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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 572, de 16/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 572
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 38
celebrada el lunes, 16 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi) para informar sobre:
- Planes de actuación en relación al Plan nacional de regadíos. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
213/000131.) ... (Página 16724)
- El Plan nacional de regadíos. A solicitud del Grupo anterior.
(Número de expediente 213/000737.) ... (Página 16724)
- El Plan nacional de regadíos. A solicitud del mismo Grupo
parlamentario. (Número de expediente 213/000824.) ... (Página 16724)
- Previsiones y contenido del Plan de regadíos que está elaborando el
Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència
i Unió. (Número de expediente 213/000825.) ... (Página 16724)
- El Plan nacional de regadíos. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/000830.) ... (Página 16724)
- El Plan nacional de regadíos y la propuesta de la Comisión Europea
sobre la reforma del sistema financiero de la Unión Europea.
Apetición propia. (Número de expediente 214/000093.) ... (Página 16724)
- Posición del Gobierno acerca de la pretensión de la Comisión
Europea de reformar la política agraria común (PAC), en el sentido de
que los estados miembros financien una parte de las ayudas directas
que perciben los agricultores y los ganaderos. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000781.) ... (Página 16748)
- Posición del Gobierno español acerca de la propuesta de la Comisión
Europea sobre la revisión del sistema de financiación de la política
agrario (PAC) contenida en el informe sobre la Reforma de los
recursos propios de la Unión Europea (UE). A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán, Convergéncia i Unió. (Número de expediente
213/000806.) ... (Página 16749)
(Se abre la sesión a las diez de la mañana.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN (DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI) PARA INFORMAR SOBRE:
- PLANES DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
213/000131.)
- EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000737.)
- EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000824.)
- PREVISIONES Y CONTENIDO DEL PLAN DE REGADÍOS QUE ESTÁ ELABORANDO EL
GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA
I UNIÓ. (Número de expediente 213/000825.)
- EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000830.)
- EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS Y LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA
SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA UNIÓN EUROPEA. A
PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000093.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión número 38 de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con la comparecencia de la
excelentísima señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación,
doña Loyola de Palacio, para que informe de dos temas fundamentales.
En primer lugar, del Plan nacional de regadíos, y en
segundo lugar la financiación de la política agraria comunitaria de
la Agenda 2000.
Quisiera dar la bienvenida a la excelentísima señora ministra y a sus
colaboradores del Ministerio, a los funcionarios. Sin más preámbulos
daremos la palabra a la señora ministra, para que informe según la
comparecencia solicitada por diferentes grupos parlamentarios. Tiene
la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del ValleLersundi): En primer lugar quiero agradecer la ocasión que
me brinda la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados
para hacer la presentación de un avance de lo que ha de ser el Plan
nacional de regadíos, y quiero insistir en que es un avance, un
borrador; es un documento maduro, pero no cerrado. Dicho documento
está siendo objeto de debate y de acuerdo en primer lugar con las
comunidades autónomas, a las que les fue presentado hace quince días.
También está siendo objeto de presentación a lo que es la sociedad en
su conjunto, es decir a todos los sectores sociales interesados, ya
sean agricultores a través de organizaciones profesionales agrarias,
confederaciones, Federación nacional de regantes, la universidad, los
sectores económicos y los interesados en esta cuestión. Por tanto, el
documento que se presenta no es el Plan nacional de regadíos, es un
borrador o avance de ese plan, pero ya en un importante estado de
maduración y desarrollo, un documento maduro aunque no cerrado, en el
que previsiblemente habrá que incorporar cuestiones antes de que sea
aprobado por el Consejo de Ministros, remitido al Consejo Nacional
del Agua y en su momento venga a esta Cámara acompañando al Plan
hidrológico nacional, en cuyo momento llevaré a cabo la presentación
formal del Plan nacional de regadíos.
El documento que tienen en sus manos es una apuesta clara por el
regadío español del siglo XXI, ya que plantea la modernización de más
de un millón de hectáreas de regadío en los próximos diez años, y
concreta la elaboración de 200.000 hectáreas más de nuevos regadíos
en ese período de tiempo, lo cual supone multiplicar casi porcuatro
el ritmo de transformación en nuevos regadíos
impulsado desde la Administración general del Estado a lo largo de
los años noventa; insisto, estamos hablando de multiplicar casi por
cuatro el esfuerzo que se está realizando en este terreno en los años
noventa, pero desde unos criterios actuales a la hora de hablar de
transformaciones en regadío. En primer lugar, unos criterios
económicos en el sentido de optimizar inversiones ya realizadas y dar
cumplimiento a expectativas ya generadas. Planteamos proseguir con
los regadíos en construcción, alcanzando la previsión de 96.000
hectáreas de nuevos regadíos o regadíos en ejecución para los
próximos diez años. Esto supone multiplicar casi por dos el ritmo de
transformación de regadíos de estos últimos años, más unos regadíos
con criterios estrictamente sociales que persiguen el asentamiento de
población el equilibrio territorial, es decir unos criterios sociales
como planteaba en su día la petición del Congreso de los Diputados, a
la hora de demandar un Plan nacional de regadíos. Todo ello buscando
algo que nos parece esencial en la actual coyuntura del sector
agrario europeo, por tanto español y también internacional, como son
cultivos con vocación de mercado y que permitan plantear unas
economías con posibilidades de cara al futuro y rentables para los
propios regantes.
Concluyendo, estamos hablando de un documento que pretende un debate
público, además de un debate en primer lugar con las administraciones
implicadas, tal como ha sido planteado, que supone una apuesta por el
regadío español de cara al siglo XXI y representa un aumento muy
sensible de lo que es el ritmo de transformación de nuevos regadíos
con relación a lo que ha sido la actuación de los últimos años, y que
además pone el acento en la modernización y consolidación de los
regadíos actuales, aportando los recursos hídricos suficientes, las
tecnologías adecuadas y preparándonos para esa competencia que
aumenta cada día y que en el próximo siglo va a ser todavía más
relevante.
Les han distribuido a SS.SS. un documento en el que se recogen las
actuaciones en el horizonte 2008. Para que sepamos de qué documento
estamos hablando, es el que ha sido distribuido a los consejeros de
las comunidades autónomas hace quince días, como primeros receptores
de esta documentación, cosa lógica por cuanto con las comunidades
autónomas habrá que desarrollar en su momento este Plan nacional de
regadíos.
Después de esta breve exposición entraré a explicar lo que es el
documento que tienen en sus manos. En primer lugar todos estamos de
acuerdo con el planteamiento, pero conviene resaltar la importancia
del desarrollo socioeconómico en la agricultura de España y cómo la
importancia de este desarrollo a principios de siglo suponía el
principal motor de desarrollo de nuestro país. La modernidad se
asociaba con la construcción de nuevos regadíos. Ahí están los planes
Gasset o Costa, los grandes regeneracionistas de nuestro país, que
plantean el desarrollo en tomo al sector agrario. Es obvio que las
circunstancias han cambiado. A finales del siglo XX y cuando
enfocamos el siglo XXI, la agricultura no sólo cumple un papel
distinto en lo que es nuestra propia economía, no sólo estamos en un
mundo diferente sino que además frente a una España en la que había
problemas periódicos
de hambruna, y por tanto donde cualquier producción agraria tenía la
venta garantizada, nos encontramos con una España incorporada a la
Unión Europea, en un mundo perfectamente interconectado donde los
costes de flete y de transporte disminuyen su peso respecto a lo que
es el precio final de cualquier producto, y donde por tanto sobre los
mercados presionan no sólo nuestras propias producciones,
tremendamente aumentadas gracias a los últimos descubrimientos, a la
llamada revolución verde y a las últimas tecnologías incorporadas al
sector agrario, sino donde también compiten nuestras producciones con
producciones de otros países terceros. Por tanto, frente a una
agricultura que buscaba en primer lugar nuestro autoabastecimiento y
la garantía de salir de esos períodos de hambruna, nos encontramos
con una situación radicalmente distinta, donde si es cierto que el
sector agrario en Europa debe seguir garantizando unos niveles de
autoabastecimiento y de seguridad alimentaria por razones
estratégicas obvias, también es verdad que el papel del sector
agrario ha cambiado radicalmente: en nuestras economías, y por tanto
el problema de los regadíos también tiene que ser enfocado a la luz
de las nuevas circunstancias.
El regadío es una necesidad y una apuesta en cualquier enfoque de lo
que es la política agraria en España, por cuanto el regadío permite
no sólo incrementar las producciones y los beneficios por hectárea
cultivada, sino que permite flexibilizar y diversificar las
producciones agrarias en un lugar dado y garantiza la uniformidad de
las producciones al reducir no totalmente pero sí en gran medida las
incertidumbres asociadas al clima, por lo menos en cuanto a la
disponibilidad de agua en función de las precipitaciones, que
indudablemente es una de las características de nuestro territorio.
El regadío además supone claramente un aumento en cuanto mano de obra
asociada a las explotaciones, aunque es lo cierto que las unidades de
mano de obra asociadas al regadío no son homogéneas; no son lo mismo
las unidades de mano de obra asociadas al regadío en grandes
cultivos, o las unidades de mano de obra asociadas al metro cúbico de
agua cuando estamos hablando de cultivos en invernadero en Almería,
Canarias o en otras zonas de nuestra geografía. Además el regadío se
plantea claramente como un motor de desarrollo en nuestro ámbito
rural, y en torno a las zonas de regadío se comprueba un desarrollo y
un asentamiento de la población y la instalación de industrias
agroalimentarias asociadas a las producciones que provienen de ese
regadío.
Una vez manifestado que hoy día sigue manteniendo su vigencia no con
la misma intensidad pero si su vigencia la importancia del regadío,
cuestión que es una constante en nuestra política agraria y en
nuestra política económica, quiero hacer unas reflexiones sobre el
porqué de un Plan nacional de regadíos. Señorías, el origen de la
obligación por parte del Gobierno de presentar un Plan nacional de
regadíos arranca precisamente de esta Cámara, de un acuerdo aprobado
unánimemente por el Pleno del Congreso de los Diputados en el mes de
marzo del año 1994, donde se reclama que junto al Plan hidrológico
nacional, el Gobierno remita en su momento un Plan nacional de
regadíos que plantee las superficies de nuevos
regadíos, la superficie de regadío actual a mejorar, los consumos y
ahorros de agua, los cultivos a establecer en concordancia con la PAC
y el GATT, los estudios de rentabilidad y posibles alternativas, las
zonas a transformar por razones de interés social. Este borrador
aporta respuestas a todas las cuestiones planteadas salvo a una que
no está incluida, que es concretamente el consumo y ahorro de agua,
los balances hídricos, por cuanto esta cuestión se está terminando de
cerrar con el Ministerio de Medio Ambiente, cuestión lógica por las
razones evidentes de necesidad de coordinación en este terreno entre
ambos ministerios.
Los antecedentes son la presentación del avance del Plan nacional de
regadíos 2005, que se produce en octubre de 1995 en esta Cámara; el
acuerdo del Consejo o de Ministros de 9 de febrero de 1996, en el que
se aprueba un Plan nacional de regadíos horizonte 2005; la orden de
14 de marzo de 1996, en que se publica dicho acuerdo; y en julio de
1998 el Real Decreto 1664/1998, en el que se aprueban los planes
hidrológicos de cuenca, donde se plantea la relación de las
inversiones públicas en obras hidráulicas relacionadas con los
regadíos, inversiones públicas de la Administración general del
Estado en coherencia con lo planteado en el Plan de regadío vigente
en cada momento.
El esquema funcional del Plan nacional de regadíos es el que está en
el cuadro, donde, en primer lugar, se plantea un análisis de la
situación actual de los regadíos, los regadíos existentes, los
regadíos en ejecución y otras zonas estudiadas. En los regadíos
existentes se analizan superficies regadas, producción y
rentabilidad, consumos de agua, estado de infraestructuras y se
analiza algo importantísimo, como son las actuaciones de mejora y
consolidación que como veremos más adelante precisamente es uno de
los problemas que tienen nuestros regadíos actuales. Ala hora de
hablar de actuaciones de mejora y consolidación, se analizan las
superficies de actuación, los consumos de agua, los ahorros, y las
inversiones. En los regadíos en ejecución se analiza el estado de
ejecución de las zonas regables en las que se está trabajando ya en
la actualidad, las actuaciones posibles en esas zonas en ejecución,
superficies de actuación, producciones para esas zonas en función de
suelo y clima, consumos de agua e inversiones. Luego se analizan
otras zonas que son potenciales para nuevos regadíos distintos de los
que son regadíos en ejecución, y ahí se plantean actuaciones en
nuevos regadíos y en regadíos sociales, superficies, producciones,
consumos e inversiones.
El Plan nacional de regadíos que parte de ese análisis, se basa en
unos estudios socioeconómicos que contemplan en primer lugar, los
regadíos y la economía, factores demográficos de oferta y demanda,
regadíos en el Plan energético nacional y los planes hidrológicos,
los regadíos y la ordenación del territorio, análisis medioambiental
de los regadíos; en segundo lugar unos estudios de apoyo, como son la
cartografía digital, normas de homogeneización de la información,
estudios agroclimáticos y uso actual de la tierra. Esos estudios han
supuesto una inversión por parte de la Administración general del
Estado de 1.753 millones de pesetas, y su encargo se ha hecho a
distintas empresas. A partir de ahí, el esquema metodológico
del Plan nacional de regadíos son los estudios de
caracterización y tipificación, los estudios de regadíos en
ejecución, los estudios de otras zonas, estudios socioeconómicos,
medioambientales y de ordenación territorial y apoyo. Partiendo de
eso los análisis y diagnósticos de la situación actual con unos datos
básicos, que son los de superficies de mejora y transformación, las
superficies de nuevos regadíos, la competitividad de regadíos y
beneficios socioeconómicos, el uso racional del recurso, los
problemas medioambientales, los objetivos y la política de regadíos,
programas de actuación por parte de la Administración central,
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente en
coordinación con las comunidades autónomas, donde se plantean las
distintas actuaciones que propone el Plan nacional de regadíos y que
consiste en actuaciones en los regadíos existentes - y ahí está toda
la parte de modernización y consolidación-, actuaciones en los
regadíos en ejecución, los nuevos regadíos que se han de impulsar por
razones sociales y el impulso a regadíos privados cuando se adecuen
a las líneas del Plan nacional de regadíos. Hay luego unas actuaciones
complementarias como la formación de regantes, la vigilancia
ambiental, la evaluación de zonas y sistemas de riego y algo muy
importante que es el control, seguimiento y evaluación del Plan
nacional de regadíos por cuanto se planteará con unos elementos que
permitan un plan dinámico que pueda ajustarse a lo largo de un
período de diez años de vigencia, en función de que puedan surgir
nuevas circunstancias que así lo aconsejen.
Entramos en lo que llamaríamos el diagnóstico y perspectivas de la
agricultura y el regadío. Si hablamos de la evolución de la población
total activa ocupada y en paro, vemos claramente según ese esquema
cuál es en la economía española en general. Hay un crecimiento suave
desde los años sesenta hasta 1997. Si pasamos a la ficha siguiente en
la misma curva respecto al sector agrario, hay una caída de lo que es
la población activa agraria y la población ocupada desde los años
sesenta hasta 1997. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta y
marca lo que es también la evolución lógica dentro de una sociedad
como la nuestra que se ha convertido en una sociedad industrial y de
servicios y donde el sector agrario, siendo como entiendo un sector
esencial, sin embargo responde a un peso en el conjunto de la
población activa muy inferior al de hace cincuenta años.
Vemos ahora otro cuadro, que es importante, sobre densidad de
población por comarcas. Resaltaría cómo el litoral mediterráneo y el
sur peninsular reflejan poblaciones de más de cien, o más de setenta
y siete habitantes por kilómetro cuadrado, así como el norte
peninsular, el oeste en la zona de las rías bajas en Galicia, y el
islote central de Madrid, la gran conurbación madrileña. Aparecen con
menos de veinte habitantes por kilómetro cuadrado las zonas rosas,
amarillas y blancas, amplias zonas de nuestro centro peninsular.
Conjuntamente con esto hemos puesto las zonas de regadíos, para que
se viera en ese mapa, que el factor regadío consigue mantener en
algunos sitios cierto asentamiento de población rural.
El siguiente cuadro tiene gran interés por cuanto es laevolución de
la población por comarcas en el período
1981-1987. Esta evolución nos plantea claramente cómo las zonas
centrales están en regresión y se encuentra en crecimiento o
equilibrio la periferia de Madrid y alrededores, cuestión que viene a
resaltar algo que supongo conocíamos más o menos, pero es una
reflexión previa cuando hablamos de los regadíos necesarios.
Pasamos a la siguiente filmina en la que planteamos el entorno de
nuestra política agraria, que es la política agraria comunitaria
nuestro marco de referencia, establecido para empezar por el artículo
39 del Tratado de Roma donde se recoge que la PAC. La política
agrícola comunitaria tiene que buscar el incremento de la
productividad agrícola, garantizar el nivel de vida de la población
agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los
abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios
razonables. Los mecanismos para ordenar son el régimen de precios e
intervenciones, el régimen de ayuda y la preferencia comunitaria que
encuentra su complemento con la solidaridad financiera que debe
presidir nuestras actuaciones en el ámbito de la comunidad.
La reforma de la PAC del año 1992 supone una serie de cambios para
intentar corregir, de hecho se ha conseguido, lo que habían sido
algunos efectos negativos que había producido a lo largo de los años
de aplicación de la política agraria común desde la firma del Tratado
de Roma, fundamentalmente la aparición de grandes excedentes en
ciertos sectores con dificultades a la hora de darle salida e
incidencias negativas en los mercados internacionales. A partir de
ahí la reforma de 1992 pretende la mejora del equilibrio de los
mercados, el aumento de la competitividad, la fijación de la
población para preservar la sociedad rural y el fomento de la
protección y conservación del medio natural.
Además de este entorno, tenemos que hablar de lo que ha sido la Ronda
Uruguay del GATT que da lugar a la Organización Mundial de Comercio y
plantea la reducción de las ayudas internas, la disminución de la
protección a las importaciones y la instauración de un único sistema
de equivalentes arancelarios para cada producto, la reducción del
volumen de las exportaciones subvencionadas y de su cuantía.
Sobre esos entornos que son los que marcan los grandes ejes a los que
tenemos que enfrentarnos cuando hablamos de aumentar las superficies
de regadío y por tanto la capacidad productiva de nuestro sector
agrario, tenemos que poner sobre la mesa algo muy importante y es que
en muchos productos la renta del agricultor no sólo se deduce de lo
que son las leyes del mercado, sino que se deduce también de lo que
es la existencia de una política agrícola común que supone ayudas a
través de precios y ayudas directas a la producción o sencillamente
a la hectárea.
Para hablar de esas ayudas y de algunos productos, para saber lo que
supone estar dentro de la política agrícola común, es decir para
mantener esas rentas a nuestros agricultores, vamos a verlo respecto
a una serie de productos mediterráneos que estaban hace un momento en
pantalla, en cuanto a los porcentajes que suponen distintas rentas.
Por ejemplo el porcentaje que supone las ayudas es la primera
columna. La segunda, el porcentaje
que supone la situación de un mercado protegido interno y hace que
mantengamos unos precios que están por encima de los llamados precios
internacionales, aunque hay mucho que hablar de los precios
internacionales, para que sepamos la protección que supone para
nuestros agricultores y la última columna es el conjunto de las dos.
Respecto a la segunda columna, la de los precios, está calculada
antes de la crisis actual. Quiere decir que si hiciéramos esto hoy,
los porcentajes que aparecerían en esa columna serían mucho más
abultados. Aefectos de lo que quieren decir estas cifras lo hemos
dejado tal cual, pues esperamos salir de la crisis actual y que los
precios internacionales se recuperen de nuevo.
En los cereales, las distintas ayudas, ya sea vía precios o ayudas
directas, están en tomo al 46 por ciento, y en este momento muchísimo
más; las oleaginosas, el 69 por ciento; en proteaginosas, el 58 por
ciento; en maíz, el 28; en el azúcar y la remolacha el 49 por ciento;
la patata, el 14; en forrajes, el 50 por ciento; el lúpulo, etcétera.
Si vemos esto respecto a productos mediterráneos nos encontramos con
que también los porcentajes de ayudas en algunos de ellos siguen
siendo importantes: en arroz, el 44; en algodón, el 65; en tabaco, el
92 (quiere decir que de cada 100 pesetas 92 las reciben gracias a las
primas, en este caso fundamentalmente las primas al tabaco). En
cuanto al vino y al mosto, fundamentalmente se refiere al que va a
destilación, no a los vinos en general. Aceite de oliva, las flores,
hortalizas, que indudablemente lo mismo que las frutas son los
productos que menos reciben; pero ahí estamos hablando del porcentaje
relacionado con toda la parte de transformados y demás; y en los
plátanos el 58 por ciento, por no hablar de otro tipo de productos y
cultivos como pueden ser productos no alimentarios.
Si pasamos a lo que es la utilización de esos cultivos, las
superficies asociadas a esos cultivos, obviamente todos los aquí
presentes sabemos las ayudas directas y las ayudas vía precios
suponen una contingentación, una limitación de lo que es la
posibilidad de utilización de esas ayudas. A nuestros agricultores se
les dan unas ayudas, se les garantizan unas rentas, a veces a través
de esas ayudas se les está garantizando el 50 por ciento o en el caso
más extremo más del 90 por ciento, como es el caso del tabaco, pero
como contrapartida se limitan las superficies o las producciones
asociadas y vemos cuál es la situación de utilización de esas
superficies o producciones por parte de nuestra agricultura y vemos
que todos los terrenos tienen la superficie utilizada en su totalidad
o incluso rebasada y que únicamente no hay contingentes en frutas y
hortalizas frescas, en flores y plantas ornamentales, en frutos
secos, por cuanto en viñedos como saben ustedes también tenemos la
superficie limitada.
En cuanto a lo que está asociado al consumo de gran parte de esas
producciones, como es la parte de ganadería, vemos que también
estamos totalmente en los límites, cuando no rebasados, en lo que son
cupos asignados a nuestro país en ganadería. La ganadería,
obviamente, tiene importancia por su incidencia en el consumo de
forrajes y de cereales, así como de pastos, por parte de nuestra
cabaña.
Pasamos al mapa relacionado con lo que es la incidencia de esos
cultivos con mayores subvenciones, con más del 50 por ciento de
subvención, fundamentalmente los cultivos COP, en nuestra
distribución geográfica. Vemos que se concentran fundamentalmente en
nuestra España interior y que en levante es donde tienen menor
incidencia; las zonas en tonos amarillos y ocres son menos del 25 por
ciento, concretamente el amarillo representa entre el 1 y el 5 por
ciento; las zonas rosas representan del 25 al 50 por ciento y con los
tonos azules y grises estamos hablando de que más del 50 por ciento
son cultivos COP.
