CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 610



ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 60 celebrada el martes, 9 de febrero de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda
(Costa Climent) para informar sobre:



- Las materias relativas al sistema tributario, previa remisión
del informe correspondiente. Comparecencia cuatrimestral.

(Número de expediente 212/001831) ... (Página 17766)



- Objetivos del Plan nacional de inspección para el año 1998 y su
desglose por programas. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001733) ... 17766

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda consistente en la comparecencia del secretario de
Estado de Hacienda, don Juan Costa Climent, por una parte para
celebrar la comparecencia cuatrimestral acordada por esta Comisión,
así como para celebrar la comparecencia a instancias del Grupo
Federal de Izquierda Unida para informar de los objetivos del Plan
nacional de inspección para el año 1998 y su desglose por programas,
y la comparecencia relativa al acuerdo de esta Comisión para informar
de las materias de competencia del secretario de Estado de Hacienda,
relativas al tema tributario, previa remisión del informe
correspondiente, que efectivamente ha sido remitido a la Comisión
y distribuidos a las señoras y señores diputados.

Si les parece, desarrollaremos el orden del día. En la medida en que,
a pesar de que la comparecencia ha sido solicitada por el Grupo de
Izquierda Unida, parece poco propio que se formule primero la
petición de comparecencia del grupo proponente, lo que haremos será
seguir el orden tradicional. En primer lugar, el señor secretario de
Estado de Hacienda hará la exposición del informe sobre la evolución
del sistema tributario y de los objetivos del Plan nacional de
inspección para el año 1998 y, a continuación, seguiremos por el
orden tradicional, comenzando por el Grupo Socialista y de mayor a
menor, para culminar las intervenciones el Grupo Popular;
posteriormente, el señor secretario de Estado de Hacienda contestará
a las preguntas y dudas que se hubieran formulado a las posiciones
que se hubieran mantenido por los diferentes grupos parlamentarios;
si hubiera lugar, con posterioridad, abriríamos un segundo turno de
réplica y, por último, cerraría la comparecencia el señor secretario
de Estado de Hacienda.

Sin más, tiene la palabra don Juan Costa Climent, secretario de
Estado de Hacienda.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Buenos
días, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.

El objetivo de esta comparecencia es informar a la Comisión de
Economía de los resultados obtenidos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a lo largo de 1998, así como la
presentación ante esta Cámara del Plan de objetivos del citado ente
público para 1999. Atal efecto y respecto a la primera de estas
cuestiones, se ha remitido a SS.SS., en fechas previas a la de esta
comparecencia, el informe cuatrimestral elaborado por el servicio de
auditoría interna de la Agencia Tributaria, en el que se recoge la
evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia, las
actuaciones de asistencia y ayuda al contribuyente y la gestión de
declaraciones, así como los resultados de las actividades de control.

En relación a los objetivos de la Agencia Tributaria para 1999,
quiero hacer constar que es la primera vez que un documento de esta
naturaleza se presenta ante el Parlamento, es la primera vez que el
Poder Legislativo tiene conocimiento y participa de la configuración
de los objetivos perseguidos por la Administración Tributaria, tanto
en materia de recaudación líquida como de asistencia y ayuda al
contribuyente
y de lucha contra el fraude fiscal. Este compromiso, como
todos ustedes saben, fue asumido en el marco del Plan de
modernización de la Agencia, presentado ante esta Cámara en febrero
del pasado año, y adquiere asimismo la virtud o la condición de
mandato legal, de acuerdo con la disposición adicional vigesimoctava
de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.

Siguiendo el orden empleado en la presentación del contenido de mi
intervención, voy a referirme, en primer lugar, a los resultados
obtenidos por la Agencia Tributaria en el año 1998. En materia de
recaudación quiero destacar que la recaudación líquida total de 1998
ha sido de 14 billones 515.000 millones de pesetas. Este importe
supone un incremento de 337.000 millones de pesetas respecto de 1997.

Si se elimina, sin embargo, el efecto de la cesión del impuesto sobre
la renta a las comunidades autónomas, el incremento nominal de la
recaudación habría sido de 1 billón de pesetas en relación a 1997, es
decir, un 7 por ciento. Sin embargo, antes de minorar las
devoluciones, es decir, si se descontara el efecto de la gestión de
devoluciones, donde se ha producido una anticipación importante en el
año 1998, el crecimiento de la recaudación se habría situado en el
9,6 por ciento. Si se efectúan las mismas comparaciones entre la
recaudación real y las previsiones presupuestarias iniciales para el
año, el saldo positivo a favor de la recaudación real es de 257.000
millones de pesetas, una cifra en torno al 2 por ciento del
presupuesto. Estas cifras, por tanto, permiten afirmar que las
previsiones presupuestarias fueron fijadas con criterios de prudencia
y que se han cumplido a lo largo de 1998.

Considerando el conjunto de ingresos tributarios y eliminando los
diversos factores que afectan a la homogeneidad de las series
recaudatorias históricas, la recaudación neta total habría crecido en
el entorno del 9 por ciento en 1998, en línea en parte con lo que ya
he manifestado, habiendo influido en la evolución de esta magnitud
distintos factores, como el crecimiento económico de los últimos
años, las reformas tributarias realizadas, particularmente en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas, y la mayor eficacia en la
gestión desarrollada por la Agencia Tributaria. Este último factor
adquiere especial relevancia si se atiende a la evolución de la
elasticidad en la recaudación líquida frente al crecimiento nominal
de la economía, que alcanza en 1998 el 1,5 por ciento, es decir que
en 1998 la tasa de crecimiento de los ingresos ha sido un 50 por
ciento más alta que la tasa de crecimiento de la economía. Si se
observa la evolución de esta elasticidad en el último quinquenio
puede comprobarse que ha registrado valores superiores a la unidad en
los años 1996, 1997 y 1998, a diferencia de lo que ocurrió en los
años 1994 y 1995.

Con relación a la recaudación hay que destacar el crecimiento global,
muy por encima del crecimiento de la economía, y un esfuerzo en
materia de gestión de devoluciones, que es lo que nos va a permitir
al final disponer de un presupuesto de ingresos mucho más saneado en
relación al ejercicio 1999. Sólo voy a destacar algunos datos que
pueden ser de interés en relación a cada uno de los principales
impuestos.

En materia del impuesto sobre la renta hay que destacarel crecimiento
de las retenciones del trabajo, que en el



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ámbito de las grandes empresas y de las pequeñas y medianas empresas
ha crecido a tasas del 10,8 y 11,1 por ciento, en línea con la
evolución del empleo. En materia de renta hay que destacar también
que, por primera vez, en la campaña de renta 1997 se ha devuelto la
práctica totalidad de las declaraciones con derecho a devolución, el
cien por cien de las declaraciones viables, que supone del conjunto
de las solicitadas una cifra superior al 98 por ciento. En materia
del impuesto sobre sociedades hay que destacar que el crecimiento de
la recaudación imputable a los pagos que realizan a cuenta las
empresas ha sido de 486.000 millones más que los previstos
inicialmente, destacando en esta magnitud el importante incremento de
los beneficios de las entidades sujetas al impuesto y una mejora en
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En materia de IVA el
esfuerzo que se ha hecho en materia de devoluciones ha permitido una
tasa de crecimiento de la recaudación del 9,1 por ciento. Descontando
ese esfuerzo en materia de devoluciones, la tasa de crecimiento del
IVA sería del 13,4 por ciento, lo que supone el doble de la evolución
o del aumento del consumo privado, y por tanto pone de manifiesto una
mejora del cumplimiento efectivo en este impuesto de manera muy
significativa. En materia de impuestos especiales hay que destacar la
tasa de crecimiento, que se sitúa en el entorno del 15 por ciento.

Con relación a la política de devoluciones, que como todos ustedes
saben afecta a la recaudación líquida -a mayores devoluciones, menor
recaudación líquida-, en el año 1998 las devoluciones que ha
gestionado la Agencia ascienden a 3 billones 727.000 millones de
pesetas. Esto supone un 21 por ciento de crecimiento de las
devoluciones sobre las devoluciones tramitadas en el año 1997, que ha
exigido un esfuerzo del conjunto de la organización, no sólo de los
departamentos dedicados a la gestión y tramitación de devoluciones
sino también de los departamentos de la Inspección Financiera y
Tributaria, que tienen como objetivo controlar en muchos casos la
veracidad y calidad de esas solicitudes de devolución.

En materia de asistencia y ayuda al contribuyente, que es el otro
gran bloque de las actuaciones desarrolladas por la Agencia en el año
1998, hay que destacar actuaciones de dos tipos: las actuaciones de
apoyo técnico para el cumplimiento voluntario y las campañas de
devoluciones. En materia de apoyo al contribuyente para el
cumplimiento voluntario se ha producido un importante incremento de
las declaraciones efectuadas con los programas de ayuda, y quizá
habría que destacar por su importancia la ayuda a la confección de
declaraciones a través de los sistemas de ayuda Padre, con el cual se
hicieron casi 11 millones de declaraciones en 1998, lo que supone un
incremento del 52 por ciento sobre 1997, y un 75 por ciento de los 14
millones y medio aproximadamente de declaraciones presentadas. En el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas debe destacarse la masiva
utilización en el año 1998 del programa de ayuda para los
contribuyentes en régimen de módulos. En 1998, se han realizado
1.332.000 declaraciones utilizando este programa de ayuda, un 81,3
por ciento más que en 1997.

En cuanto a las restantes medidas de apoyo en el año 1998, hay que
destacar el nuevo servicio de envío de datos fiscales implantado en
la campaña de renta de 1997, que
fue utilizado por 336.000 ciudadanos, lo que supone una reducción a
posteriori en el número de liquidaciones paralelas y controles a
realizar por los órganos de gestión tributaria, evitando así trámites
molestos a los ciudadanos e incentivando en general el cumplimiento
voluntario por parte de los contribuyentes. Se ha calculado que la
utilización de este nuevo sistema por parte de 336.000 ciudadanos ha
evitado la emisión de 6.720 liquidaciones paralelas por la Agencia
Tributaria.

Con carácter previo al análisis de las distintas campañas de
devoluciones realizadas por la Agencia, donde se pone de manifiesto
el esfuerzo por mejorar la relación con el contribuyente, quisiera
destacar una serie de notas comunes a todas ellas. En primer lugar,
debo significar que en el año 1998 se ha incrementado sensiblemente
no sólo el importe total de las devoluciones realizadas sino también
el porcentaje de realización respecto del número total de
devoluciones solicitadas. Así, en relación al importe total de las
devoluciones, las realizadas en el año 1998 han ascendido a
3.727.000, lo que supone un 21 por ciento de incremento sobre las
realizadas en 1997.

El porcentaje de devolución quizá debería desglosarse por impuestos.

Quiero destacar que la política de devoluciones no sólo es un ejemplo
de mejora de la gestión tributaria, sino desde esta perspectiva un
ejemplo de mejora de la equidad del sistema impositivo. Haber
efectuado en 1998 el cien por cien de las devoluciones viables del
impuesto sobre la renta, haber ultimado la campaña del impuesto sobre
sociedades de 1997 y haber disminuido drásticamente los tiempos
medios empleados en la realización de las devoluciones del IVA ha
permitido sanear de forma evidente el presupuesto del Estado para
1999, en línea con los compromisos de estabilidad asumidos por el
Estado español ante la Unión Europea.

En relación a las devoluciones del impuesto sobre la renta debe
recordarse que el número de devoluciones realizadas en 1998 con
respecto a la campaña del impuesto del año 1997 ha sido de
10.535.733, mientras que el número de las realizadas en la campaña
del ejercicio de 1996 fue de 9.629.000, lo que supone cerca de un
millón más de devoluciones tramitadas a lo largo del segundo semestre
del año 1998. Por primera vez, en el ejercicio de 1998 la tramitación
de las devoluciones del impuesto correspondientes a 1997 comenzó en
el mes de junio, a diferencia de lo que ocurría en ejercicios
anteriores. En relación al tiempo medio empleado en practicar las
devoluciones por este impuesto, hay que destacar que ese tiempo medio
fue de 117 días para el impuesto sobre la renta de 1994, 110 días
para el impuesto sobre la renta de 1995, 100 días para el impuesto
sobre la renta de 1996 y 66 días para el impuesto sobre la renta de
1997; es decir en la última campaña de renta el tiempo medio de
gestión de las devoluciones ha sido de dos meses. En dos años se ha
reducido a la mitad el tiempo empleado en realizar estas
devoluciones, pasando de los cuatro meses empleados en el año 1995 a
los dos meses empleados en el año 1998 para la renta de 1997.

En cuanto al impuesto sobre sociedades, el número de devoluciones
realizadas en 1998 con respecto a la campaña del ejercicio 1997 ha
sido de 94.980, mientras que en la campaña del ejercicio 1996 fue de
26.161, lo que supone un incremento del 262,5 por ciento. Debe
destacarse el



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esfuerzo realizado en el ámbito de este impuesto, dado que, tal y
como se desprende de las cifras que acabo de citar, en el pasado año
se llevó a cabo el cierre de la campaña de devoluciones
correspondientes al impuesto sobre sociedades de 1996, y además se ha
ultimado la campaña correspondiente al siguiente período impositivo.

En número de días, las devoluciones correspondientes a la campaña de
1997 ha sido de 107 días, es decir tres meses y medio, mientras que
en las tres precedentes dicho plazo era de 194 días, 204 días y 240
días, en la campaña del impuesto sobre sociedades de 1994.

En materia de devoluciones del IVA, quiero destacar que respecto de
la campaña del ejercicio 1997 se han devuelto 395.941 millones, un
25,8 por ciento más que en la campaña del ejercicio 1996, en la que
se devolvieron 314.500 millones de pesetas y, en relación al tiempo
empleado, hemos pasado de 138 días correspondientes a la campaña de
1996 a 120 días en la última de las campañas efectuadas. En el IVA
mensual, el número de devoluciones emitidas en 1998 ha sido de 89.728
y en el mismo período del año anterior de 71.062, lo que supone un
incremento del 26,3 por ciento sobre el ejercicio de 1997.

En materia de gestión de declaraciones, quiero destacar también el
importante esfuerzo realizado por la Agencia a lo largo de 1998. La
Agencia ha realizado un gran esfuerzo: Gestionar un total de
54.164.869 declaraciones, lo que supone un incremento del 5,7 por
ciento respecto de 1997. El número de las declaraciones anuales del
impuesto sobre sociedades se ha incrementado en el 12,4 por ciento,
que está en consonancia con el aumento del censo de contribuyentes
con obligación de presentar autoliquidaciones periódicas, que han
sido en 1998 de 90.077. El número de declaraciones anuales de
retenciones por rendimientos de trabajo personal y del capital
mobiliario ha aumentado el 4,6 por ciento y el 4,4 por ciento, de lo
que puede deducirse un aumento en el número de empleadores o una
mejora en el cumplimiento de la obligación de retener y declarar.

En materia de control del cumplimiento, como todos ustedes saben, las
tareas de control son competencia de cuatro áreas de la Agencia, que
básicamente se corresponden con los departamentos de Inspección
Financiera y Tributaria, Aduanas e Impuestos Especiales, Gestión
Tributaria y Recaudación, los cuales han realizado las actuaciones de
control del año 1998 bajo una serie de directrices que obedecen a un
criterio común; la búsqueda de una intensificación en la calidad de
la labor del control a realizar, calidad en el trabajo que exige
dirigir los esfuerzos de la Agencia al descubrimiento y
regularización de aquellos fraudes que sean más reprobables
socialmente. Para llevar a cabo este proceso de búsqueda de calidad
en la actividad de control de la Agencia se ha incidido especialmente
en mejorar la selección de contribuyentes a comprobar. Para lograrlo,
se ha realizado un exhaustivo aprovechamiento de los datos contenidos
en el sistema informático de la Agencia, efectuando cruces en base a
parámetros de riesgo y enlazando la información contenida en la base
de datos nacional con la suministrada por otras instituciones
públicas en el marco de intercambio de información establecido por la
Ley General Tributaria.

Las directrices que han guiado las actuaciones de control durante
1998 son las siguientes: el incremento de las
tareas de investigación, en orden al descubrimiento y persecución de
las conductas fraudulentas más graves, el esfuerzo en el control de
las devoluciones y compensaciones tributarias, el incremento del
control preventivo, de gran transcendencia en algunos impuestos, en
especial en el impuesto sobre la renta, y la potenciación de
actuaciones conjuntas sobre los contribuyentes de mayor riesgo. Los
resultados obtenidos en 1998, tal y como comentaré a continuación,
permiten afirmar que el objeto de incrementar la calidad en las
actuaciones inspectoras se ha alcanzado. Esta conclusión resulta
clara y evidente si se atiende al resultado obtenido en materia de
lucha contra el delito fiscal y al incremento de deuda media
instruida por contribuyente inspeccionado.




En el área de Inspección Financiera y Tributaria, si nos centramos en
primer lugar en el análisis de la deuda instruida, los resultados
comparables en términos homogéneos de los años 1998 y 1997 de la
deuda instruida son los siguientes. La deuda instruida en actas de
inspección, que en el año 1997 alcanzó 500.118 millones, en el año
1998 asciende a 482.467 millones; en materia de delito fiscal, frente
a los 41.785 millones, el fraude perseguible detectado en 1998
asciende a 105.000 millones; y en el resto de actuaciones, donde se
encuentran fundamentalmente las actuaciones de control de la
comprobación de devoluciones o de bases a compensar en ejercicios
siguientes, se ha pasado de 79.000 millones de pesetas a 107.455
millones de pesetas. En materia de deuda instruida en actas, el
esfuerzo realizado en el año 1998 ha permitido que el importe de la
deuda instruida se mantenga prácticamente al mismo nivel que la
instruida en el año anterior, pero por encima de la media de los
últimos cuatro años, cuya evolución, como todos ustedes saben, figura
en el documento que les he remitido. Quizás sería bueno destacar o
desglosar entre las distintas magnitudes cuál ha sido el
comportamiento de la deuda instruida en actas de inspección. La
cuota, es decir, en sengido estricto el fraude descubierto, en el año
1994 fue de 219.176 millones; en el año 1995 fue de 210.756 millones;
en el año 1996 fue de 253.444 millones; en el año 1997 el fraude
descubierto fue de 279.084 millones, y en el año 1998 ha sido de
276.283 millones. Por lo tanto, el fraude descubierto en sentido
estricto, dejando de lado otros componentes de las actas de
inspección, se sitúa en la misma línea o en similar importe al de
1997. Sin embargo, caen los intereses de demora en 1998 sobre 1997,
como consecuencia de las caídas en los tipos de interés de demora que
aprueban las leyes de presupuestos en parte, y cae también la
sanción. En el año 1997 la sanción correspondiente a las actuaciones
inspectoras formalizadas en actas de inspección fue de 103.910
millones de pesetas, y en el año 1998, incorporando las sanciones en
tramitación, se queda en 92.935 millones de pesetas. Por lo tanto, la
cuota tributaria descubierta asciende a 276.283 millones, en línea
con la relativa a 1997 y muy por encima de la de los últimos cuatro
ejercicios a los que ha dedicado sus actuaciones la Agencia
Tributaria.

En materia de delito fiscal, como se ha indicado, la estrategia de la
Agencia Tributaria de intensificar las actuaciones de investigación y
comprobación de las conductas defraudatorias más gravés y complejas,
se ha traducido en un incremento muy importante de los resultados en
materia



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de delito fiscal. Estos ascienden en el año 1998 a 105.025 millones
de pesetas, lo que representa un incremento del 151,3 por ciento
respecto del año 1997. Estas cifras están influidas en forma
destacada por la estrecha colaboración existente con el ministerio
fiscal y la actuación coordinada de los departamentos de Inspección
Financiera y Tributaria y Aduanas e Impuestos Especiales. Ello ha
permitido el descubrimiento de redes de fraude organizado que operan
en el ámbiento internacional.

Mención especial requiere el resultado obtenido en el Plan especial
para la represión del fraude fiscal en el sector de componentes
informáticos, un plan especial nuevo realizado en el año 1998 que ha
supuesto modificar la forma tradicional de actuación de la Inspección
Financiera y Tributaria y del resto de los departamentos de la
Agencia. Dada la incidencia que dicho plan ha supuesto en la
operativa clásica seguida por la Agencia en la lucha contra el fraude
fiscal con relevancia penal, quisiera hacer una descripción de las
líneas generales de dicho fraude y de las actuaciones llevadas a cabo
para su descubrimiento y denuncia.

Como consecuencia de la ejecución de la campaña anual de comprobación
de devoluciones del IVA desarrollada en el año 1997 se empiezan a
detectar algunos indicios de conductas fraudulentas que podían
reproducirse con características similares.

Los contribuyentes implicados en este tipo de fraude están
organizados en el ámbito peninsular español en determinados niveles a
través de los cuales se hace figurar el paso, desde el punto de vista
formal, de mercancías procedentes del exterior, fundamentalmente del
ámbito intracomunitario, hasta llegar a los denominados
distribuidores que efectúen sus ventas a los usuarios de las
mercancías, básicamente consumidores finales. El fraude consiste en
que las empresas que figuran como primeros adquirentes de los
componentes informáticos en territorio español no ingresan el IVAy,
en cambio, las empresas de niveles ulteriores si se deducen el IVA
documentado en factura. Las empresas actúan, con independencia del
nivel en que se encuentran, en connivencia y de forma coordinada. De
aquí que nos encontramos ante una situación de fraude organizado de
redes creadas con el deliberado propósito de defraudar a la Hacienda
pública.

Partiendo de esta situación se adoptaron un conjunto de medidas: la
designación de un coordinador nacional de las actuaciones; el diseño
de una herramienta informática que permitiera detectar
sistemáticamente los presuntos defraudadores en base al perfil de las
empresas implicadas, donde se utilizaron criterios como la existencia
de presentación de declaraciones tributarias, la existencia de
empleados, la duración de las actividades, la existencia de
operaciones con respecto a terceros, y la posible repatriación de
fondos al exterior. Se formuló un método común de comprobación
e inspección a aplicar a las empresas previamente detectadas, y se
centralizaron las relaciones en el departamento de Inspección con la
Fiscalía Especial así como con el departamento de Aduanas. Así, se
elaboró un censo en el primer trimestre de 1998 con la información
propia de la Agencia Tributaria como resultado de su investigación y
con la formación procedente de la Fiscalía Especial Anticorrupción,
donde se detectaron todas las empresas que participaban en
la trama y el fraude descubierto en materia de componentes
informáticos.

Entre febrero de 1998 y el mes de diciembre de este año se efectuaron
todas las denuncias formales relativas a las empresas más importantes
que han participado en esta trama, sin perjuicio de la puesta en
conocimiento de la Fiscalía del conjunto de empresas que han
participado en la trama a lo largo de los ejercicios previos. La
realización de estas actuaciones, en primer lugar, lo que ha
permitido ha sido impedir que estas empresas sigan operando y
desarrollando esta mecánica defraudatoria, y eso está permitiendo
mejorar de manera significativa en torno a 25.000 millones de pesetas
anuales los resultados de la recaudación en el impuesto sobre el
valor añadido.

La mejora global de los resultados en materia de descubrimiento y de
denuncia de delitos contra la Hacienda pública es fruto, tal y como
he indicado anteriormente, de una sensible mejora de la calidad en
los procesos de selección y comprobación -valga como ejemplo la
labora desarrollada en materia de fraude informático-, y de un
sensible incremento de número de funcionarios que en el ámbito de la
inspección están dedicando sus esfuerzos a lo largo de 1998 a tareas
de investigación. En particular la Agencia Tributaria ha triplicado
los efectivos dedicados a esta tareas a lo largo de este último
ejercicio, afectando inspectores y subinspectores a este tipo de
labores de investigación.

Para concluir el análisis de la deuda instruida por la Inspección
Financiera en 1998 debo hacer referencia a la muy positiva evolución
de esta magnitud durante el pasado año. El conjunto de actuaciones
contenido en este epígrafe, minoración de devoluciones esencialmente
aunque también incorpora la corrección de bases imposibles pendientes
de compensación, ha alcanzado un resultado global de 107.455 millones
de pesetas, experimentado un incremento muy importante respecto de
1997, en el que se alcanzaron 79.293 millones de pesetas. El
resultado obtenido en este conjunto de actuaciones permite una mayor
cercanía temporal en la práctica de las comprobaciones inspectoras,
lo que se produce con ocasión de la revisión tributaria de la
procedencia de las devoluciones que se solicitan.

Las actuaciones de control del año 1998 se han centrado en un menor
número de contribuyentes pero con mayor perfil de riesgo. En esta
línea, en 1997 se comprobaron unos 51.000 contribuyentes y unos
36.000 en 1998, lo que supone una disminución del 29,2 por 100. No
obstante, hay que indicar el sensible incremento producido en 1998 en
la deuda media por contribuyente. Así, de un ratio de 9,7 millones de
deuda instruida por contribuyente inspeccionado en 1887 se ha pasado
a 13,3 millones en 1998. Es necesario subrayar que en las
administraciones tributarias de nuestro entorno este punto se acepta
como un indicador fiable del grado de profundidad y calidad de las
inspecciones que se realizan, así como parámetro indicador de una
adecuada selección de contribuyentes. Sin embargo, debe admitirse que
uno de los efectos que produce el incremento de la deuda media
instruida por contribuyente inspeccionado es que resulta
prácticamente inevitable el que aumenten la disconformidades ante las
propuestas inspectoras. Así, el incremento de 7,3 puntos del peso
relativo de las actas de disconformidad mantiene la tendencia
observada desde 1994, lo que ocurre es que manifestar o no la
conformidad



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a una propuesta inspectora es una decisión a tomar por cada
contribuyente regularizado vía acta, siendo ésta una circunstancia
que no puede en absoluto prejuzgar la calidad técnica de la
inspección llevada a cabo. De hecho no hay mayor disconformidad que
la que se produce en un expediente de delito fiscal, y no por ello
deben dejar de perseguirse las conductas que constituyen la
manifestación más grave de un incumplimiento tributario.

No quería finalizar este apartado dedicado al número de
contribuyentes inspeccionados a lo largo del ejercicio sin hacer
referencia a que en el número al que antes he hecho mención, así como
en el número de contribuyentes comprobados en el ejercicio anterior,
no se incluyen actuaciones de verificación de obligaciones formales
ni demás actuaciones específicas por su escasa duración temporal y
profundidad, y se incluyen los datos de actuaciones que, con
independencia de su calificación como general o específica, finalizan
en acta de inspección.

El importe de la deuda liquidada generadora de contraído previo en
1998 es de 447.513 millones de pesetas; se encuentra en línea con el
objetivo fijado para 1998, así como con la media de los cuatro
ejercicios procedentes. El objetivo fijado para 1998, inferior al
realizado en 1997, corresponde a una serie de factores. En primer
lugar, el hecho de que en el último cuatrimestre de 1997 se
desarrollará un plan extraordinario de actuaciones centrado en el
área de inspección, así como la drástica reducción del stock de deuda
instruida pendiente de liquidar. En los años 1996 y 1997 se liquidan
aproximadamente 100.000 millones de pesetas por encima de la deuda
instruida de ambos ejercicios. Eso permitió eliminar deudas
instruidas pendientes de liquidar de ejercicios pasados y nos
encontramos en una situación de mayor normalidad ya en el año 1998,
donde se inicia el ejercicio con un stock en torno a 100.000 millones
de pesetas de deuda instruida pendiente de liquidar. El ejemplo de
esto se pone de manifiesto también en la drástica reducción que han
soportado los plazos de tramitación de los expedientes en las
oficinas técnicas, que ha pasado de 147 días de media en el año 1995
hasta los 85 días actuales.

