Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 604, de 16/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 604
DE MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 32
celebrada el miércoles, 16 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de Conservación de la
Naturaleza (Alonso García) para informar sobre las actuaciones
realizadas para la elaboración de una estrategia forestal única.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 213/000782) ... (Página 17576)
Comparecencia del señor director general del Ente Público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, AENA(Cal Pardo), para que explique las
razones que han llevado al citado Ente y al Ministerio de Fomento a
incumplir todas las medidas y requisitos establecidos en la DIA de
12/04/96 respecto al plan acústico y contra el ruido que producirá la
puesta en funcionamiento de la nueva pista en el aeropuerto de
Barajas (Madrid). A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000814) ... (Página 17586)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Aguas y Costas
(Blanco Rodríguez) para informar sobre: ... (Página 17593)
- Las deficiencias de la ciudad de Melilla en materia de
abastecimiento de agua y previsiones del Ministerio de Medio Ambiente
en actuaciones hidráulicas en la ciudad de Melilla con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado de 1998 y 1999. Asolicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/
000797) ... (Página 17593)
- Situación en la que se encuentra la tramitación de los expedientes
relativos a la reclamación de daños y perjuicios por los damnificados
de la catástrofe ocurrida en Melilla el día 17 de noviembre de 1997 y
causas del retraso y plazos previstos para ultimar la referida
tramitación y el pago de indemnizaciones correspondientes. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/000798) ... (Página 17593)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERALDE CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (ALONSO GARCÍA) PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA FORESTAL ÚNICA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000782.)
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, da comienzo la sesión número
32 con la comparecencia por primera vez en esta Comisión del director
general de Conservación de la Naturaleza, don Enrique Alonso, al
cual, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados, doy la bienvenida.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. Para su exposición tiene la palabra el señor
director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (Alonso
García): Estoy encantado de comparecer por primera vez en la Comisión
de Medio Ambiente, explicando brevemente, porque el tema está abierto
ahora y parece una especie de caja de Pandora, todas las cuestiones
que han aflorado en la negociación de la nueva política forestal.
Voy a tratar de señalar los cinco o seis temas principales, tanto
respecto del proceso que se ha seguido hasta la fecha como de la
situación al día de hoy. Precisamente está convocada hoy mismo, a las
diez de la mañana, una de las reuniones finales más importantes para
redactar el nuevo texto y ver cuál es la expectativa de procedimiento
a partir de ahora.
La idea de establecer una estrategia forestal proviene más que nada
de la necesidad de tener claras las ideas de España de cara a la
nueva línea iniciada en la Unión Europea -línea nueva que el
Parlamento obligó a iniciar a la Comisión y que tenía que haber
estado acabada en diciembre de este año- consistente en la
elaboración de una estrategia forestal europea. El porqué se produce
esto en Europa en el año 1996 es fácil de entender. Proviene de la
ampliación de la Unión Europea, al entrar Suecia y Finlandia, países
cuyo medio rural es básicamente forestal, que constatan
inmediatamente que la política agraria
común siempre ha considerado el tema forestal como no clave dentro de
la política agrícola; simplemente se ha ocupado de temas accesorios
como es el control de la contaminación atmosférica, de las masas
forestales o la ayuda al material de incendios, y muy poquito más. En
consecuencia, Finlandia y Suecia fuerzan en el Parlamento que la
cuestión de la política forestal, como parte de la política del medio
rural de la Unión Europea, se examine por la Comisión y se haga una
propuesta de estrategia forestal.
La importancia de este movimiento europeo, sin embargo, no está tanto
en la propia estrategia (que está pendiente de ser aprobada en el
propio Consejo Agrícola, dando el visto bueno a la estrategia con la
que ha sido elaborada por la Comisión) sino por el hecho de que, como
consecuencia de este movimiento, en el nuevo Reglamento de desarrollo
rural se introduce la política forestal como una de las áreas claves
donde el nuevo paquete de la Agenda 2000 debe realmente incidir.
A efectos de estar preparado para ver cuál es la posición española
dentro de esa estrategia forestal más amplia europea, se inician los
trabajos para elaborar la estrategia forestal. Hay un primer texto
que se da a la luz en octubrenoviembre de 1997, un poco antes de
tomar yo posesión; se reciben a lo largo de noviembre y diciembre
-sobre todo por escrito- observaciones globales a ese texto, fruto de
lo cual se redacta otro que sirva como base, pero dado que había
habido un cambio de director general, al tomar yo posesión, para
tener más conocimiento, retrasamos la elaboración de ese segundo
texto hasta poder, por lo menos, tener entrevistas con el máximo
número posible de representantes de aquellas instituciones que
pidieron participar y de aquellas otras que lo hicieron a iniciativa
mía, para enterarme de cómo estaba el sector. Con lo cual, se redacta
un nuevo texto que se da a la opinión pública a finales del mes de
julio y se adopta otra posición, y es que, a petición de muchos de
los interesados, se decide acompañar el texto de la estrategia
forestal como documento político de la ley básica de montes y
aprovechamientos forestales, que es de las pocas leyes -no me
atrevería a decir que la única delante de un letrado de las Cortes-
que prevé la Constitución como consecuencia del proceso de
descentralización.
En consecuencia, lo lógico es que la ley acompañe a la estrategia
como un documento de puesta en marcha del pacto que, en su caso, se
alcance en la estrategia. Se toma esa decisión política -por supuesto
la Ministra de Medio Ambiente la apoya- y, por tanto, el debate se
centra a partir
de entonces; se da el mes de agosto para que lo examinen y, a partir
de septiembre, se empieza a trabajar con todos los sectores
interesados sobre la base de que si se alcanza consenso suficiente y
si por supuesto, ejerciendo la autoridad que le corresponde, el
Ministerio está de acuerdo con el contenido, éste se refleje en un
anteproyecto de ley para enviarlo a las Cortes.
El proceso a partir de entonces -por describir el procedimiento- ha
sido tener una primera reunión con la totalidad de las comunidades
autónomas para ver su primera posición ante el texto, dado que son
ellas las que van a ser responsables de la política forestal en los
aspectos no básicos de la gestión. Todas ellas aceptan el texto como
buen punto de partida; hay una objeción inicial de Galicia y parte de
la Cornisa Cantábrica, que estiman que el texto debería orientarse
más a favorecer la producción de los bosques como sector primario. Se
explica que eso no está realmente prohibido en el texto y que de lo
que se trata es de alcanzar un texto que sirva de consenso a todas
las comunidades autónomas. Concuerdan éstas en que efectivamente en
muchas de ellas es la terciarización de los usos del bosque lo que
más les interesa, porque es lo que añade más valor, en función de su
situación geográfica, y en consecuencia se adopta el acuerdo de
tenerlo como texto de partida. Allí mismo, en esa reunión, se hacen
nueve grupos técnicos que, más bien son grupos de negociación más
reducida, para aclarar bastantes temas desde la óptica de la
fiscalidad de los montes, el estatuto de los montes de utilidad
pública, la cuestión del empleo y cómo enlaza el Plan Nacional de
empleo con la generación de empleo en el ámbito forestal. Asimismo se
aborda el tema complicado que está todavía sin cerrar, que es cómo
tratar los denominados cultivos de especies forestales, más en virtud
de su aprovechamiento primario inmediato con la masa forestal que
producen, y otros que quedaron pendientes con el Ministerio de
Agricultura, porque cuando se hace la separación e incorporación del
extinto Icona, la Dirección General de Administración y Medio
Ambiente en 1996, como hubo que hacerla con relativa rapidez,
quedaron instituciones mixtas -la reforestación de tierras agrarias
sigue siendo competencia plena de Agricultura, y el principal
instituto de investigación, el Cifor, está integrado en el INIA- que
no se trasladaron al Ministerio de Medio Ambiente, con lo cual la
investigación forestal sigue formal y materialmente gestionada por
Agricultura y, por tanto, hay un grupo adicional que intenta examinar
esos temas. Existen hasta nueve grupos técnicos que van trabajando
para ver si se alcanza el consenso social hoy ya es la última reunión
-sobre todo en los temas más complicados, como cultivos agrícolas,
enganche- el Programa de desarrollo rural de la Unión Europea y temas
adicionales mixtos de lo que debe considerarse política agrícola o
política forestal, que es una de las cuestiones que está más borrosa
a fecha de hoy, porque hay zonas pastorales con una extensión
gigantesca y no se sabe bien si someterlas al doble control y al
doble fomento de ambas políticas o sólo a una, o ver cómo se acaba de
articular ese sistema.
Como se está tramitando el Impuesto de la Renta sobre las Personas
Físicas. El equipo fiscal, en vez de no intervenir en el proceso
actual de elaboración de la ley, lo cual habría dado lugar a plantear
una reforma casi inmediata a
efectos de la fiscalidad forestal muy poco después de tener el nuevo
texto de la ley del IRPF -cosa que parecía un poco absurda-, como la
ley del IRPF todavía estaba abierta en parte a la posibilidad de
negociación de enmiendas, etcétera, decide inmediatamente conectarlo
todo perfectamente con la Dirección General de Tributos y con los
grupos parlamentarios, a los efectos de procurar que el tema de la
fiscalidad forestal, en la medida de lo posible, quede cerrado en la
propia ley de tramitación del IRPF, lo cual se ha conseguido; hay un
par de medidas adicionales que están en la Ley de acompañamiento, me
parece que se votó ayer en el Pleno del Senado y está pendiente de
devolución al Congreso, pero gran parte de la fiscalidad forestal ha
quedado ya cerrada adelantándolo simplemente para no generar
disfunciones, sobre todo de cara a la opinión pública, al tener un
texto que empezara a introducir modificaciones a la propia ley del
IRPF al mes casi de publicarse. Por eso nos hemos centrado mucho
tanto en el tratamiento normal de la fiscalidad de los montes
privados, como en la fiscalidad de las rentas provenientes de
aprovechamientos de montes comunales, como en el régimen fiscal de
asociaciones vecinales en mano común. Todas ellas tienen normas
específicas en la ley del IRPF y en la ley de acompañamiento, con lo
cual este tema ha quedado relativamente cerrado y la estrategia se
adelantó con ese área.
Con independencia de eso, los grupos técnicos que son contrastados
por reuniones adicionales con las comunidades autónomas para hacer el
seguimiento, han seguido con su trabajo, y se tiene la esperanza de
que, cerrado hoy el último debate donde van a participar ocho
comunidades autónomas más representantes del Ministerio de
Agricultura, más otras instituciones interesadas (colegios de
Ingenieros de Montes, organizaciones agrarias, etcétera),
probablemente, a lo largo de las navidades se redacte de nuevo el
texto y el borrador de un anteproyecto de ley básica de montes y
aprovechamientos forestales para ajustarlo a la estrategia, a
mediados de enero -quizás a finales porque habrá que hacer una
convocatoria adicional de la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza-, se podrá conocer si todas las comunidades autónomas se
muestran de acuerdo con el modelo.
Hay otro tema que en parte ha quedado dilucidado -los problemas que
afectan más a la biodiversidad y al tratamiento que deben recibir- al
pactarse una estrategia nacional de conservación de la diversidad
biológica en la Conferencia sectorial de 1 de diciembre, aunque está
pendiente todavía de retoques, se ha pactado el sistema social
aplicable a la política de biodiversidad, con lo cual eso en gran
parte también está ya dilucidado.
Los grandes temas que son objeto de discusión, los principales, son
seis o siete muy importantes. El primero sería el de si el modelo
debe ser único o, al reves, debe ser una auténtica diversidad que
permita diecisiete políticas distintas en materia forestal, porque no
sabíamos en el momento de empezar cuál era la intención de las
comunidades autónomas: si querían realmente tener gran autonomía de
gestión o si eran partidarias de considerar como básico un
determinado tipo de utilización de los bosques. En la primera reunión
quedó meridianamente claro que la contraposición de intereses de los
usos y la puesta en mano de los bosques que hay entre las comunidades
autónomas
es amplísima. Más que de intereses de lo que se trata es de la
funcionalidad que cumple el bosque como criterio de planificación
territorial. Hay comunidades autónomas que quieren una terciarización
total y la puesta en valor del bosque casi como paisaje, a los
efectos de seguir favoreciendo el turismo de calidad, como puede
ocurrir en Baleares; hay otras comunidades autónoma que claramente
manifestaron su intención de uso terciario, más recreativo, ligado a
producción mínima, como puede ser la Comunidad Autónoma de Madrid, de
donde huyen sus cinco millones de habitantes todos los viernes,
algunos a zonas más lejanas, otros a zonas más cercanas; y hay otras
comunidades como Andalucía donde se plantea claramente una posición
forestal doble: frenar la erosión que llega a 200 toneladas por
hectárea y año en prácticamente la totalidad de sus cuencas,
corriéndose el peligro de convertirse en una zona árida parecida a la
de Marruecos en un plazo de cincuenta o cien años, relativamente
rápido, siendo necesarias actuaciones estructurales serias, no porque
la política forestal no sea seria sino porque lo que necesita es una
actuación no coyuntural de gestión de los bosques como sistema más o
menos dinámico, sino estructural, para evitar el proceso de erosión
que está teniendo el suelo, ligado además a la política no tanto de
asentamiento de poblaciones sino también de redistribución de empleo
en el medio rural, dado los niveles de desempleo que tiene la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Por supuesto que la Cornisa
Cantábrica, toda ella, pretende la puesta en valor de los bosques
como sector primario, sobre todo en Galicia. La redistribución
territorial es un poco mixta porque, por ejemplo, la zona de Huelva,
donde también es planteable la producción básicamente primaria al
norte de la Sierra de Huelva, o en Cataluña, donde se plantea más
bien un uso terciario semi-urbano, de tal forma que el medio rural se
implante como medio cultural y puedan convivir en él, diversificando
rentas, no sólo los trabajadores típicamente agrícolas, sino también
profesionales que conllevan una labor de redistribución del
territorio. Con ello, se constató enseguida que la ley básica de
montes lo que debería hacer era crear el máximo posible de sinergias
y el marco común donde las diecisiete políticas distintas se
potenciaran al máximo.
El segundo gran tema que también quedó resuelto es la necesidad de
compatibilizar los sistemas de gestión de las políticas forestales
con el lenguaje internacional. Se había producido un hecho elemental
y es que después del fracaso del convenio de bosques en 1992, en Río,
en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se regionaliza
la negociación de tratados de cara a volver a ver si en el siguiente
siglo, una década después, es posible hacer el gran convenio
internacional que salvaguarde todas las masas forestales; se había
producido una regionalización, el ámbito en que operaba España era el
paneuropeo, por tanto, desde los Urales hasta Gibraltar, y en ese
marco se había ido avanzando en tres reuniones internacionales que
habían dado lugar no a tratados sino a cuasi tratados de normas
y recomendaciones de derecho suave que van avanzando tanto en Europa
Occidental como en los países de economía en transición, de cara a
conseguir grandes bloques para poder alcanzar luego, a nivel mundial,
un acuerdo internacional. Eso ha dado lugar a tres reuniones de lo
que se llama el proceso Helsinki: Estrasburgo, Helsinki y
la que se celebró el año pasado en Lisboa. Se avanzaban criterios muy
importantes y todos los países europeos se comprometían en ajustar
sus políticas a esos criterios para hacerlos compatibles, pero
técnicamente, lo que pasaba es que España participaba en todos ellos
pero, a nivel interno, no se redactaban las políticas forestales para
ajustarse a las técnicas de gestión impuestas por esos documentos y,
por lo tanto, no es que se gestionen de forma distinta, es que el
lenguaje en que se estructuraba administrativamente esa política
forestal no encajaba, no se sabía si cumplía o no, porque no se
utilizaban las mismas técnicas de indicadores, medición, etcétera,
para saber si teníamos un lenguaje común con el proyecto pan-europeo.
Una de las cosas que se ha visto es que es absolutamente necesario
reajustar las grandes líneas directrices hacia las que debe
reorientarse la política forestal española dentro de ese marco
internacional, porque no tiene sentido tener una política forestal
nacional que no se mida en términos de efectividad con los mismos
criterios y con el mismo lenguaje conceptual con que se mide a nivel
internacional.
Hay dos documentos bastante importantes que se acaban de negociar en
Lisboa que son cómo debe entenderse la gestión sostenible y la
multifuncionalidad de los espacios forestales. La multifuncionalidad
implica el que los espacios forestales no son sólo rendimiento
primario, sino que cumplen bastantes más funciones, ambientales,
ecológicas, sociales, asentamiento de poblaciones, asentamientos
culturales del medio rural, funciones recreativas, etcétera, por lo
que, tanto a nivel genérico de la totalidad de las masas forestales
pan-europeas o españolas, como incluso a nivel de metro cuadrado, la
multifuncionalidad -y no sólo la producción primaria- debe
convertirse en el criterio de rendimiento. Y, a su vez, la gestión
sostenible debe entenderse como indicativo de que deben cortarse las
prácticas que hagan abandonar suelo forestal. Hay que abordar y
relacionar otros problemas más genéricos de desarrollo sostenible y,
por tanto, encontrar fórmulas económicas de uso de esos bosques que
indiquen renovabilidad de recursos y desarrollo sostenible en el
sentido clásico pero real del término.
Por consiguiente, se dio por cerrado el debate, se estimó que era
absolutamente innegociable plantear otro tipo de política; por otro
lado, son términos lo suficientemente abstractos como para hacerlo,
pero sí es verdad -y esto es importante- que ya incluso en la
Conferencia de Lisboa se señaló que aunque España estaba dentro del
marco paneuropeo, los países mediterráneos constataban que sus masas
forestales eran radicalmente distintas de las masas forestales que
empiezan de los Pirineos para arriba y, por consiguiente, que la
interpretación de la sostenibilidad de los recursos y de su
multifuncionalidad debía también venir matizada por una especie de
reanálisis a partir de las especialidades del bosque mediterráneo, lo
cual lo admite la Conferencia -se dio por entendido-, y en ese
proceso estamos, también Portugal, Italia y Grecia, de fijar
indicadores comunes.
El otro gran tema que ha sido objeto de discusión es un tema
sociológicamente apasionante en España. Realmente, la política
forestal española, que ha sido modélica en toda Europa, se inicia con
el proceso de desamortización
del siglo XIX, al sacar las masas forestales más aptas, que no eran
necesariamente las mejores, dependía de donde procedían, si de la
Iglesia o de la aristocracia, o de cómo estuviera el mercado en aquel
momento. En cualquier caso el catálogo de montes se crea para sacar
el proceso desamortizador y es lo que ha permitido mantener la masa
de bosques de utilidad pública que son normalmente casi todos ellos
de titularidad municipal, aunque estuvieran gestionados por el Estado
hasta 1984, año en que se inició el proceso de descentralización y se
transfiere su gestión a las comunidades autónomas.
Pero ciertamente esto había planteado un problema y es que al estar
en manos de los mismos órganos administrativos la gestión de sus
propios montes y la política forestal general, prácticamente la
totalidad de la financiación o la totalidad de la política forestal
más que nada se había orientado hacia la gestión de los propios
montes que son patrimonio de la Administración. La propia Ley de
Montes del año 1957, todavía hoy vigente, dedica a los montes
privados sólo dos artículos, el 29 y el 30. Teniendo en cuenta que
los bosques privados son dos tercios de la totalidad de la masa
forestal, ciertamente se plantea un problema en España.
