tenemos una
actividad muy intensa tanto en el ámbito de las organizaciones
internacionales, en cuanto a adoptar medidas para conseguir este tipo
de actividades, tales como la FAO, en la aplicación del acuerdo de
cumplimiento, como en la Comunidad Europea en lo que se refiere a las
modificaciones reglamentarias necesarias, y estamos defendiendo, como
base de esta filosofía, la responsabilidad del Estado de pabellón
frente a otras teorías que en los últimos tiempos se están
propugnando, tendentes a exigir otro tipo de responsabilidad a los
nacionales que se embarcan en estos buques y que pensamos que están
totalmente fuera de lugar.
Concretamente, se han emprendido una serie de acciones, como ha sido
solicitar a la Comisión Europea, al amparo del Reglamento 3759/1992
del consejo, por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la pesca, la adopción inmediata de medidas
apropiadas para evitar que persista la actual situación de
perturbación en el mercado, que, por cierto, en estos momentos está
remitiendo parcialmente. En la línea de lo anterior, y en el mismo
contexto, España ha apoyado que en la modificación del reglamento de
control, modificación aprobada en el último consejo de ministros de
pesca el día 17 de diciembre, se hiciesen más estrictas las
condiciones en que los buques de terceros países acceder a los
puertos comunitarios y desembarcar sus mercancías de origen
extracomunitario en nuestros puertos. Esto se ha visto reflejado en
el Reglamento 2846/1998 del Consejo de 17 de diciembre, que modifica
el Reglamento 2847/1993, por el que se establece un régimen de
control aplicable a la política pesquera común. Este reglamento tiene
un período de entrada en vigor de seis meses y permitirá incrementar
de forma muy notable la capacidad de control sobre la flota de
terceros países en puertos comunitarios.
Continuando con este tipo de actuaciones, y siempre con el objeto de
mejorar la situación actual de la flota dedicada a la pesca del pez
espada, se han adoptado las siguientes medidas: la eliminación
progresiva desde el año 1996 de las condiciones de acceso al censo de
planes de superficie, que, como citaba anteriormente, es un censo que
está demasiado dotado de buques. En cierta medida es preciso llamar
la atención sobre el hecho de que este censo ha funcionadocomo una
especie de cajón de sastre en los últimos
años, que ha dado lugar a una cierta situación de sobre
dimensionamiento del mismo. Se está haciendo un especial seguimiento
de la aplicación directa en todo el territorio nacional del
Reglamento 1093/1994, del consejo de 6 de mayo de 1994, por el que se
establecen las condiciones en las que los buques de pesca de terceros
países podrán desembarcar directamente y comercializar sus capturas
en los puertos de la Unión Europea. (Termina el señor Juárez.)
En este contexto, la Agencia Tributaria -el departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales- ha cursado una nota con fecha 13 de enero a
todas las aduanas autorizadas comunicando que el despacho o la libre
práctica del pez espada congelado procedente de los desembarcos
directos desde buques de pesca de terceros países sólo se podrá
realizar siempre que el precio franco frontera sea igual o superior
al precio de referencia. Para el año 1999 ha sido fijado dicho precio
en 3.069 euros/tonelada, aproximadamente, 511 pesetas/kilo.
Está prevista también la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de un real decreto sobre normalización y tipificación de los
productos de la pesca frescos, refrigerados o cocidos, al que seguirá
previsiblemente otro real decreto de normalización y tipificación de
los productos congelados, lo cual aportará claridad a toda la cadena
comercial, con unas normas generales de regulación que permitirán la
identificación de los productos tanto en cuanto a la especie como en
cuanto al origen, que también incrementarán de forma notable la
transparencia de los intercambios internacionales de pez espada.
Como consecuencia de la futura entrada en vigor de la recomendación
adoptada en la decimoprimera reunión extraordinaria de la Comisión
internacional para la conservación del atún atlántico, ICCAT,
celebrada en Santiago de Compostela en el mes de noviembre de 1998,
se está elaborando la normativa que, en transposición de la citada
recomendación, prohibirá el desembarco y transbordo en los puertos
españoles de barcos de partes no contratantes que hayan cometido una
grave infracción no cumpliendo con las medidas de gestión y
conservación adoptadas por la Comisión. Esto representa un freno
definitivo importante a las actividades de barcos con banderas de
conveniencia en nuestros puertos. Entre las medidas adoptadas para
paliar esta situación, quiero citar que el Ministerio, a través del
FROM y en colaboración con el sector, elaborará una campaña de
promoción para que a nivel nacional se informe y fomente el consumo
de pez espada capturado directamente por nuestra flota pesquera.
Por último, situación de la flota española ante el anuncio de no
renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos y
medidas a adoptar por el Gobierno. La flota pesquera española que
faena al amparo del acuerdo con Marruecos en este momento es de unos
406 barcos -unos 4.200 tripulantes-, lo cual da idea de la magnitud
de este problema, al cual el Gobierno de una gran importancia.
El Gobierno viene concediendo una prioridad absoluta a las relaciones
bilaterales con Marruecos en este asunto y se han producido numerosos
contactos a todos los niveles entre el Gobierno español y el Gobierno
marroquí. Por citar los más sobresalientes, se produjo la visita de
la ministra de
Agricultura en marzo de 1997 y se celebró una reunión de alto nivel
en Rabat el 30 de abril de 1998, donde los jefes de ambos gobiernos
tuvieron la ocasión de abordar este problema: Por lo demás, se han
producido visitas recientes de los dos ministros encargados de esta
materia en Marruecos, una de ellas el 10 de noviembre de 1998, y se
producen frecuentemente numerosos contactos de los distintos
ministros del Gobierno -en esto hay que hacer especial hincapié, no
solamente de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, que
lógicamente por razón de la materia es la principal en este asunto-
que abordan este tema de forma prioritaria en sus relaciones con
Marruecos.
Asimismo, es un tema que se prioriza constantemente en los contactos
entre el Gobierno español y la Comisión Europea. Hay que ser
conscientes de que quien negocia un acuerdo, a pesar de que es un
acuerdo donde la mayor parte de las posibilidades de pesca las
disfruta España, es la Comisión, y los contactos al más alto nivel
sobre esta materia han sido constantes tanto a nivel de Pesca y
comisaria de Pesca como a nivel también del propio presidente del
Gobierno en reuniones tales como la última que mantuvo con el Colegio
de Comisarios el pasado 2 de diciembre.
Por tanto, quiero resaltar que ésta es una cuestión a la cual el
Gobierno otorga una prioridad fundamental al máximo nivel político y
que ha sido abordada desde hace ya muchos meses -yo diría que desde
la toma de posesión de este Gobierno- bilateralmente con Marruecos y
también a través de la Comisión Europea. Sin embargo, es necesario
tomar conciencia de que una negociación es cosa de dos y que la otra
parte, que es Marruecos, debe ser convencida de la necesidad de
buscar una salida favorable para ambas partes.
Marruecos es un país que ha tenido en los últimos meses cambios
políticos muy importantes y en los últimos años también cambios
sociales muy importantes, que está planteando unos proyectos muy
ambiciosos de desarrollo del litoral en base al sector pesquero y
que, de acuerdo con las manifestaciones que han venido haciendo tanto
los miembros del Gobierno marroquí como distintos estamentos sociales
y políticos en Marruecos, entiende que el acuerdo comunitario de
pesca está yugulando el desarrollo de su propio sector pesquero. Es
cierto que Marruecos ha cambiado de forma notable, insisto, tanto
política como socialmente, y, en nuestra opinión, este cambio de
orientación y de actitud que se está produciendo en el Gobierno y en
la sociedad marroquí debe ser tomada en consideración con mucha
seriedad y es necesario trabajar conjuntamente con la Comisión, así
como con el otro Estado miembro principalmente afectado, que es
Portugal y, en general, con todos los Estados miembros de la Unión
Europea sobre este asunto para tratar de buscar medidas
satisfactorias para ambas partes, teniendo en cuenta que estamos
tratando con un país soberano, socio y amigo en el sur de la
Comunidad, que tiene una gran importancia para la estabilidad de toda
la región.
Como digo, se está poniendo el máximo empeño en buscar una solución
favorable para ambas partes. En nuestra opinión esa solución tiene
que pasar por un acuerdo que tenga unas mayores dosis de cooperación
en todos los aspectos en el terreno de la pesca con Marruecos y, por
supuesto, esperamos que antes de que el actual acuerdo
finalice podamos tener alguna solución. Es evidente que, de persistir
la situación actual -actualmente Marruecos posee una actitud muy
contraria a la renovación-, el Gobierno tendría que afrontar las
consecuencias que ello podría reportar para el sector, pero se está
trabajando de forma muy intensa desde hace meses con la Comisión para
tratar de buscar alternativas satisfactorias para ambas partes
y pensando en la necesidad de que la actividad de la flota pesquera
española en Marruecos se pueda planificar con un futuro a mayor largo
plazo que los acuerdos actuales y con una mayor estabilidad, de modo
que pensamos que deberíamos aprovechar esta ocasión de cambio para
conseguir que el tema pesquero deje de ser un tema, por decirlo de
alguna forma, problemático en las relaciones entre ambos países y se
convierta en un asunto de cooperación empresarial y de colaboración
también entre las administraciones, entre los gobiernos, que pueda
ser, insisto, satisfactoria a largo plazo para ambas partes.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tienen la palabra los grupos
solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, el Grupo
Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego. Tiene la palabra su
portavoz, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Efectivamente, a las ocho
de la tarde de un lunes estamos hablando de un tema muy importante,
desde nuestro punto de vista, el tema de la pesca. Por tanto, en
primer lugar hay que agradecer la comparecencia del señor Secretario
general de Pesca en esta Comisión, porque, desde luego, las
comparecencias no son frecuentes. Yo sé que no es por culpa del
Secretario general, señor Juárez, ni mucho menos, que sé que viene
aquí cada vez que le llaman, pero en todo caso hay que constatar que,
si no recuerdo mal, la última comparecencia fue el 28 de mayo del año
pasado, además en condiciones relativamente poco aconsejables para el
transcurso de un debate como éste. También se lo agradecemos porque
la señora Ministra no comparece en esta Comisión, supongo que porque
está ocupada en más altos temas. De todos modos, como reflexión, diré
que después de tres años de gobierno del Partido Popular era
conveniente dar explicaciones en esta Cámara, hacer balance de la
política ministerial, hablar de las perspectivas generales de la
pesca, cosas que me parecerían interesantes. Asimismo, nos parece
interesante la comparecencia- y se lo digo con todo respeto, señor
Juárez porque, a lo mejor, a lo largo de la misma nos podemos enterar
un poco más, tanto la oposición como la opinión pública, de cuáles
son los planteamientos del Ministerio para las distintas
problemáticas de la pesca, porque con toda sinceridad tengo que
decirle que en el Ministerio está habiendo una tendencia paulatina
a la opacidad informativa, por lo menos en lo que se refiere a las
respuestas que da a las preguntas que se le hacen, y me remito al
«Diario de Sesiones».
Como decía, la pesca merecería debates en mayor profundidad; desde
luego, para el Bloque Nacionalista Galego es un sector muy
importante. Hoy mismo, debido a esta escasez de debates, acumulamos
varias comparecencias, diversas todas ellas algunas con poca
actualidad ya; pero ya digo que es un medio básico de vida para
comarcas enteras,
que genera gran cantidad de puestos de trabajo directos
e indirectos, que proporciona un elevado valor añadido; en esencia, que
es fundamental para el mantenimiento de la actividad económica de
comunidades autónomas que, como Galicia, y bien lo sabe el señor
Secretario general, sufren un retraso importante en su desarrollo:
Seguimos siendo objetivo número 1 en la Unión.