En el área de aduanas e impuestos especiales durante 1998 las
actuaciones de control realizadas por el departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales ha seguido básicamente las siguientes
directrices: potenciación de la investigación con aplicación de
procedimientos informáticos y análisis de riesgo; reforzamiento de
las actuaciones conjuntas con los departamentos de inspección y de
recaudación; y desarrollo del control preventivo en los impuestos
especiales mediante la intervención en establecimientos y en la
fabricación.

El importe de la deuda instruida por el departamento de Inspección de
Aduanas e Impuestos Especiales, así como su evolución, es el
siguiente: deuda instruida en actas, 21.600 millones en 1997, frente
a 28.093 en 1998; materia de delito fiscal, 10.052 millones, frente a
37.373 en 1998 y en resto de actuaciones, 56.600 millones, frente a
59.905 en 1998. La deuda global instruida, en términos homogéneas,
suma 125.371 millones, que representa un porcentaje de incremento del
41,9 por 100.

Número de contribuyentes y actas. El número de contribuyentes
comprobados ha sido: 6.470 en 1997, y 5.228 en
1998. Se produce un descenso importante del número de actuaciones que
finalizan con acta, en el área de aduanas al igual que en el área de
inspección, que cae al 19,2 por 100 en aduanas, debido a las mejoras
citadas en la selección de contribuyentes orientando las actuaciones
inspectoras hacia los sectores de mayor riesgo. Esto se ha traducido
también en un sensible incremento de la deuda media instruida por
contribuyente, que de 3,35 millones de pesetas en 1887 ha pasado a
5,12 millones de pesetas, en el año 1998.

En el área de gestión tributaria, en cuanto al control realizado, el
resultado global ha sido de 264.214 millones de pesetas, que supone
un incremento de 9.000 millones de pesetas respecto del resultado
obtenido en el control del año 1997. Esta positiva evolución es
consecuencia del esfuerzo realizado en materia de control de
devoluciones, cuyo resultados, a pesar de que caen en otros áreas de
control del departamento de gestión se incrementan en un 19,7 por
100.

Del departamento de recaudación quiero destacar la positiva evolución
en 1998 de los ingresos en período ejecutivo, que se han incrementado
en un 8,10 por 100 respecto del año anterior, en el que, a su vez, la
recaudación en vía ejecutiva se incrementó un 6,6 por 100 respecto a
1996. En cuanto al resto de actividades realizadas por el
departamento de recaudación en materia de control, quiero destacar
que se han realizado 18.353 embargos con traba más en 1998 que en
1997. La intensificación de las tareas de investigación ha permitido
que se aumente la rehabilitación de deudas fallidas en 41.083
millones, las declaraciones de derivación de responsabilidad en
40.115 millones, y las recuparaciones de derechos consecuencia del
ejercicio de acciones civiles y penales en 7.700 millones.

Me van a permitir que haga hincapié en lo que ya he expresado al
inicio de esta comparecencia, los objetivos de la Agencia para 1999.

Es la primera vez que se presenta ante el Parlamento un documento de
esta naturaleza. Es la primera vez que el Poder Legislativo es
informado y participa en la configuración de los objetivos
perseguidos por la Administración tributaria, tanto en materia de
recaudación líquida como en la de asistencia y ayuda al contribuyente
o de lucha contra el fraude fiscal. Este compromiso fue asumido en el
marco del Plan de modernización de la Agencia Tributaria, presentado
ante esta Cámara el pasado año, y adquirió la categoría de mandato
legal en virtud de la disposición adicional vigesimoctava de la Ley
de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social.

El Plan de objetivos de la Agencia Tributaria para 1999 se ha
realizado a partir de cuatro principios fundamentales. En primer
lugar, la conveniencia de profundizar en la calidad del conjunto de
los servicios que la Agencia ofrece a los contribuyentes para
facilitarles el cumplimiento voluntario. En segundo lugar, la
importancia que para el cumplimiento de los fines propios de la
Agencia tiene la realización de actuaciones preventivas para mejorar
dicho cumplimiento voluntario. En tercer lugar, la necesidad de
seguir profundizando en el desarrollo de actuaciones de mayor
calidad, a partir de una mejor selección de los contribuyentes que
vayan a ser objeto de comprobación. Finalmente, la determinación de
la Agencia de intensificar las actuaciones de investigación y
comprobación de las conductas



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defraudatorias más graves y complejas, que concluyen en la denuncia
de ilícitos de naturaleza penal.

Este planteamiento inicial ha servicio de base para la elaboración de
un conjunto de objetivos plenamente homologable con los de otras
administraciones tributarias de nuestro entorno, que se detallan a
continuación, distinguiendo objetivos generales, objetivos de
asistencia y mejora de las relaciones con los ciudadanos y objetivos
de control de cumplimiento tributario.

Como objetivo general de la Administración tributaria para el año
1999 figura alcanzar la cifra de recaudación líquida contenida en los
Presupuestos Generales del Estado para 1999, que asciende a 14
billones 981.460 millones. Esta es la cifra de gestión recaudatoria
que corresponde a la Agencia Tributaria, ya que existen otras
partidas en los presupuestos que no son recaudadas o cuya recaudación
no se imputa a la gestión de la Administración tributaria. Por tanto,
primer objetivo: alzanzar esa cifra de recaudación necesaria para el
cumplimiento de las políticas presupuestarias que se fija la
Administración del Estado.

Como objetivos de asistencia y mejora de las relaciones con los
ciudadanos se ha incluido un grupo con distintas áreas de actuación:
fomentar el cumplimiento a través de medidas de carácter preventivo,
reducir los tiempos medios de tramitación de los expedientes y, en
general, simplificar las relaciones de los ciudadanos con la Agencia
estatal. Creo que todos los presentes podemos estar de acuerdo en que
la forma más eficaz de luchar contra el fraude es llevar a cabo una
intensa labor de prevención de estas conductas.

Quiero destacar algunos de los indicadores que nos pueden permitir
medir la calidad en la consecución de este grupo de objetivos. En
primer lugar, los indicadores que incentivan las tareas de la Agencia
Tributaria de asistencia al ciudadano en el cumplimiento voluntario
de sus obligaciones, actuaciones o tareas que contribuyen a mejorar
los niveles de cumplimiento fiscal. Se asume como objetivo la mejora
de la atención al ciudadano evitando desplazamientos a las oficinas
de la Administración. Para ello, se potencia la atención telefónica,
es decir, la resolución de consultas y el suministro de información a
través de los sistemas de atención telefónica y de la comunicación
vía Internet. Se asume como compromiso incrementar en un 5 por ciento
los servicios de atención telefónica y en un 10 por ciento los de
comunicación vía Internet.

En segundo lugar, se asume como objetivo potenciar la información
sobre imputaciones de terceros durante la campaña del impuesto sobre
la renta de las personas físicas; es decir, llegar a un mayor número
de ciudadanos entregándose las comunicaciones en que figuran los
datos tributarios de que dispone la Administración sobre rentas del
trabajo, rentas del capital o rentas de actividades, y que ellos
deben tomar en consideración a la hora de elaborar su declaración del
impuesto. Se fija como objetivo incrementar en un 30 por ciento el
número de comunicaciones fiscales enviadas, con lo que podríamos
evitar la emisión de unas 9.000 liquidaciones paralelas, en la vía de
control posterior.

Potenciar la atención al ciudadano a través de los sistemas de ayuda
en la confección de declaraciones. Se asume como objetivo incrementar
en 100 los puntos a los que puede acudir el ciudadano para que le
confeccionen su declaración del impuesto sobre la renta en el año
1999.

En cuanto a declaraciones del impuesto sobre la renta a través del
programa Padre, se asume el compromiso de incrementarlas en un 5 por
ciento. Incrementar el número de declaraciones hechas a través del
programa Padre mejorará el cumplimiento voluntario, la calidad de las
declaraciones presentadas y permitirá acortar los períodos de
tramitación de las devoluciones. Desde esta perspectiva, es objetivo
del año 1999 que, por primera vez, las devoluciones comiencen a
hacerse en el mes de mayo.

La Agencia está haciendo un importante esfuerzo en materia de
asistencia y ayuda al contribuyente en los primeros meses de 1999 con
la implantación de los programas del nuevo sistema de retenciones del
impuesto sobre la renta. Hemos realizado una encuesta interna, a
través de los servicios de la Agencia Tributaria, que nos ha
permitido constatar que los programas de ayuda y asistencia a los
retenedores prestados por la Agencia han permitido que siete de cada
diez asalariados hayan visto bajar sus retenciones de forma completa
en la nómina de enero, utilizando todos los datos fiscales necesarios
para aplicar el nuevo sistema de retenciones.

El nuevo modelo de retenciones se ha aplicado sin dificultad. Los
trabajadores han aportado sus datos adicionales en aquellos casos que
era necesario hacerlo, las empresas los han procesado y, en su mayor
parte, los han tenido en cuenta para la primera nómina, a pesar de
que el decreto de retenciones establecía un período de transición
hasta el mes de febrero.

En materia de devoluciones tributarias, el objetivo que se marca la
Agencia para 1999 es su agilización, y desde esta perspectiva se
asume como compromiso reducir a 55 días el período de tramitación de
las devoluciones en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y a 38 días las devoluciones de IVA a exportadores por su
incidencia en las transiciones económicas a nivel internacional que
desarrollan las entidades que operan en el exterior.

Se asume también como objetivo impulsar la presentación de
declaraciones por vía telemática. La presentación de declaraciones
por vía telemática es un objetivo importante en la medida en que
reduce la presión fiscal indirecta que soportan los contribuyentes,
reduce la carga gestora de trabajo de la Agencia Tributaria, reduce
los tiempos de tramitación de las declaraciones y reduce el tiempo
necesario para procesar y detectar la evolución de las variables
económicas.




Como objetivos en este área se asume, en primer lugar, impulsar la
presentación de declaraciones telemáticas para las pequeñas y
medianas empresas, que no tienen obligación de realizarlo a
diferencia de las grandes empresas; se asume que en la campaña de
renta de 1998, que se gestiona en 1999, se puedan presentar por
primera vez declaraciones de renta a través de Internet y se asume,
en el área de aduanas, intensificar y ampliar los supuestos en los
que va a caber la presentación de declaraciones telemáticas.

En el grupo de objetivos en materia de control se reflejan los dos
tipo de actuaciones de control de cumplimiento tributario que realiza
la Agencia: las actuaciones de comprobación e investigación de
posibles incumplimientos tributarios que se hayan realizado y las
encaminadas a la efectiva recaudación de las deudas liquidadas y no
ingresadas.




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En relación al primer tipo de actuaciones, se formula un objetivo
único que medirá los resultados de la actividad de control de la
Agencia. El indicador será el importe de las liquidaciones que
practican los distintos órganos de inspección, gestión y aduanas,
junto con los cálculos de las cuotas defraudadas realizados en los
expedientes de delito contra la Hacienda pública de contrabando y
otros. También se incluye el incremento de la recaudación fiscal que
se produce como consecuencia de la lucha contra el contrabando de
tabaco; concretamente, se computa el aumento obtenido en el IVA y en
el impuesto especial sobre labores de tabaco.

Con respecto a este primer objetivo de control, debe destacarse la
improcedencia de utilizar indicadores separados entre liquidadores
ordinarias y expedientes de delito, porque los resultados que se
alcanzan no corresponden a actuaciones de naturaleza radicalmente
opuesta o claramente diferenciada en la totalidad de los casos. Las
actuaciones de control de la Agencia pueden finalizar, aunque inicien
en actuaciones típicas y tradicionales, en liquidaciones ordinarias
resueltas en vía administrativa o en propuestas de delito en función
de las características del fraude que puede haberse descubierto
durante las actuaciones. También resulta inapropiado distinguir la
actividad de control de la Agencia por departamentos o áreas
funcionales, en primer lugar, porque la fijación de una objetivo
único permite aprovechar sinergias en el interior de la organización
a través de una mayor colaboración entre áreas, con la consiguiente
ganancia de potencialidad en la lucha contra el fraude fiscal. En
segundo lugar, debe considerarse que, desde el punto de vista gestor,
carece de sentido el fijar para 1999 objetivos separados a los
departamentos de la Agencia que desarrollan tareas de control de
similar naturaleza. Ello se debe a que para este año se ha formulado
por primera vez un único Plan general de control tributario que
superan la existencia de distintos planes de control, uno por cada
departamento funcional de la Agencia. Dicho plan, que está previsto
en el Plan de modernización del ente público, persigue, entre otros,
la coordinación de las actuaciones de control entre los diversos
departamentos, siempre de acuerdo con criterios generales de
eficacia. El lógico corolario a la existencia de una única
planificación de las actuaciones de control de la Agencia es la
existencia de una objetivo único para las tareas de comprobación e
investigación de similar naturaleza. Si se compartimentan los
objetivos de los departamentos, se estaría siguiendo un criterio
distinto del que se ha inspirado en el diseño y dirección de las
actuaciones que deben quedar reflejadas en estos indicadores.




En relación a los criterios de cómputo de las magnitudes que integran
el resultado global de control, quiero señalar que las liquidaciones
que generan contraído previo se imputarán siguiendo el criterio
contable. Ya utilizaban la aplicación informática de objetivos para
1998 por primera vez en lugar de los criterios de gestión interna o
de gestión recaudatoria. Al utilizarse los criterios de cómputo
propios de la contabilidad pública, la medición y presentación de
resultados se efectuará utilizando una metodología ampliamente
contrastada.

Llegados a este punto de mi exposición, quisiera llamar la atención
sobre una de las principales novedades de los objetivos de la Agencia
para 1999; novedad consistente en
que el indicador de resultados de la actividad de control se
analizará y evaluará en función de las actuaciones preventivas que
realice el ente público. La razón de ser de esta evaluación se halla
en que existan determinadas actuaciones que realiza la Agencia que
repercuten claramente en el resultado de control que se puede
generar. Tales circunstancias son de dos órdenes: actuaciones de
carácter preventivo y de incentivación del cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias y labores periciales o de auxilio
judicial.

En cuanto a las actuaciones de carácter preventivo, qué duda cabe que
el óptimo para cualquier administración tributaria es lograr el mayor
índice de cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. De
acuerdo con este indicador, los resultados de control deben evaluarse
al alza o a la baja en la medida en que determinadas actuaciones de
tipo asistencial realizadas por la Agencia Tributaria se sitúan por
debajo o superan las actuaciones del mismo tipo desarrolladas en el
año anterior.

Por ponerles un ejemplo a SS.SS., resulta evidente que un aumento de
declaraciones del impuesto sobre la renta confeccionadas con la ayuda
de la propia Agencia o un aumento de las comunicaciones de datos
fiscales a los contribuyentes para que no incurran en errores a la
hora de presentar su declaración, reduce significativamente el
trabajo que tiene que hacer el departamento de gestión a través de
liquidaciones paralelas para regularizar la situación de esos
contribuyentes.

El segundo grupo de actuaciones que resulta también
extraordinariamente importante es el de labores periciales o de
auxilio judicial. Este trabajo, que colabora de manera muy importante
al de los órganos de la jurisdicción penal para perseguir los fraudes
de naturaleza económica, tiene también una participación importante
de los órganos de control de la Administración tributaria y, por
tanto, debe tenerse en cuenta una mayor o menor actuación en ese área
con respecto a otro ejercicio para evaluar los indicadores.

En relación a la cuantificación del objeto de control, debo señalar
que su importe se ha determinado a partir de la cifra del resultado
alcanzado durante el año 1998, teniendo en cuenta alguna
consideraciones que podían tener incidencia. El esfuerzo para reducir
los plazos medios de tramitación de las devoluciones ha hecho que se
puedan efectuar más comprobaciones en el año 1998 de las que se van a
poder realizar en el año 1999 y se tendrá que tener en cuenta la
reducción del contrabando de tabaco producida en 1998, donde el
consumo de dicho tabaco ha bajado de un 15 a un 5 por ciento, el
crecimiento medio de la economía producido en los años sobre los que
se proyecta la labor de control o el efecto positivo derivado de la
reestructuración del departamento de aduanas, donde debemos perseguir
una mayor eficacia en muchos de los objetivos que nos marcamos. Como
consecuencia de estos ajustes, la cuantía del objetivo global de
control para 1999 que se fija la Agencia Tributaria asciende a 1
billón 78.879 millones de pesetas, un 6,2 por ciento más que en 1998
en términos homogéneos, expresados las cifras en términos de
contabilidad pública.

Antes de concluir la exposición de este indicador, quiero destacar
que en el plan de objetivos no se incluye como tal el número de
comprobaciones a realizar. Sin embargo, seguirá existiendo una
previsión numérica de actuaciones a



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realizar por los distintos órganos de la Agencia que desarrollan
funciones de control. Es decir, el número de contribuyentes
a comprobar persiste como nivel de referencia pero no como objetivo,
en
la medida en que éste es descubrir fraude y una determinada magnitud
del mismo. Este cambio es una clara mejora técnica y operativa. Ello
se debe a que los directivos de la Agencia, centrales y
territoriales, seguirán teniendo un parámetro cuantitativo para
verificar el normal desarrollo en cuanto a amplitud de las labores de
control, pero no puede emplearse dicho indicador como objetivo porque
en el número de actuaciones de la Agencia se incluyen actuaciones
claramente heterogéneas y la correcta formulación del mismo exigiría
la utilización de muchos indicadores o la realización de complejas
ponderaciones. En definitivas, se trata de que la Agencia actúe allí
donde se produce el fraude y el hecho de tener que regularizar o
analizar la situación de un determinado número de contribuyentes no
puede conducir al absurdo de dejar de investigar un fraude elevado,
grave e importante detectado, porque eso no estuviera recogido en los
objetivos de la organización.

Finalmente, el objetivo de control número dos de la Agencia
Tributaria es el que expresa el volumen de gestión realizado por el
área de recaudación a nivel global. Su contenido refleja el conjunto
de ingresos obtenidos por la Agencia Tributaria, una vez que los
deudores no han realizado el pago en el plazo inicialmente fijado por
las normas de los respectivos impuestos para el ingreso en
voluntaria. El objetivo para 1999 asciende a 302.000 millones de
pesetas, un 1,2 por ciento más que lo realizado en el año 1998.

Quiero destacar que en este 1,2 por ciento de crecimiento, más
modesto que el otro resultado de control de las actuaciones de la
Agencia, influye el hecho de que hay una menor gestión de
aplazamientos de pago, toda vez que, como consecuencia de la caída de
tipos de interés, se efectúa un menor número de gestiones de estas
características.

Con relación a la otra cuestión que es objeto de mi comparecencia,
que es el detalle de los programas del Plan nacional de inspección
para 1999, quisiera destacar, en primer lugar, que el contenido de
los programas del Plan nacional de inspección es un contenido
fundamentalmente interno y confidencial, y así lo establece el
reglamento general de recaudación. En la misma línea se ha
pronunciado el Tribunal Supremo. La razón es obvia. Si se hacen
público los programas concretos del Plan nacional de inspección con
carácter previo a su ejecución, los ciudadanos conocerán dónde y en
qué sector de actuación concreta se va a materializar el trabajo de
la Administración tributaria, poniendo en peligro la eficacia en la
detección de los posibles incumplimientos tributarios. Si la
Administración tributaria hiciera público que en un determinado
sector de actividad se van a realizar tantas comprobaciones,
comprenderán SS.SS. que automáticamente, antes de que pudieran actuar
los órganos de la inspección, esos contribuyentes o ciudadanos
intentarían o regularizar sus posibles fraudes tributarios o destruir
y ocultar las pruebas que pudieran garantizar una adecuada
persecución de este tipo de fraude.

Se van a producir líneas especiales de actuación a lo largo de 1999,
sin perjuicio de que, como consencuencia de una futura comparecencia,
una vez respaldados o fijados
los objetivos de la organización para el año 1999, podamos analiza de
manera más detallada y más concreta el plan de actuaciones para 1999.

Se va a incidir en aspectos, como, por ejemplo, la deslocalización de
sujetos pasivos, los fraudes que se están detectando en el ámbito del
comercio exterior, las actividades y operaciones ocultas o blanqueo
de capitales. Yo creo que esas áreas que van a nutrir el plan de
actuaciones de la organización para 1999 son importantes, pero
comprenderán que la información correspondiente a programas concretos
de la Administración tributaria, dentro del plan de inspección, es
una información que podría poner en peligro el resultado de las
actuaciones inspectoras en el año.

Señor presidente, con estas manifestaciones, doy por terminada esta
primera intervención. Doy las gracias por su atención a todas SS. SS.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra
la señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Esta comparecencia cuatrimestral se
ha convertido, según señalaba el propio informe, en una comparecencia
de cierre de un ejercicio presupuestario y, por tanto, en una especie
de balance del año 1998. Por ello, antes de entrar en el análisis
específico del informe que nos ha presentado la Secretaría de Estado,
quisiera hacer unas reflexiones generales, sobre todo a la vista -una
vez más- del tono de la intervención del señor Costa.

Señor Costa, como presidente de la Agencia Tributaria, yo creo que el
año 1998 no es un año para sentirse orgulloso, aunque en su
exposición todo han sido parabienes, nos ha descrito el mejor de los
mundos y la gestión más brillante. Creemos que no es para
triunfalismos, que no es para realizar presentaciones públicas
excesivamente aparatosas, porque, al final, tampoco sirven para
mucho. A la hora de transmitir esta información a la opinión pública,
no hay más que leer los titulares que aparecen en la prensa y
compararlos con el documento que usted entregó en la rueda de prensa.

La verdad es que no se engaña a nadie, sino todo lo contrario, lo que
se demuestra es una cierta debilidad de argumentos, porque los
hechos, señor Costa, son bastante tozudos y reflejan una situación de
la Agencia Tributaria que casi prefiero no calificar, que ha llevado
a esta institución fundamental en cualquier administración moderna a
los índices más bajos de credibilidad. De hecho, circulan por ahí
algunas encuestas que creo usted debe conocer. Sólo usted se empeña
en negar esta evidencia, y este empecinamiento hace que muchas veces
haya una huida hacia adelante y en algunos casos un cierto
inmovilismo, como podemos comprobar en el caso de las negociaciones o
de los acuerdos.

Señor Costa, a veces me resulta desagradable que estas comparecencias
se conciertan en una especie de regañina porque no haya hecho los
deberes. De todas formas tengo que reconocer que esta vez están mejor
hechos, porque tuvimos acceso al informe el viernes pasado, no como
en la anterior comparecencia cuatrimestral que el informe nos llegó
la víspera; ahora hemos tenido un fin de semana para poder leer los
informes.




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Las memorias de 1996 y 1997 de la Agencia nos las ha entregado en el
año 1999 -¡ya era hora!-, con un depósito legal de 1998, es decir,
que la memoria de 1996 se ha elaborado en 1998. Nos ha entregado un
plan de objetivos para 1999 que usted ha explicado y que, en
principio, nos parece bien, nos parece interesante, pero yo quisiera
hacer algún comentario, aunque sólo fuera de tipo general.

Este plan de objetivos que usted nos presenta significa claramente -y
usted lo ha dicho- un cambio en la cuantificación de objetivos. Hasta
ahora todos los objetivos de la Agencia se establecían de acuerdo con
las diferentes áreas funcionales y, a partir de ahora, según este
nuevo plan, lo que se va a establecer es un objetivo global. Esta
presentación a nosotros, en principio, nos preocupa, porque parece
ser que las áreas funcionales se van a seguir manteniendo. Si se
mantienen las áreas funcionales, quisiera que nos explicara cómo se
puede compatibilizar el establecimiento de un único objetivo global
con la estructura existente de distintas áreas funcionales. ¿O es que
van a desaparecer también estas áreas funcionales de un plumazo y de
un año para otro? Yo no dudo que usted tenga mucha confianza en ese
tercer mejor equipo, porque ha tenido un primer mejor equipo de la
Agencia Tributaria, un segundo mejor equipo y un tercer mejor equipo.

Desde luego, es histórico. Con un tercer mejor equipo se pueden hacer
todos los milagros que usted quiera, pero me parece muy difícil
tratar de mantener un único objetivo global y, a la vez, tratar de
mantener las áreas funcionales tal y como están.

Si lo que pretende es un único objetivo global, habrá que cambiar
totalmente la estructura de la Agencia Tributaria y yo creo que para
eso se requiere más tiempo. Si no tenemos más que un objetivo global
y tenemos tres áreas funcionales, al final, lo que va a ocurrir es
que no vamos a saber realmente cuál es el cumplimiento de los
objetivos dentro de la Agencia Tributaria, no vamos a poder comparar
datos porque no son homologables y, desde luego, vamos a ser
incapaces de poder controlar su gestión. Es decir, lo único que puede
haber es más confusión. Yo creo que para hacer mejor las cosas es más
prudente realizarlo más lentamente. Además, hay un problema añadido,
y es la situación interna de funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Tal y como se encuentra el personal en la Agencia Tributaria en estos
momentos, ¿considera conveniente un cambio tan radical en el
planteamiento de los objetivos? Yo le preguntaría si cuenta usted con
el apoyo o el consenso de la organización de la Agencia para poder
llevar adelante este Plan de objetivos para 1999.

Estos son comentarios de tipo general, pero que preocupan a mi grupo
y, por tanto, quisiéramos que nos los aclarara.

Entrando ya de manera más directa en el informe que nos ha presentado
respecto al año 1998, voy a detenerme un momento en el tema de la
recaudación, porque tanto el informe como su exposición, también en
este ámbito, es excesivamente optimista. Usted ya sabe que en el
ámbito de la recaudación nuestras discrepancias son bastante
evidentes; así lo hemos hecho ver y saber en muchas ocasiones. El
éxito obtenido en la recaudación con el incremento de un 2,4 por
ciento sobre el total por el resultado en la recaudación del IVA o en
la recaudación de impuestos especiales, sin hacer referencia a los
posibles cambios de legislación, desde nuestro punto de vista, se ve
fuertemente
oscurecido por el comportamiento de los impuestos indirectos, porque
a nosotros, señor Costa, realmente nos preocupa lo que viene
ocurriendo con la recaudación del IRPF y su importante y continuada
caída, una caída de medio billón de pesetas del año 1997 al año 1998.

Esta caída a usted quizá le preocupa menos, porque parte había sido
prevista, aunque le debería preocupar la parte de la caída en la
recaudación que no ha sido prevista. A nosotros nos preocupa el medio
billón, la caída de los 555.000 millones, pero se preveía una caída
de 228.000 millones, es decir, ha habido una caída imprevista de
326.000 millones. ¿A qué se debe esta diferencia en las previsiones?
En el documento que se nos ha presentado se apunta el adelanto de las
devoluciones del ejercicio 1997 durante 1998, que ha alcanzado un
grado de realización del 98 por ciento. Pero, ¿cuál era el grado de
realización previsto? Porque si en el año 1997 el grado de
realización del ejercicio de 1996 fue del 93 por ciento y si en la
Ley de acompañamiento de 1997 ya se modificaba el plazo de
devoluciones, estableciendo el de seis meses a partir de la
presentación de la declaración liquidación, ¿qué otro porcentaje de
cumplimiento de las devoluciones se podía haber previsto? No parece
que esto responda exactamente a la falta de previsión de esta caída
del IRPF. Yo quisiera que nos explicara a qué se debe esta mala
previsión.

