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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 573, de 19/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 573
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET
Sesión núm. 43
celebrada el jueves, 19 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps), para informar sobre:
- Directrices y criterios básicos del Gobierno en relación con el
desarrollo reglamentario de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
sector eléctrico y sobre las políticas de tarifas y de apertura del
mercado para los ejercicios 1998 y 1999. Asolicitud del Grupo
Socialista del Congreso (número de expediente 213/000731)
... (Página 16758)
- Las noticias sobre la posible titulización de los costes de
transición a la competencia que se recogen en la Ley del sistema
eléctrico. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso (número de
expediente 213/000786) ... (Página 16758)
- Balance de la política industrial desarrollada por el Gobierno y
perspectivas ante el nuevo escenario económico internacional.
Asolicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 213/000800) ... (Página 16758)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes, y buenas tardes, señor
ministro, bienvenido a la Comisión de Industria.
Comenzamos la sesión de hoy. El orden del día prevé la comparecencia
de don José Piqué i Camps, ministro de Industria y Energía, para
informar sobre la directrices y criterios básicos del Gobierno en
relación con el desarrollo reglamentario de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y sobre las políticas de tarifas y de
apertura del mercado para los ejercicios 1998 y 1999. El segundo
punto del orden del día plantea la comparecencia del ministro para
informar acerca de las noticias sobre la posible titulización de los
costes de transición a la competencia que se recogen en la Ley del
sistema eléctrico. El tercer punto es para que el señor ministro
explique el balance de la política industrial desarrollada por el
Gobierno y las perspectivas ante el nuevo escenario económico
internacional.
Señorías, y me dirijo a los portavoces de los distintos grupos, si
les parece a ustedes bien, podríamos organizar la sesión de esta
tarde de la siguiente forma: primero, daría la palabra al ministro
para que hiciera su exposición, para que haga su intervención
respecto de los tres aspectos por los que se ha planteado su
presencia en esta Comisión, y acto seguido daría la palabra a los
grupos que han propuesto las solicitudes de comparecencia, para que
consuman el turno de intervención correspondiente. Al final daría
turno de fijación de posición a los demás grupos parlamentarios que
no han planteado solicitudes de comparecencia. ¿Algún grupo tiene
alguna observación a esta propuesta de organización de la sesión de
esta tarde? (Pausa.)
Sin más, señorías, doy la palabra al ministro para que haga su
primera intervención.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA (Piqué i Camps): Atendiendo a
su planteamiento, doy respuesta a las dos primeras solicitudes de
comparecencia y lo haré conjuntamente porque me parece que tratan
sobre un tema que permite su agrupación, ello también me va a
permitir hacer un balance del amplio trabajo realizado hasta el
momento, del que estamos desarrollando y desarrollaremos en el
próximo futuro, para continuar haciendo realidad la liberación del
sector eléctrico español que ha diseñado y emprendido el actual
Gobierno.
Comienzo por exponer a SS.SS. el desarrollo reglamentario de la Ley
del sector eléctrico realizado desde su aprobación, la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre. En un tiempo inusual, sobre todo si lo comparamos
con la carencia de desarrollo que por parte del anterior Gobierno
tuvo la hoy derogada Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, el Gobierno aprobó antes del 31 de diciembre de 1997, es
decir, con apenas un mes, con el apoyo de todos los interesados y la
colaboración de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, antes
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, las normas de desarrollo de
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que paso a enumerarles y que
habilitan la
aplicación de sus disposiciones, garantizando la transparencia de la
misma.
El 26 de diciembre del año pasado, un mes escaso, por lo tanto,
después de la aprobación de la ley, se aprobaron los siguientes
reales decretos: El primero es el Real Decreto 2016/1997, por el que
se establece la tarifa eléctrica para 1998, en el que además de
disponerse la nueva rebaja de las tarifas, se fijaron las tarifas de
acceso y la evolución de la retribución fija de los costes de
transición a la competencia prevista para 1998. El segundo es el Real
Decreto, 2017/1997, por el que se organiza y regula el procedimiento
de liquidación de los costes de transporte, distribución y
comercialización a tarifa de los costes permanentes del sistema y de
los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, que ha
permitido asegurar que las actividades reguladas sean liquidadas por
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. El tercer Real Decreto
aprobado es el 2018/1997, por el que se aprueba el reglamento de
puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.
Y el cuarto es el Real Decreto 2019/1997, por el que organiza y regula
el mercado de producción de energía eléctrica, que posibilitó un
cambio radical desde la explotación unificada hasta un mercado
competitivo a partir del 1 de enero de 1998. De tres días después de
estos reales decretos es la Orden de 29 de diciembre de 1997, por la
que se desarrollan algunos aspectos del último real decreto
mencionado, por el que se organiza y regula el mercado de producción
de energía eléctrica. La orden establece, entre otros aspectos
destacados, los de la presentación de ofertas de venta de energía, la
retribución e imputación de la garantía de potencia y el tratamiento
de los contratos existentes de Red Eléctrica de España.
Antes del verano de este año otras disposiciones han venido a
complementar y desarrollar las ya mencionadas, subsanando carencias,
que en algunos casos eran graves, de las regulaciones anteriores. Me
refiero a las siguientes: el Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan general de
contabilidad a las empresas del sector eléctrico, que ya fueron
tenidas en cuenta para el cierre del ejercicio de l997. Con ello
culmina un largo proceso de adaptación, iniciado a principios de los
noventa, efectuándose la trasposición de la directiva sobre normas
comunes del mercado interior de electricidad en el aspecto contable.
También cabe mencionar la resolución de 30 de junio de 1998 de la
entonces Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales,
mediante la que se publicaron las reglas de funcionamiento del
mercado de producción de energía eléctrica y el contrato de adhesión
a dichas reglas para dar la mayor transparencia del mercado a todos
los interesados. Hasta dicha publicación, las citadas normas habían
sido objeto de comunicación a los agentes del mercado previamente a
su adhesión. Con esta publicación hay que decir que se rompe la
política tradicional de no comunicación de los anteriores gobiernos.
Quiero recordar que las reglas sobre compensaciones del marco legal y
estable no fueron nunca objeto de publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
También cabe hacer referencia a la Orden de 14 de julio de 1998, por
la que se establece el régimen jurídico aplicable a los agentes
externos para la realización de intercambios intercomunitarios e
internacionales de energía eléctrica. La citada orden se dictó como
desarrollo de lo previsto
en el Real Decreto 20l9/1997, de 26 de diciembre, ya citado, por el
que se organiza y regula el mercado de producción de energía
eléctrica. Esta orden ha propiciado que cuatro empresas eléctricas
extranjeras hayan solicitado la condición de agentes externos. Se ha
concedido ya dicha condición a Red Eléctrica Nacional de Portugal, a
Electrabel, Sociedad Anónima, de Bélgica y está pendiente de
completar los expedientes de EDF de Francia y la ONE de Marruecos.
Las cuatro empresas solicitan la condición de compradores y
vendedores de energía eléctrica en el mercado organizado. Los nuevos
oferentes y demandantes de energía eléctrica dinamizarán el mercado
español y europeo.
Por último, quiero mencionar la resolución del 30 de julio de 1998 de
la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, mediante la
que se aprobó un conjunto de procedimientos de carácter técnico e
instrumental necesarios para la realización de la adecuada gestión
técnica del sistema eléctrico, dando total transparencia a la misma.
Recuerdo a SS.SS. que desde 1985 hasta la fecha las normas
equivalentes de la explotación unificada no fueron ni siquiera
comunicadas a los interesados. Hasta aquí he expuesto los desarrollos
ya efectuados de la Ley 54/1997, del sector eléctrico. Acontinuación
paso, si me lo permiten, a explicar a SS.SS. el conjunto de normas
que tenemos pendientes y en diverso estado de trámite.
En primer lugar, las normas necesarias para el desarrollo completo de
la ley y, en segundo lugar, las normas o modificaciones de normas
existentes que son necesarias para una todavía mayor apertura del
mercado de electricidad, que el Gobierno está dispuesto a impulsar.
Hay normas que están ya en avanzado trámite de aprobación para
completar el desarrollo normativo de la Ley del sector eléctrico,
y son, fundamentalmente, las siguientes: La primera es el real decreto
de extinción de Ofico, que fue ya informado por la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico y sometido al preceptivo informe del Consejo de
Estado, estando prevista su aprobación por el Consejo de Ministros en
las próximas semanas. Con la extinción de Ofico se busca reforzar al
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y a la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, así como dar destino a los fondos
pendientes de asignación de Ofico. Ofico ha desempeñado desde su
creación en los años setenta una labor necesaria para el sector
eléctrico y para el sector de la minería del carbón. Sin embargo, la
creación tanto de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en sus
nuevas funciones, como del Instituto del Carbón hace necesaria su
extinción, debiendo, no obstante, alabarse sus largos años de
servicios a la Administración y especialmente a los sectores
mencionados, tanto al sector eléctrico como al sector de la minería
del carbón.
También está en avanzado estado el real decreto sobre el régimen
especial. La Ley del sector eléctrico ha modificado sustancialmente
las características, derechos, sistema de primas y precios de las
instalaciones de producción en régimen especial, por lo que es
necesario dictar la norma reglamentaria necesaria para estas
instalaciones. El proyecto de real decreto sobre este régimen ha sido
ya sometido a trámite de audiencia de los interesados e informado
preceptivamente por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. En
estos momentos, a partir de las sugerencias recibidas,
estamos trabajando en correcciones y en su mejora, estando
previsto su próximo traslado al Consejo de Estado para el
correspondiente informe preceptivo, que es necesario, por otra parte,
al tratarse del desarrollo de una ley. Creo que este real decreto
dará un apoyo decisivo a las energías renovables, tanto las no
consumibles como las derivadas de la biomasa y el biocombustible, y
además dará una solución al tratamiento de los lodos y de los
residuos ganaderos y forestales. Pensamos que contribuirá
decisivamente al cumplimiento del objetivo de la Ley del sector
eléctrico, en línea con los de la Unión Europea, para que en el año
2010 el 12 por ciento del total de la demanda energética de España se
cubra mediante fuentes de energía renovable.
También quiero mencionar el real decreto sobre retribución de las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, que
engloban transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
dando el nombre completo. Vistas las alegaciones presentadas en el
trámite de audiencia y vista la complejidad de la citada norma, que
en algunos casos era normativa preconstitucional, se ha considerado
conveniente segregar de este reglamento la retribución del transporte
y la distribución como reglamento autónomo. Con ello, pretendemos dar
una solución a la retribución del transporte y la distribución y
posibilitar un tránsito adecuado desde una regulación que era objeto
de múltiples controversias a una que esté adaptada a la nueva Ley del
sector eléctrico. Tenemos prevista la aprobación de este reglamento
antes de que finalice el presente año, al objeto de que la Comisión
pueda liquidar, conforme a esta normativa, dicha retribución.
Quiero mencionarles ahora normas de desarrollo de la ley que están
previstas para el primer trimestre de 1999, y empiezo por el
reglamento de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica. Como antes decía en cuanto al real decreto inicial, al
haber desgajado la parte más urgente de la retribución de las
actividades reguladas, el reglamento podrá ser objeto de un estudio
más sosegado, estimándose factible su aprobación, como digo,
a principios del próximo año. Estamos a la espera de recibir el informe
preceptivo de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Con este
reglamento se completará el desarrollo normativo de las diversas
actividades del sector eléctrico y se darán por finalizadas las
disposiciones de carácter general del sector.
No obstante, no quiero dejar de referirme a un tratamiento específico
que merece la singularidad del suministro en áreas extrapeninsulares
e insulares: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, ha modificado la
reglamentación específica de los sistemas extrapeninsulares e
insulares. La reglamentación singular de dichas actividades debe ser
objeto de acuerdo con las comunidades o ciudades autónomas
correspondientes, y por ello estamos trabajando en la elaboración de
un reglamento con ese fin.
Paso a continuación a exponer a SS.SS. las normas o modificaciones de
normas existentes que el Gobierno ha considerado necesarias para
conseguir una mayor apertura del mercado de electricidad que, como he
dicho, el Gobierno está plenamente dispuesto a impulsar. El primer
comentarioes en cuanto a una modificación de la Orden de 29 de
diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y
regula el mercado de producción de energía eléctrica. La Orden
mencionada de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan
algunos aspectos del también mencionado Real Decreto 2019/1997,
contiene en su apartado segundo los procedimientos de retribución e
imputación de la garantía de potencia. Aunque dichos procedimientos
contaron con un grado elevado de acuerdo del sector eléctrico, su
aplicación y efectos hay que decir que no han sido suficientes, y en
ello coinciden todas las partes implicadas. Por tanto, una
profundización en la liberalización del suministro es deseable, al
igual que quitar las trabas que puedan existir hacia los avances en
la exportación de energía a otros países. Por ello, se ha planteado
una modificación de la citada orden, que ha sido sometida ya al
trámite de audiencia de los interesados y al preceptivo trámite de
informe por parte de la Comisión del Sistema Eléctrico.
Una vez recibidas las alegaciones y el informe de la Comisión, se han
realizado las oportunas modificaciones, que tienen en cuenta una gran
parte de las observaciones sobre el texto realizadas por aquélla.
Actualmente, como es preceptivo, está siendo informado por la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Energía, por
lo que es previsible su aplicación efectiva en muy breve plazo. Con
la modificación de la orden por el lado de los demandantes de
electricidad se reduce sustancialmente el pago por garantía de
potencia que deben realizar los comercializadores, los agentes
externos y los consumidores cualificados.
Por otra parte, se establece una definición ex ante de los períodos e
importes a pagar en cada hora del año por estos demandantes de
energía en el mercado. Igualmente, se aclara también definitivamente
que los contratos bilaterales físicos no están sometidos al pago de
la garantía de potencia. Aunque hasta ahora era ésta la
interpretación que regía la aplicación de la orden, los implicados
necesitaban que la propia norma garantizase con plena certeza
jurídica esta excepción de pago al sistema. Asimismo, por el lado de
los oferentes se igualan los derechos de cobro por este concepto de
las instalaciones ya existentes con los de las nuevas instalaciones.
Es decir, se les da una igualdad de trato a los titulares de
instalaciones de similar tecnología. Además, para tener derecho a
cobrar garantía de potencia, se exige ahora el funcionamiento de un
número mínimo de horas, l00 al año, por lo que se incentiva la
competencia efectiva entre todas las instalaciones existentes y se
rompe definitivamente con el pasado del marco legal y estable en el
que se podían cobrar en concepto de costes fijos sin necesidad de que
estuvieran funcionando esas instalaciones. Hay que decir que con esta
medida, que ha sido objeto de contestación por parte del sector, se
obliga a un número elevado de instalaciones, fundamentalmente de
fuel-gas, a ofertar y a funcionar efectivamente al menos l00 horas al
año. Hasta ahora venían cobrando garantía de potencia por producir
sólo en las puntas de demanda, siendo en general su tiempo de
funcionamiento inferior a las l00 horas. Por último, dado que el
total de pagos por garantía de potencia viene determinado por la
demanda del mercado de electricidad, la medida no supone incremento
de coste por este concepto al conjunto del sistema y, al mismo
tiempo, posibilita el abaratamiento
del precio final para los clientes cualificados que
decidan ejercer su derecho.
Otra medida destinada a profundizar la apertura efectiva del mercado
eléctrico es la modificación de las tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución en el proyecto de real decreto para 1999.
Dicho proyecto ha sido sometido a trámite de audiencia e informado
preceptivamente por la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico,
estando previsto su traslado al Consejo de Estado. En síntesis, está
prevista una rebaja media del 25 por ciento sobre la tarifa de acceso
vigente, así como la creación de una tarifa específica para
incentivar las exportaciones de electricidad. En este mismo proyecto
de real decreto está previsto el adelanto del calendario de
liberalización, de tal forma que, a partir del 1 de enero de 1999,
los consumidores con un consumo superior a cinco gigavatios/hora/año
serán cualificados, en lugar de serlo, como estaba previsto, el 1 de
enero del 2002. Al mismo tiempo, antes del 1 de octubre del próximo
año, es decir, en menos de un año, serán cualificados todos aquellos
consumidores que tengan un consumo superior a un gigavatio/hora/año
en lugar de adquirir dicha cualificación el año 2004, como estaba
previsto. Por tanto, este real decreto profundizará y dinamizará la
libertad de contratación entre las partes situando a España en el
grupo de cabeza a nivel mundial en la liberalización del suministro
de electricidad. Adicionalmente a estas medidas destinadas a
profundizar en el proceso de liberalización, el Gobierno aprobará
para 1999 una reducción de tarifas para los consumidores no
cualificados, es decir, los sometidos a tarifa, del 2,5 por ciento,
con lo que se superan las previsiones del Protocolo Eléctrico,
firmado en diciembre de 1996.
Este conjunto de iniciativas, destinadas a profundizar en la
liberalización del mercado y en la reducción de las tarifas que pagan
los clientes no cualificados, supone una mayor incertidumbre para las
empresas, resultado de un entorno en el que habrán de hacer frente a
mayores niveles de competencia en relación a las previsiones
iniciales. Por esta razón, el Gobierno considera que procede
equilibrar la situación con la utilización de un instrumento
financiero que permita anticipar la percepción de los derechos
futuros sobre los CTC por parte de las compañías del sector. Aello
obedece el reciente principio de acuerdo al que han llegado el
Gobierno y las empresas eléctricas. Lo que se propone para equilibrar
los intereses de las distintas partes es la titulización de algo más
de un billón de pesetas previa renuncia expresa por parte de las
empresas -lo que en términos coloquiales podríamos llamar quita- a
cobrar 257.000 millones de pesetas del saldo previsto de los CTC para
finales de año. Los cerca de 320.000 millones de pesetas del saldo
restante, sin contar la prima del carbón autóctono y en pesetas de
diciembre del presente año, se podrán recuperar hasta el año 2007
mediante el actual sistema de diferencias. Ello exige la afectación
-que no un recargo- de un porcentaje de la tarifa y, por tanto, la
modificación de la Ley del sector eléctrico. De manera que los
términos en los que el acuerdo se plasme definitivamente no dependen
ya del Gobierno, sino de los representantes de la soberanía popular a
través del Parlamento.
A la vista de los argumentos que sobre esta cuestión plantean tanto
la Comisión Nacional del Sistema Eléctricocomo diversos grupos
parlamentarios, les anticipo que se
está trabajando en un esquema que, sin impedir la titulización,
permita corregir en su caso los hipotéticos y, desde nuestro punto de
vista, muy improbables excesos que pudiera haber sobre los CTC que
realmente se materialicen, de manera que en ningún momento los
consumidores pudieran resultar perjudicados.
En cuanto a las dos primeras solicitudes, nada más por mi parte de
momento. Si le parece bien al señor presidente, paso a la otra
solicitud de comparecencia y a explicar el balance de la política
industrial desarrollada por el Gobierno y las perspectivas ante el
nuevo escenario económico internacional.
No sé si se han repartido ya algunos gráficos y cuadros que deseaba
aportar y que me parece que pueden ilustrar de una manera más clara
mis explicaciones. (Asentimiento).
Señorías, como ya dije en mi comparecencia del pasado mes de junio
ante esta misma Cámara, el año 1997 fue excelente tanto para el
conjunto de la economía española como de forma especialmente
destacada para el sector industrial. Las perspectivas que se abrían a
principios de 1998 también eran claramente favorables y fueron
confirmadas por la evolución de los indicadores económicos en los
primeros meses del año. Sin embargo, los acontecimientos que han
tenido lugar en los últimos meses, suficientemente conocidos por
parte de todos, han modificado sensiblemente el escenario económico
internacional. Es importante que evaluemos, por tanto, qué posibles
repercusiones pueden tener estas modificaciones sobre la evolución de
nuestra economía y, en particular, sobre la evolución de nuestra
industria.
Quiero recordar, en primer lugar, algunos de los aspectos más
relevantes de la evolución de la actividad económica en 1997 para, en
segundo lugar, detenerme en el análisis de los cambios que desde
entonces han tenido lugar en el panorama económico internacional y, a
continuación, considerar qué perspectivas se abren para nuestra
actividad económica y especialmente para nuestra actividad
industrial.
En lo que se refiere a la actividad económica general, quiero
recordar que en el año 1997 el PIB aumentó, como es sabido, en un 3,5
por ciento en términos reales, que es más de un punto porcentual por
encima del crecimiento del ejercicio precedente. Esta evolución
permitió acortar las diferencias que en términos de bienestar
económico y, por lo tanto, de convergencia real, nos separan de los
países de nuestro entorno y, en particular, de los países de la Unión
Europea, como es natural. En concreto, el crecimiento del producto
bruto español superó en 0,4 puntos porcentuales a la media de la OCDE
y en 0,8 puntos porcentuales a la de la Unión Europea. Este
crecimiento impulsó la creación de empleo, que aumentó en un 3 por
ciento en el conjunto del año, lo que significó la creación de más de
360.000 puestos de trabajo, prácticamente mil puestos de trabajo
nuevos por día.
Hay que decir que si el año 1997 fue bueno para la actividad
económica en general, sólo puede calificarse de excelente para la
actividad industrial. El valor añadido bruto generado por la
industria aumentó en un 5,4 por ciento en términos reales, por tanto,
cerca de dos puntos porcentuales por encima del crecimiento del
conjunto del producto bruto, y el índice de producción industrial
creció en un 6,9 por ciento frente a un descenso de 7 décimas en
1996. Además, este crecimiento de la actividad, y conviene remarcarlo
porque es la primera vez que se produce en estos términos, se da en
ausencia de tensiones inflacionistas. El índice de precios
industriales creció sólo un 1 por ciento, que es la tasa más baja de
los últimos diez años, aunque todavía va a ser más baja, incluso
negativa, este año, como diré después, y favoreció la creación de
empleo en la industria con un aumento del 3,2 por ciento.
Desde nuestro punto de vista, la clave de este favorable
comportamiento ha sido la recuperación de la confianza empresarial
que se inició en 1996 (y es mi opinión personal que ha sido impulsada
tanto por el nuevo diseño de la política macroeconómica como de la
específicamente dirigida al sector industrial) y que llegó a alcanzar
niveles máximos en los últimos meses de 1997. En la primera mitad del
presente año la confianza se afianzó, los indicadores cualitativos se
estabilizaron en valores elevados, apuntando a una consolidación de
la fase expansiva del ciclo industrial que posteriormente los
indicadores reales de actividad vinieron a confirmar. Eso queda
plenamente reflejado en los gráficos 1 y 2 que se les ha repartido,
el primero en relación al indicador de clima industrial, a través de
la encuesta de coyuntura industrial que elabora la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Industria y Energía, y también desde el
punto de vista del índice de producción industrial e indicador de
clima industrial, teniendo en cuenta las tasas y saldos suavizados de
las series de ciclo-tendencia y que muestran ya, sin los picos
normales, lo que es realmente la evolución de esas variables.
Sin embargo, la evolución más reciente del entorno económico
internacional obliga a reflexionar sobre la posibilidad de mantener
el excelente comportamiento hasta ahora observado. Ante la extensión
de la crisis asiática, que se desencadenó hace ya más de un año con
la devaluación de la moneda tailandesa en agosto de 1997 y que
después se extendió, como saben ustedes, a corto plazo a Malasia, a
Indonesia y posteriormente a países como Corea y finalmente Japón, se
han revisado a la baja las previsiones de crecimiento de la actividad
económica mundial y es preciso evaluar las repercusiones que este
cambio en el entorno puede tener sobre la actividad económica e
industrial de nuestro país.
En primer lugar, hay que decir que los orígenes de la crisis son
variados y, en todo caso, externos a nuestra economía. Entre sus
principales causas hay que mencionar las debilidades estructurales
detectadas en los países asiáticos afectados, fundamentalmente en sus
sistemas financieros, que, en combinación con otros factores de
carácter externo a sus propias economías, dio lugar a la aparición de
los primeros problemas y, sobre todo, a una pérdida de confianza de
los inversores en la sostenibilidad del régimen cambiario que terminó
por desencadenar la crisis. Entre esos factores de carácter externo a
esas economías, quisiera mencionar, por ejemplo, la tendencia a la
reducción de los precios de semiconductores y productos relacionados
en los mercados internacionales, que constituyen los principales
productos de exportación de las economías emergentes del sudeste
asiático, también el repunte de los precios energéticos que tuvo
lugar en 1996 y, quizá lo más importante, la apreciación del dólar
frente al yen, que tuvo lugar en el mismo año. Hay que recordar que
estas economías mantenían una vinculación de sus monedas con el
dólar, por lo
que esta apreciación generó problemas serios de competitividad.