Son dos artículos que, sin embargo, sí han funcionado relativamente
bien porque han basado todo en técnicas absolutamente estrictas de
policía administrativa, con el permiso de cortas, es decir, que para
cortar una sola hoja de un solo árbol de cualquier terreno privado se
necesita una licencia administrativa y a través de esa vía se puede
controlar. Lo que ocurre es que eso no se puede plantear en un
sistema de bosques privados donde el sector no esté organizado
y maduro, que es efectivamente lo que pasaba. Es decir, los montes
españoles han dado una rentabilidad más bien pequeña, pero los
niveles de prosperidad que tenía España hasta los años 60, 70 y 80
daba más que de sobra para mantener no ya a la población sino para
vivir en un relativo nivel de prosperidad. La política agrícola
común, los procesos de urbanización, usos industriales, etcétera, y
el aumento de prosperidad que ha tenido España en estos últimos 25
años hace que las rentas que generan ahora sean mucho menores y, por
consiguiente, se produce la sensación de abandono y de que no basta
con la policía administrativa para gestionar bien esos montes, sino
que hay que dar un paso más allá para que realmente el bosque privado
sea más productivo, de tal forma que los propietarios de masas
forestales privadas puedan, por lo menos, vivir tan dignamente como
sus compañeros agricultores en el medio rural o, por lo menos,
aspirar a niveles de renta más o menos similares a los que pueden
tener otros españoles.
Eso ha generado un proceso de maduración organizativa del sector, que
varía según las zonas. Los sistemas de asociación voluntaria no están
aún muy centralizados, pero en los últimos cinco años sí que se ha
generado una gran maduración en sentido real, socio-político de todo
el sector privado que se ha visto favorecido por un hecho elemental.
Como la Unión Europea ha empezado a plantearse la necesidad de tener
una estrategia común a nivel europeo, los procesos asociativos han
ido ligados a procesos asociativos también a nivel regional y, por
consiguiente, la Cose, el Consorci o Asaja, etcétera, son todas
organizaciones integradas en el asociacionismo europeo, lo cual ha
generado a
su vez la pretensión de que sean tratados exactamente igual que los
propietarios forestales privados europeos y ha acelerado una demanda
de revisión del estatuto de la propiedad privada forestal, lo cual
también es obligatorio en el artículo 149.1.1 de la Constitución,
para saber exactamente en qué consisten los derechos del propietario
forestal. Ello ha dado lugar no a negociaciones, sino a diálogo muy
amplio y complejo de cómo organizarlo, porque hay muchas comunidades
autónomas que, en cierto modo, también siguen teniendo un temor,
relativamente fundado, a que si se liberaliza la propiedad forestal
privada desaparezcan las masas forestales. El acuerdo que se está
alcanzando es bastante sensato; consiste en potenciar mucho la
intervención de la propiedad privada en la fijación de las políticas
públicas que afectan a los montes privados, pero siempre mediante
organismos asociados, no el propietario individual que puede tener
más tendencia a obtener un puro beneficio, sino buscando la
participación social, porque cuando el propietario privado está
organizado, probablemente, contemple el interés social, los intereses
públicos, con mayor naturalidad que si está aislado.
Las negociaciones han sido bastante complicadas y no acaban de estar
cerradas con el Consorsi en Cataluña, con la Asaja Forestal privada,
con las comunidades de montes en mano común sorianas, con la Coag y
los sindicatos, etcétera. Prácticamente con todas ellas se va a
alcanzar un acuerdo sensato respecto al estatuto de propiedad
privada, de tal forma que lo más probable es que se prevea un modelo
en el cual algunas comunidades autónomas puedan optar todavía por
mantener el sistema típico de policía administrativa (aquellas que
creen que todavía no está el sistema maduro) o plantear la
posibilidad de otro modelo que es el de la participación mucho más
activa, en el momento en que se asocien los propietarios, en la
formulación de las propias políticas públicas forestales, siguiendo
más bien el modelo catalán en una especie de graduación o de valores
guía hacia los que debe tenderse en la medida en que haya maduración.
Otro gran tema, que es bastante complicado y que todavía no está
resuelto, es el de la necesaria municipalización de la gestión de las
masas forestales de los montes de utilidad pública. Los municipios
son titulares de más del 88 por ciento del conjunto de los montes de
utilidad pública, lo que pasa es que ningún municipio los gestiona;
son todos gestionados originariamente por el Patrimonio Forestal del
Estado, luego por el Icona y, a partir de 1984, por las comunidades
autónomas.
La situación varía tremendamente, hay municipios que están reclamando
mucha más voz en la gestión de los montes de los que son titulares;
hay otros, al revés, que están aterrorizados. En La Rioja, por
ejemplo, el término medio del municipio es de ocho o nueve
habitantes. La Rioja, en su práctica totalidad, dejando aparte los
viñedos del norte, por poner un ejemplo, son montes de utilidad
pública, con lo cual, si se devuelve la gestión de esas masas a los
municipios se produciría el caos, porque no tienen capacidad técnica,
apenas tienen dinero para mantener un secretario de mancomunidades y
gestionar el monte sería muy complicado.
El problema, más que por una necesidad de municipalización (eso se
podría liberalizar de otra forma, sin establecer
un modelo en la propia Ley de montes sino que, en función de la
capacidad técnica de los propios municipios, en su caso las
comunidades autónomas, éstos pudieran descentralizar una vez probada
la capacidad técnica de los municipios, su interés en gestionar y
establecer una escala de graduación) se plantea de forma muy grave
porque los únicos fondos europeos que va a haber no van a ir a masas
forestales estatales. Es un pacto que se va a alcanzar a nivel
europeo. La nueva estrategia forestal de desarrollo rural es
potenciar básicamente lo que se llama los forestales, genéricamente
hablando, aunque ese es un término que en España todavía no se ha
localizado como propia cultura de agricultores y forestales. Lo que
se ha visto en la propia Comisión Europea es que los forestales eran
incompatibles con la financiación de la gestión de montes públicos,
porque la finalidad de la política europea no es esa, es redistribuir
rentas, que lleguen realmente a los ciudadanos para empezar a
resarcirles del olvido histórico que han sufrido con respecto a los
agricultores clásicos con la financiación de la política agraria
común. Ello plantea, sin embargo, el hecho de que muchos municipios
todavía en Europa -y en España éste es un tema importantísimo- sí son
titulares, y en muchos sí hay un cierto reparto de los
aprovechamientos comunales de esos montes municipales, que en teoría,
aunque sean montes de utilidad pública, van también a ciudadanos que
se pueden considerar forestales, aunque no son propietarios de la
tierra sino simplemente vecinos, y se plantea la posibilidad de
incluirlos o no. Estamos en una organización muy seria de la Unión
Europea y queremos que los montes municipales estén integrados ahí, y
en la medida en que esa percha que supone el reglamento de desarrollo
rural quede abierta, por lo menos las comunidades autónomas sabrán
que si quieren financiar la gestión de los montes de utilidad pública
con dinero europeo, proveniente del reglamento de desarrollo rural
tendrán que devolver algo de gestión a los municipios o pactar
sistemas de gestión con los municipios para que la Unión Europea
admita que les lleguen rentas.
Aquellas comunidades autónomas que quieran mantener férreamente el
control de sus montes de utilidad pública, su gestión total, no van a
recibir dinero, por lo menos proveniente del Fondo de Desarrollo
Rural. Otra cosa son los presupuestos o la financiación que pueda
haber en ese sentido.
Acabaría refiriéndome al último pacto, que es el más complicado
porque afecta a la economía estatal en su conjunto. El reglamento de
desarrollo rural no es financiación política forestal, es
financiación de cincuenta mil cosas, es el desmantelamiento de la
política de precios para incidir en medidas estructurales en la
economía del mundo rural que permita alcanzar rentas. El reglamento
de desarrollo rural que se apruebe en junio de este año por el
Consejo, como parte del paquete de la Agenda 2000, financia cincuenta
mil cosas más. Ello plantea el problema de que el dinero que se
destine a la financiación de esa nueva política forestal por esos
fondos de desarrollo rural, que son distintos de los de cohesión que
se han reabierto para operaciones infraestructurales contra
desertificación y erosión, en gran parte va a depender del programa
nacional único que habrá que elaborar para el reglamento de
desarrollo rural. La Unión Europea lo que ha dicho es que hay que
corregir
el principio de subsidiariedad y de las distintas perchas que supone
el reglamento de desarrollo rural cada país tiene que presentar su
programa que, en España, elaborarán la Administración central en sus
competencias y las comunidades autónomas en las suyas. Hay ahí un
problema estructural muy importante y es que el Ministerio de
Agricultura y las consejerías de Agricultura de las comunidades
autónomas siguen entendiendo que se deben desarrollar básicamente
actividades agrícolas y que los beneficiarios del desarrollo rural
son los mismos que se beneficiaban antes de la política de precios a
los cuales no llegará ahora la política de precios. Por tanto, sí que
es necesario completar esta política con un gran pacto nacional,
porque de lo que no son conscientes las consejerías, o no lo eran
hasta hace muy poco, es de que una de las cosas importantes que hace
el reglamento de desarrollo rural es financiar una nueva política
forestal europea. Si insisten mucho en derivar la financiación hacia
operaciones rurales clásicas en el programa nacional, se olvidan de
que el nuevo reglamento de desarrollo rural pone en marcha otro
mecanismo de financiación y existe el riesgo de dejar una política
coja en cuanto a financiación europea dinámica de funcionamiento,
pero en eso estamos, negociando ya con las propias consejerías de
Hacienda y con las consejerías de Agricultura de las comunidades
autónomas para que sean conscientes de esta nueva opción política
que, además, en el caso de España sería muy importante, porque el
IRPF opera sobre la base de que desgrava toda ayuda que pueda venir
en primas al mundo agrícola y, por tanto, potencia mucho más la
subvención en sí misma al no incluir en la base imponible la
subvención. Creo que es uno de los pocos sectores económicos en que
se ha conseguido, y esperamos que para enero se cierren todos estos
temas y podamos ofrecer tanto el nuevo proyecto forestal como el
anteproyecto de ley de montes y aprovechamientos forestales para que
siga su tramitación ordinaria que, en teoría debería reflejar ese
pacto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo que ha suscitado la
comparecencia tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos
su portavoz doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida a
don Enrique Alonso, que, como él ha indicado y también lo ha hecho el
presidente, es la primera vez que comparece ante esta Comisión.
La petición de comparecencia se hizo para que esta Comisión recibiera
información sobre las actuaciones que se están realizando para
elaborar la estrategia forestal española. De las explicaciones que
nos ha dado el director general hemos podido deducir algunos de los
aspectos más importantes que se están debatiendo en este momento en
Europa y en el mundo sobre gestión forestal y creo que nos hallamos
en un momento en el que hay que plantearse cuál es el modelo a seguir
en la política forestal española, dado que, como se ha indicado, la
actual Ley de Montes ha quedado algo obsoleta.
También hay que tener en cuenta que en el Parlamento Europeo se
aprobó, a finales de 1996, una resolución sobre la política forestal
de la Unión Europea, a la que, por supuesto, habrá de incorporarse la
política forestal española.
A pesar de que la política forestal está descentralizada, ya que su
gestión está transferida a las comunidades autónomas, el Estado
retiene algunas competencias de gestión como son la hidrología
forestal, la lucha contra la erosión, la lucha contra la
desertificación y la coordinación en la lucha contra incendios. Es
decir, el Estado todavía mantiene importantes competencias y por ello
consideramos la importancia que debe tener esta estrategia forestal
española, que, por primera vez, va a diseñar una política forestal
clara para el futuro de nuestro país.
Algunas competencias en política forestal son competencia del
Ministerio de Agricultura, como la reforestación de tierras agrarias
y, en parte, el desarrollo rural. Y si tenemos en cuenta que la
principal financiación europea de las inversiones forestales forma
parte de la Agenda 2000, querríamos que nos indicara si este factor
se va a tener en cuenta para elaborar la estrategia forestal
española.
El director general nos ha indicado algunos de los criterios que se
van a seguir para esta estrategia forestal. Nosotros creemos que
nuestros montes tienen objetivos múltiples, que la multifuncionalidad
de nuestros montes es un hecho. Nadie duda ya, por ejemplo, de la
importancia de los montes como sumideros de los gases de efecto
invernadero, sumideros de dióxido de carbono; nadie duda del papel de
los bosques para frenar los procesos de erosión, los procesos de
desertificación y para salvaguardar la biodiversidad española.
Consideramos que el papel protector del monte debe compatibilizarse
con el papel productivo, con el papel social. Cada vez más los montes
españoles se reclaman para acciones culturales y de ocio y, por
consiguiente, esperamos que en la estrategia forestal se tengan en
cuenta todos esos conceptos del monte.
Vemos bien que la futura ley de montes tenga el marco cuando se
apruebe esta estrategia forestal y creemos que éste es el momento, no
cuando hace unos meses lo planteó el grupo de la oposición, el Grupo
Socialista. Nosotros pensamos que debe hacerse acorde con esta
estrategia forestal que se está elaborando. Y nos alegra que se haya
abordado el tema de la fiscalidad forestal en la Ley de reforma del
IRPF. Este es un tema largamente solicitado por el Partido Popular,
porque, desde luego, entendemos que, sobre todo en el caso de los
montes privados, dos tercios de los montes españoles están en manos
privadas y que algo debe hacerse al respecto, pues los montes cada
vez son menos rentables. Por consiguiente, nos parece que es bueno
incentivar a los propietarios de los montes porque los beneficios que
estos aportan es un beneficio social, es un beneficio para todos y de
alguna forma debe incentivarse esa actuación. Nos alegramos, por lo
tanto, de que el tema de la fiscalidad forestal se haya incorporado
en la Ley de reforma del IRPF.
También entendemos que es un hecho que las distintas comunidades
autónomas tienen distintos puntos de vista en cuanto a la gestión
forestal, porque no podemos comparar el norte de España, por ejemplo,
con Andalucía, y solamente esperamos que este tema se resuelva bien
por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Tenemos algunas preguntas para el director general. Por ejemplo, cómo
se va a conectar el sector forestal con la Agenda 2000, que incorpora
la política forestal y que se está negociando en la actualidad, y qué
previsiones se establecen
en cuanto a hidrología forestal y a control de la erosión.
Y querríamos conocer si existe coordinación con las previsiones que al
respecto, también sobre estos temas, se establecen en el Libro Blanco
del agua; si se va a considerar prioritaria una mayor coordinación,
mejor una coordinación -porque hasta ahora no ha existido- entre las
confederaciones hidrográficas y el Servicio Hidrológico Forestal; si
se prevé que se puedan aplicar fondos de cohesión para la hidrología
forestal y el control de la erosión, dado que a la postre son
actuaciones medioambientales y sabemos que los fondos se aplican para
ellas. Y también hemos leído noticias referentes a que los sectores
productivos reivindican una mayor superficie para que España sea
autosuficiente en madera; desearíamos conocer cuál es su criterio al
respecto y si se va a introducir la certificación forestal hacia la
que camina la Unión Europea en la estrategia forestal española.
Deseamos que nos responda a estas preguntas y le agradecemos de nuevo
su intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la
señora Narbona, su portavoz, tiene la palabra.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, director general, por su
intervención esta mañana. También me sumo a la bienvenida a esta
Comisión, siendo su primera intervención. Quisiera, sin embargo,
recordar que la petición de comparecencia estaba formulada a la
propia Ministra de Medio Ambiente y que por tanto algunas de las
reflexiones que voy a hacer están dirigidas al Ministerio y a su
titular y que es posible que en su respuesta pueda tener
dificultades. En cualquier caso, tengo que señalar que desde nuestro
grupo lamentamos el incumplimiento de compromisos en materia de
estrategia forestal y de normativa estatal a lo largo de esta
legislatura. Hay que tener en cuenta que en su inicio la ministra
presentó la elaboración de una nueva ley de montes como una de las
cuestiones prioritarias de la legislatura. Depende de cuánto dure la
legislatura pero estamos ya por lo menos en su segunda parte sin que
todavía exista un texto de anteproyecto.
En lo que se refiere a la estrategia forestal, efectivamente,
a finales de 1996, se anunció en esta misma Comisión que un año
después, a finales de 1997, estaría terminada la estrategia. Como el
propio director general ha reconocido, cuando él se incorporó a su
cargo se encontró con un borrador que había sido objeto de fuertes
críticas. Yde eso ya ha pasado ya un año. En estos momentos estamos
terminando 1998 y todavía no hay una estrategia forestal. Ésta es una
pura constatación de plazos que se han incumplido y no tiene mayor
valor. Ahora bien, hoy se va a celebrar una reunión, que, si no he
entendido mal, el director general plantea como la última, y esto sí
me llama la atención porque el único borrador del que se dispone por
parte de las comunidades autónomas es el borrador de septiembre. Ese
borrador fue objeto también de bastantes sugerencias y de críticas
importantes y, de hecho, a partir de una reunión anunciada
inicialmente como una reunión de cierre, en realidad lo que hizo fue
abrir el trabajo de los grupos que hoy se van a reunir y que entiendo
que todavía tienen numerosascuestiones por dilucidar. En particular
me ha llamado la
atención, y me gustaría alguna explicación al respecto, que el
director general entiende que prácticamente las cuestiones fiscales
se pueden considerar cerradas con las modificaciones que se han
introducido en las nuevas normas del IRPF y de la ley de
acompañamiento. Digo esto porque, a lo largo de los borradores e
incluso en su síntesis, que aparece como anejo, muy breve por cierto,
a la estrategia de biodiversidad presentada en la conferencia
sectorial hace poco, cuando se habla de incentivos cabría deducir que
esos incentivos deberían estar vinculados a la gestión sostenible,
a los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, si yo no entiendo mal,
las modificaciones fiscales que se han introducido en la Ley del IRPF
o en la ley de acompañamiento no tienen directamente nada que ver con
el incentivo a una la gestión más sostenible; son modificaciones que
mejoran, sin duda, el escenario fiscal de la gestión forestal, pero
no veo la vinculación entre esto y la gestión sostenible. Y entiendo
que, si se considera cerrada la fiscalidad, eso significa que no
habrá nuevas propuestas fiscales que vayan en esa dirección.
Por otra parte, también me gustaría saber en este proceso de debate
de la estrategia forestal por qué ante la fecha los grupos que se han
constituido han tenido un carácter estrictamente gubernamental o
institucional, porque las organizaciones ecologistas se quejan de no
haber tenido suficiente posibilidad de incorporar sus observaciones a
lo largo de este proceso y el único cauce que conocemos de
participación abierta es el hecho de que en la página web del
Ministerio existe la posibilidad de acceder al borrador de la
estrategia. Pero éste es un tema que no ha sido tratado en el pleno
del Consejo asesor de Medio Ambiente, que, por otro lado, no se reúne
desde hace tiempo, y, por lo tanto, entendemos que existe una
carencia en lo que se refiere a la participación de las
organizaciones sociales comprometidas con el medio ambiente.
