CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 614



COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA



Sesión núm. 4



celebrada el jueves, 11 de febrero de 1999



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores (Matutes
Juan) para informar sobre el desarrollo legislativo de la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (número de expediente
214/000100) ... (Página 17886)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a
la sesión de la Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, la número 4 de la VI Legislatura. Figura en el orden del
día la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores en nuestra
Comisión para informar sobre el desarrollo legislativo de la Ley de
cooperación internacional para el desarrollo. Aprovecho la ocasión
para dar la bienvenida al señor ministro en esta primera vez que
viene a la Comisión después de la aprobación de la Ley de
cooperación.

Saludando su presencia y sin más dilación, paso a darle la palabra,
señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señorías,
para mí es una satisfacción comparecer ante esta Comisión para
informar sobre el desarrollo legislativo de la Ley de cooperación
internacional para el desarrollo.

Como SS. SS. saben, porque fueron actores de primera en este proceso,
el pasado 7 de julio fue aprobada la Ley 23/1998, de cooperación para
el desarrollo. Es una norma que establece el marco general para la
aplicación del esfuerzo solidario de cooperación que, con intensidad
cada vez mayor, realizan la sociedad y las administraciones públicas
españolas. Esta ley suministra los principios y los elementos
técnicos necesarios para adaptar el día a día de nuestra cooperación
a los retos que se derivan de nuestra preocupación por incrementar su
cantidad y su calidad. La masiva y generosa respuesta de la sociedad
civil ante la catastrofe que ha superado para Centroamérica el pasado
del huracán Mitch es buena prueba de la alta sensibilidad de los
españoles en la solidaridad internacional. El intenso debate que el
proyecto de ley de cooperación suscitó en ambas Cámaras legislativas
ha sido una fiel traducción de dicha sensibilidad.




El texto propuesto por el Gobierno fue analizado a fondo y
enriquecido con múltiples aportaciones por parte de SS. SS. Además,
fue aprobado por amplio consenso. Uno de los resultados más
destacables del debate parlamentario en torno a esta ley fue la
potenciación del papel que al Congreso de los Diputados corresponde
desempeñar. La exposición de motivos de la ley dispone la necesidad
de aunar voluntades para lograr el consenso básico que debe estar en
la base de toda política de desarrollo. El Parlamento debe participar
en la formulación de las lines esenciales y en la definición de las
prioridades estratégicas de tal política. Consecuente con ello, el
Gobierno desea mantener una estrecha comunicación con el Congreso en
todo lo que concierne al desarrollo legislativo y aplicación concreta
de las disposiciones de la ley. El secretario de Estado de
Cooperación compareció el pasado 6 de octubre ante ustedes para dar
cuenta de las previsiones del Gobierno sobre la ejecución y
desarrollo reglamentario de dicha ley y el 13 del mismo mes acudió a
la Comisión de Asuntos Exteriores, donde igualmente respondía a
preguntas relacionadas con la aplicación. Yo mismo me dispongo hoy a
dar continuidad a esa política de información permanente al Congreso
que no hace sino traducir esa voluntad de procesar
con celeridad, transparencia y consenso la elaboración de las
medidas necesarias para la puesta en práctica de la ley.

Aprobada la ley en julio, a lo largo del último trimestre de 1998 se
ha iniciado la tramitación de aprobación por el Consejo de Ministros
de tres proyectos del real decreto. El reglamento de registro de las
ONG de AECI, Comisión interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo y Consejo de Cooperación al Desarrollo. Se ha aprobado una
enmienda en la Ley de acompañamiento de los presupuestos que regula
el fondo de concesión de microcréditos y se trabaja en el reglamento
correspondiente. Se ha concluido el borrador del estatuto del
cooperante. Está muy avanzado el estatuto de AECI. Se han iniciado
los trabajos de redacción del borrador del real decreto sobre la
Comisión interministerial de Cooperación Internacional. El desarrollo
reglamentario se lleva pues, como pueden comprobar, con la máxima
celeridad. En la elaboración de los distintos textos se dialoga con
las entidades respectivamente interesadas para ver de llegar a normas
que conciten el mayor consenso posible.

Detallaré para su información, puesto que de eso se trataba,
entiendo, en esta sesión el contenido y estado de tramitación de los
distintos proyectos de real decreto.

El proyecto de real decreto sobre el reglamento de registro de ONG de
AECI da cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la ley.

Establece las pautas prácticas para el funcionamiento del registro de
la AECI. El objeto fundamental del reglamento consiste en establecer
criterios de publicidad formal y material que permitan conocer el
funcionamiento efectivo de las ONG que reciban ayudas públicas.

Redundará en beneficio de la transparencia y claridad del sector. El
proyecto ha sido informado por la Agencia de Protección de Datos, que
no ha hecho observaciones sustanciales al texto. Se enviará en breve
al Consejo de Cooperación al Desarrollo para su dictamen.

En segundo lugar, está el proyecto del real decreto por el que se
regula la composición, competencias, organización y funciones de la
Comisión interterritorial de Cooperación para el Desarrollo. La
Secipi, en colaboración con la Secretaría de Estado para
Administraciones Territoriales, ha preparado un texto breve de seis
artículos y cuatro disposiciones complementarias, que será completado
pro el reglamento de funcionamiento que apruebe en su día la propia
Comisión. El borrador describe en sus dos primeros artículos las
competencias y funciones de dicha Comisión, que se corresponden con
las que establece, como ustedes saben, la ley en sus artículos 21 y
23 -concreta las diferentes vías que aseguren la coherencia,
complementariedad y eficacia de las actividades de cooperación- y los
restantes artículos desarrollan la composición y funcionamiento de
dicha Comisión. Se prevé una participación igualitaria de cada una de
las administraciones públicas en el pleno. El Gobierno es consciente
de que ello configura un pleno que a algunos podría parecer excesivo,
pero no parece fácil encontrar una solución alternativa
satisfactoria. La totalidad de las 17 comunidades autónomas y dos
ciudades autónomas deben estar representadas, sin que una fórmula de
representación parcial tuviera posibilidades de ser aceptada por
aquellas que no estuvieran presentes. Se plantea tambiénla dificultad
de que solamente 19 vocales pueden



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representar adecuadamente a la multitud de diputaciones,
ayuntamientos e instancias de coordinación supramunicipal que actúan
en ese campo de la cooperación. El borrador establece que la
asociación de ámbito estatal con mayor implantación será la encargada
de elegir dichos vocales de acuerdo con sus procedimientos internos.

Tal misión recaerá sobre la FEMP -Federación Española de Municipios y
Provincias-, con experiencia ya en la materia. El proyecto se enviará
en breve al Consejo de Cooperación al Desarrollo para dictamen.

Previamente se ha presentado el texto a las administraciones
autonómica y local. La Secipi convocó el pasado 26 de noviembre una
reunión a la que acudieron representantes de casi todas las
autonomías y de ciudades autónomas para estudiar sus observaciones al
proyecto. La reunión evidenció un alto grado de entendimiento, sirvió
para despejar algunas dudas y contribuyó a perfeccionar sin duda el
proyecto del Gobierno.

