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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 563, de 05/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 563
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 36
celebrada el jueves, 5 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Agricultura y
Alimentación (Díaz Eimil) para informar sobre:
- Propuestas para la aplicación de la reforma de la organización
común de mercado (OCM) de frutas y hortalizas en el marco de la
Agenda 2000, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 212/001265.) ... (Página 16464)
- Propuesta de una nueva organización común de mercado (OCM) en el
sector del vacuno de carne, a solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 212/001268.) ... (Página 16464)
- Posición del Ministerio ante la pendiente reforma del mercado del
algodón, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001270.) ... (Página 16464)
- Posición del Ministerio ante la pendiente reforma del mercado del
azúcar, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001271.) ... (Página 16464)
- Propuesta de una nueva organización común de mercado (OCM) relativa
a los sistemas de mercado del vino, a solicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 212/001272.) ... (Página 16464)
- Elaboración de una nueva organización común de mercado (OCM) del
plátano, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001273.) ... (Página 16464)
- Posición del Ministerio ante la reforma del mercado del aceite de
oliva, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001274.) ... (Página 16464)
- Propuestas para la reforma del sector lácteo en el marco de la
Agenda 2000, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número
de expediente 212/001275.) ... (Página 16464)
- Propuestas para la reforma del sector de herbáceos en el marco de
la Agenda 2000, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 212/001276.) ... (Página 16464)
- Posición del Ministerio ante la pendiente reforma del mercado del
arroz, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001277.) ... (Página 16464)
- Posición del Ministerio ante la pendiente reforma del mercado del
tabaco, a solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de
expediente 212/001278.) ... (Página 16464)
- La actual situación y las perspectivas de futuro de la empresa
pública Coosur (Jaén), que se dedica a la producción,
comercialización y envasado de aceite de oliva y girasol. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente 213/000526.) ... (Página 16464)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión número 36 de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca con la comparecencia del
secretario general de Agricultura y Alimentación don Carlos Díaz
Eimil.
La Mesa y portavoces realizaron una petición al secretario para que
el tratamiento de esta comparecencia pudiera hacerse en dos bloques.
Pero después de las conversaciones mantenidas con los portavoces se
ha considerado más operativo que la comparecencia del secretario
general se haga en una sola intervención con dos turnos de palabra
para los portavoces de los grupos parlamentarios.
Anuncio a SS.SS. que, una vez celebrada esta Comisión, tendremos una
reunión de la Mesa y ella portavoces. Por si alguno de los portavoces
no pudiera asistir a ella, quiero recordarles que a las seis y media
de la tarde tenemos la reunión que todos ustedes conocen.
Iniciamos esta comparecencia dándole la bienvenida a don Carlos Díaz
Eimil y le damos la palabra para que pueda tratar con amplitud todas
las solicitudes de comparecencia de los diferentes grupos
parlamentarios, fundamentalmente del Grupo Socialista y del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Díaz Eimil):
Muchas gracias, señor presidente.
Alterando un poco el orden de las comparecencias, según figuran en el
orden del día, voy a tratarlas agrupando
primero todo lo que tiene relación con la Agenda 2000 para terminar
con los otros sectores.
La situación en la que se encuentra el debate sobre la Agenda 2000 en
el Consejo de Ministros es la siguiente. En el último Consejo, de los
días 19 y 20 de octubre, la Presidencia, visto dentro del Consejo el
ambiente enrarecido por las noticias que venían del documentos que
había presentado la Comisión sobre la futura financiación para el
período 2000-2006, constató que era imposible iniciar una negociación
en profundidad en profundidad porque no iba a haber ningún acuerdo.
Por otra parte, el ministro alemán no estaba, porque prácticamente
había cesado su Gobierno, y faltaban también otros ministros, por lo
cual la Presidencia decidió que para la reunión de Viena del Consejo
Europeo lo único que se iba a hacer era un raport de la Presidencia
-ni siquiera un documento del Consejo- dando cuenta de la situación
al Consejo Europeo.
En ese rapport que se aprobó en octubre y que posiblemente pueda
tener alguna modificación en el Consejo de noviembre -aunque dado el
estado de las cosas no creo que se pueda modificar mucho- la
Presidencia recuerda que ya en la sesión de mayo se inició el estudio
detallado, desde el punto de vista técnico, de todas las propuestas
de la Comisión, teniendo siempre en cuenta que se trata como cuestión
fundamental de fomentar el modelo europeo de agricultura tal como
quedó definido en el Consejo Europeo de Luxemburgo, y que la
agricultura Europea deber ser multifuncional, sostenible, competitiva
y estar repartida por todo el territorio europeo, incluidas las
regiones afectas por problemas específicos.
Asimismo, y a petición de España, se incluyó una conclusión del
Consejo de noviembre de 1997 que dice que el
Consejo ya había convenido en que la reforma debía garantizar unos
ingresos justos, lograr un equilibrio equitativo entre los sectores
de producción, los productores y las regiones, y no llevar a una
renacionalización de la PAC o a un desplazamiento de los costes
presupuestarios de la PAC a los Estados miembros. Y el Consejo
también ratificó sufirme voluntad de continuar gestionando la
política agrícola común sin romper la disciplina presupuestaria; y
también recuerda la conclusión de noviembre de 1997, en la cual se
decía que una mayoría compuesta por catorce Estados miembros había
convenido en que, sin prejuzgar su cobertura, iba a ser necesario
mantener la directriz agrícola como límite máximo, como principio y
en la cuantía actualmente calculada.
Esta mayoría, compuesta de catorce Estados miembros, cuenta con la
oposición española, que es el decimoquinto Estado que no estaba
conforme, porque no estábamos de acuerdo con la frase que dice «sin
prejuzgar su cobertura». Nosotros aceptábamos la línea directriz
agrícola tal y como se calcula ahora en sus principios y en su forma
de cálculo, pero lo que no aceptamos es que queden abiertas las
cuestiones que se puedan incluir en la misma; es decir, siempre
y cuando la línea directriz agrícola siga cubriendo los gastos de la
PAC a quince y no los de la ampliación a los PECO y siempre que siga
cubriendo los gastos del Feogagarantía, los gastos de mercado y no
los de estructuras o de desarrollo rural, estaremos de acuerdo. Pero
el hecho de dejar abierta la puerta para meter más conceptos dentro
de una misma línea directriz equivale, sencillamente, a rebajar, y es
con lo que no estábamos de acuerdo.
Finalmente, también se recuerda que en el Consejo Europeo de Cardiff
se convino que se trataría de terminar las negociaciones y llegar al
acuerdo final en marzo de 1999. Esta fecha ya se empieza a poner en
duda porque, aunque todavía es una incógnita la reacción de la
próxima presidencia alemana, se ve que la cuestión de la financiación
de la PAC ha venida a condicionar toda la negociación y hoy por hoy
se puede decir que está bloqueada a la espera de una solución
satisfactoria en lo que respecta a la financiación futura.
La Presidencia concluye que la fase de clarificación y determinación
de cuestiones políticas que hay que discutir en el Consejo ha llegado
a su fin y que existe una serie de problemas identificados sobre los
que hay que llegar a una solución. De esos problemas da una lista
bastante exclusiva, aunque no del todo, pero sí bastante detallada, a
la que me referiré a continuación.
En el sector de cultivos herbáceos, por el que se interesan SS.SS.,
se incluye como primer problema la medida en la que el enfoque de la
Comisión de reducción de precios institucionales y pagos directos,
así como el equilibrio entre estos dos elementos, permite alcanzar
los objetivos de la reforma. La posición española es que tenemos
dudas de que esa propuesta de descensos de precios y compensación en
los pagos directos pueda funcionar tal y como propone la Comisión.
Creemos que no son necesarios descensos de precios tan acusados como
ésta plantea, del 20 por ciento; y, además, consideramos necesario
que la compensación sea total y no parcial, como propone la Comisión.
El segundo problema es el período de referencia para el cálculo de
los pagos directos. Actualmente, el período de
referencia son las campañas de 1986 a 1990, que han dado como
resultado un rendimiento histórico muy bajo para España, porque es
una época en la que los rendimientos españoles estuvieron afectados
por la sequía. Nosotros proponemos que, por lo menos, para el caso de
España se debe retrotraer ese período de referencia las campañas de
1984- 1988, con el fin de obtener un rendimiento histórico más alto.
El tercer problema es la desaparición del régimen de ayuda destinada
a los cultivos específicos aplicados a las semillas oleaginosas. La
posición española es que no estamos de acuerdo porque creemos que la
propuesta que hace la Comisión en relación con las oleaginosas y en
particular con el girasol puede llevar a una casi desaparición o a
una disminución grande de las superficies de girasol en España en
beneficio de los cereales.
El cuarto problema se refiere a los niveles de apoyo a las
proteaginosas y a las semillas de lino. Estamos de acuerdo, pero
pedimos que ese nivel de apoyo sea más elevado y que incluya las
leguminosas típicas españolas, como garbanzos, lentejas, altramuces,
etcétera. Esta es una antigua petición española en la que seguimos
insistiendo.
El quinto problema es la reducción del porcentaje básico de retirada
de tierras al cero por ciento. Es decir, fijar el set aside, en
principio, en un cero por ciento de en el 1,7 por ciento, como está
ahora. Estamos de acuerdo, pero preferimos un valor ligeramente más
alto, por ejemplo, un 3 por ciento sería más lógico.
El sexto problema son los cambios en el régimen de la fécula de
patata a consecuencia de la reducción del precio de intervención de
los cereales. En este caso creemos que es necesario revisar todo el
régimen de ayuda a la patata para fécula y que hay que contemplar la
posibilidad de una OCM para la patata que incluya por lo menos algo
parecido a lo que hemos hecho en España para ayudar a las
organizaciones productores.
El séptimo problema en cultivos herbáceos son las futuras
posibilidades de fomentar la producción de fuentes renovables de
energía y otros productos no alimentarios, es decir, el non food. En
esto estamos de acuerdo, no hay problema. Y, por último, la
desaparición de las superficies básicas dedicadas a otros cultivos.
Esto nos plantea el problema del maíz. Creemos que hay que mantener
las superficies de base tal y como están ahora y, por tanto, nos
oponemos a otros cambios. Hasta aquí, señorías, he expuesto la
situación en cultivos herbáceos.
Para carne de vacuno, los problemas identificados son, primero, la
medida en la que el enfoque de la Comisión de reducción de los
precios institucionales y pagos directos, así como el equilibrio
entre estos dos elementos, permitirá alcanzar los objetivos de la
reforma. Es decir, el mismo problema que en el caso de los cereales,
y nosotros también tenemos la misma posición: dudamos de que sean
necesarias esas rebajas de precios. En el caso de que haya que
aceptar una rebaja de precios, la compensación a dicha rebaja debe
ser total y, además, consideramos imprescindible como reivindicación
española el aumento de las primas especiales a los terrenos machos.
El segundo problema es la sustitución de la intervención pública por
el almacenamiento privado. Tampoco estamos de acuerdo. Creemos que
hay que mantener la
intervención como red de seguridad. El tercer problema es el
principio de las dotaciones nacionales para gastar discrecionalmente
su parte en la compensación total al sector de carne de vacuno, su
asignación entre Estados miembros y los usos a los que puedan
destinarse, en especial la subvencionalibilidad de las distintas
categorías de redes. Estos son los llamados sobres nacionales, que se
quieren dotar con un porcentaje de la compensación directa y que
permitiría a los Estados miembros cierta flexibilidad para mejorar
las primas de unos u otros sectores determinados.
En principio, nosotros nos oponemos a este sistema de sobres porque
creemos que al final se trata de una renacionalización encubierta de
la PAC, y en caso de que hubiese que poner en marcha estos sobres, en
vez de nutrirlos, como propone la Comisión, con el 50 por ciento del
incremento de la compensación, podría ser suficiente con un 15 por
ciento.
El cuarto problema es la consideración de las primas a la
extensificación, la carga ganadera máxima, la superficie forrajera y
reses. La Comisión propone un endurecimiento de las condiciones para
las primas a la extensificación; nosotros creemos que se deben dejar
tal como están, en este caso preconizamos el statu quo.
El quinto problema son los niveles de los límites regionales para las
primas aplicables a los machos de la especie bovina y las cuotas
individualmente asignadas para las primas a las vacas nodrizas. Ya
hemos dicho que reivindicamos un aumento del número de primas para el
ternero macho, nos oponemos a la reducción de las primas para las
vacas nodrizas, y es más, creemos que el incremento de la prima a la
vaca nodriza debe ser favorecido proporcionalmente más que el
incremento de la prima a los terneros machos. Esto en lo que respecta
a la carne de vacuno.
Para la leche, los problemas identificados son otra vez la necesidad
y la medida en que el enfoque de la Comisión de reducción de los
precios institucionales y pagos directos, así como el equilibrio
entre estos dos elementos, permitirá alcanzar los objetivos de la
reforma; seguimos con la misma posición; creemos que no hay que
disminuir los precios, y que, en caso de una disminución de precios,
hay que compensarla totalmente.
El segundo problema es el método de asignar los pagos directos por
unidad de prima; es la famosa vaca virtual, o, dicho de otra manera,
el reparto de las primas en función de la cuota asignada. Nosotros
nos oponemos a ello porque, en primer lugar, si se hace por el método
de la vaca virtual quedamos penalizados, y, en segundo lugar, nuestra
cuota en anormalmente baja y por tanto todo reparto proporcional a la
cuota nos desfavorece y no hace más que profundizar en esa diferencia
entre la cuota que tenemos y la que deberíamos tener.
El tercer problema es el futuro del régimen de cuotas. Creemos que
hay que seguir manteniendo el régimen de cuotas incluso más allá del
2006 y que hay que reajustar esas cuotas, y aquí entra la
reivindicación española del millón de toneladas, por lo que pedimos
que se aumente la cuota española.
El cuarto problema es el nivel y la asignación de incrementos de las
cuotas. En esto estamos de acuerdo. El incremento de cuota que
propone la Comisión, repartido entre jóvenes agricultores y zonas de
montaña, nos parece bien,
lo único que no nos parece bien es que ese incremento se haga sin
tener en cuenta la situación particularmente mala que tiene España
actualmente.
El quinto problema son las normas que rigen las cuotas de los
productores inactivos. Nos otros en esto preconizamos el statu quo,
se trata de las cesiones de cuota y creemos que el sistema actual es
suficiente.
Hay una serie de cuestiones sobre los otros reglamentos que, como no
entran dentro de los sectores que están contemplados en esta
comparecencia, nos lo podemos saltar, pero hay una frase importante
en el rapport de la Presidencia, que dice que ésta hizo observar que
el Consejo consideraba que estas cuestiones forman un conjunto
integral dentro de la reforma de la PAC y que la propuesta de reforma
del régimen de vino, a pesar de haberse presentado con posterioridad,
estaba destinada a formar parte de dicho conjunto. Esto es
importante, porque Italia había planteado la cuestión de que como el
vino se había presentado más tarde, no iba a haber tiempo suficiente
para negociarlo con el resto del paquete de la Agenda 2000. Nosotros
creemos que las negociaciones de la Agenda 2000 van ya demasiado
lentas y hay tiempo más que suficiente para tratar adecuadamente el
vino, y por tanto el que se añada el vino a todo el paquete de la
Agenda 2000 nos parece una respuesta adecuada.
Luego viene el pequeño detalle, dice la Presidencia, de considerar
que el Consejo ya está en condiciones de empezar a buscar soluciones
a todos estos problemas; es decir, después de esta lista un poco
menos que interminable de cuestiones a examinar, queda el pequeño
detalle de que hay que ponerse de acuerdo entre quince Estados
miembros sobre las soluciones que hay que adoptar. La identificación
técnica de los problemas está hecha, ahora queda la negociación
política de los ministros. Se recuerda también que no se puede llegar
a un acuerdo definitivo hasta que no haya acuerdos sobre todos los
puntos; es decir que los acuerdos parciales no serán efectivos hasta
que no haya un acuerdo total. Con esto podemos dar por vistos los
tres sectores de herbáceos, carne de vacuno y leche.
Siguiendo con el bloque mediterráneo de la Agenda 2000, podríamos
pasar, por ejemplo, al aceite de oliva y al tabaco, que ya está
terminado, y finalizaríamos esta visión de la Agenda 2000 con el
vino.
Sobre el aceite de oliva, la comparecencia se pidió en marzo y me
imagino que era para explicar la posición española ante una reforma
que se iba a hacer, que ya se ha hecho y que todos ustedes conocen,
por lo que creo que es mejor que nos pongamos al día de la situación
actual. El último acontecimiento que merece la pena ser visto es el
reglamento de aplicación de la Comisión del régimen de ayuda a la
producción para las tres campañas del período transitorio en que se
va a aplicar esta modificación de la OCM del aceite de oliva.
Habrán visto SS. SS. que España votó en contra de ese reglamento y
ese voto en contra, que fue además en solitario, fue explicado por
España con una declaración y también con conversaciones con el
comisario para hacerle ver nuestra posición. Creemos que el
reglamento aprobado supone claramente un avance respecto a la
situación existente al 31 de octubre de 1998 y que es positivo. Los
medios con los que a partir de ahora contarán las administraciones
y las agencias de control para poder realizar el seguimiento de la
producción real son mucho más completos que los que existían
anteriormente. Así, partir de la campaña 1998-1999, la que empezó el
1 de noviembre, se dispondrá de una contabilidad de las almazaras que
contenga para cada día las cantidades de aceitunas que entran, las
cantidades de aceitunas molturadas, la cantidad de aceite obtenido,
la cantidad de aceite comprado, indicando el cesionario, la cantidad
de orujos, la cantidad de aceite que sale de la almazara lote por
lote y las cantidades de orujo que salen. Asimismo, se establece que
a partir de la campaña siguiente, es decir, la que empezará el 1 de
noviembre de 1999, las cantidades de aceite que salgan de la almazara
lo serán con una serie de requisitos diferentes según los casos, bien
se trate de ventas inferiores a 50 litros o que no exista venta, bien
se realicen en ventas en envases inferiores a 200 litros, o bien que
sean vendidos en factura. Aefectos de control se distingue el caso de
productores que sean destinatarios de más de 200 litros y el resto de
destinatarios del aceite de almazara.