Quisiera, señor Alonso, preguntarle si conoce el hecho de que el
Partido Popular en Extremadura se ha reunido con la principal
organización ecologista del Estado español para ofrecerle un pacto en
relación con la futura ley de montes, que significaría incorporar los
elementos que el Grupo Socialista había recogido en la proposición de
ley que fue rechazada por los partidos que apoyan al actual Gobierno,
hace algunos meses, en esta Cámara. Me gustaría saber si conoce esta
posición que ha sido reflejada por los medios de comunicación y que
se nos ha transmitido por los propios interlocutores de la
organización ecologista en cuestión. Es cierto que nos ha sorprendido
esta actitud y nos gustaría que la ley de montes que finalmente venga
a esta Cámara recoja algunas de las cuestiones que estaban en nuestra
proposición de ley, pero nos parece que, en estos momentos, si, como
usted mismo dice, hay un proceso previo de negociación de la
estrategia y de su contenido y sólo a partir de él se volvería a
hablar de la futura ley de montes, esto altera un tanto el proceso.
Voy ya a hacerle algunas preguntas que tienen que ver con sus
competencias desde la Dirección General y los problemas que se han
suscitado en relación con la Unión Europea. Concretamente, quisiera
preguntarle por qué todavía el Ministerio no ha presentado en
Bruselas los proyectos de inversión forestal que han sido
transmitidos desde la Junta de Andalucía. Y me gustaría aprovechar su
presencia para
aclarar si efectivamente existe todavía algún trámite que no haya
sido cumplimentado por la Junta de Andalucía en este aspecto, porque
hay un cruce de correspondencia que parece casi un diálogo entre
sordos, entre las dos administraciones, con información relativa a
esos proyectos forestales, que se elevarían en su conjunto a más de
9.000 millones de pesetas pero, lo que es evidente es que el año está
terminando y los proyectos forestales presentados por la Junta de
Andalucía corren el riesgo de no obtener ninguna ayuda de la Unión
Europea. Por lo tanto, me gustaría que, si es la Junta de Andalucía
la que todavía debe remitir alguna información complementaria, se
dijera en esta Cámara, para mayor utilidad del proceso.
Por otra parte, quisiera saber, dado que hace algunos meses, a través
de los medios de comunicación, se puso de manifiesto el malestar de
numerosos funcionarios de la Dirección General en lo que son las
delegaciones territoriales residuales del Ministerio, si se han
adoptado algunas de las medidas necesarias para evitar ese malestar y
los problemas detectados, denunciados y manifestados por sus
funcionarios. Y me gustaría también saber cuál es el balance, desde
1996 hacia acá, del objetivo planteado por el Partido Popular en
campaña electoral en 1996 en cuanto a las hectáreas a reforestar en
España, cuál ha sido el número de hectáreas reforestadas en 1996,
1997 y en el presente ejercicio. Quisiera saber asimismo si en el
ejercicio en curso en estos momentos dispone el director general del
grado de ejecución del programa correspondiente al Papif, al Plan de
Acción Prioritaria de incendios forestales, vigente desde 1996, y
para el que en 1997, de acuerdo con contestación oficial del
Ministerio, se aportaron, desde el departamento, 1.470 millones de
pesetas.
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, la ruego que vaya concluyendo. Y
permítame su señoría que la recuerde que el objeto de la
comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, del
director general, don Enrique Alonso, es para que informe sobre el
Plan de Estrategia Forestal y su señoría está haciendo unas preguntas
que desbordan ampliamente ese objetivo.
La señora NARBONA RUIZ: Por supuesto, estoy hablando de política
forestal y creo que el director general es el competente en la
materia.
Termino preguntándole por el anuncio que se ha hecho estos días de la
puesta en marcha el año que viene de un plan nacional de lucha contra
la desertificación, porque entiendo que si ese plan nacional se está
elaborando debería ser conocido por los mismos interlocutores que
están en estos momentos colaborando en la elaboración de la
estrategia nacional forestal.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor director
general, le recuerdo que de todas aquellas preguntas que le han sido
formuladas en esta comparecencia para cuya contestación no disponga
de los datos suficientes las puede facilitar por escrito remitido a
esta Comisión. También le recuerdo que el objeto de esta
comparecencia es para que informe usted sobre el Plan de Estrategia
Forestal.
Tiene la palabra don Enrique Alonso, por un tiempo máximo de diez
minutos o un cuarto de hora.
El señor DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (Alonso
García): Intentaré contestar a todas las preguntas, aunque no se
refieran al objeto de la comparecencia, pues es importante tener los
datos de cara a que la estrategia forestal sea realista.
Comenzando por las preguntas que ha formulado María Teresa de Lara,
la conexión con el Programa de Agenda 2000 es tanta que, para el
retraso acordado a poco de tomar posesión, una de las justificaciones
realmente objetivas es seguir viendo cómo se iban produciendo las
negociaciones de la Agenda 2000, porque no tenía sentido una
estrategia que, de cara a la Agenda 2000, fuera por otro lado y por
tanto que no resultara coordinada en cuanto a la financiación. Eso no
justifica del todo el retraso, pero sí que se ha tenido como punto de
coordinación.
Como creemos que el sistema va a quedar integrado es de la siguiente
manera: La Agenda 2000, si sale tal y como va hasta la fecha, parece
que va a mantener fondos de cohesión hasta el año 2006. Otra cosa es,
si se van bajando o no, o en qué queda el acuerdo final de marzo y
junio del año que viene. Pero lo que sí se ha hecho es un gran
esfuerzo para reabrir -y digo reabrir en el sentido literal del
término- la financiación de fondos de cohesión a actuaciones de
política forestal que tienen carácter infraestructural. Lo que sí se
ha intentado hacer distinguir dos grandes actuaciones: lo que es la
política forestal ordinaria de mantenimiento de las masas forestales,
tanto en calidad como en cantidad, de lo que son actuaciones en que,
mediante política forestal, lo que se hace es cambios
infraestructurales socioeconómicos en el territorio, básicamente la
lucha contra la erosión y, por tanto, la reforestación de tierras
marginales que, al quedar abandonadas, generan problemas adicionales
de erosión que pueden generar problemas económicos adicionales en
otras zonas, tal y como funciona, dada la función ecológica que
cumple el monte.
Aunque luego me referiré exactamente al punto en que se encuentra
este proceso, con los casos pilotos que estamos haciendo, lo más
probable es que el pacto forestal que se cierre haga que se utilice
lo máximo posible los fondos de cohesión del Programa 2000-2006 para
la financiación de las obras más importantes infraestructurales de
lucha contra la desertificación y la erosión forestal que acuerden
Estado, comunidades autónomas y confederaciones, que son básicas
todavía hoy para devolver calidad a gran parte del territorio
español. Y allí donde hay territorio que mediante reforestación puede
cambiar la socioeconomía de la zona, desde las inundaciones en Málaga
hasta la zona de las Hurdes, etcétera. Pero primero se necesitará
acordar que esa va a ser la actuación, y eso básicamente se cerrará
desde enero en ese marco, para luego trabajar muy rápidamente
y preparar los proyectos específicos en función de las prioridades, de
la importancia que tengan en el territorio, para el siguiente paquete
de los fondos de cohesión.
En cambio, lo que era antes el Feoga-Orientación y que va a entrar en
el reglamento de desarrollo rural básicamente irá hacia primas a la
silvicultura ordinaria, por así decirlo, de montes privados y de
montes municipales, porque esos son los términos en que parece
salirse fuera: más allá
de eso no podemos pretender llegar porque el marco de la nueva
política forestal europea pasa por ahí, por considerar el titular
privado o el beneficiario como persona física individual de esa
política. De todas formas, eso dejaría sólo fuera de posible
financiación europea la gestión ordinaria del 8 por ciento de los
montes de utilidad pública. Si se consiguiera eso, que la titularidad
municipal se financiara, estaríamos muy bien situados para prever en
el programa único de desarrollo rural un buen mecanismo de
financiación en la medida en que otros ministerios, Agricultura,
Hacienda o el propio Ministerio de Trabajo no compitan en exceso en
programa de desarrollo rural. Ese va a ser el gran debate, es un
problema importante, de trascendencia nacional, y habrá que centrarse
en él a partir de este año, según el plazo que se dé para elaborar el
programa de desarrollo regional único de España en el marco de la
Agenda 2000.
Respecto a si hay conexión con el Libro Blanco del agua y cómo está
el tema de hidrología forestal, el fenómeno, por entenderlo muy
brevemente, su origen histórico es bien simple. Las divisiones
hidrológico-forestales se crean en el siglo XIX, siguen perviviendo
todavía, hay una función obvia que consiste en utilizar políticas
forestales incluso de obra pública civil en los cauces, mediante
técnicas que no son las técnicas ordinarias de canalización, de
ingeniería de caminos, hablando en plata, para gestión de cuencas,
que, por el hecho de estar en otro servicio, históricamente, de la
Administración, desde siempre, ha estado totalmente descoordinado de
lo que es la gestión de cuencas desde el punto de vista geográfico
integral. Claramente es un problema que tiene además unos resabios
tristes, de estos que se producen todavía en España -cuando seguimos
siendo medievales, seguimos siendo medievales- de montepíos o gremios
y de enfrentamientos entre profesiones de la Administración; uno es
el reino de los ingenieros de caminos, el otro es el reino de los
ingenieros de montes, con lo cual la tendencia es que cada uno se
reparta la tarta y anden descoordinados.
La operación que claramente se ha alcanzado y se anuncia en el libro
blanco que, aunque está abierta para debate en los próximos meses,
queremos cerrar antes en la estrategia forestal, es enganchar a los
tres gestores de los tres programas -confederaciones hidrográficas,
comunidades autónomas y servicios de hidrología forestal- para que
ese futuro plan de actuaciones de cara al fondo de cohesión, que
luego el Estado tendrá que decidir si sigue financiando cuando se
acaben los fondos de cohesión, se administre de una forma lo más
técnica y objetiva posible, de tal forma que las confederaciones se
abran por primera vez a este tipo de actuaciones y que en los
proyectos de cohesión se empiece a incluir la recuperación de
riberas, recuperación de zonas húmedas, obras públicas que eviten
erosión y corrección de cauces que no tienen por finalidad manejar el
recurso agua como economía sino en su funcionalidad total para
equilibrar las cuencas.
Alcanzar un pacto será complicado, porque hay un problema estructural
muy importante, que las confederaciones son un órgano de la
Administración central y los servicios de hidrología forestal, hasta
la fecha, cooperaban básicamente con las comunidades autónomas, con
lo cual es un
pacto político de envergadura porque implica repensar las
competencias de cara a la Ley básica de montes.
Actualmente, las comunidades autónomas están actuando directamente
incluso en cuencas de las confederaciones, en terrenos de cauce del
dominio público, sin autorización de las confederaciones
hidrográficas. ¿Por qué? Porque son servicios que han ido muy
separados; el de hidrología forestal se descentralizó siguiendo
probablemente criterios constitucionales muy acertados y se coopera
con las comunidades autónomas, mientras las confederaciones actúan
por libre. Se prevé, por tanto, en la estrategia forestal y en el
libro blanco, que a partir de ahora actúen conjuntamente, si se
alcanza el acuerdo.
Pasando ya a las preguntas de la representante socialista, voy a
empezar por el tema procedimental. La reunión que comienza en
septiembre no era una reunión de cierre, era una primera reunión de
debate. El texto que se pone en conocimiento de más de 150
instituciones y sale en Internet en julio, era un papel a partir del
cual empezar a discutir, no era el texto de cierre. En aquella
reunión se adopta ese papel, como criterio de discusión, señalando en
qué línea se prevé que hay que modificar la constitución de los
grupos, que no se constituyen porque lo pida de determinada manera la
Administración central, sino que simplemente se dice que aquellos que
quieran participar lo hagan en función del interés y de los recursos
propios. Hay otros agentes sociales que están participando. Hay
asociaciones ecologistas que están participando en unos sí y en otros
no. En el tema de la regulación de la biomasa, por ejemplo, están
prácticamente todos, porque son temas energéticos que afectan más a
sus propias agendas y programas; en otros, como es la desertificación
forestal, están participando nada más Adena y la FSC. Es de apertura
total y libre, y el diálogo hasta la fecha de hoy resulta constante.
Hoy no sé cuántos habrán venido a la reunión, pero creo que en ese
grupo había cuatro asociaciones ecologistas incluidas y que iban
a participara las cuatro. No sé si estarán o no en la casa
participando, pero el interés básico es que participen porque
probablemente reflejen más el interés social genérico de qué hay que
hacer con los bosques de lo que lo pueden reflejar aquellos que
tienen intereses económicos directos sobre su gestión.
Desconozco a qué noticia se refiere con respecto a Extremadura. Ayer
mismo estuve dos horas reunido con el director general de Montes de
la Comunidad de Extremadura hablando de temas adicionales, sobre todo
de los problemas de las dehesas, que es lo que más preocupa en
Extremadura, para ligarlos con la política forestal; por lo menos los
canales con la comunidad autónoma están abiertos. Como lo desconozco,
no sé hasta qué punto afecta a la propia comunidad autónoma como
pacto regional o se incorporaría al pacto nacional respecto a la Ley
de montes. A la fecha de hoy, la Dirección General tiene contacto
directo con todas las asociaciones ecologistas, con lo cual creo que
si se plasma en algo llegará tarde o temprano y se examinará con la
misma candidez con que se examinan absolutamente todas las
propuestas.
El problema del CAMA es cierto. Se ha hecho una estrategia de
biodiversidad, como convocar expresamente que participen todos y cada
uno de los miembros del CAMA más otros muchos más; por consiguiente,
la participación
social está abierta. El problema del CAMA es un problema
estructural de organización administrativa, como conoce la señora
diputada, y sobre el cual tampoco tengo control como director
general, pero están todos los miembros del CAMA participando y se les
ha llamado expresamente para la elaboración; están en sus grupos,
salvo error en la convocatoria de alguno.
En cuanto al programa de incentivos fiscales, ciertamente sí se ha
ligado a la gestión sostenible, porque los beneficios fiscales
derivan de que el monte esté sometido a un Plan de gestión. El Plan
de gestión, vía certificación voluntaria o vía ordenación
administrativa, básicamente va a contener los elementos de
sostenibilidad. Por consiguiente, sí se ha condicionado al Plan de
gestión la exención de la inclusión de la base imponible de las
subvenciones que pueda recibir. En el caso, además, de las
asociaciones regionales en mano común, claramente tiene que
acreditarse que son inversiones relacionadas con la reinversión
forestal o con obra social de interés ligada directamente a la
gestión del monte y en el reglamento de desarrollo del IRPF eso
quedará más acreditado. Lo que pasa es que sí es verdad que cumple
una función social más allá del establecimiento de la repoblación del
territorio y, por tanto, ahí se ha cedido un poco en sostenibilidad
para incluir otras obras de interés social adicionales a la propia
gestión sostenible del monte. Digo adicionales, no en contradicción.
Quedan dos temas. Uno es más discutible, pero probablemente ahora no
dé tiempo a cerrarlo ni sea ahora momento oportuno. El tipo concreto
del IVA para el aprovechamiento de madera, los aprovechamientos
forestales. No está maduro todavía para proponer un tipo más reducido
y quedaría como único punto permanente. Ylo que sí se ha hecho, y fue
un debate bastante amplio, es proponer a las comunidades autónomas
que, manejando la parafiscalidad de las tasas, puedan incidir en la
sostenibilidad de los montes. España tiene un problema estructural
gravísimo y es que con la Ley de tasas y el principio de caja única
la parafiscalidad se ha suprimido y no forma parte de la política de
economía y hacienda de ningún Gobierno. Al revés, lo que están
intentando es centralizar la caja única para regular más y poner más
disciplina económica, con lo cual plantear la parafiscalidad para la
gestión ambiental hoy en día es todavía muy complicado; se ha hecho
una ley de envases y embalajes y con mucha discusión, como sabrá la
señora diputada. Por tanto, creemos que si eso se propusiera como ley
básica estatal las propias Cortes se opondrían por otros principios
de interés público de política nacional. Lo que sí es verdad es que
se permitirá a las comunidades autónomas, en su ámbito fiscal,
utilizar la parafiscalidad. Figura en el anteproyecto de la ley
básica de montes, se ha debatido, Cataluña lo quiere imponer en
algunos usos terciarios de los montes, etcétera. En principio, podría
estar abierta una cierta parafiscalidad, de tal forma que las tasas
que se cobraran por esa vía se reinvirtieran forzosamente en la
gestión sostenible del propio monte, o de la caza, o de la pesca,
etcétera, y las comunidades autónomas quedarían libres, en su caso,
dentro de su marco presupuestario. Por tanto, queda esa parte, pero
como es potestad suya, ahí queda abierta.
Respecto a los proyectos de cohesión hay una ciertarelación entre lo
que está pasando con los proyectos de
cohesión en Andalucía y el modelo que es propone. Precisamente se
está utilizando el Plan andaluz para ver si es viable en la
estrategia forestal como modelo generalizado para el resto del país.
Ayer mismo recibí el último fax del director general de la Junta de
Andalucía porque le habíamos mandado los datos adicionales que
necesitábamos para reestructurar los proyectos como proyectos
incluibles en cohesión y para que la contabilidad total de las
actuaciones muestre el paso infraestructural de mejora de toda una
zona, y así la contabilidad no venga hecha por proyectos
independientes sino para la totalidad de la zona. Ayer recibía la
carta, acusaba recibo de lo que teníamos y lo que no tenemos ha
quedado en mandárnoslo a lo largo de esta semana. Tampoco es muy
preocupante porque los fondos de cohesión se han cerrado en
diciembre. El Ministerio de Economía tiene sus calendarios. A
primeros de diciembre de 1998, cuando todavía no estaban maduros
estos proyectos, se había alcanzado el cupo de proyectos admisibles
en cohesión; el siguiente plazo será a finales de enero; habrá otro
en marzo, todavía con presupuestos de 1999 y, en su caso, a partir de
la reapertura del paquete 2000-2006. Hemos acordado avanzar cuanto
antes para que los proyectos estén técnicamente preparados, de forma
que Economía, en cuanto tenga el primer hueco para meter fondos de
cohesión, bien porque caiga un proyectos bien porque se reabra la
cohesión, pueda introducirlos, de manera que tanto en Bruselas como
en Madrid no se plantee ningún problema técnico, que sea un puro
problema de decisión política de meter el proyecto como tal donde
existe el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente. Es más, la
intención del Ministerio no es sólo meter esa cantidad sino meter
otros que sí que son claramente de cohesión; solucionar
definitivamente el problema de las inundaciones de Málaga, igual que
se ha solucionado -y ayer mismo recibía la decisión de la Comisión-
el de Biescas, mediante fondos de cohesión; igual que había un
problema de inundaciones en Valencia, también se ha permitido estar
ya en cohesión. Hay unos proyectos que son claramente económicos, que
consisten en solucionar definitivamente las inundaciones
tradicionales de Málaga desde el siglo XVIII, desde que se dan a los
nobles los bosques que tenían los árabes y a partir de ahí aquello se
vacía y se inunda.