A nosotros nos parece que hay una constante en el problema de la
pesca: Que siendo un sector dinámico y competitivo, un sector que
tiene iniciativa, que fue capaz de adaptarse tecnológicamente, que
tiene conocimientos, porque para pescar hay que saber, se encuentra
con un problema constante, con un futuro incierto, de manera general
se puede decir que sufre una tendencia constante al recorte. Por
tanto, se encuentra en una situación preocupante y poco alentadora, y
de la exposición del señor Secretario general -muy correcta en la
forma, pero abordando poco los problemas de fondo- tampoco cabe
deducir una situación halagüeña, ni que en un futuro nos espere una
situación mejor. El señor Secretario general ha hablado de los fondos
estructurales; yo me voy a remitir a sus palabras, que, si no le he
entendido mal, reflejan dos cuestiones: La primera, la tendencia de
la Comisión a disminuir los fondos estructurales y, la segunda, la
utilización de estos fondos para seguir avanzando en el desguace de
la flota. Me parece que ahí hay una orientación que no es nueva,
porque muchas veces decimos que la Unión Europea no tiene política
pesquera y yo creo que sí la tiene, pero siempre orientada en este
sentido.
El señor Juárez también ha hecho referencia al problema de la
disminución de las ayudas a las empresas mixtas, a las dificultades
que le van a poner a la hora de recibir las ayudas, etcétera. Por
tanto, esta primera tendencia marca un futuro poco alentador en este
terreno. Pero decía que en el tema de la pesca en general,
reconociendo que hubo algunos éxitos parciales, algún acuerdo nuevo
que permitió la recolocación de algunos barcos, etcétera, la
situación de la flota es de retroceso constante desde la adhesión del
Estado español a la Comunidad Económica Europea. A mí me parece que
hay una pérdida de posiciones relativa en el contexto europeo y un
retroceso constante a nivel de los caladeros internacionales, y esto
se está produciendo en un contexto en el que las capturas a nivel
mundial no disminuyen, sino que aumentan, y en el que determinadas
flotas de Estados comunitarios incrementaron el número de barcos y de
capturas, por cierto en detrimento de los intereses de la flota
española. Es decir, que los argumentos que muchas veces se utilizan
para explicar el constante retroceso de las flotas, como el estado de
los recursos o la pertenencia de los caladeros a otros países, a mí
me parece que no son explicación suficiente, porque si lo fuese las
reducciones de flota se darían a todos los niveles; esto es,
afectarían a todos los países por igual y eso no es así, no lo es,
como decía, en el contexto mundial y tampoco lo es en el contexto
europeo. Yo creo que es conocido por todo el mundo que países como
Irlanda o Dinamarca en los últimos años aumentaron mucho el volumen
de sus capturas, sus derechos de pesca, etcétera. Por tanto, a mí me
parece que debajo de todo esto tiene que haber una explicación
política, que es lo que hay que debatir. Yo vengo repitiendo desde
hace mucho tiempo -porque efectivamente a mí me parece
que esta explicación tiene que existir- que la Unión Europea no
defiende los intereses pesqueros españoles; antes al contrario,
parece apostar más bien por reducir la importancia de nuestra flota,
por cierto, como decía antes, en beneficio de otras flotas europeas,
y a mi me parece también que el Gobierno español es incapaz de hacer
valer los derechos de nuestra flota en la Unión Europea, que muchas
veces parece limitarse a dar por buenas sus decisiones, a seguir
aceptando los recortes, a seguir afirmando que sí, que hay recortes,
pero que eran los previstos. Por ejemplo, usted acaba de hacer
referencia al problema del acuerdo con Marruecos y dice que el
Gobierno está dando mucha importancia tanto a las relaciones
bilaterales como a la relaciones en el seno de la Unión Europea
destinadas a conseguir algún tipo de acuerdo con Marruecos sobre el
tema pesquero. Yo creo que si se admite que el Gobierno da prioridad
a estos temas y no consigue los resultados apetecidos, hay que
concluir que está fracasando en este tipo de iniciativas. Es decir, o
el Gobierno no da prioridad a este tema o, si se la da, como usted
dice, y no consigue resultados, es que está fracasando.
Hay cuestiones que subyacen en todo este asunto de la pesca, como es
quién es Marruecos, país socio, amigo, la estabilidad en la región,
etcétera. Yha hecho usted una afirmación que a mi me preocupa: Ha
hablado de aprovechar esta ocasión para que el tema pesquero deje de
ser un problema en las relaciones con Marruecos. A mí eso me preocupa
porque si Marruecos consigue -y la Unión Europea no hace lo que tiene
que hacer- que desaparezca la flota de las aguas del banco canario-
sahariano y aguas saharianas, por cierto, probablemente el problema
pesquero deje de ser un problema en las relaciones bilaterales con
Marruecos con la desafectación de esta flota.
Pero sin desviarme de lo que decía al principio, tango que admitir
que la actuación de la Unión Europea en el tema pesquero es
absolutamente sorprendente; a lo mejor si algún día me la explican la
podré entender. No es sólo que la adhesión del Estado español al
entonces Mercado Común se hiciera aceptando condiciones leoninas para
nuestros intereses -se aceptaron propuestas destinadas a reducir de
forma drástica la presencia de la flota española en aguas
comunitarias, y sobre eso hay escritos libros que usted conoce, señor
Juárez-, sino que durante el período siguiente se aceptaron recortes
superiores a los establecidos en los POP en el número de barcos,
mientras otros Estados miembros no los cumplieron, y estamos en una
situación en que la Unión Europea amenaza a los incumplidores, pero
de momento las sanciones no se han concretado en nada.
Nos encontramos también con actuaciones, que probablemente desde el
punto de vista jurídico sean legales -yo no lo voy a cuestionar
porque no soy jurista-, de Estados miembros que van destinadas a la
expulsión de la flota no sé ya si española con pabellón británico o
británica con capital español, en todo caso de la flota de intereses
españoles que pesca en aquellas aguas. Usted hizo referencia a la
Merchant Shipping Act, y conocemos las consecuencias que tuvo, de
cuya batalla si no me equivoco resultaron indemnizaciones a pagar por
el Gobierno británico a nuestros armadores, que todavía no se
concretaron en nada y que estarían cifradas en unos 18.000 millones.
Ahora está
la nueva legislación británica, que es limitante de la libertad de
actuación de nuestra flota y de la que en tiempos pasados estaba
establecida, y usted se ha referido a las nuevas condiciones en las
que tiene que desarrollar su actividad, lo que a mí me parece que se
mire como se mire va destinado a una cuestión clara, es decir a
insistir en medidas destinadas a nacionalizar la flota británica de
capacidad español, a hacerse en esencia con una flota tan importante
en un puerto como el de ACoruña. ¿Perjudican estas medidas a nuestros
intereses? Pues a mí me parece que sí. ¿Y van a seguir insistiendo en
esas medidas? Pues yo estoy convencido de que no van a parar hasta
conseguir que la mayoría o, al menos, los sectores más débiles de la
cadena de esta flota empiecen a vender las licencias. De hecho, no sé
si será cierto o no, pero en todo caso ha habido noticias de prensa
que decían que cuando menos ocho barcos estaban ya dispuestos a
vender sus licencias.
Por todo ello me parece que hay una política pesquera de la Unión que
se ve reforzada con el nuevo diseño de fondos IFOP que me parece
dista mucho de poder considerarse favorable para nuestros intereses,
sino más bien al contrario. En cuanto a la defensa que la Unión
Europea hace de los intereses de nuestra flota en terceros países, me
parece que no tiene calificativo; yo no se lo encuentro. Me parece
que la falta de interés de la Unión Europea en este terreno es de tal
magnitud que se llega a la situación de que los países firmantes de
acuerdos pesqueros con la Unión Europea se saltan lo acordado sin el
menor problema. Desde luego, me parece que no tengan ninguna
represalia por incumplir los acuerdos firmados. A mí esto me resulta
sorprendente. Aconteció con el acuerdo firmado por Marruecos del que
luego hablaremos más, cuyos términos se saltó este país ampliado,
unilateralmente, por ejemplo las paradas biológicas. Está
aconteciendo con el acuerdo entre la Unión Europea y Argentina, que
modifica también unilateralmente las condiciones vigentes en un
sentido negativo para los intereses de nuestra flota. Yme parece una
evidencia que la Unión Europea se muestra incapaz de hacer respetar
los acuerdos que firma y por tanto en esencia de hacer que se
respeten las inversiones realizadas por nuestras empresas pesqueras.
No sé si en otros campos de la actividad económica o de los acuerdos
que firma la Unión Europea se producen estas situaciones. A mí me
parece que no. Si a esto unimos la falta de agilidad para poner en
marcha los mecanismos de defensa que la Unión Europea contempla, como
aconteció recientemente por ejemplo en los casos de los mercados en
la cuestión del pez espada, me parece que el panorama es muy
preocupante. He dicho más de una vez que nosotros creemos que el
pesquero debe ser considerado un sector económico más en el seno de
la Unión y debe ser defendido como tal. Una vez ejercitada la defensa
y el amparo político, ya veremos cuál es su evolución. Yo creo que
con el amparo político nuestro sector pesquero podría evolucionar
favorablemente en el contexto europeo y mundial, porque ya decía
antes que tenemos capacidad para ello.
Por tanto, me parece que una de las cuestiones claves de la situación
de la pesca sería modificar la política pesquera
que está llevando a cabo la Unión Europea, y en eso debería empeñarse
el Gobierno español.
La falta de defensa de los intereses pesqueros -yo al menos lo
percibo así- casualmente siempre afecta también a los eslabones más
débiles, y en este caso a una comunidad autónoma como la de Galicia,
donde la pesca tiene tanta importancia. Yo creo que hay que reconocer
que en los últimos años esta política supuso una clara disminución en
el número de barcos y en el número de empleos.
Creo que en este terreno (y esto lo cito de pasada no tanto porque
sea objeto de este debate, sino por ejemplificar esta situación), la
actitud que mantuvo la Comisión Europea ante Canadá fue de debilidad
después de la guerra del fletán, saldada desde luego con un triunfo
canadiense y después de firmar la paz en aquella famosa y
enternecedora foto con el señor Tobin y la señora Bonino. En esencia,
Canadá sigue empeñado en el control de las aguas fuera de las 200
millas, vulnerando el derecho marítimo internacional y como se frene
acabaré consiguiéndolo. Podemos referirnos también a la concepción de
la política pesquera de la UE en el sentido de la reiteración en
dejar los acuerdos de pesca siempre al margen de los acuerdos
comerciales globales dejándolos para una negociación paralela o
posterior, lo cual dificulta en mi opinión conseguir buenos acuerdos
de pesca. La desidia de la Unión Europea no es que lo diga en este
momento este portavoz, sino que como usted sabe también recientemente
la asociación de empresas comunitarias en sociedades mixtas presentó
un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad acusando a la
Unión Europea por no defender sus intereses en Argentina, lo que creo
es un ejemplo de esta situación.
Me parece, señor Juárez, también con todo el respeto y salvando
naturalmente a su persona, que la posición del Gobierno en este
contexto es de extrema debilidad. Hablando del pez espada, usted hizo
referencia también a una serie de medidas que se pusieron en marcha
para contener la crisis de precios derivada de factores que me parece
usted citó correctamente, como la crisis asiática, el cierre de
mercados de Estados Unidos y fundamentalmente el problema de las
banderas de conveniencia, pero usted también reconocerá que esas
medidas tardaron en ponerse en marcha. El sector las venía demandando
aproximadamente desde julio y no se pusieron en marcha hasta
prácticamente el mes de diciembre, no dando la debida importancia al
problema que se le venía encima a la flota del pez espada y aceptando
-lo digo con todo respeto, y es el criterio del sector- a
regañadientes las medidas que el sector proponía en este terreno,
como el problema de los precios de referencia, etcétera, que son por
cierto medidas que contempla la propia Unión. Lo único que el sector
pedía era que se activaran medidas que la Unión Europea contempla.
