CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 542



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS ALBERTO
AGUIRIANO FORNIES, VICEPRESIDENTE PRIMERO



Sesión núm. 55



celebrada el miércoles, 14 de octubre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia de personalidades y funcionarios
de la Administración del Estado, al objeto de
informar sobre temas relativos al proyecto de Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1999.

(Número de expediente 121/000141.) ... (Página 15720)

Página 15720



Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la
tarde.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,
AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS
RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 1999.

(Número de expediente 121/000141.)



- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE
JUSTICIA (GONZÁLEZ MONTES), A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO
(número de expediente 212/001584) Y DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ) (número de expediente 212/001651).




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Se
abre la sesión de la Comisión de Justicia en Interior para
celebrar la comparecencia, con relación a los presupuestos,
del secretario de Estado de Justicia, don José Luis González
Montes, a quien damos la bienvenida. Su comparecencia
ha sido solicitada por el Grupo Socialista y por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), que había dirigido una pregunta
al director general de Objeción de Conciencia, pero
que se la hará al secretario de Estado de Justicia.

Igual que en la sesión de ayer, intervendrán solamente
los grupos que hayan pedido la comparecencia. Por tanto,
tiene la palabra en primer lugar el portavoz del Grupo
Socialista, señor Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas
tardes a todos y en este caso especialmente al señor secretario
de Estado al que le agradecemos su presencia en esta
Cámara en el trámite de esta comparecencia que tiene por
objeto fundamental aclarar algunos aspectos y explicar
algunas cuestiones que le vamos a plantear en relación al
presupuesto de Justicia del año 1999.

Como usted sabe, señor secretario de Estado, el presupuesto
de Justicia tiene por objeto dotar a los órganos de la
Administración de justicia de los medios materiales y
humanos necesarios para cumplir los mandatos constitucionales
que vienen recogidos en los artículos 117.3 y
124.1 de la Constitución española y promover la acción de
la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público, y también el artículo 37.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de dotar de
estos medios para que pueda funcionar con independencia
y eficacia. Creo que ambos aspectos son criticables por
cuanto que adolecen de evidentes carencias por parte del
actual Gobierno del Partido Popular.

Ustedes, señor secretario de Estado, han vendido a
bombo y platillo los incrementos de un presupuesto que sin
embargo nosotros consideramos que es insuficiente, que no
prioriza la acción de la justicia y cuyos incrementos formales
y aparentes no cubren las minoraciones producidas en
ejercicios anteriores y tampoco cubren, porque todo hay
que verlo en términos homogéneos, los incrementos necesarios
de las nuevas actividades y creación de órganos y
funciones por mandato de ley que tienen los tribunales de
justicia y el ministerio fiscal fundamentalmente.

Entendemos -así lo hemos puesto de manifiesto en
años anteriores- que son presupuestos faltos de rigor y
que tienen desviaciones importantes en las consignaciones,
conforme hemos demostrado ya con reiteración, y que no
resuelven en definitiva los problemas fundamentales del
servicio público de la Administración de justicia.

Fíjese, señor secretario de Estado, incluso desde el
punto de vista cuantitativo, en el año 1996, que teníamos
unos presupuestos prorrogados, la sección 13 del presupuesto
tenía 172.000 millones; en el año 1997, 154.974; en
1998, 132.884 y en 1999, 148.362. No se nos oculta, obviamente,
señor secretario de Estado, que esta minoración en
buena parte obedece a las transferencias y a los recursos
transmitidos a las comunidades autónomas. Sin embargo,
por los datos que tenemos, que se concretan al año 1997
-coincidía además el dato que nos dio la señora ministra
con el que nos facilitó usted en la comparecencia con motivo
de los presupuestos anteriores-, las transferencias a
comunidades autónomas ascendían a 37.100 millones de
pesetas. Pues bien, si incrementamos en el año 1998 estos
37.100 millones a los 132.000 y pico que había en dicho
presupuesto, que es el actualmente vigente, nos encontramos
con que estos incrementos no cubren dichas minoraciones.

En todo caso, en relación con las cantidades que
han sido transferidas a lo largo de 1998 y las que previsiblemente
lo puedan ser en el año 1999, nos gustaría que se
nos remitiera por conducto de esta Cámara información
detallada del conjunto de las transferencias y el importe de
las mismas, así estaremos actuando y utilizando términos
homogéneos y no haremos disfunciones en el juego numérico.




No obstante, sí le adelanto, señor secretario de Estado,
porque es convicción de nuestro grupo, que en la práctica,
en términos relativos, hay menores dotaciones en la actualidad
que hace tres ejercicios, porque aun cuando cuantitativamente
los incrementos no son por cierto los que ustedes
manifiestan, hay nuevas exigencias derivadas del
cumplimiento del nuevo Código Penal, aunque con
muchas carencias, de los juzgados de lo Contenciosoadministrativo,
de la creación de nuevos órganos con los
correspondientes gastos de personal, inversión corriente,
etcétera, y del proceso de informatización en general, y
esto nos lleva a la conclusión de que sobre la cifra global
se esconde una menor atención real al servicio público de
la justicia, porque ustedes suben el presupuesto por debajo
del importe o coste de las necesidades nuevas. Entonces
en términos relativos, insisto, las dotaciones y consignaciones
son inferiores.

Incluso en algunos casos, no conformes con ello, para
no dotar de recursos económicos, lo que han hecho es cambiar
principios ya comúnmente aceptados, incluso la propia
ley, y así tenemos un ejemplo que a nosotros nos parece
especialmente grave, muy reciente, que es la modificación
del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuando ya desde el año 1995 en nuestro país, al igual que
en el entorno avanzado del resto de Europa, habíamos
apostado por una justicia colegiada en el ámbito penal, de
tal forma que los delitos graves sólo eran conocidos ya por
órgano colegiado, es decir por las audiencias provinciales,



Página 15721



ustedes para no crear las secciones precisas y necesarias en
el Tribunal Supremo y por no dotar de los magistrados suficientes
en las audiencias provinciales, han modificado la
ley y ahora, por delitos graves con pena privativa de libertad
de hasta cinco años, han ampliado el conocimiento ya
por los órganos unipersonales.