Respecto a la pretensión del sector del papel de dedicar 200.000
hectáreas para plantaciones de eucaliptos en España, es una
pretensión que tienen muy clara. Ayer mismo estuve reunido con todo
el sector del papel, durante tres horas, y les explicaba que esa
pretensión desde el punto de vista económico no tiene mucho sentido,
porque dicen que es para alcanzar la totalidad de la capacidad
productiva, pero España está exportando el 30 por ciento del papel
que produce; si se alcanza esa actividad productiva y estamos
exportando el 30 por ciento, 200.000 es un número arbitrario, podían
pedir 800.000 porque la exportación de papel, en teoría, en el
mercado mundial es ilimitada. Pero les decía que el marco en el que
tienen que negociar es con aquellas comunidades autónomas que, en
virtud de la estrategia de la política forestal, decidan orientarse
hacia producción primaria y con los controles que se necesiten. Han
entendido el mensaje y saben que tendrán que pugnar por ello en el
marco de las estrategias forestales autonómicas y no en el marco de
la estatal, que tiene que moverse dentro
de un ámbito muchísimo mayor. Ya saben cuál es el parámetro y a eso
se están reorientando, porque da de comer a muchas personas,
condicionando, por supuesto -lo cual se ha hecho ya con Sniace-, a la
reestructuración ambiental para evitar problemas de contaminación
adicional en el proceso de elaboración del papel. Por tanto, nosotros
no podemos decir que haya 200.000 hectáreas más. Si hay comunidades
autónomas que se presten a ello, con los debidos controles que fije
la ley básica de montes y opten por una producción primaria que dé
rentas de esa forma, pues bienvenido sea.
El Programa Nacional de Desertificación se va a incluir dentro de la
estrategia de montes, lo que pasa es que se va a ampliar. A partir
del Convenio de desertificación, España puso énfasis sólo en una de
las actuaciones importantes, que es el Programa de Hidrología
Forestal, retener la erosión. Pero el Convenio de desertificación va
mucho más allá; implica no intentar cambiar el desierto, sino
gestionarlo para que produzca en sí mismo rentas, porque si se
gestiona bien se termina con el problema, que es básicamente socio-
económico y ecológico.
El gran olvidado en este campo ha sido el Ministerio de Agricultura,
España no se ha planteado todavía una política de gestión agrícola de
zonas áridas con productos que añadan mucho valor a los productos
derivados de esas zonas; en parte está la biodiversidad y en parte
los usos biotecnológicos de plantas aromáticas, plantaciones de
matorral, etcétera, que muchas de ellas tienen usos industriales. Por
consiguiente, haya que ver hasta qué punto España puede poner en
valor esa agricultura de zonas áridas de la cual sabe mucho pero
todavía no hay un foro que permita conocerlo exactamente.
En el programa para 1999 se ha incluido -y hay pendientes dos
contratos con las dos universidades politécnicas para crear esos
foros- al Ministerio de Agricultura, se han incluido estudios -que
hay muchos ya- y al sector privado que está investigando en ese área:
plantas aromáticas, biotecnología, utilización de zonas salobres-
húmedas -hay dos o tres industrias líderes españolas- para que,
además, se haga en un marco sector privado-sector público. Esperamos
completar con esa parte el programa de acción nacional de lucha
contra la desertificación que, por otro lado, ninguno de los países
firmantes de la convención tenía, salvo Burkina Faso. Por tanto, es
un convenio joven. En las reuniones que he tenido con el secretario
de la convención, en Senegal, he podido observar que tampoco tienen
claro, desde el punto de vista del propio convenio, en qué
actuaciones incidir o no. Si la oficina de Biotrade se instala en
España, al parecer va a ser en Sevilla, a lo largo del año que viene,
se dedicará en gran parte a la puesta en valor de zonas áridas
mediterráneas de ese tipo de agricultura y ese impulso se trasladará
probablemente hacia los países africanos a lo largo del año 2000,
porque nos lo ha pedido el secretariado, y así podremos actuar en esa
zona ayudando, sobre todo, a Túnez, Marruecos y la zona del sur Sahel
para poner en valor los productos de zonas áridas. Si se cierra el
libro blanco será mejor, porque sabremos donde no va a llegar agua en
España y, por tanto, la puesta en valor de ese territorio pasará
precisamente por un programa de acción contra la desertificación que
hará prevalecer ese territorio.
Los problemas internos del Ministerio. Hay un problema clásico al que
no se ha dado la resolución definitiva; es un problema histórico, y
es que el organismo autónomo Parques nacionales se separó sólo en la
ley pero no de hecho. Por ello, se produce una situación clara de
ilegalidad porque los funcionarios del organismo autónomo Parques
nacionales, desde 1995, siguen trabajando para la dirección general
porque se separó el organismo pero no se bajó en la escala y se dotó
al organismo de su funcionarios, con lo cual hay funcionarios que
cumplen doble función. Se está llevando a cabo una operación de
reestructuración para acabar ese proceso porque, probablemente,
Parques nacionales, ahora que se cogestiona con las comunidades
autónomas, necesite más flexibilidad. Precisamente la semana pasada
se acabó el informe, que se va a presentar al MAP, de reorganización
de la dirección general y del organismo autónomo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Enrique Alonso. Quiero
agradecerle su información en esta comparecencia que ha sido muy
amplia.
Se suspende la sesión hasta las once.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PÚBLICO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA, «AENA», (CAL PARDO),
PARAQUE EXPLIQUE LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL CITADO ENTE YAL
MINISTERIO DE FOMENTO A INCUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS Y REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LA DIA DE 12-04-96 RESPECTO AL PLAN ACÚSTICO Y CONTRA
EL RUIDO QUE PRODUCIRÍA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA PISTA
EN ELAEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID). A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000814)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar al sesión con la comparecencia
del director general del ente público AENA, ante la Comisión de Medio
Ambiente, para que explique las razones que han llevado al citado
ente a estudiar el cumplimiento de todas las medidas y requisitos
establecidos en la DIA de 12-04-96 respecto al Plan acústico y contra
el ruido que produciría la puesta en funcionamiento de la nueva pista
en el Aeropuerto de Barajas. Esta comparecencia ha sido solicitada
por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el director general por un tiempo máximo de veinte
minutos.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACIÓN AÉREA (Cal Pardo): Al hilo de las palabras del señor
presidente, quisiera decir que lo que pretendo hacer
hoy aquí es poner de manifiesto el grado de cumplimiento en que
actualmente se encuentran las medidas y requisitos establecidos por
la Declaración de impacto ambiental respecto al Plan de aislamiento
acústico y contra el ruido por la puesta en funcionamiento de la
nueva pista del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Pudiendo afirmar que AENA y el resto de los organismos de la
Administración implicados en este asunto han cumplido o están
cumpliendo con transparencia, con todas y cada una de las medidas
contempladas en la Declaración de impacto ambiental, paso a relatar
ante esta Comisión el cumplimiento de las múltiples y complejas -en
algún caso- medidas y requisitos de la Declaración de impacto
ambiental. Las medidas que están finalizadas son las siguientes.
Elaboración y aprobación de un plan de aislamiento acústico, que ha
sido aprobado el 4 del pasado mes de noviembre.
Modificación de las rutas de salida impuestas, especialmente las
referidas a las salidas en configuración sur sobre San Fernando de
Henares, Coslada y Mejorada del Campo, que han sido modificadas y
publicadas en las publicaciones de información aeronáutica, AIP, del
10 de octubre de 1996.
Supresión en horario nocturno de las salidas de aeronaves del
capítulo 2, es decir, las más antiguas y ruidosas, cuya sustitución
será gradual hasta el año 2010, siguiendo la normativa europea. Han
sido sustituidas por las del capítulo 1, más modernas y silenciosas.
Restricción en el uso de la reversa, es decir, la frenada con
inversión de motores entre las 23 y las 7 horas, comunicado a las
compañías en mayo de 1996.
Modificación de las rutas de salida nocturnas aprobadas y publicadas
por el AIP, publicación de información aeronáutica, el 10 de octubre
de 1996; se refiere precisamente a la utilización de la antigua pista
36R para evitar el impacto de ruido de estas aeronaves en la zona de
salidas por el norte sobre San Sebastián de los Reyes.
Planificación de dotaciones presupuestarias dentro del conjunto de
actuaciones medioambientales previstas en el Plan de actuación e
inversiones y financiación (Paif). Estas dotaciones son las
siguientes: en los ejercicios 1996 y 1997, 2.000 y 1.000 millones
respectivamente; para el ejercicio en curso, 1998, está presupuestada
la cantidad de 2.641 millones de pesetas y se prevé una dotación para
el 1999 de 2.000 millones, así como el compromiso de asignar partidas
de 1.000 millones de pesetas para los años sucesivos hasta completar
el conjunto de actuaciones recogidas en el Plan de aislamiento
acústico. Quiero señalar que no hay un límite superior sino que se
harán todas las modificaciones que las mediciones en curso aconsejen
hacer.
Constitución de la comisión de gestión y de una comisión técnica del
Plan de aislamiento acústico a las cuales me referiré con más detalle
con posterioridad.
Diseño de un plan operativo de seguimiento y control del ruido. Ello
ha supuesto la creación del sistema de monitorado de ruidos, Sirma,
que permite, midiendo el ruido ambiente, correlacionar el ruido de la
aeronaves con sus trayectorias,identificando todos los parámetros del
vuelo y pudiendo así analizar el impacto acústico según zonas
geográficas, así como las trayectorias seguidas en las maniobras de
aproximación y despegue. Este sistema supone la
instalación de una gran cantidad de medidores que están en toda la
zona midiendo permanentemente el ruido y ofreciendo las mediciones,
que son analizadas por este sistema, y permite la discriminación de
las distintas rutas, las distintas aeronaves y el impacto en los
distintos puntos donde están señalados. Posiblemente, este sistema se
amplíe, al margen de lo que se había solicitado en la Declaración de
impacto ambiental.
Remisión de informe periódico de ruido a la Comisión de vigilancia y
a los ayuntamientos del entorno del aeropuerto.
Creación de la Comisión de vigilancia de ruido, que está integrada
por la Dirección General de Aviación Civil y la Dirección General de
Información y Evaluación Ambiental, que precisamente hoy se reúnen
con los dos representantes de los ayuntamientos, nombrados en la
misma, un representante de los ayuntamientos del sur, Coslada- San
Fernando, y un representante de los ayuntamientos del norte, San
Sebastián de los Reyes y los ayuntamientos del entorno. En esta
comisión no participa AENA. Está informando de todo lo necesario y
está a disposición de la comisión en el grupo de trabajo constituido
al efecto para hacer todo aquello que la comisión nos mande hacer.
Revisión del Plan de emergencias aeronáuticas como elemento del Plan
de emergencia interior, ya realizado y aprobado por la Comisión de
protección de aviación civil de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Tratamiento de aguas pluviales y encauzamiento de arroyos.
Conclusión de la primera fase del análisis de la situación
medioambiental de vertederos, con autorización de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, autorización de fecha 27 de septiembre de
1996.
Proyecto y acciones de recuperación ambiental.
Remisión del Programa de vigilancia ambiental a Medio Ambiente.
Remisión de una serie de documentos a la Dirección General de
Aviación Civil para su envío a Medio Ambiente.
Esto es lo que está hecho, de acuerdo con lo demandado por la
Declaración de impacto ambiental. De todos modos no se ha acabado,
tenemos que seguir avanzando y hay una serie de operaciones en curso
a las que ahora me voy a referir.
Primero. Estudios de nuevos escenarios de demanda para el año 2000 y
el 2010. Como ya ha anunciado recientemente el Ministro de Fomento,
se están ultimando los estudios para determinación del desarrollo
aeroportuario de Madrid. Dichos estudios -cuya conclusión esperamos
que esté a primeros de año; en cualquier caso, la Declaración de
impacto ambiental daba tres años, que finalizan el próximo mes de
abril, para la presentación de estudios-, tras su conclusión a
primeros de año, pasarán a la consideración del Consejo de Ministros
para la determinación de la alternativa más conveniente e idónea para
los intereses nacionales.
Segundo. Está en ejecución el Plan de aislamiento acústico, que ha
sido aprobado el día 4 de noviembre pasado y, para ello, ya se ha
abierto la oficina de atención a los afectados a la que luego también
me referiré.
Tercero. Supresión de las operaciones de aeronaves del capítulo 2,
las más ruidosas, como he dicho antes, entre
las 23 y las 7 horas. Se obliga a esta medida a partir del año 2000.
Cuarto. Revisión de planes urbanísticos a cargo de los ayuntamientos
afectados y la información a los ayuntamientos, cada dos años, es
otra de las obligaciones previstas y cuyo cumplimiento está en curso.
Tras esta breve enumeración de las acciones, contempladas en la guía
a nivel general, paso a retomar aquellas relacionadas directamente
con el motivo de esta comparecencia, que no son otras que las del
Plan de aislamiento acústico para paliar el nivel de ruido tras la
puesta en servicio de la nueva pista del Aeropuerto de Madrid-
Barajas.
El impacto acústico, dentro de los límites creados por la huella
sonora producida por las aeronaves en el entorno del aeropuerto en
las operaciones de aproximación y despegue, viene afectada por
múltiples factores. Según puedecomprobarse, las once primeras
acciones enumeradas anteriormente, dentro de las ya finalizadas,
corresponden a medidas tendentes a minimizar el impacto acústico.
En lo referido al segundo punto, modificación de rutas de salida, la
Dirección General de Aviación Civil, en su calidad de autoridad
aeronáutica española, ha coordinado las reuniones previas a la puesta
en servicio operativo de la nueva configuración, al entrar en
servicio la nueva pista. En estas reuniones han estado presentes,
dado el eminente carácter operativo, representantes de IATA,
Asociación Internacional de Líneas Aéreas, así como pilotos, para
recoger las sugerencias que como profesionales del sector pudieran
presentar, siempre que ello favoreciera el logro de las nuevas
trayectorias que minimizaran el impacto acústico en el entorno del
aeropuerto.
El Plan de aislamiento acústico y las medidas contra el ruido tienen
como objetivo primordial tomar todas las medidas de atenuación del
ruido que técnicamente sean posibles para limitar la afección al
menor número de viviendas posible y, en principio, podemos decir que,
con todas las anteriores medidas que la Declaración de impacto
ambiental nos impone, hemos conseguido reducir el impacto de la
antigua operativa del aeropuerto, que afectaba a unas 60.000
personas, del orden de 16.000 viviendas del entorno del aeropuerto, a
un número ligeramente inferior a 10.000 personas, del orden de 3.148
viviendas en este momento. La medida más notable para producir esta
reducción de afección ha sido la variación de las trayectorias en las
operaciones por el sur, aproximaciones y despegues, logrando evitar
el sobrevuelo de zonas residenciales de San Fernando de Henares,
Coslada y Mejorada del Campo, limitándose el sobrevuelo únicamente al
entorno del barrio de la estación de Coslada, con el que estamos en
negociaciones para tratar de resolver este problema. Ciertamente hay
que reconocer que, al igual que se ha realizado para las operaciones
desde y hacia sur del aeropuerto, en estos momentos están pendientes
de aplicar procedimientos similares para las operaciones por el norte
del aeropuerto, que evidentemente se han visto agravadas como
consecuencia de la apertura de la nueva pista. Estas medidas se
dirigirán a reducir el sobrevuelo de zonas residenciales de La
Granjilla y Fuente del Fresno, que afectan a unos mil vecinos, ya que
se ha producido un impacto acústico algo mayor del estimado
inicialmente.
Como medidas a corto plazo, se va a instalar otro punto de medición
Sirma, además de los que ya existen aquí, en la urbanización La
Granjilla, para obtener mediciones reales con vuelos operando desde
la nueva pista, además de mantener reuniones con los vecinos
afectados, así como evitar sobrevuelos diurnos -no sólo nocturnos- de
los aviones del capítulo 2, desde el 28 de febrero de 1999, lo cual
supone adelantarse a la normativa europea. ¿Por qué el 28 de febrero
de 1999? Por exigencias de publicación en la documentación
aeronáutica.
Dentro del Plan de aislamiento acústico, AENA ha abierto al público
una oficina de gestión, situada en la calle de Hoyos, 35, que se
encarga de recibir solicitudes y tramitarlas. En estos momentos, la
oficina se encuentra dotada con dos personas y los equipos técnicos e
informáticos necesarios para informar a los ciudadanos y analizar sus
demandas. Esta oficina ha realizado, desde su apertura, el envío de
2.342 comunicaciones a cabezas de familia afectados que figuran en el
censo aproximado del Plan. La oficina recibe una media de 65 a 85
visitas diarias y recibe de 60 a 80 llamadas telefónicas. Además,
atiende a las asociaciones de vecinos que tengan curiosidad por
conocer el avance de la implantación de plan.
Todo el Plan de aislamiento acústico está supervisado y administrado
por la Comisión de gestión del Plan de aislamiento acústico, que se
creó el 12 de abril de 1996 por resolución de la Dirección General de
Información y Evaluación Ambiental, y está constituida por dos
representantes de la Dirección General de Aviación Civil, uno de los
cuales ostenta la presidencia de la citada comisión; y cada uno de
los alcaldes de los ayuntamientos en cuyos términos municipales haya
viviendas dentro de la zona limitada por las isófonas de 65
decibelios durante el día, de 7 a 23 horas, y de 55 decibelios por la
noche, de 23 a 7 horas, tanto en la actualidad como en el escenario
previsto para el año 2000. Creo recordar que son once los
ayuntamientos afectados, pero, además, participan tres ayuntamientos
que, aunque no están afectados directamente, están próximos a esos
aeropuertos, como puede ser el de Tres Cantos, además de las otras
personas a las que he hecho referencia. Hay también un representante
de AENA que asume la secretaría de la comisión. La Comunidad Autónoma
de Madrid tiene a dos representantes en la citada comisión.
Con la finalidad de determinar con total precisión la huella acústica
real, una vez puesta en servicio la nueva pista y con vuelos reales,
a propuesta de AENA y con la conformidad de los ayuntamientos, se
propuso a Medio Ambiente la realización de nuevas mediciones de cara
a garantizar, en todo momento, lo previsto en el plan, que marca como
niveles máximos en las viviendas que se encuentren dentro de la
huella 55 decibelios en horario nocturno y 65 en horario diurno, es
decir, que no nos vamos a limitar a las viviendas que están dentro de
la huella sino que, a través de mediciones reales, se verá cuál es la
huella real y cualquier vivienda u otro edificio que se encuentre
dentro de esa huella real y que esté afectada por los isófonos de 65
y 55 decibelios, será tenida en cuenta. Por eso decía antes que el
limite presupuestario no está fijado sino que dependerá del número de
viviendas afectadas reales, medidas por procedimientos objetivos,
encargo que en este momento tiene la Comisión de vigilancia del
ruido.