El tercer proyecto es el real decreto sobre competencias, funciones,
composición y organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Es un texto corto, de seis artículos y cuatro disposiciones
complementarias, que habrá a su vez de ser completado por el
correspondiente reglamento interno que en su momento apruebe el
propio pleno del Consejo. En comparación con el Consejo de
Cooperación actualmente vigente el nuevo pleno limita mucho la
presencia de la Administración, que se reduce a tres vocales. Se ha
estimado que para el Consejo pudiera ejercer con credibilidad y
eficacia su función de órgano consultivo era preciso que estuviera en
condiciones de aprobar sus dictámenes con plena autonomía. El
presidente será una personalidad de prestigio vinculada a la
cooperación. Será propuesto por el ministro de Asuntos Exteriores con
el apoyo de dos tercios de los vocales. La presencia de los tres
representantes de la Administración responde a la necesidad de hacer
oír los argumentos oficiales en los debates del Consejo y atiende a
una sugerencia de las propias ONG, que desean que el Consejo cuente
con un canal de comunicación con la Administración. Se refuerza
asimismo la presencia de los agentes sociales de la cooperación,
aumentándose la cuota de vocales representantes de las ONG e
incluyendo por vez primera un representante del ámbito universitario,
así como otro en nombre de las asociaciones de derechos humanos. El
proyecto ha sido discutido durante el último trimestre del pasado año
con la coordinación de las ONG, representantes sindicales y la CEOE.

Se ha incorporado en el texto muchas de sus sugerencias y se someterá
al dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo.

En cuarto lugar, hay que citar el proyecto de estatuto del
cooperante. Este real decreto responde al mandato del artículo 38.2
de la ley. Durante el último trimestre la Secipi junto a la AECI y la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales han elaborado un primer borrador que se ha sometido a la
coordinadora de las ONG, sindicatos y CEOE y estamos a la espera de
sus observaciones. El estatuto es la única norma en desarrollo de la
Ley de cooperación que tiene fecha fija para entrar en vigor, un año
a partir de la aprobación de la ley, como SS. SS. saben. El borrador
trata de los distintos aspectos que especifica el citado artículo
38.2 de la ley, es decir, derechos, obligaciones, régimen de
incompatibilidades, formación
y homologación de los cooperantes, así como modalidades de
previsión social. varios de estos temas implican la existencia de una
relación contractual entre el cooperante y la entidad para la que
trabaje, por lo que se ha regulado un contrato laboral sometido al
Estatuto de Trabajadores y su legislación complementaria. No se
configura una relación laboral especial. Se hace una interpretación
extensiva del concepto de cooperante que acuña el artículo 38 de la
ley. Parecía inicialmente que dicho concepto sólo podría aplicarse
a personas que reunieran simultáneamente requisitos de alta
cualificación profesional, amplia experiencia y que se encontraran
además al frente de algún proyecto o programa. En una interpretación
restrictiva serían probablemente muy pocos quienes pudieran ser
considerados cooperantes de acuerdo con dicho artículo. Se consideran
entidades contratantes no sólo las de derecho privado sino también
las de derecho público, obviamente.

En quinto lugar, están los microcréditos. El presupuesto del
Ministerio de Asuntos Exteriores para 1998 incluye una partida de
8.000 millones de pesetas para la concesión de créditos y la
disposición transitoria tercera de la ley le faculta para disponer de
dichos recursos mediante resolución ministerial. A lo largo del
pasado año se han firmado convenios de microcrédito con Bolivia,
Perú, República Dominicana, por un total global de 5.500 millones de
pesetas. La puesta en práctica de los citados convenios requería un
mínimo de apoyatura legal complementaria que se ha obtenido mediante
una enmienda a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 1999,
creadora del fondo de concesión de microcréditos. La instrumentación
legal del citado fondo habrá de ser complementada mediante el
correspondiente reglamento y en su momento se abordará la regulación
de las demás modalidades de financiación que prevé el artículo 28.

En sexto lugar, aludiré al estatuto jurídico de la Agencia. Se ha
redactado un primer borrador, se recogen previsiones sobre
naturaleza, régimen jurídico de la Agencia, fines y funciones,
órganos de gobierno y estructura orgánica básica. Se regulan los
órganos de la Agencia en el exterior, hay previsiones sobre el
régimen patrimonial, económico y presupuestario, así como sobre su
régimen de personal. El estatuto recogerá en una sola disposición el
conjunto de normas que regulaban la actividad y funciones de la
Agencia y se mantiene la línea de austeridad previéndose una
estructura básica que no supone incremento de gasto.

En séptimo lugar, está el real decreto regulador de la Comisión
interministerial de Cooperación Internacional. Se ha comenzado a
preparar el correspondiente borrador. Seguirá el esquema habitual en
las comisiones interministeriales. Se requiere reactivar la Comisión
para transformarla en un instrumento eficaz de coordinación de las
actuaciones de la Administración general del Estado en esa materia.

Concluyo una exposición que por su propia naturaleza no podía menos
que ser árida, pero que ha tratado de dar a SS.SS. una visión lo más
completa posible del estado en que se encuentra el desarrollo
legislativo de la Ley de cooperación. Este Ministerio no ahorrará
esfuerzos para culminar esta tarea a la mayor brevedad posible. Como
han visto,ya se ha desarrollado una gran parte del trabajo y vamos a



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proveer de normas que susciten el consenso de los agentes sociales
dentro del respeto a los intereses de la política española de
cooperación al desarrollo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Para la intervención de los distintos grupos
parlamentarios, ordenaremos el debate según el Reglamento, de menor a
mayor. Como es costumbre de la Presidencia, no voy a limitar los
tiempos, pero sí haría el ruego a SS.SS. de que no se extendieran en
demasía. Procedemos en consecuencia al primer turno de palabra para
el señor Caballero Basañez, del Grupo Vasco.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Intervengo muy brevemente.

En primer lugar, hay que agradecer la presencia del señor ministro
ante esta Comisión.

En segundo lugar, también hay que reconocer y agradecer la celeridad
con la que se está trabajando en el desarrollo legislativo de la Ley
de cooperación.

En tercer lugar, hay que reconocer que en lo que concierne
a competencias y participación de las comunidades autónomas se están
manteniendo unas relaciones que estimamos suficientes y esperamos que
se tengan en cuenta las distintas sugerencias que en este sentido se
van haciendo, así como las aportaciones de las ONG más
representativas e importantes en este mismo tiempo.

En cuarto lugar, espero que esta actitud se mantenga en el desarrollo
total de la ley.

Finalmente quería hacer una pregunta al señor ministro. Cuando ha
hablado en la parte final de su intervención de los microcréditos, si
no he oído mal, ha citado entre otros un crédito a Libia. Quería
preguntar si se está teniendo en cuenta el carácter democrático o no
de los Estados a los cuales se está haciendo las concesiones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Más que agradecer la presencia del señor
Ministro esta tarde ante esta Comisión, quiero celebrar la misma.

Creo que es un hecho importante que el ministro de Asuntos Exteriores
por primera vez comparezca ante la Comisión de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo, pero quiero subrayar también que no es la primera vez que
comparece desde que hemos aprobado la ley que crea esta Comisión
incluso con carácter legislativo, y la Comisión anterior de carácter
no permanente nunca se vio honrada con la presencia del ministro de
Asuntos Exteriores, sí en cambio recuerdo la visita al menos una vez
del ministro de Comercio para informarnos sobre los fondos de ayuda
al desarrollo. Celebro que se produzca esta comparecencia, nuestro
grupo la esperaba desde hace tiempo y espero que a partir de ahora
periódicamente podamos conocer del propio ministro los avances que se
vayan produciendo en la implementación de esta ley y cualquier
aspecto de carácter general que nos interese con relación a la
política de cooperación.

Debe de reconocerse el mérito del Ministerio de Asuntos Exteriores
que preside el señor Matutes de haber presentado
a las Cortes en su momento un proyecto de ley de cooperación
internacional para el desarrollo. He recordado varias veces, lo hice
en los debates de la ley y creo que es bueno recordarlo hoy otra vez,
que en el año 1982 la inmensa mayoría de grupos políticos de esta
Cámara firmamos un documento público, a instancias de una ONG, de
Justícia i Pau, en el cual nos comprometíamos a varias cosas, una de
las cuales era tramitar una ley de cooperación, y hemos tenido que
esperar hasta el año 1998 para que esta ley pudiera ver la luz. En
ese sentido, le reconozco el mérito y creo que es de justicia
manifestarlo.