Señor secretario de Estado usted sabe además que el
presupuesto se aprueba y puede ser modificado y el presupuesto
definitivo consolidado es el que resulta a final del
ejercicio. Siempre el presupuesto inicialmente tiene un
carácter preventivo. Pues bien, denunciadas por el Grupo
Socialista en el año 1997 la insuficiencia y las carencias del
presupuesto, usted lo negó en su comparecencia y, sin
embargo, después de ella, el día 12 de diciembre de 1997,
el Gobierno se vio obligado a aprobar un real decreto-ley
por el que se concedían créditos extraordinarios por importe
de 5.895 millones de pesetas para atender gastos del
Ministerio. Obviamente los incrementos no pueden imputarse
al presupuesto preventivo sino a lo realmente aumentado
sobre el presupuesto definitivo. Ya le preguntamos en
este momento también, señor secretario de Estado, cuáles
son los créditos extraordinarios previstos para el año 1998
producidos o previstos a 31 de diciembre. Es mejor que
nos adelante con buena voluntad la previsión real, porque
en todo caso, obviamente, es algo que vamos a conocer en
fechas próximas.

Igualmente veníamos denunciando la falta de rigor y
falsedad de los datos de las consignaciones. Ustedes tuvieron
que cambiarlas -ahí está el ejemplo del crédito extraordinario-
y ya en el presupuesto del año actual numerosas
partidas, fundamentalmente del capítulo 2, de gastos
corrientes, tuvieron variaciones de hasta el 200 y el 300
por cien. Ustedes han sido rehenes de su propia demagogia,
porque hablaban de despilfarro en el capítulo 2. Creo
que era un error de concepto. Una cosa es que el gasto
corriente no tenga la consideración jurídica de gasto obligatorio,
como puede ser el gasto de personal, y otra muy
distinta es que sea un gasto superfluo o de despilfarro, porque
el propio funcionamiento y la adecuada prestación de
los servicios de la Administración de justicia requieren
dotaciones adecuadas de medios, que van fundamentalmente,
como usted conoce, en el capítulo 2. Ya lo corrigieron,
una parte el año anterior y otra en el presente presupuesto.

En definitiva, con los altos incrementos del
capítulo 2 de los dos últimos ejercicios subsanan siquiera
parcialmente ese desajuste y esa falta de rigor presupuestario
que ustedes, rehenes, insisto, de su demagogia inicial,
llevaron a cabo.

Por ir a temas concretos, señor secretario de Estado, me
voy a ceñir fundamentalmente al programa 142.A, que se
refiere a tribunales de justicia y ministerio fiscal, ya que
alcanza prácticamente el 90 por ciento del presupuesto de
la sección 13, y, así, hay algunas cuestiones que nos suscitan
dudas y que le agradeceríamos que, a ser posible, nos
aclarara.

En 1998, sin incluir transferencias internas del Centro
de Estudios Jurídicos y de la Agencia de Protección de
Datos, había una dotación para esta sección de 117.456
millones de pesetas y este año pasa a 132.096, con lo cual
se produce ese aumento, siquiera formal, de un 12 por ciento
aproximadamente, teniendo en cuenta que ahí van ya
incluidas todas las consignaciones presupuestarias con
cargo a los créditos definitivos del ejercicio.

En el capítulo 1 vemos que se produce un incremento
del 9,4 por ciento frente al decremento del año anterior del
24,1 por ciento, bien sabido -insisto-, para que no haya
malos entendidos, que en esa disminución habría que tener
en cuenta las consignaciones transferidas a las comunidades
autónomas. En este sentido le reitero la pregunta anterior.

Asimismo, sobre este mismo capítulo 1, personal, nos
gustaría saber el número de funcionarios transferidos en los
distintos ejercicios presupuestarios del Gobierno actual del
Partido Popular.

En el capítulo 1, señor secretario de Estado ustedes
-no se lo voy a recordar, está escrito en las memorias y en
las distintas intervenciones- contrajeron una serie de
compromisos en cuanto a la creación de plazas de magistrados,
de fiscales, de secretarios, de oficiales, auxiliares y
agentes, equipos de apoyo, psicólogos, educadores, asistentes
sociales. Nos gustaría conocer el grado de su cumplimiento,
tanto en el año 1997, que ya está finalizado,
como en el actual, 1998, cuyas cifras no le voy a recordar.

Sí prevén en el año 1999 la creación de 137 plazas de
Magistrados y Jueces, 34 de fiscales, 135 de secretarios, 50
de médicos forenses, 252 de oficiales, 456 de auxiliares,
265 de agentes y 131 de laborales. Le pregunto, señor
secretario de Estado, ¿y el resto de las plazas a cuya creación
se habían comprometido y afirmaban que tenían consignación
presupuestaria? ¿Estamos vendiendo nuevamente
las mismas plazas? Nos interesa conocer en números
reales la cantidad de plazas realmente creadas cuya cobertura
se haya realizado, no simplemente la consignación.

También se comprometían a poner en funcionamiento
cinco institutos de medicina legal. Nos gustaría conocer
también el grado de cumplimiento de este compromiso.

Igualmente nos interesaría conocer la previsión definitiva
de la puesta en funcionamiento y creación de los juzgados
de lo Contencioso-administrativo, porque aunque bien
sabemos que la propia ley tiene de plazo hasta el año 2000
para que definitivamente entren todos en vigor, nos parece
que la demora en su tramitación justificaría el esfuerzo de
que en el año 1999 pudieran estar absolutamente todos en
funcionamiento por el auténtico problema que existe de
atasco en los tribunales por las causas de lo
contenciosoadministrativo,
que se han multiplicado hasta por cuatro o
por cinco en el último decenio.

Probablemente esté mal informado, señor secretario de
Estado, porque, como no funciono muy bien con el ordenador,
quizás haya omitido alguna información, pero había
un compromiso de creación de 24 juzgados de Vigilancia
Penitenciaria. Tirando de documentación sólo he encontrado
dos reales decretos -me parece que será un error y, si
es así, pido disculpas-, pero nos gustaría conocer el grado
de cumplimiento sobre la creación de estos 24 juzgados de
Vigilancia Penitenciaria, que, por cierto, ya tenían una consignación
inicial en el presupuesto prorrogado del año 1996
de al menos 720 millones de pesetas.