El siguiente punto que me gustaría tratar es el de la tarea de
control. Desde luego, quiero aclarar que no se trata de menospreciar
en absoluto, en ningún caso, por parte de mi grupo la importancia que
pueden tener las tareas de control en el ámbito de la gestión y de la
recaudación. Por supuesto, no se trata de que eso no sea importante;
lo que pretendemos es intentar despejar un poco la bruma que envuelve
todo y los titulares que confunden. Quisiera hacer un análisis más
específico en lo que se refiere al tema de la inspección, porque el
titular del documento que entregó usted en la rueda de prensa, que
decía que la Agencia Tributaria descubrió en 1998 un fraude por más
de un billón de pesetas, es un titular bastante tendencioso, y lo
califico suavemente. Además, permítame una maldad. Se ha descubierto
un billón de pesetas en 1998, hay un billón y algo previsto en el
plan de objetivos para el año 1999, además de lo que se hizo el año
pasado, y les recuerdo que, cuando ustedes estaban en la oposición,
cuantificaban el fraude fiscal en tres billones de pesetas. Llevan ya
más de billón y medio, con lo que espero que para el año 2000 hayamos
acabado con el fraude en España; eso debe ser evidente. Si ya
llevamos esa cantidad, dentro de año y medio habremos acabado con el
fraude en España. Lo que quiero decir con esto es que todos estos
titulares son tendenciosos y son falsos. Vamos a decir claramente
cuál es la deuda instruida. No se puede transmitir a la opinión
pública este tipo de mensajes. Por tanto, me voy a referir
simplemente a la inspección financiera y tributaria.

Siguiendo con el informe y su exposición, en primer lugar, voy a
entrar a analizar la deuda instruida. Con la evolución de la deuda
instruida nos pasa lo mismo de siempre, lo que llevamos denunciando
en anteriores comparecencias, y es que, haciendo única y
exclusivamente la comparación y el análisis de las cifras entregadas
esta Comisión y a esta Cámara para las distintas comparecencias del
secretario de Estado o del vicepresidente segundo del Gobierno,



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nos encontramos ante una desorientación total, señor Costa. Yo me he
permitido elaborar un cuadro comparativo y resulta que las cuantías
de los totales de la deuda instruida correspondiente a los años
completos de 1997 y 1998 son inferiores a las correspondientes a
partes menores del año, es decir, las correspondientes a ocho meses o
las correspondientes a once meses, que son las que entregó el señor
Rato en su anteúltima comparecencia. Resulta bastante chusco que esto
ocurra con el año 1997, después de haber pasado ya un cierto tiempo,
y que las cifras sigan todavía sin coincidir. Si analizamos más
específicamente el año 1998, resulta que el total sigue siendo menor
que alguna de las parciales. Además, en el informe que usted nos
presenta, la cifra total ha sido inflada, ha sido incrementada al
alza, como se indica en la página 42 del informe, en 26.000 millones,
que es la parte correspondiente a las sanciones. Apesar de utilizar
estos pies de página para modificar las cifras de manera milagrosa,
como veremos luego en el caso del delito fiscal, el total sigue
siendo menor que la cifra parcial que se presentó en informes
anteriores. Yo quisiera que nos explicara a qué se debe. Esto hubiera
podido pasar más desapercibido si no fuera, no sólo por las ruedas de
prensa que usted realiza, sino por los comentarios tan triunfalistas
que se realizan en el propio informe, porque en la página 43,
analizamos los comentarios sobre la deuda instruida, resulta que
todos son maravillas. No hace falta más que reconocer cuáles son los
hechos, y yo creo que esto resulta más peligroso. Pero es que,
además, señor Costa, éstas son las cifras de deuda instruida que yo
he sacado de los informes. Como el resto de los informes que tengo
encima de la mesa no los ha entregado usted a esta Cámara, voy a
decirlo simplemente, hay otras valoraciones de deuda instruida que
funcionan en otros documentos de la Agencia Tributaria. Además, al
inicio de la comparecencia, me ha entregado usted la documentación
que pedí en la anterior comparecencia cuatrimestral -me acaba de ser
entregada al inicio de esta comparecencia- y unas sumas rápidas que
he hecho tampoco coinciden con las cifras que usted ha entregado en
los diferentes informes. La verdad es que esto, señor Costa, nos
preocupa.

Siguiendo con el análisis del informe, voy al delito fiscal. También
en este caso estamos sometidos a un ejercicio total de
desorientación. Los datos parciales son superiores a los datos
totales. Aquí, según se señala en la cita a pie de la página 42, las
cifras han sido retocadas al alza, de acuerdo con una parte del
fraude informático descubierto, pero pendiente de denuncia. Se ha
incrementado en 10.000 millones, no sabemos muy bien a qué se debe y
nos gustaría que lo explicara. Ha explicado muy bien el tema del
fraude informático y nada más lejos de la intención de mi grupo que
querer poner en solfa este tipo de descubrimientos de delitos
fiscales; estamos seguros de la importancia que tiene el
descubrimiento de este delito informático, estamos seguros de que los
profesionales que están trabajando en el tema son profesionales de
reconocido prestigio y que lo están haciendo bien; pero, señor Costa,
no queremos que usted utilice estas cifras para manipular.

Además de la información que me ha enviado, ya que estamos tratando
de aclarar los temas, quisiera que nos mandara todos los expedientes
que se han enviado a la Fiscalía, fundamentalmente a la Fiscalía de
Barcelona, de
Madrid y a la Fiscalía anticorrupción, cuál es la cuantía de la
deuda, y si puede ser una explicación, aunque sea sucinta, del tipo
de delito que se ha realizado.

El siguiente punto es el número de contribuyentes, sobre el que usted
también ha hecho mención. En este apartado nos ponemos directamente
la venda antes de la herida. Según las explicaciones que ha dado
usted en su intervención, las actuaciones se han centrado en un
número menor de contribuyentes porque realmente se ha hecho un
análisis de aquellos contribuyentes con un perfil de mayor riesgo. En
el año 1997 se comprobaron 51.000 contribuyentes y 36.000 en el año
1998, pero de mejor calidad; es decir, se ha producido una caída del
29 por ciento en la comprobación de los contribuyentes. Quisiera
saber qué tipos de comprobaciones se han hecho para poder cualificar
o calificar de más importantes o de mayor perfil de riesgo las
investigaciones que se han realizado. De eso no hay ninguna duda
porque también nosotros participamos de que no porque se controlen
más contribuyentes la comprobación va a ser mejor. Eso está claro y
le rogaría que a partir de ahora incluyera una serie de indicadores
cualitativos respecto a cuáles son las comprobaciones de los
contribuyentes que se están haciendo. Pero me voy a referir a la
cuantitativa, pues parece que esa menor comprobación de
contribuyentes se debe a algo que han hecho queriendo -lo han dicho
claramente-, pero esta afirmación puede calificarse señor Costa de
falsa, claramente falsa, porque su objetivo no era ése. En el plan de
inspección para 1998, que se aprobó en junio y que no entregó usted a
esta Cámara, pero al que hemos tenido acceso, en ese plan el número
de contribuyentes que ustedes establecen como objetivo para el año
1998 es de 58.790, mayor que el número de contribuyentes a comprobar
en el año 1997; es decir, que la caída no ha sido del 29 por ciento,
que es la que aparece respecto al año 1997, sino que la caída ha sido
del 35 por ciento, según sus propias previsiones. Por tanto, no diga
que se está haciendo una mejor comprobación.

Siguiente punto: deuda liquidada. En el caso de la deuda liquidada,
la verdad es que el asombro no tiene límites. Una vez más me he
permitido hacer un cuadro para comparar única y exclusivamente los
datos que han sido entregados a esta Cámara por usted o por el
vicepresidente segundo del Gobierno, y la verdad es que el resultado
que hemos obtenido, como mínimo puede calificarse de curioso. Además
de la fulgurante caída, que ésa sí ha sido recogida en los titulares
de la prensa, del 18 por ciento menos que durante 1997 en deuda
liquidada, si hacemos un análisis resulta que en los ocho primeros
meses del año 1998 se liquidan 284.488 millones, es decir a razón de
una media por mes de 35.567 millones. En los tres meses siguientes,
es decir lo correspondiente a los meses de septiembre, octubre
y noviembre que usted entrega también a esta Comisión, la deuda
liquidada es de 91.081, con una media de 30.027 millones al mes, pero
durante diciembre se baten todos los récords. Es, desde luego, una
cifra que en este caso sí que podemos calificar una vez más de
histórica. Se liquida una deuda de 99.091 millones de pesetas, es
decir casi 100.000 millones sólo en un mes; el 21 por ciento de la
deuda liquidada en todo el año 1998 ha sido en el mes de diciembre, y
eso que es un mes que tiene un cierto período vacacional. No sé como
se ha producido esto, pero me gustaría



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que nos lo pudiera explicar pues para nosotros la caída de la deuda
liquidada resulta realmente preocupante, señor Costa, porque no se
refiere sólo a esto, sin que indica una tendencia. También hay otro
análisis que podemos hacer y ya lo explicó el portavoz de mi grupo al
vicepresidente segundo del Gobierno. Si analizamos la base de cálculo
para la aplicación del porcentaje de los ingresos de la Agencia
Tributaria, resulta que los ingresos por actas de liquidación están
cayendo de manera bastante importante. De un incremento, por ejemplo
en el mes de enero del 24 por ciento acumulado, hemos llegado a una
tasa negativa en el mes de julio del 22 por ciento, según las
publicaciones de la Agencia Tributaria, lo cual no indica más que una
tendencia que creo le debería servir a usted para hacer cierta
autocrítica y tratar de ver por dónde van los temas.

Como ve, señor Costa, son muchas las cosas que queremos conocer.

Apartir de ahora quizás un poco menos, porque como ya he dicho me ha
entregado usted una serie de documentación al inicio de esta
comparecencia que todavía no he tenido oportunidad de analizar. La
estudiaré y desde luego solicitaré toda la documentación
complementaria que necesite.

No quisiera acabar mi intervención sin hacer una referencia al
conocido como conflicto de los subinspectores. Independientemente de
entrar en el fondo del tema de las reivindicaciones de los
subinspectores, si es obligatorio para mi grupo parlamentario
denunciar la incapacidad por su parte o por parte de los directivos
de la Agencia para resolver un conflicto que dura ya dos años;
incapacidad que a estas alturas, después de dos años, podemos
calificar de incompentencia. Esa incompetencia además se ha visto
reflejada de manera bastante clara durante el mes de diciembre a
través del trasiego que hubo, de los acuerdos y desacuerdos, de los
pactos coyunturales que se fueron realizando, yo diría que en la
mayor parte de los casos sin ánimo de solucionar el conflicto sino
simplemente para salir puntualmente del atolladero, y en algunos
casos únicamente con un objetivo mediático, porque el acuerdo de los
sindicatos no ha solucionado el problema. La enmienda transaccional
con una enmienda de Izquierda Unidad sobre la Ley de acompañamiento,
que se redactó aquí en el último momento, fue después rota en el
Senado sin saber muy bien por qué. Creo que lo único que indican
todas estas cosas es la incompetencia en este ámbito.

De la carta que han enviado los subinspectores a todos los portavoces
parlamentarios no sólo se deduce la incompetencia, es que además
denuncian coacciones y amenazas en la negociación. Creo, señor Costa,
que debe aclarar en esta Comisión sin son ciertas las amenazas que se
dicen, como por ejemplo que se sube el incentivo de productividad
a los inspectores con carácter retroactivo desde enero de 1998 y no se
hace lo mismo con los subinspectores, cuando la bolsa de
productividad es común para ambos.

Creo que debe ser usted el primer interesado en aclarar todas estas
cuestiones y otras denuncias de los subinspectores, tanto respecto a
su propia situación como las denuncias sobre la gestión de la propia
Agencia Tributaria, que desde nuestro punto de vista son
perfectamente creíbles a la vista del guirigay de datos que tenemos ,
y todas estas denuncias van adquiriendo visos de realidad.

Creo que debe ser usted, señor Costa, el primer interesado en aclarar
estos temas. Mi grupo parlamentario exige esa aclaración y ponemos de
manifiesto que no cejaremos en el empeño de ir avanzando en la
aclaración de todos estos temas para sacar a la Agencia Tributaria de
esta falta de credibilidad, situación a la que usted la ha llevado
durante su gestión de estos tres años.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida,
el señor Ríos, tiene la palabra:



El señor RÍOS MARTÍNEZ: Decía el señor Costa en su intervención que
nos encontramos ante un precedente positivo. Lo ponía en positivo
puesto que por primera vez -decía en su presentación-, esta Cámara va
a conocer el Plan de objetivos de la Agencia, fruto del compromiso
con una nueva manera de hacer más transparente el funcionamiento de
la Agencia. Ese motivo me lleva a que el precedente sea bueno, porque
en técnica parlamentaria -y usted ha estado en esta cada un tiempo
importante en su etapa previa a la de estar en el Gobierno-, los
precedentes son muy importantes. Es bueno que haya un precedente y
que sirva para un mayor control y seguimiento de lo que ustedes se
proponen y de los que nosotros intentamos sea el seguimiento de esos
objetivos. Digo que es importante el precedente porque, según la
forma en que lo vayamos haciendo, en lo sucesivo podemos caer en un
vicio o corregirlo. Al precedente les obligaba la disposición
vigesimoctava de la Ley de acompañamiento, pero también el artículo
26 del Estatuto del contribuyente, que obligaba a Hacienda a hacer
públicos los criterios del Plan anual de inspección, y esto entró en
vigor por marzo o abril del año 1998, mucho antes de la discusión de
la Ley de acompañamiento.




Habría sido bueno que hubiéramos conocido los grandes datos. Después
entraré a desmenuzar la valoración que a nosotros nos merece la
comparación con lo que ha pasado en el año 1998, cuando también hubo
un plan. ¿Para qué? Para que cuando se compara se utilicen las mismas
fórmulas de comparación. Cuando dicen que el Estado ha recaudado
257.000 millones de pesetas más, las comparaciones son sobre la
previsión inicial; no sobre lo recaudado en 1997 y lo previsto para
1998, sino sobre la previsión inicial del año 1998. Cuando habla de
deuda instruida, de deuda liquidada, de delito fiscal y este añadido
de área de gestión por 241.000 millones de pesetas en el cuadro
comparativo, nos habría gustado tener delante cuál era el objetivo
inicial que se marcaron ustedes en el Plan para 1998 para ver si lo
han cumplido o no. ¿Se marcaron en el área de inspección financiera
un objetivo para 1998 de 539.000 millones? ¿Cómo ha evolucionado en
la gestión? ¿Ustedes se marcaron la evolución que ha tenido cada uno
de los objetivos del Plan, tanto sectorial como territorial en cada
una de las delegaciones territoriales, para ver cómo ha funcionado la
gestión tributaria en todo el territorio?
La verdad es que pueden estar a punto de cambiar los grandes dichos
populares de nuestro país. Por utilizar dos fórmulas, hacer el agosto
está unido a hacer dinero y hacer las pascuas está unido a algo
negativo, pero en la Agencia ha sido al revés, las pascuas les han
venido muy bien, porque han multiplicado por cuanto la instrucción de
deuda y



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la liquidación de la propia deuda; es decir en el mes de diciembre,
la Agencia, más que hacer las pascuas, ha hecho el agosto y me
refiero a la eficacia de la propia Agencia.

Ahora mismo tengo una hoja sobre objetivos cumplidos a final de
octubre y la evolución ha sido la siguiente. Por ejemplo, en
liquidaciones, el contraído previo era de 249.000 millones al
comenzar noviembre; ahora nos traen una liquidación definitiva de
casi 800.000 millones de pesetas. Sacando la evolución de lo que nos
dio en abril y en septiembre, lo razonable podría esta en torno a
50.000, 60.000, a 100.000 millones de pesetas en el mes de diciembre,
pero han pegado un brinco en el vacío que les ha colocado en 800.000
millones. Uno que quiere seguir las cifras para no perderse en el
aire, busca la explicación, Fíjense la joya que me he encontrado en
los datos que dan en la página 53. En las bases de datos para el Plan
de inspección, dicen que los conceptos que se recogen en el cuadro
son con los valores diferentes, cuya conciliación es la siguiente.

Base de datos que figuran para 1997, de 28.000 millones de pesetas
-que cuadra con 21.661, como todo el mundo puede ver-, de la deuda
incluida en acta, más 10.052 de delito fiscal dividido por 1,5, más
516 millones por exportación y minoración. Dígame usted qué cristiano
puede seguir esta estadística para comparar la evolución de los
números. (El señor Hernández Moltó: Son estadísticas árabes). Si,
pues los árabes hacían muy buenos números. (El señor Zabalía Lezámiz:
Es que eres de Letras.) Las Letras siempre tienen mucha relación con
los números.

Lo que intento decir es que creo que usted ha sido excesivamente
conformistas, por no decir otra palabra, excesivamente contento con
los éxitos de la gestión, pero eso se podría haber demostrado con los
números, con la comparación. Cuando se introdujo el artículo 26 de
esta Ley del estatuto del contribuyente, nosotros decíamos que no
fuéramos a dar pista a los posibles defraudadores de por donde íbamos
a caminar. Eso funciona para el año 1999, pero no para el año
vencido. Por poner un ejemplo de los programas centrales de la
Agencia, sobre el programa 31.124, de rendimiento de capitales
mobiliarios, podría haber dicho que objetivos se marcaron y que han
cumplido, contra cuántos contribuyentes se ha actuado; en
comprobaciones de la unidad de módulo, programa 35.987, podría
decirnos como ha funcionado ese programa en 1998; en operaciones
intracomunitarias, la entrega ficticia para adquisiciones más o menos
declaradas, podría habernos dicho como ha funcionado ese programa.

Estoy hablando solamente de los programas centrales de la Agencia. Yo
no he podido seguir esto. Usted dice que es dar pistas, que la
Agencia no está acostumbrada a hacerlo tradicionalamente. Si seguimos
por el camino que usted nos ha marcado, se seguirá tradicionalmente
sin poder hacerlo.

Estoy sacando de esta explicación de programas de actuación de la
Agencia dentro del Plan de 1998, las actuaciones concretas, la forma
de proceder, como funciona la inspección y de que manera actúa para
evitar que se pueda defraudar o salir del círculo de la discusión;
por tanto, no estoy pidiéndole que nos explique aquí como actúan,
como obtienen la información y cómo consiguen que quien debe pagar
pague.

Voy a volver a principio que le decía, a los precedentes. La vida nos
enseña que en política como en la vida normal
y corriente, querer es poder y usted o puede poco o quiere poco, por
no utilizar una fórmula de explicación seguida. En el resumen que nos
ha dado dice: hemos concentrado la lucha contra el fraude y hemos
conseguido un billón. Cuando ustedes llegaron al poder había tres
billones y no ha parado con ustedes, ha seguido, por lo que no
estamos en tres, menos dos, uno. Según los que comparecen en esta
Cámara hay circulando en torno a 4,5 billones, porque la bola ha
seguido.

Manifiestan ustedes: lo hemos concentrado, es decir hemos localizado
a menos defraudadores que el año anterior, aproximadamente el 29 ó 30
por ciento menos, pero hemos ido a lo más gordo, o lo que más era en
el volumen de declaración, de tal manera que la deuda media ha subido
una barbaridad. Ustedes pasan de 9,7 millones por acta, del pasado a
13,3 millones de pesetas, por acta, este año. Esto en un año de
crecimiento económico continuado después de otros dos, lo que viene a
decir es que de los objetivos fundamentales de la Agencia, que por
cierto no está dentro de los tres principios fundamentales que nos
propone usted para el año que viene, dos de ellos son meramente
conformistas, administrativos, poco rebeldes con la circunstancia y
la situación que existe. El gran objetivo es que los principios que
dirigen la política fiscal se cumplan: el principio de progresividad,
el de equidad, el de justicia y que a la hora de obtener los
impuestos, que ya son regresivos en su conjunto según nuestra manera
de ver, que en la recaudación todavía no sean más regresivos. En
cuanto uno sólo deje de cumplir con su obligación de contribuir,
estamos haciendo más regresivo el sistema fiscal a la hora de la
gestión.

La lucha contra el fraude es el primer principio, el central de la
Agencia. Además está lo que dice usted aquí sobre las actuaciones
preventivas para lograr mejorar el nivel de cumplimiento voluntario
de los contribuyentes o el segundo al que ustedes se refieren, de
seguir profundizando en el desarrollo de actuaciones para mayor
calidad para la selección de los contribuyentes que vamos a ir a
hacer la propia contribución.

El primer objetivo fundamental es que los objetivos se cumplan y que
la actuación siga haciendo el mismo nivel de progresividad y justicia
fiscal que en origen tienen las leyes: ya que esta Cámara ha aprobado
las leyes como las aprobado, que puedan tener una evolución
determinada. Pues no cumple ese requisito. La evolución de esto que
hay que, desde mi punto de vista se ha truncado en cuanto al número
de personas ¿Por qué no habla de la distribución de contribuyentes
inspeccionados? ¿Por qué no aporta usted los datos y nos dice: hemos
inspeccionados 36.000 contribuyentes? En tal franja tantos
inspeccionados y en esta otra tantos, para ver y comprobar las
actuaciones que hay respecto de los que pasan de 1.000 millones. Me
refiere al número, estoy quitando toda referencia personal para
evitar que vayamos a la contra en la discusión de lo que deben ser
las garantías constitucionales.

Las grandes cifras que dan vienen a intentar adecuarse a lo que a
usted le hubiera gustado que fuese la liquidación de este presupuesto
de gestión.

En cuanto al plan de inspección de 1998, con los datos orales y
escritos que usted ha aportado es muy difícil de seguir para saber si
es verdad lo que se propuso inicialmente. Lo lógico es que esos
objetivos que usted se marcó para



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el Plan de 1998 se hubieran plasmado en una escala respecto a cómo se
han cumplido, ya que lo hubiéramos podido ver y salir de dudas. Por
ejemplo, son cosas muy concretas, a primeros de noviembre la gestión
de la recaudación en Cataluña de 68.000 millones de pesetas que
tenían previsto era del 47 por ciento, mientras que en Galicia era
del 77 por ciento ¿Cómo ha terminado siendo al final?
Para estar contentos con el plan tendríamos que ver si esos objetivos
se han cumplido, si no han funcionado, si han evolucionado. He puesto
el ejemplo de Cataluña, pero podía haberme referido a Castilla y
León, Madrid, a Andalucía, o podíamos haber elegido en función de
cada una de las actuaciones y programas. Por ejemplo en el número de
contribuyentes realizados por los servicios centrales o por los
servicios periféricos, o las liquidaciones que se han practicado
según módulos o sin módulos o cómo le ha funcionado a usted el
compromiso para las actas de contribuyente en módulos porque a fecha
1.o de noviembre estaban en el 40 por 100 de gestión. Son cifras
pequeñas, pero estaban en el 46 por ciento en no módulos ¿Cómo ha
evolucionado?
Es difícil o yo tengo dificultad para seguirlo. Por eso al terminar
la intervención le voy a hacer una sugerencia, si es posible. Recibí
la convocatoria de esta Comisión el día 4 de febrero y me encontré
con un hecho importante: usted hacía una rueda de prensa y presentaba
los datos que íbamos a recibir por la tarde y que íbamos a tener aquí
el martes para su discusión. Fue una rueda de prensa de propaganda de
éxitos, no de valoración de los resquicios que hemos tenido. A la vez
me encuentro con una situación económica que el Gobierno ha diseñado
y no le ha funcionado. Por ejemplo, sobre la elasticidad del IRPF en
la gestión. Aquí se han dado las cifras de lo que ustedes tomaron
como previsión que eran doscientos y pico mil millones de pesetas
menos de lo recaudado el año anterior y con 326.000 millones de
pesetas menos; es decir el impuesto más progresivo ha bajado peso en
la desta de los impuestos. Han subido los impuestos de sociedades
porque hay más actividad económica y si dijeron que el consumo
interno iba a dinaminar la economía española ¿por qué no ha
funcionado igual respecto al IVA? ¿por qué no hemos recaudado más de
lo previsto en el IVA? Porque no ha funcionado bien, porque el IVAno
ha sido un instrumento de recaudación o no se ha seguido bien. Si
usted nos hubiese aportado dados concretos de los programas sobre la
construcción, sobre el sector inmobiliario, sobre los profesionales o
sobre el IVAde cada uno de estos sectores, podríamos haber visto cómo
se marcaron un objetivo y cómo lo han seguido. Si el consumo interno
es el que ha dinaminado el relanzamiento de la actividad económica,
no se ve reflejado en la gestión de estos impuestos antes de la
reforma, porque todo esto es antes de la reforma. Han caído 500.000
millones en IRPF de 1997 al 1998, antes de echar encima la cesta de
la reforma.

Usted ha dicho en su intervención que los españoles han recibido en
su nómina una reducción de las retenciones. Es verdad. Por poner el
ejemplo que tengo en casa, de las dos personas que trabajos, mi
compañera, mujer o como la quiera denominar y que gana dos millones
de pesetas, ha tenido unos mayores ingresos de 380 pesetas. Un par de
danones ya podemos comprar con esas 380 pesetas de mayores ingresos.

Yo que gano un poco más, me he visto beneficiado en 11.000 pesetas.

Si seguimos la cadena que
les ha funcionado a ustedes, cuando más dinero se gana más dinero se
tiene para gastar. Ésa es la gran verdad de la reforma fiscal que
ustedes han hecho, pero éste no es el centro de la discusión y yo no
voy a entrar en ella.

En cuanto a la cifra de lo que pudiéramos llamar seguimiento de estos
datos, nos hemos encontrado con un crecimiento económico y unos
resultados que han aplaudido mucho ustedes como grandes resultados
macroeconómicos de nuestro país, el gran funcionamiento del
crecimiento económico; sin embargo, la proyección real es pequiñita,
es para pocos aplausos. Me refiero a los 257.000 millones de pesetas
más que se han recaudado y la manera en la que se han distribuido. La
Agencia ha sido poco exigente o ha recaudado poco. Usted nos ha dado
un cuadro sobre los objetivos para 1999 y son los que los
Presupuestos Generales del Estado dicen que vamos a recaudar, no
pueden recaudar menos y usted tiene que recaudar en impuestos
directos lo que dicen los presupuestos. No vemos muy diferente la
precisión de los programas que nos ha mandado y si vamos al final con
la distribución de objetivos generales, nos pasa igual. Las cifras
vienen a cuadrar con lo que es la situación que hemos podido tener
dentro de nosotros.

Dos días antes del viernes, día en que recibí estos documentos, me
encontré con un escrito que remite al presidente de la Comisión una
asociación de subinspectores. Al final lo que viene a decir dicho
escrito, al margen de los intereses que puedan ser legítimos que
defiendan en su vida administrativa, de interés profesional,
corporativo o como queramos llamarlo, son dos cosas: una de ellas es
que en la Agencia Tributaria se funciona por objetivos y en función
de eso se mide la productividad; si yo soy el que hago la
productividad, pero la firma otro, la cobra otro y no yo. Ni siquiera
eso es lo discutible, lo discutible son los datos de empantanamiento
del funcionamiento de la gestión, del funcionamiento de la propia
Agencia que ellos dicen que existe y dan una serie de datos. Pueden
ser datos relativos y después le hará algunas preguntas para que me
pueda responder si son ciertos o no. Me encuentro entonces con una
situación distinta: lo que usted ha dicho en la prensa con grandes
titulares agradecidamente proyectado porque todo lo que iban a hacer
como grandes objetivos está muy bien puesto, sin embargo miro los
datos que me da, miro todos esos grandes éxitos y no sé como medirlos
con los datos que tengo detrás. La declaración de esto parte de la
administración de la Agencia y viene a ser un volumen importante.

