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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 611, de 10/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 611
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER RUPÉREZ RUBIO
Sesión núm. 46 celebrada el miércoles, 10 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes
Juan) para informar sobre:
- La situación creada por el incumplimiento del acuerdo verbal
alcanzado entre España y el Reino Unido en relación a la actividad
pesquera en aguas próximas a Gibraltar. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente
213/000805) ... (Página 17802)
- Acciones que está llevando a cabo el Gobierno a favor de los
pesqueros españoles que faenan en aguas cercanas al Peñón de Gibraltar
y que han sido víctimas de hostigamiento por parte de patrulleras
gibraltareñas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (número de expediente 213/000823) ... (Página 17802)
- Posición del Gobierno con relación a Gibraltar. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 213/000894) ...
(Página 17802)
- Urgente, para informar sobre Gibraltar. Apetición propia (número de
expediente 214/000110) ... (Página 17802)
- Urgente, para informar de la evolución y estado actual de las
relaciones con Gibraltar. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso
(número de expediente 213/000971) ... (Página 17803)
PREGUNTAS:
- Del señor Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, acerca de la opinión sobre las negociaciones entre Gran
Bretaña y Gibraltar para realizar cambios en la Constitución de
Gibraltar, destinados a poner fin a su antiguo estatus colonial
(número de expediente 181/002105) ... (Página 17803)
- Del señor Encina Ortega, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
las actuaciones ante el incumplimiento del acuerdo entre España y el
Reino Unido en torno a la pesca en aguas próximas a Gibraltar (número
de expediente 181/002120) ... (Página 17803)
- Del mismo señor Diputado, sobre las gestiones diplomáticas para la
inmediata liberación de los pescadores apresados la madrugada del día
27 de enero de 1999 por patrulleras de Gibraltar (número de
expediente 181/002121) ... (Página 17803)
- Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Exterior y
para la Unión Europea (De Miguel Egea), para dar cuenta de la
evolución de la situación del conflicto de Kosovo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 213/000811) ...
(Página 17817)
Proposiciones no de Ley:
- Relativa a la ratificación del estatuto de la Corte Penal
Internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (número de expediente 161/001318) ... (Página 17827)
Dictamen sobre:
- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible
gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos Radiactivos,
hecha en Viena el 5 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/
000214) ... (Página 17831)
- Canje de Notas entre el Reino de España y el Programa de Naciones
Unidas para el medio ambiente relativo al acuerdo de sede de la
segunda reunión de la Comisión Mediterránea de desarrollo sostenible
(Palma de Mallorca, 6 al 8 de mayo de 1997), hecho en Atenas y Madrid
el 26 de febrero y el 24 de abril de 1997 (número de expediente 110/
000221) ... (Página 17831)
- Protocolo adicional al Convenio sobre Intercambio Cultural entre
España y Perú firmado en Lima el 30 de junio de 1971, hecho en Lima
el 17 de septiembre de 1998 (número de expediente 110/000223) ...
(Página 17831)
- Convenio número 181 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre las agencias de Empleo Privadas, hecho en Ginebra el 19 de
junio de 1997 (número de expediente 110/000223) ... (Página 17831)
Se abre la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (MATUTES JUAN)
PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN CREADA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
VERBAL ALCANZADO ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO EN RELACIÓN A LA
ACTIVIDAD PESQUERA EN AGUAS PRÓXIMAS A GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000805.)
- ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO ACABO EL GOBIERNO A FAVOR DE LOS
PESQUEROS ESPAÑOLES QUE FAENAN EN AGUAS CERCANAS AL PEÑÓN DE
GIBRALTAR Y QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE
PATRULLERAS GIBRALTAREÑAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000823.)
- POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RELACIÓN A GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000894.)
- URGENTE, PARA INFORMAR SOBRE GIBRALTAR. A PETICIÓN PROPIA. (Número
de expediente 214/000110.)
- URGENTE, PARA INFORMAR DE LA EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LAS
RELACIONES CON GIBRALTAR. A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000971.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MUÑOZ-ALONSO Y LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, ACERCA DE LA OPINIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES ENTRE GRAN
BRETAÑA Y GIBRALTAR PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN DE
GIBRALTAR, DESTINADOS A PONER FIN A SU ANTIGUO ESTATUS COLONIAL.
(Número de expediente 181/002105.)
- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
LAS ACTUACIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y EL
REINO UNIDO EN TORNO A LA PESCA EN AGUAS PRÓXIMAS A GIBRALTAR.
(Número de expediente 181/002120.)
- DEL SEÑOR ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE
LAS GESTIONES DIPLOMÁTICAS PARA LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS
PESCADORES APRESADOS LA MADRUGADA DEL DÍA 27 DE ENERO DE 1999 POR
PATRULLERAS DE GIBRALTAR. (Número de expediente 181/002121.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se abre la sesión
de esta Comisión de Asuntos Exteriores, que se va a celebrar de
acuerdo con el orden del día que todos ustedes conocen. Quiero
señalarles, al respecto, que además de las comparecencias que figuran
en los tres primeros puntos del orden del día y si por parte de SS.
SS. no hay inconveniente, que estoy seguro de que no lo habrá, vamos
a acumular dos comparecencias adicionales, una solicitada por el
mismo Gobierno, que fue calificada por la Mesa del Congreso ayer
mismo, también para informar sobre Gibraltar, y otra solicitada por
el Grupo Parlamentario Socialista, calificada por la Mesa hace una
semana, el día 2, y que también se refiere a Gibraltar, de manera que
en total serán cinco las comparecencias. También vamos a acumular las
preguntas que figuran con los números 4, 5 y 6. La tramitación de las
preguntas se hará conjuntamente con el texto de las comparecencias,
de manera que después de la intervención del señor ministro, daré la
palabra a los portavoces de los grupos que han solicitado las
comparecencias; inmediatamente después, a los autores de las
preguntas y, eventualmente, a algún grupo que no hubiese hecho uso de
la palabra en ese trámite.
Señor ministro, bienvenido a esta Comisión. Sin más, le doy la
palabra para solventar las comparecencias que figuran con los números
1, 2 y 3 del orden del día más las que el propio Gobierno y el Grupo
Socialista han solicitado.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muchas
gracias, señor presidente, señorías, por haberme permitido
comparecer, habiéndolo solicitado a la mayor brevedad, para tratar el
tema objeto del orden del día, que me parece de la máxima importancia
no sólo para la política exterior de España sino para sus intereses
generales.
Los pescadores de Algeciras y de La Línea tradicionalmente han
faenado en los caladeros próximos al Peñón de Gibraltar. Se trata de
unas aguas en litigio, milla y media al oeste y tres millas al este,
sobre las que, como SS.SS. saben muy bien, España no reconoce
jurisdicción al Reino Unido. Hasta finales de 1996 servían de
santuario a contrabandistas y, al propio tiempo, convivían con
nuestros pescadores de Algeciras y de La Línea. En marzo de 1997 se
produce el apresamiento del pesquero español «Hermanos Ramos
Briones». Los incidentes se multiplican al impedir las embarcaciones
de la policía gibraltareña las labores habituales de nuestros barcos.
Por parte británico-gibraltareña se pone fin unilateralmente al modus
operandi que hasta entonces había existido, creándose con ello una
situación de creciente tensión. En un primer momento, el pretexto
utilizado por las autoridades locales fue el de la preservación del
medio marino, en virtud de una ley de protección de la naturaleza de
1991 que el señor Bossano, anterior ministro principal de Gibraltar,
promulgó pero que nunca aplicó. Además, se alega un notable
incremento de nuestra actividad pesquera.
La pesca en las proximidades del Peñón es artesanal. Las flotas
pesqueras de Algeciras y La Línea no han aumentado el número de sus
barcos en los últimos años. Por otra parte, Gibraltar carece de flota
pesquera y las especies que faenan en estas aguas nuestros pescadores
-la sardina, el jurel o la caballa- son especies migratorias que poco
o nada tienen que ver con la protección de los suelos marinos
prevista en la legislación gibraltareña. La realidad, por el
contrario, es bien distinta. La aplicación de la Ley de 1991 y la
consiguiente política de hostigamiento a nuestro sector pesquero ha
obedecido, sin ningún género de dudas, a un intento por defender y
consolidar unos supuestos derechos de Gibraltar, (en este caso
todavía más grave, de las autoridades locales de Gibraltar, a las que
ninguna competencia reconoce ni la Constitución ni las propias
autoridades británicas) sobre las aguas próximas al Peñón. Ése es el
fondo del asunto y el pretexto era la protección de los suelos
marinos, así lo han reconocido las propias autoridades locales de
Gibraltar, que una y otra vez se han negado a realizar concesiones en
temas que, en su opinión, afectan al control, jurisdicción y
soberanía de lo que Gibraltar llama sus aguas.
Se intensificaron a raíz de esta situación los contactos con el Reino
Unido para encontrar fórmulas prácticas que permitieran volver a la
situación de pesca tradicional anterior a los hostigamientos de 1997.
Las ofertas y contraofertas se sucedieron. Se llegó, finalmente, a un
acuerdo que fue negociado durante semanas y meses por el director
general de Europa de entonces, el señor Rodríguez-Spiteri, y por
parte de la embajada británica en Madrid. Una vez bien establecido el
acuerdo, bien perfilado y acotado, lo ratificamos -me parece que fue
el 5 de octubre- los ministros Exteriores de España y del
Reino Unido. Por cierto, este acuerdo fue confirmado posteriormente
por el señor presidente del Gobierno y el primer ministro, señor
Blair, en el encuentro que mantuvieron en Londres el pasado 2 de
noviembre. Es un acuerdo oral y no podía ser de otro modo, porque
tanto España como el Reino Unido, teniendo en litigio esas aguas a
las que me he referido, no pretendíamos ni podíamos pretender una
mejora de nuestras posiciones en la disputa sobre la soberanía de
estas aguas, lo que necesariamente hubiera pasado en el caso de un
acuerdo por escrito, porque una de los dos posiciones forzosamente
habría prevalecido sobre la otra. El acuerdo suponía de facto
autorizar en determinadas condiciones técnicas la pesca que
tradicionalmente se había venido llevando a cabo, suspendiendo de
facto la aplicación de la Ley gibraltareña de protección de la
naturaleza; es decir la vuelta a la situación anterior a 1997. En los
primeros días de la aplicación del acuerdo -eso es frecuente-
pudieron existir dudas sobre la exacta ubicación en la que faenaban
nuestros barcos, y hubo de hecho -y es inevitable que ello se
produzca- incumplimientos, pero posteriormente quien incumplió y de
un modo reiterado y continuado el acuerdo entre ambos ministros fue
la policía gibraltareña.
Nuestros pesqueros en ocasiones han faenado dentro de la denominada
zona de seguridad o aguas del almirantazgo, aguas, por otra parte,
con una profundidad inferior a los 35 metros en los que, según la
legislación comunitaria y española y el propio acuerdo de los
ministros, no estaría permitida la pesca. Lo cierto es que desde el
primer momento, repito, nuestros pesqueros fueron hostigados por las
patrulleras gibraltareñas que les ahuyentaron sistemáticamente,
incluso, como ha sido el caso de la mayoría de los días, cuando no se
acercaban a la denominada zona de seguridad y que ambos habíamos
excluido. El ambiente se fue enrareciendo especialmente durante la
segunda quincena del mes de enero, hasta que, finalmente, se produjo
de un modo que podemos considerar premeditado (y por nuestras
informaciones, programado desde varios días antes) el apresamiento
del barco «Piraña» en la madrugada del pasado 26 al 27 de enero. Los
pescadores fueron maltratados y humillados, si no de obra, sí de
palabra y de gestos.
Tengo que decir que a lo largo de todo ese proceso, que culmina en
ese acto ya inaceptable desde todos los puntos de vista, ha sido
continua la atención, las gestiones prestadas por los ministerios de
Agricultura y de Asuntos Exteriores. No hemos dejado de exigir al
Reino Unido que cumpliera con lo pactado, que se pusiera fin a la
política de hostigamiento por parte de la policía gibraltareña contra
nuestros pescadores y se impusiera el acuerdo a las autoridades
locales de Gibraltar. No hace falta enumerar todas estas acciones y
gestiones porque sería interminable.
De todos es conocida la protesta que realizamos por el apresamiento
del «Piraña» y nuestra exigencia al Reino Unido para que reconociera
y garantizara, que era la cuestión -la existencia del acuerdo no era
negada-, de forma inequívoca el cumplimiento de ese acuerdo hispano-
británico. Lamentablemente, el comunicado del Gobierno británico,
después de varias conversaciones entre el ministro señor Cook y yo
mismo, dado dentro del plazo de setenta y dos horas que el Gobierno
español se había fijado antes de adoptar medidas, fue insuficiente
por cuanto reconocía
la existencia del acuerdo pero al mismo tiempo su voluntad de no
violar la legislación de las autoridades locales y la necesidad de
renegociar algunos aspectos. Por ello mismo, las medidas por nuestra
parte no se hicieron esperar.
Conviene destacar que la policía gibraltareña depende del gobernador
y, de hecho, el «Piraña», en el momento de su apresamiento, se
encontraba faenando dentro de los términos del acuerdo hispano-
británico y, según nuestras informaciones, el gobernador, actuando de
acuerdo con las autoridades locales, no habría recibido ninguna
instrucción en este sentido del Gobierno de Londres.
En esas circunstancias, y abierta la crisis y ante la demanda por
parte de nuestros pescadores de reunirse a la demanda a su vez del
ministro principal de Gibraltar, la autoridad local, para ver si
podían solucionar por vía de facto este conflicto, España no podía
oponerse legítimamente a que esos pescadores buscaran que cesara este
hostigamiento, y como de hecho siempre ha habido contactos entre las
autoridades locales de Gibraltar con los pescadores, con nuestras
propias autoridades locales, para tratar distintos aspectos de
cooperación, no podíamos oponernos a que tuviera lugar ese encuentro.
Alo que sí nos opusimos fue a que hubiese en estas conversaciones un
representante de la Administración del Estado porque el Gobierno
español ciertamente no podía negociar cuestiones relacionadas con la
soberanía con las autoridades locales de la colonia sin perjudicar de
un modo gravísimo, y quizá irreversible, el contencioso histórico que
tenemos en relación con Gibraltar. Fruto de esos contactos privados,
por tanto, es el entendimiento, privado también, al que llegaron los
representantes de nuestro sector pesquero con esas autoridades
locales de Gibraltar el pasado 1 de febrero.
Desde el punto de vista de las modalidades de pesca tengo que decir
que los términos de ese entendimiento están muy cerca. Hay
diferencias de 20-25 metros en toda esta zona que son unas cuatro o
cinco millas cuadradas. Básicamente son los mismos acuerdos a los que
habíamos llegado los gobiernos español y británico el 5 de octubre.
Por lo tanto, en ese acuerdo lo que intenta el Gobierno local es
hacer reconocer que tiene ahí una legislación, que naturalmente
España no puede reconocer y menos todavía de la autoridad local, y
decide dejarla en suspenso. Por tanto, lo que el Gobierno británico
había acordado con el Gobierno español fue el origen de la oposición
y el conflicto, en teoría, por parte de las autoridades locales, pero
ahora son las autoridades locales las que renuncian a aplicar esa
legislación. Yen eso consiste el acuerdo, en la réplica básicamente
del que teníamos acordado los dos ministros. Ese mismo día por la
tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico emitió un
comunicado reconociendo de forma ambigua la existencia del acuerdo
con España el pasado mes de octubre, pero expresando su satisfacción
de que se hubieran superado las dificultades que impedían su
aplicación y apoyando el entendimiento alcanzado por el sector
pesquero.
Por todo, lo que les he dicho está claro que el Gobierno español no
puede reconocer oficialmente este entendimiento. La razón es simple:
afecta a cuestiones de soberanía entre el Reino Unido -no las
autoridades locales de Gibraltar- y España en unas aguas en litigio
sobre las que no reconocemos jurisdicción al Reino Unido y mucho
menos a Gibraltar, como he dicho anteriormente. El ministro principal
de la colonia no puede erigirse, como le gustaría, en interlocutor
del Gobierno español en cuestiones que afecten a la soberanía. No
puede pretender actuar -y eso es lo que pretende en dichos ámbitos-
como si fuera un primer ministro de un Estado independiente y
soberano. Ése y no otro, señorías, es exactamente el fondo de la
cuestión, no lo olvidemos. Tampoco podemos olvidar que estas
autoridades locales de Gibraltar no tienen legitimidad para ejercer
estas funciones.
Dicho esto, el Gobierno, que no se siente vinculado en modo alguno
por ese acuerdo, tampoco obstaculizará la aplicación de este
entendimiento, máxime si ello permite faenar a nuestros pescadores.
Me he entrevistado con los representantes del sector pesquero y con
los alcaldes de Algeciras y La Línea el pasado día 2, en una
interesante reunión en la que tuvimos ocasión de intercambiar puntos
de vistas de explicarles y darles detalles e información de la
actuación del Gobierno español, del Ministerio de Asuntos
a Exteriores, desde el primer momento y tengo que decir que dicha
información fue muy agradecida y valorada por nuestros interlocutores
del sector pesquero, que así lo reconocieron en una conferencia
pública de prensa que dieron conmigo. En todo momento, por la
incidencia que ello tenía sobre una Comunidad Autónoma importante
como es la andaluza, estuve en permanente contacto con el presidente
de la Junta de Andalucía, quien mantuvo una actitud que quiero
calificar de ejemplar, de apoyo y de confianza en la actuación del
Gobierno. También sostuve contactos, que se mantienen, con el
consejero de Pesca y Agricultura de la Junta de Andalucía, don
Paulino Plata, que ha sugerido algunas ideas interesantes para ir
mejorando la situación del sector pesquero afectado precisamente por
ese conflicto.
El próximo jueves -es decir, mañana- volveré a encontrarme con el
alcalde de La Línea, que me trasladará la preocupación de los
habitantes del Campo de Gibraltar por la situación que se vive en la
zona en estos momentos. Quiero asegurar a SS.SS. -como se lo diré
también a él- que soy muy consciente de los problemas a los que se
enfrentan tanto los pescadores como todos los trabajadores del Campo
de Gibraltar. El Gobierno -y yo muy especialmente- será siempre
sensible a sus intereses, aunque, lógicamente, también estamos
obligados -y lo seguiremos haciendo, como es lógico- a defender los
intereses de carácter general de la nación. Precisamente para
estudiar y coordinar lo mejor posible todas las medidas que puedan
ser tomadas en esa zona, muchas de las cuales tienen que ser
adoptadas por otros ministerios distintos del de Asuntos Exteriores,
yo mismo solicité el pasado viernes, en el informe que presenté al
Consejo de Ministros sobre la situación, la conveniencia de pensar en
un plan ambicioso de inversiones en infraestructuras y en todas
cuantas acciones pueda el Gobierno acometer a través de los
ministerios correspondientes para contribuir al desarrollo económico
y social, a la creación de empleo y a la mejora del nivel y de la
calidad de vida de los habitantes del Campo de Gibraltar. Al respecto
solicité la creación de una comisión interministerial que debiera
estar presidida por Presidencia de Gobierno, a los efectos de
coordinar mejor las actuaciones de otros ministerios competentes en
la materia. La primera
de estas reuniones tendrá lugar mañana mismo. Yo solicité que dicha
reunión la presidiera precisamente el vicepresidente primero con
delegados de todos los ministerios afectados y en ella se analizarán
las posibles medidas positivas para el Campo de Gibraltar. Tenemos
que estudiar el desarrollo de las infraestructuras y servicios del
puerto de Algeciras; tenemos que potenciar el desarrollo económico y
la creación de empleo; tenemos que estudiar las acciones sociales que
puedan ser necesarias para paliar cualquier efecto negativo que
nuestra mayor firmeza en el tema de Gibraltar pueda provocar o pueda
acentuar.
En este sentido, y con el objeto de ir acabando con las
irregularidades fiscales y legales en Gibraltar, estamos estudiando
también en Exteriores posibles acciones concretas a tomar en el
futuro. Hay una amplia panoplia, desde la no aceptación de los
permisos de conducir emitidos por las autoridades gibraltareñas, que
no se adaptan a las directivas comunitarias. No sé si ustedes tienen
noticia, pero se han producido en los últimos tiempos anuncios
ampliamente difundidos en la prensa española ofreciendo a los
españoles que tengan dificultades para obtener su carné de conducir
una excursión a Gibraltar, donde por unas 40.000 ó 60.000 pesetas,
con un simple trámite, obtendrían -y de hecho lo han obtenido unas
6.000 personas- un carné de conducir que no pueden obtener en España,
donde se aplica la normativa comunitaria con el rigor propio de una
actividad que puede representar un grave peligro para terceros. Ésa
es una de las decisiones que en estos momentos, junto a otras, se
están considerando para ir exigiendo desde el punto de vista legal
que hagan otro tanto desde el otro lado de la verja.
Quiero decir que, además de la responsabilidad de las autoridades
locales de Gibraltar, también es clara la del Reino Unido. El acuerdo
hispano-británico, al parecer, originaba un problema interno al Reino
Unido. El acuerdo verbal con España versa sobre la pesca, cuya
competencia habría sido transferida a las autoridades gibraltareñas
en la Constitución de 1969. Los británicos, al parecer, no
consultaron a los gibraltareños para aceptar el acuerdo, pero esta
argumentación, obviamente, no puede ser aceptable para España puesto
que ningún Estado puede ampararse en problemas de derecho interno
para incumplir un compromiso con otro Estado, además de que el
gobernador británico, de acuerdo con la propia Constitución de 1969,
dispone de amplios poderes para haber podido dejar en suspenso la Ley
de protección de la naturaleza de 1991.
Por ello hemos de lamentar, por segunda vez, la incapacidad del Reino
Unido. La primera, quizá más grave, fue por el incumplimiento sobre
el acuerdo negociado con España para la utilización conjunta del
aeropuerto de Gibraltar, en 1987. Por tanto, tenemos que lamentar,
repito, esa incapacidad reiterada del Reino Unido para reconocer
y garantizar el cumplimiento de sus acuerdos, tal como reiteradamente
le hemos solicitado. Londres no dejó de enviar a la colonia mensajes
públicos de ambigüedad en relación con los términos del entendimiento
hispano-británico, lo que permitió a la policía encargada de la
aplicación su violación sistemática. Aquí está la raíz del conflicto.