El control real en las almazaras se incrementa, debiéndose realizar
un control profundo sobre el 30 por ciento de las almazaras
reconocidas, escogidas tras un análisis de riesgo, y en el 10 por
ciento de estos controles se inspeccionarán suministradores de bienes
o servicios a la almazara y destinatarios del aceite o de los orujos
producidos en la misma.
Por otra parte, el reglamento que aprueba las medidas transitorias
para la incorporación de la nueva OCM establece la necesidad de que
se determinen los stocks de aceite de oliva al 1 de noviembre de
1998. Esto supone que por primera vez en muchos Estados miembros se
conocerá la realidad de los almacenamientos y pondrá de manifiesto la
incoherencia de muchas producciones.
Viendo todo esto, uno se pregunta por qué la delegación española votó
en contra. Aunque sabíamos que éramos los únicos en votar en contra,
lo hicimos para demostrar que consideramos insuficiente el
reglamento. Es decir, el reglamento es casi todo lo que nosotros
consideramos que deberían ser, lo suficientemente rígido y completo
para controlar, pero tiene un agujero, y por eso lo consideramos
insuficiente. El dictamen del Comité de Gestión fue positivo, con el
voto en contra de la delegación española, y la razón de ese voto es
que si bien el reglamento supone un avance en el control respecto a
la situación anterior, no es suficiente para llevar a cabo el
correcto seguimiento de la producción real del aceite de oliva. En
cuento a las posibilidades de controlar a los productores que reciban
aceite de la almazara sin que exista una venta, es decir, los
agricultores que entregan la aceituna a maquila y que luego la
almazara les devuelve el aceite correspondiente, esos agricultores no
tienen que justificar ni almazara ni ellos el destino de las
cantidades entregadas y recibidas, siempre que sean cantidades
inferiores a 200 litros. En la propuesta inicial de la Comisión se
habían decidido que por debajo de los 50 litros no se haría ese
control. Sin embargo, en los debates del Comité de Gestión se llegó a
admitir hasta 200 litros, que es como ha salido el reglamento. Esto
es en lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque con 50 litros de
límite para este sistema de maquila mal controlado, ya considerábamos
que había una puerta abierta para estimar mal
el total de la producción, y al incrementar en 200 litros el límite,
pues peor. Es decir, que el voto negativo español ha sido
testimonial, de protesta por este fallo, pero reconocemos que la
situación es mucho mejor que antes.
Actualmente se está discutiendo el reglamento sobre almacenamiento
privado. La principal dificultad es que el sector quiere que la
indemnización que se pague por el almacenamiento privado sea de
cantidades fijas, mientras que la Comisión considera que se puede
hacer con un sistema de subasta, o de concurso público, en el cual se
asignen las cantidades a almacenar a los que oferten el coste más
bajo de almacenamiento. Éste es el único problema que se está
debatiendo sobre el almacenamiento privado y sobre el que todavía no
se ha llegado a ningún acuerdo. Ésta es la situación actual en el
aceite de oliva.
En cuanto a la reforma del tabaco, también ha sido llevada a cabo con
un reglamento que me imagino que todos ustedes conocen y con la
novedad de que se introduce el pago por calidad. La situación actual
en el sector es que el pasado 26 de octubre se ha iniciado ya la
discusión en Comité de Gestión del reglamento del Consejo sobre las
modalidades de aplicación en lo que respecta al régimen de primas,
cuotas de producción y la ayuda específica que se paga a las
agrupaciones de productores. Es un documento muy complejo e
importante por su contenido, que va a requerir varias reuniones del
Comité de Gestión hasta su aprobación definitiva. La propuesta de la
Comisión mantiene los puntos básicos del reglamento del Consejo y
desarrolla otros aspectos, tales como la modulación de la prima, que
para el año 1999 se prevé en un 20 por ciento, para el año 2000 en un
25 por ciento y para el año 2001 en unos límites según los grupos de
variedades: para los grupos 1 y 2 del 35 por ciento, para el grupo 3
el 40, para el grupo 4 el 32 por ciento. España está peleando para
que haya una reducción de estos niveles de modulación, porque creemos
que el pago por calidad complica el sistema actual y merece un
período transitorio lo más suave posible para que se pueda introducir
sin problemas este nuevo sistema.
También se propone la readquisición de cuotas y se fija como precio
de compra de cuotas por la Comisión aproximadamente un 25 por ciento
de la prima actual a pagar durante los tres años siguientes al
abandono. Es decir, que al agricultor que quiere abandonar se le
ofrece como indemnización la cuarta parte de lo que cobra de prima en
un año. Es un precio nada atractivo y creemos que no va a producir
ningún efecto, por lo cual, nosotros, que estamos en contra de esa
readquisición de cuotas, aceptamos esa solución.
También hay un capítulo destinado al reconocimiento de las APA, en el
que se dice que la cantidad mínima para reconocer un APA debe ser
superior al 2 por ciento del umbral de garantía de cada Estado
miembro. Nosotros creemos que es un límite muy bajo y que hay que
elevarlo para evitar que haya agrupaciones de productores formadas
por tres o cuatro cultivadores nada más. Por otro lado, se crea la
reserva nacional de cuotas, que estará constituida por una retención
lineal del 0,5 de las cuotas asignadas a los productores, así como
por las cuotas asignadas, no contratadas, y se alimenta todos los
años. Para nosotros este sistema no es aceptable. Nosotros proponemos
que se nutra la reserva con una retención de las cesiones temporales
de
cuotas entre productores, un sistema algo parecido a lo que se hace
actualmente con la cuota de la leche. Ésa es la situación actual en
el sector del tabaco.
Por lo que se refiere al tema del vino, como ustedes saben se ha
presentado una propuesta, que la doy por conocida, y todavía no ha
comenzado ningún debate político sobre ella. Se ha empezado a
examinar en el grupo de trabajo a nivel técnico, pero ni siquiera ese
examen técnico se ha terminado. La posición española es, en grandes
líneas, la siguiente: sobre el capítulo de prohibición de
plantaciones y de las nuevas plantaciones, estamos de acuerdo con una
política restrictiva de la Comisión. Creemos que hay que ser
prudentes para no volver a una situación de excedentes estructurales.
Hay que ser más flexibles respecto al cupo de nuevas plantaciones que
contempla la propuesta. La propuesta prevé un 1 por ciento de la
superficie, un 1 por ciento adicional para la reserva de nuevas
plantaciones; creemos que podría aumentarse algo, pero no mucho más.
Queremos que se mantenga la situación actual en cuanto a la mayoría
de las excepciones de concesión, por parte de los Estados miembros,
de nuevas plantaciones.
Sobre los derechos de replantación, preconizamos que el período de
validez de los derechos se amplíe a ocho campañas para el viticultor
ahora están previstas cinco campañas para el viticultor y otras cinco
para el Estado miembro, y que la transferencia de derechos se pueda
hacer también hacia los vinos de mesa. La Comisión prevé solamente
transferencia de derechos en el caso de que sean hacia vinos de
calidad o vinos de la tierra.
Sobre la reconversión de variedades, apoyamos la propuesta de la
Comisión, bien entendido que la renovación normal del viñedo debería
ser auxiliable si va acompañada de cambio varietal o mejora de
técnicas de gestión. Como ustedes saben, la Comisión apoya el cambio
de variedad, pero no prevé el que se indemnicen los viñedos que hay
que renovar porque han llegado al fin de su vida productiva. Nosotros
decimos que incluso en ese caso, si hay un cambio de variedad,
también tienen derecho a la indemnización, o simplemente si hay una
mejora de las técnicas de la gestión, que al fin y al cabo es una
mejora estructural.
Las asignaciones iniciales a los Estados miembros se tienen que hacer
con criterios objetivos, pero estos objetivos deberán ser la
superficie del viñedo y los volúmenes destinados en un período
anterior. Es decir, que se tome como criterio para definir los
límites de las superficies a reconvertir aquellas zonas en que la
destilación ha tenido mayor protagonismo, es decir, aquellas zonas en
las cuales está claro que son más excedentarias. También,
indudablemente, que las superficies aprobadas para reconvertir que
sean proporcionales a la superficie total del viñedo en la zona.
Sobre los mecanismos de regulación de la OCM estamos de acuerdo con
la propuesta de la Comisión, ahora bien, hay casos que deben de
matizarse y habrá que reducir el precio del alcohol para no perder
competitividad, es decir, que el alcohol vínico pueda competir con
los alcoholes de cereales y otros alcoholes de boca.
En la destilación de crisis creemos que se debe establecer alguna
referencia sobre el precio de esas destilación, no dejar el precio
indeterminado a fijar por la Comisión en su día y hay que garantizar
que cuando esta destilación se abra
en varias regiones el precio sea el mismo en todas ellas; es decir,
no consideramos válido que, por ejemplo, se apruebe una destilación
de crisis para el vino blanco de La Mancha en un precio equis y luego
otra destilación de crisis en esa misma campaña en una región europea
para otro tipo de vino a un precio más alto. Creemos que si hay
destilación de crisis, tiene que ser a un precio igual en toda la
Unión Europea.
Sobre la chaptalización nuestra posición es, por supuesto, contraria
a la misma, máxime cuando representa una ventaja económica para
ciertas regiones comunitarias y la ventaja se extiende además a otras
regiones que actualmente no la tienen. Es decir, creemos que hay que
mantener como mínimo las zonas actuales de aplicación y que se
contemple como derogación, tal como lo solicita Francia, por ejemplo;
esto es, que la chaptalización sea considerada como mucho una
derogación de la regla general y no como estando dentro de las reglas
generales.
Sobre las prácticas enológicas, en lo que se refiere a las mezclas,
para las que la Comisión propone que se autoricen mezclas de blancos
y tintos con un máximo del 10 por ciento de blanco, nosotros creemos
que la propuesta debería permitir la libertad total de mezclas o al
menos establecer un porcentaje mucho mayor del que contempla la
propuesta.
Sobre la acidez, el contenido mínimo de acidez debe ser de 3 gramos y
medio por litro, como corresponde a los vinos de los países
mediterráneos y no de cuatro y medio como figura en la propuesta y
que es superior además a la propuesta que se hizo en 1994 que era de
cuatro gramos por litro. Además en ningún caso se puede admitir que
esta autorización en los límites de acidez para los vinos del sur de
la Unión Europea se compare con la chaptalización del norte que es un
problema completamente distinto y de una importancia económica
completamente distinta.
Sobre la protección de las denominaciones de origen, creemos que se
debería poner más énfasis en la protección de las mismas incluyendo
las menciones que ahora se contemplan en el reglamento 823 del año
1987.
Sobre la limitación de rendimientos para los vinos de calidad,
estamos de acuerdo en que hay que mantener esos rendimientos máximos
que no pueden ser superados para que un vino se considere como de
calidad. Además creemos que hay que introducir en la propuesta de la
Comisión algo que no está dentro y que es el embotellado en origen.
Creemos que esto es imprescindible para que podamos discutirlo
conjuntamente con el resto de la OCM y no dejarlo aparte como un
problema aislado.
Hasta aquí los sectores que de una forma u otra tienen relación con
la Agenda 2000. Como ustedes saben, la Agenda 2000 inicialmente
incluía solamente sectores continentales, a petición de España se
incluyeron los sectores mediterráneos, se consideró que las frutas y
hortalizas estaban recientemente modificadas y que por tanto no
necesitaban una modificación, pero se introdujeron otros sectores
mediterráneos como fue el aceite de oliva, el tabaco y ahora el vino.
Pasamos a terminar con el resto de los sectores. En frutas
y hortalizas, cuando se solicitó esta comparecencia estábamos en marzo
de 1998 y entonces había un revuelo grande en el sector porque la
Comisión había decidido revisar
el reglamento relativo a los programas y fondos operativos y a la
ayuda financiera comunitaria. En febrero de 1998 la Comisión elaboró
ese primer borrador de modificación del reglamento de base que
regulaba los programas y fondos operativos de las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas. La Comisión e realidad pretendía
clarificar y flexibilizar aspectos de la normativa contenida en ese
reglamento de base a la vista de los resultados obtenidos de las
visitas que el Feoga había realizado en diversos países en cuanto a
la aplicación del citado reglamento y el objeto del reglamento no era
otro que establecer restricciones en la aplicación de la normativa
sobre programas y fondos operativos pero no restricciones en el
sentido estricto de la palabra, sino llegar a una homogeneización de
los criterios que estaban utilizando los Estados miembros y que la
Comisión veía que eran muy heterogéneos.
Los aspectos más importantes que contenía esa primera versión de la
Comisión eran que el cálculo del valor de la producción implicaba un
nuevo método de cálculo para calcular el importe del fondo operativo
como un porcentaje de la misma y que la Comisión quería eliminar los
costes de transporte de ese valor de la producción, a lo cual España
se oponía porque hay muchas organizaciones de productores que venden
en destino y que entonces al final, la factura que cobran al que
adquiere la mercancía lleva incluido todo el coste de transporte.
Cuando se envía algo a Estocolmo, a una gran superficie, se le cobra
el valor de la mercancía y el valor del transporte naturalmente. Los
españoles considerábamos que el valor de la producción incluía ese
coste de transporte, cosa que quería eliminar la Comisión.
Luego, también la Comisión quería hacer una lista de acciones
subvencionables y no subvencionables. En la normativa existente no se
relacionaban las acciones subvencionables y no subvencionables sino
que se daban unos criterios generales que debían ser interpretados
por los Estados miembros, y la Comisión, a petición de algunos
Estados miembros, quería regular claramente este aspecto,
precisamente a los españoles nos acusaban de que realmente estábamos
incluyendo cosas que no deberían ser subvencionables.
También figuraba la regulación de las aportaciones de los socios al
fondo. La Comisión pretendía que las aportaciones de los socios se
realizaran en al menos un 80 por ciento como aportaciones comunes, es
decir, que todos los socios aportarían un porcentaje de la producción
comercializada y el resto podría realizarse mediante aportaciones
individualizadas por los socios según los beneficios que tuvieran el
programa operativo, cotizaciones diferenciadas. Luego había también
la prohibición de complementar con el fondo operativo el precio de
retirada del tomate para el período comprendido entre el 16 de julio
y el 15 de octubre; es decir, se pretendía en realidad que el tomate
con destino a industria, que es el que se recoge en esas fechas, no
pudiera tener un complemento de retirada con cargo a los fondos
operativos.
Tras diversos debates y reuniones del comité de gestión y bastante
revuelo dentro de España entre los sectores y organizaciones de
productores que consideraban que este reglamento podría ser altamente
perjudicial y vaciar de contenido el reglamento de base del Consejo,
se llegó a una
solución y a una versión definitiva que se adoptó en julio de este
año, recogida en un reglamento que tiene un contenido muy reducido,
ya que sólo contiene la lista de acciones que no pueden ser
subvencionadas con los fondos operativos: por tanto, por parte de la
Comisión, y a la vista de las posiciones planteadas por los distintos
Estados miembros, se renunció a llevar a cabo un regulación más
concreta dejando la interpretación de los textos reglamentarios a las
autoridades competentes de los Estados miembros.
En resumen, al final, lo único que hizo la Comisión fue confirmar una
serie de aspectos, como son que no se pueden subvencionar los costes
generales de producción, los de acondicionamiento de productos ni los
gastos generales de funcionamiento de las organizaciones de
productores, salvo en el límite del 2 por ciento del fondo operativo
y con un máximo de 60.000 ecus anuales, o sea, unos 10 millones de
pesetas.
Se confirma también que podrán ser incluidos en los programas
operativos los gastos relativos a inversiones para instalaciones de
las organizaciones de productores y en las explotaciones de los
socios. También serán susceptibles de ayuda los medios de transporte
específicos, como es el transporte con atmósfera controlada y los
frigoríficos. Igualmente, podrán ser objeto de financiación los
gastos específicos inherentes a producciones biológicas o
experimentales, así como las medidas medioambientales o de mejora de
la calidad, incluidas las semillas y plantas certificadas.
Finalmente, podrán incluirse entre las acciones de los programas a
financiar con el fondo operativo los gastos de personal cualificado
de las organizaciones de productores, relacionados con la mejora o
mantenimiento de los altos niveles de calidad, de comercialización o
de medio ambiente.
La valoración, en general, es que el reglamento adoptado da una mayor
flexibilidad a la consideración de gastos subvencionables que los que
las administraciones de los Estados miembros habían concedido
inicialmente y la filosofía del reglamento inicial era que solamente
podían ser financiables actuaciones nuevas de las organizaciones de
productores o mejoras de las que se estaban realizando, mientras que
en la actualidad son susceptibles de financiación gastos de personal
y de funcionamiento que anteriormente no podían considerarse.
Del resto de los temas que proponía la Comisión para homogeneizar
resta lo siguiente: en el valor de la producción comercializada no
pueden incluirse los transportes desde la organización de productores
a destino; la regulación de la cotización de los socios al fondo
operativo queda a criterio de las administraciones nacionales, aunque
la opinión de la Comisión es que todos los socios deben aportar un
mismo porcentaje sobre el valor de la producción comercializada, y no
se descarta que por parte de la Comisión se ponga en marcha otra
propuesta de modificación de los temas que finalmente no se
adoptaron, pero siempre iría en el sentido de favorecer la aplicación
de los programas y de los fondos operativos, dando mayor cobertura
legal a las decisiones que tomen las administraciones nacionales. En
resumen, lo que anda persiguiendo la Comisión es que haya una cierta
unidad de criterio entre los distintos Estados miembros en la
aplicación del reglamento de base. Por ello la Comisión intenta
regular con reglamentos de aplicación
las modalidades que los Estados miembros están tomando por propia
iniciativa.
