CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 564



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 37



celebrada el jueves, 5 de noviembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



- Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de
ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial. (Número de expediente 121/
000128) ... (Página 16488)



- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del
informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de
modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y
de Planta Judicial. (Número de expediente 121/000128) ... (Página 16488)



Proposiciones no de ley:



- De modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de armas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001107) ... (Página 16496)



- Sobre la urgente necesidad de apertura del nuevo centro
penitenciario de Palma de Mallorca. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001109) ...

(Página 16497)



- Sobre coordinación de medidas relativas a menores víctimas de
delitos. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001205) ... (Página 16499)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE
LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000128)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

En primer lugar, figura en el orden del día la ratificación de la
ponencia designada para informar el proyecto de ley de modificación
de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial.

Someto dicha ratificación a votación por asentimiento. (Pausa).

Queda, por lo tanto, ratificada.




APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL.

(NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000128)



El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate
y aprobación, en su caso, con competencia legislativa plena, a la
vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de
modificación de la citada Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y Planta Judicial.

Han presentado enmiendas que continúan vivas el Grupo Parlamentario
Mixto, señor Rodríguez Sánchez y la señora Almeida, así como los
grupos de Izquierda Unida y Socialista. Siendo pocas las enmiendas
presentadas a este proyecto, vamos a llevar a cabo la primera
intervención de cada uno de los grupos, empezando por los que han
presentado enmiendas, esto es, en primer lugar, intervendrán los
grupos enmendantes, después el resto de los grupos. Tanto los
enmendantes como los enmendantes como los demás grupos se referirán a
sus propias enmiendas y a la fijación de su posición y expondrán su
criterio en relación con las enmiendas que mantienen los enmendantes.

Las votaciones, tanto del proyecto de ley como de las proposiciones
no de ley, tendrán lugar a partir de las trece horas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente,
intervengo para defender las enmiendas presentadas por el Bloque
Nacionalista Galego al proyecto de ley de modificación de la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial. En primer lugar, doy por defendidas
las enmiendas presentadas por la señora Almeida, a quien le resulta
imposible asistir a la Comisión en este momento.

La necesidad de modificar la Ley de Demarcación y de Planta Judicial
propuesta por el Gobierno en este proyecto de ley toma como base la
Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en la medida en que en
apartado 2 del artículo 80.1
permite la creación de secciones de la Audiencia Provincial fuera de
la capital de la provincia. El argumento fundamental de la propuesta
concreta que el Gobierno presenta y que se pretende aprobar es el
acercamiento de la justicia al ciudadano. Este sería el criterio
básico para acometer la creación de nuevas secciones en las
audiencias provinciales fuera de las capitales de provincia.

El Bloque Nacionalista Galego no se opone al principio general de que
la justicia, como otros servicios de la Administración, esté cerca
del ciudadano -queremos dejarlo claro-, sin embargo, el actual
proyecto de ley responde al objetivo que se invoca como
justificación, cuando menos en lo que se refiere a la Comunidad
Autónoma de Galicia.

Desde el convencimiento de que este proyecto de ley va a salir
adelante nuestras enmiendas van destinadas a corregir el texto
original, hoy modificado ya en Ponencia, en el sentido de cambiar
aspectos que ponen en cuestión ese principio invocado en su
justificación. Pretendíamos, por lo tanto, que los municipios de
Vilaboa y Sotamaior, limítrofes con Pontevedra, pasasen a formar
parte de su partido judicial, precisamente por cercanía con la
Audiencia Provincial y no se adscribiesen a la nueva sección de Vigo
por su mayor lejanía.

En segundo lugar y dentro de la propia lógica de la reforma que el
Gobierno propone, con otra enmienda pretendemos crear una sección en
Ferrol con jurisdicción sobre los partidos judiciales 3 y 9, que
abarcarían un importante número de habitantes, aproximadamente
200.000. Resulta muy difícil explicar desde qué lógica se crea una
nueva sección, por ejemplo, en Santiago de Compostela pero no en
Ferrol. El Grupo Popular quizá sea capaz de dar esa explicación, en
tanto en cuanto apoya este proyecto.

Este proyecto de ley se presenta por el Gobierno sin la suficiente
reflexión y debate y sin abordar otras cuestiones sin duda urgentes
para prestar un buen servicio a los ciudadanos, como, por ejemplo,
dotarle de mayor medios humanos y materiales, corregir una justicia
lenta con numerosos asuntos pendientes, o proceder a una reforma
global acorde con la realidad geográfica, poblacional, económica y
cultural de las distintas comunidades autónomas.

Nosotros estamos a favor de una reforma más global, que aborde los
problemas reales de la justicia, que dé un adecuado servicio a los
ciudadanos, reforma en la que, naturalmente, se incluye el
acercamiento de la justicia al ciudadano. Este proyecto de ley no
responde a este criterio y prueba de ello es la nueva modificación
que, en fase de ponencia se realizó acerca de la jurisdicción sobre
la que extienden su competencia, en este caso concreto, la Audiencia
de Pontevedra y la nueva sección de Vigo. Nuestro punto de vista por
presiones legítimas, naturales, de de defensa de intereses concretos
todos ellos legítimos, insisto y seguramente por otro tipo de
cuestiones que no entro a valorar, configura un nuevo mapa judicial
en el que la nueva sección de Vigo extiende su jurisdicción sobre los
partidos judiciales de Vigo y Redondela, y Pontevedra extiende su
jurisdicción sobre el resto de los partidos judiciales de la
provincia. Es un mapa distinto al inicialmente previsto en el
proyecto de ley. Esta nueva planificación, si no se me desmiente,
contradice totalmente ese principio de acercamiento de la justicia
que el Gobierno dice defender para justificar este proyecto. Los
ciudadanos del sur de la



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provincia, por ejemplo, del Baixo Miño o del Condado, no tendrán como
sede de la Audiencia la más próxima, sino la más lejana.

En definitiva, lo dicho confirma que este proyecto de ley responderá
a cualquier criterio de interés menos el de acercar la justicia al
ciudadano. No parece que el ciudadano importe. Creo que se sacrifican
sin rubor los intereses de muchos ciudadanos en aras de intereses que
no son los suyos. Es un proyecto poco meditado, poco ponderado y
probablemente sin la adecuada discusión previa y global. En el caso
de Galicia, nos parece un despropósito. El Gobierno y el grupo que lo
sustenta, en lugar de abordar un proyecto serio, pretende realizar
modificaciones sobre el esquema de las audiencias, sin criterios
razonables, pretendiendo satisfacer a todos y mucho me temo que
dejando descontentos también a todos y creando agravios innecesarios.

Nos parece que esto es un flaco favor a la justicia y al principio de
acercamiento. De aprobar este proyecto en estas condiciones no
sabemos qué pasará.

Como grupo político estaríamos dispuestos a discutir sobre la reforma
global de la justicia y, por tanto, sobre qué modelo es el más
adecuado para responder a las necesidades de los ciudadanos de
Galicia en este caso. Pero esta no parece ser la intención del
Gobierno y lo lamentamos. En todo caso, nosotros vamos a mantener las
enmiendas números 6, 7 y 8, aunque suprimiendo del texto el término
Vilaboa, porque con la modificación introducida por la ponencia ese
término municipal ya queda adscrito, como proponíamos en nuestra
enmienda, a la Audiencia de Pontevedra.




Respecto de las demás enmiendas, vamos a votar favorablemente la
número 18 del Grupo Socialista y vamos a abstenernos en el resto de
las enmiendas por desconocer el alcance concreto de las propuestas
que contienen. Nos abstendremos también en la votación del conjunto
del proyecto por lo anteriormente expuesto. No nos oponemos al
principio general del acercamiento de la justicia al ciudadano, pero
este proyecto de ley no resulta satisfactorio para la Comunidad
Autónoma de Galicia.




El señor PRESIDENTE: La señora Almeida está Santiso del Valle: Pido
la palabra ausente. (El señor para una cuestión de orden.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, no entiendo cuál es el
orden. Si es de menor a mayor, no nos toca y si es por orden de
presentación de enmiendas, tampoco.




El señor PRESIDENTE: Había dicho al principio de la sesión que, en
primer lugar, le concedería la palabra a los grupos que mantenían
enmiendas por su propio orden y después, por el orden de menor a
mayor, a los grupos que no mantienen enmiendas. Mantienen enmiendas,
en el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez y la
señora Almeida de Castro y los grupos Izquierda Unida y Socialista.

Por ello, ahora le iba a conceder a S.S. la palabra.

Tiene la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, mi pregunta era
simplemente porque no conocía que el Grupo de Convergencia i Unió
había retirado las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Señoría, puede referirse no solamente a las
enmiendas que su grupo mantiene, sino también a las de los demás
grupos y expresar también los criterios que estime pertinentes en
relación con el proyecto.




El señor SANTISO DEL VALLE: Quiero hacer una primera valoración de la
modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y
de Planta Judicial. Nuestro grupo va a apoyar esta reforma, aunque
mantengamos las enmiendas que ahora pasará a relatar, pero no podemos
evitar hacer una reflexión de carácter más general. Seguimos en un
parcheo continuo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que
necesita, como creo que todas SS.SS. compartirán, una reforma en
profundidad fruto precisamente de todas las variaciones que está
sufriendo la distinta legislación que afecta a la demarcación y
planta judicial. Hemos tenido oportunidad, hace muy pocos meses, de
haber adelantado pasos en algunas cuestiones que hoy se van a aprobar
y hemos tenido que esperar seis meses, parece ser que por un problema
procedimental.




Nos sigue llamando la atención que vamos a aprobar una reforma que
plantea cuestiones que en algunos casos la hacían innecesaria, pues
podían haberse producido, como de hecho ya sucede en otros casos,
desplazamientos de secciones de las audiencias en el caso de haberlo
considerado conveniente. Las propias audiencias provinciales podían
haber creado tranquilamente secciones en aquellos casos que hoy se
van a abordar, para atender a concentraciones de población
importantes que se van a ver afectadas por esta reforma.

Dicho esto, nos parece positiva la intención en general, en el
sentido de acercar la justicia a los ciudadanos, de desdoblar las
audiencias de Cádiz, de Málaga -en el caso de Asturias, la de Oviedo
y de Gijón-, Badajoz, A Coruña, Pontevedra y Murcia. Ahora bien,
también creemos que pueden existir pequeños desajustes, algunos no
tan pequeños, como puede ser la asignación del número de magistrados,
que algún caso provoca problemas en cuanto que ya hoy estaban
saturadas esas misma audiencias y probablemente con el desdoblamiento
pueden incrementarse, así como otros problemas territoriales, como ha
expresado en su intervención el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego.