Tampoco observamos que se dé cobertura, señor secretario
de Estado, y nos parece un tema importante, a las obligaciones
derivadas de la Ley de responsabilidad penal del
menor. Ya hace año y pico la ministra de Justicia dijo que
en función de las posibilidades económicas, se pondrían en



Página 15722



funcionamiento. Faltan 32. El propio Defensor del Pueblo,
en su memoria del año 1997, dedica una rigurosa y fuerte
crítica al incumplimiento y al retraso en este aspecto e
incluso recomienda al Gobierno que antes de que entre en
vigor esta ley estén ya dotados con medios materiales y
personales, porque el tema es ya de extrema gravedad.

Tampoco encontramos cobertura suficiente para el
cumplimiento de los mandatos del nuevo Código Penal,
por ejemplo, para los lugares de cumplimiento de fines de
semana. Probablemente me diga -tengo dudas- que
debiera estar en presupuestos del Ministerio del Interior,
pero como tampoco lo he encontrado en los mismos también
le pregunto por ello. En la memoria de objetivos y
actividades se dice que se van a crear 40 nuevas agrupaciones
de juzgados de Paz para este año y, sin embargo, encontramos
la misma consignación presupuestaria.

Ya le he comentado antes lo de la justicia colegiada.

Nos preocupa también, porque han hecho una tremenda
campaña informativa, el tratamiento a la violencia doméstica,
fundamentalmente en cuanto a los malos tratos a
mujeres. No encontramos dotaciones para formación ni
tampoco para hacer frente a programas, conciertos, etcétera,
que sí se recogen en la memoria de objetivos. Probablemente
también será una competencia compartida en cuanto
a consignaciones presupuestarias con el Ministerio del
Interior, pero comoquiera que en el presupuesto del Ministerio
del Interior apenas hay consignaciones, también le
pregunto por ello, porque se recoge entre los objetivos y
actividades de la memoria del presupuesto de Justicia.

Quisiera decirle, ya en temas muy puntuales, que en la
partida de altos cargos se incrementa una vez más casi en
un 60 por ciento la consignación del capítulo 1. No se nos
oculta que una parte son las asignaciones del Tribunal
Supremo. También el personal sustituto sube un 28 por
ciento, muy en contra de lo que ustedes predicaban y en
contra también de las recomendaciones del Libro Blanco
del Poder Judicial. ¿Por qué?
El capítulo 13, personal laboral, se incrementa un 12
por ciento cuando ya el año pasado se había minorado
un 11 por ciento, pero tengo una duda puntual en el capítulo
16, gastos sociales. En el año 1999 se recoge una consignación
de 4.321 millones de pesetas, que supone tan sólo
un 1 por ciento de incremento sobre el ejercicio anterior.

Nos parece, salvo que nos lo aclare y estuviera mal consignado
con anterioridad, que el incremento no es paralelo
para poder responder al conjunto de los incrementos del
capítulo 1.

En cuanto al capítulo 2 ya he hecho mención al comienzo
de mi intervención a que ya en el año 1998 tuvieron que
incrementar un 20 por ciento y este año un doce y pico por
ciento para recuperar la demagógica bajada de más del 30
por ciento del presupuesto del año 1997. Esos vaivenes no
tienen otra justificación que su desconocimiento -porque
no podemos pensar en absoluto en mala fe- en aquellos
comentarios que ustedes realizaban. Por ejemplo, en el
artículo 22, concepto 222, en comunicaciones, ya aumentaron
el 105 por ciento; en llamadas telefónicas, postales y
transportes, incrementos de alrededor del cien por cien,
pero siguen ustedes aumentando -ya lo hicieron el año
pasado y nos preocupa, y nos gustaría también que nos lo
aclarara- de manera notoria partidas como trabajos realizados
por otras empresas y profesionales, en el 37,8 por
ciento.

Nos gustaría conocer también si considera suficiente la
consignación de 270 millones de pesetas que se mantiene
reiteradamente en los sucesivos ejercicios para el funcionamiento
del tribunal del jurado. El material de oficina lo
aumentan en 172 millones de pesetas, 34 por ciento, y no
es proporcional a la creación de nuevos órganos. Nuevamente
es esa incoherencia de la que hablábamos con anterioridad.

Vemos otra contradicción en cuanto al suministro
de energía eléctrica con ciento veintitantos millones de
pesetas más, cuando el señor Piqué dice que está bajando la
factura de la electricidad. ¿En qué quedamos?
Hay una consignación nueva para oposiciones y pruebas
selectivas, de 275 millones de pesetas, que en el
año 1998 creo, salvo error u omisión, que no se recogía.

¿Por qué?
Las indemnizaciones por razón del servicio se disparan
en este programa y en todos. Se dispararon ya en el año
anterior, y eso sí que es gasto voluntario y no imprescindible,
señor secretario de Estado, para el mejor funcionamiento
de los servicios. Este año sólo en este programa lo
aumentan de 497 millones de pesetas ni más ni menos que
a 941 millones de pesetas, es decir, un 89 por ciento. Igualmente
aparece otra partida que denominan otros, para contrataciones
de estudios y trabajos de otras empresas, con 82
millones de pesetas, también de nueva consignación. Nos
gustaría conocer por qué.

En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes -voy
abreviando, señor secretario de Estado-, en corporaciones
locales se mantiene la misma consignación y, sin embargo,
hablan de la creación de 40 nuevas agrupaciones de juzgados
de paz. Al menos en principio parece que no es muy
coherente la creación con la necesaria dotación y el mantenimiento
de la misma consignación anterior.

Al Consejo General de la Abogacía, por asistencia letrada
al detenido y por el turno de oficio, le incrementan aproximadamente
un 15 por ciento; ya habíamos advertido de
la insuficiencia del año anterior, que justificaban en base a
las transferencias a comunidades autónomas, pero aquí,
nuevamente, canta la realidad de que las consignaciones
eran insuficientes, porque las bajaron en 1998 nada más y
nada menos que el 53 por ciento. Además, nos gustaría
conocer la cuantía de los importes transferidos en los dos
últimos ejercicios.