Pongamos que el trabajo de campo amplio lo hacen los subinspectores,
pues sería muy difícil con el número de inspectores que tiene si lo
tuvieran que hacer todo. Los que trabajan en el campo más bajo vienen
a ser tres mil o cuatro mil empleados públicos que hacen ese acopio
de datos.

Quisiera que usted nos pudiera aportar aquí datos, por ejemplo, de si
hemos instruido un 12,5 más de deuda, por qué tenemos una deuda
liquidada solamente del 3,10; es decir, hemos instruido pero hemos
liquidado mal. Me gustaría que me diera la explicación de por qué,
siguiendo los datos que usted nos ha aportado de 1,068 billones de
pesetas de deuda instruida, creciendo la deuda instruida la deuda
liquidada no ha crecido a ese mismo porcentaje. Hemos instruido pero
no hemos liquidado bien. Fíjese que la deuda liquidada es distinta de
la recaudada, que sería



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bueno comparar con lo que hemos recaudado, porque al final nos
llevaríamos algún tipo de sorpresa.

A mi me gustaría que usted nos dijese qué objetivos hemos cumplido en
proporción con las previsiones que ustedes tuvieron. Me gustaría que
usted nos pudiera explicar en algún programa concreto cómo hemos
podido cumplir los objetivos que se pusieron. Me gustaría que usted
me respondiera, por ejemplo, si no hay una desproporcionada deuda en
conformidad, o por lo menos si usted cree que ha habido métodos para
ocultar la disminución de deuda instruida y liquidada de la propia
Agencia, llamémosle planes poco limpios o llamémosle planes que
vienen a relativizar el volumen de instrucción, el volumen de deuda
liquidada.

También me gustaría que usted dijese si hay un descenso en las
actuaciones de comprobación e investigación realizadas comparadas con
1996 y 1997. Me gustaría que explicara por qué ese gran éxito del mes
de diciembre, es el mes doce, por qué ese gran éxito en toda la
recaudación, o si los datos los teníamos mal. Siguiendo lo que sale
hoy en pantalla del ordenador podíamos estar con que a 12 de enero
tuviéramos una cifra de 600.000 millones (no de 800.000 como pone
aquí), pero yo no voy a eso sino a una evolución de por qué el mes de
diciembre ha sido tan bueno en la gestión, qué han sumado ahí, cómo
se ha podido funcionar con ese nivel de éxito.

Desearía que usted nos dijese cuál ha sido el incremento real en las
anualiciones de actas de conformidad levantadas. Me gustaría que
usted nos dijese cuál es la cifra comparada de las actas por edicto,
las que se publican en los boletines de las provincias, sobre todo en
Madrid que son en las que pudiéramos decir que se ubican más
deslocalizados. Quisiera saber si hay o no un enorme saco de deuda de
actas de disconformidad que son imposibles de cobro, porque eso como
está instruido pero luego no se cobra podemos tener un éxito fabuloso
que no revierte ni un duro; por poner no cuesta trabajo, es decir que
puede llegar a una evolución muy exhaustiva.

A mi me gustaría que usted nos dijese cuáles son los expedientes y el
volumen total de los que usted ha enviado al ministerio fiscal y la
deuda calculada antes de ser ponderada. Cuáles son los expedientes
que usted ha remitido al ministerio fiscal como posible fraude,
delito, ya que aquí tenemos una gestión importante, puesto que suben
ustedes a 167.000 millones sobre 135.000; en inspección 105.000
y 37.000 en aduanas. También que usted nos dijese el número de
expedientes de delito informático que ha enviado usted a la Fiscalía
anticorrupción; cuáles son los expedientes devueltos y cómo y cuándo
van a ser contabilizados los mismos.

Me gustaría que nos dijese usted cuál es el número y deuda instruida
de los contribuyentes deslocalizados que antes le he citado.

Igualmente me gustaría que usted nos dijese cuál es la evolución que
han tenido de enero a noviembre y de noviembre a diciembre; también
me gustaría que usted nos pudiese decir cuál es la procedencia de las
actas anuladas.

Me gustaría que usted nos pudiese detallar el número de
contribuyentes que han sido inspeccionados y cuál es la distribución
por programas centrales, que son muchos más globalizados, para ver la
eficacia de los programas que
usted se marcó. ¿Para qué? Para que el precedente que yo le decía al
principio pudieran funcionar de forma razonada comparando 1998 con lo
que usted se propone para 1999. Lo que usted se propone para 1999
puede ser una buena declaración de intenciones, puede ser una buena
novela, o puede terminar siendo un buen cuento, pero debería ir
avalado con el éxito de la gestión previa, con lo que ha hecho usted
en 1998, año limpio de gestión de usted; 1997 ya fue de su Gobierno,
1996 brincando; pero 1998 sí ha sido de su gestión, o debería haberlo
sido.

Termino, señor presidente, diciendo que nosotros intentamos sacar de
esta comparecencia un compromiso, primero par hacer funcionar algo
que es un instrumento de todos los ciudadanos, no de los que trabajan
ahí. El funcionamiento de la agencia lo necesitan los ciudadanos para
que funcionen los principios constitucionales, y el mayor interesado
en que la agencia funcione bien debe ser la sociedad en general. Para
eso, y puesto que los datos parece que son como muy distantes entre
lo que usted dijo en rueda de prensa de lo que hemos podido seguir
con los datos acumulados, la decantación de información que usted nos
ha producido, y lo que está en circulación, y puesto que hay algunos
datos que pueden ser más complicados de seguir por información
externa, yo le propondría a usted, si le parece bien, que una
delegación de esta Comisión, formada por un miembro de cada uno de
los grupos parlamentarios, nos pudiéramos personar, acompañados de
técnicos de solvencia, para acceder a los datos informatizados que
usted tiene en las dependencias de la agencia. Si eso es como usted
dice y no como tenemos nosotros, lo veremos proyectado en esa
información y quitaremos problemas a la discusión que ahora mismo
está en entredicho, porque la guste más o menos usted tiene un
matasellos que le provoca reticencias al éxito. Lo puede explicar
usted más veces, lo puede usted decir con mayor voz o más fuerte,
pero la credibilidad de los números que usted nos aporta no es
amplia, no es aceptable por lo menos al nivel del grado de los que
tenemos aquí, y una fórmula sería esa presencia esa participación.

Nosotros anunciamos en su momento, cuando la discusión del mes de
octubre, la necesidad de hacer un control parlamentario, una
investigación parlamentaria que podía ser dentro de esta Comisión o
en una Comisión especial, pero lo que le estoy sugiriendo ni siquiera
es eso, le sugiero que se haga un seguimiento desde esta Comisión
para que estos datos, que puede ser que a lo menor no puedan
aportarse todos, los podamos tener sin que haya esa proyección o daño
para escudarnos en lo que pudiéramos llamar defraudadores que pueden
salir beneficiados de una información determinada.

En suma, le estoy intentando sugerir o proponer que hagamos efectivo
lo que se dice en teoría, para que los principios y las grandes
declaraciones y objetivos que nos marquemos de verdad sean los que
concluyan, o tengamos una especie de diagrama para medir si es verdad
que se han cumplido o no, es decir ponernos de acuerdo en reglas del
juego para que todos juguemos el mismo partido y no que usted juegue
un partido de rugby y nosotros estemos jugando a la pelota vasca.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, agradecer la
comparecencia del secretario de Estado de Economía y Hacienda, señor
Costa, porque en la misma nos ha informado sobre la recaudación
tributaria líquida gestionada por la Agencia Tributaria durante el
año 1998, así como un detalle explicativo de los objetivos previstos
por la Agencia para el año 1999.

De la lectura y análisis del informe de control y recaudación del año
1998 podríamos coincidir en que la Agencia durante este período y a
nivel global del cumplimiento de sus objetivos ha hecho sus deberes y
ha sobrepasado con una nota aceptable el cumplimiento de los mismos,
tanto a nivel de recaudación de la deuda tributaria líquida, como de
las devoluciones, del apoyo técnico al contribuyente, y también en
las actuaciones de control del cumplimiento a través de la inspección
financiera y tributaria.

También es cierto que así como he mencionado que a nivel global se
habían cumplido todos sus objetivos previstos en el Plan del año
1998, en los diferentes impuestos que hemos podido analizar a través
del informe que nos ha sido entregado ha habido comportamientos que
han diferido en algunos casos de las previsiones y en otros ha habido
también comportamientos positivos de determinados impuestos. Por
ejemplo, a través de la lectura de dicho informe es evidente que en
el comportamiento de la renta de las personas físicas ha habido
cierta caída de la recaudación en dicho impuesto prácticamente del
6,1 por ciento menos de lo previsto durante el año 1998, lo que ha
representado un nivel de recaudación inferior de alrededor de 326.000
millones de pesetas. Es cierto que esta caída puede obedecer a que se
ha contabilizado la participación del 15 por ciento por parte de las
comunidades autónomas, pero nos gustaría que el secretario de Estado
nos explicara si ha habido otras connotaciones externas que la
motiven.

El impuesto sobre el valor añadido también ha tenido un
comportamiento diferente al previsto. Ha habido una disminución del
0,3 por ciento sobre los ingresos previstos -a mí me gustaría hacer
estos análisis siempre sobre las previsiones y no sobre la
recaudación efectiva de 1997- que ha supuesto unos 11.000 millones
menos de recaudación. A través de la lectura de la información que
nos ha entregado la Agencia Tributaria deducimos que se ha debido
a la rapidez con que se han efectuado las devoluciones en este
impuesto, pero quisiéramos que el secretario de Estado nos aclarara
si han existido otras motivaciones.

Dentro de la evolución de la recaudación global, quiero destacar el
comportamiento favorable del impuesto sobre sociedades y de los
impuestos especiales; ha habido un incremento de la recaudación
prevista por la Agencia del 23,9 por ciento en sociedades y del 3,6
por ciento en impuestos especiales.

También quiero destacar como elemento favorable, dentro de la
consecución de los objetivos para el año 1998, la evolución que ha
tenido la Agencia Tributaria en cuanto a las devoluciones del
impuesto de sociedades, del IVA y del impuesto sobre la renta de las
persona físicas, cuestión a la que me referiré con profundidad cuando
exponga a la
Cámara el análisis de las previsiones para el año 1999. Consideramos
muy positivo que se haya acortado el plazo de las devoluciones: en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas hemos pasado de 117
días en el año 1994 a 66 días en 1997 y en el impuesto sobre
sociedades se ha pasado de 240 en el año 1994 a 107 días en 1997.

En cuanto a la recaudación en el área de inspección financiera y
tributaria, es cierto que ha habido un incremento del 3,10 por ciento
en la recaudación global de aduanas, pero también hay que comentan
que ha habido una caída de alrededor del 18 por ciento en la
recaudación de la deuda liquidada por la inspección. ¿Por qué se ha
producido esta disminución de ingresos por recaudación de deuda
liquidada? Hemos leído con atención las explicaciones que nos ha
enviado el servicio de auditoría interna de la Agencia Tributaria y
las damos por buenas. Es cierto, según se desprende de la lectura de
ese informe, que entre los años 1994 y 1998 había un volumen
considerable de actas instruidas y que se ha hecho un esfuerzo
durante los años 1996, 1997 y 1998 para ir convirtiendo esta deuda
instruida en deuda liquidada. Sin embargo, por los datos que tenemos
y que hemos analizado con detenimiento, parece ser que era bastante
difícil superar el nivel de recaudación de la deuda liquidada porque
la Agencia Tributaria no disponía de más deuda instruida. Me gustaría
que nos ampliaran esta información sobre las conclusiones que hemos
podido sacar de la lectura del informe del servicio de auditoría
interna.

Nuestro grupo parlamentario considera muy positivas todas aquellas
actuaciones del año 1998 que han provocado finalmente un incremento
no de recaudación pero sí de aparición de delito fiscal en cuanto a
la inspección de tributos y a las aduanas, representando unos
incrementos del 151 por ciento y del 271 por ciento respectivamente.

En este caso consideramos muy positivo, la atención preferente que
desde la Agencia Tributaria se ha dado a la creación de unidades
específicas de investigación para la comprobación de las conductas
fiscales presuntamente delictivas y de los fraudes organizados,
asignando a funcionarios que venían desarrollando tareas de
comprobación e inspección en otras áreas y focalizándolos a
cuestiones que han dado como resultado el que se haya incrementado el
descubrimiento de operaciones de fraude fiscal y de aduanas. A
nuestro entender, es en esta dirección donde se deben dirigir en
profundidad las actuaciones de la Agencia Tributaria, tal y como se
desprende de los objetivos para el año 1998, y que hemos podido
analizar de la lectura de la memoria.

De la actuación de la Agencia Tributaria en el año 1998 también hemos
considerado positivo el incremento en la mejora de calidad de las
actuaciones por las cuales se ha priorizado el carácter selectivo
frente a otro tipo de investigaciones de carácter masivo que más que
incrementar la recaudación quizá molestaban al contribuyente, sin que
en ningún caso se levantaron actas significativas. Por este motivo
consideramos muy positivo, la selección de determinadas inspecciones,
a fin y efecto de poder conseguir unas actas interesantes de cada a
descubrir las bolsas de fraude que existen todavía en la economía
española.

Respecto a los objetivos presentados por la Agencia referentes a la
recaudación global del año 1999, nos parecen



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acertados los principios básicos por los que ésta se ha regido para
conseguirlos: en primer lugar, animando a los clientes voluntarios
-que afortunadamente son la mayoría de los contribuyentes españoles-
y dando gran importancia a las actuaciones preventivas para mejorar
el nivel de cumplimiento voluntario de los mismos y, en segundo
lugar, intensificando las actividades de investigación y comprobación
de fraude organizado que concluyen, en la mayoría de los casos, con
la denuncia de ilícitos de naturaleza penal, simulteándolos con una
mejor selección de los contribuyentes a comprobar.

Señor secretario de Estado, el grupo parlamentario catalán
(Convergència i Unió) quiere subrayar que no podemos olvidar que el
sistema fiscal español está basado en la autoliquidación, retención y
pago voluntario del contribuyente. Por ello entendemos que la
eficacia de la Agencia Tributaria no debe medirse fundamentalmente
por el número de actuaciones de la inspección ni por la deuda
liquidada sino por el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias por parte de los ciudadanos, así como en la eficacia de
la lucha contra los defraudadores que operan en los paraísos fiscales
y que se valen de la ingeniería fiscal y financiera para eludir sus
obligaciones tributarias. Quiero que sepa que nuestro grupo
parlamentario va a dar todo el soporte que ustedes consideren
oportuno y necesario para que el trabajo y el desarrollo de las
inspecciones se pueda concentrar en descubrir e investigar todas
estas bolsas de fraude organizado que existe -y se está demostrando a
raíz de los resultados del año 1998-, porque independientemente de
que se daba controlar la gestión de todos los contribuyentes, no hay
que olvidar que es justamente en estos sectores donde es posible que
haya una actuación más efectiva de la Agencia Tributaria. Por ello
nosotros entendemos que en el área de la asistencia al ciudadano hay
que trabajar en profundidad en todas aquellas cuestiones relativas al
cumplimiento voluntario de sus obligaciones, así como intentar
mejorar el incremento de relaciones con los mismos. En definitiva,
nosotros consideramos -y lo he dicho anteriormente en mi
intervención- que hay que mimar al contribuyente que normalmente
efectúa su autoliquidación voluntariamente, dándole todo tipo de
información que le permitan aclarar todas sus dudas y allanarle al
máximo el camino para que pueda efectuar con la máxima facilidad la
autoliquidación voluntaria.

Respecto a los objetivos previstos para el año 1999 se tendría que
analizar en profundidad si todas aquellas consultas que los
diferentes contribuyentes han realizado durante el año 1998 y las que
tienen previstas para el año 1999 a través de las páginas web -a
través de informática- van dirigidas básicamente a conseguir una
información rápida, sencilla y eficaz para el cumplimiento de sus
obligaciones o son debidas a la complejidad del impuesto. Estimamos
que estas consultas se realizan no en el sentido de incorporar con
facilidad las declaraciones, sino en el sentido inverso de la
pregunta que yo le formulaba, que es el de saber si son motivadas por
las complejidades fiscales que existen todavía en nuestro sistema.

También nos gustaría que usted nos pudiera aclarar si las
declaraciones del programa Padre que han sido efectuadas durante el
año 1998, y en las que se ha previsto un incremento significativo
para el año 1999 las podrán atender
con la máxima facilidad y la máxima eficacia, lo que seguramente
han previsto en los objetivos del programa, o si, como ha sucedido y
hemos podido apreciar por algunas informaciones en determinados meses
del año no se encontrarán colapsadas debido quizás a la falta de
puntos de referencia para la aplicación de programa Padre.

Desde la perspectiva autonómica queremos que la Agencia Tributaria se
plantee la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan
acceder a la información de la misma, a fin y a efecto de poder
colaborar en la información, recaudación y elaboración de las
declaraciones voluntarias de los ciudadanos.

También nos permitimos sugerirle, señor secretario de Estado, que en
las declaraciones realizadas a través del programa Padre exista la
posibilidad de incorporar todas aquellas actuaciones o actividades
preventivas referentes a otras declaraciones del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, como pudieran ser declaraciones con
rendimientos irregulares, que pienso que no está previsto en el
programa Padre, así como incorporar declaraciones de rentas partidas.

Entendemos que todo lo que sea dar facilidades y máxima información a
los ciudadanos que quieran presentar las declaraciones y resolver las
máximas dudas posibles aprovechando dichos programas es interesante a
fin y a efecto de conseguir los objetivos previstos.

Respecto a las devoluciones tributarias -nosotros ya hemos valorado
positivamente los pasos significativos, tanto cualitativos como
cuantitativos, que se han dado durante el año 1998-, pensamos que la
Agencia tendría que hacer un esfuerzo complementario respecto a las
previsiones que nos han planteado para el año 1999 e intentar rebajar
los plazos de 55 y 38 días que han previsto para el impuesto sobre la
renta de las personas físicas y para el impuesto sobre el valor
añadido respectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que el IVA
previsto en estas devoluciones básicamente se refiere a empresas
exportadoras y tiene su importancia debido a la posibilidad de
financiar el circulante de sus compañías por el IVAque han
adelantado. Por tanto, nosotros entendemos que sería bueno que desde
la Agencia Tributaria existiera el compromiso de intentar rebajar
estos procesos de devoluciones que ustedes han fijado en 55 y 38
días, de forma que en los próximos tres o cuatro años haya una
tendencia -no digo que sea una tendencia efectiva para el año 1999-
hacia los 30 días en el caso del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y hacia los 20 días en el caso del impuesto sobre el
valor añadido. Repito que no es una sugerencia para aplicar en el año
1999, pero sí para los próximos años, de forma que nos homologuemos
a las devoluciones previstas para estos impuestos en el resto de
países
socios de la Unión Europea y que, finalmente desde la Administración
fiscal y tributaria también se pueda dar una imagen de seriedad, de
solvencia y de modernidad en cuanto a la devolución de unos impuestos
que, en difinitiva, son fondos que los ciudadanos han adelantado
debido a sus declaraciones; lógicamente, a partir de la puesta en
marcha del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas,
esta cantidad será menor, pero en el caso del impuesto sobre el valor
añadido es una referencia sobre la que nos vienen insistiendo todos
los sectores afectados, con el fin de que, a través de nuestra
influencia, y no sólo nuestra,sino de todos los grupos de la Cámara,
y juntamente con



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la Agencia Tributaria, se puedan dar, repito, unos plazos de
modernidad, seriedad y solvencia.

También es cierto que en el nuevo planteamiento que ustedes quieren
hacer efectivo para el año 1998 en todas aquellas cuestines
relacionadas con la telemática, en el campo de las pequeñas y
medianas empresas seguramente se puede dar un paso importante a fin y
efecto de poder evitar costes indirectos y conseguir eficacia en la
liquidación de impuestos, pero aquí nos gustaría que nos explicara
con más detalle en qué se van a basar estos programas de telemática.

A nosotros nos interesan básicamente todas aquellas cuestiones
relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, y precisamente más
las relacionadas con las más pequeñas y si hay o va a haber programas
efectivos para los pagos a cuenta, las retenciones, el IVA, etcétera.

También sería necesario -y esto no aparece en su programa de
previsiones y es voluntad de nuetro grupo parlamentario hacérselo
llegar a la Secretaría de Estado y a la Agencia Tributaria- hacer
algún trabajo en dirección a los tribunales económico-
administrativos, pues con alguna excepción no son más que una forma
de dilatar el período de resolución de las diferencias que existen
entre la Administración y los administrados, y a la vista están los
resultados. Si es objetivo de la Agencia Tributaria acercar la
Administración a los administrados, pienso que sería necesaria una
enérgica actuación en este campo. Es cierto que se dieron unos pasos
significativos, pero a muy pequeño nivel, en la Ley de defensa y
garantía de los contribuyentes, pero es evidente que hoy existe un
cuello de botella importante en cuanto a las resoluciones de los
tribunales económico-administrativos, y sinceramente pienso que si
queremos una administración moderna y efectiva tendríamos que hacer
algo en esta dirección.

También, señor secretario de Estado, echamos de menos, por parte de
su departamento, el reglamento que desarrolle el procedimiento para
declarar el fraude de ley, modificado en la última reforma de la Ley
General Tributaria, en la que usted actuó de ponente cuando su grupo
estaba en la oposición y gobernaba el Partido Socialisata en 1995. En
dicha reforma de la Ley General Tributaria se establecían unas
cláusulas que regulaban la figura del fraude de ley, justamente en
los artículos 24, 25 y 28.2, que fueron objeto de un debate en
profundidad por parte de todos los grupos parlamentarios y que creo
que finalmente fue consensuado por todos ellos.

Pensamos que su aplicación en el ámbito tributario ha de ser
entendida como un mecanismo de cierre que permita graduar aquellos
aspectos legislativos o aquellos hechos imponibles a los que no ha
llegado o no ha podido llegar el legislador. La realidad es que hoy
la inspección continúa trabajando en este campo, aplicando de una
manera más o menos explícita la teoría del negocio indirecto,
evitando los requisitos de prueba y tramitación del procedimiento del
fraude de ley. En este sentido, requerimos al secretario de Estado
para que desarrolle, dentro del ámbito legislativo competente, todas
aquellas cuestiones que hacen referencia al desarrollo de dicho
fraude de ley, puesto que es una lástima que haya sido aprobado por
la mayoría de fuerzas parlamentarias, esté perfectamente tipificado
en la Ley General Tributaria y sean pocos los casos en los que la
inspección ha iniciado o ha incoado actuaciones que hayan
permitido deterctar fraudes de ley cuando contamos con una
legislación yo diría que bastante moderna y encaminada a detectar
frandes de ley cuando contamos con una legislación yo diría que
bastante modena y encaminada a detectar dichos fraudes de ley.

No me gustaría acabar mi intervención sin intentar incorporar a los
objetivos del año 1999 una cuestión que no aparece reflejada en
ellas, pero que sí lo está en la mente de todos los grupos
parlamentarios, como así ha quedado demostrado en las intervenciones
de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Es la
cuestión relativa a los subinspectores. Es evidente que la Agencia
tiene un problema serio con el colectivo de los subinspectores, creo
que sería irracional negar esta evidencia. Es necesario que ustedes,
desde la Agencia Tributaria, y desde la Secretaría de Estado, presten
la máxima atención para conseguir la resolución de dicho conflicto,
aportando soluciones que lógicamente satisfagan a ambas partes.

La Agencia Tributaria, señor secretario de Estado, por lo que
representa, ya que es el instrumento de recaudación de impuestos de
la Administración del Estado, no puede permitirse el lujo de que este
conflicto continúe latente e incluso dañe, si no se resuelve en el
más corto espacio de tiempo posible, su imagen de efectividad, de
credibilidad y de modernidad, que nosotros y todos los grupos
parlamentarios pretendemos dé ante los contribuyentes, que
lógicamente son los que han de cumplir con sus obligaciones fiscales.

También es cierto que el colectivo de subinspectores ha sido y es uno
de los cuespos de élite de la Administración del Estado y, por
descontado, ha sido asimismo de gran utilidad y efectividad para la
consecución de los objetivos preventivos de recaudación.

Por estas dos consideraciones nuestro grupo parlamentario quiere
instar a la Secretaría de Estado, al Gobierno y a las partes
implicadas a resolverlo con prioridad al inicio de este año fiscal, a
través de las negociaciones que se realicen para la resolución de
este contencioso, negociaciones intensas que sabemos que se están
celebrando. Estamos convencidos de que desde la perspectiva de la
Secretaría de Estado no van a ahorrar tiempo, porque la cuestión de
los retribuciones la han de pactar las dos partes con dichos
colectivos, pero también entendemos que desde su departamento tendrán
que hacer un esfuerzo importante y, por descontado, pueden contar con
la colaboración parlamentaria del grupo de ConvergËncia i Unió, con
el fin de actuar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición
adicional vigesimoctava en relación con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, que básicamente tiene tres vertientes
importantes, siendo una de ellas todas aquellas cuestiones
relacionadas con la atribución y asignación de la firma del cuerpo de
subinspectores.

Sabemos que han existido negociaciones, y lo sabemos también por las
cuartas que nos ha enviado dicho colectivo. Es cierto que no ha se ha
propuesto ninguna solución al respecto, pero, señor Costa, aquí ha
habido algún grupo parlamentario que ha dicho que no le veía
capacitado para poder resolver este conflicto. Por la experiencia que
tenemos desde nuestro grupo parlamentario, ya que negociamos
intensamente con usted un cambio de sistema de financiación que
después se ha hecho extensivo a todas las comuniades autónomas, y
negociamos durante 54 días un



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pacto importante que parecía imposible pero que luego ha posibilitado
nuestra colaboración parlamentaria durante esta legislatura, entiendo
que su objetivo de entonces era muchísimo más difícil de alcanzar que
la negociación con el colectivo de subinspectores, aunque de entrada
sé que es muy difícil. Por lo tanto, nosotros vemos que usted y su
equipo son capaces de llegar a un acuerdo y por este motivo,
independiente de la cuestión de la firma, que es un aspecto
importante, también reclamamos su atención para que nos pueda remitir
a las Cortes el proyecto de ley comprometido, por enmienda que se
incorporó en el Senado, mediante el cual se ha de crear un cuerpo
técnico de Hacienda como cuerpo perteneciente al grupo B de los
previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y adscrito a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, así como también es
necesario que ustedes aceleren al máximo la aprobación de la
normativa correspondiente que desarrolla el estatuto orgánico de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria para su remisión al
Parlamento.

Nosotros entendemos que si estos tres puntos se prevén como óptimos e
importantísimos durante este período de sesiones -cosas más difíciles
se han conseguido-, problamente podrán llegar a un acuerdo con este
colectivo, porque tanto la Agencia Tributaria como la Secretaría de
Estado y seguramente el colectivo en cuestión y, por descontado, no
hay que decirlo, los grupos parlamentarios, queremos que se resuelva
lo más rápidamente posible.