Por tanto, señorías, quiero manifestar que en la zona del interior
español el mayor porcentaje es de cultivos COP, que sólo en la zona
del levante y en alguna zona del Ebro aparece otro tipo de cultivos,
y que lo que son los cultivos con ayudas y apoyos debido a la
política agrícola común están en su límite o rebasados los límites
asignados a España. Éste es un dato a tener en cuenta a la hora de
hablar de aumentar las superficies de regadío y hay que tener en
cuenta a la hora de hablar de nuevos regadíos por cuanto el
rebasamiento de las superficies por ejemplo en los cultivos COP,
arroz, maíz o cereal en regadío, asignadas a nuestros regadíos por
parte de nuestros cultivadores, acarrea automáticamente
penalizaciones que implican reducción de las ayudas para el conjunto
de los cultivadores y esa reducción de ayudas incide inmediatamente
en lo que es la rentabilidad de las propias explotaciones y en el
hipotético caso por ejemplo de que en vez de 104.000 hectáreas de
cultivo de arroz tuviéramos 120.000 hectáreas, teniendo en cuenta el
sistema de penalización, casi con aumento exponencial que tiene por
ejemplo el cultivo del arroz, nos encontraríamos sencillamente con
que pasar de 104.000 a 120.000 ó 125.000 hectáreas supondría la ruina
de nuestros cultivadores de arroz. Digo esto por dar un ejemplo muy
concreto y creo hay que tener presente a la hora de hablar de lo que
vamos a cultivar en los nuevos regadíos.
A partir de aquí pasamos a hacer un análisis de lo que es la
situación, con este entorno al que tenemos que referimos, de nuestro
regadío. En primer lugar señorías, la superficie agraria útil y la
superficie regable. La superficie total de nuestro país son 50
millones de hectáreas, de las cuales grosso modo hay 26 millones de
superficie agraria útil, es decir un poco más de la mitad y de los
cuales hay 3.761.000 hectáreas regables y 3.344.000 hectáreas
regadas, porque obviamente no toda superficie regable es regada todos
los años.
Si pasamos a lo que es la distribución de la superficie agrícola
útil, tenemos que hay casi un 14 por ciento de superficie regada y un
86 y pico por ciento de secano. La evolución de la superficie regada
a lo largo de estos años se ha producido por dos tipos de promotores,
promotor privado y promotor público, y la evolución de la superficie
a lo largo de estos años es la que aparece en pantalla, donde vemos
claramente que se produce un crecimiento espectacular de lo que es el
aumento de superficie a lo largo de los años cincuenta hasta los años
noventa y en los años noventa sigue creciendo pero de una manera más
suave, fundamentalmente porque se suaviza el impulso extraordinario
de promotor público
que se lleva a cabo entre los años sesenta y los años noventa y el
aumento del riego, la puesta en superficie de privado se mantiene
incluso con más incidencia que el de origen público pero con menos
incidencia que en años anteriores.
Si se hace un análisis de lo que es la producción en secano y en
regadío, la relación es de seis veces la producción media entre lo
que es el secano y el regadío. El regadío tiene una rentabilidad
grosso modo seis veces lo que es el secano. Aquí obviamente lo mismo
que decía respecto a la mano de obra tampoco es homogéneo, es
radicalmente distinta la rentabilidad que se obtiene por un metro
cúbico de agua o por una hectárea de regadío en los cultivos bajo
techo o de invernadero del levantesur español o Canarias, de lo que
puede ser el rendimiento del regadío de cultivos COP, por ejemplo,
por señalar una cuestión. En general hay que decir que ese trece y
pico por ciento de nuestra superficie regada produce el 55 por ciento
de la producción final agraria y hay una rentabilidad en tomo a seis
veces la rentabilidad del secano. Aquí hay unas superficies regadas
por comunidades autónomas donde vemos que Andalucía es la comunidad
autónoma con mayor superficie regada, seguida de Castilla y León,
luego Castilla-La Mancha, Valencia, Aragón, y después ya vienen las
otras superficies. Según el origen del agua, nos encontramos con que
la mayor parte de nuestra superficie se riega con aguas
superficiales, 2.262.000 hectáreas; con subterráneas, casi un millón
de hectáreas; con trasvases, 100.000 hectáreas, y con otro tipo de
aportes, retornos, depuradoras, desalinizadoras, que tienen una
importancia marginal. Según los sistemas de riego, seguimos
manteniendo dos millones de hectáreas que se niegan por gravedad;
800.000 por aspersión y -algo muy importante- tenemos ya 562.000
hectáreas, que es una superficie nada desdeñable, de riego
localizado, aunque hay que decir que todavía quedan dos millones por
gravedad y 800.000 por aspersión.
Según el índice de dotación, están sobredotadas 878.000 hectáreas, de
las cuales están equilibradas 642.000, ligeramente infradotadas
700.000 grosso modo, y claramente infradotadas, 1.129.000 hectáreas.
La primera conclusión que podemos sacar es que tenemos más de un
millón de hectáreas infradotadas, por lo que uno de los primeros
esfuerzos que hay que hacer con vistas a la acción en el terreno del
sector de los regadíos, para apostar por los regadíos del siglo XXI,
es modernizar y garantizar los regadíos y conseguir una dotación
suficiente. Además hay que hacer una reflexión sobre el porqué de la
situación de nuestro regadío, y la reflexión está ahí. Antes de 1900
ya se había producido la transformación de 1.100.000 hectáreas y casi
dos millones corresponden a transformaciones anteriores a 1960.
Todavía se mantienen en España casi 750.000 hectáreas que tienen
acequias y canalizaciones de tierra, con acequias de hormigón en
1.300.000 hectáreas, y en casi 400.000 hectáreas las acequias de
hormigón se encuentran en muy mal estado, además de los riegos por
gravedad en dos millones de hectáreas que ya hemos mencionado. Hay
que hacer otra reflexión importante sobre los riegos por turnos en
1.635.000 hectáreas, lo que quiere decir que también en esto hay que
hacer un esfuerzo, ya
que el riego por turnos implica la imposibilidad de incorporar
técnicas modernas de riego, aparte de los problemas que supone en la
calidad de vida de nuestros agricultores el no disponer del agua nada
más que cuando les toca, a la hora en que les toca, además de
implicar limitaciones a la hora de poner cultivos con este tipo de
riegos. Y hay que hacer también la reflexión que he hecho antes en
cuanto a los regadíos infradotados.
Con estos datos en la mano se plantean los criterios para el Plan
nacional de regadíos. La primera reflexión se refiere a los regadíos
existentes, y con los datos que he aportado creo que es obvio que el
primer esfuerzo tiene que dirigirse a mejorar las infraestructuras de
los regadíos, aumentar la flexibilidad y versatilidad de los
cultivos, a través de la modernización de técnicas y disponibilidad
de agua, y consolidar nuestros regadíos en el caso en que están
infradotados. Por lo tanto, la primera cuestión, insisto, es
garantizar el futuro de los regadíos que existen, y para aumentar la
competitividad y la eficacia y mejorar la calidad de vida de nuestros
agricultores hay que mejorar las infraestructuras, consolidar los
regadíos y conseguir una mayor flexibilidad y versatilidad de los
cultivos.
En cuanto a los regadíos en ejecución, tenemos en este momento en
ejecución 325.000 hectáreas de regadíos de un conjunto de 450.000, de
las cuales ya se han realizado 100.000, y a la hora de hablar de
estos regadíos en ejecución, en su gran mayoría grandes superficies
de riego, hay que plantearse en primer lugar la rentabilidad de las
explotaciones, la optimización de las inversiones ya realizadas
-muchos de esos regadíos en ejecución están muy avanzados ya para
estas fechas- e intentar que no aumenten, a pesar de todo, las
superficies de cultivo PAC o los COP fundamentalmente, y tener en
cuenta un limitante evidente, que son las disponibilidades
presupuestarias.
En cuanto a los nuevos regadíos, se plantean fundamentalmente los de
interés social para que sirvan de elementos dinámicos de desarrollo
en la España interior, que permitan asentar población y garantizar
algo que nos preocupa a todos, que es la presencia y el mantenimiento
de la agricultura diseminada a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Los regadíos de interés social se plantean como transformaciones
inferiores a 2.500 hectáreas, cifras obviamente flexibles pero, en
todo caso, menores de 2.500-3.000 hectáreas -no vamos a discutir por
2.500 ó 2.600 hectáreas, no se trata de eso-; lo que quiero decir es
que son zonas de regadío relativamente reducidas frente a las grandes
zonas de transformación. También hay que plantear un apoyo, aunque
sea reducido, a regadíos de iniciativa privada que cumplan los
objetivos del Plan nacional de regadíos, que son no sólo el
asentamiento de población y las razones sociales, sino también evitar
rebasamientos en cultivos con producciones contingentadas y
limitadas.
Los objetivos que se persiguen con relación a la población rural son
la mejora del nivel de vida del agricultor, a la que me he referido
antes, el mantenimiento de la agricultura en el medio rural y la
formación y capacitación de los regantes. Con relación a la actividad
agrícola, la consolidación del sistema agroalimentario, la
diversificación de la producción agrícola, la mejora tecnológica y
el aumento de la productividad agrícola. Al hilo de esto, quisiera
resaltar dos datos para que nos demos cuenta de la importancia del
regadío respecto al sector agroalimentario y la de éste respecto a la
economía nacional. El primer dato es que la industria agroalimentaria
española representa el 20 por ciento de nuestra industria.
Obviamente, este 20 por ciento no está representado sólo por el
sector agrícola, sino que hay también una parte que se apoya sobre el
sector ganadero. De todas formas, para que nos demos idea de lo que
supone la industria agroalimentaria, hay que destacar que representa
el 20 por ciento de la industria nacional. El segundo dato para que
veamos la importancia de nuestro regadío en la economía nacional es
que las exportaciones de frutas y hortalizas en fresco y congelado,
fundamentalmente en fresco -no hablo ya de la parte embotada y
transformada-, supusieron 911.000 millones de pesetas en el año 1997;
de esta cifra, 860.000 grosso modo en fresco y los 50.000 restantes
en congelados. Pues bien, de lo que se trata con la modernización y
con el impulso a los nuevos regadíos es de seguir apoyando y
garantizando una industria agroalimentaria como la nuestra, dinámica,
moderna y competitiva, y un sector exportador, fundamentalmente en el
de frutas y hortalizas, que cada día conquista nuevos mercados.
Los objetivos en relación al recurso agua implican obviamente la
racionalización del consumo de agua para riego y la preservación de
los acuíferos de la contaminación -la sobreexplotación-, y el apoyo a
una agricultura lo más respetuosa posible con el medio ambiente. En
relación a los nuevos regadíos, el impulso a las transformaciones en
regadío de aquellas zonas cuya rentabilidad técnico-económica esté
demostrada, evitando, como decía antes, que se produzcan
desequilibrios en lo que son las ayudas y los apoyos a los cultivos
ya establecidos, y además el objetivo obvio del asentamiento de la
población al que me refería hace un momento.
En cuanto a la coordinación político-administrativa -por cuanto que,
como todos ustedes conocen, hay aquí competencias que afectan a
distintos ámbitos administrativos-, en primer lugar la coordinación
de las políticas agrarias, hidráulicas y medioambientales, que fue el
fundamento de la aprobación del mandato unánime por parte del
Congreso de los Diputados para que, junto con el Plan hidrológico
nacional se remitiera al Congreso el Plan nacional de regadíos, y
también, en segundo lugar, obviamente, la coordinación con las
distintas administraciones, concretamente con las autonómicas que son
desde el punto de vista competencial responsables en cuanto al
regadío.
En relación con el medio ambiente lo que se pretende es mantener la
productividad de los suelos y evitar su degradación; recuperar y
mantener los acuíferos y humedales; controlar y reducir el proceso de
desertificación; preservar la biodiversidad de la flora y fauna, así
como el paisaje natural; cumplir con la normativa de protección
medioambiental y contribuir al equilibrio territorial de los usos del
suelo y de las infraestructuras.
Los programas de actuaciones se plantean como consolidación y mejora
de regadíos existentes, los regadíos
en ejecución y las nuevas transformaciones de regadíos; la formación
de técnicos y regantes; la evaluación permanente de los sistemas de
riego; la vigilancia ambiental; la mejora de la gestión y el uso del
agua de riego; el control, seguimiento, evaluación y revisión, como
decía, en un planteamiento dinámico del Plan nacional de regadíos.
En cuanto al programa de consolidación y mejora de los regadíos
existentes, los objetivos son los siguientes: En primer lugar la
optimización del agua disponible (es obvio que en algunos regadíos
infradotados una mejora en lo que son las infraestructuras permitiría
dar la dotación suficiente, porque si no la hay, como sucede muchas
veces, sencillamente el mal estado de las propias infraestructuras
hacen que la eficiencia del sistema de riego sea muy baja) la
disminución de la demanda en regadíos infradotados; el ahorro en
regadíos dotados o sobredotados (ese ahorro en regadíos que están
suficientemente dotados permite una mejora en la infraestructura y
una mayor eficiencia o en aquellos sobredotados que se encuentran,
aguas arriba, en zonas con situaciones al revés, con déficit hídrico,
llámese para regadíos o con usos alternativos del agua, por ejemplo,
sencillamente para abastecimientos a ciudades, etcétera) implican la
necesidad y la conveniencia de impulsar esas transformaciones y esa
modernización. Pero todo esto, siendo importante, no basta en algunas
zonas y en ese sentido esnecesario contemplar la necesidad de
recursos adicionales y, por otro lado, entrando ya en lo que es la
producción agraria, la mejora de la rentabilidad por aumento de
producciones, la aplicación de nuevas tecnologías y la mejora del
nivel de vida de los agricultores.
En el programa de consolidación las actuaciones que se contemplan en
el Plan nacional de regadío son la reparación de las estructuras
hidráulicas existentes, la modificación del sistema de transporte y
distribución, los cambios de sistema de aplicación de riego y las
actuaciones complementarias necesarias. En el programa de
consolidación, las superficies de actuación por comunidades autónomas
que contempla el Plan nacional de regadíos son las que se reflejan en
la transparencia, es decir que el Plan nacional de regadíos considera
necesario actuar en 2.200.000 hectáreas en su globalidad, lo que no
quiere decir que de cara al primer horizonte 2008 se plantee la
actuación en el 50 por ciento de esta superficie, en 1.100.000
hectáreas, partiendo de la base de que eso es un objetivo, aunque,
indudablemente, como en gran medida estas actuaciones corresponden a
una demanda de las propias comunidades de regantes y de los propios
regantes, lo que hay que hacer es impulsarla, que yo creo que se va a
producir por cuanto es también del interés de los propios regantes
llevar a cabo la modernización de sus propios sistemas de riego. En
segundo lugar, en regadíos en ejecución el borrador del Plan nacional
de regadíos -insisto, lo he dicho al principio, es un documento
maduro aunque no está cerrado- contiene los planteamientos que
aparecen en esta transparencia. Tienen ustedes el detalle en el
documento que les hemos facilitado, pero, en fin, lo vemos aquí, en
esta transparencia.
Las superficies que se plantean son las siguientes: 23.000 hectáreas
para Andalucía; 22.000 hectáreas para
Aragón; 9.559 hectáreas para Castilla-La Mancha; 14.000 hectáreas
para Castilla y León; 6.600 hectáreas para Cataluña; 14.500 hectáreas
para Extremadura; 1.100 hectáreas para Navarra; 4.700 hectáreas para
La Rioja; total 96.000 hectáreas de regadíos en ejecución para
desarrollar a lo largo de los próximos 10 años, quedando pendientes
después de estas actuaciones 345.000 hectáreas para el horizonte
2008. Además se han estudiado otra serie de zonas, zonas consideradas
como potencialmente regables por distintos organismos de las
administraciones, central o autonómica, contempladas o no
contempladas en los planes hidrológicos de cuenca, es decir que se
han hecho los análisis de todas ellas, contemplando zonas que tienen
una entidad y dimensión significativa -por encima de las 2.500 ó
3.000 hectáreas- y otras zonas de superficies inferiores incluso a
las 1.000 hectáreas.
Después de ese análisis amplio de zonas significativas por encima de
las 1.000 hectáreas e incluso de otras zonas por debajo de las 1.000
hectáreas, se ha hecho en todas esas zonas una valoración en función
de lo que son las características de suelo, de relieve, de clima y,
por lo tanto, las disponibilidades hídricas y posibilidades de
cultivos, demandas de esos cultivos, rentabilidad de los mismos,
rentabilidad de los sistemas y la valoración de los efectos generados
a partir de todas esas variables: efectos económicos -valor actual
neto, relación beneficio- coste, tasa interna de retorno- y también
sociales respecto al empleo directo generado, el empleo indirecto, la
inversión, la remuneración, el empleo por superficie transformada. El
estudio en esas otras zonas se ha hecho en función en primer lugar de
disponibilidad de agua -si había una disponibilidad inmediata, en ese
caso se seguía analizando la viabilidad socioeconómica, la viabilidad
financiera y si todo ello era positivo se planteaba como regable; si
la viabilidad socioeconómica o la financiera no eran razonables o
negativas, se consideraba no regable-. En disponibilidades de agua no
inmediata se ha contemplado, a pesar de todo, cuál era la viabilidad
técnico-económica de obras de regulación, si era una viabilidad que
se planteaba a partir de ahí, si existía esa viabilidad, la
viabilidad socioeconómica en función de esos costes asociados a las
obras de regulación, y se volvía a la columna de la izquierda que
aparece en esta transparencia.
Después de todos esos análisis, se han contemplado 1.000.000 de
hectáreas grosso modo. Así, con esa distribución, en Andalucía
114.000 hectáreas distintas; 178.000 hectáreas en Aragón -en fin, el
cuadro que ven ustedes en la transparencia-, hasta 917.000 hectáreas.
Después de contempladas esas 917.000 hectáreas, se ha llegado a la
conclusión final de proponer las superficies por razones sociales que
a continuación se plantean, es decir, superficies de transformación
de tamaño no muy extenso, en función de que se ha buscado el óptimo
en cuanto a microclimas, tierras más adecuadas, disponibilidades de
agua, mayores rentabilidades, vocación de cultivos -por lo tanto,
vocación más asociada a lo que son las demandas de mercado-,
arrojando un resumen final, que es la propuesta de 106.000 hectáreas
de nuevos regadíos, a través de este concepto de nuevos regadíos en
pequeñas zonas, que sirvan de regadíos sociales que permitan
asentamiento de población con la distribución que hemos visto.
Planteamos las actuaciones del Plan nacional de regadíos horizonte
2008, las superficies de nuevos regadíos que se proponen -bien a
través de proseguir la actuación de regadíos en ejecución o bien a
través de esas actuaciones en pequeñas zonas de regadío, de los
llamados regadíos sociales- para Andalucía 25.000 hectáreas; Aragón,
67.000; Baleares, 1.250; Canarias, 4.500; Castilla-La Mancha, 26.500;
Castilla y León, 49.900; Cataluña, 8.600; Extremadura 21.900;
Navarra, 3.900; País Vasco, 6.800; La Rioja, 11.200; un total de
228.000 hectáreas donde están incluidas las de posible impulso a
regadíos de iniciativa privada acordes con la filosofía del plan.
Quiero hacer una comparación de lo que son esas superficies respecto
al Plan nacional de regadíos horizonte 2005, actualmente en vigor. He
de decirles, señorías, que en ningún caso se plantean menos hectáreas
de transformación en regadío de los que contemplaba el horizonte
2005, sino más bien al contrario, en algunos casos se propone un
cierto incremento, aunque es verdad que, fundamentalmente, afecta a
los denominados regadíos sociales. Así en Andalucía, frente a 21.500
hectáreas, se plantean 25.800; en Aragón se mantiene una cifra más o
menos similar; en Baleares se proponen 1.250 hectáreas; en Canarias,
4.500; en Castilla-La Mancha aumenta 2.000 hectáreas más, de 24.590 a
26.559; en Castilla y León se mantiene sensiblemente lo mismo; en
Cataluña se aumenta a 8.600 porque no se contemplaban nuevas
transformaciones en regadío; en Extremadura de 13.800 a 21.900; en
Navarra de 2.816 a 3.937; en el País Vasco, 6.800; La Rioja, 11.000
donde, lo mismo que en Baleares, Canarias y Cataluña no se
contemplaban superficies a transformar con impulso de la
Administración general del Estado en el horizonte 2005 y que sí se
incorporan en función de las líneas de política agrícola y de
criterios de interés social general, a los que he hecho referencia al
inicio de mi intervención. Por lo tanto, señorías, en ningún caso,
insisto, se plantea reducir los objetivos de transformación en nuevos
regadíos contemplados en el horizonte 2005 y en algunas comunidades
autónomas incluso se plantea un incremento de la superficie a
transformar.
Quiero recordar a SS.SS. que todo esto es lo que se plantea como
propuesta para ser cofinanciado desde la Administración general del
Estado y ello no empece ni disminuye ni limita lo que es la capacidad
de las comunidades autónomas que tienen competencias plenas en
materia de regadíos, para llevar a cabo las transformaciones en
regadíos que tengan por conveniente desarrollar y, obviamente, lo que
aquí se les plantea a las comunidades autónomas es la posibilidad de
llevar a cabo, conjuntamente, con una cofinanciación desde la
Administración general del Estado, las transformaciones de regadíos
aquí propuestas, pero que las comunidades autónomas, en el ámbito de
sus competencias y ajustándose a lo contemplado en los planes
hidrológicos de cuenca, obviamente, como es natural, tienen capacidad
para aumentar, en lo que tengan por conveniente, las superficies de
regadíos
en aquellas zonas que consideren adecuado y oportuno, en función de
sus propios objetivos de política agrícola.
Entramos, señorías, en algo que es esencial para un plan de estas
características y que creo es un elemento básico del plan que hoy
estamos planteando: la financiación. En primer lugar, la propuesta de
financiación, en lo que se refiere a los programas de consolidación y
mejora de regadíos. La propuesta que hay en este borrador del Plan
nacional de regadíos es que la financiación de los agricultores, en
lo que es consolidación y mejora de regadíos, sea del 50 por ciento y
las administraciones agrarias aporten también el 50 por ciento. Tengo
que decir a SS.SS. que este es uno de los elementos que estamos
discutiendo con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas
plantean que la subvención de las administraciones agrarias aumente
algo y que se llegue a un mayor porcentaje de subvención a la hora de
impulsar la modernización y consolidación de regadíos. Este asunto no
está totalmente cerrado; como decía anteriormente no es un documento
cerrado, estamos trabajando en el documento y aunque es un documento
maduro seguramente sufrirá algunas modificaciones y mejoras antes de
que sea remitido al Congreso de los Diputados, después de su
aprobación por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, sobre esta
cuestión hay un debate planteado con las comunidades autónomas y,
probablemente, entiendo que habrá un retoque, con un aumento -por
parte del Ministerio estamos dispuestos a estudiar cómo podemos
llevar a cabo ese aumento, puesto que ello implica automáticamente un
esfuerzo en la financiación y recursos- respecto a la financiación de
la consolidación. Quiero recordar a SS.SS. que en este momento esto
es lo que rige: 50/50.
Programa de regadíos en ejecución. Se mantiene el sistema actual.
Obras de interés general, cien por cien; obras de interés común, la
financiación es del cien por cien, pero la subvención sólo del 40 por
ciento y en el interés agrícola privado la subvención es del 30 por
ciento. Esto es lo que rige en este momento y se mantiene, como es
lógico. En los nuevos regadíos de interés social, planteamos mantener
esa misma financiación a la que acabo de hacer referencia; es decir,
cien por cien en obras de interés general; en obras de interés común,
financiación cien por cien, subvención 40 por ciento y en obras de
interés privado, 30 por ciento de subvención. En los regadíos de
iniciativa privada la subvención se concede con las mismas
condiciones que para el programa de consolidación y mejora de
regadíos, es decir, el 50 por ciento del presupuesto de la obra, sin
más.