En cuanto a inversiones reales, es cierto que sube la
inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios
en 1.744 millones, donde está incluida la creación y
construcción de órganos y de edificios que alberguen los
tribunales y juzgados de lo Contencioso. También es cierto
que aumentan en 1.577 millones la partida para la reposición
y mantenimiento, cuya baja importante ya denunciamos
en el año anterior, dado que era manifiestamente insuficiente
para cubrir las deficiencias de los más de 750
edificios que tiene el Ministerio de Justicia.

Nos parece -voy concluyendo ya este importante programa-
que en las inversiones adoptan ustedes una vez
más la estrategia del Ministerio de Fomento de vender en
numerosos ejercicios lo que reiteradamente no hacen en el
mismo. Así, por ejemplo, nos sorprende que en proyectos
de obras nuevas recojan para Valladolid 25 millones, cuando



Página 15723



el importe es de 225 millones de pesetas; y para Salamanca,
otros 25 millones, cuando el importe de las obras es
de 1.150 millones. ¿Qué se va a hacer con 25 millones?
¿Las primeras reuniones, los primeros planos? Nos gustaría
que nos lo aclarase, pues nos parecen claramente insuficiente,
pese a los incrementos, las consignaciones y dotaciones
que se recogen este año.

Para concluir, señor secretario de Estado, unas pinceladas
sobre otros programas que, aunque cuantitativamente
sean escasos, no por ello son de menor importancia. Así, en
el programa 141.B, dirección y servicios generales de Justicia,
se produce un incremento de tan sólo el 1,5 por ciento,
por debajo del IPC, es decir, hay un descenso real, en
términos relativos, del presupuesto; baja el capitulo de personal
-nos gustaría saber por qué- en un 1,9 por ciento;
en trabajos realizados por otras empresas y profesionales,
después del incremento del 40 por ciento del año anterior,
sigue incrementándose este año; reuniones y conferencias
se incrementa «tan sólo» un 70 por ciento. ¿Por qué?
Hay dos transferencias que expresamente se recogen en
el capitulo 4, que son para actividades relacionadas con el
estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad
religiosa, dotadas con 8,5 millones; y a la Fundación Justicia
en el Mundo, 7 millones de pesetas. ¿Qué criterios se
utilizan para la concesión de estas subvenciones? Porque
se trata de instituciones privadas, y los fundadores de una
de ellas, al parecer, coinciden curiosamente con miembros
de la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que
pertenecía la señora ministra. Como no lo entendemos muy
bien, ya nos explicará usted, en todo caso, los criterios de
distribución.

En el programa 146.A, de registros vinculados con la fe
pública registral, se mantiene linealmente el presupuesto
anterior con pequeñas variaciones.-Nos parece que la función
de dirección, vigilancia e inspección del notariado y
de los registros de la propiedad, mercantiles y civiles es
importantísima, y la informatización de los registros se
viene demandando desde hace tiempo y tan sólo vemos una
consignación de 32 millones. Nos parece que puede ser
insuficiente.

El programa 126.D, asesoramiento y defensa de los
intereses del Estado, se mantiene prácticamente todo el
programa. Ya lo recogimos en 1998 y damos por reproducido
lo mismo, del carácter demagógico del capítulo 2, con
los gastos y demás.

Tenemos una pregunta concreta sobre las plazas de abogados
del Estado, donde hay que cubrir un importante
número de plazas, tanto por las excedencias como por
incremento de necesidades. En concreto, ustedes se comprometieron
ya en 1997 a crear 35. ¿Qué hay de esas 35
plazas de 1997-98 y.cuál es la previsión para 1999?
En el programa 413.F, de la prestación social sustitutoria.,
aumenta un 12 por ciento con carácter general el capítulo
1, un 14 por ciento el total del programa, pero, una vez
más, vemos: comunicaciones, incrementos del 94 por ciento:
telefónicas, postales, etcétera, cuando vienen precedidas
de un incremento del 48 por ciento del ejercicio anterior.

Indemnizaciones, nuevamente por razón del servicio,
dietas, etcétera, otro 30 por ciento. Como verá, señor secretario
de Estado, dar trigo es más complicado que predicar.

Usted decía hace un par de años que pura y simplemente el
objetivo de este programa era la normalización de la prestación
social sustitutoria, que el problema era la agilidad en
el reconocimiento y la inmediatez en la prestación, que
manos a la obra y ya estaba el problema resuelto.Yo creo
que el tema es bastante más complejo y ahora lo están
padeciendo ustedes.

Con la aprobación de la Ley 22/1998, de 6 de julio,
reguladora de la objeción de conciencia, se producen algunos
efectos importantes, entre ellos la reducción de trece a
nueve meses y el plazo máximo de incorporación de tres
años. Según la memoria, en el año 1997, a fecha 30 de
abril, había 455.550 objetores reconocidos como censo histórico.

Además, ahí ya habían excluido un alto número de
reservistas menores de 19 años, exentos y aplazados. Y
dicen que en términos homogéneos, a la misma fecha de
este año, son 597.226 y que quedan 142.000 por incorporar
-134.000 el año anterior-. Nos da la impresión, para utilizar
términos homogéneos, que el objetivo del año anterior
era incorporar 135.000 y mantener una media mensual de
80.000, y este año dicen: objetivo, incorporar 150.000 y
mantener una media mensual de 90.000. Parece que las
cifras no cuadran con la aplicación de la nueva ley, porque
el porcentaje entre los nueve y los trece meses, además con
el efecto probablemente no disuasorio sino absolutamente
todo lo contrario, de mayor solicitud de objetores, hará -y
yo lo creo, salvo que usted nos convenza de lo contrario
que las cifras se disparen. ¿Cuáles son las previsiones con
la nueva ley? ¿Cuáles son las plazas para las comunidades
autónomas? La obligación de la Dirección General para la
Objeción de Conciencia de atender por mandato legal los
derechos de vestuario, formación, haber en mano, pólizas
de seguro, alojamiento y manutención, entre otros, viene
regulada, en cuanto a vestuario se refiere, en la Orden
ministerial de 13 de enero de 1998. Aquí, la pregunta es
concreta. En el año 1998 desapareció del presupuesto la
partida que había de 415 millones de pesetas para vestuario.

No he encontrado partida para el año 1999, salvo que
nos lo aclare. (Un señor diputado: ¡Esa era la de las
cacerolas!)