Sobre el algodón, ya saben ustedes, que se modificó sustancialmente
el reglamento de base en el año 1995, en el cual la cantidad máxima
garantizada a nivel comunitario se repartió en cantidades nacionales.
A partir del año 1996, la serie de modificaciones que ha habido es la
siguiente: Se modificó el tope establecido como límite de la cantidad
a percibir en forma de anticipo, que inicialmente se fijó para cada
campaña en un máximo del 40 por ciento del precio objetivo y que
ahora es mucho más alto. Se mejoraron las bonificaciones que
determinan el peso del algodón desmotado. Este cambio ha sido el
principal motivo por el que en la campaña 1997-1998 se percibieron
ayudas por 11.000 toneladas más de algodón que las que realmente
fueron puestas bajo control, es decir, la escala de bonificaciones se
ha mejorado. Luego ha habido una integración parcial del régimen de
declaraciones de superficies sembradas de algodón en el régimen
general correspondiente a los cultivos herbáceos y después la
realización de una segunda estimación de cosecha en el mes de
noviembre, que es de aplicación a partir de la presente campaña 1998-
1999 y que permite ajustar al alza el anticipo fijado en agosto sobre
la base de un segundo aforo de cosecha, ya muy próximo a la
producción real, incrementado en un mínimo del 7,5 por ciento como
garantía en vez del 15 por ciento que se aplica en la primera
estimación. Esa es la situación actual, las principales
modificaciones que ha habido desde el año 1995 hasta ahora, y los
aspectos pendientes.
La posición española sobre lo que está pendiente es la siguiente.
Como ustedes recordarán, el Consejo invitó a la Comisión a que le
presentase un informe relativo al régimen de algodón con anterioridad
al 31 de diciembre del pasado año, de acuerdo con la solicitud de
Grecia y que afectase a los puntos siguientes: al pago directo de las
ayudas a los productores, porque los griegos quieren establecer esta
modalidad; a la regionalización de las penalizaciones; a la
disminución del porcentaje de garantía establecido sobre la
producción estimada del 15 al 7,5, que ya se ha conseguido, y a la
creación de una base legal para realizar más de una estimación de
cosecha a lo largo de una determinada campaña. Es decir, la Comisión
atendió estas dos últimas peticiones, pero no accedió a las dos
primeras del pago directo a las ayudas y de la regionalización de las
penalizaciones, por lo cual los griegos siguen insistiendo en que
haya una nueva revisión. Es previsible que Comisión, forzada por esta
presión griega, incluya en su propuesta en el preceptivo informe que
reglamentariamente tiene que presentar antes de la campaña 1999-2000,
de hecho ya nos ha anunciado la Comisión que enviará una misión al
respecto a Grecia y España durante el presente mes.
El régimen actual, que fue bien acogido en su día por el sector en
general, no nos presenta especiales dificultades, si bien sería
conveniente separar el presupuesto comunitario por países productores
para que no haya ningún tipo de repercusiones negativas en la gestión
de dicho presupuesto. Asimismo, en España ha quedado latente la
necesidad de incrementar la cantidad nacional garantizada a cifras
más acordes con la realidad productiva de España. Cuando se hizo la
determinación de la cantidad nacional a aplicar en
España se estaba en la campaña de 1995 y entonces, debido a la
sequía, había una superficie de 32.000 hectáreas en toda España. En
el año 1996 la superficie ya fue de 78.000 hectáreas y en 1997 y 1998
ha superado las 100.000 hectáreas. Es decir que lo que se consideró
una buena modificación en el año 1995, hoy por hoy está totalmente
superada y nos queda totalmente corta. Por lo tanto, deberíamos
tratar de conseguir un aumento de esa cantidad nacional de
referencia.
En cuanto al azúcar, como ustedes saben su régimen actual tiene un
período de validez de seis campañas. Se inició en 1995-1996, por lo
que tiene una duración hasta el año 2000-2001. Actualmente, estamos
en la cuarta campaña del régimen actual. Tradicionalmente ese
reglamento del azúcar se va modificando cada cinco o seis años y se
introducen modificaciones que son perfeccionamientos de
funcionamiento del sector, pero no se introducen modificaciones de
fondo, como podría ser la redistribución de las cuotas nacionales,
porque la Comisión se ve impotente para tratar de llegar a un acuerdo
entre los Quince Estados miembros en cuanto se tocan las cifras de
las cuotas. En las modificaciones presumibles, que en la próxima
reforma del régimen del azúcar son, como ya saben, antes del 1 de
enero del 2001, el Consejo tendrá que adoptar el régimen aplicable a
partir del 1 de julio del 2001 y consideramos que la nueva reforma
puede ir en las líneas siguientes: el período de validez, que
probablemente sea mucho más corto que ahora, será de dos o tres años;
el mantenimiento del régimen de cuotas con autofinanciación del
sector como hasta ahora; la adaptación del sistema de perecuación de
gastos de almacenamiento, dado que las elevadas cantidades reportadas
por todos los Estados miembros están desequilibrando este sistema, la
posible reducción de precios, la adaptación del régimen a los nuevos
compromisos de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio;
la posible eliminación de todos los precios derivados y la
eliminación de las ayudas nacionales, probablemente. ¿Cuál es la
posición española ante estas posibles modificaciones que se pueden
plantear en su día? Nosotros apoyamos el mantenimiento del régimen
del azúcar, apoyamos el mantenimiento de los precios o, como mucho,
podríamos aceptar una reducción mínima, continuamos apelando la
igualdad frente a los Estados miembros en lo referente a corregir la
cantidad máxima garantizada; queremos lograr que el posible cambio
del sistema de perecuación de los gastos de almacenamiento se realice
de forma equilibrada para todos los Estados miembros, que se
mantengan los precios derivados españoles y en caso de su
eliminación, habría que obtener la consiguiente contrapartida, puesto
que el precio derivado conceptualmente se aplica a los Estados
deficitarios. Entonces, si a España se nos suprime el precio
derivado, habría que suprimir también nuestra condición de
deficitarios, es decir, que si nos aumentan la cuota hasta llegar al
nivel del consumo, podríamos renunciar a ese precio derivado. Por
último, continuar con las ayudas nacionales en caso de que proceda.
Dado que esto se tiene que hacer en el año 2001, de aquí a entonces
no sabemos si realmente serán necesarias o no las ayudas nacionales
para la reestructuración del mercado del azúcar en España.
Sobre el plátano, ya saben que la OCM fue reformada también en el mes
de junio, y lo último es el reglamento sobre las licencias de
importación. El reglamento de la Comisión, que se aprobó
recientemente sobre las licencias de importación, desarrolla el
régimen de importaciones de plátanos de países terceros en el marco
de los contingentes aprobados por el Consejo de Ministros, y define
en concreto el sistema de asignación de licencias entre operadores
tradicionales, o sea, los que importaron en los años 1994, 1995 y
1996, para los que se reserva el 92 por ciento del contingente.
Luego, para los operadores nuevos o recién llegados se reserva un 8
por ciento del contingente total. Esto supone destinar un total de
270.000 toneladas a operadores nuevos frente a las menos de 90.000
toneladas del régimen anterior que se reservaba para estos operadores
nuevos.
El único aspecto negativo para el sector español de la adopción de la
reforma ha sido la pérdida del partenariado, aspecto imposible de
mantener ya que ha sido la causa fundamental del panel presentado por
Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Méjico. Sin embargo, hay que
decir que la valoración general es positiva para el sector español
porque se consolida y sale fortalecido el régimen de la ayuda
compensatoria, que se paga al agricultor para que, sumada al precio
obtenido en el mercado por la venta de los plátanos, éste obtenga el
ingreso global de referencia, que puede definirse como el adecuado
para que el agricultor mantenga sus rentas apropiadas. Se consolida
este precio porque en el régimen anterior estaba previsto que a
partir del 2002 hubiera otro régimen sin garantía de que se
mantuviera el régimen de la ayuda compensatoria. Con la reforma, el
régimen actual se mantiene hasta el 2004, pudiendo continuar a partir
de esa fecha, a menos que los resultados de una evaluación fueran
negativos para el sector. Sale fortalecido además porque se
incrementa el ingreso global de referencia un 8 por ciento respecto
al vigente en el régimen anterior.
Otro aspecto es que se mantienen las cantidades máximas a importar de
países terceros en las mismas cifras que en el régimen anterior, es
decir, se mantienen los 2.200.000 toneladas del contingente
consolidado, las 353.000 toneladas de los tres nuevos Estados
miembros y las 857.700 toneladas de los países ACP. Esto permitirá
que siga existiendo un hueco en el mercado para los plátanos
españoles y comunitarios, al no aumentar los plátanos importados.
Los operadores españoles tendrán acceso a licencias de importacion
aunque mediante un mecanismo diferente al partenariado. En efecto,
aquellos operadores que utilizaron sus licencias en años pasados, en
1994, 1995 y 1996, tendrán derecho a licencias para importar en los
próximos años. De momento, están reguladas hasta 1999. Luego, los que
no utilizaron sus licencias sino que optaron por transferirlas, los
que se limitaron a vender esas licencias de las cuales obtenían un
ingreso adicional en el sistema del partenariado, éstos tendrán
acceso al régimen de importación por el mecanismo de nuevos
operadores, para lo cual sólo se exige que haya importado frutas y
hortalizas incluido el plátano en ese período 1996, 1997 y 1998, por
un valor de 67 millones de pesetas. Con ello, en realidad, esa
pérdida del partenariado queda casi compensada, y desde luego
más que compensada con el incremento del ingreso global de
referencia.
Respecto al arroz, ¿cuál es la situación actual? El Consejo de
Ministros del mes de julio pasado encargó a la Comisión la
preparación de un análisis del sector del arroz y de la elaboración
de las propuestas pertinentes para la solución de los problemas que
tiene planteados. La información derivada de los contactos mantenidos
desde entonces con los servicios de la Comisión es que esta tarea de
análisis y formulación de una reforma del sector de la línea definida
en la Agenda 2000 para el resto de los sectores está prácticamente en
sus comienzos y no hay ninguna documentación escrita orientativa de
la misma porque la Comisión todavía no tiene un borrador sobre el
tema.
Por nuestra parte, los objetivos que se consideran necesarios
a efectos de una reforma razonable para la solución de los problemas
del sector son los siguientes: la reducción del precio de
intervención con la compensación total que está prevista en esta
reducción y que puede ser diferencial y mayor para el arroz indica;
la sustitución del sistema actual de penalizaciones por otro que se
base en la proporcionalidad de la misma respecto a los rebasamientos
al igual que se hace con los cultivos herbáceos. Como ustedes saben,
el cálculo de la penalización actual del arroz cuando hay
rebasamientos es un sistema perverso que hace que con pequeños
rebasamientos de la producción de arroz se llegue a penalizaciones
muy elevadas. Creemos que es un sistema que hay que suprimir e
implantar algo semejante al de los cultivos herbáceos. También la
posibilidad de establecer un sistema equivalente al existente en los
cultivos herbáceos en relación con la flexibilización de sanciones,
es decir, que se incluya la definición de su superficie de bases
regionales dentro de la superficie de base nacional para posibilitar
la compensación entre ellos. Nosotros quisiéramos poder regionalizar
el cultivo de arroz para no penalizar regiones de cultivo
tradicionales que se están viendo ahora penalizadas por otras
regiones en las cuales el cultivo de arroz es relativamente nuevo y
está en constante aumento. Esa regionalización nos permitiría aislar
las penalizaciones de unas regiones y otras con el fin de que cada
región tenga una penalización proporcional a su rebasamiento, pero
naturalmente eso sólo lo podemos admitir siempre y cuando se pueda
proceder a una compensación nacional. Se trata de que cuando una
región no llega a su límite, esa superficie disponible pueda ser
utilizable para una compensación entre otras regiones, como ocurre
con el caso de la cuota láctea, por ejemplo.
También queremos la posibilidad de establecer unas superficies de
bases separadas para el arroz japónica y el índica, en el supuesto de
que pueda modificarse de forma diferencial el precio de la
intervención y el pago compensatorio de estos tipos de arroz.
Seguimos en contacto con los servicios de la Comisión, intercambiando
ideas y valoraciones a efectos de poder avanzar en la formulación de
esa nueva reforma conjuntamente con ellos. Asimismo, se mantienen
estos contactos en el sector arrocero industrial para intentar que se
consigan coordinar todas sus aspiraciones con los posibles principios
que para la reforma utilice la propia Comisión. Pero, como ven
ustedes, esta es una reforma que si la Agenda 2000 no se atasca,
posiblemente pueda ser incorporada el
año que viene a las negociaciones de la Agencia 2000, pero la
Comisión no se está dando demasiada prisa.
Me queda, señor presidente, la última cuestión sobre la situación de
la empresa pública Coosur, que produce, comercializa y envasa aceite
de oliva.
Coosur en el año 1996 tuvo una cifra de negocios de 16.000 millones;
en 1997 la incrementó a 19.000 millones; las pérdidas fueron en 1996
de 1.278 millones y en 1997 de 879 millones. Si comparamos los
últimos datos del primer semestre de 1997 con el primer semestre de
1998, las pérdidas en ese primer semestre de 1997 fueron de 339 y en
el primer semestre fueron de 75 millones. Es decir que poco a poco la
empresa camina hacia eliminar esta situación de pérdidas y
eventualmente llegar a beneficios.
Además, hay que destacar el plan social que se ha hecho dentro de la
empresa, para el cual se cuenta con el acuerdo de los trabajadores y
los representantes de los sindicatos. Ese plan social consiste en
reducir el número de trabajadores; el 1 de enero de este año el
número de trabajadores era de 145, con un coste salarial de 727
millones de pesetas, y se prevé que en los próximos cuatro años se
jubilen 48 trabajadores; Eso, después de este plan social que se ha
hecho, supondrá un coste salarial a la empresa de 495 millones. Como
se espera una subvención de 121 millones, el coste del plan sería de
284 millones, con un total de 405 millones. Así, la situación en el
año 2001 sería que se contaría con 97 trabajadores y el ahorro en
cuatro años de ese plan representa los 495 millones. La empresa va
poco a poco hacia la eliminación de las pérdidas y obtención de
beneficios futuros y hacia una reestructuración con jubilaciones
anticipadas que le permita disponer de una plantilla acorde con lo
que es la empresa.
Yo creo que estas son las cifras principales, luego si SS.SS. quieren
más detalle se los puedo dar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz, señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señorías, en efecto estamos ante un prolijo
debate que abarca diferentes aspectos relacionados con la política
agraria común, con diferentes sectores y, por tanto, me van a
permitir, en primer lugar, que manifiesto que hubiera sido deseo del
Grupo Parlamentario Socialista -y éste desde luego era el objetivo
que teníamos cuando planteamos la comparecencia del señor Díaz Eimil-
poder profundizar en cada uno de los aspectos objeto de nuestra
comparecencia. Por esto hubiéramos deseado que no se hubieran
concentrado tantos puntos en una sola sesión, y porque ello nos
hubiera permitido reflexionar sobre cada uno de ellos, también
proponer alternativas y, cómo no, en muchos aspectos seguramente
diseñar un planteamiento común que, en todo caso, reforzara ola
posición de nuestro país a la hora de negociar nuestras posturas en
el marco del debate de la Agenda 2000 y de la reforma de la PAC.
Es cierto que usted nos ha hecho una descripción exhaustiva y tampoco
es menos cierto que fue planteando aquellos temas que usted y el
Gobierno no comparten, pero también es cierto que en ninguno de los
aspectos nos indicó cuáles eran las previsiones del Gobierno para
corregir
aquellos que resultan altamente preocupantes para los sectores
afectados de nuestro país.
Incluso, y permítame que empiece por ahí, en alguna ocasión nos ha
dicho que ustedes habían tratado de reflejar en alguna negociación
algún voto de carácter testimonial para que quedara constancia. Señor
Díaz Eimil, solamente lo plantea usted como ejemplo, pero es un
ejemplo de lo que nunca debe pasar. Nosotros queremos más eficacia a
la hora de negociar en el seno de la Unión Europea, mayor resolución
de los problemas y, en todo caso, en los votos testimoniales.
Estamos ante un debate en el seno de la Unión Europea muy importante,
es el debate que va a permitir diseñar las políticas agrarias para
los próximos seis años. Podríamos decir que estamos, por tanto,
definiendo aquello que va a posibilitar dar respuesta a los problemas
que tienen nuestra agricultura y nuestra ganadería o, por el
contrario, podríamos estar ante una reforma que puede agravar todavía
más la situación de nuestro país, de nuestros agricultores y de
nuestros ganaderos.
Es verdad que sabemos muy poco o casi nada de cuál es la estrategia,
cuál es el diseño, cuál es el enfoque, cuál es la posición del
Gobierno de España ante estas reformas que se están discutiendo, en
qué términos se plantean, con el objeto fundamental de corregir los
desequilibrios y las diferencias existentes, con el fin fundamental
de garantizar futuro para nuestro país.
La Comisión Europea, señor Díaz Eimil, plantea una reforma que, a
nuestro juicio, de salida, tiene un déficit muy importante, que es
que no plantea los recursos suficientes, que abre la puerta de la
renacionalización de la política agraria, que sus OCM no dan
respuestas con carácter general, unas más que otras -podemos
profundizar luego en alguna de ellas- a las demandas y objetivos que
tienen planteadas nuestro país. Examinemos cualquiera de ellas, usted
lo ha dicho, bien sea la de cultivos herbáceos, bien se ala OCM del
sector lácteo, la OCM de la carne, la del vino o cualquier otra. Unas
es verdad que se acercan más a los objetivos que tenemos planteados
como país, pero otras distan bastante de ellos y de dar respuesta, en
consecuencia, a los problemas que tenemos. Es más, podemos afirmar
que no corrigen situaciones y que acentúan incluso las diferencias
que existen entre países del norte y del sur, entre grandes
explotaciones y pequeñas, etcétera.