El miércoles -creo- se apresó el «Piraña» y en el Consejo de
Ministros del lunes 25 de enero se me pidió una entrevista. En un
aparte de media hora a petición de mi colega, el
señor Cook insistía en relación con esos barcos que no cumplen los
términos del acuerdo, que entran en esas aguas que habíamos excluido,
que son aguas de seguridad. La respuesta mía no podía ser otra: ¿Cómo
podemos impedirles en un momento determinado que traspasen esos
límites si cuando están pescando en las aguas que antes hemos
aceptado son continuamente hostigados por la policía gibraltareña,
que les niega la existencia de tal acuerdo? Si tal acuerdo les es
negado, ¿qué fuerza moral tenemos para impedir que vayan a pescar más
allá de lo que hemos establecido? Con esa ignorancia sistemática del
acuerdo lo que se está haciendo es pura y simplemente introducir la
ley de la selva en esa relación, y eso un día acabará mal, no puede
acabar de otra manera. La única solución para que nosotros podamos
exigir a nuestros pescadores el cumplimiento del acuerdo es que, a su
vez, la policía gibraltareña respete fielmente los términos del
acuerdo. El resultado fue ese apresamiento dos días más tarde.
Por tanto, hay que concluir que la crisis de la pesca no está
separada del problema global que supone la supervivencia de la
colonia de Gibraltar, cosa anacrónica, y el estancamiento del llamado
proceso de Bruselas, que hemos intentado dinamizar los sucesivos
gobiernos y yo en concreto con las propuestas que presenté en
diciembre de 1997. Las autoridades locales de Gibraltar, como ustedes
saben, rechazan esas propuestas, incluso antes de conocer su
contenido. Por ello, y máxime a la vista de la política seguida por
el Reino Unido, de manera especial en el conflicto de la pesca, hay
que concluir que no se puede ser optimista en el corto plazo respecto
de los avances en la próxima reunión ministerial del proceso de
Bruselas, en principio prevista para el mes de mayo.
Por otra parte, el Reino Unido debería tener claro, debería haber
asumido ya que no es posible encapsular el contencioso de Gibraltar,
dejarlo por completo al margen de nuestras relaciones, que por cierto
en otros aspectos son excelentes y todavía ofrecen grandes
potenciales de crecimiento, pero que se ven continuamente
obstaculizadas y amenazadas por ese contencioso que, por lo mismo, no
es posible separar por completo del conjunto de nuestras relaciones,
ya que constituye un cáncer que incide, que se reitera continuamente
y que aparece en toda ocasión influyendo muy negativamente en el
contenido de las relaciones hispano-británicas. Ante la actual
situación del contencioso, es claro que el Gobierno español no puede
sino adoptar las medidas necesarias, las que ya conocen ustedes que
se han adoptado y las que se están estudiando para cambiar ese estado
de cosas. Con tranquilidad, sin precipitaciones, sin altibajos, de un
modo constante sin crispaciones, el Gobierno defenderá los intereses
generales de España. Y aquí, señorías, precisamos de una auténtica
política de Estado y de la colaboración de las distintas fuerzas
políticas. Créanme si les digo que cualquier quiebra de esta unidad
no haría sino alejar todavía más la solución definitiva de un
contencioso, solución que sin duda se va a alcanzar. Tengo todavía la
esperanza de verlo, aunque ciertamente no como ministro. He estado en
contacto con los portavoces de esta Comisión, la última vez el pasado
día 2, en que les di todas las explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro. Una vez más tengo que
rogar que apaguen los benditos-malditos artefactos que son los
teléfonos móviles, que en este caso suponen una falta de respeto a
todos los demás. El aviso va tanto a los señores miembros de la
Comisión como a los demás asistentes, sea cual sea su cualidad. Lo
ruego expresamente, porque si no tendré que pedir a los portadores
que abandonen la sala.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias,
señor presidente.
Decía que la última vez que estuvimos en contacto fue el pasado día 2
y quiero agradecerles el apoyo, las aportaciones positivas que en
todo momento mostraron ante las actuaciones del Gobierno español. Me
propongo continuar en esta línea de cooperación e intercambio de
opiniones con los distintos grupos, repito, algo esencial en esta
cuestión. Al propio tiempo quiero comunicarles que nuestra línea,
dentro de esa firmeza, será de prudencia y de intentar buscar la
unidad de todos los grupos políticos, como les decía anteriormente.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, voy a dar la palabra a los
portavoces de los grupos que han solicitado las comparecencias
correspondientes, tal como están en el orden del día. Les diré que,
como saben ustedes, no es táctica de la Presidencia limitar los
tiempos, pero sí les solicitaría que fueran lo más concisos que
pudieran a la hora de la exposición de sus respectivos argumentos,
primero, para no repetirlos, y, segundo, para no hacer excesivamente
largo este trámite.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia.
Señor ministro, usted ha naufragado en las aguas de Algeciras. Con
esta comparecencia tiene una ocasión importante para pedir disculpas
al sector pesquero de Algeciras y La Línea por las declaraciones
insultantes que hizo nada más conocer el acuerdo informal entre el
señor Caruana y dicho sector, ya sabe usted a lo que me refiero,
a aquellas declaraciones que hizo: por mí, como si lo cuelgan en el
palo mayor de los barcos o lo enmarcan y lo colocan en el cuarto de
baño. Yo creo que el sector pesquero no se merece esas declaraciones;
500 trabajadores que dependen de la mar para poder convivir en una
comarca con un 38 por 100 de paro, es decir, una magnitud importante
en lo que a desempleo se refiere. Por tanto, repito, creo que tiene
una ocasión de oro para pedir disculpas al sector pesquero. Creo que
esas declaraciones evidenciaban una frustración y un fracaso de su
parte, porque el sector pesquero ha quedado abandonado a su suerte.
El sector pesquero, por la vía de los hechos, ha demostrado algo que
yo solamente he leído en los libros, aquello que dice que el propio
desarrollo de la humanidad hará posible superar la burocracia de los
Estados. Efectivamente, en este conflicto así se ha demostrado. Es
decir, usted no ha sido necesario, ha estado totalmente ausente en
este conflicto. Yno es verdad que el acuerdo alcanzado entre el
sector pesquero y el señor Caruana sea el mismo que el acuerdo
verbal alcanzado entre el Reino Unido y España; no es verdad. De los
tres barcos de cerco y dos en espera en la zona de Poniente se pasa a
cuatro y sin ningún límite en espera; además, se pasa a 225 metros
más los botes luceros, que estaban en litigio en el acuerdo verbal, y
se consigue un acuerdo mucho mejor que el verba1 alcanzado entre el
Reino Unido y España.
Pero me voy a referir a la cuestión de fondo que usted ha expuesto
claramente en relación con la posición del Gobierno sobre este
conflicto pesquero y la soberanía de España en el contencioso
colonial que tenemos con Gibraltar. Yo creo que la posición que ha
mantenido el Gobierno y que ha mantenido usted en relación con este
conflicto tiene mucho que ver con cómo entienden ustedes que se debe
resolver este conflicto, el estatus colonial injusto y arcaico que,
efectivamente, hay que superar. Ustedes han convertido este conflicto
pesquero, a mi entender de forma equivocada, en gran conflicto de la
soberanía nacional sobre Gibraltar y no han tenido flexibilidad para
acometer la solución sencilla de un conflicto pesquero local. Me
explicaré. Desde el primer momento, como bien se ha dicho, ustedes
negaron cualquier tipo de contacto de la Administración española con
la de la Roca, es decir, mantuvieron que sólo era posible un contacto
con el Reino Unido para evidenciar así el no reconocimiento de ese
status colonial. Pero yo creo que esa posición choca en primer lugar,
con otros conflictos anteriores que hemos tenido y que se han
resuelto de forma natural contactando con las dos administraciones.
Por ejemplo, el problema de las pensiones que los trabajadores
españoles tenían respecto a la Administración de la colonia fue
resuelto mediante una gestión vía Reino Unido y vía Administración de
la colonia, como se hizo también respecto a la situación del
aeropuerto y de la frontera. Le voy a poner también otro ejemplo que
creo que es el más claro. Aquí tienen ustedes información -que pongo
a disposición de SS.SS.- sobre el último balizamiento, en 1993, del
puerto de AlgecirasLa Línea, que depende de Puertos del Estado. Pues
bien, este balizamiento es prácticamente el mismo que plantean las
autoridades locales de Gibraltar en relación con las aguas en
litigio, el mismo, de manera que a los buques que fondean dentro de
lo que el puerto de Algeciras ha señalado como zona que no forma
parte de dicho puerto no se les pasa facturación. Desde nuestro punto
de vista, una diplomacia flexible e inteligente no debería haber
despreciado la posibilidad de intervenir en todo el escenario del
conflicto, y si alguien entiende que un encuentro entre el señor
Caruana y un funcionario español de tercer nivel significa aceptar la
lógica colonial, yo creo que se equivoca, de la misma manera que
cuando el Gobierno del Estado se siente con ETA a negociar el fin de
la violencia nadie podrá entender que en ese contacto el Gobierno
reconoce la lógica de la violencia de ETA.
Por tanto, yo creo que la primera equivocación ha sido no haber
explorado la posibilidad de, delimitando claramente de qué estarnos
hablando, es decir, un conflicto local pesquero, desplegar una serie
de iniciativas para conseguir entrar en la integridad del escenario
del conflicto. Usted ha querido explicitar con claridad meridiana y
con el abandono a su suerte al sector pesquero que para su Gobierno
está antes la soberanía sobre el Peñón que este conflicto pesquero
local de entidad menor. Yo creo que esto lo han hecho desde un
concepto vacío de soberanía e interés nacionales, porque si no a mí
no me casa esa posición enérgica, firme, con otro paso que ustedes
han dado, como fue apoyar la incorporación de España en la estructura
militar de la OTAN. En la misma Alianza en la que se comparte mesa y
mantel con el Reino Unido está el Estado que mantiene ese estatus
colonial. Aquí sí se tiene flexibilidad, ductilidad, para pasar de
puntillas sobre algo que no tiene precedentes en los procesos de
descolonización. Es decir, que el país que reclama la descolonización
y el colonizador participen en una alianza militar. Yo no tengo
ningún precedente de esto, ninguno. Es más, se podría dar una
situación curiosa: mientras que existe un conflicto pesquero, a muy
pocas millas se pueden estar desarrollando unas maniobras conjuntas
con buques del Reino Unido y de la Armada española. Por tanto, yo
creo que la falta de flexibilidad en este caso no se da, lógicamente,
y se crea un problema muy serio desde el punto de vista de la
recuperación de la soberanía nacional sobre el Peñón de Gibraltar.
Soberanía e interés nacional es también defender y proteger a los
trabajadores de la zona, y en ese sentido tenemos mucho que decir del
abandono que hay en general de la comarca del Campo de Gibraltar: un
38 por 100 de paro en la encuesta de población activa y una situación
de pobreza estructural que no ayuda a resolver positivamente el
contencioso colonial, porque, lógicamente, habrá que ganarse la
confianza de los habitantes del Peñón para que el marco de
desarrollo, es decir, lo que ellos vean de fronteras para fuera, sea
algo atrayente. Yen este momento no solamente no es atrayente sino
que ocurre lo contrario. Como usted sabe, 2.000 trabajadores de la
comarca entran todos los días a trabajar al Peñón del Campo de
Gibraltar. Por ello, preocuparse por el interés general y por la
soberanía, como usted muy bien dice, es evitar en lo posible que,
como actualmente sucede, el Peñón sea una especie de paraíso fiscal
en donde se toleran el blanqueo de dinero, las actividades ilegales
financieras, etcétera. En este sentido, nosotros le vamos a dar tanto
nuestro apoyo y respaldo para impedir que sea la actividad central de
la colonia de Gibraltar, pero también hay que interesarse por lo
mismo de fronteras para acá. Le puedo asegurar que la lucha para
desmantelar todos los patrimonios acumulados ilegalmente en el
narcotráfico no da ningún resultado. Le podría preguntar si conoce
algún patrimonio de este tipo en el Campo de Gibraltar, en la
provincia de Cádiz, que haya sido desmantelado. Yo no conozco
ninguno.
Señor ministro, creo que en este sentido usted claramente se ha
equivocado. Ustedes quieren resolver el conflicto de Gibraltar
volviendo a fórmulas fracasadas y ensayadas durante el franquismo,
como es la política del bloqueo, y creo que esto es un tremendo error
que elevó la tensión en la comarca de forma innecesaria. Si ustedes
optan por la vía del bloqueo y del aislamiento, van a conseguir
retrasar la búsqueda de una fórmula positiva para superar este
conflicto. Nosotros, lógicamente, nos distanciamos de cualquier
posibilidad de seguir manteniendo una política errática que vuelva a
la fórmula ensayada por el franquismo de cerrar la verja. Nos
preocupa que al día de hoy todavía se sigan manteniendo los dobles
controles y los filtrosen la frontera, porque es una medida que no
solamente
no nos acerca más a la solución sino que nos la aleja de ella y crea
mayor crispación. Frente a esa posición de volver al pasado, creemos
que hay que ensayar fórmulas que pasen por apostar por un modelo de
desarrollo sostenible e integral en la comarca, por elevar el nivel
de vida del conjunto de la comarca, por tener una máxima
permeabilidad en la frontera y, lógicamente, por intentar mantener
muy buenas relaciones con las personas que viven en el Peñón, porque
entendemos que cualquier fórmula de futuro de solución del conflicto
habrá de tener en cuenta su opinión. De esa manera podríamos concluir
en que estaríamos cerca de la solución del conflicto. Tengo la
convicción personal de que si dependiera de los trabajadores y de los
empresarios de la comarca, y no de usted, estaríamos mucho más cerca
de la solución del contencioso de Gibraltar. Espero que por su parte
cambie de estrategia en relación con este conflicto, que sea capaz de
situar en sus justos términos lo que estamos hablando, de ubicarlo
bien, y que los pescadores de La Línea y de Algeciras no se
encuentren nunca más en la situación en que se han encontrado de
desamparo absoluto. Creo que el sector pesquero no se merece esa
respuesta por parte de la Administración del Estado. Tengo confianza
en que ustedes cambien de posición, de estrategia, respecto a cómo se
debe superar este conflicto de soberanía nacional. Si es así,
estupendo; sino, qué le vamos a hacer. Tendremos ocasión de ver que,
de persistir en esta política, habrá otras comparecencias en el
futuro hasta conseguir una política que haga claramente posible
superar el estatus colonial del Peñón de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señorías, yo creo que no podemos partir de lo
pequeño para encontrar solución a lo grande. Hay que partir de lo
grande para, primero, solucionar las grandes líneas de una acción que
naturalmente es de Estado y no sólo de un ministerio, de un
ayuntamiento o de una cofradía de pescadores. Estamos hablando de la
política exterior de España en su asunto exterior más largo, antiguo,
complejo y, sin duda, más debatido en comisión alguna de Parlamento
alguno en este país. Parece evidente que no es un asunto solamente,
local, regional, sectorial. No es una cuestión en que todo el
problema pueda girar en torno a uno de sus aspectos más pequeños
aunque naturalmente los aspectos pequeños afectan a la vida de las
personas concretas y deben tener su lugar en una política de Estado
digna de ese nombre. Estamos ante una crisis anunciada. La propia
naturaleza de Gibraltar como último reducto colonial en Europa, como
colonia de un país europeo en otro país europeo, como colonia de un
país miembro de la Alianza Atlántica en otro país miembro de la
Alianza Atlántica, es por sí sola difícilmente sostenible, y
solamente se sostiene en el pasado por la debilidad del Estado
español y, en el presente por las maniobras, las dilaciones, las
debilidades y las incapacidades del Gobierno británico en su relación
con las autoridades locales de Gibraltar. Desde luego, lo que no
puede aceptar mi grupo es que pueda ser debido bien a la división de
las fuerzas políticas españolas, bien a la falta de capacidad del
Estado español de asumir las responsabilidades que le son propias en
la reintegración
territorial de España. Ése es el principio que nos debe mover a
todos. Por una parte, asentar el firme acuerdo, los consensos que han
existido en el pasado y deben existir en el presente sobre las
grandes líneas de nuestra acción exterior; trabajar para que ese
consenso se desarrollo, para que todos, Gobierno y diputados,
Gobierno y Parlamento, gobernantes y representantes parlamentarios
trabajen en la misma línea y no en líneas paralelas o
contradictorias, entre otras cosas porque las líneas paralelas no
tienden a acercarse nunca, a pesar de lo que dijera un famoso
político democristiano italiano.
Es Gibraltar un cáncer que perjudica no solamente a nuestra economía,
a nuestras finanzas públicas, sino que drena los recursos del Campo
de Gibraltar y de una parte importante de Andalucía. Es un cáncer que
mina la propia autoridad del Estado por cuanto que éste no puede
dejar de asumir sus responsabilidades y poner en marcha medidas que
no son sólo negativas, que no son sólo reactivas, sino que, como se
ha insinuado aquí por parte del ministro, deben ser medidas
positivas, medidas que beneficien a los habitantes, a los ciudadanos
españoles perjudicados por el mantenimiento de este agravio y de esta
situación colonial; medidas positivas que permitan, además,
aprovechar todas las potencialidades que son perjudicadas hoy en día
por la anacrónica e insostenible situación de esta última colonia
europea en un país europeo.
No creo que sea necesario insistir mucho, porque quizá encontraríamos
reiteración en mis palabras, sobre el incumplimiento de los acuerdos
del Gobierno británico. El Gobierno anterior ya tuvo ocasión -y
obtuvo en su momento el respaldo de mi grupo- de sufrir el
incumplimiento de un acuerdo mucho más importante, el acuerdo sobre
el aeropuerto. Vemos hoy cómo un acuerdo de ambición mucho menor,
como es el de la faena de nuestros pescadores en las aguas en
litigio, es de nuevo incumplido por el Gobierno británico. Si tenemos
alguna noción de derecho internacional, parece claro que un Estado no
puede incumplir sus acuerdos con otro Estado alegando razones de
orden interno. Para nosotros no deben ser excusa alguna las difíciles
relaciones que pueda tener el Gobierno británico con su oposición en
Westminster o las autoridades locales, o incluso las difíciles
comunicaciones que pueda tener el citado Gobierno con su propio
delegado, como es el gobernador de Gibraltar. No son ni siquera
excusas, son argumentos que no podemos aceptar en ningún debate
político y menos en esta Cámara.
Creo que estamos en mejor situación de lo que hemos estado nunca.
Formar parte de la Unión Europea de la Alianza Atlántica y tener un
nivel de relaciones con Gran Bretaña, haber recuperado la fuerza del
Estado y haber superado la debilidad del mismo en épocas remotas nos
pone en mejor situación, en primer lugar, para ofrecer alternativas
y proponer acciones positivas que permitan a nuestros compatriotas en
la zona salir de esa dependencia nefasta de la economía y de la
situación colonial de Gibraltar. También estamos en mejor situación
que nunca para poner a Gran Bretaña frente a sus propias
responsabilidades, que no lo son sólo frente a España sino también
responsabilidades frente a la Unión Europea. Ha sido dicho y
recordado en numerosas ocasiones el importantísimo número de
directivas que son incumplidas sistemáticamente por el
Reino Unido en el marco de la Unión Europea. No me cabe ninguna duda
de que la Administración española está ya haciendo y hará todo lo
posible para que la Unión Europea asuma, por fin, el cumplimiento de
las responsabilidades y de las normas que corresponden al Gobierno
británico en esa última colonia que es Gibraltar.
En último lugar, yo estoy seguro de que esta política que nos anuncia
el ministro, que no es una política improvisada sino bien pensada,
puede permitir hacer ver a las autoridades locales de Gibraltar que
su empeño por mantener y desarrollar una ficticia independencia de
Gibraltar al margen del Tratado de Utrecht, por mantener y sostener
una economía gibraltareña a costa de la economía española, o por
intentar buscar divisiones entre las filas de los demócratas, de los
partidos políticos españoles, de las instituciones españolas, son
vanos, son inútiles y están condenados al fracaso. No ha sido este
grupo al que dignamente intento representar el que ha dejado de
sostener la acción de éste y de anteriores gobiernos en la
persecución de los objetivos últimos de nuestra acción, que son,
naturalmente, la reintegración territorial de España, la recuperación
de la soberanía territorial sobre el Peñón y la solución del
conflicto histórico que nos enfrenta a propósito de Gibraltar a
España y al Reino Unido. Por eso, en esta ocasión ofrecemos al
Gobierno nuestra colaboración y nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, el caso de Gibraltar es
una de las raras excepciones -no tan raras en la política exterior-
en la que un Gobierno cuenta con la ventaja de tener un respaldo
unánime en los objetivos por parte del Parlamento, respaldo unánime
no sólo hoy sino de manera estable a lo largo de todos los años de
nuestra democracia. En diversas ocasiones, el Parlamento, esta
Comisión en particular, no sólo se ha pronunciado sobre la
recuperación de la soberanía de Gibraltar como un objetivo
irrenunciable, sino que ha profundizado señalando que la existencia
de la colonia está afectando cada vez más, de manera muy negativa, a
las posibilidades de unas relaciones normales entre el Reino Unido y
España, que hoy son algo que no eran hace quince años: socios en la
Alianza Atlántica y también en la Unión Europea. Hemos estado de
acuerdo en que no estábamos dispuestos a tolerar la menor alteración
del statu quo de la colonia. Hemos dado al Gobierno un mandato que la
recuperación de la soberanía de Gibraltar fuera perseguida por la vía
del diálogo y la negociación en el marco del proceso de Bruselas,
pero también hemos pedido al Gobierno, la última vez no hace muchos
meses (lo hicimos ya hace un año cuando el ministro nos presentaba el
memorándum de diciembre de 1997), que tenía que ser diligente y firme
en adoptar medidas para poner fin a los tráficos ilícitos, a la
evasión fiscal, en definitiva, a las situaciones excepcionales de las
que se beneficia Gibraltar y que son ilegales desde nuestros puntos
de vista. La aplicación de las directivas comunitarias es algo que se
le ha reclamado al Gobierno no sólo hoy sino hace ya más de un año.
También le hemos pedido al Gobierno que tenía que ser absolutamente
firme en la defensa del mantenimiento de las actividades
tradicionales de pesca en aguas
que consideramos son de exclusiva soberanía española y en la defensa
de los derechos de los trabajadores españoles en Gibraltar.