El señor VICEPRESIDENTE: Señor Villarrubia, le
ruego que vaya terminando.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente,
creo que hay información más que sobrada ya
recabada, junto con la que hemos solicitado por escrito,
para que el señor secretario de Estado tenga la amabilidad
de contestar a todo ello.




El señor VICEPRESIDENTE: A continuación, tiene
la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia
i Unió) el señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Antes de formular dos
cuestiones muy concretas al señor secretario de Estado y
que inicialmente iban dirigidas al director general de la
Objeción de Conciencia, para que conste en el «Diario de
Sesiones» quiero manifestar que mi grupo, entre otras comparecencias,
solicitó en su día la del fiscal general del Estado,
entendiendo que con esa solicitud se guardaba coherencia
con la proposición no de ley que fue aprobada por esta



Página 15724



Cámara y sobre la que en estos momentos parece que se
están elaborando borradores del proyecto de ley, cuando en
un apartado concreto se hablaba precisamente de una cierta
autonomía presupuestaria del ministerio fiscal, que gozaría
de una partida única. Lo cierto es que se nos comunicó hace
muy pocos días, por la Mesa de la Comisión de Presupuestos,
que esa comparecencia había sido denegada. Es cierto
que la denegación es sin motivación alguna, y a veces la
falta de motivación lo que presupone es la falta de motivos
para la decisión que se toma. No es mi grupo de los que
pretendan plantear estridencias y de ahí que no hayamos
planteado recurso de ningún tipo, pero sí querríamos que
constase en el «Diario de Sesiones» nuestra disconformidad
por la solución de fondo y por la falta de motivación de
la misma.

Después de esta introducción, y tras agradecer al señor
secretario de Estado su comparecencia, deseo formular dos
cuestiones muy concretas en relación con la objeción de
conciencia. Por un lado, si se nos pudiese concretar en este
momento o a través de otra autoridad o, en su caso, por
escrito, a través del sistema ordinario, cuáles son las partidas
previstas para divulgar el derecho a la objeción de conciencia
y, por lo tanto, divulgar la posibilidad que tienen
los ciudadanos de acogerse a ese derecho constitucional y,
por otra parte, cuáles son las partidas previstas para dotar
económicamente a las comunidades autónomas que deseen
ejercer las posibilidades previstas en la nueva ley de objeción
de conciencia.

En estos momentos, a reserva de las preguntas que después
formularemos al señor subsecretario, estas son las dos
únicas cuestiones que deseábamos plantear al señor secretario
de Estado.




El señor VICEPRESIDENTE: El señor Ollero tiene la
palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente,
antes ha hecho referencia a que en la sesión de ayer, en la
que- desgraciadamente no pude participar, no formularon
preguntas los portavoces de otros grupos, lo cual rompe
una tradición muy antigua en esta casa, pues siempre se
han formulado preguntas cuando se ha estimado conveniente.

Para invocar un precedente se deben dar las mismas
circunstancias. Ignoro si ayer hubo algún portavoz que solicitara
intervenir. Yo, desde luego, sí quiero solicitarlo.

Ignoro qué razón, volviendo a las motivaciones, se podría
aducir para, en una comparecencia informativa como ésta,
restringir las posibilidades de solicitar información. La verdad
es que rompe una vieja tradición bien conocida por los
que llevamos mucho tiempo en la casa y quisiera que me
aclarara la situación.




El señor VICEPRESIDENTE: En cualquier caso,
señor Ollero, la tradición no afecta al tema de comparecencias
con motivo de los presupuestos. Ayer pidió la palabra
el portavoz del Grupo Popular a sabiendas de que no se le
iba a conceder. Lo pidió precisamente para que constara en
acta.




El señor OLLERO TASSARA: Es que hoy el portavoz
del Grupo Popular en esta sesión es el que suscribe y
yo no he pedido nada sobre ese particular. Por lo tanto, no
me considero sometido a ningún precedente.




El señor VICEPRESIDENTE: Pero la Presidencia sí,
señor Ollero. Por tanto, no tiene la palabra.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado, don José
González Montes, para responder a las cuestiones planteadas
por los grupos parlamentarios.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
(González Montes): En primer lugar quiero decir que
es para mí un honor, también un placer, el comparecer aquí,
un año más, en relación con los presupuestos, para atender
a las preguntas y aclaraciones que me efectúen los distintos
grupos parlamentarios, empezando en este caso por el
señor Villarrubia, del Partido Socialista, que ha formulado
un amplio elenco de preguntas y aclaraciones que yo voy a
intentar despejar de la mejor forma posible.

Habla usted, en principio, de un presupuesto insuficiente,
que no cubre las minoraciones anteriores e incrementos
que se demandan por las distintas leyes que confluyen en el
tema de la Administración de justicia, que no resuelven los
problemas; de que había un presupuesto en el año 1996 de
una determinada cantidad, que me da la impresión de que
no era el presupuesto consolidado como usted ha distinguido
antes muy bien, y que era superior, en términos comparativos
u homogéneos, a los presupuestos de 1997, 1998
y 1999, incluso contando con las transferencias que se
hayan podido hacer en esos años.

Sin perjuicio de que le aclare, en la medida en que tenga
aquí los datos, qué transferencias se han realizado en 1998
y cuáles se van a realizar en 1999, o incluso le envíe una
nota precisa sobre el particular, me extraña esa afirmación,
unida a otra que ha hecho después respecto a que hay
menos dotaciones que antes en función de las nuevas leyes,
porque a mí me parece todo lo contrario. Y me parece todo
lo contrario, siendo riguroso, con datos en la mano y con
ese maravilloso y altísimo presupuesto que ustedes tenían
en el año 1996. A ello une también -y lo digo para recordar
lo que he de contestarle- el que se cambien principios
y leyes, como el tema del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y que se aprueba en 1997 un real decretoley
de crédito extraordinario por un importe aproximado de
5.000 millones. En ese primer entramado, antes de entrar
en los conceptos concretos del presupuesto y en los capítulos
correspondientes a cada programa, sí me gustaría responderle
con datos y con la historia a la que usted mismo
hace referencia, desde 1996.