La extensión de la crisis, primero entre las propias economías
asiáticas y luego hacia Rusia y Japón, como ya he mencionado, y el
riesgo de contagio que hoy se aprecia para las economías
latinoamericanas, se produjo también a través de diversas vías: en
primer lugar, por la existencia de causas comunes como la apreciación
del dólar frente al yen o la existencia de deficiencias en los
sistemas bancarios de algunas economías emergentes; en segundo lugar,
a través de los efectos que la crisis económica en un país tiene
sobre la economía real de los demás. Así, la devaluación de la moneda
tailandesa agravó los problemas de competitividad de los países de la
región, especializados en productos y mercados geográficos muy
similares. La prolongación de la crisis ha dificultado igualmente las
exportaciones japonesas, contribuyendo a desencadenar la actual
recesión que, no obstante, obedece también a causas más profundas de
orden interno.
Finalmente, la crisis se extiende mediante lo que podemos denominar
un efecto contagio puro, que tiene lugar a través del deterioro de la
confianza de los inversores y sus repercusiones en los mercados
financieros. La declaración de la crisis en un país lleva a los
inversores a volver a evaluar los fundamentos económicos de otros
países, en especial de aquellos que presentan características
similares, y a valorar en mayor medida el riesgo que presentan las
economías menos estables. Se produce así lo que se ha dado en llamar
un efecto refugio o también de huida hacia la calidad desde las
economías que presentan mayores riesgos hacia aquellas que tienen una
mayor tradición y unos mayores resultados en términos de estabilidad.
Para evitar esta huida de los capitales, los países afectados se ven
obligados a aumentar la prima de riesgo de sus monedas, el
diferencial de tipos de interés que mantienen respecto a monedas
consideradas estables, y eso, como es natural, tiene efectos
contractivos sobre el consumo, la inversión y, en definitiva, el
crecimiento económico.
La globalización de la actividad económica, y muy especialmente la de
los mercados financieros, implica que hoy en día ningún país puede
quedar completamente al margen de una crisis de estas
características, pero sus repercusiones sobre los distintos países
son también muy variadas. En particular, para las economías
desarrolladas, y entre ellas la española, la crisis actual puede
tener tanto efectos negativos como positivos. Los efectos negativos
son evidentes: la desaceleración del crecimiento en las economías
afectadas dificulta nuestras exportaciones hacia estos países; por
otra parte, la devaluación de sus monedas, con la consiguiente
ganancia de competitividad a corto plazo, también puede suponer
problemas para los productos competidores, tanto en los mercados
internacionales como en los domésticos. No obstante, las dificultades
financieras que atraviesan las empresas de los países afectados
tienen en muchos casos efectos más importantes y duraderos sobre su
capacidad para competir que los que se derivan estrictamente de las
devaluaciones.
Quizá sean menos evidentes los efectos positivos, que
fundamentalmente se están produciendo a través de la reducción de los
precios de las materias primas, especialmente las energéticas, en los
mercados internacionales. La
menor demanda de las economías emergentes es el principal factor
explicativo de este descenso. Esta evolución está permitiendo que el
proceso de crecimiento que está teniendo lugar tanto en Estados
Unidos como en Europa se prolongue sin generar tensiones
inflacionistas, a pesar de que el grado de utilización de los
recursos productivos es ya muy elevado. Otro efecto colateral
positivo puede ser el derivado de la desviación de los flujos de
capital, que en esa huida hacia la calidad que mencionaba es probable
que favorezcan en mayor medida a las economías más desarrolladas
y más estables. Por otro lado, la devaluación de las monedas de las
economías emergentes afectadas, unida a la importante caída de los
precios de los activos reales y financieros, abre también excelentes
oportunidades de inversión en estos países, evidentemente siempre que
se invierta en los mismos con una perspectiva de largo plazo.
Para España, por lo tanto, el efecto negativo directo que podemos
esperar de la crisis es reducido. ¿Por qué? Porque las relaciones
tanto comerciales como de inversión con las economías más afectadas
son muy limitadas, lo que en gran medida nos aísla de un impacto
directo. Por otra parte, los importantes avances conseguidos en el
equilibrio del cuadro macroeconómico y en el funcionamiento eficiente
de los mercados de factores y productos son una protección importante
frente a un eventual contagio financiero de la crisis. Pero, además,
la inminente incorporación de España a la zona euro es un factor que
genera una confianza adicional. Si me permiten, para ilustrar este
efecto protector basta comparar el comportamiento de los mercados
financieros durante la última crisis que tuvo repercusiones
internacionales, y me refiero a la protagonizada por México hace unos
pocos años y que fue conocida con el llamado efecto tequila.
Las economías del sur de Europa, que en aquella ocasión se vieron
afectadas por un fuerte aumento de la prima de riesgo ante la pérdida
de confianza de los inversores, tienen en cambio en la actualidad una
credibilidad mucho mayor derivada de su incorporación al euro. Esto
se ve perfectamente en el cuadro 1, titulado Efectos comparados de la
crisis actual y del efecto tequila, que también se les ha
distribuido. Así, particularizando para España, el denominado efecto
tequila dio lugar a un aumento del diferencial de tipos de interés en
relación al marco alemán de l54 puntos básicos; en la crisis actual,
el efecto ha sido inferior a la sexta parte, limitándose a 23 puntos
básicos. Otros países que hoy han quedado fuera del euro, como puede
ser Dinamarca, o incluso que no pertenecen a la Unión Europea, como
Noruega, fueron menos castigados que España por los mercados
financieros con ocasión de aquella crisis de México, y lo están
siendo en cambio ahora en mayor medida en la actualidad. Así, el
diferencial de tipos de interés de las monedas de Dinamarca y Noruega
frente al marco alemán aumentó en la anterior crisis en torno a 60 y
50 puntos básicos respectivamente; en la actual crisis, los aumentos
de diferencial se sitúan en torno a los 70 puntos básicos, en el caso
de Dinamarca, y en cerca de 120 en el caso de Noruega, y quisiera
recordar que en nuestro caso han sido 23 puntos básicos.
Además, a pesar del aumento del diferencial de tipos de interés, con
ocasión de la crisis mexicana, se produjeron ataques sobre las
monedas más débiles, que dieron lugar a una devaluación del 11 por
ciento de la peseta frente al
marco alemán; en la actualidad, la estabilidad cambiaria ha sido la
nota predominante y la peseta apenas se ha depreciado en un 0,l por
ciento. En cambio, los países europeos que han quedado fuera del
euro, a pesar de la elevación de la prima de riesgo en defensa de sus
monedas, han sufrido presiones cambiarias que se han reflejado en una
depreciación media del 4,8 por ciento en el caso de Dinamarca, Suecia
y Noruega.
De esta forma, creo que no hay duda de que la pertenencia a la Unión
Económica y Monetaria europea se revela como uno de los mecanismos
que está contribuyendo a amortiguar los efectos de la crisis, al
haber evitado alzas de los tipos de interés, que hubieran tenido
efectos contractivos sobre la inversión y el crecimiento en nuestro
país. Este comportamiento ha permitido que las previsiones de
crecimiento económico para España, para los próximos años, se
mantengan prácticamente inalteradas y que estemos en condiciones de
continuar reduciendo las diferencias que, en términos de renta per
cápita, nos separan todavía de los países de nuestro entorno.
Así, de acuerdo con las previsiones de otoño de la Comisión Europea,
el producto bruto español crecerá a tasas situadas en torno al 3,8-
3,5 por ciento en los próximos años, superando el crecimiento de la
media de la Unión Europea en 0,9, 1,2 y 0,9 puntos porcentuales en
los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente. En relación con la OCDE,
estas diferencias son todavía más acusadas. De acuerdo con las
previsiones de este organismo, se situarán en torno a 1,6 puntos
porcentuales en el año 1998, 1,7 en 1999 y 1,1 en el año 2000.
Centrando el análisis en el sector industrial (y les rogaría que
ahora echaran un vistazo al gráfico 3, titulado Evolución de la
producción industrial en la OCDE, la Unión Europea y España), se
observa igualmente que el impacto de la crisis está siendo reducido.
En la primera mitad del año la producción industrial en España ha
aumentado a un ritmo muy superior al de los países de nuestro
entorno, en concreto a una tasa de crecimiento que supera en 2,4
puntos porcentuales a la de la Unión Europea y en 4,1 puntos a la de
la OCDE. En los ocho primeros meses del año, la producción
industrial, medida por el índice de producción industrial, aumentó en
un 6,6 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.
Para el conjunto del ejercicio se prevé un crecimiento del 6,1 por
ciento, inferior por lo tanto en tan sólo 8 décimas al registrado en
1997.
Se ve también en el gráfico número 4 que el dinamismo de la actividad
industrial se sustenta en el crecimiento de la demanda interna y,
fundamentalmente, en el aumento de la inversión, que ha favorecido
también un crecimiento particularmente intenso de la producción de
bienes de equipo.
A pesar de esa fortaleza de la demanda interior, las empresas han
acentuado su esfuerzo exportador. Las exportaciones industriales han
aumentado en términos reales en un 14,2 por ciento en los siete
primeros meses del año, es decir, más del doble del crecimiento
registrado por la producción. No obstante, la evolución más reciente
de la coyuntura internacional puede dar lugar a una moderación en el
ritmo de crecimiento de las exportaciones. De hecho, las expectativas
empresariales sobre la cartera de pedidos exteriores han sido en los
últimos meses menos optimistas que en la primera mitad del año, cosa
por otra parte normal, en este sentido cabe esperar que se acentúe el
cambio
en la pauta de crecimiento industrial, de forma que la demanda
interna desempeñe en los próximos meses un papel todavía más
importante.
Uno de los rasgos más destacables de la actual fase de expansión
industrial es sin duda el intenso proceso de creación de empleo, que
se refleja perfectamente en el gráfico 5, titulado Evolución del
empleo en la industria entre 1993 y 1998. En el período transcurrido
del presente año, el número de ocupados en la industria ha aumentado
a ritmos que constituyen máximos históricos. Las tasas interanuales
de crecimiento en los tres primeros trimestres del año fueron del 4,9
por ciento, del 6,5 por ciento y del 4,9 por ciento, respectivamente.
Nunca, desde mediados de los años setenta, cuando se inició la serie
trimestral de la encuesta de población activa, se habían registrado
crecimientos tan elevados del empleo industrial como los de los
últimos trimestres. El dato del tercer trimestre revela una cierta
moderación del ritmo de creación de empleo en el sector, en línea con
la moderación del ciclo que también se observa en los indicadores de
producción. No obstante, cabe esperar que en el conjunto del
ejercicio el número de ocupados en la industria aumente por encima
del 5 por ciento, y hay que decir que este ritmo de crecimiento no se
había alcanzado ni siquiera en la fase de fuerte desarrollo
industrial de los años sesenta.
El aumento de la actividad y la reducción de los gastos financieros
están impulsando también fuertes mejoras en los beneficios e
indicadores de rentabilidad de las empresas industriales, que se ve
perfectamente en el gráfico número 6. Según los datos facilitados por
la Central de Balances del Banco de España, en el primer semestre del
año el resultado económico bruto de explotación de las empresas
manufactureras aumentó en un 17,2 por ciento en relación con el
primer trimestre del año anterior. La rentabilidad del activo se
situó en un 17,4 y la de los recursos propios en un 22,1. Estos
excelentes ratios de rentabilidad, superiores a los correspondientes
a 1997, están impulsando, junto con el dinamismo de la demanda
interna, una expansión de la inversión industrial que, de acuerdo con
los planes actuales de los empresarios, podría crecer en 1998 en
torno al 17 por ciento (les ruego que lo observen también con toda
claridad en el gráfico 7, sobre la evolución de la inversión en la
industria).
Esta expectativa de crecimiento de la inversión, obtenida de la
encuesta de inversiones de primavera de 1998 del Ministerio de
Industria y Energía, supera en tres puntos porcentuales a la anterior
previsión, que se realizó en otoño de 1997. Además, la puesta en
marcha de nuevos proyectos de inversión empresarial debe, a su vez,
sin duda, contribuir a continuar generando empleo a ritmos muy altos.
Finalmente, la crisis de las economías emergentes del sudeste
asiático también está teniendo algún efecto positivo sobre la
industria española, como ya les he comentado anteriormente. El más
destacable es su impacto sobre el precio de las materias primas
industriales, en especial las energéticas, y en los mercados
internacionales. El descenso de estos precios y otros factores
internos, como puedan ser la reducción de las tarifas eléctricas o
los avances en procesos de liberalización de mercados, están
permitiendo que, a pesar del crecimiento de la demanda, que hemos
visto que era muy intenso, y el elevado grado de utilización de la
capacidad productiva, que está a niveles máximos históricos,
la expansión industrial se está produciendo sin tensiones
inflacionistas. Esto se ve claramente también en los gráficos 8 y 9
que asimismo se les ha distribuido. De hecho, en los nueve primeros
meses de 1998 el índice de precios industriales ha registrado una
reducción, en términos interanuales, del 0,2 por ciento y para el
conjunto del año se prevé un descenso medio del 0,6 por ciento.
Por tanto, señorías, creo que sin duda alguna podemos concluir que
1998 está siendo un año de clara expansión para nuestra economía y
especialmente para nuestra industria. Podemos asegurar también que
por el momento la crisis internacional no está teniendo efectos
significativos sobre nuestra coyuntura, aunque en todo caso no
debemos descartar que ello pueda suceder a medio y largo plazo.
En consecuencia, resulta fundamental que el Gobierno se reafirme en
sus actuaciones de política industrial que, como ustedes ya saben,
gira en torno a tres grandes ejes: la liberalización de los mercados,
el fomento de la innovación industrial y la modernización del sector
público empresarial de nuestro país.
En lo que respecta a la liberalización del sector energético, es
importante tener en cuenta la situación de partida. Se trata de un
sector tradicionalmente intervenido por la Administración pública a
través de la planificación obligatoria de las inversiones, de
regímenes de autorización previa a las actividades y de tarifas
administradas. El sistema había conseguido asegurar los suministros,
pero a un coste demasiado elevado, y no había sido capaz de
incentivar a las empresas a incorporar las tecnologías más eficientes
que hicieran posible trasladar las ganancias derivadas de ello. En
consecuencia, se hacía necesario liberalizar el sector, simplificando
los trámites administrativos para ejercer la actividad, devolviendo a
las empresas el protagonismo en la toma de decisiones en situaciones
de riesgo y apostando por una mejora en la asignación de los recursos
a través de la competencia en las reglas del mercado.
De forma esquemática, se puede resumir la actividad del Ministerio de
Industria y Energía en materia energética en los siguientes puntos:
primero, aprobación de la nueva Ley del sector eléctrico y sus
primeros desarrollos reglamentarios. Como consecuencia, se fija la
libertad de establecimiento para la nueva generación, la libertad de
aprovisionamiento con límites -y estoy pensando por ejemplo en el
carbón autóctono de materias primas-, la creación de un mercado
mayorista organizado de energía eléctrica, la libertad de elección de
suministrador, el apoyo específico a la autogeneración y el
establecimiento de un período transitorio para la recuperación de los
costes de transición a la competencia. Segundo, un acuerdo del
Ministerio de Industria y Energía con las empresas eléctricas, que he
tenido ocasión de mencionar anteriormente, para adelantar el
calendario de liberalización, proceder a rebajas adicionales en la
tarifa de los consumidores no cualificados, proceder a la rebaja del
pago de la garantía de potencia y también de las tarifas de acceso a
las redes de transporte y distribución. Las empresas podrán titulizar
en torno a un billón de pesetas, como ya he explicado antes,
aceptando una quita de más de 250.000 millones. En tercer lugar, la
aprobación del plan 1998-2005 de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, que sienta las bases de la
reducción ordenada del sector, asentando la viabilidad económica
y financiera de las empresas mineras sobre fundamentos
sólidos a medio plazo y posibilita al mismo tiempo el
desarrollo alternativo de las zonas, evitando el hasta ahora práctico
monocultivo económico en torno a las minas. Cuarto, la supresión en
la ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado de las
autorizaciones administrativas previas a la actividad de distribución
al pormenor de productos derivados del petróleo. Fue el anticipo de
la liberalización que se contempla en la Ley 34/1998, de
Hidrocarburos, que amplía su campo de actuación al área de los gases
licuados del petróleo. Quinto, la liberalización del acceso de
terceros a las infraestructuras de regasificación, almacenamiento y
transporte de gas natural y sustitución en la Ley de Hidrocarburos
del anterior sistema de concesiones en las actividades relacionadas
con los gases combustibles canalizados por un sistema de
autorizaciones administrativas. Y, sexto, la aprobación de una nueva
ley de hidrocarburos, que tiene como objetivo fundamental la
renovación, integración y homogeneización de toda la normativa
vigente actualmente sobre el sector, normativa que en algunos casos
era anterior a la Constitución, así como desarrollar una regulación
más abierta en la que se sustituya el excesivo intervencionismo
público por un modelo en el que sea la libre iniciativa empresarial
la que se convierta en el auténtico motor, a través de las decisiones
de inversión.
En definitiva, se trata de reducir el ámbito de actuación de las
autoridades básicamente a aquellos aspectos estrictamente
relacionados con las imperfecciones del mercado, garantizando las
condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones. Como bien
saben SS.SS. la actividad legislativa en este campo ha sido prolija a
lo largo de estos dos años. Como resultado de ello, merece la pena
destacar el cambio radical que ha tenido lugar en la evolución de las
tarifas eléctricas. Ya en 1997, en el marco del protocolo firmado
entre el Ministerio de Industria y Energía y las principales empresas
del sector, y en 1998, una vez en vigor la nueva ley, hemos logrado
reducir (por tanto en sólo dos años) las tarifas medias eléctricas en
casi un 7 por ciento, en términos nominales, frente a los niveles de
1996, cifra que se eleva por encima del l0 por ciento, casi al 11, si
consideramos la bajada en términos reales.
En el caso concreto de las tarifas industriales la reducción nominal
de estos dos años ha sido del 11 por ciento que, en términos reales,
se sitúa en el l5 por ciento. Las perspectivas para los próximos
años, a medida que empiecen a notarse los efectos de las reformas,
son francamente optimistas. Estas cifras deben compararse con la
evolución que hubiese resultado de haberse mantenido el llamado marco
legal y estable, puesto que estaríamos hablando de subidas del orden
del 4 por ciento anual en términos nominales.
En lo que respecta a la política de I+D, se trata de una cuestión
prioritaria, dado que nuestro país viene presentando históricamente
una deficiencia cuantitativa importante en los gastos de inversión en
tecnología frente a nuestros principales países competidores.
Deficiencia que es responsabilidad tanto de las empresas privadas
como de las administraciones públicas. Así, a principios de los
noventa el gasto total en I+D en España era sólo el 0,88 por ciento
del producto bruto, cuando la media comunitaria se elevaba al 2,1 por
ciento, Estados Unidos alcanzabacasi el 2,7 por ciento y Japón
también el 2,7 por ciento. Al
mismo tiempo, nuestro país presenta una importante dependencia
tecnológica frente al exterior, como lo evidencia el hecho de que los
ingresos de las empresas españolas por exportación de tecnología sólo
cubren el l0 por ciento de los pagos que el sector empresarial
realiza por su adquisición externa, frente a países como Italia, en
el que ese porcentaje -que en nuestro caso es el l0- se eleva al 58
por ciento, en Francia al 72, en Alemania al 77, en el Reino Unido al
117 y en Estados Unidos al 396 por ciento.
Por último, tampoco ha habido una traslación adecuada del esfuerzo
realizado en la investigación hacia el desarrollo, desde la I a la D,
de forma que la nueva política de I+D nos exige al mismo tiempo un
considerable incremento cuantitativo, por una parte, y una importante
reorientación, por otra, de modo que aseguremos que el principal
beneficiario de todo el esfuerzo va a ser el tejido empresarial de
nuestro país.
En consecuencia, se puede resumir la actividad del Ministerio de
Industria y Energía, en materia de I+D en los siguientes puntos. Por
un lado, un sustancial incremento de las transferencias corrientes y
de capital y de los anticipos reembolsables consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado y dedicadas a impulsar actividades
de I+D. En concreto, para 1999 dicho volumen de recursos supone un
incremento del 85,5 por ciento frente a los niveles de 1998, siendo
los créditos para proyectos de defensa y las partidas destinadas al
fomento de la tecnología industrial, las dotaciones al Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial y el nuevo plan de I+D energético
las que explican fundamentalmente este crecimiento. Por otro lado, la
acción de Gobierno se ha centrado en la reestructuración de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la Cicyt, de cara
a reforzar y reorientar la política global de I+D que se lleva a cabo
en nuestro país, de modo que aseguremos que los beneficiarios últimos
de todo el esfuerzo van a ser finalmente nuestras empresas. En tercer
lugar, desde el Ministerio estamos trabajando en la elaboración de un
proyecto de ley de fomento de la innovación industrial y de un plan
marco de medidas complementarias que permitan un crecimiento del
gasto en I+D, una mayor implicación del sector privado y un mayor
apoyo hacia el desarrollo, sin mermar el esfuerzo realizado en la
investigación.
Por último, el Ministerio de Industria y Energía convocó hace unos
meses a un grupo de expertos en el ámbito de las tecnologías y de la
sociedad de la información, cuyo informe, remitido al Gobierno en el
mes de septiembre, pretende orientar las iniciativas concretas que el
Ejecutivo adoptará en breve con el objetivo de acelerar el desarrollo
de la sociedad de la información en nuestro país y asegurar su
aprovechamiento industrial. Como resultado, se ha constituido un foro
permanente en el que están representados los principales sectores e
industrias afectados, cuyas indicaciones alimentan la elaboración del
programa marco que comprenderán las diversas actuaciones en esta
materia.
Finalmente, siguiendo las bases de actuación del programa de
modernización y reestructuración del sector público empresarial,
aprobado en el acuerdo de 28 de junio de 1996, el Gobierno -es el
tercer eje al que he hecho referencia- ha avanzado en el proceso de
privatización de empresas públicas, destacando a lo largo de 1997 las
ofertas públicas de venta de acciones de Repsol, l0 por ciento
del capital, y de Endesa, el 25 por ciento, así como la venta
y consolidación en el mercado tras su privatización de empresas con un
pasado tan difícil como Aceralia o Inespal, cuyo futuro se liga al de
empresas líderes en los respectivos sectores asegurando su
supervivencia. Como inciso, he de apuntar que con la política de
privatizaciones el Gobierno ha contribuido a profundizar el mercado
financiero español y a cubrir la creciente demanda de activos de
renta variable derivada de la continua reducción de los tipos de
interés, que tuvo lugar especialmente a lo largo de 1997 y también en
la primera mitad de este año, a medida que se iba produciendo la
bajada de tipos de interés en el mercado.
De cara a los próximos meses, el objetivo es mantener el ritmo actual
del proceso de privatizaciones, de modo que en el horizonte del final
de la legislatura sólo el sector de la minería pública del carbón y
eventualmente alguna empresa del sector de la defensa o algunos
astilleros vayan a permanecer bajo titularidad pública; obviamente se
trata de un objetivo cuya ejecución depende de las condiciones de los
mercados financieros, así como de la posibilidad de asegurar
proyectos viables de cara al futuro. En este sentido, el Gobierno ya
ha insistido suficientemente en que las privatizaciones no son en sí
mismas un objetivo, sino que constituyen un instrumento para
fortalecer las empresas que actualmente son públicas.
En definitiva, con este conjunto de actuaciones de política
industrial basadas en un decidido apoyo a la innovación y al
desarrollo tecnológico, en la liberalización de los mercados de input
y en la reestructuración y modernización del sector público
industrial, el Gobierno contribuye a mejorar la capacidad de
adaptación de la economía y, por tanto, a sentar las bases de un
crecimiento industrial sostenido a medio y a largo plazo y que ha
sido muy intenso en los últimos dos años.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tras esta extensa exposición del ministro sobre
las dos materias objeto de la comparecencia, vamos a conceder un
turno a los grupos que la han solicitado, Grupo Socialista y Grupo
Popular. Posteriormente, los demás grupos fijarán su posición.