Se ha referido usted al intenso debate parlamentario que se produjo
alrededor del proyecto del Gobierno. Ello es absolutamente cierto,
fue un debate intenso, muy pormenorizado y donde se pusieron encima
de la mesa por parte de los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios, y veo hoy aquí al señor Izquierdo, al señor Fuentes o
al señor Caballero, las posiciones de las distintas fuerzas políticas
que cada uno de nosotros representamos y creo que el resultado de ese
debate fue un texto notablemente mejorado en relación al que se había
planteado por el Gobierno en su momento; un texto en el cual quedó
claro, no sólo en sus artículos iniciales, especialmente en el
artículo 1.o o en la propia exposición de motivos, sino en el
desarrollo posterior, que el objetivo fundamental y primordial de la
política española de cooperación no era otro que el de coadyuvar a la
erradicación de la pobreza en el mundo, y los otros objetivos que
constaban en el proyecto de ley eran secundarios y por tanto quedaban
subsumidos o subordinados al objetivo de la erradicación de la
pobreza.

Es un proyecto de ley que en su momento generó grandes expectativas,
obviamente no entre la ciudadanía, que generalmente desconoce esta
realidad, sino entre todo aquel entramado social de personas y de
organizaciones no gubernamentales que dedican su tiempo, su esfuerzo
y su ilusión a trabajar por el desarrollo del Tercer Mundo. Esas
expectativas me llevan a considerar que la ley constituye el cimiento
sólido que nos ha de permitir edificar una política de cooperación de
las más avanzadas del continente, tanto cualitativa como
cuantitativamente. Dentro de esa expectativa, y de esa necesidad de
implementar a través de su desarrollo la propia ley se enmarca la
comparecencia de hoy del señor ministro.

En su primera intervención ya me ha contestado a algunas de las
preguntas que le iba a formular, que no eran otras que las que le
surgen a cualquier persona que haya participado en la elaboración del
proyecto y que se haya leído pormenorizadamente todos aquellos
aspectos y haya concluido cuáles son los que exigen un desarrollo
reglamentario.

Me referiré a todos ellos haciendo hincapié en aquellas cuestiones a
las que el ministro no se ha referido y, obviamente, le formularé
algunas preguntas.

En el esquema de la ley, esta exige un desarrollo en cuanto a
objetivos, por ejemplo, sectoriales o geográficos, que se concreta en
lo que se denomina el plan director. El plan director se estructura
como documento básico, tiene carácter cuatrienal y debe fijar los
objetivos globales de la ley dentro de un marco más reducido como es
el de cada cuatro años. Tengo conocimiento, señor ministro, de que
ustedes desde el Ministerio encargaron en su momento aun grupo de
expertos que formularan una propuesta. No sé



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qué ha sucedido con la misma, en qué fase de elaboración se encuentra
el plan director en base al documento de los expertos. En cualquier
caso, sería importante que antes del debate de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 pudiéramos tener ese documento
ya aprobado, porque entiendo que las directrices de ese plan
director, valga la redundancia, debería tener una concreción
presupuestaria. Por tanto, quiero reiterar esa necesidad de que
pudiera aprobarse antes de la discusión parlamentaria de los
presupuestos para el año 2000. De ese plan director van a colgar los
planes anuales, pero no me puedo referir a ellos si no tenemos el
plan director cuatrienal, ya que poco podríamos avanzar.

En cuanto al Consejo de Cooperación, que entre otros objetivos tiene
el de informar la propuesta del plan director y de los planes
anuales, pero también de las disposiciones generales que quiere
aprobar el Gobierno en materia de cooperación, podríamos continuar
funcionando con el anterior a la ley. No obstante, si damos por
supuesto y coincidimos en que la ley es un punto y aparte, tenemos la
necesidad de renovar ese Consejo en cuanto a su composición, en
cuanto a sus competencias e incluso en cuanto a su funcionamiento, al
cual se ha referido usted al decir que va a tener que ser objeto de
un reglamento interno.

Antes de aprobar la norma que regula el nuevo Consejo es necesario -y
espero que lo hayan hecho desde el Ministerio- realizar una
evaluación del funcionamiento que ha tenido el Consejo hasta ahora,
ya que de ella podremos sacar algunas conclusiones o lecciones para
el futuro. Simplemente le apunto dos, señor ministro. El Consejo
hasta el momento ha actuado con una excesiva demora en cuanto al
ejercicio de sus competencias. Era un Consejo que trataba los temas
con un tremendo retraso. El ámbito gubernamental o de la
Administración carecía de representatividad muchas veces, no estaba
suficientemente representado o cuando menos bien representado. Usted
nos ha apuntado que va a haber tres representantes de la
Administración y decía a continuación que en ese sentido se atendía
una demanda de las organizaciones no gubernamentales. Es cierto, pero
quiero recordarle, señor ministro, que en la ley aprobada ya se prevé
la presencia de la Administración. Tuvimos un debate intenso sobre
ese aspecto y se defendían posiciones distintas. Quiero decir que
desde el Gobierno no existía un entusiasmo excesivo, por decirlo de
forma muy suave, en cuanto a si tenía que estar presente en el
Consejo. Al final, la mayoría de los grupos decidimos que sí debía
estar, porque el Consejo era también un órgano de diálogo entre el
Gobierno y las organizaciones no gubernamentales.




En cuanto a la Comisión interministerial, celebro que se esté
avanzando. En cualquier caso, se tiene que reactivar y lo que no
tengo claro, y es un aspecto importante para el futuro, es cómo se va
a dividir el ámbito de relación entre distintos ministerios en lo que
es estrictamente la Comisión interministerial y la Comisión también
interministerial que debe tomar decisiones en cuanto a los FAD deben
ser muy meticulosos a la hora de regular este aspecto porque no
podemos encontrar con un solapamiento o con algo que no está previsto
en la ley, como es que la auténtica Comisión interministerial fuera
la Comisión de los FAD, donde participan Exteriores y el Ministerio
de Economía.

Usted se ha referido a la Comisión interministerial y mi pregunta iba
en el sentido de saber cuándo y cómo la van a organizar. Ya nos ha
dicho algo sobre el cómo, quisiera saber algo más sobre el cuidado,
si tienen algún calendario de aprobación de la norma que la regula.

Por lo que se refiere al estatuto de la Agencia Española de
Cooperación Internacional es un punto clave. Según la ley, este
estatuto debe regular la función, los fines, la organización y las
competencias de la Agencia. Es urgente que se apruebe este estatuto y
también me gustaría saber si tienen prevista alguna fecha de
aprobación. En cualquier caso, quiero apuntar algunas ideas como
intento hacer en algunos otros ámbitos que deben ser objeto de
desarrollo. Si la Agencia quiere ser eficaz y debemos ir a una mejora
cualitativa de nuestra cooperación internacional, para lo que
necesitamos una Agencia que sea capaz de gestionar eficazmente los
fondos que le llegan, que esperamos sean más en el futuro, debe
flexibilizarse su funcionamiento, especialmente en los temas
presupuestarios.