A partir del año 1996 -y me refiero ya al presupuesto
de 1997-, no hemos creado ni presupuestado ningún órgano
judicial ficticio, ningún órgano que no se haya puesto
luego en funcionamiento real en plazos prudenciales. En
cambio, si repasamos esa historia y esa trayectoria, a ustedes
les ha pasado justamente lo contrario. Además, hablando
de dotaciones y de créditos extraordinarios, resulta que
el Ministerio de Justicia hereda en el año 1996, al que usted
ha hecho referencia, una deuda de ejercicios anteriores por
suministro e inversiones de unos 15.000 millones, lo que
obliga, obviamente, a la aprobación de algún crédito extraordinario
por el Gobierno. No es que nosotros hayamos
creado esas insuficiencias, sino que son insuficiencias que



Página 15725



han creado ustedes, que nosotros, al menos, hemos puesto
al día y que a partir de 1997 se van presupuestando y creando
como es debido; es decir, realmente.

Creación de órganos. Si tenían ese presupuesto en el
año 1996, no comprendo cómo no crearon más órganos,
cómo nos dejaron en herencia esa deuda, porque en el
año 1996 -y no me quiero ir más atrás- nosotros pusimos
en marcha 39 nuevos órganos jurisdiccionales; en el
año 1997, 80; en el año 1998, 114, entre los creados y los
que faltan por crear -se van a crear el 15 de diciembre y
está aprobado el decreto y la orden de creación- y, en el
año 1999, 157. Con esto le respondo a otra pregunta. Se
crean absolutamente todos. No queda uno solo por crear.

Esto contrasta con otras cifras, incluso de años muy mollares,
presupuestariamente hablando. Por ejemplo, en el año
1992, 67; en 1993, 52; en 1994, 27; en 1995, 50. Es decir,
ciento y pico de 1992 a 1996 y de 1997 a 1999 trescientos
setenta y tantas plazas de jueces y magistrados, con lo cual
nos acercamos mucho a las 400 de que hablaba el Consejo
General del Poder Judicial, que de eso también podemos
hablar; esto es, prácticamente el doble en plazas de jueces
y magistrados. Si hablamos de otro tipo de plazas, es decir,
si hablamos del personal auxiliar de la Administración de
Justicia, como oficiales, auxiliares y agentes; si hablamos
de secretarios judiciales, si hablamos de plazas del ministerio
fiscal, vemos igualmente que hay una diferencia abrumadora,
sobre todo en oficiales, auxiliares y agentes, que
se pueden contar más de 500 en la misma época o incluso
1.000 en un determinado momento. Me parece que lo que
usted dice no se corresponde en absoluto con la realidad.

La reforma del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, si usted mal no recuerda, fue propiciada fundamentalmente,
con todos los datos en la mano por el Consejo
General del Poder Judicial, y no se puede estar tirando o
no del Consejo General del Poder Judicial según interese o
no interese. Indudablemente, fue una iniciativa del Consejo
General del Poder Judicial ante la avalancha de trabajo que
se les venía encima a las Audiencias Provinciales, en sus
secciones de lo Penal, para reequilibrar las competencias.

Cuando se desequilibran las competencias y cuando los
temas trasvasan lo que normal y prudencialmente puede
ser atendido, indudablemente el que sufre es el justiciable,
y yo no creo que sufra más el justiciable con la reforma del
artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sin
ella; yo diría que todo lo contrario.

En cuanto a las garantías, que yo sepa, no infringe ninguna
garantía constitucional el hecho de que, para determinados
delitos, conozca un órgano unipersonal y podría ser
también una contradicción haber introducido los órganos
unipersonales en el ámbito de la jurisdicción contencioso
administrativa; ya sé que no es igual que en el ámbito
penal, indudablemente, pero ahí están también para asuntos
muy importantes y frente a la Administración.

Hablaba también del programa 142.A y hacía algunas
comparaciones en cifras, que creo que están más que contestadas,
pero me preguntaba por la creación de plazas en
1997, 1998 y 1999. Creo que el grado de cumplimiento
está claro, es decir, en 1997, todas y en 1998, todas. Ya sabe
que, con fecha 15 de diciembre, se crean los juzgados de lo
contencioso administrativo, puede verlo en el decreto de
creación y constitución y en la orden ministerial de puesta
en funcionamiento. Así es como va a ser y no hay ningún
problema. Sobre el año 1999, usted mismo ha hecho referencia
a una serie de plazas, en concreto 137 de jueces y
magistrados, por lo que no tengo que repetirlo.

Indudablemente, aquí hay prelaciones. Digo esto porque
usted se refiere de nuevo, porque también se refirió a él
el año pasado, al presupuesto de los 24 juzgados de vigilancia
penitenciaria. La verdad es que no existía esa dotación
en 1996 para crear esos juzgados y yo me pregunto si
es más importante en este momento crear 24 juzgados de
vigilancia penitenciaria ó 65 de lo contencioso-administrativo.

Eso no quiere decir que no se creen o se vayan creando,
pues hay una unidad más en el año 1999 y hemos seguido
creando juzgados de vigilancia penitenciaria, pero
también es prudente que los juzgados de vigilancia penitenciaria
se creen al hilo de la ley del procedimiento de
vigilancia penitenciaria. La ley del procedimiento de vigilancia
penitenciaria está aquí en el Parlamento, en el Congreso
de los Diputados. Si mal no recuerdo, en la Ley
General Penitenciaria había una previsión de esta ley ya en
el año 1979 y, como otras tantas, no se ha desarrollado
hasta este momento y con este Gobierno. Me puedo referir
a otras leyes, como la de la jurisdicción contencioso-administrativa
y como la futura -y enlazo con otra pregunta
que me ha hecho- ley de responsabilidad penal del menor.

Me dice que llevamos un cierto retraso en la ley de responsabilidad
penal del menor,que es una ley, y usted lo sabe,
que está ya a las puertas del Parlamento -y cuando digo a
las puertas del Parlamento, podrá ver en breves días que
está a las puertas del Parlamento- y me dice también que
lleva año y pico. Me parece razonable que se diga en función
de lo que se hace, porque la ley de la jurisdicción contencioso
administrativa tiene atasco desde 1985, sume un
año más, 1986, y la propia Ley del Jurado, que ustedes
aprobaron, también tenía su retraso y mucho mayor que el
que nos está imputando a nosotros. Es decir, retrasos,
poquitos, porque hasta ahora, curiosamente, quien está
cumpliendo esos desarrollos legislativos con sus iniciativas
ha sido el Gobierno del Partido Popular.