Les ruego, señorías, que se centren en los temas objeto de la
comparecencia, es decir, todo el desarrollo del sistema eléctrico y
las valoraciones en torno a la política industrial y al sector
industrial. Rogaría a los portavoces que no hagan sus intervenciones
fuera de los objetos concretos que han sido acordados para la
comparecencia de esta tarde.
Sin más, y siguiendo el mismo orden de las solicitudes de
comparecencia, damos la palabra al portavoz del Grupo Socialista,
señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Me ahorraré el primer minuto de
consternación por lo que pensaba que iba a ser el balance del
Ministerio en los dos años y medio y lo que ha sido después la
explicación, yo creo que demasiado de trámite, ayer mismo se lo
decía. No se me enfade, no crea que mis intervenciones son
personales. Ya sé que usted acusa mucho este tipo de cuestiones, pero
no se enfade. Simplemente, me da la sensación -que puedo estar
equivocado- de que usted, como no le da tiempo, se lo lee en
el coche y nos lo trae aquí y ¿qué quiere que le haga? nos aburre
mucho. Permítame que se lo diga.
Dicho esto, vamos a intentar recuperar lo que era el debate. Este
debate surgió a raíz de una invitación del Grupo Parlamentario
Socialista para que hiciera un balance de la política industrial y
energética. Ingenuos de nosotros, a eso veníamos. Veníamos preparados
a hacer un debate que pensábamos que iba a ser constructivo porque,
hablando de cosas económicas, pensábamos que íbamos a poder
comprender al ministro algo más. Pero tampoco le hemos comprendido y,
sobre todo, no hemos compartido su criterio.
En cualquier caso, empezaré la intervención que será necesariamente
breve, por la segunda cuestión, lo que era el planteamiento quizá más
ambicioso de esta sesión, que es el balance de la política
industrial. Créame, señor ministro, pocas veces como hoy he visto una
interpretación más sectaria de la economía y del ciclo económico que
la que usted ha dado aquí esta tarde. Pensaba que usted estas cosas
se las tomaba más en serio; estábamos comentando entre los
compañeros, intentando molestar lo menos posible, que parece que, de
todos los resultados económicos que se han producido en estos dos
últimos años, los positivos han sido por cuestión de confianza y los
negativos han sido por el ciclo. Es verdad que este planteamiento
suele coincidir con el que hacía el Grupo Popular cuando estaba en la
oposición, pero a la inversa, entonces todas las cuestiones de
crecimiento económico se debían al ciclo y todas las de recesión se
debían a la desconfianza. Como verá algo ha pasado en el camino.
Usted es independiente y en ese sentido probablemente ha traído algo
más de frescura, pero también de contradicción, porque eso tampoco es
lo que dice hoy el Ministerio de Economía. Hemos podido percibir que
algunas de sus apreciaciones respecto a la crisis económica
internacional se compadecen bien poco con lo que dice el señor Rato,
y mucho menos con lo que dice el señor Montoro, en esta Cámara, sin
ir más lejos. Es evidente que en su condición de portavoz tiene que
alentar y animar más a la opinión pública, pero no por ello es más
riguroso.
Le digo esto porque para apoyar su científica exposición nos ha
traído estos curiosos gráficos. Digo curiosos porque -iba a decir
tramposos, pero se va a enfadar usted y por eso no se lo digo- tienen
un truco, como dirían en mi pueblo, el del almendruco. Hoy se nos ha
ocurrido trabajar un poco más que lo habitual, pensando que usted
también iba a hacerlo, y hemos hecho el nuestro -qué casualidad, la
verdad es que el destino juega malas pasadas-, que después daremos a
los periodistas, para comprobar el truco. Para comprobar el truco y
sobre todo para comprobar cómo faltan ustedes a la verdad cuando dan
carácter de acontecimiento histórico a determinado tipo de resultados
económicos industriales que se están produciendo en España en este
momento.
Ustedes ven este ciclo que empieza en 1993 -algunos de los gráficos
empiezan en 1993, es decir en la sima del ciclo- porque usted sigue
creyendo en el ciclo, ¿no es verdad, señor Piqué? Pues bien, el ciclo
económico llega a una conclusión indiscutible: la gestión socialista
del ciclo económico de recuperación fue infinitamente más brillante.
(El señor ministro de Industria y Energía, Piqué i Camps, hace signos
negativos). Pero si son números, señor Piqué. ¿Le doy alguno? ¿Cuál
quiere usted, el de la
tasa de crecimiento del producto interior bruto del país? A ustedes
en sólo dos años se les ha atragantado el ciclo. Empezaron ya en un
ciclo en remonte, usted lo sabe perfectamente. Desde el año 1993 ó
1994, y sin duda alguna gracias a la colaboración que entonces
Convergència i Unió daba a otro partido -mañana Dios dirá-, se empezó
la recuperación. ¿Estamos de acuerdo, señor Homs? Es evidente que
ustedes pillan una inercia en el ciclo y en tan sólo dos años la
quiebran, porque están ustedes en un punto de inflexión...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, facilitará por favor a la
Mesa los planos para que la Presidencia pueda también conocerlos.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Con derechos de autor, no se preocupe, pero
siempre y cuando me lo reconozca después el señor ministro, que le
veo hoy más contento que ayer.
El señor PRESIDENTE: Facilite por favor la fuente, es muy importante.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Se los daré enseguida, señor presidente,
pero créame que son ciertos.
En el año 1998 hay expectativas de que estaremos en el 3,7. ¿Le
recuerdo lo que sucedió en los años 1986 a 1990, que fue el último
ciclo? Estuvimos hasta en el 5,6; 5,l; 4,7; 4,8. Es decir, todos los
años de la recuperación del ciclo estuvieron un punto por encima de
lo que va a ser su máximo ciclo.
Fíjese en lo que afecta a su actividad marginal que es la industria,
en este momento. Desde el año 1986 al año l990 estuvimos...
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, le ruego que intervenga
usted utilizando los argumentos que estime oportunos, los políticos,
los técnicos, pero no se deslice en esas disquisiciones de
actividades fundamentales y no fundamentales, porque la Presidencia
entiende que tenemos ante nosotros al ministro de Industria. No
tenemos a otro ministro, sino al ministro de Industria. Por tanto, si
es principal o no es principal, si es secundario o no lo es son
valoraciones que no corresponden a la sesión de hoy.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: ¿Cómo que no corresponden, señor
presidente? Está limitando mi derecho de expresión y no se lo
consiento, no se lo consiente este grupo parlamentario. Se está
excediendo absolutamente de su función de presidente. Estamos
hablando de política y lamento mucho esta misión poco digna para un
presidente de una comisión del Parlamento. ¿Me entiende, señor Homs?
El señor PRESIDENTE: Le entiendo porque sé escuchar, pero le ruego
que deje lo de si es digna o no es digna, si es principal o no lo es
y nos centremos, porque si no aclaramos ese tema...
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Déjeme continuar, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Yo le dejo continuar, pero usted ahora va a
escuchar al presidente de la Comisión.
Yo le ruego, para hoy y para el futuro, toda vez que esta es la
Comisión de Industria, que considere que cuando tenemos al ministro
de Industria, no tenemos a otro ministro sino al de Industria. Si el
ministro encargado de ser portavoz del Gobierno comparece en esta
Cámara lo hará en la comisión que corresponda pero no en la de
Industria. Yo le ruego que hoy y en el futuro, cuando tengamos con
nosotros al ministro de Industria, nos atengamos a su condición de
ministro de Industria, y no a otras, y le invito que a esta condición
se remita usted en su intervención.
Si le ofendo, si considera que es digna o no lo es mi intervención,
le ruego me disculpe, pero es la opinión del presidente. Nada más.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, es inconcebible la
intervención que acaba usted de hacer y la verdad es que no la
esperaba. Ya sé las reprimendas que usted tiene que sufrir del PP
cuando no defiende suficientemente al ministro -créame que sé lo que
digo-, pero no esperaba una intervención como la suya hoy en esta
Comisión. ¿Me deja continuar, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Sin duda, y me alegro de sorprenderle, no me
preocupa, pero le ruego que tenga en cuenta mi reflexión al hacer su
intervención.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Perdón, señor ministro, usted no tiene nada
que ver en esto, aunque después sé que le riñe. Íbamos por la teoría
del ciclo ¿verdad? Íbamos recordándole al señor ministro que, sin
duda alguna, los crecimientos tanto en producto interior como en
producto industrial fueron más brillantes. No digo otra cosa. Y lo
digo partiendo de una premisa, señor ministro, estamos satisfechos de
que el clima industrial (por cierto tenemos ese gráfico esotérico que
ustedes han traído aquí y que después me explicará porque el clima
industrial es algo que no acabamos de entender qué significa en
términos de gráfico, si son expectativas empresariales, si es
actividad, si es cartera de pedidos, pero ahora nos lo cuenta y
quedaremos satisfechos), la situación industrial, esté bien. ¿Cómo no
vamos a estarlo? De lo que no estamos tan satisfechos es de que
ustedes hagan interpretaciones sectarias de lo que es el resultado
económico y, sobre todo, de que eleve a la categoría de históricas
situaciones de un ciclo menos potente que el ciclo anterior de
recuperaciónque tuvo este país.
Esto se lo puedo trasladar a lo que son las tasas de ocupados en el
sector industrial, donde si no empezáramos en el año 1993 (que, como
usted sabe perfectamente, es un año crítico para el ciclo económico),
se podría comprobar que en los años 1986, 1987, 1988, 1989 y l990
todas estas tasas de crecimiento de ocupados en el sector industrial
se sitúan por encima de las que en este momento se están produciendo.
¿Qué quiero decirle con esto, señor ministro, no me entienda mal? Que
pongamos las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio es
decir: ustedes están haciendo un trabajo muy rutinario, un trabajo
políticamente muy mediocre. Y sin duda alguna, gracias a determinado
tipo de planteamientos que se han venido realizando durante
muchos años, la industria española está recuperando en mejores
condiciones que hace diez años el ciclo económico. ¿Y sabe por qué
está en mejores condiciones que hace diez años? Porque nosotros
sufrimos una desgracia que ustedes no tienen. Nosotros heredamos su
herencia (El señor Peón Torre: ¡Bueno!). Un momento que se lo voy
a explicar más despacio. Y ustedes están heredando nuestra herencia. Me
dirá ¿y qué quiere decir el portavoz con estas cuestiones? Algo muy
sencillo. Por ejemplo, en relación a lo que es su caballo de batalla,
que es la modernización del sector público empresarial -que ya sabe
que no coincidimos en la apreciación del tema al que llamamos
desmantelamiento del sector público empresarial-, eso se produce
porque durante los años en que estaban en el Gobierno la mayoría de
los altos responsables que en este momento están con ustedes, los que
entonces eran los centristas de la UCD, cometieron los mayores
atropellos en el sector público empresarial, que yo recuerde. ¿Usted
recuerda alguna empresa que haya hecho pública el Gobierno socialista
desde el año 1983 al año 1996 que no fuera Rumasa? Nosotros no la
recordamos. Sin embargo, estoy buscando la relación de empresas que
ustedes muy sigilosamente fueron introduciendo en el sector público
empresarial durante los años 1977 a 1983. Usted es heredero de su
propia historia, aunque ya sé que no le gusta recordar ni de dónde
viene ideológicamente ni dónde trabajo antes, ya lo sé, pero hay que
pensar en las familias del PP. Hablando de algunas de las empresas,
¿le suena a usted Figaredo? Le aseguro que no es ningún militante del
Partido Socialista Obrero Español. ¿Le suena a usted Hunosa? ¿Le
suena a usted Babcock Wilcox? ¿Le suena a usted un buen número de
empresas que se fueron, una a una, introduciendo por la puerta de
atrás en el sector público empresarial? ¿Le suena Rafael Arias-
Salgado? Pues este señor era el que diseñaba la política económica en
UCD. ¿Le suena Martín Villa? ¿Le suena Fernández Cuesta y tantas
otras familias? Es bueno poner las cosas en su sitio, señor Piqué.
Las empresas Barreras, Tarazona, San Carlos, SKF, Aesa, AHM, Gea,
Ensa, Babcock Wilcox, Secoinsa, Figaredo, Seat, Poarsa fueron las que
vinieron a alimentarse de los presupuestos públicos por la
incapacidad de la política industrial del momento. Algunos de los que
forman parte de su partido, del grupo al que pertenece, estarían en
el PP, pero otros han hecho esta travesía del desierto.
Quiero decirle, señor Piqué, que tuvimos la desgracia de que, antes
que nosotros, gobernaran los partidos de centro- derecha, con un
sentido muy peculiar del sector público y de la industria, con la ley
del embudo. Tengo anotadas estas familias industriales, pero lo dejo
para otro día. ¿O quieren hoy? Las tengo anotadas por una cuestión,
porque son unas familias políticas y económicas de este país que,
cuando les va mal, necesitan un Estado fuerte que les proteja y,
cuando no les va mal, necesitan un Estado débil que no proteja a los
demás. Es esa política que ustedes utilizan mucho, la están
utilizando ahora en la negociación con las eléctricas. Ustedes son
fuertes con los débiles y muy débiles con los fuertes, como vamos a
poder demostrar dentro de un momento con la cuestión de las
negociaciones de las eléctricas.
Queríamos hacer este debate, señor Piqué, para preguntarles: ¿Qué han
hecho en definitiva? No han conseguido
aumentar las tasas de crecimiento industrial y económico del país por
encima de lo que lo hicimos nosotros en situaciones mucho más
difíciles; no han conseguido aumentar las tasas de crecimiento en
empleo en la actividad industrial más de lo que hizo el Gobierno
socialista en su momento, porque no lo han conseguido; no han
conseguido más que seguir una senda en la que a final de enero
tenemos que converger, y usted, que a veces es riguroso, ha
reconocido en alguna ocasión que las políticas que se han realizado
en los últimos años han permitido que hoy estemos en la Europa del
euro; tendrá que reconocerlo también en este momento. ¿Qué han hecho
ustedes entonces? Vender lo vendible y lo que en los últimos años se
hizo rentable.
No me diga que no es un triste balance acabar esta legislatura
diciendo que, al final, la modernización del sector público
empresarial ha consistido en lo siguiente. Vender Telefónica.
Evidente; si fue una empresa sana que se modernizó desde el sector
público y se hizo rentable para que pudiera ser atractiva en los
mercados, pues había que ver la Telefónica de antes. Vender
Argentaria. Sin duda alguna; por cierto, recordará que ustedes se
opusieron al grupo Argentaria. Quizá usted estaba entonces en otros
menesteres, pero en esta Cámara el Partido Popular no coincidió con
aquella idea, yo creo que acertada, de concentración del sector
público financiero juntando lo que era BCA, BCI, BCL en un grupo tan
potente que lo están disfrutando en este momento.
Repsol. Reconocerá conmigo que Repsol tuvo un proceso de
modernización, de venta, de actividad. Fue considerada en las bolsas
internacionales como una empresa modelo. Aunque nadie se lo crea, eso
fue antes del Gobierno del señor Aznar.
Podríamos seguir con otras empresas, pero si todo lo que han
conseguido ha sido vender lo que el Gobierno socialista consiguió
prestigiar, modernizar, servir a los intereses generales, reconózcame
que es un equipaje francamente liviano, porque ustedes no sólo no han
hecho nada difícil sino que estamos retrocediendo.
Me pasaban hace un momento el «Diario de Sesiones» donde constan sus
pronósticos para el sector naval en España. No sólo por la
desconfianza, incluso por el ciclo económico, aunque también será por
falta de previsión del ministro (El señor ministro de Industria y
Energía, Piqué i Camps, hace gestos negativos). Usted perdone. Por
falta de previsión de quien sea, es evidente que el sector de la
construcción naval en este país empieza a acusar su falta de atención
e interés por el asunto y desde luego su falta de aciertos. Ayer se
lo recordaba en el Pleno. Permítame que se lo recuerde hoy en la
Comisión. La contestación a eso no puede ser que usted,
cariñosamente, eche una bronca a la empresa y a los sindicatos. Es
curioso, cuando estamos con dificultades, es la empresa. La empresa
es usted, por tanto no huya de sí mismo, asuma su responsabilidad en
este caso y reconozca con nosotros que, en lo que no era vendible ni
rentable, ustedes simplemente han perdido el tiempo. Queremos ponerlo
en negro sobre blanco para que la vida se vea de forma distinta a
estos balances históricos y epopéyicos del Ministerio de Industria.
También hemos estudiado unas cifras estos días. ¿Acaso la política de
reindustrialización del Ministerio de
Industria ha sido lo suficientemente potente como para cambiar los
destinos del país o la redistribución de la renta? Por cierto, si
alguien le dice que las comarcas que necesitan reindustrialización,
como las mineras, están satisfechas con la política del Ministerio,
hoy no ha debido hablar con su secretario de Estado, porque ayer
mismo los alcaldes de las comarcas mineras vinieron aquí con seria
preocupación respecto a los derroteros que están tomando porque no
adoptan ustedes las medidas pertinentes.
Cerrado este paréntesis, volvemos a la reindustrialización. Ayer
tuvimos ocasión de leer el esperpento que ha supuesto su política de
reindustrialización en el año 1997, ése del que usted decía que ha
sido magnífico, que -se lo recordaré por si alguien no estaba ayer en
el Pleno- consistió simplemente en que el 25 por ciento de los
proyectos. de toda España se lo llevó ese pueblo que se ha hecho ya
famoso por determinados acontecimientos, cuyos ciudadanos gozan de
toda nuestra simpatía, cuyo alcalde se llama Ramón, siendo
famosísimos algunos de sus concejales: La Carolina.
Permítame que le diga, señor ministro, que es una política de
reindustrialización opaca, además de escasa, de limitada, de casi
esperpéntica, porque tradicionalmente -usted lo sabrá y, si no, se lo
digo yo- en el Ministerio había costumbre de que las comunidades
autónomas participaran en la elaboración de la distribución de las
subvenciones para la reindustrialización. Había una cosa -se lo he
repetido hasta la saciedad- que es el Consejo territorial, donde las
comunidades autónomas comentan las cosas con el Ministerio. No ha
sido convocado en toda la legislatura. Por tanto, pensamos que no va
bien.
Además, pensamos, viendo la distribución de la renta en el año 1997 y
la tendencia de 1998, que aquí sucede lo que ha sucedido siempre:
cuando hay crisis, las regiones más industrializadas acusan más la
crisis y, cuando hay recuperación, salen mucho más impulsadas. Por
tanto, no ha habido un cambio, ni sustancial ni no sustancial, no se
ha movido un solo milímetro el mapa de redistribución de renta
industrial en España. Desde luego, entenderá el ministro -a veces
creo que no lo entiende- que no le podemos aplaudir. Ustedes creen
que todo lo que hacen es necesariamente plausible. Pues no lo es.
No se ha hecho más que vender, creo que con pérdidas importantes de
posiciones de control político o de intereses generales en los
procesos de privatización que se han hecho; lo que no se ha vendido
no se ha mejorado; las ayudas a la reindustrialización no han
cambiado sustancialmente, las que se han producido son de un
clientelismo histórico y los organizadores del Ministerio -ahora sé
que se va a enfadar- están manga por hombro; tan manga por hombro que
siete subdirecciones generales no están cubiertas aún, creo que
porque no saben dónde van (ahora han creado alguna dirección general,
la de la información; debe ser que el antiguo secretario de Estado de
Energía les ha convencido de lo prioritario que deberían ser estas
materias en el nuevo Ministerio de Industria), están de pintores,
permanentemente de pintores en ese Ministerio y, como no está el
capataz, pasa lo que pasa.
El presidente, visto lo visto, está a punto de decirme que tenemos
que acabar la materia de industria y, ahora, empezar con el tema de
energía donde, sin duda alguna, señor ministro, no podemos coincidir.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, solamente quiero
recordarle que lleva usted 23 minutos hablando. Concluya. (Rumores.)
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor ministro, no podemos coincidir en su
valoración sobre las dos cuestiones que ha señalado, tanto respecto a
los efectos taumatúrgicos de la liberalización del sector eléctrico y
de los otros sectores, como a su concepción respecto a las ya famosas
titulizaciones de los costes de transición a la competencia, que ya
sabe que en estos días han pasado de ser CTC a BTC, porque son
beneficios claros de transición a la competencia, como en seguida
vamos a intentar demostrarle.
Usted está satisfecho -repito- de la Ley del sistema eléctrico. Yo
tengo que reconocer una cosa: el sistema eléctrico de este país ha
avanzado -para que vea-, lo que pasa es que ha avanzado quizá sin
rumbo. Nosotros pensábamos que había avanzado en alguna dirección -en
la que ya estábamos en desacuerdo-, pero reconocerá conmigo que no sé
si es del todo consistente para un Gobierno que, a ocho meses de
haber aprobado lo que para ustedes era otra ley histórica, ya quieran
cambiarla. Algo habrá sucedido en estos ocho meses o algo no nos
dijeron hace ocho meses (Rumores), que necesita que en este momento
estemos debatiendo cosas que entonces ya presumíamos, pero los peor
pensados. Yo les decía: que no, que no es lo que parecen. Pues sí, ha
resultado ser lo que parecían y, en ese sentido, estamos hoy ante el
mayor de los riesgos que ya pronosticábamos hace ocho meses, que
ustedes no mandan en el Ministerio -el señor Fernández, el otro día,
ya intentó demostrárselo también-, porque que nos lleguen los fax de
los decretos que saca el Ministerio con unos meses de antelación,
reconózcanme que el tema tiene su miga. (Un señor diputado: Esto es
eficiencia.) Esto es eficiencia, efectivamente. Pues esto es lo que
sucede, como usted bien sabe. ¿A que usted lo sabe bien? Entonces, es
mejor hacerlo hoy así, en esta clave distendida, porque las cosas son
así.¿Pero sabe por qué no podemos coincidir, señor ministro? Porque,
además, creo que no es justo con la evolución del sector eléctrico,
como usted lo llama. Usted habla del sector -nosotros decimos que el
sector son usuarios y empresas-, pero actúa sólo con una parte del
sector. Al margen de eso, utilizamos estadísticas absolutamente
neutrales -y que para usted será cita de autoridad-, como son las
citas de Unesa, para ser justos con lo que ha sucedido en España en
los últimos años y comprobar cómo, en pesetas constantes (seguro que
a usted en estos dos últimos meses no se le ha olvidado aún lo que
son estas cuestiones económicas), desde 1985 hasta 1996, la tarifa
eléctrica de este país ha bajado un 17 por ciento. (Rumores.) En
pesetas constantes, en el año 1984 estábamos en 0,7 pesetas, antes de
entrar en vigor la mágica ley de liberalización estábamos en 0,590.
Pero las cifras son lo de menos, las tendencias son las que cuentan y
las tendencias -hoy que vamos de gráficos- son inequívocas. Sea justo
con el sector -como usted dice- y reconózcanos que desde 1983- 1984
ha habido un serio esfuerzo de poner a las empresas en su sitio. No
es justo lo que usted señalaba en la última interpelación, poco menos
que apelando a que se hacían las tarifas en las noches de san
Silvestre. Yo creo que entonces había una cierta autonomía política.
Ahora no hay que reunirse
en la noche de san Silvestre, no; se las mandan a usted por
fax, como hemos podido acreditar. En ese sentido, nos parece injusto
que eso se valore así. Le invito -si tiene usted algún rato para ver
estos temas de energía- a leer esta memoria, que es francamente
ilustrativa para comprobar cómo la liberalización no ha hecho más que
continuar lo que ya empezó hace mucho tiempo; perdón, la
liberalización y la caída de los precios de la electricidad y de las
tarifas, hace mucho tiempo.
