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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 584, de 09/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 584
ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, VICEPRESIDENTE
PRIMERO
Sesión núm. 57
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Vicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo) para informar
sobre:
-Efectos de la crisis de los mercados de valores sobre el crecimiento
de la economía española, el empleo y los pequeños ahorradores, así
como posición del Gobierno en los foros internacionales ante la
situación de crisis que atraviesan diversas regiones del mundo. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente 213/000756) ... (Página 17050)
-La crisis financiera internacional y su repercusión en la economía
del Estado español. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000759) ... (Página 17050)
-La Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
con posterioridad a su celebración. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/
000765) ... (Página 17050)
-Opinión y previsiones del Gobierno respecto de la crisis económico-
financiera internacional y sus posibles consecuencias o repercusiones
en la situación y perspectiva económica española. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/
000768) ... (Página 17050)
-Problemas actuales por los que atraviesa la Agencia Tributaria y
posición adoptada en el asunto de las cesiones de crédito del Banco
de Santander. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 213/000799) ... (Página 17050)
-La actuación del Gobierno en el caso de la solicitud de archivo de las
cesiones de crédito del Banco de Santander solicitadas ante la Audiencia
Nacional, tanto por el fiscal como por el abogado del Estado encargado
del caso, y los informes de los organismos afectados que posibilitan
estas actuaciones. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000801) ... (Página 17050)
-Resultados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus
actividades de inspección, recaudación, actuaciones ante órganos
judiciales y, en general, en la lucha contra el fraude fiscal, ante los
datos contradictorios facilitados a la Cámara por el secretario de Estado
de Hacienda. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000802) ... (Página 17050)
-La reunión del Ecofín de finales de septiembre, en especial en lo
relativo a los trabajos de armonización fiscal en la Unión Europea (UE).
Asolicitud del Grupo anterior. (Número de expediente 213/000809) ...
(Página 17050)
-La reestructuración del sector del azúcar, así como las medidas
presentadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. A solicitud
del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/000764)
... (Página 17050)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Señorías, buenos días.
Se abre la sesión de la Comisión de Economía, con la comparecencia
del ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo Rato, para dar
cuenta de una serie de peticiones de comparecencia de varios grupos
parlamentarios. El procedimiento que vamos a seguir es el tradicional
en esta Comisión. En primer lugar, intervendrá el señor ministro de
Economía y Hacienda sobre todos los temas de carácter general, aunque
esperamos que separando nítidamente las principales cuestiones de
este amplio orden del día. Posteriormente, los grupos parlamentarios
fijarán su posición respecto a la comparecencia del señor ministro
sobre los temas por ellos solicitados y en relación a las
aclaraciones que en la segunda intervención el señor ministro hará.
El orden del día, como SS.SS. conocen, es amplio, los temas son
diversos, la complejidad de las cuestiones no es elemento que
facilite el buen orden desde el punto de vista de desarrollo de la
Comisión, pero apelo a los señores portavoces, también al ministro,
en sus diferentes intervenciones para que traten de ajustarse a un
tiempo razonable. La Presidencia entenderá la razonabilidad en
función del desarrollo del tiempo. Les transmito a los señores
portavoces y también al señor ministro que esta tarde hay Pleno a las
cuatro de la tarde, así que sería deseable, a todas luces, que para
las dos y media pudiéramos terminar. (Varios señores diputados piden
la palabra.) No levanten la mano muchos portavoces, porque parece que
no nos conocemos, y nos conocemos
demasiado respecto al tiempo de las comparecencias y de las
intervenciones de los señores portavoces. Como la sonrisa de algunos
portavoces parece dar a entender que qué loco está el presidente, que
dice que se va a terminar a las dos y media, a eso de la una les
recordaré cómo vamos.
Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor ministro de Economía y
Hacienda, don Rodrigo Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Además de someterme a las directrices de
la Presidencia y contribuir por mi parte a que podamos cumplir los
objetivos marcados por ella, quisiera agradecer a los grupos
parlamentarios la oportunidad que me brindan de comparecer nuevamente
ante esta Comisión, lo hice la última vez en el pasado período de
sesiones en junio.
Como ha señalado el presidente, el orden del día de la sesión recoge
numerosas propuestas de los grupos que se refieren a cuatro grandes
temas. En primer lugar, la crisis financiera internacional y sus
efectos sobre la economía española. En segundo lugar, la situación de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, incluyendo
resultados de lucha contra el fraude y otras cuestiones relacionadas
con contribuyentes concretos, que en estos momentos están en manos de
la Administración de justicia. En tercer lugar, las sucesivas
reuniones de los Ecofines, en lo que se refiere a la armonización
fiscal en la Unión Europea. Y, por último, la reestructuración del
sector del azúcar, así como las medidas presentadas por el Tribunal
de Defensa de la Competencia. Trataré de
informar a la Comisión de los temas por los que se han interesado los
grupos parlamentarios en este orden.
Sobre la crisis financiera internacional quisiera recordar a la
Comisión que el Gobierno ha venido informando a esta Comisión, por mi
parte, en los meses de marzo y junio de este mismo año y por parte
del secretario de Estado de Economía en sus comparecencias
cuatrimestrales, así como en la Comisión de Presupuestos con respecto
al trámite de comparecencias de los presupuestos el pasado mes de
octubre y también en el debate de totalidad de los presupuestos. Por
tanto, creo que la Cámara ha tenido una información puntual de la
posición del Gobierno y de los datos en poder del Gobierno sobre la
crisis financiera internacional, información que me gustaría ampliar
en estos momentos, siguiendo las instrucciones de los grupos
parlamentarios.
Para analizar esta crisis financiera internacional comenzaré
exponiendo su origen y cuál ha sido el proceso de transmisión de esta
crisis a otras partes del mundo, una vez que hayamos analizado su
origen, los acontecimientos más recientes, y finalmente me detendré
en cuáles son los efectos para una serie de áreas económicas
especialmente relevantes y, en particular, para España.
Como SS.SS. saben la crisis financiera tiene su origen en Asia y se
produce por la confluencia de varios factores: en primer lugar, los
altos desequilibrios de las cuentas corrientes y regímenes de cambios
fijos ligados a un dólar con tendencia apreciadora; en segundo lugar,
unos excesivamente bajos niveles de transparencia en los flujos
financieros públicos y privados que impedían conocer con precisión la
situación financiera de empresas en determinados países y de los
propios países; en tercer lugar, las deficiencias en los sistemas de
la supervisión bancaria; y, en cuarto lugar, una apertura de sus
mercados de capitales, que era total en el corto plazo y, sin
embargo, limitada para la inversión directa.
La crisis, como conoce la Comisión, comienza en el verano de 1997 con
fuertes caídas de las bolsas y las monedas en varios países del
sudeste asiático, y eso acaba produciendo una recesión casi
generalizada en estas economías durante todo el año 1998. La
transmisión de la crisis al resto del mundo se ha producido a través
de tres canales: por un lado, el canal comercial, por otro el
financiero y, por otro, lo que podríamos denominar la reducción de la
confianza.
Desde el punto de vista del canal comercial, la crisis ha producido
una desaceleración clara en el comercio mundial y una disminución de
los precios de las materias primas con efectos de distinto signo,
según las economías y sus patrones comerciales. Desde el punto de
vista también del comercio internacional, éste prácticamente se ha
reducido a la mitad, con un crecimiento en el año 1997 del 10 por
100, que pasará a ser del 5 por 100 en el año 1998, incluso por
debajo del 5 por 100. A su vez, el precio del petróleo ha llegado a
niveles incluso inferiores a los previos a la crisis de 1973, en
términos reales, y en este momento, como saben SS.SS. nos estamos
situando en precios del petróleo claramente por debajo de los 10
dólares por barril.
Desde el punto de vista financiero, primero se generó un
desplazamiento de las inversiones hacia los activos
de mayor calidad que abarató, en algunos casos, la financiación a
largo plazo de las economías del mundo desarrollado, en un primer
momento, lo cual generó un efecto positivo que compensó para las
economías desarrolladas en ese primer momento el efecto sobre el
crecimiento que se producía como consecuencia de la desaceleración
del comercio mundial. A partir de julio de este año, y a raíz de la
declaración unilateral de la moratoria en el pago de la deuda rusa,
el desplazamiento de las inversiones hacia activos de mayor calidad
se ha hecho todavía más selectivo que antes de la declaración
unilateral de la moratoria rusa, la aversión al riesgo de los
inversores se ha agudizado y ello se ha traducido en algunas
consecuencias: en primer lugar, un incremento de la prima de riesgo
de forma indiscriminada hacia todos los países emergentes. El impacto
fue especialmente fuerte en Iberoamérica, donde las diferencias de
los títulos publicados en divisas respecto a los títulos
norteamericanos llegaron a alcanzar los 13 puntos enteros; en segundo
lugar, un incremento de prima de riesgo, a su vez, de la renta fija
privada con respecto a la renta fija soberana en los propios países
desarrollados, hasta el punto de que se produjo un temor creciente a
principios del otoño de una contracción crediticia en algunas
economías desarrolladas; en tercer lugar, un cambio en la percepción
de los beneficios empresariales como consecuencia de todas estas
cuestiones, más el efecto de la reducción del comercio mundial, que
produjo importantes correcciones bursátiles.
Por último, y como he mencionado, además de las cuestiones
comerciales y financieras, la crisis ha tenido un traslado a través
de la confianza de los agentes económicos en los países desarrollados
que se ha visto afectada por la duración de la propia crisis, sus
consecuencias financieras y reales y la incertidumbre que se ha
generado.
De manera más reciente, y en respuesta a todas estas cuestiones, es
decir, al agravamiento de la inestabilidad financiera internacional,
a las caídas de los mercados de renta variable, al temor de una
contracción crediticia y a la evidencia de que las perturbaciones
financieras estaban afectando negativamente la confianza de los
agentes económicos, se han producido una serie de actuaciones de los
países desarrollados que han corregido, en gran parte, algunas de las
cuestiones planteadas a principios del otoño que también han afectado
a la situación de las economías emergentes. Por un lado, me gustaría
significar la nueva legislación japonesa para resolver los problemas
de su sistema financiero, el programa brasileño de reducción del
déficit público y el acuerdo con el fondo monetario internacional y,
asimismo, el acuerdo de los países del G-7 para promover reformas
tendentes a favorecer la estabilidad del sistema monetario
internacional. Todo ello ha facilitado el retorno a la calma en los
mercados financieros internacionales, a partir de finales de octubre,
y actualmente las bolsas del mundo desarrollado, con la excepción de
la Bolsa japonesa, han recuperado parcialmente los niveles máximos
del año y están todas en crecimientos muy positivos con respecto a
finalesde 1997.
¿Cuáles son las previsiones económicas en este momento? La OCDE ha
publicado sus previsiones económicas de otoño, como SS.SS. conocen, y
con la suposición de que se mantenga la actual situación de calma en
los mercados bursátiles y de que no haya perturbaciones adicionales
sobre las economías reales, se estima que se producirá una
ralentización del crecimiento del conjunto de la OCDE, que quiero
recordar a la Comisión que incluye Japón, y un ligero incremento del
desempleo. Se espera que el crecimiento del producto interior bruto
para el conjunto de la OCDE se desacelerará del 3,2 por 100 en 1997,
al 2,2 en 1998, es decir, un punto, y que aún se desacelerará más en
el año 1999, hasta el 1,7, para, a continuación, iniciar una
recuperación en el año 2000 que crecería, según las estimaciones de
la OCDE, en el 2,3. Quiero volver a insistir en que estas previsiones
incluyen las previsiones sobre la economía japonesa.
También en este mismo informe se destaca una de las características
más importantes de esta crisis, que se produce en un momento en que
la inflación se mantiene bajo control y en que los tipos de interés
permanecen en niveles muy reducidos en los países desarrollados, en
los países de la OCDE.
Es importante, aunque estemos en este momento en una situación de
mayor calma que a principios del otoño a finales del verano, tener en
cuenta los riesgos que persisten por áreas geográficas. Empezando por
Iberoamérica, como SS.SS. saben, la atención se ha centrado
principalmente en Brasil. Después de la reciente victoria electoral
el nuevo Gobierno del presidente Cardoso ha anunciado un ambicioso
programa económico para reducir el déficit público, actualmente por
encima del 7 por 100 del producto interior bruto, y restaurar la
sostenibilidad de sus presupuestos. Para ello ha contado con un
paquete de apoyo financiero, acordado con el Fondo Monetario
Internacional, de 42.000 millones de dólares al que, como SS.SS.
saben, España ha aportado 1.000 millones de dólares. El ajuste fiscal
y la financiación exterior son los elementos claves para alcanzar la
credibilidad del mercado brasileño que estimule a su vez la entrada
de capital privado y permita simultáneamente mantener su compromiso
cambiario, es decir, no producir una devaluación y, al mismo tiempo,
permita también una reducción de los elevadísimos tipos de interés
que está sufriendo la economía brasileña, que se encuentran cercanos
al 40 por 100, manteniendo la situación de relativa estabilidad de
precios que gira en torno al 4 por 100. Es importante destacar la
necesidad de que se cumplan los objetivos del ajuste, a los cuales
está relacionado el apoyo del Fondo Monetario Internacional, y los
efectos que tiene la economía brasileña sobre el conjunto de las
economías iberoamericanas.
Para finalizar, quisiera mencionar que, como SS.SS. saben, la semana
pasada se ha producido una corrección parlamentaria de las posiciones
del Gobierno brasileño que afecta, aproximadamente, al 20 por 100 del
ajuste; por tanto, es una cantidad significativa que exigirá, sin
duda, un debate político dentro del Parlamento brasileño que permita
restaurar las condiciones del acuerdo. Al mismo tiempo, hemos de ser
conscientes de los esfuerzos que este ajuste y la situación económica
brasileña
van a producir sobre la población, habida cuenta de que está previsto
que para 1999 se produzca una caída del PIB brasileño de dos puntos.
Con respecto a Asia, se ha producido una clara situación de mejora en
los equilibrios exteriores de las economías tailandesa y coreana y,
desde el punto de la economía japonesa, que en opinión del Gobierno
sigue siendo un elemento crucial para la solución de la crisis,
quisiera hacer referencia a algunas de las medidas que se han tomado.
En este momento, la economía japonesa está en una situación de fuerte
presión deflacionista, con una caída del producto interior bruto en
1998 entre dos y dos puntos y medio, de forma que sólo a partir del
año 1999 se podrá empezar a producir una clara recuperación del
crecimiento, y vuelvo a insistir en que sin una recuperación del
crecimiento de la economía japonesa será muy difícil la solución de
la crisis en Asia y probablemente de sus repercusiones en el resto
del mundo. La clave de esta recuperación estará en la adopción de
reformas estructurales y en estímulos macroeconómicos, principalmente
fiscales, dados los bajos tipos de interés que en este momento ya
están en marcha en Japón desde hace mucho tiempo, con un tipo de
intervención, como sabe la Comisión, del banco central japonés de
medio punto. La reforma más urgente, como ha sido puesto de relieve
no sólo por el Gobierno español sino por todos los gobiernos
occidentales, es la del sistema crediticio japonés. Como sabe la
Comisión, recientemente se ha incrementado la dotación del programa
de recapitalización bancaria hasta los 60 billones de yenes, es
decir, una cantidad similar al producto interior bruto español y,
además, se ha producido un acuerdo del Gobierno de llevar a cabo un
paquete fiscal de 23 billones de yenes en el que, aproximadamente, 17
billones irán a incrementar el gasto, fundamentalmente en
infraestructuras, y el resto a reducciones permanentes de impuestos
de la renta y de sociedades. Por tanto, creo que es justo reconocer
que en los últimos dos meses se han producido en Japón decisiones muy
importantes, tanto cuantitativa como cualitativamente por parte de su
Gobierno, pero que deberán ser continuadas a lo largo de los próximos
meses con reformas estructurales y con una garantía de máxima
transparencia del sistema crediticio japonés.
Con respecto al resto de los países asiáticos, ya he mencionado los
dos más importantes en el comienzo de la crisis, que fueron Tailandia
y Corea, y se están produciendo además dos situaciones muy dramáticas
en Indonesia, como conoce la Comisión, y tampoco son buenas las
perspectivas de Malasia.
Quisiera pasar, señor presidente, a expensas de que la Comisión me
solicite una información detallada de cada uno de los países
afectados, a lo que más nos puede afectar a nosotros en el corto
plazo, que es la evolución de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a Estados Unidos, la mayoría de los indicadores
siguen superando las previsiones y, como sabe la Comisión, en el
tercer trimestre de 1998 el PIB ha crecido a una tasa del 3,9 por
100. Sin embargo, se sigue manteniendo una previsión de una suave
ralentización después de más de siete años de fuerte expansión. Al
mismo tiempo, en los dos últimos meses se han producido tres recortes
del tipo objetivo de los fondos federales y dos en el tipo de
descuento, situándose el pasado 17 de noviembre en el 4,75 el
objetivo de los fondos federales y en el 4,5 el tipo de descuento,
que es el nivel más bajo en ambos casos de los últimos cuatro años.
Esto podría indicar que las autoridades monetarias norteamericanas
ven claramente que el ciclo económico se está ralentizando y que
además no ven riesgos de inflación en su economía. Por otra parte,
también quiero destacar que el temor a una contracción crediticia
claramente se ha reducido con estas medidas de la reserva federal,
aunque todavía se registra un importante diferencial entre las
emisiones privadas y las del Tesoro.
Con respecto al Reino Unido, la situación difiere algo de la
americana que, como ustedes saben, estaba siguiendo un ciclo
económico de similares características en los últimos años, pero esta
diferenciación está basada, sobre todo, en las presiones de costes y
precios en un contexto de ralentización de la actividad. No obstante,
en la medida en que se van acercando a los objetivos de inflación -y
eso se está produciendo en los últimos meses-, parece que podría
haber un margen para una política monetaria más expansiva, también
coincidente con lo que está sucediendo en el resto de la Unión
Europea, que paso ahora a mencionar. En el área euro el proceso hacia
la moneda única no se ha visto cuestionado por las dificultades de la
crisis internacional, más bien al contrario, el euro ha actuado
anticipadamente como un factor de estabilidad. En este sentido,
aunque las previsiones de crecimiento se han revisado a la baja en la
mayor parte de los países europeos, son claramente las economías euro
las que van a registrar mayores tasas de crecimiento en el año 1999,
según todas las previsiones, y son en este momento una clara apuesta
para la recuperación de la economía internacional.
Con respecto a la economía española, señor presidente, después de
hacer una descripción de la evolución de la crisis, el rasgo más
destacable, en opinión del Gobierno, sería su diferente
comportamiento en comparación con crisis financieras anteriores que
han sido, sin embargo, mucho menos intensas que la que estamos
sufriendo en este momento. Desde el punto de vista de los mercados
financieros, la peseta se ha mantenido estable en un proceso de
acercamiento al tipo de cambio bilateral, es decir, a 85,07 pesetas
por marco alemán, que fue fijado en la cumbre europea del pasado mes
de mayo y que se aplicará a partir del establecimiento del euro,
dentro de tres semanas. La crisis no ha afectado para nada a la
cotización de nuestra moneda, hecho claramente diferencial con
nuestras situaciones en crisis anteriores. Por el lado de los tipos
de interés, no sólo no ha habido que incrementarlos sino que se ha
continuado reduciendo en todos los plazos. El 4 de noviembre el Banco
de España recortó nuevamente el tipo oficial de intervención en 25
puntos básicos, una vez celebrado el debate de totalidad de los
presupuestos en esta Cámara, dejándolo en el 3,50 y, como saben SS.
SS., el pasado jueves anunció un nuevo recorte, hasta situarlo en el
3 por 100, en una operación concertada por los bancos centrales de la
zona euro, y este 3 por 100 ya es claramente el tipo de referencia
del inicio del euro.
Desde el punto de vista del mercado de capitales, la Bolsa de Madrid
ha recuperado en gran medida las pérdidas que se produjeron desde el
mes de julio y hoy acumula una ganancia cercana al 25 por 100 desde
comienzos de año. Es de destacar el mejor comportamiento de las
empresas privatizadas en relación con la evolución del conjunto del
mercado.
Durante 1998 el impacto de la crisis sobre la actividad productiva a
su vez está siendo también muy reducido. El Gobierno mantiene, como
la Cámara conoce, las previsiones revisadas el pasado mes de octubre
y espera cerrar el año con una tasa de crecimiento medio del 3,8 por
100, con lo que supera en ocho décimas el crecimiento medio de la
zona euro, según las propias estimaciones de la Comisión Europea.
Desde el punto de vista de la creación de empleo, como conoce la
Cámara, el Gobierno ha revisado al alza sus previsiones iniciales, y
en estos momentos el Gobierno cifra en 450.000 nuevos empleos los
creados en 1998, una cifra en 133.000 empleos superior a la prevista
a comienzos del año 1998. Esto supone un crecimiento de la ocupación
de cerca del 3,5 por 100, lo que quiere decir que en 1998 más del 90
por 100 del crecimiento se está traduciendo en empleo. Creo que éste
es un dato de interés para la Comisión y ha sido objeto de varios
debates en todas mis comparecencias el hecho de que en estos momentos
la recuperación económica se esté trasladando al empleo a un ritmo
casi del 90 por 100. Esto también pueden comprobarlo SS.SS. por el
lado de la afiliación a la Seguridad Social, que está creciendo en
torno al 5,5 por 100, y sólo entre enero y octubre el número de
afiliaciones ha aumentando en 720.000 personas. Desde mayo de 1997 se
han firmado un millón de contratos al amparo de las nuevas
modalidades de la reforma laboral.
Desde el punto de vista de la demanda interna, durante el primer
semestre ésta creció a un ritmo del 4,4 por 100, y todo indica que
sigue creciendo de modo sostenido, apoyada tanto en la inversión, que
sigue siendo su componente más dinámico, como en el consumo privado.
La confianza de los consumidores ha registrado en octubre un nuevo
máximo histórico y se sitúa en 9 puntos, 3 por encima del mes
anterior, y 13 por encima del promedio de la Unión Europea, que
también ha mejorado un punto en septiembre. Esta mayor confianza no
sólo se refleja en indicadores cualitativos como los que acabo de
mencionar, sino también en ventas de turismo que, como sabe la
Comisión, está creciendo a un ritmo de casi el 19 por 100 en los diez
primeros meses, o en las ventas al pormenor, que en el tercer
trimestre han registrado un aumento real del 6 por 100.
Como ya he señalado, la inversión sigue siendo el componente más
dinámico de la demanda interna, con una evolución muy favorable tanto
de la inversión en bienes de equipo, como en construcción, todo ello
en un contexto de moderación de precios, cuyo crecimiento se ha
revisado a la baja por parte del Gobierno, y que se situará, en
opinión del Gobierno, para final de 1998 en el 1,8 por 100.
Señor presidente, quisiera ahora comentar la situación del sector
exterior de nuestra economía como consecuencia de los efectos de la
crisis del comercio mundial.
Desde el punto de vista del sector exterior, en septiembre se han
notado ya los efectos de la crisis en las balanzas comerciales de la
mayor parte de los países europeos, coincidiendo probablemente con
uno de los meses de mayor intensidad de la crisis financiera
internacional. En el Reino Unido la exportación de bienes se redujo
en un 3 por 100, mientras que las importaciones crecieron un 5 por
100. En Alemania las exportaciones cayeron un 2,9 por 100, mientras
que las importaciones también disminuían un 0,6 por 100. En Italia
tanto las exportaciones como las importaciones cayeron un 0,9 por 100
y un 1,9 respectivamente. En Holanda la exportación cayó un 0,7 por
100 y la importación creció un 1 por 100. En España los datos de
aduanas del comercio exterior de septiembre han reflejado una caída
del 3,6 por 100 de la exportación, con una caída del 14,5 de las
ventas fuera de la Unión Europea y un aumento tan sólo del 1,6 de
nuestra exportación a la Unión Europea.
Por áreas geográficas llama la atención, en opinión del Gobierno, y
así lo quiero subrayar ante la Comisión, la tasa de aumento
anormalmente baja de exportación a la Unión Europea, ya que en el
período enero-agosto había crecido a un ritmo superior al 15 por 100.
Los resultados de septiembre -que ya he dicho que se ha evolucionado
a un ritmo del 1,6 por 100- están distorsionados -y me gustaría
significarlo ante la Comisión- por la caída de nuestra exportación a
Alemania en un 10,6 por 100 y a Italia en un 13,5 por 100. Nuestras
ventas al resto de la Unión Europea, sin embargo, se han mantenido en
un ritmo del 9,2 por 100. Esta caída de nuestra exportación a
Alemania e Italia el Gobierno la considera atípica, no responde a
ningún perfil que pueda determinarse desde el punto de vista
económico, y más bien creemos que hay unas diferencias estadísticas
de contabilización debido a la diferencia de calendarios y de días
festivos. En cualquier caso, quiero significar a la Comisión que ahí
radicaría la explicación de la falta de crecimiento de nuestras
exportaciones a la Unión Europea en el mes de septiembre, y que tanto
el Gobierno como el resto de la opinión pública hemos de estar
atentos a los datos de los próximos meses.
Fuera de la Unión Europea, aunque ya en el mes de agosto se había
registrado una caída del 1,6 por 100, en septiembre la caída fue casi
del 15 por 100, del 14,9, reflejando con gran intensidad el impacto
de la crisis internacional, que tuvo claramente en el mes de
septiembre, y probablemente en el mes de octubre continuará, un punto
álgido. Durante el período de enero-agosto la fuerte caída de las
exportaciones a los países del sudeste asiático, que cayeron casi un
50 por 100, y a Japón, casi un 15,6 por 100, estaban siendo
compensadas por el aumento de las exportaciones a países del Este,
incluida Rusia, que crecían a un 25 por 100; a Iberoamérica, con un
crecimiento del 20,5; y a Estados Unidos, con un aumento de casi el
10 por 100. ¿Cómo ha evolucionado esta situación en septiembre? Las
exportaciones al sudeste asiático han continuado cayendo a una tasa
similar a las de los meses anteriores, a excepción de China, en donde
los primeros ocho meses nuestra exportación había aumentado un 31 por
100 y, sin embargo, en el mes de septiembre cayó un 46
por 100. Nuestra exportación a Japón creció el 10 por 100 en
septiembre y nuestras ventas a los países del Este cayeron un 19 por
100, debido totalmente al peso de Rusia, donde nuestras ventas
cayeron un 78 por 100 en septiembre. Nuestra exportación al conjunto
del área iberoamericana creció un 10,5 por 100, con crecimientos del
40 por 100 a México, 13 por 100 a Argentina y, sin embargo, un 0,5
por 100 a Brasil. Pero este crecimiento del 10,5 por 100 al área
iberoamericana en el mes de septiembre es la mitad de lo que habían
crecido nuestras exportaciones a esa área durante los ocho primeros
meses del año. Nuestras ventas a Estados Unidos, que suponen el 4 por
100 del total de nuestras ventas al exterior, cayeron en septiembre
un 17,5 por 100. En este caso yo creo que hay dos explicaciones que
la Comisión ha de tener en cuenta: por un lado, la depreciación del
dólar frente a la peseta y, por otro lado, la fuerte competencia
ejercida en el mercado americano por los productos procedentes de los
países del sudeste asiático, que habían devaluado sus monedas, y cuya
presencia en el mercado americano está entre las causas del aumento
muy importante del déficit comercial en Estados Unidos.
Con todo, en el período enero-septiembre la exportación española ha
crecido por encima del 10 por 100 en términos reales, más del doble
del comercio mundial, que como he dicho no va a llegar al 5 por 100,
y es uno de los crecimientos más altos de las exportaciones de la
mayoría de los países de la Unión Europea. La importación ha crecido
a una tasa del 13,6 por 100 en ese mismo período, es decir, de enero
a septiembre, y en septiembre sin embargo ha empezado a notarse una
desaceleración como consecuencia de la misma crisis.
El déficit comercial ha aumentado en esas fechas un 27,4 por 100, que
es un aumento importante, aunque hay que tener en cuenta que estamos
comparándolo con el año 1997, que fue el año en que el comercio
exterior alcanzó su mejor tasa de cobertura comercial desde el año
1986, con un 84,7 por 100. De hecho -y creo que éste es un dato
significativo para poner las cosas en una cierta perspectiva- en
enero-septiembre del año 1998 nuestra tasa de cobertura fue del 83
por 100, que es la más alta de la última década si excluimos el año
1997, y que, por tanto, creo que nos sitúa todavía en unas
condiciones importantes. Además, el aumento del déficit comercial se
va a ver claramente compensado, como es consciente la Comisión, por
otros componentes de la balanza de cuenta corriente, como es el caso
del turismo, de modo que en 1998 tendremos un superávit corriente y
de capital claramente superior al 1 por 100 del producto interior
bruto. De hecho, en los nueve primeros meses del año 1998 se registra
un superávit corriente y de capital de casi un billón de pesetas, que
equivale aproximadamente a un 1,2 del producto interior bruto.
Paso ahora, señor presidente, a hacer algunos comentarios sobre la
evolución del comercio español por áreas geográficas en los próximos
meses. Respecto al sudeste asiático, es previsible que en los
próximos meses nuestra exportación continúe registrando tasas
similares, es decir, decrecientes, a las que venimos registrando en
estos momentos. Sin embargo, creemos que nuestra exportación a China
debería seguirse incrementando,
como lo ha hecho en los primeros ocho meses del año, ya que la
demanda interna en China continúa siendo potente, aunque más reducida
que el año anterior. Nuestras ventas a países del Este seguirán
decreciendo en los próximos meses como consecuencia del
comportamiento de la economía rusa, pero en el resto de los países
del este europeo, exceptuando Rusia, deberían mantenerse tasas de
crecimiento positivas.
Nuestra exportación a Latinoamérica es previsible que se mantenga con
tasas positivas de crecimiento pero bastante más moderadas del 20 por
100 de aumento en los ocho primeros meses del año. La evolución de
nuestras ventas a Estados Unidos va a depender en gran medida de las
dos cuestiones que mencioné anteriormente, de la cotización del dólar
y del incremento de la competencia de los países del sudeste asiático
en esa economía. Respecto a nuestra exportación a la Unión Europea,
que como SS.SS. saben representa el 70 por 100 del conjunto de
nuestro comercio internacional, cabe esperar que siga creciendo en
torno al 10 por 100.
En definitiva, señor presidente, los efectos de la crisis financiera
internacional han producido en el segundo semestre de 1998 una
contracción del conjunto del comercio mundial, que sólo va a crecer
en el año 1998 un 4 por 100 en volumen frente a un 9 por 100 que era
la tasa prevista, lo que se ha traducido en una clara desaceleración
de las exportaciones y también de las importaciones. En los próximos
meses es previsible que continúe la caída de las exportaciones fuera
de la Unión Europea, aunque no tan pronunciada como en el mes de
septiembre, y el aumento de nuestras ventas a la Unión Europea se
sitúe en torno al 10 por 100.
Me gustaría poner también de relieve una visión a más largo plazo.
Según la encuesta de coyuntura de exportación del tercer trimestre de
1998, se pone de manifiesto que las empresas tienen una expectativa a
largo plazo más optimista sobre su cartera de pedidos que a corto
plazo. La opinión mayoritaria, el 46 por 100, cree que su cartera se
va a mantener estable a largo plazo, un 42 por 100 cree que va a
evolucionar al alza y sólo un 6 por 100 cree que evolucionará a la
baja.
Por último, quisiera destacar que, en la medida en que la crisis
internacional está afectando tanto a exportaciones como a
importaciones y también al precio de las materias primas, la
contribución negativa del sector exterior al crecimiento del producto
interior bruto va a variar poco con respecto a lo que estaba
previsto, que quiero recordar a la Cámara que era un menos 0,8 para
1998 y un 1,3 por 100 para 1999.
Paso al segundo punto del orden del día, la situación de la Agencia
Tributaria, los resultados de la lucha contra el fraude y las
cesiones de créditos.
Respecto a la situación de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en todo caso, en opinión del Gobierno, ésta debe
valorarse por los resultados obtenidos en los dos últimos años, no
sólo desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, sino del
conjunto de las áreas de gestión de la Agencia. En opinión del
Gobierno, la gestión de la Agencia ha mejorado sustancialmente en
estos dos últimos años y me gustaría darle algunos datos a la
Comisión.
En el ámbito de las relaciones con el contribuyente, los servicios de
ayuda se han incrementado de forma significativa; por ejemplo, si
comparamos la última campaña de renta respecto a la campaña de renta
correspondiente a la declaración de 1995, que fue responsabilidad del
Gobierno anterior, tenemos, por un lado, que se han más que
triplicado el número de contribuyentes que han utilizado el programa
Padre, de ayuda para la declaración de la renta, que llega ya a casi
11 millones de contribuyentes, frente a 3 millones de contribuyentes
en el año 1995; es decir, en la última campaña de renta más de dos
tercios de los contribuyentes han utilizado un servicio que les
permite que su declaración se confeccione en gran parte con la ayuda
de los propios servicios de la Agencia. En ese sentido quisiera dar a
la Comisión una noticia y es que hoy se pone en marcha el teléfono
por el cual todos los españoles podrán informarse del nuevo sistema
de retenciones para el año 1999 y también podrán preguntar
individualmente por su caso, ese teléfono es el 901335533.
Desde el punto de vista de la ayuda al contribuyente, se han
realizado en las oficinas de la Agencia Tributaria o por teléfono
3.076.000 declaraciones, frente a 2.300.000 que se realizaban en el
año 1995. También se han realizado a través de entidades
colaboradoras 2.247.000 declaraciones, frente a las 660.000 que se
realizaban en el año 1995. Cinco millones quinientas cuarenta y nueve
mil declaraciones han utilizado el disquete y módulo de impresión
facilitados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
que no existía en el año 1995. En relación a otros servicios
prestados en la campaña de renta, cabe destacar que 2.275.000
contribuyentes han utilizado la cita previa frente a los 800.000 que
la utilizaban en el año 1995. En los teléfonos de información se han
contestado casi dos millones de llamadas frente al millón doscientas
mil en la campaña de renta de 1995. Se han implantado nuevos
servicios como la posibilidad de acceder a la información de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria a través de Internet
o de solicitar los datos fiscales del contribuyente en poder de la
Administración tributaria. En la campaña de renta de 1997 se han
producido 9.372.000 accesos a Internet y 335.000 contribuyentes han
solicitado sus datos fiscales que obraban en la Administración
tributaria.