Hay otras cuestiones que también queríamos comentarle.




El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo, señor Sánchez i
Llibre.




El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy terminado, señor presidente.

Una de las cuestiones más importantes que me he dejado en el tintero
es saber por parte del señor Costa cuáles son las líneas previstas,
si tiene pensadas algunas de ellas tanto su departamento como la
Agencia Tributaria, para profundizar en la colaboración entre las
comunidades autónomas y la Agencia Tributaria en la gestión del
impuesto sobre la renta de la personas físicas, ya que las
comunidades autónomas, como usted sabe, participan en una
corresponsabilida de un 30 por ciento.

Por último, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) está a disposición de la Secretaría de Estado y
de la Agencia Tributaria para introducir todas aquellas mejoras que
permitan que la Agencia Tributaria vaya en una dirección de
modernidad, de eficiencia y de efectividad como lo hemos venido
demostrando a lo largo de todos estos últimos años.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el
señor Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Mi grupo parlamentario quiere también
agradecer al secretario de Estado de Hacienda su comparecencia en
esta Comisión y la profusa documentación que ha enviado, que nos
permite tener conocimiento extenso de las actuaciones de la Agencia
en el año 1998 y los resultados de la Hacienda pública. Nos permite
también conocer los objetivos para 1999 y el
balance del plan bianual de la lucha contra el fraude fiscal, así
como suplir esa falta de memorias de los ejercicios anteriores de la
Agencia que estaban solicitadas permanentemente por prácticamente
todos los grupos parlamentarios y que han sido enviadas.

Por tanto, una profusa documentación que nos permite tener un
conocimiento amplio de cuál ha sido la gestión de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria y cuáles son sus objetivos. Entre
otras cosas porque esto procede de un mandato del Parlamento que
-como recordarán SS.SS. está en las propuestas de futuro que
consensuamos a través de la Comisión de investigación de los 200.000
millones, cuando hablábamos de la presentación de un plan de
modernización. Todo esto no hace más que cumplir con un mandato del
Parlamento.

Por lo que respecta al informe cuatrimestral, podemos conocer los
datos del ejercicio 1998 de una forma completa. Viene a confirmar
algo que ya se estaba viendo en las comparecencias cuatrimestrales
anteriores y la información que ya se nos había proporcionado. Si
bien el total de los ingresos gestionados ha sido superior al año
1998 y a la recaudación del año 1997, la recaudación por una figura
impositiva que es la más importante dentro del sistema tributario
como es el impuesto sobre la renta de las personas físicas ha
descendido de una forma importante, más de medio billón de pesetas.

Ha descendido y está explicado en cierto modo por qué, por dos
motivos fundamentales que se han señalado: las retenciones sobre el
producto de los arrendamientos y la cesión del impuesto sobre la
renta de las personas físicas a las comunidades autónomas.

Sin embargo, y teniendo en cuenta este dato, llegamos a la conclusión
de que con respecto a la recaudación del año 1997 ha sido superior,
pero hemos de tener en cuenta que la cesión a las comunidades
autónomas ha supuesto 672.000 millones de pesetas. No estaba, por
supuesto, presupuestado en 1997 y sí en las previsiones del año 1998.

El incremento de las devoluciones del ejercicio 1998 con respecto
a 1997 ha sido de 185.000 millones de pesetas. Por tanto, no se
compensan las devoluciones con las previsiones que estaban en el año
1998, lo cual quiere decir, en definitiva, que se ha recaudado por
este impuesto menos de lo que estaba previsto, en una cifra cercana a
los 500.000 millones.

Sería conveniente que el secretario de Estado incidiera en esta
explicación porque es uno de los aspectos fundamentales de las
diferencias que ha habido en la recaudación en el ejercicio de 1998
con respecto a los previstos al principio del ejercicio. Es
conveniente que se incida en la explicación de este capítulo, porque
el resto de los ingresos tributarios ha cumplido prácticamente con
las previsiones establecidas, entre otras cosas, porque han sido
ayudados por la marcha de la economía que ha permitido crecer más de
lo previsto por impuesto sobre sociedades, por impuesto sobre el
valor añadido y por los impuestos especiales, cosa que, por otra
parte, en una situación de crecimiento económico como la que hemos
tenido es obvia.

De cara al presupuesto de 1999, desde mi grupo parlamentario vemos
que se puede mantener la incertidumbre del efecto recaudatorio que
puede tener la reforma de la nueva Ley del impuesto sobre la renta,
que el Gobierno ha cuantificado en unas previsiones de menor
recaudación de



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medio billón de pesetas. Creo que todos estamos esperando conocer
cuál va a ser ese efecto al final; tendremos oportunidad de ir
conociéndolo a través del ejercicio del año 1999 y de ir viendo si se
cumplen estas previsiones. En cualquier caso, estamos hablando de
menores pagos a cuenta para 1999, porque el efecto de la reforma
sobre la incidencia recaudatoria se verá en el ejercicio del año
2000, cuando se declare el año 11999. ¿Cómo afectará entonces a la
recaudación por el impuesto sobre la renta del año 1999? Con unos
menores pagos a cuenta, que no quiere decir menor tributación, aunque
la reforma se ha hecho precisamente para eso, para pagar menos
impuestos sobre la renta; pero eso lo vamos a ver en el año 2000.

De la misma forma que hablamos de mayor agilidad de las devoluciones,
debemos de tener en cuenta que esto proviene de pagar a cuenta y del
anticipo de las devoluciones. ¿De qué estamos hablando en definitiva?
Estamos hablando de que en estos momentos, las estadísticas y los
cuadros que se están dando tienen en cuenta la recaudación líquida,
tienen en cuenta las devoluciones de dinero y los pagos a cuenta
efectuados por los contribuyentes. Esto debe ser algo que nos tiene
que hacer pensar que lo que hace falta es que cada vez sean menores
los pagos a cuenta y sea mucho más rápida la devolución de los
anticipo de los contribuyentes, porque las dos cuestiones significan
que es dinero público que está utilizando la Administración pública,
Hacienda, y que es dinero del contribuyente. Todo lo que vaya en esta
línea es importante.

A este respecto, me gustaría conocer qué cantidad falta por devolver
de renta del año 1998 y cuándo piensa la Hacienda pública que se va a
cerrar este capítulo, es decir, cuándo va a terminar de cobrar el
último contribuyente por declaración de renta del año 1997. Éste es
un dato que no aparece, posiblemente porque es mínimo y estamos ya en
una situación residual, pero en estos momentos existen contribuyentes
que todavía no han recibido la devolución de impuestos del ejercicio
de 1997 y, a esos contribuyentes, las explicaciones de las medias y
del porcentaje del 98 por ciento de devolución les sirve de bastante
poco. Haciéndome defensor de los pocos que pueden ser, me gustaría
saber cuándo se van a dar por liquidadas las devoluciones de renta
del ejercicio de 1997.

Otro aspecto que me gustaría destacar en el impuesto sobre el valor
añadido es ese 11,6 por ciento de reducción sobre lo que se ha
presupuestado. En un principio, a simple vista, teniendo en cuenta
que el crecimiento económico del ejercicio ha sido superior al
inicialmente presupuestado, lógicamente, los ingresos tributarios por
el impuesto sobre el valor añadido deberían ser también superiores a
los inicialmente presupuestados. Parece ser que esto tiene una
explicación, que ha habido más devoluciones de las previstas.

Volvemos a lo mismo, las devoluciones nos están desvirtuando el
conocimiento exacto de los ingresos tributarios.




Me gustaría trasladar al secretario de Estado que esta mezcla puede
crear confusión. Habría que distinguir claramente lo que son ingresos
tributarios y figuras tributarias sin mezclar las devoluciones,
porque de lo que estamos hablando es de una cuenta de tesorería. Lo
que yo quiero saber es cómo va la evolución y la presión tributaria
de cada figura tributaria en cada ejercicio y compararlo con
las previsiones, porque, en todos los informes que se han mandado
estamos mezclando los ingresos tributarios con las declaraciones,
deduciendo las devoluciones que se están efectuando, y eso es una
cuenta de tesorería. Habría que tener más clara esa información para
que, entre otras cosas, no hubiera malos entendidos al respecto.

Esto me da pie a insistir en un problema que aún no se ha resuelto.

Me refiero a las declaraciones del IVA que efectúan las empresas,
fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. Yo sé que es una
de las bolsas de fraude más importante que tiene la Administración y
así está poniéndole de manifiesto. Esas bolsas en el impuesto sobre
el valor añadido están muy localizadas en ciertas actividades
empresariales, incluso en algunas empresas que se crean
específicamente para defraudar, como el ejemplo que nos ha puesto el
secretario de Estado y que ha sido detectado este año. ¿Qué es lo que
está ocurriendo? Que con motivo de que en el impuesto sobre el valor
añadido es donde más se defrauda, quizás estén pagando justos por
pecadores. Al pequeño y mediano empresario que no tiene como
finalidad defraudar esto le está creando problemas. Ello tiene una
consecuencia negativa para la tesorería, sobre todo cuando existen
retrasos o incumplimientos en el pago de las facturas, lo que origina
que no sólo no se cobre la factura sino que, además, se tenga que
adelantar el importe del impuesto. En la implantación del impuesto
sobre el valor añadido se estuvo estudiando este problema y había
borradores del impuesto en los que se recogía la posibilidad de
recuperar el IVA, pero, al final, no se llevó a efecto por la falta
de capacidad de investigar y de controlar las declaraciones de este
impuesto, hecho que luego ha sido corroborado por ser una de las
figuras donde se producen mayores fraudes fiscales. Es un aspecto que
ha quedado sin solución y hoy, salvo en la recuperación de los casos
por suspensiones de pagos o quiebras, que están ya tipificados, las
empresas siguen siendo responsables subsidiarios de la obligación de
tributar.

Sería conveniente dar vueltas al tema y buscar alguna solución: o una
devolución inmediata de los IVA ingresados y no cobrados habría que
ver cómo se hace, o como una declaración anual única para las
pequeñas y medianas empresas. Habría que volver sobre este asunto
porque sigue creando grandes problemas, sobre todo de tesorería, al
pequeño empresario o comerciante.

Otro de los aspectos a destacar es la gestión recaudatoria en
relación con el contribuyente. Desde este punto de vista, valoramos
muy positivamente el esfuerzo que la Administración está haciendo por
incrementar la asistencia y la ayuda en el ámbito técnico y por
propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y el control
del cumplimiento de las mismas, como ha puesto de manifiesto el
secretario de Estado.

Compartimos, en primer lugar, que hay que trabajar en ayudar al
cumplimiento de las obligaciones tributarias, que es el deseo no de
buena voluntad porque nadie tiene buena voluntad de pagar impuestos,
aunque creo que se tiene una conciencia mayor en este aspecto de la
mayoría de los contribuyentes. Ayudar al contibuyente que quiere
cumplir con sus obligaciones es una de las tareas fundamentales de la
Administración.




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Las acciones encaminadas a mejorar estas áreas sin fundamentales,
y nos parece muy acertado incorporar los resultados de estas políticas
en los informes que se presentan en esta Comisión. Es un avance
importante porque, salvo por el número de actas y algunas otras
cuestiones, es difícilmente cuantificable marcar qué objetivos
finales serán la satisfacción del contribuyente en sus relaciones con
la Hacienda, lo cual es difícil de medir. De alguna forma hay una
serie de resultados que están en los informes cuya incorporación,
desde nuestro punto de vista, ha sido muy acertada.

Por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias,
compartimos el criterio de priorizar de forma selectiva a los
contribuyentes con más riesgo de fraude. Esta es la otra cuestión
importante de la Hacienda estatal: primero favorecer el cumplimiento
de las obligaciones y, segundo, perseguir los incumplimientos de esas
obligaciones, porque, entre otras cosas, incrementando la primera
acción se tiene más derecho a perseguir la segunda, que es el
incumplimiento de las obligaciones tributarias. Indudablemente en una
compleja Administración tributaria, donde pueden ser difíciles las
declaraciones, muchas veces hay incumplimiento de obligaciones
tributarias no achacables a la voluntad del contribuyente sino a la
complejidad, pero cuando esa complejidad desaparece los
incumplimientos están relacionados cada vez más con el fraude
premeditado del contribuyente. Eso es lo que hay que perseguir
también, ese fraude premeditado del contribuyente. Por eso las
acciones selectivas nos parecen mucho más importantes que establecer
unas acciones generalizadas y de dispersión de actuaciones
inspectoras, entre otras cosas porque tiene que haber un equilibrio
entre la labor de inspección y las posibilidades que tiene la
Administración para el control y ejecución con todas sus
consecuencias y hasta el final de todos esos procesos de inspección.

No es cuestión de estadísticas o de número de actas levantadas, lo
que se pretende es una mayor recaudación a través de la lucha contra
el fraude y seleccionar aquellas bolsas de fraude, aquellos presuntos
contribuyentes donde por experiencia se sabe que es donde más se
defrauda. Por esa línea es por donde hay que ir y no establecer de
forma masiva acciones o programas de inspección que lo único que
puede hacer es llenar las estadísticas y dar la sensación de que se
están haciendo las cosas mejor cuando en realidad no sucede eso.

Tenemos experiencia y ese precisamente fue uno de los motivos por el
que el Parlamento ha tenido que intervenir en los aspectos
relacionados con la reforma de la Administración pública.

No sirve de nada comenzar masivamente procesos de inspección si luego
no hay capacidad para el control y no se puede maximizar la
rentabilidad de los procedimientos y de los programas de la lucha
contra el fraude. Compartimos el enfoque que aparece en los objetivos
de 1999, que van en esta línea. La parte final del informe relativa a
los resultados de 1999, el último párrafo, hace referencia a los
recursos humanos. Esto tiene algo que ver con un problema que los
demás portavoces ya han apuntado y que, desgraciadamente, viene
siendo de actualidad. Me refiero al conflicto de la Agencia con los
subinspectores o, al menos, con la asociación de subinspectores
de tributos y respecto del cuál mi grupo parlamentario
quisiera dejar clara su postura.

En primer lugar, quiero señalar que es un conflicto administrativo,
sin implicación del Legislativo. Sólo en el caso de que desbordara
las posibilidades de solución de la Administración y que sus
consecuencias afectaran gravemente a los ingresos tributarios, se
deberían tomar desde el ámbito parlamentario iniciativas al respecto.

De hecho ya se han tomado, o por lo menos así se pretendió cuando en
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado se
introdujo una enmienda por la cual el Parlamento dejaba clara cuál
era su postura y cuáles eran las medidas que se deberían adoptar. Es,
por tanto, un problema laboral de una parte de la Administración
pública, en este caso de la Hacienda pública.

En segundo lugar, si la Administración tributaria reconoce que
algunas de las reivindicaciones de este colectivo son razonables y
ajustadas a derecho, debe establecer de forma inmediata los
procedimientos necesarios para resolver esta situación. Si lo que
piden es razonable hay claramente obligación de crear los mecanismos
para que eso se cumpla, pero en caso de que se demuestre que algunas
de las reivindicaciones son posturas de fuerza para conseguir
posiciones laborales u otras mejoras que no se corresponden con los
objetivos de las actuaciones de la Administración, que están
reconocidos en el ordenamiento administrativo, se deberían aplicar
los instrumentos disciplinarios existentes para dar solución
definitiva al conflicto. Lo que no se puede es tener el conflicto
permanentemente abierto, porque, influya o no de forma importante en
los resultados de las actuaciones de la Agencia, esta situación no
beneficia para nada la imagen de la Administración tributaria, por lo
que mi grupo parlamentario entiende que hay que darle una solución
inmediata.

Es necesario erradicar de la Administración posiciones de intereses
corporativos e ir más allá de la defensa de esos derechos, porque si
es así, si se va más allá de la defensa de unos derechos lógicos a
los cuales hay que atender y lo que en realidad hay son unas
posiciones que pueden alcanzar incluso el chantaje permanente de la
Administración, donde no se contemplan los intereses generales, ésta
tendrá que intervenir con todas sus consecuencias. Lo que en
definitiva pedimos es que solucionen el problema de una forma o de
otra, dando lo que verdaderamente les corresponde, organizando la
Administración mejor o aplicando, como a cualquier otro colectivo de
la Administración las medidas disciplinarias correspondientes. Lo que
no puede ser es que el Parlamento sea utilizado, de buena o mala fe,
por un colectivo de la Administración, que hoy es la Administración
tributaria pero que mañana puede ser del Ministerio de Agricultura,
pasado del de Interior, y así sucesivamente, para implicarnos en la
solución de poblemas internos de la propia Administración.

Como todos los demás grupos parlamentarios, he recibido una carta de
los subinspectores pidiendo la colaboración. La verdad es que no
viene firmada... Sí, me enseñan algunas firmas, pero yo tengo otra
aquí que está sin firmar. (El señor Ríos Martínez: Te han mandado la
mala). Normalmente, tiro a la papelera las cartas que recibo no
firmadas, pero porque sé que detrás de todo esto y fuera delos
formalismos que eso significa, indudablemente hay una



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inquietud y, como tal, de la misma forma que me he leído esta
documentación, también he tenido contacto con estas personas. Lo que
quiero decir con esto es que, al final, desde el ámbito parlamentario
deberíamos cerrar este tema, porque no nos va a llevar a ningún sitio
y porque además no es competencia nuestra sino de la Administración.

Quisiera dar por cerrado este capítulo ya que no tiene mayor
importancia.

Por lo que respecta a los objetivos de la Agencia para el año 1999,
hay que destacar la incorporación de los programas de asistencia y de
mejora de las relaciones con los ciudadanos. Desde luego, siempre
hemos defendido que la obligación de todo ciudadano a contribuir a
las arcas públicas para el sostenimiento de los gastos del Estado
debe estar sustentada, primero, en un sistema tributario que sea
justo y redistributivo y, segundo, en una Administración que sea
eficaz, eficiente, amable y que trate al contribuyente como un
cliente que demanda servicios. Por eso apoyamos incluir entre los
objetivos de la Agencia la mejora de las relaciones con los
ciudadanos, y no estaría de más incluir también dentro de este
programa el reciclaje y la formación del personal de la
Administración que tiene contacto directo con el contribuyente,
porque la apreciación que en gran medida tiene el ciudadano sobre la
justificación del pago de sus tributos es el trato que recibe la
Administración. Por eso es importante que las personas que tengan
relación directa con los administrados tengan una capacitación
específica. En este asunto me permito decir que no estaría de más en
algunos casos el reciclaje y la formación de este personal.

Destacamos otro aspecto importante en las relaciones con los
contribuyentes, la progresiva agilización de las devoluciones. Se
está mejorando la agilización de esas devoluciones, el plazo medio de
devolución, pero hay que acelerarlas. Para el año 1999 se marca como
objetivo un plazo medio de devolución de 55 días, a lo que hay que
añadir una reducción del tiempo de tramitación de los recursos de
reposición de 45 a 40 días. En este caso no parece que sea una mejora
significativa. Es posible que para la Administración sea un esfuerzo
importante preparar y revisar las declaraciones en este tiempo, pero
al contribuyente no le va a parecer suficiente porque le gustaría que
le devolvieran el dinero inmediatamente después de hacer una
declaración donde se ve que ha pagado de más. A partir de ahí, todos
los plazos que puedan existir son aquellos en los que la
Administración tiene un dinero suyo.

Hay que agilizar esas devoluciones por lo menos para la mayoría de
los contribuyentes que, como decimos, no están siquiera dentro de los
programas de inspección, para esa gran masa de contribuyentes que
hacen las declaraciones con el programas Padre o con la propia
administración, a los que se les puede solicitar la documentación
para establecer automáticamente un procedimiento de devolución
inmediata de las cantidades, si es que verdaderamente hay que
devolver los anticipos realizados. Mi grupo parlamentario estima que
ahí es donde hay que trabajar y hacer un esfuerzo porque ello
mejoraría la imagen de la Administración con el contribuyente.

Hay que tener en cuenta, además, que el dinero que se devuelve es del
contribuyente, no de la Administración: no es el pago de un impuesto
aplazado. Es un dinero que estoy
adelantando a la Administración y, por tanto, lo que ha sobrado es un
dinero mío. De alguna forma siempre se tiene la sensación de que es
una especie de crédito a bajo interés que se le da a la
Administración y que ésta utiliza efectivamente con esa visión.

No obstante, la Administración está cambiando la mentalidad y está
intentando también, mediante una política de retenciones menores,
acercar la obligación de tributar a la declaración que tiene que
hacer el administrado, de forma que no haya esas masivas devoluciones
que se hacen al final. Es necesario, por tanto, que se siga
profundizando en esas aplicaciones informáticas en la que creo algo
se está haciendo. En definitiva, es necesario que existan mayores
medios materiales y humanos para delantar los plazos medios que hemos
comentado.

En cuanto al plan de objetivos para el año 1999, valoramos
positivamente la cuantificación de estos objetivos que permite hacer
un seguimiento de la evolución de los programas que se han puesto en
marcha, lo cual va a redundar en beneficio de un control del
Parlamento de las acciones que realiza la Administración.




El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, vaya concluyendo, por favor.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy concluyendo, señor presidente.

La otra tarea fundamental de la Agencia radica en el control y
cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la persecución del
fraude fiscal en todas las facetas administrativas y judiciales. Hay
que conseguir al final, que defraudar no sea rentable porque hoy
defraudar sigue siendo aún rentable. Las posibilidades estadísticas
de que se detecte el fraude en términos generales son escasas a nivel
general y, aun siéndolo, existen mecanismos jurídicos que bien
utilizados, sobre todo por los grandes defraudadores, consiguen en su
conjunto que sea más barato defraudar que pagar puntualmente, por no
hablar, como hemos visto antes, de mafias y negocios que se han
montado precisamente con el objeto mercantil exclusivo de defraudar.

Por eso creemos que es muy importante establecer ese plan bianual
para la mejora en el cumplimiento fiscal y la lucha contra el fraude,
que también nos ha presentado y por el que comprobamos, a través del
informe, que hay un grado importante del cumplimiento de las medidas
propuestas, aunque todavía faltan por aplicar algunas y faltan por
conocer los resultados de las que ya se han aplicado. En cualquier
caso, creemos que hay que hacer una valoración positiva de este
informe.

En conclusión -y termino-, mi grupo parlamentario reconoce que la
profusión de información y datos que se nos han proporcionado ha sido
un adelanto importante en el conocimiento de algo que hemos estado
reclamado en muchas ocasiones en cuanto a las acciones, actividades,
programa y previsiones de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. Animamos al secretario de Estado de Hacienda a
profundizar en los programas para la mejora y asistencia de las
relaciones con el contribuyente, a intensificar las medidas
preventivas y disuasorias de la lucha contra el fraude y a dar un
mayor apoyo al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Nosotros
le ofrecemos nuestro



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apoyo para solucionar este conflicto y los demás que pueda tener
desde el ámbito parlamentario. Espero que en su próxima comparecencia
podamos valorar positivamente todas estas actuaciones.




El señor PRESIDENTE: Les advierto a las señoras y señores diputados y
al señor secretario de Estado de Hacienda que, a efectos de su agenda
y su orden interno, esta Comisión, en todo caso, acabará a las tres
de la tarde.

Tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Las palabras del presidente de la Comisión
evidencian que es imposible hoy discutir todos los documentos que se
nos han remitido. Es imposible discutir las dos memorias, el balance
del plan plurianual, el plan de objetivos o el balance de 1998; por
tanto, deberemos habilitar ora sesión. Es positivo que, al final,
hayamos los documentos. Algunos estaban elaborados en diciembre y se
nos han remitido el jueves y el viernes, lo que imposibilita, de
alguna manera, el análisis profundo de alguno de ellos.

Voy a centrar la intervención de Iniciativa per Catalunya- Els Verds
en dos cuestiones políticas. La primera es el balance de la lucha
contra el fraude del área de inspección de la Agencia Tributaria y,
la segunda es el plan de objetivos que hoy nos presenta el secretario
de Estado de Hacienda. No voy a hacer referencia a otras cuestiones,
pero quiero dejar constancia de que, desde el punto de vista de las
actuaciones y propuestas que se están haciendo para mejorar la
relación con los contribuyentes, hay aspectos positivos y algunas
cuestiones criticables a las que no voy a hacer referencia.

Quiero adelantar nuestro diagnóstico en relación con estas dos
cuestiones. Primero, qué ha pasado después de un año de confusión en
relación a los objetivos del área de inspección de la Agencia
Tributaria. Lo que ha pasado es que se ha producido uno de los peores
escenarios: ha habido una disminución en relación a lo previsto de
prácticamente 150.000 millones de pesetas -luego justificará esta
cifra-, mientras que el Gobierno dice que ha sido un año de éxito o
justifica por qué ha habido una disminución de la deuda.

En relación a la segunda cuestión, respecto al plan de objetivos,
quiero adelantar una posición política. El domingo, cuando empecé a
mirar el plan de objetivos -porque el viernes y el sábado imagino que
todos estábamos mirando los otros documentos-, mi alarma fue total
por dos razones que luego detallaré.

La primera objeción es si con este plan en el que hay un solo
objetivo se acaba el control parlamentario. Yla segunda es que es un
plan que sitúa como fórmula prioritaria mejorar la relación con los
contribuyentes de buena fe, con lo que estoy de acuerdo pero no puede
ser lo importante del plan de objetivos. Este es el avance de los
diagnósticos.

En relación con el plan de objetivos, quiero añadir una cuestión
formal pero importante. El señor secretario de Estado ha dicho que,
por primera vez, se presentaba un plan de objetivos en esta Cámara y
que era objeto del plan de modernización. El señor Zabalía creo que
ya ha rectificado. Si no recuerdo mal, la disposición undécima, que
aprobó el Pleno del Congreso por unanimidad el 27 de
junio de 1997, producto de la Comisión de investigación, mandataba a
que la Agencia ya en 1998 presentara esto. En 1998 no se presentó, se
ha hecho en 1999; por tanto, un año tarde y ha sido originariamente
un mandato del Pleno del Congreso. ¿Qué ha pasado en el año 1998? De
enero a septiembre de 1998, la oposición y el secretario de Estado
estuvimos discutiendo sobre cómo iba la deuda liquidada. Hasta agosto
o septiembre de 1998 el Gobierno decía que la deuda liquidaba iba
bien. Nosotros decíamos que iba mal. La comparecencia de octubre de
1998 puso ya de manifiesto que la deuda iba mal. Los resultados que
ahora nos entrega el secretario de Estado ponen de manifiesto que la
deuda va mal. Insisto en el único número que no se puede manipular,
porque la deuda liquidada es objeto de contraído en la intervención
general, y las cifras caen. Ante esto la pregunta es: ¿por qué cae?
El Gobierno ha dado dos razones: porque el año 1997 fue excepcional y
porque ahora hacemos comprobaciones de mayor profundidad, y con ellas
intenta justificar la caída del año 1998 en relación al año 1997. No
quiero decir que esto sea mentira por cortesía parlamentaria,pero no
es verdad.