Creemos que está bien la urgencia, pero no la precipitación. Paso a
defender nuestro bloque de enmiendas que, aunque numéricamente son
cinco, se refieren a tres cuestiones. La primera es una enmienda a la
disposición transitoria cuarta, porque, tal y como está redactada,
puede dar lugar a una amortización mecánica de plazas de magistrados
que en algunos casos pudiera ser necesario aumentar pero que no nos
gusta. Proponemos la supresión del primer párrafo y buscar que sea el
nivel de saturación o de ocupación de las audiencias el que determine
si de verdad hay algún caso en el que hay que suprimir esa plaza como
consecuencia



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de las nuevas creaciones o si, por el contrario, hay que mantenerla
porque sigue siendo necesario el número de magistrados.

Las enmiendas 2 y 3 de Izquierda Unida hacen referencia a una
reivindicación histórica en Badajoz, que es la creación del partido
judicial de Azuaga, que data de 1854, por ser la población con mayor
número de habitantes en la comarca. Con la creación del partido
judicial número 15 que propone Izquierda Unida se atendería y
aproximaría la justicia a esta comarca.

Por último, quiero referirme a las enmiendas 4 y 5, que tienen
relación con lo que exponía anteriormente. Pretenden subsanar un
error que nos hemos cansado de reiterar en todas aquellas
oportunidades en que ha pasado por aquí alguna reforma parcial de la
Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque procede precisamente de
una precipitación que provocó que en la tramitación de la Ley 38/1988
se omitiera incluir en el Juzgado de lo Social de Mieres municipios
que son colindantes con este y que, curiosamente, por este error,
tienen que desplazarse a llevar sus casos al de Oviedo, siendo
municipios que están a cinco minutos (como son los de Aller, Lena y
Quirós) del Juzgado de lo Social de Mieres, juzgado que, por otra
parte, tiene un bajísimo nivel de ocupación y que con esta corrección
de error que propone Izquierda Unida liberaría de trabajo
parcialmente al Juzgado de lo Social de Oviedo, en primer lugar y, en
segundo lugar, evitaríamos tener en un nivel alto de desocupación en
el Juzgado de lo Social de Mieres. Nos parece de sentido común
aprovechar esta oportunidad para corregir este error, insisto,
reconocido por todo el mundo, de la Ley 38/1988, que se intentó
corregir en la exposición de motivos de la Ley 30/1992, que recoge
expresamente la subsanación del error pero que se vuelve a cometer al
no subsanarlo.

Yo puedo entender que, en una ley que está planteada fundamentalmente
para el desdoblamiento de las audiencias, sorprendan estas enmiendas
y que el Grupo Popular pueda pensar que es abrir una puerta para que
se vayan colgando otras situaciones pendientes. Insisto, estamos
intentando corregir un error de la Ley de 1988, reconocido en la
exposición de motivos de la Ley de 1992; es posiblemente una nueva
oportunidad perdida cuando tenemos cruzados los brazos en el Juzgado
de lo Social de Mieres a una serie de funcionarios judiciales. A fuer
de ser pesado, insisto en la necesidad de corregir este error y que
nadie lo interprete en el sentido de intentar aprovechar la
oportunidad para crear una nueva distribución de los juzgados en el
caso de Asturias. Repito el llamamiento y pido la comprensión de
todos los grupos para esas dos enmiendas que quieren corregir esa
situación.

En cuanto al resto de las enmiendas, las vamos a apoyar todas excepto
la número 9 de Izquierda Unida, porque en el fondo no quiere la
separación de la Audiencia Provincial en Cádiz, y la número 16 de
Convergencia i Unió, porque, en nuestra opinión, teniendo dudas
respecto a la disposición transitoria cuarta, creemos que lo quiere
solucionar de una manera excesivamente reglamentaria. Parece que el
texto está incorporado al informe de la ponencia y ni siquiera se va
a votar, con lo cual apoyamos el resto de las
enmiendas y votaremos en contra de la número 9 de Nueva Izquierda.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Íñiguez.




El señor ÍÑIGUEZ MOLINA: El proyecto de ley que se somete hoy a la
consideración de esta Comisión tiene una serie de defectos que lo
hacen fundamentalmente inoportunos. Es una reforma que no debía
haberse producido en este momento, puesto que las circunstancias no
son las más adecuadas. Aunque existen en este proyecto de ley
expectativas en las poblaciones donde se va a crear una sección de
las audiencias provinciales, las circunstancias que vamos a exponer a
continuación demostrarán que es totalmente inoportuna.

En primer lugar, la página 3 de la memoria nos habla de las causas
por las cuales no se ha hecho hasta el momento una reforma de la Ley
de Planta y Demarcación en lo que afecta a las audiencias
provinciales, siendo los principales motivos -y están en el ánimo de
todos- las previstas reformas procesales de la Ley de Enjuiciamiento
Civil - ha entrado en la Cámara recientemente el proyecto-; y la
modificación del artículo 14, que está a punto de ser aprobado de
forma definitiva y que va a quitar una gran carga de trabajo a las
audiencias provinciales volviendo a llevar una serie de asuntos a los
juzgados de lo Penal. No estamos por tanto en condiciones de saber
con claridad el número de asuntos que va a haber en las audiencias.

En segundo lugar, dice esta memoria que acompaña al proyecto que, sin
ignorar la necesidad de revisión de la planta, que ha debido ser
pospuesta a causa de las importantes reformas procesales pendientes,
la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y el Código Penal, la
aparición de estas nuevas necesidades contempladas en el presente
proyecto exigen de forma ineludible la continuación del desarrollo de
la planta judicial. Seguimos leyendo esta memoria creyendo que nos va
a explicar cuáles son estas nuevas necesidades ineludibles que
demandan cambiar en este momento la Ley de Planta. Nos lo aclara -lo
digo entre comillas- un párrafo que tiene muy buenas palabras pero
sin contenido, que dice: En consecuencia, estas necesidades (no dice
cuáles son) no han de verse alteradas tras las reformas procesales
mencionadas, no pudiendo posponerse su cobertura sino a riesgo de
incrementar las actuales acumulaciones y, en última instancia,
comprometer seriamente los logros habidos hasta ese momento; la
efectividad de las últimas reformas legislativas y la consecución de
una estructura judicial cualitativa y cuantitativamente óptima en
nuestro país.

Es decir, unas magníficas palabras, pero que no tienen un verdadero
contenido. Seguimos, por tanto, sin conocer la aparición de esas
nuevas necesidades que exigen modificar la Ley de Planta y
Demarcación que, en apariencia, va a resolver el problema de acercar
la justicia a los justiciables, concretamente en siete poblaciones de
España, pero no lo va a resolver en otras poblaciones de la misma
categoría e importancia y de casi el mismo número de asuntos que
también lo han solicitado; por ejemplo, Ferrol ha solicitado que se
cree una nueva sección junto a la de Santiago de Compostela. Esta
reforma va a crear una serie de agravios



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comparativos entre las poblaciones en las que se han creado las
secciones y va a causar, como ocurre actualmente, una serie de
problemas en los sitios donde suprimen. A través de la prensa tenemos
conocimiento de que el colegio de procuradores de Cádiz ha
interpuesto un recurso contencioso- administrativo ante la Sala
Tercera contra el proyecto de reforma que hoy debatimos. Esto hace
que en los habitantes de algunas ciudades como Cádiz, Jerez,
Algeciras, Cartagena y Murcia, Vigo y Ferrol, todas las que creen que
podrían verse afectadas por esta modificación, haya una alteración
del ánimo porque se han creado algunas plataformas en defensa de la
Audiencia Provincial y de la constitución de una sección. Se ha
creado un problema político donde no existía en un momento como éste
que no tiene explicación, porque jurídica y técnicamente no tiene
explicación que se haga tan inoportunamente esta reforma si no es con
un propósito meramente electoralista en las poblaciones a las que les
afecta, diciendo que el Partido Popular les va a dar una sección, o,
mejor dicho, tal y como está concebido el proyecto, una audiencia
provincial.

Si se lee atentamente el proyecto que debatimos al mismo tiempo que
el informe del Consejo General de Poder Judicial, vemos que se han
atendido algunas circunstancias de las expuestas por el Consejo en su
informe; en cambio, otras no, como la relativa a que se deje
claramente delimitado lo que son audiencias provinciales y las
secciones de las audiencias. Tal y como está configurado el anexo
quinto, parece que se van a crear audiencias provinciales en
Cartagena, en Jerez, en Algeciras y en las demás poblaciones donde se
crea una sección. El Consejo pide reiteradamente en su informe que se
aclare este tema y que no se tenga la conciencia de que se ha creado
una audiencia bis sino una misma sección de esa misma audiencia.

Habría que dejar de poner parches a esta Ley de Demarcación y Planta
ya que se han puesto demasiados. Estamos en un proceso importante de
modificación de la justicia, pero hasta que no esté consolidado este
proceso no deberíamos crear más problemas como los que se van a
producir con la aprobación de esta reforma. Deberíamos considerar
cuál es la configuración definitiva de la justicia penal en su fase
de audiencias provinciales y dejarlo perfectamente claro, sin esperar
a las próximas elecciones y a que haya peticiones de creación de
nuevas secciones en poblaciones que preven su implantación, porque
nos podemos encontrar con que se desvirtúa por completo la planta
judicial en la justicia penal en la relación entre los juzgados de lo
Penal, de Instrucción y Mixtos, y las audiencias provinciales.

El informe del Consejo es uno de los más negativos de los varios que
hemos visto en esta legislatura en relación con proyectos enviados
por el Gobierno. Entre ellos, recordamos el de las condiciones
generales de la contratación, totalmente negativo. Este informe, con
dos votos en contra, declara la inoportunidad de esta reforma y la
falta de estudio y consideración de las circunstancias necesarias
para que pueda prosperar este proyecto.

En el tema de los magistrados que han de componer cada una de estas
nuevas secciones que se pretenden crear con el propósito de atender
mejor al justiciable, nos encontramos con un estudio de seis
secciones -todas menos la de Algeciras- en relación con la población,
el número de
asuntos, la participación en el total de los asuntos en la provincia,
los que se resolvieron el año pasado y los que corresponden por
magistrado y año. Hay que tener en cuenta que el Consejo establece en
su libro blanco que no puedehaber más de 375 asuntos por magistrado y
año, y así lo ha estimado como módulo máximo de trabajo.

Aunque el informe del Consejo tiene algún error numérico, vamos a ver
cada una de estas nuevas secciones de las audiencias provinciales. La
de Jerez, que tiene un 47 por ciento de la población total de la
provincia y un 35 y 38 por ciento, respectivamente, de los asuntos
civiles y penales, en el año 1997 tuvo un total de 2.151 asuntos. Si
la plantilla de esta sección es de tres magistrados, le corresponden
por magistrado y año 717 asuntos, algo más del doble del módulo
máximo establecido. Si se hiciese una modificación con un nuevo
magistrado, también superaría con mucho el número de los que
corresponden, porque serían 538 asuntos al tener cuatro magistrados.