En el ámbito de la mejora de las relaciones con el contribuyente,
como saben SS.SS., desde 1996 se viene realizando un extraordinario
esfuerzo en materia de devoluciones, en concreto en 1996 se
devolvieron 171.000 millones más que en el año 1995; en 1997 se
devolvieron 337.000 millones más que en el año 1996 y finalmente en
el año 1998 se van a devolver 512.000 millones de pesetas más que en
el año 1997, lo cual representa más de un 19 por 100 de incremento.
Este esfuerzo de agilización de las devoluciones tiene consecuencias
no sólo desde el punto de vista de un trato más justo al
contribuyente sino también en una política de saneamiento de los
presupuestos futuros. En relación al impuesto sobre la renta de las
personas físicas del año 1995, a 31 de diciembre se había devuelto el
72,9 por 100 del importe total solicitado, que viene a representar
aproximadamente el 75 por 100 de las devoluciones viables.
En 1998, a 31 de diciembre, también en la misma fecha, se había
devuelto el 97 por 100; frente al 72,9 en 1995, en 1998 se había
devuelto el 97 por 100, que supone casi el 100 por 100 de las
declaraciones viables. A 30 de octubre de este año, de 1998, se había
devuelto el 87 por 100 del importe total solicitado frente al 43 por
100 en el año 1995 y además, como novedad, en este año se ha devuelto
por primera vez en el mes de junio a más de 2.100.000 contribuyentes.
También se ha agilizado el proceso de devoluciones del impuesto de
sociedades. Así, el 95 por 100 de las devoluciones solicitadas
correspondientes al impuesto sobre sociedades de 1995 se realizó en
1997, es decir, con dos años de retraso; el 88 por 100 de
devoluciones solicitadas correspondientes al impuesto sobre
sociedades de 1996 se ha realizado en 1998, también con dos años de
retraso; finalmente, el 84 por 100 de las devoluciones solicitadas
correspondientes al impuesto de sociedades de 1997 también se han
realizado en 1998, por tanto hemos acortado un año en el ritmo de
devoluciones del impuesto de sociedades.
Sin ánimo de extenderme en la explicación de la mejora de las
relaciones entre la Administración y el contribuyente -he puesto
claramente dos ejemplos, la asistencia en la campaña de renta y la
agilización de las devoluciones, que ya han notado millones de
españoles, como lo indican las encuestas de opinión sobre el
funcionamiento de la Agencia Tributaria-, también quisiera hacer
mención a otros avances como ha sido la puesta en funcionamiento de
la Oficina del Defensor del Contribuyente -que, como SS.SS. saben, en
1997 tramitó 3.778 sugerencias- y también la entrada en vigor en la
primavera del año 1998 del estatuto del contribuyente, cuya puesta en
marcha ha supuesto un importante esfuerzo de la Administración
tributaria.
Quisiera pasar ahora, señor presidente, a mencionar algunos datos de
la lucha contra el fraude. El Gobierno ha presentado recientemente a
la opinión pública los resultados del plan bianual de la lucha contra
el fraude. En el bienio en el que ha estado vigente el plan, el
fraude descubierto se ha elevado a 2 billones 179.000 millones de
pesetas frente al descubierto en el bienio anterior, es decir, de
1994 a 1996, que había ascendido a un billón 600.000 millones de
pesetas, es decir, ha habido un incremento de más de 500.000 millones
de pesetas, un 34,15 por 100 más. En el área de gestión tributaria la
mejora es del 32,2 por 100; en el área de inspección financiera y
tributaria el número de actas liquidadas ha aumentado un 20,2 por
100, si bien hay que tener en cuenta que aquí hay un extraordinario
esfuerzo de agilización en la tramitación de expedientes de
ejercicios anteriores, y en el área de aduanas e impuestos especiales
se han más que duplicado los resultados: desde 1996, entre la fase de
instrucción y la de liquidación no han pasado más de seis meses en
ningún caso y el plazo que va de la instrucción a la liquidación se
ha reducido de 147 días a 85 días.
Desde el punto de vista de la eficacia en la lucha contra el fraude,
en opinión del Gobierno no debe medirse sólo por los datos de las
actuaciones de control, que arrojan un incremento en el período de
vigencia del plan, sino por el incremento general de la recaudación,
que,
como es natural, también está afectada por la política general de
lucha contra el fraude. En este sentido SS.SS. conocen la ejecución
del presupuesto de ingresos y, por tanto, conocen también que los
objetivos de recaudación están siendo más que sobradamente cumplidos.
No me voy a detener en las cifras de recaudación, que conocen SS.SS.
perfectamente, pero sí quisiera llamar la atención sobre los efectos
de determinadas modificaciones normativas respecto al cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales y el reflejo de otras
actuaciones de persecución del fraude sobre la evolución de algunas
figuras tributarias relevantes. Quiero hacerlo porque cuando estas
modificaciones normativas se aprobaron hubo algunas dudas desde
algunos grupos políticos respecto a los efectos que pudieran tener en
la lucha contra el fraude. Así, por ejemplo, desde la reforma global
del marco tributario de las pequeñas y medianas empresas, las
retenciones del trabajo practicadas por las empresas de menor tamaño
están creciendo a un ritmo del 12,4 por 100, es decir, claramente por
encima de lo que está creciendo el empleo. Esto indica una afloración
de empleo sumergido y, por consiguiente, de fraude fiscal de gran
importancia. Los efectos de la reforma y el esfuerzo en la lucha
contra el fraude en el IVA también se dejan ver en la evolución del
IVA de las grandes empresas, que hasta noviembre habría aumentado a
un ritmo del 16,6 por 100, algo que no se corresponde ni con la
evolución del consumo ni de las ventas de estas empresas, lo que nos
lleva a poder afirmar que se está produciendo un mejor cumplimiento
de las obligaciones tributarias. Otros datos de la recaudación
también son muy expresivos, como es el caso de la recaudación líquida
de los impuestos especiales, que está creciendo a tasas superiores al
15 por 100, muy por encima del consumo, y la recaudación líquida del
impuesto sobre labores del tabaco está creciendo a un ritmo del 25
por 100, lo que tampoco se puede explicar desde el punto de vista del
consumo del tabaco, que, como saben SS.SS., está decreciendo, sino
claramente en una más que importante lucha contra el fraude, que
puede suponer unos 90.000 millones de pesetas en 1998. En definitiva,
señor presidente, en opinión del Gobierno, el análisis de los datos
objetivos pone de manifiesto una notable mejora de los resultados de
la Agencia Tributaria, tanto desde el punto de vista del servicio al
contribuyente como desde el punto de vista de la lucha contra el
fraude.
Por lo que se refiere a las cesiones de créditos relacionadas con
contribuyentes concretos, lo que puedo decir a SS.SS. es que la única
postura del Gobierno fijada por los órganos competentes respecto a
las cesiones de crédito, en la que se determinó la posición procesal
del Estado en estos pleitos, se realizó mediante escrito del 25 de
abril de 1996 del Ministerio de Justicia. La Administración
tributaria no ha emitido ningún informe o escrito sobre cuál deba ser
la posición procesal del Estado, que no es de su competencia.
Paso ahora, señor presidente, a abordar el tema de los trabajos de
armonización fiscal en la Unión Europea. A partir del consejo
informal del Ecofin de septiembre pasado se han producido una serie
de hechos sobre armonización fiscal que me gustaría mencionar. La
dimensión fiscal de la construcción comunitaria está adquiriendo un
relieve cada vez mayor como consecuencia de la introducción del euro,
del establecimiento de la política monetaria común, del pacto de
estabilidad y de la profundización continua del mercado interior. En
este contexto, las diferencias de los sistemas tributarios suscitan
la cuestión de cómo coordinar mejor nuestras políticas fiscales en el
marco de la coordinación de las políticas económicas a que nos obliga
el Tratado de la Unión Europea, también el respeto al principio de
subsidiariedad que establece el mismo y obviamente preservando los
legítimos intereses de cada Estado miembro, que no siempre son
coincidentes con los planteamientos que se ponen sobre la mesa en
todos los momentos. La actual Presidencia austriaca ha otorgado una
gran importancia a la consecución de progresos en la coordinación de
nuestras políticas fiscales. De hecho, se organizó en Viena un
seminario de alto nivel sobre la competencia fiscal y la coordinación
de las políticas fiscales en la Unión Europea al principio del
mandato de la Presidencia austriaca, cuyas conclusiones fueron
presentadas por el ministro Edlinger, en la reunión del Ecofin
informal de septiembre.
¿Cuáles son esas líneas de actuación que fundamentan, a juicio de la
Presidencia austriaca, una mayor coordinación en las políticas
fiscales? Primero, la voluntad de reequilibrar, en general, la carga
fiscal sobre los factores productivos en beneficio del trabajo,
coadyuvando a generar una política efectiva de empleo. Segundo, el
deseo de algunos Estados miembros de aprovechar la ocasión para
introducir una orientación medioambiental en el proceso de
armonización de la fiscalidad indirecta. En relación con la voluntad
de reorientar las políticas fiscales de modo que favorezcan el
empleo, en el Ecofin del pasado 1 de diciembre del año 1997 los
ministros de Economía y Hacienda acordamos los elementos de un
paquete de medidas fiscales para combatir la competencia fiscal
perniciosa, el llamado paquete Monti. En septiembre de 1998 vimos en
qué estado se encontraban los acuerdos de diciembre de 1997. Puedo
señalarles que en el Ecofin que se acaba de celebrar el martes
pasado, el 1 de diciembre, se han vuelto a examinar los progresos
alcanzados, habiéndose adoptado algunas decisiones, como saben SS.
SS., con el fin de impulsar el proceso. Por ello, pasaré a comentar
los asuntos abordados tanto en septiembre como lo que ha ocurrido en
el último consejo Ecofin, con el objeto de ofrecer a SS.SS. una
perspectiva lo más actual posible.
Efectivamente, en los tres elementos que constituyen el paquete Monti
se han realizado progresos importantes. Así, respecto al código de
conducta sobre la fiscalidad de las empresas, se ha establecido el
grupo encargado del proceso de evaluación de las medidas fiscales
sospechosas de poder ser calificadas como de carácter pernicioso; se
ha elaborado una lista de medidas fiscales a examinar; se ha iniciado
el proceso de evaluación sobre la base de cotejar si la descripción
de las mismas se corresponde con la realidad y de efectuar una
primera comparación con los criterios contenidos en el código de
conducta. Este trabajo de evaluación, que debe culminar a finales de
1999, no ha hecho, por lo tanto, nada más que empezar, por lo que las
conclusiones sobre si algunas medias
son o no perniciosas se adoptarán a finales del año 1999, después de
un largo examen por parte del grupo de trabajo, que elevará una
primera batería de informes al Ecofin. Resulta, por consiguiente,
prematuro en este momento, señorías, evaluar cuáles pueden ser las
consecuencias de ese trabajo, que durará durante todo el año 1999.
El segundo elemento del paquete Monti, como sabe la Cámara, es la
propuesta de directiva destinada a garantizar un mínimo de imposición
efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro
de la Comunidad. Es decir, las llamada propuesta de directiva sobre
fiscalidad del ahorro, presentada en junio del año 1998, y que está
siendo examinada detenidamente por el correspondiente grupo de
trabajo del Consejo.
Voy a incidir en un problema que fue objeto de atención en la reunión
informal de septiembre en Viena y sobre el que se han tomado
decisiones en el último Ecofin de la semana pasada, me estoy
refiriendo a la denominada dimensión exterior del ahorro, y se trata
de un punto muy importante para el éxito de la directiva. La
propuesta de directiva, conforme al mandato de los ministros del
Ecofin del año 1997, contempla un artículo donde se señala que la
Unión Europea entablará negociaciones con los principales países
terceros con vistas a que los intereses que sean abonados por un
agente pagador establecido en un país tercero a particulares que sean
residentes de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea
estén sujetos a una imposición efectiva, conforme a uno de los dos
modelos contemplados: o bien el intercambio de información o bien una
retención mínima. Asimismo, se acompaña la propuesta de directiva de
un proyecto de decisión por los Estados miembros, por el cual los
Estados se comprometen a promover dichos principios en el marco de
sus competencias, incluyendo específicamente a aquellos que cuenten
con territorios dependientes o asociados. Lo que se ha decidido ahora
es la forma de llevar a cabo dichas negociaciones con otros países
que no sean miembros de la Unión Europea y en primer lugar y mediante
la figura conocida de la Unión Europea de la troika, con el apoyo de
la Comisión, se está empezando a negociar con los países más cercanos
físicamente, que por sus características son los que podrían sacar
mayor partido de un proceso de deslocalización del ahorro europeo.
Estos países son Suiza, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y San Marino.
Quiero hacer una precisión, esto no supone que sean los únicos con
los que se va a entablar negociaciones, sino que las primeras rondas
de negociaciones se llevarán a cabo con estos países.
Si bien no fue objeto de atención particular en septiembre, ni
tampoco ahora, el 1 de diciembre, cabe recordar el tercer elemento
del paquete Monti, que no quisiera dejar de mencionar a la Comisión
porque supone el conjunto de las decisiones de diciembre de 1997
respecto a la armonización fiscal. Es el que se refiere a la
propuesta de directiva por la que se suprimen las retenciones sobre
los pagos en concepto de intereses y cánones que se efectúen entre
empresas situadas en los distintos Estados de la Unión Europea pero
que pertenecen a un mismo grupo. La propuesta de directiva se
presentó en marzo, está siendo también examinada por el grupo de
trabajo
correspondiente y parece que va a presentar menores problemas que
otras.
Habría que añadir, señor presidente, un cuarto elemento, cual es la
comunicación de la Comisión Europea relativa a la aplicación de las
normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la
fiscalidad directa de las empresas, que acaba de ser presentada
formalmente en el Ecofin en su última reunión de la semana pasada. Se
trata de una contribución de la Comisión Europea ya prevista en el
código de conducta y a este proceso de profundización de coordinación
de nuestras políticas fiscales, cuyas implicaciones tendremos que
analizar y que todavía está siendo objeto de estudio por los
servicios de todos los países. Por último, quisiera señalar que la
posición española es positiva y ha sido muy cooperativa en todos
estos temas que acabo de mencionarles.
La segunda intención de alguna de las partes de los Estados que
subyace en ese deseo compartido de avanzar en la coordinación de
políticas fiscales se refiere, como he dicho, a contemplar la
tributación de los productos energéticos atendiendo principalmente a
consideraciones de carácter medioambiental. Esta segunda intención no
es compartida plenamente por España, y me gustaría pasar a explicarle
por qué.
En la propuesta de directiva que actualmente está siendo estudiada
por el Consejo se pretende extender el marco existente y armonizado
para los hidrocarburos a otros ámbitos, como sería el gas natural, el
carbón y la electricidad, así como la fijación de tipos mínimos
obligatorios que deben ser respetados por todos los Estados miembros
y el compromiso político de proceder a su revisión periódica para
solventar las dificultades surgidas con el teórico objeto de ir
propiciando una vía para acercar tipos. España no está de acuerdo con
esta argumentación, primero, porque la fijación de tipos mínimos
creemos que no es un instrumento adecuado para unos ámbitos en los
que no existe realmente un mercado interior, como era el caso de los
productos derivados del petróleo, donde sí existe un mercado
interior. Efectivamente, unos tiempos mínimos no proporcionales y
unos tipos mínimos iguales para todos los Estados miembros no
resultan un instrumento adecuado para la consecución de objetivos
medioambientales, pues no contemplan la posición relativa de cada uno
de los Estados miembros frente a los problemas medioambientales que
se pretenden corregir, provocando así unos esfuerzos desiguales para
corregir las situaciones medioambientales. A ello se suma -y ha sido
un argumento recurrente de la posición española desde hace varios
años- el hecho de que los tipos mínimos propuestos supondrían una
notable elevación de nuestros tipos impositivos, que son los más
bajos de la Unión Europea junto con los de Grecia y Luxemburgo y,
consecuentemente, supondrían fuertes presiones inflacionistas en un
momento en que resulta esencial preservar la competitividad de los
precios de nuestra economía. Además -y como es conocido-, es firme
voluntad del actual Gobierno español proceder a una rebaja general de
la carga tributaria que pesa sobre la economía nacional para
dinamizarla y no una mera compensación entre sectores o entre
impuestos. En este sentido, el Gobierno español no ha dado su
conformidad a las
medias que ha presentado la Presidencia austriaca para impulsar los
trabajos en torno a esta propuesta de directiva que se refiere a la
tributación sobre productos energéticos, que ya fueron apuntados por
el Gobierno español en el Ecofin informal del mes de septiembre.
Finalmente, señor presidente, paso a abordar el tema relacionado con
Ebro Azucarera. Entiendo que a lo que se refiere la petición de
comparecencia es a la fusión de Azucarera y Ebro Agrícolas y también
a la actuación del Tribunal y del Gobierno en este asunto.
El Gobierno entiende que este tipo de operaciones pueden llevar a las
empresas a una mayor eficacia y competitividad mediante las economías
de escala que se obtienen con una mayor dimensión y, simultáneamente,
la posición del Gobierno tiene que velar por que la concentración de
empresas no llegue a eliminar o a entorpecer la competencia efectiva
en el mercado. Con este planteamiento se consideró necesario que el
Tribunal de Defensa de la Competencia dictaminara sobre la fusión de
la empresa Sociedad Azucarera de España y Ebro Agrícolas. Quiero
poner de relieve a SS.SS. que esta empresa, una vez fusionada,
simplemente será la séptima del conjunto de las empresas europeas en
este mismo mercado.
El informe del Tribunal, al que he hecho referencia, señalaba que la
empresa resultante de la fusión, con un 78 por 100 de la cuota de la
producción asignada por la Unión Europea a España, tendría una
posición dominante que podría obstaculizar el mantenimiento de una
competencia efectiva en el mercado. Por otra parte, la operación
también podría contribuir a una mayor eficiencia y competitividad
internacional de nuestro sector azucarero -vuelvo a recordar que la
empresa resultante no es ni mucho menos la más importante de Europa-
y, en consecuencia, el Tribunal proponía la autorización de la
operación con una serie de condiciones para compensar sus efectos
restrictivos sobre la competencia.
Considerando el dictamen del Tribunal, el Gobierno, por acuerdo del
Consejo de Ministros del pasado 25 de septiembre, autorizó la
operación con seis condiciones tendentes a garantizar un
funcionamiento eficiente y competitivo del sector, que me gustaría
comentar muy brevemente, señor presidente. Para asegurar que la
concentración de empresas no se limita a un simple aumento de
dimensión y de poder de mercado, sino que se traduce en una
estructura productiva más eficiente, la primera condición obliga a la
empresa resultante de la fusión a presentar, antes de un año, un plan
de reconversión industrial con objetivos concretos que deberá ser
aprobador por los ministerios competentes, que en este caso son
Agricultura y Economía. Para aumentar las posibilidades de
competencia en el mercado, la segunda condición establece la
reasignación de hasta 30.000 toneladas de la cuota española de
producción de azúcar desde las empresas que se fusionan hasta otras
empresas competidoras, mediante un sistema de subasta que permita que
la reasignación sea eficiente, haciendo que las cuotas se asignen
a quien más las valora. La tercera condición, con el mismo objetivo de
ampliar la cuota de las empresas competidoras, prevé, si el cupo de
Canarias, Ceuta y Melilla pasara a integrarse en la cuota nacional de
producción de
azúcar, que el aumento de cuota sería asignado a las empresas
competidoras de Azucarera Ebro Agrícolas. El Gobierno considera que
estas reasignaciones de cuota entre empresas deben realizarse sin
perjudicar a los agricultores. Para asegurarlo, establece la sexta
condición, que adoptará las medias oportunas para evitar cualquier
repercusión negativa sobre los productores de remolacha. Ya les he
mencionado cuatro condiciones, las tres primeras y la sexta, y paso a
mencionarles la cuarta condición, que tiene como objeto potenciar la
presencia de operadores alternativos en el mercado de azúcar,
limitando durante tres años la actividad comercial de la nueva
empresa y la introducción de azúcar comunitario en España. Por
último, la quinta condición obliga a la nueva empresa a informar
detalladamente, cada seis meses y durante tres años, sobre las
condiciones en las que se adquiere la remolacha y sobre sus
operaciones en el mercado del azúcar. El incumplimiento de estas
condiciones puede ser sancionado con multas de hasta el 10 por 100 de
la cifra de ventas de las empresas fusionadas, correspondiendo al
servicio de defensa de la competencia el seguimiento y vigilancia de
este acuerdo. En resumen, el acuerdo del Consejo de Ministros del
pasado 25 de septiembre creemos que, siguiendo las instrucciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia, concilia la necesidad de
contar con empresas eficientes y bien dimensionadas con el
mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado del azúcar,
sin perjudicar los intereses de los agricultores y atendiendo también
los intereses de los competidores actuales y potenciales.
Con esto, señor presidente, creo que he dado respuesta a los
planteamientos de los grupos parlamentarios en un plazo que se ha
ajustado a los cuarenta y cinco minutos inicialmente previstos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Van a intervenir los grupos de mayor a menor, como es tradicional en
esta Comisión.
El señor SAURA LAPORTA: No sé si es tradición que primero intervengan
los grupos que han pedido las comparecencias. Si no es así, me daría
lo mismo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: De hecho va a ser así, porque todos los grupos
parlamentarios, Socialista, Izquierda Unida y Grupo Mixto, han
solicitado la comparecencia y, como al final termina el Grupo
Parlamentario Popular, el orden es el mismo, señor Saura.
He dicho al comienzo de la sesión que la Presidencia no iba a fijar
tiempos, pero me voy a ver en la necesidad de fijarlos. Si no les
parece mal a los señores portavoces, vamos a fijar un turno
orientativo en torno a quince minutos, flexible con aquellos grupos
parlamentarios solicitantes de las comparecencias, pero mucho más
rígido con aquellos grupos que no las hayan solicitado.
Creo que así podremos mantener un equilibrio para que los grupos
parlamentarios puedan fijar su posición pero también con los grupos
parlamentarios que han solicitado las comparecencias.
Sin más preámbulos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Supongo, señor presidente, que no va a
ser fácil para ninguno tratar de cumplir con las previsiones que S.S.
ha fijado en torno a los tiempos, pero vamos a intentarlo.
Me gustaría empezar agradeciendo al señor Rato su comparecencia. La
verdad es que, como no se prodiga, creo que necesita una felicitación
multiplicada por nueve, puesto que hoy comparece ante nueve
solicitudes de comparecencia acumuladas a lo largo de muchísimos
meses y ha de someterse a un debate en el que vamos a hablar del
azúcar, de la armonización fiscal, de la Agencia Tributaria, de la
crisis financiera, en algunos casos sobre temas que son conocidos y
sobre los cuales se debía de haber informado hace muchísimo tiempo y
en otros en relación con materias que merecerían por sí mismas un
debate completamente monográfico y ajeno a otro tipo de
consideraciones. Pero, en fin, éste es uno de los privilegios, al
parecer, del Ejecutivo, el comparecer cuando le parece oportuno, de
acuerdo con la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda. Yo
lamento, señor Rato, que usted no se prodigue puesto que lo hace bien
cuando viene, y como lo hace bien debiera prodigarse más y no tener
tanto temor a venir aquí y además envolver sus intervenciones en un
enorme contenido cuasi enciclopédico, que me parece que impide un
debate en profundidad sobre todos y cada uno de los puntos.
Hablar en este momento de la crisis financiera que se inicia durante
el verano la verdad es que tiene un interés más bien limitado,
teniendo en cuenta que hemos estado hablando sobre este tema en otros
momentos, que hemos hecho una discusión sobre presupuestos, que hemos
hecho un análisis de previsiones, que hemos discutido cuáles serán
los efectos que se empezaban a sentir o cuáles eran las medidas que
se empezaban a tomar por los organismos internacionales y cuáles eran
las previsiones o las acciones adoptadas por el Gobierno español. Yo
no quiero, por tanto, entrar ahora ni en lo que significó aquello ni
en las previsiones que han sido modificadas permanentemente y siempre
a la baja por los organismos internacionales, ni tampoco quiero
hablar de la situación de Asia, de Estados Unidos, ni siquiera de la
de España. En todo caso, sí me gustaría decir un par de cosas que
creo que vuelven a poner de manifiesto la incertidumbre en la que nos
seguimos moviendo.
Los últimos acontecimientos antes de la bajada de tipos de interés
concertada entre los bancos centrales europeos han venido precedidos
de caídas de nuevo en las bolsas, tanto en la española como en las
europeas, señal, sin duda alguna, de que existe una extraordinaria
labilidad en el sistema financiero y probablemente también en la
valoración de los mercados sobre la marcha de los acontecimientos. Es
verdad que esas medidas -la reducción de los tipos de interés- no
pueden ser medidas contraindicadas en relación con nuestros deseos y
con nuestros objetivos pero, sin duda alguna, creo que tendremos que
estar todos a la espera de los acontecimientos en los próximos meses.
Lo que sí es verdad es
que las previsiones internacionales, lo mismo de comercio
internacional, de exportaciones o importaciones o de comercio
mundial, que de crecimiento de las economías del mundo no han hecho
más que corregirse a la baja. Hoy alguna prensa se hace eco del
último informe del Banco Mundial, informe que sin duda alguna usted
conoce, que refleja una previsión de crecimiento para el año próximo
que, frente al 2,5 anticipado anteriormente, se sitúa en el 1,9. Me
refiero al crecimiento del producto mundial.
Hoy nos llega otra noticia que no es precisamente buena, que sin duda
alguna preocupará especialmente a los brasileños pero que puede tener
efectos sobre aquel subcontinente y en general también sobre la
apreciación de la marcha de la situación económica internacional. El
déficit público en Brasil se ha disparado no sólo en el mes de
octubre sino que se anuncia que para el mes próximo tampoco habrá
buenos datos. Usted ya se ha referido a la necesidad de renegociar o
reequilibrar los términos de aquel acuerdo, puesto que el revolcón
que el Gobierno del señor Cardoso tuvo en el Parlamento ha hecho que
algunas de las previsiones pactadas con el Fondo Monetario
Internacional no puedan entrar plenamente en funcionamiento. La
Organización Mundial de Comercio, hace dos o tres días, decía que en
el año 1998 el crecimiento de las exportaciones se iba a situar entre
un 4 y un 5 por 100, que aproximadamente era la mitad del que se
había experimentado en el año 1997. Los datos del mes de septiembre
en nuestro país ya han puesto de manifiesto hasta qué punto, con
independencia de los errores o de los ajustes estadísticos a los que
se ha referido en relación con el comercio intracomunitario, el
sector exterior se va a ver afectado. De hecho, el déficit comercial
acumulado durante los nueve primeros meses es un 27,4 por 100 más que
el correspondiente al año anterior. Eso significa que el crecimiento
de las exportaciones, en términos reales -por tanto, descontando el
efecto de los precios- se situó en un 10,2 por 100, cuatro puntos por
debajo del crecimiento de las importaciones, que sin duda alguna es
una tendencia que parece difícil desconocer que se vaya a producir,
que estaba anticipada; nada desde ese punto de vista catastrófico,
solamente algo que puede ser adicional si efectivamente se
consolidara esta impresión, quizá todavía sesgada por los datos
estadísticos, de un peor comportamiento del comercio de nuestras
exportaciones en el marco de la Unión Europea. De hecho, nosotros
tenemos un riesgo -usted lo ha dicho en alguna ocasión y tiene razón-
relativamente menor por el hecho de una menor colocación de productos
en el resto de los mercados mundiales distintos de los europeos -el
efecto de la crisis asiática para nosotros es mucho menor a la hora
de reducir la colocación de productos españoles en aquello lugares
geográficos-, pero sí en cambio es un problema la competencia que en
algunos sectores y en algunas áreas se viene a producir respecto de
importaciones o respecto de producción nacional, sobre todo porque
los precios mundiales están cayendo de manera absolutamente tremenda,
como por ejemplo en el caso de productos como los siderúrgicos
u otros. Pero nuestro problema fundamental y la afección que ello pueda
tener sobre el crecimiento de
nuestra economía viene dado básicamente por el comportamiento de
nuestro comercio intracomunitario, que es la parte del león. Es
verdad que, en esa dirección, una competencia acentuada entre los
países europeos, como se está poniendo de manifiesto en algunas
cifras indiciarias que en este momento empiezan a aparecer, unida a
un peor comportamiento en general del conjunto de las economías -esto
es, menor crecimiento- puede tener también un efecto sobre el
crecimiento del año próximo relativamente mayor.
Hay un dato (y con esto voy a terminar mis comentarios sobre lo que
usted ha dicho, sabiendo que vamos a tener que esperar a ver cuál es
el efecto final que esto tiene sobre las cifras de crecimiento de
nuestra economía y hasta qué punto las previsiones establecidas en
los presupuestos para 1999 pueden mantenerse o, como la mayor parte
de los analistas creen, tendrán que ser corregidas paulatinamente a
la baja) que me parece fundamental señalar y es que, adicionalmente,
tenemos un problema de pérdida de competitividad; pérdida de
competitividad que se ha venido produciendo fundamentalmente por la
diferencia de tipo de cambio -en este momento estamos ya en un tipo
de cambio que prácticamente es irrevocablemente fijo, aunque
formalmente todavía no lo sea hasta el 1 de enero-, vía previos, a
través del diferencial de inflación, un diferencial de inflación que
se viene manteniendo desde hace más de un año en relación con los
países europeos y que en los últimos meses no solamente no se ha
corregido de una manera significativa, sino que, con los datos del
IPC armonizado de la Unión Europea, nos sitúa en seis décimas de
diferencial de inflación respecto de la Unión Europea y a algo más de
tres veces la inflación interanual que en este momento tiene Francia.
Un problema, señor Rato, que debe seguir siendo objeto de
preocupación porque puede afectar, por la vía del comercio
internacional además de por otras vías derivadas, a nuestro propio
crecimiento. Por tanto, sobre la crisis financiera internacional,
creo que estamos en una situación de esperar y ver. Sin duda alguna
no estamos ante los efectos dramáticos iniciales que se pudieron
pensar, pero sacar de ahí la conclusión de que esto ha sido
simplemente una nube de verano que no tendrá efectos ulteriores ni
sobre el crecimiento de la economía, por muy a resguardo que estemos
los países europeos, ni sobre la economía española en particular,
dado su mayor crecimiento en relación con los demás países europeos,
me parece que son previsiones que solamente la experiencia puede
poner de manifiesto de una manera suficientemente fiable, puesto que
todavía hay datos extraordinariamente preocupantes que simplemente
apuntan a una ralentización del crecimiento de la economía con
algunos efectos todavía previsibles pero en todo caso inciertos.
Voy a referirme a continuación, señor Rato, a los otros elementos de
su intervención. Como sabe, el Grupo Parlamentario Socialista había
solicitado su comparecencia básicamente sobre dos cuestiones (la
situación de la Agencia Tributaria y el proceso de concentración en
la industria del azúcar) y a ellas me voy a referir, puesto que sobre
la cuestión de la armonización en el marco del Ecofin -aspecto que,
como se puede imaginar, seguimos
con enorme interés-, más allá de la información que ya obraba en
manos de todos los analistas, no hemos obtenido especiales elementos
significativos de sus palabras. Voy a detenerme, por lo tanto, en los
otros dos elementos. Únicamente espero en esta cuestión de la
armonización que no se deje llevar por algunas tesis, que me han
parecido extraordinariamente preocupantes, formuladas por algún alto
directivo del Círculo de Empresarios, que ha llegado a decir que el
Gobierno debía oponerse a la armonización fiscal. Su argumento era el
de la competitividad; nuestro país debe ser un país de baja presión
fiscal y esa baja presión fiscal, especialmente sobre la renta y
naturalmente sobre sociedades y sobre los rendimientos del capital,
era la que estaba en el fundamento de una posición que pretendía que
nuestro país siguiera teniendo ventajas comparativas, desde el punto
de vista de la fiscalidad, y eso implicaba tanto como decir que la
armonización fiscal era un expediente tramposo de parte de los países
con mayor presión fiscal de la Unión Europea para hacer que nuestro
país, última reserva de Occidente en esta cuestión, adquiriese una
presión fiscal superior, la cual reduciría, según algunos, la
competitividad de nuestros productos y la competitividad, en general,
de nuestro país. Espero que el Gobierno no sea tan ingenuo ni, sobre
todo, esté tan falto de perspectiva como para pensar que la tesis de
la armonización es una tesis en virtud de la cual los países con alta
presión fiscal, que por cierto no pueden hacer las rebajas fiscales
que se han en este país, nos tienen la trampa precisamente para
elevar nuestra presión fiscal y, por lo tanto, reducir nuestro
competitividad, pero estas tesis que aparecen en los medios de
comunicación y llegan hasta el Gobierno a veces dan la sensación de
que pueden encontrar algún eco en el Gobierno.
Respecto a la Agencia, he leído su comparecencia en el Senado, le he
escuchado con enorme atención, le he oído manifestar su gran
satisfacción por la situación de la Agencia Tributaria, si se valora
en los dos últimos años, tanto por sus relaciones con el
contribuyente como por los resultados obtenidos en la lucha contra el
fraude, y me parece, señor Rato, que se está reservando para hacer
una intervención ulterior, porque no se entiende que siendo
responsable de lo que está ocurriendo en la Agencia Tributaria se
limite a hacer una intervención tan de guión sobre algo que es
extraordinariamente preocupante. Yo le quiero recordar algunas cosas
y espero que no se enfade. Un día de enero de 1997, recordará usted
bien, tras una reunión de maitines en Moncloa, usted inició una
campaña de criminalización de los socialistas, no importándole
ponerse por montera ni la Agencia Tributaria ni su funcionamiento ni
la recaudación efectiva del Estado. Aquello pasó, aparentemente. No
pudieron probar ni la menor de las acusaciones vertidas. Todavía
suena el eco de las palabras del señor Aznar acusando de una amnistía
fiscal en favor de los amigos y de los amiguetes de los socialistas
y hoy es el día en que no se ha dignado el señor Aznar ni siquiera a
balbucear una palabra de disculpa sobre algo que ni pudo probar ni
naturalmente fue aceptado por la opinión pública.