Nosotros hemos hecho un pequeño dossier -y diré en cada momento de
dónde saco los datos-, por ejemplo, sobre si el año 1997 fue
extraordinario o no en relación a los años anteriores. Yo formulé una
pregunta en junio y el Gobierno me contestó de forma escrita -la
tengo aquí-, diciéndome que en 1995 la deuda liquidada procedente de
ejercicios anteriores era de 183.000 millones de pesetas, que en 1996
era de 134.0000 millones de pesetas y que en 1997 era de 78.000
millones de pesetas. La contestación escrita del Gobierno está a
disposición de quien quiera. El señor Costa dijo el 23 de junio de
1998, abundando en esta misma respuesta, que se habían reducido unos
80.000 millones de pesetas y en el informe cuatrimestral, que seguro
que todos ustedes tienen, que nos entregó el Gobierno en octubre de
1998 se reconocía que en el mismo año 1998 se habían incorporado
88.000 millones de pesetas. Por tanto, el año 1997 no fue
extraordinario.

Por si alguien no quiere entrar a discutir estos números, hay dos
datos inapelables. Primer dato: la deuda liquidada de 1998 es menor
que la de 1996. Vayan ustedes al «Diario de Sesiones» y lean las
explicaciones que nos daba el señor Rato o el señor Costa, porque no
lo recuerdo bien. Decía que el año 1996 no había sido un buen año
porque era un año de transición, porque, además, según el Gobierno
del PP, la Agencia funcionaba de forma desastrosa y porque hubo cinco
o seis meses de gobierno socialista. Pues bien, la deuda liquidada de
1998 -estos datos están en los documentos que nos han entregado- es
inferior a la de 1996, aquel año que fue un desastre. Pero hay otro
dato más inapelable. Si ustedes cogen la comparecencia del señor
Costa de 23 de junio, en la página 14.098, cuando relata los
objetivos de la inspección -leo literalmente-, dice lo siguiente: El
objetivo fijado para el área de inspección en sentido estricto es de
617.669 millones de pesetas. Si ustedes restan a 617.669 millones de
pesetas los 473.000 millones de pesetas les saldrá 144.000 millones
de pesetas. Por tanto, el objetivo que el señor Costa nos dijo que
tenía asignado en sentido estricto el área de inspección hace seis
meses se ha visto disminuido en



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150.000 millones de pesetas. Todos estos números son del Gobierno y
están publicados en toda la documentación y en el «Diario de
Sesiones». Por lo tanto, conclusión clara: el año 1998 ha sido un año
malo en relación a los objetivos del Gobierno y también en relación a
1996.

Pero hay una segunda razón con la que el Gobierno intenta justificar
por qué en el año 1998 ha habido menos deuda liquidada. El Gobierno
nos dice que las comprobaciones han sido más intensas, pero no nos da
ni un solo dato, ni un solo número. Parecería razonable y de sentido
común que cuando uno hace una afirmación de estas características
para justificar una disminución de la deuda liquidada aportara algún
dato. Ni uno, mejor dicho, los que aporta en el informe cuatrimestral
ni siquiera son datos de contribuyentes comprobados, sino de
contribuyentes comprobados con acta de inspección. Yo también he
hecho un cuadro, que repartiré y que está a disposición del señor
secretario de Estado. ¿Qué se realizó en el año 1997? ¿De dónde saco
los datos? De los Presupuestos Generales del Estado de 1999, que
hemos aprobado hace un mes. Se realizaron 36.000 comprobaciones
generales; otras, 45.000; en total, 82.000. Otro dato que el Gobierno
no da. ¿Cuáles eran los objetivos de comprobación del Gobierno para
este año? Tenemos dos informaciones: lo que dicen los Presupuestos
Generales del Estado y lo que dice el Plan de inspección. Los dos
coinciden: hablamos de 64.000 inspecciones, aproximadamente el 50 por
ciento generales y el 50 por ciento superficiales. ¿Cuáles han sido
los resultados finales? Que de las 33.000 previstas generales, hecas
en profundidad, que se dice que aumentan, se ha bajado a 22.000 y, en
cambio, las superficiales han aumentado de 31.000 a 33.000
inspecciones. Dicho de otra manera, las inspecciones en profundidad,
que el Gobierno dice que han aumentado, pero no lo justifica en base
a nada, han disminuido en relación al año 1997 el 40 por ciento y han
disminuido en relación a sus propias previsiones el 33 por ciento. O
sea, no es cierto que hayan existido mayores controles en
profundidad. Por si lo quiere el señor secretario de Estado o
cualquier persona, tengo cómo se distribuye por comunidades autónomas
y tengo conocimiento de que fundamentalmente en los sectores
inmobiliario, construcción y control de IVAno se ha llegado en
inspecciones en profundidad al 50 por ciento de lo que inicialmente
estaba previsto. En síntesis, la disminución de la deuda liquidada ha
sido muy superior de lo que el propio Gobierno ha reconocido ya,
tanto en relación a los objetivos que el señor Costa nos dijo en
junio como en relación con el año 1996 e, insisto, no hay una sola
prueba ni dato por parte del Gobierno que justifique esa afirmación
que él dice, pero que nunca explica, de que han aumentado las
comprobaciones generales. Yo he dado unas cifras, pero el Gobierno
tiene toda la información, todos los medios para machacar mis cifras;
estoy a disposición del Gobierno para que diga que mis cifras no son
verdaderas y dé las que son.

Antes de acabar este primer bloque del balance de 1998 me parece
importante dar tres o cuatro cuadros -no sé si dará tiempo a
explicarlos todos- en relación con algunos indicadores que a mí me
parece que son importantes para evaluar qué está pasando en el área
de inspección.

Primer indicador: cómo está evolucionando la gestión recaudatoria en
el área estrictamente de inspección. En 1996 se recaudaron 202.000
millones; en 1997, 208.000 millones y en 1998, 202.000 millones. Hay
un estancamiento. Esto, ¿a qué nos lleva? Rogaría al secretario de
Estado que nos contestara, pero yo diré que nos lleva a una bolsa de
deuda pendiente de recaudar cada vez mayor. Cuando el Gobierno entró
había 893.000 millones pendientes de recaudar. A 1 de enero de 1999
esto ha subido en 476.000 millones; es decir, que en tres años ha
habido un 50 por ciento de incremento en valor absoluto,
prácticamente medio billón de pesetas, de deuda pendiente de
recaudar. Quisiera saber cuáles son las cifras del secretario de
Estado y, en todo caso, creo que éstas son cifras importantes que
deberían estar en su información.

Otro dato importante. Nos llega la información de que se aumentan las
actas de disconformidad, se hacen actas de ilocalizados y que, por
tanto, esto repercute en las anulaciones; tengo datos de anulaciones,
aunque sé que el secretario de Estado puede contestarlos. Hay un
cuadro en el que se analiza la relación entre las liquidaciones, la
deuda liquida de cada año y los ingresos. Les he de decir que, en
1998, de la deuda líquida, que ha estado situada en 473.000 millones,
se han anulado liquidaciones por valor de 119.000 millones; o sea, el
25 por ciento de anulaciones y, en relación a lo que se ha ingresado,
el 58 por ciento. Por decirlo así, hay un estallido de las
anulaciones. No sé qué está anulando; a lo mejor, se está anulando
papel anterior que es malo -cuando digo anterior, quiero decir del
anterior Gobierno- pero me gustaría que el secretario de Estado nos
dijera a qué correspondan estas anulaciones.

Dos últimos datos. El primero, cuál es la evolución de las actas de
conformidad y disconformidad. También según datos del Gobierno, desde
1994 a 1998 la relación siempre ha sido aproximadamente la misma:
actas de conformidad un 45 por ciento y actas en disconformidad un 55
por ciento. Esta es, más o menos, la relación: 45-55, 46-54, 45-55 y
48-52. Insisto en que tengo las referencias de donde está sacada esta
información. En 1998 -ésta sí que no está publicada; yo digo una y le
pido al secretario de Estado que me conteste-, la relación es 38
contra 62; es decir, en 1998 hay un aumento brutal de las actas de
disconformidad, que luego nos llevarán a anulaciones y a no
recaudación.

El último dato o el último cuadro que me parece relevante es en
relación a lo que se contrae en 1998, qué es lo que se cobra y
especialmente qué se está cobrando en vía ejecutiva. No voy a
explicar todo el cuadro, pero, en relación al contraído de 1998, las
actas en disconformidad que se cobran en voluntaria es el 8 por
ciento y en ejecutiva el 0,26. Dicho de otra manera, una persona que
haga un acta de disconformidad y que no quiera pagar tiene una
probabilidad del 0,26 por ciento de pagar, o sea, ninguna. De alguna
manera es lo que antes, desde otra óptica, decía el señor Zabalía.

Quiero acabar diciendo que, desde e punto de vista de deuda
liquidada, esto está claro. Aquí, durante todo el año, se ha
utilizado el delito fiscal como intento de compensar las cifras. Hay
una primera cosa que es curiosa, y es que en el montón de papeles que
nos han entregado no se encuentra en ningún sitio el número de
expedientes de delito fiscal que se han planteado a la justicia en
1998. Esta cifra no



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existe. Existe una cifra a 30 de septiembre, que, si ustedes se
fijan, es el primer año que desaparece el título, porque el título
antes era muy claro, expedientes de delito fiscal; ahora son
actuaciones de colaboración con la justicia, y se dice que en
septiembre son 316. ¿Aquí qué ha ocurrido? Que se están introduciendo
por primera vez propuestas que no son delito fiscal. Si un
determinado juez o el fiscal anticorrupción pide a un perito de la
Agencia tres días para hacer una cosa, eso se contabiliza como
actuación. Esto hay que hacerlo y hay que potenciarlo, estoy de
acuerdo en ello, pero ese no es un dato de delito fiscal; no hay ni
uno.

Por otro lado, el señor Costa -se lo he comentado antes al señor
Martínez-Pujalte y he visto que empezaba a mirar números-, en
octubre, nos entregó un documento que ustedes tiene, el informe
cuatrimestral, donde decía que el delito fiscal era de 98.000
millones. Si ustedes van al informe que se nos entregó en octubre o
al «Diario de Sesiones», podrán comprobar que el señor Costa decía
que, a 31 de agosto, el delito fiscal era de 98.000 millones. Hoy nos
dice que son 105.000. ¿Qué ha pasado? Insisto en que siempre son
datos suyos.

Yo les voy a hacer una afirmación. Los expedientes de delito fiscal
no han aumentado significativamente. Como después de formular muchas
preguntas el Gobierno no me contestaba, decidí, en octubre y
noviembre, dirigirme a los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas para que me dijeran cuáles habían sido las
denuncias, en los último cinco años, de la Agencia Tributaria y,
excepto dos, me han contestado todos los importes. No les voy a
cansar con cifras, pero en Barcelona, a 30 de noviembre, han bajado
de 31 a 23, a lo mejor en diciembre habrán bajado un poco más; en
Madrid, se han incrementado de 61 a 80; en La Rioja sólo hay cinco.

En ninguna de las cargas, en ninguna documentación que tengo, firmada
por los tribunales superiores de justicia, se dice que los
expedientes de delito fiscal hayan aumentado. Y fíjense ustedes que
el Gobierno no nos dice cuántos expedientes ha habido. En cambio, en
delito fiscal, lo que hace es sumar cantidades importantes, y la gran
perla, que es el delito informático. La versión del Gobierno es la
siguiente: hemos hecho una gran operación de delito informático.

Señor Costa, la historia no es la que usted ha explicado. La
investigación del delito informático no se inicia con uste, se inicia
tras una denuncia del Banco de España, en el año 1996, que dirige a
la Agencia Tributaria y a la Fiscalía Anticorrupción, que
posteriormente aparece en prensa (pueden leer la prensa de octubre de
1996), a raíz de un congreso de Apife, en Palma de Mallorca, donde el
fiscal anticorrupción dice públicamente, y está publicado, que hay
delitos informáticos por más de 100.000 millones de pesetas y que en
el inicio de 1998 empieza a aparecer.

Según mis informaciones, que pueden estar equivocadas, la cuestión es
que la Agencia se movió tarde y mal. ¿Qué quiere decir tarde y mal?
Pues quiere decir que posiblemente el responsable máximo de la red
está huido -ya digo que, según mis informaciones, pueden estar
equivocadas- o que prácticamente no se va a cobrar nada. ¿Y por qué
no se va a cobrar nada, aunque en dos o tres delegaciones sí? Porque
en el delito informático, como ustedes saben si simplemente se trata
de la creación de una empresa fantasma, que en dos o tres días
desaparece con testaferros, si
el acta consiste solamente denunciar a esa empresa que ha
desaparecido, eso no se cobra nunca, que es lo que está ocurriendo
con la mayoría de las denuncias que la Agencia tributaria hace; en
algunas no, pero en la mayoría se está haciendo eso y se ha llegado
al extremo de que incluso se le ha devuelto a la Agencia Tributaria
alguna denuncia extra desde los juzgados porque dicen que con esto no
se puede hacer nada. Ylo que debería hacer la Agencia Tributaria es
investigar qué empresas compraron la empresa fantasma, porque
seguramente entre esas empresas están los promotores de la empresa
fantasma, pero una investigación de este tipo es larga. Por lo tanto,
en relación con el delito informático, no explique usted lo que ha
explicado en esos términos, porque no se ajusta a la verdad.

No voy a hablar de lo que ha ocurrido con Arancha Sánchez Vicario,
porque se ha publicado en la prensa. Es decir, se produce un fraude
de 400 millones de pesetas, con una inspección, según los medios de
comunicación, que comprueba clarísimamente que ha estado en España y
el delegado especial de Cataluña, parece ser que en contra del
criterio del inspector, dice que no se ha de denunciar como delito
fiscal porque parece ser que Arancha no tenía voluntad de dolo cuando
hizo esto. Son 400 millones de pesetas.

Además, con respecto al tema del delito fiscal, he preguntado al
Gobierno una cosa que me parecía importante conocer, y es qué cuota
defraudada total se ha descubierto de las sentencias condenatorias,
si se ha pagado o si se ha ido a la cárcel, en definitiva, qué
evaluación hacemos de las sentencias de delito fiscal condenatorias,
y les leo literalmente la respuesta, que ésta también es de Walt
Disney: Del dictado de estas sentencias se deriva el señalamiento de
las cuotas defraudadas y habrá de estarse a la ejecución de dichas
sentencias que corresponden a los propios juzgados y tribunales, que
determinarán con precisión los importes correspondientes a aquellas
cuotas. Adicionalmente, los aludidos tribunales son los encargados de
tramitar la recaudación exigible en base a su sentencia. O sea, que a
la Agencia no le importa nada saber de las sentencias condenatorias,
qué se cobra, qué cantidades, qué contribuyentes son defraudadores o
incluso quién cumple sentencia de cárcel. No hay respuesta, no se
sabe.

Por lo tanto, señor Costa, en cuanto a esta primera cuestión, y en
cinco minutos acabo con la segunda, creo que las peores previsiones
que se podían hacer de 1998 se han producido, que ustedes no las
pueden esconder en parte, pero son más graves de lo que han dicho,
las justificaciones que intentan buscar no las pueden demostrar e
insisto, simplemente en relación con lo de 1996 y sus palabras e
informes de junio de 1998, estamos asistiendo a una disminución de
deuda liquidada de 150.000 millones de pesetas.

Con respecto al segundo tema, el plan de objetivos lo desarrollo de
forma muy rápida. Es curioso que haya no sé cuántas páginas diciendo
por qué no se puede poner ningún tipo de indicador cuantitativo y
que, finalmente, en la página 19, cuando explica por qué no, se diga
que el único objetivo sea detecta fraudes tributarios. Esto es,
después de dos años de elaborar el plan de objetivos, del único
objetivo del que se nos habla es del de detectar el fraude
tributario. ¿De qué va a depender eso? Esto es inaceptable; yo estoy
absolutamente de acuerdo, se lo he dicho repetidas veces, con que no
se puede simplemente evaluar la lucha contra el



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fraude fiscal desde el punto de vista cuantativo, pero que ustedes
digan ahora para no tener control que no hay ningún tipo de objetivo
y que el único es detectar los fraudes tributarios, hasta ahí
podríamos llegar, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, usted no va a
tener que comparecer aquí a partir de ahora si se aprueba esto y no
va a tener que hacerlo porque no hay ningún objetivo concreto.

El segundo objetivo que está en el citado plan de objetivos y que
usted ha comentado me parece tan o mas grave. ¿Cuál es el segundo? Es
una legitimación puesta en el papel de lo que ustedes están haciendo
hoy en buena parte. Si ustedes recuerda, que seguro que sí, la
explicación que el señor Costa ha dado en relación con el tema del
control del fraude, el 90, el 95 o el cien por cien de tiempo ha
hecho referencia a los indicadores de mejora de la asistencia al
contribuyente para facilitarle su declaración o sus obligaciones
tributarias. En esto estoy totalmente de acuerdo. Pero intentar
inferir que si se hace eso el gran defraudador o las redes de
defraudación van a declarar, lo digo muy cariñosamente y con una
palabra muy floja, es una ingenuidad. ¿Es que alguien cree que los
grandes defraudadores, porque les pongan mayores facilidades, van a
dejar de defraudar? Evidentemente, hay que mejorar la asistencia a
los contribuyentes, pero ese no es el problema central de la lucha
contra el fraude. Sobre eso no hay nada en el plan de objetivos. Por
lo tanto, este segundo aspecto es inaceptable.

Acabo, señor presidente y señor Costa, con una pequeña reflexión en
relación con los conflictos internos y con una propuesta. Me adhiero
a las peticiones de todos los grupos de que es necesario que el tema
de los conflictos internos se solucione por la Agencia, pero sí
quisiera tener una respuesta también sobre el tema del plus de
productividad de final de año, que no se pagó a 324 personas. Sé que
desde algunos sindicatos, como Comisiones Obreras, se ha solicitado
la lista y las razones por las cuales no se pagó. Según me dicen -no
lo sé y por eso se lo pregunto- se había hecho con criterios de
exclusión de las personas que habían adoptado un papel reivindicativo
e incluso había una instrucción interna en la que se decía no lo que
se ha de hacer con el plus de productividad, que es premiar por cosas
positivas, sino que se diera a todo el mundo, excepto a los que el
jefe decida. Quisiera que contestara si ha funcionado esto, y si no,
que nos hiciera llegar la lista.

Hay otra cuestión que me parece importante, y es si sabe si se están
presentando recursos en contra de actas y si el motivo central de
recurso es que los subinspectores han ultimado actas y no las pueden
ultimar. Si esto fuera así, la situación podría ser grave.

Quiero acabar, señor Costa, diciéndole algo de entrada: estoy
convencido de que la credibilidad de la Agencia Tributaria, a pesar
de sus intentos y de los de la Agencia de decir que va bien, está por
los suelos.

En estos momentos hay dos caminos. Uno es seguir con esta
escenografía cuatrimestral, que nos lleva a que usted o sus
subordinados -no sé quien simula los número- siguen simulando los
números, intentan decir que ahora es de noche cuando es de día, lo
cual nos lleva a solicitar una comisión de investigación, que
evidentemente no prosperará. Ese es un camino. Hay otro, que sería el
siguiente: en la medida en que este plan de objetivos para mí es
alarmante,
es más grave el plan de objetivos que lo que ha pasado, ¿usted o
el Gobierno está dispuesto a consensuar el plan de objetivos, el
funcionamiento de la Agencia y los indicadores de control
parlamentario? ¿Es posible, en un plazo de tres o cuatro meses,
ponernos de acuerdo sobre cómo van a funcionar en el futuro? ¿Es
posible, en tres meses, que el Gobierno adquiera el compromiso de
consensuar con todas las formaciones políticas, en el ámbito
parlamentario, en alguna subcomisión o ponencia, tres cosas
fundamentales? Una es el plan objetivos. Coincido con usted en que en
el plan de objetivos no se pueden decir los sectores a los que la
Agencia va a inspeccionar. Los de futuro no, pero los de pasado sí
que los deberíamos saber. Sería necesario que hoy nos dijera sobre
qué sectores se ha actuado. No le pido que me diga qué va a
inspeccionar porque, como muy bien ha dicho, eso sería descubrir el
trabajo de la Agencia.

En resumen, las propuestas serían: Primero, ¿están dispuestos
a consensuar qué elementos importantes debería contener un plan de
objetivos? Segundo, ¿cuáles serían los elementos importantes de
control parlamentario? Tercero, ¿cuáles serían las bases del nuevo
modelo de la Agencia Tributaria? Apesar de todo lo que he dicho, no
me preocupan ni usted ni el Gobierno; lo que me preocupa es que por
este camino, en un año y medio de legislatura, van a llevar al
desastre no a la Agencia ni al Gobierno, sino a una institución clave
en este país.

Respecto a los números del pasado, cada uno tiene los que tiene les
hago la propuesta de llegar a un acuerdo de futuro en base a estas
tres cosas, con un tiempo limitado de tres o cuatro meses y con una
participación activa de todo el mundo. En estos momentos no sé si es
lo mejor para la oposición, pero posiblemente lo sea para ustedes.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor secretario de Estado, le
agradecemos su comparecencia hoy aquí. Es una comparecencia novedosa
porque es la primera vez que tenemos ocasión en esta Cámara de
conocer y debatir los objetivos de la Agencia. Podríamos también
conocer las propuestas de otros grupos, que la verdad sea dicha no
han sido efectuadas. Me hubiera gustado muchísimo que el señor Saura
también hubiera manifestado cómo enfocaría los objetivos y de qué
manera y no sólo hubiera dicho que le parecen muy mal. (El señor
Saura Laporta: No está en el orden del día.)
Me parece también que es bueno debatir modelos. No tiene ningún
sentido la estrategia de algún grupo que a lo largo de todo el año
1998 han dado una batalla -y la han perdido, por cierto- en torno a
lo que debe ser la reforma fiscal, en torno a que deben bajar los
impuestos y que ahora vienen aquí a debatir cuatro números, dicen que
no son ciertos y no dan números alternativos; dicen simplemente que
no son ciertos. Y ahora me referiré a los números que ha dado la
señora Mendizábal que, desde luego, son manifestación clara de esa
falta de rigor. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Los números son del
señor Rato y del señor Costa, no son míos.) Señora Mendizábal, voy a
empezar por estos datos, por los datos que el Grupo Socialistaha dado
a la prensa. Hay tres cuadros: los datos a septiembre



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de 1998, que son realmente a 31 de agosto, los datos a 30 de
noviembre y los datos a 31 de diciembre, y en los dos primeros
cuadros incluyen inspección y aduanas. (La señora Mendizábal
Gorostiaga: No lo dice) No lo dirá usted. Señora diputada, yo no le
he interrumpido. En el cuadro, y se explica en la página número 4 del
informe de agosto, se dan los datos de inspección y de aduanas. Este
cuadro estaría bien si se hubiera comparado con el cuadro que figura
en la página 67 del informe y no con el cuadro que figura en la
página 42.

Querer sembrar dudas sobre los datos con esa falta de rigor, puede
hacernos caer en una irresponsabilidad, pero cada grupo decide lo que
debe hacer. Yo he estado oyendo las intervenciones de todos los
grupos esta mañana y creo que es bueno saber en qué entorno estamos
hablando. En el año 1998, en este país se ha producido una reforma
fiscal, que es lo que de verdad importa a los ciudadanos, de unas
características como nunca se habían conocido. Ha entrado en vigor el
nuevo marco fiscal para las pymes, ha entrado en vigor el 19 de marzo
el Estatuto del Contribuyente, la Ley de derechos y garantías del
contribuyente, ha entrado en vigor el 1 de enero el nuevo IRPF, se ha
dado un paso en una reforma fiscal en una dirección que nos va a
permitir contar con un instrumento extraordinario para crecer y crear
empleo. Además, los ciudadanos y las ciudadanas en junio de 1998 lo
expresaron y así queda constancia en la encuesta del CIS están
satisfechos o muy satisfechos con la actuación de la Agencia en su
conjunto, y la actuación de la Agencia es mucho más amplia que la de
un solo departamento; la actuación de la Agencia es recaudación, es
gestión, es ayuda al contribuyente, es control, es inspección, por
supuesto, es un marco muy amplio y los ciudadanos han dicho que están
muy satisfechos.

Efectivamente, las reformas, cuando son profundas, exigen una Agencia
Tributaria que se adapte a ellas. Tenemos que hacer un esfuerzo para
adaptar la Agencia Tributaria a las reformas, y ese esfuerzo se está
haciendo desde hace tiempo. Yo creo, y es justo reconocerlo aquí, mi
grupo siempre lo ha reconocido, que tenemos una Administración
tributaria eficaz. Además, hace poco aparecía en un artículo de una
revista especializada que la Administración tributaria española,
aparte de eficaz, es barata en relación a las administraciones
tributarias del resto de los países de la Unión Europea.

Necesitamos, si, adecuar la Agencia Tributaria a las reformas que se
han emprendido, y 1999 tiene que ser un paso adelante.

El secretario de Estado trajo aquí un plan de modernización de la
Agencia que pudimos debatir. Hoy hemos conocido por primera vez unos
objetivos para 1999 y necesitamos seguir avanzando en una línea que
haga que tengamos una Agencia Tributaria eficaz y eficiente, una
Agencia Tributaria que nos ayude en la lucha contra el fraude.

Señalaba la portavoz socialista que la oposición decía cuál era el
dato de fraude en la época del Gobierno socialista. No lo decía la
oposición, entonces el Grupo Popular; lo decía el director de
Estudios Fiscales, que era un cargo socialista, en la Universidad
Menéndez Pelayo en 1994 y lo estimaba en el 5,5 por ciento del
producto interior bruto, lo que entonces suponía una cifra cercana a
tres billones de pesetas.

Ésa era la situación de partida del Gobierno cuando nosotros
llegamos, y no es un dato del Grupo Popular sino que lo daba un cargo
socialista. Ése era el dato de partida que, desde luego, se ha
mejorado. Con el Gobierno del Partido Popular, si nos atenemos al
crecimiento de la recaudación y se compara con el crecimiento
económico, evidentemente se ha mejorado la lucha contra el fraude. La
elasticidad de la recaudación en relación al crecimiento está siendo
muy positiva.

Sin embargo, en mi exposición quiero señalar tres puntos. El primero
hacer referencia a la recaudación. Creo que es un dato que algunos
portavoces han obviado, pero que refleja la eficacia con la que se
está trabajando. La mejora de la elasticidad del sistema tributario
en su conjunto refleja que en los últimos años se está produciendo un
mayor cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Se
puede hablar de cualquier impuesto. Aquí se ha hablado del IRPF y por
algún se ha dicho que la recaudación ha caído en 500.000 millones,
pero no se tiene en cuenta que ahora el 15 por ciento de ese impuesto
es de las comunidades autónomas. Me parece tendencioso hablar en esos
términos, porque se ha cedido el 15 por ciento a las comunidades
autónomas. Tampoco se tiene en cuenta la mejor gestión en las
devoluciones, y me parece que así es difícil comparar.

Efectivamente, yo no voy a abogar por el IRPF que convenía modificar,
y mi grupo lo ha hecho buscando un nuevo impuesto muchísimo más
elástico y que se adapte mejor a la economía y sea más eficiente.

Se ha hablado del IVAy algún portavoz ha dicho que el IVA no ha
mejorado. En la página 15 del informe se habla de que, en términos
brutos, el IVAha mejorado el 13,4 por ciento, es decir, tiene un
mejor comportamiento el crecimiento del IVA que el crecimiento del
consumo, lo cual también pone de manifiesto que se está luchando para
facilitar eficazmente las gestiones contra el fraude.