Lo que propone el Consejo son seis magistrados distribuidos en dos
secciones, que tendrían un total de 358 asuntos, módulos totalmente
manejable para llevar los asuntos de esta nueva sección.

En relación con Gijón y Vigo, ocurre exactamente igual. Se establecen
cuatro magistrados en vez de tres, como en las demás secciones, pero
en ésta con 1.981 asuntos que tuvieron en 1997, le corresponderían
495 asuntos con tres magistrados. De seguir este proyecto adelante,
sería interesante que se creasen dos secciones también en Gijón que
darían algo menos del máximo establecido, con un total de 330 asuntos
por magistrado y año. Lo mismo ocurre con Mérida, que también supera
el máximo establecido con 395 asuntos, cantidad menor, pero que
podría paliarse perfectamente con un nuevo magistrado. En Santiago de
Compostela, con esta misma demarcación y teniendo en cuenta que
constituye el 27-83 por ciento de la población lo que le
correspondería a la sección de Santiago, si se constituye con tres
magistrados, serían 630 asuntos por magistrado y año, es decir,
estaría totalmente desbordada la capacidad de trabajo de esos
magistrados por mucho que quieran. Si esto siguiese adelante, se
debería de hacer con dos secciones de tres magistrados cada una, que
daría lugar a 315 asuntos por cada sección. Vigo supera todos los
cálculos. Constituye el 60 por ciento de la población de la provincia
de Pontevedra. Tiene un 67 por ciento de asuntos civiles y un 64 por
ciento de asuntos penales de toda la provincia. El año pasado tuvo un
total de 3.358 asuntos que correspondiendo a cuatro magistrados, como
se propone, supondría un módulo de 839 asuntos por magistrado y año
número de asuntos que comporta la imposibilidad de que esta nueva
sección funcione con cuatro magistrados. Por tanto y teniendo en
cuenta de que con seis serían 559 asuntos por magistrado y año, lo
único que sería adecuado serían tres secciones con un total de nueve
magistrados, con lo que serían 373 asuntos por magistrado y año, o
sea que estaría dentro del módulo máximo establecido por el Consejo
para el trabajo de los magistrados de estas secciones. En Cartagena
nos ocurre lo mismo, con tres, como está establecido, serían 564
asuntos por magistrado y año, y haciendo dos secciones, con cuatro,
serían 423 asuntos, también mucho mayor de lo que corresponde



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por el módulo y habría que establecer, por tanto, dos secciones de
tres magistrados, con 282 asuntos.

Si a pesar de la inoportunidad de esta ley, se va a conseguir que se
constituyan estas secciones y se pongan en funcionamiento, vamos a
hacerlas, si lo que queremos que funcione es la justicia, de forma
que pueda funcionar, no vamos a abocarlas al fracaso de encontrarse
con 839 asuntos, tal y como está, por ejemplo, la de Vigo, donde,
dadas las condiciones de esta población, estos magistrados no van
a poder asimilar los 839 asuntos, y si queremos perfeccionar la
justicia y conseguir el mejor servicio público de la justicia para
los ciudadanos, cambiemos el número de magistrados que tienen que
componer cada una de estas secciones, con los criterios establecidos
de un módulo de 375 asuntos por el Consejo General del Poder
Judicial, que es órgano de gobierno de los magistrados y jueces, y
vamos a hacer algo que sea verdaderamente operativo y no una reforma
que sea exclusivamente electoralista, con la que queramos conformar a
unas ciudades dándoles de forma fija una sección de las audiencias
provinciales, que se va a convertir, lo digan así o no lo digan, en
una audiencia provincial bis. Si queremos hacerlo, hagámoslo de forma
que pueda ser perfectamente operativa y pido precisamente al Partido
Popular que si ha de seguir con este proyecto, que haga una
adecuación del número de magistrados necesarios para que sea
verdaderamente operativa esta sección.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): texto refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas Grupos no enmendantes que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Canario, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, seré muy breve, porque
mi grupo valora positivamente el texto que llega hoy a la Comisión
después de las enmiendas introducidas en el trámite de ponencia. Mi
grupo no había presentado ninguna enmienda singularizada al respecto
porque el anexo V de este proyecto de ley se refería a comunidades
autónomas distintas de la canaria, y dado que habíamos tenido ocasión
en el anterior proyecto de ley de modificación de la Ley de Planta y
Demarcación Judicial que creaba dos nuevos partidos judiciales, uno
en Canarias y otro en la Comunidad de Valencia, de manifestarnos en
el trámite de esta Comisión del Congreso de los Diputados, nada
teníamos que enmendar al respecto.

Sí queremos resaltar que vamos a apoyar con nuestro voto el texto que
nos llega de la ponencia entendiendo que ha sido positiva la
supresión de la disposición transitoria cuarta, que no venía en
verdad nada más que a complicar el ejercicio de la misma, y es
positiva la introducción de dos nuevos artículos, el artículo tercer
(nuevo) y el cuarto (nuevo), especialmente este último, porque tiene
correlación y va a poder ser aplicado precisamente al anterior
proyecto de ley al que me he referido anteriormente, ya visto en esta
Cámara, de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta
Judicial, que creaba un nuevo partido judicial en la isla de Tenerife
en Canarias, para que sea ahora una ley cuya competencia de emisión
corresponde a la comunidad autónoma, que será la que fije la sede de
la capital del partido y, por tanto, el nombre del municipio
correspondiente. Estos son problemas que a veces suscitan un gran
litigio y entendemos que esta responsabilidad la debe asumir el
propio Parlamento autonómico correspondiente y que el Gobierno de esa
comunidad autónoma emita el correspondiente proyecto de ley que
apruebe ese Parlamento autonómico.

Por todo lo demás, como estamos de acuerdo con su texto, lo vamos a
votar favorablemente votando en contra de las enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE: (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario
de Convergencia i Unió tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: El Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió
presentó cinco enmiendas al proyecto, de las cuales cuatro han sido
incorporadas en trámite de ponencia y una quinta retirada. El sentido
de las enmiendas, aparte de un par de correcciones puramente técnicas
y de precisar una remisión que se encontraba equivocada, tenía por
objetivo fundamental, por un lado, en la medida en que se establecen
secciones desplazadas de audiencias provinciales, recoger el
principio del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
que por ley del Parlamento de la comunidad autónoma respectiva se
fije la sede de esa sección desplazada de la comunidad autónoma
correspondiente. Por otro lado, también otra enmienda de un cierto
calado, que se ha incorporado al proyecto, pretende que en los
supuestos de transformación de órganos jurisdiccionales sea
preceptivo el informe de la comunidad autónoma. Tenemos que decir que
hasta ahora el Gobierno estaba solicitando esos informes y que por
tanto la ley no va a variar lo que ha sido una práctica, pero de lo
que se trataba también era de protegerlo a través de este principio
de preferencia de ley.

Tengo que decir, en cualquier caso, en relación con el proyecto,
señorías, que a mi grupo no le entusiasman las secciones desplazadas
de las audiencias provinciales. Ciertamente en la Ley Orgánica del
Poder Judicial en el artículo 78 se establecía esa posibilidad para
los tribunales superiores de Justicia y en el artículo 80 para las
audiencias provinciales, y por tanto da la impresión de que no se
hace otra cosas que poner en práctica estos principios teniendo
incluso en cuenta que por su propia naturaleza y por la práctica
ausencia de competencias penales de los tribunales superiores de
Justicia tiene incluso más sentido, una vez que se admite o se
quiebra ese principio general de unidad dentro de la comunidad
autónoma o de la provincia respectiva, admitir una sección desplazada
de la audiencia provincial, en la medida que es la jurisdicción penal
o la civil la que determina, sobre todo la penal, movimiento de
ciudadanos, que no la jurisdicción contencioso-administrativa, que es
la que constituye el elemento básico de los tribunales superiores de
Justicia, en la que se mueven papeles precisamente y no personas.

De todas formas ya digo que quiero dejar claro que a mi grupo no le
entusiasma la existencia de secciones desplazadas, que nos da la
impresión de que lo que va a producirse va a favorecer una quiebra o
un riesgo de quiebra del principio de unidad en la aplicación del
ordenamiento jurídico y que precisamente la existencia de estas
secciones



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hace, desde nuestro punto de vista, ineludible situar un recurso de
casación penal y civil incluso en el ámbito de los tribunales
superiores de Justicia, dejando posteriormente al Tribunal Supremo un
recurso de casación para la unificación de doctrina, porque
ciertamente la dispersión geográfica de las secciones de las
audiencias lo que va a motivar es precisamente la dispersión también
de esa doctrina jurisprudencial.

De todas formas, el Gobierno así lo ha establecido en el proyecto de
ley, los gobiernos autonómicos no se han opuesto y los que se
opusieron en su día han rectificado esta posición, las secciones
desplazadas han sido admitidas, aprobadas y hasta impulsadas por los
parlamentos autonómicos y, por tanto, res inter alíos acta nec nocet
nec prodest, lo que hagan otros a nosotros no nos afecta. A lo que sí
nos opondríamos siempre es a que se nos pretendiese aplicar el mismo
criterio y desde luego ya anticipo que no estamos por que exista una
sección desplazada de la Audiencia Provincial de Barcelona con
competencia en el Baix Llobregat, por más que en población puede
tener más que algunas de las secciones que aquí se crean, o por jugar
a las dobles capitalidades y generar una mayor contienda de la que en
estos momentos puede existir en Tarragona entre Tarragona y Reus,
precisamente también sobre la base de la existencia de secciones
desplazadas de las audiencias provinciales. La uniformidad del
ordenamiento jurídico entendemos que no puede ver con buenos ojos
estos desplazamientos. Ahora bien, si otras comunidades los desean,
allá va.

La enmienda que habíamos presentado a la disposición transitoria
tenía por objeto impedir que con el pretexto o incluso como causa de
la creación de secciones desplazadas al final lo que hubiese es un
incremento de plantilla en determinadas audiencias provinciales en
detrimento de aquellas otras en las que se aplica el principio de
unidad. Una vez que es el propio Grupo Parlamentario Popular el que
ha presentado una enmienda de supresión de esa disposición
transitoria, nosotros no hemos tenido el más mínimo inconveniente en
retirar la nuestra y, por tanto, manifestamos ya el voto favorable al
proyecto.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En nombre del Grupo Popular, voy a
fijar la posición en relación a las enmiendas presentadas y realizaré
a su vez unas valoraciones en torno al proyecto de ley que hoy
estamos debatiendo.