Tenemos que ver cómo desde España podemos hacer un planteamiento que,
a poder ser, debería se común. Ustedes siempre rechazan la búsqueda
de un foro que posibilite unificar criterios para reforzar las
posiciones del Gobierno de España, porque tienen siempre como guía de
su conducta un poco la autosuficiencia, el escuchar poco y el
plantear siempre los temas como hechos consumados. En todo caso, debe
coincidir conmigo en que el asunto que tenemos sobre la mesa es del
suficiente calidad y que puede traer tales consecuencias que, cuando
menos, su debate debería de posibilitar tener puntos en común para
reforzar, insisto, el papel de España en esa negociación. Señor Díaz
Eimil, le quiero reiterar que nosotros seríamos los primeros en
felicitar al Gobierno de España, y nos sentiríamos plenamente
identificados con él si el debate y el final de la Agenda 2000, de la
reforma de la PAC, favoreciera a nuestro país y, cuando menos, no
perjudicara ni agravara la situación de la
que partimos. Mi grupo, en principio, tiene que manifestarle que es
muy excéptico porque con el diseño de Agenda 2000 que se nos plantea
posiblemente no va a volver a crecer la renta de los agricultores y
ganaderos españoles, ni de lejos, como creció en la última década,
tras el ingreso de España en el seno de la Unión Europea. En 1985,
señor Díaz Eimil, las ayudas que percibieron los agricultores
supusieron el 2 por ciento de la renta agraria; en el año 1994
representó el 26 por ciento, lo que hizo que en este período la renta
agraria por unidad de trabajo creciera en España el 120 por ciento,
muy lejos del segundo país, que fue Alemania, que creció solamente el
70 por ciento.
Señorías, si no se modifica la propuesta, si se mantienen los
criterios de renacionalización, de tal forma que las ayudas directas
se cofinancien por los Estados miembros, las arcas españolas se verán
obligadas a desembolsar entre 90.000 y 150.000 millones de pesetas
anuales, de acuerdo con el porcentaje que al final se apruebe de
contribución de cada país miembro. Si a esto le añadimos que el
sistema de primas compensatorias que se establece en las diferentes
OCM -y de alguna hablaremos específicamente-, y que no va a compensar
en muchos casos la caída de los precios, alcanzando en algunos
solamente el 60 o el 70 por ciento, teniendo que soportar el ganadero
o el agricultor, según de quien estemos hablando, el restando 30 ó 40
por ciento del efecto de la reforma, esto puede suponer una pérdida
anual para nuestro país de unos 200.000 millones de pesetas. Es
decir, que con los efectos de la reforma, señor Díaz Eimil, podemos
encontrarnos con una pérdida para nuestro país de más de un billón de
pesetas en seis años. Estamos hablando, por lo tanto, de una cosa
suficientemente seria, suficientemente grave para los intereses de
nuestro país, que debe ser objeto de una estrategia específica del
Gobierno de España para hacer frente a algo que puede ser muy
perjudicial para los intereses de nuestro país, que puede poner en
una situación complicada a muchos sectores de nuestro país, que puede
repercutir directamente en el empleo y en muchas explotaciones, sobre
todo pequeñas, y que requiere que este asunto no se tome a la ligera
y sí con la seriedad que el debate merece.
Señorías, la ampliación de la Unión Europea no se puede hacer a costa
de la política agraria común. Es necesario conseguir aumentar los
ingresos, en función de la capacidad de cada Estado miembro, que
posibiliten que la ampliación no repercuta en la PAC y, como
consecuencia de esto, es necesario establecer un mecanismo de
modulación de ayudas que corrija los desequilibrios que existen en la
actualidad; un mecanismo de modulación de ayudas que tiene que
garantizar una redistribución más equitativa de los fondos públicos,
evitando que se generen más desigualdades. Cuando estamos hablando de
cada OCM, cuando estamos hablando de los precios de intervención,
cuando estamos hablando de las ayudas, a renglón seguido mi grupo
piensa que debe ir acompañando de un sistema de modulación que
posibilite que la redistribución de las mismas sea más equitativa. No
se pueden seguir generando más desigualdades; no puede ser que el 20
por ciento de las explotaciones absorba el 80 por ciento de las
ayudas, como sucede en algunos casos en la actualidad; por ejemplo,
las ayudas a cultivos herbáceos, que supone que el 1 por ciento de
los beneficiarios cobre el 20 por ciento de las ayudas.
O como el sector del aceite, que 69 privilegiados reciben más de
4.000 millones de pesetas, mientras que 105.000 reciben una media de
aproximadamente 84.000 pesetas. Por lo tanto, estas ayudas deben ir
destinadas a fomentar el empleo directo, a favorecer a personas, a
colectivos y países que más lo necesitan; en definitiva, a equiparar
la renta. Y deben ir destinadas, además, a proseguir en la
modernización de las explotaciones y a mejorar, por lo tanto, nuestra
competitividad. En definitiva, señorías, la reforma de la Agenda 2000
y la reforma de la política agraria común exige que le prestemos un
poco más de atención y exige que le demos la importancia que tiene,
que puede suponer y tener consecuencias muy negativas para los
intereses de nuestro país.
Usted ha hecho una exhaustiva intervención en relación con los
aspectos de la reforma que tienen que ver con los diferentes
sectores. Empezó hablando en su exposición de los cultivos herbáceos.
Con carácter general, antes de profundizar en algunos aspectos, le
voy a decir que usted, en muchos de los aspectos, ha hecho un
diagnóstico preciso de la situación, pero nos gustaría saber, con
carácter general, cuál es el tratamiento. El diagnóstico podemos
compartirlo, pero le corresponde al Gobierno establecer el
tratamiento y decir cómo va a hacer para que el tratamiento sea
eficaz y el resultado global de la negociación responda a los
intereses de nuestro país. Es verdad que hay una pérdida de renta
ocasionada por el descenso de los precios de intervención; es verdad
que el precio de intervención de los cereales se situará por debajo
de los costes de producción; es verdad que en los cereales no se
produce una compensación completa; que en la retirada de tierra se
produce también una pérdida de casi tres ecus por tonelada,
aproximadamente 1.200 pesetas por hectárea; es verdad lo que dice en
relación con los proteaginosas y las oleaginosas; pero señoría ¿qué
propuestas tiene el Gobierno para hacer frente a estos déficit? Es
necesario incrementar el rendimiento medio histórico asignado a
nuestro país, es necesario en los cultivos herbáceos modular los
importes de los pagos compensatorios, es necesario mantener las
ayudas para algún sector concreto, por ejemplo para el maíz ensilado,
etcétera, y nos gustaría, señor Díaz Eimil, que nos dijera con
claridad cómo pretenden hacer frente, con qué propuestas, a la
reforma de cultivos herbáceos que se está planteando por parte de la
Comisión.
En relación con la OCM de la carne de vacuno he de decir que hay
muchos ciudadanos de este país, fundamentalmente los que están
situados en la cornisa cantábrica, que están muy preocupados como
consecuencia de la propuesta de reforma que está encima de la mesa.
Yestán muy preocupados, señorías, porque la reducción del 30 por
ciento en los precios de intervención, que se trasladaría
directamente al precio de mercado, puede suponer una fuerte crisis en
la ganadería española; una crisis, además, que se ve complementada al
tener un déficit de derechos, como usted muy bien sabe. También
resulta muy perjudicial la diferencia que se propone entre la prima
al ternero frente al de la vaca nodriza. Por lo tanto, deberá
explicarnos cómo se afronta esta reforma, que afecta directamente a
la renta de muchos ganaderos. Hay una bajada de los precios
institucionales lo suficientemente fuerte como para poner en peligro,
de no corregirse, a ese sector tan importante en nuestro
país. Tendrá que explicarnos, señor Díaz Eimil, cómo se va a hacer
frente a esta reforma y cuál es el mínimo común denominador del
Ministerio para aceptar la propuesta de la Comisión de la Unión
Europea. Estamos ante un tema de un calado importante que requiere de
un esfuerzo por parte del Gobierno y por parte del Ministerio de
Agricultura.
No menos importante es la reforma del sector lácteo. Necesariamente
tengo que ir -aunque sin profundizar mucho en ellos- enunciando
aquellos aspectos que, a juicio del Grupo Socialista, presentan más
dificultades. En primer lugar, la reforma del sector lácteo no da
respuesta a la demanda de nuestro país de incremento de un millón de
toneladas de nuestra capacidad de producir. Llevamos desde hace algún
tiempo trasladando a la reforma de la OCM la posibilidad de ampliar
nuestra capacidad de producir en un millón de toneladas. Llegó por
tanto el momento de los acuerdos unánimes de este Parlamento; llegó
el momento de que el compromiso reiterado de la ministra de
Agricultura se haga realidad; llegó el momento de conseguir una
ampliación de un millón de toneladas en nuestra capacidad de
producir, que es lo que necesita nuestro país -y en eso estamos todos
de acuerdo, no es un planteamiento del Grupo Parlamentario
Socialista- para dar respuesta a esta situación. El incremento que se
propone por parte de la Unión Europea es un incremento lineal para
todos los países y, por tanto, no es un mérito, aunque alguno se lo
quiera apuntar, del Gobierno de España el conseguir una mínima
ampliación, que nos sitúa en el 25 por ciento de lo que estamos
planteando. Además, sitúa el incremento de forma lineal, para todos
los países, y, como consecuencia, para mitigar también la caída de
los precios de intervención.
Además, los criterios de compensación que la Comisión establece, en
función de lo que ya se conoce como vaca virtual, suponen un
perjuicio para los intereses de España y suponen, o pueden suponer,
una pérdida anual, si hacemos los cálculos en función de la
producción que tiene nuestro país, de más de 25.000 millones de
pesetas. Yusted ha anunciado en su exposición que era un criterio que
no se correspondía con los intereses de nuestro país. Pero no sólo,
insisto, es necesario plantear el diagnóstico sino que también hay
que dar respuesta y ustedes tienen que darla. Por tanto, tenemos dos
problemas importantes en la reforma del sector lácteo y creo que
algunos más. Primero, seguimos sin tener una respuesta a nuestra
demanda de incremento y se establece un criterio de primas que es
lesivo para los intereses de nuestro país.
Hace usted referencia al tema del aceite de oliva. Es verdad que
sobre este tema hemos hablado mucho. Ha sido objeto de tratamiento en
la Comisión, de forma monográfica, y también en el Pleno de la
Cámara, por lo que yo no voy a reiterar los términos de los detalles
que ya se han planteado.
En todo caso, si querría señalar dos aspectos de su intervención. En
primer lugar nos ha dicho que desde el punto de vista de España el
Reglamento era insuficiente. Mi pregunta es, ¿qué hicieron ustedes
para que el Reglamento no fuera insuficiente? Es la pregunta
inmediata. Que el Gobierno reconozca ante la Comisión que el
Reglamento es insuficiente cuando es el que tiene la potestad, la
capacidad, de influir y de modificarlo es para decirles: suspendieron
ustedes pero no sólo suspendieron es que ustedes mismos han
reconocido que han suspendido y nos dicen ante la Cámara que el
Reglamento es insuficiente. Además -ya se lo he dicho pero se lo
vuelvo a reiterar- nos ha planteado que habían reflejado la posición
de España con un voto testimonial. A mí poca satisfacción me da, como
representante del Grupo Socialista y por tanto como portavoz que en
este momento está defendiendo a un importante colectivo que tiene
problemas, que ustedes hayan planteado un voto testimonial cuando la
solución no es la más acertada para los intereses generales del
sector. En todo caso, ahora tienen ustedes que dar un paso más.
Miremos para adelante, no planteemos siempre los debates en torno a
lo que ha pasado. Es necesario en el sector del aceite de oliva, más
que en ningún otro sector, que se plantee la modulación. La
modulación en este sector está más justificada, porque tiene que ser
un mecanismo que favorezca las explotaciones que generan más puestos
de trabajo, aquéllas que se asientan en zonas más desfavorecidas,
aquellas cuyos titulares tienen dedicación a las mismas. Por tanto,
le invito a que abran una mesa de negociación que posibilite un
acuerdo en la línea de modular las ayudas. No sigamos hablando del
pasado y de la reforma, pero demos pasos al frente que posibiliten
corregir algunos déficit, que para nosotros son importantes, en esta
nueva etapa que se tiene que abrir en este campo.
Nos ha hablado también en profundidad del tema de la reforma de la
OCM del vino. Hay personas que tienen bastantes más criterios y
capacidad para poder hacer un debate exhaustivo sobre este tema en
esta Comisión, pero cabría hacer sólo dos apuntes. En primer lugar,
el Grupo Socialista, nuestra portavoz en su momento, la señora Ana
Leiva, ha reconocido que la propuesta de reforma es una propuesta que
avanza considerablemente en lo que veníamos defendiendo como país,
pero que todavía quedan problemas pendientes que es necesario seguir
abordando, como el tema de la chaptalización o como otros temas,
algunos de los cuales usted también ha enunciado, como el
embotellamiento de origen, como el garantizar el mantenimiento del
potencial productivo vinícola español, etcétera. En todo caso, señor
Díaz Eimil, tendríamos que seguir insistiendo para avanzar en la
consecución de reforma de la OCM del vino que contemplara también
algunos de estos criterios.
Entramos a detallar algunos de los temas que eran objeto de nuestra
solicitud de comparecencia, pero que no son abordados o que la
Comisión Europea no los incluye dentro del paquete de la Agenda 2000:
el tema de frutas y hortalizas, el del algodón y el del azúcar. En
todo caso, en dichos temas existen lagunas, existe preocupación y
también existen unos déficit que tendríamos que intentar paliar. Yo
ya le anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista planteará algunas
propuestas en esta Comisión, tendentes a que aspectos relacionados
con los temas de frutas y hortalizas, algodón, azúcar, etcétera, sean
objeto de debate monográfico en esta Comisión, porque sí existen
problemas, tanto en la compensación por la disminución de los precios
como en la inclusión de nuevos productos en el tema de frutas y
hortalizas, como incluso en la necesidad de que con la entrada de los
peco se establezca un sistema y un período transitorio
suficientemente amplio, que no perjudiquenuestros intereses por la
entrada de estos países.
En cualquier caso, señor Díaz Eimil, y voy a concluir esta primera
intervención, quiero reiterarle algunas consideraciones. En primer
lugar quiero insistir en la necesidad de fomentar lugares de
encuentro que posibiliten fijar posiciones comunes y, en todo caso,
reforzar la política que hay que plantear en el seno de la Unión
Europea de aquí al final de la negociación de la PAC. Anosotros nos
gustaría poder ser corresponsables en las propuestas, porque en la
medida en que lo fuéramos, también podríamos corresponsabilizarnos
con el resultado. Ustedes tienen la práctica política de que no se
corresponsabiliza a nadie con las propuestas, pero al final nos
quieren corresponsabilizar con los no éxitos, por no utilizar un
adjetivo diferente. Yo creo que esto requiere de consensos
nacionales. Porque cuando estamos hablando de que, como consecuencia,
la reforma de la PAC, de la Agenda 2000, puede repercutir en la renta
y en los Presupuestos Generales del Estado más de un billón de
pesetas en nuestro país, perdiendo directa o indirectamente, nos
estamos refiriendo a palabras mayores, no a una anécdota. No estamos
por lo tanto ante un hecho que no requiere de un esfuerzo común
porque, al fin y al cabo, lo que estamos es determinando el futuro de
muchos agricultores y de muchos ganaderos. Señor Díaz Eimil, esta
reflexión que hoy le estamos haciendo no la interprete en clave
exclusivamente de análisis y, por lo tanto, de posición crítica a los
planteamientos del Gobierno. También es una llamada de atención a la
forma que el Gobierno tiene de plantear los problemas. Porque estamos
ante una encrucijada: o conseguimos una buena reforma de la PAC que
nos posibilite seguir avanzando, seguir corrigiendo desequilibrios,
que la renta de nuestros agricultores siga creciendo -la de todos, no
solamente la de unos pocos- o retrocedemos e incrementamos de paso el
gasto del Gobierno de España si se aprueban las políticas de
renacionalización. Ya les veo yo, de ser aprobada, haciendo una nueva
reforma del IRPF para plantear las posibilidades de cooperación del
Gobierno de España en esa política.
Por lo tanto, esta es la reflexión que hoy queríamos hacer. Es verdad
que no es el marco que hubiéramos querido -una comparecencia, dos
comparecencias- para profundizar detalladamente en cada una de las
propuestas. Alguno de los enunciados que usted ha hecho ni siquiera
los he comentado, pero no porque no sean importantes. Yo creo que
merece la pena que lo que le estoy proponiendo, lo tengan en
consideración el Ministerio y el Gobierno. De lo contrario, señorías,
a mí no me gustaría que cuando concluya la reforma tengamos que pedir
la comparecencia del Gobierno para decirle que estamos en contra de
una reforma que es mala para los intereses de nuestro país, que no
responde a los objetivos que teníamos planteados como país, que no da
respuesta a las demandas que tienen los agricultores y ganaderos y
que, en definitiva, suponga un retroceso importante para el conjunto
de nuestro país. Esta es la reflexión, señor Díaz Eimil.
Muchas gracias, señor presidente, por la benevolencia en la
aplicación del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Meyer Pleite.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor Díaz Eimil, por su
comparecencia.