Ahora aparece en el horizonte un nuevo problema, sobre el que usted
ya ha dicho que es de envergadura (si no me equivoco, citó que en
estos momentos en el caladero del banco canario hay 406 barcos), y es
que estamos ante la más que evidente no renovación del acuerdo de
pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Me parece que esto es así,
porque las declaraciones de todas las administraciones van en ese
sentido. Es un acuerdo que como usted sabe finaliza el 1 de
diciembre, pero también con paradas biológicas intermedias de algunas
flotas en el período entre febrero y
diciembre, por lo que el problema se va a plantear para algunas
flotas definitivamente en septiembre, porque si no me equivoco en
septiembre y octubre hay paro biológico de la flota cefalopodera y
dudo mucho que vuelva en noviembre por un mes a aquellas aguas. Es
igual, en todo caso el problema está encima, y es evidente también
que la no renovación de un acuerdo va a tener repercusiones
especialmente importantes en algunas comarcas y en algunos puertos
pesqueros. Creo que se verían claramente afectadas de haber una
disminución drástica en la presencia de barcos que en este momento
están faenando allí, y me parece que el Gobierno no tiene demasiados
planes para resolver este problema, al menos, no los escuché en su
exposición. Me parece que ustedes nos están transmitiendo en el fondo
que hay que aceptar la no renovación de este acuerdo fundamentalmente
porque Marruecos pretende desarrollar el sector pesquero y habrá que
dar esa posibilidad a un país tercero subdesarrollado, y los que
defendemos que se renueve un acuerdo de este tipo, nos veríamos casi
en la situación de actuar como imperialistas respecto a Marruecos.
Ya he dicho alguna vez que estoy de acuerdo con el desarrollo y con
los intercambios iguales entre los países. Estoy convencido de que la
Unión Europea le puede dar a Marruecos muchísimos campos de actividad
en los que desarrollarse económica y socialmente, pero curiosamente
parece que el campo en el que hay que perder nuestros intereses para
beneficiar a un tercer país sigue siendo el de la pesca. Tienen esa
actitud, pasar a un nuevo tipo de acuerdo que no sería parecido para
nada al actual y que probablemente implique la aparición de empresas
mixtas. En todo caso usted reconocerá que cualquier solución de
nuevas fórmulas de colaboración entre la Unión Europea y Marruecos
será siempre negativa para nuestros intereses y supondrá el abandono
de un importante número de barcos en ese caladero, lo que conllevará
importante número de barcos en ese caladero, lo que conllevará
importantes consecuencias negativas en el empleo.
Creo que esta situación se veía venir desde hace tiempo. El acuerdo
negociado en su día fue específico y con un coste económico para la
Unión. Se hizo en el marco de un mercado abierto para los productos
pesqueros marroquíes, y ya planteaba una disminución de buques en el
caladero; pero por lo que se va sigue siendo insuficiente. Este
acuerdo, como decía, no fue respetado por Marruecos. Se impusieron
paradas biológicas unilaterales, sin acuerdo de la comisión mixta,
sin base en las prospecciones científicas de los stocks, sin respeto
a las vedas, fundamentalmente entre las seis millas, con el problema
que todos conocemos de las zonas de reproducción, y la actividad de
las pateras, con apresamientos por no hablar de cobros bajo cuerda,
etcétera. Todo esto, según creo, tolerado por la Unión Europea.
Nosotros en su día ya expresamos nuestra preocupación por lo que
estaba aconteciendo, porque era evidente que la cuestión caminaba
hacia donde parece que va a acabar: a expulsar a una parte importante
de la flota española de aquellas aguas.
Parece que la situación actual pasa fundamentalmente por dos
cuestiones. Una, que Marruecos no está de acuerdo con renovar el
compromiso de la Unión. Ya se sabe que los compromisos se renuevan o
no en función de lo que se
ofrezca, pero a mí me parece que el problema fundamental vuelve a
estar en que la Unión Europea o tiene ningún interés en renovar este
acuerdo, siempre hace referencia a los costes económicos que suponen,
etcétera. A mí, señor Juárez, me parece preocupante que se vaya a
renovar o que esté tomada ya la decisión de no renovar. No sé si
existen conversaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
para establecer esas nuevas fórmulas de colaboración. Me gustaría
saber qué se está haciendo en concreto para prever las consecuencias
negativas que van a acontecer, porque como digo usted me desmiente
que no se va a renovar tal acuerdo, que va a implicar desguace de
barcos, pérdida de puestos de trabajo, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Vázquez, ya conoce S.S. la flexibilidad de
esta Presidencia respecto al tiempo, pero le recuerdo que hay otros
portavoces con los que vamos a tener la misma flexibilidad y sería
bueno que concretase más en la formulación de las preguntas u
observaciones para que el señor Juárez pueda contestar.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Tiene usted toda la razón,
señor presidente. Concluyo con rapidez.
Respecto de la renovación del acuerdo con Marruecos nos parece que el
Gobierno debe dar por buena la posición de la Unión Europea y debe
esforzarse por intentar que la Unión renueve un acuerdo que permita
mantener el actual statu quo en el caladero de banco canario-
sahariano, porque de lo contrario se abrirían perspectivas muy
negativas para zonas costeras muy importantes, al menos para mi país
para Galicia.
El señor PRESIDENTE: El segundo grupo parlamentario que ha pedido
comparecencia es el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su portavoz, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Señoría, entre paisanos vamos a
economizar el tiempo; mi brevedad compensará la largueza que ha
tenido don Guillerme Vázquez.
Es cierto que por parte del Grupo Parlamentario Popular se pidió la
comparecencia del secretario general de Pesca para que nos aclare una
serie de planteamientos que hicimos en su día, y que en algunos casos
han quedado un tanto desfasados. Igual que hacía el señor Vázquez,
agradecemos al señor secretario general su presencia y esperamos que
la Mesa en otras circunstancias no acumule tantas comparecencias como
las de hoy, con temas tremendamente importantes que posiblemente
necesitarían mucho más tiempo tanto por parte de señor secretario
como por parte de los portavoces de los distintos grupos a fin de
analizar cada una de estas situaciones, muchas de las cuales, repito,
señor presidente, son tremendamente importantes como se verá más
adelante.
En aquellos entonces, como decía, había un tema candente, el de las
redes de enmalle a la deriva, y como decía el señor secretario
general, gracias a la colaboración del sector, del Gobierno y de
todos los grupos parlamentarios se ha logrado iniciar el
desmantelamiento definitivo de las mismas, especialmente en el
Atlántico y en el Mediterráneo.
Queda el Báltico, por una serie de peculiaridades que
lógicamente se mantendrán; pero quiero transmitir al señor secretario
general de Pesca nuestra preocupación a fin de que el convenio al que
se ha llegado que se inició con el 40 por ciento en 1998, llegue a la
erradicación definitiva en el año 2001. Por tanto le rogaría que
transmitiera la inquietud de mi grupo -y creo que la de todos los
demás- porque este convenio se cumpla de una vez por todas y este
problema, que repito era un tema candente en este Congreso, se lleve
a cabo.
En cuanto a la Agenda 2000, la Unión Europea está tendiendo a la
reducción de los fondos estructurales, especialmente a aquellas
naciones que han cumplido los requisitos para la integración absoluta
en la Unión Europea. España es una de ellas y no es que tengamos
problemas en el tema de la pesca, sino que tenemos problemas en
general en todos los fondos que, repito, pretenden tener una dotación
importante. No estamos de acuerdo con otros portavoces para que el
objetivo fundamental de la Unión Europea sea el desmantelamiento de
la flota. Los fondos para el Objetivo 1 están fundamentalmente para
modernización y renovación de la flota pesquera. Hay otros temas, y
como parlamentario del Congreso español tenemos que defender que haya
otras regiones que no pueden acceder a estos fondos. En este
Parlamento también se han planteado exigencias por parte de otras
regiones, como Baleares o el País Vasco, que no pueden acceder, que
se encuentran discriminadas en el propio sector respecto a otras
regiones que sí son Objetivo 1. Ese es un planteamiento que se ha
dado aquí, y sin duda habrá parlamentarios o regiones que intenten
conseguir que esta discriminación no se plantee.
En el tema de Andalucía también estábamos entonces tremendamente
preocupados. Había una discriminación absoluta en el tratamiento que
daba Andalucía a su sector pesquero dado que no tenía capacidad para
tramitar todos los expedientes. Recuerdo que cuando estábamos
aproximadamente en el 60 por ciento en las demás regiones, Andalucía
ni siquiera llegaba al 10 por ciento, lo cual era una discriminación
absoluta con estas regiones que sí cumplían con excedo los
compromisos de los fondos del IFOP en tanto que Andalucía se
encontraba excedente de tesorería. Tanto es así, señor secretario
general, que es posible que Andalucía alcance en estos momentos un
porcentaje adecuado en cuanto a tramitación, pero según nuestros
conocimientos no en cuanto a la subvención que tiene que conceder
como región, pues tiene que conceder el 5 por ciento del total de la
construcción y según nuestras noticias Andalucía debe a los armadores
del orden de 3.000 millones de pesetas en este apartado. Quiero
pensar que los está utilizando para subvencionar el medicamentazo o
los próximos incrementos de las pensiones que tendrán ahora. (El
señor Banco López: ¡Pero qué dice! Ni idea.)
El señor Blanco, como siempre, dando la nota, señor presidente, pero
ya estamos habituados.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les rogaría silencio para escuchar al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Nos congratulamosde que por fin
Andalucía tenga capacidad para gestionar
los fondos del IFOP, porque de esa manera los armadores andaluces no
se considerarán tan desamparados como hasta el momento. Esperamos que
los portavoces de grupos parlamentarios presentes en la sala en este
momento sean capaces de ver que si la deuda de Andalucía con sus
armadores es de 3.000 millones de pesetas, hay que cumplirla de una
vez por todas y dejar de destinar fondos a otros menesteres que no le
corresponden.
Voy a saltarme el orden para hablar del pez espada. Si duda se ha
avanzado muchísimo; era petición unánime del sector el cierre de
caladero. Como bien apuntaba el señor secretario general, este era un
cajón de sastre en el que se metía cualquier barco que no tuviese
cupo en ese momento para pescar otras especies. Se ha logrado esto y
parece ser que el Iccat se ha metido definitivamente en el asunto;
falta normalizar el caladero para que esos buques de bandera de
conveniencia no puedan campar por sus respetos, es decir falta una
organización fuerte que se capaz de normalizar de una vez por todas
el stock que se produce en los caladeros. Por otra parte, hay que
potenciar esas campañas experimentales para buscar otros caladeros
más alejados, como puede ser el Pacífico o el Índico, en lo cual se
está trabajando en estos momentos.