Le apunto otra idea que puede sonar un tanto original, pero es algo
que en los ámbitos de la política de cooperación es muy sentido y los
diputados que nos hemos acercado a dichas instancias enseguida lo
hemos notado. Me refiero al aspecto de personal. La Agencia se nutre
de dos tipos de funcionarios. Unos son los diplomáticos, con los
problemas de rotación que ello conlleva. A menudo, cuando un
diplomático llega la Agencia, tiene que ser objeto de un
autorreciclaje, porque es una área de trabajo en la que muchas veces
no tienen experiencia, y resulta que al cabo de tres años, cuando esa
persona ya ha demostrado su competencia o su conocimiento en el mundo
de la cooperación, le llega un nuevo destino. Muchas veces pasa lo
mismo con el personal laboral, donde los contratos son para tres años
y los problemas en ese sentido son evidentes.

Por último, quiero subrayar que los esfuerzos deben dirigirse también
a dotar de una mayor capacidad de gestión a la Agencia.

En cuanto al aspecto de los FAD, sabe usted que fue un tema
largamente debatido en Comisión, en Pleno y en el Senado. A algún
grupo parlamentario su posición sobre el tema le llegó a costar un
disgusto, aunque no en esta Cámara. Hay una norma pendiente que debe
aprobarse. En principio la ley no dice por quién, dice que debe
aprobarse en desarrollo de esta ley y que se deben regular dichos
fondos. Durante el debate parlamentario se discutieron temas de tanta
trascendencia como que si era el Ministerio de Economía el que
efectuaba la propuesta y luego se aprobaba por Exteriores. Al final
se decidió que se aprobaría una norma de desarrollo y no había ningún
Ministerio que tuviera el provilegio de efectuar la propuesta. Tengo
entendido que existe una propuesta encima de la mesa, y quisiera
saber cuál es la opinión del ministro acerca del tema.

En cuanto a la regulación de los FAD, tengo entendido que el plan
directo deberá decir alguna cosa, por lo que nos reservamos poder
concretar mejor nuestro planteamiento cuando llegue al Parlamento el
plan director que, como establece la ley, debe ser objeto de debate
parlamentario.

De la división que se plasmó en la ley en relación a los FAD,
resultaba que existían dos tipos de fondos, unos que gestionaba el
Ministerio de Economía y otros que tenían por objeto lo que se
denominaban proyectos de desarrollo



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social básico, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía un
papel importante, junto con el de Economía, para su gestión. Ahí
también se debía aprobar una norma de desarrollo, pero no hemos
sabido nada más; no sabemos ni cuál es la cuantificación de estos
fondos ni cómo se está avanzando en la aprobación de esa norma. Usted
tampoco nos ha dicho nada, porque podríamos entender que las cosas
están como estaban antes de la ley. Bien, no deberíamos estar así;
dejo la pregunta encima de la mesa para ver si nos la puede
contestar.

Finalizando mi intervención, señor ministro, quisiera hacerle una
reflexión, refiriándome al debate intenso que tuvo lugar en este
Parlamento acerca de quién gestionaba los fondos de ayuda al
desarrollo que, como todos sabemos, ha llegado a constituir en
algunos momentos hasta el 60 por ciento de la ayuda oficial al
desarrollo español. Un debate -repito- intenso, a veces con
posiciones encontradas.




Algunos grupos políticos, concretamente el mío (no el único),
defendió muy claramente la posición de que el Ministerio de Asuntos
Exteriores debía tener un papel fundamental, un papel clave, no sólo
en la dirección de la política de cooperación, sino también en la
gestión de los fondos de ayuda al desarrollo.

Yo sólo quería dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de cuál
fue la conclusión del debate, y solicitarle que ello tenga una
traducción práctica en la actitud del Ministerio de Asuntos
Exteriores. El instrumento político que abre la puerta a que su
Ministerio pueda asumir cuanto menos la gestión de una parte
importante de estos fondos está en el artículo 28 de la ley, pero
creo que lo que hace falta ahora es una voluntad política real y
clara, por parte de su Ministerio y por parte de usted, de asumir ese
mandato de la ley.

Registro de organizaciones no gubernamentales. Creo que nos ha dicho
que ya estaba en marcha la regulación, pero quiero recordarle que en
la ley se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas
puedan aprobar registro similares y que además estos registros pueden
producir efectos a nivel del Estado. Es muy importante la existencia
del registro porque, según el texto de la ley, de la inscripción de
una ONG en dicho registro depende la posibilidad de que obtenga
subvenciones o de que pueda acogerse a los beneficios fiscales que se
regulan también en la Ley de cooperación. Pues bien; quedamos, y
dejamos escrito en el texto, en que se debería articular un
procedimiento de colaboración entre la Agencia Española de
Cooperación Internacional y las comunidades autónomas que tuvieran
registros de este tipo. No sé si se han empezado las conversaciones,
pero, si no han empezado, recuerdo que es algo en lo que se debe
avanzar.

Por último, término refiriéndome al estatuto del cooperante. Si no
recuerdo mal, la última fecha para tenerlo aprobado es el día de san
Fermín, 7 de julio. No sé cómo están los trabajos. Hay un borrador;
si pudiéramos tener conocimiento del borrador, señor ministro,
francamente, nos sentiríamos muy satisfechos y continuaríamos
sintiéndonos corresponsables, esta vez en el desarrollo, de una ley
de la cual nos sentimos corresponsables por haber participado en su
colaboración.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, el señor Fuentes Gallardo.




El señor FUENTES GALLARDO: Quiero agradecer también la presencia del
ministro en esta Comisión que, como usted sabe, hace siete meses que
se creó como consecuencia de la Ley de cooperación.

Antes de empezar a plantearle algunas preguntas sobre su
intervención, quisiera hacer una consideración general. Usted sabe
perfectamente que el artículo 17 de la Ley de cooperación dice
textualmente: El ministro de Asuntos Exteriores, responsable de la
ejecución de la política exterior del Estado, es también responsable
de la política de cooperación internacional para el desarrollo y de
la coordinación de los órganos de la Administración general del
Estado que realicen actuaciones en esta materia.

Tiene usted que asumir, y así lo hace o debe hacerlo, que usted es el
responsable político de la cooperación internacional, no sólo de las
actuaciones que afectan al Ministerio de Asuntos exteriores, sino que
de todas las actuaciones que hagan otros ministerios en el campo de
la cooperación internacional usted es el responsable político. Siendo
usted, según marca la ley, el responsable político de la cooperación,
debe tener en cuenta que aquí debe comparecer de la misma manera que
lo hace en la Comisión de Asuntos Exteriores; es decir, que usted ha
comparecido aquí hoy, después de siete meses de aprobar la ley, y
deseamos que no pasen otros siete meses para que vuelva a comparecer;
que para usted esta Comisión sea de la misma importancia, y que
comparezca con la misma asiduidad que lo hace en la otra Comisión de
Asuntos Exteriores, porque (lo hemos dicho ha en otras ocasiones)
esta no puede ser la Comisión del secretario de Estado de Cooperación
Internacional y del Secretario General de la Agencia, que son
bienvenidos y que comparecen con frecuencia, así creo yo que lo
seguirán haciendo, pero no puede quedarse resumido a eso, sino que
esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones.

Señor ministro, el pasado 6 de octubre, hace cuatro meses, a petición
del Grupo Socialista, compareció en esta Comisión el secretario de
Estado de Cooperación para informar de las previsiones que tenía el
Gobierno en cuanto al desarrollo reglamentario legislativo de la Ley
de cooperación. En aquella ocasión expresamos la postura del Grupo
Socialista y dijimos claramente: nosotros no podemos pedirle al
Gobierno que de forma inmediata traiga a esta Cámara todos los
reglamentos, todos los proyectos de reales decretos que se necesitan
para desarrollar la ley, porque seria una actitud, si así la
hubiéramos adoptado, totalmente irreflexiva y carente de realismo. Es
una ley complicada y se necesita tiempo para desarrollarla. Sí le
pedíamos entonces, en octubre, hace cuatro meses, que nos dijese sus
previsiones. Constan en el «Diario de Sesiones».