Se ha dicho por parte de los portavoces de diversos grupos que era un
proyecto meditado, inoportuno y que no obedecía a razones objetivas.

Quiero rebatir estos criterios inicialmente. Quienes conocen los
antecedentes parlamentarios recordarán que cuando se estaba
tramitando la Ley de Demarcación y Planta Judicial en 1988, el Grupo
Popular presentó ya entonces enmiendas al articulado y al anexo
V tendentes a garantizar la creación de secciones de audiencia fuera
de la capital de provincia. Sus señorías conocen igualmente, y si no
lo subrayo con mucho gusto,
que es un compromiso del Partido Popular que hace suyo el Gobierno y
que apoya el Grupo Popular.

Quiero recordar también de dónde trae causa el proyecto de ley que
estamos debatiendo. Parece que SS.SS. olvidan que al Ley Orgánica del
Poder Judicial, y estamos hablando de una ley orgánica de 1985,
posibilita el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Así el
artículo 80.1 de dicha ley establece que las audiencias provinciales
tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su
nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. También conocen que
en el número 2 del mismo precepto se establece la posibilidad de
crear secciones de audiencia provincial fuera de la capital de la
provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos
judiciales. Pues bien, como consecuencia del número 2 de este
artículo 80, el Gobierno elabora un proyecto de ley que remite a las
Cortes Generales, que es el que estamos debatiendo en la Comisión de
Justicia. Por si fuese poco, en la justificación de la oportunidad
del proyecto nos parece capital el artículo 24 de nuestro texto
constitucional, donde se tiende a garantizar un fácil acceso de los
ciudadanos a la justicia y a adoptar las medidas precisas para el
funcionamiento y perfeccionamiento de la justicia. Es decir, tanto el
artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, como el
artículo 24 de la Constitución y algunos estatutos de autonomía,
específicamente el de Ceuta y Melilla, dan cobertura legal al
proyecto de ley que hoy estamos examinando.

No puedo entender las críticas absolutamente demoledoras del Grupo
Socialista al proyecto de ley que estamos examinando, críticas desde
el punto de vista político y desde el punto de vista de contenido que
tienen una traslación parlamentaria insólita, porque se presenta una
única enmienda al texto referida a la disposición transitoria cuarta.

La intervención que hace el portavoz del Grupo Socialista debería
conllevar en el ámbito parlamentario la presentación de una enmienda
a la totalidad con texto alternativo. Sin embargo, el portavoz del
Grupo Socialista presta su atención de forma pormenorizada añadiendo
una sección en un sitio, quitando una sección en otro, justificando
la carga de trabajo y la adscripción de determinados partidos
judiciales y, ¡oh sorpresa!, se presenta una única enmienda por parte
de su grupo a la disposición transitoria cuarta.

Los grupos parlamentarios deberían acompasar sus discursos, no solo
en el Parlamento sino también en las respectivas comunidad autónomas
en las que se van a crear secciones de la audiencia fuera de la
capital, a lo que es el período y el plazo estrictamente
parlamentario en el desarrollo de una ley, que es la formulación de
las enmiendas. No puedo aceptar ni alcanzar a comprender la
oportunidad un discurso donde se establecen criterios específicos de
creación o supresión de secciones y que no aparezcan luego en
enmiendas al texto articulado. Hacer ese tipo de política y de
discursos parlamentarios, donde las voces van por un lado y las
enmiendas no van por otro, favorece poco el rigor que se debe tener
en el ámbito parlamentario en la tramitación de determinados
proyectos de ley, salvo que se pretenda posibilitar discursos
variados y contradictorios dependiendo de las necesidades
coyunturales que existan en cada comunidad autónoma y en cada
localidad concreta y determinada.




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Hay otra serie de enmiendas que plantean otros grupos parlamentarios
respecto de las que quisiera invocar también los antecedentes que
llevan al Grupo Popular a rechazar enmiendas que no se refieren al
objetivo primordial y único de este proyecto de ley, que como saben
obedece a la creación de nueve secciones fuera de la capital en las
audiencias provinciales.

En cuanto a otro tipo de enmiendas que se plantean referidas a
juzgados de Primera Instancia y a juzgados de lo Social, es
perfectamente legítimo defender estos intereses en el debate
parlamentario y dentro de los criterios de estrategia política, pero
es legítimo igualmente, porque así lo hemos hecho anteriormente y a
ello me referiré, rechazar enmiendas que no se refieren al núcleo de
este proyecto de ley que estamos debatiendo y que apoyamos desde el
Grupo Popular. Sus señorías recordarán, concretamente el portavoz de
Izquierda Unida, que cuando se discutió la modificación de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial recientemente se hizo con un objetivo
determinado que se refería a la creación de juzgados en la Comunidad
Autónoma de Canarias y en la Comunidad Valenciana, por necesidades
turísticas de ciertos municipios, que SS.SS. conocen perfectamente,
ya que el proyecto de ley ha sido tramitado en las Cortes Generales.

Pues bien, en aquel momento otros grupos y concretamente Izquierda
Unida y el Grupo Mixto, se planteaban enmiendas que no traían causa
del objetivo que tenía el Gobierno y que apoyaba el Grupo Popular,
que se circunscribía a las citadas comunidades autónomas. Por aquel
criterio objetivo de trabajo, de rigor y de analizar los proyectos
conforme la finalidad fundamental para la que son presentados y
tramitados en el Congreso y en el Senado, el Grupo Popular rechazó
entonces -qué paradoja- la creación de secciones de determinadas
audiencias provinciales fuera de la capital. Los que siguen con
atención los debates en la opinión pública se acordarán del desgaste
al que se nos quiso someter desde el Grupo Socialista porque se nos
provocaba diciendo: si el Grupo Popular tanto quiere las secciones
desplazadas, plantéese apoyar las enmiendas que desde el grupo de
Izquierda Unida y desde el Grupo Mixto se presentan y que el Grupo
Socialista apoya.

El rigor a la larga, en el Parlamento y en la vida, suele ser
bastante rentable y coloca a cada uno en su sitio, en el Parlamento,
en política y en general en la vida. Cuando rechazamos con
objetividad y con criterio aquellas enmiendas soportando un desgaste
político importante e invocamos que desde el Ministerio de Justicia y
desde el Gobierno del Partido Popular se enviaría a las Cortes
Generales un proyecto, el que hoy estamos discutiendo, para modificar
la Ley de Planta y Demarcación Judicial y crear secciones fuera de la
capital algunos diputados socialistas dijeron que estábamos mintiendo
a los ciudadanos y faltando a la verdad. Fíjense ustedes qué
satisfacción política y personal tengo yo hoy aquí como ponente y
portavoz del Grupo Parlamentario Popular de demostrar no solamente el
rigor del Gobierno sino también la trayectoria impecable de mi grupo
parlamentario, que ya en el año 1988 planteó enmiendas cuando se
estaba tramitando la Ley de Planta y Demarcación Judicial; el rigor
que nos asiste cuando no sucumbimos a tentaciones parciales que se
plantearon de forma legítima pero poco rigurosa cuando se estaban
tratando otros proyectos de ley, y hoy estamos manteniendo un discurso
perfectamente coherente con la presentación de una enmienda a la
disposición transitoria cuarta, que como han recordado anteriores
portavoces, ha sido incorporada en el trámite de ponencia y
ratificada al inicio de este debate por la propia Comisión de
Justicia.

Señorías, quiero decir que este proyecto de ley no solamente trae
causa de la propia ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de
Planta y Demarcación Judicial, sino también de nuestro texto
constitucional, del artículo 24, que invoca y apela para que la
justicia sea accesible al justiciable, para que podamos aproximar la
justicia al justiciable. Creo que el objetivo de la ley consigue dar
carta de naturaleza a este principio establecido en nuestro texto
constitucional.

Quiero recordar también, porque ha habido dudas y algunos hemos
formulado muchas preguntas en legislaturas anteriores, que la ley era
el único cauce posible para proceder a la adaptación de la Ley de
Planta y Demarcación Judicial y a la creación consiguiente de
secciones fuera de la capital. No había otro procedimiento posible y,
por tanto, hemos establecido el cauce adecuado, con criterios
objetivos de carga de trabajo y desde luego con un objetivo global y
genérico, que es el que entendemos debe alumbrar y asistir siempre a
todos los proyectos de ley. Les dirá que en la inmensa mayoría de las
comunidades autónomas -y quiero hacer una especial referencia al caso
de Ceuta y Melilla- asisten con auténtica expectativa a la creación
de estas secciones fuera de la capital; en los propios estatutos de
autonomía de Ceuta y Melilla se instaba a través de su disposición
adicional sexta para que la normativa del Estado adecuase la planta
judicial a las necesidades de Ceuta y de Melilla, y hoy tenemos la
satisfacción de que la normativa del Estado, mediante una ley, adecua
la planta judicial a las necesidades verdaderas de Ceuta y Melilla,
donde como SS.SS. saben no solamente razones geográficas sino razones
objetivas aconsejaban y aconsejan que se constituyan dichas
secciones.

Señorías, creemos que criterios generales de carga competencial, la
existencia de planta judicial en cuanto a los juzgados unipersonales
suficientes en todos los partidos judiciales sede de las nuevas
secciones, las peticiones y las solicitudes acreditadas,
fundamentalmente por colegios de abogados de todas las ciudades, y
las necesidades judiciales expuestas por el propio Consejo del Poder
Judicial aconsejan y acrediten no solamente la oportunidad sino
también la bondad de este proyecto de ley. Por tanto, desde el Grupo
Parlamentario Popular está de más decir que lo vamos a apoyar, lo
vamos a hacer absolutamente satisfechos, porque creemos que estamos
colaborando, con este apoyo y con esta tramitación parlamentaria, a
una finalidad que debemos perseguir sin ningún género de dudas, que
es facilitar el acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales
y acercar la justicia al justiciable.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): El señor Castellano había
pedido la palabra. No obstante, ¿grupos que desean intervenir en un
segundo turno? (Pausa.)
Señor Castellano.




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El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, no estaba en mi
ánimo intervenir; además no he sido yo el ponente de este ley, don
Mariano Santiso ha tenido que ausentarse, porque lógicamente
entenderán ustedes que en un grupo parlamentario como el nuestro
tengamos muchos frentes que cubrir, pero es que he sido provocado,
porque si se dice que de lo que se trata es del acceso de los
ciudadanos a los órganos judiciales, precisamente las enmiendas 4 y
5, que hacen referencia al territorio de su señoría, señora
Fernández, a Mieres, y que además ha quedado demostrado que fue un
error que se cometió, deberían ser aceptadas.