Me pregunta por dotaciones, sobre todo en el capítulo
2, en términos generales -ahora entraremos más concretamente
en ese tema-, y las explicaciones son bastante
fáciles. El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios,
en términos generales -me estoy refiriendo al presupuesto
concreto del programa 142.A, que es donde ha incidido
fundamentalmente-, tiene una variación porcentual
del 12,38 por ciento, con un aumento aproximado de 1.503
millones de pesetas. ¿Por qué ese aumento? Vamos a ver la
comparación con lo anterior y el porqué de las cosas. En
primer lugar, de esos 1.503 millones de aumento, casi 700
se llevan los gastos de funcionamiento de nuevos órganos
judiciales. Otros 650 millones se llevan los gastos generales
y asistencia de las oposiciones del personal de la Administración
de Justicia por cambio de criterio en la presupuestación.

Es una pregunta que me ha hecho y que le
quiero aclarar. En el año 1998, no se presupuestó crédito
alguno por indicación de la propia Dirección General de
Presupuestos, que prometió autorizar una transferencia
desde la sección 31 durante el ejercicio, según lo recaudado
por las tasas de derechos de examen. Ahora, cambia el



Página 15726



criterio, se presupuesta y tiene otros 650 millones y el porqué
de ese aumento.

Respecto al capítulo 1, creo que le he contestado
ampliamente.

capítulo 2. Ya que ha puesto el ejemplo de la electricidad,
indudablemente puede bajar la electricidad en términos
generales, lo que pasa es que suben mucho los servicios
y los órganos jurisdiccionales, que hay que
presupuestar. Cuando decimos que se crean ciento y pico
órganos jurisdiccionales nuevos, es que se crean y hay que
hacer el presupuesto de esos órganos jurisdiccionales nuevos,
de las sedes nuevas, por ejemplo, las sedes de los nuevos
juzgados de lo contencioso-administrativo. Para entendernos,
en territorio Ministerio -lo digo así quizá por mi
deformación universitaria de territorio MEC- no transferido,
resulta que todos y cada uno de los locales de los juzgados
de lo contencioso-administrativo están ya previstos
y preparados. Ya verá cómo el 15 de diciembre se colocan
allí los juzgados de lo contencioso-administrativo. Es una
partida importante en el aumento de la electricidad, y no
sólo de la electricidad sino de otras muchas cosas. Es un
ejemplo que le pongo.

En cuanto al capítulo 4, se refiere fundamentalmente a
la asistencia gratuita. Hay un aumento de unos 200 millones
que va a los colegios de abogados, precisamente en
función del número de supuestos casos que se van dando.

Piense que, en un primer año, si mal no recuerdo, bajamos
aquella cifra porque se había previsto -y así fue de alguna
manera- que, con el nuevo sistema de asistencia jurídica
gratuita, donde ya no actúa el órgano jurisdiccional sino
unas comisiones, las peticiones de asistencia jurídica gratuita
iban a ser menos, precisamente porque se era más
riguroso y por el tipo de comisión que lo iba a hacer. He
leído este año un estudio del Colegio de Abogados de
Madrid que demostraba que efectivamente había habido
decremento, pero con una mayor litigiosidad hay que hacer
una previsión de futuro que se ajuste a la posible realidad.

Ésta es la previsión y el aumento de este año, cuando tenemos
datos más fidedignos de lo que va a ser esa asistencia
jurídica gratuita.

Con el capítulo 6 pasa como con el de personal. Usted
me dice que expliquemos qué hacemos con el dinero del
capítulo 6, como si hubiera obras ficticias, como si no se
hicieran obras. He tenido la ocasión, quizás por alguna
deformación profesional anterior, al haber sido vicerrector
de una universidad en obras, de pisar personalmente algunas
de las grandes obras en los lugares oportunos. En lugares
como Cáceres, Palma de Mallorca, Oviedo, Motril en
Granda, había una tradicional promesa de obras que se iban
a hacer en su día, que incluso aparecían en los presupuestos
y luego desaparecían. Nos pasa como con las leyes de desarrollo
y si, al final, usted va a Oviedo, a Cáceres o a Palma
de Mallorca, ve la obra. Además, el grado de cumplimiento
del presupuesto correspondiente a estos meses, en esas
obras y en otras más pequeñas, es altísimo. También se presupuestan
este año obras en Valladolid y Salamanca, sobre
las que hay que hacer un proyecto. Todo en un año no se
puede hacer y por eso recurrimos a períodos plurianuales.

Hay 25 millones previstos para este año y en el siguiente
año habrá los millones correspondientes. Igual ocurre este
año con las anualidades de las tres obras que he mencionado
anteriormente. Por fin se van a hacer Salamanca y Valladolid,
y se hará como se están haciendo las demás. En eso
no tengo ninguna duda. Por fin se empezó a hacer Motril,
aunque la gestiones la Junta de andalucía, por las transferencias.




Dice usted que en el programa 141.B se produce un descenso
relativo y que baja el capítulo de personal. Se lo
explico porque es bastante sencillo. En ese programa, los
gastos de personal decrecen por varios motivos. En primer
lugar, hay unos ajustes de la RPT, debido a las transferencias
a las comunidades autónomas, en 1997, que ascienden
a más de 65 millones de pesetas. También está el coste de
un efectivo, que pasa a otro programa, al 126.D, para darle
más detalles, de siete y pico millones de pesetas. Hay, además,
un ajuste en el complemento familiar para incrementar
el subconcepto de anticipo a personal, que baja con cuatro
millones de pesetas, y otro ajuste de cuotas sociales del
personal, que pasa al programa 313.F, de cinco millones de
pesetas. Por tanto, está perfectamente explicado por qué en
este caso y en este programa disminuye porcentualmente el
capítulo 1, relativo a personal.