Hay otra petición del sector, a la que el señor secretario general no
ha hecho mención, y es que tenemos serios problemas con las descargas
en determinadas naciones sudamericanas, en especial Chile. Los barcos
que faenan en el Pacífico tienen problemas de desembarco de sus
capturas, lo que supone una notoria complicación. Le rogaría, señor
secretario general, que se encargase de buscar soluciones a esta
delicada situación; que el control en nuestros puertos de las
capturas y descargas de los barcos de bandera de conveniencia se haga
a rajatabla porque el sector tiene gravísimos problemas en estos
momentos, y la caída de precios ha sido fulminante. Japón, que era
uno de los mayores compradores de estas especies, ha dejado de
comprar y Estados Unidos tiene limitación de importaciones; como
siempre que quiere limitar algo, Estados Unidos dice que tiene mucho
y limita. Está accediendo al mercado español un gran contingente de
este pescado, lo que ha dado lugar a una bajada importante de los
precios con la consiguiente pérdida para los armadores de esta
especie.
Dos temas importantes para los que creo se puede hacer una exposición
generalizada: los barcos ingleses de capital español y Marruecos. El
señor Vázquez intenta decir que la Unión Europea hace dejación de sus
funciones o menosprecia al sector pesquero en sus negociaciones con
otros países; es posible que sea así, que no le den suficiente
importancia; yo también afirmaría que es así, que la Unión Europea no
da importancia suficiente al sector pesquero. Hay que tener en cuenta
que en gran parte de la Unión, o en los países más importantes, el
sector pesquero no tiene importancia relativa dentro de su economía;
para países como Alemania el sector pesquero prácticamente no tiene
importancia, pese a que es una de las naciones que ha incrementado la
flota.
Quisiera decirle al portavoz del Grupo Mixto, miembro en este caso
del Bloque Nacionalista Galego, que todos los países han intentado
cumplir; creo que hay pocos países que han incumplido. Si algunos
países han incrementado sus capturas, como Irlanda o Dinamarca, me
temo que es
porque se está canalizando por ellos mucha pesca de otros países como
Rusia o Noruega, que nos invaden con sus capturas de bacalao o de
salmón. Los países de la Unión Europea están intentando cumplir y
redimensionar sus flotas de acuerdo con el POP 3 y con el POP 4. Nos
ha dicho el señor Vázquez que las negociaciones del POP 4 han sido un
gran éxito por parte de nuestro Gobierno en su negociación y que
prácticamente no se han reducido las capturas que se venían
realizando hasta la fecha.
En este momento, los países costeros que tienen caladeros, que tienen
peces, intentan cambiarlos por algo. Hasta ahora, la Unión Europea
tenía una clave para estas negociaciones: acceso a recursos, acceso a
mercados, pero los países costeros están cambiando drásticamente; por
eso decía antes que Marruecos e Inglaterra tienen el mismo contexto
en la explicación. La vinculación económica pueden ser tremendamente
preocupante para nuestra flota pesquera; vinculación económica que se
pretende introducir o que se está introduciendo ya en Inglaterra, que
se pretende introducir en Argentina -no se ha dicho, pero lo están
haciendo ya con la famosa ley de pesca-, que Marruecos está
introduciendo directa o indirectamente, y que Canadá o cualquier otro
país puede introducir a cambio de nuestro acceso a sus recursos.
Esto es preocupante por muchísimas razones; especialmente hay que
invertir allí, hay que invertir en instalaciones en tierra, hay que
gastar el dinero en esa nación, hay que desembarcar en esa nación -lo
cual es preocupante por muchos motivos que no hacen al caso-, lo que
supone un control más exhaustivo que el que se puede tener en otros
puertos y puede ser la muerte de puertos españoles tan importantes
como el puerto de Las Palmas. Si se lleva a cabo con convenio con
Marruecos por el que estemos obligados, por ejemplo, a descargar el
cien por cien en el puerto de Agadir -curiosamente, hecho con dinero
español-, el puerto de Las Palmas tendría un gravísimo perjuicio.
Está claro que a medida que transcurre el tiempo la Unión Europea o
el propio Gobierno español tendrán cada vez más problemas para
negociar, pero ahí está la habilidad que nuestros armadores han
demostrado, no siempre han tenido bonanza en la mar, han tenido
bastantes tormentas y las han superado adecuadamente.
Marruecos tiene una flota tremendamente importante. En los últimos
años ha construido más de quinientos barcos de gran porte; barcos que
también hemos construido los españoles, y que curiosamente no nos han
pagado. Marruecos está intentando aprovechar sus propios recursos,
y el que quiera aprovechar los recursos que pague por ellos; pero no
como le paga la Unión Europea en estos momentos, más de 100.000
millones de pesetas al año a los que están dispuestos a renunciar.
Por otra parte, a cada convenio que se hace de pesca con
contraprestación por medio, países como Francia o Alemania intentan
oponerse en la Unión Europea; Inglaterra ya ha dicho públicamente que
no está dispuesta a pagar contraprestaciones económicas por acuerdos
pesqueros.
El tema de Marruecos es sin duda difícil de llevar a cabo. Decía el
señor Vázquez que la renovación del acuerdo es difícil; es que no
está contemplada la renovación. Los acuerdos que se han venido
produciendo con Marruecos hasta la fecha siempre tenían una
renovación posible; en
estos momentos no se contempla una renovación. No quiero culpar a
ningún Gobierno anterior; lejos de mi intención culpar al Gobierno
socialista que fue el que llevó a cabo el anterior convenio o
acuerdo. Sabemos, porque lo seguimos puntualmente, que ese acuerdo
fue tremendamente difícil de conseguir y que los firmantes también
eran conscientes de que posiblemente aquél fuera el último acuerdo
que se firmaba con Marruecos. Por tanto no hay ningún tipo de
renovación, sino que hay que intentar hacer un nuevo convenio,
parecido a éste o de distinta forma, aunque repito que mucho me temo
que si llegamos a algún convenio con Marruecos ese convenio va a
tener muchas vinculaciones económicas, lo cual no va a ser
beneficioso ni para nuestra flota ni para nuestros puestos, en
especial el de Las Palmas de Gran Canaria.
Estoy totalmente convencido, como decía el señor secretario general,
de que el Gobierno español pondrá todos los medios a su alcance para
intentar que este acuerdo, uno similar u otro de cualquier otro tipo
se mantenga con Marruecos, porque los cuatrocientos barcos y, como
decíamos, los más de cuatro mil tripulantes localizados
fundamentalmente en dos regiones como pueden ser Andalucía y Galicia,
y dentro de Galicia en una zona muy concreta como puede ser la
península de Morrazo, sin duda son un tema tremendamente preocupante
no solamente para algún grupo o minigrupo político (Risas), sino
preocupante para todos los grupos que componen la Cámara.
Le diría al señor secretario general que le agradecemos, sin duda,
las gestiones y el interés que está poniendo en el tema de Marruecos
y estamos totalmente convencidos de que serán capaces de presionar a
la Unión Europea para que busque una solución eficaz a este convenio
con Marruecos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla, por su brevedad y
concreción. ¿Grupos parlamentarios que deseen formular preguntas
u observaciones? (Pausa.)
Le quisiera decir al señor Mantilla, ya que esta Presidencia ha sido
aludida en cuanto a la celebración de comparecencias sobre temas de
pesca, que tanto esta Presidencia como su Mesa y Junta de Portavoces,
está sometida a los calendarios de la Cámara, que incluso la
celebración de esta misma comparecencia está fuera del calendario y
que precisamente se celebra esta Presidencia y esta Mesa, así como
algunos de los portavoces incluso acordaron que fuera específicamente
de pesca y fuera del calendario. Por tanto, creo que esta Presidencia
hace los esfuerzos que buenamente puede, a pesar de las limitaciones
que tiene con los calendarios previstos.
No vamos a generar una polémica. Le voy a ceder la palabra, señor
Mantilla, pero le regaría que fuese lo más breve posible.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Brevísimo. Lejísimos de mi intención
ofender a la Presidencia o molestarla.
El señor PRESIDENTE: No ha habido ofensa, simplemente una alusión y
una recomendación de que convoque
más a esta Comisión de Agricultura con temas específicos de pesca.
Pasamos a continuación al Grupo Vasco del Partido Nacionalista Vasco
(EAJ-PNV) y tiene la palabra su portavoz el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señor presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Vasco agradezco, en primer lugar, la presencia
del señor secretario general de Pesca, así como la información que
nos ha suministrado.
Por razones de brevedad, dada la hora en la que estamos, voy a
centrarme sólo en el segundo punto de su intervención en el que se ha
referido a la reforma de fondos estructurales y, resumiendo un poco
lo que tenía preparado, voy a hacer preguntas concretas.
En estos momentos existe una gran preocupación en el sector pesquero
vasco que tiene la impresión de que ha sido marginado por parte del
Gobierno español y que sus intereses no han sido defendidos
suficientemente en Bruselas, preocupación y malestar que afecta tanto
a empresarios como a trabajadores y que, repito, tienen la impresión
de encontrar mayor comprensión para sus problemas en Bruselas que en
Madrid.
Centrándome ya en tres puntos diré, en primer lugar, que los siete
objetivos actuales que presenta el proyecto de reglamento parece que
quedarán en el próximo marco refundido en tres y que las regiones y
naciones del Estado español que actualmente están encuadradas como
regiones de fuera del objetivo 1 se encuadrarán en el futuro objetivo
2, pero existe un límite según el cual este objetivo 2 futuro sólo
puede afectar a un 18 por ciento de la población comunitaria. La
pregunta concreta es: ¿Provocará esta circunstancia que algunas de
las regiones o naciones del Estado español que actualmente está
encuadrada como región de fuera de objetivo 1 quede fuera del futuro
objetivo 2 y consecuentemente de los apoyos del IFOP?
En segundo lugar, en el proyecto de reglamento se establece la tan
solicitada equiparación de los porcentajes de ayuda entre regiones de
objetivos 1 y 2 para las inversiones de flota. ¿Existe algún
interrogante sobre este particular? ¿Ha habido oposición por parte de
algún Estado miembro?
En tercer lugar, en el anterior borrador de reglamento la Comisión
abogaba por una regionalización de todos los ámbitos de intervención,
es decir, por programas regionales frente a programas estatales. El
Gobierno español se ha opuesto desde siempre a regionalizar la
política de flota argumentando que los programas de orientación
plurianuales son objetivos a cumplir por los Estados y no por las
regiones y que se perdería el control sobre el crecimiento de la
flota. Desde Euskadi siempre se ha defendido la regionalización de
todos los ámbitos sin que ello suponga descoordinación con el Estado.
Si las medidas se cofinancian entre el País Vasco y la Unión Europea,
¿por qué tenemos que estar sometidos a planificación de ámbito
estatal o a comités de seguimiento? ¿No podemos pensar -y esta es la
última pregunta- en planificaciones regionales y en comités de
seguimiento regionales de acuerdo con el marco jurídico y financiero
de los Estados miembros?
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la portavoz del
Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Solsona i Piñol.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor presidente, señoras y señores
diputados, aunque con un cierto retraso hemos tenido hoy la
posibilidad de compartir Comisión con el secretario general de Pesca
y se lo agradecemos.
Nuestro grupo en esta ocasión no ha pedido la comparecencia, no
obstante entendemos que es bueno que su dirección general nos
explique cuáles son las prioridades de la política pesquera y sobre
todo el encaje de la política pesquera de cara al 2002.
Tenemos la impresión, señor secretario general, de que al Gobierno le
va bien que las decisiones se tomen en Bruselas. La incorporación del
Estado español a la Unión Europea ha conllevado que las negociaciones
con países terceros sean una competencia de la Unión Europea, por
tanto la señora Bonino será la que tenga que negociar el próximo
convenio con Marruecos. ¿Alguien se imagina el interés que pueda
tener una comisaría italiana en soluciones ese problema si no ha sido
capaz de que los pescadores de su país dejen de pescar con redes de
enmalle a la deriva de más de 25 kilómetros de longitud en el
Mediterráneo?