La impresión que tengo, después de escuchar su intervención, es que
prácticamente se ha repetido lo mismo que se dijo por parte del
secretario de Estado de Cooperación. Prácticamente igual, con una
diferencia: el secretario de Estado de Cooperación hablaba de las
previsiones, y utilizaba el término «próximas semanas», y usted ha
utilizado el término «en breve». Yo pensé que cuando se refería el
secretario de Estado a «próximas semanas» ponía un límite de cuatro o
seis semanas, pero después de cuatro meses el



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gran salto cualitativo es que hemos pasado de «próximas semanas» al
término «en breve». Queríamos saber si se puede matizar o concretar
más qué entiende usted por en breve.

Vamos por partes. El plan plurianual, que me ha parecido que usted no
ha incidido bastante en él y es fundamental. Decía el secretario de
Estado hace cuatro meses: En las próximas semanas estará elaborado.

No lo está, cuatro meses después, y es el instrumento más importante,
según la ley, de la cooperación internacional para el desarrollo,
porque, mientras no esté, seguiremos actuando en materia de
cooperación como si no existiese la ley o, a veces, incluso en
contradicción con algunos principios de la ley.

Pero, además, este plan director plurianual tiene que ser aprobado
por la Comisión interministerial, la Comisión interterritorial, el
Consejo de Cooperación, y, además, como señalaba antes otro portavoz,
es razonable pensar que este plan plurianual debe estar aprobado
cuando estemos discutiendo los Presupuestos Generales del Estado,
porque sería una contradicción empezar a elaborar los presupuestos
del año 2000 sin saber cuáles son las directrices que va a determinar
el plan plurianual. Como todos sabemos que aproximadamente en el mes
de mayo ya empiezan a moverse papeles de cara al presupuesto del año
2000, y el horizonte temporal de la elaboración del plan plurianual
tiene que pasar por estos tres organismos: Consejo interterritorial,
Consejo interministerial y Consejo de Cooperación, es necesario que
se den ustedes mucha prisa en elaborarlo y, además, cuando se
elabore, lógicamente lo deberían analizar estos tres órganos creados
después de la ley, no los que existen actualmente por la situación
anterior.

Decía el señor Villalonga hace cuatro meses que se había concluido la
elaboración del proyecto de real decreto sobre el reglamento de
registros de ONG y que este sería el primero de los reales decretos
que se aprobaría. Usted hoy nos ha explicado ese reglamento, pero
seguimos in saber exactamente en qué fecha concreta piensan
aprobarlo. Lo mismo podemos decir de la Comisión interterritorial.

Agradecemos su información, pero es exactamente la misma que nos dio
el señor Villalonga hace cuatro meses.

En el Consejo de Cooperación me quería detener un poco más. Usted ha
dicho que habrá tres vocales de la Administración. Como usted sabe,
hubo un debate importante -y lo ha recordado también otro portavoz-
cuando se discutió esta ley. El propio secretario de Estado reconoció
en su comparecencia, antes de aprobarse, que él no veía bien la
presencia de la Administración en el Consejo de Cooperación. Era
legítimo que tuviese esa opinión y que la defendiese, pero al final
la ley, tal como salió aprobada de aquí, decía que tenía que estar
presente la Administración en el Consejo de Cooperación. Nos tememos
(y si usted nos despeja la duda nos quedamos todos satisfechos) que
si alguien no tenía ningún interés en que estuviese la
Administración, y ahora aparecen tres vocales en nombre de la
Administración, sean -por decirlo en términos coloquiales- de perfil
bajo, es decir, no muy cualificados desde el punto de vista político
o de su representatividad. Si me puede aclarar esta duda el señor
ministro, mucho mejor, porque la opinión que hay en el mundo de la
cooperación y de las ONG es que la Administración debería estar
presente y con personas de responsabilidad, no con funcionarios,
todo lo respetables que queramos, pero que no resaltarían el papel
del Consejo de Cooperación.

Sobre el estatuto jurídico de la Agencia, siento repetirme tantas
veces, pero estamos como estábamos. Este es el hilo conductor de mi
intervención en función de haberme leído, un momento antes de entrar
en la Comisión, la comparecencia del señor Villalonga y compararla
con la que acabo de escuchar. Pero alguna matización tengo que
hacerle.

Es fundamental, más allá de la reforma que se haga (que hay que
hacerla), tener en cuenta que es importantísimo para que cumpla sus
fines, que son muy importantes según la ley, dotar a la Agencia de
personal y medios suficientes, si no, no habrá servido para nada la
formulación que entre todos le dimos en la Ley de cooperación.

En cuanto a los fondos -y este es un tema bastante controvertido-
usted sabe que hay dos tipos de créditos: los que se refieren al
artículo 28.1, los que llamamos microcréditos, que están sin regular.

En 1998 estaban presupuestados 8.000 millones y en 1999 están
presupuestados 12.000. ¿Cómo se van a gastar estos 12.000? Todavía no
hay ninguna norma específica. Estamos en febrero, estos 12.000
millones figuran en los Presupuestos Generales del Estado de 1999 y
es fundamental tener esa norma cuanto antes. Los otros fondos, los
que hacen referencia al artículo 28.2, tratan de los recursos
gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio
de Economía y Hacienda. La ley dice que se harán de acuerdo con una
normativa que se elaborará. ¿Puede explicarnos el ministro cuándo se
elaborará? Otra presunta importante: ¿quién va a elaborar la
normativa? ¿Quién va a tomar la iniciativa de los dos ministerios
para elaborar esa normativa?
Un punto al que usted no ha hecho referencia es el que se refiere al
artículo 30 de la ley, que dice que la Administración del Estado
establecerá reglamentariamente las condiciones de los puestos de
trabajo de la cooperación del Estado en el exterior. Mi pregunta es:
¿cuándo piensan hacerlo?
Con respecto al estatuto del cooperante no tengo nada que añadir
porque es verdad que la ley marca un año. Ya han señalado que el día
de san Fermín se cumple el año; por tanto, queda tiempo todavía para
establecerlo.

En resumen, señor presidente, han pasado ocho meses desde que se
aprobó la Ley de cooperación. Evidentemente no podría desarrollarse
toda a la vez, pero en estos ocho meses ya tenían que haber salido
algunos decretos, no todos, pero algunos. Y si por parte del
secretario de Estado se nos anunció en octubre que en las próximas
semanas saldrían cuatro de esos decretos, no pensábamos que esas
próximas semanas serían incluso posteriores al mes de febrero en el
que nos encontramos. Espero que en su segunda intervención el
ministro nos pueda aclarar algo más ya que con esta comparecencia
esperábamos tener una mayor concreción temporal de lo que nos dijo el
secretario de Estado.

Término, señor presidente, como empecé, haciendo una reflexión: señor
ministro, usted sabe perfectamente que el artículo 4 de la Ley de
cooperación habla del principio de coherencia; es decir, que todas
las actuaciones de la Administración en el campo de la cooperación
deben estar sometidas a los principios y objetivos que señalan los
artículos 2 y 3 de la Ley de cooperación. Y usted (y deseo que así lo



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haga) es el responsable político de que este principio de coherencia
se lleve a la práctica.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra su
portavoz, el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Parlamentario Popular, señor
ministro, también agradece su presencia en esta Comisión después de
una semana intensa de comparecencias parlamentarias. Tengo que
recordar aquí que el ministro de Asuntos Exteriores tiene cinco
comisiones parlamentarias, tres en el Congreso de los Diputados y dos
en el Senado, y además el Pleno y una agenda exterior de
extraordinaria importancia. La consta al Grupo Parlamentario Popular,
como le consta a la Mesa y Junta de Portavoces, la intención del
Ministerio de facilitar la comparecencia del ministro justamente
después de que en verano aprobáramos la Ley de cooperación y entrada
en vigor en esas fechas. Por eso del Grupo Parlamentario Popular,
señor ministro, no puede más que agradecer el esfuerzo que S.S. hace
por comparecer en esta comisión para darnos cuenta del desarrollo
reglamentario de la ley.