No es eso lo que está hoy a debate, no es el qué sino el cómo, qué
medidas, qué acciones, qué estrategia y, en particular, la crisis
pesquera a la que el ministro se ha referido ampliamente. En el
pasado, en esta Comisión, estando de acuerdo en todos esos objetivos,
hemos mantenido discrepancias a veces muy sustanciales respecto del
cómo, respecto de la estrategia del Gobierno, respecto de la firmeza
o no del Gobierno anterior; en ocasiones desde los bancos de la
entonces oposición se hablaba de debilidad del Gobierno frente al
Gobierno británico. La verdad es que nos hemos mantenido siempre
dentro de un marco de diálogo en la discrepancia en cuanto a las
estrategias que se seguían y al grado de firmeza que se mantenía.
Nunca se perdieron los papeles, nunca se llegó a llamar a nadie vende
patrias, desde la oposición ni desde el Gobierno, en esa retórica de
Castiella cuyo recurso sólo se puede justificar o explicar por un
momento de nerviosismo o por la frustración. Esa retórica está para
nosotros superada. En el cómo, en los medios, cuando el Gobierno en
diciembre de 1997 presentó su memorándum, desde el Grupo Socialista
respondimos inmediatamente (lo hizo nuestro secretario general
Joaquín Almunia en el Pleno del Congreso) respaldando sin la menor
reserva las propuestas que había hecho el Gobierno. Cuando el
Gobierno anunció el mes de octubre, que había alcanzado un acuerdo
sobre la pesca que soslayaba las cuestiones de soberanía le
felicitamos por la capacidad de negociar ese acuerdo evitando
situaciones de conflicto. Se nos dijo entonces esa expresión tan
conocida de teníamos un problema y lo hemos resuelto. Hoy, señor
ministro, nos encontramos en la más grave crisis de la democracia
española en nuestras relaciones con el Reino Unido y no sabemos cómo
vamos a salir de ella, pero, por supuesto, cuenta el Gobierno con el
respaldo del Grupo Socialista para plantear horizontes de futuro y
para plantear también las medidas de firmeza necesarias para que la
salida a esa situación de crisis profunda, no de una cierta crisis,
como dijo el ministro hace unos días en unas declaraciones, sea lo
más ventajosa y lo más firme para la posición española. La realidad
es que estando inmersos en la crisis pesquera, da la sensación de que
el ministro, el Gobierno ha traspuesto la crisis pesquera, que es una
parte con gran proyección mediática pero no la fundamental, la ha
traspuesto a crisis sobre el contencioso.
El conflicto de la pesca lo promueve, como ha dicho el ministro,
Caruana en 1997, en una estrategia de tensión que tiene que estar
relacionada con sus propias aspiraciones a la vista de un proceso de
reforma del estatuto de los territorios no autónomos. El Gobierno
tardó más de seis meses en darse cuenta de que esa actuación de
Caruana suponía un problema de naturaleza diplomática entre España y
el Reino Unido. Al Reino Unido le ha faltado coraje político a lo
largo de este proceso. El Gobierno del Reino Unido se ha inhibido, el
Gobierno del Reino Unido ha sido incapaz no ya de imponer a Caruana,
ni siquiera de explicar a su opinión pública y a su Parlamento la
realidad de lo que estaba ocurriendo. El acuerdo era positivo, pero
el ministro, el Gobierno, olvidó algo que es importante cuando se
llega a un acuerdo: que o se firma o se anuncia públicamente asu
miéndolo
ambas partes al mismo tiempo. El ministro decía que el acuerdo era
oral y que la asunción por parte británica se ha producido sólo de
manera ambigua. De esa manera Caruana ha puesto en evidencia con su
no aceptación de la mera existencia del acuerdo no sólo a los dos
ministros sino también, como decía el ministro de Asuntos Exteriores,
a los dos primeros ministros. Los acontecimientos han ido en una
escalada que culmina con el apresamiento de «El Piraña» curiosamente
una semana antes de unas elecciones parciales en Gibraltar, y los
acontecimientos que siguen creo que sólo pueden considerarse como
parte de una antología del disparate político. En los sucesos de los
últimos días yo no sé si el Gobierno ha estado en el limbo pero ha
estado bastante ausente o falto de reflejos. El Gobierno ha anunciado
un ultimátum al Gobierno británico -no estamos hablando de un
gobierno débil, de un Estado débil, hablamos del Reino Unido- y lo ha
anunciado públicamente. Yo creo que todos éramos conscientes de que
ese ultimátum no iba a obtener una respuesta positiva. No sé si se
perseguía que la tuviera o no, pero si no se perseguía creo que era
un error anunciar ese ultimátum sabiendo que no iba a obtener
respuesta. El Gobierno se ha inhibido en la espera del ultimátum, ha
hecho dejación de sus responsabilidades (aquí sí que discrepamos con
el Gobierno, no en otras cuestiones) no ha habido diligencia, no ha
habido eficacia en la aplicación de la defensa de los intereses
españoles. Se prometió a los pescadores protección -lo hizo
expresamente el delegado del Gobierno-y a continuación se anuló ese
compromiso. Yo no sé si el delegado del Gobierno había cambiado de
opinión o simplemente se le desautorizó, pero si se le desautorizó
abría que saberlo porque entonces un delegado del Gobierno
desautorizado tiene una significación distinta. Apartir de ahí se
produce un abandono de responsabilidades por parte del Gobierno.
Durante veinticuatro horas la verja estuvo bajo control de los
pescadores, que incluso examinaban los pasaportes y decidían quién
entraba y quién salía. Los pescadores se sintieron engañados y
abandonados por su Gobierno, que les había prometido protección,
y acabaron aceptando el chantaje de Caruana. Creemos, señor ministro,
que esa situación nunca debió producirse, que el Gobierno debió
haberla previsto y haber tomado todas las medidas posibles,
incluyendo, por ejemplo, la dotación urgente de fondos, para evitar
que se produjera ese acuerdo entre los pescadores y Caruana; un
acuerdo que firman sin más título que su derecho y su necesidad de
trabajo, y que desde luego es un acuerdo en el que ellos reconocen a
Caruana o al Gobierno de Gibraltar una autoridad que España nunca ha
reconocido y nunca va a reconocer. El ministro a partir de ahí ha
entrado en una dinámica de frases antológicas, a las que yo no voy a
hacer referencia porque además ha ido cambiando de unas a otras: una
vez laceraba, otra vez comprendía.
El Gobierno ha dicho que va a adoptar una serie de medidas y ha
citado algunas. Nos preguntamos por qué no lo ha hecho antes, si
muchas de ellas se le han pedido desde este Parlamento, y no se le
han pedido vinculadas a una crisis, como medidas de presión, sino
como medidas que el Gobierno español está en su derecho de adoptar, y
el endurecimiento de los controles en la verja, que comprendemos que
es el recurso que el Gobierno español tiene más a mano, no es
necesariamente el mejor, está ahí, se adopta,
tiene sus consecuencias, pero las tiene también sobre la población
local.
El ministro ha dicho en esa escalada de declaraciones que sólo
hablará con el señor Cook para que le devuelva la soberanía de
Gibraltar. ¿Es ésa la posición del Gobierno? ¿No va a cambiar? Yo no
le voy a pedir al ministro ni que abra la verja ni tampoco le voy a
pedir que se vea con Cook, porque desde luego no va a ser el Grupo
Socialista el que contribuya a debilitar la posición del Gobierno;
esa posición se ha debilitado en parte en los últimos días y nosotros
creemos que es preciso reconstruirla por el bien y por el interés de
España, pero toda esta situación está teniendo también unas
consecuencias sobre un colectivo que no podemos olvidar, que es la
población del Campo de Gibraltar, y ahí sí que somos exigentes con el
Gobierno. Si esas medidas se van a mantener, es preciso con urgencia
dotar fondos, no solamente para un plan de desarrollo de la zona,
sino para que de inmediato se puedan paliar las consecuencias que
están teniendo los controles en la verja sobre esa población.
El ministro ha descubierto ahora que hay contrabando en Gibraltar.
Decía anteayer un medio de comunicación que los controles en la verja
se justificaban porque Gibraltar es un foco de contrabando. Queremos
felicitar al Gobierno porque ese reforzamiento del control ha dado
como resultado a fecha de ayer la incautación de dos botellas de
whisky y 2.000 cajetillas de tabaco, pero evidentemente es una medida
de presión, no nos engañemos, y como tal la contemplamos. Nosotros
pedimos al Gobierno firmeza, inteligencia y responsabilidad. El
ministro se ha reunido y ha compartido reflexiones en tres ocasiones
con los portavoces de los grupos parlamentarios. No traicionaré en
absoluto lo que allí se ha dicho; sí debo decir como valoración que
ha sido interesante o importante, aunque no puedo afirmar que el
grado de conocimiento que hayamos podido tener sobre los objetivos y
la estrategia del Gobierno haya sido especialmente profundo. Señor
ministro, no ha habido plena franqueza por parte del Gobierno hacia
la oposición, hacia los grupos parlamentarios ni hacia esta Comisión;
el Gobierno ha ocultado información sustancial a los grupos
parlamentarios, como la ha venido ocultando a la opinión pública, y
lo ha hecho incluso con engaño.
En diciembre de 1998 se hicieron públicos sólo algunos elementos del
memorándum que el Gobierno español había enviado al Gobierno
británico. En noviembre de 1998 pedí al Gobierno, como portavoz de mi
grupo, tener el texto de ese memorándum, se lo pedí al director
general de Europa y también al gabinete del ministro. Se me hicieron
llegar dos folios, con una letra muy grande y se me decía que ese era
el documento. Pues bien, señor ministro, ése no era el documento; el
documento, nueve veces más amplio, lo encontré casualmente en
Internet en una versión en inglés que no sé si es la buena, pero, por
lo que leo, deduzco que sí lo es, lo cual me lleva a pedirle
formalmente, señor ministro, que de manera urgente remita a esta
Comisión el texto íntegro del memorándum presentado el 10 de
diciembre al Gobierno británico.
Que el Gobierno nos haya ocultado esa información, que la ocultara en
su comparecencia de febrero del año pasado, que me haya engañado a
mí, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y haya engañado
a la opinión
pública, nos lleva a pensar si el Gobierno no tiene una agenda
secreta sobre esto -alguna gente lo piensa- cuando además nos
encontramos con que las medidas y las acciones que el Gobierno, con
toda legitimidad y como parte de sus obligaciones, está planeando y
está intentando diseñar para el caso no deseable pero no imposible de
que una situación de crisis nos obligara a tomar severas medidas de
retorsión -dice el Gobierno- se le piden en el mes de octubre a una
persona que evidentemente tiene un talante centrista, moderado y
dialogante, el vicepresidente Álvarez Cascos, y en esa carta se hace
referencia a conversaciones anteriores. A nosotros nos parece
positivo que se preparen medidas y acciones, pero nos preocupa el
talante de la persona a la que se le ha encargado, y nos gustaría
saber si la formulación de la estrategia actual del Gobierno con
relación a Gibraltar está dirigida -porque es lo que se dice en la
carta- o coordinada por el vicepresidente del Gobierno, señor Álvarez
Cascos.
Señor presidente, y voy acabando, se trata de saber cómo podemos
desbloquear la situación actual. Creemos que España no puede ni debe
renunciar a la vía del diálogo. Hay que recuperar el diálogo. Creemos
que la vía MatutesCook a la fecha de hoy está agotada. Usted mismo de
alguna manera se ha autoexcluido y ha excluido a Cook de esa
posibilidad en este momento y yo creo que el desbloqueo requiere un
diálogo al máximo nivel, un diálogo entre el presidente del Gobierno
y el primer ministro; un diálogo que debe exigir el objetivo de
comprometerse, que no puede esperar simplemente a que se nos diga nos
rendimos y ahí está la soberanía. En ese sentido, señor ministro,
diciéndole que su memorándum es un excelente documento, creemos que
lo sería mucho más si pasara a ser una oferta de documento de trabajo
y de reflexión, no un documento formal al que hay que responder en
términos de sí o de no, de lo tomas o lo dejas. Tampoco podemos dejar
que los británicos se refugien en la Constitución de 1967 para no
hacer nada. Quizá tendríamos que aceptar públicamente, y me atrevo a
decirlo, señor ministro, que la existencia del preámbulo de la
Constitución de Gibraltar es un obstáculo objetivo para la resolución
de nuestra disputa, ya que nosotros los españoles, como Estado
democrático, no podemos concebir una solución al problema de
soberanía que se imponga por la fuerza a la voluntad de los
ciudadanos de Gibraltar. Alguien puede pensar que esto que acabo de
decir es una herejía. Yo creo que no. Está en el documento que
presentó el Gobierno, en la parte que no se hizo pública.
Probablemente no se hizo pública porque un pensamiento de este tipo
que desarrolla y va más allá de Bruselas era y es absolutamente
contradictorio con la doctrina que había venido defendiendo el
Partido Popular a lo largo de los últimos años. Amí me gustaría que
esas palabras las reprodujera usted aquí en la Cámara, porque creo
que sería un mensaje muy importante, hecho con valentía, para
desarmar a los Caruana y a los Bossano, para promover un debate
interno en el Reino Unido, en su Gobierno, y en el Parlamento, que ya
se ha dado. El Public Account, el Comité de Cuentas Públicas de los
Comunes, está examinando los incumplimientos en la legislación en
Gibraltar, para contribuir a un debate real en Gibraltar, y le puedo
decir, señor ministro, que las bases de ese debate existen. Hace una
semana ha habido una elección parcial en Gibraltar, y
un candidato independiente, partidario del entendimiento con España,
el señor Cumming, que jamás había pasado del punto y medio ha llegado
al 31 por 100. Algo está pasando. No se sitúe usted en el terreno de
Caruana. No identifique más a Caruana con los gibraltareños, no es lo
mismo. No identifique usted al conjunto de los gibraltareños con el
contrabando o con el blanqueo de capitales. Identifiquemos a aquellos
que están beneficiándose concretamente de eso. Si no, los estamos
convirtiendo en socios y aliados de Caruana, los estamos empujando a
estar con Caruana.
En una estrategia como la que le planteamos contará usted con todo
nuestro apoyo, pero, señor ministro, no nos traiga más éxitos fáciles
como el que nos presentó diciendo que habían conseguido, por fin, que
el Gobierno británico dijera que iba a estudiar una propuesta.
Nosotros creímos que era un gran éxito y resultó que al final de ese
documento el Gobierno español planteaba lo que podía ser un borrador
de conclusiones del encuentro, en el que se leía que se podría decir
en el comunicado conjunto que la delegación británica había escuchado
con interés las propuestas españolas; que por primera vez discuten en
detalle el futuro de Gibraltar; que esas propuestas merecen un
estudio en profundidad por las autoridades gibraltareñas y
británicas, que se hará sin ninguna obligación y que con ese objetivo
se establecerá un grupo de trabajo presidido por los dos
coordinadores del proceso de Bruselas. Evidentemente, consiguió
bastante menos de lo que había planteado.
Señor ministro, le vamos a juzgar por los resultados y vamos a
colaborar con usted en la búsqueda de resultados concretos, no de
campanario. No nos venga diciendo mañana que ha conseguido que se
cree un grupo que va a estudiar las propuestas durante cinco meses.
Estamos dispuestos a acompañar al Gobierno con rigor y estamos
dispuestos a hacerlo incluso desde esta Comisión. Nos permitimos
sugerir al presidente y a los grupos que estudien la conveniencia de
celebrar sesiones de trabajo, en el formato que se establezca -quizá
sea más conveniente a puerta cerrada-, con expertos, con el fin de
tener un conocimiento en profundidad de la situación actual de
Gibraltar, de las medidas que se están adoptando y de las que se
deberían adoptar, con el fin de tener un sociograrna de Gibraltar y,
en definitiva, de contribuir entre todos a poner fin a la situación
colonial de Gibraltar.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores, me informan los servicios de
la Cámara y el propio señor ministro de que a las once se reúne la
Comisión que en esta Cámara controla los gastos reservados de algunos
departamentos ministeriales, de manera que tenemos exactamente quince
minutos de presencia del señor ministro en este trámite. Yo lo
lamento, les previne previamente, pero no ha habido manera de cambiar
esa reunión, de modo que les pediría de nuevo la máxima concisión en
la formulación de las preguntas y en las intervenciones que quedan,
que son -si no me equivoco- las de los grupos Mixto y Catalán
(Convergència i Unió).
Tenemos las preguntas. No veo al señor Muñoz-Alonso. ¿La va a
formular alguien en su nombre o se da por formulada? (El señor Robles
Fraga pide la palabra.)
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: En aras de la concisión, la damos por
formulada. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Una pregunta, señor presidente, ¿el señor
ministro va a volver?
El señor PRESIDENTE: No sé exactamente cuál es la duración prevista
de la sesión de la Comisión de fondos reservados.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Yo intenté
por todos los medios, señorías, que se aplazara mi comparecencia ante
la Comisión de gastos reservados, pero la Presidencia o la Mesa -lo
ignoro- no consideró pertinente retrasarla, y además están otros
compañeros. Por otra parte, tengo preguntas e interpelaciones en la
sesión plenaria del Senado. Yo, que estoy a disposición de las
cámaras, tengo que decir que me he sometido a la coordinación que las
dos presidencias, creo que acompañadas de las mesas respectivas, han
hecho y, por tanto, después de terminar la Comisión de control de
fondos reservados, tengo prevista mi asistencia al Pleno del Senado.
(El señor Meyer Pleite pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, ¿a qué efectos?
El señor MEYER PLEITE: A los efectos de hacer constar mi más enérgica
protesta.
El señor PRESIDENTE: El señor Meyer, de momento, ya tuvo tiempo para
realizar su intervención. Antes de la protesta, vamos a seguir con
los trámites pendientes.
Señor Encina, tiene la palabra para formular las dos preguntas que
figuran con los números 5 y 6.
El señor ENCINA ORTEGA: Señor presidente, en aras de la brevedad que
me solicita y salvando algo que ha quedado patente, que ha sido la
indefensión de nuestros pescadores, que no se han visto arropados,
señor ministro, ni con asistencia jurídica, ni con asistencia
económica, ni con la asistencia personal garantizada previamente por
fax...
El señor PRESIDENTE: Señor Encina, dos ruegos. Primero, ya sabe que
esta sala tiene una pésima acústica. Le pediría que se aproximara lo
más que pudiera al micrófono.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor Presidente, ¿por qué van las
preguntas antes que las comparecencias?
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le tengo también muy en cuenta a
usted. Indiqué antes que el trámite que íbamos a seguir era el de
acumular las preguntas a las comparecencias y que inmediatamente
después daría la palabra a aquellos grupos que no hubieran
intervenido previamente. Me parece que es de buen sentido, dado que
las
preguntas están directamente relacionadas con el objeto de las
comparecencias.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Entiendo su lógica, si la lógica fuera la
de una sesión normal, pero dado que dentro de catorce minutos se
marcha el ministro de Asuntos Exteriores, nos encontramos con que va
a haber dobles intervenciones de un grupo mientras que otros no van a
intervenir.
El señor PRESIDENTE: Le aseguro que habrá tiempo si no lo perdemos en
cuestiones incidentales.
Señor Encina. Hable próximo al micrófono y con la máxima concisión
posible.
El señor ENCINA ORTEGA: Le decía, señor ministro, que voy a obviar
algo que ha sido evidente como es la indefensión en la que se han
encontrado nuestros pescadores, que han carecido de asistencia
jurídica -se la ha tenido que prestar la Junta de Andalucía-, que han
carecido de asistencia económica, a pesar de que llevamos un año con
este asunto -han sido cuatro las ocasiones en las que lo hemos traído
a esta Cámara y hemos pedido asistencia económica-, que no han tenido
protección personal pese a que se les envió un telegrama confirmando
que las embarcaciones que salieran la tendrían y que no se han visto
arropados en definitiva. Considero que está suficientemente claro y
por eso voy a entrar en algo que me preocupa tremendamente como
diputado que vive en la zona y que ha vivido el conflicto día a día,
la situación en la que se encuentran miles de trabajadores españoles
que desempeñan su actividad laboral en Gibraltar, que estos días
están pasando un auténtico calvario por los estrictos controles en la
aduana.
Yo le preguntaría señor ministro si merece la pena la aplicación
estricta de esos controles si no va acompañada de medidas
financieras, de medidas bancarias y de medidas contra el blanqueo de
capitales y contra el narcotráfico. Como ha dicho el portavoz
socialista, Rafael Estrella, dos botellas de whisky y dos kilos de
hachís es lo que se ha incautado en estos días, luego no existen
razones de ese tipo. Existen, además, razones humanitarias; llevan
años con este tipo de controles de doble filtro sin resultados. Le
pido, por tanto, un replanteamiento de esa situación.
Respecto al anuncio que acaba de hacer de la creación de la Comisión
interministerial, le traslado ya tres medidas que serían vitales para
salir de la situación de anacronismo en la que nos encontramos.
Tenemos una colonia y, enfrente, el peor escaparate, el Campo de
Gibraltar: 38 por 100 de desempleo y falta de infraestructura
ferroviaria y viaria. Cumplan ustedes el plan de empleo que prometió
el ex ministro de Trabajo hace dos años, cúmplanlo y crearán empleo;
quiten los peajes de acceso a Cádiz; quiten el que quieren poner
ahora en la autopista Guadiaro-Estepona. Ésas son medidas que tienen
que adoptar ya y, por supuesto, medidas inmediatas de compensación a
los 3.000 trabajadores que van diariamente a Gibraltar a trabajar,
porque no somos capaces de generar empleo, y que están sufriendo las
consecuencias hoy. El viernes se constituye una Comisión de
afectados, porque se sienten indefensos por la
política de España. ¿Van a aplicar medidas para esos trabajadores
inmediatamente?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Encina.
El señor ENCINA ORTEGA: Termino ya, señor presidente
El señor PRESIDENTE: Señor Encina, le recuerdo que sus preguntas
El señor ENCINA ORTEGA: Sólo quiero decirle que acompañaremos al
Gobierno en todas las medidas, pero no en las de campanario.
El señor PRESIDENTE: Señor Encina, tendré que hacer caso al señor
Guardans, porque sus preguntas se referían estrictamente al tema de
la pesca y lo que está haciendo en este momento es un segundo turno
del Grupo Socialista.
Señor Alcaraz, con la máxima brevedad posible.
El señor ALCARAZ RAMOS: Se intentará, señor presidente.