Respecto al programa de formación de regantes y evaluación, control y
seguimiento del Plan nacional de regadíos, lo que se propone es que
su desarrollo, obviamente, se lleve a cabo en colaboración con las
comunidades autónomas. Tengo que recordarles, señorías, el reparto
competencial al que hacía referencia hace un momento, pero lo vuelvo
a reiterar. Las comunidades autónomas tienen competencia plena en
materia de regadíos, pero aunque, obviamente, se llevará a cabo en
colaboración con las comunidades autónomas, se plantea su
financiación, cien por cien, por la Administración general del
Estado, es decir, por el Ministerio de Agricultura.
Aquí se han realizado unos cálculos de costes en el programa de
consolidación y mejora de regadíos, inversiones totales en millones
de pesetas, por tipos de actuación y comunidad autónoma y ya ven
ustedes que lo que se plantea es la financiación del 50 por ciento de
lo que sería el coste total para este primer horizonte 2008 y con los
volúmenes de recursos en miles de millones de pesetas, planteados en
la última columna de la transparencia, que suponen una inversión por
parte de las administraciones de 250.000 millones de pesetas, que es
el 50 por ciento de los 500.000 millones que ahí aparecen. Insisto en
que el 50 por ciento de los 2.200.000 hectáreas que consideramos
necesario modernizar y consolidar supondrían 500.000 millones en
total, de los cuales el 50 por ciento correspondería a las
administraciones públicas: 250.000 millones de pesetas.
Si nos referimos a lo que es el total de las inversiones de las
administraciones públicas, no sólo en consolidación y mejora sino
también en lo que son regadíos en ejecución, regadíos sociales y
apoyo a regadíos de iniciativa privada, la inversión final sería de
471.000 millones de pesetas, de los cuales 250.000 irían a
consolidación y mejora, 86.000 para llevar a cabo el impulso de los
regadíos en ejecución, 115.000 para regadíos sociales, 15.000 para
regadíos privados subvencionados y 4.275 para otros programas. Como
quiera que esto se plantea a través de una financiación 50 por ciento
50 por ciento con las comunidades autónomas ello supondrá, grosso
modo, 226.000 millones de pesetas para el Ministerio de Agricultura
en ese horizonte 2008.
Concluyo, señorías. Hoy les he presentado un avance, un borrador del
Plan nacional de regadíos, un documento maduro pero no cerrado que
supone una apuesta por el regadío español del siglo XXI e implica un
esfuerzo de racionalización en la utilización de los recursos
públicos y una apuesta por nuestra agricultura más moderna y más
dinámica. Supone una propuesta de inversión pública para los próximos
10 años, si sumamos Administración general del Estado y comunidades
autónomas, de casi medio billón de pesetas, al que habrá que sumar
250.000 millones más del sector privado, por tanto un esfuerzo de
750.000 millones de pesetas en el sector de los regadíos para los
próximos 10 años. Recuerdo que en ningún caso la propuesta aquí
planteada supone limitación alguna para lo que son las competencias y
capacidades de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus
propias competencias a la hora de proponer, programar y realizar más
hectáreas de regadíos de las aquí contempladas en el ámbito de sus
competencias y por supuesto dentro de las posibilidades que ofrecen
los planes de cuenca recientemente aprobados.
He hablado de 226.000 millones de pesetas de inversión del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para los próximos 10 años y
recordaré lo que decía Jovellanos en su informe sobre la Ley Agraria,
porque de las leyes agrarias y de los regadíos estamos hablando ya
desde hace mucho tiempo en España. Decía -cito textualmente-: Mas si
su celo es necesario para emprenderlas, también lo será su sabiduría
para asegurar su utilidad. Siendo imposible hacerlas todas a la vez,
es preciso emprenderlas ordenada y sucesivamente, y como
tampoco sea posible que todas sean igualmente necesarias ni
igualmente provechosas es claro que en nada puede brillar tanto la
sabia economía de un Gobierno como en el establecimiento del orden
que debe preferir unas y posponer otras.
Eso es lo que se pretende con este Plan nacional de regadíos, cuyo
borrador presentamos hoy aquí, que indudablemente todavía sufrirá
algunas modificaciones y mejoras a través del debate con comunidades
autónomas y con todos los sectores sociales implicados que han sido
llamados al mismo por cuanto estamos hablando de algo esencial para
el desarrollo agrario de nuestro país como es la optimización del
recurso agua y la optimización de nuestro sector más dinámico
agrario, que son los regadíos.
El señor PRESIDENTE: Por separar los dos debates -la misma ministra
entiende que deben separarse-, vamos a dar el turno de palabra a los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para que puedan
realizar preguntas u observaciones a lo planteado por la ministra de
Agricultura. En primer lugar, daremos la palabra a los grupos que han
solicitado la comparecencia, comenzando por el primero de ellos, el
Grupo Parlamentario Socialista; su portavoz, señor Amarillo, tiene la
palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Lo primero que quisiera resaltar es una
cuestión de forma puesto que en política las cuestiones de forma
tienen una gran importancia, y es que, sin lugar a dudas, el Gobierno
y la ministra en particular han tenido un profundísimo desprecio por
esta Cámara, que ha sido el último sitio al que ha venido el conjunto
de diapositivas e informaciones, que ni de la manera más optimista
podemos llamar documento -y si lo denomino de esa manera lo haré en
aras de economía semántica-. Lo conoce la prensa, lo conocen las
comunidades autónomas, lo conoce prácticamente todo el mundo. Aun
así, pedimos que nos lo enviasen por lo menos tres o cuatro días
antes con el fin de haberlo visto oficialmente porque tampoco
teníamos la garantía, ni la tenemos, de que lo que se ha comunicado a
la prensa sea exactamente igual a lo que recoge este documento,
y tampoco se nos ha concedido, y se nos dijo que se nos entregaría aquí
personalmente. Es curioso que a veces el subconsciente traiciona al
que interviene. Ha dicho que el Plan nacional de regadíos está
abierto y que está dispuesta a discutirlo con los agentes económicos
sociales, con las organizaciones profesionales agrarias, con todo el
mundo... Se le ha olvidado decir que con los diputados de esta Cámara
también. Sería bueno que con los diputados de esta Cámara y con el
Parlamento estuviera, como buena demócrata, abierta a que se pudiesen
introducir modificaciones.
Yendo al fondo de la cuestión, yo creo que usted está buscando una
coartada para no hacer lo que denomina Plan nacional de regadíos, que
deberíamos denominar plan nacional de no regadíos porque, en el
fondo, lo que usted nos está diciendo es que hay mucho problema en
incrementar la superficie de regadío, que la política agraria
comunitaria, con la cuestión de las superficies máximas
o equivalentes, es un corsé muy grande, que el regadío
ya no es lo que era -nos lo acaba de decir esta mañana-, que es
importante pero que su importancia es menor y que hay una limitación
grande de cultivos. Pues bien, nosotros le negamos la mayor por tres
razones. En primer lugar, seguimos teniendo un techo importantísimo
en frutas y hortalizas frescas, que no tienen superficie máxima. En
segundo lugar, dentro de las hortalizas que van a conservas, tan sólo
está contingentado de manera significativa el tomate, y fíjese usted
por donde nuestra industria del tomate tiene una capacidad aproximada
del doble de lo que es nuestra cuota, y dése cuenta también y
analícelo que siempre se rebasa la cuota de manera enormemente
sustancial, siempre hay tomate B, de igual manera que en otros
cultivos de carácter industrial, como es por ejemplo la remolacha,
siempre hay remolacha C, lo que quiere decir que, en el fondo, lo que
teníamos que hacer es, en vez de intentar contingentar los regadíos,
intentar incrementar las cuotas; sería muchísimo más lógico. Pero es
que dentro de la alternativa de cultivos hay un segundo bloque muy
importante como es el conjunto de los cultivos forrajeros. No me
estoy refiriendo al maíz forrajero, pero sí a la zulla, a la pradera
polifita, a una demanda que tiene toda una ganadería de secano y a
una demanda de la industria del desecado, a pesar de que sé que la
coyuntura de precios en este momento es baja, pero es un tema
coyuntural, absolutamente anecdótico teniendo en cuenta las
necesidades que tenemos.
En tercer lugar, ignora usted las tendencias de futuro al no
introducir algo tan importante como es la filosofía de lo que es un
regadío en un país como el nuestro, que tiene un carácter semiárido,
porque en un país semiárido como el nuestro el regadío es el elemento
más importante que tenemos para mejorar el medio ambiente. El regadío
eleva en su conjunto la biomasa del territorio donde está, consigue
nuevos equilibrios ecológicos, más ricos en flora y fauna, pero
además es el argumento más importante que se tiene para lograr que
aquellos problemas que tiene planteados el medio ambiente se puedan
ir solucionando.
Ahora mismo acaba de terminar en Buenos Aires la conferencia sobre el
cambio climático. Hemos visto el retroceso importantísimo de los
bosques, la necesidad de que no se corte ni un árbol más, la
necesidad de producir celulosa, por ejemplo, con cultivos, y la
celulosa no se produce con cultivos a nivel experimental, sino que
puede usted informarse de que en España se han hecho experiencias más
que suficientes que demuestran que podemos producir celulosa en
nuestros regadíos con cultivos a base de compuestos. Ahora bien,
habrá un diferencial de precio, pero tenemos subvenciones dentro de
la política agraria comunitaria muchísimo menos razonables que las
que tendríamos para esta clase de cultivos. Está claro que si usted
pregunta a las papeleras le van a decir que no, porque las papeleras
tienen, entre otras cosas, intereses muy importantes en bosques de
eucaliptos y de resinosas. Si el Gobierno está por proteger los
intereses de las papeleras, los bosques de eucaliptos y las
resinosas, eso es otra cuestión. Hay técnicas de investigación de
algunas empresas que le puedo citar, aunque en esta intervención no
lo voy a hacer para no hacer
publicidad, según las cuales todo el tema de agroplásticos está
prácticamente fuera del proceso de experimentación y listo para pasar
al de cultivo. Hay que tener visión de futuro. Ni en una sola
superficie de las que se riegan actualmente se está cultivando
aquello que estaba previsto. Se hacen unas rotaciones que tienen el
carácter de orientar, sobre todo para poder fijar las amortizaciones
de los canales de riego y las cuotas que tienen que pagar los
agricultores, y le hablo por experiencia directa, entre otras cosas.
Investíguelo si quiere y verá que ni siquiera en Levante.
En una política agraria comunitaria que está agonizando, puesta en
marcha la organización común de mercado, ¿esa es la filosofía que se
tiene para contingentar la superficie de regadío y decir que no vamos
a regar más? Su plan, además, es un conjunto de datos de carácter
técnico, organizados con mejor o peor fortuna, en este caso con peor
fortuna, pero no un plan, porque un plan del Gobierno tiene que tener
criterios económicos; se deben fijar -y forzosamente se tienen que
dar allí- los criterios de dimensionamiento que tiene que tener la
explotación de regadío, y lo puede usted hacer con la misma
metodología que tenemos en estos momentos en Europa. Hágalo en
unidades de dimensión económica, que es una metodología oficial y
acaba haciéndose en pesetas o en euros, y de ahí podemos sacar
después si el regadío es extensivo, semiextensivo, intensivo, cuáles
son las dimensiones que tendría que tener. Tiene usted además una
ocasión de oro para que empecemos a corregir esta singularidad
económica que tenemos en el sector agrario, que a veces nos perjudica
y nos desfasa de los otros sectores económicos. Tenga en cuenta usted
el producto interior bruto mínimo que tienen que dar los regadíos, la
dimensión económica de una explotación, para que podamos relacionarla
con otros ratios económicos, por ejemplo, por qué no, con el salario
interprofesional: qué equis salario interprofesional tiene que tener
una explotación familiar mínima de regadío para ser viable. Se
tendrían que haber contemplado los criterios que tenía el Gobierno
para orientar estas explotaciones en este sentido, cosa que tampoco
se ha hecho.
Por otro lado, las previsiones son totalmente insuficientes respecto
a aquellos regadíos -no ya los hipotéticos- que forzosamente las
administraciones tienen que terminar, es decir, aquellos regadíos que
han sido declarados de interés general de la nación, de los que se ha
hecho ya el 70, el 75 o el 50 por ciento, y tienen ustedes que tener
en cuenta que, de 446.000 hectáreas, piensan hacer, para el horizonte
2008, 96.000, es decir, 9.600 hectáreas por año. Créame que eso es un
récord en intenciones a la baja, y si el récord es en intenciones a
la baja, habrá que ver cómo será después en realidad.
Están ustedes frustrando con este plan de no regadíos los anhelos de
los agricultores españoles en un proyecto que es vital para ellos, de
los agricultores aragoneses de los Monegros, de los agricultores del
SegarraGarrigas, de los agricultores de la zona del Tábara, de la
margen izquierda del Duero, del páramo bajo, de los murcianos, de los
manchegos de la Sagra, hay un larguísimo etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le rogaría fuese concluyendo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, la señora ministra ha
estado una hora y cuarto y, aunque tengan mayoría, yo creo que la
mayoría no es tan abrumadora como para que haya tal diferencia de
trato, pero intentaré aligerar al máximo posible.
El señor PRESIDENTE: Usted conoce perfectamente el Reglamento y sabe
que las informaciones del Gobierno no figuran cuantificadas en
tiempo, mientras que las intervenciones de los grupos parlamentarios
se circunscriben a diez minutos.
El señor AMARILLO DOBLADO: No entro en discusión, señor presidente.
Quiero decirle que en su plan cree tan poca gente que ni cree su
propio Gobierno. El Grupo Popular, su propio grupo, a través de las
enmiendas 1.441 y 1.442, enmienda el Plan nacional de regadíos de una
manera muy sustanciosa, poniendo 20.000 millones de pesetas más, más
que duplicando las previsiones que ustedes tienen en el Plan nacional
de regadíos. Por tanto, poca gente cree, ni su propio grupo cree en
este plan.
No hay tal plan, realmente ustedes no tienen capacidad financiera por
errores que ustedes mismos han cometido. Usted tiene un problema
enorme de financiación y, como consecuencia de ello, no se va a
entender con las comunidades autónomas, y con eso va a tener una
justificación. No se va a entender ni con las que están gobernadas
por los socialistas ni con las que están gobernadas por ustedes, y
así va a tener el pretexto para no llevar a cabo el Plan nacional de
regadíos, porque lo que realmente no tiene es dinero. ¿Por qué no
tienen ustedes dinero? Entre otras cosas, porque hacen reformas
oportunistas, como la reforma fiscal. ¿Se da usted cuenta de que con
el 10 por ciento del dinero que dejamos de ingresar como consecuencia
de la nefasta reforma fiscal que ustedes han propuesto tendríamos
para poner en marcha el Plan nacional de regadíos?
Como no creen en él y su espíritu es la privatización, lo que sí van
a hacer, y eso lo han dicho claramente en el presupuesto, es
financiar otras cosas. No hay dinero para hacer los regadíos, pero
hay 25.000 millones de pesetas para unas sociedades de privatización
del uso del agua. Da igual que según la ley el agua sea pública, ya
lo sabemos. Lo que importa del agua es su utilización. Piensan
conseguir otros 25.000 millones de la iniciativa privada, como nos ha
dicho el señor subsecretario, y es de suponer que algún beneficio
tendrá la iniciativa privada en la utilización del agua para invertir
tan cuantiosa cantidad. Eso sí, ustedes no van a poner ni una
hectárea en regadío, pero sí van a privatizar la utilización del agua
de riego en los existentes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), que es el segundo solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señora ministra, en primer lugar, quiero
agradecer su presencia en la Comisión de Agricultura para presentar
el Plan nacional de regadíos. El tiempo es muy limitado y seguramente
todos los portavoces, incluso yo mismo, hablarían casi tanto tiempo
como la ministra sobre un tema absolutamente apasionante sobre el que
hemos tenido relativamente poco tiempo para poder profundizar. Será
difícil hacer una relectura de ese plan, en mi caso una crítica
constructiva, sólo con sus palabras y con el poco tiempo que hemos
tenido para leer estos documentos, que seguramente son sólo una parte
de los muchos que se habrán elaborado con los 1.700 millones de
pesetas, cantidad que da para muchas páginas.
Ha comenzado su intervención ligando la política de regadíos con la
política agraria comunitaria. De hecho, ha dedicado sus primeras
palabras al artículo 39 del Tratado de Roma: incrementar la
producción agrícola, garantizar un nivel de vida de la población
agraria, estabilizar mercados, garantizar la seguridad de los
abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios
razonables. En la práctica, sobre todo si se aprueba la agenda 2000,
ese artículo 39 no tendrá ninguna validez en el futuro. En este
momento la política agraria de la Unión Europea no va en la línea de
incrementar la producción agrícola ni de garantizar, por ejemplo, el
nivel de vida de los agricultores. En este momento está absolutamente
superado. Todo depende de cómo quede la ronda de Singapur y la
mundialización de los mercados. Desde luego, el horizonte será muy
diferente de lo que adelanta este estudio.
Señora ministra, se habla de una serie de parámetros, todos
interesantes; muchos de los datos sobre los regadíos en general los
podemos encontrar duplicados en el Ministerio de Medio Ambiente, en
las confederaciones hidrográficas o en las comunidades de regantes.
En cambio, se dedica poco espacio a la rentabilidad, aunque no sé si
se incluye en el trabajo que se presenta o en los 1.700 millones de
pesetas que se han dedicado a esos estudios. Si un regadío no es
rentable, nadie va a trabajar en él. Haremos la inversión y tendremos
que cerrar. Por tanto, la rentabilidad económica es básica para que
luego tenga una rentabilidad social. Me hubiese gustado que hubiesen
aparecido en este estudio análisis coste-beneficio, análisis de
viabilidad, incluso inversiones y capital circulante que se tendrá
que poner en marcha para llevar a cabo la transformación. Porque una
cosa es la modernización de los riegos, algo relativamente fácil, y
otra poner en marcha grandes zonas de regadío, que significan unas
transformaciones muy importantes. Tendremos que ver si los
agricultores van a tener capacidad suficiente de inversión y de
capital circulante para poner en marcha esos macroproyectos. Por
tanto, tendremos que estar muy pendientes para ver si, después de que
el Estado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio
Ambiente y las comunidades autónomas hagan importantes esfuerzos para
la modernización, los bancos no se quedan con las fincas una vez
transformadas. No creo que ocurra, pero hay que tener presente que
hay que hacer un esfuerzo para facilitar esos datos, sobre todo
coste-beneficio y la rentabilidad de los mismos.
Si nos ceñimos al plan que ha presentado, como usted ha dicho, tiene
tres partes absolutamente definidas. Una sería la consolidación y
mejora de los regadíos existentes. Estamos absolutamente de acuerdo
con que es la parte más importante del plan y no tendría nada que
decir. Quedan dos partes que son regadíos en ejecución y nuevos
regadíos, con las dos vertientes: regadíos sociales y regadíos
subvencionados. Si nos centramos en el capítulo primero, regadíos en
ejecución, horizonte 2008, en el breve tiempo que hemos tenido desde
la presentación uno no puede hacer un análisis, pero sí he podido ver
que esas cifras no se corresponden con la situación actual, por
ejemplo, en Cataluña, donde conozco los regadíos. No puedo hablar de
los otros, porque los desconozco. Uno tiene la sensación de que los
datos que aparecen en la página 41 no reflejan la realidad existente.
Habla, por ejemplo, del Alguerri-Balaguer y dice que serán 8.000
hectáreas de superficie pendiente en el horizonte más allá del 2008.
Pues bien, el Alguerri-Balaguer lo vamos a inaugurar en febrero. Por
tanto, algo no casa. En cuanto al Garrigas Sur, segunda etapa, habla
de una parte entre el 2005 y el 2008 y otra a partir del 2008.
También está terminado. Hay otros que les dan horizontes parecidos
cuyo nivel de ejecución es muy alto. De tal manera que, si sumamos el
regadío que tenía que estar hecho en el horizonte de 1997 y el 2008,
casi el 80 por ciento de esos regadíos están terminados. Quizá en
otras comunidades autónomas los datos se ciñan más a la realidad,
aquí no es así. Me gustaría que se pusiesen en contacto con las
comunidades autónomas para ver si se concretan esos datos. No sé si
el capítulo 1 en el resto de las propuestas es más real que en este
caso.
En cuanto a los regadíos sociales, es bueno que haya una política en
esta materia. Estaríamos de acuerdo en que los regadíos en torno a
las 2.500 hectáreas sirvan de polos de desarrollo, pero también
tenemos que hacer una crítica, y es la siguiente. Hay una propuesta
de 106.000 hectáreas de regadíos sociales, de las cuales 34.000 están
definidas en una serie de proyectos situados en diferentes
comunidades autónomas, y quedan 72.000 hectáreas adjudicadas a
comunidades autónomas en las que no están definidos los proyectos a
realizar. A partir de ahí me surge una pregunta; qué criterios se han
utilizado para redistribuir esos regadíos sociales, porque si hay
unos criterios serán para una zona determinada. Si no hemos
determinado la zona, por qué se le adjudican 25.000 hectáreas a una
comunidad autónoma o 19.500 a otra, sin saber exactamente en qué
sitios y con qué criterios se han aplicado. Por tanto, sería bueno
que se conociesen también los mecanismos. Piensen que de las 106.000
hectáreas, según los datos que usted nos ha dado, hay 72.000 cuya
ubicación no está definida. Se dice en qué comunidad autónoma pero no
se dice en qué zona. Por tanto, el 70 por ciento no se sabe
exactamente dónde se ubicará.
Por otro lado, habla usted de los cultivos COP, de la creación de
nuevos regadíos y dentro de estos de los de carácter social, pero nos
faltan los cultivos contingentados. Este es un tema un poco
complicado, porque en este momento las grandes producciones españolas
están contingentadas;nos quedarían, grosso modo, las verduras y las
hortalizas, los frutales frescos, quizá la viña y el
olivo. Nosotros estamos a favor de que haya una política de
ampliación de regadíos, pero, señora ministra, si no ampliamos la
contingentación tendremos que analizar muy bien qué hacemos. Nos
gustaría saber qué mecanismos ha previsto el Ministerio para que
luego se cumpla eso, porque podemos crear un enfrentamiento de
intereses entre productores de un mismo sector. Imagínese ahora
algunos regadíos del centro del Estado español. He leído en el Plan
hidrográfico de algunas cuencas, donde se han hecho importantes
inversiones, que el nivel de sal sódica es altísimo y, por tanto,
tienen muchos problemas. ¿Qué cultivos se pueden hacer en regadíos
donde la concentración de sal en forma sódica es importantísima? Pues
a lo mejor, si tienen mucha suerte, un poco de cebada o arroz. El
arroz está contingentado y la cebada también. Por tanto, yo creo que
se tenía que haber dedicado un espacio importante a ver eso. En
cuanto a los efectos medioambientales, ¿qué pasa con la entrada en
regadío de grandes zonas que sabemos que tienen grandes
concentraciones en sales? ¿Qué pasará con esas aguas que a través del
riego servirán para llenar los depósitos subterráneos de agua que
aparecerán en otras zonas donde, por ejemplo, se extrae por medio de
pozos? Llegarán cantidades importantes de aguas contaminadas con
grandes cantidades de sal. ¿Se han tenido en cuenta esos temas?