Señor Rato, usted tiene en su mandato como ministro de Economía un
honor que nadie le va a discutir: el honor
de haber tenido la posibilidad de protagonizar la entrada de España
en el euro -entrada de España en el euro por la que muchos hemos
trabajado y a la que también hemos contribuido-, pero tendrá que
pasar algo más de tiempo hasta que se empiece a conocer, y desde
luego a reconocer, porque en eso tiene bastantes ayudas mediáticas,
el conjunto de agujeros de su gestión presupuestaria y la herencia
que en este sentido nos va a dejar. La situación de la seguridad la
madeja presupuestaria que han venido tejiendo tendrán que ser
afrontadas probablemente cuando usted pase a otros destinos -no sé si
a Exteriores o a algún otro lado-, puesto que ya ha renunciado a
arreglar algunas de estas cuestiones. Lo que, en cambio, va a
resultar muy difícil eliminar de su currículum político como ministro
de Economía es el dudoso honor de haber llevado a cabo, por un lado,
la desamortización de bienes públicos más importante de nuestra
historia reciente en favor de amigos políticos y, por otro lado, el
no menos honroso mérito de haber situado a la Agencia Tributaria, una
institución fundamental en cualquier Administración de cualquier
Estado moderno, en niveles mínimos de credibilidad. Y es a eso a lo
que ahora me quiero referir, señor Rato.
En primer lugar, usted ha llevado a cabo una politización de la
Agencia Tributaria que se inicia con el expediente de los 200.000
millones, pero que continúa a través de otros muchísimos elementos a
los que quiero dedicar alguna atención.
Ustedes han convertido la política de nombramientos en todo un
proceso de distinción a funcionarios aparentemente cercanos a sus
posiciones. No solamente esos funcionarios han tenido, en ocasiones,
una vida efímera, lo cual sin duda alguna no ha contribuido a la
estabilidad de las direcciones, sino que si echamos mano de algunos
de los datos que en este momento son bien conocidos y de los cuales
se hacen eco todos los que trabajan en la Agencia Tributaria, nos
encontramos algunas cosas extraordinariamente curiosas.
Nada más tomar posesión del Gobierno efectuaron cambios en la
dirección de la Agencia. Sólo dos personas de las nombradas en el
órgano anterior no habían sido con anterioridad subdirectores o
directores de departamento. ¡Qué casualidad! Éstos eran don Jesús
Bermejo, nombrado director general; y doña Pilar Valiente, cuyas
participaciones en el famoso expediente de los 200.000 millones son
bien conocidas. Por otro lado, formaron parte junto con otras dos
personas, con don Enrique Sánchez Blanco y el responsable del tema de
los 200.000 millones en la Agencia, don Manuel Lamela, de lo que en
la jerga de la Agencia, probablemente de la maledicencia de alguna
persona de la Agencia, se ha conocido como la banda de los cuatro.
Don Jesús Bermejo fue cesado después; le nombraron director del
Instituto de Estudios Fiscales, supongo que en premio a los servicios
prestados; doña Pilar Valiente fue nombrada al frente de la Unidad
contra el Fraude, responsable de la unidad más implicada en el tema
de los 200.000 millones, y posteriormente, como no podría ser menos,
también fue premiada invitándola a participar, con sus eminentes
conocimientos como inspectora tributaria, en ese órgano de control
del sistema financiero que
es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la que hoy forma
parte como vocal; don Enrique Sánchez Blanco fue nombrado agregado
financiero en los Estados Unidos de América y don Manuel Lamela,
asesor jurídico, es hoy subsecretario de Agricultura. Todo un éxito,
me parece, de distinción a los funcionarios distinguidos, valga la
redundancia, que trabajaron con ustedes para conseguir un determinado
objetivo.
A continuación nombraron a don José Aurelio Martín como director
general. Don José Aurelio Martín fue la persona a la que el señor
Costa encargó elaborar un informe de lo sucedido cuando el señor
Bermejo se dedicó a hacer visitas nocturnas a la Unidad contra el
Fraude. Ya había sido director del departamento de Recursos Humanos
en la Agencia cuando ésta fue fundada. No pudo llevar a cabo ningún
proyecto. Sus enfrentamientos con el señor Costa son públicos a nivel
de la dirección de la Agencia, especialmente uno o dos meses antes
del verano. La situación se hizo insostenible, el señor García Martín
pidió la dimisión y, tras varios aplazamientos, fue finalmente
cesado. En resumen, tres directores generales en dos años y medio, lo
cual contrasta extraordinariamente con lo que ha venido ocurriendo en
momentos anteriores.
En materia de recursos humanos, la situación no es mejor. Tres
directores también en dos años y medio y en ningún departamento ha
tenido continuidad la dirección del mismo. Todos han tenido al menos
dos directores distintos desde que accedieron al Gobierno: Gestión,
Inspección, Recaudación, Aduanas, Informática, Servicio Jurídico,
Servicio de Auditoría Interna. ¿Cómo puede, señor Rato, funcionar una
organización donde trabajan 27.000 personas con ese nivel de rotación
en los puestos de dirección?
Pero si no solamente hablamos de la Agencia en sus niveles centrales,
sino a nivel territorial, las cosas son todavía peores. Me voy a
referir a algunos casos que son vox populi, absolutamente conocidos
en el ámbito de la Agencia en toda la geografía española.
El delegado especial de Cataluña. El delegado de Barcelona se entera
de que va a ser cesado, juntamente con el delegado especial de
Cataluña, en mayo de 1996, a través de un diputado de Convergència i
Unió. Yo sé que los miembros de Convergència i Unió suelen tener una
buena información, lo que no sé es si habían negociado el cambio en
ese nombramiento, pero la verdad es que la noticia la recibe en un
partido de fútbol cuando alguien le pregunta el parecer sobre su
sustituto, algo conocido en este momento en los servicios de Hacienda
de Cataluña y que no podrá desmentirme porque tengo significativos
testimonios.
El delegado especial de Andalucía. No solamente es conocido por todo
el mundo sino que en este caso hay que acudir a las fuentes oficiales
de información, fuentes especiales que no sean sospechosas de
connivencia con el Partido Socialista y tengan el efecto y el cariño
del Gobierno. Me refiero a El Mundo. Don Luis Gerardo García, según
dicho diario, era el candidato a delegado especial de Andalucía. Él
mismo declara a dicho diario: Sentí una gran frustración cuando no
fui nombrado delegado porque se llegó muy lejos, hasta el BOE, y me
quitaron,
pero el hecho de que fuera una cuestión personal es la parte
positiva. Continúa El Mundo -tiene usted aquí la fotocopia si la
quiere-: Una llamada personal del vicepresidente Álvarez-Cascos le
dejó fuera del puesto. La razón parece haber sido sus problemas
familiares con Gabriel Díaz Berbel, alcalde de Granada y cuñado de
Gerardo García. Luego, nombrarían a otro. Politización del
nombramiento de los delegados especiales en función de la tarea o de
la intermediación ejercida por los políticos locales.
Nombramiento del delegado de Zaragoza. En este caso, han conseguido
un récord difícilmente superable. Nombran delegado al señor Laporta
el 26 de febrero de 1997 y lo cesan el 21 de marzo de 1997. Dura 24
días en el cargo. Razón: al parecer, a la dirección del PP local no
le debió gustar el nombramiento, había sido diputado por un partido
político distinto, el Partido Aragonés, y la dirección del partido no
parecía admitir esos nombramientos.
El delegado especial de Castilla-La Mancha. En septiembre de 1996,
nombran delegado especial de CastillaLa Mancha al que hasta entonces
era inspector regional de Valencia para sacarlo de Valencia, que
parece ser que fue el pacto que exigieron empresarios valencianos
para prestarle su apoyo. El nombramiento también es noticia en los
periódicos. En julio de 1997, apenas diez meses más tarde, lo cesan.
Eso sí, después de una feroz campaña, con querellas incluidas, que
fueron sobreseídas por el juez Garzón.
Es decir, señor Rato, han politizado ustedes los nombramientos hasta
límites inimaginables. El criterio para nombrar a un delegado ya no
es ni la experiencia ni la capacidad, sino sólo su afinidad política,
lo cual, sin duda alguna, es triste porque produce algunos efectos
extraordinariamente graves. Por tanto, no es nada extraño que
aparezcan documentos en el ámbito de la Agencia de gente que no se
atreve a poner su nombre en ellos para contar algunas de las
obviedades a las que estoy haciendo referencia, pero que aparecen de
manera evidente entre quienes trabajan, produciendo desmoralización
y, al mismo tiempo, un ambiente difícilmente respirable.
Seguramente, el problema no es que para un puesto de libre
designación se cese o se nombre a alguien; el problema es, como dicen
algunos de los funcionarios que han suscrito un informe que tengo
aquí, que te cesen por no querer hacer la vista gorda con el
expediente de un político o que te cesen simplemente por poner en el
puesto a un amigo del político local o que te cesen y te tengan en un
puesto de castigo durante cinco meses cobrando la mitad del sueldo,
como ocurrió con el delegado especial de Castilla-La Mancha, o que te
cesen y te tengan tres meses en casa sin trabajar porque no te dan
nuevo destino, como ocurrió con el delegado especial de La Rioja, o
que te comuniquen oficialmente tu nombramiento y, en el último
momento, te digan que no puede ser por presión de los políticos
locales, como ocurrió con el inspector regional de Valencia, o que en
los traslados por nombramiento o cese a unos les paguen los gastos de
mudanza y a otros no, o que en el último concurso de inspectores se
hayan producido adjudicaciones de puestostotalmente injustas. Se ha
llegado al punto de que puestos
que anteriormente eran de la máxima aceptación por parte de los
funcionarios de Hacienda, y de los inspectores especialmente, estén
tan desprestigiados que a veces haya dificultades para cubrirlos,
porque el único mérito para ocuparlos parece significar el que uno
tenga un amigo político, no el que tenga una determinada trayectoria
personal y profesional.
Señor Rato, creo que esto no solamente le afecta a usted, que desde
luego le afecta, sino que le afecta de una manera especialmente
significativa a quien ha sido protagonista de una manera directa no
solamente de la politización en la Agencia sino de la política de
nombramientos. Me refiero a su secretario de Estado, el señor Costa.
Voy ahora con los resultados de la Agencia, a los que usted se ha
referido. Como le decía antes, he leído su comparecencia en el
Senado, y los datos que usted nos ha aportado son incluso más
escasos, sin duda porque ha querido abreviar, que los que aportó en
la comparecencia en el Senado. El problema está en si tienen alguna
credibilidad los números que dan. Hace escaso tiempo, el señor Costa
compareció en esta Comisión y créame que sufrimos todos por ver que
un secretario de Estado pudiera no solamente balbucear sino
simultáneamente incurrir en tantas contradicciones, produciendo una
imagen general de absoluta falta de credibilidad. La constatación de
que nos había dado diferentes cifras, producidas de diferentes
maneras, para generar confusión y, simultáneamente, sacar siempre el
mismo resultado -todo va bien en el mejor de los mundos posibles- ha
llegado ya demasiado lejos, señor Rato. La verdad es que los datos en
materia de funcionamiento de la Agencia, no solamente por lo que
antes he descrito sino también por los resultados y los números
efectivos, no ofrecen ocasión para el optimismo.
Ustedes han producido una política de opacidad, han dejado de editar
-al menos, ya no se distribuye- la memoria de la Administración
tributaria; no dan publicidad a las estadísticas, especialmente a la
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, supongo que para
generar alguna dificultad en el debate que hemos tenido en torno a la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Como
sabe usted, anteriormente se producía una publicación en forma de
avance y, luego, una estadística definitiva sobre la marcha de la
recaudación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No
editan resultados sobre las actuaciones de la Inspección; con
anterioridad, se editaba y se distribuía también una memoria sobre
estos resultados. El único dato conocido y que en este momento me
parece que ofrece alguna fiabilidad, más allá de las declaraciones y
de los cientos de números que han dado y que ninguna casa entre sí,
son los que tienen su fundamento en un documento que se llama Informe
de la gestión económica y de los recursos humanos. Es un informe en
virtud del cual se toma en consideración cuáles son los ingresos por
actos de liquidación que sirven de base para establecer los ingresos
de la propia Agencia Tributaria, que son precisamente un 18 por 100
de los resultados obtenidos en ingresos por actos de liquidación.
Pues bien, si uno toma en consideración eso que se da en llamar en la
jerga base de cálculo para establecer los
ingresos de la Agencia, los datos de este año 1998 comparados con los
de 1997 son, señor Rato, un absoluto desastre, que viene dado por un
crecimiento acumulado en enero del 24 por 100 respecto del año
anterior -resultados de liquidación- y que, a lo largo de los meses
de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre
y octubre, último disponible, no hacen sino reducirse hasta convertir
los resultados de los actos de liquidación en un decrecimiento del
menos 1 por 100 -último dato disponible-, a pesar de una pequeña
recuperación en el mes de octubre. Es decir, un menos 1 por 100 de
los actos de la base de cálculo, que son los únicos datos que en este
momento podemos tener de cuál es la marcha efectiva del
funcionamiento de la Agencia en torno a lo que ella puede aportar por
sí misma para incrementar la recaudación y obtener resultados en todo
eso que usted ha llamado enfáticamente la lucha contra el fraude
llevada a cabo con objetivos y con resultados, según usted,
extraordinariamente positivos. Referirse en este momento al resultado
de la recaudación de los impuestos especiales, del IVA u otras cosas
es ignorar lo que viene ocurriendo en la recaudación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas o lo que viene ocurriendo,
según los datos oficiales que ustedes han producido y que yo ayer por
la noche obtenía del banco de datos del Ministerio de Economía, en la
recaudación de impuestos indirectos, que no han hecho sino decrecer a
lo largo de 1998 de una manera extraordinariamente importante y que
esto se produce, básicamente y de manera singularmente importante,
por la caída del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no
por el no crecimiento de las retenciones por trabajo personal, a lo
que se refirió en el Senado, sino por la caída de recaudación
fundamentalmente derivada de los demás conceptos que integran el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Decirnos a estas
alturas de la vida que los impuestos especiales o el tabaco van muy
bien, sin tener en cuenta la legislación, no solamente es ignorar las
series que han existido en esta cuestión en otros años que, por
cierto, están perfectamente recogidas en el servidor de datos del
Ministerio de Economía y Hacienda, sino hacernos comulgar con ruedas
de molino.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego vaya terminando.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Sí, señor presidente. Espero que sea un
poco generoso, teniendo en cuenta que éste es un tema importante al
que queríamos dedicar una atención singular con una comparecencia
monográfica del señor Rato y le rogaría cierta benevolencia porque el
señor Rato tendrá ocasión después de replicar a algunas de las
consideraciones.
Ustedes han planteado algunas cuestiones como origen o fundamento de
esto que viene ocurriendo desde la aplicación de la Ley de derechos y
garantías de los contribuyentes. Al señor Rato le suele molestar que
alguien hable de esto y, con una cierta habilidad dialéctica pero con
escasa fundamentación, suele decir: ustedes no quieren que se
apliquen garantías sobre los contribuyentes. Sí queremos, señor Rato,
lo que no queremos es que las
garantías sobre los contribuyentes sean un expediente para la
reducción de la eficacia. Es un problema de equilibrio entre ambas
cosas. ¿Que es lo que está ocurriendo en la lucha contra el fraude?
Que la deuda tributaria descubierta en este momento, según datos que
ustedes han aportado, ha sufrido una pérdida de 267.557 millones de
pesetas en relación con el año anterior, si se mide por deuda
liquidada total. No quiero discutir sobre los datos, porque
volveríamos de nuevo a una discusión de cifras de escaso interés. Me
importan más los aspectos cualitativos de lo que está pasando. ¿Qué
es lo que ocurre con un plan de lucha contra el fraude del que ni
siquiera quienes tienen que aplicarlo conocen los objetivos y se han
enterado por la prensa? Esto es lo que ha sucedido con el plan.
Muchos de los que tienen que aplicar el Plan bianual de lucha contra
el fraude se han enterado de sus objetivos por la prensa. Si el plan
se cuantifica tanto en incremento de la deuda descubierta como en el
número de contribuyentes comprobados, se observa que quienes están
afectados y tienen que llevar a cabo esta tarea parece que están más
empeñados en hacer una lucha contra el terminal del ordenador, contra
la pantalla, que en alcanzar objetivos ni en la deuda ni en el número
de contribuyentes comprobados.
Los delegados especiales de la Agencia no tienen acceso a las bases
de datos para comprobar el cumplimiento de los objetivos de su
comunidad. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener claros los
objetivos y la marcha de su cumplimiento si ni siquiera, dado el
desconcierto existente, se tiene acceso a estos datos? Si se trata de
aumentar el número de contribuyentes inspeccionados en esta lucha
contra el fraude, resulta que el número de inspecciones «basura» no
ha hecho más que aumentar. Visitar a un contribuyente para ver si
tiene los libros de IVA o las facturas cuenta como un contribuyente
inspeccionado. Además, hay otros medios para cubrir la deuda
tributaria y aumentar el volumen, cada uno se inventa su mecanismo
para engañar a la pantalla. Por ejemplo, no han faltado en el área de
recaudación quienes han rehabilitado todas las deudas o todos los
créditos dados como fallidos -recuerda este procedimiento al que se
ha utilizado en alguna otra área de la Administración pública- para
liquidarles los intereses de demora y, a continuación, volver a dar
de baja la deuda tributaria. Así se pueden alcanzar los objetivos -no
importa el resultado- en cuanto al número de contribuyentes o al
volumen de deuda. En los expedientes de delito fiscal, por ejemplo,
en el año 1998, los directivos de la Agencia han establecido que la
deuda descubierta se multiplique por un coeficiente distinto que en
el pasado. Antes se multiplicaba, en función de lo que se suponía
podía dar después en términos de recaudación, por un 1,5; este año se
multiplica por 3. ¿Por qué no por 6? ¿Por qué no por 9? Así podemos
aumentar el volumen, los resultados, los objetivos y venir aquí a
cantar las excelencias de la tarea realizada. Además, se han
utilizado algunos otros mecanismos. Por ejemplo, después de la
promulgación de la Ley General Tributaria, en 1963, la liquidación
utilizando el concepto de fraude de ley había llevado a la derogación
de la norma que permitía utilizar el expediente de
fraude de ley para hacer la liquidación de determinados actos o
determinadas deudas tributarias. ¿Qué significa esto? Que en este
momento la generalización de una práctica como ésta, que por cierto
no tiene norma efectiva de aplicación, va a dar lugar a
conflictividad jurídica ante los tribunales, lleva inevitablemente
a que no exista delito fiscal y a que en muchos casos, por ausencia de
norma, haya una enorme inseguridad jurídica que determinará la
caducidad o la imposibilidad de que determinados expedientes puedan
triunfar.
Me parece, señor Rato, que decir que la Agencia Tributaria está en
una buena situación con lo que viene cayendo en este momento, es
creer en los Reyes Magos -la época de Navidad suele ser una ocasión
excelente para soñar-, pero está escasamente avalado por los hechos y
por lo que viene ocurriendo.
Me preocupa, señor Rato -señor presidente, si me permite, me
extenderé unos minutos o si no tendré que intervenir posteriormente-,
que en la Agencia Tributaria la politización y la actuación en
beneficio no del conjunto de los contribuyentes, sino de alguno de
los contribuyentes haya tenido actos de aparición extraordinariamente
relevantes. Me refiero a las actuaciones llevadas a cabo por la
Agencia Tributaria, por el Servicio Jurídico del Estado, por el
fiscal general, por el fiscal de la Audiencia Nacional, sin duda en
una relación concertada, para producir un determinado efecto en
relación con asuntos que están pendientes ante los tribunales.
Señor presidente, no sé si estoy abusando de su paciencia, pero le
pediría intervenir en algún momento de una manera más específica
sobre esta importante cuestión que forma parte de las solicitudes de
comparecencia que anteriormente había pedido. Además, señor
presidente, salvo que usted decida que lo haga a continuación, querré
también referirme al tema de la concentración en la industria
azucarera. No es posible, señor presidente, señor Rato -y lo
lamento-, que la capacidad de síntesis que en algunos momentos uno
puede demostrar lleve a que pase como sobre ascuas sobre asuntos
importantes que merecen un desarrollo para ser al menos portador de
alguna fuerza de convicción.
Usted me dirá, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Eguiagaray, entiendo las limitaciones
de los grupos parlamentarios, pero tengo que decir que el orden del
día no lo he hecho yo. Se fijó en una reunión de Mesa y Junta de
Portavoces. Soy consciente de las limitaciones de este tipo de
comparecencias, de esta reunión y de la génesis de la misma, pero no
es mi papel intervenir ahora.
Le ruego, señor Eguiagaray, termine de formular su intervención,
independientemente de que al presidente le parezca excesivo el tiempo
que utilice, ya que el presidente tiene que administrar el tiempo de
la Comisión, el buen orden de la misma y la libertad de todos los
grupos parlamentarios, teniendo en cuenta lo que he dicho al
principio: que debemos terminar antes de que empiece el Pleno a las
cuatro de la tarde. Sus señorías se han reído, pero como sé de qué va
esta guerra, hablando entre comillas, le ruego termine su
intervención. Al resto de los grupos
parlamentarios les pido sean benevolentes con los otros grupos porque
ellos también tendrán que ser conscientes cuando les toque su
intervención, de las dificultades que está teniendo el señor
Eguiagaray en función del tiempo asignado, no de otro tipo de
dificultades que le consta a esta Presidencia no tiene el portavoz
del Grupo Socialista.
Termine, señor Eguiagaray, su intervención.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: En relación con las actuaciones
relacionadas con las cesiones de crédito del Banco de Santander,
quiero decir, señor Rato, que pocas veces una actuación del Estado se
ha encontrado sometida a sospecha por no decir a la evidencia del
intento de ocultación. De nuevo lamento tener que confirmar que
aparecen los mismos personajes protagonistas de otros gloriosos
momentos de la Agencia Tributaria, sólo que en este caso acompañados
adicionalmente por el fiscal general del Estado o por el inefable
fiscal Fungairiño.
Sé que algunos en esta Comisión, y quizá en la opinión pública, creen
que para nosotros, para los socialistas, todo el problema es el de la
defensa numantina que se pretende haber visto de las actuaciones del
Banco de Santander por parte del Gobierno.
Quizá algunos han pensado que algunas de esas actuaciones tengan
explicación en forma de retribución por los servicios prestados por
esa institución financiera al Partido Popular. Yo no diré que eso no
pueda existir, aunque no me parece siquiera lo más relevante por las
razones que voy a indicar. En cambio, lo que me parece escandaloso es
el intento de ocultar, contra toda razón, las pruebas más palmarias
de la implicación de relevantes miembros del Partido Popular,
presuntamente implicados en aspectos de financiación ilegal, en la
comisión de delitos fiscales.
Con esta finalidad, señor Rato, se cambian los criterios jurídicos
establecidos desde los años 1995 y 1996 por la Agencia Tributaria y
por el Servicio Jurídico del Estado para favorecer el sobreseimiento
de las actuaciones practicadas por el Juzgado de Instrucción número 3
de la Audiencia Nacional, tanto contra los presuntos defraudadores
como respecto del Banco de Santander. Para ello, no se duda en
instruir al fiscal, al señor Fungairiño, ni en apartar del caso al
fiscal encargado, al señor Santos, al que se eleva a la categoría del
teniente fiscal de la Audiencia Nacional. ¿Cuáles son los datos,
señor Rato? Los datos son bastante incontestables y se pueden resumir
muy brevemente. Sin duda alguna, los aspectos de opacidad fiscal, que
se habían producido en determinados instrumentos financieros después
de leyes como la Ley 10/1985, de 26 de abril, que modificó varios
artículos de la Ley General Tributaria, o la Ley 14/1985, de 29 de
mayo, del régimen fiscal de determinados activos financieros,
llevaron a un determinado comportamiento de la Agencia Tributaria en
su momento.
Haciendo abstracción de muchas de las cosas ocurridas, una vez que
Hacienda conoció de la existencia de un nuevo producto, en este caso
las cesiones de crédito, técnicamente conocido como cesiones de nuda
propiedad de crédito, en línea con lo que he dicho, se procedió, al
amparo del artículo 111 de la Ley General Tributaria, a solicitar
información a todas las instituciones de crédito sobre la relación
individual de tenedores de ese nuevo producto. Dichos requerimientos
fueron efectuados por la Unidad Central de Información, mediante
requerimiento individual a cada bando y caja de ahorros y, en
particular, al Banco de Santander. Según datos que obran en el auto
de la Audiencia Nacional de 1 de octubre de 1998, ese requerimiento
se efectuó en julio de 1989, sucediéndose, a continuación, los
siguientes hechos: el Banco de Santander remitió información, sin
facilitar el nombre de los titulares, alegando que en las cesiones
vencidas no disponía de esa información. Se efectuó un nuevo
requerimiento en octubre del mismo año, al cual el banco dio la misma
respuesta. Se inició después expediente administrativo de ejecución
forzosa, una figura novedosa en la Agencia Tributaria para este tipo
de actuaciones, y para realizar esta ejecución se personaron
inspectores asesorados por el Servicio Jurídico en sucursales y en la
central contable electrónica. En esta ejecución se detectó que el
banco disponía de antecedentes documentales e informáticos de la
información sobre los titulares de dichas cesiones de crédito, en
contra de lo que había asegurado hasta ese momento. En el auto se
dice, y cito: El banco, que había asegurado a los clientes la
opacidad del capital invertido, les sugirió la posibilidad para no
aparecer éstos -se refiere al nombre de los clientes- de valerse de
testaferros, siendo facilitados algunos de ellos por los propios
clientes, otros por el banco y en varios casos sin conocimiento de
éstos. Fin de la cita.
Con la información sobre titulares suministrada por el banco, desde
enero de 1990 se citó a varios de los presuntos titulares en varias
provincias. Un alto porcentaje de los citados resultaron ser
testaferros. Según el auto, unos eran familiares y empleados o socios
de los titulares, y otro grupo de personas, sin su anuencia y en una
absoluta ignorancia, aparecían en lugar del titular. Todo ello
ocurrió a lo largo del territorio nacional sin concierto alguno entre
los suscriptores del producto, sino como solución desde dicho banco.
Comprobada la existencia de testaferros con la información
facilitada, la Unidad Central de Información nuevamente se dirigió al
Banco de Santander para que confirmara los datos sobre titulares que
había suministrado. El banco respondió confirmando dichos datos. A la
vista de estos hechos, el director general de Inspección formuló
denuncia de tales hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
quedando el tema desde ese momento judicializado y prestando Hacienda
auxilio a los tribunales en todo el proceso posterior.
Como consecuencia de esta denuncia, tuvo lugar una entrada y un
registro con mandamiento judicial en instalaciones de dicho banco,
dando como resultado el conocimiento de la existencia del proceso que
se ha hecho famoso con el nombre de SJ-5. En dicho auto figuran los
siguientes datos como más significativos: un importe nominal de las
cesiones de 432.965 millones de pesetas; un número de operaciones
efectuadas de 47.274, y de 4.194 datos sobre titulares reales
recogidos sólo reconocieron ser ellos 2.274.
Estos son, sucintamente, los hechos que tienen lugar cuando se
empiezan las actuaciones judiciales. Éstas continúan y los cerca de
40.000 clientes del banco potencialmente afectados se van reduciendo
naturalmente hasta quedar cerca de 800; la Agencia obtiene
autorización judicial para actuaciones inspectoras en vía
administrativa respecto del banco de las que levanta las oportunas
actas.
Las cuestiones pendientes eran tres: Primero, qué pasaba con la
posición del Banco de Santander respecto de los ingresos de las
retenciones no practicada sobre algo que después se pondría
claramente de manifiesto que debían haberse practicado retenciones.
Segundo, qué pasaba con los clientes en los casos de incremento
patrimonial, consecuencia de las citadas operaciones, por importe
superior al que la legislación considera como delito fiscal que, como
sabe y recuerda S.S., pasó de cinco a quince millones, y que no
hubieran regularizado su situación. Tercero, qué pasaba con la
posición de la entidad bancaria y de sus responsables como presuntos
partícipes, coautores, encubridores, cooperadores necesarios,
etcétera, en relación con los delitos fiscales que pudieran ser
imputables a los clientes.
Sobre estas tres cuestiones era sobre las que la Agencia en aquel
momento estaba preocupada y sobre las que las actuaciones judiciales
versaban. El banco, naturalmente, solicita el sobreseimiento de las
actuaciones en lo que a él le afecta, el 12 de julio de 1995. La
Agencia Tributaria, que ya lo había expresado por un escrito del
director de la Inspección el 22 de marzo de 1995, mantendrá que el
Banco de Santander no aparece como presunto autor de ningún delito
contra la Hacienda pública en relación con el no ingreso de las
retenciones que hubiera debido realizar -no podía ser de otro modo,
porque en aquella fecha tal comportamiento no estaba tipificado como
delito- y, sin embargo, levantará las actas correspondientes que, con
fecha 12 de julio de 1995 y por importe de 5.725 millones de pesetas,
son suscritas en disconformidad por el Banco de Santander, y sobre el
resto de los asuntos se remite al criterio del Servicio Jurídico del
Estado. Y ¿qué hace el Servicio Jurídico del Estado, representando
los intereses del Estado? Pues mantiene el criterio anterior de la
Agencia en relación con las retenciones y se expresa contra la
petición del banco del sobreseimiento, no aceptando el sobreseimiento
de las actuaciones y, negando la competencia de la Audiencia
Nacional, solicita la inhibición de ésta a favor de los juzgados de
instrucción competentes por razón del lugar de comisión de los
presuntos delitos. El fiscal acepta el sobreseimiento en el asunto de
las retenciones, que había instado también la propia Agencia, pero se
opone a la petición de inhibición en favor de los juzgados
ordinarios. Estamos hablando de un escrito del fiscal de abril de
1996. Y el juez, ¿qué hace? Hace tres cosas -auto de 16 de julio de
1996-: Acuerda el sobreseimiento en el caso de los rendimientos no
retenidos o no ingresados, se niega a la petición del Banco de
Santander de sobreseer las actuaciones respecto de los posibles
delitos tributarios y tampoco accede a inhibirse en favor de los
juzgados ordinarios, tal y como había solicitado el Servicio Jurídico
del Estado.
¿Qué ocurre luego, señor Rato? Pues luego ocurre que hay importantes
diligencias. Los peritos emiten su informe, en relación con la que
sería después famosa pieza separada del número 22, relativa al
imputado Cartagena, antiguo diputado del Partido Popular, ex
consejero de la Comunidad Autónoma Valenciana, diciendo que entre los
señores Serrano y Cartagena (el señor Serrano actuaría como
testaferro del señor Cartagena) hay conexión directa y sus
operaciones lo demuestran. Una nueva magistrada, Teresa Palacios, se
hace cargo del caso en enero del año 1997. La Agencia emite dos
informes, uno de 18 de marzo de 1997, contra lo que usted ha dicho, y
otro de 8 de julio de 1997, sosteniendo, contra la evidencia del
informe de los peritos: uno, que no hay conexión entre Serrano y
Cartagena; dos, que las pruebas existentes no son suficientes, se
refiere a los registros informáticos del banco; tres, que, de
actuarse sobre el señor Cartagena, debe ir al Supremo, dada su
antigua condición -ya no lo era- de aforado como diputado del PP; y
cuatro, el señor Cartagena solicita el sobreseimiento, supongo que
forma parte del guión, y los peritos vuelven a remitir un informe
sobre el señor Cartagena.
El señor Cartagena Trevesedo, según el informe de los peritos, es el
verdadero titular de las operaciones de cesión de nueva propiedad que
el banco había declarado a nombre de Serrano, y rectifican su informe
de 18 de noviembre de 1996. Por cierto, en una fecha también,
aproximada, el 20 de junio de 1997, tiene entrada en los autos el
escrito de un ciudadano noruego que se siente en la obligación de
contribuir al esclarecimiento de los hechos y en el que dice
textualmente lo siguiente: En los últimos tres años he visto cómo se
han investigado las actividades del señor Cartagena con relación a
fondos ilegales. Este dinero procede de promotores de urbanizaciones
ilegales. Yo he acusado a alguno de los principales promotores de
estafa y falsificación de documentos, y dado que me encontré con el
hecho de que se estaban haciendo muchas transacciones ilegales
relacionadas con urbanismo, hace nueve años empecé a recopilar
documentación sobre varias urbanizaciones y otros asuntos
relacionados con urbanismo en Orihuela. España, como democracia
moderna, merece algo más que Orihuela sea administrada por el señor
Cartagena y el alcalde actual, se refiere a otro señor, el señor
Medina Cañizares, que fue concejal de urbanismo con el señor
Cartagena. Pero la corrupción continúa. ¿Por qué no puedo pagar el
impuesto de bienes inmuebles como debe ser? No he hecho la
declaración durante muchos años ¿por qué Hacienda no me embarga
bienes o no me impone otras sanciones? Aporta documentos y su
disponibilidad para testificar en esta cuestión ante la señora
magistrada.
El 8 de julio de 1997, la Agencia a través del señor Bermejo,
director de Agencia, se dirige al servicio jurídico del Estado y le
remite un informe hecho por el servicio jurídico de la Agencia,
firmado por el señor Valle. En él, y contra la evidencia reiterada,
se sostiene que no hay relación alguna entre Serrano y Cartagena, que
contra Cartagena no había más prueba que su inclusión en el informe
de S.J. 5, del teleproceso del banco, inclusión insuficiente, a su
juicio, a título probatorio. Pues bien, el escrito del señor Bermejo
y el informe jurídico de la
Agencia Tributaria aparecen inexplicablemente en manos del señor
Cartagena, que lo hace llegar a la magistrada, supongo que no para
autoinculparse sino en su propia defensa. La magistrada, sorprendida
por la aparición en manos del abogado del señor Cartagena de un
escrito del que no tenía conocimiento, el 29 de octubre de 1997,
requiere al abogado de Cartagena para que manifieste cómo llegó a su
poder y en qué fecha -cito textualmente-, y al director de la
Agencia, el señor Bermejo, para que comunique a instancia de quién
fue confeccionado el aludido informe. Posteriormente, el 13 de marzo
de 1998, el Instituto de robótica de la Universidad de Valencia, como
es conocido no hace sino confirmar los informes de los peritos que
habían actuado para el Juzgado Central de Instrucción número 3,
contradiciendo, una vez más y de manera absolutamente abrumadora a la
Agencia Tributaria. En marzo-abril de 1998, el fiscal nuevo, don
Jesús Santos, solicita la declaración como imputados de los
directivos del banco. La magistrada lo acepta y éstos declaran entre
abril y mayo.
Ahora viene, señor Rato, el desenlace. El señor Santos está de
vacaciones y el inefable señor Fungairiño irrumpe en escena el 14 de
junio de 1998, y solicita el sobreseimiento libre de las actuaciones
en favor de los directivos del banco por estas dos razones:
inexistencia de indicios de haberse perpetrado el hecho punible, y
por estar en todo caso exentos de responsabilidad por prescripción
o por regularización de los clientes. El cambio de criterio no me puede
contradecir, señor Rato, es copernicano, no sólo respecto del primer
fiscal, el señor Ortiz, sino muchísimo más respecto del segundo, el
señor Santos que había planteado la continuación y la ampliación de
actuaciones apenas unos meses atrás. El señor Santos es elevado a la
condición de teniente fiscal de la Audiencia Nacional como es
conocido por todo el mundo.