El Ministerio ha hecho llegar al comisario de Pesca de la Unión
Europea la preocupación del sector español y, en consecuencia, se ha
iniciado la estrategia de cara a las nuevas negociaciones. ¿Qué
opina, señor secretario general, de las zonas con accesos limitados,
como el box de Sheland o el de Irlanda o el acceso al Mar del Norte,
realmente a partir del 2002, que es pasado mañana? ¿Estas zonas
estarán abiertas en igualdad de acceso, o sea, de una forma que no
sea discriminatoria a las flotas de los Estados miembros?
Durante los últimos veinte años la flota comunitaria se ha sometido a
un proceso de adaptación de sus estructuras a través de los fondos
POP. Antes del 2002 tendría que finalizar este proceso de adecuación.
¿Cree, señor secretario general, que será posible cumplir los plazos?
Por último, en otro orden de cosas, nuestro grupo cree que tendría
que lograrse en el conjunto de la Unión Europea una total coherencia
sobre legislación en tallas mínimas. ¿Qué opina el Gobierno? ¿Piensa
adoptar alguna medida al respecto?
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco López.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor secretario general de Pesca, señora
ministra ausente. Digo señora ministra ausente porque con este
Gobierno solamente ha comparecido una vez la ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación para hablar de los temas de pesca en esta
Comisión. Eso demuestra que cuando nos estamos quejando de la
política en el seno de la Unión Europea respecto a los problemas de
pesca no prestamos un minuto de atención a saber cuál es el interés
también de España, de nuestro país por estos temas.
El interés lo da el propio Gobierno porque la ministra está ausente
de esta Cámara para hablar de estos temas, parece como si no fueran
con ella, como ocurrió en el
reciente conflicto de Algeciras que cuando era un problema de
pescadores, aparte de ser diplomático, no se sabía que existiera una
ministra de pesca en el Gobierno de España. Ya lo anuncio que se han
registrado en la Cámara numerosas solicitudes de comparecencia de la
ministra, que sólo se harán si comparece la ministra, así como
numerosas preguntas, en orden a traer un debate de pesca a la
Comisión; también le anunció que si la ministra no viene a la
Comisión tendrá que ir al Pleno del Congreso a través del mecanismo
de la interpelación, porque no es posible que cuando están abiertos
numerosos frentes de interés para España la ministra del Gobierno
español esté ausente del debate político en este tema. Por eso en
este momento queremos poner énfasis en esta situación.
Es hora de hablar con claridad. Se les acabaron los activos. A lo
largo de estos años de Gobierno han vivido de rentas; han vivido de
rentas porque cuando ustedes asumieron la responsabilidad de gobernar
toda la flota estaba faenando, los objetivos planteados en los
programas de orientación plurianual POP 3 estaban cubiertos, existía
un instrumento, que es el IFOP, que tenía un plan de financiación
para el período 1994-1999. Por tanto, desde el punto de vista del
Gobierno, tenían todos los problemas resueltos, simplemente, debían
gestionar los activos que estaban encima de la mesa.
Cuando estamos en un momento en el que hay convenios que van a
finalizar, cuando hay que negociar en la Unión Europea nuevos fondos
estructurales y, por tanto, nuevos programas de orientación, es
cuando el Gobierno de España tiene que demostrar que tiene capacidad
para afrontar los retos que tiene por delante. La impresión que
tenemos -lo hemos deducido a lo largo de su exposición- es que usted
está justificando sistemáticamente los fracasos del Gobierno; mal
empezamos las negociaciones. En esta Comisión usted acaba de
justificar la posición de Marruecos cuando todavía no ha finalizado
un convenio, cuando lo que deberían estar exigiendo es que se cumpla
ese convenio firmado -que ustedes no lo están exigiendo-, cuando
teníamos que estar diseñando una estrategia para renegociar o, si
ustedes quieren, negociar otro, pero en todo caso posibilitar que
nuestra flota siga faenando en esa zona, usted adopta la posición de
justificar la postura de Rabat, incluso en el titular de algún
periódico usted dice que entiende la posición de Rabat. Mal empezamos
un proceso de negociación muy importante para los intereses de
nuestro país; mal empezamos cuando usted hace un diseño de las
propuestas de financiación respecto a la Agenda 2000 y no nos explica
cuál es el planteamiento de su Gobierno, por lo menos para que nos
dejen como estamos en la financiación de la Agencia 2000, para que no
existan recortes. No le estamos pidiendo nada más que seguir
avanzando en la modernización de nuestra flota pesquera, con fondos
comunitarios, como los que disponíamos en el período 1994-1999. No
queremos que nos diga que las empresas mixtas van a tener más
dificultades como consecuencia de la negociación de la Agenda 2000;
entendemos que lo que tiene que hacer este Gobierno es precisamente
un diseño político que posibilite que nuestras empresas mixtas, por
poner un ejemplo al que usted hacía referencia, no tengan más
dificultades de las que ya están teniendo en estos momentos como
consecuencia de nuevas leyes de
pesca que han aparecido, por ejemplo, en el Reino Unido. Por cierto,
usted también ha justificado la posición de la Unión Europea en la
negociación para aceptar las condiciones del Reino Unido cuando lo
que tienen que hacer es un planteamiento beligerante para defender
los intereses de España, no aceptar resignados los acuerdos que en
este caso se han alcanzado en el seno de la Unión Europea con el
Reino Unido para que aplique una nueva normativa, que si bien es un
avance con respecto a lo que planteaban sigue siendo un retroceso y
un perjuicio para la flota que está allí faenando o para los
empresarios que tienen capacidad en pabellón británico.
También he escuchado alguna reflexión que me parece muy preocupante.
Decía un portavoz que los armadores han demostrado buen talante en
las negociaciones. Es el colmo decir que tienen que ser los
diferentes sectores, Algeciras, ahora los armadores, etcétera, los
que tienen que negociar; eso le corresponde al Gobierno de España y
éste no le puede dejar a los pies de los caballos. Hay una filosofía
que ha escuchado en varias intervenciones que me preocupa. Dicen: No,
el problema es que la Unión Europea no negocia; quien tiene que
negociar es la Unión Europea, es su responsabilidad. Por el
contrario, nosotros pensamos que el más interesado tiene que ser el
Gobierno de España. Y cuando los socialistas, señora ministra
ausente, señor Juárez, decimos que España está perdiendo peso en
Europea, se está traduciendo en lo que ustedes están reconociendo,
porque perdemos peso Europa, perdemos capacidad de influir, perdemos
capacidad de presionar, perdemos capacidad de renegociar acuerdos,
perdemos, en definitiva, posibilidades de pesca permanentemente,
aunque ustedes a veces presenten como éxito lo que están siendo
fracasos. Por ejemplo, en la última renegociación de las
posibilidades de pesca, los TAC, ustedes plantearon, como siempre,
que nos iban a recortar más de lo que nos recortaron; luego, hicieron
una media aritmética diciendo que era el 3 por ciento, incluso en ese
cómputo valoran igual el abadejo que el rape, cuando usted sabe que
no tienen el mismo valor de mercado, y hacen una media que nada tiene
que ver con un recorte brutal en bacalao, un 25 por ciento, o en
rape, el 15 por ciento. Conclusión: es verdad, se ha recortado menos
de lo que ustedes nos han dicho en un principio, pero la verdad del
tema es que vamos perdiendo posibilidad de pesca, negociación tras
negociación, año tras año y esto es grave para los intereses de
nuestra flota.
Vivimos, por tanto, en una incertidumbre porque hay una importante
flota que está faenando y que no sabe qué va a pasar después de que
finalicen esos convenios; incertidumbre porque no sabemos cuál va a
ser el futuro de los fondos comunitarios; incertidumbre porque no se
están cumpliendo los objetivos y parece que está imperando la ley de
la selva en relación al POP 3 y al POP 4. Le puedo dar los datos de
cómo países de la Unión Europea han aumentado sus buques y sus
toneladas de registro bruto en los años 1997 y 1998; es decir, que no
solamente no recortan ni hacen esfuerzo pesquero, sino que aumentan
sus toneladas de registro bruto, lo que significa una competencia
desleal y aquí no hacemos absolutamente nada, aquí miramos para otra
parte como si eso no fuera con nosotros.
En este sentido, creo que habría que tener una estrategia, un diseño,
una política más ofensiva, en definitiva,
para influir en que la Unión Europea tuviera interés por los temas
pesqueros, porque si no los tiene y hay un Estado miembro, como
España, en el que una buena parte de sus sectores depende de esos
acuerdos, tendría que poner esta cuestión encima de la mesa para
convencerles -y ahí está su responsabilidad- de que eso fuese así.
Desde el Grupo socialista no le vamos a pedir mucho más de lo que se
ha hecho en otras etapas, en todo caso que nos dejen como estamos,
que nuestra flota siga faenando como hasta ahora, que los fondos
estructurales sigan viniendo como venían en el período 1994-1999; no
le estamos exigiendo nada nuevo.
También sería necesario clarificar en esta sesión algunas cuestiones
que son motivo de las comparecencias específicas. Es verdad que el 8
de junio se alcanzó un acuerdo para la erradicación de las redes de
enmalle a la deriva, es verdad; pero no es menos cierto que en esa
costera, precisamente en la de ese año, se ha venido vulnerando la
normativa, no la acordada el 8 de junio, sino la que exisitía y que
prohibía que se faenara con volantas de más de 2,5 kilómetros. Ha
habido pesqueros irlandeses con volantas hasta de 20 kilómetros que
faenaron en la costera del bonito pasado, lo que llevó a que mucha
flota tuviera que abandonar la zona. Así se ha puesto de manifiesto.
Usted decía, por cierto, que el sector pesquero estaba satisfecho. Le
voy a comentar lo que decía el sector pesquero el día 22 de
septiembre en algún medio de comunicación. Decía lo siguiente: cuando
el pasado día 8 de junio los ministros de pesca de la Unión Europea
aprobaron la supresión definitiva de las volantas los boniteros, en
este caso de Burela, ya alertaron de los posibles conflictos en el
mar. Fueron varios los pescadores que vaticinaban -usted dice que
dos-, pese a la sonrisa de la ministra Loyola de Palacio, que las
volantas no iban a desaparecer por voluntad de los mandatarios sino
por el agotamiento de los recursos pesqueros.
En definitiva, usted expresaba que había una gran satisfacción en el
sector, pero era lo que decía el sector el 24 de septiembre cuando
observaba cómo no se cumplía la normativa existente en relación a las
volantas, y aquí nadie ha hecho absolutamente nada.
Quisiera aclararle, sobre todo a algún portavoz, una cuestión en
referencia con la gestión de los fondos IFOP en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. En gasto comprometido, la Comunidad Autónoma de
Andalucía en este momento se sitúa por encima incluso de la Comunidad
Autónoma de Galicia. Los datos de la Dirección General de esta misma
mañana en gasto comprometido son de un 85 por ciento; por tanto, es
un nivel considerable. Cuando había problemas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía -porque hay que decirlo- eran derivados de que
algún grupo de la oposición, haciendo la pinza, no aprobaba los
presupuestos, se venía funcionando con presupuestos prorrogados y no
había capacidad de dotar específicamente partidas para desarrollar
los programas IFOP: años 1995 y 1996. Apartir de esa época, cuando se
pudieron aprobar los presupuestos porque ya el pueblo andaluz,
sabiamente, otorgó la posibilidad de que el Gobierno tuviera la
mayoría suficiente para aprobar los presupuestos, se vinieron
corrigiendo esos desfases y ya en el presupuesto de este año hay
partida suficiente para que definitivamete quede corregido el déficit
que venía de los años 1994 y 1995. Conviene
aclarar estos conceptos porque a veces se hace excesiva demagogia
sobre ellos.