Yo entiendo, señora ministra, que las comunidades autónomas tienen la
obligación de esforzarse para modernizar todo su territorio. Por
tanto, saludo el esfuerzo que tienen que hacer cada una de las
comunidades autónomas para tener la agricultura más potente. En todo
caso, el Ministerio tendrá que hacer las cuentas bien hechas, para
ver si realmente sus inversiones van dirigidas a regadíos rentables,
también desde el punto de vista social, y viables.
El señor PRESIDENTE: Señor Companys, le rogaría que fuese
concluyendo.
El señor COMPANYS SANFELIU: Sí, pero es que no he tenido tiempo de
decir nada. Señor presidente, puedo terminar ahora mismo, pero en
todo caso me he quedado con el 20 por ciento de las ideas que tenía.
He apuntado cuatro ideas que me parecen importantes.
Yo entiendo que la comunidad autónoma pueda hacer una inversión
pensando que es buena para su territorio, pero el Ministerio tiene
que hacer una inversión pensando que es buena para el conjunto, para
la aplicación de la PAC y para que los efectos, sobre todo de
carácter medioambiental, sean los mínimos posibles.
Intentaré terminar lo antes posible, aunque es complicado. Usted ha
comparado el Plan nacional de regadíos horizonte 2005 con el 2008, y
es cierto que hay algunas hectáreas más que en el 2005, pero hay
menos dinero. Por tanto, aquí alguna cosa falla: o se han abaratado
las transformaciones o a lo mejor no he tomado yo bien los números.
En todo caso, he tenido la oportunidad de encontrar un plan de
regadíos que se presentó aquí en febrero de 1996, con inversiones
para el horizonte 2005, que hablaba de 605.000 millones, comunidades
autónomas- Estado, y en el 2008, con más hectáreas, se habla sólo de
467.000 millones Estado-comunidades autónomas.
Lo cierto es que bajan las inversiones en modernización y crecen en
nuevos regadíos. A mi entender, ése es el cambio que se hace. Es un
tema que podríamos analizar, si es mejor continuar invirtiendo en
nuevos regadíos o frenar la inversión en nuevos regadíos. La
digerencia importante del proyecto 2005 que está en vigor con
respecto al del 2008 es básicamente que baja la inversión en
modernización y sube la inversión en nuevos regadíos y, al final, se
ponen más hectáreas en regadío y además se hace con menos dinero. Por
tanto, es una operación algebraica un poco complicada, veremos si
todos somos capaces de encontrar la solución más adecuada.
Para terminar, señor ministra, porque el presidente me está
insistiendo en este tema, quiero resaltar tres cosas. Creo que es
importante que quede claro que el tema no está cerrado y, por tanto,
que se pueden hacer aportaciones -yo creo que sería una buena
noticia, señora ministra-; aportaciones desde el punto de vista
estrictamente constructivo y que no sirvan para desequilibrar los
presupuestos, sino que sean viables. El Plan nacional de regadíos se
apoya teóricamente sobre la PAC, pero hay un tema que me hace
reflexionar que es el siguiente. A cualquier plan de regadíos, como
mínimo, hay que darle una vida de 50 años, que es el período de
amortización. En este momento, en catorce años hemos cambiado tres
veces la política agraria comunitaria. Por tanto, es muy difícil
hacer un plan de regadíos -y le entiendo perfectamente- pivotando
sobre una política agraria comunitaria que los está cambiando tres
veces cada catorce años.
Otro tema que me parece muy importante son los mecanismos que piensa
poner en marcha el Ministerio partiendo de que el agricultor tiene la
obligación de hacer aquellos cultivos, primero, que le sean rentables
y, segundo, que se ajusten a las condiciones agroambientales y a las
condiciones físico-químicas del terreno, por lo que el agricultor no
podrá escoger el cultivo a hacer; qué va a hacer el Ministerio ante
esta posición clara del agricultor (ganarse la vida y hacer aquello
que, desde el punto de vista ambiental y en función de las
características físico-químicas del terreno, puede hacer, que
realmente es limitado) para que eso no vaya en contra de la política
agraria comunitaria.
Me gustaría conocer dos temas que me parecen importantes. Por un
lado, los resultados de los estudios de viabilidad económica de los
regadíos en que participa el MAPA, sobre todo de los nuevos regadíos,
no tanto de las inversiones en los existentes, que eso yo creo que no
hace falta, como de los nuevos regadíos, incluyendo los regadíos
sociales, los análisis coste/beneficio de los proyectos y viabilidad
de los mismos. Se está gastando un dinero que es de todos y, por
tanto, tenemos que saber si realmente están bien enfocados. También
me gustaría conocer la inversión en nuevos regadíos con cargo al
Ministerio que se ha hecho, por ejemplo, desde el año 1996 hasta
ahora y qué proyectos se han beneficiado en este período.
Le quiero hacer una última pregunta como diputado que soy de Lérida.
El Segarra-Garrigues es un regadío de interés nacional. Así lo aprobó
el Congreso de los Diputados. Leeremos en todo caso las actas si
usted dice que
no. He visto que aparecía a partir del horizonte 2008, y me gustaría
saber qué piensa usted de ese plan de regadíos.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto, tercer solicitante
de la comparecencia, se ha repartido los tiempos. En primer lugar,
tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Iniciativa per Catalunya-Els Verds
solicitó la comparecencia de la señora ministra para que nos
informara sobre el Plan nacional de regadíos, y la verdad es que
pedimos a la Comisión de Agricultura que nos aportara este borrador
con unos días de antelación. Vale la pena llegar con los deberes
hechos y con la chuleta un poco estudiada, porque si no después no
tienes la capacidad de incidir en todas la cuestiones. Por tanto,
señora ministra, esta es quizá una primera aproximación al tema. Yo
no sé si será usted misma o algún alto cargo de su Ministerio
competente en la materia quien tendrá que venir dentro de unos días
para poder profundizar más en lo que hoy se nos plantea.
Recuerdo muy bien cuando el Partido Socialista, después de insistirle
mucho, presentó al final de la última legislatura en que tuvo las
competencias de Gobierno el Plan nacional de regadíos y recuerdo, a
título anecdótico, que estuvimos batallando sobre este asunto con la
señora ministra. He echado en falta agilidad por parte del Gobierno
porque ha tardado tres años en presentar el nuevo Plan nacional de
regadíos cuando, además, no se partía de cero, ya que había uno
presentado por el Partido Socialista que costó unos 3.000 millones de
pesetas. Ahora nos hemos tenido que gastar otros 1.700 millones (La
señora ministra: Cero.) Me alegro muchísimo de que el coste haya sido
cero, pero no ha sido así en tiempo porque han tardado tres años en
presentar dicho plan y tampoco está sincronizado con lo que dicta el
sentido común. Tendríamos que haber visto el Plan nacional de
regadíos dentro de un plan hidrológico y entonces hubiéramos tenido
una visión de conjunto de lo que va a ser la política de aguas en los
futuros años y a partir del 2001.
Señora ministra, de forma amable quiero decirle que parece que ha
venido aquí como el tío Paco con la rebaja. El compañero de
Convergència i Unió ha dicho que si comparamos los dos documentos, el
de 1996 y el de ahora, veremos que hay una reducción clara en las
inversiones. En relación al contenido, tendremos que estudiarlo. Me
parecen importantes las transformaciones y mejoras, es importante
mejorar la red, se está perdiendo mucha agua y es un bien escaso y da
vergüenza que estemos con unas redes tan antiguas y que pierdan
tanto.
Este plan es insuficiente y el ritmo es muy lento, sobre todo, si
tenemos como objetivo la fijación de la población en el territorio.
Si pensamos en determinadas zonas cuyo plan de regadíos fue
considerado de interés nacional en 1985, como el Monegros II, el
hecho de que este Plan nacional de regadíos se posponga hasta el año
2008, señora ministra, significa que va a llegar tarde para muchas
zonas. Quisiera que me aclarara cómo va a quedar esta parte de
Monegros II en lo que afecta a las poblaciones de Ballobar, Ontiñena
y Fraga, pues en junio se
prometió que habría una partida de 7.300 millones de pesetas para
materializar en un año y no he podido encontrarlos en la ley de
presupuestos.
Me ha parecido un poco preocupante la intervención del diputado don
Ramón Companys, de Convergència i Unió, sobre los problemas
relacionados con las contingentaciones de la PAC, con la modificación
de la política agraria comunitaria, porque en Cataluña tenemos 50.000
hectáreas para poner en regadío y debería ser una cuestión ya
estudiada por parte de un diputado que está en tareas de gobierno en
la comunidad autónoma, por lo menos en lo que respecta a nuestra
comunidad autónoma. Tengo la impresión de que al final se está
jugando en procesos electorales, prometiendo el oro y el moro en
materia de regadíos, y no se puede seguir jugando con la situación de
unos regantes expectantes desde hace muchos años; han esperado tanto
que hay algunos que han muerto y otros tienen sesenta y pico años,
están a punto de jubilarse y no tienen relevo.
En cuanto a las contingentaciones, tendremos que hablar de su
modulación. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en la Comunidad de
Aragón con que en la zona de Monegros -voy a ser demagógica, tengo
ganas hoy porque me he levantado muy pronto (risas)-, los
terratenientes y los caciques están regando desde hace mucho tiempo.
Ahora diremos que en la PAC no hay contingente suficiente y nos
preguntaremos qué va a pasar con la zona que queda todavía por regar,
serán cultivos excedentarios o no, tendrán posibilidades de hacer
producciones que tengan salida en el mercado o no. A ver si no
defraudamos las expectativas de mucha gente que hace mucho tiempo que
lo está esperando. Concretamente, Monegros II está declarado de
interés nacional desde 1985.
Quisiera decirle otra cosa, señora ministra, el Segarra- Garrigues es
una obra de interés general. Fue aprobada en el Congreso de los
Diputados y declarada obra de interés general, y así fue votada por
su grupo parlamentario, conjuntamente con Convergència i Unió, a raíz
de una propuesta de Iniciativa per Catalunya que en aquel momento iba
con Izquierda Unida. No acabo de entender por qué arte de birlibirlo
que esta obra, que es de interés general, no va a tener una
financiación al cien por cien, porque he estado viendo aquí todas las
obras de interés social y general y todas tienen una financiación
total. Cuando fui a ver qué significa el canal Segarra-Garrigues
comprobé que no tiene dotación, ya lo olvidaron cuando hicieron su
presentación y ahora consta, pero cuando ustedes dicen lo que quieren
hacer, el canal Segarra- Garrigues no tiene dotación porque se
entiende que tiene que hacerlo la comunidad autónoma y, por tanto, la
financiación correspondería al Ministerio de Medio Ambiente. Como hay
tanto lío con el canal SegarraGarrigues, me gustaría que pudiéramos
sentarnos en serio y dijésemos cuál es el compromiso estatal, hasta
dónde llega, qué va a hacer y después qué va a hacer la comunidad
autónoma conjuntamente con los regantes.
Hay actuaciones importantes en materia de aprovechamiento de regadíos
que están muy consolidados como es el canal Aragón y Cataluña. Me
parece bien que hayan decidido hacer la presa de Santaliestra,
estamos a favor
de que se haga, queremos que se haga en condiciones y haya una
compensación para los afectados por la construcción de la misma;
queremos una compensación para la comarca y queremos que no suceda lo
que está pasando con Rialp. Ya sé que no es de su competencia, pero
va todo muy ligado.
Resulta que, cuando se adquieren compromisos, se dice que se harán
actuaciones en paralelo para compensar a los afectados por políticas
de regadíos. Yo creo que la política de regadíos no está desfasada.
Tendremos que hacer los estudios de rentabilidad, pero no con lo que
tenemos solamente ahora, sino con lo que seamos capaces de proponer e
incidiendo en la política agraria comunitaria. Hay muchos sectores,
usted lo ha dicho. La industria agroalimentaria ahora representa el
20 por ciento, pero piense que es todavía muy incipiente y podremos
hacer mucho más. He visto el porcentaje de incidencia de las
producciones ecológicas en lo que le deja de renta al agricultor y
estamos en política cero en lo que se refiere a producciones
ecológicas, a producciones de biomasa. Hay muchas salidas, además
-usted lo sabe-, el agua para el mundo rural significa la vida, tiene
mucha incidencia sobre otros sectores económicos y sobre la
diversificación de las actividades agrarias. Por tanto, seamos
serios, miremos rentabilidades, pero que eso no vaya a ser una excusa
para posponer obras que han sido prometidas por gobiernos centrales y
autonómicos desde hace más de treinta años; no se acaba de decir que
eso no se va a hacer cuando se vuelve a decir otra vez que se va
a hacer y, al final, resulta que queda la duda de si es una política de
aparador.
En relación con los 25.000 millones de pesetas de este año, señora
ministra, no sé por qué están en los presupuestos de este año. No lo
entiendo. Por lo que usted hadicho, esos 25.000 millones para las
sociedades mixtas van a tener una subvención del 30 por ciento por
parte del Estado, además van a obtener una cofinanciación de la Unión
Europea y quiero que me diga sí o no. Sino serán operativos hasta el
año 2000, con lo cual dudo de que esos 25.000 millones de pesetas se
vayan a gastar este año, aunque están engrosando ya el presupuesto de
agricultura e incrementando el porcentaje correspondiente al
crecimiento del presupuesto del mismo.
Concluyo. Quisiera una política seria en materia de regadíos; me
gustaría que los grupos parlamentarios tuviésemos la oportunidad de
estudiar esto a fondo; que se aporten los datos de rentabilidad
económica; que con esos datos podamos hablar de una política real de
regadíos,pero no con lo que tenemos ahora sino con las posibilidades
y potencialidades que todavía no tenemos exploradas ni puestas en
marcha. (El señor Companys Sanfeliu pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a terminar con la intervención del Grupo
Mixto y luego le daré la palabra.
El señor COMPANYS SANFELIU: Es por una alusión personal, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Primero vamos a finalizar el turno de
intervenciones del Grupo Parlamentario
Mixto. Cuando concluya el señor Madero, le daremos la palabra para
que pueda responder a esa alusión que se le ha hecho. Aunque, si
prefiere hablar ahora, tiene la palabra por dos minutos de tiempo.
El señor COMPANYS SANFELIU: No voy a utilizar dos minutos, solamente
veinte segundos.
Quiero decir que el proyecto que está encima de la mesa dedica más
del 50 por ciento a hablar de la política agraria comunitaria. Yo he
hecho una reflexión sobre esta contradicción. He dicho -y eso sí que
no se ha repetido- que estaba de acuerdo en que las comunidades
autónomas tienen la obligación de promover regadíos y el Estado de
ayudar a aquellos que son viables. Eso es lo que he dicho. Lo que no
quiero es que se saque de contexto mi intervención. No obstante, hay
una contradicción encima de la mesa. Del plan que se nos ha
presentado más del 50 por ciento se dedica a la política agraria
comunitaria; los cultivos que más subvención tienen son los que están
contingentados y en algunos de ellos se tenían que hacer los nuevos
regadíos. Esa es la reflexión que yo hacía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys, por su
precisión. Que conste en acta esta intervención.
Tiene la palabra el señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto,
Unió Valenciana, para que brevemente haga las preguntas que considere
oportunas.
El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero agradecer la
información -más vale tarde que nunca- que hemos recibido en el
documento que se nos ha presentado en el día de hoy. Teníamos
conocimiento de otros temas relacionados con el Plan nacional de
regadíos por otros canales de información.
He de hacer una primera valoración en relación a que afortunadamente
el documento no está cerrado, es un avance, es un borrador. Nos
gustaría que hubiera una nueva sesión monográfica sobre el Plan
nacional de regadíos, pero contrastado y en clara y rotunda
coordinación con el Plan hidrológico nacional, porque está
íntimamente ligado y sería muy importante que las dudas que aquí se
detecten pudiéramos valorarlas teniendo los dos documentos en la
mano, aunque fuera a nivel de borrador, para poder ver la viabilidad,
el futuro y la posibilidad de que se hagan realidad esas actuaciones
de cara al horizonte del 2008, como se establece en este borrador de
Plan nacional de regadíos.
Quiero poner encima de la mesa ciertas dudas de Unió Valenciana
respecto a los objetivos de este Plan nacional de regadíos. Como ha
apuntado el compañero diputado del Grupo Catalán (Convergència i
Unió), hay ciertas contradicciones. En este Plan nacional de
regadíos, que es un documento remitido recientemente sobre política
y directrices, se analizan diferentes factores tanto agroclimáticos
como de agua, población, política de la PAC, que no hay que olvidar,
el GATT, etcétera. Con ello se llega a una serie de objetivos que en
líneas generales parecen correctos, ya que por orden de prioridad
define la consolidación y mejora de los regadíos y, en un segundo
estadio, los nuevos regadíos. Aquí es donde nosotros vemos la
primera gran contradicción. Si primero está la consolidación y la
mejora de los regadíos, por su rentabilidad y viabilidad económica,
mirando de cerca los objetivos de la PAC de incrementar la
productividad y la competitividad, entra en contradicción con los
nuevos regadíos: cuál es su viabilidad, si son o no excedentarios,
incluso si alguno de ellos es antieconómico. Por tanto, desde la
óptica de la Comunidad Valenciana valoramos que un tercio del regadío
actual está catalogado como infradotado y en esta valoración las
propias fuentes de la Consellería de Agricultura coinciden con lo que
aparece en este documento. Si las acequias en tierra y conducciones
en mal estado de la Comunidad Valenciana suponen prácticamente
113.000 hectáreas del total de las existentes, que son 350.000,
estamos hablando de un tercio que debiera ser actuación prioritaria
por la consolidación y mejora de unos regadíos que han demostrado a
lo largo de los años su viabilidad, su rentabilidad, su esfuerzo por
la competitividad y unas producciones que son rentables para la
economía del Estado. Por tanto, si el objetivo prioritario debe ser
la consolidación y la mejora, pensamos que hay ciertas
contradicciones respecto a los nuevos regadíos, llámeseles como se
les llame, sociales o de otro tipo.
Pensamos que se debería profundizar más en el estudio de este
documento, deberían redefinirse las actuaciones concretas y en un
nuevo debate, en un nuevo estudio en profundidad, cambiar algunas de
las políticas que se marcan como objetivos en este Plan nacional de
regadíos, porque no podríamos marcarnos un objetivo que sería vestir
a un santo desvistiendo a otro. Lo prioritario debe ser la mejora de
los regadíos y su consolidación, mirando la rentabilidad, la
competitividad, la viabilidad económica que puede ser puesta en
entredicho si algunas de las actuaciones que aquí se plasman llegan a
buen puerto. ¿Qué podría ser del regadío histórico de la Comunidad
Valenciana, que ha sido viable, rentable, productivo y competitivo,
si con las previsiones de este Plan nacional de regadíos se ponen en
marcha miles y miles de hectáreas en el Estado español que pueden
incidir directamente en la pervivencia de dicho regadío? Podríamos
citar Aragón, Castilla-La Mancha, etcétera, donde se establecen
nuevos regadíos que directamente pueden poner en peligro el futuro y
la viabilidad de los regadíos consolidados de la Comunidad
Valenciana.
Las dudas también aparecen en la financiación porque en el sector de
frutas y hortalizas, con el regadío histórico de la Comunidad
Valenciana -rentable y viable, no me cansaré de repetirlo-, se pide
ahora un esfuerzo prácticamente del 50 por ciento a los agricultores,
y no sé si hoy por hoy podrán asumir ese coste adicional para la
modernización de sus regadíos y para la consolidación y mejora de los
mismos. Pero es que, además, en la financiación hay ciertas dudas.
¿Por qué no se incluyen comarcas del interior de la Comunidad
Valenciana en regadíos de interés social? Es cierto que la Comunidad
Valenciana no ha pedido nuevos regadíos porque el objetivo
prioritario es el que hemos citado, la consolidación y la mejora de
los regadíos. Sería un contrasentido que laComunidad Valenciana
pidiera nuevos regadíos, pero sí
pide sensatez, sentido común, estudios claros y rotundos que valoren
la rentabilidad y la viabilidad y que no choque con los objetivos de
la PAC la puesta en marcha de nuevos regadíos que pueden poner en
peligro, repito, el regadío consolidado, viable y productivo de la
Comunidad Valenciana en productos que no están contingentados,
productos en lo que hoy por hoy no hay -esperemos que no los haya-
controles exhaustivos, por ejemplo las frutas y hortalizas, de la
Unión Europea en cuanto a su producción.
Hay que disipar algunas de las dudas que aquí aparecen en cuanto a
los objetivos y sobre todo aclarar en materia de financiación si el
agricultor, en este caso la Comunidad Valenciana, puede hacerse cargo
del 50 por ciento de la consolidación y mejora de los regadíos. Creo
que hay que hacer un esfuerzo en la consolidación y mejora de los
regadíos, ver cuáles son los canales de financiación y hasta dónde
puede llegar el agricultor valenciano, y sobre todo que en los nuevos
regadíos tengamos muy en cuenta su viabilidad, si son productos
excedentarios, si choca con los objetivos de la PAC, porque podemos
encontrarnos con que queremos hacer unas inversiones muy fuertes de
cara al 2008 que pueden poner en peligro el regadío histórico de la
Comunidad Valenciana, sobre todo en frutas y hortalizas, que aporta
a las arcas del Estado una rentabilidad.
Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad y por su
condescendencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la
palabra su portavoz, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Seré breve, señor presidente. Quiero
comenzar agradeciendo a nuestra ministra de Agricultura, doña Loyola
de Palacio, la información que nos ha traído hoy aquí. Comienzo por
decir que la juzgo por lo que ella misma ha dicho, es decir, que es
el borrador de un plan. Desde ese punto de vista voy a hacer mis
observaciones.
En primer lugar, conocer ya un borrador nos va a permitir disponer de
un tiempo hasta que se vayan consolidando las propuestas que el mismo
contiene, sobre todo en coordinación -como bien ha señalado la
ministra de Agricultura- con el Plan hidrológico nacional y
consecuentemente con el Ministerio de Medio Ambiente. Señora
ministra, en la página 5 del documento que se nos ha entregado, el
punto 1.2, política agraria común y planificación hidrológica, viene
a situar el fondo del problema jurídico que siempre hemos tenido en
España, antes incluso de la vigente Ley de Aguas de agosto de 1985,
que es la coordinación entre el órgano competente en 1985, el
entonces Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, y los organismos ejecutores del
Ministerio de Agricultura, que se encontraban situados
fundamentalmente en el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario y en
las direcciones generales de producción agraria. En ese triángulo
había que articular la obra en cabecera con el recurso hidráulico
correspondiente y la infraestructura del regadío condicionada a la
política agraria. Esto siempre me ha llevado a desear que fuera el
Ministerio de Agricultura el que
tutelase y coordinase prioritariamente esta unificación. Por parte de
este diputado tendrá siempre, señora ministra, todo el apoyo en
cualquier iniciativa que tome, que no es un prurito competencial
interministerial, sino una racionalización de la política del regadío
coordinada con el recurso hidráulico de que se disponga, sea quien
sea el que tenga que ejecutar la obra de cabecera, y con las
direcciones generales de la producción agraria, que son las que
tienen que ordenar la disciplina de producciones y cultivos en este
tema. Hecha esta declaración de principios, que para el Ministerio de
Agricultura pueden ser ásperas y difíciles desde una perspectiva
gubernamental, porque a veces defender la racionalidad significa un
choque de competencias, tengo que decir también que para mi grupo
está claro que es el Ministerio de Agricultura el que tiene que tomar
estas decisiones, por supuesto, equilibradas en cuanto a la relación
de la política de producciones agropecuarias españolas con los
condicionamientos de la Unión Europea.