Quedo a su disposición para aclararles cualquier otra información que
yo pueda facilitarles.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra a la portavoz del
grupo que ha solicitado la comparecencia, que es el Grupo Socialista,
quería dar la bienvenida a don Francisco Cal, recientemente nombrado
Director General de AENAen esta primera comparecencia ante la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra doña María Dolores
García-Hierro, por un tiempo máximo de diez minutos.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: También deseo, en representación
de mi grupo, darle la bienvenida a esta Comisión, felicitarle
personalmente, desearle de manera sincera que su gestión al frente de
AENAsea eficaz y duradera, porque con ello ganaríamos todos, los
ciudadanos españoles y, sobre todo, los ciudadanos madrileños
afectados gravemente por la gestión inadecuada, el caos en el que
estos dos últimos años se ha vivido en nuestra ciudad y del que por
supuesto usted, que acaba de llegar a esta responsabilidad, no es
responsable. La verdad es que deseamos que acierte porque los
intereses de 17 municipios -que no de 11- están afectados por los
problemas que produce el ruido de las naves que sobrevuelan el
conjunto de los núcleos urbanos o sus límites, es francamente
insoportable para estos vecinos. Y deseamos que se agote su mandato
también -usted es el tercer director general de AENA-. Tuvimos
ocasión, después de muchos meses de espera, de que el primer director
general de AENA, señor Piña, compareciera ante esta Comisión para
explicarnos cuál iba a ser el grado de cumplimiento de la declaración
de impacto ambiental, y en aquella ocasión su intervención nos llenó
de cierta tranquilidad porque al menos asumió, por lo menos en el
marco teórico, que la declaración de impacto era una norma jurídica
de obligado cumplimiento para el Gobierno y, por lo tanto para AENA,
que es el órgano encargado de cumplir y desarrollar lo mismo.
Lamentablemente, en febrero de 1997, ya nos anunciaba que, de acuerdo
con la declaración de impacto ambiental que establecía en un año el
período máximo para elaborar el plan de aislamiento acústico, ya
estaba hecho en abril. Así también nos consta por escrito, en
pregunta formulada por mi grupo al Ministerio de Fomento y que se
presentaría de manera inmediata. Lo cierto es que no se llegó a
cumplir en el mes de junio de 1997 que es cuando por primera vez se
reúne la comisión de gestión del plan en la cual tenía mayoría AENA,
la Dirección General de Aviación Civil, el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad Autónoma de Madrid y no se había incluido más que un
solo municipio, y es a petición de los grupos de esta Cámara y,
fundamentalmente, la presión de los alcaldes y de los vecinos, por lo
que se incorporan el resto de los municipios, la Federación regional
de asociaciones de vecinos y los técnicos. Lamentablemente, este
director general cesó y no tuvimos ocasión de conocer cuáles eran las
razones por las que no se habían cumplido los plazos y no se había
presentado el plan de aislamiento acústico.
Nosotros solicitamos esta comparecencia el 10 de octubre,
precisamente porque estábamos alarmados, pues no
sólo los plazos, sino los contenidos de cada uno de los requisitos
que usted ha mencionado no se habían cumplido y no se han cumplido al
día de hoy. Es cierto que quienes le han preparado su intervención
siguen manteniendo la misma posición, por lo que constato que, el día
10 de octubre, creó alarma social en los vecinos de Madrid, en más de
500.000 vecinos afectados por el problema y en este grupo
parlamentario, motivo que nos hizo solicitar la comparecencia. Usted
es el responsable ahora y tendrá que contestarnos porque, en última
instancia, el máximo responsable es el ministro de Fomento, que desde
que solicitamos su comparecencia, tardó diecisiete meses en
comparecer ante esta Comisión; se comprometió el 15 de junio a que el
plan de aislamiento acústico estaría presentado en julio de 1998
y nos encontramos en el mes de octubre con que se presenta un borrador
en la comisión de gestión, que se pretende que se apruebe por los
ayuntamientos allí presentes sobre la marcha, sin haber tenido
oportunidad de estudiarlo y así intentar aparecer como que se cumple
la primera obligación que es que el plan de aislamiento acústico
tenía que estar aprobado antes de la puesta en funcionamiento de la
tercera pista. Esto es denunciado por los ayuntamientos y por el
Ministerio de Medio Ambiente y se decide que como no ha sido
informado previamente por el Cedex y los organismos competentes se
devuelva para reformularlo. Pero es verdad que la inauguración de la
tercera pista estaba ahí y que en el Grupo Socialista no nos hemos
opuesto, sino todo lo contrario; desde el principio esto se remonta a
un viejo proyecto donde lo que plateábamos eran medidas correctoras,
a través de la declaración de impacto ambiental para paliar los
mayores ruidos que podía producir el mayor número de aeronaves
sobrevolando por encima de estos núcleos urbanos.
La verdad es que nos enteramos por la prensa de que se va a poner en
funcionamiento; los alcaldes y la federación de vecinos, el Defensor
del Pueblo, la Fiscalía de Medio Ambiente y todos los que hemos
presentado iniciativas y formulado preguntas, estamos al día de hoy
sin la contestación. Consta en el «Diario de Sesiones» y en los
registros de esta Cámara que de manera periódica y permanente
formulamos iniciativas pidiendo la información que nos es legítima en
nuestro derecho de control en esa línea de transparencia que usted
apuntaba; yo no dudo de su buena fe, pero no ha sido precisamente el
camino que se ha llevado hasta ahora. No se ha contestado, no se ha
dado información y se ha ido actuando de manera que no se ha
respetado la declaración de impacto ambiental.
Y llegamos al 4 de noviembre, y con nocturnidad y alevosía, se reúne
de manera inmediata a la directora general de Calidad Medioambiental
y a algunos miembros de la comisión técnica de la comisión de gestión
para aprobar ese borrador de plan, ese borrador que es enmendado por
la propia ministra, porque dice que lo primero que hay que modificar
es la huella sonora. Usted ha vuelto a hacer referencia a que la
afectación es sólo a 3.200 viviendas; realmente, eso no es así, es
tan subrealista que sólo cabe pasarse por San Fernando y ver que
donde está puesto el medidor de ruido es en un entorno alejado y la
afectación, que en ese mapa que ustedes diseñaron es de 80 viviendas,
sobrepasa más de las 12.000. La afectación no es sólo con la nueva
ruta que afecta a nuevas urbanizaciones, que efectivamente
no estaban afectadas hasta ahora, como es el barrio de La
Granjilla o como la propia universidad, donde 30.000 universitarios
tienen que interrumpir cada tres minutos su clase porque es imposible
seguir con ella con el nivel de ruido. Ha habido una modificación de
las rutas y no fueron tenidos en cuenta los criterios técnicos que
pilotos, expertos y personas que representan cierta opinión
cualificada como es el Sepla, ya denunciaron. Dijeron además que se
les obligaba a hacer unos virajes que ponían en riesgo la seguridad,
y créame que nosotros no queremos alarmar a nadie en absoluto, pero
lo cierto es que había que salvar la situación y, el 4 de noviembre,
como he dicho, con nocturnidad y alevosía, se aprobó un supuesto
plan. Y lo critica la propia ministra de Medio Ambiente, que las
mediciones no han sido reales, que la huella sonora definida por AENA
no se ajusta a la realidad, que no son 3.200 viviendas las afectadas
sino que son muchas más y muchos más equipamientos y que, por lo
tanto, se tiene que crear una comisión técnica, y que se da un plazo
máximo de seis meses para hacer nuevas mediciones reales y un nuevo
plan. Y en tanto en cuanto eso se produce, la huella es la que viene
en la declaración de impacto ambiental que tiene como referencia los
años l994 y 1996.
Y plantea usted también que hay una oficina abierta en López de Hoyos
donde se reciben las reclamaciones. Es cierto, se le envía una carta
comunicándoles que tienen el derecho aquellas familias que han sido
censadas en esa huella reducida a 3.200 viviendas, en lugar de hacer
una información amplia para que todos los ciudadanos que se
consideren afectados puedan hacer la solicitud y que luego esa
comisión técnica pueda estudiarla, evaluarla y, en su caso si
procede, considerala y admitirla para que después se proceda a la
insonorización de esas viviendas o de los equipamientos afectados.
Por lo tanto, tampoco se ha cumplido esa segunda parte. Y no hablemos
ya del resto de las medidas de la recuperación del margen del río
Jarama, la recuperación vegetal..., pero esos temas de aspectos
medioambientales que usted ha tocado no son la mayor preocupación que
tenemos en este momento; nos preocupa precisamente porque es un
problema de decisión política; se puede y se deben variar las rutas
sin riesgo para la seguridad; se puede minimizar el ruido, y se puede
contemplar y se deben contemplar cuanto antes las medidas de
insonorización. Se han perdido dos años y medio porque la declaración
de impacto ambiental hablaba de un año; el Gobierno aquí se
comprometió a tenerlo en abril de 1997 y estamos en diciembre de
1998. Usted claro que tiene que trabajar a marchas forzadas porque,
lamentablemente, no se ha cumplido el requisito número 1 que era que
el plan estuviera en funcionamiento antes de que funcionara la
tercera pista, que la huella sonora se modificara y minimizara el
ruido, pero con esa participación a la que ha hecho referencia y, por
lo tanto, hay que apretar al máximo para poder cumplir estos
requisitos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Voy terminando, señor presidente,
es que este es un tema quecreo que es importante, aunque todos lo
sean. El problema
aquí es que ya no tiene credibilidad AENA, no su persona, no tiene
credibilidad el Ministerio de Fomento, porque son dos años y medio,
en los que todos estos puntos que usted ha traído aquí, que se los
han redactado-creo que haciéndole un flaco favor porque es volver a
lo del 4 de noviembre que fue rectificado por el acuerdo del
Ministerio de Medio Ambiente y de los municipios afectados-,
contrasta con los hechos. Nosotros estamos preocupados porque el
desarrollo aeroportuario de nuestro país, de nuestra nación, de
España, se haga bien. Es compatible que funcione adecuadamente el
aeropuerto, que dé un buen servicio y que, al mismo tiempo, las
medidas correctoras de aislamiento del ruido permitan que los
ciudadanos del entorno que se ven afectados vivan en unas condiciones
de calidad de vida mejores. Creo que es ahí donde hay que hacer el
esfuerzo; sus antecesores no lo han hecho, la responsabilidad del
ministro ha sido dar la callada por respuesta o echar la
responsabilidad a otras personas.
Al final, eso es lo que se demanda de usted ahora, que ojalá se tome
interés, ojalá tenga el apoyo político suficiente para llevar a cabo
estos requisitos, ojalá ese presupuesto que ha citado, que suma 7.000
millones y no los 16.000 comprometidos por la ministra de Medio
Ambiente, se ejecute cuanto antes, porque insonorizar 16.000
viviendas se puede hacer en un período muy breve de tiempo, y ojalá -
se lo digo desde el respeto porque es su primera comparecencia-
también ustedes presenten en plazo el estudio y los informes de
impacto ambiental para bascar una ubicación al segundo aeropuerto
para Madrid, porque no se puede ni se debe ampliar el actual, por
todo un tipo de condiciones de cómo está ya saturado todo el entorno
urbano, no se puede, salvo que pongamos los aviones encima de las
casas. Porque, además, económicamente es más viable y rentable, como
en otras ciudades de Europa y del mundo, tener dos aeropuertos y
porque, sobre todo, es una demanda compatible con el medio ambiente,
con el desarrollo aeroportuario de nuestro país y con la calidad de
vida, sobre todo de los ciudadanos. Creo que eso es lo que más le
tiene a usted que ocupar en su cargo.
Nosotros, desde el Grupo Socialista, en este tema hemos sido muy
constructivos, simplemente hemos pedido que se cumpla la declaración
de impacto ambiental que según la ministra de Medio Ambiente era
mínima y se podía cumplir y, sin embargo, ha resultado ser,máxima
para el Ministerio de Fomento y para AENA. Por lo tanto, vuelvo
a decirle: Bienvenido a la Comisión, ojalá su mandato sea eficaz y
fructífero y termine la legislatura para que podamos vernos aquí y
podamos decirle que usted sí ha cumplido; sus antecesores no, pero la
máxima responsabilidad la tiene el ministro de Fomento.
El señor PRESIDENTE: El señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Solamente quiero hacer una reflexión que no
va a ser casi ni pregunta porque, debido a otra intervención, no
podré estar en la respuesta.
Verdaderamente me sorprende muy mucho la situación actual de Barajas
y la historia política que sobre ella estamos montando en esta
Cámara. Estamos hablando de los dos últimos años y, lógicamente, los
dos últimos años son
responsabilidad del Ministerio de Fomento y creo que hay errores, o
al menos hay fallos. A pesar de que ayer en la Comisión de
Infraestructuras se me decía que no hablemos de lo anterior, creo que
en obras grandes sí hay que hablar de lo anterior y lo que me
sorprende es que,en este momento, por lo que se dice de incompetencia
de quien sea durante estos dos últimos años, resulta que hay tanta
gente afectada por una huella sonora, una huella acústica, por mal
funcionamiento de esta tercera pista en cuanto a los despegues, que
afectan a muchas viviendas. Yo me pregunto, ¿cómo se definió la
ubicación del terreno de la tercera pista? ¿Es que entonces todo esto
no estaba? Cuando se decidió hacer la tercera pista donde está,
¿estaba libre de toda esta problemática? Durante los años que se ha
tardado en decidir que empezaran las obras, los años que se tardó en
dar la definición de impacto ambiental por parte del Ministerio de
Obras Públicas en aquellos momentos, ¿es que se han construido más
viviendas en zonas que no deberían haberse construido? ¡ Es que
estamos hablando como si todo pasase ahora! Me sorprende mucho que
estemos dando a unos temas, sobre los que habrá que trabajar mucho y
que se pueden y deben solucionar, un cariz demasiado político.
Quisiera que fuésemos muy prácticos y le pediría al nuevo director
general de AENA que entrase en la parte positivista que al menos yo
siempre le busco a las cosas. O sea, hay soluciones, vayamos
directamente a ellas; si me dicen que no hablemos de lo anterior no
lo hagamos, pero que el que lleva la mochila a la espalda con el
bagaje de lo anterior se quede en el tema positivista de solucionar
la problemática, sin entrar en definiciones; si esto es ahora así es
porque antes era asá, hay unas líneas de continuidad, y lo que
tenemos hacer es resolver la problemática de Barajas, resolver la
problemática de otros aeropuertos que en estos temas, como pueden
suponer, también hay temas a resolver y alguien tiene que entrar,
entre los cuales me puedo contar. Hablo de lo que se ha tardado en
definir la tercera pista de Barcelona y de los daños e inconvenientes
que, a pesar de todo, sigue teniendo la tercera pista de Barcelona.
Por lo tanto, yo pediría que por parte de todos jugásemos al aspecto
positivo del tema, que no es otro que ir a resolver el problema lo
antes posible, cambiando rutas y lo que se tenga que cambiar, pero
que solucionemos el problema de una vez.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra don Ángel Mario Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Quiero, en primer lugar, como
han hecho mis predecesores, dar un saludo de bienvenida a Francisco
Cal por su retorno a la gestión aeronáutica, y desearle los mayores
éxitos.
El texto de la comparecencia es rotundo: las razones que han llevado
a AENA y al Ministerio de Fomento a incumplir todas las medidas y
requisitos establecidos en la declaración de impacto ambiental del 12
de abril de 1996, respecto al plan de aislamiento acústico que
producirá el funcionamiento de la nueva pista de Barajas. Antes de la
aprobación de la declaración de impacto ambiental, cuya tramitación
se ha recordado -y quiero insistir en ello- que duró tres años, los
últimos del Gobierno socialista, incluso con propina, pues fue
aprobada por un Gobierno ya
en funciones, el 12 de abril de l996, antes, digo, hemos de recordar
algunos hechos en la historia de Barajas cuya acumulación ha llevado
a una concentración en el tiempo de problemas y, afortunadamente,
soluciones.
Quiero recordar que el Plan director de Barajas fue paralizado en
1983 y hasta 1992. En este año 1992, el entonces ministro Borrell
expuso en un informe al Gobierno la situación límite del aeropuerto
de Barajas y la urgente necesidad de acometer medidas importantes
para evitar el caos a partir de 1 de enero de 1996, y así se elaboró
un estudio de viabilidad económico-financiero de Barajas, y así la
Dirección General de Aviación Civil presentó el 14 de junio de 1993,
ante la Dirección General de Política Ambiental, una memoria resumen
del proyecto de ampliación del aeropuerto, proyecto socialista que se
ha recordado, e insisto en ello, que fue aprobado el 12 de abril de
1996, proyecto de ampliación del aeropuerto, definición de la
ampliación del aeropuerto y estudio de impacto ambiental que
motivaron el retraso en el arranque de la gestión aeronáutica del
aeropuerto de Barajas por el Gobierno del Partido Popular.
En Comisión de Infraestructuras del 15 de junio, el ministro de
Fomento indicaba que la ampliación del aeropuerto de Barajas, en la
forma en que se está realizando actualmente, está limitada y
condicionada por una declaración de impacto ambiental que contiene
una serie de exigencias que, en conjunto, se van cumpliendo, algunas
de ellas con un cierto retraso, como consecuencia de las dificultades
que se plantean en la coordinación de la Administración central del
Estado y de los ayuntamientos, y de los estudios técnicos que en
aplicación de esa declaración ha habido que encargar para cumplir con
aquello que es exigencia fundamental de la declaración, que es el
plan de aislamiento acústico. Su finalización está prevista para el
mes de junio y a finales del presente mes se someterá a la aprobación
de la Dirección General de Información y Evaluación Ambiental, como
así ha sido.
Las medidas establecidas por la autoridad medioambiental en aquella
declaración recogen de modo limitado los criterios establecidos
internacionalmente por la Organización Internacional de Aviación
Civil en materia de impacto y evaluación acústica; ha de
desarrollarse la legislación en España. Este proceso ha constituido
un largo proceso de aprendizaje y adecuación coincidiendo con un
enorme incremento del tráfico aéreo y falta de capacidad para
absorberlo. Cuando el director general de AENA ha expuesto el grado
de cumplimiento de las distintas medidas: modificación de vuelo,
reducción de la afección , evidentemente la modificación de vuelos
afecta y modifica el mapa de influencia, el número de viviendas y los
lugares de viviendas. Se ha pasado de un modelo matemático de estudio
de la repercusión del ruido a un modelo a escala natural que es lo
que los 11 ayuntamientos afectados más AENA han propuesto, y no Medio
Ambiente, en cuanto a la medición de ruidos y modificación y
evaluación de las viviendas afectadas. Por ello, felicito a AENA por
su esfuerzo, antes de Francisco Cal y, ahora, con Francisco Cal, pues
esa declaración de impacto ambiental está teniendo un excepcional
supercontrol de las extensas condiciones establecidas en la
declaración de impacto ambiental.