En cuanto al abogado del Estado, decía usted, señor Rato, que siempre
se había mantenido el mismo criterio por parte del servicio jurídico.
No dice usted la verdad, señor Rato en esta cuestión, y no porque
pretenda engañar sino porque no se ha leído los papeles. El mismo
día, el 14 de julio de 1998, el abogado del Estado cambia también de
criterio y lo hace en la misma dirección que el fiscal, sólo que
pretendiendo falsamente sostener el mismo criterio que en 1996. Pero
esto no es cierto. En 1996, como recordará S.S., el servicio jurídico
del Estado solicitaba exclusivamente la inhibición de la Audiencia
Nacional y la remisión de actuaciones a los juzgados ordinarios. Se
trataba de un problema de competencia o no competencia de la
Audiencia Nacional y no de un problema de sobreseimiento. Ahora el
servicio jurídico del Estado, pretendiendo que hace lo mismo,
solicita el sobreseimiento autónomo para el Banco de Santander y la
inhibición y remisión de actuaciones a los juzgados ordinarios para
los clientes. Basta comparar los textos para que ni la más
sofisticada prosa jurídica pueda camuflar el giro copernicano de la
posición del servicio jurídico del Estado. Posteriormente la
magistrada desestima las peticiones del fiscal y del abogado del
Estado. El fiscal presenta recurso de reforma y luego de apelación
contra los autos de la magistrada. El abogado del Estado presenta
un escrito de alegaciones ya en absoluta sintonía con el
fiscal. Pero dejemos el proceso, porque lo que haya de ocurrir,
tendrá que ocurrir.
Lo relatado, señor Rato, no son inventos míos, son hechos tomados de
los autos. Usted está protegiendo al señor Cartagena y a otros como
el señor Naseiro, que aparecían también en la causa. La Agencia
Estatal de Administración Tributaria ha actuado con criterios
políticos en contra de los intereses del Estado. El servicio jurídico
está siendo instrumentalizado al servicio de los intereses de su
partido, y el señor Fungairiño, de imborrable recuerdo para todos por
otras muchas razones, ha vuelto a ser el brazo ejecutor de su
política, en este caso y según su teoría, supongo que para garantizar
los derechos de los contribuyentes que tanto proclama, y que por otro
lado tan selectivamente está tratando de defender. Éste es el
conjunto de actuaciones que merecen alguna explicación diferente de
la de pretender decir que el servicio jurídico no ha hecho informes y
mantiene el mismo criterio que mantenía en 1995 ó 1996. Todo lo
contrario, señor Rato; es un cambio de criterio que puede tener
razones jurídicas, pero que, en todo caso y si las hay hay que
explicarlas, porque aquí hay implicaciones de algunas personas que
difícilmente pueden ser ignoradas.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego concluya, y si
hay tiempo suficiente dejemos el tema del azúcar para el turno de
réplica.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Lo dejaremos para luego.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, si no hay inconveniente,
dividiremos el tiempo, teniendo en cuenta en principio los aspectos
económicos y financieros de la crisis internacional y con
posterioridad todos los temas fiscales que se recogen en el orden del
día. Por tanto, intervendría yo mismo en principio brevemente, y
después el diputado Pedro Antonio Ríos.
En este momento intentaría hablar de política financiera, de la
crisis internacional y de las consecuencias respecto a las finanzas,
a la economía y a la cuestión social en nuestro país, dejando dicho
de antemano, aunque no pude intervenir y asumo el acuerdo que se
adoptó, que el orden del día me parece no se ha confeccionado de
manera adecuada, teniendo en cuenta los temas de enorme importancia
que iban a requerir un adecuado volumen de intervención que no
podemos hacer en este momento dada la hora, la acumulación de temas y
cómo se están enfocando de manera bastante pormenorizada. Por tanto,
me van a permitir que sin pasar por alto el tema de la crisis
internacional, reduzca los contenidos y haga algunas preguntas
respecto a los temas concretos que nos convocan, que son de enorme
importancia para la cuestión social y para la vida económica y
financiera de estepaís.
Señor Rato, tiene usted la habilidad, porque le alumbra una especie
de flema inglesa, de relatar de manera absolutamente aséptica la
coyuntura económica en sus aspectos más técnicos, incluso en sus
aspectos estrictamente empíricos, sin tener en cuenta toda la
cobertura social, económica y financiera y toda la complejidad
política que contemplan estas otras especificidades que suelta usted
aquí con cara de póker, sin tener en cuenta aspectos que sitúan a
usted al margen de la sensibilidad social de las medidas que se están
adoptando o de cómo se contemplan las consecuencias de la crisis
financiera y económica en nuestro país. Uno de los aspectos de esta
situación nueva, al que después me referiré también brevemente,
teniendo en cuenta el giro que se ha experimentado hacia la izquierda
socialdemócrata o hacia la izquierda alternativa, en muchos casos
gobiernos conjuntos de ambas, en este momento son ustedes en Europa
los máximos defensores a ultranza del proyecto neoliberal, los que lo
defienden de manera más estricta y más coherente respecto a los
principios de esta etapa de liberalismo que estamos sufriendo a todos
los niveles. Eso aparece relativamente oculto por la bonanza, entre
comillas, no económica sino macroeconómica de la que ustedes
disfrutan en estos momentos.
No por ello hay que dejar de citar las contradicciones sociales que
ya se empiezan a producir a pesar de esa bonanza económica y
macroeconómica que ustedes constantemente repiten; se acaba de romper
concretamente con ciertos flecos teniendo en cuenta las
contradicciones propias en la dirección de Comisiones Obreras el
diálogo social en este país en aspectos fundamentales como son el
tema de la política de empleo, de la política fiscal y sus
repercusiones en el gasto social de ahora en adelante y teniendo en
cuenta la cobertura del desempleo que se ha visto muy reducida en los
presupuestos de cara a 1999.
Por tanto, la descripción que usted hace de la crisis financiera
económica internacional es una interpretación absolutamente técnica,
es decir ha habido fallos, nos viene usted a decir, en los tigres
asiáticos, en los países del sudeste asiático; ha habido fallos y
falta de control en Japón, fluctuaciones en China, también falta de
control en Rusia que ha permitido este desencaje que actualmente se
sufre y con unas consecuencias en los países latinoamericanos que se
están empezando a reconducir y ha citado usted aquí sobre la marcha,
sin darle la importancia que tiene en función de las últimas
noticias, el caso de Brasil. Es decir usted nos comunica que hay una
serie de fallos, de deficiencias que están siendo oportunamente
corregidas, sin decirnos cómo están siendo oportunamente corregidas.
El otro día aprobábamos en esta Cámara la aportación española a
través del Banco de España de fondos no controlados de manera
presupuestaria de unos 3.000 millones de dólares, en torno a 450.000
millones de pesetas que el Fondo Monetario Internacional va a
utilizar en tapar los agujeros de la banca, del sistema financiero en
función de las previsiones fallidas, en función de los fallos, en
función de las inversiones mal realizadas por los bancos,
fundamentalmente también los españoles; usted se dedica con este
dinero no presupuestario a tapar los agujeros que han tenido los
bancos por
sus fallos teniendo en cuenta la volatilidad técnica de la situación
financiera mundial.
En todo caso le pediría que hiciera esa intervención contestando a
esta situación que le expuse en el pleno de la Cámara, que el señor
Trillo no le dejó hacer el otro día supongo que por razones de
tiempo, cuando se desarrollaba este debate.
Pero usted no nos dice la verdad, al menos no nos dice toda la
verdad. Por ejemplo la crisis en el sudeste asiático se basaba
fundamentalmente en atraer capital extranjero, al mismo tiempo que
para atraer este capital extranjero se mantenían relaciones sociales
y laborales cercanas a la esclavitud. No nos dice eso, o no nos dice
que el Fondo Monetario Internacional y la política neoliberal al
mismo tiempo o sintonizándose ambas proyecciones, están logrando unos
ajustes con consecuencias sociales y políticas durísimas, y no nos
dice que efectivamente está empezando a encadenarse una resistencia
mundial muy importante a la política neoliberal y a los ajustes que
como contraprestación a sus aportaciones exige el Fondo Monetario
Internacional, con consecuencias sociales muy importantes en el
sudeste asiático, consecuencias sociales y políticas importantísimas
en Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, Irán, Suráfrica, Mozambique,
Israel, Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, Puerto Rico, incluso
respuestas sociales ya muy importantes en el propio seno de esta
política neoliberal en los Estados Unidos desde la victoria de la UPS
que ha servido como detonante a huelgas en General Motors, en Bell
Atantic, McDonnell, con el anuncio de recortes muy serios en la
plantilla del sector de la aviación que van a traer como consecuencia
otras respuestas concretas también durísimas en este momento, lo que
da a ver que las consecuencias sociales se van encadenando a
consecuencias políticas y a consecuencias electorales. Posiblemente
el gobierno Aznar en España sea el último de una serie, teniendo en
cuenta el giro a la izquierda que se ha producido en toda Europa, que
se mantiene en función de una bonanza macroeconómica quizá en función
también de que aquí las cosas se desarrollan con relativa
especificidad, teniendo en cuenta este overbooking que hay en el
centro político y social del país.
Pero en todo caso creo que aquí la respuesta social también acaba de
empezar en función de esa política que ustedes mantienen, señor Rato,
y que nos va a llevar a un país que puede funcionar según el punto de
vista de ustedes en un momento de ciclo alcista de la economía, pero
que en un momento determinado cabe ya la pregunta de cómo va a
funcionar este país después de la cadena interminable y rapidísima de
privatizaciones; después de los recortes sociales de todo tipo, los
ataques al empleo digno, al empleo fijo y a la cobertura del
desempleo, cómo va a quedar este país, cómo va a funcionar este país,
señor Rato, cuando empiece la recesión.
Ustedes creen, o nos intentan hacer ver, que el ciclo alcista va a
durar diez años y están haciendo la proyección con ese horizonte
económico temporal, pero nosotros cada vez tenemos más dudas de que
este país pueda funcionar de manera adecuada desde la estructura
económica y social cuando empiece y se consolide durante el tiempo
que sea el ciclo recesivo. Por tanto, a nosotros su
política económica nos parece absolutamente irresponsable
y absolutamente imprudente. Sé que me va a contestar: comprendo que
usted desde su punto de vista diga estas cosas, porque pertenecemos a
universos políticos y sociales diferentes. No, le estoy hablando
desde el punto de vista de lo más concreto, de la realidad más
concreta, porque ustedes son los últimos de una serie, no sé si
estarán en el gobierno cuatro, ocho o doce años, pero en el resto de
los países incluidos aquellos que apostaron a fondo de manera
rigurosa y a través de una lectura dogmática por el Tratado de
Maastricht-Amsterdam, ya lo están empezando a sobrepasar y hacen
proyecciones que superan la rigidez de la convergencia macroeconómica
presupuestada y prevista; pero no, aquí se hace una lectura
absolutamente dogmática, absolutamente rigurosa que a nuestro juicio
va a tener consecuencias serias.
En este momento usted se ha referido a que se construye la moneda
única, se está construyendo la única política monetaria de manera muy
adecuada que además nos protege en este ciclo crítico en algunos
aspectos técnicos de la política financiera internacional, pero usted
tampoco nos dice toda la verdad, usted cada vez más es un hombre que
hace política fuera de los discursos técnicos, fuera de las
explicaciones sofisticadas sobre modelos econométricos que siempre
nos trae a esta Comisión; hace política fuera y aquí con cara de
póker nos dice que no hay política, que solamente hay unas reglas
ineluctables de la economía y que ésta va bien en función de que
ustedes saben poner las velas a lo que sopla desde el punto de vista
del modelo econométrico mundial.
Incluso la construcción del euro, señor Rato, nos está empezando a
llevar por territorios no deseados por ustedes, desde luego por
nosotros en absoluto porque estamos fuera de esta problemática y en
todo caso comprendemos mucho más cercanamente el intento de
sobrepasar los límites de Maastricht que está haciendo Jospin o que
ha empezado a exponer DAlema en Italia y desde luego mucho más cerca
de Bertinotti, pero en este momento la construcción del euro, señor
Rato, nos está llevando a la paradoja de que esta construcción se
está volviendo en contra de aquellos que más rigurosamente leyeron
Maastricht y Amsterdam, de ustedes. Ustedes han cumplido
rigurosamente las previsiones que se habían establecido de cara a los
indicadores nominales de convergencia, ahora resulta que todos los
aspectos de cohesión y solidaridad se pueden empezar a romper y
ustedes no tienen en absoluto ninguna política real de cara a la
situación nueva que deben adoptar los fondos de cohesión o los fondos
estructurales.
Ustedes no analizan aquí las cosas de una manera concreta porque la
inmensa mayoría de los grupos parlamentarios están con ustedes en la
lectura más dogmática que se hace en Europa respecto a Maastrich y a
Amsterdam. Esa lectura española de la inmensa mayoría de grupos les
permite no tener otra oposición que la de Izquierda Unida, por eso
están ustedes absolutamente tranquilos teniendo en cuenta que
nosotros representamos a un 10 por 100 del electorado. No tienen que
discutir con otros partidos la zona monetaria óptima o la posibilidad
de que se produzca una partida un shock asimétrico, respecto al cual
no hay previsiones de ningún tipo por parte del
Gobierno. Pensamos que los fondos estructurales, los fondos de
cohesión son asunto de enorme importancia al que no se están
enfrentando de manera adecuada.
Puesto que la Comisión se está enfocando desde otros parámetros,
quiero hacerle algunas preguntas, señor Rato, sobre temas que nos
interesan de manera específica teniendo en cuenta que las
consecuencias se pueden empezar a sufrir a partir de 1999. Respecto a
las previsiones de una política específica sobre el empleo, para
ustedes no existe esa política específica sobre el empleo; para
ustedes el empleo se crea como segregación mecánica del cumplimiento
del cuadro macroeconómico; va bien la política macroeconómica y como
segregación se crea empleo, que se va aproximando incluso a las
cifras de crecimiento económico. Aparte de esto, ¿no existe ninguna
otra política económica específica para la creación de empleo en sus
previsiones, señor Rato? Por ejemplo, respecto a la reducción de
jornada, ¿han seguido reflexionando o han cortado ya esa reflexión de
manera directa, clara, contundente y definitiva?
Hay que propiciar una dinámica de creación de empleo y ya han dado un
corte muy importante a las partidas dirigidas a la cobertura de
desempleo. ¿Van a seguir por este camino? Es un asunto de enorme
importancia que está creando una conflictividad social, usted lo
sabe, que va a crecer porque no son ciertas las cifras de creación de
empleo -de empleo real, digno y estable- que están dando ustedes.
Están vendiendo una burbuja de euforia que no se corresponde con la
realidad. Viven en otra realidad; una realidad más comunicada, más
confortable; una realidad que se conecta con la situación dialéctica
positiva de los mercados y singularmente de los mercados financieros
después de la recuperación de la Bolsa. La realidad social es otra,
señor Rato. Aparte de ésta específica que debería dirigirse a la
creación de empleo, ¿qué políticas van a seguir incentivando respecto
a los salarios? ¿La misma? ¿La necesidad de la contención de los
salarios como máxima fundamental de cara a la contención de la
inflación? ¿Tienen alguna política específica, aparte de alguna frase
que usted ha soltado por ahí durante la última semana, sobre la
contención o reinversión de los beneficios y la posible creación de
fondos obligatorios de inversión? ¿Hay algo respecto a esto, que sabe
usted afectará por encima de los salarios al posible aumento de la
inflación en el próximo período, tal como prevén algunas proyecciones
que se han hecho en la OCDE y en el Banco Mundial?
Señor Rato, ¿le van a dejar tiempo al señor Piqué para que se dedique
a la política industrial? ¿Va a haber alguna vez en este país un plan
industrial o va a seguir siendo el señor Piqué el gran subastero de
este Estado mientras dedica el tiempo que le quede libre a
explicarnos a todos lo que es una política de centro? Lo único que
estamos haciendo es destruir la poca industria que tenemos,
fundamentalmente en el sector público. En el próximo período,
teniendo en cuenta el marco de la crisis y la situación financiera,
¿van a seguir privatizándolo todo, señor Rato?
En dos años, han realizado un volumen de privatizaciones que
homologando las cifras se correspondería con los ocho años de
Gobierno de la señora Thatcher, mientras
sectores públicos de enorme importancia -entre ellos el de la
telefonía- no se están privatizando a ese ritmo ni muchísimo menos en
el resto de los países europeos. Vamos a tener un porcentaje cero de
sector público -ya lo tenemos-, pero ahora está muy por debajo de la
media europea. Me dirá: ¡claro! Usted tiene que apoyar el sector
público; pero le estoy hablando del resto de los países de la Unión
Europea, de unas cifras comparativas sobre el sector público en
ciertos países de la Unión Europea, no le estoy hablando del programa
de máximos de Izquierda Unida.
En resumen, le pregunto por una política específica de empleo, señor
Rato, por la política sobre salarios y beneficios en el próximo
período y por la posibilidad de un plan industrial, de una política
industrial a partir de 1999.
Quiero preguntarle también, y termino señor Rato, por qué no se
condona totalmente la deuda externa de los países afectados por las
últimas calamidades en Centroamérica. Por qué somos tan cicateros en
un momento que se está vendiendo la economía española como una
especie de milagro efervescente, de burbuja eufórica. Por qué no se
condona totalmente esa deuda tras las consecuencias gravísimas que
están sufriendo y por qué se han dado migajas, teniendo en cuenta la
euforia que ustedes predican constantemente de ayuda a estos países
centroamericanos.
Le ruego que me conteste. Si quiere, desde el punto de vista de que
el cuadro macroeconómico va bien y tienen ustedes una política
sostenible; pero han calculado un horizonte de ciclo alcista de diez
años que creemos no es correcto ni justo. A nuestro juicio el país
está funcionando a nivel macroeconómico y ustedes no quieren bajar al
nivel social ni han analizado los indicios que se aprecian en la
respuesta social y desde la cúpula sindical en muchas ocasiones.
Repito para terminar, señor Rato, que el país que nos van a dejar en
función de la velocidad que llevan en las privatizaciones, en los
gastos sociales y en la reforma del IRPF que se ha hecho, puede
seguir funcionando siempre que se oculte la realidad social durante
el período alcista, pero cuando empiece la etapa de recesión, tenemos
muchísimas dudas de que este país pueda funcionar de manera adecuada,
sin convulsiones sociales y económicas de gran magnitud.
El señor VICEPRESIDENTE: Para concluir el turno de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Solamente me voy a referir a dos partes de la
intervención del señor Rato que obedecen a dos comparecencias
diferentes: una es la situación de la Agencia Tributaria y otra el
caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander.
Desde mi punto de vista, manifiestan una actuación del Gobierno
descentrada, o por lo menos el Gobierno se encuentra bastante perdido
en la Agencia y bastante encontrado en la actuación del Banco de
Santander; la acción no ha sido totalmente clara. Usted ha zanjado
esto con que no hay ningún informe del organismo producido para una
actuación posterior. A mí me cabe solamente
sacar una conclusión: el abogado del Estado y el fiscal general se
han saltado la ley. El artículo 7 de la Ley de régimen de asistencia
jurídica del Estado obliga a que una decisión tenga un informe de los
servicios jurídicos y que dichos informes vayan avalados por uno de
la propia Agencia. Lo peor son las conclusiones que después se ponen.
Me voy a referir al Banco de Santander en último lugar.
En cuanto a la Agencia, usted ha seguido por el mismo camino que el
señor Costa; espero que no salga de aquí como el señor Costa salió
hace mes y pico. El señor Costa empezó su intervención diciendo que
los resultados de la Agencia eran extraordinariamente positivos;
usted prácticamente ha venido a repetir ese aserto: por la rapidez en
las devoluciones -ha dicho-, por la capacidad de gestionar 14
millones de declaraciones de renta, en fin por una serie de datos.
Permítame le diga que la eficacia de la Agencia se mide con los
objetivos que se marcaron ustedes para cada uno de los programas. Hay
una serie de programas que ustedes tienen tipificados, que van
numerados uno a uno, y ustedes marcan unas cantidades tanto de
ciudadanos a instruir desde la propia inspección como volúmenes de
recursos a producir. La verdad es que si miramos eso, yo no diría que
la Agencia esté en la bancarrota, pero sí que está tocada y no por el
halo divino; está tocada por una situación muy complicada en su seno.
La forma de hacer frente a un problema también define la acción de un
Gobierno. Ustedes no pueden seguir con la política del avestruz de
meter la cabeza debajo del ala y decir que no pasa nada, que todo va
bien. Todo no puede ir bien cuando las cifras a finales de octubre
sobre deuda liquidada no solamente son bajas en el 50 por 100, sino
que están por debajo de las cifras a 31 de agosto que el señor Costa
nos dio aquí, porque las cifras que había dado unos días antes a la
prensa eran distintas. La cifra de deuda liquidada que yo tengo a 29
de octubre es 249.000 millones de pesetas; la que nos dio aquí fue de
284.000 millones de pesetas. En cualquier caso lo importante es saber
en relación con qué objetivos, porque ustedes se marcaron unos
objetivos para actuar con la Agencia. En cuanto a este objetivo
concreto de deuda liquidada, ustedes tenían una previsión de 449.000
millones de pesetas para todo el ejercicio. Pues si a finales de
octubre ustedes llevan 249.000 millones de pesetas, le faltan 200.000
millones de pesetas; y contando con los dedos, sin muchos
ordenadores, puede salirle a uno una cuenta un tanto distante de los
objetivos que ustedes se marcaron. Si los objetivos sirven para algo
ustedes están lejos, pero es que la forma de actuar también es
importante.
Ustedes tienen hábitos excesivamente autoritarios en el
funcionamiento. Ustedes no pueden no hacer eficaces a los 27.000
empleados públicos que están trabajando en la Agencia, todos tienen
que ser eficaces y tienen que aportar para hacer efectivas primero
las gestiones de recaudación de cada uno de los impuestos; y en
segundo lugar la lucha contra el fraude. Si la lucha eficaz contra el
fraude son las cifras que ustedes nos presentan, permítame le diga
que el fraude está riéndose, bailando y aplaudiendo, no estamos
arrinconando a esa lacra social
de los listos, los pillos o los frescos, según sea cada uno el que
actúe; no, está envalentonado desde mi punto de vista. Hay que hacer
eficaces a los que instruyen y levantan las actas, hay que hacer
eficaz al cuerpo técnico, hay que hacer eficaces a los propios
inspectores y hay que hacer eficaz que se ganen las productividades
que cobran cada uno de ellos. Eso yo creo que está lejos. Pero el
proceder de ustedes es también bastante distante de lo que dijeron
que iban a hacer y de lo que aquí actuaron cuando estaban en la
oposición.
Ante la comunicación interna de unos funcionarios, y yo se lo puedo
sacar de Madrid, de Sevilla, de Andalucía, de cualquier sitio del
país, resulta que ustedes les amenazan con la falta de obediencia
debida a los superiores para saltarse la ley; cuando les escriben
determinados empleados públicos, a determinados técnicos, para
decirle que hay un mandato que les impide actuar, ustedes les dicen
que no, que obediencia, que están poniendo en peligro el buen
funcionamiento de la unidad y el incumplimiento puede ser una falta
grave; les recurren los propios empleados, recurren los propios
ciudadanos y les exponen las condiciones legales por las que están
pidiendo, y en lugar de cambiar la norma ustedes les vuelven a
responder que ojo al parche, cuatro días para actuar y si no
procedimiento administrativo: Por medio del presente se le reitera la
orden cursada en su día y se le concede un plazo de cuatro días
hábiles a partir de la recepción de este escrito para dar
cumplimiento a la misma. Es un funcionamiento diría yo poco ajustado,
sobre todo cuando están dando las órdenes para que se salten la
norma. Pero fíjese que esto sería de recibo si al final hubiera dado
un resultado positivo y nos hubiéramos encontrado con que hay más
deuda instruida, en lugar de haber caído el 27 por 100 como ha
sucedido, o por lo menos nos dieran claridad en las cifras. ¿Sabe
usted por qué? Porque cuando ustedes nos hablan de delito fiscal (y
ustedes dan aquí una subida espectacular en cuanto a la gestión del
delito fiscal de 31.000 millones de pesetas a 98.000 millones de
pesetas) no nos dicen, por ejemplo, que dentro de esos 98.000
millones de pesetas están 35.000 millones de pesetas de Aduanas -han
mezclado aduanas con delito fiscal-, por ejemplo está el fraude de
ley, o por ejemplo la Fiscalía anticorrupción. Por tanto, el delito
fiscal está en torno a 22.000 millones de pesetas, no estamos altos
en cuanto a cifras. Si no es así, dígame usted cuáles son las cifras
que tenemos en cuanto a actuación de Aduanas metidas en el volumen
total que ustedes nos aportaron aquí, dígame usted la distribución de
esos volúmenes de recursos; de otra forma no estaremos siendo
eficaces, no estaremos haciendo funcionar la actividad de la
inspección para el servicio que debe de actuar. Pero lo peor es
cuando se maquillan las cifras, cuando por el fracaso intentamos que
los objetivos los tenemos que hacer crecer. Pues las cifras que yo
tengo en cuanto al número de contribuyentes comprobados al mes de
septiembre está en el 49 por 100 del objetivo que se marcaron, pero
si cogemos la cifra a lo que es la evolución al final de octubre,
sigue estando bastante distante a pesar de todos los procesos de
lavado de actuación o planes basura que van desde la comprobación por
teléfono de las circunstancias familiares, preguntando: oiga, ¿usted
tiene tres hijos o
tiene cuatro? No, no, mire usted, es verdad lo que poníamos, y ya
hemos revisado un contribuyente. Igual en las devoluciones de IVA que
están bien hechas y que se meten como acta, o la verificación de otra
serie de actuaciones que desde nuestro punto de vista lo que están
haciendo es crecer la actuación falsa, no real, o amañar los datos.
¿Y quién sale ganando amañando los datos de las actuaciones ante el
número de contribuyentes y el volumen de actuaciones? No se engaña
nadie, si usted hace mal. Aquí puede decirnos lo que quiera, pero si
esas cifras son como yo le estoy diciendo, creo que usted debería
estar preocupado y debería actuar para hacer más efectivo ese número
de 400 inspectores, de 2.000 subinspectores, de 6.000 técnicos o de
27.000 empleados, porque está autoengañándose. Yo no sé si poner ese
recurso ahí está siendo más contundente de lo que debería de ser.
Estoy convencido que no puede tener como conclusión una desviación de
las atenciones, a todo esto estamos hablando de datos globales: deuda
instruida, deuda liquidada. A mí me gustaría saber, por ejemplo,
cuántas actuaciones han sido pactadas o son aceptadas, cuántas son
recurridas porque puedo hacer un camino para que la eficacia real de
su acción sea una o sea otra. Yo estoy convencido de que necesitan
ustedes coger la tijera y cortar lo que tengan que cortar y ponerse
también con la aguja a coser y a tejer, pero la Agencia no puede
continuar así, no puede ni debe, y sería un engaño con nosotros
mismos que pudiera continuar así.
Ustedes no pueden aplazar la regulación a la próxima legislatura,
ustedes tienen que abordarla en ésta. Ese camino de dar nueve meses
para presentar un estatuto orgánico que después se tramita con tres,
cuando todos sabemos que esa legislatura tiene la frontera de un año,
pues no nos engañen, dígannoslo. Me gustaría que me dijera si piensa
abordar el estatuto orgánico y la reorganización de la Agencia en
esta legislatura o en la próxima, porque la próxima es en futuro y no
sabemos si usted siquiera estará ahí de ministro, puede que esté su
partido pero incluso puede ser que usted no esté de ministro de
Economía, puede ser que ni siquiera esté su partido y que gane otro.
No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque no cabe la espera
en la situación de la Agencia y en la realidad de los datos que
nosotros podemos tener. Ahormar y hacer eficaces en su trabajo
debería ser un objetivo que usted se debería de plantear.
Por último, señor presidente, el caso de las cesiones del Banco de
Santander.
El señor VICEPRESIDENTE: Le rogaría brevedad, señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: No se preocupe, señor presidente. Llevo 10
minutos hablando que junto con los 15 minutos de mi anterior
compañero hacen 25 minutos. Voy a ser muy breve con los 5 minutos que
me queden.
El señor VICEPRESIDENTE: Le recuerdo, señor Ríos, que su compañero ha
estado 22 minutos, no 15. (Risas.)
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Voy a estar menos que el primer
interviniente. De todas formas, señor presidente, estamos perdiendo
el tiempo. Seré muy breve, señor presidente; lleva usted razón, la
sesión no puede ser interminable.
En cuanto a si la eficacia va hacia las grandes operaciones,
discutíamos cuando hemos hablado del IRPF y cuando hemos hablado de
los presupuestos sobre si de verdad estamos haciendo una
Administración eficaz para reducir el fraude que provocan las
empresas a través de unos instrumentos y si las estamos metiendo en
cintura o no. En el caso de las cesiones del Banco de Santander por
un lado existen los depósitos opacos, que son unas actuaciones, por
otro lado las cesiones de crédito, que son 45.000 las operaciones que
se realizaron. Yo creo que después de haber llegado ustedes al poder,
en la forma en que se ha actuado aquí, de la forma en que la propia
juez responde a nuestro fiscal que sustituye al fiscal que instruía
-porque el fiscal que instruía inicialmente decía que había una
actuación por parte del propio banco- ha habido actuaciones con
indicios racionales de criminalidad en las más altas instancias de la
entidad bancaria. Eso, en el año 1992, cuando se empieza a instruir,
y resulta que con el devenir del tiempo ya no es así. La propia juez
tiene que corregir la situación al fiscal y al abogado del Estado y
decide actuar por propia iniciativa.
No nos engañemos, aquí los culpables no pueden ser los ciudadanos que
se han dirigido a esa entidad, sino que el propio banco ha ofertado
un producto opaco, que venía a ser un nuevo activo financiero mixto
dirigido a determinada clientela diciendo para lo que era, una acción
dirigida desde el propio banco para conseguir un objetivo, facilitar
a unos ciudadanos que estaban en una situación determinada, a unos
clientes con una rentabilidad determinada no tener retención del 20
por 100 y otra serie de posibilidades. Por tanto, el banco no es un
angelito del cielo, sino un instrumento necesario para producir el
fraude. El abogado del Estado, que tiene relación directa con el
Gobierno, habrá actuado por algo y la acción de los servicios
jurídicos no está al margen de la decisión del propio Gobierno. Me
gustaría que me dijeran en qué beneficia al Estado que el abogado del
Estado haya pedido que se termine ese proceso o en qué beneficia y a
quién se quiere proteger con la decisión del fiscal que sustituye al
que estaba con anterioridad, que, eso sí, como resultado, ha sido
ascendido a teniente fiscal, pero, en fin, es una fórmula de la
Audiencia Nacional de premiarse internamente que imagino que
obedecerá a criterios de capacidad, profesionalidad, trabajo y
eficacia; ellos mismos lo deciden y actúan. Aquí lo que no queda
clara es la actuación del Gobierno, permítame que se lo diga: si ha
habido, cuál es el rango, cómo se ha producido y cómo se ha decidido.
Si se ha vulnerado la ley, ¿qué han hecho ustedes para que no se
vulnere? Porque si usted dice que no hay ningún informe de la Agencia
ni de los servicios jurídicos, es que alguien se lo ha saltado. ¿Qué
están haciendo ustedes para corregirlo? ¿Han dado alguna instrucción
para que se corrija eso, para que de verdad los que crean cauces para
defraudar sean perseguidos con arreglo al delito penal que
corresponda, además de darse la reposición administrativa a que haya
lugar? Si no lo hacen así, si no enseñan los dientes a los poderosos,
no actúan bien; lo fácil es coger siempre a la parte menor, la
menudencia del IVA o la pequeña actuación que indudablemente hay que
perseguir, pero también lo otro. Ustedes son muy eficaces en esas
pequeñas actuaciones, pero con el poderoso se les caen los dientes.
Yo le pido que actúen sobre esto con la fuerza que tiene la
organización del Gobierno y del Estado, con el fin de castigar una
actuación fraudulenta y dirigida. Además, les engañaron a ustedes,
les hicieron el truco del almendruco. Les dieron a ustedes, al
Gobierno, unos datos, un listado con titularidades de cesiones de
créditos que eran falsas; 8.282 de esas operaciones no correspondían
a la información, después de ser comprobado por la propia Agencia. ¿Y
nos cruzamos de brazos?
Señor Rato, en esto no debe pararse sólo un rato, sino que debe
dedicarle mucho tiempo, con el fin de hacer eficaz lo que debe ser
una demanda social. El chico aprenderá en la medida que al grande se
le aplique una terapia y se le reconvenga, pero si sale aplaudido y
beneficiado, si sale riéndose, se podría aplicar el refrán de ande yo
caliente, ríase la gente, y eso no es bueno para quien gobierna el
país.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Mi grupo no va a utilizar mucho tiempo en la
fijación de posición y me voy a ceñir a la solicitud que ha hecho el
presidente de la Comisión de que los grupos no proponentes de los
temas objeto de la comparecencia del ministro utilicemos un turno más
breve.
Señor ministro, la primera conclusión que mi grupo extrae de todo su
informe es que ésta es una comparecencia algo singular, toda vez que
son muchos los temas que usted ha tenido que tratar. Yo los voy a
agrupar en dos partes, una reflexión de índole más bien económica
sobre el momento y luego todas las cuestiones de naturaleza
tributaria.
En cuanto al primer punto, el balance del momento económico mi grupo
quiere trasladarle nuestra satisfacción. Les felicitamos no porque
estemos cerca de las Navidades y está comparecencia sea una
comparecencia casi prenavideña, sino porque yo diría que el 31 de
diciembre de 1998 se cierra un período de la economía en España,
puesto que a partir del 1 de enero de 1999 comienza otro, a mi
entender marcado por la etapa del euro y su repercusión en nuestra
economía. Por esa razón, mi grupo quisiera hacer un pequeño balance
en esta breve intervención; sé que no es el balance de la
legislatura, pero sí el balance económico en torno a un momento de
trascendente cambio económico, que es el que se abre la aplicación
del euro a partir 1999.