Para centrarme, porque quiero ser breve, como he dicho, en el área de
Canarias, he de decir que en las conversaciones que vengo sosteniendo
con el Gobierno de Canarias, concretamente con los responsables de
las infraestructuras de equipamiento hidráulico, con la Consejería de
Obras Públicas y con la Consejería de Agricultura, veo que el diálogo
está muy abierto con el Ministerio y que se puede hacer una gran
labor. Como bien sabe la señora ministra, las competencias de la
comunidad autónoma en cuanto a regadío se dejaron al Estado por los
altos costes de inversiones en infraestructuras y por la situación
específica canaria de tener que recurrir fundamentalmente a aguas
subterráneas y ahora, por la nueva política de recursos, al agua
procedente de las depuradoras de aguas residuales de uso urbano o
humano.
A mí me parece que las cifras que se dan en el informe tienen el
rigor de la sensatez y de la racionalidad. Me refiero a las 4.500
hectáreas que se destinan en Canarias a regadíos sociales, que creo
que es una buena actuación, como también creo que es una buena
política dedicar más de las 1.500 hectáreas que antes teníamos para
aguas residuales. También tengo que decir que nuestro Gobierno
autónomo no tiene en este momento ningún contencioso de entendimiento
con su departamento, sino todo lo contrario, señora ministra, lo que
me congratula, y que me parece perfectamente admisible la oferta de
cofinanciación al 50 por ciento. También me congratula que en el
borrador que hoy nos trae la señora ministra se plantee la
colaboración y cooperación con la Comunidad Autónoma de Canarias para
conseguir, primero, potenciar el recurso hidráulico tanto en obras de
infraestructura para construcción de balsas fundamentalmente, como
conoce la señora ministra, y para la red de distribución, y segundo,
potenciar el uso de las aguas residuales con fines agrícolas. En
relación con el plátano hay que tener cuidado de que por el uso de un
recurso hidráulico, dada la demanda de agua de la platanera, no nos
pasemos de la cifra del contingente de producción que tenemos, como
advirtió la señora ministra en su última visita al Archipiélago. Esto
requiere, por tanto, que haya una toma de conciencia por parte de los
agricultores canarios respecto a que no hay que pedir la función
policial del Estado para
recortar la producción, sino que hay que plantear que se mojen las
organizaciones agrarias canarias en el sector del plátano,
cooperativas fundamentalmente, con la Consejería de Agricultura y con
las consejerías que puedan tener que ver con esta delicada cuestión.
Además, hay que pedir que, ante la situación que nos quieren plantear
los norteamericanos en la organización común de mercado y la denuncia
de los acuerdos que había tomado la Unión Europea para su entrada en
vigor el 1 de enero de 1999, nadie tenga la tentación de utilizar con
el plan que hoy se presenta aquí un recurso hidráulico para regar
nuevas extensiones de producción de plátanos, lo que nos llevaría,
por supuesto, a una situación muy perjudicial en este sector.
Esto es lo que tenía que decir, señor presidente, además de
manifestar a la señora ministra que tiene nuestra colaboración
respecto a este documento, que consideramos de trabajo, para ajustar
las cifras, las anualidades, las hectáreas, los recursos hidráulicos
y sobre todo la política de disciplina de producciones. Creo que esta
es la primera vez que se trae aquí un borrador, no un documento
cerrado ni definitivo, lo que nos va a permitir colaborar a todos,
sobre todo en el área de Canarias, de la que puedo opinar con mayor
conocimiento de causa, para que el plan alcance la finalidad que nos
ha planteado la señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene la palabra su portavoz el señor Centella.
El señor CENTELLAGÓMEZ: Intervengo con brevedad, señora ministra, y
permítame que después de la experiencia del anterior Gobierno empiece
preguntándome si la presentación de este plan, tan poco concreto y
tan poco definido, no se debe a que ustedes hayan decidido adelantar
las elecciones y quieran llegar a ellas con este deber, si no hecho,
al menos presentado. Creo que el plan se podía haber hecho más en
profundidad, pero han decidido presentarlo en este momento y ustedes
sabrán por qué.
Como decía, no voy a consumir el tiempo porque tengo la sensación de
haber asistido a una conferencia de la ministra, con filminas
incluidas, pero que no estamos ante un verdadero debate
parlamentario. Con todo, hemos asistido con interés a su explicación
y le repito que, como han indicado otros grupos, el debate hubiera
sido diferente de haber podido disponer con anterioridad, como ha
ocurrido otros debates relacionados con otros departamentos, del
documento que se ha repartido a otras organizaciones y que se podía
haber repartido con tiempo a los grupos parlamentarios. De esa manera
usted se podía haber ahorrado bastante tiempo en su explicación, ya
que hubiese bastado una descripción meramente descriptiva de datos y
nosotros hubiésemos podido hacer una intervención con algo más de
profundidad. En todo caso le plantearé algunas cuestiones, eso sí,
desde la perspectiva, que también se ha recalcado por otros grupos,
de que hoy no estamos asistiendo a un mero trámite sino al inicio de
un debate para el que habrá que ver qué método se utiliza, porque no
sería normal que después de
haber hecho usted esta presentación, la primera vez que se viniera a
hablar de esta cuestión a esta Cámara fuera cuando el plan estuviera
ya terminado. Por ello sería importante que se definiese bien la
fórmula para que, en reuniones de trabajo, en las que los grupos
parlamentarios pudiésemos aportar nuestras iniciativas y trabajar
para conseguir el consenso más amplio posible sobre el documento.
Nosotros partimos de la necesidad de contar con un plan nacional de
regadíos que sea asumido por todos. Creemos que tenemos posibilidades
de aprovechar mejor los recursos que tenemos y de producir más, y nos
ha parecido que usted ha manifestado bastante resignación. Nosotros
creemos que hay que seguir manteniendo una determinada lucha y no
resignarnos, y su tono nos ha parecido demasiado resignado en
comparación con lo que ha manifestado en otras ocasiones sobre esta
cuestión. Lo que tenemos que decirle en primer lugar es que no nos
parece que el borrador de plan que nos presenta vaya a ser un
instrumento útil para primar el asentamiento y la modernización de
las explotaciones que más lo necesitan, y no lo creemos porque no
hemos visto en qué bases se va a sustentar para alcanzar estos
objetivos y, sobre todo, porque no hemos visto con claridad por su
explicación cómo se va a arbitrar el apoyo a la explotación familiar,
a las explotaciones pequeñas y medianas. Usted no nos ha dado más que
una explicación descriptiva de objetivos y tenemos muchas dudas en
cuanto a cómo se va a plasmar su consecución. Usted ha hablado de
consenso y yo le decía que el método iniciado no es el mejor para
alcanzarlo. El consenso no puede ser una frase hecha sino un
compromiso demostrado en la forma de trabajar. Por tanto, volvemos a
afirmar nuestra voluntad de participar, pero se nos tiene que dar la
ocasión de hacerlo, y no con meros trámites sino con reuniones de
trabajo y en foros en los que de verdad se puedan hacer aportaciones
que luego se vean reflejadas en el documento final. No sé si de aquí
debe salir el compromiso de su departamento de volver a esta Cámara,
bien sea usted la que comparezca o algún otro alto cargo de su
Ministerio, pero repito que sería muy grave que la próxima vez que
volvamos a hablar de este tema fuera cuando se nos venga a presentar
el plan definitivamente terminado.
Nosotros creemos en la importancia de los regadíos y que, aunque haya
que matizarlo, el agua sigue siendo muy importante en el medio rural.
Pero, si no va acompañado de los recursos hidráulicos estamos
creando, como se ha hecho en otros tiempos, falsas expectativas que
luego no solamente no se corresponden con la realidad, sino que
pueden llevar a la ruina o provocar graves problemas en la medida en
que no garantizamos los recursos hidráulicos para hoy ni para mañana.
Por tanto, ese plan hidrológico, al igual que la consideración de que
ahora estamos en un buen momento en cuanto a recursos hidráulicos,
por desgracia no va a ser así siempre. Hoy se puede ser mucho más
alegre en cuanto al plan de regadíos que cuando se presentó por el
anterior Gobierno, pero tiene que ir siempre acompañado de una
planificación de los recursos para el futuro.
Lo que más nos ha preocupado de las notas que hemos tomado es la
financiación. Nosotros creemos que
es uno de los temas fundamentales junto con el de los recursos. No
hemos oído -no sabemos si es que no existe- una valoración de la
estructura económico-social del mundo rural para evaluar cómo los
agricultores pueden acometer la financiación de las actuaciones que
se plantean. Un plan que va a ser cofinanciado tiene que partir no ya
del consenso, sino de la posibilidad de obligación para las dos
partes. En ese sentido, si no hay esa valoración de la estructura
(nosotros creemos que incluso se debe plantear una modulación de la
participación pública en base a la renta de los agricultores),
estaremos hablando de algo que puede acabar muy desequilibrado
porque, al final, quien no pueda acometer la parte que le corresponda
no podrá acceder al plan. Por eso creemos que hay que profundizar más
(de ahí que yo hablase antes de necesidad de marcar prioridades, no
sólo de escribir un plan, que eso es en definitiva gobernar) en la
financiación, discutir cómo se hace y, sobre todo, cómo evitar que
las explotaciones familiares queden marginadas por la falta de
capacidad.
Esto es lo que nosotros planteamos muy brevemente y de primera mano.
Al final, si hoy conseguimos que se defina ese marco de participación
algo habremos avanzado y, si no, lo que habremos hecho será frustrar
una vez más las expectativas, porque realmente -y eso sí lo tiene
usted que tener en cuenta cuando hable de ello- estamos ante un tema
que despierta una gran sensibilidad y en el cual están en juego
muchos puestos de trabajo, la vida de muchas personas, por lo que
cualquier cosa que se diga debe huir de la demagogia, del
electoralismo, y ser muy responsable. Le llamo la atención para que
entre todos podamos alcanzar unas buenas perspectivas para nuestra
agricultura. Usted ha dado los datos, pero la realidad es que este
país debe seguir mirando por la agricultura, no tiene más remedio que
hacerlo, porque de este plan de regadíos va a depender en gran parte
nuestro futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En nombre del Grupo Popular, quiero agradecer
la presencia de la señora ministra de Agricultura en la Comisión para
explicar en profundidad y de manera extensa, como así lo ha hecho, el
borrador del Plan nacional de regadíos. El Grupo Popular ha entendido
perfectamente las líneas generales que orientan este magnífico
trabajo, que, más allá de lo que incluso el Reglamento de la Cámara
pide al Ejecutivo, por parte de la señora ministra se ha presentado
de manera -repito- extensa y en profundidad.
La primera duda que surge a este portavoz, señor presidente, me la
tiene S.S. que aclarar. Cuando aquí se dice que se ha cometido un
desprecio con esta Cámara, mi grupo lo niega puesto que el Grupo
Popular no tiene conocimiento de que la Mesa de la Comisión haya
pedido al Ministerio que enviara con anticipación el citado
documento; que yo sepa la Mesa no lo ha pedido. Si estoy en un error,
ruego al señor presidente que me rectifique, pero estoy absolutamente
seguro de que no se ha producido, porque este portavoz debería tener
conocimiento
al menos de que desde la Mesa se ha pedido al Ministerio que
se enviara con anticipación el documento. En todo caso, como decía el
aforismo clásico, sic transit gloria mundi. Es igual, señora
ministra. Si usted lo envía con una semana de anticipación es igual,
al final aquí se van a oír las mismas palabras; como el otro día en
la reunión de Mesa y portavoces algunos decíamos, sabemos lo que va a
decir cada cual. Lo que no pensaba este portavoz es que se podían oír
insensateces como la de que el Ministerio y el Gobierno desprecian a
esta Cámara, cuando se dice que es un borrador bastante maduro y
matizado y, en todo caso, abierto a sugerencias y a aportaciones
positivas. Le aseguro, señora ministra, que nuestro grupo, el Grupo
Popular, su grupo hará en su momento esas sugerencias y aportaciones,
una vez tengamos el documento y hayamos oído las explicaciones,
porque nos parece -repito- un magnífico documento de trabajo en el
que se plantea, como no podía ser menos, la consolidación de los
regadíos ya existentes, la continuación de los regadíos que ya están
en ejecución, y, desde luego, nos parece que es una aportación
interesantísima no solamente los regadíos nuevos que se llaman de
carácter privado, sino esos que llaman de carácter social o pequeños
regadíos, que son zonas para incentivar a la población y sobre todo
para fijar población en el medio rural. Repito que nuestro grupo hará
las aportaciones siempre en tono positivo, y no diciendo que como no
se conoce el documento se van a hacer las críticas. Repito que esas
insensateces llegan a que oigamos hablar del dirigismo de cultivos
-exactamente lo hemos oído a las once y media- de la planificación de
tipo soviético -son ticks que quedan de etapas anteriores- cuando el
que hace esas afirmaciones estaba en un ejecutivo regional, confunde
La Sagra con La Mancha y no se atreve a hacer la comparación que de
manera somera ha hecho este portavoz ante la explicación que la
señora ministra ha dado del plan de regadío horizonte 2008 comparado
con el horizonte 2005 elaborado por el antecesor de S.S., el señor
Atienza, que en febrero de 1996 -recuerdo que las elecciones
generales fueron en marzo de 1996- presentó un estudio lleno de
números, mapas y garabatos en el que se decía que se iban a regar una
serie de hectáreas, en todo caso inferiores a las del 2008, horizonte
que se nos acaba de presentar como borrador bastante perfilado y
bastante maduro, según ha insistido la señora ministra. Pero es que
además en ninguna comunidad autónoma -también nos lo ha dicho- en el
horizonte 2005 había ni una sola hectárea más que en el horizonte
2008. Luego las críticas que por parte del Grupo Socialista se hacen
al horizonte 2008 habría que multiplicarlas por 14 a la hora de
hablar del documento horizonte 2005. Esto en cuanto a número de
hectáreas, no en cuanto a distribución porque no admite análisis
comparativo un documento con otro.
Respecto a la financiación surge alguna duda concretamente del
portavoz de Convergència i Unió. Yo no digo que no esté escrito en
algún papel. Este portavoz era diputado en la legislatura anterior y
nunca tuvo conocimiento de que en esta Cámara entrara la ficha
financiera aprobada por el Consejo de Ministros. Si el Consejo de
Ministros aprobó esa ficha financiera retiro mis observaciones.En
todo caso, me someto a la información que
con mayor conocimiento de causa, la señora ministra, nos puede dar
sobre el tema.
Señora ministra, las aportaciones que hará nuestro grupo al trabajo y
al estudio que aquí se nos presenta no pasarán en ningún caso por la
demagogia barata de decir que nuestro grupo está en contra de este
plan de regadíos. En lo que conocemos -y lo conocemos a fondo-
estamos absolutamente de acuerdo. Haremos aportaciones como se ha
dicho, pero en ningún caso podemos admitir que se diga que nuestro
grupo ha enmendado las enmiendas números 1441 y 1442 porque, como
quien ha hecho esta observación conoce perfectamente, están hechas en
los Presupuestos Generales del Estado por un diputado del Partido
Aragonés Regionalista, integrado en el Grupo Popular, y sabe quien
así habla que estas enmiendas fueron debidamente rechazadas en la
Comisión de Presupuestos de la semana pasada y, por tanto, no están
incorporadas al dictamen de la Comisión que se va a ver en Pleno a
partir de esta tarde. Por tanto, demagogia barata, ligerezas
semánticas e inexactitudes, cuantas menos mejor; en todo caso, sólo
las precisas.
No es preciso volver a insistir aquí sobre la privatización del agua.
Precisamente en el debate de Comisión, al hablar de la sección 21,
del plan de regadíos y de las distintas enmiendas, dos portavoces
hablaron de la privatización. Una fue la señora Rivadulla, que hoy ha
sido más prudente, lo cual le agradezco. Posiblemente convenga la
aclaración de la señora ministra, que es la voz más cualificada para
aclarar esta cuestión. El portavoz del PSOE insiste tercamente en su
error y habla de la privatización del agua por no sé qué partida del
capítulo 8 de 25.000 millones de pesetas en los Presupuestos
Generales del Estado. Señora ministra, si me tengo que tragar las
palabras, después me las trago debidamente, pero me parece que el
portavoz del Grupo Socialista no conoce el artículo 1, apartado 2 de
la Ley de Aguas, que dice -entre comillas- que las aguas
continentales superficiales, así como las subterráneas renovables,
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un
recurso unitario subordinado al interés general que forman parte del
dominio público estatal como dominio público hidráulico. Quiere
decirse que, aunque la palabra privatización a mi grupo le suena bien
en muchos aspectos, en este caso no es que le suene ni bien ni mal,
es que no tiene nada que ver con la privatización. Y si no conoce el
capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado y si no sabe
-porque no se ha querido enterar- lo que se va a hacer con esos
25.000 millones de pesetas, ese es su problema, pero no un problema
de la Cámara.
Finalmente, señor presidente, para ser breve y atenerme a los tiempos
terminaré diciendo que a mi grupo le parece -como antes he dicho- un
magnífico trabajo; que es el documento que el campo español necesita
a las puertas del siglo XXI; que por primera vez en un difícil
documento como es éste -y queda abierto a nuestras sugerencias-, se
maneja ese difícil equilibrio entre suelo, clima y cultivo para
regar. En el clima hay unas limitaciones clarísimas; en el suelo hay
las limitaciones, que el portavoz de CiU muy acertadamente ha
mencionado, de salinización, utilización de aguas de percolación,
etcétera; en los cultivos, los PAC o no PAC, por llamarlos
de alguna manera, cultivos libres. Por cierto, señor
Chiquillo, cuando se habla de cultivos tenga en cuenta que del
tremendo número de hectáreas que ya se riegan en la Comunidad
Valenciana (entiendo que su horizonte de actuación en materia
hidráulica no llega más allá de su horizonte electoral) aguas arriba
vienen por tierras cuyas gentes también tienen madre y, desde luego,
en esto tenemos que ser solidarios todos y no se puede estar pidiendo
la solidaridad sólo aguas abajo. Yo también pido a S.S. solidaridad
aguas arriba. Y cuando se habla de sensatez y sentido común -S.S. ha
utilizado estas palabras, así las he apuntado- le diré que muchos
valencianos vienen a Castilla-La Mancha a cultivar ciertas
hortalizas.
Señora ministra, el Grupo Popular profundizará en el estudio que nos
ha presentado esta mañana y eventualmente haremos las aportaciones
que entendemos oportunas. En todo caso, insistiremos -este es un tema
muy importante- en la no limitación que supone este documento para
que ejerciten las competencias transferidas las comunidades
autónomas. Como he dicho al principio, este es el documento que la
agricultura y la ganadería española de cara al siglo XXI necesitan y
que les va a ser absolutamente necesario y beneficioso. (Los señores
Amarillo Doblado y Chiquillo Barber piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo y señor Amarillo, se les ha
nombrado pero no ha habido alusiones que impliquen juicios de valor.
Ha habido alusiones, es evidente, pero a mi juicio no se consideran
juicios de valor. (Rumores.) Señor Amarillo, por favor, no reabra el
debate porque a juicio de esta Presidencia no ha habido alusiones.
Tiene S.S. la palabra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, le felicito por su
clarividencia y se adelante, suponiéndolo, al motivo por el cual iba
a pedir la palabra. Lo ha supuesto casi bien, pero no bien del todo,
porque lo que...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que invoque el artículo en base al que
quiere intervenir y no haga esas manifestaciones.
El señor AMARILLO DOBLADO: Se han dicho inexactitudes respecto a lo
que se habló en la Mesa de portavoces y ha habido alusiones
clarísimas con nombre y apellido contradiciendo los argumentos. Por
tanto, yo creo que un turno de réplica, aunque sea breve, podría
concedérnoslo la Presidencia, que normalmente ha sido tan flexible.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, el señor Madero ha dicho la
Mesa, no la Mesa de portavoces, y cuando en su día se reúna la Mesa
tratará este asunto que el señor Madero ha citado, pero insisto en
que alusiones que supongan inexactitudes o juicios de valor no las ha
habido. Ya saben que los debates los dirige el presidente, señorías,
y no creen esta situación incómoda para esta Presidencia.
Voy a dar la palabra a la señora ministra.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sin presidente, quiero hablar sobre la
composición de los grupos, que creo que es un tema importantísimo. En
estos momentos desconozco cuáles son los grupos de la Cámara. (La
señora Rivadulla Gracia y el señor Chiquillo Barber piden la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le retiro la palabra. La
Presidencia es la que dirige la Comisión. Usted posteriormente va a
poder intervenir sobre la financiación, pero entiendo que en estos
momentos lo que procede es finalizar el debate sobre el Plan nacional
de regadíos.
Señor Chiquillo, le doy la palabra pero invoque el artículo y la
cuestión por la que quiere intervenir.
El señor CHIQUILLO BARBER: No es cuestión de ningún artículo. Quiero
poner encima de la Mesa unos datos importantes que no han sido
utilizados ni por la ministra ni por la portavoz del Grupo Popular.
Estamos hablando...
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, la interpretación del
Reglamento la realiza el presidente. (Rumores.) Ha tenido tiempo S.S.
para exponer los datos en su intervención.
El señor CHIQUILLO BARBER: Pido la palabra para aclarar algunas dudas
del portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le retiro la palabra. Su turno
se ha terminado. Señor Chiquillo, le retiro la palabra
reiteradamente. Ha tenido S.S. tiempo suficiente. Todos los
portavoces han utilizado ya el tiempo que les correspondía.
Por tanto, tiene la palabra la señora ministra de Agricultura para
que conteste a las preguntas y observaciones reglamentarias.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del ValleLersundi): Señor presidente, querría hacer algunas
precisiones que contestarán a varias de las cuestiones que han sido
planteadas por distintos portavoces.
La elaboración del Plan nacional de regadíos -lo he dicho
clarísimamente- arranca de un acuerdo unánimemente adoptado por el
Pleno de esta Cámara en marzo de 1994. Por parte del Gobierno de
entonces, del ministro Atienza y los responsables en aquel momento,
se encargan unos estudios que están reflejados y a los que he hecho
referencia por un importe total de 1.750 millones de pesetas,
estudios que han servido de base para la elaboración de este borrador
de Plan nacional de regadíos y que en su momento servirán para la
elaboración del Plan nacional de regadíos. El equipo actual lo que ha
hecho ha sido tomar el trabajo en el punto en que estaba y proseguir
con él, como parecía lógico, en función de la continuidad al frente
de las responsabilidades del Estado. Evidentemente se han pedido
mayores precisiones, se han tomado los trabajos más en mano y ha
habido un cambio en la cuestión relativa a los estudios -cambio, en
mi opinión, muy importante- pues el equipo anterior encargó a una
consultora el cierre final del Plan nacional de regadíos. Por parte
del actual equipo se rescindió ese contrato y se ha recuperado para
la Administración general del Estado, para el Ministerio de
Agricultura, el cierre final del Plan de regadíos. Por tanto, este
documento y todos los documentos de cierre que ustedes están
manejando y que se manejarán en el futuro han sido elaborados
directamente por el Ministerio, por la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la Subdirección de Regadíos, concretamente por
la Dirección del Plan Nacional de Regadíos, cuyos responsables
máximos, el director general y el director del plan, están hoy en la
sala con nosotros.