En todo caso, ha sobrado por completo esa defensa de la objetividad
de los proyectos, porque yo le voy a recordar a usted algún proyecto
tan objetivo como el de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con la intención de instalar la famosa cámara de
descompresión despolitizante a aquellos magistrados y jueces que han
pasado por la política, que venía acompañado de algo tan coherente
como era el recurso de nulidad de actuaciones, y no digamos cuando
además se le añadió por vía de enmienda el estatuto de los miembros
del Tribunal Supremo. Es lógico que sea exactamente igual de objetivo
su criterio que el de los demás cuando llega un proyecto de ley. En
estos días estamos viendo una reforma del título VIII del Código
Penal que se está aprovechando, y me parece muy bien, por los grupos
parlamentarios para dar un salto importante en algo como es la
reforma del propio Código Penal en materia de malos tratos para poder
tomar determinadas medidas con respecto a las mujeres maltratadas.

Por tanto, no enarbolemos el principio de la objetividad y de la
coherencia estricta de los proyectos para no aceptar ninguna
enmienda, porque yo le puedo poner a usted encima de la mesa -sólo le
he recordado dos a vuela pluma- todo un auténtico censo de leyes que
han motivado a los diputados a tratar de, anexo o conexo con el tema,
reformar otras. ¿Que ustedes no quieren ahora corregir el tema que el
señor Santiso y nuestro grupo les han propuesto en las enmiendas 4 y
5 para impedir seguir en un determinado error? Me parece muy bien.

Ahora, no me diga usted que es por objetividad con el proyecto,
porque la objetividad es la que tendrá usted el día de hoy, pero
hubiera sido bueno que la hubieran tenido ustedes hace unos cuantos
días, no hubiera estado nada de más, y que luego a lo mejor la
adquieran dentro de otros pocos, pero hoy precisamente está siendo
usted lo suficientemente objetiva, tan objetiva, tan objetiva que
está usted dejando en muy mal lugar a su propio grupo, al que usted
le acusa precisamente de falta de objetividad cada vez que ha
aceptado otras propuestas. No tengo ningún ánimo de polémica,
solamente se lo digo por defender a su grupo parlamentario, para que
no tenga usted ningún problema, porque si no alguien le va a decir:
¿cómo dices estas cosas? Porque, por ejemplo, aprovechando una
iniciativa popular para regular exclusivamente un tema tan concreto
como es la modificación del quórum para determinadas reformas en las
fincas sometidas al régimen de propiedad horizontal, ha dado motivo
para que hagamos una auténtica ley de propiedad horizontal casi
nueva. ¿Y nos va usted a acusar de falta de objetividad, si eso se ha
hecho en base a sus propias enmiendas?



Sea usted lo suficientemente objetiva para añadir a la objetividad,
porque usted lo sabe hacer perfectamente, un mínimo de coherencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Íñiguez.




El señor ÍÑIGUEZ MOLINA: Voy a tratar de ser muy breve. Saliendo al
paso de la tremenda crítica que nos ha hecho la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular únicamente queríamos decirle que nuestro
rechazo no es a la creación de secciones, sino a lo mal que está
hecho el proyecto. Está tan mal hecho que lo ha reflejado el órgano
del Consejo del Poder Judicial, especialmente en relación con el
módulo de los magistrados que deben de componen la planta en cada una
de las secciones, alusión a la que, por otra parte, la portavoz del
PP no ha hecho la más mínima consideración sobre los números que
hemos expuesto en nuestra intervención y que son recogidos del
informe del Consejo. Por tanto, nosotros no estamos diciendo que
estemos en contra de la creación de las secciones en los casos en que
sea procedente, pero en el momento oportuno, que no es este, para
poder hacer esta modificación, puesto que está pendiente, entre otras
cosas, saber el resultado que nos va a dar la modificación del
artículo 14, que va a descongestionar bastante a las audiencias
provinciales en materia penal, y la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que está iniciando su tramitación en esta
Cámara y que va a tener también unas consecuencias importantes en
cuanto al número de asuntos y las apelaciones que correspondan.

Hubiese sido mejor esperar a un momento más oportuno, en el que
estuviese cerrado ya el mapa judicial y no pudieran afectar estas
modificaciones últimas que se están tramitando.




Por otra parte y abundando en lo que ha dicho el señor Castellano,
hay un tema, concretamente el del juzgado de Mieres, que es un error
inexcusable pero desde hace mucho tiempo. (La señora Fernández
González: ¿De quién? El señor Castellano Cardalliaguet: Corríjanlo).

Después de establecer el juzgado de lo Social de Mieres,
posteriormente en el anexo no se recogen las partes que tenían que
componerlo. Por tanto, es el momento oportuno para aceptar cualquiera
de las enmiendas que se han presentado ampliando el número de
poblaciones que deban de adscribirse al juzgado de Mieres. No difiere
en absoluto de las demás cuestiones y debería ser aprobado este tema
por Comisión. Nosotros vamos a votar a favor.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Intervengo con toda brevedad.

Por empezar por las palabras del portavoz socialista, he de decir que
he sacado una conclusión clara sobre el sentido de voto de todos los
grupos parlamentarios, pero no sé qué va a votar el Grupo Socialista.

Lo digo porque el trámite parlamentario, después de hacer el discurso
en defensa o en contra del proyecto, como ha sido el caso,
normalmente los demás grupos sabemos en qué sentido va a ser la vota
ción.




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Desconozco en qué sentido va a ser la votación del Grupo Socialista y
espero expectante -créanme-, y conmigo muchas personas que siguen con
atención la tramitación de este proyecto de ley.

Vuelvo a no entender nada -y se lo quiero decir con todo respeto pero
con toda contundencia al señor Íñiguez- . Si el proyecto de ley es
tan malo, reglamentariamente usted y su grupo parlamentario tuvieron
la posibilidad de presentar una enmienda de totalidad con texto
alternativo. Parlamentariamente es posible, políticamente es muy
ilustrativo y sería muy conveniente para haber concretado este
debate, porque S.S. parece que tiene una precisión y un termómetro
exacto para medir la bondad o la maldad de este proyecto de ley. Por
el contrario, S.S. -insisto- o su grupo parlamentario despacha el
trámite de las enmiendas con la presentación de una sola enmienda a
la disposición transitoria cuarta. No entiendo la actuación
parlamentaria en la que ha incurrido el Grupo Socialista, ni puedo
acompasar el discurso a las votaciones y a las enmiendas (El señor
Cuesta Martínez: Eso ya lo ha dicho antes). Créanme que he prestado
mucha atención y la vamos a seguir prestando, pero están ustedes
instalados en un perfecto galimatías jurídico y político.

Por lo que se refiere al portavoz de Izquierda Unida, al señor
Castellano, entiendo que el señor Santiso se haya tenido que
ausentar. Él conoce perfectamente y tiene sensibilidad respecto a
este proyecto de ley como ponente, me consta y lo conozco desde hace
unos pocos años. Como nos pasaba en la facultad cuando nos
preguntaban un tema y sabíamos justo el inmediatamente posterior y
anterior, tratábamos de confundir mezclando para salir adelante lo
mejor posible. (El señor Castellano Cardalliaguet: Me rejuvenece.-
Risas.) Y el señor Castellano a quien no hace falta que yo le
rejuvenezca porque tiene un espíritu joven, me ha trasladado a mi
época universitaria. Estamos hablando del proyecto de modificación de
planta y demarcación judicial. Le agradezco, porque siempre se
aprende de sus intervenciones parlamentarias, la multitud de ejemplos
que, no con respecto a este proyecto sino con carácter general, ha
tratado de poner de manifiesto y, cual incrustación de lapislázuli,
ha tratado de colar en el debate parlamentario que hoy traemos
respecto a las secciones desplazadas fuera de las capitales de
provincia. Le agradezco igualmente la sensibilidad que me consta que
tiene hacia la Comunidad Autónoma asturiana, pero no ha prestado
atención a nuestra intervención. He tratado -ya veo que sin éxito- de
justificar la razón objetiva, señor Castellano - creo que me asiste
ese derecho de poder calificar mis palabras y mis discursos con los
titulares que estime yo oportuno-, que nos impedía apoyar enmiendas
que con carácter general hacían referencia a otras cuestiones
distintas al propio proyecto de ley.

Su señoría invocaba, y es verdad, que se trata de un error, que trae
causa histórica, de hace muchísimos años, que se ha podido corregir
por gobiernos anteriores -y no lo han hecho-, y créame que la
preocupación que usted tiene yo la comparto y se comparte desde este
grupo parlamentario, pero al igual que mantuvimos un discurso
razonado y razonable cuando se modificaba la Ley de Plana y
Demarcación justamente para modificar la planta referida a la
Comunidad Valenciana y a la Comunidad Autónoma de
Canarias para la creación de juzgados por razones de incremento
turístico, en aquel entonces rechazamos la creación de secciones de
audiencia. Siguiendo con ese hilo argumental usted me permitirá que
yo califique de objetivo el criterio por el que hoy no vayamos a
apoyar enmiendas que se refieren a cuestiones distintas a las
establecidas y tratadas en este proyecto de ley, compartiendo, sin
duda, la sensibilidad que S.S. tiene hacia el juzgado de lo Social de
Mieres, al que también emprenderá que por proximidad, por vecindad y
por nacimiento estoy más cerca que S.S. en cuanto a esa sensibilidad.

Proposiciones no de Ley:



- DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/
001107)



El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Sustanciado el debate del
proyecto de ley de modificación de la ley Demarcación y de Planta
Judicial, entramos en el punto tercero del orden del día, debate y
votación de proposiciones no de ley. Proposición no de ley de
modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se
aprueba el reglamento de armas.

Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Esta iniciativa tiene como objeto responder
a la demanda de los mayores, sobre todo aquellos aficionados a la
caza, que son muchos, que con razón se sienten discriminados por la
redacción del artículo 104 del reglamento del Real Decreto 137/1993.

Este real decreto, que contempla una vigencia de la licencia de armas
diferenciada en función de la edad, a partir de los 60 años, hace que
se produzca una discriminación en cuanto a los costes económicos por
el recorrido burocrático que se tiene que hacer para obtener estas
licencias. Entendemos que debe existir una diferenciación en la edad
en cuanto a la idoneidad psíquica y física del que tiene la licencia,
pero no otro tipo de agravio. En consecuencia, para evitar esta
discriminación y facilitar los trámites a las personas mayores que
gustan y son aficionadas a la caza, pedimos la modificación de este
artículo 104 en el sentido que recoge la enmienda que hemos
presentado.