No sé si este final abrupto de la comparecencia es una metáfora de
todo lo que estamos hablando. La verdad es que nos gustaría
desdramatizar la cuestión. Lo que sucede es que después de la
información recibida, como ya era conocida y no ha habido ningún
elemento sustancialmente nuevo, va a ser difícil hacerlo.
En todo el proceso de estas últimas semanas le viene a uno a la mente
aquella frase que no sé si era de Napoleón, que decía que de lo
sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Todo este proceso es un
ejemplo de cómo las grandes palabras acaban desembocando en una
situación que, por más que nos duela, no podemos dejar de calificar
de bochornosa. Diríase que el Gobierno español ha tenido una excesiva
confianza en la retórica y en los grandes conceptos políticos, en una
Europa que en su proceso de construcción los está abandonando a
marchas forzadas para ceñirse a las soluciones que van resolviendo
problemas en el marco estrictamente económico. Desde este punto de
vista podríamos decir que los pescadores de la zona han sido unos
alumnos aventajados y, parafraseando a quien haya que parafrasear,
los pescadores tenían un problema y lo han resuelto. Por eso,
cualquier alusión que el señor ministro haya hecho, alguna
francamente desafortunada, sobre algunas personas que se encontraban
en una situación muy grave, presionadas día a día desde diversos
flancos, es cuando menos inoportuna, por no decir en algunos casos
cínica.
La posición del Gobierno, y hoy se ha vuelto a reiterar, es la de
buscar responsables y es muy fácil coincidir en esto con el Gobierno.
Hay un acuerdo de fondo que hoy se ha vuelto a poner de manifiesto,
un problema de soberanía, una transgresión incluso del Tratado de
Utrecht o de muchas normas comunitarias. También hay acuerdo sobre la
mala fe de las autoridades del Peñón, incluso sobre la catadura moral
de algunas de ellas, que han jugado como tahúres del Mississippi en
este proceso, pero -aquí es donde empieza a surgir uno de los
problemas- no se
puede achacar al conflicto exclusivamente a las autoridades del
Peñón, sino que hay que centrar, guste o no guste, la responsabilidad
política, en aquello que no sea responsabilidad del Gobierno español,
en el Gobierno del Reino Unido y ahí es donde empieza a hacer agua la
posición del Gobierno español.
Por otro lado, no cabe duda que la prensa y la opinión pública del
Reino Unido está adoptando una posición claramente pro gibraltareña y
parece que tampoco ahí el Gobierno español ha tenido ninguna
capacidad de incidencia, y, sobre todo, pese a las buenas
intenciones, el Gobierno no ha sabido implicar a la Unión Europea. Yo
creo que este es el gran fracaso del Gobierno, tan dispuesto a ser
socio de sus grandes aliados, pero que no consigue el apoyo de la
Unión Europea en un tema tan sensible como éste. Ante esto, diríase
que la respuesta, y ya lo han puesto de manifiesto otros portavoces,
es endurecer las medidas de control, los filtros en la verja y otras
medidas de presión sobre los ciudadanos, pero nosotros entendemos que
esto no va a solucionar nada, sino que incluso va a agravar la
situación. Podría decirse que esta política de bloqueo, no sé si
acompañada de algún programa de pesca por alimentos, lo único que va
a conseguir es, como se acaba de indicar, que surjan otras medidas
por parte de los ciudadanos que busquen unilateralmente solucionar
sus conflictos generando cada vez mayores problemas al Gobierno
español.
En lugar de todo esto, creemos que todos los esfuerzos deberían ir
encaminados a conseguir el cumplimiento de las directivas de la Unión
Europea y a resituar en el marco europeo el conflicto. Desde este
punto de vista, a nosotros nos parece oportuno y lo más inmediato
reconstruir el consenso, esa política de Estado que suele invocarse.
Nosotros, Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, estamos
dispuestos a contribuir a ello y la prueba es que recientemente, el
día 4, los señores Galeote, del Grupo Popular, Barón, del Grupo
Socialista, y Camero, eurodiputado de Nueva Izquierda, formulaban una
pregunta común en el Parlamento Europeo sobre el incumplimiento por
parte de Gibraltar de las directivas de la Unión Europea. Entendemos
que ésa es una vía a profundizar. El problema es que de nuevo se pasa
de un plan bueno y ambicioso, para el que había consenso
parlamentario, pero para el que no se encontró apoyo comunitario ni
tampoco en las máximas autoridades del Reino Unido.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, ¿le podría pedir que fuera
acabando?
El señor ALCARAZ RAMOS: Acabo.
Se pasa de eso a hablar en esta Comisión de permisos de conducir, lo
cual de nuevo lo sitúa en ese doble nivel entre lo sublime y lo
ridículo. Se habla también de relanzar económicamente la zona y en
eso no podemos dejar de estar de acuerdo, pero, como ya se ha dicho
por otro portavoz, por qué no se ha hecho antes, por qué se olvidó
esta pieza fundamental del rompecabezas. La cuestión es que ese
consenso se quiere reconstruir y nosotros queremos hacerlo. Podemos
admitir, además, que el liderazgo esté en manos del Gobierno como
director de la política internacional, pero salimos de esta Comisión
con la sensación de
no saber sobre qué elementos al día de hoy se puede reconstruir ese
consenso.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Permítame, señor presidente, que, en
primer lugar, manifieste la seria y firme protesta de mi grupo por la
forma en que se están administrando los tiempos en esta Comisión.
Entiendo que es responsabilidad de la Presidencia hacerlo cuando esos
tiempos son contados y cuando, efectivamente, tenía constancia, según
parece, antes de las once menos cuarto de que el señor ministro iba a
abandonar la Comisión a las once. Si es a las once menos cuarto
cuando lo ha sabido, entonces creo que el reproche habría que
hacérselo al señor ministro, pero parece que no es así.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, S.S. está en su pleno derecho
para promover todas las protestas que quiera, pero simplemente quiero
decirle que yo lo he recordado al principio.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, no lo ha recordado. Ha dicho que cada
portavoz iba a tener tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, he recordado al principio la
obligación que creo que tienen todos los grupos parlamentarios de
ceñirse a determinados tiempos. No es una práctica habitual mía
cercenar dichos tiempos y no lo va a ser tampoco con usted.
Simplemente lo que quiero decir es que estamos entre grupos
parlamentarios supuestamente representados por personas que tienen
una cierta experiencia en la utilización de los tiempos. No es la
Presidencia responsable de que tales tiempos no sean siempre
respetados.
En cualquier caso, señor Guardans, sin perder más tiempo, tiene usted
la palabra y le rogaría que procediera a examinar el fondo de la
cuestión.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor presidente, con la seguridad de
que el señor ministro me contestará después y si otra Comisión tiene
que esperar, pues ya transmitirá la Presidencia de esta Comisión las
razones que han provocado el retraso.
Yo quería comenzar mi intervención transmitiendo en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán que, efectivamente, el Gobierno tiene nuestro
apoyo político sobre los incidentes que han ocurrido en estas últimas
semana. Así se lo transmití, en particular, en la sesión de trabajo
que tuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores con los distintos
portavoces y creo que es oportuno hacerlo ahora.
Como luego diré, a mi juicio, lo que ha perdido el Ministerio de
Asuntos Exteriores es la batalla de la imagen, se ha explicado muy
mal, pero si se analiza exactamente lo que ha ocurrido desde el mes
de octubre hasta ahora, tomando octubre como referencia por la firma
de ese acuerdo verbal con el Reino Unido, entiendo que realmente no
podía haber hecho otra cosa el Gobierno español que lo que ha hecho.
No podía reconocer la autoridad del señor
Caruana en el ámbito de las supuestas aguas jurisdiccionales
gibraltareñas y no lo podía hacer, entre otras cosas, por la
evidencia que cualquier miembro de esta Comisión conoce de que en
derecho internacional todo reconocimiento, aunque sea indirecto o
circunstancial, de una autoridad sobre un territorio o sobre aguas
jurisdiccionales se convierte en precedente y, por tanto,
evidentemente, no podía dar ningún paso que implicase un supuesto
reconocimiento de autoridad por parte de las autoridades
gibraltareñas, valga la redundancia, sobre esas aguas y tampoco podía
impedir, a pesar de que eso estéticamente tenga un aspecto muy
peculiar, que ciudadanos individuales españoles acudieran a negociar
con el señor Caruana o con el Dalai Lama, si se me permite la
comparación; es decir, no hay ningún reconocimiento concreto de
autoridad, pero tampoco podía en absoluto impedir que ciudadanos
particulares se dirigiesen a negociar con el señor Caruana materias
que son de su propio interés.
Es más sorprendente el papel en este caso del gobernador, puesto que,
efectivamente, su vinculación con Londres es mayor, y ahí es donde el
Gobierno español debería hacer algo más en el tema de fondo. En el
tema de fondo, en lo que es el planteamiento actual respecto a la
política de Gibraltar, tiene nuestro apoyo, lógicamente, pero se debe
reforzar mucho más la presión sobre el Reino Unido. Tiene nuestro
apoyo en la medida en que, efectivamente, entendemos que no se puede
seguir tolerando la economía parasitaria de Gibraltar. Esa expresión
la utilizó el señor ministro y la compartimos totalmente, no sólo
porque perjudica los intereses españoles, sino porque si elevamos
incluso el punto de mira, supone una violación a todo lo que es el
espíritu de la construcción del tercer pilar europeo. Es una burbuja
de aire, una burbuja de corrupción, de fraude fiscal y financiero en
el seno de la Unión Europea que contradice no ya la letra sino el
espíritu de todo el avance que se está dando en toda la Unión Europea
en el ámbito del tercer pilar. Por tanto, tiene claramente nuestro
apoyo en la lucha que se pueda llevar a cabo desde el Gobierno
español para impedir ese incremento o ese reforzamiento de la
economía parasitaria gibraltareña, que actúa básicamente como
sustento de todo el sistema y de una parte de la sociedad del Peñón.
De todos modos, sin renegar en absoluto de lo que es la cuestión de
fondo, el problema de soberanía, entendemos que el Gobierno español
debería ser capaz de superar -no renunciar sino superar- el debate de
fondo sobre soberanía y, sin tocarlo, ser capaz de poner sobre la
mesa soluciones y planteamientos más imaginativos y más flexibles. Es
cierto que en su momento se hizo uno desde la perspectiva española,
que no tuvo ninguna aceptación, y no la tuvo entre otras razones -y
ése es otro de los puntos que con cierto desorden intento exponer-,
por la reacción absolutamente contraria de la población local. Aquí
es donde nosotros introduciríamos un punto no de discrepancia sino de
sugerencia al Gobierno español respecto del tema de Gibraltar en su
conjunto y es la necesidad de que una presión política mucho más
firme se haga en Londres y no en Gibraltar. Entendemos que no es
sobre la población gibraltareña sobre la que hay que hacer recaer la
presión política. Es cierto que cerrar la verja en un momento dado
tiene también consecuencias políticas en Londres, pero donde en
primer lugar las tiene es en Gibraltar, y no parece que sea esa -la
práctica lo está demostrando- la forma de avanzar. Evidentemente, en
el marco de la Unión Europea, y por otros frentes que hay abiertos,
no es fácil ejercer una presión política y diplomática muy superior a
la que estamos ejerciendo sobre Londres, que en todos los demás
frentes es no sólo un aliado sino un espléndido colaborador, pero es
ahí donde hay que intentar ejercer mayor presión, en el marco
estricto de la Unión Europea y no sobre la población gibraltareña, al
margen, insisto, del primer punto que he mencionado, que era todo ese
bloqueo y oposición, para lo cual tiene España instrumentos jurídicos
claros respecto a lo que es esa economía parasitaria, bufetes de
abogados, etcétera, bien conocidos por todos los presentes. Entiendo
que ésa sería la línea que se debería reforzar.
El papel del Gobierno británico en todo este episodio ha sido
lamentable, insisto, manifestado por la propia actuación del
gobernador británico. El Gobierno del Reino Unido y concretamente el
Ministerio de Asuntos Exteriores debería tener una actitud mucho más
fría. Son comprensibles, aunque no sean tolerables o justificables,
determinadas actitudes apasionadas por parte de las autoridades
locales, pero no es tolerable en absoluto que esas actitudes sean
consentidas o sean más o menos aceptadas desde Londres, donde tienen
que actuar con la cabeza y no con la pasión, como ocurre cuando se
está sobre el territorio. Por tanto mayor presión sobre Londres;
menor presión o menor daño y más favorecer lo que es la zona. En ese
sentido, nos parecen muy positivos los planes que ha presentado el
Ministerio, que ha expuesto aquí muy someramente y sobre los que
querremos tener en su momento mayor información, para favorecer el
desarrollo económico de la zona y directamente lo que es el área
española de la misma, para que sea un territorio atractivo para las
personas que están ahí de cara a la eventual integración, aunque sea
en condiciones jurídicas muy favorables, en lo que es la soberanía
española.
No querría terminar sin señalar que la batalla de la imagen sí la ha
perdido el Ministerio en este caso. Creo que se ha explicado mal, ha
permitido que la opinión pública se formara una imagen falsa de lo
que ha ocurrido en este caso, no sé si por una declaración u otra o
por el tono que haya podido tener, que a lo mejor no ha colaborado en
un caso concreto, pero lo cierto es que la imagen de una serie de
ciudadanos saltándose la soberanía española, sintiéndose
desprotegidos o pareciéndolo, que actuaban por su cuenta porque no
les quedaba más remedio, creo que es una imagen falsa -así lo digo-,
pero es la que ha quedado, y eso evidentemente es responsabilidad del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de nadie más.
Querría terminar simplemente preguntando si desde el punto de vista
del Ministerio de Asuntos Exteriores se percibe que algo similar se
puede reproducir, puesto que ha sido planteado por autoridades
locales españolas y por autoridades gibraltareñas, concretamente por
el señor Caruana, y que modelos similares se intenten implantar de
cara al uso compartido del aeropuerto gibraltareño. No sé si también
nos vamos a encontrar con acuerdos de algún tipo que vayan
incrementando esa sensación que entiendo que es difícil de evitar
desde Madrid, desde el Ministerio pero que en nada favorece
los intereses españoles, de que ya no es España, no es el Ministerio
de Asuntos Exteriores quien actúa, sino que es cada uno por su cuenta
quien acaba defendiendo sus propios intereses.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Quiero
agradecer los apoyos que se han ofrecido al Gobierno, unos más útiles
que otros sin duda alguna, y tengo que tranquilizar a los que se
preocupan por la imagen, porque los datos de que disponemos reflejan
que los españoles han comprendido perfectamente el fondo del problema
y han apreciado la actuación del Gobierno.
Por descontado, entrando en cuestiones previas que me parece
importante despejar, el uso compartido del aeropuerto es lo que está
previsto en el acuerdo incumplido, firmado en 1987 por el anterior
Gobierno, y naturalmente en cuanto se ha especulado o incluso se ha
insinuado por parte del Gobierno británico la posibilidad de alguna
reforma de ese acuerdo, se les ha dicho que todo es mejorable pero
que siempre debe ser un acuerdo entre los dos gobiernos. Cualquier
oferta que haya en el sentido de poner en marcha un aeropuerto
simplemente contando con la sociedad civil comprenderán que no tiene
ninguna posibilidad de prosperar. Ya he hecho declaraciones firmes y
claras en el sentido de que esa es ciertamente una competencia del
Gobierno, e insistencias en este campo a lo único que nos pueden
llevar es a otra medida que está bajo consideración -no vamos aquí a
anunciar todo lo que se está estudiando, porque es una amplia
panoplia de medidas-, que es la de prohibir el sobrevuelo del
territorio español incluso para vuelos comerciales con destino a
Gibraltar, justamente para que quede muy claro cuál es la competencia
irrenunciable del Gobierno en materia de aeropuertos, que incluso
puede tener influencia sobre el aeropuerto de Gibraltar. Al respecto,
por tanto, queden tranquilos, así como respecto de la dirección de la
política sobre Gibraltar en manos del Ministerio de Asuntos
Exteriores, que me parece que es un tema que he dejado muy claro, por
cuanto de lo que se trata al establecer la comisión interministerial
a la que yo me he referido es de asegurar la máxima coordinación, en
este caso por la Presidencia del Gobierno, de todas aquellas medidas
que corresponda aplicar y desarrollar por otros ministerios, muy
especialmente las que hagan referencia a ese ambicioso programa de
desarrollo económico y social en la zona.
Tengo que reprochar, ciertamente con cordialidad, la mala información
de que dispone algún parlamentario sobre esas supuestas declaraciones
insultantes o poco comprensivas respecto de los pescadores, porque
justamente en la rueda de prensa que tuvimos ocasión de hacer
conjuntamente ya quedó muy claro que los pescadores habían entendido
perfectamente, después de conocer en detalle y agradecer todas
cuantas gestiones había hecho el Ministerio en su favor, que esas
declaraciones se referían exclusivamente al nulo compromiso que para
el Gobierno suponía la existencia de ese acuerdo meramente privado.
Era muy importante para los propios pescadores y así lo entendieron
enseguida. Es curioso cómo los pescadores
muchas veces tienen una inteligencia natural que es digna de
destacar, sobre todo si se compara con la de algunos. Lo que ocurría
antes, señorías, es que en función del acuerdo Cook-Matutes, por
decirlo así, los pescadores eran rehenes en manos de las autoridades
locales de Gibraltar, que tomaban represalias sobre ellos enseguida
que el Gobierno español adoptaba decisiones de política exterior,
hasta el punto de que los propios pescadores habían pedido en su
momento, cuando se formalizó este acuerdo, que por favor se
suavizarán al máximo las restricciones. Desde luego, con ese acuerdo
puramente privado y que no compromete al Gobierno español, si los
pescadores son molestados tenemos que decir en este caso que es
responsabilidad exclusiva de las autoridades locales que firmaron tal
acuerdo y el Gobierno español es plenamente libre -como lo ha sido
siempre, por otra parte- de tomar las medidas que considere oportunas
en defensa de sus intereses. Sin embargo, repito, los propios
pescadores pública y reiteradamente agradecieron la actitud del
Gobierno y las declaraciones sobre gestiones que se habían hecho en
todo momento.
Quisiera recordar, además, frente a los que se preguntan el porqué de
la actitud del Gobierno ante esa situación y los que incluso valoran
ese acuerdo y la flexibilidad de que hicieron gala las autoridades
locales de Gibraltar respecto a la supuesta falta de flexibilidad del
Gobierno, que algo habrán tenido que ver las medidas que aplicó el
Gobierno una vez transcurrido el plazo que nosotros nos dimos -nunca
he hablado de ultimátum- para que esas autoridades locales pasaran
del hostigamiento, la humillación y la persecución continua a
nuestros pescadores a negociar con ellos un acuerdo que básicamente
es el mismo que teníamos negociado el señor Cook y yo, con la
diferencia de que, -me afirma una vez más-, por una parte, el
Gobierno local de Gibraltar tiene competencias para legislar materias
de protección ambiental de esas aguas, y por otra, decide no aplicar
esas medidas, cuestiones en este caso irrelevantes a efectos del
Gobierno español por su nula competencia en esas materias. En todo
caso, algo tuvieron que ver las medidas del Gobierno español para
explicar ese cambio de ciento ochenta grados de la actitud de las
autoridades locales de Gibraltar.
Respecto al tema de la OTAN, que algunos han aprovechado para poner
en la escena ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, diré que no
viene a cuento con el conflicto que nos ocupa, no tiene nada que ver
y no hay razón para que España renuncie a una defensa más económica y
mucho más eficaz y compartida con sus aliados por el hecho de la
existencia de esta colonia. Quiero recordar a SS.SS. que precisamente
en la reforma de la estructura de la OTAN a la que se incorpora
España desaparece Gibraltar como base de la misma, lo que era el caso
hasta ahora y lo que también debilita su estatus.
Frente a la supuesta falta de protección de los pescadores, hice unas
declaraciones desde el primer momento, y antes de que hubiera ninguna
otra de ningún delegado o subdelegado del Gobierno dije que España no
iba a alimentar una escalada militar mandando barcos de la Guardia
Civil y barcos de guerra en un momento en el que entendía que el
conflicto debía resolverse por medios políticos y jurídicos, como se
resolvería finalmente. Además, tengo
que recordar que todas las medidas que se han tomado al respecto no
sólo han ayudado al cambio de actitud de las autoridades locales,
sino que, como se ha pedido por parte de algunos portavoces, tienen
una visión y una intencionalidad a medio y largo plazo tendente a
superar el origen último del conflicto que no es otro que la
situación colonial en que se encuentra Gibraltar.
Respecto de estas medidas quisiera hacer algunos comentarios porque
de algunas de las intervenciones se deduce una falta de conocimiento
del efecto y del tiempo que tardarán en producirlo. La denuncia ante
la Unión Europea se ha formalizado y se encuentra en trámite de
ejecución. Que nadie piense que en este tema la Unión Europea puede
actuar ni en diez días ni en dos meses. Por tanto, son absolutamente
infundadas las afirmaciones de una supuesta falta de apoyo de la
Unión Europea.
Señorías, la Comisión Europea es la guardiana de los tratados y está
obligada a hacerlos respetar por parte de todos los Estados miembros
y, si así no fuera, está el Tribunal Superior de Justicia de
Luxemburgo justamente para recordárselo y para admitir, en
determinadas situaciones, quejas fundadas de los Estados miembros. No
obstante, hemos presentado una denuncia ante la Unión Europea para
manifestar el incumplimiento de las más de cuarenta directivas que
afectan a medio ambiente -carga y descarga de combustibles-, que
afectan a la eliminación de basuras y residuos, que afectan a la
legislación bancaria y la falta de transparencia de la sociedades, a
la falta de presentación de balances, a la ausencia de un suficiente
coeficiente de garantía por parte de las instituciones financieras de
Gibraltar y a una serie de temas que exigen previamente una
comprobación de todos los extremos por parte de la Comisión Europea,
exigen la apertura del correspondiente expediente, uno por cada
directiva; exigen la denuncia y la presión sobre el Estado miembro
responsable de la aplicación de tal normativa que no lo está
haciendo, exigen la comprobación incluso en aquellos casos en que
formalmente se ha aprobado o traspuesto la normativa, pero de facto
no se está aplicando lo que es también el caso de especies protegidas
en Gibraltar, y una vez que se ha elaborado todo ese expediente se
inicia el proceso sancionador al Estado incumplidor con recurso ante
el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, hasta que lleguen al
final de esta formalización se tarda años y pretender que la Comisión
Europea reacciones en tres días o cause efectos es desconocer
radicalmente cómo funcionan los temas y las actuaciones de la Unión
Europea, como se desconocen otros muchos asuntos y datos referidos a
este problema a tenor de algunas afirmaciones que se han hecho.