Efectivamente, me voy a referir a la petición de comparecencia en
relación a la empresa pública Coosur. Como usted sabe, señor Díaz
Eimil, en la provincia de Jaén aún se vive la resaca de los
acontecimientos vividos en torno a la OCM del aceite. Tras una larga
movilización sostenida no solamente en Andalucía, sino también fuera,
por el olivar y contra las propuestas del comisario Fischler, la
falsa solución que nosotros hemos visto siempre, a la que se ha
plegado la ministra doña Loyola de Palacio, mantiene aún las heridas
abiertas de una insuficiente cuota garantizada para España; esto ha
quedado demostrado después de la excelente cosecha de este año. La
prueba es que ya se lanzan globos sonda desde el Ministerio de
Agricultura sobre si se prohibirá o no la plantación de nuevos
olivos. Por otro lado, ante la escasez de las ayudas, se plantea el
reparto -un reparto que no es de recibo- de que se distribuya igual
entre los desiguales. Por eso desde Izquierda Unida somos partidarios
de la modulación. Pero, en fin, esos temas, con ser importantes, no
agotan toda la problemática que tiene a nuestro entender el sector
del aceite en España, porque si algo se ha barajado a lo largo de
estos meses de intenso debate sobre el sector es la insuficiencia de
nuestras redes de envasado y comercialización.
En efecto, de todos los problemas, uno de los más graves es la
dependencia que esta insuficiencia genera para nuestros productores
individuales, sobre todo para los productores colectivos. Sin
embargo, a pie de tajo, justo en dos puntos de la provincia de Jaén,
en Vilches y Baeza, existe una empresa pública de titularidad estatal
en un 88 por ciento -Coosur- que tiene por objeto social el envasado
y la comercialización, pero la dejadez y la tendencia privatizadora
que, primero, deja en vía muerta lo público para después justificar
el trasvase a manos privadas, ha hecho que esta empresa pública
funcione a media máquina, dando pérdidas en ejercicios consecutivos.
Efectivamente, usted ya ha explicado parte de ello. Últimamente ha
habido acuerdo con los sindicatos para sanearla y para darle alguna
perspectiva de futuro, pero al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
le sigue preocupando la indefinición que por parte del Ministerio
Agricultura existe sobre la empresa pública Coosur.
Queríamos aprovechar su comparecencia para que nos aclare las
siguientes dudas: primero, si piensa el Ministerio que Coosur tiene
futuro; segundo, si debe de seguir en manos públicas o se va a
privatizar -es la parte que más nos interesa que nos constete-;
tercero, si va a propiciarse la participación financiera de la Junta
y las Cajas de Ahorro más del 7 por ciento actual del IFA y del 5 por
ciento de Unicaja; cuarto, si el Ministerio piensa que debería de
entrar capital multinacional sin límite alguno. Si así fuera, la
empresa pública en su actual concepción dejaría de existir
y estaríamos hablando de otra cosa.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: En primer lugar quiero dar la bienvenida
al secretario general, señor Díaz Eimil, a la Comisión de
Agricultura. Nuestro grupo parlamentario no ha pedido la
comparecencia, pero, en todo caso, queremos aprovechar la ocasión
para hacer una cierta reflexión al respecto.
El tema que el secretario general ha puesto encima de la mesa a
petición de los grupos parlamentarios básicamente ha estado siempre
alrededor de las relaciones entre España y la Unión Europea, de lo
que se llama la Agenda 2000. La Unión Europea demuestra, y creo que
es positivo, que a través de reglamentos intenta regular
prácticamente lo regulable. Hace unos momentos usted mismo hablada de
un reglamento donde se regulaba la cantidad de mezclas de vino blanco
y vino negro, por poner un ejemplo, y nos parece bien, pero, en
cambio, nuestro grupo tiene la sensación de que hay otros temas donde
es difícil regular y que en algunas ocasiones si se regula no se hace
lo suficientemente bien como para que sus efectos sean positivos.
Voy a hablar muy rápidamente sobre un tema que me preocupa, que no ha
sido objeto de su comparecencia. Por tanto, si usted puede, me
contesta y si no, en todo caso, yo lo entenderé perfectamente. Tenía
interés en hablar sobre él porque yo creo que es prioritario en este
momento. Hemos tenido en el pasado próximo y tenemos en este momento
un grave problema que fue la pese porcina clásica. Me refiero
básicamente no tanto al problema sino, a nuestro entender, a la falta
de aplicación de la normativa vigente para dar seguridad a los
productores a nivel del Estado español. Nosotros presentamos una
proposición no de ley al respecto y creo que se ha hecho poca cosa.
En este momento vuelve a haber focos en Alemania y tenemos al sector
absolutamente preocupado. No puede ser que en este momento el futuro
del sector español esté en manos de la buena voluntad de los
importadores, por tanto pedimos al Gobierno que se aplique la
normativa comunitaria al respecto para el control del movimiento de
los animales desde el punto de vista sanitario, y en el caso de que
el Gobierno crea que la normativa es insuficiente que haga propuestas
para su modificación para que los diferentes sectores se puedan
dedicar a producir y no tengan siempre la espada de Damocles encima
de la cabeza pensando si la falta de predisposición de un solo
comerciante puede poner en jaque la producción de cerdos en todo el
Estado español.
Ese es un tema que hemos discutido en diferentes ocasiones puesto que
nos preocupa muchísimo, pero hay otro muy parecido que también nos
preocupa y por eso he pedido la palabra. Tenemos encima de la mesa la
posible aparición de brotes de fuego bacteriano. Se trata de una
enfermedad de origen bacteriano de procedencia norteamericana que
desde el año 1957 está en Inglaterra y en diferentes países de
Europa. En este momento, básicamente Italia y Francia tienen altos
índices de infección; en España, hasta este momento, nos habíamos
salvado, habíamos tenido algún pequeño foco pero se había
solucionado, sin embargo parece que en estos momentos existe la
posibilidad de que pueda haber nuevos focos en el Estado español. No
conozco si en este momento existe alguna regulación, a nivel
comunitario, que controle el movimiento sanitario del material
vegetal. No sé si en este momento el propio Ministerio ha hecho
alguna propuesta para que el material vegetal
que se va a utilizar para la multiplicación básicamente tenga los
certificados de garantía necesarios que hagan que el Estado español
continúe siendo una especie de isla en la que esa enfermedad no ha
entrado.
Yo entiendo que éste no era el tema de sus comparecencias -hemos
hablado de Europa-, pero como seguramente usted tardará algunos meses
en volver a la Comisión no he querido dejar pasar la oportunidad de
conocer la posición del Ministerio en un tema tan sensible como éste.
Nos podemos quedar sin manzanos, sin perales y otros tipos de
frutales que pueden verse afectados; sabemos que tenemos la
enfermedad al otro lado de los Pirineos y me gustaría saber si el
Ministerio ha puesto en marcha algún mecanismo claro para evitar el
contagio, para evitar la llegada de esta enfermedad, si hay alguna
propuesta concreta de reglamento a nivel de Unión Europea que regule
el movimiento del material vegetal para la propagación -básicamente
los pies- y si realmente ya se ha previsto algún tipo de acción de
choque para el momento en que aparezca, si es que aparecen, algunos
focos puesto que tenemos todos los números de la lotería para que así
suceda.
Yo entiendo, señor Díaz Eimil, que la respuesta a estas preguntas que
le he hecho no las tenga preparadas, lo puedo entender perfectamente,
pero yo creo que son temas muy serios que preocupan muchísimo a las
zonas productoras de frutales y sí me gustaría que nos dijese cuál es
su posición al respecto y sobre todo, si no se ha hecho nada, que a
partir de esta intervención el Ministerio ponga manos a la obra para
evitar que nuestros fruticultores tengan que pagar una vez más las
culpas de un pecado que no han cometido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Pascual.
El señor PASCUALMONZÓ: En primer lugar, quería dar la bienvenida al
señor secretario general y agradecerle el esfuerzo de síntesis
realizado para exponer de forma exhaustiva una serie de problemas que
afectan a la agricultura española, sobre todo dentro de ese marco en
que nos estamos moviendo actualmente como es el de la Agenda 2000.
Al inicio de su intervención, señor secretario general, ha hablado de
un enrarecimiento inicial de la Agenda 2000, enrarecimiento que, hay
que decirlo, se debe a que lo que en un principio podría haber sido
un paseo o un debate sobre la Agenda 2000 mucho más laxo hemos visto
que - y esto hay que decirlo así de claro-, gracias a la actuación de
la ministra de Agricultura, que se opuso tajantemente, como usted muy
bien ha expuesto, a lo que iba a ser la financiación de la Agenda
2000, y lo que en un momento se le criticó incluso por algún portavoz
o ex portavoz de esta Cámara al decir que se había quedado sola
frente a los demás ministros de agricultura, hemos visto cómo,
repito, el tiempo ha dado la razón a la ministra y en el siguiente
Consejo de Ministros contó con el apoyo, si no recuerdo mal, de cinco
países, países importantes que dieron la razón a la ministra porque
veían el problema tan grave que se avecinaba en la agricultura y en
la política agraria comunitaria.
Estamos totalmente de acuerdo en que la línea directrizagraria debe
referirse solamente a la PAC a 15 países, y lo
que no pueden hacer los agricultores europeos y mucho menos los
agricultores españoles es pagar la ampliación, en la que sí que
estamos de acuerdo en un principio, a países del Este. Esta
ampliación la tienen que pagar todos los ciudadanos de la Unión
Europea y no solamente unos cuantos ciudadanos, que serían los
agricultores.
Estoy en contra de la crítica que se le ha realizado, por parte del
portavoz socialista, en el sentido de que no ha analizado los
problemas y las soluciones. Creo que ha analizado muy detalladamente
cuál es el planteamiento frente a las reformas ya aprobadas o ante
las reformas que se están debatiendo ahora o se van a debatir de
forma inminente, cuál es la situación española frente a estas
reformas y cuáles son las soluciones que el secretario general, como
portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, piensa
afrontar en defensa de nuestros intereses agrarios.
Solamente quería hacer unas pequeñas referencias. Por ejemplo, en el
sector del vacuno, sobre el que se ha dudado aquí del análisis
realizado por el señor secretario general; yo creo que el Ministerio
conoce muy bien su situación y se están intentando solventar por
todos los medios posibles los problemas que le acechan. Lo mismo
ocurre con el sector lácteo, en el que, desde que está la actual
ministra de Agricultura, se ha puesto bastante orden en un sector
que, por desgracia, estaba bastante desordenado; hemos conseguido,
por primera vez, no tener excedentes y no pagar multa, lo que supone,
hay que decirlo, un gran ahorro que revierte en los agricultores
españoles. Supone un gran ahorro el habernos quitado de encima la
multa por la cuota láctea y, a las críticas aceradas que hemos oído
al portavoz socialista, hay que decir que es lo que se negoció, son
los mimbres que nos hemos encontrado y es en lo que hemos tenido que
trabajar. El Grupo Popular -hay varias iniciativas que así lo
respaldan- ha planteado ese aumento de un millón de toneladas en la
cuota láctea necesarias para España y hemos conseguido una parte,
hemos conseguido algo. En los 10 años de Gobierno socialista no se
consiguió nada. (El señor Blanco López: ¡Mentira!) Es un adelanto
importante y desde luego la ministra está luchando por conseguir ese
nivel de cuota láctea que sería importante para España.
Respecto a otro sector que está muy de moda, que es el aceite de
oliva de España, aunque la ministra y el Ministerio hubiera podido
conseguir una mejora más sustancial para dicho sector, indudablemente
se ha avanzado mucho más que con políticas anteriores. Entre otras
cosas, ha habido que pelear, y no sólo en este sector sino también en
otros. Ahora se pregunta desde la oposición qué hace la ministra,
pero he de advertir que muchas veces no sólo es el consenso con los
demás ministros o la actuación de la ministra en el Consejo de
Ministros, sino que hay temas muy importantes -que ahora lo estamos
padeciendo- tan simples como son los datos. Cuando éstos no se
adecuan a la realidad productiva de España luego traen sus
consecuencias, y me estoy refiriendo a aquellos con los que nos
encontramos en las reformas de OCM, que son de épocas de sequía, por
lo que ahora nos tenemos que pelear, siendo éste un problema añadido.
El portavoz socialista ha criticado el voto en contra sobre el
reglamento al control de la ayuda a la producción por parte del
Gobierno español, por parte de la ministra. El
secretario general ha explicado muy bien que aunque estamos de
acuerdo en lo que se ha aprobado, España quería más. No comprendo
cómo quieren que se defiendan los intereses agrarios españoles en la
Unión Europea, aunque antes todo se hacía así; se decía a todo que
sí, se votaba a favor, fuera bueno, regular o malo para España y
luego se vendía aquí que todo era bueno para España. El tener
claridad en la defensa de los intereses agrarios españoles en la
Unión Europea no gusta a parte de la oposición, pero es mucho mejor
para los agricultores españoles porque la ministra no tiene el más
mínimo rubor en defender, a capa y espada, dichos intereses. Para eso
hay que ir con la cabeza alta y decir las cosas que son necesarias
para España, para que llegue por todos los canales posibles a
Bruselas cuál es el planteamiento de España. Luego se consigue menos,
pero como el listón lo hemos puesto alto, el resultado final es mejor
para la agricultura española, para los agricultores, los ganaderos y
los pesqueros españoles. Quizá esa política de docilidad con Bruselas
se ha terminado y el grupo mayoritario de la oposición sigue sin
comprender que así no se defendían los intereses españoles.
Señorías, no quiero extenderme más porque técnicamente el señor
secretario ha explicado bastante bien todos los aspectos con el
tiempo que disponía.
Con respecto al arroz, estamos de acuerdo con las superficies máximas
regionales, aunque me gustaría dar otro argumento. Aparte de la
tradición en las zonas arroceras españolas, creo que hay otro
argumento interesante y es que esa tradición de producción en el
cultivo del arroz tiene un carácter importantísimo medioambiental
porque en esas zonas es el único posible. Son zonas húmedas, donde
hay un hábitat que hay que defender, donde hay una fauna y flora que
son casi únicas en la Unión Europea, y el arroz, compatibilizado con
la protección de esas zonas, es el complemento ideal. No podíamos
poner en peligro las rentas de los agricultores ni el futuro de esos
humedales que todos conocemos.
Por último, hay varias cosas de las que ha dicho el portavoz del
Grupo Socialista en las que no estoy de acuerdo. Ha hablado de
lugares de encuentro; si quieren ser corresponables en los
resultados, también tienen que serlo en las propuestas. Desde el
Grupo Parlamentario Popular y desde el Ministerio de Agricultura
hemos dicho que estamos de acuerdo en esa línea, pero, señorías, hay
que tener un poco de coherencia y de responsabilidad en lo que se
manifiesta. Se pide esto en temas como el del aceite de oliva.
Señorías, si ustedes dicen una cosa en Las Cortes andaluzas y otra
aquí, no sabemos a qué atenernos. La entonces portavoz de agricultura
del Grupo Socialista criticó a la ministra por quedarse sola en la
Agenda 2000, y sin haber transcurrido 15 días de diferencia el
portavoz de la Comisión Mixta de la Unión Europea del Grupo
Socialista dijo todo lo contrario; hay que tener seriedad y
coherencia. Yo soy miembro de la Comisión Mixta de la Unión Europea y
lo dijo el portavoz de su grupo, señor Blanco, en la comparecencia
del ministro de Asuntos Exteriores, hablando sobre la Agenda 2000. No
sé si ahora, al haber portavoz nuevo en el Grupo Socialista, hay
tiempo nuevo. Por nuestra parte, estamos dispuestos a dar un margen
de confianza. Señorías, no es una novedad; la ministra y este grupo
ha contado con el apoyo de los demás portavoces de otros grupos con
sus críticas,
más o menos aceradas, pero coherentes y constructivas. La ministra ha
recogido siempre esas críticas o consejos y los ha llevado a la
defensa de los intereses agrarios españoles.
Sobre el tema de la modulación, señor Blanco, le repito lo mismo que
sobre la coherencia. Cuando ustedes estaban gobernando no plantearon
nunca el tema de la modulación. Nosotros estamos de acuerdo, pero lo
estábamos antes en la oposición y lo estamos ahora en el Gobierno.
Cuando ustedes estaban en el Gobierno no querían oír hablar de este
problema y ahora en la oposición usted lo magnifica porque lo ha
sacado varias veces, incluso referido a algunos cultivos, sobre todo
en el del aceite de oliva. Si a partir de ahora van a ser coherentes,
estamos abiertos a sus sugerencias.
Lo mismo sucede con la renta de los agricultores, que usted ha puesto
en duda con la renacionalización. Señor Blanco, con la
renacionalización la renta de los agricultores, ganaderos y pesqueros
españoles va a estar asegurada. No han podido sustraerse a hacer un
poco catastrofismo, bien es verdad que mucho menos que en otras
intervenciones de compañeros suyos. Igual que cuando esgrimían el
asunto de las pensiones de este país diciendo que iban a desaparecer
si gobernaba el Partido Popular, y se ha demostrado todo lo
contrario, es decir, que no sólo han desaparecido sino que han
mejorado; no causemos miedo a los agricultores españoles con esta
renacionalización.