Y termino deseando, en la futura tarea intensa de AENA, primero, que
se plantee -y así lo ha dicho el
ministro de Fomento- el estudio de una reestructuración; segundo,
pido a AENAmayor publicidad, que se conozcan los esfuerzos que ha
hecho y está haciendo para cumplir esa extensa y exigente DIA; pido
una publicidad que no supone gastar esos falsos 3.000 millones de
pesetas que salieron en los medios de comunicación hace pocos días,
cuya falsedad ha expuesto el ministro en alguna comparecencia
reciente. Ypido al presidente de la Comisión la visita de los
miembros de esta Comisión a Barajas para que in situ puedan conocer
la veracidad de las medidas establecidas en cuanto a la DIA; pido a
AENA, dentro de esa intensa tarea, que participe en la modificación o
actualización de una ley de navegación aérea francamente obsoleta,
porque es del año 1960 y ya hemos señalado en otras intervenciones la
necesidad de afrontar su actualización. Y es lógico que AENA, que lo
reconoce, porque ha padecido la falta de desarrollo de la
legislación, complemente el Real Decreto 1302/1986 y su reglamento de
ejecución, que complemente, digo, la forma de evaluar la afectación
acústica en el sector aeronáutico.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que cualquier solicitud de visitas
por esta Comisión tiene que estar formulada a través de los
correspondientes grupos parlamentario, y luego será analizada por la
correspondiente mesa de la Comisión; no obstante queda reflejado en
el «Diario de Sesiones» por si el grupo al que usted pertenece estima
oportuno solicitar esa visita.
Don Francisco Cal tiene la palabra por un tiempo máximo de diez
minutos.
El señor DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y
NAVEGACIÓN AÉREA (Cal Pardo): Mis primeras palabras tienen que ser de
agradecimiento por la felicitación que todos los grupos
parlamentarios me han formulado y por sus deseos de eficacia en la
gestión y duración en el ejercicio; la duración en el ejercicio no
depende directamente de mí sino que posiblemente deriva de la
eficacia. Trataré de ser lo más eficaz y eficiente, como ha sido
norma en mi vida por los distintos sitios por donde he pasado, tanto
en empresas públicas como en empresas privada, y en la propia
Administración en el período en que he estado en Navegación Aérea, de
lo que estoy enormemente orgulloso porque, además, en aquel momento y
bajo mi dirección, se inició el proyecto Sacta que creo que es un
proyecto que además permitió, después de la dura apuesta que hicimos
por la industria española, que la industria española esté hoy en
muchas áreas del mundo vendiendo tecnología punta. En aquel momento
fue una decisión difícil, apostamos y en dos años conseguimos muchos
éxitos; se tardó un poco más de lo previsto pero allí está y es un
gran proyecto; seguiremos en la línea -aunque no sea motivo de esta
comparecencia-, porque en este momento queremos apoyar decididamente
todo lo que sea la navegación por satélite.
Tengo mucha preocupación por los aspectos del ruido, señoría. Me
pongo en los zapatos de las personas que viven en esos ayuntamientos,
pueden ser 17, vamos a tratar de medir cuántos son. Por supuesto,
como mi predecesor y antiguo jefe, señor Piña, considero la DIA como
una norma jurídica de obligado cumplimiento y vamos a tratar de
cumplirla. Para mí, al llegar a la dirección de AENA, constituye
problema primordial todo lo que afecte al medio ambiente en general
pero, muy especialmente, en el entorno de Barajas. En un reciente
viaje que tuve que hacer a la Dirección General de Aviación Civil del
Perú como consecuencia de compromisos anteriores, tuve que dar un
curso y en el viaje me encontré con unas declaraciones del rector de
la Universidad Autónoma que me preocuparon enormemente, y nada más
llegar a Lima la primera llamada telefónica que hice fue a mis
colaboradores para ver cómo estaba ese problema y que se diese
respuesta inmediata al director de la Autónoma para tratar, primero
de conocer el problema en su dimensión y, luego, tratar de paliarlo.
A partir de aquellos días ya se han hecho mediciones en la
Universidad Autónoma; de momento no parece que sobrepasen los límites
tolerables, no se ha llegado a los 65 decibelios de DIA de momento;
puede haberse llegado en alguna punta pero sabe usted muy bien que lo
que se mide es la media a lo largo de un período de tiempo, pero
esperamos tener una reunión muy a corto plazo con el rector para ver
cómo se pueden paliar esos y otros problemas.
En cuanto al cumplimiento de la DIA no me he limitado a leer unos
papeles que me han escrito -evidentemente, me los han escrito, aunque
hay cosas de mi puño y letra modificando cosas-, he tratado de
enterarme, aunque en un mes -y no es éste el único problema- no me ha
dado tiempo; ustedes, que están perfectamente enterados porque además
han tenido la DIA en su mano a lo largo de mucho tiempo, habrán
meditado mucho y han sacado una norma que a veces es compleja,
compleja de entender y de leer. La señora Narbona que me está
escuchando y que imagino que tiene mucho que ver en este asunto, ha
sacado una norma que no es fácil de cumplir. Yese creo que ha sido el
motivo del retraso del plan de aislamiento acústico; el propio
Colegio de Arquitectos y la propia Escuela de Arquitectura nos han
dicho que necesitaban más tiempo para analizar las necesidades de
aislamiento acústico debido a la diversa tipología de viviendas que
existen en la zona. Según informan, esto ha sido el motivo
fundamental del retraso en la concepción del plan de aislamiento
acústico.
Usted ha citado también aspectos en la modificación de rutas, con
riesgos de virajes..., creo que esto se ha dicho en algún momento pero
luego se ha comprobado en un simulador que no existen tales riesgos.
Y en cuanto a modificaciones de rutas seguimos avanzando, estamos
aprendiendo a que una cosa son las simulaciones como modelo
matemático y otra las mediciones reales; hay que hacer mediciones
reales. En este momento se está trabajando ya para sacar unas nuevas
rutas que vayan hacia el norte, evitar el sobrevuelo de La Granjilla,
al menos en horas nocturnas, e incluso, si es posible, en horas
diurnas y, sobre todo, el sobrevuelo de aviones más ruidosos. ¿Está
la Dirección General de Aviación Civil? Por supuesto, con el apoyo de
AENA, la Dirección General es responsable, con la colaboración de
pilotos en este caso, para ver las rutas, que posiblemente penalicen
a las compañías, pero ese es un tributo que hay que pagar, porque las
ratas serán más largas pero, como usted ha dicho, tenemos que hacer
compatible rutas, aislamiento acústico y convivencia. Realmente, un
aeropuerto es una fuente de riqueza enorme para cualquier entorno
donde se implante, pero no podemos hacer que sea
agresivo con el entorno, y vamos a tratar de que sea lo menos
agresivo posible con ese entorno al que está dando, por otro lado,
una enorme riqueza.
La comisión de vigilancia del ruido no se va a limitar a la huella,
como consecuencia de lo dictaminado y de lo preceptuado en la
declaración de impacto ambiental, que la que se ha dibujado ahora no
es exactamente la real, pues vamos a comprobarlo con las mediciones
que se ha propuesto hacer. Y si son más de 3.148 viviendas, pues
veremos la manera de ponernos en contacto con más gente de la que
está censada en estos momentos, para dar la mayor transparencia. Y ya
no son mis palabras, son las palabras del ministro: cualquier
vivienda que se encuentre afectada dentro de las isófonas de 65
decibelios o de 55, según que se refiera al día o la noche, será
tenida en cuenta; por eso no hay un límite presupuestario de los
7.000 millones, será lo que tenga que ser.
Se han perdido dos años y medio; parece que se han perdido más, según
las palabras del portavoz popular. Lo que voy a decir es que vamos a
ir quemando etapas. Quiero poner la eficiencia y la eficacia, en este
caso pongo por delante la eficacia; si hay que acumular más medios se
acumularán, y en este sentido he dicho al grupo de trabajo que no
espere a que le dé un mandato la comisión de vigilancia, sino que
ellos mismos vayan planificando la actuación para no estar esperando
un cierto tiempo a que se reúna la comisión de vigilancia y, una vez
que se reúna, le dé un mandato. No, proponer un mandato y que la
comisión de vigilancia lo eche abajo, pero si la comisión de
vigilancia se reúne hoy quiero que mañana el grupo de trabajo esté
aplicando cosas que son lógicamente las que va a proponer la comisión
de vigilancia, de manera que no se pierda ni un día. Ahí, en la
eficacia, me van a encontrar, es norma de comportamiento mío y ha
sido lo que he venido haciendo.
Credibilidad. Es una cuestión subjetiva. He estado en Navegación
Aérea sin ser ingeniero aeronáutico, y me siento muy vinculado al
sector aeronáutico. Tenía el gran honor de participar en la comisión
de sabios del espacio europeo, era uno de los doce miembros, no sé si
podré seguirlo siendo, miembro de la Comisión de optimización del
espacio aéreo europeo, y siento profundamente que no tenga
credibilidad AENA. Vamos a tratar por todos los medios de que la
consiga y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para ello, de ningún
tipo: de transparencia, de esfuerzo en trabajo, etcétera.
La pregunta del señor Sedó creo que la ha contestado el portavoz del
Grupo Popular. Evidentemente las cosas están ahí y hay que sacarlas
adelante y tratar de recuperar etapas, pero las etapas consumidas
están consumidas.
En cuanto al representante del Grupo Popular creo que ha dado una
serie de explicaciones que me ha ahorrado a mí.
Mayor publicidad. He hablado de transparencia, vamos a la máxima
publicidad posible; en este momento es un poco prematuro pero me
gustaría crear algo así como la casa del medio ambiente; vamos a ver
cómo lo hacemos, es un embrión de idea, quisiera que la gente
conociese lo que significa un aeropuerto, lo que significa el
problema del medio ambiente, incluso aprovechar para dar una cierta
información de lo que es la navegación aérea, la explotación
aeroportuaria..., y lo que quiero, sobre todo, es tener
unas magnificas relaciones de vecindad -usted ha utilizado la palabra
clientes-, con esos clientes que son los ayuntamientos. A mí me gusta
mucho utilizar la palabra cliente y desde que he llegado, en algunas
ruedas de prensa en las que he participado, he difundido la palabra
cliente, no me gusta la palabra usuario, no porque no sean usuarios
sino porque creo que a la gente hay que tratarla como clientes, como
si se nos fuesen, como si pudiesen optar y escoger otra cosa. Esta es
la norma que queremos implantar. Yo he trabajado mucho a lo largo de
mi vida en calidad de servicio, y esto me orienta algo. Siento mucho
los fallos en la calidad del servicio; va a ser una norma de
funcionamiento dentro de mi mandato en el tiempo que yo esté ahí.
Visitas a Barajas. Yo encantado, incluso en acompañarles
personalmente, con los expertos correspondientes, donde puedan ver
ustedes, por ejemplo, donde están los medidores, y si hay que
modificar algún medidor y meterlos en otro lado, pondríamos medidores
en otras partes.
Modificación y actualización de las líneas de navegación aérea. Señor
representante del Grupo Popular, he de decirle que este es un
proyecto que he iniciado en 1981-82 con don Benito Castejón, de todos
conocido, que era entonces el asesor jurídico de Navegación Aérea y
en aquel momento ya las considerábamos obsoletas; sé que en estos
momentos está en las preocupaciones del ministro, no puedo contestar
más. Nosotros somos un órgano ejecutor, no somos el órgano regulador.
Naturalmente, como órgano ejecutor, esperamos que se nos pida
información, pero la responsabilidad es de la Dirección General de
Aviación Civil, a la que quiero apoyar por todos los medios porque
considero que hay que modificarla en la línea de lo que se está
haciendo en el mundo. La navegación aérea es universal. En estos
momentos hay ya una oficina, una especie de autoridad aeronáutica
europea, la JA, y tenemos que alinearnos con todo ello; por lo tanto,
me alegro de que lo haya invocado. Es un proyecto que en su momento
he planteado modificarlo porque me encorsetaba en mi gestión me
imagino que, con el tiempo que ha pasado, habiéndose producido una
liberalización de los transportes, en este momento es mucho más
necesario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Cal. Su intervención ha
sido muy interesante. No hay turno de réplica.
Vamos a interrumpir la sesión hasta las doce y media.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (BLANCO
RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS DEFICIENCIAS DE LA CIUDAD DE MELILLA EN MATERIA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAY PREVISIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
EN ACTUACIONES HIDRÁULICAS EN LA CIUDAD DE MELILLA CON CARGO A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO DE 1998 Y 1999. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (número de expediente 213/000797).
- SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
RELATIVOS A LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LOS DAMNIFICADOS
DE LA CATÁSTROFE OCURRIDA EN MELILLA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 1997 Y
CAUSAS DEL RETRASO Y PLAZOS PREVISTOS PARA ULTIMAR LA
REFERIDATRAMITACIÓN YEL PAGO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES.
A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente
213/000798).
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión con la comparecencia,
que viene siendo habitual, del Secretario de Estado de Aguas y
Costas, a quien, una vez más, damos la bienvenida en nombre de la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y que viene
hoy a informar acerca de las deficiencias de la ciudad de Melilla en
materia de abastecimiento de agua y previsiones del Ministerio de
Medio Ambiente en actuaciones hidráulicas en la ciudad de Melilla con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 1998 y 1999,
solicitada por el Grupo Socialista. Se acumula a otra comparecencia,
tal como acordó la Mesa que estableció el orden del día, también
solicitada por el Grupo Socialista, para informar sobre la situación
en la que se encuentra la tramitación de los expedientes relativos a
la reclamación de daños y perjuicios por los damnificados de la
catástrofe ocurrida en Melilla el 17 de noviembre de 1997 y las
causas del retraso y plazos previstos para ultimar la referida
tramitación y el pago de indemnizaciones correspondientes.
Ruego a los portavoces de los grupos parlamentarios y al señor
Secretario de Estado que sean lo más breves posible en su
intervenciones.
Tiene la palabra, por un tiempo máximo de quince minutos, el
Secretario de Estado don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Haré unas breves consideraciones sobre los dos temas de las
comparecencias acumuladas. Creo de todos modos que la información
básica es ya conocida y ha sido remitida -sobre todo en lo que
respecta al primer tema de abastecimiento a Melilla- a esta Cámara
recientemente en virtud de alguna pregunta que se nos ha planteado.
El gasto hecho en la ciudad autónoma de Melilla durante el ejercicio
de 1998, con los últimos datos que yo tengo, asciende a 556,2
millones de pesetas. Básicamente se corresponde con 40 millones de
pesetas en el encauzamiento del río del Oro y el contrato de la
mejora de abastecimiento a Melilla, primera fase, 513 millones. La
diferencia hasta el total son algunas liquidaciones de revisiones de
precios antiguas que se han hecho durante este ejercicio. En cuanto a
las obras en marcha en una fase u otra, está, por una parte, la
estación de tratamiento de aguas,que,como ustedes saben, ya que creo
que se ha comentado más
de una vez en esta Comisión, es un contrato antiguo pero que ha
tenido que ser retrasado en su ejecución material porque ha habido
que cambiar, a petición del ayuntamiento -lo que se consideró
razonable- la ubicación de la etapa. En estos momentos, estamos a la
espera de disponer jurídicamente -porque físicamente están ya
disponibles- de los nuevos terrenos donde se va a ubicar esta etapa.
Como ya conocen, hay la pretensión de concentrar todo el sistema de
abastecimiento en una nueva zona, donde van a ir los embalses de la
infraestructura de abastecimiento nueva que se está haciendo en esta
etapa. La previsión, si disponemos de los terrenos con rapidez, es
que estas obras puedan estar acabadas para antes del verano del año
2000.
Sobre el contrato que denominamos habitualmente de mejora de
abastecimiento, que es la construcción de una tubería, con
instalaciones anexas, que, comenzando en la zona portuaria y pasando
por las captaciones subterráneas que en este momento existen, va a
finalizar en la zona donde se va a instalar también la etapa, es un
contrato que ya está en marcha, aunque también hay un modificado en
tramitación, y la previsión de terminación es también para los
primeros meses del año 2000. Esta tubería tiene como objeto servir de
canalización para conducir el agua de las distintas captaciones
existentes en este momento a la zona donde se va a embalsar y
también, en el futuro, tiene la vocación de, si se dan situaciones de
emergencia, poder hacer transporte de agua por vía marítima a la
ciudad autónoma de Melilla, para así, a través de esta tubería, poder
unir el agua procedente de ese transporte marítimo, en su caso, a la
red existente.
Del nuevo depósito regulador, el que sustituye al dramáticamente
colapsado el año pasado, el último dato del que dispongo es que se ha
aprobado técnicamente el proyecto por la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas el día 4 de diciembre; en estos
momentos está ya en la fase de contratación y a finales de este año o
a principios de enero del año que viene se podrá pasar a la fase de
contratación. Por el período de construcción que tiene, supongo que
estará acabado, si no hay incidencias especiales durante la fase de
construcción del depósito, para los primeros meses del año 2000.
Por último, hay un proyecto de una desaladora, con una capacidad de
15.000 metros cúbicos/día, que, según se había acordado con el
anterior equipo de Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, estaba
previsto financiar con un 85 por ciento de aportación de fondos de la
Unión Europea y un 15 por ciento a aportar por la propia ciudad
autónoma. El equipo actual de Gobierno ha reconsiderado, según nos
han comunicado, este criterio y no cree conveniente hacer la
aportación del 15 por ciento. Estamos a la espera de llegar a algún
acuerdo con ellos para poder proceder a la licitación del
correspondiente concurso que estaba previsto hasta este desacuerdo
que se hubiese realizado durante este año. La financiación
comunitaria, de hecho, ya está concedida.
En la segunda comparecencia acumulada, la situación en que se
encuentra la tramitación de los expedientes relativos a la
reclamación de daños y perjuicios, debo hacer un matiz sobre su
enunciado, puesto que se habla de las causas del retraso en el pago
de las indemnizaciones. No creo que haya ningún retraso, sino al
revés, creo que es una tramitación
modélica en el ámbito de la Administración en cuanto a la
cercanía entre una catástrofe, como es este caso, que origina una
responsabilidad de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Blanco. Recuerdo a
SS.SS. que está prohibido fumar en esta Comisión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Blanco Rodríguez):
Decía que creo que es modélica la tramitación en el tiempo, dado que
un año después de haberse producido el accidente, acaba de cumplirse
el año el día 17 del mes pasado, estamos ya en condiciones de empezar
a hacer los primeros pagos. No tengo que recordar a sus señorías
otras catástrofes, incluso ocurridas hace más de una década, cuyo
pago de las indemnizaciones correspondientes sigue pendiente ante la
opinión pública, con cierta virulencia social: Tous, la colza,
etcétera. Creo que lo que ha permitido en este caso una tramitación
tan rápida es la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de poner
en marcha de oficio, sin esperar la reclamación de los damnificados,
un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Yo no conozco ningún precedente -no sé si lo hay- en que la
Administración, ante unos daños causados en el seno de la ejecución
de un contrato, de oficio, haya iniciado ella el procedimiento de
responsabilidad patrimonial y lo haya tramitado en el plazo escaso de
un año. Este procedimiento de oficio implica que la Administración
renuncia tanto a esperar una sentencia final que determine en su caso
las responsabilidades civiles subsiguientes como a que, en su caso,
los que resulten responsables desde el punto de vista penal,
contratista o quien sea, tengan un título jurídico que les condene a
indemnizar. Y la Administración decide adelantar, porque creemos que
es de justicia, las indemnizaciones, sin perjuicio de que a
posteriori repercutamos la cantidad pagada de quien resulte
responsable según lo que determine la jurisdicción penal. De esta
manera se logra el beneficio para los perjudicados, entre comillas lo
de beneficio, de no tener que esperar años, que es lo que normalmente
tarda en producirse una sentencia judicial firme en el orden penal, y
se les hace un adelanto. Además, tal como se ha configurado el
dictamen del Consejo de Estado que se está produciendo -ya hay uno-
sobre ese tipo de reclamaciones, este adelanto de oficio por parte de
la Administración, al reconocer una responsabilidad patrimonial, no
prejuzga que los perjudicados puedan reclamar cantidades distintas si
juzgan que la valoración que se ha hecho por la Administración no es
acorde con los daños realmente producidos. Tendrían, en su caso,
estos pagos, que ahora se dan por esta vía, de adelanto si los
perjudicados creen que pueden acreditar, en la jurisdicción penal o
en la civil, daños de distinta o superior cuantía. Lo que
evidentemente no puede producirse nunca es un enriquecimiento injusto
y la Administración no paga por esta vía nada que no se haya
acreditado, en cuanto a la cuantía del daño, fehacientemente en el
expediente.