Quisiera hacer un ligerísimo balance. Primero, en la situación
anterior los pescadores no pescaban, ahora pescan. Repito, algo
tendremos que ver en ese cambio de actitud y en que de repente al
señor Caruana se le haya ocurrido dejar sin efecto una legislación
que antes era sagrada y le hizo desautorizar un acuerdo formalizado
con el Gobierno inglés.
Segundo, ese acuerdo le vincula a él y a quienes hayan podido
firmarlo con él, no a España y, por tanto, no nos sentimos vinculados
por el mismo y no tenemos rehenes aquí.
Tercero, se están aplicando medidas de mayor control y se ha
desarrollado toda una panoplia de instrumentos, entre ellos el plan
que estamos elaborando, para mejorar la situación económica y social
en la zona, que antes no estaban en vigor, aparte de otras medidas
que se están estudiando. El saldo final, al margen de cuáles sean las
consideraciones que todo el mundo es libre de hacer, no es negativo e
incluso supone una mejora relativa. No me satisface alguna situación
grotesca que se ha podido vivir y tampoco la posición desairada en
que ha quedado el Gobierno británico, que ha demostrado su
incapacidad para cumplir los acuerdos, que ha demostrado su
incapacidad para actuar como potencia colonial en Gibraltar y, por el
contrario, ha visto cómo eran desautorizados sus acuerdos por las
autoridades locales y se ha limitado a aplaudir las decisiones que
esas propias autoridades locales tomaban incumpliendo los acuerdos y
rectificando los que el propio Gobierno británico ha hecho. No me
parece que esa sea una posición envidiable, pero no considero que sea
una buena noticia tampoco para España. Al Gobierno español como muy
bien decía el señor Guardans, lo único que se le puede achacar en
este caso es que ha sido víctima de un incumplimiento por parte de un
socio y de un aliado. Como he tenido ocasión de explicar y parece que
algunos olvidan, si eso lleva a un ridículo, mucho mayor es el del
incumplimiento de la utilización conjunta del aeropuerto que desde el
año 1987 está sin aplicar, un acuerdo -ése sí- bien firmado y bien
escrito por ambas partes. Sin embargo, cuando el Grupo Popular estaba
en la oposición no se dedicó a hacer leña de ese incumplimiento
porque entendíamos que justamente era un tema de interés nacional y
en todo momento se apoyó al Gobierno.
Quiero, además, darle otra noticia. Tenemos conocimiento de un
informe que, a instancias de las autoridades locales de Gibraltar, ha
llevado a cabo un importante gabinete jurídico británico. La
conclusión importante a que se llega es que -no voy a darles cuenta
de todo el informe- frente a la situación de Gibraltar, es que
Gibraltar tiene que negociar la devolución de la soberanía a España y
ciertamente tendría que concentrarse, sobre todo, en ver cómo puede
salvar su estatus y algunos de los elementos fundamentales de su
actual economía. Entiendo que las medidas adoptadas ya y las que el
Gobierno está en trance de adoptar, justamente para hacer imposible
esa economía parasitaria, fundada en la ilegalidad, en el
incumplimiento de la normativa comunitaria y a expensas de España y,
sobre todo, de la zona circundante sobre la que ejerce un efecto de
succión de la actividad económica y, por lo tanto, un efecto
depresivo que ha sido, quizás, olvidado por algunas intervenciones,
eso es justamente lo que se está logrando, es la conclusión de la
consecuencia de las medidas que el Gobierno ha adoptado, está
adoptando y seguirá adoptando.
Finalmente, entiendo que el tema de Gibraltar en el pasado y según
los distintos gobiernos, ha sido objeto de una mayor y de una menor
atención. En algunos casos ello es explicable porque ciertamente no
es un tema agradable para ningún ministro de Asuntos Exteriores y
tampoco va a dar réditos a corto plazo. En todo caso, este ministro
tiene decidido hasta el final de su mandato atacar los problemas que
afecten a la política exterior de España y hacerlo desde la
coherencia, desde la firmeza, desde la serenidad y desde
la constancia y sin tener en cuenta si atacando el problema se gana o
se pierde popularidad. Si tenemos consenso en esas medidas, como se
nos ofrece, tanto mejor; si no lo tenemos, seguiremos defendiendo
igualmente los intereses de España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Hemos llegado al final
de este primer punto del orden del día dedicado a las comparecencias.
(El señor Meyer Pleite pide la palabra.) ¿A qué efectos pide la
palabra, señor Meyer?
El señor MEYER PLEITE: Acogiéndome al Reglamento de la Cámara y
atendiendo a la importancia de la comparecencia, le ruego que pueda
abrir un turno de réplica. (El señor de la Encina Ortega pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Meyer. En primer lugar, el reglamento
de la Cámara no dice exactamente eso. Lo lamento porque es mi
práctica, usted no lo conoce porque no es miembro de esta Comisión,
conceder esos turnos. En segundo lugar, la Presidencia de la Cámara
está urgiendo en este momento la presencia del señor Ministro de
Asuntos Exteriores.
Señor Meyer, con ello concluye el primer punto del orden del día.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, quiero decirle que el
reglamento sí lo ampara.
El señor DE LAENCINAORTEGA: Yo también protesto. Es la tercera vez
que el ministro comparece y nos deja con la petición del uso de la
palabra. Que conste mi protesta ante la Mesa. Es una falta de
respeto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a tener cinco minutos de interrupción. La
sesión se suspende durante cinco minutos y será convocada a las once
y media (Rumores.)
Está suspendida la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR
Y PARA LA UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL EGEA), PARA DAR CUENTA DE LA
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO DE KOSOVO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000811.)
El señor PRESIDENTE: Acontinuación comparece, a petición del Grupo
Parlamentario Mixto, en representación del ministro de Asuntos
Exteriores, el secretario de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea, don Ramón de Miguel, para referirse a la evolución de
la situación del conflicto de Kosovo.
Sin más preámbulo, recuerdo a todas SS.SS. que es intención de la
Presidencia que la sesión acabe a la una de
la tarde; por consiguiente ruego a todos, incluyendo al señor
compareciente, la máxima brevedad. Entretanto, querría decir a los
señores Estrella y acompañantes, que se encuentran al fondo de la
sala, que tengan en cuenta que la sesión ha sido reanudada y que
sería conveniente que ocuparan sus escaños.
Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICAEXTERIOR YPARALAUNIÓN
EUROPEA (De Miguel Egea): Es para mí un honor comparecer ante esta
Comisión de Asuntos Exteriores para exponer la evolución reciente de
los acontecimientos en Kosovo y la posición del Gobierno en esta
materia.
Se cumple ahora un año desde que el conflicto se agudizó, pasando a
una nueva fase de enfrentamiento armado. Alrededor de 2.000 personas
han encontrado la muerte durante el tiempo transcurrido desde que se
agudizó el conflicto, por no hablar de las decena de miles de
personas que han sido desplazadas de sus hogares o que han perdido
sus propiedades. Naturalmente, todo esto ha hecho que Kosovo haya
pasado a convertirse en un lugar central, yo diría que el lugar
central en estos momentos de las preocupaciones de la comunidad
internacional.
Me parece que es bueno centrar el origen de la situación actual del
conflicto en el acuerdo alcanzado el pasado 12 de octubre por el
Presidente de la República Federal de Yugoslavia, señor Milosevic, y
el representante norteamericano, señor Holbrooke. En este momento,
que es el momento de inflexión, me parece interesante exponer el
marco en que este acuerdo se alcanzó, su contenido y la valoración
que el Gobierno hace del mismo. También me voy a referir en la
comparecencia y con la mayor brevedad posible a la evolución del
conflicto en las últimas semanas, la situación en la que ahora nos
encontramos y naturalmente a la posición del Gobierno en las
diferentes cuestiones que el conflicto suscita.
Volviendo al acuerdo del 12 de octubre, lo primero que es necesario
subrayar es que se produce bajo la amenaza formulada por los países
occidentales en el marco de la Alianza Atlántica de iniciar acciones
militares contra la República Federal de Yugoslavia si las
autoridades de Belgrado no procedían de manera rápida y efectiva al
cumplimiento de la Resolución 1199 del Consejo de Seguridad, que no
estaba siendo cumplida por las autoridades de Belgrado. Lo que quiero
subrayar es que este hecho, el hecho de la amenaza, que se ha
repetido en los últimos días, como veremos posteriormente, vuelve sin
duda a reforzar la experiencia adquirida en Bosnia de la necesidad de
conjugar en la zona de los Balcanes la presión diplomática y militar
combinadas como única forma de obtener resultados, dada la falta
sistemática de respeto del presidente Milosevic por las resoluciones
de Naciones Unidas y la presión internacional.
El acuerdo del pasado 12 de octubre, junto al compromiso de poner fin
a las hostilidades, contiene dos tipos de previsiones; en primer
lugar, un arreglo político; en segundo lugar, un sistema de
verificación del cumplimiento del arreglo.
El arreglo político se basa en dos elementos. Por una parte, el
compromiso del gobierno de Serbia de hacer
pública una declaración unilateral en la que expresaría no sólo su
voluntad de llegar a un arreglo negociado del conflicto de Kosovo,
sino también los principios generales que deberían informar dicha
negociación. Esta declaración, que se hizo pública el 13 de octubre,
recoge once principios que deben guiar cualquier acuerdo sobre el
estatus de Kosovo. De acuerdo con estos principios, el diálogo deberá
ser la única forma de alcanzar una solución duradera, que respetará
la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia y
dará una amplia capacidad de autogobierno a Kosovo. El segundo
elemento del arreglo político es el compromiso de negociar un
estatuto de autonomía provisional para Kosovo.
El sistema de verificación del cumplimiento de lo acordado se puso en
marcha a través de dos acuerdos: El de verificación aérea, firmado el
15 de octubre por las autoridades de Belgrado y responsables de la
Alianza Atlántica, y la llamada misión de verificación de Kosovo
puesta en marcha por la OSCE (Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa), tras el acuerdo alcanzado entre esta
organización y el gobierno yugoslavo el 16 de octubre. Como ven SS.
SS. entre los días 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre se sucedieron todos
estos acuerdos para poner en marcha el primer acuerdo al que habían
llegado el representante norteamericano señor Holbrooke y el
presidente Milosevic. Este acuerdo con la OSCE preveía el despliegue
en Kosovo de hasta 2.000 observadores internacionales con
competencias para supervisar el alto el fuego, la retirada acordada
de determinadas unidades del ejército federal yugoslavo y de las
fuerzas de seguridad serbia, así como ejercer labores de mediación
local.
Los términos del acuerdo del 12 de octubre, así como las misiones
encargadas a la OSCE y la OTAN fueron endosadas por el Consejo de
Seguridad en una resolución posterior, la 1203, de 24 de octubre de
1998, cerrándose así el círculo de la combinación de presiones
políticas, presión militar y posterior ratificación de todos los
acuerdos por el Consejo de Seguridad de la ONU.
El Gobierno español acogió en ese momento muy favorablemente el
acuerdo alcanzado en Belgrado y esta valoración positiva se hizo a la
luz de los tres principales retos que en ese momento tenía la
comunidad internacional en Kosovo que eran, a nuestro juicio, los
siguientes.
En primer lugar, sobre todo, porque estos acuerdos permitían evitar
lo que parecía inevitable, que era la catástrofe humanitaria
consecuencia de la existencia de unas 50.000 personas que se habían
venido desplazando a lo largo del verano, cuya situación, que ya era
en sí dramática, con la llegada del invierno podía haber tenido
consecuencias absolutamente trágicas si estos acuerdos no se hubieran
efectuado. La verdad es que la situación de todo este número de
personas sin abrigo y sin techo, durante el invierno y, además, con
la enorme dificultad de hacer llegar la ayuda humanitaria a una zona
tan difícil, hubiera sido catastrófica.
En segundo lugar, parecía que estos acuerdos tendían a evitar que la
violencia desatada en Kosovo se extendiera a los Estados vecinos
poniendo en peligro la frágil estabilidad de los Balcanes. No hablo
ya sólo de Bosnia-Herzegovina, sino también de Albania, que está en
una situación de equilibrio político extraordinariamente precario, y
sobre todo, de otro país muy frágil, muy débil y también muy
afectado por la crisis, que es Macedonia, que tiene más de un 30 por
100 de población de origen étnico albanés.
Por último, en tercer lugar, nos parecía que en estos acuerdos
sentaban las bases para que una negociación política permitiera a
medio y largo plazo una solución a este conflicto, que es
extraordinariamente complejo, y que, de no resolverse, tendría
consecuencias importantes no solamente para la región de los Balcanes
en general sino para toda la política que ha aplicado la Comunidad
Internacional y, muy particularmente, la Unión Europea y la Alianza
Atlántica, organizaciones de las que España forma parte.
Creo que también es necesario destacar que las consecuencias del
acuerdo del 12 de octubre trajeron consigo otro elemento importante
que fue la aceptación por parte de las autoridades de Belgrado de una
implicación internacional directa vía la misión de verificación de la
OSCE. Eso era un cambio fundamental en las coordenadas del conflicto
en Kosovo, puesto que por primera vez de alguna manera se
internacionalizaba el conflicto, había una presencia internacional
sobre el terreno, cambio que ha evolucionado toda la situación
posterior; es decir, es casi impensable que hubiéramos llegado a
donde estamos hoy, si estos pasos no se hubieran dado ya, y que ya el
gobierno serbio hubiera admitido de alguna manera un instrumento de
verificación internacional.
El alto el fuego se mantuvo sin grandes incidentes durante todo el
mes de octubre y el mes de noviembre. Sin embargo, a finales del mes
de noviembre, la situación sobre el terreno empezó a deteriorarse y
este deterioro se produjo a causa de dos factores.
En primer lugar, por la táctica empleada por el ejército de
liberación de Kosovo, de ocupar todas las posiciones que, en
cumplimiento del acuerdo, iban siendo abandonadas por las fuerzas
serbias, lo que provocó enfrentamientos esporádicos que adquirieron
mayor magnitud el 4 de diciembre, cuando cuatro guerrilleros
kosovares murieron a manos de las fuerzas serbias. El 14 de diciembre
hubo un nuevo enfrentamiento en la frontera albanesa, por donde
estaban entrando también guerrilleros del ejército de liberación de
Kosovo y se saldó ese enfrentamiento con 31 muertos. Casi
simultáneamente, no sé si fue el mismo día o al día siguiente, varios
estudiantes serbios fueron asesinados en un bar de una población
llamada Pec por militantes del ejército de liberación de Kosovo. Este
hecho produjo un cambio cualitativo en la actividad del ejército de
liberación de Kosovo porque es el primer acto de terrorismo urbano
indiscriminado, con muerte de población civil que no tenía nada que
ver, que el ejército de liberación de Kosovo lleva a cabo desde que a
principios de 1998 empezó su actividad de manera abierta en la
provincia yugoslava. Todo esto provocó que el ejército serbio
redoblara su alerta y que lanzara una ofensiva que empezó
precisamente el 24 de diciembre, una ofensiva de una operación
militar de limpieza y castigo al ELK, ejército de liberación de
Kosovo, generalizado en toda la provincia de Kosovo.
Por lo tanto, estamos ante un escenario por desgracia demasiado
frecuente en los Balcanes, que es la combinación típica de
provocaciones por parte de la guerrilla del ejército de liberación y
respuestas desmesuradas por parte del ejército yugoslavo, y
naturalmente, las provocaciones y las respuestas desmesuradas siempre
dan como resultado
daños injustificados a la integridad física de las personas y a la
propiedad, destrucción de aldeas, destrucción de propiedades y muerte
indiscriminada de todo tipo de gente; es decir, en ese tipo de
acciones no solamente caen guerrilleros y miembros de las fuerzas de
seguridad serbias sino que caen mujeres, niños y ancianos, los
sectores más débiles de la población, naturalmente.
El segundo factor de deterioro era el permanente bloqueo en el que
estaba sumido el proceso destinado a la consecución del acuerdo
político, porque todo esto estaba muy bien a base de negociar. Como
ya he dicho antes, el acuerdo del 12 de octubre incluía el compromiso
de negociar un estatus para Kosovo, que fuese aceptado por las dos
partes. La base de negociación eran los sucesivos borradores que
sobre este estatus había presentado el mediador norteamericano Chris
Hill, borradores a los que se iban incorporando los comentarios y
precisiones que hacía la Unión Europea a través del enviado especial
de la Unión Europea en Kosovo, un embajador austríaco llamado Wolfgan
Petrisch. La ausencia de acuerdo político no hacía más que favorecer
la violencia, aumentar la radicalización de posiciones y hacía
inviable la misión de verificación de la OSCE. Estas dificultades de
hacer avanzar el proceso político venían dadas por las divergencias
dentro del seno de la oposición albano-kosovar que impedían que los
albanos-kosovares tuvieran un equipo de negociación cohesionado y
pudieran expresarse con una sola idea, con un solo líder y con una
sola voz.
En esa situación llegamos al punto total de inflexión de la crisis,
cuando el 15 de enero, ante el horror de la comunidad internacional
cerca del municipio de Racak, fueron encontrados los cadáveres de 45
albaneses, entre los cuales se encontraban dos mujeres y un niño, con
signos de haber sido objeto de disparos a corta distancia. Todo
parecía indicar y todo indica que fue una masacre deliberada.
La reacción de la comunidad internacional, en nombre del Parlamento,
como recuerdan, fue inmediata y se concretó en tres exigencias a las
autoridades yugoslavas: en primer lugar, que se llevara a cabo una
completa investigación de los hechos; en segundo lugar, la
identificación de los culpables y ponerlos a disposición del Tribunal
Penal Internacional de Crímenes de Guerra para la antigua Yugoslavia;
en tercer lugar, permitir el libre acceso a representantes de este
Tribunal y a un equipo de forenses internacionales con objeto de
llevar a cabo una investigación independiente de los hechos.
Naturalmente, además del horror de todo esto, lo que queda bien claro
sobre la mesa es la imperiosa necesidad de avanzar en el proceso
político como única forma de poner fin a la escalada de hostilidades.
Conscientes de esta necesidad, la Unión Europea y los Estados Unidos
inician, tras esta matanza, una política de presión directa a las
autoridades de Belgrado y, al mismo tiempo, a los dirigentes de la
comunidad albano-kosovar para forzar el inicio de las negociaciones.
En esta línea, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea,
en su reunión del 26 de enero, decide extender diversas acciones
(lista de prohibición de visados ya en vigor para determinados
dirigentes yugoslavos y otros responsables) y anuncia su disposición
a considerar nuevas sanciones. Por otra parte, también lanza un claro
mensaje de advertencia al
ejército de liberación de Kosovo sobre la necesidad de poner fin de
forma inmediata a sus acciones. Sin embargo, como ya he dicho, la
única forma de hacer avanzar el proceso político desde el principio
ya hemos visto que era la necesidad de conjugar la presión
diplomática con una amenaza creíble del uso de la fuerza. Esta
amenaza plantea la compleja cuestión del equilibrio en la amenaza,
porque resulta técnicamente muy complejo extender la amenaza del uso
de la fuerza a una organización como el ejército de liberación de
Kosovo.
Los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa informaron a esta
Comisión de la decisión tomada el 9 de octubre de por el Consejo de
Ministros de autorizar a nuestra representación en la OTAN para
aprobar una decisión del Consejo Atlántico de emitir órdenes de
activación de fuerzas nacionales para operaciones aéreas en la
República Federal de Yugoslavia. El 13 de octubre, el Consejo
Atlántico adoptó la decisión y el 27 del mismo mes el Consejo
Atlántico acordó mantener vigentes estas órdenes de activación, pero
sometidas a una nueva decisión del Consejo antes de que se pudiera
proceder al inicio de operaciones militares.
Es evidente que la OTAN ha participado, en el ámbito de su
competencia, en este esfuerzo de reactivar el proceso político en
Kosovo. Así, el 28 de enero, el secretario general de la
Organización, en nombre del Consejo Atlántico, emitió un comunicado
de siete puntos que contenía en esencia una advertencia a las
autoridades de Belgrado y a los elementos albano-kosovares armados
sobre la necesidad de respetar los términos del acuerdo del 12 de
octubre y los subsiguientes alcanzados entre la OSCE y la OTAN, así
como las resoluciones del Consejo de Seguridad. Ante la total falta
de respuesta, el 30 de enero la Alianza Atlántica da un paso decisivo
cuando el Consejo Atlántico decidió trasferir al secretario general
la responsabilidad sobre las órdenes de activación antes señaladas,
que habían quedado en suspenso previa una decisión del Consejo. Pero
el Consejo ya el 30 de enero decide dar autorización al secretario
general para que reactive las órdenes, y el comunicado hecho público
por el Consejo Atlántico señala claramente que la decisión última de
llevar a cabo ataques aéreos contra objetivos en el territorio de la
República Federal de Yugoslavia tomará en consideración la actitud de
los dirigentes kosovares y de las organizaciones armadas de la
comunidad albanesa de Kosovo, así como el hecho de que la OTAN tomará
las medidas apropiadas en caso de que la responsabilidad de un nuevo
fracaso en el proceso político recaiga sobre la parte albano-kosovar.
Fruto del incremento de la presión internacional ha sido el acuerdo
tomado por el Grupo de Contacto en Londres de decidir el comienzo de
una conferencia internacional, que se inició el pasado sábado en
Rambouillet, en el que el objetivo es realizar unas negociaciones
sobre el estatus provisional para Kosovo. Estas negociaciones, que
deben desarrollar una serie de principios, tendrán como base un
documento redactado por los mediadores internacionales, el embajador
norteamericano, señor Hill, y el enviado especial de la Unión
Europea, señor Petrisch. En este momento se está negociando con el
objetivo de llegar a un estatuto de autonomía provisional para un
plazo de tres años para el territorio de Kosovo. Ello implica que se
parte de la base
del elemento fundamental, en el que ha estado de acuerdo la comunidad
internacional, que es preservar la integridad territorial de la
República Federal de Yugoslavia, y que se concederá a las
instituciones propias de Kosovo (asamblea parlamentaria, presidencia,
gobierno y sistema judicial), que serán elegidas democráticamente en
unos comicios bajo supervisión internacional, amplias competencias de
autogobierno; es decir, todo un sistema de autogobierno dentro de la
integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia.