Contra el fraude se lucha con inspecciones, eso es evidente, pero se
lucha también con medidas preventivas y con marcos legislativos
adecuados. En la Ley de acompañamiento para 1997, cuando hablábamos
del marco fiscal de las PYME, dimos un nuevo tratamiento al
IVAsimplificando y eso está produciendo que se haya cerrado una
brecha en la lucha contra el fraude. Ayer la opinión pública que se
había logrado detener una red de fraude en relación con el comercio
de bebidas espirituosas, de bebidas alcohólicas. En 1998, hace pocos
meses, en la Ley de acompañamiento, a iniciativa conjunta del CIU y
del Partido Popular, aprobábamos una modificación legislativa que
permitía una mejor lucha contra el fraude, porque decíamos que no se
pusiera el precinto a este tipo de bebidas cuando se vendían sin IVA
a un operador intracomunitario. Es una cosa sin importancia, pero ha
permitido luchar contra una red de fraude. Pues esa medida no fue
votada por alguno de los portavoces que hoy nos reclaman una mejor
lucha contra el fraude. Contra el fraude se lucha con inspecciones,
pero se lucha también con marcos legislativos adecuados, y siempre
hemos manifestado que nuestro grupo está dispuesto a llegar a
cualquier tipo de acuerdo para mejorar el marco legislativo en la
lucha contra el fraude.

En segundo lugar, me gustaría hacer referencia al área de gestión y
de ayuda al contribuyente. No podemos pasar



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por alto el gran esfuerzo que están haciendo 28.000 funcionarios, de
apoyo, gestión y ayuda al contribuyente. Se está mejorando cada vez
más facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus
obligaciones tributarias. Eso está dando buenos frutos y creo que es
justo reconocer hoy, en la comparecencia del señor secretario de
Estado, que los contribuyentes lo valoran muy positivamente y nos
piden que sigamos haciendo esfuerzos. Nos están pidiendo que sigamos
con ese tipo de acciones en favor del cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias, en favor de facilitar a los contribuyentes
su relación con la Agencia Tributaria. Creo que se está haciendo un
gran esfuerzo y es justo reconocérselo al presidente de la Agencia
y a todos los funcionarios que están trabajando en ello. El
acortamiento del período de devoluciones del IRPF de 117 a 67 días
ayuda sustancialmente a mejorar el bienestar de muchos ciudadanos;
pasar de 240 a 107 en el impuesto sobre sociedades facilita que las
empresas puedan ser más competitivas. Creo que es justo reconocer ese
esfuerzo.

Respecto a los datos de inspección, me gustaría hacer un breve
comentario. Esta mañana estamos oyendo hablar continuamente de deuda
liquidada. Efectivamente, la deuda liquidada de 1998 en relación a
1997 ha sufrido una disminución, como no podía ser de otra manera.

Los que estuvimos presentes en la Comisión de los 200.000 millones
conocemos perfectísimamente que no se estaba cumpliendo el plazo de
seis meses entre la firma de un acta en disconformidad y la
liquidación de esa acta y que se estaban produciendo stocks
importantes de actas sin liquidar, actas en disconformidad que
pasaban más de seis meses, en algunos casos más de tres años, en las
oficinas técnicas pendientes de liquidar. Eso lo conocemos
perfectísimamente. Cuando el problema salió a la luz, la Agencia
Tributaria tuvo que realizar un especial esfuerzo para ajustarse al
plazo de seis meses, plazo mucho más exigente cuando ha entrado en
vigor el nuevo estatuto que impone que todo el período de inspección
tiene que ser de un año; ese esfuerzo especial lleva a que en años
anteriores se liquidaran deudas que había en stock y que en 1998 no
haya esa deuda en stock de años anteriores. Por tanto, la relación
entre deuda instruida y deuda liquidada tiene que ser más normal,
como en años anteriores. Al hablar de deuda liquidada, cada uno puede
opinar lo que quiera y sobre creeencias no haya nada escrito, pero me
parece que es justo decir que se está haciendo un esfuerzo. Este año,
a pesar de entrar en vigor el nuevo estatuto del contribuyente y a
pesar de tener un nuevo marco fiscal para las pymes, los datos de
control o de inspección están siendo relativamente buenos.

Mi grupo entiende que los objetivos que se han planteado son
correctos y que pueden hacer mejorar el funcionamiento de la Agencia
en su aspecto previsor del fraude, en el aspecto de mejorar la
recaudación y también en lo que es control. Desde mi grupo creemos y
estamos dispuestos a debatir con el resto cómo se deben concretar más
esos objetivos, cómo se deben plantear las próximas comparecencias
cuatrimestrales o con qué datos, pero desde luego lo que creo que no
es de recibo -por lo menos ésa es mi opinión- es que desde algunos
grupos una vez se usen unos datos y otra vez otros o que se saquen
cuadros que luego no se corresponden con la realidad y que además se
distribuyan entre la prensa, queriendo ensombrecer una gestión,
que uno puede valorar mejor o puede valorar peor, porque para eso
estamos los grupos políticos, cada uno hace la valoración que quiere.

Resultado de control: un billón. Uno puede decir que le gustaría que
hubieran sido dos billones o 17 billones. Cada uno es libre para
decir lo que quiera y expresarlo en el Parlamento, pero me parece que
lo que no se puede hacer es confundir a la opinión pública. Hoy, en
esta comparecencia, hemos avanzado en un tema muy importante y es que
ningún portavoz ha dicho que los datos que figuran en el informe
cuatrimestral -informe hecho por el servicio de auditoría interna- no
son verdad. Nadie ha dicho que los datos que figuran en este informe
no son verdad. Con eso, la comparecencia ya sería positiva; hemos
avanzado de manera importante.

No quiero acabar, señorías, sin hacer una referencia a lo que aquí
esta mañana se ha llamado conflicto de los subinspectores. Conozco
bien ese conflicto. Aquí se ha hablado de las reivindicaciones de los
subinspectores y de la carta que hemos recibido. Creo -por lo menos
quiero creer- que las reivindicaciones laborales de los técnicos de
gestión, rama subinspección, no tiene nada que ver con las denuncias,
con la carta o con los datos expuestos que hemos conocido a través de
este escrito. Poner en peligro -y lo digo con toda rotundidad- la
imagen de una Administración tributaria, una imagen que debe ser un
estímulo para que los ciudadanos o ciudadanas cumplan sus
obligaciones tributarias, poner en peligro la imagen de la Agencia
para obtener reivindicaciones laborales me parece peligrosísimo, y me
gustaría que constara en el «Diario de Sesiones». Creo que la
asociación de inspectores o cualquier otra asociación de la
Administración pública tiene el derecho de reivindicar una mejora en
su situación laboral o en su situación salarial, pero usar este tipo
de escritos para mejorar su reivindicación o mejorar su posición en
la negociación salarial o laboral me parece peligrosísimo. Además, me
parece que los grupos políticos tendrían que hacer una reflexión, si
se deben usar los argumentos que empleo esa asociación para hacer
oposición o si debemos estar todos a una para defender la imagen de
la Agencia, porque aquí la única propuesta que han expuesto algunos
grupos políticos para solucionar el conflicto de los subinspectores
es una enmienda presentada por el señor Saura -no estaba él el día de
la votación-, que proponía que todos los subinspectores técnicos B
pasaran a ser técnicos A; enmienda que fue votada por el Grupo
Socialista, como es conocido y figura en el «diario de Sesiones»;
enmienda que abre una brecha enorme en la Administración pública,
porque ¿por qué los subinspectores tiene que pasar de grupo B a grupo
A y no los técnicos agrícolas o el resto de cuerpos funcionariales,
incluso que la propia Agencia, como los de gestión o los de
recaudación? ¿Por qué ésos no tiene que pasar de grupo B a grupo A?
Nosotros presentamos una enmienda que fue votada favorablemente en el
Pleno -sin votos en contra, por cierto- por los grupos que apoyaban
al Gobierno, en la que decíamos que se debía intentar que los
funcionarios o funcionarias que realizaran una actuación inspectora
en su totalidad fueran los que la ultimaran. Creo que eso se debe
desarrollar por parte de la Agencia. Hablábamos también de que se
elaborara el estatuto orgánico de la Agencia en un plazo de seis
meses, y esperamos conocerlo en el Parlamento.




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Se hablaba de la creación de un nuevo cuerpo y decíamos que
disponíamos de seis meses para mandar un proyecto de ley al
Parlamento, lo que creemos que es una buena línea de actuación para
dar solución a ese conflicto.

Mi grupo quiere dejar bien claro que no es buen camino estimular a
ninguna asociación de subinspectores o de cualquier otro grupo de la
Administración con promesas que uno no haría responsablemente si
estuviera en el Gobierno para usarlo en contra del Gobierno. No es
bueno hacer promesas que uno sabe que si estuviera en el Gobierno no
hubiera cumplido, y los que han estado en el Gobierno saben que no
las cumplieron. Creo, y en eso me uno a lo que ha dicho el señor
Zabalía, que convendría separar de este asunto del cuerpo de
subinspectores lo que son reivindicaciones laborales, que tienen que
ir en la línea en la que ya se está trabajando -por una parte dar
cumplimiento a la ley que aprobamos en el Parlamento y, por otra, dar
cumplimiento al acuerdo sindical-, de lo que son denuncias, entre
comillas -porque no llegan a ser denuncias-, para mejorar su
posición. Creo que es una irresponsabilidad que en este Parlamento
tenemos que cortar y mi grupo así quiere hacerlo. Mi grupo ha
atendido a la asociación de subinspectores, nos hemos sentado con
ellos, con ellos elaboramos aquellas enmienda, con ellos intentamos
llegar a un acuerdo para mejorar su situación laboral, pero creemos
que es una irresponsabilidad que cada vez que hay una comparecencia y
cada vez que hay una intervención del ministro de Economía o del
secretario de Estado de Hacienda se intente lanzar mensajes de mal
funcionamiento de la institución para ver si así mejoran su posición
ante la negación.

Señorías, quiero concluir diciendo que en 1998, y esto es lo que de
verdad interesa a los ciudadanos, se ha hecho un esfuerzo enorme por
mejorar el marco fiscal que tenemos en España. Lo que interesa a los
ciudadanos es saber que 1998 ha supuesto una revolución en el sistema
tributario español, un nuevo IRPF, una Ley de derechos y garantías
del contribuyente y que eso está ayudando a mejorar el bienestar de
los ciudadanos, eso está ayudando a crecer y a crear empleo y eso es
lo que interesa. Creo que querer ensombrecer eso sin aportar
argumentos sólidos lo que hace es reabrir un debate por una puerta
falsa cuando se ha perdido el debate serio que es el del marco fiscal
que debemos tener en España.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y a las
exposiciones realizadas por los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios, tiene la palabra por último, don Juan Costa.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muchas
gracias a SS.SS. por las intervenciones que han realizado y por las
cuestiones que me han planteado. Voy a intentar, en la medida de lo
posible, contestarles con el mayor detalle y con la mayor concreción.




En primer lugar, quisiera hacer algunas consideraciones de carácter
general. Creo que no es un camino adecuado intentar cuestionar los
resultados de la Administración tributaria utilizando datos que
resultan de aplicaciones informáticas o que no tienen justificación,
sobre todo cuando se
hace única y exclusivamente por interés o por motivos de crítica
política. Me parece extraordinariamente grave esa utilización de
datos.

Yo podría, por ejemplo, analizar los datos de las memorias de la
Agencia Tributaria de los años 1993 y 1994, que son memorias que
elaboró la anterior Administración en la que yo no tuve ninguna
participación, y compararlos con los datos que figuran en las
aplicaciones informáticas para medir los resultados de la inspección,
y podría decir que está manipulado el dato de la deuda instruida del
año 1993, donde aparecen 403.663 millones, y sin embargo en las
aplicaciones informáticas aparecen 369.569 millones. Lo mismo podría
hacer con relación al año 1994, donde hay una diferencia entre los
datos estadísticos de la inspección y los datos que figuran en las
aplicaciones informáticas de 100.000 millones de pesetas.

Lo que me gustaría dejar claro a SS.SS. es que no se pueden medir
datos del trabajo estadístico que realizan unos departamentos con
aplicaciones informáticas que tienen como objetivo medir la gestión
de una organización. No se pueden utilizar datos que tienen como
objetivo medir gestión recaudatorio con datos que tienen como
objetivo medir la contabilidad presupuestaria en términos de
contabilidad nacional. Eso es así, nos puede gustar o no, se puede
cuestionar o no, podremos estar de acuerdo o no con los objetivos que
persigue cada una de las aplicaciones informáticas, pero lo que no se
puede hacer es utilizar distintas fuentes para cuestionar unos datos
e intentar minar la credibilidad de una institución como la Agencia
Tributaria.

De la misma manera tampoco se pueden evaluar los resultados de lucha
contra el fraude sin tener en cuenta todos los factores que
contribuyen a la consecución de unos objetivos o a la consecución de
esos resultados. En varias de las intervenciones de los portavoces de
los grupos parlamentarios se ha hecho referencia a que la deuda
liquidada en el año 1998 ha caído de manera escandalosa Esa es una
manifestación que no se adecua para nada a la realidad. Además
ustedes lo saben, ustedes son conscientes de eso. En el año 1996 y
1997 se liquidaron 100.000 millones de pesetas más de lo que
instruyó. Eso es única y exclusivamente como consecuencia de que esos
ejercicios se liquidaron actos que provenían de ejercicios
anteriores. Es una realidad. Saben muy bien que la deuda liquidada,
con carácter general, nunca puede exceder a la deuda instruida, y si
en 1996 y 1997 en conjunto se liquidaron actas por importe de más de
100.000 millones de pesetas por encima del importe de las actas
instruidas es porque se liquidaron deudas de ejercicios anteriores en
esos años. Por tanto, no pueden hacer una comparación del dato de la
deuda liquidada del año 1997 con el dato de la deuda liquidada del
año 1998 y saben que eso es así. Esa comparación, consecuentemente,
no puede utilizarse para medir el esfuerzo hecho por la organización
en el año 1998, ni aun cuando se fijaron internamente los objetivos
de la Agencia Tributaria en materia de control en 1998. Siempre han
sido fijados internamente por la organización y es muy importante el
paso que se da en este periodo de sesiones al fijar y presentar en el
Parlamento unos objetivos, que son la fase previa a la elaboración de
lo que puede ser un plan de control de actuaciones en concreto.




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Respecto a los objetivos de la Agencia, en el año 1998, estrictamente
del departamento de Inspección, están fijados en materia de deuda
liquidada en unos 443.000 millones de pesetas y en materia de otras
actuaciones en 80.000 millones de pesetas. Esa es la cifra que de
alguna manera se debe corresponder, aunque lo voy a comprobar señor
Saura, con el dato de objetivo específico de la inspección financiera
y tributaria, la deuda liquidada más otras actuaciones, que totalizan
más de 600.000 millones de pesetas. El objetivo que se fijó la
organización, y ustedes lo saben porque han tenido acceso a esas
aplicaciones informáticas, se calculó teniendo en cuenta
fundamentalmente tres factores. En primer lugar, se hizo un plan
especial de actuaciones en el año 1997 que contribuyó a reducir los
stocks de deuda pendiente de liquidar de ejercicios anteriores. En
segundo lugar, se tuvo también en cuenta el hecho de que el estatuto
del contribuyente iba a introducir una decalaje en la liquidación de
los expedientes sancionadores y fundamentalmente se tuvo en cuenta el
esfuerzo en liquidaciones realizado a lo largo de todo el año. Eso
impedía e impide en 1998 obtener unos resultados de deuda liquidada
significativamente superiores a los que se han conseguido en el año
1998. Se lo puedo demostrar si ustedes quieren comprender cuál es la
realidad de las cosas y cómo se fijan los objetivos.

Antes les he dado datos del trabajo realizado por la inspección en
1998 en materia de deuda instruida, que es la única que obviamente se
puede liquidar; es decir, si no hay deuda instruida pendiente de
liquidar, no se puede liquidar deuda instruida. Es lo mismo que el
ejemplo de un buen estudiante y un mal estudiante. Si usted está
haciendo cuarto de carrera, tiene diez asignaturas y cinco pendientes
de tercero, puede sacar quince en cuarto de carrera. Cuando pase a
quinto, si únicamente tiene diez asignaturas en el programa de
estudios, sólo podrá sacar diez asignaturas, y usted no puede decir
que es mal estudiante ese alumno en el año 1998 por el mero hecho de
no poder sacar cinco asignaturas que sacó en el ejercicio anterior.

Según los datos de la inspección del año 1998, el fraude instruido,
la cuota descubiertya en actas de inspección, dejando de lado
intereses de demora que en parte obedecen a los tipos de interés
fijados en cada ejercicio y dejando de lado las sanciones, una parte
de las cuales se encuentra en tramitación, es de 276.283 millones;
esa es la cuota, el fraude descubierto. En el año 1997, que fue un
año muy bueno -y yo fui responsable de la Agencia Tributaria en el
año 1997-, fue de 279.084 millones de pesetas. Es decir, se han hecho
2.700 millones de pesetas menos de deuda instruida, en fraude
decubierto o en cuota tributaria descubierta en el año 1998 que en el
año 1997. Yo no creo que eso pueda poner de manifiesto una caída
escandalosa de los resultados de la inspección. ¿Que hemos tenido
problemas en el año 1998? Por supuesto que los hemos tenido. ¿Que se
ha planteado un conflicto, desde el punto de vista laboral, con un
colectivo que es muy importante para el trabajo de la Administración
tributaria? Por supuesto. ¿Que eso ha exigido que otras unidades
hagan un esfuerzo adicional? Pues sí. Esa es la consecuencia de los
resultados del año donde el fraude descubierto en actas de inspección
en sentido estricto es el mismo que el que se descubrió en el año
1997 y muy superior al de 1996, muy superior al del 1995 y muy superior
al de 1994. Esa es la realidad de lo que son los datos del
funcionamiento de la inspección en el año 1998. No hay otra.

Las otras cuestiones que ustedes me han planteado desde el punto de
vista de información obedecen de nuevo a tener en cuenta factores,
criterios o fuentes de datos de información que no son las que
habitualmente se manejan o no son las que se utilizan desde un punto
de vista homogéneo. Yo voy a intentar, en contestación a las
cuestiones que me han planteado, explicarles cuáles son las
diferencias que se pueden producir. Creo que un avance importante del
documento con respecto al último trimestre es que figuran además las
aplicaciones estadísticas desde el punto de vista informático sobre
la base de las cuales se ha utilizado la información, para que
ustedes puedan conciliarlo y ver que los datos son el resultado de
unas bases de datos o de unas aplicaciones informáticas elaboradas
por la Agencia, que lo son por motivos de gestión y que por ello
tienen que adecuarse o modularse para incorporar todos aquellos
factores que de verdad reconocen el trabajo hecho por la
Administración en un determinado ejercicio. Sería lo mismo que si yo
en la presentación de los datos no tuviera en cuenta que en el año
1997 no se grababan en las aplicaciones informáticas determinados
trabajos hechos por la Oficina Nacional de Inspección, de minoración
de devoluciones o de lucha contra el fraude, y no los reconociera en
la rendición de cuentas porque no estaban grabados en las
aplicaciones informáticas en el año 1997. No me parece que el hecho
de que una herramienta informática no esté bien diseñada o no se haya
diseñado todavía para reconocer un esfuerzo o reconocer un trabajo
tenga que cuestionar la realidad de unos datos o la realidad de ese
trabajo desarrollado.




En cualquier caso, voy a intentar contestarles a las preguntas que
ustedes me han planteado. La señora Mendizábal hacía referencia,
entre otras cuestiones, a la recaudación y ha dicho que el impuesto
sobre la renta ha caído en 500.000 millones de pesetas. Ha utilizado
algunos calificativos, como que si puede se tendenciosa alguna
presentación o no. Yo creo que ésta sí que puede ser una presentación
tendenciosa. Estoy seguro de que no lo ha hecho deliberadamente, pero
no es cierto que el impuesto sobre la renta haya caído 500.000
millones de pesetas con relación al año anterior. Que en términos de
contabilidad presupuestaria no se cumputen los 600.000 millones de
pesetas que reciben las comunidades autónomas, pero que se recaudan,
no puede llevarle a usted a afirmar que la recaudación del impuesto
sobre la renta ha caído 500.000 millones de pesetas. Si usted me pide
una explicación sobre la diferencia entre la recaudación
presupuestaria, la real al cierre del año, y la que figuraba en
presupuestos, donde hay una diferencia de 300.000 millones de
pesetas, yo se la doy. Si usted analiza en el documento, por ejemplo,
la parte de evolución del impuesto sobre la renta, donde se detalla
la evolución de la cuota diferencial -la cuota diferencial es lo que
recoge las declaraciones positivas minorado en todas las
declaraciones con derecho a devolución que se han gestionado-, verá
cómo hay una diferencia de más de 100.000 millones de pesetas entre
la de un ejercicio y otro. ¿Que se ha modificado el programa de
devoluciones a lo largo delaño? ¿Que se han hecho más devoluciones en
importe y en



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número de las que estaban previstas en el programa presupuestario?
Sí. Esa es una realidad. Se han hecho más devoluciones en número y en
importe de las que estaban previstas en el programa presupuestario.

Eso es lo que justifica una parte de la caída de la recaudación con
relación al presupuesto. ¿Que hay otros factores? Por supuesto que
sí: la caída de los tipos de interés, que hace que la recaudación del
capital mobiliario sea más baja. ¿Y que hay algunos otros factores?
También es cierto. En cualquier caso, yo le diría a usted que nunca
me he vanagloriado por el buen comportamiento del actual impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Siempre he considerado que
había que modificarlo, y esa es una razón por la que el Gobierno
decidió presentar un proyecto de ley de reforma del impuesto.

Le parecen a usted tendenciosos los titulares de los comunicados de
información del Ministerio de Economía y Hacienda. Yo estoy de
acuerdo en que su grupo tiene que efectuar una completa y rigurosa
labor de control, pero que además quiera censurar los comunicados
informativos o los comunicados de prensa, me parece un poco excesivo.

Se lo digo con todos los respetos. En cualquier caso, cualquier
sugerencia que me quiera hacer sobre el texto de los comunicados de
prensa la tomaré en consideración, y a lo mejor soy capaz de mejorar
de alguna manera también el texto de esos comunicados. En cualquier
caso, se la tomará en consideración.

Dice que se ha inflado la deuda instruida con 26.000 millones de
sanciones en tramitación. El estatuto del contribuyente obliga a
liquidar las sancione, tanto de actas en conformidad como de actas en
disconformidad, a través de un expediente sancionador separado. Eso
introduce un decalaje en al tramitación de las sanciones, e introduce
ese decalaje porque, en puridad, o como regla general, hay que
instruir y liquidar las sanciones cuando ya está hecha la propuesta
de fraude descubierto. Esta es una realidad y está introducido para
reforzar las garantías del contribuyente. Dice que está inflada esa
estimación. Pues bien, el dato real de sanciones instruidas en el año
1997, con una cuota tributaria descubierta similar a la de 1998, es
de 103.910 millones. El dato de sanciones que se ha utilizado en la
información remitida al Parlamento es de 11.000 millones de pesetas
menos. Con la misma cuota de fraude descubierto, 11.000 millones de
pesetas menos, a pesar de incorporar 26.000 millones de pesetas en
sanciones en tramitación. ¿Usted cree que esto no hay que tenerlo en
cuenta para hacer una comparación homogénea? Yo creo que sí; es
decir, no es homogénea la comparación del dato 1994 con el del año
1995, porque en el año 1994 las sanciones eran más altas, ya que la
Ley General Tributaria establecía unas sanciones más altas. Si usted
me compara el dato de deuda instruida del año 1994, cuando tenían
ustedes responsabilidades de gobierno, que era de 480.000 millones, y
el dato del año 1995, cuando también tenían responsabilidades de
gobierno, resulta que el dato era menor. ¿Es porque había tenido una
pero gestión? No he dicho eso. Es porque las sanciones estaban más
altas porque se aplicaban una normativa anterior. Ése es un factor
que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una comparación,
porque si no no se están haciendo comparaciones homogéneas y se están
utilizando criterios que no se corresponden con la realidad.

Datos parciales y cifras de delito fiscal. En delito fiscal este año
se ha hecho algo que no se había hecho nunca. A mí me gustaría, de
verdad, que valoraran esto, creo que ha sido un avance muy importante
en la manera de actuar de la Agencia Tributaria. Antes las
actuaciones y los expedientes que acababan en delito fiscal y en
tribunales eran actuaciones que normalmente resultaban de un
contribuyente que se cargaba en el plan de inspección, se hacía una
actuación de comprobación tradicional, se acudía a las oficinas del
contribuyente, se verificaba su situación desde el punto de vista
tributario, un contribuyente físico, que existía, y finalmente el
actuario decidía si proponía, en función del importe de las
cantidades defraudadas o en función de los elementos concurrentes,
reimitirlo a delito fiscal y remitir el expediente, previa firma del
delegado de la Agencia Tributaria, a los órganos jurisdiccionales.

Este año se ha hecho algo distinto y ha supuesto un cambio
espectacular en la mentalidad de la organización a la hora de
trabajar. Se ha hecho un plan coordinado de actuaciones en materia de
frauda informático, de manera que se han introducido mecanismos
similares de actuación en todas las unidades a nivel territorial y a
nivel central; se ha coordinado desde la dirección de Inspección y se
ha fijado un jefe de equipo ONI para realizar esas actuaciones de
coordinación; se ha utilizado información recibida de la Fiscalía
procedente del Banco de España, donde se han abierto diligencias, y
con esa información, y con la información interna de la
Administración tributaria, se ha constatado y se ha detectado una
trama organizada, donde participan muchos sujetos, en la que las
sociedades eran de nueva constitución, en la que no había
declaraciones tributarias presentadas, en la que no existían
trabajadores y en la que, sin embargo, existían cobros y
transferencias de fondos al exterior muy importantes. Eso es lo que
se ha reconocido en los objetivos del año, con independencia de que
en alguna parte concreta no haya una denuncia formal aunque haya uan
comunicación a la Fiscalía; y en el cierre del año eso son 10.000
millones de pesetas de fraude informático descubierto, de fraude del
que se ha dado conocimiento a los órganos jurisdiccionales, y luego
estará la presentación de la denuncia formal, que en los expedientes
tradicionales tenía como objetivo poner en conocimiento de los
órganos jurisdiccionales un hecho presujntamente delictivo, y que en
esta forma de actuar eso en principio no es lo más relevante, porque
los órganos jurisdiccionales ya tienen conocimiento de esas conductas
presuntamente delictivas. ¿Que la Agencia Tributaria ha desarrollado
ese trabajo de investigación y detección de ese fraude en el año
1998? Es así. ¿Que proviene de informaciones de años anteriores o de
la ejecución del IVA de 1996, que se desarrolló a lo largo de todo el
año 1997? También es cierto, pero yo creo que no tiene nada que ver
una cosa con la otra.

En cualquier caso, a la pregunta que usted ha formulado sobre el
número de expedientes, yo tenía conocimiento de que esta mañana había
entrado en el Registro de la Cámara; si no ha entrado en el Registro
de la Cámara, le llegará y verá todos los expedientes de delito
fiscal por orden de denuncia que se han comunicado a los órganos
jurisdiccionales y que figuran en los datos de los años 1998 y 1997,
pero aquí en el delito no hay nada más que el plan de actuaciones



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en fraude informático y los delitos tradicionales; no hay nada de
colaboración con la justicia, de informes periciales, etcétera. De
eso no hay nada en absoluto.