Por dar algunos datos, en el expediente de responsabilidad
patrimonial abierto de oficio por el Ministerio de Medio Ambiente, se
han personado como perjudicados 422 interesados; tenemos paralizados
125 expedientes por falta decontestación de los propios interesados,
en una fase u otra,
cuando hay que darles audiencia durante el expediente. Y los trámites
básicos son la instrucción por el propio Ministerio, la acreditación,
por los medios de prueba que estimen convenientes, por parte de los
perjudicados, de los daños producidos, los informes del Consejo de
Obras Públicas y del Servicio jurídico, el del Estado y después el
pago. Hemos llegado a la fase de informe por parte del Consejo de
Estado- de hecho el primer dictamen del Consejo de Estado de estos
expedientes es del 12 de noviembre-, lo que ha permitido ya que
pasemos a la fase de fiscalización, que es en la que estamos ante la
Intervención General, de estos pagos, que es trámite antes de
proceder materialmente al libramiento de las cantidades a los
perjudicados. El total de lo reclamado, según consta en el expediente
de responsabilidad patrimonial, asciende a la cuantía de
1.297.953.860 pesetas. Hasta ahora, la experiencia con los dictámenes
del Consejo de Estado es que los dos puntos que se someten a su
consideración, porque así lo establece la ley, que son la
verificación de la concurrencia de la relación causa-efecto entre la
actuación pública y el daño a los particulares y el juicio jurídico
sobre la suficiencia de la acreditación de la cuantía de los daños en
cada caso de los perjudicados, han sido admitidos y el Consejo de
Estado ha avalado, en los dictámenes que ha emitido hasta ahora, la
propuesta de resolución final del expediente que el Ministerio de
Medio Ambiente le ha sometido a consulta. Como he dicho, están en
fase de fiscalización por la Intervención los pagos concretos de los
primeros expedientes, de aquellos que han sido dictaminados por el
Consejo de Estado y, por lo tanto, los pagos empezarán ya con
carácter inmediato.
Hay crédito presupuestario tanto en el año 1998 como en 1999, con la
peculiaridad presupuestaria de que, cuando se trata de pago de
contenciosos se va habilitando el crédito según se produce la
resolución administrativa judicial que determina la cuantía. Esto es
una técnica que se sigue tradicionalmente en presupuestos, por la
imposibilidad de saber a priori cuánto el Estado tiene que pagar
durante un ejercicio para satisfacer reclamaciones de terceros. Pero
tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Economía
y Hacienda tienen el compromiso -y así está sucediendo estos días con
los expedientes de pago que está fiscalizando Intervención- de ir
habilitando, en el capitulo 2 del Ministerio, un concepto, que se
llama precisamente contencioso, todos los créditos necesarios para ir
satisfaciendo todas las cantidades que por resolución se fijen como
derecho a percibir por los perjudicados. Creo que esta iniciativa -y
con esto voy a concluir- de que la Administración de oficio, cuando
sucede una catástrofe de este estilo, decida satisfacer las cuantías
que se puedan acreditar ante ella como daños a ciudadanos
particulares o a administraciones públicas perjudicadas es una buena
vía para no hacer que los ciudadanos tengan que estar esperando
durante años y años, dada la lentitud de nuestro sistema judicial y
la complejidad objetiva muchas veces de los juicios penales en esta
materia, que hace que luego pasen décadas en ocasiones para poder
cobrar la indemnización. De esta manera y por este procedimiento, los
perjudicados, prácticamente cuando se está cumpliendo el plazo legal
para que hubiesen reclamado, que es de un año desde el momento en que
se produce el evento causante del daño - se acaba de cumplir hace un
mes-, antes de que acabe ese
plazo para hacer la reclamación, van a empezar a cobrar. Por tanto,
no creo que haya ningún retraso, sino una actuación diligente al
máximo, por parte de la Administración, en pura justicia con los
perjudicados por aquella catástrofe.
El número de expedientes que están en este momento en fase de
fiscalización, por concretar lo que he dicho, es de 61 y otros 80
están pendientes de informe por parte del Consejo de Estado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del grupo solicitante de la comparecencia, que el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias también, señor Secretario de
Estado, por su presencia en esta Comisión de Medio Ambiente, en la
que viene a sustituir a la Ministra en la comparecencia que había
solicitado el Grupo Socialista para informar sobre los asuntos
reseñados y ya indicados por el presidente. Gracias igualmente por su
información, considero que escueta, de los temas que nos traen a esta
Comisión y que reflejan una realidad, a nuestro entender, bastante
más benévola y complaciente de lo que es o de lo que nosotros
consideramos con respecto a los asuntos fundamentales que preocupan a
Melilla en estos momentos.
Respecto a la primera cuestión, la situación del abastecimiento de
agua en Melilla, hay que recordar que la rotura del depósito de agua
el día 17 de noviembre de 1997, hace ya trece meses, que causó
cuantiosos daños materiales y la pérdida de once vidas humanas, dejó
a Melilla en una situación extremadamente preocupante en materia de
abastecimiento de agua. La capacidad de almacenamiento de la ciudad
se vio mermada repentinamente hasta un valor inferior al volumen
demandado por la población en 24 horas; el suministro quedaba
supeditado al mantenimiento del servicio de un variopinto conjunto de
unidades obsoletas y dispersas, lo que, por otra parte, venía a
dificultar la regulación de los caudales. Finalmente, la autonomía de
la ciudad -aspecto importante-, en este abastecimiento, quedó
reducida prácticamente a cero. Este hecho venía a sumarse a otra
importante deficiencia que padece la ciudad en esta materia, al
abastecerse mayoritariamente de los caudales aportados -unos 25.000
metros cúbicos/día- por diversos pozos y sondeos de escasa entidad,
en los que se alumbran aguas que por su contenido en sales,
bicarbonato, sulfato y especialmente nitratos, se sitúan en el límite
de los parámetros de calidad establecidos en las normas de
potabilidad.
La señora ministra reconoció después de la catástrofe que la
reposición del depósito siniestrado era una cuestión prioritaria y
constituía un paso importante para resolver el problema con la
premura requerida. El trámite de urgencia o el carácter de emergencia
previsto para actuaciones de esta naturaleza y la capacidad técnica
inversora de que dispone la Administración del Estado para
materializar un proyecto de esta envergadura, al fin y al cabo una
obra menor, permitían aventurar que la ejecución del nuevo depósito,
con extracción de bombeo y conducciones incluidas, se podría haber
concluido en el plazo máximo de un año a partir del día de la
catástrofe, como se dijo. Sin
embargo, no ha sido así. Ni el tiempo requerido para determinar un
nuevo emplazamiento y su caracterización geotécnica, dada la
extensión y configuración del territorio disponible, ni la
complejidad del proyecto, son, a nuestro entender, argumentos que
puedan justificar el retraso que viene experimentado esta actuación
que todavía no había sido adjudicada, como usted nos acaba de
informar.
Pese al tiempo perdido, celebramos que pueda iniciarse en breve la
primera fase de la ejecución de este depósito, que sólo restituirá
-también quiero recordar- la mitad de la capacidad perdida por el
siniestro, en su primera fase.
La misma consideración nos merece el inicio reciente del movimiento
de tierras correspondiente al vaso del pantano de Las Adelfas. Se
trata de una obra necesaria para Melilla que el último Gobierno
socialista dejó programada y con financiación aprobada de fondos
europeos. Sin embargo, el retraso que ha experimentado este proyecto
puede haber determinado la pérdida de alguna parte de los fondos
previstos para su financiación, aspecto sobre el que desearíamos
tener información en esta comparecencia.
Obviamos en estos momentos la discusión puramente técnica sobre el
riesgo que puede plantear la tipología escogida para dos estructuras
entre las que, por su proximidad, pueden plantearse interacciones de
tipo de carácter geotécnico, lo que posiblemente se traducirá en una
modificación de algunos de los proyectos, con el consiguiente retraso
en su ejecución. En lo que concierne a la eficacia de esta última
infraestructura, del pantano, para resolver definitivamente el
problema que nos ocupa, hay que tener en cuenta que la operatividad
del embalse, con una capacidad de almacenamiento diez veces superior
a la del depósito siniestrado, unos 500.000 metros cúbicos, está
supeditada al mantenimiento de los caudales, suministrados en estos
momentos por pozos y sondeos y a la escorrentía superficial
y subálvea del río del Oro, muy limitada, además, de los transportes
que puedan producirse hasta Melilla de agua en barcos cisterna. Por
ello estimamos que debería en este momento ampliarse la investigación
hidrológica del territorio de la ciudad autónoma, una investigación
que se realizó ya hace más de diez años, al objeto de garantizar los
recursos subterráneos de los que dispone la ciudad e incrementarlos
en las posibilidades que dicha investigación aconseje. Igualmente,
estimamos que debería considerarse con la máxima prioridad la
ejecución en Melilla de la planta desalinizadora programada
igualmente por el Gobierno anterior, salvando los obstáculos que
puedan plantearse en materia de financiación y otorgando a Melilla en
esta cuestión el mismo tratamiento que se dio a la homóloga ciudad de
Ceuta.
En definitiva, nuestro grupo considera que se ha perdido un tiempo
precioso para ir materializando soluciones a los problemas de
abastecimiento de agua potable que padece Melilla, problemas que se
han agravado considerablemente, es evidente, después de la rotura del
depósito ocurrida hace ya trece meses. La especial situación de esta
ciudad hace aún más acuciante la materialización de soluciones
satisfactorias y estables a este problema. Celebramos por todo ello
que tres años después casi de la llegada al Ministerio, la ministra
empiece a tomar conciencia de la gravedad del problema y se decida a
materializar las soluciones ya programadas por el último Gobierno
socialista.
La ministra, ausente en este debate, debe admitir que su escaso
interés y dedicación a esta cuestión es un menosprecio del problema y
la causa determinante de que los melillenses sigan padeciendo una
situación bajo mínimos en el abastecimiento de agua potable y se vean
afectados por nuevas restricciones en el suministro en los próximos
meses.
Por todo ello, nuestro grupo insta a los responsables del
departamento a dedicar atención y presupuestos a aquellos proyectos
que otro Gobierno al que ustedes tanto criticaban dejó diseñados para
resolver definitivamente las carencias de Melilla en el
abastecimiento de agua con la máxima celeridad.
Con respecto a la segunda cuestión, el tema de los damnificados, es
conveniente recordar que el día 18 de febrero de 1998, tres meses
después de la rotura del depósito principal del que disponía la
ciudad autónoma de Melilla para su abastecimiento de agua potable, la
señora ministra de Medio Ambiente comparecía por segunda vez ante
esta misma Comisión para informar con detalle de las conclusiones de
los informes técnicos solicitados por su departamento al objeto de
determinar las causas del suceso. Aquellas conclusiones venían a
identificar la existencia de errores de diseño en el proyecto
finalmente ejecutado y deficiencias constructivas como las causas del
siniestro. En función de todo ello nos anunciaba la señora ministra,
por un lado, la incoación de expedientes disciplinarios al autor del
proyecto modificado del depósito, al ingeniero director de las obras,
así como al autor del proyecto inicial que fue desechado y que, como
jefe de área en la Confederación Hidrográfica del Sur, dio el
conforme al proyecto modificado y que fue finalmente ejecutado. Por
otra parte, nos anunciaba también el inicio del oportuno expediente
para exigir a la empresa constructora del depósito los daños y
perjuicios causados al Estado. A todo lo anterior añadía en su
intervención una valoración, actualizada en aquellos momentos, de los
daños materiales ocasionados por la catástrofe a la que usted se ha
referido y con la que estamos de acuerdo, y que venía a sumarse a la
irreparable pérdida de once vidas humanas ocasionada por la riada.
Igualmente, informaba a la Cámara de la tramitación, en el Juzgado de
instrucción de Melilla número 3, de las diligencias previas al objeto
de determinar las responsabilidades de índole penal cuya
investigación y esclarecimiento compete exclusivamente a la autoridad
judicial.
Eliminada cualquier causa natural como determinante de la rotura del
depósito y dadas las específicas características del caso, tal como
reconocía en su intervención la ministra, anunciaba, como una
actuación que calificaba (y que usted ha vuelto a repetir) de sin
precedentes, la publicación de una orden ministerial por la que se
iniciaba de oficio un procedimiento mediante el cual la
Administración asumía la responsabilidad patrimonial, su
responsabilidad civil directa, al objeto de evitar a los perjudicados
obstáculos inútiles en la satisfacción de sus demandas por los daños
y perjuicios sufridos con motivo del siniestro.
Finalmente, la ministra dejaba constancia de su intención de agilizar
la tramitación de los expedientes relativos a la reclamación por los
afectados de daños y perjuicios, evitándoles cualquier duplicidad en
la presentación de documentos mediante la adecuada coordinación con
la
Administración local, y situaba en el pasado mes de junio el plazo
límite para materializar el pago de las indemnizaciones a los
damnificados. Recuerdo que ese conjunto de medidas anunciadas por la
ministra en aquella comparecencia contó con el respaldo de todos los
grupos parlamentarios, incluido el Grupo Socialista al que
pertenezco; por ello lamento tener que manifestar en esta Comisión
que nuestra valoración de su actuación, hasta la fecha, es bien
diferente.
El incumplimiento de todos los compromisos adquiridos en aquella
comparecencia es bien patente y la realidad vivida por los afectados
de aquella catástrofe es muy distinta de la que se nos anunciaba. En
general, los afectados se han visto obligados a presentar dos veces
los mismos documentos, con la agravante de que ambas
administraciones, la local y la del Estado, les exigían originales de
algunos de ellos, como facturas, de los que no podían disponer por
duplicado. La ministra aplazó recientemente hace dos semanas, por
tercera vez, hasta el 20 de diciembre, el pago de las indemnizaciones
a sólo 114 afectados por la catástrofe, cuyos expedientes son los
únicos -según nos decía- que han sido correctamente tramitados y
remitidos para su aprobación al Consejo de Estado, pero esta fecha ha
sido también incumplida.
Algunos comerciantes afectados, en su mayoría modestos, no han podido
restituir su actividad económica a la situación anterior a la
catástrofe; el retraso de las indemnizaciones y la falta de liquidez,
en algunos casos, les impide hacer frente a los acreedores o reponer
los «stocks» de mercancías que necesitaban y que perdieron. Estas
circunstancias se ven especialmente agravadas en aquellos casos en
los que el local ha experimentado danos en la estructura que
obligaron a su inmediata clausura o a su cierre en breve plazo, y en
aquellos otros que perdieron además los vehículos afectos al negocio.
Pero, ¿cuáles son las previsiones del Ministerio para los 333
afectados restantes? Al parecer, para los responsables del
departamento, el retraso experimentado en la tramitación de estos 333
expedientes tiene su origen sólo en causas imputables a los propios
afectados y que relacionan básicamente con problemas de acreditación
de la titularidad de la propiedad, la utilización de intérpretes,
cambio de representantes e incluso intentos de enriquecimiento
injusto como usted acaba de decir.
No dudamos que en la tramitación puedan haberse dado algunos casos de
falta de comunicación, pero estamos seguros de que la inmensa mayoría
de los afectados habla nuestro idioma, no estamos en Holanda, pues
son melillenses y, por tanto, españoles, aunque muchos de ellos
tengan un origen musulmán. Igualmente es posible que se haya podido
dar algún caso de picaresca, que habitualmente se presenta asociada a
estos trámites, pero la mayoría de los damnificados deben
considerarse como personas honestas y no como unos desaprensivos. Más
bien estimamos que ha faltado el apoyo administrativo necesario en
estos casos, al nivel cultural existente en el colectivo afectado, al
objeto de facilitarle el cumplimiento de los requisitos, con el fin
de evitar la reclamación meses después de documentación
complementaria y acelerar la tramitación de los expedientes.
En definitiva, con sus recientes declaraciones la ministra ha venido
a rechazar las responsabilidades de esta
demora, sin admitir que su propio fracaso en las previsiones y en la
gestión es lo que determina la insostenible situación que viven los
damnificados de Melilla.
La construcción en Melilla, programada por el último Gobierno
socialista, de un grupo de viviendas de titularidad pública que se
encontraba parcialmente ultimado en el momento de la catástrofe,
permitió realojar en septiembre a los vecinos más afectados de la
barriada de Averroe, y dotar, concretamente en esta semana pasada, de
un nuevo domicilio a los restantes. Pero la satisfacción de los
damnificados por este hecho no ha podido evitar la frustración y las
reiteradas protestas de este colectivo por el más absoluto
desconocimiento, en la mayor parte de los casos, de la cuantía de la
indemnización que recibirán de la Administración del Estado, así como
de la fecha en que se hará efectiva.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, vaya terminando.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Termino. El anuncio no desmentido de
que se descontará de dicha indemnización la cantidad recibida de la
Administración local, la cuota mensual de 32.000 pesetas que en
concepto de alquiler se exige a las familias realojadas forzosamente
en nuevas viviendas, notablemente superior a la que venían abonando
en las viviendas siniestradas. Atodo ello hay que añadir, como motivo
de las justas reivindicaciones que mantienen en estos momentos los
damnificados, lo que concierne a la falta de transparencia sostenida
por los responsables de la ciudad autónoma de la administración de
los fondos recaudados en la campaña de donativos promovidas por
distintas instituciones públicas y privadas con motivo de la
catástrofe.
Se da la circunstancia de que dichos responsables no han entregado
hasta el momento a los afectados, o a las instituciones que lo han
requerido, información escrita y detallada sobre la recaudación
global obtenida con destino a los afectados y cuyo valor ha ido
descendiendo en sucesivas declaraciones realizadas por el presidente
de la ciudad autónoma o por consejero de Economía desde algo más de
130 millones de pesetas a menos de 60. Sin embargo, se conoce por
esas mismas declaraciones que ese dinero no fue destinado a la
finalidad prevista y que, por el contrario, el Gobierno local lo
gastó en el pago de partidas que deberían haber sido sufragadas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a los de la ciudad
autónoma.