Acabo ya, señor presidente. Por cierto, no serán tan eficaces los
efectos en el sector cuando en esta carta (ésta sí ha sido dirigida
al que les habla por parte de la asociación de grandes consumidores;
consumidores que le aseguro que no son agrupaciones socialistas),
Renfe, Metro de Madrid, FEVE, El Corte Inglés, Sol Meliá, Continente,
etcétera, ponen en solfa lo que son los efectos de su ley de
liberalización y, desde luego, de la titulización de los costes de
transición a la competencia. Usted nos ha dicho (yo creo -si me
permite la expresión, que no quiere ser ofensiva- que con demasiado
desparpajo) que ahora le toca al Congreso hablar de estas cosas. Pues
que se nos dé la oportunidad. ¿Por qué no nos ha dado la oportunidad
de discutir la modificación de la ley en lo referente a las
titulizaciones? Ya entenderá que no pueda callar cuando usted dice
que es cosa nuestra y el Gobierno no nos lo permite. Espere que, por
lo menos, salga al paso de lo que considero, sinceramente, que no ha
sido adecuado, señor Piqué. Ya ve que intento no ofender e ir en el
perfil más plano, pero no es adecuado, señor Piqué. ¿Y sabe por qué
no es adecuado? Porque coincidirán conmigo en que en el debate de las
titulizaciones los más interesados eran las compañías eléctricas, sin
duda, ¿verdad? Mire lo que aparece en el periódico de hoy, día 19:
Las empresas contraatacan con informes que elevan los CTC a 780.000
millones. Y usted, hace un momento, nos ha pedido un billón. ¡Si ni
lo quieren! ¿O es que es a cuenta? (El señor ministro de Industria y
Energía, Piqué i Camps: No, además.) Claro, un billón 780.000
millones, a más a más. (Risas.) ¡Ah, que era truco, otra vez! Para
que usted se lo cuente a los que hasta los titulares los ponen con
truco, le voy a explicar lo que dice la que sin duda alguna es la
autoridad independiente más importante que existe en este país, que
es la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional; lo digo para que haya
contratítulo mañana. Dice: Los cálculos que nos daban (los cálculos
que le daban a la Comisión cuando hicieron el estudio) eran de
480.000 millones de pesetas y en este momento nos dan cifras
negativas espectaculares, que no se las doy ni a ustedes; son cifras
espectaculares, porque las cosas han cambiado, porque los tipos de
interés han caído espectacularmente, porque la vida útil ya no es la
que decíamos nosotros; las empresas Endesa e Iberdrola -dicen- están
aumentando en sus memorias la vida útil y están diciendo que las
centrales nucleares pueden durar 30 años y no 15. ¿Qué está diciendo
la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional? Pues una cosa muy
sencilla. Que no es que sean más 780.000 millones de pesetas, sino
que pueden sermenos 780.000 millones de pesetas.
Señor Piqué, yo creo que estamos a tiempo de evitar un gravísimo
error. Yo no sé quién le ha empujado a usted a esto; no sé, incluso,
si a los que dicen que la posición de Economía no es coincidente con
la suya hay que darles crédito o no; pero lo que sí parece es que esto
no es el espíritu
de la ley. Reconocerá usted conmigo que en el debate eléctrico
y energético se realizó un esfuerzo por parte de todos porque se diera
un marco estable; incluso se hizo un esfuerzo por reconocer que los
costes de transición a la competencia era uno de los elementos
imprescindibles que había que reconocer; hubo esfuerzos por nuestra
parte por coincidir en lo que era la modificación de la propia
administración energética de este país. No eche usted estos dos años
de trabajo por la borda, cuando las únicas que le dan la razón son
las compañías eléctricas, que después, además, ya sabe usted que
hasta le pueden dejar en la estacada. En este sentido...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor, señor Hernández
Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Acabo, señor presidente.
Yo creo que es una buena oportunidad para que ustedes, en el trámite
hasta el Senado, se lo piensen tres veces -porque veo que con dos no
va a ser suficiente- y volvamos a lo que era el espíritu de la ley:
apoyar un proceso de transición, de liberalización, de competencia
(no sólo para las empresas sino, fundamentalmente, para los usuarios
y los consumidores), que recoja lo que fue un sector dinámico, vivo;
que cada año contemple las dificultades que pueda tener y las
adaptemos; que cuando hay beneficio, haya para todos, no sólo para
las empresas, y cuando haya dificultades, las podamos abordar entre
todos. No al revés, transigiendo a una presión de las compañías
eléctricas cuando no se justifica de ninguna manera. En este sentido,
al apelar a usted, señor ministro, apelo también al resto de los
grupos parlamentarios, que, como no gobiernan y están defendiendo
intereses generales, están menos afectados, digamos, por la relación
y por los compromisos diarios, esperando que entre todos podamos
incluso liberar al ministro de Industria, si es que es rehén de algo.
Use la Cámara, como usted ha ofrecido hace un momento, para debatir
esta modificación de la ley, pero fundamentalmente para no cometer un
atropello más.
Perdón, señor presidente, por la duración de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, don Javier Peón.
El señor PEÓN TORRE: Señor presidente, quiero hacer la advertencia de
que compartiré el tiempo con respecto al tema eléctrico en general
con mi compañero don Antonio Landeta.
Entrando en la petición de este grupo, en el debate, y sobre todo en
el balance sobre la política industrial en estos dos años y medio,
fundamentalmente en relación con la crisis financiera internacional,
voy a intentar hacer algunos comentarios de contenido industrial, y
me perdonará el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra
si en esos comentarios tengo que referirme a alguna de sus
expresiones, porque, en definitiva, lo que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista ve negro nuestro grupo lo ve blanco; quizá
por eso nos llamen sectarios. Sinceramente, creo que al Partido
Socialista se le ve el plumero, que al Grupo Socialista se le ve el
plumero. Incluso ha tenido que intervenir
el presidente de esta Comisión, porque ya es reiterativo el
discurso en cuanto a intentar -digo intentar porque creo que no se
consigue de ninguna forma- descalificar la figura del ministro por
las otras ocupaciones que tiene ahora en el seno del Gobierno, pero
en el fondo se les ve el plumero; se les ve el plumero porque
calificar al ministro de Industria, señor Piqué, de sectario después
del análisis que ha hecho, académico, riguroso, científico de la
situación económica e industrial en nuestro país no suena muy
creíble; después de ese discurso, de ese análisis, no suena muy
creíble calificar de sectario al señor Piqué, más bien debería
escucharse a sí mismo el portavoz del Grupo Socialista respecto a la
descripción que nos ha hecho de cuáles son las bondades actuales de
la industria española. Nosotros no vamos a hacer ahora una carrera de
méritos en relación con la actual situación de bonanza económica e
industrial, que parece que ya no se discute; ahí hay un cambio de
estrategia claro respecto a ayer. Después del debate presupuestario
de ayer ya no se discute que, efectivamente, la industria española va
bien y los resultados son buenos, ahora únicamente se discute la
autoría del mérito de que esos indicadores vayan bien. Es un avance y
nosotros lo celebramos, pero, sin entrar en esa carrera de méritos,
tengo que decir que nosotros estamos más con el análisis que ha hecho
el ministro.
El ministro ha puesto el acento en lo que han sido los instrumentos
claves de la política industrial en los últimos dos años y medio y
nuestro grupo le anima a continuar en esa senda porque, sin negar que
el ciclo económico internacional ha ayudado a crear un marco en el
que luego ha podido trabajar el Gobierno, creemos que se ha tratado
de organizar determinados sectores; de crear más competencia en
determinados ámbitos de telecomunicaciones, de energía; de apostar
por la I+D; de modernizar el sector público empresarial. El Gobierno
ha podido apuntalar, ha podido actuar estratégicamente en los
factores claves que han hecho que se cambie de modelo en cuanto a
crecimiento industrial y, efectivamente, el escenario económico
internacional ha beneficiado, ha ayudado en ese proceso de
transformación, pero es indudable, y ningún analista serio de fuera
de esta casa puede negarlo, que las medidas que se han ido adoptando
desde el punto de vista de equilibrios macroeconómicos y las medidas
de políticas horizontales y de políticas activas de apoyo a la
industria han sido fundamentales para que ese crecimiento haya sido
sostenido y haya sido saneado.
Es bueno recordar ahora ese esfuerzo, ese mérito, porque los
resultados no han caído del cielo y también es bueno recordar ahora
-a pesar de que algunos integrantes de la Comisión no tengan
demasiado interés en escuchar la contestación a lo que previamente ha
dicho el portavoz de su grupo- que las épocas de crecimiento
industrial en la etapa del Gobierno socialista, que también se
produjeron, como se ve en los propios gráficos, no fueron más
intensas. El ministro ha dicho, y ésa es la auténtica realidad, que,
desde que se tiene constancia estadística de esos crecimientos, jamás
en nuestro país ha existido el crecimiento de empleo en la industria
que se está produciendo ahora y jamás ha existido un crecimiento del
índice de producción industrial como el que se está produciendo
ahora. Ésa es la realidad, por mucho que algunos se empeñen en
negarla.
En cuanto a la época de crecimiento del Gobierno anterior desde el
punto de vista industrial, los analistas que pretendan ser ecuánimes
y no sectarios deberán coincidir en que ese crecimiento -insisto que
menor que el que se está produciendo ahora- se producía con unos
grandes desequilibrios macroeconómicos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden un poco de
silencio. Si quieren ustedes hablar, comentar alguna cosa, les ruego
que lo hagan con un tono más bajo.
Continúe, señor Peón.
El señor PEÓN TORRE: Comprendo que lo que se puede decir de industria
en esta Comisión no tiene demasiado interés para algunos miembros de
la Cámara, pero, en cualquier caso, debo hacer esta intervención y
voy a seguir.
Decía que el crecimiento de la industria española que también se
produjo en etapas anteriores adolecía de unos gravísimos
desequilibrios macroeconómicos, de un enorme déficit, del problema de
los altos tipos de interés como consecuencia de ese déficit, lo que
nos hacía ser más débiles, estar más expuestos a los efectos de las
crisis internacionales, como ocurrió con el efecto tequila, respecto
al cual España pagó más que todos los países de la OCDE en cuanto al
empleo y al crecimiento del tejido industrial. Eso no ocurre ahora
precisamente porque el modelo de crecimiento es otro y otras las
medidas que se están tomando desde el Gobierno. Ahora,
afortunadamente para nuestro país, los efectos de la crisis son los
menores del conjunto de la OCDE, como ya ha explicado el ministro.
Aprovechando que se encuentra aquí el máximo responsable del
Ministerio de Industria, y en relación con la apuesta por la
investigación y el desarrollo -hay una gran apuesta desde el punto de
vista presupuestario- nos gustaría que desde el Ministerio, desde el
Gobierno en general, se procurase acelerar, y estoy convencido de que
ésa es la voluntad del Gobierno, la presentación del proyecto de ley
de innovación industrial, que no contempla sólo medidas de carácter
presupuestario, sino que también trata de afrontar medidas de
carácter fiscal, medidas de carácter técnico, de formación; en
definitiva, se trata de un plan de carácter global en relación con la
necesidad de crear un marco que beneficie las posibilidades de
investigación y desarrollo de las empresas en nuestro país.
En segundo lugar, y respecto a los astilleros, creemos que es
necesaria una reflexión a nivel europeo sobre cuál está siendo el
efecto de la crisis asiática y de la devaluación de la moneda en esos
países, en los astilleros de toda Europa, ya que no es un problema
que afecte sólo a los astilleros españoles. En ese sentido, nuestro
grupo consideraría interesante cualquier reflexión en esa dirección,
ya que hay países que pueden fabricar esos mismos buques a un 50 por
ciento del precio de los buques construidos en los astilleros
europeos simplemente por el efecto de la devaluación de la moneda.
Creo que eso debería hacernos reflexionar sobre cuál debe ser la
política común a seguir en la Unión Europea para afrontar esa
situación.
En tercer lugar, nuestro grupo quiere resaltar lo que ha citado ya el
ministro: las privatizaciones. Es un buen momento para retomar esos
procesos. A nosotros nos tranquiliza
pensar que en este momento, como lo tuvo en el pasado, el
Gobierno ha tenido muy claro que privatizar no es igual a hacer caja,
como ocurría en el modelo anterior. Para este Gobierno, privatizar es
exigir planes industriales, exigir garantías de inversión, exigir
mantenimiento de empleos -otra diferencia clara respecto a lo que era
el modelo de privatización socialista- y, en ese sentido, creemos que
es un buen momento para retomar ese proceso, siempre con arreglo a
ese modelo de garantizar la viabilidad y el fortalecimiento
industrial de esos proyectos mediante la exigencia de planes
industriales y de garantías de futuro.
En cuanto a la reindustrialización de comarcas afectadas por las
crisis sucesivas que ha padecido nuestro país en los últimos años en
determinados sectores, como el minero o, en su día, el de astilleros,
querríamos recordar que este Gobierno ha puesto en marcha por primera
vez esas ayudas de reindustrialización. Podrá considerarse que para
La Carolina es mucho un 25 por ciento -y realmente ese dato tampoco
es veraz- o podrá considerarse que hace falta más, pero éste es el
primer Gobierno que ha puesto en marcha estas ayudas; jamás se habían
contenido en los presupuestos ayudas para la reindustrialización de
comarcas afectadas por procesos de desertización industrial, jamás.
No puedo finalizar sin hacer alguna reflexión sobre algunas cosas que
se han dicho anteriormente, siquiera para no dejar que tomen carta de
naturaleza y aparezcan como ciertas. Por retomar el tono jocoso de la
intervención del portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, diré que yo sí tengo muy claro quién manda en el Ministerio
de Industria, y yo creo que todo el grupo lo tiene claro, incluso
diría que toda España tiene muy claro quién manda en el Ministerio de
Industria, incluso más allá del Ministerio de Industria. Pero algunos
tenemos serias dudas de quién manda en este momento en el Partido
Socialista. (Protestas.) Sinceramente, señorías, el discurso de ayer
del mismo portavoz no tiene nada que ver con el que ha hecho hoy
aquí. Se conoce que ayer alguien le dijo que tenía que hacer ese
discurso porque su ámbito de responsabilidad era el presupuestario;
hoy toca el turno de industria, y el discurso es otro. Sorprende, a
los que tenemos que mantener un debate riguroso en esta Cámara, que
el mismo portavoz ayer mantuviese un discurso y hoy otro, y
seguramente porque no aparece muy claro todavía cuál es el modelo
alternativo definitivo que plantea el Partido Socialista al modelo
que está desarrollando el Gobierno. (Rumores.)
Señorías, voy a terminar, en vista del interés que despiertan
nuestras palabras en el grupo que se sienta a la derecha,
geográficamente, de mi grupo. Pero antes quiero hacer una reflexión
respecto del discurso de las familias, de los débiles y de los
fuertes. Quizás alguien piense que estamos en época preelectoral,
pero me recuerda un poco a los meses de 1996, cuando aparecían
doberman en las campañas y en los vídeos y se decía que el Partido
Popular iba a acabar con las pensiones, con la sanidad pública y que
iba a desmantelar el Estado del bienestar. Si entramos en esos
discursos demagógicos y alejados de la realidad, podríamos contestar
que si los débiles que defiende el Partido Socialista son esos
grandes consumidores que acaba de citar, como El Corte Inglés, pues
bendito sea Dios, sigan defendiendo a esos débiles, que nosotros nos
ocuparemosde defender a los pensionistas, al Estado del bienestar,
como se ha demostrado en estos dos últimos años y medio. Yo creo que
no es un debate demasiado serio. Nos gustaría que en el futuro, como
invitaba también el presidente hace unos minutos, pudiéramos debatir
sobre propuestas concretas y si en alguna cosa el modelo que
desarrolla este Gobierno es mejorable, que se plantee cuál es el
modelo alternativo, porque yo creo que esto ayudaría a que el debate
fuera por los derroteros que debe ir, que es el del rigor y el de la
aportación de propuestas constructivas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETAÁLVAREZ-VALDÉS: En primer lugar, quiero agradecer al
ministro la serie de datos que nos ha facilitado. Yo pienso que es de
justicia agradecérselo en estos momentos, porque en la anterior
legislatura, con un Gobierno socialista, nunca hemos gozado -y esto
está claro- de la intervención de un ministro y de la facilidad de
poder contar con todos los datos no sólo de lo realizado, sino de lo
que se va a realizar en el futuro. Yo tengo que felicitar al ministro
porque creo que el desarrollo legal del sector energético es esencial
en este país y nunca en un período tan corto de tiempo se han
afrontado procesos modificadores tan importantes como el de la ley
eléctrica, la ley de hidrocarburos y la futura ley de bases de la
minería. Está claro que el Gobierno anterior hizo una ley, la LOSEN
(Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional), se publicó en el
boletín, se metió en un cajón y ahí quedó guardada. En modo alguno se
llevó a cabo ningún proceso tendente al desarrollo de la ley. Sin
embargo, en el momento actual, la Ley de 27 de noviembre de 1997, la
Ley del Sector Eléctrico, se encuentra, con los reales decretos, con
las órdenes y las resoluciones que nos ha aportado el señor ministro,
totalmente desarrollada. Nada más queda pendiente el reglamento de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
que tendrá luz, taquígrafos y será publicado antes del primer
trimestre de 1999. Con este reglamento se completa el desarrollo
normativo de las diferentes actividades del sector eléctrico y se
darán por finalizadas las disposiciones de carácter general del
sector. Se está cumpliendo el desarrollo completo de la ley, y por
eso el portavoz del Partido Socialista, que sabía que este tema venía
en el orden del día, ha pasado de puntillas sobre el mismo y nada ha
tenido que alegar, porque es muy difícil alegar algo cuando las
normas aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado y cuando,
como en este caso, el desarrollo de la ley está realizado casi en un
90 por ciento.
Respecto al otro tema de la comparecencia, que es la posible
titulización de los costes de transición a la competencia, tengo que
decir que el objetivo propuesto en el protocolo era la liberalización
en el mercado eléctrico español, con un calendario de apertura más
ambicioso que el establecido para los países de la Unión por la
directiva sobre el mercado interior de la electricidad y una rebaja
de los precios eléctricos españoles que permita mejorar su situación
en el contexto europeo. Yo recuerdo cómo la Comisión Nacional de
Electricidad, a la que el Partido Socialista hace mucha referencia en
todas las intervenciones, cuando se publicó la LOSEN, intentó por
todos los medios que se
lograse la rebaja del 1 por ciento, y ni el 1 por ciento se obtuvo de
rebaja en aquellos momentos. Por otra parte, también era necesario el
establecimiento de un proceso de cambio que hiciera posible la
adaptación gradual de las empresas eléctricas a la competencia. En el
momento actual hemos oído, en palabras del ministro, que se estaba
llevando a efecto una revisión del protocolo. Yo tengo que decir,
porque parece que ese es un hecho que se ha sacado de la manga el
Gobierno actual, que cuando se firmó el protocolo, en el punto
tercero del acuerdo, número 2 del protocolo, se decía literalmente
que durante el ejercicio de 1998, en el que se inicia el nuevo
sistema descrito, se realizarán las comprobaciones necesarias de
funcionamiento, comprometiéndose el Miner a introducir las
modificaciones que resulten convenientes o necesarias para lograr los
objetivos propuestos. ¿Cuál era el objetivo principal del Ministerio?
La liberalización del mercado eléctrico, y esto es lo que se está
haciendo en estos momentos con las gestiones del Ministerio con las
empresas y con los entes relacionados con el sector eléctrico. En
primer lugar, con estas negociaciones se va a acelerar el ritmo
liberalizador del mercado eléctrico en cinco años con respecto a lo
previsto en la ley. Hay que tener en cuenta que en 1999, 8.000
empresas pueden elegir suministrador, es decir, el 50 por ciento de
la demanda nacional, y una tercera parte de la facturación de la
electricidad en este país asegura la apertura del 42 por ciento del
mismo durante 1999. En segundo lugar, se garantizan importantes
reducciones de los precios eléctricos para todos los consumidores
tanto para los cualificados, disminuyendo las tarifas de acceso en un
25 por ciento y de la garantía de potencia en una peseta kilovatio-
hora, como para los no cualificados, mediante bajadas fijas de tarifa
para los próximos tres años, lo que supondría un descenso de tarifas
en el período 1997-200l del 10,7 por ciento, en términos nominales, y
del 18 por ciento, en términos reales, situando los precios españoles
en la banda media de los países de la Unión Europea. Y ha reconocido
el presidente de la Comisión Nacional de Electricidad que el avance
en la rebaja del precio que se había dado en este país en el sector
eléctrico era impresionante. Al entrar el nuevo Gobierno, éramos los
más caros de Europa y hoy día estamos ya en el tercer lugar. Estos
son hechos reales y no se han dicho sólo por el Gobierno, sino
también por los organismos que realmente tienen que expresarse en
estos foros, que son los indicados, y no las noticias de prensa u
otras que no tienen trascendencia.
Por último, se facilita la adaptación gradual de las empresas
eléctricas a esta aceleración de la implantación del nuevo sistema, a
través de la titulización de sólo una parte, 1,3 billones, de la
totalidad de los costes de transición a la competencia, que en su día
se fijó en el protocolo en 1 billón 96.000 millones de pesetas. Esto
es esencial, pues si se hubiera seguido con el anterior sistema, el
costo para este país sería de 3 billones de pesetas, que es lo que el
anterior Gobierno había firmado.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en estas gestiones las
empresas tienen la intención de reducir casi 250.000 millones de
pesetas. Es decir, que, examinado con cifras, con actuaciones, con un
criterio de rigor, lo que está claro es que en este país el sistema
eléctrico y la electricidad son mucho más baratos en el momento
actual; hay
mucha más integración de todos los consumidores en el sistema y
esperamos obtener una resolución feliz de todas estas normas y que el
resto del país se vea beneficiado, pues durante muchos años no lo
estuvo.
El señor PRESIDENTE: Restantes grupos que desean fijar posición.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DELVALLE: Señor ministro, voy a comenzar diciéndole
que su referencia a que ahora le toca la palabra a la soberanía
popular no nos parece muy afortunada, entre otras cosas, porque,
aunque sea verdad que se trata del juego de mayorías y minorías,
suelen ser platos servidos, negociados y guisados en mesas diferentes
a esta soberanía popular, y lo único que nos queda es decidir con
nuestro voto, a veces sin posibilidades reales de discutir con los
suficientes elementos de juicio. Por ejemplo, la enmienda sobre los
costes de transición a la competencia no la conocemos. Conocemos
referencias de prensa y titulares de acuerdos de otros grupos, por
ejemplo, de Convergència i Unió, como ayer mismo decía un periódico.
Sabemos la intencionalidad, pero no tenemos elementos para poder
debatir con el mismo rigor que luego se nos exige a nosotros en la
crítica. Por lo tanto, creemos que no es el mejor método. En todo
caso, puesto que están tan convencidos, deberían haber agotado las
posibilidades y haber introducido las correcciones o enmiendas que
consideraran necesarias en el debate presupuestario de la Ley de
acompañamiento que hemos aprobado esta misma mañana, en primera
lectura, en el Congreso de los Diputados, independientemente de que
la propia filosofía de esta llamada ley ómnibus o ley de
acompañamiento tampoco nos gusta, porque entendemos que es una vía,
en ocasiones torticera, para impedir discutir y profundizar en los
elementos que contiene, que muchas veces no tienen que ver con los
propios Presupuestos Generales del Estado.
Hecha esta primera aclaración, nuestro grupo sigue estando en contra
de la lectura que, al parecer, se va a hacer sobre los llamados
costes de transición a la competencia -también estábamos antes en
contra, con el escenario anterior-, porque, como digo, nos suscita
muchas dudas, en primer lugar, por el escenario que se va
configurando en el sector eléctrico. Ustedes defienden a toda costa
que con la ley y con las nuevas medidas es mayor la posibilidad de
que aparezcan nuevos usuarios, sobre todo industriales, que se va a
ampliar el número de usuarios que teóricamente pueden elegir. El
problema es que no tienen dónde elegir. El problema es que la
reducción que se está produciendo poco a poco -de partida ya era un
sector centrado en muy pocas empresas-, está llevando a que
prácticamente queden cuatro empresas, de las cuales hay dos potentes,
Iberdrola y Endesa, caracterizadas, además, por la presencia
preponderante en su accionariado de determinados bancos, llegando al
absurdo de que haya accionistas cruzados presentes en el mismo sector
que teóricamente tienen que competir. Por ejemplo, la presencia de La
Caixa en Hidrocantábrico y en otras empresas a la vez está
produciendo dificultades a Hidrocantábrico para poder competir cuando
Endesa ha llegado a acuerdos con Gas Natural,
etcétera. Es decir, cada vez se está agrupando más y al final estamos
volviendo a un proceso que a mí me recuerda al de hace diez o quince
años, cuando existían los bancos industriales. Todos recordamos cómo
terminó aquel proceso de florecimiento de la cartera industrial de
los grandes bancos, que se convirtieron en accionistas principales de
muchas industrias, y que terminó bastante mal precisamente porque no
es bueno que los bancos, que es lógico que estén presentes en las
empresas a un determinado nivel, se conviertan en determinantes de la
propia gestión de las empresas industriales más allá de la propia
especialización. Aquella experiencia debería hacerles reflexionar
porque terminó bastante mal y causó muchos problemas a algunos de los
grandes bancos, incluso hubo riesgos de quiebra en bancos que no voy
a citar pero que todo el mundo conoce.