Termino, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular está
abierto a las sugerencias, incluso a las críticas constructivas de
todos los grupos, incluido el Grupo Parlamentario Socialista. Nos
alegramos de esta etapa de un nuevo portavoz y estamos dispuestos el
Ministerio y nosotros a compartir, a colaborar, a disfrutar -por
decirlo de una manera más benévola- de las sugerencias, aciertos y
fracasos que se puedan hacer de la gestión ante la Unión Europea,
porque es un marco en el que estamos todos juntos y, a fin de
cuentas, quien se beneficia es parte de los ciudadanos españoles, que
son los agricultores, los ganaderos y los pesqueros. Siempre que se
haga esa política de consenso y de compartir en beneficio del sector
agrario español nos encontrará al Grupo Parlamentario Socialista,
pero no estaremos cuando exista la más mínima posición de sectarismo
en favor de su partido.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para contestarles a sus
preguntas, tiene la palabra el secretario general de Agricultura y
Alimentación, señor Díaz Eimil.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Díaz Eimil):
El señor Blanco nos ha acusado de que no tenemos alternativas para la
Agenda 2000. Yo no le voy a castigar leyéndole otra vez todas las
posiciones españolas respecto de todas y cada una de las cuestiones
que plantea la Agenda 2000, pero sí le puedo hacer un resumen de
carácter conceptual o filosófico, como queramos llamarle, diciendo
que España siempre ha opinado que la primera razón que se esconde
detrás de la Agenda 2000 es de carácter presupuestario. El actual
sistema de recursos propios en la Unión Europea caduca el 31 de
diciembre del año 1999 y es imperativo: bien renovar el sistema
actual, bien acordar uno nuevo. Cuando se habla
de dinero en la Unión Europea, no queda más remedio que hablar de
agricultura, que es la que consume la mitad del dinero comunitario.
Por tanto, en la Agenda 2000 se incluyó la agricultura para tratar de
arreglar una serie de problemas que, en el fondo, responden a la
futura negociación de la Organización Mundial de Comercio, que tiene
que iniciarse también en el año 2000. Eso es lo que empuja
imperiosamente a la Comisión a presentar esas propuestas, que creemos
condicionadas por cuestiones externas a la agricultura. Por eso es
fundamental para nosotros resolver el problema financiero antes de
seguir negociando las propuestas agrícolas de la Agenda 2000; por eso
no tenemos ninguna prisa; sabemos que, tarde o temprano, tendrá que
llegarse a una solución sobre el futuro sistema de financiación que
será el único que podrá abrir la negociación agrícola posterior. ¿Qué
previsiones tenemos para corregir los sectores afectados? No sabemos
muy bien cuáles serán las previsiones del futuro -nadie es dueño de
su futuro- pero antes de calcular el tiempo que tardaremos en
corregir los sectores afectados quisiéramos saber qué entiende el
señor Blanco por sectores afectados. Ahora mismo, el único sector de
la agricultura española que está atravesando una situación
problemática es el de la carne de porcino. Yo le desafío a que
plantee algún problema real en cualquier otro sector, no lo hay. Con
la Agenda 2000 tratamos, por supuesto, de mejorar la situación en lo
que sea posible, pero no tenemos ninguna prisa -repito- por arreglar
problemas que consideramos que no existen.
Hemos de tener más eficacia, más resolución, menos votos
testimoniales en la Unión Europea. Los votos negativos están para
eso. El sistema de votación es para decir sí o no; nosotros decimos
sí cuando consideramos que tenemos que decirlo, y no cuando lo
estimamos preciso. El hecho de que un reglamento nos guste en doce de
sus aspectos pero tenga uno que no nos agrade y votemos en contra,
explicándolo, creemos que es una actuación normal de negociación en
la Unión Europea. Eso nos permite quejarnos ante el comisario y darle
un toque de atención diciendo: ¡ojo! Somos partidarios de un rigor
total en el control de las ayudas y no queremos que se relaje este
sistema para que no empiece a degenerar de nuevo.
También el señor Blanco ha hecho referencia a que lo único que hace
la Agenda 2000 es aumentar las diferencias entre grandes pequeños,
norte y sur, etcétera, etcétera. Por primera vez en la historia de la
Unión Europea, aparece de forma sistemática un reglamente específico
sobre la modulación. En la Agenda 2000 se propone unos techos a los
ingresos máximos de los agricultores por ayudas directas, se propone
una modulación según la carga de mano de obra de las explotaciones,
según el condicionamiento agroambiental de las explotaciones, es
decir, se estudian seriamente las posibilidades de modulación que,
naturalmente, tiene que ser global. Hablar de modular en un cultivo
determinado, como puede ser el aceite de oliva, no tiene ningún
sentido. No veo por qué a una familia que vive de un olivar de 100
hectáreas, y exclusivamente de eso, hay que penalizarla y, sin
embargo, hay que beneficiar a un señor que tiene tres hectáreas de
olivar en su jardín para su recreo. Difícilmente se puede modular en
función de un cultivo porque las explotaciones agrícolas no son
monocultivo normalmente.
Además, si se trata de hacer de la modulación una cuestión de
justicia social -cosa que no le corresponde a la política agrícola;
la política agrícola no es una política social- tendrá que hacerse en
función de la riqueza de cada uno; es decir, entramos en el concepto
impositivo y en cosas por el estilo. No hay quien me demuestre que
una persona que tiene solamente unos cuantos olivos es más pobre que
una que tiene muchos más. Mientras no se me dé una lista de los
ingresos y de la situación económica de cada uno de los olivareros,
no podré modular. Ofrezco mi colaboración -se nos ha pedido que
tratemos de llegar a soluciones comunes y coordinadas- para que me
digan cómo podemos instrumentar la modulación en el sector del aceite
de oliva.
Sobre el hecho de que nos declaramos autosuficientes y no queremos
colaboración con los sectores, tanto económicos como políticos o
sindicales, para que nos ayuden en la negociación, tengo que decir
que no es cierto. Mantenemos reuniones periódicas con las
organizaciones profesionales de agricultores, con los sectores. La
ministra y yo venimos aquí siempre que nos lo piden. No veo de qué
forma quieren que mejoremos la colaboración para preparar la posición
negociadora española. Normalmente, no formamos nuestra posición
negociadora metiéndonos en un despacho y empezando a pensar; lo que
hacemos es consultar a los sectores interesados. ¿Que la renta
agrícola creció, en el período 1985-1994 un 120 por ciento? Es
completamente cierto; también en el año 1996 creció un 20 por ciento
sólo en un año. La renta agrícola crece porque, en primer lugar,
España parte de una posición bastante baja, y la convergencia y la
cohesión -queramos que no- empieza a funcionar. La diferencia entre
nuestra agricultura y la europea era mucho mayor en el año 1986 que
diez años después; eso es lógico y no lo vamos a negar, por supuesto.
No sé cómo hace los cálculos el señor Blanco para llegar a la idea de
que vamos a perder 200.000 millones al año y un billón en seis años.
Ya nos tienen acostumbrados a hablar de billones. El año pasado,
cuando se aprobó el paquete de precios, también se dijo que la
agricultura española había perdido un billón de pesetas. Es decir, si
empezamos a sumar todo lo que nos dice la oposición que pierde la
agricultura día a día, ésta tendría un valor diez veces superior al
que tiene en realidad. Quizá se refiera con estos 200.000 millones a
los recursos propios por el lado de la cofinanciación de la PAC, pero
eso, si se pierde, lo pierde el Tesoro español, no la agricultura
española. Además, no hay ningún motivo para pensar que se va a
perder. No está perdido. Es decir, no hay que hacer discursos
catastrofistas. Hay que decir que esa propuesta no es de la Comisión
y que en el seno del Consejo de Agricultura ya se ha visto claramente
que hay una mayoría en contra de ese sistema. No hay que empezar a
prever catástrofes cuando se está viendo que no van a suceder.
En cuanto a que hay que fomentar el empleo directo, yo le remitiría a
un libro que creo que ha publicado Unicaja sobre la renta de la
agricultura en Andalucía, que es donde existe el mayor problema de
paro agrícola, donde el año pasado, por primera vez en la historia,
el empleo agrícola ha crecido en vez de disminuir; eso significa
algo. El descenso de la población activa agraria se está ralentizando
y
en el último año no ha habido descenso de la población activa
agraria, lo cual no me atrevería a decir que es bueno o malo, pero
está indicando que no hay un éxodo masivo de gente del campo hacia
otros sectores. Es decir, en el campo en un país como España, que
tiene un desarrollo económico bastante elevado, la población activa
que existe actualmente, del 8 por ciento, se puede considerar como
relativamente elevada y, si se quiere incrementar la productividad de
la agricultura, no se puede hacer nada más que aumentado la
superficie de las explotaciones, y eso significa pérdida de activos
en la agricultura. Ésa es la situación normal y no hay que
escandalizarse por ello. La agricultura española podría perder
activos, siempre que no sea de una manera traumática, incluso hasta
llegar al 5 por ciento de una población activa agrícola, que sería,
más o menos, lo que correspondería a nuestro nivel económico. Sin
embargo, en los últimos años se ha ralentizado ese descenso de la
población, por la sencilla razón de que la agricultura ha marchado
bien.
En herbáceos sí que va a haber un descenso de precios sin
compensación. Eso es lo que propone la Comisión, ya lo he dicho; no
es sin compensación, sino con una compensación parcial, a la que
nosotros nos oponemos. ¿Qué propuestas tiene el Gobierno? No
aceptarlo.
Sobre el rendimiento histórico, ¿qué vamos a hacer? Ya lo he
explicado. El rendimiento histórico está calculado sobre la base de
un período que fue de sequía en España. El Gobierno de turno aceptó
que la metiesen ese gol de un período de referencia con rendimientos
anormalmente bajos. Nosotros pensamos que hay que corregirlo y por
eso proponemos un período de referencia anterior, para que no se nos
pueda decir que tratamos de incorporar rendimientos posteriores que
tienen un incremento de productividad técnico. Proponemos un período
de referencia anterior que llegaría a un rendimiento histórico más
alto y más ajustado a nuestra realidad productiva.
En cuanto a que en el vacuno hay un déficit de derechos, diré que ya
se ha tratado de paliar en parte, que en una ocasión se ha
incrementado para España. Ese déficit es originado por el incremento
de la producción de carne en España. Es decir, el sistema de primas
al vacuno en España ha estimulado la producción, de tal manera que ha
crecido y, por tanto, no hay primas suficientes para todas las
cabezas de ganado que existen ahora mismo. Y no las hay porque eso ha
estimulado la producción, como puede ocurrir con aquellas en las
cuales estamos superando los cupos nacionales establecidos, porque la
agricultura española ha respondido muy generosamente al estímulo que
ha significado la aplicación de la PAC en España. Hay que saber por
qué se origina ese déficit de derechos, y eso nos explica la
dificultad de conseguir que se aumente. Se han incrementado hace un
año; en la última negociación de junio estaba previsto otro aumento
de 40.000 primas más, que al final no se consiguió por la oposición
de los países del norte, porque decían que eso había que tratarlo en
el marco de la Agenda 2000, y vamos a abordarlo en ella.
También he dicho que estamos de acuerdo en que para la vaca nodriza
hay que incrementar más la prima de lo que prevé la Comisión, incluso
en detrimento de la de los terneros machos, es decir, que dentro de
una neutralidad financiera, se pueda favorecer más a la vaca nodriza,
posición
que nosotros compartimos. ¿Cuál es el mínimo a aceptar por España?
Eso no se puede decir nunca en una negociación que depende de las
posiciones de quince Estados miembros y que tiene un sistema
establecido de votación y de toma de decisiones. Si nadie sabe lo que
va a hacer en un futuro, mucho menos se puede saber cuando ese futuro
depende de quince y no sólo de uno. Es decir, el mínimo que va a
admitir España siempre tendrá que ser digno y aceptable. A preguntas
abstractas hay que dar contestaciones bastante abstractas.
Indica que en leche no hay respuesta al incremento de un millón de
toneladas. Sí la hay, ya lo he dicho. Nosotros seguimos con esa
petición, de la cual son conscientes todos los Estados miembros;
saben que es una reivindicación española y que vamos a seguir
pidiéndola. ¿Que la Comisión propone un incremento lineal de la
cuota? No es verdad. La Comisión propone un incremento de la cuota de
un 2 por ciento, a repartir entre jóvenes agricultores, el 1 por
ciento, y zonas de montaña. Si usted habla con un danés, cuya montaña
más alta es de cien metros, le dirá que este reparto no sólo no es
lineal, sino que es una injusticia total. No es un incremento lineal,
sino que es un aumento que va dirigido a jóvenes agricultores y a
zonas de montaña. No tengo que advertirle que en zonas de montaña
estamos muy bien dotados y ganamos enormemente a los europeos. Por
tanto, ese incremento que propone la Comisión favorece
particularmente a España, lo cual no quiere decir tampoco que el
aumento resultante sea suficiente. Ya lo he dicho; aproximadamente es
la cuarta parte de lo que queremos.
En cuanto a la vaca virtual, estamos de acuerdo los dos en que
estamos en contra de ello.
Sobre nuestro voto testimonial ya hemos hablado y sobre la modulación
del aceite de oliva también. Yo creo que sobre el aceite lo único que
se puede decir ya es que la polémica ha llegado a su agotamiento: si
la OCM es buena o es mala o si era mejor la anterior o la posterior.
Para evitarnos muchas horas de discusión, ahora lo mejor es aplicar
la OCM nueva y la antigua a las campañas que tenemos a nuestra
disposición. En la campaña 1997-1998, que acaba de finalizar y que se
va a pagar con el sistema antiguo, si usted hubiese podido aplicar el
sistema nuevo, vería que los olivareros cobrarían más. En esta
campaña de 1998- 1999, que se inicia, si usted echa las cuentas con
las estimaciones que hay de cosecha -es muy fácil hacer la
estimación, sólo hay que saber sumar, restar y multiplicar, ni
siquiera hay que saber dividir-, usted podrá comprobar cómo con el
sistema nuevo los olivareros cobran más que con el antiguo. Es decir,
vamos dos-cero en el asunto de qué OCM es mejor o peor, y cuando
termine el período transitorio de esta modificación de la OCM veremos
que vamos cuatro-cero.
Sobre el vino quedan pendientes problemas, por supuesto, ya que es
una OCM que casi no hemos entrado todavía a examinar. Ahí está la
propuesta y ya he dicho cuál es la posición española. Hay otras
muchas cosas, por supuesto. Al final, el señor blanco nos ofrece
colaboración: que hay que buscar lugares de encuentro; que la
oposición quiere ser corresponsable de las propuestas; que no se le
eche la culpa a la oposición del fracaso del Gobierno y sobre todo
llama la atención sobre la forma de plantear las cosas. Nosotros
estamos dispuestos a dialogar todo lo que
quiera. Nos pasamos todo el día reunidos, pero todavía nos quedan
algunas horas para reunirnos más tiempo. Por tanto, siempre que usted
quiera, no tiene más que llamarme por teléfono, nos reunimos,
hablamos y resolvemos los problemas que haya que resolver.
El señor Meyer de Izquierda Unida dice que le han llegado noticias de
una posible prohibición de plantación de olivos. Es cierto, no
podemos ocultar que lo estamos estudiando. Es una idea que nos ha
dado el consejero de Agricultura que ha dicho en varias ocasiones que
habría que prohibir las nuevas plantaciones. Estamos viendo las
posibilidades legales que hay de llegar a una solución como la del
viñedo, que sería solamente para el período transitorio. Pero todavía
no sabemos si realmente las hay.
Luego ha hablado de Coosur, de que hay una tendencia privatizadora,
de que hay una indefensión del MAPA, de si tiene futuro, de si se va
a privatizar o no. Pues bien, hay que decir que la privatización o la
nacionalización de una empresa no es una cuestión dogmática; hay que
estudiar caso por caso. Respecto a Coosur nuestra intención es que
deje de tener pérdidas y pase a tener beneficios; que se amplíe su
vocación exportadora y que se amplíe su vocación envasadora y venda
aceite envasado. Y, por supuesto, hoy por hoy, en el Ministerio no
está previsto privatizar; en absoluto. Estamos empeñados en que eso
funcione y pueda llegar a ser una empresa modelo dentro del sector.
No tenemos ninguna intención de dejar que entre ahí capital
extranjero. Eso está clarísimo y me imagino que la ministra estaría
dispuesta a armar la guerra correspondiente antes de que alguien
entrase ahí con capital extranjero, como ya tenemos algún ejemplo en
algún otro sector.
El señor Companys está preocupado con la peste porcina clásica. Yo le
podría contestar en dos segundos a este tema, diciéndole que la
erradicación de las enfermedades de los animales es de competencia
autonómica; pero no hay que ser tan irresponsable. Nosotros, como ya
sabe, cuando se declaró la peste porcina hemos colaborado con las
comunidades autónomas poniendo no sólo dinero, sino gente y
organización. Pero si usted coge el ordenamiento constitucional
español, verá que las comunidades autónomas son las responsables de
la erradicación de las enfermedades.En el transporte de animales,
cuando ese transporte es intracomunitario, todo lo que se puede hacer
también lo tienen que hacer las comunidades autónomas. El Estado como
tal, la Administración central, sólo es estrictamente responsable de
los intercambios con los países terceros. Los cerdos peligrosos nos
vienen de Alemania y de Holanda. Por tanto, hay que vigilar eso. Lo
estamos vigilando en colaboración con la Generalitat, y estamos
tratando de que ella se haga cargo de todo eso, como corresponde al
orden constitucional que nos hemos dado. Somos conscientes del
peligro. La Guardia Civil está parando camiones, los veterinarios
están tomando muestras de análisis, haciendo inspecciones clínicas,
exámenes; es decir, se está tratando de concienciar a los productores
más irresponsables -si se les puede llamar así- de que no es nada
rentable, y en cambio es muy peligroso, importar lechones ahora de
esos orígenes.
Sobre el fuego bacteriano casi se puede decir lo mismo. Se trata
también de una competencia autonómica y les hemos advertido a las
comunidades autónomas afectadas
del peligro. Ya sabe usted que en cuanto aparece un foco de fuego
bacteriano la única solución que hay es arrancar y quemar. Es algo
que se transmite a través de las rosáceas; hay muchos setos que se
ponen en las autopistas y las autovías entre una vía y la otra, y
ello son una punto de penetración del fuego bacteriano. Hemos
advertido al Ministerio de Fomento de que hay que liquidarlo y
estamos atentos a la aparición de nuevos focos. Pregunta si hay
prevista alguna acción en cuando aparece un foco. Lo que está
previsto es arrancar y quemar sin preguntar; ésta es la única
solución. En esto es fundamental la colaboración de los agricultores.