Nuestro grupo tiene la constancia, por todo ello, de que la realidad
que afrontan los damnificados de la catástrofe ocurrida en Melilla el
17 de noviembre de 1997 es bien distinta de la que la ministra quiere
hacernos ver; las continuas protestas de los damnificados avalan esta
valoración. Resulta difícil admitir que la Administración del Estado
no ha tenido capacidad ni tiempo suficiente en trece meses para
resolver poco más de 400 expedientes y para hacer efectivo el pago de
las indemnizaciones que correspondan. Más incomprensible aún resulta
que un Gobierno que ha arbitrado con toda urgencia una cuantiosa
ayuda a los afectados por el huracán Mitch (medida solidaria que
nuestro grupo ha apoyado) no haya dado todavía una respuesta
satisfactoria al reducido grupo de damnificados que dejó la
catástrofe ocurrida en Melilla hace ya trece meses.
Por todo ello, el Grupo Socialista solicita a los responsables del
departamento que tomen mayor interés por el problema que viven los
damnificados de esta ciudad y les insta a que resuelvan
definitivamente, en un plazo que estimamos no debería ser superior a
tres meses, el pago de las indemnizaciones que correspondan a los
damnificados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez. Quiero
informarle que la presencia de la ministra en la comparecencia de hoy
estaba condicionada a su disponibilidad y, por acuerdo de la Mesa,
aceptado por el Grupo Socialista, se dijo que en caso de no poder
acudir la señora ministra vendría el secretario de Estado de Aguas y
Costas en su sustitución.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, con el
ruego de que no exceda el tiempo máximo de diez minutos, el señor
Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente, haré caso de su
recomendación.
Quisiera empezar agradeciendo al señor secretario de Estado de Aguas
y Costas su disponibilidad en la mañana de hoy para informar, no de
una manera parca, sino detallada, según el parecer de mi grupo, de
las dos comparecencias acumuladas que a petición del Grupo
Parlamentario Socialista se están debatiendo aquí.
Para centrarme en el tema, señor presidente, y no perderme en algunos
aspectos contradictorios que de la intervención del portavoz
socialista pudiera haberse deducido, como es la alusión al Gobierno
de la ciudad autónoma recientemente en el poder, desde marzo, a
consecuencia del acto de transfuguismo de un concejal portavoz del
Partido Popular y del que, por cierto, forma parte su partido, voy a
ceñirme exactamente al objeto de la comparecencia y me voy a referir
a dos temas: la desaladora y las indemnizaciones.
En cuanto a la desaladora, el anterior Gobierno, salido del resultado
de las urnas, del Partido Popular, pactó con la Administración
central del Estado la financiación del 15 por ciento a cargo de los
presupuestos de la ciudad y del 85 por ciento a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. No se nos alcanzan cuáles son las
reticencias o cuál es el cambio de actitud del nuevo Gobierno salido
del acto de transfuguismo que comentaba para no querer hacer
participar del 15 por ciento de un presupuesto del ayuntamiento que
supera los 18.000 millones de pesetas. Y tampoco se nos alcanza, y en
esto estamos ciertamente preocupados, la imposibilidad del actual
Gobierno local o autonómico de hacer algún tipo de concierto con la
Administración central del Estado, como anteriormente ocurría -y doy
fe de lo que digo, tanto como diputado nacional como por haber estado
anteriormente en la corporación-, con los distintos ministerios de la
Administración. Por tanto, querer ahora hacer comparaciones en cuanto
a algo tan fundamental como es la desaladora para nuestra ciudad con
las circunstancias específicas de otras ciudades parejas a la Ciudad
Autónoma de Melilla, me parece tangencial al objeto de lo que
debatimos.
Entendemos que, ciertamente, aparte de las inversiones que el
secretario de Estado ha dicho sobre la primera comparecencia, en el
tema de la desaladora, que creemos fundamental,
debería existir mayor capacidad de negociación del actual
Gobierno local para intentar dar cristalización a un tema que
consideramos fundamental.
Por tanto, estamos en líneas generales de acuerdo con la exposición
que el señor secretario de Estado ha hecho y, en nombre de mi grupo,
he de decir que esperamos la mayor disponibilidad y disposición del
Ministerio para que, por avatares ciertamente contrarios al interés
de la población, Melilla no sea la perjudicada, en última instancia,
por no contar con algo tan fundamental (como decía, y el señor
secretario de Estado lo ha explicado antes perfectamente) como es la
desaladora para la calidad de las previsiones de actuaciones
hidráulicas que la ciudad necesita.
Y en cuanto al tema del depósito el señor secretario de Estado ha
puesto ya de manifiesto la primera contradicción, en sus propios
términos, que se enunciaba en la comparecencia. Nosotros tenemos que
decir, sin ningún tipo de ambages ni de complejo, que no existe
ningún retraso en la tramitación de las indemnizaciones a los
damnificados por la terrible catástrofe que asoló mi ciudad, en ese
terrible año, en el que también nos hemos visto los melillenses
sometidos a las fuerzas adversas, como el accidente último de
aviación que tanto luto y consternación llevó a mi ciudad.
A mí me parece francamente injusto venir a decir hoy aquí que la
señora ministra de Medio Ambiente no ha tenido ni sensibilidad ni
rapidez ni interés en el tema de la rotura del de depósito de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Me parece injusto porque la misma tarde
en que los melillenses nos vimos sobrecogidos por aquella rotura
terrible, la señora ministra hizo acto de presencia en la ciudad
para, no solamente con la presencia institucional de alguna forma
intentar paliar lo que no tenía paliativos, porque por mucha
indemnización o apoyo que haya a nadie de los damnificados le va a
reparar nunca la terrible situación personal, anímica, económica,
etcétera, -y en eso coincido con el portavoz socialista-, a nadie le
va a reparar la terrible situación vivida; pero no es justo decir que
ha habido falta de interés o de diligencia por parte de la
Administración.
Eso no se puede decir -y no es cuestión de enfatizar con palabras más
o menos rimbombantes las acciones que legalmente el Ministerio ha
hecho-, porque incoar de oficio expedientes de responsabilidad
patrimonial no es cuestión de que estemos haciendo retórica con las
palabras, es cuestión de objetividad en los hechos y, por tanto,
también hay que plantearlo, desde el punto de vista de la mera
capacidad de la mínima objetividad, aquí en la Comisión, como se
planteó en la comparecencia de febrero de la señora ministra de Medio
Ambiente.
No vamos a entrar, porque no es el objeto de la comparecencia
solicitada ni de la respuesta del señor secretario de Estado, en los
expedientes de responsabilidad administrativa o de otro tipo en que
hayan podido incurrir los responsables -por decirlo de alguna manera-
del proyecto, del diseño, o en las responsabilidades ulteriores
penales, si las hubiera, porque del decurso de los acontecimientos
todos hemos tenido capacidad de conocimiento e información, y en
muchas de ellas la señora ministra ni el propio Ministerio la
responsabilidad es absolutamente tangencial, por no decir que no
tienen ninguna.
Por lo tanto, hemos seguido con interés no sólo las comparecencias,
porque era nuestra obligación hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Perdón, le ruego vaya terminando.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Termino enseguida, señor presidente.
Hemos seguido el tipo de control que se ha tenido sobre los
expedientes de damnificación. Y, para no cansar y no hacer tampoco
hincapié en lo que el señor secretario de Estado ha dicho, así como
el portavoz socialista, muchos de los expedientes que todavía están
paralizados lo están por dificultades (que no es cuestión de decir
ahora de quién es la culpa) administrativas y no por desidia,
desinterés u otro tipo de actuación negligente por parte del
Ministerio.
Resumiendo, en cuanto al depósito, a nosotros nos alegraría que,
aunque comprendiendo el esfuerzo de la Administración, el tema de los
pagos quedara subsanado lo más rápidamente posible; comprendemos que
estar pendiente de los informes del Consejo de Estado, quiera o no,
supone un elemento de dificultad añadida, pero esperamos de la
sensibilidad del Ministerio que sepa agilizar - estamos convencidos
de que sí- los pendientes que existan y la mayor capacidad para que
el pago sea inmediato puesto que, como ha dicho el señor secretario
de Estado, gran parte de ellos están ya en período de fiscalización
ante la Intervención General.
Por lo tanto, en nombre de mi grupo, agradezco una vez más al señor
secretario de Estado de Aguas y Costas su presencia y su información
de los distintos temas de las comparecencias que hemos debatido hoy.
Gracias, señor presidente, por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez, por su colaboración.
Tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el secretario
de Estado, don Benigno Blanco.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS YCOSTAS (Blanco Rodríguez):
Creo que no voy a necesitar los diez minutos, porque para contra-
replicar al cúmulo de incongruencias con la realidad que he oído al
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no voy a necesitar tanto
tiempo.
Yo tenía la sensación, escuchando al señor Rodríguez, de que estaba
contando la historia de alguno de los expedientes de reclamación ante
la Administración vividos durante la época de los gobiernos
socialistas y no la historia de lo que ha pasado en este caso, a raíz
del accidente del depósito de Melilla. Los hechos son los que son.
Uno puede llenarse de palabras grandilocuentes para criticar al
Ministerio o personalmente a la ministra, pero los hechos son los que
son, no hay precedente ninguno de que la Administración inicie de
oficio un expediente de responsabilidad patrimonial, no hay
precedente ninguno que, al cabo de trece meses de haber sucedido el
evento dañoso, la Administración esté empezando a pagar las
indemnizaciones. Si no hay precedente ninguno quiere decir que no hay
ningún elemento de comparación para hablar de un posible retraso. El
que se haya tramitado un expediente en el que no sólo interviene el
Ministerio, sino que en parte depende de los propios afectados y dos
organismos consultores independientes, como son el Consejo de Estado
y el
Consejo de Obras Públicas, en menos de un año, es algo absolutamente
atípico y anormal en la Administración, como S.S. seguro que es
consciente.
Por lo tanto, cualquier referencia a retrasos, a ineficacias,
a desinterés, no deja de ser más que una absoluta incongruencia con la
realidad y, además, una realidad que no es susceptible de opiniones,
porque se refiere a algo tan objetivo como el cómputo del tiempo.
Jamás la Administración, ante ningún suceso dañoso, ha pagado con la
rapidez con que se está empezando a pagar en el caso de Melilla; eso
es un dato de hecho no susceptible en consecuencia de opiniones. Un
dato de hecho que sí refleja algo que es subjetivo, pero que es lo
contrario de lo que ha dicho su señoría: el absoluto interés, la
búsqueda de todos los mecanismos jurídicos por parte de la ministra
de Medio Ambiente para hacer frente, con la mayor justicia posible y
la mayor rapidez de que se es capaz, al pago de unas indemnizaciones
que se consideran justas precisamente por el carácter dramático de
los sucesos provocados por el colapso del depósito. Si se puede decir
algo de la actuación de la ministra de Medio Ambiente ateniéndose a
los hechos, es que evidentemente ha buscado fórmulas que se separan
de la praxis ordinaria de la Administración, pero que están dentro de
la legalidad, para hacer frente en un plazo récord a atender esas
justas y legítimas reclamaciones de los afectados.
Los melillenses no son holandeses, pero yo tengo aquí todos los
expedientes administrativos de reclamación y le aseguro que hemos
tenido que buscar intérprete en algún caso, y los hechos son los
hechos: ha habido que buscar intérprete.
Por otra parte, el que la Administración exija que se le acrediten
los daños, como usted comprenderá es algo elemental para no incurrir
en prevaricación o en lo que usted quiera; no puede nadie, por mucho
que quiera, pagar con presupuestos del Estado una indemnización si no
se acredita, no ya a juicio del Ministerio, del servicio jurídico del
Estado, del Consejo de Obras Públicas y del Consejo de Estado, que se
han acreditado fehacientemente, por los procedimientos previstos en
derecho, los daños ocurridos y la cuantía de los mismos. Por lo
tanto, el que tengamos que pedir facturas, y que cuando la
documentación que se nos presenta no se considera jurídicamente
suficiente haya que pedir información complementaria, es lo mínimo
que se puede pedir a un gestor de fondos públicos. La tragedia
sucedida en Melilla en noviembre del año pasado no quita el que
estemos aplicando un procedimiento administrativo tasado, fiscalizado
por órganos externos y en último término por el Consejo de Estado, y
que estemos administrando dinero público. Por tanto, esas críticas
respecto a la tramitación y la exigencia de documentación
complementaria me parecen también absolutamente fuera de lugar.
Tengo la relación uno a uno -y podría dársela si S.S. la quisiera- de
todos los expedientes, los titulares, las cantidades reclamadas, las
reconocidas, etcétera, para que vea, si le interesa entrar en el
análisis de todos los expedientes y uno a uno, cómo se han tramitado
y, cuando se ha pedido información complementaria, por qué ha sido.
El que se haya podido pedir dos veces al mismo damnificado, por la
Administración de la ciudad autónoma y por nosotros, la misma
documentación es inevitable. Se han tramitado
indemnizaciones por un lado y otro nosotros no podemos tramitar un
expediente de responsabilidad patrimonial fiándonos de unos papeles
que no constan en el expediente administrativo. Por otra parte, las
técnicas de compulsa de fotocopias, vía notarial o administrativa, de
documentos originales están admitidas en la legislación de
procedimiento administrativo, como S.S. bien sabrá.
En este momento, por si quiere tener la relación exacta de la
tramitación de los expedientes, repito, en términos modélicos en
cuanto a la rapidez de la tramitación, son los siguientes. En cuanto
a fallecidos, hay un expediente en el Consejo de Obras Públicas,
siete en el Consejo de Estado y tres en fiscalización por la
Intervención General. En cuanto a daños en vehículos, hay 31
expedientes pendientes de que los damnificados aporten documentación;
en trámite de vista y audiencia con los propios damnificados, 20; en
el Consejo de Obras Públicas, 19; en el Servicio Jurídico del Estado,
29; en el Consejo de Estado, 54, y en fiscalización en la
Intervención, 60. En cuanto a enseres, hay 6 pendientes de aportación
de documentos por parte de los interesados; 10 en trámite de vista y
audiencia a los mismos; 18 en el Consejo de Obras Públicas; 19 en el
Consejo de Estado. En cuanto a locales comerciales, están en fase de
estudio previo 30, por falta de documentación suficiente; pendientes
de aportación que se ha pedido individualizada a los afectados, 86;
en trámite de audiencia, 17 y, en el Consejo de Obras Públicas, otros
17. En cuanto a lesiones personales, pedida documentación a los
afectados, ocho; en trámite de vista y audiencia con los mismos, 10,
y en fase de propuesta en el Ministerio, 2. En cuanto a daños a
organismos públicos, pedida documentación para acreditar tales daños
por parte del instructor del expediente, 2. En total, 452
expedientes. Como se puede ver están en fases distintas, según la
documentación de que dispone el Ministerio, pero no hay ni uno que
esté paralizado por inactividad de la Administración instructora de
los mismos, es decir, el Ministerio de Medio Ambiente.
De la lectura política -y me desagrada entrar en ese tema, pero S.S.
lo ha planteado, de si los buenos son los gobiernos socialistas
anteriores y los malos los del Gobierno del Partido Popular actual-
parece deducirse, tal como lee usted la historia, que en este momento
nosotros no hemos hecho nada y lo único en todo caso que estamos
haciendo son las obras que nos dejaron ustedes preparaditas y con
financiación (Rumores.) Yo también puedo interrumpir cuando hablan
los demás pero ruego, por favor, que se respete mi turno de palabra.
En primer lugar, no hay ninguna pérdida de financiación europea Si
usted tiene información en contrario, aparte de hacer insinuaciones
sin fundamento, le ruego me lo diga. Las obras que estamos haciendo
son todas obras que hemos empezado durante nuestro mandato; en la
única obra acabada que tiene algo que ver con esta historia durante
el mandato del Gobierno socialista es precisamente el depósito que
colapsó, no las que estamos haciendo nosotros.
En cuanto a la intervención del señor Gutiérrez Molina, del Partido
Popular, tengo que manifestar que tengo la misma sorpresa por la
falta de capacidad de negociación del Gobierno local frente al
Ministerio de Medio Ambiente. No se nos ha dado ninguna razón, ni
comprensible ni compartible,
para justificar por qué no se respeta el acuerdo sobre
construcción de la desaladora, que evidentemente es la solución que
parece más definitiva y segura cara al futuro. En lo único que puedo
compartir la intervención del representante del Grupo Socialista es
en que, efectivamente, el sistema de abastecimiento a Melilla plantea
problemas de seguridad, de sanidad, etcétera, y con la desaladora
sería la solución definitiva. Por eso nuestra ilusión de ponerla en
marcha; hemos conseguido los fondos comunitario, pero la actitud no
razonada, al menos ante nosotros, del Gobierno de la ciudad autónoma
hace que no sea posible haber empezado ya materialmente las obras e
incluso estar en una situación de riesgo de perder la financiación
comunitaria si no las empezamos. No olvidemos que el plazo actual de
los fondos de cohesión acaba en el año 2000; no nos queda mucho
margen para estar divagando si empezamos o no. Sí le agradecería que
haga ver allí también la necesidad de que el Gobierno local tenga una
mayor capacidad de negociación, de comprensión y de buscar soluciones
porque si no, al final, quienes lo pagarán serán los ciudadanos de
Melilla.
Y los importantes aquí, que son los damnificados, sí creo que se
puede decir con todo rigor que tienen la suerte de que esto haya
pasado -y perdón por utilizar el término suerte cuando hablamos de
una tragedia como esta- mandando el Partido Popular. La diligencia
con la que hemos reaccionado a través del expediente, incoado a
oficio, para establecer la responsabilidad patrimonial de la
Administración no hubiese sido una realidad, vistos los precedentes
de otras catástrofes, si hubiesen gobernado otros señores. Por tanto,
dentro de lo dramático de la situación y de saber que con
indemnizaciones patrimoniales no arreglamos los problemas reales de
la gente, sí debo decir que el Gobierno del Partido Popular ha
reaccionado con una rapidez inusitada, ha reaccionado con unos
mecanismos hasta ahora nunca utilizados, precisamente pensando en los
perjudicados, que son los únicos en los que yo creo que hay que
pensar en serio en estas circunstancias. (El señor Rodríguez
Rodríguez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, esta Presidencia considera que
sólo se puede conceder un turno excepcionalmente; el Reglamento le
concede estas facultades discrecionales a la Presidencia y ella
estima que está suficientemente debatido este asunto y, por lo tanto,
no ha lugar. (Rumores.)
Perdóneme, no le concedo la palabra, señor Rodríguez, no le concedo
la palabra. (El señor Rodríguez pronuncia palabras que no se
perciben.) Usted ha utilizado también otra terminología que
posiblemente ha provocado esto.
Doy por finalizado el debate y se levanta la sesión.
Eran la una y treinta minutos de la tarde.
Nota.-El presente «Diraio de Sesiones», de la Comisión de Medio
Ambiente, del miércoles 16 de diciembre de 1998, no guarda relación
cronológica habitual con el fin de no retrasar la pubicación de los
Diarios de Sesiones ya elaborados.