Sin embargo, volvemos a lo mismo: dos o tres grandes bancos están
controlando las grandes empresas del sector. Incluso su capacidad de
decisión está por encima de la de las propias empresas eléctricas.
Esto tiende a agudizarse y limita las posibilidades de elegir, porque
el problema es que no hay donde elegir o muy pocos sitios donde
hacerlo. Desde luego, hay una parte importantísima de consumidores
que no pueden elegir, son los ciudadanos de a pie que encienden la
luz todos los días en su casa y por lo menos hasta dentro de una
decena de años no van a poder elegir ni sus tarifas ni discutirlas,
ni tampoco van a poder elegir la empresa que les suministra. Con otro
riesgo adicional -deberíamos aprender en cabeza ajena-: en Gran
Bretaña, una de las consecuencias de las primeras fases
pseudoliberalizadoras fue que se comprobó al final que los acuerdos
de tarifas industriales recaían en los pequeños usuarios, que no
tenían esa capacidad de negociación, y las rebajas de tarifas de los
grandes las pagaba el pequeño usuario, el que no puede elegir.
También dicen ustedes que el usuario no lo va a pagar. Yo entiendo
que ustedes tengan que vender el producto, y la gran justificación
es, por una parte, el mayor número de usuarios de gran consumo, que
teóricamente, según dicen ustedes, pueden elegir; y, por otra, que se
rebajan las tarifas. Precisamente uno de los riesgos de esta
titulización a largo plazo es, una vez más, que si hay problemas, al
final pueden recaer indirectamente otra vez en los usuarios. En todo
caso, hay ejemplos anteriores. El sector eléctrico, sector privado,
es verdad que durante muchos años estuvo relativamente vigilado por
el Estado -aunque yo creo que era al revés, el Estado era vigilado
por el sector eléctrico, pero cada uno hace su interpretación
política del peso que tienen algunos sectores-, y ese sector se
equivocó relativamente con el tema nuclear por un problema muy
parecido al que vamos a abordar ahora, porque no se calculó o no se
estimó suficientemente la sobrecapacidad de producción de energía
eléctrica -aparte de temas peculiares, como puede ser el caso de
Euskadi con su central nuclear, que tuvo otro tipo de problemas de
acompañamiento-; pero un gran sector apostó en aquel momento por lo
moderno, que era la energía nuclear, sin evaluar todos los costes que
conlleva dicha energía. Por ejemplo, podemos hablar de los residuos:
todavía hoy tenemos que estar acumulando reservas porque nadie sabe
muy bien cuál va a ser el coste final de esos residuos nucleares que
hay que gestionar. En definitiva, por una parte, ya lo estamos
pagando todos -en este caso claramente- por la tarifa; pero de cara
al futuro
no sabemos siquiera cuál va a ser la evaluación. Sin embargo, en este
momento se sigue hablando de ampliar el número de años de las
centrales nucleares, es decir, alargarles la vida útil, porque con el
sistema que existía hasta hace poco y el nuevo que se ha implantado
ahora de supuesta competencia resulta que sigue siendo muy rentable
alargar la vida útil de las centrales nucleares, a pesar de estos
costes adicionales que parece que nadie tiene en cuenta y que pesan
también sobre los ciudadanos y, en definitiva, sobre los futuros
Presupuestos Generales del Estado.
Voy ahora al meollo de la cuestión. Nosotros seguimos pensando que en
los temas energéticos no se puede apostar en una sola dirección y
creemos que la apuesta prácticamente en exclusiva por el ciclo
combinado es una apuesta en una sola dirección en un momento en el
que sigue habiendo sobrecapacidad de producción. Le rogaría, si tiene
el dato y es posible, que me dijera si no es verdad que existen en
este momento más de 15.000 megavatios de potencia solicitados para la
instalación de nuevas centrales de ciclo combinado; si eso es
compatible, por ejemplo, con el cumplimiento del acuerdo del Plan del
carbón, donde ustedes comprometieron el uso de carbón hasta el 2007;
si no va a producirse un cierre paulatino o acelerado de las
centrales térmicas, con el riesgo que eso supone, sobre todo en
determinadas comarcas, y no sólo pienso en Asturias, sino en toda la
zona de León, y el efecto indirecto que puede tener en el empleo en
el sector eléctrico, que algunos estiman en una reducción a corto
plazo de más del 25 por ciento del empleo en dicho sector o en el
ligado a estas actividades. Por lo tanto, insisto en que nos preocupa
porque no nos gustaría que dentro de unos años estuviéramos
reabriendo el debate, bien porque apareciesen nuevas tecnologías de
otro tipo o bien porque existan problemas de fondo -como existen- con
los países productores de gas natural, léase la ex Unión Soviética o
Argelia y las zonas del Magreb. Además, una apuesta en una sola
dirección de los países europeos puede producir, y va a producir, por
la lógica ley de la demanda, una elevación de lo que hoy es todavía
una energía barata, pero que, al no ser ilimitada, es probable que
produzca tensiones importantes de los precios en el futuro. Por lo
tanto, nos sigue pareciendo una política de apuesta en una sola
dirección, sin mirar al futuro, buscando la rentabilidad por parte de
las empresas eléctricas en un plazo corto más que una visión
estratégica más larga que haga compatible esa apuesta por lo nuevo,
que es el ciclo combinado, con una presencia estratégica de otro tipo
de fuentes energéticas compatibles y desarrollando otras como, por
ejemplo, la energía solar, en cuya utilización todavía estamos en
mantillas en el sector de la construcción, etcétera.
Así pues, seguimos sin estar convencidos. Además, nos parece que el
esquema de compensación y titulación favorece más precisamente a
aquellos que han sido más incompetentes. Éste fue uno de los motivos
de que en su momento, por ejemplo, Hidrocantábrico no firmara de
entrada el protocolo eléctrico, ya que entendía que, tal y como se
hacían las primeras estimaciones, iban a percibir más aquéllos que
precisamente han sido más ineficaces en la gestión de sus propias
empresas.
Pasando a la política industrial en general, usted, lógicamente, ha
hecho una lectura apropiada para una visión de quien tiene que
defender su propia gestión. Al mismo
tiempo han tenido la suerte de gozar de un buen ciclo económico -y
nos alegramos de ello; nadie desea para este país que esté en peor
situación-, pero hay otro factor que además influye en lo que hemos
hablado anteriormente, y que a las eléctricas parece que se les ha
olvidado, que es el ajuste paulatino de los tipos de interés, lo que
ha supuesto también una reducción importante de la deuda de las
compañías eléctricas y que ha sido una de las cosas que ha permitido
bajar las tarifas eléctricas. Podríamos hablar de otras cuestiones:
de cómo se contempla en ese caso también la energía hidráulica o cómo
su precio actual por kilovatio está en torno a una peseta y, sin
embargo, perciben cuatro, lo que habría que contrapesar también a la
hora de negociar unos costes de transición a la competencia.
Yendo ya a aspectos concretos de la política industrial, es verdad
que estamos pasando por un ciclo favorable, pero vienen tiempos duros
y, si no, podríamos hablar casi sector por sector. La siderurgia
tiene ya problemas importantes a la vista, con una caída considerable
de los precios a nivel mundial y de pedidos lo que está provocando
por ejemplo, que Aceralia tenga que estar preparándose para ese
posible escenario no para dentro de un plazo largo, sino para el año
que viene. Y crea algunos interrogantes sobre las propias inversiones
previstas o sobre qué va a suceder o cómo va a evolucionar el propio
sector siderúrgico. (El señor vicepresidente, Gómez Darmendrail,
ocupa la Presidencia.) El tema de Astilleros está candente estos días
también precisamente porque parece que viene otra etapa dura. Yo creo
que la crisis internacional sí que está empezando a afectar
claramente a nuestra producción industrial y que las expectativas de
cambios negativos (caída en los pedidos, etcétera) están bastante
próximas, siendo por ello también por lo que los propios trabajadores
de Astilleros, unido a otro tipo de cuestiones de política general,
están francamente preocupados por la falta de pedidos. Por ejemplo,
Juliana Constructora, los astilleros de Cádiz y otra serie de
astilleros hoy mismo están reunidos en Madrid evaluando precisamente
la preocupante situación de futuro que tiene el grupo de Astilleros.
No puedo dejar de citar el problema de Babcock Wilcox. Precisamente,
en este momento es una empresa gestionada por el Ministerio a través
del vicepresidente de SEPI. Desgraciadamente, creo que se están
cumpliendo algunas de las previsiones que intuía este grupo, que se
ha preocupado en trabajar y en abrir una serie de interrogantes con
más de 23 propuestas por escrito. Acerca de la contestación que, por
cierto, hace muy pocos días he recibido, lo que agradezco, le anuncio
que contestaré puntualmente a cada una de las afirmaciones que se
hacen, porque entiendo, primero, que no se han pedido
responsabilidades suficientes a los gestores anteriores, sean quienes
sean, y, por lo tanto, ahí está la propia situación de Babcock
Wilcox, que en este momento tiene una solicitud de contingencias que
supera los 80.000 millones de pesetas; segundo, su cartera de pedidos
está por debajo en este momento de los 20.000 millones de pesetas y
luego creo que ha habido una cierta imprudencia en la forma, por
ejemplo, de anunciar a Kvaerner cuando se la escogió como
interlocutor prácticamente único en estos últimos seis meses. Yo no
tengo nada que ver en si son de Izquierda Unida, pero creo que el
descarte de Duro Felguera fue bastante fuerte. Yo creo que la
realidad actual demuestra que quizás la oferta en aquel
momento de Duro Felguera no era tan descabellada, puesto que Kvaerner
ha pasado de ofrecer casi 15.000 millones a estar pidiendo 80.000.
Por lo tanto, voy a suponer que descalificar otras ofertas fue por
desconocimiento de la realidad interna de la propia Babcock Wilcox.
Yme parece bien que se abra de nuevo el proceso, a pesar de que
pensemos que esta empresa no está en situación de ser privatizada; en
todo caso, por lo menos, que se dé una oportunidad a otros
interlocutores. Lo que no me parece tan bien -el señor Landeta acaba
de decir que no hay que hacer caso de la prensa- es que recientemente
vuelvan a salir noticias, que además está claro que proceden del
propio Ministerio, diciendo que algunas empresas tienen ventaja,
porque ya han manifestado su interés de nuevo por Babcock Wilcox,
cuando resulta que hasta la semana que viene, creo, no se va abrir
oficialmente la posibilidad de que aparezcan nuevas empresas que
quieran presentar sus planes o sus proyectos sobre Babcock Wilcox. Yo
sigo pensando que se está perdiendo una oportunidad de ponerla en
valor fomentando la asociación de otras empresas de bienes de equipo
que ya están funcionando en nuestro país para conseguir un grupo que
sea competitivo y no como el que hay ahora, en el que Babcock Wilcox
ha quedado completamente descapitalizado en su propia ingeniería,
siendo en la práctica un taller más que lo que en su momento fue, una
empresa de ingeniería punta. Hoy es incapaz incluso de ofertar, por
ejemplo, centrales de ciclo combinado, que es uno de los temas que
ahora mismo está sobre el tapete y que podría ser una de sus
actividades fundamentales. Me temo que, en las condiciones en que
está, tampoco va a ser capaz de poder afrontarlo.
Hay un asunto que para usted parece ser muy querido, pero, desde
luego, los datos son muy tozudos; se trata del sector de I+D. Usted
ha tenido la gentileza de pasarnos toda una serie de gráficos que
incluyen desde aspectos climatológicos en cuanto al clima industrial
hasta otro tipo de aspectos. Nosotros hemos tenido la curiosidad de
analizar desde el año 1986, no 1993, las inversiones de I+D en este
país ministerio por ministerio, viendo su incremento anual, etcétera.
Si no fuera por Defensa, que es quien rompe la curva de inversión de
I+D, realmente tendríamos un gráfico plano, porque realmente no ha
habido un impulso significativo para paliar precisamente ese déficit
que usted mismo en su intervención reconocía, y es que el escenario
prácticamente no ha cambiado. En primer lugar, tiene un problema de
gestión. Yo sé que ha habido mucho voluntarismo y que se ha creado la
famosa oficina de Ciencia y Tecnología, que preside el señor Aznar, y
que ayer el propio portavoz del Grupo Popular en el Pleno calificaba
de ciencia y fontanería, no sé si era porque le parecía que no
comprendíamos lo que hacía esa oficina -esto no lo digo yo, sino el
señor Núñez ayer en el Pleno-.
Quiero decir que los interlocutores que tenemos en el propio sector
de I+D reconocen que nunca ha habido tanta descoordinación como ahora
mismo. Nunca ha habido tanta descoordinación, tanta falta de
interlocución entre Educación -por hablar de las grandes patas que
tiene en este caso I+D-, las propias comunidades autónomas que asumen
competencias de I+D y el propio Ministerio de Industria. Lo que se
está produciendo es un repliegue de la actividad de I+D de cada uno
en su ámbito; es decir, Industria gestiona su I+D, Educación gestiona
su I+D y las
comunidades autónomas hacen lo que pueden y, además, con tremendos
desequilibrios, que son muy parecidos a los que precisamente una
publicación del Ministerio de Industria, que nos han mandado esta
misma semana, recoge en un análisis del I+D por territorios.
Curiosamente, -termina en este caso en 1993- pasa lo contrario; hay
una publicación oficial del Ministerio de Industria que habla de los
desequilibrios en I+D en las comunidades y también en el ámbito
general. Desgraciadamente, no ha cambiado mucho el escenario y
sinceramente creemos que todavía no se han encontrado las llaves para
cambiar esta situación.
Tenemos un presupuesto donde el I+D en porcentajes, si tenemos en
cuenta los activos financieros de gastos EFA y F-l00, es el
siguiente. El 61 por ciento se lo lleva Defensa, atribuyendo
lógicamente a Defensa la parte que, a pesar de estar dentro del
Ministerio de Industria, es realmente Defensa, como usted conoce muy
bien; el Miner está en este momento en el 12,2 de los presupuestos de
I+D, insisto, apartando lo que corresponde a Defensa, que es el 61,4;
Sanidad está en el 3,3 y Educación en el 18,1. Por lo tanto, pensamos
que a ese ritmo seguiremos a la cola y con un déficit importantísimo,
sobre todo, de las empresas; ya no voy a hablar del gasto de I+D
estatal. Seguimos sin encontrar las claves para que nuestras empresas
inviertan realmente y se crean de verdad lo del I+D. Sinceramente, no
hemos encontrado todavía mecanismos reales que eviten la picaresca,
porque también es una tentación subvencionar el I+D que sirva
simplemente para reducir costes en las empresas, pero creemos que es
posible una política rigurosa, y no nos importa que sea ayudada o
subvencionada siempre y cuando sea una política de verdad que impulse
la investigación y el desarrollo en nuestro país. Seguimos muy
preocupados porque pensamos que el famoso plan de I+D, que discutimos
en la Comisión Mixta con cuatro años de retraso, cuando ya ha pasado,
no se lo creía nadie. Por lo tanto, habrá que buscar nuevos
instrumentos que de verdad sirvan para impulsar todo este apartado.
Ésa es una de las pocas competencias importantes que quedan en manos
del Ministerio de Industria, una vez que se ha desprendido de
cantidad de activos que hasta este momento dependían de él.
En cuanto al plan del carbón, de la minería, etcétera, aunque ya he
dicho alguna cosa antes, ahora quiero referirme al impulso de las
comarcas mineras. He hablado hoy con miembros de ACOM, no solamente
del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, y más o
menos se puede resumir la conversación en que se sienten defraudados.
¿Por qué? Por una razón fundamental: porque si estos fondos para las
comarcas mineras tienen algún sentido es para que sean
complementarios de las percepciones o de los presupuestos, léase
autonómicos o incluso estatales; es decir, que sean adicionales, para
entendernos, a lo que habitualmente venían percibiendo. Y se está
produciendo un efecto de sustitución en algunas comunidades
autónomas, y sé que no es competencia exclusiva de este Ministerio.
En la práctica, se está produciendo un canje en algunos ayuntamientos
o municipios, ya que cuando reciben fondos mineros, automáticamente
dejan de percibir cantidades que habitualmente venían recibiendo. Es
muy fácil de comparar, no hay más que hacer una evolución de los
presupuestos de varias comunidades, fundamentalmente de Asturias
y Castilla y León, que son las que reciben una parte, y ver cuál era
la asignación presupuestaria por municipios que tenían antes de la
aparición de los fondos para las comarcas mineras y cuál es el que
tienen este año.
Por otra parte, el Instituto Nacional del Carbón se ha creado hace
una semana. Sin embargo, hay decisiones tomadas que se supone que
tenía que determinar este instituto. En algunos casos al menos, por
ejemplo en el del polígono industrial de Olloniego han sido tomadas a
la carta y no a la carta de la máxima necesidad, sino a la de la
proximidad política, siendo claros, y analizando cuáles son las
consecuencias o los efectos que esto puede tener. Genera gran
desconfianza entre los municipios. También debo decirle que hay un
déficit importante en la representación dentro de este instituto. No
es de recibo que los sindicatos tengan seis representantes, por
ejemplo, y los ayuntamientos de las comarcas mineras tengan tres,
entre otras cosas porque eso produce efectos no deseados. Por
ejemplo, Izquierda Unida tiene un tercio de la representación
municipal en esas comarcas y su presencia ha quedado excluida en este
órgano. Se han repartido dos el Partido Socialista y uno el Partido
Popular. Entiendo que todo el mundo quiera estar, pero el hecho es
que ha sido excluida una fuerza política, que tiene un tercio de esa
representación, que tiene por ejemplo la alcaldía de Langreo, que es
uno de los municipios más afectados según los propios baremos del
Ministerio, o tiene igual número de concejales en Mieres, en
Villablino, etcétera. No voy a echar la culpa a los miembros de ACOM,
aunque sí digo que esa representación insuficiente de los
ayuntamientos ha llevado a una presencia no totalmente representativa
de las sensibilidades que existen en estas comarcas.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Le ruego que vaya
concluyendo, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Concluyo diciendo como un déficit de su
gestión, ya que estamos haciendo balance, lo que ha pasado con la
seguridad minera y que ayer le adelantaba. Aquí tengo los cuadrados
de cumplimiento de los presupuestos. En el programa 741.F,
explotación minera de carácter genético, -nuestro grupo y los
sindicatos creen que no cumple los requisitos pactados en el plan del
carbón, que hablaba de 2.000 millones exclusivamente para seguridad
minera-, en el subconcepto 451, plan de seguridad minera, de un
crédito inicial de 166 millones para comunidades autónomas se ha
gastado 14.500.000 pesetas a 24 de julio. También nos consta que en
las reuniones con las comunidades autónomas ha habido problemas.
Ustedes proponen ahora que primero lo gasten y luego se lo pagan,
mientras que las comunidades autónomas abogan por lo contrario: que
les digan cuánto dinero tienen para poder gastarlo, intentando
simplificar el debate que, parece ser, ha habido en esa Comisión.
Unos dicen que no hay proyectos y otros dicen que no los hay porque
hasta que no tengan la garantía del crédito suficiente para
afrontarlo no pueden realizarlos.
El otro apartado, que al final se redujo a 818 millones, hasta hace
muy poco estaba asignado a cosas bastante variopintas, como las
minas-escuelas, una creo que en Cataluña, otra en Galicia, etcétera,
pero no para los fines que se había programado. Prueba de ello es que
los sindicatos,
en la Comisión Nacional de Seguridad Minera, mostraron su
desacuerdo con esta distribución de los fondos. Por tanto, hay
bastantes temas por dilucidar.
Me gustaría que me contestara a la pregunta sobre la potencia
solicitada para ciclo combinado.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo de
Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: En primer lugar deseo saludar al señor
ministro por su presencia en esta Comisión en el día de hoy y después
iniciar mi intervención diciendo que, por circunstancias que no
vienen ahora al caso, actúo desde hace unos días como portavoz en
funciones. Llevo a cabo esta misión de portavoz en funciones con unas
comparecencias verdaderamente apasionantes sobre temas conocidos por
mí, pero no profundamente. Por lo tanto, mi intervención tiene que
estar en línea con lo que he ido consultando y que,
parlamentariamente, desde hace unos días, viene a ser estrella en
esta casa e incluso en la casa hermana, del Senado. La semana pasada
tuvimos dos comparecencias para mí un poco sorpresivas, ya que uno de
los comparecientes poco sabía o poco quería saber del tema, porque
todavía no tenía documentación, y el otro, que sabía muchísimo, nos
dio un superinforme, y yo tuve que decir, y debe constar en el
«Diario de Sesiones» de aquel día -que todavía no ha sido publicado,
aunque tengo el dato parcial- que había un trasfondo político de no
independencia; después parece que se arregló un poco. Es sorpresivo
para mí ver que hubo una interpelación el miércoles pasado, unas
intervenciones sobre la sección de Industria de presupuestos, esta
comparecencia de hoy, el martes próximo la moción correspondiente a
la interpelación y que además de la moción que el mismo día se
presentaba en el Senado se debatió aquí por el mismo grupo otra del
mismo tenor. Por lo tanto, veo que tendremos una repetición no sólo
de argumentos sino de actitudes. Vengo de portavoz en funciones y
éstas quizás sean por una larga temporada, si la palabra funciones la
asimilase a algo teatral, como parece que en algún momento así se
está desarrollando.
Señor ministro, de su intervención de hoy haré una lectura detenida,
ya que ha sido rápida y detallada, difícil de rebatir y discutir aquí
en una intervención como la que nos corresponde hacer. Amí me gusta
meditar las cosas y a bote pronto es difícil hacer un debate sobre lo
mucho que usted nos ha dicho. No soy persona a la que le guste hacer
intervenciones en Comisión como jinete arrogante y malabarista de la
palabra, que a veces lleva a que quien las hace no se dé cuenta de
que su caballo lleva alguna pata quebrada. Por lo tanto, señor
ministro, trabajaré sobre su intervención, si es que me corresponde
seguir como portavoz en funciones, pero tengo que mostrar nuestra
satisfacción por el balance positivo que ha hecho en todo el tema de
industria y porque en el fondo también nos sentimos copartícipes del
éxito de este balance. Nuestro grupo algo tiene que ver en todo ello.