El número de contribuyentes. Hemos hecho menos contribuyentes que el
año anterior. En primer lugar, a mí me gustaría hacer aquí una
precisión por claridad; es decir, si volvemos a utilizar el número de
contribuyentes, los que salen del Plan nacional de inspección, los
que salen de los presupuestos, o los que salen de la información
remitida al Parlamento, no estamos hablando de lo mismo; porque en la
información remitida al Parlamento solamente se habla de las
actuaciones a contribuyentes que finalizan en acta, que son las
importantes; no se habla de otras actuaciones a contribuyentes, no se
habla de lo que tradicionalmente se ha denominado en la jerga
inspectora actuaciones basura, no hay un número de contribuyentes por
actuaciones basura, solamente están los contribuyentes que finalizan
en acta de inspección. ¿Que hay menos contribuyentes que el año
pasado? Un 30 por ciento menos en inspección y un 20 por ciento menos
en aduanas, esa es la realidad. ¿Que hay menos contribuyentes de
actuaciones generales que finalizan con acta de los previstos
inicialmente por la Organización? Eso también es cierto, aunque no es
la información que se ha remitido al Parlamento, no tiene nada que
ver esa información con el otro hecho. ¿Que se han hecho menos
actuaciones generales de las inicialmente previstas en el plan? Es
verdad, pero eso no tiene nada que ver con esta información, donde lo
que figuran son los contribuyentes cuyas actuaciones finalizan en
acta.

Señor Saura, estoy encantado de suministrarle esa información, pero
lo que me gustaría es que se comparara una cosa con otra. En esas
70.000 actuaciones a las que usted ha hecho referencia, figuran
también las actuaciones específicas, y dentro de ellas figuran nada
más las tradicionalmente calificadas como actuaciones basura, que
eran actuaciones formales que, para que ustedes lo sepan, venían de
un plan específico que se diseñó en el año 1995 porque la recaudación
por IVA no iba con arreglo a lo previsto. Esa es la realidad. En el
año 1997 se hicieron casi 16.000 actuaciones de ese tipo basura. En
1998 se han hecho sólo 6.900 actuaciones de ese tipo, de las de
verificación de obligaciones tributarias y contables, que son las que
tradicionalmente se han calificado como actuaciones basura. Es más, a
pesar de lo que diga algún colectivo o alguna manifestación, se han
hecho mayoritariamente en el primer semestre del año y no en el
segundo. Es decir, se ha reducido en 8.000 o 9.000 el número de
actuaciones basura, y además se han hecho, sobre todo, en la primera
parte del año y no en la segunda.

Sobre la fulgurante caída de la deuda liquidada ya he intentado
darles explicaciones, y desde luego los hechos son difícilmente
discutibles. Si en los años 1996 y 1997 se liquidan 100.000 millones
más de lo que se instruye, es imposible que en 1998 se pueda liquidar
esa cantidad. Es totalmente imposible. Lo único que se podrá liquidar
es lo que se ha instruido en el año, y de lo liquidado en el año
estamos a una tasa de liquidación sobre lo instruido similar a la
tasa de liquidación del año anterior. Si en el año 1997 quedaron
pendientes de liquidar unos 100.000 millones de pesetas, en 1998 han
quedado pendientes de liquidar unos
100.000 millones de pesetas. Exactamente lo mismo. Pero lo que mide
el trabajo realizado es el fraude descubierto, y ése es el mismo en
1998 que en 1997, y muy superior al de 1995, al de 1994 y al de años
anteriores.

En cuanto al conflicto que mantienen algunos representantes legales
de los subinspectores con arreglo a su asociación, usted ha hecho
referencia, señora Mendizábal, a que lleva ya dos años. En primer
lugar le diría lo siguiente: lo que han cuestionado los
subinspectores, fundamentalmente, ha sido si es coherente o razonable
trabajar con arreglo a una resolución del año 1992, que es la que
distribuye las funciones dentro de la Agencia Tributaria. Esa
resolución, como muy bien sabe S.S., fue confirmada por la Audiencia
Nacional en 1995. Por lo tanto, esa resolución es legal. Lo que le ha
pedido la dirección de la Agencia Tributaria en 1998 a los
subinspectores es que sigan trabajando con arreglo a esa resolución,
un modelo que no fue diseñado por este Gobierno, sino por el suyo, y
que parecía razonable. Eso es lo que le ha pedido la Agencia
Tributaria al colectivo de subinspectores y a lo que los
subinspectores, en algunos casos concretos, no han manifestado su
acuerdo. ¿Que es necesario resolver esa situación? Muy importante.

¿Que hay que resolverla de una manera correcta y adecuada para los
intereses generales? También. Lo que quiere el Ministerio de Economía
y la Agencia Tributaria es dar cumplimiento a lo que estableció el
Parlamento en el mes de diciembre de 1998: aprobar la resolución que
distribuye las funciones y asigna firma y aprobar las otras medidas
que fueron adoptadas por la disposición adicional aprobada por el
Parlamento en el mes de diciembre del año pasado. Eso es lo que va a
hacer la Administración Tributaria y el Ministerio de Economía, y si
alguien considera que no está cumpliendo estrictamente el mandato que
figura en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado, que se manifieste y que se controle al Gobierno. Si alguien
considera que hay alguna manera mejor de dar cumplimiento a ese
mandato, el Gobierno, y desde luego la Agencia Tributaria, está
absolutamente abierto a que se haga cualquier consideración. Pero les
tengo que decir algo a SS.SS.: si el camino para resolver el
conflicto con los subinspectores o con alguna parte de los
subinspectores es convertirlos a todos en inspectores de Hacienda o
en funcionarios del grupo A, lo lamento mucho pero no estoy dispuesto
a hacerlo. Eso es lo único que quiero decirles. No estoy dispuesto a
que los funcionarios del grupo B sean grupo A, porque eso generaría
un conflicto muy importante en toda la Administración pública
española y un conflicto interno, muy importante también, dentro de la
Administración tributaria. Y como podrán imaginarse, en el hecho de
que un colectivo tan importante como los subinspectores, magníficos
profesionales, tengan una buena carrera administrativa y tengan una
buena posibilidad de promoción interna estoy absolutamente de
acuerdo. Ahora, convertir a todos, a través de una medida, en
inspectores de Hacienda, lo lamento mucho pero eso no lo puedo hacer.

El señor Ríos me ha hecho también algunas consideraciones sobre los
datos, que yo creo que están fundamentalmente explicados, y ha hecho
una referencia a los objetivos, a si son conformistas o no. Con
independencia de lo aprobado en la disposición adicional, que me
obliga a traer un plan de actuaciones o un plan de objetivos a esta
Cámara,



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cuando presenté el plan de modernización mi intención era presentar
un plan de objetivos precísamente para que ustedes tuvieran
conocimiento y pudiéramos incorporar a ese plan de objetivos todas
aquellas cuestiones que pudieran ser de interés. Yo estoy dispuesto a
discutir con ustedes si el objetivo razonable es una determinada
cifra de fraude descubierto, si hay que potenciar otro tipo de
objetivos u otro tipo de indicadores. Es decir, estoy absolutamente
dispuesto a discutirlo con ustedes, porque ése era precísamente el
planteamiento que quería hacer la Administración tributaria en el
plan de modernización. Yo creo que es muy importante que el
Parlamento fije los objetivos, en lugar de fijarlos internamente la
Organización. Ésa es la primera fase. El Gobierno ha presentado un
plan de objetivos donde, a su juicio, se introducen dos cambios
importantes: no medir la calidad de las actuaciones en función del
número de contribuyentes, porque eso conduciría al absurdo de que,
detectado un fraude muy importante, como afecta solamente a un señor
y hay que hacer un número de contribuyentes, se dejara ese fraude
aparcado y se hiciera el número de contribuyentes. Eso nos parece un
error. Por otro lado, no compartimentarlo por áreas, a pesar de que
el señor Saura en su intervención ha hecho referencia a que eso era
eludir el control. Yo le digo por qué creo que no deben
compartimentarse por áreas o por conceptos -todo es discutible, cada
uno puede hacer su valoración-, pero yo creo que no es razonable,
porque la Administración tiene que responder en cada ejercicio a un
objetivo y detectar y perseguir el fraude allí donde se manifiesta y
por los conceptos y por el tipo de actuaciones por las que se
manifiesta. Ysi se manifiesta fraude que conduce a denuncias al
ministerio fiscal, ése es el que hay que investigar y no seguir un
plan, propio de una economía centralizada a lo mejor, en el que se
analizan actuaciones de grupos de contribuyentes que están dados de
alta ya y cumpliendo razonablemente sus obligaciones fiscales.

Esos son los dos cambios importantes que aparecen en la formulación
de los objetivos. Pero el plan de objetivos no es más que un paso
previo, y si el Parlamento y el Gobierno fijan unos objetivos, el
paso siguiente es fijar las actuaciones que se van a seguir para
alcanzar esos objetivos. Yo estoy dispuesto a discutir con ustedes e
informarles, una vez que nos pongamos de acuerdos en los objetivos,
de cuáles son las actuaciones para alcanzar esos objetivos. Pero ésa
es una fase a posteriori. Es decir, si usted quiere tener
información, señor Ríos, sobre qué es lo que piensa hacer en concreto
la Agencia Tributaria para alcanzar esos objetivos, primero nos
tenemos que poner de acuerdo en el objetivo y luego analizaremos
todas las medidas concretas e intentaremos aportar medidas
adicionales si consideramos que son nnecesarios para garantizar el
cumplimiento de esos objetivos. Pero ésa es una fase posterior, y yo
me brindo desde luego para intentar enriquecer los planteamientos y
las medidas que adopte la Administración tributaria con ese objetivo.

En cuanto a si son difíciles de seguir los objetivos, yo desde hace
varios meses les he pedido que, si lo consideran oportuno como
Comisión de Economía, establezcan una plantilla exactamente de la
información que ustedes quieren analizar, para que se les remita de
manera periódica; una plantilla que pueda ser manejable, y yo les he
suministrado
una. Se la he pedido en más de una ocasión -y usted sabe, señor
Ríos, que se la he solicitado-, no se la puedo exigir, pero me
gustaría que valorara esa posibilidad, pero además alguno que sea
administrable, porque hay cosas que son muy difícil de administrar.

Algunas de las preguntas que SS.SS. han formulado -y yo no voy a
hablarles del coste económico directo que tienen, ni mucho menos, ni
del coste de oportunidad, aunque si alguno tiene interés en conocerlo
se lo puedo suministrar, y estos son datos que me ha proporcionado el
departamento de Informática Tributaria-, ha exigido la elaboración de
diez programas concretos, de cincuenta jornadas/hombre de
programación y dos jornadas/hombre de análisis y de elaboración. Como
es obvio, yo intento contestarles las preguntas con la mayor rapidez
posible, pero algunas preguntas de verdad exigen un esfuerzo de
elaboración extraordinariamente importante, y lo que sería razonable
también es que fijáramos, por un lado, lo que tiene que ser
información periódica, y se pueden hacer unas aplicaciones
informáticas específicas y ad hoc para el suministro de esa
información que se gestionen de manera permanente, y luego dejar de
lado lo que puedan ser preguntas puntuales y particulares. Debemos
administrar con una cierta prudencia y rigor las cosas que se
plantean y cómo se plantean, que se comprenda que algunas exigen un
tiempo y conste de elaboración.

Me pregunta usted también, señor Ríos, por qué el IVA no ha crecido
más de lo previsto. He intentado explicarlo en mi intervención y creo
que del informe se desprende. El IVA, en términos brutos, es decir,
si quitamos las devoluciones pagadas, ha crecido un 13,4 por ciento,
el doble que el consumo privado; ha crecido más de lo previsto.

Ocurre que se han hecho muchas más devoluciones de las previstas; se
han anticipado al año 1998 devoluciones que se habrían hecho en el
año 1999. Eso justifica que el IVA se haya situado en torno a los
10.000 millones menos de la previsión presupuestaria. Ha crecido más,
mucho más; pero se han tramitado y pagado en el año 1998 devoluciones
del año 1999, y eso hace que en la recaudación líquida se encuentren
11.000 millones menos, aunque el IVA ha crecido, en términos brutos,
el doble de lo que ha crecido el consumo privado en el año 1998.

Si eso es así, ¿por qué puede ser? Solamente puede ser por un cambio
en el comportamiento de los contribuyentes y por efecto de las
reformas legales hechas, porque eso históricamente no se ha
producido. Eso es así porque se ha hecho una reforma de las pequeñas
y medianas empresas, exigiéndoles factura para deducir el IVA,
obligándoles a introducir factura en el tráfico, que ha permitido
o ha mejorado de manera significativa el nivel del cumplimiento
voluntario del impuesto sobre el valor añadido en el año 1998. ¿Han
crecido de forma desproporcionada las actas en disconformidad? Tengo
la impresión de que en la intervención de algún otro portavoz no se
ha tenido en cuenta una circunstancia que es importante: hasta 1997
la deuda que se instruía se recogía en dos tipos de acta: acta en
conformidad y acta en disconformidad. Las sanciones imputables a esas
actas figuraban, las de conformidad, con el acta de conformidad, y
las de disconformidad, con el acta de disconformidad. Ahora no hay
sanciones en las actas, ahoralas sanciones van todas en un expediente
separado; todas



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las sanciones, tanto las que corresponden a actas de disconformidad
como las que corresponden a actas de conformidad, se tramitan en
expediente separado. En los datos informáticos internos de la Agencia
Tributaria todos los expedientes sancionadores -aunque sean de actas
en conformidad- figuran imputados a las actas en disconformidad;
todos. Por tanto, una de las razones por las que se produce un
crecimiento de las disconformidad a nivel estadístico es porque los
expedientes sancionadores están todos imputados a las acta en
disconformidad. (El señor Saura Laporta hace signos negativos.) No me
diga que no, señor Saura, porque está aquí el director de Informática
Tributaria y se lo puede explicar; eso es así: los expedientes
sancionadores están imputados a las actas de disconformidad. Ese es
un factor importante que explica una parte de la evolución de la
deuda en disconformidad. ¿Que ha habido, aparte de ese hecho, más
deuda en disconformidad en el año 1998 que en el año 1997? Sí, pero
no lo que se ha dicho. ¿Por qué la ha habido? En primer lugar, está
claro que quien decide si un expediente va a conformidad o a
disconformidad no es el inspector actuario ni la dirección de la
Administración tributaria; es el propio ciudadano, el propio
contribuyente, que a lo mejor considera que tiene derecho a discutir
esa liquidación. Si las actas corresponden a fraudes de mayor
cuantía, esas son tendencialmente actas en disconformidad. El ejemplo
más claro y evidente: un delito fiscal, que es un fraude muy grave,
es en disconformidad; es el fraude más grave de todos y es el que
siempre es en disconformidad. Lo mismo ocurre con una actuación de la
Administración tributaria: cuanto más alta es la deuda que se levanta
y se incoa, más importante es el número de las disconformidades. El
hecho de que haya 20.000 o 30.000 millones en el año de aumento de la
disconformidad en lo instruido y una caída de 10.000 millones en la
conformidad -estoy hablando de memoria- no justifica hacer una
valoración de aumento desproporcionado de las actas en disconformidad
frente a las actas en conformidad. Primero, expedientes sancionadores
separados. Si a alguien le interesa esa información se la daré -en
concreto, al señor Saura que la ha planteado- , distinguiendo entre
los expedientes aquellos que corresponden a actas en conformidad de
los que corresponden a actas en disconformidad. En segundo lugar,
cuando crece la deuda media descubierta crece la disconformidad y eso
ha ocurrido así siempre, históricamente: cuanto más alta es el acta
que se le levanta a un ciudadano más la discute, utilizando todos sus
derechos legales para cuesionar esa liquidación que quiere hacer la
Administración tributaria.

Me ha planteado también algunas otras cuestiones, como el aumento de
las acts por edicto. Tengo interés en suministrale información
detallada, por lo menos la que con carácter prelimiar me ha
proporcionado el Servicio de Auditoría Interna. Digo que con carácter
preliminar porque el que un colectivo o algunas personas que
representan a un colectivo intenten discutir la realidad de los datos
de los resultados de la Agencia Tributaria y utilizar el Parlamento
como vía para discusiones o reivindicaciones corporativas
comprenderán que me parece muy grave, y por ese motivo le solicité al
Servicio de Auditoría Interna una información reservada. Algunas de
las preguntas que usted me ha planteado coinciden exactamente con
esas cuestiones a las que
ha hecho referencia. Por ejemplo, el número y el importe de actas
anuladas. Si hablamos de anulaciones en sentido estricto y se refiere
a las anulaciones que hacen los inspectores jefes, si no recuerdo
mal, en relación con las mismas cifras de 1987, las 1.944 actas
anuladas en 1997 frente a las 742 anuladas en 1998 suponen una
disminución de un 90 por 100. Estas son actas anuladas por el
inspector jefe, son las anulaciones. ¿Cuál es el motivo, en parte, de
que caigan las anulaciones de actas por el inspector jefe en 1998 con
relación a 1997? Y es un informe preliminar que ha suministrado la
Agencia Tributaria. En parte, que los objetivos del año 1998 se han
fijado en términos de deuda liquidada, y ahora lo importante para la
organización no es instruir actas, es que se instruyan y que se
liquiden también y, por tanto, hay una mayor calidad en la
instrucción de las actas en principio.

En cuanto a las actas instruidas por edicto, que indudablemente se
refieren a aquellas actas instruidas después de que la notificación
al contribuyente se haya efectuado a través de la publicación en
boletines oficiales de la provincia, por tratarse de deslocalizados,
en el sistema informático no figuran los datos relativos a actas
incoadas notificadas por edicto en 1997, sí que lo hemos incorporado
para el año 1998, pero el sistema informático de la Agencia ha tenido
también sus limitaciones. Lo que sí que hay informáticamente son las
actas liquidadas notificadas por edicto, que en 1997 son 458, por
importe de 9.487 millones, y en 1998 son 273, por importe de 2.219
millones. Estas son las liquidaciones notificadas por edicto en 1997
y 1998. Esto no significa que la actuación que afecte a ese sujeto
corresponda a cada uno de esos años, porque puede haberse hecho en el
anterior, puede haber finalizado en el siguiente, o puede haber de
este año, que lucirán en las aplicaciones informáticas en el año
siguiente.

Los expedientes de delito. Estoy absolutamente dispuesto a remitirle
la misma información que me han pedido otros portavoces
parlamentarios. Se han comunicado en torno al final del año unos 600
expedientes de delito, pero en cualquier caso tendrá esa información
detallada por expedientes y además imputándoselos a las delegaciones
o a las dependencias territoriales a las que corresponda.

El portavoz de Convergencia i Unió ha hecho referencia también a
muchas cuestiones. Ya he explicado la caída de la recaudación en
renta, he explicado la evolución del IVA. Estamos de acuerdo en
potenciar las declaraciones del programa Padre. Estamos de acuerdo en
que las comunidades autónomas -ya estamos trabajando- tengan acceso a
datos informáticos. Creemos que se puede estudiar la posibilidad de
que el programa Padre se aplique a otro tipo de liquidaciones o a
otro tipo de rentas para mejorarlo y vamos a hacer un esfuerzo, en la
misma línea que nos ha pedido el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco, por potenciar las devoluciones tributarias e intentar reducir
los plazos con una mayor rapidez.

Respecto al fraude de ley, el Ministerio de Economía tiene compromiso
de desarrollarlo reglamentariamente a lo largo de este período de
sesiones, y por tanto a esa previsión legal se le dará cumplimiento.

Con relación a la situación de los subinspectores, ya he dicho antes
que la Agencia Tributaria va a cumplir estrictamente las indicaciones



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recibidas del Parlamento y desde luego estamos a su disposición para
que se valore si las estamos siguiendo y cumpliendo de manera
estricta o por el contrario nos apartamos en algún aspecto o en algún
detalle concreto.

Con relación al grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco,
creo que ya he contestado básicamente a las cuestiones a que ha hecho
referencia.

Respecto al señor Saura, creo que también he hecho referencia a
muchas de las cuestiones que me he planteado; en cualquier caso,
aquellas que no le haya contestado de manera estricta o con la
información que he suministrado, estaré encantado de facilitárselas
con el mayor detalle posible. Le anticipo que de las preguntas que
usted nos ha formulado a lo largo de 1997 y de 1998, que creo son 85
más o menos, nos quedan siete pendientes; algunas son muy importantes
y han exigido un esfuerzo -usted lo sabe- muy detallado.

Con relación a la discusión que usted plantea sobre el Plan de
objetivos, le diré que si lo consideran oportuno los grupos hagan las
recomendaciones que estimen convenientes e intentemos hacer un plan
de objetivos con el mayor respaldo parlamentario. Cuando he traído
aquí el Plan de objetivos, con independencia de cumplir con un
mandato legal o con independencia de cumplir un compromiso desde el
punto de vista político, mi intención ha sido intentar mejorar los
objetivos de la organización con todas las aportaciones que nos
puedan hacer los grupos parlamentarios. Estoy absolutamente
convencido, además, de que en muchos extremos pueden ser mejorables,
estoy convencido y se pueden incorporar cosas novedoras; por tanto,
me encuentro a disposición de lo que decida esta Comisión para
analizar y discutir la incorporación de nuevos objetivos, revisar
algunos de los que figuran y además cómo se controlan los indicadores
de esos objetivos. Creo que en el documento que les hemos remitido
también hemos hecho un esfuerzo por explicitar cómo vamos a controlar
esos objetivos, cómo se va a controlar si se reduce el período medio
de devoluciones o sobre las liquidaciones que se detecten por los
órganos de la Administración. Está detallado en el plan de objetivos.

Si usted considera que hay que incorporar algún mecanismo adicional
desde el punto de vista de la calidad del seguimiento de los
objetivos, la predisposición del Ministerio de Economía es total; es
muy importante todo lo que pueda ser mejorar las comparaciones e
introducir más claridad y siempre sabiendo que los datos que ofrece
la Administración tributaria no son datos cuestionables; nos podrá
gustar más o menos su presentación, su metodología, sus
comparaciones, pero son datos elaborados por la Agencia Tributaria y
todos tienen su justificación. (Varios señores diputados piden la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, al margen de las opiniones,
he entendido al señor Costa que en el documento que ha remitido,
abierto a sugerencias, hay una fase de propuestas. Según los
artículos 196 y 197 del Reglamento funcionan las comunicaciones del
Gobierno. Por tanto, si eso es así y está abierto a esto solicitaría
que se abra ese plazo de resoluciones del artículo 196.

El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, el señor Costa no califica sus
intervenciones, las califica primero la Mesa de la Cámara y luego, en
la medida de sus posibilidades, la Mesa de la Comisión.

Evidentemente, no ha lugar a hacer propuestas de resolución en
relación a la comparecencia del señor Costa. Le repito señor Ríos que
el señor Costa no califica sus intervenciones, las califica la Mesa.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: El documento si está presentado por el señor
Costa, señor presidente:



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, es el informe correspondiente que
debe remitir como consecuencia de la comparecencia cuatrimestral, y
no ha lugar a las propuestas de resolución.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: ¿Es filosofía, no? (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Tres cosas de método.

Creo que se debería considerar que una Comisión de la importancia de
ésta no puede acabar así. El señor Costa ha respondido a multitud de
cosas. Ha hablado de las actas de disconformidad.




El señor PRESIDENTE: Señor Saura, no hable de eso.

He de decir lo siguiente: El artículo 293 del Reglamento dice que el
presidente de la Cámara puede establecer excepcionalmente un turno de
réplica. Como S.S. puede comprender, el Pleno comienza a las cuatro
de la tarde y no es éste el momento oportuno. Esta Presidencia así lo
interpreta. Si usted no está de acuerdo solicite otra comparecencia,
y como es habitual en la Mesa así se acordará y se celebrará
próximamente una comparecencia del señor Costa. Tengan en cuenta lo
siguiente: comprendo que tengan todavía necesidad de seguir haciendo
interpelaciones, preguntas y réplicas, pero para ello deben formular
comparecencias más concretas, más escuetas y para debatir asuntos más
concretos y específicos podremos hacerlo con mayor asiduidad y mayor
facilidad. (La señora Mendizábal Gorostiaga: ¿Qué hace el señor
secretario de Estado? Si no lo hemos solicitado nosotros.)



El señor SAURA LAPORTA: Señor Presidente, dos observaciones. La
primera, que la Mesa considere no una nueva comparecencia sino la
continuidad de ésta y cuando usted quiera; es decir, que la mesa
decida cuándo continúa una comparecencia que no está cerrada porque,
evidentemente, es potestad de la misma. La segunda cuestión es que
quiero entender que el señor Costa ofrece una posibilidad de discutir
y el modelo de Agencia Tributaria así como el control parlamentario.

Esto es lo que me importa políticamente, si es posible iniciar una
fórmula de consenso en relación a estos temas.




El señor PRESIDENTE: Señor Saura, la Comisión se cierra hoy.

Señor Eguiagaray.




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El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, una cuestión caso de
orden. Es verdad que discutir a las tres y veinte de la tarde sobre
nada serio no parece demasiado adecuado; son embargo me parece que
nada hay más frustante que tener un debate como el que se ha tenido
aquí y que sea la hora quien impugna cualquier tipo de resolución.

En cualquier circunstancia normal hubiera habido contrarréplicas de
los miembros de los grupos parlamentarios que han intervenido después
de haber escuchado al señor Costa, y sobre todo a la vista de
planteamientos políticos como el que ha hecho el señor Costa, incluso
con ofertas de buscar una aproximación en torno a objetivos o
propuestas como las que ha hecho algún grupo parlamentario, y también
el nuestro, en relación con una búsqueda de indicador que nos
permitan al menos salir de la confusión y del marasmo o de la
desconfianza en que estamos, parece razonable que esto no termine
simplemente porque es la hora.

Señor presidente, creo que caben dos cosas: una, o esto no ha
terminado, con independencia de que ahora haya que cortar; dos,
tendríamos que solicitar una urgente comparecencia del señor Costa
para continuar lo que a estas horas no se puede terminar.




El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, el tiempo en el Parlamento es
un elemento esencial del discurso parlamentario, le guste o no le
guste. Esta Presidencia suele tener siempre la costumbre de ser
absolutamente generoso en relación con el tiempo de las
intervenciones de los señores portavoces, que de acuerdo con el
reglamento son
estrictamente diez minutos; sin embargo ustedes lo prolongan y toman
el tiempo como lo tiene por conveniente. Esta Presidencia también
mesura y mide los tiempos en la forma que considera más oportuna para
el desenvolvimiento de la Comisión.

El Reglamento puede que les guste o no, pero es el Reglamento y
repito que el señor Costa no es quién para calificar sus
intervenciones; y si el Gobierno quiere realizar un informe al
Parlamento en función y al amparo de los artículos 196 y 197 del
Reglamento, que lo haga. Hoy el señor Costa hace una comparecencia,
si el Gobierno desea que este Parlamento colabore con la Agencia
estatal de Administración Tributaria a los efectos de elaborar
propuestas de resolución, como haremos en el caso de mañana en
relación con un informe remitido en su día por el Gobierno, así se
hará; hoy es simplemente una comparecencia informativa del artículo
203 del Reglamento. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
Señor Eguiagaray, no tiene la palabra.




Se levanta la sesión.




Eran las tres y veinte minutos de la tarde.