Los 1.750 millones de pesetas obedecen a encargos que ya estaban
hechos por parte de la Administración anterior y que lamentablemente
no se han terminado hasta finales de 1997 o principios de 1998. Por
ejemplo en los usos del suelo, donde había tres estudios, parte de la
documentación nos fue entregada en enero de 1998; gran parte de
estudios sobre regadíos de ordenación en el territorio y análisis
medioambiental de los regadíos, en noviembre de 1997; demografía,
oferta y demanda, en octubre de 1997, etcétera. Con esto quiero decir
que si no se ha podido traer antes este borrador de plan ya maduro,
como he señalado es porque los estudios que estaban ya encargados
cuando nos hicimos cargo de las responsabilidades el equipo actual,
no nos han sido entregados hasta finales de 1997 o principios de
1998.
Entiendo, señorías (lo digo ahora que soy la responsable pero se lo
decía de igual forma cuando era portavoz de la oposición, al
responsable de entonces, señor Atienza) que en un asunto de tanta
relevancia como es llevar a cabo la planificación, una ordenación y
una racionalización de lo que es el impulso y la actuación en los
regadíos en España no va unos meses arriba unos meses abajo; va de
tener la mejor información, los mejores trabajos posibles, la mayor
racionalización y el máximo rigor posible a la hora de manejar unos
estudios que tenemos que saber, señorías, que se refieren al regadío,
y el regadío en España supone el 80 por ciento de la demanda de agua.
El agua, como todos sabemos, es vital para el campo, es vital para
todo; sin agua no hay vida, el agua es un recurso esencial, y vivimos
en un país donde amplias zonas de su territorio son áridas o
semiáridas. Por tanto, si hay un elemento esencial y básico en España
es precisamente la racionalización en el uso del agua, de la cual se
habla en la actual Ley de Aguas, donde se dice que la planificación
hidrológica tendrá que hacerse conforme a la planificación sectorial
correspondiente, entre otras la agraria, de ahí este Plan nacional de
regadíos; la planificación y la racionalización en el uso del agua es
uno de los elementos básicos dentro de lo que es la proyección de
España de cara al siglo XXI.
Estoy presentando un borrador del Plan nacional de regadíos, pero
tengo que decirles, señorías, que a esta Cámara vendrá conformado el
plan en su momento y se discutirá junto con el Plan hidrológico
nacional. Quiero decir con ello que estamos en un estadio previo, que
SS.SS. van a participar más adelante, y que por supuesto cualquier
sugerencia que puedan hacer será analizada,
escuchada y en su momento eventualmente incorporada al propio plan.
Tengo que decir que la participación de SS.SS., frente a otros
agentes sociales que no van a tener esa participación, se va a
producir en su plenitud cuando se discuta el Plan hidrológico
nacional y el Plan nacional de regadíos en esta Cámara. Tenemos que
saber que cada cosa tiene su momento, y el procedimiento
parlamentario tiene, sus momentos. Lo que yo estoy haciendo ahora es
informar a SS.SS. de cuál es la situación, cuál es este documento
maduro, porque entiendo importante que SS.SS. sigan todo el proceso,
pero en este momento la negociación se está llevando a cabo con las
comunidades autónomas que tienen responsabilidades en regadíos, que
tienen transferidas las competencias en regadíos, y sin cuya
coparticipación en la elaboración de los regadíos aquí propuestos
difícilmente se va a poder seguir adelante por cuanto hay un 50 por
ciento de financiación por parte de las comunidades autónomas. Se
está planteando un debate social para que haya aportaciones de la
sociedad en sus distintos ángulos, para que hagan sugerencias, lo
cual no quiere decir que vayan a ser tenidas en cuenta todas; habrá
que ver aquellas que mejoren o supongan un avance dentro de lo que
son las líneas del plan y que por tanto puedan ser incorporadas. Eso
es lo que se pretende, que las iniciativas o propuestas de los
distintos ámbitos de la sociedad (desde los sectores afectados, la
Universidad, o los distintos sectores sociales implicados) puedan
mejorar un documento, que como he dicho está maduro pero no cerrado,
se estudien, se analicen, y en su caso si se considera oportuno y
factible se incorporen, porque puede haber propuestas que no sean
realizables por distintas razones. Donde realmente, se están llevando
a cabo conversaciones intentando buscar el máximo consenso en este
momento es en el ámbito de las comunidades autónomas, que tienen
competencia en el ámbito de los regadíos. Aquí se plantea una
actuación por parte de la Administración general del Estado,
aportando unos fondos públicos y con unos objetivos de política
global, económica y de interés general, pero insisto en ningún caso
se puede hacer algo que limite lo que es la capacidad y lo que son
las competencias de las comunidades autónomas. Distingamos bien los
planos donde nos movemos. Creo, señorías, que todos tenemos que
participar por la importancia de ese documento que vendrá a esta
Cámara en su momento acompañando al Plan hidrológico nacional, algo
vital insisto, y donde yo pido a SS.SS. el mayor ejercicio de
responsabilidad porque estamos ante cuestiones que afectan al
desarrollo general de nuestro país en todos sus ámbitos. Insisto en
que el agua es vital para todo, el agua en cantidad y calidad
adecuada, y con esta propuesta se pretende precisamente racionalizar
lo que es el 80 por ciento de la demanda de agua y algo básico para
el Ministerio de Agricultura, que es dar impulso, un apoyo, un
respaldo a nuestro sector agrario y a nuestro sector agroalimentario
dependiente de esos regadíos.
Agradecería a SS.SS. el máximo ejercicio de responsabilidad y por
supuesto las sugerencias que quieran hacer dentro de que, insisto,
SS.SS. van a contar en su momento con el debate del Plan hidrológico
nacional junto con el Plan nacional de regadíos aquí en la Cámara. No
estamos hablando de un documento que no van a ver
SS.SS. nunca más; estamos hablando de otra cosa, estoy presentando un
documento que todavía no está cerrado, cuya responsabilidad de
preparación recae en el Gobierno, y SS.SS. tendrán ocasión, insisto,
de pronunciarse en su momento en esta Cámara con plenitud, y supongo
que así lo harán.
Se han planteado cuestiones importantísimas y quiero agradecer a
todos las aportaciones que han hecho, pero creo que hay que referirse
a una cuestión a la que se ha aludido en varias ocasiones: la
política agrícola común, la planificación en materia de regadíos. Se
ha dicho incluso que la Agenda 2000 va a terminar con la política
agrícola común. Si pensáramos que mañana se terminaba la política
agrícola común en España nos sobrarían en torno a millón y medio de
hectáreas de regadío, donde no sabríamos muy bien qué poner. Por eso
me niego a un planteamiento que suponga la desaparición de la
política agrícola comunitaria. Por eso he reiterado en distintas
ocasiones que es vital para nuestro sector agrario y para nuestro
equilibrio territorial mantener la política agrícola comunitaria con
las modificaciones que haya que hacer, pero manteniendo en sus ejes
esenciales la política agrícola común porque, como les decía, por
encima de millón y medio de hectáreas quedarían sin saber muy bien a
qué dedicarse si de repente desapareciera la política agrícola común.
Por tanto, sepamos que hay una gran dependencia de esa política
agrícola común, pero sepamos también que para España es absolutamente
esencial, conservar un sector agrario que es un elemento básico de
equilibrio territorial y básico desde el punto de vista
medioambiental y de lo que vamos a ofrecer a las futuras
generaciones. Eso es lo que tenemos que saber.
Cuando he expuesto todas las cuestiones relacionadas con la situación
de los porcentajes que en los distintos cultivos supone la política
agrícola común en la renta agraria, lo he hecho sencillamente para
recordarles -aunque estoy segura de que SS.SS. son conscientes de
ello- la trascendencia que para nosotros tiene la política agrícola
común, la necesidad absolutamente imperiosa de mantener esa política
agrícola común y que en ningún caso podemos renunciar a la misma, en
mi opinión, porque tendría unas consecuencias nefastas de todo tipo,
para nuestro sector agrario y al final para el país en su conjunto.
Sepamos que no podemos hacer una planificación si prescindimos de la
política agrícola común, porque el problema sería ver a qué cultivos
se dedicaba más de millón y medio de hectáreas.
Siguiente cuestión. Yo creo que hay que trabajar y luchar por
mantener la política agrícola común y que además la vamos a mantener,
porque problemas que nos crea a nosotros también se los crea a otros
países de la Unión Europea. Ningún país sensato puede renunciar a
mantener un mínimo de garantía alimentaria para su propia población.
Cuando se han hecho guerras por un problema de control de fuentes
energéticas, ¿qué es la agricultura, sino la fuente energética básica
del ser humano? Vamos a ponernos de acuerdo.
En segundo lugar, nosotros sabemos el problema de la agricultura
relacionada con el territorio en sus aspectos medioambientales y de
población, y sabemos que es absolutamente básico el mantenimiento de
un sector
agrario precisamente para mantener ese equilibrio territorial. Por
tanto, la política agrícola común -y ahora me referiré a ello en el
asunto de la cofinanciación- es un elemento básico y sin el cual no
se puede contemplar. No me digan: hagamos un plan de regadíos
prescindiendo de la política agrícola común. Entonces les tengo que
decir que el problema consiste en dónde ponemos millón y pico de
hectáreas que se nos quedan en baldío. Cuando decimos las cosas,
sepamos bien, dónde podemos llegar y cuáles son los problemas que nos
plantean. ¿Aumentar las cuotas? En este momento hay que conservar la
financiación actual. Podremos mejorar alguna cosa concreta de
situaciones de desequilibrios arrastrados, pero eso es una cosa y
otra cosa es que pretendamos aumentar nuestra capacidad productiva
más allá de lo que es la realidad actual, eso no lo vamos a
conseguir. Podremos quizá reequilibrar algo en cuanto a la situación,
pero ya les voy diciendo que, aunque puedan ustedes pedir márgenes de
crecimiento más allá de lo actual en productos contingentados
limitados, desde la seriedad y la responsabilidad creo que no se
tiene de pie.
Tenemos que saber la situación que tenemos sobre la mesa y que sobre
esa base se pueden hacer muchas cosas. Estamos preparando un plan
ambicioso para transformación en regadíos, y contesto a algo que se
ha dicho. En el diagrama que les he mostrado se ve cómo se han
producido las transformaciones en regadíos en los últimos tiempos: en
1991 hay más de 9.000 millones para regadíos; en 1992, 5.333
millones; en 1993, 7.000; en 1994, casi 6.000; en 1995, 5.500; en
1996, 4.300; en 1997, 6.000; en 1998, 6.149, y este año 1999 -está en
la ley de presupuestos y SS.SS. lo saben- tenemos contemplados 13.235
millones de pesetas. En los años noventa, el ritmo de crecimiento de
las nuevas transformaciones de regadío y las modernizaciones de los
regadíos ha caído completamente y con este plan estamos proponiendo
lo contrario, darle un impulso tremendo, como he dicho yo multiplicar
por cuatro, y en lo que es modernización de regadíos multiplicar por
mucho más.
Quiero decir con ello que a pesar de esas limitaciones a las que me
he referido es un plan ambicioso para nuestro regadío de cara al
siglo XXI, un plan ambicioso en el sentido de modernizar lo actual y
de aumentar nuestras posibilidades de regadío. Ahí están las frutas y
hortalizas y el riego de la viña, que según y cómo puede dar muy
buenos resultados de una manera controlada, y ahí están el riego en
frutos secos y una serie de posibilidades que todavía quedan, pero
como les he dicho a SS.SS. no tiene sentido plantear que vamos a
regar más arroz, y si resulta que a lo mejor el único riego posible
por razón de la calidad de agua en un sitio es el arroz -y tiene
razón S.S., y contesto a lo que ha dicho-, sepamos que no hay que
hacer ese regadío porque no se puede plantar más arroz en España. Así
de claro lo digo, porque si no vamos a arruinar a los arroceros que
están en este momento en el delta del Ebro, en la zona baja del
Guadalquivir, en la Albufera valenciana y en algunas otras zonas que
están diseminadas en el Ebro, en la zona de Cádiz y demás. Esta es la
realidad. Sepamos que si ponemos más hectáreas en arroz, por ejemplo,
terminaremos arruinando a los que están ahora, y sepamos que si tiene
todo el sentido
seguir apoyando nuestro arroz en la Alabufera, en el delta del
Ebro o en el Guadalquivir, es por apoyo a nuestros agricultores, por
apoyo a una producción de consumo nacional, pero además por apoyo a
un cultivo medioambientalmente necesario para la preservación de
ciertas zonas y de ciertos ecosistemas.
Pongo el caso del arroz porque es el más claro, pero podríamos hablar
de otros. En el caso del arroz, por razón de cómo funciona el sistema
de penalizaciones, como muy bien saben SS.SS., se van multiplicando
de forma geométrica las penalizaciones a partir de unos umbrales Eso
tenemos que saberlo. No tiene sentido hacer más hectáreas de regadío
para cultivar arroz; tiene razón S. S. y por eso hay que hacer un
buen análisis a la hora de plantear nuevas hectáreas de regadío.
En ese sentido, antes no les he puesto un cuadro que quizá debiera
haber mostrado sobre cómo se ha planteado el análisis económico para
ver si son o no viables los regadíos. Tengo que decirles una cosa, y
voy a citar un ejemplo que me dio el propio consejero de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por lo cual el diputado señor Amarillo lo
conocerá muy bien. No se pueden repetir situaciones como la de
Valdecañas, y pongo este ejemplo porque me lo dio el propio consejero
de la comunidad autónoma y me dijo: no se puede volver a hacer lo de
Valdecañas, y conste que hay otros Valdecañas en España, no es el
único. Pues bien, en Valdecañas se lleva a cabo una transformación en
regadío; Valdecañas era una zona de dehesa donde se arrancan
encinares y se hacen una serie de obras para regar, todo ello en una
zona fundamentalmente cerealista. Me puedo extender muchísimo, pero
les voy a decir lo siguiente: se declararon de interés general 30.000
hectáreas y se han transformado 7.000. Pues bien de esas 7.000 no se
riega ni la tercera parte, sencillamente porque a los agricultores no
les es rentable regar (y conste que se pueden beneficiar de ayudas
PAC para los cultivos, o sea que no estamos hablando ni de las
limitaciones PAC); les cuesta más el bombeo de agua -que es el único
que tienen, tienen ciertos costes energéticos- que los suplementos de
rendimientos que obtienen al tener el cultivo en regadío en vez de en
secano.
Esto no se puede repetir. Detrás de esta transformación hay miles y
miles de millones de pesetas de los impuestos de los españoles,
recursos necesarios para otras acciones de los que indudablemente no
se ha hecho un buen uso, y pudiéndose -como se pueden- acoger a las
ayudas de la PAC sin ningún tipo de limitación. La realidad es que
Valdecañas está ahí y tiene que servir únicamente para evitar que
volvamos a cometer errores de este tipo. Insisto, doy el ejemplo de
Valdecañas porque me lo facilitó el propio consejero y me dijo que
esto no se puede volver a hacer, pero podría dar otros. Insisto, la
superficie que se consideraba que se iba a regar eran 30.000
hectáreas y sólo se transformaron 7.500, de las cuales apenas se
niega la tercera parte. Por eso es necesario llevar a cabo un
análisis de la realidad de nuestros regadíos. Las características
analizadas en los estudios de regadíos y en su economía donde existe
un modelo econométrico multicriterio que se ha hecho con la
universidadde Madrid, es que primero se hace la delimitación
de zonas a que me he referido antes, se hace un cálculo de
indicadores económicos, donde hay producción bruta total, ingresos
brutos, margen bruto estándar, producto bruto, producto neto,
rendimientos económicos de la actividad, beneficio disponible
familiar o margen neto, rendimiento económico del capital propio;
análisis de los indicadores en función de cultivos y alternativa de
esa misma tierra en secano, que es lo que puede producir en regadío
con los costes suplementarios en función de los cultivos posibles en
las zonas. Como he dicho a SS.SS., se hace una selección de las zonas
que climática y agronómicamente eran más favorables por razones de
tierra y de territorio. Se hace el estudio de explotaciones, se
clasifican, se seleccionan tipos predeterminados, explotación
representativa tipo en función de la zona, de la superficie,
etcétera, y se hace una tipificación de indicadores, haciendo la
comparación en regadío, en secano, los beneficios, los márgenes, y a
partir de allí se hace una selección.
Se pretende hacer un esfuerzo de racionalización. El uso de lo que
son bienes públicos, como el agua o la capacidad de embalse de
nuestro país, que una vez se empieza a utilizar se agota porque se
colmatan los embalses; es decir se haga o no uso eficiente del agua
embalsada los embalses se van colmatando y vamos comiéndonos la
capacidad de los embalses, que es uno de los capitales que tiene
nuestro país, lo mismo que las precipitaciones. Hay que hacer un uso
racional del bien público que son los fondos públicos, los
presupuestos del Estado.
Entro en las cuestiones concretas. Hablar de buenos y malos
demócratas es un mal lenguaje; aquí todos somos buenos demócratas.
Conozco tan bien como SS.SS. el Reglamento de esta Cámara, porque
como saben tengo el honor de ostentar la representación como diputada
por Segovia. En cuanto a esta Cámara tengo el máximo respeto por
ella, también por la Cámara Alta, por el Senado, porque tengo el
máximo respeto por la institución parlamentaria. Se lo he tenido y se
lo tendré porque es una de las piezas claves dentro del equilibrio de
poderes en una democracia sana como creo que es la nuestra. A partir
de ahí, este documento llegará en su plenitud a esta Cámara
acompañando al Plan hidrológico nacional, pero todas las indicaciones
de SS.SS. son siempre importantes para mí.
En cuanto a la PAC, los cultivos y los márgenes a la hora de producir
para nuestra industria agrotransformadora y embotadora todavía
tenemos márgenes en frutas y hortalizas para exportar y conquistar
nuevos mercados. Tenemos márgenes en el sector por ejemplo de nuevos
vinos para mejorar y garantizar producciones y calidades; y porque
creo que tenemos márgenes en muchas cuestiones todavía es por lo que
se plantea un impulso tremendo a nuevos regadíos. En otros terrenos
debemos saber que no tenemos ningún margen, y lo he dicho muy claro.
Por ejemplo en arroz no tenemos ningún margen. No podemos confundir
las cosas. Se puede hacer mucha demagogia, pero en una cuestión de
esta trascendencia no se debe hacer; hay que enfrentarse a las
realidades. No podemos seguir generando falsas expectativas en
nuestros agricultores diciéndoles cosas que no son. Se
pretende plantear las cosas desde la racionalidad y la realidad,
haciendo un esfuerzo tremendo.
Les he dicho que la media de inversiones de estos últimos años
noventa en la transformación de regadíos ha sido de 5.000 hectáreas
al año, con participación pública de la Administración general del
Estado. No me refiero a lo que hacen las administraciones de las
comunidades autónomas en función de sus presupuestos y de sus
capacidades, ahí no entro; estoy hablando de la Administración
general del Estado que se propone multiplicar por cuatro la
transformación en regadíos. Si eso no es una apuesta clara por
nuestros regadíos, no sé qué se quiere. Yo no sé dónde va a haber más
recursos para hacer más transformación de la que se plantea, ni qué
cultivos, ni qué mercados se pueden ir adaptando a ese aumento de
producción. Se apuesta por modernizar más de un millón de hectáreas
en los próximos diez años; todo ello partiendo de la base de que no
puedo aceptar que la PAC esté agonizante, señor Amarillo. (El señor
Amarillo Doblado: La actual sí.) Sería una catástrofe para España.
En cuanto a la dimensión de las explotaciones, una de las cuestiones
que existen en relación con las comunidades autónomas es que asociado
a la modernización de regadío en la mayor parte de nuestros actuales
regadíos hay que llevar a cabo procesos de concentración parcelaria.
Por ejemplo en Levante, señor Chiquillo, es algo esencial. En el
sector de los cítricos hay una atomización de las propiedades que
limita enormemente las posibilidades de incorporación de nuevas
tecnologías y aumento de competitividad, de aumento de márgenes,
etcétera. Hay que hacer un esfuerzo, aunque sé que existe el problema
del sentimiento asociado a una tierra concreta, pero creo que en la
gente joven está asociado a una mejora de la rentabilidad, y podemos
hacer cosas importantes.
En cuanto a compararlo con reformas fiscales, lo que se plantea es
multiplicar por tres y pico las inversiones en regadíos de los
últimos años. No estoy contabilizando los 25.000 millones -y ahora me
voy a referir a ellos porque varias de SS.SS. han mencionado el tema-
destinados a las empresas públicas con participación privada para la
modernización del regadío. En primer lugar, los 25.000 millones están
pensados no para la privatización del agua, en absoluto, sino para
llevar a cabo una aceleración en la modernización de regadíos
actuales, y en eso coincide señor Chiquillo, lo que ha dicho S.S. y
también con lo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió: hay
que acelerar al máximo la apuesta por la modernización del regadío.
Precisamente porque en la modernización del regadío puede haber una
cofinanciación privada, se pueden buscar fórmulas como las sociedades
de este tipo que permitan una aceleración del proceso, consiguiendo
una financiación del 50 por ciento por esta vía que se complemente
por el sector privado. Se pretende acelerar y dar un mayor impulso a
la modernización de los regadíos existentes, partiendo de la base de
que hay otra razón que explica que haya algo menos de dinero, además
de que en estas consignaciones complementarias en el aspecto de
modernización con relación al plan 2005, y lo ha detectado
perfectamente el señor Companys, se plantea una financiación 50-50,
en la propuesta
del avance, no del plan que es precisamente uno de los sitios donde
falla el plan 2005, aparte de que se hace sin que estén los estudios
terminados, lo cual es bastante arriesgado por decirlo suavemente,
sobre todo en un plan de estas características, si no no hay un
respaldo financiero. Eso es lo más grave. En aquel momento, sin
embargo, se planteaba en principio un 70-30, 70 público. En el
momento en que metiéramos esa financiación, automáticamente habría
una mayor financiación pública en este plan. Les he dicho a SS.SS.
que se está negociando, y es posible que aumente. Eso supondría
automáticamente un aumento de la financiación pública, pero es una de
las cuestiones que estamos negociando con las comunidades autónomas,
porque tengo que recordarles que ahí vamos a medias, por entenderlo
de alguna manera. O sea que tiene que ser de común acuerdo con las
comunidades autónomas, y yo creo que algo vamos a movernos, es decir,
que va a haber más dinero para ese aspecto. Con esto contesto a las
señorías que han planteado este tema.
En cuanto a la validez del artículo 39, no insisto. Por lo que se
refiere a la rentabilidad, ya se lo he dicho. Lo de los estudios
también lo hemos dicho. En cuanto a Alguerri-Balaguer, Garriga sur,
etcétera, señorías, mientras no se riega no está terminado el
regadío. Por eso es por lo que hay unos costes finales, cuya media
sale algo menos de un millón de pesetas en nuevas hectáreas de
regadío. Es verdad que algunas de esas hectáreas que están muy
avanzadas, tiene toda la razón su señoría. Lo que pasa es que todavía
no están en riego. Yo espero que pueda enviar muy pronto este plan a
la Cámara, porque si no algunas de ellas las van a ir terminando. En
ese sentido, tiene razón su señoría. En Aragón, en Extremadura, hay
algunas que están avanzadas, unas más otras menos, depende. Hay otras
que están mucho menos avanzadas. Pero son regadíos en ejecución,
regadíos que si, a pesar de todo, de repente se dejara de hacer más
inversiones no estarían culminados. Hay que seguir haciendo
inversiones, unas veces son más y otras veces son menos, depende. Por
eso, si se hace una división se verá que no aparece una media
semejante por hectárea según las distintas comunidades autónomas. Esa
es la explicación, que es verdad que parte de esos regadíos -y es muy
acertado lo que planteaba S.S.- están muy avanzados, pero, insisto,
todavía no están en riego.