Señor ministro, en materia económica se ha hecho un gran trabajo. Mi
grupo ha podido compartir el momento y el trabajo. Hemos sido
corresponsables con ustedes de la orientación que se le ha dado a la
economía en estos últimos tres años y quiero trasladarle una primera
valoración política. Creo que hoy es justo reconocer que este
país tiene una mayoría política suficientemente sólida, mayoría que
ha transmitido a la sociedad seguridad y tranquilidad para poder
hacer el cambio, para la evolución económica que está teniendo lugar.
Usted hablaba de la confianza de la sociedad. Yo le diría que la
sociedad ha puesto de manifiesto que la mayoría que hoy está tomando
las decisiones en el país le transmite confianza, y ahí se implica mi
coalición política. La coalición política de Convergència i Unió, si
usted me lo permite, ha administrado durante esta legislatura el
papel que nos correspondía con responsabilidad y con acierto; el
papel de asegurar la mayoría y la estabilidad suficiente para todas
las decisiones que se han tenido que tomar en materia económica. No
puedo más que felicitarnos y felicitarle por esta labor de
reorientación de la política económica, dando y transmitiendo
confianza para que la sociedad, los mercados y los agentes económicos
y sociales actúen libremente de la manera que lo han hecho. Esto debe
proporcionarnos satisfacción y permitirnos valorar políticamente este
momento económico actual. Uno de los elementos clave del momento
económico no es solamente la estabilidad política, sino también todo
los que se ha hecho en estos últimos tres años, que ha sido mucho y
mi grupo quiere destacarlos. Se ha hecho mucho; son tres debates
económicos sobre presupuestos, que han marcado la orientación de toda
la política económica en esta legislatura, y son muchos paquetes de
medidas de naturaleza económica los que se han adoptado, también con
acierto. Mi grupo ha participado en la definición de muchos de ellos
-usted lo sabe, señor ministro- y hoy, en estos momentos, a punto de
entrar en la etapa euro, a punto de comenzar ese nuevo período con la
aplicación del euro en nuestra economía, creo que es justo y
razonable que valoremos y destaquemos el acierto de todas estas
medidas económicas que se han tomado: las de naturaleza fiscal y las
de naturaleza económica y financiera. No quiero recordarlas todas,
pero si analizamos los efectos y los resultados económicos que se han
producido, queda claro que se ha hecho un buen trabajo. Las tasas de
desempleo que usted citaba, con las que vamos a cerrar el año 1998,
son una muestra de ello. Recuerdo el primer debate de política
económica que tuvimos en esta legislatura, en el que decíamos que
toda la política económica se pondría al servicio de un objetivo
principal: crear empleo. Pues bien, los datos que usted ha puesto
sobre la mesa son la muestra de que se está acertando en la
orientación de la política económica, puesto que la tasa de desempleo
está en los niveles más bajos jamás alcanzados y la creación neta de
ocupación está en el 3,5 por 100, una tasa muy importante. La tasa de
inflación, muy baja en estos momentos, los tipos de interés al 3 por
100, las tasas de crecimiento del PIB y la contención drástica del
déficit público, en el 1,8 previsiblemente, según apunta el Gobierno,
son elementos clave del balance de resultados de esta política
económica y de las medidas que se han tomado en esta legislatura.
Creo, señor ministro, que toda su valoración sobre el análisis de la
crisis económica financiera internacional nos permite concluir que
atendida la orientación y las medidas que se han adoptado en el
mercado interno español, España es el país que mejor está soportando
el
momento económico internacional. Es el país de la Unión Europea que
más y mejores perspectivas económica está ofreciendo en estos
momentos al ámbito internacional. Yo creo que esas mejores
expectativas económicas dentro de la Unión Europea deben ser un
elemento más que nos debe proporcionar satisfacción a la hora de
valorar positivamente cómo se están llevando las cosas en estos
momentos en materia económica. No digo esto porque mi grupo haya
tenido posibilidad de participar en las decisiones; simplemente trato
de recalcar que los resultados están ahí, que son puramente
objetivos, y yo creo que no merecen en estos momentos discusión por
parte de los analistas ni de los seguidores de la situación
económica.
Señor ministro, ante esta primera reflexión en torno a la valoración
de la crisis económica financiera internacional, mi grupo le quiere
transmitir algunas sugerencias. Sin duda hay que pensar en el período
que comienza a partir de 1999. Creo que hay que concentrar todos los
esfuerzos políticos y económicos para empezar a diseñar la economía
del post-99, la economía de la etapa euro, cuyo primer período, a
nuestro juicio, va de 1999 a mediados del 2002. En esos tres años y
medio que tenemos delante de aplicación del euro a nuestra economía
va a haber una intensa transformación de estructuras económica. Son
tres años y medio, aparte de la transformación que supone toda la
aplicación del euro y de la integración del funcionamiento de la
nueva moneda en el sistema, de estrategias empresariales, de
estrategias sectoriales, de transformación de estructuras y de
proyectar nuestra economía al mundo con mucha más fuerza de lo que
hasta ahora se ha realizado. Usted presentaba buenos balances de
exportación y de relaciones económicas en el campo internacional,
pero mi grupo cree que ahora nos corresponde orientar la política
económica, tomar medidas pensando en cómo la economía española se
hace más presente en el mundo. En este punto quisiera trasladarle
algunos criterios.
Creo que hay que establecer prioridades en cuanto a ámbitos de
mercados, porque no podemos proyectarnos al mundo con igual fuerza en
todas las zonas emergentes, sino que hay que seleccionar unas áreas
territoriales preferentes. En las economías de los países de
Suramérica y en el norte del Magreb están los dos grandes núcleos de
capacidad, de penetración y de relación económica y donde los
intereses más genuinamente españoles se pueden reforzar. Ahí hay que
tomar algunas decisiones de orden administrativo, de estímulo de
actuaciones y de convenios con los países de mayor capacidad de
relación que podamos tener en estos ámbitos internacionales; por ahí
se tendría que intensificar una línea de actuación en materia de
política económica.
Otro campo es la armonización fiscal. En la Unión Europea la
armonización fiscal es el segundo elemento clave del futuro
inmediato. Usted ha dado ya unas primeras informaciones sobre los
trabajos que el Ecofin ha realizado en sus dos últimas reuniones, que
mi grupo cree que han determinado ya una orientación de las líneas de
actuación en materia de armonización fiscal, pero estamos todavía
lejos del paquete de medidas que se deberán adoptar. Mi grupo,
preocupado por la importancia que va
a tomar la armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea,
traslada al presidente de esta Comisión, rogándole que lo transmita
al resto de miembros de la Mesa, la sugerencia de constituir una
subcomisión de seguimiento de todo lo relativo a la armonización
fiscal, porque quizá éste sea el frente clave que tenemos a corto
plazo, y no para tomar ninguna decisión, puesto que no deberemos
anticiparnos, sino simplemente para seguir todos los trabajos que la
Unión va a realizar, porque según como se determine el marco de
armonización fiscal en Europa, nuestra economía tendrá ventajas o
desventajas. Por tanto, invito a esta Comisión a constituir una
subcomisión de seguimiento para analizar y proponer dónde deben ir
las exigencias españolas en este proceso de diálogo sobre la
armonización fiscal y dónde deben ir los topes que nosotros debemos
transmitir a la Unión Europea, los peros o las exigencias mínimas que
luego comentaré, compartiendo algunas de las que usted ha
transmitido.
La siguiente línea de prioridad es el I+D, actuar en la dirección de
cambiar los marcos jurídicos, económicos y financieros para potenciar
toda la actuación que la economía española debe desarrollar en los
próximos años sobre investigación y desarrollo. Ahí tenemos unos
retos. Sé que el Gobierno está trabajando en esa dirección y
deberemos conocer pronto esas líneas de actuación. Mi grupo cree que
a partir de 1999 esta será quizá la actuación más importante para
mejorar la competitividad de la economía, principalmente de la
economía productiva.
La cuarta línea de actuación es la formación relacionada con el
empleo, la formación continua. Ahí también tenemos un cierto reto y
creo, señor ministro, que deberíamos priorizar las medidas para
reforzar las actuaciones de formación de las empresas y de las
instituciones para poder mejorar la capacidad y la formación de las
personas que están ya trabajando y poder afrontar el futuro
inmediato.
Señor presidente, en estas cuatro direcciones priorizamos el momento
que nos viene, el que tenemos que administrar a corto plazo, pero
sobre la base, señor ministro, de nuestra felicitación por el momento
económico, por el acierto de la dirección de la política económica
que usted ha llevado. En un símil más relajante o relajado, usted ha
llevado y está llevando bien la nave, pero si me lo permite, la
sociedad valora al comandante que la pilota pero también al segundo
de a bordo que le asiste. Por eso en esta intervención, que quizá
será la última antes de entrar en el período euro, quiero destacar el
buen clima y colaboración que hemos tenido para desarrollar todo ese
paquete de actuaciones y de orientación en materia económica.
Con la segunda reflexión, más de naturaleza fiscal, por los distintos
asuntos que han sido analizados en su informe, mi grupo quiere
trasladarle algunas observaciones puntuales en cuanto a la Agencia
Estatal Tributaria. Es curioso, señor ministro, observar cómo se
alzan voces críticas sobre la Agencia Tributaria en un momento que
coincide en el tiempo analizando históricamente la evolución de la
actuación de la Agencia con el de mejor situación de la recaudación,
jamás experimentada en la economía española. Es curioso, a veces
sucede esto,
cuando mejor van las cosas es cuando, con mejor o peor acierto, se
levantan algunas críticas en torno a quien tiene la máxima
responsabilidad de administrar la función de recaudación de las
figuras impositivas. Yo quiero exponer, señor ministro, esa
contradicción entre el buen balance de recaudación tributaria que
usted nos ha puesto de manifiesto, al igual que lo hacen las
estadísticas - nunca se había recaudado con unas expectativas tan
positivas como las que nos están ofreciendo en estos momentos las
estadísticas-, con unas informaciones que emergen de la problemática
interna de la Agencia. Este marco responde a otro contexto. No
responde a la política económica ni a la actuación en el cumplimiento
de las normas legales. Yo creo que la agencia en este sentido lo está
haciendo bien, que sin duda está avanzando en la lucha contra el
fraude, pero ha tenido su proceso interno y está llegando a un punto
en donde, por maduración y por dinámica interna, necesita una reforma
puntual para afrontar el futuro. Las claves internas no tienen nada
que ver con las funciones que la Agencia Tributaria está
desarrollando con eficacia y deberíamos saber distinguir estos dos
grandes ámbitos y no preocuparnos porque el contexto interno a veces
se mueva y coincida con otro más general de la función que, a nuestro
entender, está realizando bien la Agencia Tributaria. ¿A qué me estoy
refiriendo, señor ministro? Yo creo que toda la reforma normativa que
se ha desarrollado, el conjunto de iniciativas que se han puesto en
funcionamiento dentro de la Agencia y el proceso de evolución interna
que ha experimentado, con las contradicciones de sus colectivos,
requieren hoy una reflexión, así como tomar algunas medidas. En ese
sentido, mi grupo aplaude la iniciativa que tuvo el Grupo Popular en
el Congreso de los Diputados con una enmienda, señor ministro, que
permitió un gran consenso político en esta Cámara. Quiero valorar
políticamente el acierto de aquella enmienda, que abría una esperanza
a todo un marco de reformas internas a desarrollar. El estatuto que
se ha mencionado anteriormente es uno de los compromisos que recogía
aquella enmienda. Ahora se trata simplemente de ejecutar lo que se
aprobó en el Congreso de los Diputados, curiosamente sin votos en
contra, con una gran mayoría a favor y con unas abstenciones. Aquello
significaba un impulso a unas transformaciones que nos permiten abrir
un período de esperanza para avanzar en la modernización de la
Agencia Tributaria y superar las circunstancias internas. Simplemente
mi grupo le da todo su apoyo para cumplir lo que mayoritariamente el
Congreso de los Diputados ha aprobado y le felicita por la iniciativa
que tuvo su grupo en buscar este consenso en el Pleno de la Cámara,
que creo que es un gran paso para abrir ese proceso de reforma,
neutral políticamente, de la Agencia Tributaria. Mi grupo sólo puede
decirle que va a tener nuestro apoyo para ejecutar ese marco de
reforma que ahí se enunciaba.
Sobre la armonización fiscal ya le he transmitido alguna de mis
observaciones. Si se puede tomar la iniciativa de constituir una
ponencia de seguimiento, sería muy interesante la labor que podríamos
hacer desde esta Comisión.
En cuanto a la fiscalidad sobre los productos energéticos, sólo
podemos decirle que compartimos con usted la posición del Gobierno y
que va a tener el apoyo de nuestro grupo, porque tenemos la
convicción de que la Unión Europea nos está imponiendo una
armonización que va en contra de los intereses de los mercados y de
los agentes económicos españoles. Por eso creo que el Gobierno está
adoptando acertadamente una posición de resistencia en ese punto.
En cuanto a la amornización, hoy nos ha facilitado una información
curiosa, pues nos ha dado el teléfono de consulta por parte de la
sociedad en relación con las retenciones. Realmente, señor ministro,
ha sido oportuno, ya que así el ciudadano se enterará
rapidísimamente. Se ha ahorrado usted una campaña publicitaria y, por
lo tanto, le felicito por su oportunidad en anunciar esa medida, pero
señor ministro, usted sabe que con motivo del decreto anunciado ya y
a punto de ser aplicado sobre las retenciones, se están produciendo
unas incertidumbres en el mercado por la exigencia de aplicación de
estos cambios en el ámbito financiero y en los productos de ahorro.
Para evitarle una sobrecarga de consultas en ese teléfono que ha
anunciado, creo que deberíamos reflexionar sobre los plazos de
aplicación del nuevo marco de retenciones en la economía españolas en
los distintos productos de ahorro. Compartimos la medida de someter a
retención estos activos, pues nos va a permitir una mayor
consolidación de las estrategias de lucha contra el fraude y va a ser
una medida que va a tener repercusiones positivas, pero deberíamos
dar un tiempo razonable a la sociedad para poder adaptar, informática
y técnicamente, la aplicación de estos nuevos criterios. La
introducción del euro está sometiendo a presión y a tensión a la
sociedad para que el 1 de enero de 1999 puedan empezar a funcionar la
información que se exige sobre las transacciones hechas en moneda
euro. Sobrecargar esta presión con los nuevos cambios que se
introducen con el sistema de retenciones nos lleva a pensar que se
deberían dar unos plazos razonables, de dos o tres meses, para que la
sociedad los pueda aplicar con tranquilidad.
Señor presidente, termino repitiendo que mi grupo sólo puede
felicitar al señor ministro y extender la felicitación a los grupos
que le han dado apoyo en esta Cámara para que la economía esté hoy
como está.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: En primer lugar quiero agradecer la
comparecencia del señor ministro de Economía y Hacienda y también su
contenido. Comprendo que haya sido muy difícil explicar y aclarar en
tan breve tiempo cada uno de los temas que se presentaban como motivo
de la comparecencia.
En la primera parte de su intervención, al hablar de la crisis
asiática, ha dado un informe esperanzador, que coincide con el del
Banco Asiático de Desarrollo, haciendo excepción de la economía
japonesa. También ha hecho hincapié en que el crudo ha bajo al mítico
precio de 10 dólares el barril, coincidiendo casualmente con que el
año próximo será el 150.° aniversario de la primera
perforación para extraer petróleo, materia llamada a desaparecer en
poco tiempo, como consecuencia de energías alternativas, pero que va
a beneficiar mucho a la economía española en la situación actual,
aunque lamentablemente va a producir también quebrantos a otras de
países hermanos como Venezuela, que tanto preocupan a España y
concretamente a Canarias, por la cantidad enorme de isleños que se
encuentran en la República del Orinoco.
El Gobierno ha tomado medidas correctoras en lo que respecta a la
economía española y, en resumen, nosotros aspiramos y esperamos que
se sigan adoptando los criterios necesarios para mantener la
inflación y para favorecer la armonización fiscal. Nosotros nos
adheridos a la propuesta que ha hecho CiU ahora sobre un seguimiento
exclusivo -no para intervenir- de esa necesaria armonización fiscal
europea.
En cuanto a la Agencia Tributaria, perdone que le diga que me quedo
perplejo ante las informaciones tan contradictorias que se aportan a
esta reunión, pese a que creo que todos aceptan que ha efectuado la
máxima recaudación en la historia. Solamente me voy a referir al
problema interno de los inspectores y subinspectores, porque tanto en
materia de tareas como de retribución hay un margen suficiente para
buscar un punto intermedio. Creo que la enmienda que firmamos todos
los grupos políticos en el último Pleno puede ser el camino para que
el Gobierno resuelva de una vez por todas este tema de tanta
importancia para la eficacia y eficiencia de la Agencia Tributaria.
En materia fiscal, también debo decir que nosotros abogamos por un
pequeño retraso en la aplicación de la legislación sobre retenciones,
por lo inesperado para los inversionistas en esos productos y por las
dificultades técnicas que va a tener el empresario de aquí al primero
de enero de 1999.
Yo esperaba que hoy -y lo digo con sinceridad- todos los grupos
políticos reconociéramos que la economía española, en una visión
macroscópica global, tiene una actitud pujante, lo que nos llena de
satisfacción, porque España ha logrado cumplir no solamente los
criterios de Maastricht, que era increíble que se alcanzaran hace
siete u ocho años, sino porque hoy día las cifras de nuestra economía
reflejan una situación magnífica (Rumores.) Tenemos 72.000 millones
de dólares en reserva, las empresas no financieras ganarán este año
casi dos billones, un 15 por 100 más, y los economistas señalan que
ya se pueden subir los salarios sin peligro para la estabilidad
económica del país. (Rumores.) Por otro lado, se acaba de aprobar un
IRPF que por primera vez reduce los tipos. El paro sigue
disminuyendo. El Gobierno español, conjuntamente con el Gobierno
inglés, ha presentado un plan de empleo en Europa. Es un tema que
preocupa a todos los regímenes y a todos los gobiernos,
independientemente de su filosofía política. ¿Por qué no reconocemos
que estamos en una situación de bondad de nuestra economía? No hay
que hacer un canto epinicio o laudatorio asombroso; no. Se ha
cumplido la tarea y España está en una situación económico-financiera
que no ha tenido en este siglo, señores. Eso tenemos que reconocerlo.
En este período finisecular estamos alcanzando
un prestigio en las economías del mundo que nunca hemos tenido, salvo
en aquella época gloriosa del Impero. (Risas.) Pero dejando la época
imperial y limitándome ahora a Canarias, tendré que decirles que
estamos satisfechos, no solamente por la aprobación del Estatuto del
contribuyente y de la Ley del IRPF, sino por la inauguración de las
zonas francas en el archipiélago canario, concretamente la de Gran
Canaria hace una semana. Será un paso importante en la economía del
archipiélago, por cuanto que allí también se va a establecer la
Secretaría de las Cámaras de Comercio de los países del Pacífico,
África y Caribe, y creemos que puede ser una base de transformación
de productos, con sus ventajas económicas y fiscales. También
pensamos que no va a hacer competencia a otras zonas francas
españolas como la de Barcelona, la de Vigo o la de Cádiz. Esperamos
que el Gobierno nos diga en relación con la zona especial de Canarias
y la comunicación a Bruselas en qué situación se encuentra.
Tenemos que admitir que en esa bonanza económica reforzada, por lo
menos en el archipiélago canario, no solamente por la mejora de la
infraestructura turística sino por la plena ocupación de todo el año,
se debe seguir apoyando la agricultura en relación con el plátano en
su lucha contra el plátano-dólar, que va a ser muy difícil. También
nos preocupa que no se suban las aportaciones en los presupuestos del
Estado y las de las empresas privadas a la política de I+D, porque
Canarias, que está exportando tecnología en materia de depuración de
aguas, necesita apoyos mucho mayores. Por otro lado, hace falta
impulsar la política de construcciones hidráulicas en el Archipiélago
por la temible sequía. Tampoco nos deja de preocupar el anuncio que
ha hecho el Gobierno alauita de establecer, a 200 kilómetros de
Canarias, concretamente en Tam-Tam, un gran centro de depuración con
energía atómica apoyado por el Gobierno de China. Esto nos inquieta
no por la producción de agua y de energía eléctrica, sino por la
utilización de una energía que pensábamos que estaba desterrada.
En resumen, señor ministro, nuestra felicitación y, además, desde
Canarias, nuestro agradecimiento.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tienen la palabra, en
primer lugar, el señor Saura y, luego, el señor Rodríguez. Les ruego
que administren con prudencia el tiempo de este turno para que lo
puedan compartir perfectamente los dos portavoces.
El señor SAURA LAPORTA: En primer lugar, hay que constatar que
estamos haciendo una comparecencia como no la debíamos haber hecho
nunca, y esto exige una responsabilidad. En el mes de septiembre, los
grupos de la oposición planteamos la comparecencia urgente del señor
Rato para que nos explicara la situación internacional. El Grupo
Popular nos dijo que el propio señor Rato la había pedido, pero se
produce en diciembre. Creo que hay un problema político de fondo. El
ministro de Economía, ante las características de la crisis que se
produjo en agosto y septiembre, tenía la obligación de comparecer
inmediatamente para decir qué había pasado, y el hecho de agrupar
tantas comparecencias hoy creo que va
a dejar un cierto mal sabor de boca, porque no se van a poder
discutir determinados temas. Como soy consciente de esto, el señor
Rato ya sabe que he presentado esta tarde una interpelación sobre el
fraude fiscal para debatirlo, porque sé que va a haber poco tiempo,
pero además porque pienso que no se puede cerrar este período de
sesiones sin que el Pleno del Congreso se pronuncie sobre
determinadas propuestas. Este ha sido un período de sesiones intenso
en el debate sobre la acción del Gobierno en la lucha contra el
fraude fiscal, con algunas cuestiones importantísimas. Pienso que es
necesario que el Congreso -y cada grupo va a poder presentar las
transaccionales que desee- tenga la oportunidad la próxima semana de
votar las salidas que ve el Pleno del Congreso a la actual situación.
Para intentar ser muy prudente en el tiempo solamente voy a referirme
a la lucha activa contra el fraude fiscal. Sé que la atención al
contribuyente y otras muchas cosas promueven de alguna manera que no
exista fraude fiscal, pero lo que discutimos desde hace tiempo en
concreto es cómo está funcionando el departamento de inspección, cómo
está recaudando y cuál es la actitud global política del Gobierno
ante el fraude fiscal. Después de oír al señor Rato, que ha hablado
diez minutos y medio sobre éstos, de las 10,46 horas a las 10,57, no
sé cómo entender su intervención. Cuando dice que toda va bien, no sé
si es un nuevo ejercicio de prestidigitación o una intervención a la
defensiva. No lo sé y no lo voy a juzgar, pero quiero decir al señor
Rato que creo que está encima de un barril de pólvora y que actúe.
Hoy con su intervención, a mi juicio, pierde una cierta credibilidad
como ministro de Economía, no porque hasta ahora no fuera el
responsable de esto -que lo era- sino porque es políticamente
impresentable que con todo lo que está pasando, venga aquí y despache
este tema como lo ha hecho.
En definitiva, el Gobierno dice que no hay crisis. Yo y cualquiera de
los que estamos aquí podríamos hablar catorce horas seguidas con
ejemplos que demuestran que hay crisis, pero quiero poner sólo dos
irrebatibles. Primero, cojan un resumen de prensa, de junio hasta
ahora, de lo que ha salido de la Agencia Tributaria; no un periódico
ni dos, todos los periódicos, abundantemente, han reflejado la crisis
y no sé si ha habido cinco o seis editoriales de diversos periódicos,
e incluso las revistas más insospechadas están hablando de la crisis
de la Agencia. Usted no puede venir aquí y esconderlo, porque está
ahí. El segundo ejemplo de que hay crisis es la dimisión, por segunda
vez, del director de la Agencia Tributaria en dos años y medio. Un
organismo que, por su naturaleza, necesita estabilidad, tranquilidad
y trabajo en profundidad, en dos años y medio va a tener tres
directores. Además, el director que ha dimitido ha dicho claramente
que el principal problema de la Agencia es la falta de credibilidad.
Esto no lo ha dicho la oposición, lo ha dicho el ex director de la
Agencia en el congreso de Logroño. Creo que éste es el principal
problema de la Agencia y que incluso enmascara cosas que esta está
haciendo bien. La actitud del secretario de Estado de Hacienda y la
suya hoy aquí intentando defender lo indefendible y no aceptando que
una parte de la Agencia no funciona mal da a entender que toda la
Agencia va mal, y no es así; hay
aspectos de la Agencia que van bien, no tengo ningún problema en
reconocerlo, pero lo que discutimos hoy, el 6 de octubre y el 23 no
es esto.
No voy a perder tiempo en demostrar que está en crisis, porque lo doy
por sabido y conocido tanto por los diputados y diputadas como por
los periodistas especializados, y no hace falta demostrarlo. No voy a
repetir los argumentos sobre las seis razones por las que creo que se
pudo demostrar el 6 de octubre que había crisis. Yo planteé al
secretario de Estado, señor Costa, seis razones de la crisis:
primera, la opacidad en el trabajo de la Agencia, como no la ha
habido nunca; segunda el caos interno; tercera, los datos
absolutamente contradictorios que se han dado desde la Secretaría de
Estado de Hacienda; cuarta, la disminución de deuda liquidada. No voy
a entrar en las cifras, pero los números de su sistema informático, a
4 de diciembre, van a dar una caída de 240 ó 250.000 millones -el
señor Eguiagaray hablaba de 260.000-. Son números que están ahí. El
problema no son los datos que nosotros damos sino simplemente los
datos contradictorios que ustedes aportan. En quinto lugar, no hay
forma de saber qué cobran en recaudación ejecutiva. Yo di dos cifras
al señor Costa, le pedí que me contestara y no me contestó. Se las
doy a usted hoy. Mis informaciones son que en recaudación ejecutiva
sólo se cobra el 0,5 por 100, y si son actas de disconformidad, el
0,29 por 100. Dicho de otra manera, si alguien firma un acta de
disconformidad y no quiere pagar, tiene el 0,29 por 100 de
posibilidades de pagar. Es una información que me han pasado, no hay
otra, no hay memoria y ustedes no contestan a estas preguntas. Ésta
es la primera pregunta que le quiero formular.
Esas seis razones siguen estando ahí y no voy a perder tiempo en
demostrar que hay crisis, porque lo doy por sabido. Mi intervención
va a girar sobre dos cuestiones y posiblemente sólo pueda hacer
referencia a una esta mañana. La pregunta es: ¿cuál es la razón
profunda de esta crisis? ¿Por qué se ha llegado aquí políticamente?
¿Qué explica esto? Hay una segunda parte sobre la que, insisto, no
voy a hablar esta mañana, que sería cómo salir políticamente de esta
crisis, qué hacer. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar
en todo aquello que permita que la Agencia Tributaria recupere la
credibilidad que hoy no tiene. Le voy a decir cuál es, en mi opinión,
la razón profunda por la que hay crisis y voy a intentar apoyarla
posteriormente con tres argumentos. Creo que la razón profunda es
que, para ustedes, la lucha contra el fraude fiscal no es un objetivo
político prioritario. Posiblemente, ningún ministro de Economía ha
hablado menos del fraude que usted; incluso a veces, cuando se habla
del fraude fiscal, le incomoda, como ha sucedido en dos o tres
debates. Fijénse que esto contrasta con las repetidas declaraciones
que el ministro de Trabajo, señor Arenas, ha lanzado a la prensa
diciendo que el fraude entre los parados está en los complementos
mínimos. Es decir, hay un Gobierno que repetidamente lanza el mensaje
de que hay mucho fraude en el paro, que sí es así, hay que acabar con
él y si hay fraude en los complementos de mínimos hay que acabar con
él. ¿Es ese fraude más importante que el otro? Puede pedir que le
hagan una comparación de sus declaraciones
en relación al fraude fiscal y las del señor Arenas. Además le digo
que luchar contra el fraude fiscal para un Gobierno como el suyo
significa confrontar a menudo con sectores económicos influyentes muy
cercanos a usted, y veremos cómo esto es así en el caso del Banco de
Santander.
Para justificar esta razón que le doy de que para ustedes eso no es
políticamente importante, voy a hacer referencia a tres cuestiones.
La primera es que usted ha incumplido compromisos que adquirió en
esta Cámara y ahora leeré sus palabras. La segunda es que han burlado
el mandato del Pleno del Congreso del 27 de junio que discutió las
conclusiones de la Comisión de investigación de los 200.000 millones
de pesetas. La tercera es que ante el mayor hipotético caso de fraude
fiscal en estos momentos piden, en contra de lo que dijo y también se
lo leeré, el sobreseimiento del caso.
Fíjense lo que decía el señor Rato el 4 de junio en la Comisión de
investigación sobre lo que se debía hacer para que la Agencia
funcionara. Es el «Diario de Sesiones» número 245, de 4 de junio de
1997. Leo literalmente: Primero, aprobar un programa de actuación
plurianual que será revisado cada año, conocido y debatido por el
Parlamento. ¿Alguién lo ha visto? El señor Costa nos dijo el otro día
que ya se presentaría en marzo de 1999. ¿Mientras tanto qué? El otro
día se ha aprobado una moción en la que se acordó que el mes que
viene. Esto no se ha presentado. Segundo, el establecimiento de
mejoras de funcionamiento y tercero, medidas de seguridad. Cuarto, se
remitirá esta información anualmente para que pueda ser conocida y
debatida ¿Alguien de ustedes lo ha visto? ¿Alguien lo conoce? Quinto,
definir la carrera profesional y administrativa del personal de la
Agencia de manera más efectiva ¿Alguien lo ha visto? Señor Rato, ni
una. Además está el epílogo. Dice el señor Rato: Espero que este plan
pueda ser no sólo puesto en práctica, sino conocido por el Parlamento
durante los próximos meses, antes de final de año. De momento llevan
ustedes un año de retraso y lo que dijo usted que se debía hacer no
lo ha hecho, luego incumplió lo que dijo.
En segundo lugar, ¿qué aprobó el Pleno a propuesta de la Comisión de
investigación? La presentación del plan de objetivos, aumentar el
control de seguridad del Parlamento, que el Tribunal de Cuentas pueda
fiscalizar y la unidad de criterios ante conductas defraudatorias.
Sólo hay que ver si el Banco de Santander está ahí. De todo esto,
absolutamente nada.
Señor Rato, usted ha incumplido los cinco elementos que dijo, el
mandato del Pleno y ha transcurrido un año. Además, no sólo no se ha
hecho lo que fue unánime en la Comisión de investigación y en el
Pleno, había otra cuestión en la que estábamos de acuerdo, había que
aumentar la información, la transparencia y el control parlamentario.
Pues bien, podemos decir que ha retrocedido, porque si la que
teníamos o la que tenían las señoras y señores diputados en la
anterior legislatura no era suficiente, ahora se ha retrocedido.
Ustedes han burlado el acuerdo político por unanimidad, por consenso
del 27 de junio de 1997. Esto sólo es posible porque ustedes no
tienen voluntad de luchar contra el fraude fiscal.
Quiero hablar del tema de las cesiones de crédito del Banco de
Santander y sólo destacar tres o cuatro cuestiones relevantes, ya que
el señor Eguiagaray ha explicado el proceso con detenimiento.
Primero, que de los más de 400.000 millones de pesetas de dinero
opaco captados por el Banco de Santander, en más de 100.000 se dieron
identidades falsas. Segundo, que una parte de la información se tuvo
que conseguir porque la justicia registró el Banco, ya que no
facilitaba la información. Este proceso judicial se ha acelerado en
1998 con el informe de robótica, con la dimisión de Cartagena, con la
declaración de la comisión ejecutiva del Banco de Santander y
precisamente cuando todo esto se acelera desde marzo hasta junio, se
está dando un paso importantísimo en la investigación y cuando los
peritos judiciales han de presentar a final de julio el informe
judicial, quince días antes para no esperar dicho informe que
demuestra la colaboración de los responsables del Banco de Santander
en falsedad de documentos, para impedir esto, de forma vergonzosa
y escandalosa, el fiscal del Estado y el Gobierno defienden los
intereses del Banco del Santander y no a la Hacienda pública.
Aquí le voy a leer también dos párrafos suyos que pronunció el mismo
día 4 de junio de 1997 y le voy a pedir que se conteste a usted, al
ministro de Economía, y no a mí. Hablábamos de que el Gobierno
anterior había desistido en determinados procedimientos y el señor
Rato dijo -leo literalmente-: Por tanto, la obligación del Gobierno
tal y como la entendemos, es la de utilizar todos los instrumentos a
nuestro alcance para defender los derechos económicos de la Hacienda
pública y me parece que seguramente coincidiremos todos en que es una
obligación básica de los responsables de la Hacienda pública.
Señor Rato, ¿usted ha utilizado todos los instrumentos? ¿Seguimos
coincidiendo todos en esto? A mí me parece que no, aunque usted fue
más allá. Hablando de las primas únicas, yo le hice una pregunta:
Cuarta pregunta, ¿qué opinión tiene del desistimiento de las primas
únicas? El señor Rato contestó lo siguiente -leo también
literalmente-: El desistimiento que realizó la Administración
anterior respecto a un determinado expediente de primas únicas se
hizo bajo la responsabilidad de la Administración anterior y yo no lo
comparto. Si la pregunta es qué valoración hago desde el punto de
vista jurídico, los anteriores responsables tendrán que ser los que
respondan y desde el punto de vista político, nosotros no hemos
tomado esta decisión ni la vamos a tomar. Es más, en otras cuestiones
que afectan al objeto de esta Comisión estamos llevando a cabo una
actuación distinta. Eso no tiene nada que ver con lo que han dicho,
sino que es absolutamente todo lo contrario.
De este debate me interesa resaltar una cuestión que le pido: nadie
cree, señor Rato, que en una decisión de estas características el
Gobierno no estuviera informado y no hubiera decidido pedir el
sobreseimiento. Esto no se lo cree nadie y me consta además que
miembros del Gobierno pidieron, en ese período de febrero a junio,
informes en relación a este tema. Es decir, es absolutamente
inverosímil pensar que el Gobierno no toma una
decisión política en este tema. La pregunta es: ¿por qué han hecho
esto?