Naturalmente todo esto teniendo en cuenta que en el territorio de
Kosovo, además de albano-kosovares, viven diversos grupos nacionales,
además de serbios, cuyos derechos deben ser plenamente respetados.
El Gobierno español espera el término de estas negociaciones, de las
cuales se conoce poco, porque en este momento está todo cerrado. Le
decía al presidente que es como un guiso en una olla a presión. No se
puede abrir la tapa de la olla. No es una cazuela que uno va abriendo
para ver cómo va el guiso. Está totalmente cerrado y ni nosotros ni
nadie tiene acceso para saber cómo van las negociaciones. Esperamos
que estas negociaciones conduzcan en el plazo señalado a un acuerdo
sobre el estatus de Kosovo que permita poner fin a la violencia y
acomode este territorio en la República Federal de Yugoslavia.
Sabemos que la puesta en práctica de este acuerdo exigirá una
contribución de la comunidad internacional, tanto en lo que concierne
a los aspectos civiles, como a los aspectos militares. Parece
arriesgado aventurar ninguna otra conclusión antes de conocer los
resultados de la negociación de Rambouillet, porque hasta que no
termine será muy difícil saber cuáles serán las necesidades. Yo creo
que, por tanto, salvo contemplar con esperanza las posibilidades del
acuerdo y mantener nuestra total disponibilidad para, junto con
nuestros socios de la comunidad internacional, contribuir en la
medida de nuestras posibilidades a que este acuerdo pueda lograrse,
tanto en sus aspectos civiles como militares, nos parece que en este
momento no se puede ir más lejos. Es evidente que deseamos que haya
un acuerdo negociado, que se evite la repetición de la tragedia de
Bosnia y que este acuerdo permita mantener una coherencia con todo lo
que la comunidad internacional ha hecho en Bosnia-Herzegovina y, al
mismo tiempo, preservar el difícil equilibrio que hay en esa zona,
que afectaría muy negativamente, no sólo a Serbia, que le afectaría,
y también a Bosnia-Herzegovina, sino, sobre todo y fundamentalmente,
a dos países, como ya mencioné antes, extraordinariamente frágiles
como son Albania y Macedonia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, peticionario de la
comparecencia, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Debo agradecer al señor secretario de Estado
la información amplia y exhaustiva a la que normalmente nos tiene
acostumbrados, más allá de las discrepancias que puedan surgir.
El azar ha querido que esta comparecencia se produzca en medio de ese
proceso de Rambouillet. Esta comparecencia trae su causa de esa
Comisión conjunta de Exteriores y de Defensa que se celebró, a la que
ha hecho referencia el señor secretario de Estado, y en la cual los
diversos
portavoces solicitamos que la relación entre el Gobierno y esta
Cámara fuera fluida, que se recibiera información y que, en la medida
de lo posible, se tratara de conseguir un consenso en una política
global en el Parlamento español que pudiera favorecer las actuaciones
que debiera acometer el Estado español.
Por eso decía que se formuló hace ya algunos meses la solicitud,
porque entendíamos que hay que propiciar los mecanismos
parlamentarios habituales para que el tema no quede olvidado o que no
venga, como sucedió aquella vez, con urgencia -una urgencia que venía
dada por unos compromisos internacionales-, porque, como creemos, la
opinión pública española está sensibilizada por esta cuestión, por
este conflicto que cuesta vidas humanas y otra gama de sufrimiento en
nuestra Europa, y parece lógico que el Gobierno informe puntualmente
de todo el desarrollo del proceso.
Es verdad que en la cuestión de Kosovo se han aprendido algunas
cosas, se ha adquirido experiencia en procesos similares,
singularmente en Bosnia, ese conjugar la acción diplomática con la
amenaza, la cual parece que algunos déspotas solamente van a
entender, pero no es menos cierto que hay otro tipo de experiencias
que podrían adquirirse de toda la crisis de la ex Yugoslavia que
quizá no se hayan aprendido con la suficiente intensidad.
Pese a toda esa pormenorizada narración de intervenciones, de
reuniones, de proyectos, de propuestas realizadas, hay que seguir
reconociendo que la comunidad internacional ha tardado demasiado en
actuar, a pesar del agravamiento constante en los últimos años, no
desde el mes de octubre o no desde hace unos meses, sino desde hace
algunos años.
Se había advertido que después de Bosnia Kosovo sería el siguiente
polvorín, de lo cual se hizo caso omiso por parte del Grupo de
Contacto, quizá más preocupado por la situación de abierta guerra en
Bosnia, pero parecía bastante lógico que se pudiera repetir esa
situación traumática y gravísima en Kosovo. Esas advertencias habían
tenido una formulación explícita por parte de organizaciones no
gubernamentales que trabajaban sobre el terreno, e incluso de
instituciones europeas, singularmente del propio Parlamento Europeo.
En cualquier caso, hay que dejar triste constancia una vez más de que
la ambición de establecer un sistema internacional de prevención de
conflictos vuelve a brillar por su ausencia, y desde luego también
vuelve a brillar por su ausencia la querida pero nunca realizada
política europea de seguridad compartida por parte de la Unión
Europea.
Hechas todas estas consideraciones, que seguramente deberían también
prevenirnos para el futuro o establecer alguna sombra de duda, en el
caso de que indeseablemente se produjeran conflictos similares qué
hacer, y diciendo que la acción diplomática más la amenaza puede ser
útil pero no deja de ser un fracaso ante la ausencia de mecanismos de
prevención y fundamentalmente de políticas comunes europeas, la
posición de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya en este momento
voy a tratar de resumirla porque lógicamente éste no es un tipo de
intervención parlamentaria de comparecencia que pretenda ser un acto
típico de control de gobierno, un acto de oposición, sino de aportar
algunas ideas que probablemente serán compartidas por
otros grupos en esta Comisión, pero que entendemos que deben tratar
de ir provocando una posición común del Gobierno y del Parlamento
español ante la evolución posterior, con independencia de aquello que
se acuerde en Rambouillet. No cabe duda de que todos deseamos que
llegue a feliz término ese proceso abierto en este momento; no cabe
duda de que es precisa esa reserva a la que hacía alusión el
Secretario de Estado, y no seremos nosotros quienes pidamos más
información (de la que seguramente nadie dispone), pero sí cabe
establecer algunos criterios o abrir un debate sobre las posibles
vías posteriores, insisto, tanto en caso de que llegue a buen puerto
la negociación abierta, como en el caso contrario.
Parece que la propuesta de arreglo formulada por el Grupo de Contacto
es un buen inicio y que en este sentido debería nuclear la
posibilidad de consenso, y también parece -y en esto al menos parece
que coincidimos con la posición del Gobierno- que Kosovo debe
recuperar la autonomía arrebatada en 1989 incrementada; simplemente
una posición restauradora de una posición anterior al conflicto
parece que ya no será suficiente; por tanto, el preservar elementos
de autogobierno de la mayoría con respeto, lógicamente, a las
minorías y de establecimiento de un régimen nítidamente democrático
es un punto de partida insoslayable.
En todo caso, el problema se produce si hay un fracaso en
Rambouillet, y aquí sí me parece legítimo preguntar al secretario de
Estado qué hipótesis contempla el Gobierno español en caso de que no
se produzca. Desde nuestro punto de vista, entendemos que segura y
lamentablemente habría llegado el momento de poner en marcha los
mecanismos de sanción anunciados por el Grupo de Contacto, pero esto
admite diversas modulaciones, tanto temporales como de intensidad, de
poner énfasis en unos medios sobre otros, etcétera. Por tanto, aquí
sí nos parece oportuno que el Gobierno español aproveche esta ocasión
para manifestar sus intenciones ante la Cámara y ante la opinión
pública, más allá de indicar aquellas políticas que comúnmente se
acuerden con nuestros aliados, con lo cual se puede estar de acuerdo
en este caso, y sería bueno -y luego me referiré a ello- que el
Gobierno español no vaya simplemente a remolque de lo que digan
otros, sino que también tenga su voz propia en un momento
determinado.
Otra posición para nosotros importante -y no sé si el secretario de
Estado está en condiciones de aludir a esta cuestión- es quién
gobernará el proceso de transición o quién lo presidirá. Anuestro
modo de ver, como en el caso de Bosnia, debe ser un europeo, y
cualquier otra circunstancia no sería de recibo, además con unas
potestades similares a las que existen en este momento en Bosnia.
A nuestro modo de ver, también en el caso de que hubiera necesidad de
presencia militar, económica, para una fuerza multilateral entendemos
que España debe comprometerse en esta misión de paz. Desde este punto
de vista coincidiríamos con las posiciones vertidas recientemente en
el encuentro, hasta donde hemos podido conocer (y sería un elemento
para ampliar ahora en su intervención), entre el ministro de Defensa
y el secretario general de la OTAN.
En cualquier caso, y como aludía anteriormente, entendemos que el
Gobierno español podría y debería ser más activo. Dentro, una vez
más, de la necesaria reserva y prudencia,
parece que el Gobierno español ha ido demasiado a remolque de
terceros e incluso una reflexión sobre la composición del Grupo de
Contacto quizá fuera oportuna. Insistimos que en estas cuestiones,
aunque luego la presencia española puede estar asegurada por otras
vías, sin embargo como tal Gobierno la sensación que se da es de poca
implicación y de estar demasiado a la espera de lo que digan otros.
Finalmente, si la única posibilidad que se aprecia -en sintonía con
lo que se habló y con lo que yo manifesté en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya en la anterior reunión de esta
Comisión junto con la de Defensa- es la de la intervención de la
OTAN, intervención que a nosotros de entrada lógicamente no nos gusta
y que desde luego siempre sería apoyada como un mal menor, debería
hacerse de manera que se preservara la participación del papel
político de otros organismos, singularmente de la OSCE y por supuesto
de la Unión Europea que, insisto en lo que decía al principio, de
nuevo entendemos que, pese a todo y sea cual sea el resultado de
Rambouillet, ha vuelto a suponer un fracaso, una ocasión más perdida
de poder estructurar una política exterior común.
Estos serían los puntos que a nuestro modo de ver podrían establecer
una base de consenso en la cual participara nuestro grupo, pero
reiteramos una vez más que sin necesidad, a ser posible, de que
tengamos que ir pidiendo comparecencias, el Gobierno haga un esfuerzo
por mantener informados a los diversos grupos parlamentarios en ese
ánimo de fomentar el consenso, que creemos es también nuestra modesta
contribución a la paz en Kosovo y en los Balcanes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor secretario de
Estado, por su comparecencia y por su información acerca del momento
en que estamos respecto al conflicto de Kosovo.
En la última comparecencia de urgencia en la Cámara, a nivel
ministerial, si no recuerdo mal, para informar sobre este conflicto,
una comparecencia conjunta del ministro de Asuntos Exteriores y el de
Defensa, desde nuestro grupo parlamentario reclamamos, y lo hicimos
creo que de una forma muy clara y firme, una intervención de la
comunidad internacional ante la extrema gravedad que estaba
adquiriendo el conflicto. La presión, la amenaza militar, ha abierto
la puerta al proceso negociador iniciado el sábado pasado en la
localidad francesa de Rambouillet. Ante ese proceso, lógicamente, no
podemos más que manifestar nuestro optimismo moderado y, sin lugar a
dudas, nuestra esperanza en que sirva para resolver este conflicto.
Debo manifestar, sin embargo, que desde nuestro punto de vista la
amenaza que ha abierto la puerta a ese proceso negociador llegó
tarde. Ya vimos en Bosnia, como decía el anterior interviniente, que
era inevitable la amenaza de la fuerza para poder abrir el camino de
la paz. Vimos en Bosnia la inutilidad de las apelaciones a la paz y a
la concordia y que al bando que tiene una responsabilidad principal
en
la agresión, que es el mismo que realiza el mismo papel en el
conflicto de Kosovo, sólo se le podía parar con la amenaza de la
fuerza.
Como decía, estamos expectantes ante el proceso negociador y deseamos
fervientemente un acuerdo negociado al conflicto, acuerdo que
satisfaga las ansias de autogobierno de los kosovares para poder
decidir sobre su futuro y que, como mínimo, deberá fundamentarse
sobre la autonomía que les fue arrebatada hace escasos meses.
Obviamente, si es posible un punto de acuerdo, sólo puede venir de la
firme determinación occidental de impedir que la fuerza pueda
prevalecer sobre la razón, y quiero dejar muy claro, señor secretario
de Estado, una vez más, que en el caso de que las expectativas de paz
no se cumplan, manifestamos nuestro apoyo a la implicación española
en lograr una paz durable. Evidentemente, situándonos en un escenario
pesimista de conclusión de las conversaciones emprendidas el sábado
pasado, quiero dejar claro ya, una vez más, que nuestro grupo
parlamentario es partidario y apoyará al Gobierno en su implicación
en la resolución del conflicto, y sabemos que, llegado el caso, ello
puede ser duro e incluso difícil. En el caso de que no fuera posible
una solución pacífica, que las conversaciones de Rambouillet no
concluyeran con un acuerdo entre ambas partes, podemos entrar en una
espiral sumamente compleja, que puede obligar, incluso, a una
intervención militar de la comunidad internacional. Esa intervención
-y creo que tenemos experiencias recientes- sabemos que no es
suficiente y no termina con una intervención relámpago de la Alianza
Atlántica, sino que podría requerir que tropas de tierra estuvieran
presentes sobre el terreno. Una sociedad multiétnica, una sociedad
conflictiva como es la kosovar no se puede reconstruir desde el aire,
no se pueden calmar desde el aire odios entre comunidades ni proteger
a la gente. Ello podría exigir el envío de tropas de tierra, y en ese
caso sepa ya que nuestro grupo parlamentario apoyaría esa decisión
del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Podríamos decir que el conflicto de Kosovo
nace cuando un Estado elimina las competencias de autogobierno que
tenía una de sus regiones y, a partir de ahí, los afectados plantean
una reivindicación en una primera etapa con una estrategia y en una
segunda con otra más caracterizada por la violencia. La verdad es que
en la primera etapa no se vendió mucho su problema. Curiosamente la
no violencia, incluso mientras se reivindica alguna injusticia, no
vende lo mismo que la multitud de masacres que se han venido
desarrollando con posterioridad. La confianza de la comunidad
internacional, la europea entre ellas, poco se alteró cuando ocurrió
el origen del conflicto que estaba enumerando al comienzo de mi
intervención y sí cuando el mal ya no tiene una solución rápida;
cuando la sangre está derramándose es cuando la conciencia
internacional se vuelve más sensible y vulnerable.
Aprovecho la ocasión que nos brinda este debate para reivindicar el
derecho que tienen otras minorías, incluso étnicas, culturales, de
todo tipo, que están sufriendo similares
situaciones en países que también, junto con los Balcanes, están en
la órbita de la Unión Europea e incluso más próximas a la Unión
Europea que lo que hoy están los países de los Balcanes. Y estoy
haciendo mención, porque no me resisto, a Turquía y al tratamiento
que da a las minorías.
Por lo tanto, cuando la resistencia de los kosovares es una
resistencia pacífica, no hay un avance en la sensibilización
internacional y ahora, afortunadamente, nos encontramos en el
análisis de una posible solución negociada a este conflicto. En el
momento en que se plantea esa negociación y se empieza a concretar,
tiene una serie de consecuencias positivas, formalmente al menos. A
pesar de que sigan apareciendo asesinados hay un freno en la
confrontación, se inicia la posibilidad de desarrollar proyectos de
cooperación, de ayuda humanitaria, la posibilidad del retorno de los
refugiados y la posibilidad de que en esa negociación se articulen
unos mecanismos de verificación del posible acuerdo a alcanzar. Ahora
habría que desarrollar y reflexionar sobre el acuerdo que habrá que
verificar en un momento dado. ¿El acuerdo debe ser la paralización de
la violencia, debe ser alentar una solución que tenga un denominador
común, que sería la restauración de la situación anterior a la de
1989? ¿Estaríamos en disposición de defender que en esa negociación
quedasen abiertas distintas opciones que las partes puedan presentar
en el debate, algunas de las cuales quizá hoy la comunidad
internacional, a priori, no las está apoyando?
En primer lugar, yo hablaría de cuáles deberían ser las fuerzas que
controlasen el espacio tras el acuerdo de paz que se pueda alcanzar,
si realmente deben ser fuerzas serbias o debe ser una fuerza de
intervención internacional. En ese momento quiero señalar que mi
grupo no va a apoyar ningún tipo de despliegue de fuerzas militares
bajo el mandato OTAN. No aceptamos que la OTAN sea ese pilar que la
inmensa mayoría de esta Cámara le pretende otorgar, ese pilar para la
solución de los conflictos internacionales, al margen de Naciones
Unidas, y sobre todo, como país miembro de la Unión Europea, no
queremos que OTAN sea el tronco sobre el cual debe nacer la rama que
se le denomine de la forma que sea; si es una de la instituciones que
actualmente están creadas, que sea una de ellas, pero que realmente
tenga esa clara vinculación con la OTAN ¿Cuál va a ser la estrategia
de la negociación que ha planteado el Grupo de Contacto? ¿Se va a
hacer un orden del día en el que el auténtico fondo del problema se
sustraiga para derivarlo en el tiempo futuro, es decir, una
negociación a muchos años vista? En este primer momento, ¿va a
centrarse exclusivamente en frenar la violencia de todo tipo que hay
en el territorio? Yo quiero que usted aclare si los kosovares, hoy
por hoy, están realmente dispuestos a plantear una solución al
conflicto que suponga el volver a esa autonomía de la que disfrutaron
en un momento dado, puesto que incluso el propio Rugova -considerado
por todos como uno de los moderados- piensa que es irrenunciable el
derecho de autodeterminación. Son lados oscuros de una negociación,
de un diálogo que he comenzado diciendo que tiene unas claras
consecuencias positivas, pero que, desde luego, queda todo,
absolutamente todo, por andar y, a la vez, lógicamente, quedan una
serie de dudas
sobre qué posibilidades hay para dar una salida a este conflicto.
Quiero recordar algo que también se está poniendo sobre el tapete de
la negociación, que es qué puede ocurrir con los presuntos criminales
de guerra de este conflicto. ¿Va a ocurrir como en Bosnia, donde la
mayor parte de los serbiobosnios encausados están campando por sus
respetos, o realmente se va a avanzar para que haya una persecución
y un enjuiciamiento de todos los que hayan sido acusados de estos
deleznables crímenes?
Para finalizar, le quiero hablar también de la credibilidad de los
firmantes de un posible acuerdo. Si la comunidad internacional
entiende que Milosevic ha adquirido ya un claro perfil de legitimidad
respecto a los acuerdos y compromisos que pueda adquirir, o realmente
seguimos con el discurso anterior, es decir, el de considerar que es
una persona que traiciona todos los acuerdos, que se mueve por claros
intereses ultranacionalistas y con quien no podría llegarse a ningún
acuerdo con las suficientes garantías de estabilidad. Ese sería mi
planteamiento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario socialista, tiene la
palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLÉ TURA: Señor secretario de Estado, mi grupo entiende
perfectamente que en este momento no exista una información detallada
de lo que está ocurriendo en Rambouillet, por las características que
ha tomado la iniciativa y la forma en que se está gestionando, pero
sí creo que sería interesante conocer la opinión del Gobierno español
en torno a algunas de las cosas que, al parecer, se están tratando.
Por ejemplo, si al Gobierno español le parece bien la idea de una
autonomía provisional, que dure sólo un tiempo y que permita luego
otro tipo de negociación. En segundo lugar, si el Gobierno español
cree que, una vez puesta en marcha esa autonomía provisional, eso
puede culminar en una especie de referémdum de autodeterminación, si
cree que eso es lo que puede salir de esta especie de Dayton 2 que
hay en Rambouillet y si lo aceptaría. En tercer lugar, si piensa que
es posible una solución diferente de la de Bosnia, en el sentido de
que no se produzca la separación de las dos comunidades principales,
la serbia y la albanesa o bien si es posible mantener una situación
de autonomía con las dos comunidades mezcladas en el mismo
territorio. Esto en relación con lo que pueda salir de las
negociaciones de Rambouillet, pero también quiero preguntarle: Una
vez puesto en marcha el proceso, ¿cómo piensa contribuir el gobierno
español al mismo, tanto en el plano civil como en el militar? ¿Qué
medidas va a tomar, qué compromisos está en condiciones de aceptar y
de llevar a cabo para que los acuerdos realmente se cumplan?
Dicho esto, quería hacerle un par de consideraciones y de preguntas
más amplias. Una de ellas es si el Gobierno cree que es posible
avanzar hacia un proceso de paz sin que en la República Federal de
Yugoslavia, concretamente en Serbia, se produzcan cambios políticos
importantes, es decir, sin que se avance realmente hacia una
situación en la que se respeten los derechos humanos y haya más
pluralismo; y si eso es lo que cree, cómo piensa contribuir a ello.
Creo que ese es un factor importante, porque lo que está en juego es
saber si es posible obtener una autonomía en
Kosovo manteniendo la estructura política que hay en Yugoslavia -es
decir, si estas dos cosas no van vinculadas- y cómo hay que
intervenir o qué es lo que habría que hacer en Yugoslavia, sobre todo
para que haya un respeto más amplio de los derechos humanos.
Por último, le quiero hacer otra pregunta, que es cuál es la política
del Gobierno español en lo que podríamos llamar el espacio albanés,
porque en el Consejo de Europa yo soy el ponente para los asuntos de
Albania y, aunque he viajado con frecuencia por allí, nunca he
encontrado un diplomático español. Por consiguiente, me gustaría
saber a qué se debe esta ausencia y si hay idea de rellenar este
hueco y encontrar allí una presencia, digamos, conveniente con lo que
tiene que ser nuestro papel en la zona.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Naturalmente, estamos hablando mientras los
acontecimientos se precipitan en esa olla a presión cerrada que
describía el secretario de Estado. En primer lugar, creo que hay una
consideración importante que hacer. Estamos hablando de acciones que
la comunidad internacional, y muy especialmente la OTAN y los países
europeos dentro de la OTAN, ponen en marcha para evitar una
catástrofe humanitaria. Por lo tanto, habría que hablar del derecho
de injerencia humanitaria, de sus límites y de las limitaciones que
tienen los países ajeno al conflicto para evitar que las partes
actúen de modo tal que produzcan una catástrofe de esa naturaleza. Y
no hay que olvidar tampoco cómo el comportamiento de los últimos
meses por parte de unos y de otros ha buscado no tanto evitar los
daños a la población como aprovecharse tácticamente de las ventajas y
desventajas que ofrecía la evolución de los propios acontecimientos.