Me he referido a la responsabilidad del Estado en cuanto a las
superficies de contingentes y a la salinización de aguas. Tiene toda
la razón S.S., ahí hay unas responsabilidades de este Ministerio y
del Ministerio de Medio Ambiente. Sí quiero decir, al hilo de algo
que ha sido planteado por el señor Chiquillo y por algunas de SS.SS.
también, concretamente por el portavoz de Coalición Canaria, que en
el decreto de aprobación de los planes de cuenca se incorpora en el
artículo 2 algo que yo creo que es muy importante en lo que es la
forma de actuar en materia hidráulica y de regadíos en nuestro país,
y que es lo correcto en función de las nuevas circunstancias. Como he
dicho, a principio de siglo vivíamos en un país con hambrunas, donde
cuanto más se produjera era mejor, estaba vendido, era necesario, era
imprescindible incluso. Hoy día la situación y las circunstancias son
distintas. Estamos sometidos a las limitaciones
PAC, a las circunstancias del mercado, etcétera. Entonces,
lo que se incorpora en ese artículo 2, apartado e) es lo siguiente:
Las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración
general del Estado y previstas en los planes hidrológicos de cuenca
serán sometidas, previamente a su realización, a un análisis sobre su
viabilidad técnica, económica y ambiental. En cualquier caso, su
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre evaluación de
impacto ambiental, a las previsiones presupuestarias y a los
correspondientes planes sectoriales cuando su normativa específica
así lo prevea. En especial, en materia de regadíos, las actuaciones
e inversiones de la Administración general del Estado se atendrán a los
programas, plazos y previsiones establecidos en el Plan nacional de
regadíos vigente en cada momento.
Señorías, además de esto hay una cuestión que quiero dejar muy clara
en lo referente a Segarra-Garrigues. Primero, se aprobó la
declaración de interés general del canal Segarra-Garrigues por esta
Cámara en el presupuesto de 1994 -si no recuerdo mal-, pero toda la
inversión del canal Segarra-Garrigues corresponde al Ministerio del
Medio Ambiente. Esa es la razón por la que aparece con cero de
inversión en el documento. Esto no quiere decir que no aparezca
contemplado en el horizonte 2008. Primero hay que hacerlo. Saben SS.
SS. que la presa está, pero son obras en las que hace falta un tiempo
de maduración. En cualquier caso, está ahí contemplado precisamente
para que se dé cumplimiento a lo que dice el decreto que regula las
inversiones en el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la
cuestión de regadíos. La explicación no es más que esa.
En cuanto a la menor cantidad de dinero en el 2005, ya lo he
contestado, así como lo de los estudios de viabilidad económica, la
reducción de inversiones, que también le preocupaba a la señora
Rivadulla. Yo digo que al revés, que si vemos lo que es la realidad
de estos años, este año 1999 vamos a dar un paso de gigante. En 1997
ya nos hemos recuperado algo, en 1998 nos hemos mantenido, nos
mantenemos con ocho mil y pico millones, y en 1999 vamos a dar un
paso adelante muy importante con 13.500 millones grosso modo. Pero
obviamente, cuando se ponga en marcha el Plan nacional de regadíos
que, como todo, reclama un cierto período de maduración, dentro de
tres años es cuando empieza el mayor esfuerzo presupuestario,
alcanzando una velocidad de crucero por encima de los 20.000 millones
de pesetas de inversiones en obras de mejora, modernización y nuevos
regadíos. Por eso en lo de poco ambicioso, aquí pretendemos no
prometer nada que no sea razonable y factible; o sea lo del oro y el
moro que ha dicho alguna de SS.SS. no es eso, ni mucho menos.
Señora Rivadulla, en cuanto a los terratenientes y caciques de
Monegros, primero yo no tengo conciencia de que los de Monegros sean
especialmente terratenientes y caciques (La señora Rivadulla Gracia:
Haylos.), pero en todo caso no me lo diga a mí, porque no he sido yo
la responsable. Llevo dos años, esto está desde el año 1985 y se ha
avanzado, y de hecho se va a avanzar en otras fases dentro de lo que
es Monegros. Para este período,dentro de los regadíos en ejecución en
Monegros, se
plantea terminar concretamente el cuarto tramo de Monegros I y
Monegros II; al final son en 11 ó 12.000 hectáreas en las que se
actúa en estos próximos 10 años, siguiendo lo que es un impulso muy
importante para Monegros, pero donde se han priorizado, en función de
lo que he dicho, cultivos y calidad de suelos. En Monegros hay zonas
con muchos yesos, como sabe muy bien su señoría. Se ha respetado el
dictamen sobre las obligaciones medioambientales que nos han
planteado desde Bruselas. Todo esto se ha hecho y luego hay el dinero
que hay, pero también hay que atender a otras serie de cuestiones. Lo
que no se puede es concentrar toda la actuación en Monegros. Creo que
se le da un buen empujón y que estamos dentro de un proyecto
importante.
Por lo que se refiere a las producciones ecológicas, señoría, eso es
otra cuestión. La producción ecológica está residenciada en las
comunidades autónomas y creo que es uno de los ejes de desarrollo de
la agricultura de cara al futuro, importante en Europa. En cuanto al
canal Aragón-Cataluña, por supuesto que hacemos una apuesta por su
modernización, y no sólo eso, sino en todo el Ebro, está toda la
consolidación de los regadíos de la margen derecha. Estamos haciendo
un esfuerzo muy importante porque en Aragón y en alguna zona de
Cataluña hay algunos problemas de falta. Por ejemplo, Rialp va a
permitir que en la Pla de Urgell los canales de los regadíos tengan
una mayor garantía porque tienen insuficiencias, a pesar del esfuerzo
de modernización importantísimo cofinanciado por los agricultores,
pero no es suficiente y hay unos aportes suplementarios que serán
importantes para garantizar ese nivel de dotación y seguridad.
Señorías, insisto, hay una apuesta clara en este terreno.
Respecto a la relación del Plan nacional de regadíos y el Plan
hidrológico nacional de la que ha hablado el señor Chiquillo, como he
dicho es muy importante. Por eso he mencionado un aspecto que no he
traído, los balances hídricos, por la razón que les he señalado, ya
que estamos terminando de ajustarlo con el Ministerio de Medio
Ambiente. Por lo que se refiere a la consolidación, comprendo que esa
es su prioridad en la Comunidad Autónoma Valenciana. En la murciana,
tres cuartos de lo mismo y en parte de Andalucía, aunque también en
Aragón, Cataluña o en zonas como los archipiélagos y Castilla-La
Mancha hay problemas, con unos regadíos no suficientemente
garantizados y con unos recursos insuficientes.
Señor Mardones, ya le he contestado a algunas cosas. Respecto a los
excedentes y el cultivo del plátano, es una cuestión clarísima, sobre
todo cuando estamos hablando de recursos como el agua, que es un
recurso reducido.
Al señor Centella le he respondido. En la cuestión de las cuotas,
aquí no nos resignamos a nada, pero hay que saber lo que sí se puede
pedir y lo que no. Entiendo que es hacer demagogia, aunque se puede
pedir que se reequilibren ciertas situaciones, pero que se nos
aumente la capacidad productiva en la situación actual es muy
difícil, lo que no quiere decir que no sea un plan que se hace con
unas posibles readaptaciones a situaciones que puedan surgir,
cuestión que es importante.
Debo agradecer su intervención al señor Madero. Ya
le he contestado en cuanto a la financiación, y respecto de la
privatización del agua tiene toda la razón. Nadie pretende privatizar
el agua aquí; está muy claro que el agua es un bien público, forma
parte del demanio público, lo que no quiere decir que en un momento
dado este tipo de sociedades a las que he hecho referencia pueda
permitir acelerar la modernización de nuestro regadío actual, ya que
están concebidas para eso, pero partiendo de la base de que el agua
no se privatizará en ningún caso. Estamos hablando de unas obras en
unas infraestructuras concretas que son propiedad de las comunidades
de regantes, salvo en los sitios donde no se ha transferido la
propiedad. Sin embargo, toda la red de riegos es propiedad de las
comunidades de regantes y sólo en algunos sitios en los que no se ha
llegado a un acuerdo entre las administraciones, ya sea la
Administración autonómica o la Administración general del Estado,
esas instalaciones son todavía de propiedad pública. Por tanto, la
figura a la que me he referido cabe perfectamente dentro de lo que es
una actuación para acelerar la realidad de la modernización.
Concluyo, señor presidente, reiterando mi agradecimiento a todas SS.
SS. por las aportaciones que han hecho, reiterando que lo que he
hecho ha sido darles cuenta de un documento que no está rematado,
aunque ya se ha madurado, que no está cerrado. He hecho referencia
a algunas de las cuestiones que están en discusión con las comunidades
autónomas, en relación a que los regadíos son materia transferida a
las comunidades autónomas, donde la Administración general del Estado
se plantea una intervención en función de lo que es la ordenación
general de la economía y lo que es el interés general. Se plantea un
esfuerzo de financiación pública de la Administración general del
Estado que supone multiplicar por más de tres lo que ha sido el
esfuerzo de los últimos años noventa para recuperar, incluso superar,
el ritmo y los esfuerzos mayores nunca realizados en este terreno por
la Administración general del Estado, incluso mayores que en los años
ochenta en que se hace un gran esfuerzo en ese terreno. Es -insisto
una vez más- una apuesta clara por nuestro regadío actual y por las
posibilidades de desarrollo de futuro, partiendo de la base de la
necesidad de racionalizar lo que es el crecimiento de nuestro regadío
para adaptarlo a lo que es el beneficio, el interés del propio
agricultor y de la realidad, el futuro de las explotaciones de
nuestros agricultores.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión cinco minutos. (Pausa.)
-POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA PRETENSIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
DE REFORMAR LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC), EN EL SENTIDO DE QUE LOS
ESTADOS MIEMBROS FINANCIEN UNA PARTE DE LAS AYUDAS DIRECTAS QUE
PERCIBEN LOS AGRICULTORES Y LOS GANADEROS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000781.)
-POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOLACERCA DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN
EUROPEA SOBRE LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA
AGRARIO COMÚN (PAC) CONTENIDA EN EL INFORME SOBRE LA REFORMA DE LOS
RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
213/000806.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de hoy de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca con los puntos números 3 y 4 del orden
del día, que se refieren a la solicitud de comparecencia de la
ministra para que informe sobre el sistema de financiación de la
Política Agraria Común contenida en el informe sobre la reforma de
los recursos propios de la Unión Europea.
Para informar sobre esta cuestión, tiene la palabra la excelentísima
señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del ValleLersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el marco de los debates que actualmente se desarrollan
sobre las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea para el
período 2000-2006, algunos países, como Alemania, Holanda, Suecia y
Austria, han venido planteando la necesidad de introducir mecanismos
que permitan reducir las, según ellos, excesivas contribuciones netas
de sus países al presupuesto comunitario.
Como consecuencia de estas protestas, y hay que decir que sin mandato
oficial para ello y, desde luego, sin ninguna fecha, el pasado 7 de
octubre la Comisión aprobó un informe sobre el funcionamiento del
sistema de recursos propios de la Unión Europea en el que se proponen
distintas posibilidades de actuación respecto a estos recursos
propios y, entre otras cosas, para contestar de alguna manera a las
pretensiones de reducir la carga de su aportación a ciertos países.
En el informe se plantean fundamentalmente tres posibilidades:
simplificar la estructura de la financiación actual basándola
exclusivamente en contribuciones proporcionales al producto nacional
bruto; corregir los saldos netos negativos de las contribuciones
nacionales limitándolas al 0,3 por ciento del PNB de cada Estado
miembro, es decir, una especie de descreste con un límite máximo de
aportación neta; se plantea el problema del cheque inglés, aunque no
se entra a fondo en el mismo ni se dice al final nada al respecto; y,
por último, se plantea disminuir el gasto global de la Unión sobre la
base de la financiación nacional del 25 por ciento de las ayudas
directas de la PAC. En su informe, la Comisión no efectúa ninguna
propuesta concreta, limitándose a plantear esas posibles soluciones y
reconociendo que ninguna de ellas puede considerarse como una
solución ideal, puesto que todas tienen debilidades técnicas y
conceptuales. Por lo tanto, señorías, hay que señalar que no existe
en el momento actual ninguna propuesta concreta sobre modificación
del sistema de financiación de la Unión Europea y que,
además, cualquier propuesta de modificación de dicho sistema debería
aprobarse en el marco de las nuevas perspectivas financieras de la
Unión Europea para el período 2000-2006.
Señorías, yo creo que hay una preocupación, justificada, por las
reflexiones, que no propuestas -vamos a hablar con propiedad-,
lanzadas por la Comisión, pero tengo que decir, para que SS.SS.
tengan, junto con esa preocupación, un margen de tranquilidad, que el
documento de la Comisión termina diciendo: «Si un amplio consenso se
consiguiera a favor de alguna solución concreta al problema en el
marco del Consejo Europeo, la Comisión presentaría las propuestas
detalladas necesarias». Es decir, que, como no podía ser de otra
manera, esta propuesta, la que sea, cofinanciación de la PAC o lo que
fuera, tendría que gozar primero de un amplio consenso en el ámbito
del Consejo Europeo. Y, como saben muy bien SS.SS., porque estoy
segura de que tienen conocimiento de ello, ya el vicepresidente del
Gobierno don Rodrigo Rato, aparte de las intervenciones en el Consejo
de Asuntos Generales, en el ámbito del Ecofin, primer lugar en el que
formalmente se presentó este documento de la Comisión, manifestó el
rechazo absoluto, tajante y sin paliativos del documento en sí,
aduciendo que además carecía del mandato correspondiente, y de las
soluciones, y muy especialmente de cualquier posible cofinanciación
de la política agrícola comunitaria.
Por lo tanto, señorías, yo creo que lo que no se puede hacer, como en
algunos casos está haciendo algún medio de comunicación, es dar por
hecho algo que yo creo que está descartado por cuanto, insisto, el
Gobierno español ya ha manifestado su oposición tajante, total y
absoluta y porque para poderse adoptar una propuesta sería necesaria,
en su caso, la aceptación de nuestro Gobierno.
El señor PRESIDENTE: El primer grupo solicitante de la comparecencia
ha sido el Grupo Parlamentario Mixto. Por lo tanto, tiene la palabra
su portavoz, la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señora ministra.
Desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds-Nueva Izquierda pedimos la
comparecencia para hablar sobre la financiación, pero sobre todo en
relación con los efectos sobre la financiación comunitaria agrícola y
los fondos estructurales. Ya habíamos leído en los medios de
comunicación la postura del Gobierno de rechazo de la propuesta, con
la que tenemos que decir que estamos muy de acuerdo. Efectivamente,
todas las políticas que se puedan realizar en el plano comunitario,
tanto la agrícola como las demás de cohesión, que son también
necesarias, serán muy difíciles si hay una pretensión de reducir las
aportaciones de los países más ricos en la Unión Europea y
prácticamente imposibles si además tenemos en cuenta que la Unión
Europea va a crecer y que ya no estamos hablando de una Europa de los
países que ahora la integran, sino también de los países del Este que
ahorase van integrar y de Chipre y Malta.
Nosotros pensamos que la cohesión europea es ahora más necesaria que
nunca, pero también nos preocupa, como hemos manifestado en otras
comparecencias, que con la integración de estos países -y nosotros
estamos muy contentos de que se integren porque creemos en la
cohesión comunitaria-, los países mediterráneos podamos perder peso
específico en el conjunto de la Unión Europea.
Refiriéndome ya al presupuesto agrícola, vemos también el peligro de
que con las nuevas perspectivas de modificación de fondos
estructurales la política agraria y ganadera pierda peso en relación
con el presupuesto comunitario. La verdad es que nos preocupan las
previsiones que se han hecho de incrementar las ayudas directas
y reducir las de producción, aunque podrían ser positivas siempre que
haya un compromiso de financiación al cien por cien y no se plantee
el pretexto de nacionalizar esta política. Y nos preocupa
especialmente que se pretenda acabar con las pocas medidas en las que
la figura del agricultor a título principal, el agricultor
profesional, es contemplada como prioritaria para las políticas
comunitarias, y nos preocupa mucho porque ya sabe que nuestra línea
ideológica política va precisamente por otro lado, es decir, por
entender, como hemos dicho en muchísimas ocasiones y hace muy poco
respecto a los regadíos, que si los recursos son limitados y tiene
que haber una cohesión y si uno de los objetivos es fijar población y
garantizar renta, la política agraria solamente tendría una salida
objetivamente razonable, que sería la de modular las ayudas
garantizando la suficiencia alimentaria, porque es de sentido común.
Pero eso ya está garantizado, y ahora tendríamos que ir a garantizar
el equilibrio territorial, la población sobre el territorio y un
reparto equitativo de las ayudas, y esto no sucede -lo hemos dicho ya
muchísimas veces- con el reparto del 80-20 por ciento que ahora se
está produciendo.
Señora ministra, señorías, estamos observando, efectivamente, un gran
nerviosismo por parte de Alemania, de Austria, de Holanda, de otros
países que están presionando en ese sentido. Otra pregunta que le
quería formular es qué nivel de apoyo a la postura manifestada por el
ministro Rato y el Gobierno español hay por parte de otros países de
la Unión Europea para, aunque la medida se tenga que adoptar por
consenso, saber que hay un grupo de países que tendrán la suficiente
fuerza y la suficiente decisión para oponerse a estas reformas que se
están planteando.
Nosotros pensamos que, a la larga, será inevitable una reforma de la
PAC, de los objetivos, de los fondos estructurales. A nuestro
entender, la reforma ha cumplido un objetivo, pero en un momento en
que se están produciendo excedentes, en que se está cayendo en un
gran productivismo, pensamos que se tiene que ir hacia otro tipo de
políticas, de reparto más equitativo, de un fomento mayor de las
políticas de calidad y que sean mejor aprovechadas estas ayudas.
Creemos que hay países que han utilizado mejor los fondos
estructurales que nosotros. Hay países que se han aprovechado de las
medidas de cofinanciación de una forma muy intensa desde hace años,
tanto en el cese anticipado, como la instalación de jóvenes, como las
medidas
agroambientales; hay países que hace tiempo han manifestado por
qué modelo se van a decantar. Austria tiene el eslogan Austria
ecológica, otros países se han lanzado por otro tipo de modelo,
potenciando el suyo propio. Nosotros no lo hemos hecho, no hemos
aprovechado esos fondos estructurales y justo estamos entrando ahora
en un momento en que se está planteando la reducción a tres de los
objetivos que estaban previstos y unas medidas que estaban a cargo
del Feoga-Orientación se quieren pasar ahora al Fondo de Garantía sin
añadir ni un duro a las aportaciones del Feoga-Garantía. Si la
financiación continúa siendo la que se plantea, no creemos que el
Feoga-Garantía esté en condiciones de poder llevar a cabo la reforma
de la PAC, las medidas estructurales y la adhesión de los países
nuevos que se van a integrar, en la Unión Europea.
Por tanto, señora ministra, pensamos que estas propuestas no
benefician a los agricultores ni a los ganaderos españoles. En este
sentido queremos saber cuál es su postura en relación con la
modificación de los objetivos que se está planteando, con la
cofinanciación en relación con los fondos estructurales y respecto a
que recaiga sobre el Feoga-Garantía la mayor parte de las medidas que
han de servir para el desarrollo del mundo rural, contando con que se
congelan fondos y además se plantea que no se va a aportar más de lo
que significa el producto nacional bruto de la Unión Europea.
Estas son nuestras preguntas y nuestro planteamiento. Hay un gran
desconcierto y quisiera obtener unas respuestas más concretas. Cuál
es la posición del Gobierno español.
El señor PRESIDENTE: El segundo grupo parlamentario solicitante de
esta comparecencia ha sido el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Tiene la palabra su portavoz, el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señora ministra, el Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió pidió su comparecencia porque está convencido
de la importancia que tiene que en sede parlamentaria explique cúal
es el posicionamiento del Gobierno respecto a la posición de algunos
países de la Unión Europea sobre el futuro financiamiento de la
Agenda 2000.
Estamos frente a un cambio importante, yo diría que el cambio más
importante en el tiempo y por su magnitud que ha tenido el sector
agrario, que es la aplicación de la Agenda 2000 y las modificaciones
que hemos tenido durante los últimos 14 años de la política agraria
comunitaria. La propuesta de la Agenda 2000 que tenemos encima de la
mesa intenta adecuar los precios europeos a los precios mundiales,
compensando a través de ayudas directas a la renta -es un cambio de
filosofía respecto a anteriores políticas-; propone la modificación
de la política agraria antes de iniciar las negociaciones con la
Organización Mundial del Comercio, que nos parece grave; propone que
la incorporación de nuevos países a la Unión Europea se haga con
fondos agrícolas e intenta asegurar la financiación de las
agriculturas de carácter atlántico, dejando para el futuro la
financiaciónde las agriculturas de carácter mediterráneo. Por lo
tanto,
es un tema complejo. Si además de todo eso añadimos la voluntad de
renacionalización de las ayudas, puede situar al sector en una
posición difícil.
Me alegra, señora ministra (y en aras de la brevedad, no voy a
consumir la totalidad del tiempo de que dispongo), muchísimo la
intervención que ha realizado. Habíamos leído la intervención del
vicepresidente del Gobierno a través de los medios de comunicación,
pero es importante que conste en acta, en la Comisión de Agricultura,
la posición estricta del Gobierno. La rotundidad de sus
intervenciones nos da la tranquilidad de que va a seguir el tema con
interés. De hecho, yo le pediría a usted, señora ministra, que
intente liderar algún grupo -no tiene que ir contra nadie-, de países
que tenemos intereses parecidos -en este momento estoy pensando en
Italia, que es un país importantísimo en el seno de la Unión Europea,
incluso en Francia-, para que haya un frente común que evite el éxito
que puedan tener en el futuro próximo las propuestas que nacen
básicamente en Alemania y con las que están de acuerdo otros países
como Holanda o Suecia. Señora ministra, le deseo éxitos respecto a
ese tema porque es el tema de todos los agricultores y, si eso no va
bien, nos irá muy mal a todos. Por tanto, señora ministra, agradezco
la decisión que ha mostrado en la intervención y esperemos que el
Gobierno, aparte de tener la voluntad política, tenga éxito para que
esa aspiración de Alemania y otros países no se haga realidad en el
futuro próximo.
El señor PRESIDENTE: También la ministra pidió su comparecencia en
esta Comisión y, por lo tanto, que conste en acta que el Gobierno
también pidió esta comparecencia.
A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
brevedad de la señora ministra dada la hora en que nos encontramos.