También es claro que el Gobierno, el Partido Popular que impulsa al
Gobierno y el Grupo Popular que lo sustenta en esta Cámara han dado
una importancia extraordinaria a los temas de cooperación
internacional, y alguno de los portavoces lo han dicho en sus
intervenciones. Desde el año 1982 estábamos esperando una ley. Por
fin la tenemos y además en el plazo de un año. Creo, de acuerdo con
las palabra que hemos escuchado al ministro y anteriormente al
secretario de Estado, que podemos estar en disposición de avanzar de
manera muy importante en su desarrollo reglamentario.

Permítanme, señorías, que haga, aunque sea de manera muy rápida, un
pequeño discurso histórico de lo que esta ha supuesto. Desde el año
1990, coincidirán ustedes conmigo, nada es igual en el escenario
internacional. Cae el Muro de Berlín y empieza a percibirse con
nitidez lo que ya existía: que los problemas del subdesarrollo y de
la pobreza son problemas que afectan de manera muy grave a la
estabilidad, y a la seguridad de occidente y del conjunto de la
comunidad internacional. Entonces empieza a producirse importantes
iniciativa y reformas. Creo que en España se empiezan a materializar
de manera significativa al final de la década de los noventa. Ya
entonces en esta Cámara al principio de los noventa los grupos
parlamentarios en la oposición instábamos al Gobierno a que
acometiera una de las reformas fundamentales que necesitaba nuestra
política exterior, y que no era otra que la falta de una nueva ley de
cooperación que fuerza capaz de consolidar las políticas de
solidaridad en España y además impulsar una proyección exterior
activa de España en cuanto a los temas de solidaridad. Esto creo que
no es muy difícil comprenderlo. Necesitábamos una ley de cooperación
que de alguna manera determinara el futuro de nuestra proyección
exterior, la manera en que queremos los españoles que nuestro
Gobierno y España esté en el mundo, y elegimos, señor ministro, con
toda claridad, el camino de la cooperación en el más amplio sentido,
de la solidaridad y, como ha dicho algún portavoz, también el de la
lucha contra la pobreza.

En este sentido, yo coincido con el resto de los portavoces en que la
Ley de cooperación es un acontecimiento de extraordinaria
importancia, que además marca la intención política clara de este
Gobierno, pero la Ley de cooperación ha estado acompañada en los
últimos dos o tres años de otros acontecimientos de extraordinaria
importancia, como fue la Ley de prohibición de las minas
antipersonales, el avance sustancial en la transparencia y comercio
de armas, las iniciativas que todos los grupos parlamentarios hemos
presentado para la erradicación de la explotación laboral de la
infancia, etcétera, que SS.SS. conocen, y todas con amplios acuerdos;
también la Ley de cooperación, como el propio ministro ha dicho en su
intervención; un amplio acuerdo porque, en definitiva, nosotros
consideramos que ésta es una política que necesita el más amplio
consenso precisamente para ser una política de todos, no una política
de distintos gobiernos, incluso dentro de los mismos partidos, ni
política de ningún sesgo ideológico.

Yo creo que el balance de lo que ha hecho este Gobierno junto con la
Cámara y los grupos parlamentarios en los últimos tres años no puede
ser más positivo, pero no podemos estar satisfechos, porque el
estarlo en estas políticas no es bueno, sino que tenemos que estar
permanentemente vigilantes y pensar qué tenemos que hacer para seguir
mejorando.

Desde mi opinión yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero
siempre sobre la base de lo que el ministro dijo en el Pleno de esta
Cámara cuando presentó el proyecto de ley de cooperación, que era un
proyecto de ley abierto, que iba a recibir de muy buen grado las
aportaciones de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil, y
que el consenso y el diálogo eran las bases fundamentales de nuestro
Gobierno para conseguir acuerdos importantes.

La Ley de cooperación, señorías, venía a resolver problemas de
nuestra cooperación internacional, de nuestra política exterior,
problemas perfectamente detectados, problemas de coordinación de la
Administración general del Estado con el resto de las
administraciones, y juntamente con la sociedad civil, problemas de
coordinación dentro de la propia Administración del Estado, la
coordinación fundamental de nuestro esfuerzo en cooperación
reembolsable y la no reembolsable. Algún portavoz ha hecho referencia
al intenso debate que la cuestión de los créditos FAD provocó en el
transcurso del dictamenn de la Ley de cooperación. Digamos que
nuestra cooperación tenía un serie de problemas de carácter público,
si se me permite la expresión, que las Administraciones públicas
deberían intentar resolver. También la solidaridad que nace y que
articula desde la propia sociedad civil tenía y tiene una serie de
problemas que las mismas organizaciones no gubernamentales, en un
ejercicio de autocrítica muy positiva y eficaz, venían haciendo
durante años: el exceso de proyectos de cooperación, la dispersión
geográfica, la duplicidad de proyectos, la falta de controles, la
falta de seguimiento y evaluación en los proyectos de cooperación, la
excesiva, si se quiere, inseguridad jurídica de voluntarios y
cooperantes, la duplicidad de proyectos amparados por las distintas
administraciones; en fin, ya lo he dicho antes.

Yo creo que la ley viene a resolver estos problemas, y los
reglamentos de la ley a los que el señor ministro ha hecho referencia
intentan precisamente resolver esos problemas



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importantes que la cooperación española tenía, pero no los tenía en
el año 1996, sino que los arrastraba desde ocho, nueve o diez años
antes, desde que en España se impulsaran las políticas de solidaridad
internacional.

Al primer conjunto de problemas la Ley de cooperación responde con
una serie de disposiciones y artículos, que además concretan
principios generales e indicaciones políticas, pero que dejan en
manos del Gobierno la concreción mediante la regulación a través de
reales decretos-ley. En ese primer apartado de la cooperación pública
la ley establece que se debe regular por real decreto la Comisión
interterritorial, a la que se ha hecho referencia. Yo creo que con
relación a la Comisión interterritorial no se puede ir más deprisa,
porque necesita un consenso previo con diecisiete comunidades
autónomas, un número extraordinariamente importante de
administraciones locales, etcétera, y, sin embargo, ahí está el
borrador que regulará sus funciones y fines, como el ministro no ha
anunciado.

El Consejo de Cooperación fundamentalmente viene a regular las
relaciones deficientes que existían entonces entre la Administración
y la sociedad civil, porque yo entiendo que el anterior Consejo de
Cooperación, tal como había sido regulado por anteriores gobiernos
-sin que esto suponga una crítica, sino que es un hecho que se puede
constatar perfectamente-, no funcionaba excesivamente bien, y
fundamentalmente no funcionaba bien porque era un órgano más de
confrontación que de diálogo, de concertación y de participación. Yo
creo que la ley lo dice, señor ministro, de manera muy calara: es un
órgano consultivo de la Administración. Todos los ponentes de la Ley
de cooperación entendimos siempre el fondo de la cuestión, que siendo
un órgano consultivo donde además tenía que producirse el diálogo de
la Administración con la sociedad civil, la Administración no podía
estar en mayoría, porque es completamente absurdo que en un órgano
que tiene que elaborar importantes dictámenes sobre las políticas que
realiza la propia Administración sea la propia Administración la que
evalúe sus políticas. En cualquier caso es verdad, y lo han dicho
también los portavoces, que las organizaciones no gubernamentales
fundamentalmente querían que en el Consejo de Cooperación estuviera
representada la Administración.