Comparto la reflexión del portavoz que solicitó la comparecencia en
relación al pez espada; por tanto, no voy a insistir. Me parece
importante tener presente que las condiciones que se han impuesto,
con el beneplácito de la Unión Europea y en todo caso del Gobierno de
España, para la flota que faena bajo pabellón británico son bastantes
duras y han supuesto un revés considerable para las empresas mixtas.
Hay que reconocer que estamos en peores circunstancias de las que
estábamos y eso es compartido además por la gente que está sujeta a
este acuerdo. Lo mismos sucede con el tema de Argentina -aunque no es
objeto de comparecencia, pero ya se ha hecho alguna reflexión por
algún portavoz-, donde hemos visto incluso cómo los armadores
tuvieron que interponer un recurso -porque la Unión Europea no
defendía los intereses del sector ni el Gobierno de España, que debía
ser el más interesado, hacía de un esfuerzo diplomático que
conveniera- para defender que se cumpla un acuerdo suscrito entre la
Unión Europea y Argentina.
Finalmente, me voy a referir a un tema que tiene mucha importancia
para el Grupo Parlamentario Socialista, que es el tema de Marruecos.
Es mucho empleo directo, se decía de más de 4.000 personas, es mucho
empleo indirecto y es un tema prioritario para nuestro país. Si es
prioritario - decía algún portavoz-, y no se ven resultados,
tendremos que concluir en que hay cierta incapacidad por parte de
quien tiene que gestionar esto.
No se escuden en la Unión Europea. A la Unión Europea se le ha
convencido en un momento determinado y puso muchos recursos encima de
la mesa, cerca de 20.000 millones, para que se pudiera firmar ese
convenio. En el fondo, lo que sucede es que hay intereses comerciales
o de otros países a los que les importa, permítanme la expresión
coloquial, un bledo el tema de la pesca, que prefieren acentuar en
las negociaciones con Marruecos otro tipo de intereses comerciales y
dejar a un lado el tema de la pesca; no nos olvidemos. Como en todas
las negociaciones, en el seno de la Unión Europea, lo primero que
teníamos que hacer es buscar aliados para este viaje y luego
convencer y poner los instrumentos que tengamos encima de la mesa
para tratar de llegar a un acuerdo. Yo no hablo de renegociación, lo
único que quiero es que haya un acuerdo que posibilite que la flota
que está faenando en esas aguas pueda seguir haciéndolo, esto es lo
que está planteando el Grupo Parlamentario Socialista y por lo que
vamos a pelear en los próximos tiempos, porque entendemos que puede
poner en peligro una buena parte de nuestra flota.
En definitiva, concluyo -son las nueve y cinco de la noche y es una
hora prudente para ir concluyendo- diciendo que nuestro país, señor
Juárez, señora ministra ausente, ha ido perdiendo posiciones,
reconózcanlo -algún portavoz lo ha hecho, incluso del grupo que
sustenta al Gobierno-, y, por tanto, le invitamos a que hagan un
esfuerzo complementario añadido para tratar de despejar las
incertidumbres. Afortunadamente, de estos temas de pesca ya se
empieza a hablar en la prensa económica del país. Señoría, no es muy
fácil que en los medios nacionales despierte interés este tipo de
información, pero vemos cómo empieza a despertarlo a lo largo de
estos últimos dos meses, lo que
pone de manifiesto que podamos estar ante problemas de envergadura y
encontrarnos ante un año de perspectivas inciertas, casi negro, para
el sector de la pesca en nuestro país. Dedíquele la atención que
requiere, si es prioritario para ustedes demuéstrenlo, que comparezca
la ministra en la Comisión. Los responsables del Partido Popular
siempre sacaban la estadística, pero creo que no hay precedentes de
que una ministra en una legislatura sólo haya comparecido una vez
para hablar de los temas de pesca, ¡que comparezca en la Comisión, ya
que tiene solicitadas cinco comparecencias y formuladas más de una
docena de preguntas y, si no lo hace en la Comisión, tendrá que
hacerlo en el Pleno, ya que lo que no puede impedir, ni la Mesa en su
legítimo derecho ni el Gobierno, es que se pueda hacer una
interpelación en el Pleno del Congreso.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y a las
observaciones realizadas, tiene la palabra el secretario general de
Pesca, señor Juárez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA(Juárez Casado): Voy a
tratar de responder lo más rápido posible, teniendo en cuenta que son
ya las nueve y diez de la noche, aunque con la mayor concreción
a todas las preguntas y cuestiones planteadas aquí. Trataré de mantener
el orden de las comparecencias para que la cuestión resulte lo más
coherente posible.
En lo que se refiere a las redes de enmalle a la deriva, me podía
esperar cualquier cosa menos una crítica en esta Cámara, porque creo
que, con mucha prudencia, he señalado el tremendo aislamiento en que
estaba España en 1996 en esta cuestión, y que se me diga ahora que
eso significa perder peso en Europea me resulta realmente
sorprendente. Se ha sacado un recorte de periódico donde alguien dice
que se ha puesto de manifiesto un incumplimiento de la normativa.
Señor Blanco, hay que tener mayor celo en cuanto a las fuentes de
información, porque es cierto que esa cuestión se planteó en su
momento. De hecho mantuve una reunión con los representantes de la
flota pesquera de Burela, que era la única que decía haber visto unos
barcos en aguas de Irlanda, pero no pude constatar esas afirmaciones;
no digo que no sean ciertas, a pesar de que, extralimitándonos en
nuestras posibilidades, incluso enviamos un buque de inspección a
aguas jurisdiccionales irlandesas. Le puedo decir que la flota
francesa y la británica cumplieron escrupulosamente y existe una
sombra de duda sobre la flota irlandesa derivada de esas afirmaciones
que, insisto, no se han podido corroborar.
En cualquier caso, la prohibición de las redes de enmalle a la deriva
era un asunto tremendamente difícil. No hay más que ver la
tranquilidad que países como Francia o Italia tenían en este tema
porque tenían muy claro que no se iba a producir esa posibilidad de
prohibición.
El aislamiento en que se encontraba nuestro país antes del año 1996
es una buena prueba de que lo del peso en Europa habrá que medirlo
despacio. Por lo tanto, en cuanto a la prohibición de las redes de
enmalle a la deriva, el sector pesquero sabe perfectamente -créame-
que ha sido un éxito importante; un éxito que yo he dicho de forma
muy clara que no es atribuible exclusivamente al Gobierno, sino que
existe en toda la sociedad española, diría en
toda la sociedad europea en general, un gran mérito por haber
conseguido dar la vuelta a una situación contraria, de total
aislamiento de España hacia una posición en la cual se consiguió una
mayoría cualificada para una prohibición de un arte de pesca, lo cual
no tiene precedentes en la historia de la comunidad.
En lo que se refiere a la Agenda 2000, se han planteado muchas
cuestiones. El señor Vázquez hablaba de que no se quería demandar más
flotas. Yo he dicho que las medidas que se prevén en el reglamento de
desarrollo del IFOP en líneas generales responden a las expectativas
que tiene el sector, y el hecho de que se contemple la reducción de
flota es debido a que hay Estados miembros que necesitan esta medida.
Está muy claro que en nuestro país el cumplimiento del POP 4 se debe
a las buenas negociaciones de España. A pesar de que parece ser que
ha perdido peso en Europa. A pesar de que parece ser que ha perdido
peso en Europa, somos de los pocos Estados miembros que no tenemos
que reducir la flota con el POP 4. Decía que nosotros prácticamente
no vamos a tener que utilizar esta medida, salvo, insisto, en el
asunto de las empresas mixtas. Quiero decir claramente que las
empresas mixtas son una figura que todavía es interesante para buena
parte de la flota pesquera española, que en un momento dado puede
(como consecuencia del devenir de la tendencia del desarrollo del
derecho internacional del mar y de la posición de la mayor parte de
los Estados ribereños que tienen zonas económicas exclusivas de
pesca) seguir necesitando y optando por esta digura que, insisto, es
una figura alternativa muy importante para que nuestro país siga
teniendo una función relevante en el contexto mundial.
Por lo demás, quiero decir que es cierto que hay algún Estado miembro
que no ha cumplido los POP, concretamente el POP 3, pero no tantos
como se dice. Hay un par de Estados miembros, uno claro y otro con
algunas dudas. Debo decir que se está penalizando a los que no han
cumplido el POP, concretamente se les está privando de la posibilidad
de las ayudas estructurales, lo cual yo creo que es una penalización
importante, porque no hay que olvidar que sin estas ayudas
estructurales el sector tiene muy complicado situarse en unos niveles
competitivos, teniendo en cuenta la carestía de capturas que existe
para el conjunto de la comunidad. También quiero decir que no somos
los oque más nos hemos excedido en el POP, como también se ha dicho
aquí. Eso tampoco es verdad. Hay otros Estados que se han excedido en
el POP más que nosotros, com Portugal, Alemania o Dinamarca, que así
se ha citado como ejemplo de alguien que pesca más, lo cual no es
exacto, y quiero explicarlo. En Dinamarca han aparecido unas
estadísticas con unas capturas superiores a años anteriores, pero hay
que conocer el sector pesquero danés. El sector pesquero danés en
buena parte se dedica a la pesca de pelágicos para subproducto;
pelágicos cuya abundancia oscila grandemente de año para año, de modo
que los años de abundancia de pelágicos, las capturas son grandes y
aumentan; en años de escasez, disminuyen de forma drástica. Pero si
nos vamos al tamaño de la flota, si nos vamos al valor de las
capturas, sin duda está muy por debajo de nuestro país.
En cuanto a la pérdida de posibilidades de pesca y que mientras todo
el mundo aumenta sus capturas nosotros las
reducimos, quiero decir que tampoco es exacto. Es cierto que países
como España, que pescan a larga distancia, han sufrido de forma
intensa los cambios que se han producido en el derecho internacional
del mar en los últimos 20 años. Eso es cierto, es evidente y no puede
ser otra manera. Tengo que decir que si uno se va a las cifras de las
capturas que se realizan a larga distancia ve que hay países como
Japón, u otros que por motivos adicionales, como la Unión Soviética o
Polonia o Corea, ha reducido sus capturas de forma mucho más
importante porcentualmente que España. De modo que tampoco conviene
asentarse en esa especie de victimismo. Es cierto que ha cambiado el
escenario internacional y es cierto que hay que adaptarse. Adaptarse
o morir, dice el dicho. En este caso también hay que adaptarse y el
esfuerzo de internacionalización que está haciendo el sector pesquero
español es importante; es un esfuerzo que hay que apoyar y hay que
respaldar convenientemente y no verlo como una amenaza, sino como una
alternativa de futuro.
Siguiendo con la Agenda 2000, quiero decir que en nuestra opinión tal
y como está diseñada hoy la Agenda, concretamente en relación con el
IFOP, tiene dos amenazas principales: por una parte, la aplicación
del IFOP en todo el territorio de la Comunidad y, por otra, unas
medidas, como la renovación de las empresas mixtas, con las cuales
tenemos algunos problemas. A mí se sorprende que se me diga por qué
vengo aquí a citar los problemas y no ofrezco un diseño político para
evitarlos. Yo he comparecido hasta donde se a informar sobre el
estado de estas cuestiones. He pretendido dar una información fiel de
cuáles son las propuestas de la Comisión y cuál es la posición del
Gobierno español, de modo que habrá que esperar a ver cuál es la
resolución. Me parece sorprendente que, como consecuencia de relatar
en esta Comisión de forma fiel el estado de la situación, se diga que
existe una actitud conformista, con lo cual no puede estar, ni mucho
menos, de acuerdo. En relación con la Agenda 2000, yo creo que lo más
importante es saber que habrá IFOP en los próximos años, cosa que
estuvo cuestionada en su momento, como recordarán SS.SS.; que habrá
un abanico de medidas que, en mi opinión, en términos generales se
plantean como suficientes para las necesidades del sector pesquero y
que habrá una cuantía de fondos que será determinada a posteriori,
como bien saben, en relación con el Objetivo 1 y tendrá que ser
determinada en el curso de las negociaciones para el resto de los
objetivos.