Ustedes han utilizado hasta ahora dos tipos de argumentos, aunque
usted ha introducido otro de forma sutil que supongo se guarda para
la réplica, pero yo se la diré también. Han introducido dos
argumentos, el señor Costa, la ministra de Justicia y usted hoy: es
una cuestión técnica, jurídica, de 1996, no es política. Esto es
falso: esto es tremendamente político. El señor Costa y usted han
dicho que no hay ningún informe de la Agencia Tributaria que diga a
los servicios jurídicos que hay que archivar. Esto es una
irresponsabilidad. Usted ha de decir cómo la va a pedir porque obliga
el artículo 7 de la Ley de asistencia jurídica de 1997 -una ley del
año 1997, no de 1940- que dice que sin perjuicio de lo dispuesto en
leyes especiales, para que el abogado del Estado pueda válidamente
desistir de acciones, recursos, etcétera, precisará autorización
expresa de la dirección del Servicio Jurídico del Estado, que deberá
en todo caso recabar informe del departamento afectado, era el de la
Agencia. Si quieren también puedo leer cómo el señor Costa relata en
otro caso cuál es el procedimiento.
Ustedes dicen que no se ha pedido informe, pues el director del
servicio jurídico del Estado ha cometido una irresponsabilidad
grandísima. ¿Qué piensan hacer? ¿Es creíble, señor Rato, que ustedes,
ante el hipotético mayor caso de fraude fiscal, no lo tengan en la
cabeza? Esto no me cabe a mí en la cabeza. Lo lógico es que usted,
cuando llegó al Ministerio de Economía, pidiera información sobre los
asuntos más importantes en las diversas áreas. Estoy seguro que usted
lo ha hecho del secretario de Estado de Hacienda. Y en el tema de
fraude fiscal lo más importante era esto. Ahí se tiene que posicionar
no sólo el ministro, sino el Gobierno. Pues bien, el abogado del
Estado pide el archivo con argumentos pueriles y dice que no se
pueden pedir responsabilidades a los directivos del Banco. Les voy a
leer lo que dice: Lo dicho hasta aquí gana especial intensidad en
cuanto a lo que pueda afectar a los miembros del consejo de
administración o de la comisión ejecutiva del Banco de Santander, los
cuales -y esto es buenísimo- a todas luces no mantuvieron contacto
alguno con los clientes del Banco que los formalizaron. Que el
argumento que se dé en el informe en el que el abogado del Estado
pide que no se juzgue a la comisión ejecutiva sea que los miembros de
la comisión ejecutiva no han tenido contacto personal con los
clientes, para mí es un argumento de Groucho Marx. ¿Cómo se puede
poner esto? Dice otra cosa más grave que es mentira: Debe señalarse
que, ante los requerimientos de información formulados por la Agencia
Estatal Tributaria, el Banco de Santander puso a disposición de los
agentes de aquélla toda la información de la que disponían
proporcionada por las sucursales. Sólo hay que irse a la prensa para
saber que se produjo un registro, ordenado por el juez Moreiras,
porque después de dos años el Banco no daba la información. Éste es
el argumento del Gobierno. Argumento que ha sido absolutamente
vapuleado con acusaciones durísimas de la propia juez. Ésta hace un
auto en el que, a pesar del argumento del fiscal y del abogado del
Estado, deja abierta, con un varapalo sin precedentes,
la postura del abogado del Gobierno y dice que se muestra sorprendida
de que aquellos que han de defender los intereses públicos en
definitiva no lo hagan.
Por tanto, señor ministro, no es creíble que esto sea un problema
jurídico. El señor Costa, la ministra de Justicia y usted dicen que
es jurídico. Usted hoy, en cinco o seis palabras, ha introducido un
elemento que, hasta ahora, ha pasado desapercibido. Ha dicho que esta
decisión se tomó por los órganos competentes el 25 de abril de 1996.
No sé si es críptico lo que usted dice, pero posiblemente usted se
está refiriendo a una carta de la anterior secretaría de Estado de
Justicia en la que daba una determinada opinión sobre eso.
La tercera táctica, que tampoco les ha servido, es la de decir:
nosotros no sabemos nada de esto. Esto fue el Gobierno socialista.
Pues bien, el Grupo Socialista ya dirá qué interpretación hace de esa
carta. Pero, señor Rato, incluso cuando usted se guarda para la
réplica leer la cartita del 25 de enero de 1996 y dice sutilmente que
éste es el argumento del fiscal del Estado y del abogado del Estado
de 1996, cabe preguntar: ¿De 1996 aquí, han pasado cosas o no, señor
Rato? ¿Ha avanzado la investigación? ¿Qué ha hecho con esto la juez
Teresa Palacios? ¿Se ha llevado los papeles a jugar al tenis? ¿Ha
avanzado o no la investigación? Resulta que la investigación de enero
a junio de 1998 avanza en el sentido de demostrar los testaferros, de
demostrar en los informes periciales que están aún pendientes, porque
el señor Fungairiño y el señor Cardenal lo que hacen es defender los
intereses públicos, que en los cien mil millones de pesetas el Banco
de Santander participó activamente en las identidades falsas y puso a
muertos, parados y deslocalizados. Esos informes periciales son los
que se intentó que no se vieran, pidiendo el archivo y los que ahora
desde la Fiscalía se intentan parar. ¿Cómo es posible entonces que el
abogado del Estado para pedir el sobreseimiento no tenga en cuenta
los dos años de investigación y de trabajo? ¿Por qué no los
considera? No considera nada. Se remite a 1996 como si el tiempo no
hubiera pasado.
Ustedes, insisto, deben dar una explicación política de por qué han
hecho esto, cambiando los criterios que usted dijo el 4 de junio de
1997, pidiendo el sobreseimiento con argumentos pueriles y de Groucho
Marx o haciendo ver que el tiempo no pasa, que estamos en abril de
1996. Pues bien, el tiempo ha pasado, éste es un argumento pueril y
usted dijo otras cosas.
Le quiero pedir otra cosa además de denunciar esto y es que cambien
de posición. Le pido formalmente, y lo pediré en la moción, que el
Gobierno cambie de posición y defienda, como usted decía, por todos
los medios, los intereses de la Hacienda pública, no sólo los del
Banco de Santander por legítimos que sean. Por tanto, ustedes tienen
la obligación de seguir pidiendo que quede abierto el caso.
Termino, señor presidente, porque me estoy alargando mucho, con tres
consideraciones pequeñas. La razón de fondo para nosotros es que para
ustedes la lucha contra el fraude no es prioritaria. Ante esto, lo
que están haciendo -no tengo tiempo, lo podremos discutir esta
tarde-, es buscar falsas soluciones. La niegan, intentan ganar tiempo
hasta septiembre del año que viene con la
enmienda que han introducido en el Senado -de hecho estaremos
salvando la legislatura-; buscan cabezas de turco. No tengo elementos
para saber si el director de la Agencia ha tenido que dimitir, pero
desde el punto de vista político, el secretario de Estado de Hacienda
ha tenido que dimitir. Simplemente viendo lo que pasó el 6 de octubre
aquí o él dimite o alguien le cesa. Mientras tanto ustedes lo niegan,
Señor Rato, como antes han dicho dos portavoces, el funcionamiento de
la Agencia es absolutamente extraordinario. Como ministro tiene la
máxima responsabilidad política de lo que ha pasado, pero se ha
mantenido al margen como se mantuvo en el tema de los 200.000
millones. No se mantenga al margen. Le vamos a aceptar que tiene
desconocimiento de algunas cosas; yo creo que de muchas. Actúe
asumiendo que hay una parte que todo el mundo sabe que no funciona
bien y hay que decirlo. Pida responsabilidades y haga simplemente lo
que usted dijo hace año y medio que haría. No le pedimos que haga lo
nuestro, sino lo que usted dijo que haría. Hágalo inmediatamente y
tendrá nuestro soporte.
El señor VICEPRESIDENTE: Para concluir la intervención del Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: De las palabras del señor Rato en
relación con la crisis económica internacional parece derivarse que
estamos sólo ante un problema de cirugía estética y no ante un
problema mucho más profundo. Porque a pesar de sus alusiones a la
crisis, sólo lo hizo en la medida en que afectaba a problemáticas de
carácter macroeconómico y a consecuencias que nada tienen que ver con
la vida social o la vida económica, tal como la padece la inmensa
mayoría de la población.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, nos gustaría
preguntarle al señor Rato si no cree que en la actual situación
internacional se está produciendo una gravísima crisis deflacionaria
que se manifiesta en las partes del mundo que son más sensibles y más
débiles, ya que se trata de economías que están claramente
determinadas, dominadas y son dependientes en relación con algunas
del centro. Por ejemplo, el sudeste asiático, por ejemplo Rusia o por
ejemplo Latinoamérica. Es curioso que ya no hablemos de África, que
parece no colocarse nunca en predicación porque no es nadie, como se
hace normalmente en todos los foros burgueses perfectamente
jerarquizados, olvidando que ese no ser nadie fue un producto de los
20 últimos años y de un modelo económico gravísimo que en los últimos
tiempos se conoció como un modelo económico monetarista, que está
llevando a la pobreza y a la injusticia a amplios sectores sociales
hoy por hoy mayoritariamente territorializados en estos continentes a
los que antes aludí. En todo caso, señor Rato, ¿no piensa que se está
produciendo una oferta muy creciente, para la que no hay capacidad de
absorción por parte de países cuya demanda no tiene esa capacidad?
¿No cree que hay un gravísimo problema de flujos monetarios o de
oferta monetaria, sobre todo en dólares, que no se corresponde con
nada real detrás? Así
nunca se podrá dar por entendido, por una mente no especializada,
quién controla toda la masa monetaria de dólares, quién controla las
emisiones y qué cantidad de esta masa monetaria existe en el mundo.
Es paradójico que en un momento en que la humanidad presume de tanto
rigor técnico, de tanto formalismo, en este aspecto es un auténtico
caos, estamos por asegurarlo.
En todo caso, el haber optado por la libre circulación de capitales,
sin ningún tipo de cortapisas, y la libre circulación de mercancías,
sin atender a una armonización productiva de las diversas partes del
planeta, es lo que están conduciendo a esta situación. Es más, es
grave que no pueda haber modelos de desarrollo endógeno en muchos
países de estos continentes, lo que explicaría también la actual
situación de zozobra en que se encuentran muchas opiniones públicas
en Latinoamérica, en África o en Asia.
Estamos por asegurar que el hecho de que en Venezuela ocurra un
fenómeno político como el que acaba de darse tiene mucho que ver con
la perplejidad de una opinión pública que sabe lo importante que
sería tener un proyecto nacional de desarrollo y solamente tiene como
opción política a alguien que, más o menos demagógicamente,
representa de una forma larvada esa aspiración.
En el caso del Magreb, que tanto parece preocupar, del norte de
África, nos preguntamos si va a ser posible que la economía española
salga continuamente indemne de un régimen de terror como el de
Argelia, posibilitando el desarrollo energético del Estado a partir
de esta situación de control, a todas luces inadmisible desde el
punto de vista de los intereses del conjunto de la humanidad y del
pueblo argelino en particular.
Hay datos elocuentes a los que ha hicieron alusión muchas revistas
especializadas. No se puede separar esta crisis de un hecho objetivo
contundente, y lo diré yo a pesar de mi nacionalismo exacerbado:
1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a los
consumos básicos. 2.000 millones padecen anemia. Son datos muy
elocuentes. En estos Estados tan grandilocuentes y tan centrales, a
los que se asimila el Estado español, hay 100 millones de pobres de
solemnidad y 200 millones de personas que no van a cumplir los 60
años. No estoy hablando de África, ni de América latina, ni del
sudeste asiático.
Parece que el mundo ha progresado en los últimos veinticuatro o
veinticinco últimos años, pero prácticamente el 20 por 100 de la
población mundial ha quedado al margen de este progreso. Hay 4.400
millones de personas en países en vías de desarrollo, en esos
continentes tan gravemente afectados en los que las tres quintas
partes de población carecen de condiciones sanitarias. Está también
el continente olvidado, no mentado, que hoy tiene menos capacidad de
consumo que hace veinticinco años; nada menos que hace veinticinco
años.
Estamos ante una pésima distribución de la riqueza y ante un control
de esta riqueza por una inmensa minoría de la población. Esta pobreza
aumenta también en los Estados centrales; hoy todos los informes
indican que en los países de la OCDE habría que situar el nivel de
pobreza entre el 7 y 17 por 100 de la población.
En todo caso, señor Rato, usted en su intervención ha situado el
consumo interno como principal activo económico en el Estado español.
Si hubiera una situación internacional favorable a todos, tendrían
que producirse una situación similar en los países de África y de
América Latina. No acabo de entender muy bien que un Estado
paracentral, o de transición entre los hegemónicos y los
subsidiarios, base su desarrollo en el consumo interno y que no tenga
que ser así forzosamente en toda América Latina, en toda África y en
gran parte de Asia.
Si esto no tiene que ser así también en relación con que todos los
Estados tienen que mantener una base agraria propia, una cierta
economía productiva y un control del flujo de capitales que no vaya
conducido solamente a maniobras de carácter especulativo. Aquí quiero
hacer un inciso. Hay veces que los partidos políticos estamos en
situaciones bastante contradictorias; usted recordará que cuando
presentó en el Pleno del Congreso el crédito del Estado español para
Latinoamérica a través del Fondo Monetario Internacional muchas
fuerzas políticas no nos atrevimos a votar que no porque francamente
no éramos capaces de distinguir cuánto de esto iba a repercutir en un
mayor beneficio de la población de esos países y cuánto era destinado
exclusivamente a cubrir déficit privados con dinero público.
Desafortunadamente, siempre es la segunda opción y no la primera;
esto es grave porque además, curiosamente -y aquí tendría que poner
usted un poco de atención- todos esos Estados de América Latina, en
concreto Brasil, entran en esa crisis económica brutal después de
desmantelar gran parte de la economía pública. ¿No tienen ustedes
miedo de que aquí pueda llegar un momento en que nos encontremos con
que los flujos de capital externo sean prácticamente muy limitados,
con que el turismo se pueda reducir y que no tengamos capacidad para
hacer frente a una situación económica mínimamente equilibrada desde
el punto de vista del consumo interno al no tener el Estado
instrumentos importantes, como podrían ser empresas públicas, alguna
parte de la banca nacionalizada y vernos exclusivamente al pairo o al
capricho de lo que manden los dictados de los organismos
internacionales? Ala vista está que por este modelo Rusia no va a
levantar cabeza y por supuesto Latinoamérica es difícil que la
levante.
En este sentido, pensamos que la crisis no ha hecho más que empezar,
que posiblemente tenga momentos cíclicos más graves que otros y que
se debe -y ya acabo-, en definitiva, a tres coordenadas: la primera,
a que está habiendo una separación entre economía productiva
o economía real, tal como habla la gente, y masa monetaria; la segunda,
que hay una separación entre economía política, precisamente en
contra de la mayoría social y que, sin embargo, hay una mezcla
terrible de economía y política al servicio de las clases sociales
que no se caracterizan por ser amistosos, que son ciegas y que
solamente ven la globalización en función de los intereses económicos
abstractos; la tercera, un problema grave, y es que por primera vez
en la historia de la humanidad no existe -por incapacidad política y
porque lleva a un enfrentamiento muy grande con los países
hegemónicos- ningún modelo de desarrollo endógeno en América Latina,
en África y en Asia y sin embargo hay una
brutal globalización económica de la cual solamente se puede
defender, de aquella manera, China, que curiosamente es a la que
ahora buscan todos como gran posibilidad para levantar cabeza.
Por último, una solicitud. Si la Agencia Tributaria pone ese
teléfono, en el caso de que se esté dispuesto a compartirlo, aunque
sea subsidiaria y jerarquizadamente desde el punto de vista inferior,
con otras lenguas que no sean el español, que cuenten con que el
gallego también existe.
El señor VICEPRESIDENTE: Para concluir el turno de fijación de
posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor vicepresidente y
ministro de Economía por su intervención de esta mañana aquí
abordando aproximadamente cinco asuntos de diferente naturaleza.
Tengo que hacer una primera consideración y es que estoy de acuerdo
con aquellos que han manifestado algún tipo de dificultad en la
tramitación de una comparecencia de estas características; Debo
reconocer que no fue mi grupo quien propuso este tipo de
comparecencia, pero, en cualquier caso, aceptamos que de esta manera
acumulada y tan abultada se haya brindado el vicepresidente para
hacer lo que en la práctica es una macrocomparecencia.
Debo reconocer también que suelen ser reiteradas las críticas sobre
la frecuencia de su presencia ante esta Comisión y parece que falta
algún grado de memoria respecto a cuáles han sido las frecuencias de
anteriores ministros de Economía. Procederemos, por lo tanto, a
refrescar la misma con el correspondiente documento para que se
compruebe que no hay una gran diferencia. En todo caso, la diferencia
siempre goza a favor de las comparecencias del vicepresidente Rato
ante esta Comisión de Economía en relación con anteriores ministros
del ramo.
Tengo que sumarme a aquellos portavoces que se han manifestado
positivamente sobre la situación económica en España y no tengo que
sumarme desde la verbalización de los asuntos que en este momento
caminan por una buena senda de corrección o una buena senda de datos
favorables. Tengo simplemente que recordar a SS.SS. que sería muy
prudente que se leyeran el último informe del Banco de España en el
que desde la autoridad monetaria se va confirmando paso por paso,
variable a variable, el buen momento por el que atraviesa la economía
española y los buenos réditos o los beneficios más directos que ha
obtenido la economía española por su pertenencia a la zona euro. La
lectura de ese informe nos salva a cualquier portavoz de cualquier
grupo parlamentario que sustenta al Gobierno de hacer ninguna
alabanza y ningún reconocimiento sobre el buen momento por el que la
economía española atraviesa.
Si retomamos algunas páginas también del «Diario de Sesiones», bien
de Pleno o bien de Comisión (porque confirmo, y estoy de acuerdo con
el señor vicepresidente, que han sido muchas y variadas ocasiones en
las que se ha informado sobre los efectos de la crisis financiera
internacional, sobre la economía española y sobre las características
de esta crisis), podremos observar cómo por aquel entonces -el mes de
septiembre- hubo voces alarmistas, con anticipos absolutamente
perversos sobre la economía española, casi rozando la descripción no
diría que apocalíptica pero sí convenientemente catastrofista, en el
sentido de que los efectos iban a ser demoledores, añadiendo que el
Gobierno español estaba absolutamente impávido, sordo y de alguna
manera ciego con lo que se le venía encima.
También se reaccionó con moderación. Se reconocieron las
características de aquella crisis financiera en su componente
meramente financiero, en su componente meramente político o en su
componente meramente de confianza internacional, y se ubicaron
clarísimamente los focos de aquella crisis financiera en las áreas
del sudeste asiático, en las áreas rusa e iberoamericana. Se actuó
apostando por que desde las instituciones internacionales se apoyaran
reacciones que pudieran de alguna manera controlar y reconducir los
efectos que se estaban produciendo en los meses de agosto y de
septiembre. Parece que algo ha debido de funcionar cuando aquellas
actuaciones de alguna manera han conducido a que lo que eran
turbulencias en los meses de agosto y septiembre hayan dado paso a la
calma que en este momento parece reinar y que, además, ha hecho
posible que esa calma haya derivado en la recuperación de algunos
mercados de renta variable que habían registrado las mayores pérdidas
y también se hayan recuperado, por lo tanto, los equilibrios
bursátiles que en aquel momento se encontraban zarandeados en España.
El Gobierno español reconoció públicamente que los efectos de esta
crisis iban a afectar de manera muy especial a la balanza por cuenta
corriente, al servicio exterior, en definitiva, al comercio de
exportación español. De hecho hoy hemos podido asistir a un relato
pormenorizado de cuáles son esos efectos sobre la balanza por cuenta
corriente. Por lo tanto, considero, señor vicepresidente, que desde
el Gobierno se dio una buena respuesta, que se contribuyó desde el
Gobierno a liberar actuaciones internacionales que se han manifestado
claramente positivas para contener y reconducir los desequilibrios
que se habían producido y creo que prudentemente podemos estar hoy
esperanzados respecto a la crisis financiera; como se ha dicho aquí,
esperar y ver. Veo que se ha cambiado ya el tono y que, por algún
momento, se tiene algún tipo de prudencia a la hora de anticipar
cuáles pueden ser estos efectos.
La comparecencia del señor vicepresidente ha sido también motivo de
reflexiones e informaciones sobre el momento en el que se encuentra
la armonización fiscal en los foros europeos. Quiero decirle que el
Grupo Popular ve con auténtica simpatía cómo se está avanzando en
todo lo relativo a las medidas que contiene el paquete Monti. También
coincidimos con la expresión formulada por usted cuando ha hecho
referencia a cuál es la posición del Gobierno español respecto a las
medidas que se están valorando en relación con la fiscalidad del
medio ambiente. Le animamos a que siga defendiendo el desarrollo, los
avances de este paquete Monti, de armonización fiscal, y a que siga
oponiendo argumentos frente al
intento de una puesta en marcha de fiscalidad para el medio ambiente
que en este momento es claramente perjudicial para el cuadro
tributario español.
Es cierto que ha habido también algún tipo de referencias sobre la
Agencia Tributaria y las cesiones de crédito. En lo relativo a la
Agencia Tributaria, veo con satisfacción que se ha avanzado bastante
en todo lo que se refiere a las áreas de gestión, así como que existe
una voluntad clara de lucha contra el fraude; si no vayamos a las
cifras que hemos escuchado esta mañana y, por qué no, a intentar
terminar el ejercicio de 1998 y conocer las cifras con las que se
cierra el balance bianual de la lucha contra el fraude. Así podremos
comprobar cómo esas cifras son infinitamente superiores,
comparativamente hablando, con las que se registraron en años
anteriores. Esa comparación es en sí misma la manifestación de estar
ante una voluntad positiva y decidida para luchar contra el fraude. Y
ahí están también las mejoras de trato que se están realizando entre
la Administración tributaria y el contribuyente; ahí están, por qué
no decirlo, los saneamientos de los presupuestos futuros. Tengo aquí
que retomar alguna afirmación del señor vicepresidente respecto
a este saneamiento, a la par que me gustaría conocer la respuesta a
tres preguntas concretas en relación con el saneamiento de
presupuestos futuros. ¿Cuál es su opinión en este momento sobre la
evolución de la deuda? ¿Cuál es su opinión en relación con la
corrección de los desequilibrios presupuestarios en España? ¿Y cuál
es su opinión sobre los avances que se están logrando en el plan de
estabilidad que tenemos suscrito con la unión económica y monetaria?
Creo que es importante que estas preguntas queden contestadas
respecto a cuál va a ser el equilibrio presupuestario de futuros
ejercicios. También considero que es de resaltar la buena asistencia
que se está teniendo en todas las campañas de renta y el dato más que
sobresaliente sobre la agilización de las devoluciones que se han
producido.
Lamento que algunas voces pretendan descalificar las cifras con la
mención sobre la circulación de anónimos o de chismes en no sé qué
tribunas de no sé qué partido y de no sé qué estadio futbolístico, o
con la poca fundamentada exposición respecto a que todo el malestar
se debe a que fulanito me ha dicho que sobre menganito han dicho. Me
parece poco propio de don Juan Manuel Eguiagaray, al que respeto en
gran medida como parlamentario, que se acoja a este tipo de
chascarrillos para desacreditar algunas cifras, cuando no he
escuchado decir nada fundamentado que pueda ponerlas en cuestión. En
fin, cada uno tendrá la estrategia parlamentaria que considere
oportuna en cada momento.
Por último, señor vicepresidente, quiero significar que por parte de
algún portavoz se ha hecho la pregunta que yo querría formularle
relativa a las cesiones de crédito. Tengo que señalar que, desde el
punto de vista judicial, no tienen nada que ver, en lo que al
expediente se refiere, con las primas únicas. Digo esto porque
alguien ha querido mezclar ambos conceptos que creo que no son
mezclables. Cuando usted se ha referido a un escrito de la Secretaría
de Estado de Justicia, del 25 de abril de 1996, supongo que bajo
mandato socialista, qué quería decirnos, ¿qué en ese momento ya se
anticipaba un criterio
jurídico y que el Gobierno actual está dando continuidad? Porque
parece que alguien quiere argumentar que toda la actuación frente a
las cesiones de crédito es porque el Gobierno ha cambiado de
criterio. Más bien parece, con la argumentación que usted nos apunta,
que aquí no ha habido un cambio de criterio sino una continuidad de
criterio. Debo significar que mi grupo, entendiendo que no ha habido
ningún cambio de criterio en materia de cesiones de crédito, tiene
que hacer aquí público y subrayar que, abiertas las actuaciones
judiciales que estén abiertas, al igual que el Gobierno, ha sido y
será siempre respetuoso con la evolución de esas actuaciones y con
las conclusiones que se alcancen en las mismas.
Sin más, porque considero que las abultadas cuestiones que se han
planteado a la intervención del señor vicepresidente bien merecen una
rápida contestación, le agradezco nuevamente toda su información en
los diferentes aspectos que han configurado hoy la comparecencia y
quedo en reserva de no hacer ningún comentario al respecto del sector
azucarero y de las fusiones por cuanto me gustaría escuchar las
intervenciones de otros compañeros de esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor
vicepresidente, se suspende la sesión durante dos minutos. (Pausa.)
Tiene la palabra el señor ministro de Economía y Hacienda.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señorías, por sus
intervenciones -desde luego por el tono de las mismas-, a las que
trataré de contestar en los plazos que ha marcado la Presidencia.
Quisiera insistir en un debate que se produce procedimentalmente
y que es recurrente en todas mis comparecencias, y es que yo comparezco
aproximadamente una vez al trimestre. Creo que es una intensidad
suficiente - no tengo por qué compararla con otras porque no es
cuestión de comparar-, habida cuenta que, además de las mías, se
producen cuatrimestralmente las de todos los secretarios de Estado y
que, por ejemplo, respecto a la cuestión de la crisis internacional,
SS.SS. han tenido información en septiembre, en octubre, en el Pleno
y en la Comisión.
En lo que respecta a la crisis internacional -y empiezo por el
principio-, probablemente el debate que hoy hemos podido tener (que,
por cierto, no se ha producido, si exceptuamos las afirmaciones y
posiciones del señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego) lo
han obviado SS.SS. porque han llegado a la conclusión de que las
posiciones que se mantenían en septiembre no eran sostenibles por
algunas de las personas que las defendían. Y hemos pasado a la
estrategia de esperar y ver, que es una buena estrategia en una
crisis de estas características y que yo creo que va a permitir que
SS.SS. conozcan en detalle, a través del Gobierno, la evolución del
comercio mundial. Y como nos afecta, hoy les hedado los últimos datos
que tiene el Gobierno para poder
seguir sacando conclusiones sobre la evolución de esta crisis.
El señor Eguiagaray ha afirmado que la crisis no es ninguna novedad,
y, efectivamente, llevamos con ella desde septiembre. El Gobierno ha
planteado una estrategia frente a ella en la política presupuestaria,
que hemos tenido ocasión de debatir en el Pleno de los presupuestos
y en los sucesivos debates. Creo que, efectivamente, la crisis está
llegando a nuestro país por el camino por el que advertimos que iba a
llegar desde un principio, que es el del comercio mundial. A partir
de ahí, seguramente algunas de las decisiones que se han tomado, como
he puesto de manifiesto en mi primera intervención, con respecto a
los organismos internacionales y a la financiación de las economías
emergentes, han mejorado el ambiente de confianza. Aunque nos
encontramos todavía ante muchísimas incógnitas, el Gobierno sigue
pensando que la evolución de la economía japonesa es capital para la
finalización de la crisis. Será también un elemento muy importante
para la evolución de otras economías afectadas en le sudeste
asiático.
Con respecto a la situación en Iberoamérica, no ha habido demasiadas
intervenciones. Creo que el acuerdo con Brasil ha despejado
momentáneamente la falta de credibilidad de algunas economías
emergentes. Es cierto, como no podía ser de otra manera, que el
acuerdo con Brasil es complejo y va a exigir del Gobierno brasileño,
de las autoridades brasileñas, del Parlamento brasileño y del pueblo
brasileño esfuerzos muy importantes. Es cierto también que los
recursos que la comunidad internacional ha puesto a disposición de
Brasil son muy considerables -estamos hablando de una cifra de 42.000
millones de dólares-, y creo que además es una decisión con la que
estamos tratando de evitar consecuencias sociales catastróficas no
sólo para Brasil, sino también para el conjunto del área. Es decir,
si la comunidad internacional no hubiera reaccionado como lo ha hecho
el Fondo Monetario Internacional, estaríamos asistiendo a una
situación muy grave en la financiación del resto de las economías
emergentes. Creo que hay que reconocer que las instituciones
internacionales están funcionando. Pero también es muy probable, y
seguramente esta Comisión es el órgano adecuado para hacerlo. Debemos
reflexionar todos y debatir sobre la nueva arquitectura financiera
internacional y el papel que España debe y puede jugar en esa
financiación.
Señor Eguiagaray, por seguir el orden en el que usted lo ha
planteado, voy a pasar al tema de la Agencia Tributaria. En primer
lugar, S.S. ha hecho referencia al famoso asunto de los 200.000
millones. Solamente le diré tres cosas que ya le vengo diciendo desde
enero de 1997. Una, nosotros no fuimos informados por el Gobierno
anterior. Dos, se han perdido los 200.000 millones y los tribunales
lo iban a ratificar, cosa que S.S. negó y ha sucedido, por desgracia.
Tres ya no pasa lo que en aquel momento sucedía: no hay retrasos
injustificados que vulneren los derechos de la Agencia Tributaria ni
de la Hacienda pública. En ese sentido, algunos de los datos que S.S.
y otros utilizan y les llevan a conclusiones sobre la deuda liquidada
en los años 1996 y 1997 y su comparación con 1998 tienen una clara
explicación, y es que en
1996 y 1997 nosotros hemos liquidado toda la deuda que el equipo
anterior no liquidó. En este sentido los datos son elocuentes.
Lo que pasa es que en este tema de la Agencia Tributaria permítanme
SS.SS. que les diga que hay dos debates. Yo no eludo ninguno de los
dos, pero son distintos. Hay el debate de las cifras y del modelo de
Agencia; y después hay el debate político. Hay claramente un debate
sobre la evolución de la Agencia después del estatuto del
contribuyente, después de las experiencia anteriores y en unas
demandas sociales de mayor eficiencia de la Agencia desde el punto de
vista del trato con el contribuyente, desde el punto de vista del
servicio al contribuyente, desde el punto de vista de la defensa de
los derechos de la Hacienda pública. Y después hay un debate
político, no nos vayamos a equivocar. Hay el debate de aquellos que
han perdido el debate fiscal desde el punto de vista de las reformas
tributarias; que han perdido el debate del estatuto del contribuyente
y que ahora tratan de hacer un debate, y para hacerlo lo primero que
dicen es que no creen ninguno de los datos oficiales que se les dan.
Apartir de ahí, entramos en un debate sui géneris, porque si los
datos oficiales no son creíbles, no son aceptados, como tampoco los
datos que tienen a su disposición en Internet. (El señor Saura
Laporta: ¿Cuáles creemos?) Señor Saura, puede usted comprobar los que
están hoy. Parece que las comparecencias cuatrimestrales del
secretario de Estado y las preguntas escritas no son creíbles porque
no cuadran en el análisis político, y es imprescindible erosionar al
Gobierno en la Agencia Tributaria como consecuencia de que no se
puede hacer en la política tributaria. Esa es una estrategia
parlamentaria tan clara que hace falta ser realmente párvulo en esta
casa para no darse perfectamente cuenta de ella. Creo que no hay que
molestarse porque sea esa la estrategia. Pero no hay que molestarse
ni por los que la sufrimos ni por los que la realizan. Los que la
realizan tienen que saber que nosotros nos damos perfecta cuenta de
cuál es la estrategia. Y la estrategia es negarlo todo para plantear
un caos que no existe. Porque vamos a ver, ¿cómo juzgaríamos a la
Agencia Tributaria de otro país? En mi opinión, por ejemplo, la
juzgaríamos por cuatro principios; pero podemos poner más,
seguramente SS.SS podrían llevarnos a más: el servicio al ciudadano,
es decir, cómo están de satisfechos los ciudadanos con el servicio
público: ¿están satisfechos o están insatisfechos? Aquí, al parecer,
hay cuatro cinco ciudadanos que están muy insatisfechos, pero cuando
hacemos una operación agregada del conjunto de los ciudadanos
españoles, ¿cómo están?, ¿satisfechos o insatisfechos? ¿Están más
satisfechos ahora o estaban más satisfechos antes? Segundo, ¿cómo
atendemos los intereses económicos de los ciudadanos en el proceso de
devoluciones en un sistema tributaria que va a cambiar a partir de
1999, pero que hasta ahora no había cambiado y en el cual de 15
millones de declaraciones había 10 millones de personas a las que la
Agencia Tributaria les retenía injustamente? Ése es el mundo del que
venimos. ¿Cómo tratamos a esas personas? Injustamente, como es
natural, no en términos jurídicos, sino en términos económicos.
Tercero, ¿cuáles son las atenciones? ¿Estamos mejorando el servicio
de atenciones al cliente,
al contribuyente, en la ayuda a cómo presta las declaraciones, en las
garantías que tiene de los datos con que opera la Agencia, en los
servicios nuevos que se ponen a su alcance a través de nuevos medios
como puede ser Internet? Ése sería, en mi opinión, un gran apartado.
¿Estamos dando un servicio público de mejor calidad? Incluso si
ustedes quieren no discutiendo si el anterior era de mala calidad,
sino si lo estamos mejorando, como me parece es la pretensión de
todos los ciudadanos, que los servicios públicos mejoren, y a eso sí
voy a contestar.
En segundo lugar, cómo va la recaudación. Si estamos teniendo un gran
fracaso de recaudación, la elasticidad de los impuestos es
importante. ¿El que crezcan los impuestos muy por encima del consumo
y de la evolución del empleo no es una muestra de lucha contra el
fraude? ¿O es que eso se quiere ignorar? Eso no tiene ninguna
importancia para alguno de los argumentos que se me han dado, y lo
único que sí tiene importancia es hacer afirmaciones rotundas basadas
en documentos que no se conocen, afirmaciones de personas que no son
representantes, ignorándose cuál es el funcionamiento interno de la
Agencia, al cual luego me referiré.
El tercer tema es el debate sobre el fraude. Yo creo que en ese
debate el Gobierno siempre debe estar sometido a la máxima crítica,
pues es un tema que se toma muy en serio en este país. A mí se me ha
hecho una afirmación personal, se me ha dicho que yo soy un ministro
que habla poco del fraude. (El señor Saura Laporta: Política.) Sí,
claro, política; estoy partiendo de la base de que las mías también
son todas políticas. En esta Comisión se hacen siempre afirmaciones
políticas y creo que no vamos a cambiar esa costumbre.