Yo creo que esto es así en lo que el ministro nos ha anunciado como
líneas generales del borrador del futuro Consejo de Cooperación, y
permítame, señor ministro, que le diga que si al final se lleva a
cabo la decisión de que la Administración esté en minoría, eso supone
también una reforma de extraordinaria importancia para consolidar las
políticas de cooperación, porque si cuando priman intereses
mercantiles y comerciales, legítimos -y digo esta palabra entre
comillas-, en el mundo de la solidaridad, de lucha contra la pobreza,
hay sombras, qué no podemos decir cuando el mundo y las políticas de
solidaridad están teñidas de intereses políticos, por ejemplo
(legítimos, pero políticos), de liderazgo de partidos, de influencia
de poder, dentro y fuera de nuestro país, etcétera. Yo creo que la
independencia y la neutralidad es de extraordinaria importancia.

Tenemos todos la obligación de hacerlo, y de darle a la sociedad
civil el sitio que tiene, no el que se merece sino el que tiene que
representar. Que en el futuro Consejo de Cooperación al Desarrollo
esté la sociedad civil representada
en mayoría y la Administración en minoría, y que además lo presida,
como ha dicho el señor ministro, una personalidad de prestigio, al
final propuesta por el Gobierno pero elegida por el propio Consejo de
Cooperación, porque se le exigen dos tercios, me parece a mí que es
una apuesta de extraordinario calado y de mucha importancia.

Yo entiendo que el Gobierno le haya dado prioridad al reglamento de
los microcréditos, puesto que existían unas partidas importantes que
era preciso ejecutar. Creo que ya, acumulando los presupuestos de un
año y otro, estamos hablando de 20.000 millones de pesetas, y la
figura del microcrédito es de extraordinaria importancia en el futuro
de la cooperación, como todas SS.SS. convendrán conmigo.

En el otro bloque de reglamentos de extraordinaria importancia está
el registro de organizaciones no gubernamentales para regular esa
participación de las propias organizaciones no gubernamentales y el
estatuto del cooperante. Por lo tanto (como no podía ser de otra
manera, pero lo digo con pleno convecimiento y no con
autosatisfacción), las cosas van razonablemente bien, porque después
de un año podemos estar en condiciones de desarrollar un importante
texto legislativo y finalmente también me parece muy importante,
señor ministro, que el Gobierno haya encargado a expertos en la
materia la elaboración de un borrador sobre el futuro plan director
cuatrienal.

Convendrán conmigo que el objetivo de la cooperación no es la ayuda
ni la cooperación en sí misma, sino provocar el desarrollo. Es algo
que digo muchas veces. Tenemos que hacer las reformas necesarias para
movernos en los niveles aceptables de eficacia, sin que la eficacia
sea la excusa para el retroceso en otro tipo de situaciones, porque
nunca lo será. Tenemos la obligación de rentabilizar los recursos de
los ciudadanos para que todo, hasta la última peseta, revierta
eficazmente en la lucha contra la pobreza. Creo que las medidas de
reforma que se están tomando en este sentido son de extraordinaria
importancia.

Termino, señor presidente, volviendo al inicio de mi intervención,
agradeciendo al señor ministro su presencia y diciéndole que el
contenido de la Comisión de Cooperación no sólo es responsabilidad
del Gobierno. El objetivo fundamental para el que se creó la Comisión
era ser un órgano de control, seguimiento, impulso y consolidación de
las políticas de cooperación. En esto los grupos políticos tenemos
una extraordinaria responsabilidad, y es llenar de contenido esta
Comisión de Cooperación y hacer propuestas con el más amplio consenso
para que sean eficaces.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): En primer
lugar, quiero dar las gracias a los distintos portavoces por sus
palabras de bienvenida, así como por el tono y el contenido de sus
intervenciones, totalmente positivo.

Al señor Caballero, cuyas consideraciones comparto, le específico que
los tres países a los que me he referido como beneficiarios hasta
ahora de los microcréditos son la República Dominicana, Perú y
Bolivia, que es lo que habrá dado lugar a ese malentendido respecto
de Libia, que no está entre los países beneficiarios.




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Efectivamente, coincido con el señor Recoder y con otros
intervinientes en que ese intenso debate parlamentario, al que se ha
referido, contribuyó a mejorar el techo. En relación al plan
director, se dispondrá del mismo y, por lo tanto, de las directrices
antes del debate presupuestario. En estos momentos está terminada su
elaboración en el Ministerio. Vamos a hacerlo circular en los
próximos días a la Comisión y en marzo podremos contar con la versión
aprobada por la Administración. Después irá al Consejo de Cooperación
al Desarrollo, por lo que es previsible que antes del verano podamos
contar con él. En relación con los informes de evaluación de 1998, a
los que se ha referido, están ya terminados y en los próximos días
serán circulados en la Comisión para su conocimiento.

En relación a la Comisión interministerial y la reglamentación de los
créditos FAD, es de todos conocido el fin de la creación de esa
Comisión: coordinar y unificar los criterios de la Administración. El
problema que ha planteado es cómo se abordará la reglamentación de
los créditos FAD a los que se refiere el artículo 28.2. Esos recursos
se van a administrar conjuntamente, como está previsto, por los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía y Hacienda, de
acuerdo con la normativa que vamos a elaborar en desarrollo de la ley
en cuestión. A tal efecto, se han iniciado los correspondientes
contactos con el Ministerio de Economía y Hacienda. Sin perjuicio de
que esa normativa se va a elaborar en el más breve plazo posible, en
estos momentos estamos dando prioridad a la reglamentación de los
microcréditos, en el marco del artículo 28.1, por tratarse de un
instrumento novedoso de aplicación urgente, como acabamos de
comprobar, y porque, además, entiendo que sientan un precedente que
puede ser muy útil, teniendo en cuenta la sensibilidad de la
Comisión, y la del señor Recoder en particular. Por lo tanto, vamos a
ver si con todo ello somos capaces de evitar la bicefalia, que ha
sido una tónica constante en los créditos FAD, como bien se puso de
manifiesto en ese enriquecedor debate al que se ha referido.

En relación con los registros autonómicos y mientras estos no se
creen, puesto que el artículo 33.2 establece que la inscripción en el
registro constituye una condición indespensable para recibir de las
administraciones públicas ayudas o subvenciones computables como
ayuda oficial al desarrollo, la respuesta a su pregunta en el sentido
de que debería ser obligatoria la inscripción de esas ONG en el
registro de AECI, me parece que tiene que ser afirmativa en tanto en
cuanto estos registros autonómicos no estén creados. De todas formas
debe tenerse en cuenta que cuando estos registros existan, los datos
que en ellos se inscriban, como es lógico, figurarán también en los
registros de la AECI en virtud de la comunicación y homologación de
datos entre registros a los que el propio artículo 33.2 se refiere.

Como dice el señor Fuentes, el ministros de Asuntos Exteriores es
responsable de la política de cooperación. Él la define y la dirige,
aunque como ustedes han visto su ejecución ya está muy
descentralizada. Yo desde luego manifiesto mi interés por comparecer,
tantas veces como sea posible, en esta Comisión. Nada me agrada más.