En lo que se refiere a los planteamientos concretos que ha realizado
el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, quiero decirle que yo he
hecho alusión al problema de la cobertura territorial del IFOP fuera
del Objetivo 1. En estos momentos lo que está claro es que todos los
fondos se aplican en el Objetivo 1 y, por lo tanto, el IFOP es
aplicable en todo el territorio del Objetivo 1; pero como tal fondo
estructural sólo sería aplicable en las demás zonas no de Objetivo 1
que sean clasificadas como objetivo, concretamente como Objetivo 2.
Dado que hay un techo poblacional para el Objetivo 2, existe el grave
riesgo de que haya zonas de las regiones que no son Objetivo 1 donde
no sea aplicable el IFOP, lo cual traería consigo un problema grave
en la homogeneidad de aplicación de las ayudas, con lo que nosotros
no estamos de acuerdo. Yo he tratado de
explicar que existían tres posibles alternativas: por una parte, la
creación de un nuevo objetivo horizontal, cosa que es complicada,
porque, insisto, choca frontalmente con la filosofía de la Comisión,
con la que, por otros motivos, no podemos estar frontalmente en
contra. Es decir, en términos generales, considerado como la política
no ya del Ministerio de Agricultura y Pesca sino del Gobierno,
estimamos que necesitamos encontrar soluciones alternativas, tales
como el cambio de criterios para la designación del Objetivo 2 dentro
del 1 por ciento que se asigna a la pesca, lo cual es posible, o
también la posibilidad de que adecuadamente se haga aplicación del
Feoga-Garantía en aquellas zonas que queden fuera de objetivo. Es
intención del Gobierno evitar que esta situación se produzca y que
existan franjas costeras donde sean aplicables los fondos y otras
franjas costeras donde sean aplicables los fondos y otras franjas
donde no sean aplicables, desde el punto de vista pesquero, de forma
un poco aleatoria.
En segundo lugar, S.S. ha aludido a la posibilidad de que las ayudas
que recibe el beneficiario final sean las mismas, tengan los mismos
techos para los distintos Estados miembros, sean o no sean Objetivo
1, en función de que sean completadas con cofinanciación de otros
orígenes, en cualquier caso cofinanciación nacional. Como usted
conoce, tenemos una posición favorable a ese planteamiento y, de
hecho, todo lo que sea eliminar diferencias entre sectores de la
Comunidad, sin atentar contra los principios de la cohesión que
inspiran en definitiva la aplicación de los fondos estructurales,
pensamos que puede ser una opción válida y que nosotros defendemos.
En este momento la negociación está en una fase muy preliminar, pero
puedo decir que, en general, ha habido un recibimiento bastante
favorable o al menos no existe un rechazo claro a esta posibilidad.
Por último, me ha planteado la posibilidad de que se establezcan
programas regionales frente a programas horizontales a nivel de
Estado. Respecto a la flota pesquera, ha aludido a la posición
tradicional del Ministerio en este sentido. Tengo que decir que S.S.
empezó su intervención diciendo que los pescadores vascos se veían
más comprendidos en Bruselas que en Madrid, lo cual no me parece
exacto porque tendrían que ver, por ejemplo, las posiciones de
Bruselas respecto a las redes de deriva y las posiciones de Madrid.
Sería un buen ejemplo sobre dónde son bien comprendidos los
pescadores. En cualquier caso, quiero decir que ésta es la posición
según la cual los programas que atienden en general a la flota,
debido a que están vinculados a los programas de orientación
plurianuales, tienen que ser horizontales. La propia Comisión
defiende los programas horizontales en la flota pesquera, además lo
defiende como uno de los objetivos principales en esta negociación.
Tengo que decirle que el Gobierno comparte este punto de vista. Es
prácticamente imposible realizar una gestión de una flota que no
tiene fronteras, en lo que es su área de actuación en la mar, en base
a programas regionales porque estaríamos, de perjudicando
notablemente la gestión, además de al sector. Voy a decir una cosa.
En este momento, al existir un solo programa de orientación
plurianual para el Estado, hay comunidades que, por circunstancias,
han reducido sus flotas más que otras y en el conjunto del segmento
se cumplen los objetivos, mientras que
si uno fragmenta el programa en distintos programas regionales,
evidentemente las reducciones netas de conjunto al final son mayores,
lo cual es evidente.
Siguiendo con la cuestión relativa a los fondos y la polémica con
Andalucía, yo traté de hacer una exposición objetiva. No tengo ningún
interés en esta Comisión de hacer ningún tipo de crítica a la gestión
de una comunidad, y mucho menos a la Comunidad de Andalucía. Sin
embargo tengo que decir, en respuesta a las cuestiones que plantearon
los diputados, señores Mantilla y Blanco, que en el programa
operativo de IFOP 1994-1999 se contempla que las comunidades
autónomas tienen que aportar una cofinanciación al programa, con una
cuantificación determinada. Ustedes saben, por citar un ejemplo, que
para la construcción de un buque pesquero la ayuda estructural puede
llegar al 60 por ciento del coste, siendo la ayuda del IFOP el 50 por
ciento en el objetivo 1, y el 10 por ciento restante se divide entre
las administraciones central y autonómica. El hecho de que una
comunidad autónoma no cofinancie, como es el caso de Andalucía,
significa que en esa comunidad autónoma las ayudas son más bajas que
en las demás, siendo un perjuicio, en primer lugar, para el sector;
en segundo lugar, y me preocupa porque es verdad, en el conjunto del
programa operativo también se produce un déficit en la cofinanciación
nacional, en este caso por la parte que se deja de aportar de
cofinanciación autonómica que en estos momentos se cifra en torno a
unos 3.000 millones de pesetas, lo que puede producir en un momento
dado un problema serio con la Comisión Europea a la hora de aceptar
el cumplimiento del plan. Por tanto, es cierto que puede suponer un
problema.
En lo que se refiere a que el gasto comprometido de Andalucía sea
mayor que el de Galicia, yo creo que es una cuestión puntual y
absolutamente anecdótica. Creo que en este momento -ya lo dije-
Andalucía se ha puesto al día en términos generales, aunque en
términos de ejecución de pagos sigue algo atrasada. Si esta polémica
ha servido para que Andalucía se ponga al día y para que los
armadores andaluces perciban ayudas igual que los armadores de las
demás comunidades autónomas, bienvenido sea. Nosotros no tenemos otro
objetivo más que éste.
Tengo que contestar a lo de la famosa pinza porque es un argumento un
poco manoseado. Que yo sepa, las elecciones andaluzas tuvieron lugar
en la misma fecha que las elecciones generales, de modo que igual que
hubo presupuesto general del Estado para el año 1996 pudo haber
presupuesto en la Comunidad de Andalucía para 1996. (El señor Blanco
López: Fue prorrogado.) Podía haberse hecho; fue prorrogado, pero es
una opción, evidentemente. Que no lo hubieran prorrogado. Además, en
el año 1997, que no fue prorrogado, tampoco estaba presupuestado. (El
señor Blanco López hace signos afirmativos.) No, no estaba, que le
informen bien. Que la pinza llegue dos años antes es un argumento
manido en exceso. (El señor Blanco López: 2.000 millones de pesetas.)
Nosotros pensamos que se ha dado un gran impulso a la ejecución del
IFOP. El señor Blanco me decía que cuando llegamos al Gobierno estaba
todo hecho y ya nada quedaba por hacer, teníamos ahí el IFOP. Tengo
que recordar, por ejemplo, que el IFOP estuvo ejecutado en unos
niveles absolutamente ínfimos en aquel momento. (El señor Blanco
López: Acaba de
empezar.) No acababa de empezar porque habían pasado dos años y
medio, que es casi la mitad del programa. En aquel momento estaba
ejecutado un 10 por ciento, cuando hoy en día estamos en un nivel
superior al 80 por ciento; es decir, el nivel al que teníamos que
estar, fruto del esfuerzo del Gobierno central y de todas las
comunidades autónomas.
En lo que se refiere a la cuestión sobre las perspectivas para la
flota española con pabellón británico en aguas del Reino Unido, aquí
yo tengo que decir que igual que antes me permití con cierta
confianza corregir la denominación del señor Blanco. Empresas mixtas
son aquellas de capital comunitario y de capital no comunitario. Las
empresas hispano- británicas son empresas comunitarias, no son
mixtas. Lo digo porque de alguna forma podemos estar dando la razón a
las voces que desde el Reino Unido dicen que esas son empresas
españolas y son buques españoles. Son empresas comunitarias de
capital español, en este caso empresas británicas. En esa cuestión yo
quiero decirle que es verdad que el Reino Unido tiene un objetivo
político claro, derivado de todo su clima también político, en
relación con esta cuestión para tratar de excluir este tipo de
empresas de su registro y evitar que puedan pescar contra las cuotas
británicas. Eso es evidente y es una línea que viene manteniendo
desde hace muchos años; al menos en eso son coherentes. Otra cosa es
que nos dejemos o no nos dejemos. Yo creo que está claro que el
Gobierno español no se deja y lo puede demostrar perfectamente cuando
en todas las actuaciones en el ámbito político en que tuvo ocasión de
intervenir, y me refiero básicamente a la negociación del Tratado de
Amsterdam, la posición del Gobierno español fue claramente contraria
a cualquier modificación de esta cuestión, incluso con una presión,
usted recordará, del Gobierno británico muy seria, en un momento en
el cual estaba de alguna forma jugándose España muchas cuestiones en
torno a este Tratado de Amsterdam. Yo creo que ahí no cabe ningún
reproche. La única cuestión que cabe es lamentarse de que el Tribunal
de Luxemburgo haya aceptado que es exigible un vínculo económico real
cuando los buques pescan cuotas de un Estado miembro. Esta es una
cuestión jurídica que no es cuestionable. En la Unión Europea tenemos
que mantenernos dentro de las normas y jugar dentro de ellas. De
alguna forma se me dice que estamos resignados. Eso no es estar
resignado. Nosotros estamos absolutamente vigilantes respecto a esta
cuestión. Otra cosa distinta es lo que jurídicamente se puede hacer o
no se puede hacer, igual que nosotros tomamos acciones en otros temas
que afectan a otros Estados miembros dentro del derecho comunitario.
Cuando se plantea esto por el portavoz de Grupo Socialista tengo que
pregunta qué hizo el gobierno anterior cuando se produjo esta
sentencia, y lo que hizo fue acatarla, evidentemente. Y nosotros,
¿qué hacemos ahora? Pues acatarla también y defendernos como podemos,
que es lo que se está haciendo; defendernos con toda la energía
necesaria y en estrecha coordinación con el sector.