Me refiero a que las tropas de policía serbia o los guerrilleros
albano-kosovares han buscado actuar desde el punto de vista
estrictamente de ventaja militar, y no en el sentido de respeto al
derecho de los habitantes de la zona, o incluso a esa voluntad
reiterada por la comunidad internacional de permitir el regreso, la
reintegración de las poblaciones desplazadas por los enfrentamientos.
En segundo lugar, es importante señalar ese otro derecho que tiene la
comunidad internacional, que tiene la Alianza Atlántica y que tienen
los países europeos, de garantizar la estabilidad de la zona, que en
algunos casos y teniendo en cuenta los precedentes bosnios más que de
derechos habría que hablar de obligación. Es una obligación de
garantizar y de producir estabilidad en una zona especialmente
conflictiva que afecta directamente a nuestros intereses vitales más
principales, intereses vitales que se ven amenazados por las
repetidas crisis que en esa zona de los Balcanes se vienen
produciendo en los últimos años.
Sin embargo, esta necesidad de, por un lado, proteger los derechos
más fundamentales y, por otro, de garantizar la estabilidad y la
seguridad de la zona y la nuestra propia no tendría sentido si no
hubiera una voluntad firme, coherente y continuada, que la ha habido
en los últimos meses tanto por parte de los norteamericanos como por
parte de los europeos, de acompañar la presión política y militar de
un cierto diseño de la solución política, que probablemente
es lo que en estos momentos se está discutiendo con mayor dificultad
en Rambouillet. Estamos proponiendo no solamente una presión militar,
estamos no solamente amenazando con el uso de la fuerza sino
indicando de qué forma entendemos que tanto los derechos más
fundamentales como la estabilidad de la zona puede ser garantizada
mediante un plan, esbozado en sus líneas generales por el secretario
de Estado en su intervención, que es el resultado no solamente de las
resoluciones del Consejo de Seguridad sino de las decisiones y de las
propuestas de la Alianza Atlántica y de otras organizaciones europeas
que han intervenido en la zona, concretamente en Kosovo. En cualquier
caso, es evidente que ese plan tiene unos principios. Uno es el de
autogobierno y otro el de la integridad territorial serbia, en tanto
que no puede compararse la situación de Bosnia con la situación de
Kosovo. Bosnia era el resultado de la quiebra de un Estado, mientras
que en el caso de Kosovo no estamos hablando de una ex república
federal, sino de una entidad menor a la que se le negaron
determinados derechos pero a la que la comunidad internacional no
reconoce el derecho a la autodeterminación y a la secesión.
Los obstáculos son evidentes, no solamente por la acción del Gobierno
de Milosevic y de Serbia sino también por la división de los albano-
kosovares; no solamente por la división entre los moderados como
Rugova y los guerrilleros militares del llamado Ejército de
Liberación de Kosovo, sino por la división entre los distintos
líderes de las bandas armadas que componen ese autodenominado
Ejército de Liberación de Kosovo. Hay otra dificultad mucho mayor que
es la capacidad de la opinión pública internacional y de los países
que ahora apuestan por imponer una solución política mediante la
posibilidad de intervención militar de ser coherentes con ese
compromiso. Tenga la seguridad el Gobierno de que el Grupo Popular
apoyará la decisión que pueda tomarse en el futuro en coherencia con
las posiciones que en el pasado hemos mantenido, y esto es que no es
posible hacer viable una presión política o imponer una solución
política razonable, como entendemos que es la que se propone, si no
se es capaz de poner los medios necesarios para que esta solución
política pueda ser viable en el terreno, y esto quiere decir tomar
decisiones difíciles que asegurarán los acuerdos a los que se pueda
llegar en Rambouillet, pero que necesitarán de un apoyo constante,
firme y coherente no solamente de la opinión sino también de los
grupos parlamentarios, y en ese apoyo tenga la seguridad el Gobierno
de que el partido Popular será coherente con lo que hemos mantenido
en el pasado. Este es un esfuerzo grande que se nos pone por delante,
es un esfuerzo que permitirá constatar la voluntad de nuestro país de
contribuir a la estabilidad en la zona y de garantizar los derechos
más fundamentales de los habitantes de Kosovo, pero que pone ante
nosotros la responsabilidad que tienen naciones como España y la
Unión Europea y los países de la Alianza Atlántica de garantizar la
paz y la estabilidad no solamente en sus fronteras sino en los países
que nos son más cercanos, y esa es la mejor manera de cumplir no
solamente con los fines de las organizaciones a las que pertenecemos
sino con la propia voluntad de la democracia española de ser un
factor de estabilidad y de paz en el mundo.
El señor PRESIDENTE: Señor Miguel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (de Miguel Egea): Quiero agradecer a los representantes de
los grupos parlamentarios que han intervenido no solamente su
posición constructiva sino las aportaciones interesantes que han
hecho a lo que puede conformar la posición del Gobierno español en el
desarrollo de un proceso del que yo creo que estamos viviendo sólo la
primera parte, porque es de desear que las negociaciones de
Rambouillet abran un espacio nuevo en el que debemos jugar un papel
por la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del concierto
europeo.
Estoy de acuerdo con el señor Alcaraz en que tenemos que mantener
informada a esta Comisión de los pasos que se van dando y, por tanto,
creo que ha sido una buena coincidencia que esta comparecencia haya
tenido lugar justo en un momento en el que, como decía antes, se está
cociendo el acuerdo. Yo le expreso, señor presidente, mi total
disponibilidad para venir aquí inmediatamente en el momento en que se
conozca si hay acuerdo y si se van a tomar decisiones sobre una
futura participación de España en los aspectos civiles y militares.
Por consiguiente, estoy de acuerdo en que éste es un tema que
preocupa a la opinión pública española. Los balcanes están en una
zona alejada geográficamente de nuestro país, pero al fin y al cabo
es evidente que la opinión pública tiene una sensibilidad para todos
los temas que amenazan la paz y la seguridad en nuestro continente,
muy particularmente en la parte sur, en el Mediterráneo, y pienso que
esa sensibilidad no la podemos ignorar.
Efectivamente, España ha seguido muy de cerca este conflicto a través
de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Se ha dicho que
deberíamos haber tenido una participación más activa. Yo entiendo que
hemos tenido una participación más activa de la que se podía esperar
por el hecho de no ser miembros del Grupo de Contacto. También estoy
de acuerdo en que habría que replantearse ser o no miembro del Grupo
de Contacto. El asunto ha sido replanteado a todos los niveles. Lo
que pasa es que cuando los grupos se hacen demasiado numerosos
empiezan a no ser efectivos y la participación de España -eso es lo
que se nos dice- provocaría el deseo generalizado de todos los países
de meterse en un grupo y ese grupo dejaría de ser operativo. Lo que
tiene de interesante el Grupo de Contacto es que es el punto de unión
con Rusia. Hay unos socios europeos y están Rusia y Estados Unidos.
Yo creo que ese es el mérito fundamental de este grupo, que nunca - y
en eso nosotros siempre hemos insistido- debe marginarse a Rusia en
la solución del conflicto porque es fundamental que esté totalmente
de acuerdo y participe.
Nosotros hemos tenido una forma de participar de la cual no se ha
hablado suficiente -y me parece que hay que citarla de nuevo- que ha
sido el papel importantísimo y preponderante que en toda esta crisis
ha jugado el ex presidente del Gobierno español, don Felipe González,
designado por la Unión Europea y por la OSCE como el representante
político para buscar una salida política. Debo decir que,
respondiendo a aquellos que creen que únicamente la
presión militar es la que ha jugado un papel importante, francamente
pienso que la comunidad internacional ha jugado todas sus cartas en
la vía política a través de una persona de tan reconocido prestigio,
con experiencia en problemas espinosos de ese tipo y de transición
como es el ex presidente del Gobierno español, que tenía toda la
confianza de la comunidad internacional y a la que el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha prestado todo su apoyo y colaboración. No era
solamente Felipe González sino una persona tan cualificada
profesionalmente como Juan Antonio Yáñez, ex embajador en Naciones
Unidas, ex director del departamento internacional de la Presidencia
del Gobierno, que en todo momento ha acompañado a Felipe González en
todas las gestiones. Ellos han venido asistiendo regularmente no
solamente en las gestiones con el presidente Milosevic, sino como
observadores en el Grupo de Contacto. Por tanto, nosotros teníamos ya
una presencia en el Grupo de Contacto a través del ex presidente
Felipe González.
Por razones de evolución de las cosas, cuando se ha visto que la vía
política estaba totalmente arruinada, que no había manera de
establecer un diálogo, que los propios serbios rechazaron la figura
de Felipe González precisamente porque estaba propugnando la vía de
la negociación y del diálogo, el mandato de Felipe González tenía un
término y a partir de principios de este año no ha sido renovado
porque se vio que había cumplido su función y que ya no tenía
sentido. Ésa es la razón por la que ni Felipe González ni sus
representantes, las personas que le ayudan, le asesoran y le
acompañan, no están en este momento en Rambouillet. Si estuvieran
nosotros estaríamos en condiciones de poder informar a esta cámara de
lo que pasa allí, porque debo decir que don Felipe González y las
personas que le han asesorado han actuado con absoluta transparencia
y lealtad con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Gobierno,
teniéndonos puntualmente informados de todos los detalles de lo que
estaba pasando allí. Por tanto, a través de esta figura nosotros
hemos podido participar, y muy dignamente, y hemos podido tener
información.
Estoy de acuerdo con la conclusión del señor Alcaraz de que hay que
preservar el papel político de la Unión Europea y de la OSCE. Creo
que lo hemos estado haciendo. El presidente de esta Comisión, como
presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, fue muy activo y
sabe muy bien como esta organización ha participado. Nosotros estamos
dispuestos a seguir potenciando el papel de la OSCE en este
conflicto.
Comprendo la afirmación del señor Navas de que el tratamiento de
minorías es un asunto que no solamente se debe resolver aquí en el
caso de Kosovo sino también en otros casos. Nuestra posición a este
respecto no es divergente. La Unión Europea tiene una tesis sobre el
tema, como la tiene la comunidad internacional, y la aplica siempre
que puede porque el de las minorías es un asunto recurrente en el
entorno del este europeo e incluso más allá. Por tanto, sólo puedo
decirle que en el caso de Kosovo no se hace discriminación ni se hará
en temas similares. Agradezco el apoyo recibido por parte de los
grupos parlamentarios ante una eventual idea de despliegue de
efectivos militares para garantizar los acuerdos de Rambouillet, si
los hubiera, como espero. Yo respeto la posición del diputado
de Izquierda Unida, señor Navas, de que no sería deseable que la OTAN
desplegara tropas, pero la experiencia nos enseña que estos pactos
están forzados por la comunidad internacional y en muchos casos no
son deseados por las partes, como pasó con Dayton. Alguien ha hablado
de Rambouillet como un Dayton 2. Yo creo que sí, que es un Dayton 2,
y al final la presión les hace acordar algo que no están muy
dispuestos a cumplir y que la garantía de una presión militar les
empuja a cumplir y luego empiezan a crearse sinergias, como ha pasado
en Bosnia-Herzegovina, y finalmente descubren a la fuerza que la
cooperación les da mejor resultado y empieza a cristalizar eso que es
la paz civil. La paz civil es la cooperación porque la paz armada,
con la presencia de tropas, no es paz sino simplemente cese de
hostilidades. El cese de hostilidades en una zona caliente como
Kosovo ya es mucho; ya es mucho que no haya catástrofes humanitarias,
que no mueran seres inocentes, pero luego hay que lograr la paz
civil, que es que las gentes cooperen y, por desgracia, en los
Balcanes se ha demostrado que no hay otra solución, por lo menos
durante un tiempo, que tener una presencia militar para provocar esta
cristalización de la paz civil.
También estoy de acuerdo con el señor Navas en que hay que llevar a
los criminales de guerra en Kosovo al mismo tribunal que se llevan
los de Bosnia-Herzegovina y otros sitios de la antigua Yugoslavia. Es
verdad que no se ha podido llevar a tantos como sabemos que son
criminales de guerra, pero creo que el señor Navas es consciente de
la extraordinaria dificultad que en muchos casos supone detener a
algunos criminales de guerra que están protegidos por la propia
población local. Los hechos demuestran que cada vez que se ha
detenido a alguno ha habido bajas, en algunos casos bajas en las
fuerzas de interposición simplemente por el mero hecho de dar el alto
a una persona e incluso en algunos casos bajas de fuerzas que nada
tienen que ver con la detención, como fueron las recientes palizas
que recibieron algunos miembros españoles de la Guardia Civil
destacados en BosniaHerzegovina como consecuencia de la detención de
un criminal de guerra por unas tropas británicas. La reacción de la
población local a muchos kilómetros de distancia sobre una guarnición
de paz supuso un serio riesgo para las vidas de estos guardias
civiles, algunos de los cuales están hospitalizados, simplemente por
una paliza de la población local.
Paso ahora a responder a varias de las preguntas hechas por el señor
Solé Tura. En este momento lo primero es buscar un estatuto
provisional de autonomía para Kosovo. Sobre referéndum de
autodeterminación, aunque se habla de ello, tengo que decir que no
está acordado. Lo que la comunidad internacional desea es que haya un
estatuto que permita la autonomía de Kosovo, dentro de los límites de
la antigua Yugoslavia, con garantías para todos, no solamente para
los albano-kosovares, ya que no hay que olvidar que los serbios son
una mayoría vulnerable en una zona como Bosnia-Herzegovina. ¿Es
posible una situación diferente a la de Bosnia? Yo creo que en este
momento no. Si buscáramos una solución diferente a la de Bosnia
quedaría desautorizada toda la acción internacional con respecto a
Bosnia. Sería imparable
la desmembración de Bosnia-Herzegovina, la creación de una
república serbia independiente, de una república croata independiente
y de una república musulmana independiente, con lo cual saltaría en
mil pedazos toda la construcción, afectando también a la zona
albanesa y a Macedonia.
¿Cómo piensa contribuir el Gobierno español al acuerdo del plan civil
y militar? Pues en la medida de nuestras posibilidades y en función
de lo que se decida con nuestros socios. Es decir, España sola no va
a actuar. Nosotros actuaremos con los miembros de la Unión Europea y
de la Alianza y veremos cómo podemos contribuir. Hay voluntad en el
Gobierno español de hacerlo y lo haremos en la medida de nuestras
posibilidades, aunque todo el mundo sabe que son limitadas en
comparación con las que tienen otros de nuestros socios. Lo que nunca
ha faltado ha sido la voluntad española, y no solamente la voluntad
política de este Gobierno y del anterior, sino también la
extraordinaria voluntad demostrada sobre el terreno por los que
participan. Yo creo que la acción de nuestras tropas en Bosnia es un
ejemplo que se cita porque se trata de gente que no acude sólo a
cubrir el expediente sino a realizar la paz civil. Por tanto,
participaremos con el mismo entusiasmo.
Hay otra gran pregunta: ¿Es posible avanzar sin que se produzcan
cambios políticos? Es evidente que el modelo de Serbia de falta total
de democracia, de un poder casi omnímodo y despóticamente ejercido
por el señor Milosevic, es lo que nos ha llevado a esta situación. Si
hubiera sido un hombre más dialogante, si hubiera escuchado más los
consejos del alto representante de la Unión Europea y de la OSCE,
señor González, seguramente hace años -porque la misión del señor
González es de hace más de dos años, de 1997 si la memoria no me
falla- hubiera podido entrar en una dinámica que hubiera evitado todo
esto. Es evidente que tiene que hacer dentro de la sociedad de la
Federación Yugoslava un gran revulsivo. Y se asiste a cierta
evolución. Montenegro ya no es lo mismo y en Yugoslavia se están
moviendo cosas. Esperemos que todo esto provoque un reactivo que
permita una transformación dentro de la mentalidad de la clase
política yugoslava dominante, porque solamente así habrá posibilidad
de una paz civil en un entorno como el que queremos diseñar.
Me preguntaba también S.S. cuál es la política del Gobierno español
con el espacio albanés y me decía que no se había cruzado con ningún
representante diplomático español en Tirana. Efectivamente España no
tiene embajada en Tirana. España cubre Tirana desde Roma y hay
funcionarios de la Embajada de España en Roma, tanto diplomáticos
como agregados militares, comerciales o de información, que se
desplazan regularmente a tomar contacto con las autoridades
albanesas. Hemos tenido un representante diplomático permanente, el
señor Ezquerra, que estuvo sobre el terreno todo el tiempo que duró
la presencia de tropas españolas en aquella intervención, que el
señor Solé Tura recuerda, del verano de 1997. Después lo hemos
retirado no por falta de interés en Albania, sino por el hecho de que
no tenemos ni los medios presupuestarios ni los medios humanos para
abrir la embajada. Creo que nose le puede reprochar a este Gobierno
no haber hecho lo
máximo, dentro del rigor presupuestario al que estamos sometidos
precisamente para poner las cuentas claras en el país, para abrir
embajadas en el mundo. Pero me referiré al ámbito europeo.
Desde 1996 se ha abierto la embajada de Sarajevo, anunciada
anteriormente y que el anterior Gobierno no pudo abrir por falta de
posibilidades, no porque no tuviera voluntad pues ya había declarado
que la abría. Se ha abierto la embajada en Bratislava (Eslovaquia).
Se acaba de abrir la embajada en Ljubijana (Eslovenia) ¿Qué nos
falta? En el espacio europeo -no voy a hablar del mundo- nos faltan
las embajadas en los tres países bálticos: Estonia, Letonia y
Lituania, candidatos a la adhesión. Nos faltan Albania y Macedonia y,
en un espacio más amplio pero también europeo, Moldavia y Belarus. Es
evidente que tendremos que jerarquizar porque no solamente no tenemos
dinero, es que no tenemos personas. España cubre un espacio
diplomático con la mitad de efectivos con que lo cubren países de
menos importancia que nosotros. Ayer mismo estuvo aquí el ministro de
Asuntos Exteriores de Holanda, señor Van Aersten y me confesaba mi
colega el señor Benschop que los Países Bajos tienen 1.400
diplomáticos de carrera activos. En España hay 700 ¡Los Países Bajos!
No estoy comparando con Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, que
tienen tres veces más. Por tanto, mientras no tengamos un esfuerzo
adicional de recursos humanos -lo cual es difícil en un período de
congelación de empleo público, como SS. SS. conocen, a no ser que
hubiera el clamor de que hiciera una excepción con el servicio
exterior-, mientras no haya medios materiales, tendremos que
jerarquizar las prioridades. En este momento -se lo confieso- la
prioridad es concentrar nuestro esfuerzo en abrir embajadas en los
países candidatos a la ampliación tanto a la Unión Europea como a la
OTAN, que son los tres países bálticos, para inmediatamente después
incluir a Albania, que como país mediterráneo pasaría por delante de
Moldavia, Macedonia y Belarus. Después ya veríamos qué pasa. Puedo
asegurarle que no es por falta de voluntad de hacer política con
Albania, que la hacemos y muy activa, sino por falta física de
disponibilidad de personas y de medios por lo que no se abre una
embajada. Tomo nota y redoblaremos nuestra presencia allí dentro de
lo que sea humanamente posible para mantener la unión con ese país
mediterráneo tan importante para Europa y para nosotros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Concluimos esta comparecencia agradeciendo de nuevo al señor
secretario de Estado su presencia y sus explicaciones.
Como saben SS. SS., tenemos a la una de la tarde una reunión
precisamente con una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores
de Eslovenia. He pedido al vicepresidente señor Milián que comience
la reunión junto con el señor Burballa y algunos portavoces -la
señora Fernández se quedaría aquí-, esperando que los puntos
pendientes del orden del día sean rápidamente acabados.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVAALARATIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/001318.)
El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día es la
proposición no de ley relativa a la ratificación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, cuyo texto originario ha sido presentado
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Como saben
ustedes, a este texto han sido presentadas dos enmiendas, una por el
Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Socialista. Para la
exposición del texto original tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Como ustedes ya sabrán, el Estatuto de la
Corte Penal Internacional no entrará en vigor hasta el primer día del
mes siguiente a aquel en que el instrumento de ratificación número 60
haya sido depositado ante el secretario general de las Naciones
Unidas. A fecha 26 de enero de 1999 existen 74 firmas y tan solo una
ratificación. Se trata de Senegal, cuya Asamblea Nacional autorizó el
pasado 14 de enero a su presidente para ratificar el Tratado de Roma.
Este instrumento de ratificación, al menos hasta la mencionada fecha,
se encuentra en proceso de ser depositado ante el secretario general
de la ONU.
En este momento, pues, los esfuerzos se centran -y en ello están
concentrando todas sus fuerzas y movimientos organizaciones y
activistas de derechos humanos- en la pronta consecución de esas 60
ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del estatuto. Hago
mención de las aportaciones y voluntades de distintos organismos
internacionales y personas de renombrado prestigio respecto a los
derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional pide a todos
los gobiernos que ratifiquen el estatuto cuanto antes, que adopten la
legislación necesaria y que no hagan declaraciones de exclusión
voluntaria para no minusvalorar el contenido del estatuto.
El propio Defensor del Pueblo, el señor Álvarez de Miranda, dice que
debemos esforzarnos en crear organismos de garantía para esos
derechos humanos y que el Tribunal Penal Internacional es un ejemplo
para ello, debiendo España ratificar este acuerdo, que es muy
importante para nuestro país y un gran paso hacia adelante. El
Parlamento Europeo pide a los países que ya han firmado el Tratado de
Roma que lo ratifiquen en el plazo más breve posible, a fin de que el
Tribunal pueda comenzar sus actividades antes del 31 de diciembre del
año 2000.
También voy a hacer mención a la última reunión de la Unión
Interparlamentaria, celebrada en septiembre de 1998, cuyo presidente,
don Miguel ángel Martínez, tenemos la suerte de tener entre nosotros
donde se felicitan por la firma del estatuto y piden que las reservas
de los países sean limitadas. En su punto 12 insta la pronta firma y
ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional por todos
los Estados que no lo hayan hecho y recomienda a los parlamentos de
estos estados actuar activamente al respecto y, además, que utilicen
plenamente su influencia
para que el Tribunal sea rápidamente creado y para que pueda
funcionar eficazmente. Por ello este grupo parlamentario estima que
la pronta ratificación del estatuto debe constituir una de las
prioridades de la política exterior del Estado español. No obstante,
nos encontramos ante un problema previo al de tal ratificación y es
que ni siquiera existe una traducción oficial del Tratado al
castellano. Ante todo debemos conocer la versión definitiva de este
texto porque es un elemento fundamental para poder seguir avanzando
en el proceso de ratificación.