Muchos de ellos, algunos por ignorancia, porque no saben bien cuáles
son los síntomas de la enfermedad, otros porque no quieren meterse en
líos, a veces se callan y eso es lo peor que se puede hacer.
El señor Pascual me ha ayudado mucho a contestar al señor Blanco. Por
lo que se refiere al arroz en zonas tradicionales y que tiene un
carácter medioambiental, estoy completamente de acuerdo, somos
conscientes de ello. Creemos que hay que preservar a toda costa esas
zonas tradicionales ya que no se puede dejar que las que tienen
nuevos regadíos o el cultivo del arroz en expansión vayan a
perjudicar lo que hay sido en otras una actividad normal durante
muchos años para otros agricultores, quienes además no tienen otro
aprovechamiento más que el del arroz.
Con esto, señor presidente, creo que he contestado a todas las
preguntas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: La verdad es que a estas alturas de la
exposición y del debate podríamos concluir con la expresión, que tan
de moda está en nuestro país, que todo va bien. Podíamos decir que el
Gobierno tiene una estrategia perfectamente diseñada para alcanzar
los objetivos de nuestro país en la reforma de la PAC y de la Agenda
2000, que es una estrategia correcta, que no tenemos por qué estar
preocupados, que no hay incerteza en el futuro de los sectores y que
las reformas que se nos proponen no deben preocuparnos. En
definitiva, sólo nos queda, con permiso del portavoz de Convegéncia i
Unió, brindar con cava y esperar los resultados. Señor Díaz Eimil,
éste es el panorama que usted nos ha descrito con la ayuda del
portavoz del Partido Popular que, por cierto, alguna precisión de
carácter rigurosa le tendré que hacer.
En primer lugar, no hay variación de estrategia. En las posiciones
del Grupo Parlamentario Socialista lo que exponemos es coincidente
con lo que nuestra portavoz habitual venía manifestando. Cuando
evaluábamos el resultado de un Consejo de Ministros de la Unión
Europea, analizamos el resultado de aquel Consejo de Ministros, no
del siguiente. Por tanto, si en el siguiente hubo variación de
posiciones, podremos estudiar el siguiente Consejo, pero no se puede
hacernos ver que en un Consejo de Ministros no pasó lo que pasó, que
todo el mundo pudo apreciar, cuando en su momento nuestra portavoz lo
había puesto de manifiesto.
En cualquier caso tendría que puntualizar alguna cuestión. Ha hecho
una afirmación que ya viene siendo habitual. A mí no me gusta
sistemáticamente descargar la responsabilidad
diciendo que estamos en esta situación como consecuencia
del Gobierno anterior; ustedes lo enfatizan para lo negativo, no para
lo positivo. Cuando hablamos de fondos estructurales, de fondos de
cohesión -vamos a tener la oportunidad de poder seguir hablando de
estos temas, porque hay que renegociarlo-, ustedes ni siquiera
recuerdan que cuando Felipe González estaba negociando los fondos se
decía que estaba de pedigüeño. Pues bien, esos fondos ahora mismo
están en cuestión y ya veremos como lo resuelve el presidente actual.
Ojalá lo haga eficazmente para los intereses de nuestro país. En
cualquier caso, no se puede asegurar en una Comisión, porque no es
cierto, o si quieren es falso, que no hubo una variación respecto al
tema lácteo desde que se negoció hasta ahora. Hubo un incremento de
700.000 toneladas en el año 1991, que ustedes deberían de conocer,
que ya ha reconocido en más de una ocasión la ministra de
Agricultura, por lo que no viene a cuento decir que no hubo una
variación. Sí la ha habido; fue la suficiente. La realidad del sector
lácteo desde el año 1985 a la actualidad ha sido de una
transformación tan profunda, de tanto crecimiento, que nada tiene que
ver con las situación actual.
Señor Díaz Eimil, en su segunda exposición, en referencia al sector
de la carne, ha hecho una afirmación para justificar la insuficiencia
de derechos. Ha dicho que como consecuencia de las primas había
aumentado considerablemente la producción. Eso es lo mismo para el
sector lácteo. La situación del sector lácteo del año 1995 con
respecto de 1985 es absolutamente diferente. La producción es mayor.
Hubo mucha gente que se dedicó a la producción láctea. Por tanto,
estamos ante una nueva situación. No pongamos énfasis en algo cuando
estamos hablando de la ampliación. La situación es nueva como
consecuencia de que mucha gente se dedicó a la producción láctea para
garantizar así su futuro en el sector etcétera. Dicho esto, se nos
añade algo que a mí me parece de una gravedad manifiesta y que
solamente voy a enunciar, y el señor Díaz Eimil me va a comprender
perfectamente. Dice: el Gobierno ha conseguido que este año no haya
exceso de producción. Yo no quiero, ni por un momento, aproximarme a
examinar por qué se ha amortizado y cómo una parte de la producción,
porque si se dijera podríamos sacarle los colores a más de uno, eso
creo que es malo para los intereses de nuestro país. No lo voy a
decir, pero no juguemos con fuego, porque estamos ante palabras
mayores. Lo que no podemos es estar manifestando que nuestro país
necesita un millón de toneladas, cuando por otro lado estamos
diciendo que no lo necesita porque ya no tiene exceso de producción.
Cuando menos es una contradicción. Por consiguiente, tengamos claro
el problema planteado. Podríamos hablar de algún mercado de leche,
podríamos hablar de muchas cosas, pero no nos pongamos medallas que
no se corresponden con la situación de la producción láctea en
nuestro país; tengamos precaución.
Admito la corrección del señor Díaz Eimil de que no es exactamente un
aumento lineal el que se nos propone en la reforma de la OCM. Hay un
criterio de aumento lineal (2 por ciento) y hay otro criterio en
función de la alta montaña, que eso beneficia a algunos países más
que a otros. En nuestro caso tenemos una complementación de cuarenta
ypico mil toneladas por este concepto. Pero eso también
plantea un problema tal y como sale de la propuesta de la Unión
Europea, y es que se nos obliga a redistribuir ese aumento en las
mismas zonas de alta montaña, con lo cual usted sabe que se puede dar
algún desfase porque las necesidades de producción láctea no están
exactamente ubicadas en el lugar que utiliza la Comisión Europea para
destinar ese aumento. No sé si corresponde o no, pero mi intuición me
indica que no necesariamente tiene por qué corresponder. En cualquier
caso, estamos ante una propuesta que, a juicio de todos nosotros, es
insuficiente. Tenemos que ver si al final del proceso somos capaces
de aumentar el objetivo que tenemos fijado de incremento en un millón
de toneladas.
Se nos hacía algún comentario más en relación con el tema de los
recursos, que yo he planteado genéricamente. Parece que compartimos
una afirmación, y es que la ampliación a los países del Este no debe
ir en detrimento de la política agraria común, y parece también que
compartimos el planteamiento de la renacionalización. Si lo
compartimos, tenemos que tratar de que no se lleve al final a la
práctica. Cuando expongo un planteamiento de lo que puede suponer,
tal y como está dicho, es porque repercute directamente sobre los
recursos. En función de eso está hecho el cálculo de un poco más de
un billón de pesetas. Por tanto, no se trata de alarmar, sino de
cálculos extraídos, por cierto, de documentos, de reflexiones del
Ministerio, que valora en función del porcentaje entre 90.000 y
150.000 millones la repercusión de la renacionalización. No he
inventado ese dato, no me acuse de que puedo crear alarma con unos
datos; son documentos del Ministerio y si quiere se los hago llegar,
supongo que no será necesario porque usted los conocerá.
Además, a eso hay que añadir las consecuencias que tiene la bajada de
los precios de intervención sobre la renta de los agricultores,
porque las bajadas propuestas no compensan las primas en el sector
lácteo, en el sector de herbáceos o en el de la carne. Le puse un
ejemplo. Simplemente en el sector lácteo puede suponer, anualmente,
en función del criterio establecido de la vaca virtual, que además
compartimos que no es un criterio que favorezca a España, una pérdida
de 25.000 millones de pesetas sobre la renta de los ganaderos. Si lo
multiplicamos por seis, nos da una cifra de 150.000 millones, y si
eso lo llevamos a los precios de intervención en el sector de la
carne o de cualquier otro nos acercaremos a la estimación que le
hacía, y no lo hacía con ánimo de alarmar, sino de reflexionar acerca
de lo que se está negociando y de la importancia que tiene la reforma
de la política agraria común para nuestro país.
Usted ha hecho referencia y permítame que lo trate un momento a la
preocupación que le plantea el portavoz de Convergencia i Unió en
relación con el tema del porcino. Nosotros lo compartimos. Estamos
ante una situación en la que es necesario que se extreme el control
sanitario del proceso y es necesario que se aborden unas medidas
generales que palien las consecuencias de la caída de los precios,
caída que se sitúa en una cifra que no se conocía desde hace 15 años.
Por tanto, estamos ante una crisis considerable. Y como estamos ante
una crisis considerable, aprovechando la oportunidad que me dio el
señor Campanys, es necesario que el Ministerio nos diga no sé si hoy
u otro día; nuestro grupo tiene una iniciativa sobre tema y tendremos
entonces
oportunidad de discutirlo-cuál es la estrategia, el diseño, las
medidas que el Gobierno está estudiando.
Volviendo al tema central de la reflexión, ha hecho una referencia
sobre una afirmación que yo le había planteado, que es la evolución
de la renta. Cuando hablé de la evolución de la renta no lo quería
hacer para enfatizar y para que se pudiera asociar esa idea con que
hubo un Gobierno durante 10 años. No; lo hice para poner de
manifiesto que había una tendencia gradual que aumentó la renta, y lo
que queremos decirle es que con la reforma de la PAC no debe haber un
punto de inflexión y se invierta esa tendencia. Esa es la reflexión
que queremos hacer, no tanto para enfatizar en lo que ha pasado sino
para prevenir lo que puede pasar. Yo me alegro -y felicito a los
compañeros andaluces de que los planes de empleo de la Junta de
Andalucía posibilitarán este año que el empleo agrícola en esa
comunidad autónoma aumentara. Hubiera sido deseable que eso se
hubiese registrado en otras partes del territorio.
Quiero concluir -porque en esta segunda intervención no es necesario
profundizar en muchos temas- diciendo que usted nos indica que tienen
posición sobre algunas cuestiones de la reforma. Su posición se
limita a decir que no están de acuerdo con lo que se les plantea.
Pues yo le invito a que diseñe estrategias, actuaciones para salvar
esos problemas.
En el inicio de mi intervención le decía que estamos de acuerdo con
el diagnóstico de muchos temas. Lo importante es que ustedes diseñen,
porque tienen la responsabilidad del Gobierno, las estrategias que
nos lleven a prevenir sobre el diagnóstico que hemos hecho. Además,
yo le decía -mire si estamos en plan de contribuir- que, si quiere,
puede contar con nuestra opinión en el diseño de esas estrategias.
Eso es lo que le decía y tengo que reiterar mi posición.
Dice que pasan toda la vida reunidos, pues me alegra. Lo que no sé es
si pasan toda la vida reunidos entre los mismos o si en esas
reuniones cuentan con las opas, con las cooperativas, con los grupos
políticos. No sé con quién se reúnen, pero tengo la intuición de que
no se reúnen demasiado con determinados agentes sociales que forman
parte del tejido agrícola y ganadero de este país. Tengo la sensación
de que, en planteamientos de Estado -y la reforma de la política
agraria común es un planteamiento de Estado-, tampoco se reúnen
excesivamente con la oposición. Tengo esa convicción. Igual me
equivoco y, si me equivoco, estoy dispuesto, como siempre, a
rectificar sobre mi apreciación.
Voy a concluir con una mención a Coosur, ya que no lo he hecho en mi
primera exposición, para decirle dos cosas. Nosotros consideramos que
uno de los pilares fundamentales en que tiene que asentarse el futuro
del sector del aceite de oliva es el de la comercialización. Todos
opinamos que España tiene un déficit en la comercialización, donde
Italia, por ponerle un ejemplo, está a años luz de nosotros. En este
contexto, a nuestro juicio, hay que hacer una apuesta clara y
comprometida por Coosur, y es intolerable que el Gobierno proponga
como futuro para Coosur reducir un 34 por ciento de la plantilla para
que ésta tenga beneficios. Habrá que articular los mecanismos que
posibiliten potenciar Coosur y la comercialización.
Señor presidente, como no podía ser de otra forma, quiero agradecer
la comparecencia del señor Díaz Eimil y su exposición. Ciertamente,
la exposición ha aportado elementos para la reflexión, ha aportado
compromisos del Gobierno, por cuyo cumplimiento velaremos, pero
también nos ha aportado algunas lagunas sobre lo que tiene que ser
una estrategia negociadora ante un tema tan importante como es la
Agenda 2000 y la política agraria común.
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergé ncia i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: La verdad es que yo pensaba que no podría
estar aquí ahora porque tenemos votación en presupuestos, pero me
habría perdido la contestación del secretario general, que me ha
dejado perplejo y absolutamente desconcertado.
Mi intervención ha sido una reflexión y no buscaba ningún tipo de
culpables. Decía que hace unos meses tuvimos un problema grave con la
PPC -es notorio que es así- y en el futuro podemos tener un problema
parecido con el fuego bacteriano. Creo que, en la contestación, el
subconsciente le ha fallado y ha comenzado repartiendo
responsabilidades cuando no era ésa mi intención. En todo caso, me ha
obligado a responderle.
Usted ha confundido la erradicación con la prevención. Efectivamente,
la erradicación es obligación de las comunidades autónomas, incluso
la prevención en el propio territorio. Pero me tiene que explicar
quién negocia a nivel europeo las normativas que regularán, desde el
punto de vista sanitario, el movimiento de los animales y, en este
caso, de las plantas si realmente tienen que ser los consejeros de
las comunidades autónomas los que se desplacen a Bruselas a negociar
y a ver cómo se aplica el programa Animo. Nos tendrá que explicar
eso. Me tendrá que explicar si realmente son los consejeros de
Agricultura de las comunidades autónomas los que cierran las
fronteras de países de la Unión Europea porque tienen en ese momento
problemas sanitarios. Si es así, nos lo tiene que explicar, repito,
porque tendremos que actuar al respecto. Me tiene que explicar si las
comunidades autónomas tenemos la responsabilidad, a nivel de Unión
Europea, del control del movimiento, desde el punto de vista
sanitario, tanto de animales como de plantas, porque tendríamos que
poner la policía autónoma en todas las fronteras. Y me tendrá que
explicar cómo se puede ejercer ese control en el Estado español, cuyo
perímetro es tan importante, que limita con el mar Mediterráneo, con
el mar Cantábrico y con Francia, donde existe la posibilidad de que
entren productos de diferentes países. Usted puede controlar la
Junquera, lo ha dicho, pero, en vez de por La Junquera entran por
Valencia, Sevilla u otra zona, texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas cómo lo vamos a hacer?
Creo que el Ministerio -ese era mi mensaje y no quería entrar en nada
más- tiene que hacer un esfuerzo especial, sobre todo para que se
cumpla la normativa existente. El programa Animo no se aplica y la
sanidad es una responsabilidad en origen, por lo que no es atribuible
a las comunidades autónomas que les llegue la enfermedad; si
les llega es porque los países en origen no hacen bien los controles.
La siguiente pregunta es: ¿Se tienen que dirigir directamente las
comunidades autónomas a los países en origen, que son los
responsables, para evitar que les llegue la enfermedad o es el Estado
el que lo tiene que hacer? Creo que su respuesta no ha sido la
acertada. En todo caso, como he dicho antes, yo no iba buscando
responsabilidades. Si lo que ha dicho es lo que realmente piensa el
Ministerio, van arreglados los ganaderos y los agricultores, porque
estaremos con los brazos cruzados esperando que el fuego bacteriano
llegue al Estado español y aparezca por todas partes. Luego, que las
comunidades autónomas se dediquen a arrancar y a quemar, pero ese no
es el problema, el problema es evitar que el virus llegue al Estado
español, y creo que aquí sí tiene algo que decir el Ministerio; si no
lo tiene, lo debería expresar de forma clara y efectivamente tenderán
a nuestra teoría, que quien vaya a Bruselas a negociar no sea el
Estado sino directamente las comunidades autónomas. Entonces sí
tendremos la responsabilidad, pero en este momento no vale que usted
negocie los reglamentos y la responsabilidad de su aplicación sea
nuestra.
El programa Animo no funciona. No voy a decir más cosas, pero usted
sabe cómo se aplica en el Estado español. Creo que es bastante
deficitario. Mi voluntad no era hablar de la sanidad animal, no era
hablar del programa Animo, del que he hablado en diferentes
ocasiones, sino poner encima de la mesa una preocupación grave que
existe en este momento sobre la fruticultura de todo el Estado
español. Me da la impresión de que el Ministerio, según su
intervención parece que pasa del tema, porque creo que decir que el
problema bacteriano es de las comunidades autónomas es una gran
inexactitud y va a traer problemas a la propia ministra de
Agricultura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Brevemente, primero, para felicitar de nuevo
al secretario general por su segunda intervención, contestando a la
mayor parte de las objeciones presentadas aquí por los distintos
portavoces y, en segundo lugar, para precisar las palabras del
portavoz socialista cuando se ha referido a este grupo parlamentario,
al Partido Popular.