Quiere decir que la única diferenciación que habrá a partir de los 60
y 70 años será la presentación de un certificado médico de un centro
de reconocimiento autorizado, en el caso de los 60 años cada dos años
y en el caso de los 70 una vez al año, pero solamente será un visado
que se dará mostrando este certificado, para lo cual también se
solicita en la proposición que la Administración apruebe un modelo de
licencia con espacio suficiente destinado a la consignación de los
sucesivos visados gubernativos. Insisto en que esta iniciativa
responde a facilitar, abaratar y evitar trámites burocráticos
innecesarios y a igualar a todos los ciudadanos ante estas
concesiones.




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El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Caneda, como el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición
no de ley, entiendo que ha sido defendida en su intervención, e
efectos de ordenación del debate.




El señor CANEDA MORALES: Entiende bien el señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Muchas gracias.




¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mi grupo va a apoyar con
su voto positivo, la aprobación de esta proposición no de ley que
trae el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar nos parece que
tiene lógica y presta atención a un problema que incluso razonándolo
sobre la base de que la Constitución española señala en su artículo
14 que nadie puede ser discriminado, entra en el terreno no de la
discriminación, sino de la potestad de la Administración en razón de
un certificado médico, cubierta ya la etapa de los 60 años y el nivel
de los 70, que el vigente reglamento del Real Decreto 137/1993 señala
en el artículo 104 -que se propone modificar aquí-, respecto a estas
exigencias; exigencias dentro del trámite burocrático -como bien ha
señalado el portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario
Popular-, pero que obligaban a una reiteración de la obtención de los
certificados de antecedentes penales. No se trata de una cuestión
vinculada a la comisión de delitos (que era la exigencia que
sustentaba el rigor en la obtención del certificado de antecedentes
penales), sino que se estaba poniendo en duda que estas personas
hubieran cometido determinados delitos cada año, pasada la edad de
los 70 años, cosa que verdaderamente resultaba pintoresca. Por tanto,
lo que hay que pedir no es un certificado de antecedentes penales,
sino el certificado de la aptitud psicomotriz o el certificado que un
colegiado médico expende y expide al respecto. Ydigo lo de expende
porque se cobra y está en tela de juicio el cobro de estos
certificados médicos, pero no es ésta la cuestión que se trae aquí.

Sí quiero decirle al Grupo Parlamentario Popular que mi grupo no ha
considerado por el momento esta proposición no de ley objeto de una
enmienda, pero sí quiero recomendarle al Gobierno que teniendo en
cuenta la edad de las personas de que se trata, sobre todo los
mayores de 70 años, y dado que la Dirección General de la Guardia
Civil tiene dependencia orgánica del Ministerio del Interior,
adoptara la elogiable costumbre de la Dirección General de Tráfico en
relación con la inmediata caducidad de los permisos de conducir. Todo
ciudadano con permiso de conducir recibe aproximadamente tres meses
antes de que se produzca la caducidad del mismo, un preaviso de la
jefatura de tráfico de la Dirección General de Tráfico del Ministerio
del Interior advirtiéndole de esa situación para que haga la
renovación pertinente porque en caso de caducarle se verá obligado
a repetir todo el examen. Pues bien, esto no lo viene
haciendo el servicio de intervención de armas de la Dirección General
de la Guardia Civil con los que tienen las licencias correspondientes
y la casuística nos viene indicando que es un verdadero trastorno
para las personas con esta edad, que en muchos casos no pueden tener
la memoria ni una agenda que les preavise del momento en que les va a
caducar la licencia. Si esto lo puede hacer la Dirección General de
Tráfico con lo millones de permisos de conducir que hay -porque hoy
hay ordenadores para resolver esta cuestión-, con mucha mayor razón
lo podría hacer el servicio de intervención de armas de la Dirección
General de la Guardia Civil, dado que el número de licencias y
permisos de armas es infinitamente menor y hay ordenadores que
facilitan estos procesos de preaviso.

Esto es lo que quería decir al respecto para que quedara constancia
en el «Diario de Sesiones», porque ni siquiera pretendo que sea una
enmienda in voce.




- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE APERTURA DEL NUEVO CENTRO
PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCA. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/001109).




El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Pasamos al punto 4 del
orden del día: proposición no de ley sobre la urgente necesidad de
apertura del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca, del
Grupo Socialista, a cuyo efectos tiene la palabra la señora Riera.




La señora RIERA MADURELL: Señor presidente, señorías, la situación
que viene arrastrando el viejo centro penitenciario de Palma de
Mallorca es ya insostenible. Se trata de unas instalaciones
obsoletas, con capacidad para entre 200 y 300 reclusos y reclusas,
que en la actualidad alberga a más de 600 -exactamente 630- y en
ciertas épocas ha llegado a tener más de 700, es decir más del doble.

Son unas instalaciones que no reúnen los requisitos mínimos que exige
la propia Ley General Penitenciaria en lo referente a la
clasificación de internos, y en consecuencia los reclusos y reclusas
ingresados en dicho centro penitenciario no reciben de la
Administración el mismo grado de prestaciones que el resto de
internos e internas del sistema penitenciario español.

Ante tal grado de hacinamiento, se carece de personal suficiente para
atender con eficacia las necesidades del centro, en deterioro
lógicamente de la seguridad y del tratamiento de las propias
personas. Por este mismo motivo, muchos reclusos y reclusas tienen
que ser trasladados a las prisiones de la Península, lo que trae
consigo importantes problemas afectivos y económicos, tanto para
ellos como para sus familiares, con los que fácilmente pierden el
contacto.




Como solución a todos estos problemas, durante el Gobierno
socialista, y dentro del plan de amortización y creación de nuevos
centros penitenciarios, se abordó la construcción de un nuevo centro
penitenciario en Palma de Mallorca, cuyas obras, después de superados
algunos retrasos iniciales, estaba previsto que finalizaran en
septiembre de 1997 (así, al menos, se nos dijo por escrito en
contestación a una pregunta formulada por esta diputada en febrero



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de 1997), pero en contra de las previsiones anunciadas por el
Gobierno el nuevo centro penitenciario de Palma todavía hoy no ha
entrado en funcionamiento ni hay fecha prevista para ello, a pesar de
estar ya desde hace varios meses virtualmente terminado. (El señor
vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.)
Por otro lado, señorías, a lo largo de este año 1998 se han
inaugurado nuevas prisiones: dos prisiones tipo en la comunidad
autónoma gallega, concretamente la de Curtis, en A Coruña, y Alhama,
en Pontevedra; una en Andalucía, el nuevo centro tipo de Granada y,
recientemente, una en la Comunidad Autónoma de Madrid, la de
Aranjuez, que ha supuesto el cierre de Carabanchel. Ninguno de los
centros antiguos a los que estos nuevos centros han sustituido tenía
una tasa de saturación comparable a la que tiene actualmente la vieja
prisión de Palma de Mallorca, que está todavía en funcionamiento.

Parece deducirse que la puesta en marcha de nueva prisión de Palma va
viendo postergada no en base a criterios técnicos, sin en base a
criterios de oportunidad política. Mientras tanto, los ciudadanos y
ciudadanas privados de libertad en Mallorca tienen que ser enviados a
la Península, con el consiguiente problema de desarraigo y de gasto
añadido a la familia; gasto que debe asumir si quiere seguir
manteniendo un mínimo de relación.

Pueden imaginarse SS.SS. el enorme coste social que está suponiendo
el retraso en la puesta en funcionamiento del nuevo centro
penitenciario de Palma, y por ello el Grupo Socialista presenta esta
proposición n de ley en la que pedimos al Gobierno que solucione de
forma inmediata y con carácter de urgencia todos los obstáculos que
impiden la apertura inmediata del nuevo centro penitenciario de Palma
de Mallorca y que dicho centro se ponga en funcionamiento antes de
finalizar el presente año 1998.

Por ello, señorías, pedimos a todos ustedes su voto favorable.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Simplemente, para manifestar que
nuestro grupo votará a favor de dicha proposición no de ley haciendo
nuestras las palabras que se han vertido por parte de quien ha
presentado la propuesta.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: Para justificar su proposición no de
ley, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho mención al grado de
hacinamiento que sufre la cárcel de Palma de Mallorca y que según su
representante conlleva que los reclusos no reciban el mismo trato que
los reclusos que se hallan internados en otros centros
penitenciarios. Ha manifestado que los funcionarios no pueden
realizar su labor de forma eficaz y que muchos
reclusos de Baleares son trasladados a prisiones de la Península.

También ha hecho mención a que el Gobierno socialista aprobó el Plan
de amortización y creación de centros penitenciarios en el año 1991,
y efectivamente señorías, esto es así, pero la representante del
Grupo Parlamentario Socialista ha olvidado hacer mención a algo
fundamental, y es que hubo que efectuar otro Plan de infraestructuras
en el año 1998 para atemperar la política penitenciaria a las
modificaciones habidas con motivo de la promulgación del Código Penal
de 1995. Ha hecho mención también a que su grupo formuló una pregunta
que le fue contestado el 5 de febrero de 1997, pero esa contestación
fue anterior a la aprobación del Plan de infraestructuras, que como
ustedes saben se aprobó por Consejo de Ministros de 30 de abril de
1998. Por tanto, consideramos que no es justo que se haga mención a
una serie de acontecimientos que han tenido una enorme incidencia en
lo que ha ocurrido con la cárcel de Palma de Mallorca pero que se
omitan otros hechos importantísimos que justifican y de alguna forma
hacen entrever cuál ha sido la política del Gobierno, y si se le
contestó en 1997 que el plazo de apertura del centro penitenciario de
Palma de Mallorca iba a ser el plazo de apertura del centro
penitenciario de Palma de Mallorca iba a ser de cuatro meses, si no
recuerdo mal hubo que esperar y prolongar este plazo habida cuenta,
como digo, de la aprobación del Plan de infraestructuras.

De todas formas, señorías, me llama mucho la atención que ahora le
entren las prisas al Grupo Parlamentario Socialista, y les voy a
decir por qué. Efectivamente, el centro penitenciario actual de Palma
de Mallorca está obsoleto, es de una vejez clara, hay un hacinamiento
enorme y por datos que tengo existe una sobreocupación de 182,83 por
ciento, una masificación importante, con dormitorios colectivos para
20 ó 25 personas; pero señorías todo esto no ha ocurrido en dos años,
como ustedes pueden imaginar, sino que hace mucho tiempo que esta
situación se ha venido sufriendo. Han tenido 13 años para modificar
esta situación, y ahora en dos años de Gobierno de Partido Popular,
en los que ha habido modificaciones del Código Penal y del nuevo Plan
de infraestructuras, de forma que no se acaba de entender, les entran
estas prisas desorbitadas.