En cuanto a la ratificación en sí misma, de todos es conocido que la
adopción e implementación en nuestro país del Estatuto de la Corte
requerirá la adaptación de nuestra legislación interna, tanto
sustantiva como procesal, al texto del mismo, sin perjuicio de las
modificaciones que afectarán a textos legislativos tan importantes
como nuestro Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta
la misma Constitución y sin perjuicio del estudio exhaustivo que la
materia requiere, dado que lo más probable es que tal ratificación
venga acompañada de una serie de interpretaciones interpretativas.
Este grupo propone, a tenor de lo solicitado por toda una serie de
organismos y activistas de derechos humanos, tanto españoles como
europeos y de carácter internacional, que en tales declaraciones
interpretativas se tomen en consideración los siguientes puntos. Son
seis referencias que voy a hacer en muy corto espacio de tiempo.
Primero, aceptación del precedente jurisprudencial sentado tanto a
nivel nacional como internacional por los autos de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional española, con fechas 4 y 5 de
noviembre de 1998, dictados por unanimidad a tenor de los juicios
contra las juntas militares argentina y chilena. La segunda
observación que haríamos serían que, asimismo, tal declaración
debiera incluir una definición extensiva de los delitos graves contra
los derechos humanos y la voluntad expresa del Parlamento español de
la adecuación de nuestra legislación a la figura de los delitos de
impunidad, tanto en los derechos civiles y políticos, como en los
económicos, sociales y culturales. La tercera observación es que esa
declaración debería, asimismo, incorporar la voluntad de incluir
explícitamente como figura delictiva la de la organización criminal,
en cuanto figura análoga a la de la conspiración criminal, ya que la
esencia de ambas es cooperar para fines criminales. La cuarta sería
que igualmente la misma consideración han de merecer el principio de
responsabilidad del comandante y de no inmunidad del jefe del Estado,
ambos derivados del principio de responsabilidad individual en
materia criminal. En el punto quinto nuestro grupo cree además que
las características que se van a exponer a continuación sobre los
crímenes contra la humanidad han de incorporarse explícitamente a
nuestra legislación y la voluntad de tal incorporación ha de verse
reflejada en el instrumento de ratificación. Ala luz del desarrollo
actual del derecho internacional, tanto consuetudinario, como
convencional, son crímenes contra la humanidad la práctica
sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las
desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en
estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por
motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y
otras formas de abusos sexuales y la deportación o traslado
forzoso de poblaciones con carácter arbitrario. Los crímenes contra
la humanidad incluyen también el genocidio. La sexta observación que
aportaríamos como consecuencia del punto anterior es el principio de
complementariedad de los tribunales españoles con la Corte, máxime
después de los aludidos fallos de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, que ha de conllevar el reconocimiento expreso de la
jurisdicción penal universal de los tribunales internos españoles
para conocer de delitos graves contra los derechos humanos.
Izquierda Unida estima que la inclusión a modo de declaraciones
interpretativas en el futuro texto de ratificación de los extremos
enumerados con anterioridad es una garantía obligada de cara al
eficaz funcionamiento de la Corte y de las relaciones del Estado
español para con la misma, asegurando así el compromiso del mismo de
no dejar impunes a los responsables de graves delitos contra los
derechos humanos, cuyo procesamiento conforme al texto del estatuto
estuviera en manos de nuestro Gobierno. Recientes encuestas
efectuadas a colación del caso Pinochet, reflejan que la sociedad
española, por amplia mayoría, considera que los autores de estos
crímenes han de ser enjuiciados, y esa voluntad es la que ha de
prevalecer a la hora de ratificar este estatuto con todo lo que tal
ratificación conlleva.
El señor PRESIDENTE: Como recordaba antes, hay dos enmiendas
presentadas a esta proposición no de ley. La primera en el orden
temporal es la del Grupo Popular. Para su exposición tiene la palabra
su portavoz, el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Proponemos una serie de enmiendas y luego
explicaré los acuerdos a los que hemos llegado con el grupo
proponente de la iniciativa para su posible aceptación. En primer
lugar, proponemos que se inste al Gobierno a seguir impulsando los
mecanismos de ratificación ya puestos en marcha para poder proceder a
la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional cuanto
antes y al depósito -y eso es algo que añadimos luego- del
instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas y el texto
declarativo correspondiente. Este punto es coherente con la posición
defendida por la delegación española en la Conferencia de
plenipotenciarios, convocada por Naciones Unidas y con el hecho de
que España fue uno de los primeros países que firmaron el estatuto el
mismo día de su aprobación. La entrada en vigor del estatuto depende
de una serie de ratificaciones, creo que el número es de 60; España
está entre las primeras que lo ratifican pero aún deberá haber un
plazo de más de seis meses para que entre en vigor. En cualquier
caso, conforme al estatuto, éste deberá ser objeto de desarrollo con
la aprobación aún pendiente del reglamento de procedimiento y medios
de prueba -es una verdadera ley procesal-, de las previsiones
relativas a la financiación de la Corte, del convenio con el país
sede, Holanda, etcétera.
En segundo lugar, de acuerdo con el espíritu no sólo del texto
presentado sino de alguna otra enmienda (creo que la del Grupo
Socialista va en el mismo sentido), proponemos instar al Gobierno a
elaborar y remitir a las Cortes Generales en el plazo más breve
posible la legislación que pudiera ser necesaria tanto de carácter
procesal como sustantivo
para el efectivo cumplimiento del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, recogiendo en su vertiente procesal la experiencia en
la cooperación con los tribunales penales internacionales para la
antigua Yugoslavia y para Ruanda.
En tercer lugar, instamos al Gobierno a seguir, una vez ratificado el
estatuto, la política española favorable a que la Corte pueda ejercer
sin limitaciones las funciones jurisdiccionales que le atribuye el
Estatuto de Roma. La posición española siempre ha sido contraria a
mermar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional o a dificultar
que ésta actúe dentro del ámbito de sus competencias. Deseamos que la
Corte pueda trabajar de modo que se puedan cumplir el objeto y el fin
del estatuto y que su finalidad pueda ser desarrollada con plenitud y
capacidad. Este es el texto de nuestra enmienda. Podremos llegar a un
acuerdo y espero que éste sea apoyado por los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista se ha presentado también
una enmienda. A efectos de clarificación, quiero indicar que el texto
de la proposición no de ley sobre este tema que también presentó el
Grupo Socialista con fecha 3 de febrero se ha reconvertido en una
enmienda, que es la que en este momento va a exponer la señora
Balletbó, que tiene fecha de 9 de febrero. Lo digo a efectos de
claridad de los documentos correspondientes.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Balletbó.
La señora BALLETBÓ I PUIG: Efectivamente, esta enmienda es fruto del
texto que en su momento teníamos intención de presentar. En aras del
consenso en una materia que creo que nos compromete a todos, con un
precedente en España que ya ha citado al señor Navas, el proceso
relacionado con la extradición de Pinochet y algunos otros elementos
que se han abordado aquí, como pueden ser las consecuencias
posteriores en relación con los criminales de guerra de Kosovo,
cuanto antes se apruebe el Tribunal Penal Internacional, antes
tendremos un instrumento jurídico consensuado y apto para resolver
esos problemas y crímenes.
Aunque el sentido de la proposición y de la enmienda del Grupo
Popular va en la misma dirección, pensamos que urgir la tramitación
ante las Cortes Generales del Estatuto del Tribunal Penal
Internacional es importante, como lo es también el añadido que
aportamos, que es depositar ante Naciones Unidas la correspondiente
ratificación por el Reino de España de dicho estatuto; es decir, se
trata de urgir los dos instrumentos esenciales para que todo ello
surta los efectos que deseamos.
Hay un segundo punto que es impulsar el desarrollo y la ejecución de
los trabajos pendientes relativos a la elaboración y aprobación de
las reglas de procedimiento y medios de prueba del Tribunal, con el
fin de que dicho Tribunal adquiera la incuestionable autoridad e
independencia, comparecencia y amplia jurisdicción que requiere su
establecimiento. Esta primera parte de nuestro segundo punto queda
reflejada en el hecho de que tiene que darse una comisión
preparatoria que active antes del 30 de junio del año 2000 esas
reglas de procedimiento y medios de prueba del Tribunal; por tanto,
creemos que podemos tener un cierto papel aquí.
También decimos: promover cuantas acciones sean necesarias, tanto
bilateral como multilateralmente, para conseguir que los Estados que
forman parte de Naciones Unidas se sumen a la firme ratificación de
dicho estatuto en el plazo previsto. A mi grupo le parece que no es
suficiente que asumamos el compromiso de ratificación, sino que es
más adecuado comprometernos más ampliamente a influir para que la
mayor parte de los países lo puedan ratificar y que, además, esto se
haga lo antes posible y sin esperar al 31 de diciembre del año 2000;
si puede ser antes, mejor, ya que las turbulencias internacionales y
las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo
urgen el establecimiento de ese Tribunal.
En la enmienda transaccional número 1, donde decimos «adoptar las
medidas», no nos importaría en absoluto decir «seguir impulsando las
medidas». La misma enmienda del Grupo Popular parece sugerir el hecho
de que no hay nada nuevo en ese sentido, el Gobierno está en esta
dirección y nosotros lo compartimos. La palabra la tiene,
naturalmente, el proponente, que es el señor Navas y a él remitimos
nuestros deseos de llegar a un consenso.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que desean hacer uso de la
palabra? (Pausa).
El señor Alcaraz, por el Grupo Mixto, y luego el señor Guardans, por
el Grupo Catalán.
El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo muy brevemente en nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya para apoyar, como no podía ser de
otra manera, la oportunidad y el texto de la proposición no de ley
que ahora debatimos. Esperamos que el grupo proponente y los dos
grupos que han presentado enmiendas lleguen a un consenso del que
creemos que no estamos muy lejos y que sería muy positivo.
Simplemente quiero hacer una reflexión. No dudamos de la voluntad del
Gobierno, que al menos hasta ahora ha mantenido una línea que a
nosotros nos parece francamente satisfactoria, pero creemos que es
bueno que esta Cámara siga debatiendo y efectuando un control
exhaustivo del Gobierno en esta materia, primero, para evitar la
posible tentación -insisto en que ni siquiera la cito como sospecha,
aunque en cualquier caso nosotros debemos estar vigilantes- de que
diversas cláusulas interpretativas pudieran alejar de un compromiso
fuerte al Estado español en cuanto a este instrumento eficaz de
represión de los crímenes contra la humanidad.
En segundo lugar, muy recientemente recibía una respuesta del
Gobierno, firmada el 28 de enero, en la cual se dice que desde la
Conferencia diplomática de Roma el Gobierno inició los trámites
conducentes a la ratificación del estatuto, que está siguiendo un
curso sin demora. Sin embargo, nos ha causado una cierta preocupación
ver que el Gobierno no avanza una fecha meramente indicativa, que era
exactamente lo que se preguntaba, y que introduce una serie de
reflexiones sobre los estudios que hay que hacer, que nadie pone en
duda, pero entendemos que no podría dilatarse mucho el tiempo usando
este argumento porque nos podría poner en una situación en la que
este consenso pudiera encontrar ciertas dudas. Creo que no va a ser
difícil que en ese consenso se produzcan las reformas
legales que hubiera menester. Nos hubiera gustado que en esta
respuesta el Gobierno no hubiera dejado pasar la oportunidad de
detallar precisamente cuáles son, a su juicio, estas reformas, con lo
cual iría construyendo también un cuerpo de consenso paralelo al de
la mera ratificación.
Finalmente, entendemos que no es una mera cuestión formal o de
orgullo -Senegal ya tiene el orgullo de haber sido el primero en
ratificarlo-, sino que en el caso español, por su ubicación en el
contexto europeo, latinoamericano, etcétera, la ratificación tendría
un efecto ejemplificador positivo para que otros Estados se animaran
y que esas 60 ratificaciones se produjeran en el menor tiempo
posible, en esa fecha que se ha propuesto por algunas ONG como muy
oportuna, de modo que el inicio del año 2001 estuviera plenamente en
funcionamiento el Tribunal Penal Internacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intervengo brevemente para manifestar
nuestra plena aceptación, incluso del texto original de la
proposición no de ley de Izquierda Unida, que en sus propios
términos, quizá con algún matiz menor, nos parecía aceptable.
Desde el primer momento en que se empezó a hablar del Tribunal Penal
Internacional nuestro grupo insistió en la conveniencia de que España
tuviera un papel muy predominante y muy ejemplarizante en la
comunidad internacional, en la defensa de su creación y de su
establecimiento.
Por tanto, no sólo lo apoyamos, sino que nos consideramos
responsables o corresponsables en algunos casos de las principales
iniciativas que ha ido adoptando esta Cámara en relación con el
contenido que debía tener ese estatuto, finalmente aprobado en Roma,
para la Corte o Tribunal Penal Internacional. Por tanto, no podemos
más que felicitarnos del hecho de que aquí una vez más se manifieste
la necesidad y la conveniencia de ratificar cuanto antes ese texto,
porque podría ocurrir, y así sin duda desea el país más poderoso de
la tierra, los Estados Unidos, que ese texto hubiera sido aprobado
con mucha dificultad para lograr vías de consenso en lo que es el
contenido fundamental del Estatuto del Tribunal Penal, pero que
quedara finalmente en nada, sencillamente por dos causas, por la
falta de las ratificaciones necesarias para que finalmente pueda
entrar en vigor o por la vía -que sería más frustrante aún- de una
teórica entrada en vigor, porque efectivamente se hubieran producido
las ratificaciones, pero con una imposibilidad práctica de
funcionamiento, ya sea por falta de dotación de recursos, ya sea
porque se produzca en paralelo un entramado de convenios bilaterales,
algunos de ellos con los propios Estados Unidos o con otros países,
que vacíen de contenido las funciones del Tribunal Penal
Internacional, o porque, finalmente, falten los recursos, los
mecanismos legales internos, procesales o incluso penales que sirven
de patas y de desarrollo, la letra pequeña indispensable, para que un
mecanismo como éste, tremendamente complejo y sin precedentes a nivel
mundial, pueda llegar a funcionar. Sí existen precedentes, es obvio y
bien sabido, en Ruanda y en Bosnia, pero la elevación de esos
precedentes a una categoría universal hace que en términos procesales
incluso esto sea muchísimo más complejo.
No podemos sino apoyar una iniciativa que pretende instar al Gobierno
a que cuanto antes se terminen los trámites necesarios para proceder
a la ratificación, empezando evidentemente por la traducción oficial,
que dudo que pueda hacer España por su cuenta, pues tiene que ser una
traducción de Naciones Unidas; lo único que podrá hacer es
impulsarla, pero esperamos que ese impulso político y diplomático se
produzca, que posteriormente se pueda llevar a cabo una ratificación
y que tan pronto esa ratificación se haya realizado se desarrolle la
legislación interna necesaria para que el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional desde España tenga ya todos los instrumentos
necesarios.
Si nos ceñimos a lo que es la letra concreta de las iniciativas aquí
presentadas, ni grupo, insisto, y lo quiero dejar claro, hubiera
apoyado prácticamente en su totalidad, salvo un pequeño comentario a
una expresión que se contiene en el texto de Izquierda Unida, lo
hubiera apoyado en su literalidad original y, por tanto,
evidentemente, va a apoyar también el texto finalmente aceptado por
Izquierda Unida como autor de la iniciativa, con las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, ya sabe que tiene la palabra para
indicarnos en qué medida su grupo está dispuesto a aceptar o no las
enmiendas presentadas, espero y deseo que en un alto grado.
El señor NAVAS AMORES: Simplemente deseo mostrar la satisfacción de
mi grupo por el alto grado de voluntad de consenso; voluntad de
consenso, primero, para llegar al acuerdo final que ha encontrado en
los proponentes de las enmiendas. Ala vez, nuestro grupo también
entiende de la necesaria flexibilidad de nuestras propuestas para
poder encontrar la unanimidad que creo que debe presidir las
decisiones sobre los asuntos como el tema que trata la defensa de los
derechos humanos mediante la creación de este Tribunal Penal
Internacional.
Nuestro grupo en su proposición no de ley hace mención a tres
elementos concretos, que son los que finalmente se ven recogidos con
el texto transaccionado, que evidentemente dejan bien claro que
España está en marcha y quiere llegar cuanto antes a la ratificación
del Tratado. Mediante el segundo punto pretendemos ponernos en marcha
y acelerar nuestra máquina legislativa para adaptar nuestro marco
legal a los compromisos que nos supone la ratificación de este
Tratado. El tercer elemento que nosotros consideramos fundamental es
el de la necesidad de que España lo ratificase, acorde con la
filosofía con la cual se aprobó en Roma el Estatuto del Tribunal
Penal Internacional. Eso queda reflejado también en el tercer punto,
que España no va a ejercer ningún tipo de limitación en las funciones
de ese Tribunal.
Esos son los elementos, junto con las aportaciones de mi grupo en el
texto transaccional de la necesidad de incluir un texto declarativo
en el momento de la ratificación para que España deje constancia de
cuál es su voluntad para el proceso posterior de la misma, que es la
adaptación legal, como digo, y también de la propuesta socialista de
que
España, asumiendo este compromiso de defensa del Tribunal, en los
foros internacionales en los que esté presente sea también una
bandera y una punta de lanza de paz y de defensa de estos derechos.
El señor PRESIDENTE: Señor Navas, ¿existe un texto que refleje estos
extremos?
El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente, se va a presentar a la
Mesa.
El señor PRESIDENTE: Entiendo -y les ruego un momento de atención-
que el texto sobre el cual todos los grupos estarían de acuerdo sería
el siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1) Seguir
impulsando los mecanismos de ratificación ya puestos en marcha para
poder proceder a la ratificación del Estatuto (si no les importa
vamos a decir del Tribunal; Corte es una mala traducción del inglés o
del francés) del Tribunal Penal Internacional cuanto antes y al
depósito del instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas y
del texto declarativo correspondiente. 2) Elaborar y remitir a las
Cortes Generales, en el plazo más breve posible, la legislación que
pudiera ser necesaria tanto de carácter procesal como sustantivo para
el efectivo cumplimiento del Estatuto del Tribunal Penal
Internacional, recogiendo en su vertiente procesal la experiencia en
la cooperación con los tribunales penales internacionales con la
antigua Yugoslavia y para Ruanda. 3) Seguir, una vez ratificado el
estatuto, la política española favorable a que el Tribunal pueda
ejercer sin limitaciones las funciones jurisdiccionales que le
atribuye el Estatuto de Roma. ¿Es este el texto? (Asentimiento.)
Vamos a ponerlo a votación, me parece que ni siquiera hace falta
realizarla por partes.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
DICTAMEN SOBRE:
- CONVENCIÓN CONJUNTA SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE
GASTADO Y SOBRE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS,
HECHA EN VIENA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/
000214.)
- CANJE DE NOTAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑAYELPROGRAMADE NACIONES
UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE RELATIVO ALACUERDO DE SEDE DE LA2.a
REUNIÓN DE LA COMISIÓN MEDITERRÁNEA DE DESARROLLO SOSTENIBLE (PALMADE
MALLORCA, 6 AL8 DE MAYO DE 1997), HECHO EN ATENAS Y MADRID EL 26 DE
FEBRERO Y EL 24 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 110/000221.)
- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE
ESPAÑA Y PERÚ FIRMADO EN LIMA EL 30 DE JUNIO DE 1971, HECHO EN LIMA
EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1998. (Numero de expediente 110/000222.)
- CONVENIO NÚMERO 181 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS, HECHO EN GINEBRA EL 19 DE
JUNIO DE 1997. (Número de expediente 110/000223.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de los acuerdos y
convenios internacionales. Son cuatro y en lo que se me alcanza
ninguno de ellos de especial trascendencia o interés. A no ser que
alguno de los grupos me indicara algo en contrario o su deseo de
participar en alguna de las tramitaciones de los mismos, repito, de
no ser así, vamos a proceder a su votación uno por uno (Pausa).
Punto número 9, Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del
combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos
radiactivos, hecho en Viena el 5 de septiembre de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 10, Canje de notas entre el Reino de España y el
programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, relativo al
Acuerdo de sede de la segunda reunión de la Comisión mediterránea de
desarrollo sostenible (Palma de Mallorca, 6 a 8 de mayo de 1997),
hecho en Atenas y Madrid el 26 de febrero y 24 de abril de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 11, Protocolo adicional al Convenio sobre intercambio
cultural entre España y Perú, firmado en Lima el 30 de junio de 1971,
hecho en Lima el 17 de septiembre de 1998.
Efectuada la votación dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 12, Convenio número 181 de la Organización Nacional del
Trabajo sobre las agencias de empleo privadas, hecho en Ginebra el 19
de junio de 1997.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (El señor
Estrella Pedrola pide la palabra.)
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muy brevemente, señor presidente, deseo
hacer constar en acta nuestra protesta,
con la solicitud de que se traslade a la Mesa de la Cámara, por la
alteración que ha sufrido hoy la actividad de esta Comisión como
consecuencia de la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales.
Ello ha obligado a recortar el debate que teníamos con el señor
ministro sobre Gibraltar, ha impedido que se produjeran réplicas,
como estaba previsto, y, además, ha supuesto una alteración que no
conocíamos en el orden del día, porque lo normal es que si el
ministro va a ser sustituido por el secretario de Estado conste en el
orden del día que se distribuye. No ha sido así y por eso queremos
expresar nuestra protesta.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, tomo buena nota de esa protesta,
que en parte hago mía. Sin embargo, sí le agradecería, al igual que
al resto de los grupos parlamentarios, que hicieran llegar esa
protesta a su respectivos
representantes en la Mesa de la Cámara, que es la que al final ha
tomado esta decisión. ¿Alguna cuestión más? (Pausa.)
Con esto llegamos al final del orden del día. Muchas gracias por su
atención, presencia y colaboración.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núm. 595,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Asuntos
Exteriores el jueves, 17 de diciembre de 1998, en el segundo punto
del orden del día, relativo a la posición del Gobierno ante una
eventual acción militar unilateral contra Irak, figura como número de
expediente el 213/000093, cuando el correcto es el 213/000893.