Señor Blanco, no sé si se ha dado cuenta, pero creo que usted ha
dicho un piropo a la acción del Ministerio de Agricultura, en
concreto a la acción de la ministra de Agricultura. Se ha usado el
eslogan de que todo va bien. Si en España disminuyen los intereses
bancarios, disminuye el déficit, aumenta el empleo, aumentan y
mejoran las pensiones, aumenta el bienestar social, aumenta la
estabilidad política, etcétera, efectivamente, España va bien, desde
luego bastante mejor de lo que iba con gobiernos anteriores.
Señor Blanco, señores socialistas, tengo que decir que, en la
agricultura, unas cosas van mejor que otras, pero creo que va
bastante mejor que antes. Usted ha dicho que, según nosotros, no
habría que estar preocupados. Señor Blanco, hay que estar preocupados
porque Bruselas saca todos los días sus directrices y hay que estar
pendientes y alerta respecto a lo que emana de Bruselas o lo que
puede suceder
en los organismos internacionales como la Organización Mundial de
Comercio, etcétera. Pero le tengo que decir que, en general, los
agricultores, los ganaderos y los pesqueros españoles están más
tranquilos porque se defienden bastante mejor los intereses españoles
de lo que se defendían antes. Por tanto hay que estar preocupados con
la preocupación de los problemas que vienen, pero con la ilusión y la
garantía de que los problemas se están solucionando bastante mejor de
lo que se solucionaban antes.
Usted ha hablado de la coherencia que había antes y que se sigue
teniendo. Yo le recomiendo que lea el «Diario de Sesiones» para que
vea las contradicciones en las que ustedes han caído constantemente.
Ustedes han dicho en cada momento lo que les ha interesado decir como
partido político. Por tanto, les remito al «Diario de Sesiones»,
repito, lo lee S.S. y verá como efectivamente es así. Ustedes dicen
que están dispuestos a colaborar, y yo le vuelvo a reiterar que
estamos de acuerdo en ello, pero lo que no podemos compartir es la
estrategia que utilizan ustedes constantemente: por un lado tienden
la mano y por otro dan palo.
Han existido muchas oportunidades para consensuar con ustedes. Sin ir
más lejos les recuerdo que, por tres veces, en el Pleno de este
Congreso de los Diputados se han aprobado iniciativas sobre el aceite
de oliva, y el único grupo que ha quedado al margen del consenso
general ha sido el suyo. Esto puedo afirmarlo porque llevo muchos
años en esta Cámara. El Grupo Popular, cuando ha tenido que
consensuar en temas importantes, especialmente en FM, ha llegado al
punto de encuentro, ha cedido, ha tenido una voluntad de consenso
para que a Bruselas llegara una unanimidad total de todos los grupos
parlamentarios que tienen representación en este Congreso de los
Diputados, cosa que ustedes, reiteradamente, no están haciendo. Por
tanto, la imagen no es buena, no ya políticamente, sino para los
intereses de los agricultores españoles; es perjudicial que a
Bruselas lleguen iniciativas que al aprobarse en el Congreso de los
Diputados, el mayor grupo de la oposición se aparta y disiente del
resto de los grupos parlamentarios. Si eso es consensuar y ser
corresponsables con las decisiones y estrategias ante Bruselas,
ustedes sabrán, pero la realidad es que ustedes dicen una cosa en el
Parlamento andaluz y aquí dicen otra.
El señor Blanco manifestaba que hasta la anterior ex portavoz de su
grupo todo se hacía bien. Pues ahora se la ha invitado a reuniones
con otros portavoces para fijar una estrategia común, para
consensuar, para aunar criterios, todos los portavoces han dado su
opinión y, sin embargo, la actitud de su ex portavoz -que me alegro
que esté presente- no la voy a catalogar, pero sí le voy a decir que
ha hecho todo menos colaborar. Por tanto, si cuando se les da la
oportunidad ustedes la desperdician y tienen una actitud, no ya de
colaborar, sino peor que la de adoptar una posición en contra, con
esas actitudes por parte de su grupo es imposible dialogar,
consensuar, aunar criterios y fijar estrategias en común.
Reitero que, desde mi grupo parlamentario, nos encantaría -y me
consta que la ministra estaría también encantada- que con un nuevo
portavoz esto cambie. Me alegra que sus últimas palabras, respecto a
la intervención del secretario general, hayan sido de agradecimiento
por los documentos aportados en esta comparecencia sobre política
alimentaria, que pueden servir para la reflexión. Esperemos que
así sea. Pero le vuelvo a repetir, que desde el Grupo Popular, y me
consta que también desde el Ministerio Agricultura, seguimos abiertos
a ese cambio de actitud por parte de su grupo, y también estamos
abiertos a fijar estrategias respecto de Bruselas. Pero no se puede
compartir con la oposición estrategias frente a Bruselas para que,
posteriormente, esas estrategias sean filtradas donde no deben, y que
la ministra se presente en un consejo de ministros con sus propuestas
conocidas por los restantes ministros que acuden a ese consejo, sería
absurdo -por no utilizar otra palabra-, y si no hay una actitud por
su parte de confianza y de respaldo en relación con la estrategia que
debe figurar por parte del Ministerio, nosotros aconsejamos a la
ministra y al Ministerio, desde este grupo parlamentario, en el
sentido de que no se puede confiar en actitudes como las que ustedes
han tenido hasta ahora.
Termino diciendo que agradeceríamos mucho que se cambiara y que
efectivamente hubiera otro talante, no ya por la acción política de
este grupo parlamentario, que está acostumbrado aquí al debate más o
menos duro, pero sería bueno porque a fin de cuentas quien debe
beneficiarse de la acción de los políticos son los agricultores y los
ganaderos españoles. (El señor Amarillo doblado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Qué invoca S.S para intervenir?
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, invoco que nuestra
anterior portavoz ha sido aludida personalmente de una manera
intolerable.
El señor PRESIDENTE: Como ha habido una alusión, le voy a conceder la
palabra.
Ruego a S.S. que si ha habido un juicio o una inexactitud, que se
centre, única y exclusivamente, en el tema que ha sido aludido y le
rogaría que no abriese el debate, porque su va usted a aludir también
al portavoz del Grupo Popular, lógicamente, habrá que concederle la
palabra. Por tanto, le rogaría que se ciñese, única y exclusivamente,
repito, a lo que ha habido de inexacto en la manifestación del señor
Pascual.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, procuraré ceñirme a sus
consejos.
En primer lugar, he sido testigo de excepción, junto con otros muchos
compañeros, de que la anterior portavoz, Ana Leiva, hizo una
magnífica labor en esta Comisión y sigue siendo un puntal
imprescindible e importantísimo de la misma. Nosotros no tenemos ese
carácter personalista en las portavocías, tenemos un carácter
muchísimo más colegiado, nuestros órganos son así y, por tanto, los
portavoces, en todo momento en que hubo ocasión de llegar a acuerdos
razonables, allí han estado y allí van a seguir estando.
Señor presidente, no es mi intención abrir debate, pero me vienen a
la memoria distintos calificativos, como mezquino y otros más -pero
no los voy a utilizar-, aunque creo que aquí hay una especie de
estrategia de división. Nosotros no hemos cambiado nada, porque
-insisto-nuestras decisiones siempre han sido totalmente colegiadas.
Ahora bien, lo que dijo el portavoz, señor Blanco, en nombre de todo
el grupo -porque nosotros hablamos en nombre de todo el grupo, nunca
a título personal, por ello lo que yo voy a decir ahora es también en
nombre de todo el grupo-, es que nosotros ofrecemos una colaboración
para obtener resultados. Lo que nunca podemos hacer ni vamos a hacer
es justificar los no resultados. A la ministra de Agricultura, el
presidente Aznar, al Gobierno en su conjunto tenemos que medirle por
sus resultados y no por las intenciones. Ycompartir intenciones e
incluso ciertas estrategias para las intenciones no nos compromete
políticamente con los resultados, porque, en definitiva, es el
Gobierno, es la ministra, es el presidente Aznar el que tiene que
llegar y materializar esos resultados que nosotros queremos. Y si lo
hace o no, ahí está el éxito o el fracaso de su acción.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas que han sido
formuladas, tiene la palabra el secretario general de Agricultura y
Alimentación, señor Díaz de Eimil. (El señor Pascual Monzó pide la
palabra.) ¿Señor Pascual?
El señor PASCUAL MONZÓ: Creo que, por alusiones, tengo derecho a un
breve tiempo de réplica porque voy a ser muy escueto.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones, no; pero como el señor Amarillo
ha hablado del Gobierno y del Ministerio, en definitiva, algo se ha
hablado de política general, apartándose de lo que era la alusión,
tiene S.S. la palabra únicamente por tres minutos.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor Presidente, me va a sobrar parte de ese
tiempo.
Sólo quería decirle que no estoy de acuerdo con que se le haya dado
la palabra al portavoz del Grupo Socialista porque no ha habido
alusiones a la persona del anterior portavoz de agricultura del Grupo
Socialista. Yo he hecho referencia a la estrategia que había llevado
el citado grupo en cuanto se refiere al consenso, a ser
corresponsables en las propuestas y a las consecuencias que traigan
las negociaciones antes Bruselas después del planteamiento que había
hecho el señor Blanco portavoz hoy en esta Comisión del Grupo
Socialista, porque es uno de los temas que ha destacado y como yo
también creo que es importantísimo, así lo he reflejado.
Debo felicitar, por una parte, al señor Amarillo por la defensa
encendida que ha hecho de su compañera, lo cual le honra, pero, al
mismo tiempo, siento una gran decepción porque he oído que van a
seguir con la misma actitud que han mantenido hasta ahora. De ese
modo, vemos que esa pequeña ilusión que teníamos en mi grupo de que
algo iba a cambiar, no es así y que va a seguir con la oposición
dura, con la oposición catastrofista, con la oposición de oponerse
porque sí y no van a entrar en los consensos que pueda haber con
todos los demás grupos parlamentarios. Lo siento, pero mi
intervención ha sido muy excéptica, no he entrado en ningún momento
-ahí está el «Diario de Sesiones»- en descalificaciones de la persona
de la ex portavoz del Grupo Socialista y, por lo tanto, repito, no he
cuestionado
su labor política, sino sólo su falta de actitud para llegar a un
consenso, y lamento que, en bien de la agricultura española esa
actitud, no haya cambiado por parte del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, usted conoce el artículo 71, que
viene a decir que cuando este presidente entienda que ha habido un
juicio de valor o posiblemente una inexactitud se dará el turno de
palabra, bien al aludido o bien al portavoz de su grupo, en
interpretación del artículo 70. Eso es lo que ha entendido esta
Presidencia y así, en justicia, ha actuado. (El señor Pascual Monzó
pide la palabra.) No, señoría, ya no le voy a dar más la palabra
porque se la vamos a ceder al secretario general de Agricultura
y Alimentación. Creo que el debate entre los portavoces ha finalizado,
también ha finalizado entre las personas y vamos a dejar que termine
la Comisión al secretario general, señor Díaz Eimil, porque creo que
de sus contestaciones se van a sacar conclusiones importantes y
soluciones a las dudas que se han planteado.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Díaz Eimil):
Señor presidente, solamente quisiera comentar algunas cosas que nos
ha dicho el señor Blanco, por ejemplo, el incremento de cuota de
700.000 toneladas de leche. Ese incremento se produjo después de un
descenso lineal en toda la Unión Europea, que creo recordar que en
España era del orden de las 300.000 toneladas, es decir, que al final
el incremento neto no fue tanto, sino mucho menor. Y, sobre todo, que
ese incremento nos costó más de 200.000 millones de pesetas, de
pesetas de verdad, no de las que se prevé que se van a perder sino de
las que se pagan hasta la última peseta; se han pagado. Algo es algo,
pero se ha pagado un duro precio por eso.
Estoy de acuerdo con que el mercado actual de los productos lácteos
en España deja mucho que desear en cuanto a su transparencia.
Precisamente una de las ideas del Ministerio de Agricultura es tratar
de clarificar poco a poco esa situación para que se vaya poniendo
orden. En este sentido, el reciente decreto del Ministerio en lo que
se refiere a los primeros compradores ya intenta ordenar esa
situación. Es decir, somos conscientes del tema, y lo que no queremos
es ordenarlo entrando como un elefante en una cacharrería. Pero sí
somos conscientes de que hay que ir poniendo orden para tratar de
llegar a un mercado mínimamente transparente.
No voy a comentar nada más sobre la financiación futura. Todo esto
está en una propuesta de la Comisión. Ya sabemos que la Comisión
propone y el Consejo decide. Por tanto, lo que diga la Comisión es un
punto de partida y ya nos ocuparemos de que el resultado sobre esas
propuestas no sea tan traumático como se puede predecir desde ahora.
Sobre las caídas del precio en el porcino, la necesidad de tomar
medidas y que va a haber una iniciativa parlamentaria, lo único que
puedo decir por el momento es que hemos estado estudiando todas las
posibilidades. El señor ha entrado en pérdidas hace aproximadamente
un mes, quizá algo más, después de una época de cinco años de
prosperidad económica. El Ministerio está reparando unabatería de
medidas dentro de la ortodoxia comunitaria. Es
decir, no se pueden apoyar los precios, pero sí se pueden tomar
medidas, por ejemplo, por la vía fiscal (vía módulos) o por medio de
campañas de promoción, etcétera. Estamos tratando de hacer algo en la
línea de lo que Francia, Alemania, Austria están también intentando.
No reducir la plantilla de Coosur creo que es mucho pedir. Si en el
plan social todos están de acuerdo; si la gente que se quiere jubilar
anticipadamente está de acuerdo, ¿por qué vamos a mantener una
plantilla que no encaja con la actividad de la empresa? Mientras se
respeten los derechos de los trabajadores, que los jubilados se vayan
a casa antes de tiempo es un mal menor y es una manera de poder poner
orden.
Como parece que el señor Companys se tiene que marchar, voy a pasar a
contestarle. Es verdad que yo hablé de erradicación y aquí se trata
más bien de un problema de prevención. Pero también es verdad que en
la Unión Europea teóricamente no hay fronteras. Para la Unión Europea
los Pirineos son igual que la raya que existe entre Cataluña
y Aragón. Por lo tanto, las medidas que podemos tomar dentro de la
ortodoxia y en la situación actual son sencillamente controlar lo que
nos parece sospechoso. A eso tenemos perfecto derecho, los mossos
desquadra tienen perfecto derecho a parar un camión que va cargado
de lechones y los veterinarios correspondientes de la autonomía
tienen derecho a inspeccionarlos, a hacer una inspección clínica,
incluso a tomar muestras de sangre, eso es competencia de la
comunidad. Nosotros podemos ayudar, pero si lo hacemos será siempre
fuera de un contexto estrictamente administrativo. De hecho, nosotros
tenemos allí una serie de veterinarios de Tragsa que pueden estar a
disposición de la Generalitat siempre y cuando sea la Generalitat la
que pague a esos funcionarios. El señor Companys me pone enfrente las
competencias estatales, que además son irrenunciables: quién va a
Bruselas, quién arregla esto en Bruselas. En Bruselas, de momento, la
situación es que no existe peligro, que los focos que han aparecido
en Alemania están controlados y, por tanto, no hay nada que hacer.
Pero, claro, esa es una apreciación muy relativa. Nosotros suponemos
que si todo se hiciese legalmente, posiblemente no habría peligro,
pero sí puede haber transportistas o productores que tengan la
tentación de comprar lechones en Alemania a un precio ridículo o
prácticamente cero porque son lechones que no quiere nadie ya que
están bajo sospecha. Eso es lo peligroso. Es decir, que el peligro
siempre viene cuando hay alguien que no cumple con las normas
establecidas. Por ejemplo, la decisión de cerrar la frontera por los
Pirineos, si es verdad que es el Estado español
el que lo tiene que hacer, pero si lo hace, será a petición de la
apreciación de la situación por parte de una comunidad autónoma. Es
decir, si una comunidad autónoma nos dice que está pasando eso, que
conviene cerrar la frontera, y nosotros estamos de acuerdo en ello,
pues se cierra. Pero controlar día a día los movimientos de los
animales es una competencia comunitaria, sin duda alguna. Que el
programa Animó no funciona bien, somos conscientes de ello y es en
toda Europa. No funciona bien precisamente por estas irregularidades
que se producen. Si todo el mundo cumpliese con las reglas del
programa animó no habría ningún peligro, pero eso no es así porque
hay partidas que no se examinan, que no se comunican y que viajan sin
ningún papel. ¿Qué tenemos que tomar una medida de carácter nacional
para poner orden en esto? Por supuesto. La Ley de sanidad animal
vigente es del año cincuenta y tantos y estamos elaborando ahora el
borrador de una ley de sanidad animal que ponga al día las cosas, que
ponga a nivel nacional cuál es la aplicación de las directivas
comunitarias en España y que clarifique y delimite bien las
competencias entre comunidades autónomas y Estado. Eso lo estamos
haciendo y espero que en seis meses pueda estar en esta Cámara para
examen de sus señorías.
Con el fuego bacteriano ocurre la misma situación. Las enfermedades
de los vegetales no son muy semejantes a las de los animales porque
éstos se mueven y los vegetales no y entonces los problemas
fitosanitarios son siempre relativamente más fáciles, pero la
situación es la misma. Hemos advertido a las comunidades autónomas
del peligro. Les hemos dicho qué es lo que tienen que hacer, les
hemos puesto frente a sus responsabilidades, pero lo que no podemos
es ir a un sitio determinado y concreto para hacer una inspección a
un vivero. Eso lo tiene que hacer una comunidad autónoma. Esa es la
situación.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Una vez que ha finalizado la información del
secretario general, he de agradecerle su presencia en esta Comisión y
desearle éxito en las futuras negociaciones en torno a las OCM y a
las Agenda 2000.
No obstante, les recuerdo a los portavoces y a la Mesa que tenemos
reunión de Mesa y Junta de Portavoces una vez levantada la sesión.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.