Respecto a la cuestión planteada sobre la situación de la flota de
pez espada, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido mucho, por no
decir todo, de lo que cabría esperar Con esto quiero decir que en los
últimos meses se ha actuado, sobre todo en relación con la cuestión
de las banderas de conveniencia,
que en este caso es fundamental, porque lo otro es una
coyuntura del mercado internacional; yo me temo que la crisis
asiática no la vamos a arreglar desde Pesca y por mucho que nos
blindemos en el mercado, cosa que en la coyuntura actual del comercio
internacional es harto complicada, el hecho de que el principal
consumidor a nivel mundial consuma menos se va a notar siempre. En
relación con el control de las banderas de conveniencia, tengo que
decir que los avances producidos en el reglamento de control,
aprobado en el Consejo de Ministros de 17 de diciembre pasado, en el
sentido del incremento de los controles de las banderas de buques de
terceros países en general y en elsentido de permitir que el estado
miembro pueda exigir que los buques de terceros países prueben que
han pescado respetando las normas de los organismos internacionales
de gestión, son un arma jurídica que va a ser fundamental para
defender la actividad de la flota española en estas zonas reguladas;
actividad que se encuentra con la competencia desleal, absolutamente
deplorable de banderas de conveniencia, que, por otra parte, en
muchas ocasiones también son de armadores españoles. Eso por lo que
se refiere al reglamento de control.
En lo que se refiere a la comisión para la conservación de atún
atlántico -cuestión que también fue criticada porque se esperaba una
prohibición del comercio-, tengo que decir que la prohibición de
desembarques de las banderas de países que se haya encontrado que no
han cumplido las recomendaciones de ICCAT significan un avance
tremendo. Lo digo porque conseguir la prohibición de la
comercialización era casi imposible técnicamente por un motivo muy
claro: porque, a diferencia del otro recurso, el atún rojo, que sí se
consiguió, en el caso del pez espada su procedencia en el mercado
mundial de orígenes distintos del Atlántico es muy abundante -el pez
espada de Índico abunda mucho- y, por tanto, adoptar una prohibición
sin tener los mecanismos necesarios para diferenciar los peces espada
pescados en el Atlántico de los pescados en el Índico o en el
Pacífico era una medida absolutamente inútil.
Tengo que manifestar que yo no he tratado en ningún momento de
justificar a Marruecos, como se ha dicho aquí. Lo único que he dicho
es que Marruecos es un país soberano que tiene una política y
nosotros no tenemos más remedio que respetarla. Es decir, que la
posición absolutamente cerrada de hacer oídos sordos y cerrar los
ojos a la posición de aquel con quien tenemos que llegar a un acuerdo
no es la mejor forma de lograr una solución favorable, por lo que
planteamientos tales como pretender obligar a Marruecos
-planteamientos que muchas veces se leen en la prensa y en otros
medios-, aparte de que no son aceptables en el contexto de un acuerdo
internacional, tampoco ayuda demasiado a llegar a ningún acuerdo.
Marruecos es un país vigilante de las informaciones que se producen
en nuestro país sobre este asunto y tremendamente celoso de su
soberanía. Ustedes saben que todos los países que tienen una
independencia reciente son muy celosos en estas materias y adoptar
una posición poco menos que imperialista haciaMarruecos no ayuda
demasiado.
Pretender que cuando se arreglo el tema del Sahara se solucionará el
problema de la pesca también es inquietante desde mi punto de vista,
y lo explico. Yo creo que el problema del Sahara y el problema de la
pesca tienen bastante poco que ver. El proceso de paz del Sahara es
un proceso iniciado, inspirado por Naciones Unidas, que el Gobierno
español respalda totalmente y respecto al cual se ha brindado
constantemente y de forma clara a ayudar a que se culmine y la
voluntad del pueblo saharaui se materialice en e referéndum y, a
partir de ahí, se tomen las decisiones que este referéndum determine.
Anticipar acontecimientos me parece que no es la mejor forma de
ayudar a la solución del problema pesquero ni del problema saharaui.
Respecto a esas cuestiones, yo les pido a todas las fuerzas políticas
prudencia, porque el fin que nos mueve a todos es lograr una solución
para la flota que faena en Marruecos y evitar el problema que se
puede plantear a estos 4.000 tripulantes. Desde un punto de vista
pragmático, la solución no pasa por cuestionar al legitimidad de
Marruecos para negociar si estuviéramos cuestinando eso desde hace
veinte años, haría veinte años que no pescaríamos en el Sahara,
aparte de que no todo lo que pesca España en Marruecos lo hace en sus
aguas. Tengo que recordar que la solución que se propugna, en
relación con el conflicto del Sahara, sería una tremendamente
parcial; la mayor parte de estos 4.000 tripulantes faenan en aguas
marroquíes al norte de lo que era el antiguo Sahara español. De modo
que, por favor, prudencia en esta cuestión; no conviene mezclar. En
este momento, el Sahara es un territorio administrado por Marruecos y
nosotros tenemos que ser plenamente respetuosos con esto y negociar
con quien tenemos delante; y, eso sí, ayudar a que la voluntad del
pueblo saharaui se pueda sustanciar cuanto antes, pero en ningún caso
adelantando acontecimientos.
En relación con la interpretación que ha hecho el señor Vázquez de
que la pesca deje de ser un problema con Marruecos quiero situar mi
afirmación correctamente. Yo no me he referido, ni mucho menos, a que
acabar con el sector sea solucionar el problema, eso sería el mayor
agravamiento del problema; yo me he referido a que el sector pesquero
español que pesca en Marruecos es un sector empresarial, con una
estructura más o menos familiar, que necesita una cierta estabilidad
para su desarrollo en un horizonte a medio plazo. Creo que la
situación que se está dando en los últimos diez años de continuos
sobresaltos en relación con la actividad de esta flota, de continuos
vaivenes, de una incertidumbre constante respecto a su futuro, no
ayuda al desarrollo empresarial normal de un sector económico como es
el de la pesca y, en ese sentido, coincido con S.S. en que en la
Unión Europea la pesca es un sector económico como cualquier otro. En
relación con estos vaivenes y con estos problemas, y respecto a la
pregunta de su Marruecos ha respetado o no el acuerdo -aquí se ha
dicho que no lo ha respetado-, yo contestaría que globalmente sí lo
ha hecho. Solamente daré un detalle. Tan no respetó el anterior
acuerdo que redujo la duración de cuatro a tres años; eso sí que es
no respetarlo. En este momento tenemos un desarrollo de las
actividades razonablemente tranquilo.
Tengo que decir que los apresamientos, a los que también antes
aludió, son muy inferiores a los que se dieron en épocas pasadas de
modo que hemos conseguido que el
famoso paro biológico sea seguido recíprocamente por la flota
marroquí, algo que jamás se había conseguido. Marruecos no aceptaba
ni siquiera hablar de eso, es decir, cuando se planteaba esto a
Marruecos, aludía constantemente a que el paro biológico era una
obligación de la flota comunitaria prevista en el acuerdo y que no
obligaba a su flota, lo cual es, por otra parte, cierto. Y en
relación con la flota cefalopodera, que ha visto incrementado su paro
biológico en estos años, Marruecos ha aceptado en comisión mixta que
su flota también pare. Con lo cual creo que pensar que es un
incumplimiento hacer un paro biológico en un acuerdo como el de
Marruecos, cuando el Estado marroquí acepta que su flota pare también
con la flota comunitaria, admitiría al menos una discusión, porque en
el escenario europeo y en el escenario internacional el razonamiento
no aguanta cinco minutos. Es decir, la flota comunitaria, que es lo
que constantemente nos recuerda Marruecos - también lo diré-, recibe
ayudas cuando tiene estos paros extraordinarios, y sin embargo la
flota marroquí no recibe ningún tipo de ayuda, de modo que el
esfuerzo para las empresas marroquíes es mayor que para las empresas
españolas, y tenemos que ser conscientes de esto.
Por lo demás, contestando a la portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tengo que decir que en relación con el
acuerdo marroquí a mí no me cabe duda de que la comisaria de Pesca
tiene, efectivamente, un interés sincero y claro en que el acuerdo se
renueve. Si pensara que la comisaria Bonino, por el hecho de ser
italiana, no tiene interés en renovar el acuerdo por su cargo
institucional de comisaria de la Unión Europea, creo que estaría
cuestionando las instituciones comunitarias, y yo tengo que decir que
a mí no me cabe ninguna duda del interés de la señora Bonino, y en
este caso la competencia comunitaria para la iniciación de acuerdos
de pesca internaciones fue cedida con nuestra incorporación. En
definitiva, es verdad que el acuerdo con Marruecos tiene un cierto
componente bilateral, porque es muy importante para España, pero
recordar que tiene que ser negociado por la Comisión no es más que
señalar un hecho evidente y una cuestión que competencialmente está
muy clara.
En lo que se refiere a la cuestión que también planteó la señora
diputada sobre los plazos del POP IV, tengo que decir que la
previsión es que se haga una revisión de POP a medio plazo;
concretamente, está previsto realizar una revisión del cumplimiento a
finales del presente año, y estoy prácticamente convencido de que en
ese momento la flota española como decía anteriormente, habrá
cumplido totalmente sus objetivos de POP. En relación con otros
países comunitarios, aparte de la no aplicabilidad de las ayudas
estructurales, nosotros apoyamos que se tomen otras medidas, cuestión
sobre la que insistimos en nuestra posición en todos los foros
comunitarios.
También me ha planteado dos cuestiones, referente una de ellas a los
boxes, el de la Shetland, el irlandés y el del mar del Norte,
cuestiones que tendrán que ser revisadas en el horizonte del 2002, y
tengo que decirle que la posición española es muy clara en relación
con estas cuestiones. Respecto a cualquiera de los tres planteados,
tengo que decir que en el del mar de Norte hay una prohibición de
acceso contenida en el Tratado de Adhesión para España y Portugal que
finaliza en el 2002, con lo cual para nosotros
no hay nada que discutir: finaliza y punto, y eso no es negociable.
En relación con los dos boxes, la posición es que cualquier box,
cualquier área de veda o de acceso restringido tiene que ser
justificado científicamente y tiene que aplicarse mediante principios
no discriminatorios. Ese es el planteamiento, y por lo tanto
cualquier intento de mantener estas cuestiones será abordado según
estos principios.
En lo que se refiere a la homogeneización de tallas mínimas,
efectivamente, el control de las tallas mínimas en la fase de
comercialización, que es en la que el control reviste menos
problemas, se encuentra con que, al existir tallas mínimas distintas
en función de la zona de producción, en muchas ocasiones no se puede
determinar con facilidad la talla a aplicar. Nosotros estamos de
acuerdo con el fondo de la cuestión, es decir, con que las tallas
sean lo más homogéneas posibles, pero no debemos olvidar que nosotros
mismos tenemos un problema, y es que las tallas en el Mediterráneo,
por motivos claros y por motivaciones biológicas incluso, no son
razonablemente equiparables a las tallas en el Atlántico. Por lo
tanto, nosotros mismos, si produjéramos una homologación total de
tallas mínimas, nos veríamos con serios problemas entre nuestra
gestión en el Mediterráneo y nuestra gestión en el Atlántico.
Por lo que se refiere, por ejemplo, a intentos que existen en el
Mediterráneo para que ciertas áreas, como el Adriático, tengan tallas
distintas -que me imagino que es a lo que se refiere S.S.-, tengo que
decirle que nosotros no somos partidarios de esto y que, en cualquier
caso, lo que exigiremos, si se planteara, sería una completa
justificación científica y una restricción de esos productos a las
zonas de producción, de modo que no se pudiera perjudicar en su
comercio al control que se realiza sobre las tallas mínimas en
nuestro país.
Espero haber contestado a todas las cuestiones. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Juárez, por su presencia en
esta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Le deseamos
felicidad en este año recién empezado y éxitos en sus negociaciones y
le felicitamos por sus extensas y detalladas explicaciones.
Sin más asuntos que tratar finalizado el orden de día, levantamos la
sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.