Hemos hablado del Plan de amortización y creación del centro
penitenciario de 1991, en el que ya se establecía que el actual
centro penitenciario estaba destinado a su desafectación para uso
penitenciario y que se incorporaría como aportación no dineraria a la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario, Sociedad
Anónima, para su posterior enajenación. Esto fue en el año 1991,
cuando el Gobierno de la nación estaba formado por el Grupo
Parlamentario Socialista, y pasaron cinco años, señorías, en que no
se puso ni un ladrillo en la cárcel de Palma de Mallorca. Ahora sin
embargo vienen las prisas.

Cuando el Grupo Parlamentario Popular accedió al Gobierno en el año
1996, se encontró con que habían transcurrido cinco años, como digo,
desde que el Gobierno socialista había aprobado el Pan de
amortización y creación de centros penitenciarios, que se había
aprobado el nuevo Código Penal en el que se contemplaban unas nuevas
modalidades en el cumplimiento de las condenas, y el nuevo Gobierno
del Partido Popular se tuvo que replantear



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el mapa de infraestructuras y que se revisara el plan de 1991 para
que se pudiera adaptar a la política penitenciaria que exigían las
modificaciones realizadas en el ordenamiento jurídico español.

Por todas esas razones se aprobó el Plan de infraestructuras, como
les he dicho en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 1998, en
sustitución del anterior plan. Con la aprobación del Plan de
infraestructuras se daba también cumplimiento a un mandato del
Congreso de los Diputados, ya que en junio de 1996 se aprobó una
mención sobre política penitenciaria en cuyo apartado tercero se
decía textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que proceda a una revisión del actual Plan de amortización
y creación de nuevos centros y del vigente modelo de centros tipo, a
fin de establecer un mapa de infraestructuras penitenciarias que se
adecue a las previsiones de la Ley Orgánica y a las demandas
inherentes al marco de legalidad que surge del imperativo establecido
en el artículo 25.2 de la Constitución y en la Ley Orgánica General
Penitenciaria.

Pues bien, señorías, el Gobierno revisó el plan y se trazaron una
serie de objetivos. En primer lugar lógicamente había un nuevo modelo
punitivo en España, un nuevo Código Penal con unas nuevas penas de
arresto de fin de semana y de trabajo en beneficio de la comunidad
que eran factores determinantes a la hora de diseñar el nuevo mapa de
infraestructuras. Por otro lado, en el plan de 1991 existía un diseño
de tres grandes hospitales que pudiesen dar respuesta a los enfermos
en las cárceles españolas, y el nuevo plan cree que esa fórmula no es
la más correcta y prevé por ello la construcción o adecuación de 40
unidades o zonas de custodia en hospitales del sector público, con
una distribución geográfica que permitía dar cobertura a la
asistencia sanitaria en los hospitales de referencia. Puedo adelantar
que actualmente se está negociando con el Insalud la posible
instalación de estas 40 zonas de custodia en el hospital de
referencia de Palma de Mallorca, es decir en el Hospital Son Dureta.

Por todo ello, señorías, quiero manifestarles que en el Plan de
infraestructuras se establece que el centro penitenciario de Palma de
Mallorca no se abrirá antes del primer trimestre de 1999,
concretamente dice a partir del primer trimestre de 1999. Se
encuentra en la actualidad en fase avanzada de construcción; no
obstante están pendientes de ejecución de obra las cubiertas de
chapa, la seguridad activa, la climatización, la pintura
intumescente, las concertinas, electricidad, remates de obra civil y
fontanería. En septiembre de este año se inició el equipamiento del
centro penitenciario, que está previsto requiera unos cuatro meses
a partir de hoy concretamente, y esta apertura va a llevar consigo un
incremento de personal que será cubierto con la oferta de empleo
público de 1998, si bien su incorporación está prevista durante el
año 1999 debiendo a los procesos de selección y a los traslados desde
otros centros al nuevo y al período que transcurra hasta que se
adjudiquen las plazas de la oferta del año 1998, que se prevé
finalice en el primer semestre de 1999. Por lo anterior, la apertura
del centro penitenciario de Palma de Mallorca, de acuerdo con los
requerimientos técnicos de equipamiento de las infraestructuras, de
finalización de obras y de acuerdo, como digo,
con el Plan de infraestructuras del año 1998, no será anterior al
primer semestre de 1999.

Lamentamos que su grupo parlamentario, que ha omitido, supongo que no
por no conocer el dato, la obligación creada por el Plan de
infraestucturas de apertura a partir del primer semestre de 1999, no
haya retirado su proposición no de ley, que consideramos es
absolutamente extemporánea, por lo que nuestro grupo anuncia el voto
en contra de la misma.




- SOBRE COORDINACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A MENORES VÍCTIMAS DE
DELITOS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 161/001205).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Vamos a entrar en el
punto 5 del orden del día: proposición no de ley sobre coordinación
de medidas relativas a menores víctimas de delitos, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la señora Del Campo.




La señora DEL CAMPO CASASÚS: Nuestra Constitución impone no sólo a
los poderes públicos sino también a la sociedad en su conjunto una
especial protección de los derechos de los menores. La verdad es que
este mandato constitucional ha calado; a lo largo de estos años los
poderes públicos se han comprometido en la protección de la infancia
con la aprobación de distintas leyes y con la ratificación
y aplicación de los convenios internacionales que protegen los
derechos de los niños.

Pero no han sido sólo los poderes públicos, también la sociedad ha
sentido el calado de este mandato constitucional en distintos
aspectos, pero entre otros y de una forma muy especial en la
preocupación creciente que se manifiesta ante los delitos que tienen
como víctimas a niños, lesiones, malos tratos, los delitos contra la
libertad sexual o contra la intimidad de la infancia. Esta
preocupación ha repercutido lógicamente en el incremento de las
denuncias de estas conductas. Hasta aquí se trata de un fenómeno muy
positivo, pero por desgracia no todas las consecuencias de este
fenómeno son tan positivas. En ocasiones, como consecuencia de la
denuncia de un delito que tiene como víctima a un menor, el rosario
de trámites reiterados que se imponen al niño desde el momento de la
denuncia, los reconocimientos médicos y psicológicos, las distintas
declaraciones ante la policía y la autoridad judicial, la
intervención de los servicios sociales en ocasiones dependientes de
Administraciones diferentes, pueden suponer para este niño una
victimización secundaria que en ocasiones es igual o más grave que la
originada por el delito en sí y que puede originarle perjuicios
psicológicos de carácter irreversible.




Mi grupo considera que estos perjuicios han de ser remediados, o al
menos paliados en todo lo posible. Es cierto que quizás alguna de las
medidas necesarias para paliarlos sea de carácter legislativo y que
debamos contemplarla en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, pero no cabe duda que hay también medidas de tipo
administrativo que es preciso adoptar de manera inmediata.

Precisamente



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consciente de esto, hace algo más de un año el Congreso de los
Diputados, merced a una enmienda del Grupo Socialista, aprobó un
punto en una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a
implantar mecanismos de coordinación y personal especializado que
puedan ser utilizados tanto en juzgados como en fiscalías, a fin de
agilizar los trámites y reducir los elementos negativos que conlleva
para el menor la denuncia de delitos contra la libertad sexual. Se
trataba de una recomendación que afecta a un aspecto de esta
victimización del niño que en este momento recuerdo, recomendación
aprobada si no recuerdo mal por unanimidad, pero que poco resultado
ha dado hasta el momento en la práctica. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
Es cierto que algunas comunidades autónomas vienen paliando el
problema mediante la firma de protocolos de coordinación de las
distintas instancias, que son muchas por cierto (Poder Judicial,
fiscalías, los colegios de abogados, la Policía, las consejerías de
bienestar social, la Administración sanitaria, los ayuntamientos),
que intervienen en la investigación del delito y en la atención al
niño víctima de éste. Tenemos ejemplos recientes de ámbito provincial
o de ámbito ya de comunidad autónoma. Castilla-La Mancha ha extendido
algún convenio provincial hace poco más de un mes a toda la comunidad
autónoma; que consta que la Generalidad de Gataluña ha actuado
también en este sentido y tiene prevista con carácter inmediato la
firma de algún convenio, al menos de ámbito provincial. Tales
soluciones sin duda son positivas; ahora tienen sus pegas. La primera
es que dependen exclusivamente de la buena voluntad de las numerosas
partes firmantes, o al menos de algunas de las numerosas partes
firmantes. La segunda es que por su propia naturaleza su ámbito
territorial lógicamente es restringido y no garantizan la adecuada
protección de los niños en todo el territorio español.

Mi grupo opina que sólo el Gobierno de la nación está capacitado para
instar con carácter general la firma de estos convenios,
fundamentalmente a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio
de Interior, y conseguir que las distintas administraciones públicas
y el Poder Judicial se pongan de acuerdo para mejorar de manera
uniforme la protección a los niños víctimas de delito. Simplemente
éste es el objeto de la proposición no de ley. Creemos que es un
objetivo asumible por todos los grupos parlamentarios y precisamente
el interés por esta protección, el interés por que la recomendación
que salga de esta Cámara al Gobierno sea unánime en este sentido, nos
mueve a aceptar la enmienda que sabemos que el Grupo Popular va a
proponer.




Creemos señor presidente que no se trata aquí de enredarnos en
discusiones sobre si son galgos o podencos ni en inútiles polémicas
sobre lo efectivamente hecho o no hasta ahora en relación a la
protección de los menores víctimas de delito. Los hechos están a la
vista de todos y su interpretación es libre por cada uno. Se trata
simplemente de procurar las garantías para que se les proteja mejor
en el futuro, y con ese ánimo aceptaremos la enmienda que se nos
propone.

El señor PRESIDENTE: Para mantener la enmienda que plantea el Grupo
Popular, tiene la palabra la señora Barrios.




La señor BARRIOS CURBELO: Ante la proposición no de ley del Grupo
Socialista que ha defendido la señora Del Campo y ante la
sensibilidad que siempre esa parlamentaria y estoy segura que casi
todo los parlamentarios que vamos a intervenir ahora por los
diferentes grupos tenemos respecto al menor, admitimos todo lo que la
señora Del Campo ha dicho y mantenemos nuestra enmienda, en el
sentido de que nosotros no sólo estamos de acuerdo, sino que además,
y espero convenciera con mi intervención, ya desde el Gobierno de la
nación se están llevando a cabo una serie de medidas que facilitan en
este momento esa coordinación de actuaciones. Tan es así que tanto en
la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil se
dispensa un tratamiento policial especializado por los grupos de
menores, Grume, y los equipos de mujer y menores, Emume, que atienden
a los niños contra cualquier tipo de explotación comercial,
desamparo, agresión o abuso sexual, velando para no provocar un mayor
agravio en la intervención policial, como ya he dicho, que el causado
por la propia agresión de la que han sido víctimas. En la actualidad,
tanto los Grume como los Emume tienen en el desarrollo de sus
funciones una relación permanente con las instituciones y
organizaciones con competencia en el tratamiento de menores, entre
los que cabe destacar las autoridades judiciales y el ministerio
fiscal.