Entrando directamente en lo que me ha competido más estos días, que
es el tema de la titulación, he de decirle que nuestro grupo sigue
estando donde estaba; es decir,que no se ha llegado a ningún pacto
con Industria, si es
que lo tenemos que llamar así. Las mismas pegas que teníamos la
semana pasada existen todavía, ya que no se ha llegado al final de lo
que nosotros siempre tenemos por costumbre decirle: parlem-ne. En
Cataluña cuando hay un tema decimos: parlem-ne, o hablemos, lo que
significa que estamos abiertos a todo y, por lo tanto, se está
trabajando positivamente sobre ello. De todas maneras, me interesa
hacer constar en esta intervención, algo que ya hice la semana
pasada, y es que hay que tener presente que el acuerdo tiene
importantes repercusiones en aspectos, que usted ya ha citado, como
en el del régimen especial, en la distribución y en el consumo final,
que han de quedar garantizados en cualquier acuerdo que adopte el
Ministerio. Planteando distintos escenarios que pudiésemos encontrar
con diferentes hipótesis de partida llegamos a unas conclusiones que
no dejan de ser las mismas que ya en parte citábamos el otro día y
que son las siguientes. La propuesta de acuerdo tiene aspectos
favorables; es positivo todo lo que significa un incremento de la
competencia y una mayor liberalización del mercado y, por tanto, es
correcto el camino de acelerar los niveles de elegibilidad de los
consumidores y la reducción de los costes de acceso a la red. Es
legítimo, por otra parte, el derecho del sector eléctrico de defender
sus intereses, pero es necesario tener en cuenta los aspectos
siguientes del acuerdo. Se ha de desvincular la titulización de los
costes de transición de la competencia del resto de cuestiones
incluidas en la propuesta. El Gobierno tiene la potestad absoluta,
según la Ley 54/1997, para acelerar la liberalización, reducir los
costes de los peajes y limitar o no las primas de los cogeneradores,
sin la necesidad de una negociación previa con las compañías
eléctricas. En cambio, la propuesta de la titulización presentada
significaría una modificación de la ley del sector. El hecho de
desvincular la negociación de la titulización de la limitación de las
primas de los cogeneradores hace innecesario discutir este límite en
estos momentos y en estas circunstancias. Por tanto, nos parece que
es necesario asegurar muchas cosas que son independientes unas de las
otras. Hay que evitar los riesgos que se crean alrededor de la
titulización; puede que el importe que se propone titulizar provoque
efectos negativos sobre los consumidores. En el caso de que
tuviésemos que llegar a la titulización la cantidad debería ser
menor. Por lo que hace referencia a los consumidores acogidos a
tarifa regulada existe el riesgo de que la titulización comporte un
incremento de tarifas; todo esto hay que matizarlo mucho.
Dado que la titulización tiene aspectos positivos, y vamos a ir hacia
ella, aunque genera incertidumbre respecto a los posibles efectos
negativos sobre otros agentes del sector, hay que buscar una solución
de compromiso que pueda beneficiar a todo el mundo. He de decirle,
señor ministro, que esperamos llegar a unos acuerdos o, si no, a unos
conocimientos consensuados para que el tema vaya hacia adelante, una
vez vistos los riesgos que comporta incluso analizándolos fuera de la
Cámara. Nuestro grupo va a seguir trabajando y esperamos que en pocas
reuniones se pueda obtener lo máximo posible, porque nuestro grupo
busca las cosas positivas en bien de todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para el Bloque Nacionalista Galego el
sector eléctrico del Estado español gozó de inmensas ventajas ya
desde la época franquista y parece que va a seguir haciéndolo
durante, lo que el Gobierno llama, el proceso liberalizador. Pero el
proceso liberalizador del sector eléctrico no puede ocultar que
seguimos estando en una situación monopolista importante, no sólo por
la capacidad que pueda haber de producir energía eléctrica en gran
cantidad por los grupos que ya estaban ampliamente establecidos en el
Estado español, sino también en lo que es el servicio y la
comercialización de la energía eléctrica.
No hay nada más que ver el mapa territorial del Estado español para
comprobar cómo inmensas zonas de él no tienen más remedio, sobre todo
los usuarios domésticos, los que gastan energía para el consumo
casero, que estar vinculados, quieran o no, al servicio de empresas
que tienen nombres emblemáticos; en el caso de Galicia, por ejemplo,
es Unión Fenosa o Electra de Viesgo o alguna otra de gran expansión
en el Estado, por no hablar de empresas también importantes que
producen gran parte de la energía eléctrica en nuestro país, como
puede ser Endesa. Se da así la paradoja de que zonas muy productivas
de energía eléctrica del Estado español tienen un servicio caótico de
distribución que afecta muy negativamente al presente y al futuro
económico de sectores productivos importantes como puede ser, por
ejemplo, el agropecuario o a la marcha del comercio. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Así, y esto sería interesante
tenerlo en cuenta en lo que llaman transición a la competencia,
cuando se está dispuesto a engordar el saco de las eléctricas con
otro billón de pesetas, hay amplias zonas del Estado español, en
concreto de Galicia, que padecen cortes de suministro eléctrico
durante muchas horas en lugares que están situados a 4 kilómetros de
un centro o de un núcleo urbano o a 1 kilómetro escaso de la central
térmica más importante que existe en el Estado español, y después
daré datos al respecto. De esta forma hay perjuicios para el
comercio, para las pequeñas industrias que constituyen las
explotaciones agrarias que están compitiendo con éxito, a pesar de
estas graves deficiencias, con la Unión Europea. Cabe recordar que
muy pocas explotaciones agrarias en Galicia tienen hoy tanques de
frío, que muchas veces deben mantener con motores alimentados con
hidrocarburos y no precisamente con el tendido eléctrico por el que
pagan el servicio religiosamente sin que, por cierto, se le descuente
nada cuando hay este tipo de deficiencias gravísimas, que son
llamativas en una época a punto de empezar el segundo milenio. Lo que
es más grave es que hay marcos normativos del sector eléctrico
prácticamente desde el inicio de la década de los ochenta que no se
desarrollaron y que precisamente estaban para poder combatir estas
gravísimas deficiencias, por ejemplo, la de cobrar por la potencia
real que muchas veces no es la que está contratada en los recibos,
así como velar porque el servicio de energía eléctrica para usos
domésticos o de pequeñas empresas que esas personas tienen contratado
sea debidamente atendido con servicios al cliente ad hoc, bien desde
el punto de vista informativo o bien a la hora de solucionar averías
que se producen. Muchas veces hay que llamar a teléfonos que en
determinadas horas saltan desde Lugo a Santander, con todas las
incomodidades que puede haber, no solamente
de tipo económico, pagando tarifas telefónicas que son mucho mayores,
sino incluso idiomáticas, no pudiéndose comunicar con el interlocutor
de turno en la lengua del país, como pasa, por ejemplo, con Electra
de Viesgo, que sabemos que es la compañía a la que pertenece Barras
Eléctricas de Galicia. ¿Por qué razón el desenvolvimiento de la Ley
eléctrica, además de preocuparse de los grandes consumidores, de la
retribución, del transporte y de la distribución, no desarrolla los
decretos de 1986 y de 1987 que inicialmente contemplaban descuentos
en las facturas cuando no se respetaba la potencia contratada de los
usuarios? ¿Por qué razón el territorio del Estado está sin clasificar
por zonas y tensiones, después de once años desde el momento en que
se contempló esta posibilidad por parte del Gobierno? Éstas son las
cosas que hay que preguntarse, porque son las que están afectando a
muchos usuarios que nos vemos prácticamente en el desamparo y,
repito, paradójicamente, en zonas que tienen una gran producción de
energía eléctrica. Por ejemplo Galicia, que es donde pasa todo esto
sin que parezca que a nadie le preocupa en todos estos debates,
produce la friolera de 20.326.973 megavatios/ hora, datos de 1994, y
consume un total de 11.753.270 megavatios/hora, teniendo en cuenta
que una parte de este consumo pertenece a Alúmina y Aluminio
Eléctrico, con más de cuatro millones de megavatios/ hora, según
datos de 1994. Creo que sería conveniente que el Gobierno pensase, y
también las grandes compañías eléctricas, que no se puede actuar en
un territorio con semejante grado de irresponsabilidad.
Irresponsabilidad que me gustaría preguntar al señor ministro si se
va a tolerar también ahora con el cambio productivo que se va a
realizar a partir de la instalación de centrales de ciclo combinado,
en concreto por Endesa, en colaboración con Gas Natural, en este
nuevo maridaje que va a asegurar aún más el oligopolio.
Como reguladores, ustedes hablan de que sólo hacen falta
autorizaciones administrativas, pero usted sabe que en la actual
situación internacional poner una planta regasificadora con fines
industriales no depende sólo de una voluntad empresarial interna, hay
que tener influencias en el extranjero y no ser indebidamente
boicoteado. A mí me gustaría preguntarle a usted, que es un excelente
diplomático de los oligopolios que están siendo amparados en esta
transición a la competencia (Risas.), qué piensa usted de los
proyectos de una burguesía nacional de Galicia, preocupada por
inversiones productivas, respecto de poner esa planta de
regasificación en Ferrol -por cierto estaba contemplada en el antiguo
mapa eléctrico-, que es fundamental desde el punto de vista
industrial para la zona e incluso desde el punto de vista del
equilibrio territorial del Estado e incluso de la suficiencia
energética. Debe tener en cuenta, señor ministro, que si dejan de
funcionar las centrales térmicas de As Pontes y de Meirama, Galicia
se quedaría sin 12.694.850 megavatios, lo cual equivale a más de la
mitad de su producción. En un Estado responsable habría que haber
contemplado esto con antelación para, cuando menos, definirlo, no
sólo estando dispuestos a dar la autorización administrativa sino
apoyando, por lo menos políticamente, el proyecto para que no haya
esta deflación brutal que convertiría a Galicia en una importadora de
energía eléctrica, después de haber ayudado al
Estado español a su desarrollo industrial prácticamente desde los
años sesenta.
Con todo este panorama, comprenderá usted que nosotros no podemos
estar de acuerdo con que el billón de pesetas de subvención a las
empresas productoras no repercuta de forma positiva en la factura
eléctrica de los pequeños consumidores. En todos esos pequeños
consumidores y esas pequeñas industrias que hoy ni siquiera son
abastecidas y a las que habría que fijar un canon de compensación por
abandono continuo. Desde luego, en la transición a una competencia
que nunca ha existido en estos medios, los primeros a compensar
serían ellos porque, repito, están sufriendo las calamidades y los
despropósitos de situaciones monopolísticas de carácter privado desde
hace muchísimos años.
Concluyo planteando una cuestión, señor ministro. Mal que nos pese a
todos, a nadie se le puede ocultar que abaratar la energía eléctrica,
tener un servicio equilibrado en el Estado español, sería mucho más
factible desde el punto de vista de un servicio público que desde un
servicio privado de carácter oligopólico.
Acabo con el tema del sector industrial y nos vamos a limitar a los
datos. Yo sé que, por su abstracción, estos gráficos que nos entregan
son efectivamente eliminadores de las realidades concretas, pero le
voy a destacar los datosque usted dio en los gráficos referidos al
territorio al que intento representar en sus intereses y referidos a
toda una etapa de Fraga, 1990/1997.
Cuando llegó el señor Fraga Iribarne, la población activa era
superior a la inactiva en 100.000 personas. Ahora es al revés, hay
90.000 personas menos, es decir la población inactiva está por encima
de la activa. En esto algo tiene que ver la gran crisis del sector
industrial a que fue sometido nuestro país en los sectores naval,
minero, siderúrgico y conservero, pero además -usted lo sabe
perfectamente puesto que conoce cuáles son las reglas de juego
políticas, no económicas de la trasnacionalización- coincide con el
ataque al sector pesquero y al agropecuario que ya se ve cómo está
amparado por el sector energético del Estado español. Pues bien,
desde que gobierna el señor Fraga Iribarne la cifra de trabajadores
asalariados en Galicia cayó en 13.000 personas en la pesca y en el
sector primario; en casi 5.000 en la industria; sólo creció algo en
la construcción y los servicios, y gracias al trabajo femenino porque
en los hombres cayó casi en 20.000 personas en total. En los
trabajadores autónomos la cifra referida a la industria es
prácticamente estable.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, le ruego vaya terminando.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señor presidente.
En cuanto a la tasa de paro, aumentó del 12 al 18,5 por ciento. Por
sectores sube un 50 por ciento en la industria y en gastos en I+D
Galicia representa el 0,5 por ciento del PIB; el Estado español el
0,9 por ciento, la Unión Europea el 2 por ciento, por lo que Galicia
está a un cuarto de la Unión Europea y a la mitad del Estado español.
Si cogemos el crecimiento variable, las cifras son muy parecidas. Con
todo esto lo único que le quiero decir es que las crisis del sector
industrial, en concreto del sector naval,
así como del sector conservero y también el siderúrgico, afectaron en
forma muy negativa a un país que, además, en el sector agropecuario
está perdiendo población activa y, por tanto, creadora de riqueza.
Con todos estos datos comprenderá que estos gráficos me parezcan muy
bien para España, pero en las realidades concretas que hoy
constituyen España no son sintomáticos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el segundo turno de la
intervención del señor ministro, vamos a interrumpir durante dos
minutos y enseguida reanudamos la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a reemprender la sesión con la
intervención del señor ministro para dar debida respuesta a todas las
intervenciones de los distintos portavoces. Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA (Piqué i Camps): Gracias por
su benevolencia y por concederme este pequeñísimo receso.
Paso a responder, en la medida de lo posible porque se han tratado
muchísimos temas por los diferentes intervinientes, a todo lo que se
ha ido planteando. Intentaré hacerlo con la mayor brevedad por lo
avanzado de la hora.
El señor Rodríguez, del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, ha
tratado bastantes temas. Ha dedicado bastante extensión a algo que
nos debe preocupar enormemente porque es verdad que todavía hay
muchísimas cosas por hacer, y que se refiere a la calidad en el
suministro de energía eléctrica no sólo desde el punto de vista de la
garantía del suministro sino de la calidad desde el punto de vista de
la atención al cliente.
Aquí se está produciendo, y debe profundizarse en él, un cambio de
mentalidad. Hasta ahora, las compañías eléctricas eran monopolios en
su territorio, estaban inmersas en un contexto de intervención
administrativa y tenían a sus clientes absolutamente cautivos, hasta
el punto de que, en la cultura de las empresas, no se les llamaba
clientes sino abonados. Eso ha sido así en muchos de los monopolios,
también en el monopolio de las telecomunicaciones. Ahora hay que
enfocarse hacia una orientación al cliente. En contra de lo que usted
dice, nada mejor que la competencia, por tanto la posibilidad real de
cambiar de suministrador, para que esa atención al cliente se
produzca y ya no se tengan que aguantar, como se aguantaban antes,
actitudes poco adecuadas a lo que tiene que ser un servicio a los
usuarios y consumidores de energía eléctrica.
Debo decirle que esa preocupación la concretamos muy rápidamente en
términos de medidas. En la propia legislación eléctrica estamos
destinando mejoras en la calidad de la distribución por un importe de
10.000 millones de pesetas/ año. Eso se hizo ya en el año 1997, se
está haciendo en el año 1998 y, para el próximo año, en el que se
prevé un incremento de esa cantidad, se va a adecuar al IPC, aunque
se aplica un factor de corrección, el IPC menos 1. Quisiera
recordarle, porque así debe ser ya que la situación del servicio
eléctrico en Galicia es probablemente una de las peores que existen
en el conjunto del territorio, que Galicia se ha llevado más del 30
por ciento del conjunto de la cantidad distribuida en toda España.
Por tanto, somos totalmente
sensibles a esas necesidades, son recursos destinados a esa mejora de
la calidad y a ese cambio de mentalidad que debe presidir la
actuación de las compañías en el nuevo marco competitivo. No creo que
la vía sea el retorno a la intervención sino precisamente profundizar
en la competencia y dar contenido real a la posibilidad de elegir
libremente al suministrador.
Me tomo como una referencia más o menos jocosa lo de diplomático de
los oligopolios. Cuando se propugna en una ley -eso es lo que va a
cambiar; cuando conteste al señor Santiso a una pregunta que me ha
formulado lo podré argumentar- el libre establecimiento, lo que se
está propiciando es que vengan nuevos actores a competir con los
actuales. En unos casos puede parecer bien y en otros puede parecer
mal; a algunos grupos les parece mal que eso suceda porque puede
poner en peligro centrales existentes y a otros les puede parecer
bien lo contrario. Lo que sí le digo es que la mejor manera de romper
con el monopolio que hasta ahora existía y con el oligopolio actual
es precisamente la libertad de establecimiento y que entren nuevos
actores en el mercado, que es lo que estamos intentando propiciar.
Como es natural, eso lleva tiempo; proyectos de inversión de estas
características tienen un periodo de maduración largo y no se dan de
un momento para otro. El proceso de liberalización de un mercado que
ha estado completamente intervenido y que ha sido monopolístico
comporta su periodo, su transición, y los efectos los veremos con
toda claridad en unos pocos años.
Si ése es el contexto, no tiene mucho sentido seguir con la discusión
de la planta de regasificación. Lleva razón, la planta de
regasificación de Ferrol estaba incluida en el mapa anterior, pero
nadie la hizo nunca. No la hizo nadie porque, más allá de las
autorizaciones puramente administrativas, quien debía autorizarla era
la autoridad planificadora energética y ésta nunca lo hizo, a lo
mejor porque era sensible a los argumentos de que no hacía falta.
Ahora, lo que el Gobierno dice es que quien debe decidir si hace
falta o no, si esa planta tiene o no sentido, son los empresarios que
arriesgan sus recursos y que creen que pueden obtener una
contrapartida por esa planta de regasificación. Por tanto, el
Gobierno poco más tiene que decir. Creo que así debe ser porque, si
fuera estrictamente por planificación energética, como todavía sigue
habiendo excesos de capacidad, a los que se refería el señor Santiso,
seguramente no tendría sentido autorizarla, pero haríamos lo que ha
sucedido, mantener una determinada estructura de generación durante
muchísimos años sin que hubiera ninguna inversión que realmente
permitiera incorporar nuevas tecnologías, más eficientes, en
beneficio del consumidor. Desde que existe el marco legal y estable,
eso ha sido así, no ha habido inversiones en generación y tenemos la
misma estructura de producción que había hace diez años. Creoque eso
no es bueno, que lo bueno es propiciar que se introduzcan nuevas
tecnologías y que se hagan nuevas inversiones, y es lo que está
empezando a pasar.
Una cuestión de matiz y sin ánimo de polémica, pero siempre repetimos
las mismas cosas y tenemos que acostumbrarnos a utilizar las palabras
con rigor. Los CTC no son subvenciones, está establecido claramente
en la Ley del sector eléctrico, son otra cosa, son derechos que se
derivan de una compensación a un sector que, hasta ahora, había
establecido sus políticas y sus inversiones y tenía su
inmovilizado en función de un determinado marco establecido
legalmente, y al que ahora se le cambia dicho marco para pasar a la
competencia. No es un concepto específico de España, es un concepto
aceptado en todos aquellos países que han hecho o están haciendo una
transición a la competencia en el sector. Después volveré a hablar de
los CTC, pero quería anticipar ese criterio para que no mezclemos las
cosas y no sigamos confundiendo los debates.
En cuanto al breve comentario que ha hecho en relación a la evolución
económica e industrial de Galicia, no voy a negar que existen
problemas, es evidente que los hay. Hay ciclo económico y hay que
trabajar para resolver estos problemas y para prepararse con respecto
a los nuevos que vayan a surgir, pero sinceramente no responde a la
realidad decir que Galicia no se está aprovechando del progreso
económico del conjunto de España. Los datos no confirman eso, tanto
desde el punto de vista de la actividad económica industrial como
desde el punto de vista del empleo y, si me apura, también desde el
punto de vista político. Los gallegos han vuelto a renovar la
confianza en las personas que les han gobernado en las últimas
legislaturas, y lo han hecho de una manera muy clara y precisa. Por
lo tanto, la propia percepción de la sociedad gallega es distinta de
la que usted tiene, que, por supuesto, es perfectamente legítima y
que también tiene un apoyo electoral detrás.
En cuanto a los comentarios del señor Sedó -que le agradezco, y
además le agradezco esa actitud de disposición al diálogo-, es verdad
que estamos hablando con personas de su grupo. Yo estoy absolutamente
convencido -además así lo deseo- de que esos problemas que todavía
existen respecto a la posibilidad de cerrar completamente un acuerdo,
tanto en cuanto a algunos de los decretos de desarrollo que están ya
prácticamente ultimados como en cuanto al tema de la titulización, se
pueden solucionar lo antes posible. El Gobierno y el Ministerio de
Industria y Energía están dispuestos a trabajar en esa dirección y,
por lo tanto, creo que puedo asegurarle que eso va a ser así.
El señor Santiso ha comentado bastantes temas y voy a intentar
ordenar mínimamente mi respuesta. En relación con algunos comentarios
que ha hecho en cuanto a la presencia de entidades financieras en
determinadas empresas, es verdad que hay una experiencia histórica
que, desde el punto de vista del debate intelectual, ha dado unos
resultados enormemente interesantes, pero sí quiero decirle algo que
a mí me parece absolutamente obvio y que el Gobierno ha dicho
explícitamente desde el primer día. El Gobierno no ha propiciado
-tampoco ha obstaculizado- la construcción de núcleos duros en las
empresas sometidas a privatización. En muchos casos -por ejemplo, en
el caso de Repsol o de Telefónica- ya estaban, y yo quisiera recordar
que en el caso de Telefónica, ese núcleo duro sí fue propiciado, fue
propiciado por el anterior Gobierno. Este Gobierno no lo ha hecho ni
lo hará.
Ha hablado usted de los CTC (perdón, voy saltando e intentaré ir
contestando y seguir un cierto orden, pero la exposición ha sido muy
exhaustiva y ha ido tocando temas muy distintos y muy rápidamente) y
decía que no se cargara eso sobre los usuarios y los consumidores. Yo
le puedo garantizar que eso no va a ser así, y se lo argumentaré
(también se lo argumentaré al portavoz del Partido Socialista, que se
ha expresado en los mismos términos), porque no es lo mismo la
afectación de un porcentaje de la tarifa, que
estará alrededor del 4-5 por ciento si finalmente se decide que la
cantidad está en torno a ese billón de pesetas que a nosotros nos
parece razonable, pero le quiero recordar que hay un 95,5 ó un 96 por
ciento del resto de la tarifa sobre la cual se puede jugar. Por lo
tanto, el mecanismo puede ser, en su caso, de compensación de una
evolución de los CTC (después justificaré que creo que no va a ser
así) que se apartara de lo que es la normalidad y que, por lo tanto,
en ningún momento pueda producirse sacrificio ni perjuicio alguno
para los consumidores. En cambio, todas las decisiones políticas que
se tomaron sobre, por ejemplo, la moratoria nuclear, la necesidad de
afrontar el tema de los residuos o la necesidad de mantener un
esquema para el primer ciclo con combustible nuclear, eso sí son
recargos sobre la tarifa y eso sí que ha salido del bolsillo de los
consumidores para hacer frente a esas decisiones de carácter político
y empresarial. Son las famosas externalidades en tarifa, que, por
otra parte, en el caso de la moratoria nuclear, tienen la garantía
del Estado, no sólo para lo que fue la titulización de los costes
derivados de la moratoria nuclear del principal, sino de los
intereses, y además el Estado garantiza también el período de
recuperación. Estamos hablando de cosas completamente distintas.
Muchas veces se ha dicho: oiga, no lo compare, porque son cosas
completamente distintas. Pero es que a mí me gusta también decir que
son cosas completamente distintas, porque una cosa es un recargo que
pagan los consumidores y la otra es una afectación de un porcentaje,
que no tiene nada que ver y que no carga sobre los consumidores.
Decía usted que había una apuesta unilateral o una apuesta excesiva,
desde su punto de vista, en cuanto al gas natural y los ciclos
combinados. Es una apuesta sobre la tecnología más eficiente y menos
problemática que existe en estos momentos. Podríamos pensar en
retroceder en la moratoria nuclear y volver a impulsar la puesta en
marcha de centrales nucleares; eso se está haciendo en algunos
países, por ejemplo, en China. (Rumores.) Claro, se está haciendo.