Señoría, vamos a poner las cosas en su sitio. Éste es el único
Gobierno que no ha hecho una amnistía fiscal. Los defraudadores con
quienes están contentos es con los gobiernos que hacen amnistías
fiscales. No sé qué declaraciones tienen que hacer los responsables
políticos, pero sé los efectos que tienen las amnistías fiscales
sobre los defraudadores, lo sabe cualquiera. Pues bien, éste es el
primer Gobierno que no lo ha hecho y a lo mejor podríamos debatir si
las anteriores, las de 1978 y siguientes, eran o no justificadas;
ahora bien, lo que sí le afirmo a S.S. es que nosotros no hemos hecho
ninguna y no la vamos a hacer. Por tanto, presuponer a partir de ahí
que somos un Gobierno poco proclive a la lucha contra el fraude es
una suposición política, pero basada en ningún hecho y, en mi
opinión, es una afirmación gratuita, ya que los datos de evolución de
la lucha contra el fraude son positivos. Sus señorías podrán decir
que podemos hacer más, afirmación que yo comparto. Siempre podemos
hacer más y, además, me parece muy bien que se nos incite a hacer
más, pero que se nos esté diciendo que estamos haciendo menos, eso no
lo avalan las cifras, y entonces surge la estrategia de decir que
esas cifras no nos las creemos. Esa es una estrategia parlamentaria y
política muy conocida que siempre practican los mismos y que en
cualquier caso lleva los asuntos al debate político y no a otra
cuestión.
Por último, los consensos internos. Aquí se plantea que en la Agencia
Tributaria hay un descontento generalizado. ¿Es eso posible cuando
hace escasamente 15 días
se ha llegado a un acuerdo con todos los sindicatos en la Agencia
Tributaria? ¿Qué reflejan todas esas cartas? Seguramente el señor
Eguiagaray va a recibir a partir de ahora toneladas de ellas, porque
ya sabe todo el mundo que es un viaje gratis. ¿Es que no vamos a dar
importancia a los representantes legítimos de los trabajadores de la
Agencia, que están llegando a acuerdos con la actual dirección de la
Agencia? ¿Es que esto no es importante? ¿Es que sería explicable que
pudiéramos dar un servicio al usuario de un ritmo de incremento
aplicando el estatuto del contribuyente, que algunas de SS.SS.
consideraron imposible de aplicar y que todavía consideran imposible
hacerlo si no fuera porque los profesionales de la Agencia están
funcionando cada vez mejor? ¿Es que sería posible que estuviéramos
evitando el proceso de prescripción que sufrió la Administración
anterior si no fuera gracias al servicio de los profesionales? El
caos está en el que lo quiere ver o en el que necesita ese caos para
hacer un discurso político. Por otra parte, cada cual tiene que
responder ante la opinión pública de lo que dice, y yo voy a
responder de lo que he dicho esta mañana.
Voy a hablar de lo que creo que interesa a los ciudadanos en estos
momentos en nuestro país. Sus señorías podrán decir que estos datos
no les satisfacen, pero yo he explicado, y lo vuelvo a reiterar, que
el plan de fraude descubierto en dos años, un plan bianual de lucha
contra el fraude que ha sido presentado públicamente, se ha
incrementado el 34 por 100 sobre el bienio anterior. A partir de ahí,
SS.SS. podrán decirme que esta cifra no se la creen. Éste es un
argumento que tendrán que explicarme, porque es una cifra oficial que
pueden perfectamente contrastar en todas las publicaciones oficiales
a través de todos los medios que tiene en este momento el Ministerio.
Pero además se nos dice que no hemos hecho nada sobre las
recomendaciones de la Comisión del año 1997. Yo les digo que de
momento se han puesto en marcha 164 medidas de diversa índole,
después de infinidad de grupos de trabajo de los profesionales de la
Agencia. Se ha reducido el plazo de devoluciones en un 50 por 100, y
eso me parece muy importante; se han llevado a cabo medidas para
facilitar el pago de las obligaciones tributarias; se ha creado el
Consejo de Defensa del Contribuyente; se ha implementado un sistema
de presentación telemática de declaraciones; se han reformado los
mecanismos de información y de asistencia a los contribuyentes y en
las medidas contra el fraude se ha formado el procedimiento
inspector, estableciendo el plazo de un año de duración para las
actuaciones inspectoras y separando el procedimiento respecto al
sancionador, que es otro de los elementos que SS.SS. olvidan cuando
comparan algunas de las cifras. Se nos dijo que esto iba a ser
imposible, que iba a llevar al caos, que no podría funcionar la
Agencia Tributaria. Pues está funcionando, y está funcionando gracias
a que los profesionales la hacen funcionar. Por lo tanto, el grado de
satisfacción que pueden tener los profesionales de la Agencia
Tributaria en este momento es muy alto. Muchos de ustedes creían que
ellos no iban a ser capaces de hacer eso en beneficio de los
ciudadanos. En ese pretendido equilibrio entre el interés general o
el interés de la Hacienda y el beneficio de los ciudadanos, los
profesionales de la Agencia Tributaria
están demostrando que son capaces de hacer las dos cosas: mejoramos
en un 34 por 100 la lucha contra el fraude y reducimos en un 50 por
100 la duración de las devoluciones y además separamos, dando
garantías al contribuyente, el procedimiento inspector del
procedimiento sancionador.
Se ha desarrollado una base de datos consolidada que no existía; se
ha potenciado la suscripción de convenios para evitar la doble
imposición; se han establecido limitaciones a la deducción por doble
imposición del llamado lavado de dividendos; se ha establecido la
obligación de informar sobre los autorizados de las cuentas bancarias
y se les da a todos los contribuyentes todos los datos que la
Hacienda pública tiene de esos contribuyentes. Además se va a crear,
como ustedes saben, el 1 de enero de 1999, una oficina nacional de
investigación del fraude y el secretario de Estado de Hacienda, es
decir, el Gobierno, va a comparecer en la Cámara, por primera vez en
la historia de la Agencia Tributaria, para explicar cuáles son los
planes anuales de la Agencia Tributaria. Eso no había sucedido nunca.
A lo mejor no era posible, a lo mejor en la evolución natural de la
Agencia eso tenía que suceder ahora, pero va a suceder. Y eso no
podría hacerse en este ambiente de caos que ustedes me describen,
pero no aportan ningún dato más que sus propias afirmaciones rotundas
y documentos apócrifos, que tenemos que hacer el mismo esfuerzo para
creérnoslos que para no creérnoslos y que ustedes puedan pensar qué
esfuerzo hacemos. Los objetivos del fraude fiscal, por lo tanto, van
a ser descuidos en esta Cámara, ya lo han sido y lo van a seguir
siendo.
Sobre la transparencia. Además de la información periódica y de las
respuestas a las preguntas parlamentarias, en concreto 374 en lo que
va de año, se han dado instrucciones a la dirección de la Agencia
para que publique, a través de Internet, con carácter mensual y de
forma desagregada, los datos de lucha contra el fraude que ya tienen
ustedes a su disposición; se han publicado las memoria de la Agencia
de los años 1996 y 1997 en Internet y van a remitirse los ejemplares
a todos los grupos parlamentarios.
Sobre la inexactitud de los datos. Si SS.SS. vienen con información
sobre determinados datos que aparecen en un día determinado en
pantalla corren el riesgo de equivocarse; lo corren a su costa, pero
corren el riesgo de equivocarse y desde luego vosotros no vamos a
seguir esas equivocaciones, por algunas razones. La primera, porque
no se recogen en las pantallas todas las actas liquidadas a esa
fecha, porque hay decalajes, como sucede en la información que
aparece en todas las pantallas del mundo. Segundo, porque la
aplicación de objetivos tiene un decalaje de veinte días e incorpora
las minoraciones de liquidaciones que provienen de tribunales;
utiliza además criterios de valoración distintos y no incorpora el
plan especial de actuaciones en materia de delito. Esta aplicación es
nueva y permite que, por primera vez, se puedan seguir los objetivos
generales de la Agencia Tributaria.
Como ya les he dicho, el plan bianual del año 1996 a 1998 ha
conseguido una mejora en la lucha contra el fraude del 34,53 por 100,
de 560.000 millones de pesetas.
Pero vamos a concentrarnos en el año 1998, en el que SS.SS.
parece que tienen un gran interés, y lo comprendo, porque es el año
en que estamos. En la Inspección Financiera y de Aduanas, la teoría
de que la lucha contra el fraude en aduanas no es lucha contra el
fraude fiscal es una teoría como poco sui géneris. Ha habido mucha
gente que ha hablado en esa Comisión y no sólo el Grupo Socialista de
este asunto. Si quiere que la desagreguemos la desagregamos, pero es
bastante sui géneris, porque el fraude contra las aduanas es un
fraude contra los derechos fiscales del Estado español, pura y
simplemente. Si a SS.SS. les parece que debemos desagregarla, debemos
debatir si eso tiene algún sentido. En la Inspección Financiera de
Aduanas, el importe de actas instruidas a noviembre, incluidas las
sanciones previstas, que se tramitan en expedientes separados, es de
474.000 millones de pesetas, pero si se quiere tener sólo en cuenta
el fraude descubierto, es decir, las cuotas defraudadas más
intereses, excluyendo las sanciones, que siguen un procedimiento
separado y nuevo y que aparecen en el estatuto del contribuyente, al
que ya he hecho mención, el importe del año 1998 es de 394.262
millones de pesetas, que es superior al de todos los años anteriores.
Para tener en cuenta el esfuerzo de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria no se puede comparar el importe de la deuda
liquidada en el año 1998 con la del año 1997 y les voy a hacer un
razonamiento para ver si podemos ponernos de acuerdo sobre los
sistemas de mención. Todos somos conscientes de que para liquidar una
deuda tributaria hay que instruirla primero; estaremos de acuerdo en
ese principio: será difícil liquidar una deuda tributaria si no se
instruye. Este hecho básico para entender los datos es el que nos
demuestra la serie histórica. La serie histórica suele ser que
aproximadamente el 85 por 100 de la deuda instruida es la deuda
liquidada. ¿Qué ha sucedido en el año 1996 y 1997? Que hay más deuda
liquidada que instruida, lo cual contraviene la experiencia y el
raciocinio. ¿Por qué? Porque hemos liquidado una gran cantidad de
deuda instruida que no había sido liquidada en plazo. No es que lo
haya hecho el Gobierno, ni los responsables que ha nombrado el
Gobierno en la Agencia Tributaria, lo han hecho los profesionales en
un ambiente de trabajo y de colaboración que ha permitido que en los
años 1996 y 1997 la deuda liquidada fuera por primera vez superior a
la instruida en 112.000 millones de pesetas, es decir, un 12 por 100
superior, que no tiene más explicación que ésa.
Por tanto, si queremos hacer una comparación -que no sé si nos lleva
a algún sitio- entre deuda liquidada, deberemos hacerla en los
períodos homogéneos, es decir, en el año 1995 y el año 1998 y la
deuda liquidada al 30 de noviembre por el departamento de Inspección
asciende a 386.000 millones de pesetas. Por tanto, todo lo que sea
pedirnos transparencia bienvenido sea, no tengo nada que quejarme
sobre esa cuestión, pero no neguemos la que hay. Se nos puede decir
que quieren ustedes más, que en vez de una información mensual
quieren más, que en vez de una comparecencia cuatrimestral del
secretario de Estado, quieren que venga más a menudo el secretario de
Estado. Sus señorías podrán plantearlo y veremos sipodemos atenderlo,
pero no se nos niegue que estamos
aumentando la transparencia que, por otra parte, es la obligación de
cualquier Administración pública y es la que demandan los ciudadanos.
Paso brevemente al tema de las cesiones de crédito. En el tema de las
cesiones de crédito se pueden elegir dos caminos y algunas de SS.SS.
los han elegido claramente. Uno es querer hacer un debate político
sobre asuntos que están en los tribunales, es decir, hacer juicios
políticos aquí, que es un camino político que puede tener sus réditos
desde el punto de vista de la notoriedad. Además se dice: ¿cómo es
posible que se nos quiera convencer que el Gobierno no ha tenido un
criterio político en un asunto jurídico? Eso es imposible de aceptar.
Pues no, eso es exactamente lo que tiene que suceder. La famosa frase
de que cuando llaman a la puerta a las cinco de la mañana debe ser el
lechero, traducido a estos casos es que cuando en los tribunales se
producen situaciones conflictivas entre intereses, el Gobierno no
tiene posiciones políticas. Comprendo que desde otras posiciones
políticas se crea que el Gobierno siempre debe tener posiciones
políticas sobre todo, independientemente de lo que esté pasando en
los tribunales. Ésa es una afirmación que se explica por sí sola y
que en cualquier caso el que la sostenga tendrá que explicar a la
opinión pública adónde quiere llegar con ese tipo de planteamientos.
Pero si vamos a hacer votaciones parlamentarias sobre las sentencias
judiciales y sobre las posiciones de las diversas partes en un
sistema de independencia de poderes, es un modelo de convivencia y de
equilibrio democrático sui géneris conocido en algunos países, pero
sui géneris.
Vamos a ver la historia de las cesiones de crédito. Aquí se hacen
afirmaciones rotundas sobre lo que debe o no debe hacer la Agencia
Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Cuál ha sido la
posición adoptada por la Agencia Tributaria en el asunto de las
cesiones de crédito del Banco de Santander, así como los informes
emitidos por dicho ente? Esto es lo que me piden SS.SS., aparte de
las grandes afirmaciones. Con carácter previo resulta absolutamente
necesario distinguir dentro de las diligencias previas 53/92, que
tramita el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia
Nacional: a) las actuaciones que se siguen por diversos motivos
contra la entidad y b) las que se dirigen contra los clientes
inversores, y yo voy a distinguir entre esas dos posiciones. Me
parece razonable; mis servicios me lo han dicho y cuando he leído el
informe me he dicho: parece que tienen bastante razón. La actuación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria difiere en cada
uno de los dos casos que acabamos de señalar y, por tanto, no procede
mezclarlos.
En primer lugar y sobre la posición procesal a adoptar por el abogado
del Estado en la citada causa penal en relación con la posible
responsabilidad penal de los representantes de la entidad, la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria únicamente se ha pronunciado,
fijando criterio en oficio, el 5 de marzo de 1996, sólo una vez ha
fijado un criterio. Ese criterio que a mí se me pide que nunca fije
en contra de la Hacienda pública se fija una vez, el 5 de marzo de
1996. Si recuerdan ustedes -puesto que somos todos de la misma
legislatura lo recordarán- las elecciones generales se celebraron el
día 3 y había un gobierno en funciones. Pues bien, sólo una vez la
Agencia Tributaria, de 1992 a 1998, ha fijado un criterio de oficio
sobre cuál debe ser la posición del abogado del Estado, y lo fija el
5 de marzo de 1996. Y dice lo siguiente: Tal y como se desprende del
oficio de 22 de marzo de 1995, dirigido al órgano jurisdiccional por
el ilustrísimo señor director del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria de esta Agencia, y de su informe remitido, no
permitido hablar de responsabilidad criminal del mismo como
consecuencia de no estar tipificada tal conducta, hasta la fecha. (El
señor Eguiagaray Ucelay: ¿Cuál?) La realización de los hechos
enjuiciados, yo me remito a leer. (El señor Eguiagaray Ucelay: Léalo
todo.). Sigo, y no digo que no tenga razón en haberlo fijado de
oficio, pero es la única fijación de oficio, no hemos hecho otra, lo
leo todo. (El señor Eguiagaray Ucelay pronuncia palabras que no se
perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Eguiagaray, no intervenga
cruzadamente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): En consideración a ello y en este
supuesto concreto -en éste- parece coherente, de acuerdo con la
normativa vigente, que contra la precitada entidad bancaria no se
dirija acción penal por presunto delito contra la Hacienda pública.
Segundo, en relación con la posición de la entidad y de sus
responsables como presuntos partícipes en cualquiera de las formas
contempladas en el vigente Código Penal, en relación con los delitos
fiscales que a tenor de lo instruido en la causa pudieron resultar
imputables a determinados sujetos pasivos, esta Agencia, como no
puede ser de otra forma, se somete al superior criterio de esa
dirección general. Es la única vez que la Agencia, de oficio, fija
posición respecto a cuál debe ser la responsabilidad penal y, por
tanto, la posición procesal del Estado; no ha habido otra fijación de
criterio.
Y lo que yo les he dicho a SS.SS. es que si se van a meter en un
debate jurídico deben tener muy claro -si no se van a meter no sé
dónde se van a meter- que la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria no ha emitido informe o escrito alguno sobre cuál deba ser
la posición procesal del Estado que no es su competencia. Y cuando
SS.SS. leen la ley y dicen: esto no es lo que dice la ley, es que no
la leen bien, y hay que leerla bien. Lo que se pide a la Agencia es
que dé informes técnicos, pero la posición procesal no la fija la
Agencia. Y la única vez que la ha fijado -y yo no critico que la haya
fijado- es el 5 de marzo de 1996, sobre el tema de la responsabilidad
criminal de la entidad financiera. Ahora bien, si a SS.SS. les parece
que eso no es suficiente les voy a decir cúando se ha fijado la
posición procesal del Estado. La Secretaría de Estado de Justicia
-entonces el Ministerio era de Justicia e Interior- mediante escrito
de 25 de abril de 1996 (fecha que todos recordarán que era muy poco
antes de la configuración de un nuevo gobierno y cuando ya se sabía
que iba a haber un nuevo gobierno, por lo que yo diría que ésta es
una decisión
arriesgada, pero tomada queda) dice lo siguiente: En cuanto a las
retenciones no practicadas o no ingresadas por parte de la entidad no
se dirigirá acción penal alguna, por presunto delito contra la
Hacienda pública, contra la citada entidad bancaria o sus
representantes, de acuerdo con lo opinado por la Agencia Tributaria
-que, como es natural, opinó-. En cuanto a los incrementos de
patrimonio puestos de manifiesto en cantidad superior a 15 millones
de pesetas se pedirá la remisión de las actuaciones a los respectivos
juzgados de instrucción que en cada caso corresponda respecto a cada
uno de los clientes del referido banco, sin exigencia de
responsabilidad en las presentes diligencias al Banco de Santander,
S.A., o a sus representantes. Eso es lo que ha dicho la
Administración española; lo ha dicho el órgano competente, no es una
carta, es un escrito oficial dando la posición de la Administración
sobre un pleito. ¿Qué a S.S. le parece jurídicamente inaceptable? Me
parece muy bien. Dígalo, pero es una posición de la Administración.
Respecto a los otros temas, es decir, a las 228 piezas separadas que
se siguen dentro de las diligencias, la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria no ha establecido ni ha emitido nunca, ni
antes ni después de 1996, criterio alguno sobre la postura procesal
que debía adoptar el abogado del Estado, nunca. Por tanto, nosotros
nos hemos limitado a dar la información técnica que se nos ha
solicitado, que es nuestra obligación. En relación con las piezas
separadas, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bien
directamente por auxilio jurisdiccional, bien a través de sus
funcionarios nombrados como peritos en la causa, ha ido emitiendo
informes técnicos y practicando las comprobaciones que le han sido
requeridas por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la
Audiencia Nacional. En la pieza separada número 22, abierta contra
don Fernando Cartagena Travesedo, mediante oficio de 1 de abril de
1997, el director del Servicio Jurídico del Estado solicitó de la
Agencia Tributaria que manifestase su parecer en relación con la
postura procesal. El director general de la Agencia Tributaria
contestó mediante escrito del 8 de julio, haciendo suyo el criterio
que se desprendía del dictamen de 8 de julio de 1997 del director del
Servicio Jurídico de la Agencia, que dice, entre otras cosas, lo
siguiente: La determinación del valor del indicado elemento
probatorio -el famoso SJ-5- corresponde, en última instancia, al
órgano jurisdiccional competente. Segundo, la posición procesal a
adoptar por el abogado del Estado en el seno del proceso deberá
determinarse de acuerdo con el superior criterio de la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado y a la vista de las
diligencias de prueba practicadas en el curso del procedimiento,
teniendo en cuenta la doctrina administrativa y jurisprudencial
aplicable al caso, que lógicamente deberá ser valorada por el
precitado centro directivo.
En consecuencia, el informe del Servicio Jurídico de la Agencia no
fija ni postula posición procesal alguna a seguir por el abogado del
Estado del Ministerio de Justicia en la pieza 22, en coherencia con
el criterio de la Agencia Tributaria de no pronunciarse sobre la
postura a seguir por el abogado del Estado en la pieza 22. Quiero
recordar a SS. SS. que en ninguno de los 228 expedientes
se ha fijado la postura a seguir, sólo se ha fijado en el
expediente de la entidad en marzo de 1996, pero en ninguno de los 228
expedientes se ha fijado, y en éste se hace exactamente lo mismo que
en los 228. El abogado del Estado ha mantenido una posición procesal,
que es mantener la acusación particular por delito contra la Hacienda
pública, pero es una decisión que en ningún caso hemos fijado
nosotros, como no la hemos fijado en ninguno de los 228 expedientes.
A partir de ahí, SS.SS. pueden hacer un debate jurídico, no sé si se
querrán personar en la causa, es asunto suyo, pero no podrán decir
que el Ministerio de Economía y Hacienda ha fijado una posición
procesal porque eso es falso. Por tanto, es menor que discutamos
sobre hechos reales. Nosotros nos hemos limitado a informar
técnicamente de lo que se nos ha solicitado, que es lo que nos pide
la ley. Léanse la ley y entiendan el papel de cada servicio de la
Administración central del Estado.
Respecto a las afirmaciones sobre la financiación de partidos y todas
esas cosas, sería muy fácil entrar en ese debate y vamos a dejarlo
donde está porque no creo que valga la pena en este momento que el
Gobierno trate de demostrar una indignación que no sentimos. Hay
acusaciones que no indigan porque no tienen ninguna validez. Tratar
de hacer juicios políticos sobre personas concretas que están
sometidas a un procedimiento en función de su adscripción política es
un camino que puede recorrer el que quiera, nosotros no lo vamos a
recorrer. En cuando a hacer afirmaciones sobre otros asuntos creo que
sería desvirtuar nuestra propia posición y la legitimidad de nuestra
propia posición.
Paso brevemente, señor presidente, a contestar a algunas de las otras
cuestiones que se me han planteado. Muchas de las argumentaciones han
sido comunes y, por lo tanto, me permitirán SS.SS. que no haga una
explicación pormenorizada de cada una.
Respecto a la generación de créditos (éste es un argumento que salió
en el Senado y me gustaría que quedara claro), quizá merecería que yo
enviara a todos los portavoces una nota técnica sobre cuál es la
aplicación de la generación de créditos de la Agencia, porque tiene
una serie de ajustes que vienen impuestos por razones técnicas,
y creo que lo ideal es que tengan una nota sobre los mismos para evitar
debatir sobre cifras que no nos llevan a ningún sitio. Estoy seguro
de que pueden exigirnos una mejor eficacia, pero lo ideal es que
tengamos, al menos, una base común de discusión.
Creo que he explicado la diferencia de deuda tributaria liquidada, no
sé si a satisfacción de SS.SS., pero créanme que ésa es la
explicación fehaciente. En los años 1996 y 1997 hay una diferencia
sobre deuda instruida y liquidada que no tiene más explicación que
ésa, no podría tener otra. No podríamos estar liquidando más deuda de
la instruida a no ser que estuviéramos liquidando deuda anterior; eso
es lo que hemos hecho y que en este momento ya no hay. Creo que eso
es bueno, eso es que la Agencia funciona mejor y eso sólo puede
suceder si los profesionales de la Agencia funcionan mejor. Ya es
bastante difícil darle un buen servicio al ciudadano como para encima
pretender que se puede hacer en contra delos que lo tienen que
realizar. Por lo tanto, señorías, en
este sentido no sé si la explicación será suficiente pero, en
cualquier caso, estoy dispuesto a profundizar en ella cuando les
parezca conveniente.
Continuando con la Agencia (después volveré a algunas de las
cuestiones políticas de otra índole que se me han planteado),
coincido plenamente con la afirmación del Grupo Catalán (Convergència
i Unió) y de Coalición Canaria sobre que en este momento hay un
consenso parlamentario para seguir modificando la Agencia; también
Izquierda Unida se ha referido a él y ha pedido que los plazos sean
más cortos y que este Gobierno se comprometa a aprobar un estatuto de
funcionamiento de la Agencia. Yo me comprometo, creo que tenemos que
hacerlo. Tiene razón el señor Saura cuando nos exige que cumplamos
los plazos y tiene razón cuando dice que las propuestas que salieron
de la Comisión de investigación son el camino que tenemos que
recorrer y que algunas no están todavía implementadas. Yo le acepto
la crítica porque tiene razón, pero creo que vamos a poder hacer, con
gran rapidez, la mayor parte de ellas, como es que los planes anuales
se debatan en el Parlamento, como es que haya un estatuto interno de
la Agencia que sea satisfactorio. En cuanto a la transparencia de
datos de lucha contra el fraude, a mí me gustaría saber si SS.SS.
necesitan más datos; si los necesitan, no duden que trataremos de
proporcionárselos. De momento tienen ya datos mensuales; diarios, es
difícil que sea eficientes, pero creo que podemos estudiarlo.
(Rumores.) En ese sentido, sí acepto plenamente que el Gobierno tiene
que cumplir los compromisos de la Comisión de investigación, porque
además creo que siguen siendo vigentes y que obtienen el consenso
político suficiente. Creo que vamos a cumplirlos y me parece muy
pertinente que se nos exija el cumplimiento. Fue un compromiso que
adquirimos y estoy convencido de que lo vamos a cumplir; el primero
de ellos, que es la explicación anual de los objetivos, en muy breve
plazo.
Paso, señor presidente, lo más brevemente posible, a hablar de las
otras cuestiones que en esta comparecencia se han planteado. El señor
Alcaraz nos ha planteado dos cuestiones que yo creo contradictorias,
señor Alcaraz. Los 3.000 millones de pesetas que España ha puesto al
servicio del Fondo Monetario Internacional no son para financiar las
deudas de las instituciones financieras, no; son para evitar que haya
una falta de liquidez en las economías emergentes, que se ha
producido. Creo que la reacción de las propias economías emergentes y
de los gobiernos de todos esos países indican claramente que
necesitan gestos de ese tipo, gestos y realidades. Y claro que los
ajustes duros se van a producir en algunas de estas economías, y esos
ajustes quieren decir costes de los ciudadanos, pero creo que el
hecho de que nosotros estemos impulsando, junto con otros países
industriales, la posibilidad de que los efectos de la liquidez sean
menores, hace que esos ajustes sean mucho menores. No le quepa a
usted ninguna duda que en Brasil el ajuste va a ser mucho menor, con
una financiación de 42.000 millones de dólares del Fondo Monetario
Internacional y bilateral de algunos países, entre ellos España, si
no hubiera esa financiación. Si no hubiera habido esa financiación en
Brasil probablemente tendríamos un efecto
sobre otras economías, al menos eso es lo que interpretan los
responsables económicos y políticos de esas economías, y yo comparto
ese análisis.
Su señoría dice que estamos funcionando en el ciclo alcista de la
economía; nosotros estamos tratando de mantener el crecimiento,
nuestro objetivo es el crecimiento sostenido y estable, lo hemos
dicho en la oposición y lo hemos dicho en el Gobierno, y para
mantener ese crecimiento necesitamos mantener la estabilidad de la
economía, reducir el déficit público, reducir las presiones
inflacionistas, modificar los mercados y aumentar nuestra capacidad
de competencia.
Su señoría podrá decir que no valora como un plus de Gobierno el
hecho de que en 1998 el 90 por 100 de la recuperación económica se
traslade al empleo, pero reconocerá que nosotros podríamos intentar
valorarlo. El debate no es de quién es el plus, el debate es que ése
es el camino. Si la economía española pudiera transmitir al
crecimiento del empleo el 90 por 100 del crecimiento económico en
toda circunstancia, habríamos superado el problema más grave que
hemos tenido en los últimos 30 años, que es el desempleo, lo que pasa
es que no va a ser fácil, es una cifra que no es fácilmente
repetible, pero estamos en índices del 80 y del 70 por 100 desde el
año 1996. Dice que no tenemos una estrategia sobre el empleo. Las
cosas no se producen por casualidad. Yo quiero recordar a S.S. que se
está produciendo un consenso social, con sus dificultades sobre el
empleo estable, que ha producido un millón de contratos. Quiero
recordar a S.S. que estamos trabajando en mayores dotaciones en
políticas activas en 300.000 millones de pesetas de reducción de las
cuotas sociales para fomentar el empleo estable de los colectivos que
están realmente perjudicados en nuestro país, como son las mujeres y
los parados de larga duración. Por tanto, tenemos una estrategia
activa. Su señoría podrá decir: esa estrategia no es suficiente, o la
debemos complementar, pero negarnos esa estrategia me parece injusto,
porque realmente la tenemos.
La relación entre los salarios y el IPC, señor Alcaraz, no es que la
diga el Gobierno, es que la dicen los propios sindicatos. Muy
legítimamente dicen que los salarios están contribuyendo a esa bajada
del IPC. Lo que se produce en una espiral de bajada del IPC, que es
justamente lo contrario de lo que se produce en una espiral de
subida, es que los salarios van ganando poder adquisitivo en vez de
irlo perdiendo y además se va creando empleo, y si el año que viene
nosotros nos podemos mover en un crecimiento de los salarios
nominales por debajo del 2 por 100 antes de deslizamientos, estaremos
dando un paso sustancial para la creación de empleo y para la mejora
del poder adquisitivo.
El señor Eguiagaray lo ha dicho, y tiene toda la razón. Nuestros
competidores están en datos de inflación... (El señor Eguiagaray
Ucelay pronuncia palabras que no se perciben.) Le doy la razón sobre
la inflación, señor Eguiagaray, no se preocupe, políticamente no voy
más allá. Nuestros competidores están en datos de inflación
extraordinariamente bajos. Aesa afirmación hay que añadirle las
diferencias de crecimiento también. En cualquier caso es cierto que
nos encontramos en un área
donde las inflaciones se están situando muy bajas, lo que pasa es que
nuestro diferencial de inflación no se ha ampliado y por tanto las
demás se reducen y las nuestras también. Creo que eso es una buena
noticia, sobre todo para las rentas más bajas, que son las grandes
perjudicadas de los efectos inflacionistas aquí y en cualquier otro
sitio.
Sobre la política de privatizaciones hemos tenido muchos debates y
seguramente los seguiremos teniendo, pero no le quepa ninguna duda a
S.S. de que el ritmo de empleo y de inversión que hay hoy en España
no se podría hacer si no hubiéramos desregularizado mercados. Si en
este momento no hubiera una competencia abierta en el sector de las
telecomunicaciones, si no la fuera a haber en el sector eléctrico y
no la hubiéramos acelerado en el sector gasístico, esté convencido S.
S. de que no tendríamos una recuperación de la inversión. Y cuando S.
S. afirma que estamos en una política industrial inexistente, debería
mirar algunos datos, como por ejemplo el crecimiento del empleo en la
industria, el crecimiento del índice de producción industrial, el
incremento de la inversión en bienes de equipo. Si su S.S. mira estos
datos a lo mejor comprueba justamente lo contrario y es que estamos
en uno de los momentos de mayor rearme industrial de nuestro país. En
cualquier caso, es un debate que hemos tenido muchas veces y que
seguramente seguiremos teniendo.
Creo que he contestado al señor Ríos sobre el compromiso del estatuto
orgánico que me planteó y que desde luego acepto.
El señor Homs, de Convergència i Unió, planteaba la necesidad de una
política después del euro, la posición de armonización fiscal -y aquí
también el señor Eguiagaray ha hecho alguna manifestación-, la
necesidad de profundizar en investigación y desarrollo y en la
creación de la subcomisión de seguimiento al hilo de la armonización
fiscal. Estoy convencido. Sobre el primer tema, estoy convencido de
que hemos entrado en una nueva fase, con una política monetaria común
y una moneda única en Europea, fase en la que España tiene grandes
oportunidades. En este momento estamos siendo capaces de
aprovecharlas y el Gobierno está convencido de que el camino para
hacerlo es aumentar el equilibrio de nuestra economía. Tendremos
ocasión de debatir en el Parlamento la propuesta que haga el Gobierno
sobre el escenario de estabilidad, que tenemos que remitir a la
Comisión Europea antes del 31 de diciembre, pero ya será en el
próximo período de sesiones. Sin embargo, ya puedo decirles que en
ese escenario de estabilidad, que llegará hasta el 2002, el Gobierno
va a contemplar el equilibrio presupuestario como un objetivo
político y económico imprescindible, dentro de las hipótesis de
crecimiento que se van a plantear en este escenario, que será un
crecimiento ligeramente por encima del 2 por 100 de promedio anual.
Quiero decir también, a una pregunta que ha hecho el señor Aguirre,
que en este escenario situaremos la deuda pública por debajo del 60
por 100, por tanto, cumpliendo todos los requisitos de Maastricht. En
ese debate sobre el escenario de estabilidad debemos plantear las
nuevas políticas económicas, que deben ser, en nuestra opinión,
una mayor reducción del déficit público y una mayor liberalización de
la economía.
En cuanto a la armonización fiscal, no debemos de confundirla con la
decisión que cada país tome sobre su presión fiscal. Es decir,
podemos evitar la competencia desleal y, sin embargo, que haya países
que apuesten por una alta presión fiscal y países que no. Esa es una
decisión nacional que en este momento no es lo que se está
discutiendo. Nosotros hemos dado un paso sustancial en el código de
conducta. Primero, hemos demostrado una voluntad de que exista una
armonización fiscal para evitar prácticas contrarias a la competencia
en materia fiscal dentro de la Unión Europea, y he hecho referencia a
ello en mi intervención. Segundo, hemos entendido que era
imprescindible una directiva sobre retenciones o sobre tratamiento
fiscal de las rentas del ahorro, y en ese sentido me he referido a la
necesidad de conciliar las posiciones de la Unión Europea con países
limítrofes que pueden ser competidores de nuestro propio ahorro.