A mayor abundamiento y con el fin de armonizar las actuaciones de los
diferentes colectivos encargados de velar por los derechos del menor,
en la Dirección General de la Policía se han creado las bases
necesarias para establecer convenios de colaboración con las
distintas comunidades autónomas en los que se contempla no sólo la
atención a las víctimas, sino la adopción de mecanismos de
cooperación y coordinación entre las instituciones y servicios, a fin
de mejorar la asistencia y la racionalización de los recursos y
evitar duplicidad de actuaciones a las que ha hecho mención la señora
Del Campo y que efectivamente en algunos supuestos se llevan a cabo.

Los menores víctimas son objeto de especial atención en la formación
de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
dado el tratamiento específico que requieren. Por ello incluso se han
incluido en los programas de estudio, tanto para nuevo ingreso como
para la promoción interna, módulos específicos sobre el tema de
menores. Por lo que se refiere a la Dirección General de la Policía,
dentro de los planes del Ministerio de Interior se contempla además
la creación del servicio de atención a la familia, en el que se
encuadrarán los servicios policiales actualmente existentes para la
atención especializada a las víctimas, como son el SAM y el Grume, lo
que permitirá homogeneizar las actuaciones policiales que se
desarrollan en relación a las mismas.

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que en el ámbito
de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil se
vienen adoptando numerosas actuaciones en el tratamiento del menor
victimizado en el sentido que establece esta proposición no de ley.




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La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista contiene
también un llamamiento al Gobierno, tal como la señora Del Campo ha
defendido, para que firme acuerdo con las administraciones públicas y
con el Poder Judicial; sin embargo, también hay que tener en cuenta
que estos acuerdos habría que enmarcarlos en el ámbito de las
respectivas competencias. Los trámites judiciales, como todos
sabemos, forman parte de las actuaciones o de las competencias
exclusivas del Estado. Las comunidades autónomas pueden agilizar los
trámites policiales y judiciales desde sus competencias en materia de
servicios sociales y de protección de menores. Ya desde el propio
Ministerio de Justicia se han dado los pasos a los que insta la
proposición no de ley del año 1997, referida con antelación, con la
implantación de las oficinas de asistencia a las víctimas, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 35/1995, de ayudas y
asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual. De hecho, el artículo 15 de esa citada ley también recoge
todos los supuestos que aquí ahora hemos repetido y en los que no voy
a entrar porque todos los conocemos.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado por tanto esta enmienda,
que agradezco a la señora Del Campo que haya aceptado, porque no es
cuestión de adoptar medidas nuevas, como he dicho, sino de continuar
con la política que viene ejerciendo hasta la actualidad, porque
creemos que sería injusto obviar los enormes esfuerzos que desde las
distintas administraciones se han realizado en aras a proteger y
amparar a los menores víctimas de delitos. No sólo la comunidad
autónoma catalana ha desarrollado medidas en ese sentido, desde la
Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplos, se acaba de aprobar un
plan integral del menor, y también me consta que en la Comunidad
Autónoma Valenciana y en la asturiana se han desarrollado medida
similares.

Es cierto, como ha dicho la señor Del Campo, que por muy buena
legislación que exista si ésta no se aplica adecuadamente no podemos
encontrar con una ineficacia de la misma, pero me consta que el
Gobierno en todos los sentidos está muy sensibilizado y todos los
grupos parlamentarios que en este momento conforman el Congreso de
los Diputados están en ello y estoy convencida de que todos vamos a
seguir por esta senda de la protección integral del menor, que por
supuesto no sólo se debe hacer, como ha dicho muy bien la señor Del
Campo, desde las diferentes instancias judiciales o desde el
Gobierno, sino desde la propia sociedad a la que nosotros
representamos.

Por ello, solamente hacer el añadido de que en los próximos días 10 y
20 de noviembre se van a celebrar en Madrid las primera jornadas
sobre protección del menor en España y su proyección hacia
Iberoamérica, donde está prevista la asistencia de jueces, fiscales,
juristas, psiquiatras, psicólogos, especialistas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y en las que se tratará de manera
multidisciplinar la mejor forma de proteger al menor.

Señor presidente, sólo me queda decir que mantenemos la enmienda, que
no parece muy bien la intervención de la señora Del Campo, pero que
se han iniciado ya medida en ese sentido y por ello presentamos esta
enmienda que agradecemos haya aceptado, y que desde luego desde el
Congreso
todos seguiremos controlando la actuación del Gobierno para que
todos los menores en España, estén en el lugar que estén y vivan en
la comunidad autónoma que vivan, tengan por igual el mismo
tratamiento y la misma protección.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Estamos conformes con el fondo de lo que
pretendía literalmente la iniciativa del Grupo Socialista y también
con la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular. Coincidimos plenamente con las exposiciones
que han hecho las diputadas proponentes de ambas iniciativas. Como
bien ha señalado la señora Barrios, son varias, no sólo la
Administración Pública o el Poder Judicial, sino comunidades
autónomas con las competencias transferidas en justicia, como son la
catalana, la vasca y la canaria, el caso más reciente, desde hace dos
años. Nuestro grupo muestra también sensibilidad para evitar toda esa
mal entendida burocracia que hacía humillante esta cuestión
relacionada con la dignidad de las personas, en este caso con los
menores que han sido víctimas de delito. Que los policías, los
agentes judiciales, la Guardia Civil y cualquiera de las policías
autonómicas se comporten con sentido ético de la justicia. Por estas
razones, si el Grupo Socialista acepta la enmienda transaccional, la
vamos a votar a favor por coincidir con el fondo de la cuestión.

Supongo que ha tenido sensibilidad el Gobierno, tanto del grupo
proponente como los que apoyamos con nuestro voto esta cuestión.

Votaremos afirmativamente, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Quiero anunciar el voto favorable a la
proposición con la enmienda aceptada. Como acaba de comentar el señor
Mardones, tenemos todos sensibilidad. Hace una semana,
aproximadamente, la Fiscalía General del Estado aprobó la circular 2/
1998, de ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos violentos
y contra la libertad sexual, en la que, versando sobre lo que aquí se
indica, ayudas públicas y de carácter económico, hace una importante
referencia a otro tipo de ayudas y, sobre todo, a la necesidad de
asistencia y de evitar ese proceso al que se ha hecho referencia de
doble victimización.




Como ha tenido a bien indicar doña Carmen del Campo, en la
Generalitat de Cataluña también se está negociando un protocolo,
precisamente para menores maltratados y víctimas de abusos sexuales,
que estará en condiciones de ser firmado de forma inmediata y en cuya
redacción han intervenido la Administración del Estado, a través de
la Delegación del Gobierno; la Policía Nacional; la propia
Generalitat, a través de la policía autonómica; la Dirección General
de atención a la infancia, la de justicia juvenil y asistencia a la
víctima y medidas alternativas, así como también la propia Fiscalía,
equipos sanitariosde forenses, etcétera, con una intervención muy



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importante del adjunto al Sindic de Greuges para la protección de los
menores. Este protocolo vinculará a las administraciones públicas y
contendrá recomendaciones al Poder Judicial, en la medida que por su
naturaleza y por su independencia éste no puede ser parte en estos
procedimientos.




Yendo a los aspectos prácticos, el objetivo fundamental es reducir al
mínimo las explotaciones e intervenciones sobre menores que en
algunos casos, lamentablemente, se han venido reiterando en el mismo
procedimiento a lo largo del tiempo, produciéndose esa doble
victimización a la que anteriormente hemos hecho referencia. Quería
comentar que precisamente en el día de hoy también se están
inaugurando en Barcelona las nuevas dependencias del servicio de
asistencia a las víctimas. Representando a dos partidos políticos, a
un grupo parlamentario que hace gala de esa atención a las víctimas,
no podemos sino congratularnos de la propuesta de la enmienda y del
consenso que determinará la unanimidad en su aprobación.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano.

El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Intervengo con el único y
exclusivo objeto de anunciar nuestro voto favorable a la proposición
y, en consecuencia, a la aceptación de la enmienda transaccional en
la forma que finalmente va a quedar redactada.




El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante cuatro minutos
para ordenar las votaciones.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

Vamos a comprobar el número de diputados que en este momento se
encuentran en la sala.

No he escuchado a ninguno de los señores diputados que han
intervenidos en relación con el proyecto de ley que expresamente
mantuviera las enmiendas de la diputada señora Almeida. Si fuera así,
naturalmente dichas enmiendas se darían por decaídas. (Pausa.)
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, al
principio de la intervención di por defendidas las enmiendas de la
señora Almeida.

El señor PRESIDENTE: Siendo así, las someteremos a votación.

Sencillamente quería concretar este extremo.

Votamos, en primer lugar, señorías, las enmiendas números 6 y 7 del
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 20; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 8, también del señor Rodríguez Sánchez,
del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
uno; en contra, 20; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 9 y 10 del a señora Almeida, del Grupo Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra,
23; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 11 y 18, también de la señora Castro.

Tiene la palabra el señor Cuesta.

El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, habíamos pedido votación
separada de ambas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 11
de la señora Almeida.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 23; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 18 de la señora Almeida.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

En primer término, las números 1, 2 y 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 20; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 4 y 5 de dicho grupo parlamentario.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 17 del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, el texto del proyecto de ley para su aprobación
con competencia legislativa plena como resultado del debate de esta
Comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos, seguidamente, las proposiciones no de ley debatidas en esta
sesión. En primer lugar, la proposición no de ley de modificación del
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de armas, con la enmienda, fruto del debate, que se
incorpora el texto de dicha proposición no de ley.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




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Votamos la proposición no de ley sobre la urgente necesidad de
apertura del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca, del
Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, finalmente, la proposición no de ley sobre coordinación de
medidas relativas a menores víctimas de delitos, con la enmienda
introducida por el Grupo Popular y aceptada por el grupo proponente.

Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra).

Señor Gil Lázaro, ¿qué desea?



El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quería informar a los grupos
parlamentarios de que el próximo martes hay sesión de la Comisión de
Justicia e Interior con comparecencias del señor Ministro del
Interior. Quiero recordar que en la reunión de Mesa y portavoces los
grupos acordamos por unanimidad que, de las seis comparecencias que
figuran en el orden del día, dos se tramiten en los términos
reglamentarios previstos para las comparecencias y cuatro tan sólo
bajo la fórmula de pregunta oral, interviniendo sólo el grupo que
solicita la comparecencia y el ministro.




El señor PRESIDENTE: Sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión.

Era la una y quince minutos de la tarde.