Una Comisión en la que, además, se respira un excelente ambiente. El
problema del ministro de Asuntos Exteriores, como ya se han puesto de
manifiesto en anteriores gobiernos,
es que tiene que atender a seis comisiones parlamentarias y,
además, efectuar una serie de viajes bilaterales y multilaterales a
las distintas organizaciones a las que pertenecemos. Les recuerdo la
ONU, que requiere dos semanas como mínimo al año; la OTAN, que tiene,
además de la cumbre, cuando se produce, por lo menos cuatro o cinco
reuniones al año; la UEO y la propia Unión Europea, que no son menos
de veinte reuniones al año. Añádanle a todas estas visitas
bilaterales de países que esperan la visita oficial del ministro, las
reuniones multilaterales y la obligación que tengo de acompañar a los
reyes en sus viajes, por lo que los pocos días que estoy aquí me los
paso en el Parlamento, como fue el caso de ayer todo el día y como
está siendo hoy.

En cuanto a la concreción de los trabajos a los que se ha referido,
que estarán en breve quiero decir en breve. No lo digo por insistir y
no concretar más. Los trabajos van avanzados. Me aseguran mis
colaboradores que estamos dentro del tiempo y no sería sensato
precipitarnos sin necesidad, por cuanto que estamos dentro de los
plazos, a riesgo de cometer errores que luego podrían dejarnos fuera
de calendario.




En cuanto a los tres vocales de la Administración en el Consejo de
Cooperación al Desarrollo, como ya les he explicado -entiendo su
pregunta y su interés-, no debemos olvidar que el trabajo del Consejo
es aprobar dictámenes y queremos que se haga con total autonomía. La
función del Consejo no es dirigir. La misión del Gobierno no es en
este caso imponerse en los debates de Consejo sino contar con un
canal de comunicación que en cada momento pueda hacer llegar al
Consejo la opinión de la Administración respecto de los distintos
temas a debate y que al propio tiempo sirva, en la doble vía, para
trasladar las directrices y las observaciones, las cosas que muchas
veces no se reflejan en un escrito al Gobierno por parte del Consejo.

Pero repito que en ningún caso hay que imponerse.

La normativa a que se ha referido relativa al gasto de los fondos
está ya en marcha, será elaborada en breve y también llegaremos a
tiempo. Reconociendo que siempre es posible correr más, quiero
destacar que en estos últimos dos años se ha realizado mucho trabajo
en el campo de la cooperación, sin desmerecer en modo alguno el que
han hecho gobiernos anteriores. Sabemos que España en 20 años ha dado
un gran salto -ustedes lo conocen mejor que yo- y de ser un país
receptor de ayudas ha pasado a ser uno de los grandes donantes del
mundo. Lo cierto es que estos dos últimos años se han sentado las
bases legales para actuar en ese sentido con mayor racionalidad y con
una mayor armadura jurídica.

Quiero agradecer al señor Izquierdo muy especialmente su apoyo, como
lo agradezco a los portavoces anteriores. Estoy totalmente de acuerdo
con él en su calificación de política de Estado, que debe huir de
cualquier sesgo ideológico y mucho más de cualquier sesgo partidista
en el campo de la cooperación. Queda mucho por hacer todavía y, por
tanto, podemos estar contentos de lo hecho pero no satisfechos;
estamos permanentemente insatisfechos.

Por lo demás, y para ahorrarles una reiteración de argumentos en los
que me parece inútil insistir, quiero decir que estoy en completo
acuerdo con las consideraciones que hanhecho tanto de forma como de
fondo y de tiempo. Por



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tanto, les doy las gracias una vez más por su colaboración y por su
espíritu constructivo. Espero que en la próxima ocasión podamos
reunirnos, aunque sea en breve, con todos estos desarrollos ya por
detrás de nosotros. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, creo que he sido suficientemente
generoso -perdonen la inmodestia- en el uso de los tiempos, pero si
hay algún portavoz con excesivo interés en intervenir le dará la
palabra sólo por un minuto, por favor, porque era intención de la
Presidencia levantar al servirá a las seis de la tarde.

Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, sabe que este grupo
ahorra mucho en palabras y por eso no debe preocuparse.

Intervengo simplemente para hacer unos breves comentarios a la
intervención del señor ministro. Celebro la información que nos ha
dado en el sentido de que el plan director va a estar a punto antes
del debate presupuestario. Ello es muy importante y reitero que lo
celebro. Quiero recordarle que de acuerdo con la ley debe ser objeto,
después de su aprobación, de debate y dictamen en el Parlamento. Por
tanto, es importante que pueda llegar al Parlamento con tiempo
suficiente para que se pueda producir el debate y dictamen antes de
la aprobación presupuestaria.

Señor ministro, quisiera manifestarle mi curiosidad por conocer el
funcionamiento de los microcréditos -simplemente lo apunto- porque
con la Ley de acompañamiento se abre una puerta. No necesito que me
responda hoy, podemos dejarlo para otra comparecencia parlamentaria.

Me interesaría mucho conocer cómo funcionan porque es un terreno
totalmente opaco para nosotros.

Le recuerdo al señor Izquierdo que la ley establece que el Consejo de
Cooperación es un órgano de participación con la presencia expresa de
la Administración, de las ONG, instituciones, etcétera. Lo digo
porque es importante que lo tengamos todos claro, ya que conocemos
cual era nuestra voluntad en el momento del debate de la ley, de
algunos grupos políticos y del Gobierno. En todo caso, el proyecto de
ley decía lo que decía pero la ley dice lo que dice actualmente.




Por último, señor ministro, agradeciéndole su información he de
decirle que en nuestro grupo parlamentario tenemos el máximo interés
en seguir de cerca el desarrollo reglamentario de la Ley de
cooperación internacional para el desarrollo.

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Intervengo
muy brevemente para agradecer una vez más al señor Recoder su
observaciones.

En cuanto a los microcréditos haré que les remitan información mucho
más detallada. Puedo decirles que, como su propia palabra indica, son
créditos de muy pequeña cuantía, oscilan entre el millón y los dos
millones de pesetas, en general, en las monedas de los respectivos
países, por cuanto que si se les da en moneda fuerte, aquellos países
que experimentan devaluaciones continuas podrían poner en
dificultades a ese pequeño empresario, a esa pequeña unidad familiar.

Aun así se gestionan con criterios rigurosos, buscando aconsejar al
beneficiario, intentando asegurar su devolución aunque sea en
créditos blandos y, por tanto, subvencionados en sus tipos de interés
y a largos plazos. He tenido ocasión de ver y de seguir muy de cerca
lo que se ha hecho en países asolados por catástrofes naturales, por
ejemplo en la República Dominicana, y eran créditos por importe de un
millón o un millón y medio de pesetas concedidos a una persona para
reconstruir su pequeño taller o para hacer frente a una casa cuyo
techo había sido levantado por el huracán. Se les ha tenido en cuenta
su economía y sus ingresos, se les ha dado consejo para que mejoren
la situación de la economía familiar y que luego puedan acometer este
crédito. Por tanto, no son sólo un instrumento social de gran valor,
porque con poco se consigue un beneficio muy repartido y muy
extendido, sino que son un instrumento de educación y de formación
económica de los beneficiarios, que es tanto o más importante que la
ayuda que en un momento dado se les concede. Remitiéndonos al ejemplo
del pescado no sólo se les da sino que en aquel momento se les está
enseñando a pescar mejor porque muchas veces son pequeñas empresas.

En todo caso, haré que les complementen esta información que me
parece del máximo interés.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Agotado el orden del día, señorías, y agradeciendo de nuevo la
presencia del señor ministro ante esta Comisión, se levanta la
sesión.




Eran las seis de la tarde.