(Algunos señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
No, no, que nadie me malinterprete, no estoy pensando en ello, en
absoluto. Es más, creo que ésa fue una buena decisión, asociada a una
problemática que seguimos sin resolver y que es la de los residuos
radiactivos. Este Gobierno, desde el primer día, intentó resolverla
en el marco de una ponencia conjunta en el Senado, ofreciendo
consenso, pero no ha sido posible conseguirlo; que quede claro que la
sensibilidad respecto a este tema estuvo y está en el Gobierno desde
el primer día. ¿Qué estructura de generación tenemos ahora? Dejo
aparte la cobertura de demanda, pero diré, en grandes trazos, que la
demanda eléctrica se cubre a tercios, más o menos, entre energía
nuclear, energía hidráulica y energía de origen térmico, tanto con
base al fuel como, sobre todo, con base al carbón. Es una estructura
bastante equilibrada y, por lo tanto, estamos hablando de la
introducción de una tecnología, que de momento va a ser marginal,
pero que va a permitir modernizar nuestra capacidad de generación y
que, lógicamente, va a afectar a una capacidad de generación
existente. Desde nuestro punto de vista, con los proyectos que están
en marcha y con las propias previsiones del plan del carbón, eso no
tiene por qué afectar significativamente a lo previsto en el plan del
carbón, porque el plan
del carbón plantea dos tipos de mecanismos de apoyo que deben
permitir que el carbón siga siendo competitivo para el conjunto de la
estructura de generación. Me refiero tanto a la famosa peseta/
kilovatio -que está recogida a través de los CTC- como a todas las
ayudas a la explotación, además de ayudas a la reestructuración y, en
algunos casos, de ayudas al cierre, que suponen -como usted sabe-
muchas decenas de miles de millones de pesetas todos los años, y que
además son adicionales, no tienen nada que ver con el enorme esfuerzo
que se está haciendo para apoyar el desarrollo alternativo de las
comarcas mineras. Por tanto, creo que, desde el punto de vista del
sector del carbón, no hay motivos para la inquietud, en el sentido de
que el plan no se pueda cumplir, porque eso va a seguir siendo una
apuesta clara del Gobierno. El apoyo a las comarcas mineras, desde
luego, lo es. Yo no tengo constancia de ese efecto sustitución que
usted dice y dudo mucho que en las comarcas mineras se invirtieran
cada año 50.000 millones en proyectos de infraestructura. Estoy
seguro de que eso no es así. Por lo tanto, aunque se pudiera producir
una mínima sustitución, las comarcas mineras están recibiendo el
mejor trato comparativo que han recibido nunca.
Ha hablado usted de la seguridad minera y le aseguro que éste es uno
de los temas que más preocupa al Ministerio y que más preocupa a este
ministro porque, cuando se trata de cuestiones en las que están en
juego desgracias personales, hay que tomarse todo esto muy en serio.
Este año hemos aumentado la dotación y lo vamos a seguir haciendo. No
hay que analizar la ejecución del presupuesto de unos determinados
planes, por ejemplo, a mitad de año porque tienen su propio
desarrollo. Usted ha hablado de problemas, y es verdad. En la propia
Comisión de seguridad minera hemos estado atascados por un problema
de discrepancia profundísima -en la que la Administración no tenía
una posición cerrada, sino que lo que buscaba era el consenso- entre
sindicatos y empresarios, en relación a cómo se debía de instrumentar
la inspección minera. Hemos hecho todo lo posible para que se pudiera
solucionar y la voluntad es tomarse este tema cada día más en serio,
en el bien entendido que todo lo relativo a la ejecución y a la
inspección corresponde a las comunidades autónomas y, por lo tanto,
ahí también se tiene que producir una cooperación. No quiero con eso
rehuir la responsabilidad que nos toca como Gobierno. Ha hablado
usted mucho de I+D y -no sé si le voy a sorprender- le doy la razón.
Le voy a decir por qué. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en
que la situación actual de la investigación y el desarrollo en
nuestro país no es satisfactoria, y así lo he manifestado. He dicho
muchas veces que gastamos poco y que gastamos mal. También es verdad
que se ha hecho un esfuerzo en estos últimos dos años y medio para
incrementar los recursos. Muchas veces se nos dice: Quiten ustedes
los gastos orientados a la defensa. Es que los gastos orientados a la
defensa constituyen, en todos los países modernos, un peso muy
importante del esfuerzo tecnológico y esto no se había hecho nunca en
nuestro país. Por lo tanto, es una apuesta muy clara en favor del I+
D. No vale despreciarlo, sino que hay que tenerlo muy en cuenta. Pero
también es verdad que el esquema consistente, básicamente, en el
otorgamiento de subvenciones a ciertos proyectos por una determinada
política de apoyo a diferentes sectores desde la Administración, no
nos ha dado resultados. Por
eso estamos planteando una nueva ley de fomento a la innovación
industrial y por eso estamos planteando un nuevo plan de apoyo a la
innovación, porque entendemos que los resultados justifican
plenamente que, por lo menos, intentemos un cambio sustancial de
política, que significaría pasar de un enfoque que hasta ahora ha
estado basado en la oferta, a un enfoque que esté basado en la
demanda, en las necesidades de nuestros sectores productivos, en las
necesidades de nuestras empresas, y que procure que exista un clima
propicio a la innovación en la empresa, más que en forma de
subvenciones, que al final siempre son muy discriminatorias y sólo
pueden afectar a un número muy pequeño de empresas, creando un clima
fiscal y de financiación de proyectos de riesgo que sea general y
que, por tanto, pueda propiciar un incremento del esfuerzo del
conjunto del país en I+D. Esto es responsabilidad de la
Administración, creando ese marco, pero también es verdad que es
responsabilidad de las empresas. Hay que decir que nuestro sector
privado invierte relativamente poco en I+D, en desarrollo
tecnológico, fundamentalmente; más o menos, el sector privado
representa el 40 por ciento del total del gasto, cuando en Estados
Unidos representa las dos terceras partes. Sin bajar la guardia, en
absoluto, en el esfuerzo de investigación que está haciendo el sector
público, o el mundo universitario, o los centros públicos de
investigación, y en la búsqueda de la excelencia tecnológica, hay que
procurar que el peso del sector empresarial crezca más que
proporcionalmente, y en ese sentido vamos a trabajar.
Hay otra gran iniciativa que después comentaré, porque el portavoz
del Grupo Socialista ha hecho una referencia, yo creo que
desafortunada, casi jocosa y casi despectiva, respecto a la sociedad
de la información. Hay que decir con toda claridad que la sociedad de
la información es la gran protagonista de los próximos años, de la
próxima década y del siglo XXI, y no entender eso con toda claridad
es no entender nada. Si no nos tomamos muy en serio las tecnologías
de la información, las tecnologías de las comunicaciones, la
incorporación masiva de esas tecnologías a todos los ciudadanos, no
podremos subirnos al tren de la inmediata revolución que tenemos
enfrente y que va ha hacer que quien no sepa utilizar este tipo de
cuestiones sea una especie de analfabeto funcional a muy corto plazo.
A mí me parece que se debería animar al Gobierno a que intensifique
los esfuerzos en la difusión, los esfuerzos para que se constituya
esa sociedad de la información lo antes posible y no lo contrario.
Ha hecho usted un repaso de los diferentes casos de empresas
públicas. Yo comparto su preocupación respecto a algunos sectores que
están empezando a notar los efectos de la crisis internacional. Decía
que, por ejemplo, Aceralia está pasando por un momento en el que los
precios internacionales están bajando, sí, y eso está afectando a
Aceralia, a Acerinox, a la antigua Aristrain, a Celsa, a todas las
empresas del sector; a todas las empresas españolas y a todas las
empresas mundiales. Está empezando un ciclo bajo, pero precisamente
ante un sector que necesariamente es cíclico y que ya sabemos todos
que es así, lo que hay que hacer es perseverar en la política de
inversiones que estaba prevista. Por supuesto, los planes de
inversión no son cosas sacralizables y esculpidas en piedra que no
haya que modificar en función de las circunstancias, pero, desde
mi punto de vista, precisamente ahora lo que hay que hacer es
profundizar e intensificar los programas de inversión para hacer
frente a la nueva situación y hacerlo desde la actual posición de
Aceralia, que es muy satisfactoria y muy sólida.
Lo mismo cabe decir de astilleros. En astilleros hay que distinguir
dos ámbitos. El primero es que la crisis internacional, sobre todo la
caída de los precios derivada de la devaluación de sus monedas en
países como Corea o Japón, está propiciando un incremento de la
competencia internacional novedoso respecto a la que existía hasta
ahora, y ahí hay un motivo de preocupación muy serio, que yo mismo
plantee en el Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea
el pasado lunes y que ya había sido objeto de una carta mía al
comisario de la Competencia de la Unión Europea hace bastantes meses,
en el sentido de que en todos los organismos multilaterales -el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera- se tuviera en
cuenta -y se está haciendo así, lo que pasa es que no suficientemente
y hay que insistir- que, a la hora de plantear esquemas de ayuda para
que determinados países superen sus dificultades financieras, cosa
que hay que hacer -y en el caso de América latina y de Brasil. España
ha adoptado una actitud muy activa, muy directa y casi diría de
liderazgo, porque nos toca y es nuestra responsabilidad-, que en el
caso de Corea eso no implique que esos países utilicen esa ayuda
internacional, que nosotros también pagamos en parte, precisamente
para seguir haciendo una competencia desleal y aplicando precios de
dumping, poniendo en dificultades a nuestra propia estructura
productiva. Ése es un problema que nos afecta a nosotros, pero que
afecta también al conjunto del sector de la construcción naval
europea y, desde luego, yo he detectado por primera vez en los
Consejos de Ministros de Industria una preocupación generalizada de
los diferentes países en torno a esta cuestión, por que lo que está
empezando a ponerse en riesgo no es nuestra construcción naval, es la
construcción naval europea. Por tanto, creo que debemos hacer una
reflexión rápida -así se quedó- respecto a si se ratifican o no los
acuerdos de la OCDE sobre un cambio en el sistema de ayudas a la
construcción naval, que, por otra parte, Estados Unidos no ha
ratificado, y si se reconsideran algunos aspectos.
Nosotros vamos a trabajar en esa dirección, pero quiero recordar
también otra cosa que he dicho en muchas ocasiones y que estará en el
'Diario de Sesiones' de todas las veces que he intervenido en esta
Cámara en este punto, y es que se hizo un gran esfuerzo para resolver
el problema de los astilleros, se llegó a unos acuerdos para aplicar
-que no se aplicaba- el llamado Plan estratégico de competitividad,
se llegó a una serie de convenios colectivos que permitían un mayor
grado de flexibilidad -no en todos los sitios; por ejemplo, en Sestao
no pudo ser- y se hizo también un gran esfuerzo para que la Comisión
Europea diera validez a unas ayudas que estaban muy por encima de las
establecidas por el Plan estratégico de competitividad y sin cuya
aprobación no hubiera sido posible mantener la continuidad de
nuestros astilleros.
Pero también decía -lo he dicho muchas veces cuando hablábamos de
estas cosas- que todo esto tenía una condición, no para España, sino
para todos los países de Unión
Europea: que a partir del 1 de enero de 1999 ya no sería posible
otorgar ningún tipo de ayuda pública adicional a las normales por
créditos a la exportación o a las normales establecidas en el ámbito
de las normas de la OCDE y, por tanto, debía quedar claro que había
una responsabilidad muy explícita de la empresa, de los trabajadores
y de todos los sectores afectados para hacer todo lo necesario para
que precisamente pudiera darse viabilidad a esas empresas sin ayudas
públicas adicionales, que ya no van a ser posibles, y de eso se
trata. Hay que decir que se ha hecho esfuerzos importantes; los ha
hecho la empresa y los han hecho los trabajadores y la situación hoy
es mejor que antes. La cartera de trabajo sigue siendo en general muy
alta, pero es verdad que no hay nuevas contrataciones,
fundamentalmente por el efecto de la crisis coreana y japonesa, pero
no sólo por eso. Y es verdad también que los resultados son peores
que los previstos, pero mejores que anteriormente. Lo que hemos
puesto ahora encima de la mesa, y yo creo que todo el mundo ha
asumido con el sentido de la responsabilidad necesario -estamos
hablando de temas muy serios-, es que no hay una situación muy grave
a corto plazo, nadie debe tener una inquietud a corto plazo, pero sí
que es verdad que cuanto antes nos sentemos todos para tomar medidas
adicionales que permitan corregir esas desviaciones que se han
producido y, por tanto, poder asegurar la viabilidad de esas
empresas, mejor. Ésa es la disposición de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales como accionista de Astilleros Españoles,
ésa es la disposición de la empresa y ya se ha transmitido a los
sindicatos que en breve plazo se les va a hacer el correspondiente
planteamiento para que pueda ser a su vez discutido.
Ha mencionado también el caso Babcock Wilcox. Todo esto se sale un
poco del ámbito de las comparecencias de hoy, pero quiero aprovechar
para decirle muy brevemente que, efectivamente, en Babcock Wilcox nos
encontramos en su momento una situación muy complicada; era una
compañía sin viabilidad y el propio proceso de privatización ha sido
concebido, como en muchos otros casos, para darle esa viabilidad.
Hubo una serie de posibilidades y se escogió una que, por otra parte,
tenía el pleno apoyo del Gobierno vasco y a nosotros en aquel momento
nos pareció la más adecuada, que era Kvaerner. La negociación ha sido
muy difícil y tengo que decir que ha sido difícil porque el
accionista de Babcock, es decir, la SEPI, no acababa de ver claro el
esquema y, al cabo de unos meses, ha resultado que la propia Kvaerner
está en dificultades financieras. Es una empresa de matriz noruega
que está en todo el mundo, pero que está pasando por una mala
situación y acaba de cambiar a sus responsables y los nuevos
responsables, con toda razón, han pedido tiempo para reconsiderar la
situación, tiempo que se les ha concedido, pero en el bien entendido
que eso reabre de nuevo el proceso, porque, como no sabemos el
resultado final de esa reconsideración, no sería normal seguir
retrasando la solución de Babcock Wilcox que, dicho sea de paso, está
bajo la lupa, en el punto de mira de la Comisión Europea y, por
tanto, debemos solventar ese asunto cuanto antes.
En cuanto al señor Hernández Moltó, tengo que decir que tanto la
intervención del señor Peón como la del señor Landeta han hecho que
muchos de los argumentos que pensaba plantear ya no sean necesarios,
pero sí hay cosas a las que, rápidamente, querría responder. Yo creo,
lo digo
con toda sinceridad y, por tanto, ruego al portavoz del Grupo
Socialista que se lea mi intervención en cuanto a la evolución de la
industria, que mi exposición ha sido rigurosa y completa. Habida
cuenta de la brevedad y la concreción que son exigibles en
comparecencias de este tipo, yo creo que ha sido una exposición con
voluntad de rigor, con voluntad de ser completa, con voluntad de
presentar un panorama equilibrado respecto a lo que está sucediendo.
He estado bastante tiempo hablando del impacto de la crisis
internacional. Pienso que no he rehuido las incertidumbres y los
riesgos del momento presente y, por lo tanto, cuando dice que el
balance era de trámite o que no me ha comprendido, me queda un poco
la sensación de que no me ha escuchado. Por consiguiente, le ruego
que tenga la paciencia de leerse la intervención, si tuviera la
bondad.
A partir de ahí, se derivaría algo que a mí me parece muy claro. Yo
no he dicho que no hubiera habido fases de expansión de nuestra
industria en el pasado. Claro que las ha habido, y en los años
sesenta particularmente. Pero sí que hay algunas cosas que están
sucediendo por primera vez, y es verdad que yo en esos puntos no he
puesto suficiente énfasis. Quizá no, pero lo voy a hacer ahora. Hay
un par de cosas que están sucediendo por primera vez y que enmarcan
un cambio cualitativo, una nueva fase en el proceso de maduración de
nuestra industria. La primera es que nunca una fase de expansión
industrial como la que estamos teniendo ha ido acompañada de
estabilidad en los precios. Nunca. Siempre que ha habido una fase de
expansión industrial, los precios industriales han crecido
enormemente. ¿Qué quiere decir eso? Que en las fases de expansión
anteriores, seguramente por falta de competencia internacional, se
hacía frente a los incrementos de demanda y a la bonanza económica
buscando beneficios a corto plazo, es decir, incrementando precios,
aumentando márgenes, sacando beneficios a corto plazo, pero que al
final acababan agotando el propio proceso de crecimiento.
Me voy a remontar a la última reactivación industrial que ha habido
antes de la presente. Efectivamente, tiene usted razón (porque yo
entonces estaba en una empresa industrial privada), después de la
profunda recesión, que ya empezó a finales de 1989, desde el punto de
vista de la industria básica, y que duró hasta el segundo trimestre
de 1993, a partir del tercer trimestre de 1993 se empezó a notar una
cierta recuperación, que fue avanzando hasta el primer trimestre de
l995. ¿Qué sucedió entonces? Si viera las series -las series son
estadísticas y ahí están-, observaría que ese proceso de crecimiento
primero se truncó porque la demanda de consumo no siguió ese proceso
(todos los analistas serios y rigurosos coinciden en que la falta de
confianza, en ese caso, de los consumidores, está en la base de que
eso no sucediera), pero, además, precisamente por ese motivo,
acompañó ese proceso de crecimiento de la producción un fortísimo
crecimiento de los precios industriales. Eso es lo que no está
sucediendo ahora. ¿Qué quiere decir eso en términos de estrategia
empresarial? Quiere decir algo tan claro como que nuestros
empresarios, porque tienen competencia internacional y tienen
necesidad de buscar nuevos mercados, están reaccionando a los
incrementos de demanda y a la bonanza económica que hasta ahora tenía
la coyuntura económica mundial de la forma más sana posible, que es
por la vía de las
cantidades y no por la vía de los precios. Están aumentando sus
beneficios, no aumentando los márgenes y los precios, sino
invirtiendo para poder aumentar la capacidad de producción,
produciendo más, buscando nuevos mercados y conquistando nuevos
mercados. Y eso, como es natural, no es mérito del Gobierno, sino de
los empresarios, pero es una situación que se está dando y que va
asociada a una política que está propiciando la competitividad de
nuestras empresas para rebajar sus costes o para apoyarlas en lo que
es la diferenciación de su producto o para que consolidemos el
segundo cambio estratégico o cambio estructural, al que yo quería
hacer referencia, y es que también, por primera vez en nuestra
historia, y ese es un fenómeno del que todos nos debemos congratular,
nuestras empresas, sobre todo industriales, están invirtiendo
significativamente en el exterior, hasta el punto de que llevamos dos
años -el año 1997 y este año 1998 también va a ser así- en que, sin
que haya disminuido la inversión extranjera en nuestro país, que
sigue siendo muy alta, y afortunadamente ¿debe seguir siendo así
(recibimos alrededor de un 50 por ciento más de inversión extranjera
que el promedio de la Unión Europea), llevamos dos años, estos dos
que digo, siendo exportadores netos de capital desde el punto de
vista de la inversión directa.
Este es un gran camino y esta es una gran dirección que marca un
proceso de maduración que se da por primera vez. Eso no había sido
así antes, porque antes éramos simplemente receptores de inversión
extranjera, simplemente receptores de financiación a través del
turismo y ahora, en cambio, estamos en una nueva etapa y creo que lo
que nos conviene a todos es que se consolide. Y, para que se
consolide, es opinión del Gobierno que debe seguir haciendo lo que
hace, es decir, mejorar el acceso de nuestras empresas a los factores
productivos y resolver la asimetría que hasta ahora venían sufriendo
nuestras empresas. O sea, tenían que competir en términos de igualdad
y sin ningún tipo de protección a la hora de vender, pero, en cambio,
tenían que comprar su electricidad, sus telecomunicaciones, su gas
natural en mercados completamente intervenidos. De ahí la sustancia y
la racionalidad de lo que se está haciendo en los mercados de
factores. No es un problema de convicción ideológica -que si me
apura, también, y además lo digo con toda claridad-, sino que es un
problema de eficiencia económica. Hay que poner un énfasis especial
en la investigación y el desarrollo tecnológico, cambiando la
política, porque los resultados nos dicen que debemos hacer un
esfuerzo de imaginación, incluso arriesgarnos a equivocarnos, pero
hacer cosas distintas de las que estamos haciendo, o avanzando en la
modernización del sector público industrial, sobre la base de
proyectos industriales solventes.
Por eso yo le he prestado atención no sólo a hablar de la situación y
de la coyuntura, sino a explicar lo que estábamos haciendo para poder
transmitir que eso es lo que debemos seguir haciendo, porque es lo
coherente con lo que demandan las nuevas estrategias de nuestras
empresas. Quiero expresar mi confianza y mi convicción de que tenemos
un magnífico tejido empresarial, que está demostrando en estos
momentos estar a la altura, que es consciente de lo que significa la
globalización. Como es natural, quedan muchísimas cosas por hacer,
pero en esta fase del ciclo, que está siendo una fase alcista, está
reaccionando de la
manera más sana que ha reaccionado nunca y eso hay que acompañarlo de
una determinada política que es, desde el punto de vista del
Gobierno, la que hemos hecho y la que vamos a seguir haciendo.
Apartir de ahí, no se puede decir que todo lo que hemos conseguido es
por el ciclo económico. Si eso fuera así, no estaríamos creciendo
significativamente más que los demás. Si fuera el ciclo, creceríamos
como los italianos, como los franceses, como los alemanes. Pero no.
Ahora crecemos muchísimo más. Esto es así, no se puede discutir,
tanto a nivel de actividad económica como a nivel de actividad
industrial y algo tendrá que ver el enorme esfuerzo de rigor que se
ha puesto en otro gran valor que hasta hace dos años y medio no era
un valor muy importante, me refiero al valor de la estabilidad
macroeconómica y, por lo tanto, a hacer todo lo necesario para poder
estar en la unión económica y monetaria. Si no estuviéramos en la
unión económica y monetaria, ya he explicado antes algunos de los
efectos que hemos tenido. Todo eso hay que valorarlo bien y no se
puede minusvalorar, porque la gente sabe perfectamente que se está
haciendo una buena política económica y una buena política
industrial.
Un comentario, señor Hernández Moltó. Lo digo para que no lo vuelva a
repetir. Cuando hablaba del clima industrial, le diré que es un
indicador que se hace a través de una encuesta de coyuntura
industrial que recoge la tendencia de la producción, la evolución de
los stock, la cartera de pedidos y que desde hace bastantes años hace
el Ministerio de Industria. Por consiguiente, le debería sonar.
Hablando de algunos aspectos del sector público y de privatizaciones,
ese es un debate que hemos tenido aquí muchísimas veces y que creo
que deberíamos ir abandonando. El otro día en el Consejo de Ministros
de Industria, en Bruselas, tuvimos ocasión de mantener un encuentro
con los países que están optando a la nueva ampliación de la Unión
Europea y la coincidencia era absolutamente general, tanto desde el
punto de vista de los países que ya somos miembros de pedirles
determinados esfuerzos a esos países, como de la explicación que esos
países daban de las medidas que estaban tomando para poder prepararse
para la ampliación, y todos ellos, sin ningún tipo de excepción,
planteaban la política de privatización como algo absolutamente
imprescindible, necesario y coherente con lo que hace falta para
poder estar en la Unión Europea. Por lo tanto, podemos seguir
discutiendo eso, pero yo creo que el principio no se puede discutir.
Gobiernos anteriores al nuestro también han privatizado, es verdad
que muchas veces, y lo hemos comentado, de forma muy distinta;
incluso usted ha mencionado algunas empresas que es mejor que no
recordemos, porque si tenemos que hablar del grupo de empresas
Álvarez o de la fábrica San Carlos o de Rumasa, fíjese usted lo que
nos daría de sí.
También ha habido un comentario que me ha llamado la atención. Se ha
dicho que esto ha supuesto pérdidas. Y yo de momento me he quedado
parado. Pero ha dicho: pérdidas de control político. Claro. Eso que
yo he echado en falta esa pregunta que normalmente me hacían en los
últimos meses respecto a qué le pasaba al accionista de Endesa, que
ha acudido a la privatización, por ejemplo. Los mercados evolucionan
en un sentido u otro. Las cosas, en general, están saliendo bien.
Cuando habla usted de pérdida de control político, tengo que decirle
que afortunadamente, porque eso es lo que queremos, ir perdiendo
control
político para devolvérselo a la sociedad y devolver el protagonismo
a los empresarios. (Rumores.) Esto es así.
En cuanto a la situación al día de hoy de algunas empresas, o la que
tenían hace dos años y medio, podríamos hablar de los astilleros,
aunque ya los haya mencionado, o, si le parece, podríamos hablar de
la Empresa Nacional Santa Bárbara, de Inespal, de Barreras o de
Almagrera; también de la Bazán, incluso de las perspectivas que tenía
el sector del carbón y las que tiene ahora. Podríamos entretenernos
larguísimo tiempo con todo esto; lo hemos hecho ya muchísimas veces,
pero estoy dispuesto a hacerlo de nuevo, además, porque creo que nos
lo podemos pasar bastante bien.