Ytercero, somos partidarios de una directiva que homogeneice el
tratamiento de las retenciones por dividendos y por patentes. Éste es
el acuerdo Monti y hasta que este acuerdo no se cumpla no debemos
continuar avanzando. Primero tenemos que ver si los países que en
este momento están haciendo prácticas fiscales lesivas para la
competencia en el impuesto de sociedades las modifican. Y que conste
que el impuesto de sociedades es de la legislatura anterior y, por
tanto, no estoy defendiendo ahora posiciones del Gobierno, aunque lo
hicimos en un amplio marco de consenso, pero no es España la que está
llevando a cabo prácticas fiscales en contra de la competencia a
través del impuesto de sociedades, son otros países. Pues bien, de lo
que se trata es de que esos países modifiquen sus posiciones.
En cuanto al debate sobre la fiscalidad de los productos energéticos,
la posición española ha sido la misma durante mucho tiempo y el
Gobierno la va a mantener. Hay un mercado energético homogeneizado en
hidrocarburos y no lo hay en los demás productos. Por tanto,
pretender aplicarnos las condiciones medioambientales o fiscales de
mercados que no compartimos y de condiciones medioambientales que no
compartimos no nos parece que responda a nuestros intereses. Éste es
un debate que va a llevar mucho tiempo y que no queremos que se
plantee hasta que no se haya cumplido el paquete Monti en su
integridad, un debate en el que España mantiene desde hace tiempo
posiciones muy firmes.
Convergència i Unió me propone una subcomisión, más bien se la
propone a los grupos. Como es natural, yo no voy a fijar una posición
que no me corresponde sobre la creación de una subcomisión, ya que en
cualquier caso son los grupos parlamentarios los que la tienen que
decidir.
Señor Gómez Rodríguez, sobre el retraso de las retenciones, desde el
punto de vista de los salarios no tenemos ninguna intención de que se
retrase el proceso de retenciones, pero estamos estudiando la
posibilidad de que para las retenciones nuevas de productos de ahorro
se produzca un retraso inferior a los treinta días; estamos pensando
en dos semanas. Para atender las razones técnicas
que se nos han planteado, no tenemos una decisión cerrada, pero diré
a la Comisión que esa es hoy la decisión que tiene más probabilidades
de aprobarse, por lo que habría quince días de decalaje para permitir
a las instituciones financieras adaptar sus sistemas informáticos al
nuevo proceso de retenciones en productos que hasta ahora no las
tenían.
Coincido con los grupos parlamentarios sobre la importancia del
debate de investigación y desarrollo. Creo que en estos presupuestos
ha habido ya un debate sobre esa cuestión, y nosotros coincidimos
plenamente en la necesidad de impulsarlo.
Finalizo con algunas de las afirmaciones del señor Rodríguez. Su
señoría ha hecho afirmaciones diciendo que la responsabilidad de la
crisis financiera internacional la tienen determinados países, entre
los cuales nos encontramos nosotros. Sinceramente, señor Rodríguez,
los desequilibrios de las balanzas corrientes de los países
asiáticos, el haber pegado sus monedas al dólar, el tener
conglomerados financieros e industriales y administrativos, el no
tener sistemas de contabilidad transparentes no es responsabilidad
española. Y ésa es la razón de la crisis; la razón de las crisis no
es la privatización de empresas públicas, la razón de la crisis es la
insostenibilidad de ciertos modelos de crecimiento como consecuencia
de tener que vivir de un ahorro a corto plazo y de una paridad de
monedas ficticia con el dólar. Ésa es la explicación de la crisis.
Creo que todos somos conscientes de ella, exceptuando el tema de
Japón, que es mucho más complejo y muy importante, como he puesto de
relieve en varios momentos. Desde luego, nosotros creemos firmemente
que, ante una situación como la actual, no sólo debe haber una
recomendación por parte de los países más avanzados de reformas
estructurales y de transparencia de los mercados financieros, sino
que debe haber una posición activa, a través de los instrumentos
financieros que tenemos a nuestra disposición, para evitar colapsos
de liquidez que pudieran hacer muy costosas en términos sociales y
económicos determinadas crisis o que pudieran afectar a países
perjudicados por una situación de pérdida de confianza de los
mercados pero que no son responsables en gran parte de esa pérdida de
confianza. El hecho de que nosotros apostemos en este momento, como
otros países, por contribuir con nuestras exportaciones al
crecimiento y a la modernización de la economía china no crea S.S.
que es como consecuencia de la economía planificada. La economía
china tiene una gran oportunidad de crecimiento como consecuencia de
la desaparición de la economía planificada, no de lo contrario. Por
lo tanto, nosotros estamos muy satisfechos de que eso pueda hacerse
en beneficio del pueblo chino y creemos que la exportación española
puede jugar un papel más fuerte en esa economía.
Con respecto al señor Aguirre, creo que he contestado a algunas de
sus preguntas al hilo de otras intervenciones, también al tema de la
armonización y del paquete Monti y de la fiscalidad del ahorro, y ya
he hecho al principio una reflexión similar a la suya con respecto al
alarmismo en septiembre, que quizá hoy podemos contemplar de otra
manera, aunque coincido con otras afirmaciones de otros grupos
parlamentarios, que el
señor Aguirre tampoco ha venido a contradecir, de que ésta es una
crisis de cuya dimensión no podemos en este momento sacar
consecuencias totales. Dependerá en gran medida de su duración, y eso
depende también en gran medida de decisiones que se toman no sólo en
Europa sino en otros países.
Para finalizar, me parece que el señor Alcaraz ha hecho una
referencia a Centroamérica, y aunque no ha sido objeto de mi
intervención, sí me gustaría detenerme en ella. El Gobierno español
ha sido, de todos los gobiernos, el que mayor paquete financiero ha
puesto sobre la mesa para Centroamérica en todos los sentidos.
Nosotros siempre hemos sostenido sobre la condonación de la deuda -y
hemos condonado deuda por valor de millones de dólares hasta el año
2001- que lo importante en este momento en estos países no es la
condonación de la deuda, es el dinero líquido. Estos países tienen un
problema de deuda, pero el primer problema que tienen es de
financiación inmediata, porque la condonación de la deuda, primero,
debe hacerse por todos los países afectados, porque si no no tiene
ningún sentido. Y, segundo, hay instrumentos, si calificamos a estos
países de países altamente endeudados, que producen esta situación
automáticamente en los foros internacionales. En cualquier caso,
simplemente condonar la deuda no es el camino, porque estos países
necesitan construir carreteras, necesitan construir hospitales,
necesitan llevar a cabo el saneamiento de sus pueblos y de sus ríos.
En ese sentido, además de hacer una condonación importante de deuda
hasta el año 2001 y plantear en los foros internacionales la
coordinación de políticas de condonación de deuda e influir en la
Unión Europea para que eso se haga en consonancia con otros países,
la importancia del paquete español es que contiene otros elementos
activos muy importantes como son créditos prácticamente sin interés
y con un plazo de devolución a más de treinta años, cuya devolución en
el 80 por 100 no es necesaria, para construir lo que necesitan. En
ese sentido, creo que no son posiciones contradictorias. Coincido con
S.S. en que el tema de la condonación de la deuda lo debemos seguir
planteando en los foros internacionales, pero creo que hemos de tener
en cuenta la importancia de lo que supone un paquete de 200 millones
de dólares por parte de España que, sin duda, es el más importante.
Con esto, señor presidente, he tratado de dar respuesta a las
afirmaciones de los señores diputados y a sus preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rato. Con su
intervención termina la sesión de la Comisión. (El señor Eguiagaray
Ucelay pide la palabra.)
Señor Eguiagaray, la Mesa ordena el debate. La Mesa ha fijado una
hora. La Mesa ha trasladado a los grupos parlamentarios la
autorresponsabilidad colectiva respecto al desarrollo normal de la
sesión. Son las tres y cinco de la tarde. La hora que habíamos
previsto terminar eran las dos y media por disponibilidades de la
agenda de muchas de las personas que estamos en esta reunión. Éste ha
sido el criterio que ha establecido la Mesa.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, si me permite, y
respetando naturalmente lo que su superior autoridad finalmente acabe
por determinar, le quiero decir que si en los debates solamente se
toma en consideración el tiempo prefijado anteriormente, con
independencia de lo que ocurra en ellos, serán otra cosa distinta que
debates; serán simplemente un proceso de tiempo en el cual podemos
hablar de unas cuantas cosas, pero ni será posible rectificar ni
señalar puntos de vista en relación con la última intervención del
señor vicepresidente, que es, por cierto, habitual en todos los
debates y en todas las comparecencias, en las que, posteriormente
a la toma de posición del compareciente y la previa de los grupos, hay
un segundo turno. Si el resto de los miembros de la Comisión cree que
con esto debemos terminar, este grupo no se va a oponer, pero me
parece que, dada la naturaleza y la suma de comparecencias que
tenemos planteadas, con independencia de que tardáramos algo más de
tiempo, debiéramos seguir.
El señor VICEPRESIDENTE: Ruego a los señores portavoces que se
acerquen a la mesa. (Pausa.)
Señorías, oídos los portavoces de la Comisión, la Presidencia va a
abrir un turno de réplica de tres minutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Lamento que solamente sean tres minutos,
porque yo creo que hemos entrado en temas bastante complejos que
necesitan, para que la opinión pública los pueda entender, algo más
que tres minutos, en los cuales apenas hay tiempo de saludar
y despedirse. En todo caso, dejo aparte otro conjunto de
consideraciones y voy simplemente al tema de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Señor Rato, usted tenía hoy una tarea difícil y yo creo que ha
tratado de cumplir con contundencia con la misma, y a mí me parece
que usted ha hecho el esfuerzo, porque yo estoy convencido de que
usted quiere que la Agencia Tributaria funcione; yo también. El
problema está en cuál es la credibilidad de la que uno goza, y ahí es
donde los hechos no le avalan, señor Rato, no le avalan por el inicio
de su gestión al frente de la Agencia Tributaria; dejemos el tema de
los 200.000 por un ratito al menos, con independencia de que ninguna
de sus tres afirmaciones se haya cumplido, porque son hoy tan falsas
como lo fueron en su momento.
En segundo lugar, yo me he referido, señor Rato, no a los
profesionales, yo sé que se puede contar con los profesionales, lo
malo es cuando se politiza la Agencia, cuando se actúa
irresponsablemente sobre la Agencia manteniendo un conflicto abierto
durante meses y meses, y solamente a última hora, quizá antes de su
comparecencia, para tratar de paliar esos efectos, se trata de buscar
un acuerdo, sea con los sindicatos, sea a través de una enmienda en
la ley de acompañamiento.
En tercer lugar, señor Rato, lo que no es verdad es que en los datos
de la lucha contra el fraude estén avaladas las posiciones de quienes
defendemos que esto no está yendo bien simplemente por documentos
apócrifos. Ya sé que ahora nos querrá dar nuevas lecciones sobre
metodología.
Éste no es un documento apócrifo, señor Rato, sino que son
los ingresos por actos de liquidación, y los mismos dicen lo que
dicen, dicen que caen respecto del año anterior y que van muy mal,
que van rematadamente mal, señor Rato.
No entro en más elementos en esa dirección. Sí quería, en todo caso,
salir al paso de algunos de los argumentos que usted ha expresado en
relación con el funcionamiento en general a satisfacción de los
contribuyentes. Sin duda alguna ese es un proceso que viene de lejos,
y ojalá que continúe, ojalá que haya más programas Padre, que no los
inventaron ustedes sino nosotros, ojalá que haya más oficinas, ojalá
que haya más gente para la atención al público, faltaría más. En ese
sentido se viene mejorando desde hace mucho tiempo, pero el problema
del funcionamiento de la Agencia Tributaria no es ese, señor Rato; el
problema del funcionamiento de la Agencia Tributaria no es sólo ese,
sino que es ése y otras muchas cosas más. La situación de descrédito
que tiene en este momento en relación con temas graves es lo que me
preocupa y lo que creo que no debiera usted ignorar, que también le
debiera preocupar.
Si para el cumplimiento del objetivo de devoluciones en el año 1998
se acude a expedientes -y esto tampoco es apócrifo, señor Rato- como
el que dice que si antes las discrepancias absolutas llevaban a la
retención de devoluciones con 30.000 pesetas de diferencia, lo que
hay que hacer ahora para facilitar las devoluciones es que se amplíe
la diferencia hasta medio millón. Así se puede devolver esto y todo
lo que haga falta, o si no se toman en cuenta las discrepancias por
transmisiones de activos financieros, o tantas otras cosas más que
sin duda usted conoce como yo o debiera conocer incluso mejor que yo.
Sobre el Banco de Santander y las cesiones de crédito, usted ha hecho
referencia al lechero y yo creo que es una buena referencia en
democracia. Lo malo es que defender al lechero después de haber
colocado al señor Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia
Nacional y pretender que lo que ha venido defendiendo el señor
Fungairiño no tiene nada que ver con los intentos malhadados del
señor Aznar y de miembros del Gobierno para que otras cosas de
muchísimo más porte que la que estamos discutiendo en este momento
fueran por derroteros distintos, es simplemente creer de nuevo en las
hadas.
Creo que en ese sentido tiene muy poquita credibilidad el Gobierno
cuando dice que lo que expresa el señor Fungairiño es simplemente una
posición jurídica, porque si es una posición jurídica entonces lo
tienen que situar en otro lugar. No puede representar la posición de
quien tiene que defender los intereses jurídicos del Estado, esto es,
de la democracia, ni en asuntos que afectan a derechos humanos o a
crímenes contra la humanidad ni tampoco en cuestiones como la que
estamos tratando aquí.
Ha dicho dos cosas -y con esto voy a terminar, señor presidente-, de
una de ellas me he quedado textualmente con lo que usted ha dicho: No
se ha emitido ningún informe sobre la posición procesal por parte de
la Agencia: Señor Rato, eso es falso. Y textualmente ha dicho: En
relación con piezas separadas, la Agencia Estatal de Administración
Tributaria no ha emitido nunca criterio yno ha expresado posición
procesal alguna. No es verdad.
La posición en esta cuestión surge, se lo he dicho antes en mi breve
intervención, primero, de un escrito formulado por el director de la
Inspección; en segundo lugar, de un informe avalado por otro
jurídico; y, en tercer lugar, surge de una posición del abogado del
Estado que es anterior, se le dan instrucciones a éste en las
actuaciones ante la Audiencia Nacional. Y, posteriormente, de un
escrito de la Secretaría de Estado de Justicia que no sólo confirma
lo anteriormente dicho sino que todavía, si cabe, lo dice con mayor
claridad. En éste se dicen dos cosas: una, en relación con eso que
usted ha ignorado o ha omitido al dar lectura, es decir, con las
retenciones, que no hay delito porque no había tipicidad. Ése es un
informe jurídico que viene de hace tiempo y sobre esa cuestión lo
único que se hace es el levantamiento de actas y, naturalmente, no
hay razón de seguir con actuaciones de carácter criminal. En segundo
lugar, en relación -y en esto le doy la razón- con otras actuaciones
que afectan a los contribuyentes, el servicio jurídico del Estado y
la Secretaría de Estado no dijeron que se sobreseyese como se dice
ahora, lo que se dijo fue que la Audiencia Nacional, por razones que
no le puedo explicar ahora, no era la competente y que eso se tenía
que remitir a los juzgados porque la responsabilidad criminal
eventual que pudiera tener el Banco de Santander no derivaba como
autor en primera instancia sino, en todo caso, por alguno de los
mecanismos de coautoría que pudieran existir. Por tanto, no se
trataba de un sobreseimiento, que es lo que ahora piden, en el cual
ustedes no sólo han dado instrucciones sino que han cambiado
radicalmente la posición; lo que se pedía era que se siguieran las
actuaciones. Por tanto, señor Rato, no es verdad lo que ha dicho y
además hay actuaciones procesales en esa dirección e instrucciones
del director de la Agencia, el señor Bermejo. En el escrito de 8 de
julio de 1997 dice: En relación con la pieza separada referida al
señor Cartagena, esta Dirección General entiende que se desprende
proceder. Y se dan instrucciones en las que se solicita que las
actuaciones no pasen, como se pretendía, al Tribunal de Valencia sino
al Tribunal Supremo. Mire usted, si algo es procesal, desde luego lo
es el ámbito de actuación. Pero no solamente eso, se dice: No hay
relación de conexión alguna entre el señor Serrano y el señor
Cartagena, no hay otro elemento probatorio que el que se recoge en el
mensaje SJ-5 y el valor de lo indicado como elemento probatorio en
última instancia es un elemento absolutamente menor. Se están dando
instrucciones que después son recogidas por el servicio jurídico del
Estado, que es lo que lleva a cambiar la posición en relación con los
criterios que se habían mantenido anteriormente. No ha dicho usted la
verdad, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE: El señor Ríos, por el Grupo de Izquierda
Unida.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Le voy a hacer dos preguntas muy concretas y
después tres comentarios en los minutos que me corresponden, aunque
seré más breve que el interviniente anterior.
Primera pregunta. En el caso de las cesiones del Banco de Santander,
¿he entendido bien que el único
informe que hay es del Gobierno anterior en tránsito desde las
elecciones del 3 de marzo? ¿La actuación que ha evolucionado debe su
origen al Gobierno anterior? Segunda pregunta. ¿He entendido bien que
se compromete usted en esta Comisión a que en esta legislatura
tendremos aprobado el estatuto orgánico de la Agencia Tributaria?
Ahora le hago las tres consideraciones. Es malo tirar pelotas fuera
en cualquiera de las aseveraciones o actuaciones que haya. La
estrategia de credibilidad se combate con el auctoritas y con la
potestas, y usted sólo ha utilizado la potestas. Falta la auctoritas,
que se consigue con una actuación y unos datos que podamos cotejar
todos. Puedo asegurarle que todos los datos que he dado salen de los
que da la Agencia. Le puedo comparar los que dieron en mayo con los
que dieron a finales de agosto. Y por mucho que usted diga que la
pantalla, por decalaje de 20 días, recoge otra cosa, el 31 de agosto
es el 31 de agosto, no puede parir como las conejas. (Risas.) Tiene
que ser el 31 de agosto, no puede ser 20 días después. Y al 31 de
agosto hay dos cifras distintas. Depende si miramos las dadas por el
secretario de Estado cuando comparece y las que da como información.
Diferencias que van de 208.000 millones a 284 millones. A 31 de
agosto han aparecido por el camino 80.000 millones, según vemos en el
ordenador. Desaparece, por ejemplo, delito fiscal, y por ciencia
infusa dice: en el mes de mayo tenemos 86.000 millones de pesetas por
delito fiscal, a 31 de agosto, cuando lo dan a la prensa, 64.000, y
cuando vienen aquí, 116.000. Dígame con qué cifras me quedo de las
que dan ustedes, porque nadie se las inventa y no tiramos del
ordenador. Las del 29 de octubre sí son del ordenador, que es lo
mismo que hizo el secretario de Estado, señor Costa, cuando vino:
sacó una hoja del ordenador del día anterior. Yo no estoy echando
tierra a la Agencia. Al revés, quiero que la recupere.
Ha dicho que no ha habido amnistía fiscal, y es verdad, pero se ha
producido la aprobación de un estatuto del contribuyente que reduce a
cuatro años y a quince millones la posibilidad de actuar. Por tanto,
permítame que le diga que ha habido alguna actuación de desarrollo
normativo que ha abierto determinadas posibilidades que anteriormente
no estaban recogidas.
Claridad de los datos. Yo no he dicho que me dé los datos por días ni
por horas. Lo importante para poder actuar es que sean claros,
precisos y desagregados, para que los podamos comparar.
Termino, señor presidente. El proceso de las cesiones del crédito al
Banco de Santander en octubre de 1996 pasa a la juez actual. El
fiscal redacta su informe el 3 de abril. El informe que usted ha
leído de 1996 ya lo tenía en la mano. El señor Fungairiño actúa en el
verano durante las vacaciones del otro fiscal. ¿Es usando el informe
del 3 de marzo de 1996? Es muy difícil sostener esto. No se tiren la
pelota unos a otros. Lo cierto es que hay que aclararlo. No puede
producirse una actuación que para el fiscal tiene indicios racionales
de criminalidad, una actuación que hace el 3 de abril, un año y un
mes después del otro informe. El fiscal dice eso, pero el señor
Fungairiño actúa de otra manera. De eso no pueden culpar al Gobierno
anterior. Tendrán que responder usted.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: En primer lugar, quiero decirle al señor Rato
que he escuchado algunas cosas positivas, pero sobre todo una: el
reconocimiento de que la parte importante de las conclusiones de la
Comisión de los 200.000 no se ha cumplido y que se ha de cumplir.
Esto hasta ahora no se decía. El señor Costa ha dicho repetidas veces
que se había cumplido todo.
Segunda cuestión previa: un consejo. Dígale al actual director de la
Agencia que procure que la Agencia vaya muy mal porque cuando las
cosas van muy bien o dimiten o les cesan. Para que el actual director
tenga una vida larga en la dirección que lo haga un poco mal, porque
fíjese lo que les pasa a estos dos por haber ido tan bien.
Yo me he quedado preocupadísimo por lo que usted ha dicho de la
Agencia. Le recomiendo simplemente una cosa: que usted lea la cifra
de fraude que dio en el debate del IRPF con motivos de mis preguntas,
que dijo que era de 211.000 de enero a abril -está en el «Diario de
Sesiones»-, y que lea lo que una semana después dijo aquí el señor
Costa. Lea estas dos cosas y esta tarde en la interpelación me lo
contesta, a ver de dónde salen las cifras. Ustedes han hecho un baile
de cifras terrible, están haciendo inspecciones basuras, las cifras
caen, luego no digan que hay transparencia. La memoria de la Agencia,
señor Rato, no se ha publicado. Ustedes han publicado la memoria de
la Administración tributaria. Usted dijo el otro día en el Senado que
no publicaban la memoria de la Agencia porque no querían reiterar la
memoria de la Administración tributaria. Si usted quiere, esta tarde
le digo las cosas que figuraban en la memoria de la Agencia que no
figuran en la memoria de la Administración, y que para tenerlas hay
que conectarse con Internet y estar cinco horas esperando que salgan
las 400 hojas. O sea, de transparencia, nada. Además, yo llevo unos
seis meses haciendo dos preguntas que no contesta nadie, ni por
escrito ni oralmente. A usted se las he hecho hoy también. Les he
preguntado hoy cuánto se cobra de recaudación ejecutiva y cuánto de
recaudación en disconformidad. He hecho una pregunta por escrito que
me han respondido hace quince días. He pedido al Gobierno que me diga
de los contribuyentes condenados por delito fiscal cuántos han pagado
la cuota y las sanciones. Tengo aquí la respuesta. ¿Saben qué
contesta el Gobierno? Que esto no lo saben. Cuesta trabajo aceptar
que el Gobierno no lleva un control de qué condenados por delito
fiscal pagan, porque según mis informaciones -y como no las tengo
ciertas no las digo- prácticamente no paga nadie. Pero ya tendremos
oportunidad esta tarde de hablar sobre este tema cuando haga la
interpelación.
Por lo que se refiere al Banco de Santander, usted no ha contestado a
los dos párrafos que yo le he leído, y no ha contestado porque no se
puede contestar. Es decir, lo que usted dijo entonces no pasó. Y ha
utilizado el siguiente argumento: En la Agencia nosotros no fijamos
posición procesal. No, evidentemente. Ojalá no hubieran hecho nada.
¿Saben lo que han hecho ustedes? Como precisamente el procedimiento
judicial estaba avanzando mucho han intentado abortarlo desde el
Gobierno y
desde el fiscal. Porque, señor Rato ¿quién pedía al fiscal y al
abogado del Estado que el 14 de julio pidieran el archivo del caso?
¿Se lo pidió alguien? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué el 14 de julio?
¿Qué había pasado en junio, mayo y abril? Pues que el procedimiento
judicial estaba avanzando de forma acelerada demostrando
responsabilidades de los directivos del Banco de Santander, y lo que
el Gobierno y el fiscal del Estado han hecho es precisamente intentar
que el procedimiento judicial no avance. Ojalá ustedes se hubieran
estado quietos; ojalá no hubieran hecho nada. Fíjese que no le pido
que utilice todos sus instrumentos, como usted dijo, para defender la
Hacienda pública. Sólo le pido que se esté quieto; y estarse quieto
es simplemente dejar que el procedimiento judicial avance, porque
está avanzando. A nadie se le escapa el hecho de que con dos días de
diferencia el fiscal y el abogado pidan el cierre con los argumentos
con los que lo piden, cuando dos meses antes se ha producido la
dimisión del consejero Cartagena, el informe de robótica en la
Audiencia, la comparecencia de la comisión ejecutiva. Ustedes
objetivamente lo que intentan es cerrar el caso. Por tanto, no
utilicen todos los instrumentos para defender la Hacienda pública,
esténse quietos y dejen que la juez siga la investigación.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez, muy
brevemente.
El Señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente quiero aclarar que en ningún
momento atribuimos la causa de la actual crisis económica mundial al
Gobierno español. Sería un atrevimiento. Por lo demás, aunque el
Gobierno español es importante y va a las reuniones del Fondo
Monetario Internacional o de la OCDE, no pensamos que sea el
protagonista fundamental. En todo caso, intentamos aclarar que la
actual crisis empezó por los eslabones más dependientes de la cadena
y que todo está interrelacionado, y ustedes deben asumir que si esto
es una economía globalizada algo estará funcionando muy mal para que
provoque semejantes desastres en lugares donde antes ustedes vendían
la moto de que eran maravillosos, desde el punto de vista económico,
y que estaba teniendo unas repercusiones muy negativas para inmensas
capas de la sociedad, por lo menos en la mayoría de los continentes.
Intentando explicar esto empleé el término desarrollo endógeno, que
no quiere decir que tenga que ser un desarrollo planificado
exclusivamente y mucho menos socialista o comunista. Si algo es
interesante de China es que puede aprovechar ciertas cuestiones de la
transnacionalización, como intentan aprovecharlas los Estados del
centro, en la medida en que tiene un control mínimamente real de su
economía. Esa es la madre del cordero en la actual situación.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Seré muy breve, señor presidente.
Señor Eguiagaray, el tema de la credibilidad que S.S. pone encima de
la mesa es una opinión política. Su señoría dice que la opinión que
los ciudadanos tenían de la Agencia tributaria ya era buena. Ahora es
mejor. No digo que fuera mala, digo que es mejor, y en otra ocasión
le leeré los datos detenidamente. Eso quiere decir que los ciudadanos
reciben mejor trato. Hay una explicación muy clara. Si a través del
programa Padre que ustedes pusieron en marcha se ayuda a 10 millones
de personas en vez de a 3 millones, ya hay 7 millones de personas que
están más contentas; si tenemos un incremento de devoluciones del 50
por 100, hay un montón de españoles que están más contentos.
Pretender, como ha dicho el señor Ríos, que el estatuto del
contribuyente es equivalente a una amnistía fiscal es una de las
cosas más gordas que he oído. Los derechos de los ciudadanos no son
amnistías, señor Ríos. Que la Administración tributaria esté obligada
a luchar contra el fraude en cuatro años y no mantenga una situación
de indefensión de los ciudadanos no es ninguna amnistía. No puedo
compartir su afirmación, y ahora me dirá que no la ha hecho. (El
señor Ríos Martínez: Sí la ha hecho.) Pues no la comparto. (El señor
Ríos Martínez: Yo tampoco la suya.)
En cuanto a la posición procesal, vuelvo a insistir en algo sobre lo
que SS.SS. tratan de ver si yo cambio mi posición. No la voy a
cambiar. Sus señorías quieren hacer un debate político sobre
afirmaciones jurídicas y en ese caso todos tenemos que saber lo que
estamos diciendo. La Agencia tributaria no ha emitido una posición
procesal desde marzo de 1996. A partir de ahí ustedes pueden insistir
en lo contrario porque conviene a sus argumentos políticos, pero no
es así. No es así porque no es nuestra responsabilidad emitirla, lo
cual no quiere decir que no seamos solidarios con lo que hace el
resto del Gobierno. A las preguntas que me dirigen yo les contesto lo
que hemos hecho y cuáles han sido los momentos en los que se ha
emitido una posición procesal. El señor Eguiagaray dice que era
justificada en función de las retenciones. Y no he dicho que no lo
fuera; he dicho que ha sido la única vez que se ha emitido una
posición procesal y que de los 228 casos en ninguno, ni en el del
señor Cartagena ni en otros, se ha emitido posición procesal, se han
dado informes técnicos que si nos lo solicitan estamos obligados a
dar.
Respecto al debate sobre los datos, estoy dispuesto a hacer todos los
esfuerzos que SS.SS. me requieran, pero sería importante, señor Ríos,
que cuando nos piden explicaciones nos escuchen; si no, nos piden
siempre la misma explicación y podemos tirarnos esta legislatura y la
siguiente, si es que ganamos las elecciones, con la misma pregunta y
la misma explicación. Le voy a poner un ejemplo y después otro al
señor Saura. Hay unos datos oficiales, que se dan por escrito al
señor Saura el 31 de mayo, sobre la actuación inspectora, hay una
nota de prensa que se da el 31 de agosto; y hay unos datos oficiales
que se dan el 31 de agosto. Hay una diferencia, la hay, y la hemos
explicado. En la nota de prensa del 31 de agosto faltan los datos de
aduanas, sólo se refiere a la inspección. Lo ha dicho el secretario
de Estado, lo he dicho yo en el Senado el otro día, lo he dicho aquí
y me
lo volverán ustedes a preguntar. Es un argumento retórico. Han
encontrado ustedes la prueba del nueve de que haya una nota de prensa
que no coincide con las informaciones oficiales y están ustedes
montándose la argumentación. Móntenla. Yo no tengo ningún
inconveniente en que la monten, pero no me pidan que cambie mi
explicación. Ustedes me preguntan lo mismo y yo les contesto lo
mismo. No puedo hacer otra cosa. ¿No se quieren enterar porque no
conviene a su argumentación total? Me parece obvio. Ya me estoy dando
cuenta en este debate, desde hace mucho tiempo, de que todo el mundo
tiene su posición prefijada, o por lo menos una parte de los grupos
parlamentarios. Como tienen su posición prefijada, yo hago lo que
ustedes me piden, pero no puedo cambiar su posición porque a ustedes
no les interesa cambiarla.
El señor Saura me pregunta -y es verdad que no le he contestado en mi
intervención- qué pasa con la recaudación ejecutiva. Cuando las actas
son de conformidad, aproximadamente el 70 por 100 se recauda
voluntariamente. Cuando son de disconformidad, ¿sabe lo que pasa,
señor Saura? Que la gente recurre y avala. (El señor Saura Laporta:
Lo queremos en un papel impreso.) Sí, yo le mando a usted todos los
papeles impresos. Las actas de disconformidad estarán recurridas
y avaladas, por lo que en la mayoría de los casos no se puede poner en
marcha el procedimiento de recaudación ejecutiva, lo cual es lógico.
Cuando la gente está disconforme, señor Saura, además de estar
disconforme ¿sabe usted lo que hace? Recurre. ¿Y sabe lo que tiene
que hacer? Avalar. Y cuando estamos en un procedimiento de delito
fiscal sucede lo mismo. En este momento no le puedo dar los datos de
1998 porque al final puedo estar viendo -depende de los tribunales-
sentencias de hace tiempo. (El señor Saura Laporta: ¿Y no hay
sentencias de años anteriores?) Por tanto, señor Saura, se los
daré...
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Saura, haga la pregunta y con el
tiempo se la contestarán.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Le vuelvo a contestar y estoy seguro de
que me va usted a preguntar lo mismo esta tarde otra vez y le voy a
contestar lo mismo, por lo que estaremos en un debate en cierto
sentido poco constructivo aunque creo que podemos avanzar en algunas
cuestiones. El señor Saura me pide algunas cosas que creo que son muy
consecuentes y, además, voy a tener el gusto de podérselas
proporcionar.
El cargo de director de la Agencia tiene ya una historia y puedo
decirle que los dos directores que ha habido bajo la responsabilidad
del Gobierno del Partido Popular no son los que menos han durado.
Probablemente tiene que ver con que sea una cargo en el que las
personas sufren un desgaste porque es uno de los puestos difíciles de
la Administración. Pero lo importante no es si las personas sufren un
desgaste probablemente lo será para ellas y yo les reconozco sus
méritos, lo importante son los resultados para los ciudadanos, y los
resultados para los ciudadanos son los que yo doy a S.A. y que no le
gustan
porque no le sirven para su argumentación. Eso ya entra dentro del
debate parlamentario.
Tiene razón S.S. en que la memoria de la Agencia tributaria está en
Internet y no ha sido editada. Será editada, puede estar convencido
S.S. de que lo será en muy breve plazo. Pero la memoria más completa
en nuestra opinión es la que se refiere a la Administración
tributaria. Perdón, me he equivocado. La memoria de la Agencia está
en Internet y la de la Administración tributaria está editada. Su
señoría me pide que estén editadas las dos. (El señor Saura Laporta:
La de la Administración está en Internet y la de la Agencia no está
ni en Internet ni editada).
Perdón, señoría, está equivocado. (El señor Saura Laporta: Seguiremos
esta tarde.) Bien, seguiremos esta tarde (Risas.)
Su señoría ha construido todo un discurso político sobre un tema
judicial. Esto le va a dar notoriedad pero no es un debate político.
Partir de la base de que las actuaciones de los fiscales se
corresponden con instrucciones políticas del Gobierno y no con su
responsabilidad judicial es tener por presunción que un montón de
personas están cometiendo delitos. Su señoría se puede permitir el
lujo de decir eso porque es diputado, pero quiero decirle que ya sé
que hay una parte de esta Cámara que tiene políticamente una posición
sobre el señor Fungairiño por razones políticas, no nos vamos a
engañar, ya conocemos todos cuáles son las razones, como
decía el señor Eguiagaray, de mucho peso. (El señor Saura Laporta:
Por lo que hace.) Bien. Pero no se puede presumir y decir alegremente
-usted porque es diputado lo puede decir- que aquí hay un contubernio
en contra de la ley por parte del Gobierno y de la fiscalía y de
todos los fiscales, porque esa es una afirmación que S.S. puede hacer
y con la que seguramente va a ganar alguna notoriedad pero, desde
luego, no está respondiendo ni a la verdad ni a un debate político.
Pero S.S. elige ese debate y tiene que encontrarse con sus
contradicciones y sus límites y con que al final no lleva a ningún
sitio. (El señor Saura Laporta pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Saura, ¿a qué efectos?
El señor SAURA LAPORTA: Por las contradicciones. El señor Rato ha
dicho que yo he manifestado que ha ido contra la ley y he dicho que
el Gobierno ha querido paralizar el procedimiento judicial, quiero
que conste en acta.
El señor VICEPRESIDENTE: Aclarado queda.
Encantado de haberles presidido, se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.