Lamento no compartir la opinión del portavoz de Convergència i Unió
porque a mí no me ha dejado tranquilo la intervención de la señora
ministra. No basta con decir que no se está de acuerdo, ¡faltaría más
que se dijese que se está de acuerdo! Basar nuestra posición
solamente en la capacidad que nuestro país tenga para frenar el
acuerdo nos parece bastante voluntarioso y poco real. El acuerdo de
la Comisión -usted mismo lo ha dicho- no se basa en una unanimidad,
sino en un amplio consenso, y tenemos bastantes ejemplos demasiado
recientes de lo que significa -por lo menos, usted ha dicho amplio
consenso, no ha dicho unanimidad-. En ese sentido, sabemos cómo se
consiguen los amplios consensos y lo que a nosotros nos cuesta
conseguir aliados en temas agrícolas. Por lo tanto, si usted corrige
y habla de unanimidad sería más tranquilizador, pero si se trata de
un amplio consenso lo tendríamos bastante difícil.
Nosotros entendemos que el mal es de fondo, de la concepción de una
política agraria común y del reto que supone la ampliación de la
Unión Europea. Nosotros seguimos planteando que el reto en términos
presupuestarios no puede ser cómo ajustar los gastos en la perspectiva
de la ampliación, sino cómo arbitrar la formas de financiar la
cohesión. Nosotros seguimos entendiendo que el sistema de
financiación que se propone es injusto, que carece de rigor, que es
arbitrario y, sobre todo, es contrario al objetivo de la cohesión. Y
estos no son meros calificativos, porque pretender acometer todos los
retos de la Agenda 2000 sin variar el presupuesto, en términos
generales, nos parece que es bastante cínico e irreal y que, al
final, lo único que esconde es otro modelo de Unión Europea basado en
el liberalismo. De mantenerse esta línea presupuestaria, en términos
medios, va a ser la ruina no solamente de nuestra agricultura, sino
de parte de nuestra economía.
Ya hemos dicho muchas veces -no lo vamos a repetir más pero es bueno
que se resalte- que la PAC sigue apoyando a sectores que no son
precisamente los correspondientes a productos mediterráneos, y el
apoyo a estos productos en términos reales incluso puede disminuir.
Por lo tanto, estamos ante una situación que realmente preocupa a
nuestra agricultura, porque no solamente no se corrige, sino que
vemos que aparecen elementos nuevos y quizás -y usted lo decía en el
punto anterior- es mejor que nos quedemos como estamos porque lo que
puede venir puede ser peor.
Esta es una dinámica muy peligrosa para nuestros intereses y nosotros
creemos que el gasto de la PAC debe cubrir al menos las medidas de
intervención en los mercados y la restitución a las exportaciones,
así como la ayuda directa y las medidas de acompañamiento. Sin eso,
estaríamos hablando de otra política. Por tanto, frente al escenario
actual, no se puede seguir manteniendo la idea de que la ampliación
de la Unión Europea tenga que hacerse sin ampliar el presupuesto. Hay
que acometer las reformas necesarias de la política agraria común en
favor de una política de cohesión económica y social y la ampliación
de la Unión Europea hacia los países del Este y del Centro debe
hacerse con dotaciones presupuestarias independientes de los actuales
fondos. De otra manera, el debate sería dar vueltas en tomo a lo
mismo. Lo que de verdad nos preocupa y preocupa a gran parte de los
agricultores es cómo conseguir aliados. Yo estoy convencido que o
conseguimos aliados en esta ocasión o, tarde o temprano, se acabará
imponiendo la cofinanciación, si no del 25 por ciento, estaremos
hablando de cómo conseguir que en lugar del 25 sea el 15 o el 20. O
esto se frena y se cambia la idea o al final estaremos hablando de
otro modelo que irá a peor, en lugar de mejorar el modelo actual, que
no nos gusta. Por lo tanto, nos gustaría escuchar de la señora
ministra no solamente que no está de acuerdo -repito, ¡faltaría
más!-, sino cómo vamos a conseguir entre todos frenar esta posición,
que no se plantea de forma marginal, sino con bastante solidez y
contundencia por países de no poco peso en la Unión Europea como es
Alemania. Por ello, nos gustaría trasladar un mensaje -y puede
contar, como en otras ocasiones, con todo nuestro apoyo tanto en esta
Cámara como en otros lugares- para conseguir una única voz de nuestro
país en defensa de unos intereses que -repito- nadie puede poner en
duda, sin embargo, por desgracia, si no se actúa con contundencia y
prontitud, podemosvernos muy mal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Creo, señora ministra, que este es un
ejemplo clarísimo de que cuando decimos que la política agraria
comunitaria agoniza, es que agoniza. Eso no quiere decir que después
no haya otra, evidentemente habrá otra. Pero el acta de defunción de
la política agraria comunitaria es la Agenda 2000 y esto son
consecuencias. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos la debemos
afrontar con el realismo suficiente y sabiendo que lo que está ahora
no va a ser ni lo del 2003 ni lo del 2006.
Hay que tener en cuenta que el primer problema que tenemos es de
carácter jurídico. Yo llamo la atención al Gobierno en este sentido.
El reglamento financiero de la PAC, el 729/70, se basa muy
particularmente en los artículos 43 y 209 del Tratado. Por tanto, el
dictamen jurídico que se haga sobre esta cuestión -y esta es la
primera batalla que creemos que hay que plantear- es enormemente
importante, porque según ese dictamen jurídico puede que se necesite
unanimidad o que se necesite tan sólo una mayoría cualificada. Algo
están haciendo -y nos consta- en la PAC nuestro embajador y nuestro
representante en la Unión Europea pero, aparte de ello, creemos que
este es un elemento al que el Gobierno tiene que prestar una
particularísima atención, y cuando digo el Gobierno me estoy
refiriendo el Gobierno como tal y no sólo al Ministerio de
Agricultura.
Urge aclarar, por otro lado, la nueva reforma que se pretende; si
afecta solamente a las ayudas directas o afecta al conjunto de las
ayudas. Si suponemos que afecta sólo a las ayudas directas -voy a
hacer esta hipótesis-, en principio hay que tener en cuenta los
conceptos. Porque la pérdida para el sector agrario como tal en
recepción de ayudas externas sería de 154.000 millones de pesetas.
Otra cuestión es que la disminución de los pagos que nosotros tenemos
que hacer a la Unión Europea sea de 79.000 millones de pesetas y,
como consecuencia, el arqueo sería de 75.000 millones. Esta es la
hipótesis con las ayudas tal y como las tenemos ahora. Pero si
consideramos cómo pretende la Agenda 2000 que se desarrollen,
entonces las cifras serían otras, pasaríamos a 214.000 millones de
pérdida y tendríamos un ahorro de unos 104.000 millones. Pero en uno
u otro caso, señora ministra, el primer problema que se le plantea al
sector agrario y a usted es que la partida presupuestaria de su
sección, si se llevase a cabo esta hipótesis del 25 por ciento, la
tendría que duplicar. Y tenerla que duplicar le va a plantear grandes
problemas, entre otros, le va a plantear problemas dentro de su
propio Gobierno.
Nos tranquiliza poco la conducta del señor Rato, porque, con
franqueza, el señor Rato le ha hecho hacer a la ministra algunos
papeles que más bien podríamos llamar papelones, porque hay
declaraciones que constan en el «Diario de Sesiones» en relación con
algunos temas que después ha desmentido con los hechos. Y ahí está el
caso del azúcar. Sería bueno que en este caso nos tranquilizase el
propio jefe del Gobierno -aunque tampoco nos va a tranquilizar y
seguiremos con la misma zozobra-, en este viaje al centro que ustedes
han emprendido y que no
vemos por ningún lado, de momento, por las actitudes, sería bueno que
el sector agrario se sintiese en alguna medida tranquilizado.
Hay también una cuestión sobre la que queremos llamar la atención.
Ustedes tienen ahora muy poca credibilidad en Bruselas en cualquier
actuación. Porque ir ahora a pedir más dinero, ir a pedir que se
mantengan unas ayudas después de una reforma fiscal en la que la
pérdida de ingresos se sitúa en el orden de los 700.000 millones,
entendemos que es una posición muy desairada. Nosotros sabemos la
gran capacidad que tiene la ministra para convertir pérdidas y
derrotas enormes en el sector rural -como la del aceite- en relativas
victorias en centros urbanos, así como la política que hace a este
respecto. Queremos llamar la atención ahora sobre este tema para que
no se repita exactamente lo mismo. Porque se está dando por hecho lo
del 25 por ciento y nada más lejos de la realidad. Tanto Grecia como
Portugal -y nos imaginamos que nosotros también- están manejando, con
notable éxito, dos índices: el de prosperidad relativa y el de
capacidad contributiva. En base a esos dos índices se ha elaborado
una lista de países, y resulta que nosotros estamos en uno de los
tres últimos lugares. Primero está España y detrás están Grecia y
Portugal. Parece ser que hay una tendencia extendida en la Unión
Europea para que tengamos un trato diferencial, y mucho nos tememos
que este trato diferencial se pueda vender después como un notable
éxito. En estos momentos se está barajando la posibilidad de que para
estos tres últimos países la cofinanciación sea del 15 por ciento y
no del 25 por ciento. O bien se puede estar manejando que sea una
banda progresiva que empiece en el 5, después sea el 10, el 15 e
incluso con algún año de carencia. Pues bien, no nos venda usted este
éxito. No nos diga usted: miren, empecé con el 25 por ciento y he
tenido tanta habilidad que lo he rebajado al 15 por ciento. O empecé
con el 25 y he tenido tanta habilidad que en este primer año es el 5,
que es muy poco, el siguiente será el 7, etcétera, y, por lo tanto,
he conseguido un trato notablemente diferente. Ahora no estamos
hablando de un tema cuantitativo, estamos hablando de un tema
cualitativo. Si hay cofinanciación, ustedes pierden la negociación, y
si no la hay, la ganan. Nosotros compartimos los fines, compartimos
los desvelos que pueda usted tener para que tenga éxito y no haya
cofinanciación, pero que compartamos los fines no significa para nada
que nosotros vayamos a compartir los resultados. Nosotros no
compartimos de ninguna forma los resultados, simplemente compartimos
los fines, y a usted y al Gobierno solamente les podemos juzgar por
los resultados.
Le llamo la atención sobre que si tenemos que hacer la
cofinanciación, se quiera o no se quiera, por mucho que se hagan
llamamientos a que todo va a seguir igual, difícilmente todo va a
poder seguir igual porque, si existe ya una responsabilidad del
Estado en la cofinanciación, el primer problema que se verá obligado
a abordar el Gobierno es el de los desequilibrios territoriales que
se producen con las ayudas de la PAC a la España del norte, Galicia,
Cantabria, las tres provincias vascas y el norte de Castilla. Es
decir, en su conjunto hay una zona que recibe un porcentaje muy
inferior, sin que la culpa sea suya, lógicamente, la culpa es de la
situación de la
política agraria comunitaria, pero las responsabilidades en la
cofinanciación serían ya mayores y se plantearían rápidamente
problemas de reequilibrio.
En segundo lugar, hay algo que es totalmente necesario hacer, y es
necesario hacerlo ya, con cofinanciación o sin cofinanciación. No es
de recibo, a estas alturas, que el 80 por ciento de las ayudas se lo
lleve el 20 por ciento de los perceptores. La modulación de las
ayudas de la política agraria comunitaria con criterios de eficacia
económica, pero también de justicia social, se impone ya en este
momento, y además creo que el tiempo juega contra nosotros. Por
tanto, señora ministra, muy brevemente porque el tiempo nos apremia,
como la situación que tenemos es delicada, cuenta usted con nosotros
para establecer una política firme frente a Bruselas respecto a la
cuestión de la renacionalización, respecto a la mayor. Nosotros nos
oponemos radicalmente, igual que ustedes, a que se renacionalice la
PAC. Ese es el objetivo. Cualquier otra cuestión es una distracción
para hacer una venta política del fracaso de una negociación en
Bruselas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Seré muy breve puesto que la información de
la señora ministra ha sido también breve, aunque absolutamente
precisa y concisa. Simplemente querría expresar la satisfacción del
Grupo Popular y por supuesto el apoyo del mismo a la postura y
actuación del Gobierno en dos temas esenciales como la financiación
de la PAC, una vez fijada la línea directriz agraria en el 1,27 del
producto interior bruto para la PAC en una Europa a 15, y la postura
firme del Gobierno español ante el Consejo de Ministros -la señora
ministra ya lo explicó ante esta Cámara y lo ha reiterado hoy-
absolutamente contraria a que con ese dinero se financie la
ampliación de países pecos o no, cualquier tipo de ampliación. Por
otro lado, como ya era conocido por todos -y agradecemos que la
señora ministra lo haya traído a esta sesión de la Comisión-, el
vicepresidente segundo, señor Rato, en el Ecofin que se celebró al
efecto manifestó el rechazo absoluto por parte del Gobierno de España
a ese documento de reflexión, llámese como se llame, todo menos
propuesta, sobre la renacionalización de la financiación de la PAC.
Estamos hablando de hipotética cofinanciación de ayudas directas,
porque aquí mezclamos ayudas directas con cualquier otro tipo de
fondos. En este sentido, señor presidente, mi grupo quiere tomar nota
de algo que de manera reiterativa y como ritornello repetitivo viene
a esta Cámara con motivo o sin él, el tema de la modulación. No vamos
a hablar absolutamente nada de ello. Nuestro grupo, en la ocasión
oportuna, hablará de todos los temas de modulación, así como también
expresará la preocupación creciente que siente, ya que en la medida
en que aumentan en los países de Europa los gobiernos, legítimamente
constituidos, de corte socialista y socialdemócrata empiezan a
aparecer las dudas sobre la financiación y cofinanciación de la
política agraria comunitaria y, en general, de una Unión Europea
profundamente cohesionada, como se pretendía
cuando el color del mapa de Europa era distinto. Repito que mi grupo
opina -y profundizaremos en ello en su momento-, en esta cuestión que
no es menor, que cuando en el Reino Unido, Italia, Alemania y
Francia, en distinto orden cronológico, aparecen gobiernos
socialistas y socialdemócratas empiezan a aparecer serias dudas sobre
la financiación de la PAC. De eso quizá haya que hablar, como también
de manera irónica, si se me permite, señor presidente, cuando se
expresan aquí y en otros sitios tantos nervios y tantas zozobras, yo
no sé, señora ministra, si alguna vez no sería conveniente estudiar
alguna OCM de la tila y otros tranquilizantes. Lo digo en tono menor.
Termino mi intervención diciendo que seguimos confiando en el trabajo
de nuestro Gobierno y pensamos que la postura de España en todos los
temas, tanto en el Consejo de Ministros de Agricultura como en el
Ecofin, es firme, clara y en defensa de sus intereses, tanto en la
PAC como en todas las OCM pendientes de la Agenda 2000 y, por
supuesto, de una participación adecuada en los fondos europeos para
un equilibrado desarrollo rural en España.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas o sugerencias
hechas, tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del ValleLersundi): Señor presidente, agradezco la oportunidad que se
me brinda con esta petición de comparecencia, que también ha sido
formulada por mi parte ante ciertas incertidumbres y preocupaciones.
Quiero repetir que la posición del Gobierno en su conjunto, mía como
ministra de Agricultura y también la del vicepresidente del Gobierno
manifestada en el Ecofin, es de rotundo rechazo a cualquier
pretensión de cofinanciación de la política agrícola común. Ha sido
dicho, ha sido reiterado y lo vuelvo a manifestar para que no haya
ninguna duda. La posición sobre esta cuestión es del Gobierno, no es
mía, no es de la ministra de Agricultura sino del Gobierno en su
conjunto, y el vicepresidente económico, señor Rato, se ha
manifestado rotundamente a este respecto en el Ecofin hace bien pocas
fechas.
Cuando les he leído textualmente el documento de la Comisión he
señalado que era una cita respecto a un amplio consenso. Como saben
SS.SS., en el Consejo Europeo no se vota; en el Consejo Europeo,
compuesto por jefes y presidentes de Gobierno, no se vota. Se adoptan
las cuestiones por consenso, y un amplio consenso quiere decir eso,
que nadie se opone porque hay derecho de veto. Que quede esto muy
claro. Eso es lo que he dicho. En lo que no voy a entrar es en que si
pasara esto o lo otro. Yo comprendo que a algunos les encantaría que
cuanto peor, mejor. A mí me parece una irresponsabilidad por parte de
algunos creer que cuanto peor, mejor; una soberana irresponsabilidad
porque estamos hablando del interés de personas de carne y hueso, de
hombres y mujeres del sector agrario. Esto ya lo hemos visto en
ocasiones anteriores. Por eso quiero decir que lo que se está
debatiendo aquí es el problema de la financiación de los
recursos propios. El problema es si el 1,27 es un techo suficiente o
no para financiar las nuevas adhesiones. España ha mantenido una
postura clara -tengo que decir que prácticamente en solitario, aunque
luego ha habido apoyos circunstanciales de algún otro país-, y ha
dicho que con el 1,27 no es suficiente para financiar las nuevas
adhesiones y ha reclamado un fondo especial, específico y
diferenciado precisamente para esas nuevas adhesiones. Estamos
hablando de la financiación global, los recursos propios y la
financiación de las nuevas adhesiones, que es lo que se está
debatiendo. Se está debatiendo la cuestión de los fondos de cohesión,
de los fondos estructurales y de la financiación de la PAC, y todo
eso está dentro de ese paquete en el que, insisto, lo que es
necesario es un amplio consenso y en el que existe el veto y España
claramente ha dicho que no admite la cofinanciación de la PAC porque
plantearía una serie de problemas, en los que no voy a entrar ahora,
como que al final se deciden gastos obligatorios. En ese tipo de
cuestiones, que son apoyo a la renta de los agricultores de una
manera o de otra, son gastos obligatorios que se decidirían en el
Consejo de Ministros de Bruselas por los ministros de los otros
países cuando es una cuestión de los parlamentos. Eso es distinto de
las cofinanciaciones de otros programas que son voluntarios, a los
que te apuntas o no en función de tus propias disponibilidades y tus
prioridades económicas, presupuestarias y políticas. Son gastos
obligatorios decididos por los ministros en Bruselas, con el peligro
de que, además, debido a esos gastos obligatorios acordados por los
ministros en Bruselas, algún país pudiera superar el 1,27 de
financiación y otra serie de cuestiones muy complicadas.
Quiero tranquilizarles diciendo que no se trata de empezar a decir si
son las ayudas directas que se contemplaban en el presupuesto de 1998
o las que aparecen como directas en el presupuesto de 1999 de la
Unión, por ejemplo. No vamos a entrar en ese debate, yo no voy a
entrar en ese debate porque no estamos en eso. Lo que hay es un
rechazo frontal a este planteamiento, partiendo de la base, señor
Centella, de que en política agraria en la Unión Europea hay de todo
menos liberalismo, o hay muy poco liberalismo; hay muchísimo más
intervencionismo de todo tipo, y además es normal. Yo siempre digo
que yo, que me considero liberal, creo que es una de las excepciones
que debe confirmar la regla, porque hay otros terrenos donde tampoco
se hace liberalismo puro y duro, sino que hay una acción tutelar del
sector público por razones de interés general, y este es uno de
ellos. O sea, que no me hable de liberalismo, no estamos en eso.
En cuanto a agonías, señor Amarillo, creo que tiene muchos ejemplos a
su alrededor sin que venga a hablarnos de agonías de la PAC respecto
a mis responsabilidades como ministra de Agricultura. Lo que me
preocupa mucho más que eso es la actitud del PSOE como principal
partido de la oposición. Me preocupa que en su momento criticara al
Gobierno, concretamente a mí por oponerme a un acuerdo en el cual se
daba luz verde a que con los gastos de la línea directriz agrícola
actual se financiaran, por ejemplo, las nuevas adhesiones de otro
tipo de políticas. En su momento lo criticaron. Ahora dicen lo
contrario, pero en aquel momento -y está en
las actas- dijeron que apoyaban que con el 1,27 y con las líneas
actuales se financiara todo. Me preocupa que eso lo dijeran entonces
y que ahora SS.SS., perteneciendo al Grupo Socialista Europeo,
oponiéndose a lo que acuerdan aquí, firmen para que se pronuncie el
Parlamento europeo, entre otras cuestiones -punto 5-, lo siguiente:
Estima que la opción de cofinanciación de las ayudas a la renta
preconizadas por la Comisión puede ser adoptada si se concibe en una
visión ambiciosa, con ocasión de operar un reequilibrio... Dicen que
se haría a través de la modulación y la flexibilidad en la gestión de
la cofinanciación -están hablando SS.SS. de modulación de la
cofinanciación, lo contrario de lo que acaba de decir S.S.-, dictadas
por los criterios de reequilibrio y cohesión de la PAC. A mí lo que
me preocupa es que el Partido Socialista Obrero Español tengan una
palabra aquí y otra palabra allá; me preocupa que en cuestiones de
Estado, donde están los intereses generales de España en juego y del
sector agrario en general, puedan tener ese doble lenguaje con esa
ligereza, como ya lo han demostrado en alguna cuestión como, por
ejemplo, en la negociación del aceite de oliva, cuestión en la que
jamás he entendido cómo han podido adoptar las posturas que han
adoptado. Eso es lo que a mí me preocupa seriamente.
Partimos de la base de que la posición del Gobierno es clara y
rotunda, negativa a la cofinanciación de la PAC, y que yo
personalmente, como ministra de Agricultura, he tenido que negociar
en su momento la declaración del Consejo de Ministros respecto a la
Agenda 2000, en la que se consiguieron muchos puntos. Fallaba la
línea directriz agrícola y por eso España, en ese aspecto concreto,
no respaldó la declaración del Consejo, lo que SS.SS. criticaron en
su momento. Es más, en el último Consejo conseguimos que la
Presidencia austríaca hiciera referencia a aquel acuerdo en los
puntos en que España respaldó. Recordaba la Presidencia, en el último
acuerdo, que el Consejo ya había convenido en que la reforma debía
garantizar unos ingresos justos, lograr un equilibrio equitativo
entre los sectores de producción, los productores y las regiones, y
-subrayo a partir de ahora- no llevar a una renacionalización de la
PAC o a un desplazamiento de los costes presupuestarios de la PAC a
los Estados miembros. Esto es lo que habíamos aprobado en su momento
los ministros europeos de Agricultura. Y tiene razón, señor Madero,
toda la razón en que son algunos nuevos ministros, recién llegados al
Consejo de Ministros, los que el otro día plantearon reconsiderar
este punto que en su día había sido adoptado por unanimidad de los
anteriores ministros, entre otros, por supuesto, por mí como
representante de la delegación española.
En síntesis, yo creo que no estamos en el momento de que se produzca
ningún tipo de cofinanciación de la PAC. No es eso lo que está
planteado. Lo que hay es una discusión general de los recursos
propios y la financiación de las nuevas adhesiones. Eso es lo que
está sobre la mesa. Pero como quiera que para que se produzcan -y lo
dice así la Comisión- unas propuestas concretas en cuanto a la
cofinanciación tiene que haber primero un amplio consenso, es decir,
que no se oponga ningún presidente de Gobierno ni ningún país en el
ámbito de los
consejos europeos a ese tipo de actuaciones, yo entiendo que en ese
sentido podemos plantearnos con una cierta tranquilidad y confianza
-partiendo de la base de que yo entiendo que es una cuestión que no
se puede perder de vista- que no es eso lo que se va a aprobar, ni
mucho menos, sino que las soluciones irán por otros caminos para
llegar a un acuerdo global final sobre las perspectivas financieras
para el período 2000-2006.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. Le agradecemos
su presencia en esta Comisión, así como también a los funcionarios y
autoridades que le acompañan, a quienes deseamos éxito en las
negociaciones.
Finalizada esta comparecencia, se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.