Ha hecho S. S. una referencia de pasada a la política de
reindustrialización. Sigo insistiendo en que está dando muy buenos
resultados. Hace usted esa referencia, siempre anecdótica, al caso de
La Carolina. Es verdad que hay muchos proyectos que esa población ha
presentado, que son muy pequeños, pero que están dando un excelente
resultado. Yo le recomiendo que visite La Carolina y que vea lo que
se está haciendo allí. Se lo recomiendo de verdad, y cuando haya
hecho la visita, volvemos a comentarlo. (Rumores) Lo digo de verdad y
con toda cordialidad.
Ya he comentado la referencia a la sociedad de la información.
Hombre, eso no se puede despachar con un comentario más o menos
anecdótico. Hay que tomarse esta cuestión con toda la seriedad y con
todo el rigor necesario. Si me lo permite, señor presidente, haré
unos comentarios muy breves. Lamento alargarme tanto, pero la
amplitud de los temas planteados me lo exige.
Hablemos de los temas del sector eléctrico. Ha habido algo que el
señor Landeta ha puesto de manifiesto. Yo he dedicado buena parte de
mi exposición a responder a la petición de comparecencia en cuanto al
desarrollo reglamentario de la ley eléctrica. No ha merecido ninguna
atención por parte del portavoz del Grupo Socialista. Me remito a lo
que he dicho, pero creo que se pone de manifiesto el enorme trabajo
que han hecho la Secretaría de Estado y la Dirección General de la
Energía para disponer del desarrollo reglamentario de una ley en un
plazo absolutamente récord, y no tiene nada que ver con la ausencia
de desarrollos reglamentarios que tuvo la anterior Ley de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional.
Me gustaría insistir en varias cosas, señorías, también para matizar
un poco las palabras del señor Sedó, pues ha hecho referencia a ello.
Lo que ha planteado y va a hacer el Gobierno es algo que estaba ya
previsto en el protocolo, en función de cómo evolucionaran las cosas,
que era ir corrigiendo el tiro para que la liberalización fuera
realmente eficaz y efectiva, por ejemplo, reservándose la posibilidad
de anticipar el calendario de cualificación de clientes, que al
principio era bastante más ambicioso que el que prevé la legislación
comunitaria y que ahora queremos llevar bastante más allá. Además,
queremos que esa libertad sea efectiva, y para eso hemos entendido
que hacía falta rebajar los peajes, y también había que rebajar, para
los clientes cualificados y para los comercializadores, el término de
potencia, una peseta kilovatio, que no es una rebaja tal: los peajes
suponen el 25 por ciento. Es decir, son medidas realmente serias e
importantes, de la misma manera que es importante que se vuelva a
plantear una
nueva rebaja de tarifas del 2,5 por ciento, en pesetas corrientes,
que se aplica a los clientes no cualificados y que están todavía
sometidos a tarifa. Ése es el elemento sustancial de este debate: que
se acelera enormemente y con una gran ambición el calendario de
liberalización, que se facilita enormemente que funcionen los
mecanismos de mercado y que se siguen bajando las tarifas a los
consumidores. Tenemos estimaciones que nos dicen que la combinación
de las dos cosas supone para el año que viene una rebaja global de la
factura eléctrica para el conjunto de los consumidores en torno a un
4,5 por ciento, en pesetas corrientes, que es una cifra realmente
importante y que no se puede minusvalorar. Ése es el paquete clave.
Pero es verdad que, con el ánimo de seguir haciendo las cosas a base
de diálogo con todo el mundo, el sector eléctrico venía planteando
desde hace tiempo la posibilidad de titulizar parte de los llamados
costes de transición a la competencia. Ala vista de ese esfuerzo
adicional que se le pide al sector, porque puede parecer poco, pero
estamos hablando de que en menos de un año pasemos de tres centenares
de empresas que hoy tienen derecho a elegir libremente a su
suministrador a ocho mil; y que pasemos de una apertura de mercado
que está en torno al 20 por ciento a prácticamente el 50 por ciento;
en menos de un año. Es decir, estamos hablando de algo muy serio. A
partir de ahí se incrementa el nivel de introducción de incertidumbre
derivado de la libertad de mercado, y parecía razonable atender esa
posibilidad que venía planteando el sector de poder reducir la
incertidumbre derivada del marco regulatorio a través de la
titulización de una parte de los CTC. Y quiero recordar el concepto
de los CTC para entender exactamente de qué estamos hablando. El
concepto de los CTC, que muchas veces no se ha entendido y yo he
tenido ocasión de comprobarlo, supone la compensación a un sector que
hubiera tenido unos ingresos a lo largo de un tiempo determinado y
que ahora va a tener unos ingresos distintos porque se ha introducido
la competencia. Le voy a poner un ejemplo numérico a ver si se me
entiende de una vez. Antes, la remuneración de la generación por
marco legal y estable estaba en 9,1-9,2 pesetas. Podrá usted observar
cada día en los periódicos económicos, esos de color salmón, el
mercado de precios de generación a través del pool, del sistema de
ofertas, y verá que siempre está por debajo de las seis pesetas,
incluido el término de potencia, es decir, está al cinco y pico, a
veces al cuatro y pico, depende. Eso son tres pesetas, grosso modo,
incluso algo más. Ésa es la disminución de ingresos que tiene el
sector por generación. Por eso, como se dice que no se le puede pedir
a un sector que está en un marco absolutamente intervenido que pase a
un marco absolutamente en libertad en un solo día y que disminuya en
tres pesetas sus ingresos, se establece la aceptación del concepto de
coste de transición a la competencia. Insisto, no es un invento
español es algo que está en toda la literatura universal sobre estas
cuestiones. (Rumores.) Es verdad que es un derecho que se reconoce y
que está en la ley. Podemos seguir discutiéndolo, pero es un derecho,
como digo, que está en la ley y ahí está. Es verdad que es un sistema
que se establece por diferencias y que hay unos máximos. (Rumores.)
Yo pensaba que hoy íbamos a debatir este tema en serio. Ya he visto
que no. (Rumores.) Usted decía que hace muy poco que tiene la
experiencia de estar en
esta Comisión y habrá visto que de otras cosas sí, pero de no debatir
estos temas, no, porque creo que en una semana hemos tenido tres
sesiones largas, una en el Senado y dos en el Congreso, para hablar
de estas cuestiones, y lo hemos hecho muchísimas veces antes.
Lo que ahora deberíamos discutir es lo siguiente. Primero, no hace
falta recordar el volumen inicial de CTC, la disminución que se
introduce en la propia ley, que es prácticamente de un tercio de los
mismos. Hay que tener en cuenta que hay una parte que corresponde al
carbón; por lo tanto, grosso modo, estamos hablando de una cifra en
torno a 1,6 ó 1,7 billones sobre tres billones iniciales, teniendo en
cuenta que hay unos 300.000 asociados al carbón. Lo que se dice es
que esta cantidad, que se tiene que ir viendo a lo largo de diez
años, a la vista de la experiencia de hoy -se lo argumentaré además
teóricamente- el sector eléctrico la va a recuperar. Nos parecía
razonable, por tanto, poder aceptar este planteamiento de las
eléctricas pues, en definitiva, únicamente es un instrumento
financiero para anticipar unos derechos que ya tienen reconocidos,
que es titulizar; eso es titulizar, no es otra cosa, está en otra
ley, no está en la ley eléctrica, pero es una posibilidad que tiene
cualquier compañía que tenga unos derechos futuros reconocidos. Como
no es un recargo, sino una pura afectación que no tiene por qué
afectar a la evolución de las tarifas, porque son dos cosas que no
tienen nada que ver, se le pide al sector eléctrico un nuevo recorte
de esos derechos, y lo primero que hay que decir es que, gracias a
este esquema, el sector eléctrico ha renunciado ya hoy, antes de que
haya transcurrido el período de transición, a más de 250.000 millones
de pesetas, y sigue quedando un colchón para resolver este tema de
diferencias. Claro, al final los números son muy grandes, más de
300.000 millones de pesetas nos llegan a parecer pocos, pero es mucho
dinero. (Rumores.) A pesar de eso, alguien puede pensar que asegurar
a priori un billón de pesetas puede ser mucho. Si entendemos bien
cuál es el esquema, creo que puedo argumentar que eso lo recuperará
el sector; y me guardo una salvaguarda para el final, que ya he
anticipado en mi parlamento pero que parece que nadie ha escuchado, y
es que si ese cálculo se establece entre un precio-sombra -perdonen
que utilice una terminología muy técnica- para el coste de generación
de 6 pesetas, los costes de transición a la competencia se recuperan
en la medida en que la diferencia entre las 9 pesetas iniciales, que
va siendo decreciente, y ese preciosombra no se cubre. Si el precio
real de generación en el mercado está por encima de las seis pesetas,
el propio mercado permite recuperar esos costes de transición a la
competencia más allá de lo que teníamos previsto a partir del precio
sombra. Imagínense que en el mercado de oferta el precio es de siete
pesetas o de siete pesetas y media. Pues bien, podríamos tener el
riesgo de que eso, efectivamente, llevara a que los CTC no fueran los
calculados inicialmente. La realidad nos está diciendo que esto no es
así, que los costes están por debajo de las seis pesetas. La propia
realidad de este año nos dice que los CTC que se van a recuperar
suben 192.000 millones de pesetas. Ya sé que no vale multiplicar por
10, pero tampoco vale decir que van a ser negativos. Si el precio
estuviera significativamente por encima del precio sombra, el
incentivo para que entren nuevos productores en generación es
fortísimo, porque la oportunidad de negocio para generar electricidad
en España
sería muy clara, ya que, con ciclos combinados, puedes producir
electricidad a precios muy por debajo de las siete pesetas o de las
siete pesetas y media y eso inmediatamente tendría un efecto: cuando
se incrementa la oferta en un mercado, baja el precio y volvería a
haber recuperación de los CTC.
Ya sé que estos mecanismos son muy complicados para determinados
planteamientos, pero eso es así. Incluso aceptando que pudiera haber
un riesgo teórico de ese billón, a raíz de las conversaciones con los
grupos parlamentarios, a raíz de las conversaciones que estamos
teniendo con la Comisión del Sistema Eléctrico estamos en disposición
de ofrecer una garantía en el sentido de que en ningún caso este tipo
de esquema financiero, que es la titulización, va a ir en perjuicio
del consumidor y que, por lo tanto, pueda suponer que se recuperen
más CTC que los que realmente se deberían recuperar en función de la
evolución del mercado.
Creo que con este planteamiento todo el mundo puede quedar
satisfecho. Entiendo que incluso puede merecer, y así lo estamos
intentando, porque nos parece que es lo lógico, el apoyo de la
Comisión del Sistema Eléctrico. Cuando estábamos discutiendo la ley
eléctrica y el propio protocolo, muchas veces en esta Cámara los
grupos de la oposición hablaban de la gran oposición de la Comisión
del Sistema Eléctrico. Me comentaban: Fíjese usted lo que le dicen,
esto no puede ser, es un desastre. Al final siempre ha habido
informes favorables y, desde luego, un reconocimiento de que se están
produciendo enormes avances en la liberalización del sistema
eléctrico. Por lo tanto, vayamos con cuidado, no sea que esta vez
vuelva a suceder lo mismo, porque hay cálculos que dan costes de
transición a la competencia negativos, lo que no deja de ser curioso,
pero también hay cálculos que dan costes de transición mayores que
los que nosotros tenemos. Así pues, hagamos las cosas sensatamente,
tengamos en cuenta todos los argumentos y demos las máximas garantías
a todo el mundo. El Gobierno está en plena disposición de hacerlo.
Por eso yo hacía referencia no sólo a la voluntad específica del
Gobierno, sino a escuchar a todo el mundo. Como debe producirse una
modificación en la ley, por eso está en sede parlamentaria.
Esta es la actitud del Gobierno, que yo creo que es razonable,
sensata, que busca equilibrios, que no se queda en conceptos más o
menos de búsqueda de titulares periodísticos, sino que lo que
pretende es ir resolviendo un proceso que es enormemente complejo,
que afecta a un sector muy importante de nuestro país y por eso yo
pienso que debemos evitar esa tentación que muchas veces se tiene. Es
como criticar a la banca. Es gratis criticar a la banca, al sector
eléctrico. Un país no puede funcionar sin un sistema bancario
eficiente, ni tampoco sin un sistema eléctrico eficiente. No tenemos
que verlos como enemigos, sino como sectores a los que,
efectivamente, debemos prestar una gran atención entre todos y
tratarlos con la máxima responsabilidad, entendiendo por sector el
sector productivo, que es lo normal, pero también entendiendo que hay
que buscar siempre un equilibrio con los intereses de los
consumidores que se manifieste al final en beneficios tangibles, no
en hipotéticos beneficios que tampoco antes se habían visto, sino en
beneficios tangibles: que se vea que baja el recibo, que las empresas
puedan elegir libremente su suministrador
o que veamos que va a empezar a haber proyectos de inversión
importantes en un sector que no tenía inversión, beneficiando
también, por lo tanto, al sector de bienes de equipo, que va a tener
que hacer frente a esas inversiones. Eso son resultados tangibles y
de eso es de lo que nos interesa discutir, de eso es de lo que yo
estoy dispuesto a discutir permanentemente.
Yahora, señor presidente, si me lo permite, voy a hacer un pequeño
comentario final muy breve. Cuando el portavoz del Grupo Socialista
comentaba la herencia recibida, se remontaba al período de la UCD y
hablaba de las familias en términos que yo creo que tampoco son
válidos. Es un tema muy complicado. Tengo que decirle que, como mi
experiencia profesional anterior no estaba relacionada con el ámbito
de la política, me hubiera gustado ser heredero de la gente de la UCD
que hizo la transición democrática. Yo estaba entonces en otras
ocupaciones, qué le vamos a hacer, que, por cierto, me llenan de
orgullo, se lo digo igualmente con toda claridad. (El señor Hernández
Moltó pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ya no hay más intervenciones. ¿Qué
sucede, señor Hernández Moltó?
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: En un debate como este y con temas tan
importantes que han dejado casi insatisfecho al nuevo portavoz de
Convergència i Unió, así como al propio señor ministro, en relación
con la titulizaciones, me parece, señor presidente, que debería
conceder dos minutos al menos.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos, señor Hernández Moltó.
El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Simplemente quiero manifestar la buena
sensación que me ha quedado de las últimas palabras del señor
ministro si realmente son sinceras, sobre todo en la medida en que
viene a tranquilizar a la opinión pública sobre unas cláusulas de
salvaguarda para equilibrar el sector, es decir, empresa y usuario.
Como sabe el señor ministro, en el ámbito de las negociaciones que se
están produciendo no estamos en contra de los costes de transición a
la competencia. Estamos conceptualmente contra la garantía de unos
costes de transición a la competencia que son absolutamente
inciertos. Y le diré más para que no insista tampoco en el error
jurídico que usted suele introducir. Si realmente las empresas tienen
esos derechos, ¿para qué tenemos que cambiar la ley? Que titulicen
sobre lo que usted sabe que realmente es: una posibilidad no cierta
que busca el amparo en este momento del Parlamento y del Gobierno
para anticipar una cuestión que sólo perjudica a una parte del
sector, a los usuarios eléctricos.
En ese sentido, señor ministro, llévese nuestro ofrecimiento también,
discutamos. Se lo digo porque me ha preocupado mucho el que cada vez
que Convergència i Unió entra en acción sube el pan (Risas.) y no
vaya a ser que, además del billón, nos cueste ese billón más otras
cosas fuera de los costes de transición a la competencia. Protéjase
también con gente que tenemos asimismo concepto de Estado, como otros
grupos políticos, sin lugar a dudas, esverdad. Lo que usted ha puesto
aquí encima de la mesa es
una garantía de que, si dentro de cinco años o de diez, hay más de un
billón de pesetas, hay mecanismos de reversibilidad. Si lo que
nosotros le decimos es mucho más sencillo, señor ministro: volvamos
al espíritu de la ley, a que los costes de transición de la
competencia se produzcan ordinariamente o se resarzan las empresas
ordinariamente en función de unas variables que todos aceptamos hace
ocho meses. Nos sorprende que hayan cambiado tanto las circunstancias
económicas, y sobre todo las políticas, como para que tengamos que
deshacer esa situación.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, tiene la palabra por dos minutos.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente, se trata de una cuestión
muy concreta que se me olvidó en mi intervención.
Simplemente quiero saber quién tiene razón, si el señor Pedro
Ferreras o el señor Piqué, con la noticia sobre la privatización de
Santa Bárbara. El señor Pedro Ferreras hablaba del 2001 y usted habla
de este mismo año. Conocida es nuestra posición de que no estamos de
acuerdo, pero al menos queremos saber con qué tiempo trabajamos para
movilizar a las masas. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, también voy a ser muy
breve.
Francamente, me sorprende que se hayan interpretado mis palabras como
una insatisfacción. En un tramo he felicitado al señor ministro en
relación con el balance positivo en los temas de industria, con una
satisfacción que incluso consideraba algo compartida por nuestra
parte, y en el tema más concreto tampoco he mostrado insatisfacción,
sino que he hecho una serie de reflexiones sobre las que estamos en
período de diálogo. Además he dicho que incluso estamos dispuestos a
entrar en lo positivo de este diálogo y he citado que creo que en
pocos días va a resultar efectivo. Por lo tanto, de insatisfacción
nada, es momento de pedir unas aclaraciones o unas reflexiones sobre
unos temas que para nosotros pueden ser muy positivos en su momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sin ánimo de polémica, a mí me gustaría
que el señor ministro reflexionase en lo sintomático que es que se
pueda hablar con naturalidad de un proceso de transición a la
competencia en un sector que gozó, como usted mismo reconoce, de una
situación monopolística durante muchísimos años y con unos ingresos
alucinantes, en términos relativos, en lo que era la economía del
Estado español, dejando en el estado en que deja gran parte del
servicio, por lo menos en muchas zonas, y que sin embargo se asuma
tan naturalmente el derecho a compensar la transición a la
competencia. ¿Usted, por ejemplo, se imagina un gobierno que asumiese
con tanta naturalidad la ayuda al pequeño comercio para que pueda
sufrir la competencia, por ejemplo, de El Corte Inglés o de Alcampo?
Si tratasen igual a todos los sectores económicos del país diría que
aquí hay un espíritu
paternal muy profundo, pero el espíritu paternal resulta que siempre
va vinculado a los grandes sectores productivos. Yo no tengo
prejuicios ideológicos en ese sentido. Le vuelvo a repetir que estoy
dispuesto a jugar con las reglas de la actual situación política. Es
más, juego. Yo no tengo nada que ver con el señor Tejeiro, pero tengo
claro que para la economía de Galicia es fundamental, a pesar de que
a mí, desde el punto de vista de la dependencia energética, no me
gusta que haya una planta regasificadora en Ferrol. En la medida en
que políticamente nuestra actuación pueda servir a eso, la
defendemos. O sea, que no es un prejuicio ideológico contra nadie.
Creo que es mucho decir un billón de pesetas no para mejorar el
servicio ni el sector en su finalidad social, sino para compensar no
se sabe qué anhelos espirituales, que, vuelvo a decir, estos sectores
no tienen derecho y no gozaron nunca de ventajas monopolísticas.
Por otra parte, ¿usted tiene alguna idea de cuál va a ser la posición
de Gas Natural respecto de la planta de Ferrol? ¿Va a ser
condescendiente, colaboradora, controladora, que además lo puede ser,
desde el punto de vista económico, o va a seguir hostilizándola?
El señor PRESIDENTE: El señor Peón tiene la palabra.
El señor PEÓN TORRE: Simplemente deseo mostrar, no nuestra extrañeza,
sino cierto estupor. Cuando el ministro afirma que no se trata de
regalos ni de subvenciones ni de prerrogativas que concede
arbitrariamente este Gobierno a ningún sector, reiteradamente se
viene afirmando, no en este debate, sino en otros muchos, que existía
un marco llamado estable, que se diseñó por el Gobierno anterior, que
establecía unos derechos para esas empresas, seguramente porque
habían hecho sus previsiones de inversión y de recuperación de esas
inversiones con arreglo a unas remuneraciones. Al cambiarse eso por
un mercado de libre competencia, como también se ha hecho en toda
Europa, se establece el sistema de los CTC. También se afirma por el
ministro que hay unos recortes importantísimos en cuanto
a expectativas de esos CTC de cientos de miles de millones, que
beneficia a los consumidores y supone un aumento en el grado de
liberalización del sector que se va a traducir en rebajas de las
tarifas eléctricas. En definitiva, creemos que eso es positivo para
el conjunto de la economía. Si hemos entendido mal, lo lamentamos,
pero me da la sensación de que los que han entendido de forma sesgada
esas palabras son otros grupos.
En cualquier caso, señor presidente, termino haciendo mención a
alguna manifestación relativa a los gastos de I+D, que se decía que
se lo lleva Defensa y al mismo tiempo se hace una apuesta por la
defensa de Santa Bárbara. Nosotros no tenemos ningún complejo -creo
que el Ministerio tampoco- en apostar por empresas que basan su
actividad industrial en trabajar para la defensa. Cualquier cosa que
se haga en I+D en programas de defensa para apuntalar y desarrollar
esas empresas y poder crear más puestos de trabajo será bien
recibida.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, señorías, el señor ministro tiene un
último turno para responder a estas observaciones.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIAY ENERGÍA (Piqué i Camps): Voy a
responder con toda la brevedad que es conveniente.
Aparte de mostrar mi acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor
Peón, que me parece de todo punto evidente, he de decir al señor
Rodríguez que no sé cuál va a ser la actitud de Gas Natural. Es una
decisión empresarial. Si en algún momento tiene la bondad de
transmitírmela, yo se lo diré. Es una decisión de una empresa
privada. Yo espero, además, que sea positiva. Todo lo que signifique
introducir nueva capacidad de oferta de gas natural en un país que
todavía está en una fase incipiente en el desarrollo de ese mercado
me parece bien. Cuantas más plantas de regasificación haya, desde un
punto de vista de mayor competencia, mejor para todos. La
aproximación es positiva, pero las decisiones las tienen que tomar
las empresas.
En cuanto a la consideración de los diferentes sectores, he de decir
que no es lo mismo. Sobre esa base se podrían discutir los horarios
comerciales y la política urbanística respecto a grandes superficies,
cuando se habla del pequeño comercio. El pequeño comercio no es un
sector que estuviera monopolizado e intervenido antes. Estamos
hablando de cosas distintas. De la misma manera, cuando se liberalizó
parcial, pero importantemente, el sector de hidrocarburos y se tuvo
que desmonopolizar la Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, que venía de la época de la dictadura de Primo de Rivera,
lo que se hizo fue coger esa compañía arrendataria, la llamada
Campsa, y repartirla entre los que ya estaban: básicamente, Repsol
y Cepsa, que son opciones políticas. Lo digo para recordarlas
después en otras ocasiones. Cada caso es distinto y a nosotros
nos sigue pareciendo que en este tema se ha hecho lo adecuado.
Además, ya está la ley del sector eléctrico y lo que hay que hacer
ahora entre todos es respetarla y aplicarla.
Agradezco la voluntad de diálogo del señor Moltó. Lo que no acabo de
entender es por qué esa oposición a la titulización, si se titulizó
la moratoria nuclear recargando la tarifa de los consumidores. No lo
acabo de entender. Entonces también se hubiera podido decir: que el
sector eléctrico siga recibiendo cada año el recargo de la tarifa.
¿Por qué tenemos que anticipar al sector eléctrico una cantidad tan
importante como la que supuso la titulización? Esa posición
intelectual o conceptual a la titulización me parece que tiene poco
futuro, porque los mercados de titulización van a ser instrumentos
muy importantes en los próximos años y los van a utilizar muchísimo
las empresas. Desde luego, a mí me parece bien. Todo lo que sea
sofisticar y modernizar nuestro sistema financiero me parece bien.
Al señor Santiso debo decirle que, en caso de discrepancia entre el
ministro y el presidente de la SEPI, tiene razón el ministro; pero es
que en este caso no hay discrepancia. Por lo tanto, la privatización
se hará el año que viene.
El señor PRESIDENTE: Nada más, señorías. Muchas gracias por su
asistencia.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta minutos de la noche.