Me pregunta de nuevo -el año pasado si no me lo preguntó
a mí fue al subsecretario- ¿por qué hay una subvención
para la Fundación Justicia en el Mundo. Porque consideramos
que lo merece una fundación que tiene su
Presidencia en España, que aglutina a magistrados de cuarenta
y cinco países, que pasan de cien mil y que otorga
todos los años un premio muy prestigioso. Le voy a decir
quiénes componían el último jurado elegido por esa asociación
que al parecer es sospechosa de estar en relación con
aquella a la que pertenece la ministra ,en función de la Presidencia
de la fundación. Además el dinero es para una
estatuilla y para que el jurado se pueda reunir. Ese jurado
estaba compuesto por: Rainer Voss, conocido magistrado
alemán; su majestad, el rey Simeón de Bulgaria; el excelentísimo
señor don Mario Soares, ex presidente de la
República de Portugal; don Federico Carlos Sainz de
Robles, ex presidente del Tribunal Supremo; don Enrique
Silva, ex canciller de Chile; un magistrado norteamericano,
ex presidente de la Asociación de jueces Federales de los
Estados Unidos; Giovani Longo, magistrado de la Corte de
Apelación de Italia, y Mamadou Mansur, magistrado senegalés
y presidente del Tribunal de Trabajo de Dakar. Por
esa conexión española y por el prestigio que tiene, esa asociación
es digna de esa subvención.

En cuanto a las conferencias, las consignaciones son las
previsiones que hay para ese tipo de cuestiones y ahí no
tendría que hacer ningún comentario especial, a no ser que
quiera hacerme alguna otra aclaración.

Respecto a los registros, se está llevando a cabo una
informatización. Una cosa es informatizar la Dirección
General de los Registros y otra informatizar el Registro
Mercantil y el Registro de la Propiedad ,que lo tienen que
hacer los registradores. Eso también hay que tenerlo en
cuenta.

En cuanto al servicio jurídico, le digo el número de plazas
que se han ido creando. Coincido con usted, y lo vamos
a ver con la nueva creación de órganos de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en que incluso aumenta algo
la partida para dietas por la movilidad que van a tener los
abogados del Estado, pero ya quisiéramos que se pudieran



Página 15727



crear más y formar más abogarlos del Estado. Ahí tenemos
un problema distinto. Nosotros hemos creado las únicas
plazas que se han creado en los últimos tiempos: en 1997,
treinta plazas, que ya fueron convocadas y cubiertas;
en 1998, veinte, en este momento se están desarrollando
las oposiciones, y para 1999, 25, que seguirán el mismo
régimen de oposición, y se cubrirán igualmente.

Le quiero hacer llegar la preocupación de que en la
Abogacía del Estado entran menos abogados que salen. En
un determinado momento nos tendremos que plantear el
problema de que se presenta con los abogados del Estado,
porque, anualmente, y según las estadísticas que nos proporciona
el servicio jurídico, quizá porque sus servicios
son muy demandados y mejor remunerados, piden la excedencia
más abogados del Estado de los que entran. Es un
problema, al ser un cuerpo cuya formación no se improvisa.




Respecto a la objeción de conciencia, puesto que ha
sido una pregunta con proyección para las comunidades
autónomas que ha hecho el portavoz del Convergència i
Unió, señor Silva, quiero dar una explicación no muy pormenorizada,
pero sí mencionar algunos puntos del presupuesto,
y así contesto de camino a lo que me ha preguntado
el señor Villarrubia.

En primer lugar, este año el proyecto de presupuestos
sube casi 1.000 millones de pesetas ¿A qué se debe? Ésta
es la primera pregunta: gastos de personal. El incremento
se centra fundamentalmente en el haber en mano, es decir,
en la asignación de las 1.500 pesetas mensuales para cada
objetor de conciencia, análoga a la del soldado en filas.

Tiene como causa el aumento de objetores que van a incorporarse
a la prestación social sustitutoria en el año 1999,
que va a ser mayor que en este ejercicio. Una de las virtudes
de esa Dirección General y de este Ministerio ha sido
que ha ido incorporando más objetores de conciencia y ha
creado más plazas.

Respecto al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios,
el crecimiento del 22 por ciento en gastos corrientes
se debe al incremento en las gestiones a que da lugar. Preguntaba
usted: ¿cómo se aplica la Ley 22/1998, que regula
la objeción de conciencia? Eso se genera por la rotación en
los puestos, porque el tiempo es menor, y al reducirse la
prestación a nueve meses hay un incremento superior al 30
por ciento de las gestiones a realizar con cada puesto, como
manifestación de preferencia, orden de incorporación, suspensión
de actividades, etcétera. Para poder dar respuesta a
ese severo incremento es preciso contar también con una
mayor cantidad de material no inventariable -parece una
tontería, pero no lo es-, como folios, carpetas, etcétera, y
también gastos de envío, de comunicaciones de la Dirección
General y otros.

En ese capítulo también se destinan 12 millones a dietas
y desplazamientos, como consecuencia de la mayor
cantidad de visitas de inspección y control de los programas,
al objeto de conseguir una mayor calidad en el cumplimiento
de la prestación social.

El capítulo de transferencias corrientes -y esto tiene
relación con lo que se me ha preguntado antes respecto a
las comunidades autónomas- recoge transferencias que
se realizan a las entidades colaboradoras, es decir, comunidades
autónomas, corporaciones locales o entidades sin
ánimo de lucro. Por tanto, son consecuencia de puestos con
alojamiento y manutención, del vestuario que las entidades
suministran directamente a los objetores que realmente lo
necesitan para sus actividades -posteriormente, la Dirección
General compensa parte del gasto en que han incurrido
las entidades, por eso, no aparece ahí la partida- de la
formación de objetores de conciencia, de las partidas de
programas presentados, etcétera.

Concretamente, una parte del capítulo se destina -y
con esto respondo al señor Silva-, a las transferencias a
comunidades autónomas. Alrededor de 90 millones se van
a destinar a asunción de funciones en materia de gestión e
inspección de la prestación social por parte de alguna
comunidad autónoma, a través del correspondiente convenio
de colaboración que se suscriba a lo largo de 1999, y
eso al amparo del articulo 12.2 de la nueva Ley de Objeción
de Conciencia; bien entendido que esta cantidad sólo
tiene como objetivo la puesta en marcha de los servicios y
ha sido calculada como parte de gastos de personal y funcionamiento
de la Dirección General, pero si se asumen vía
convenio las otras funciones, como pago de vestuario,
haber en mano, etcétera, se detraería la parte proporcional
de los capítulos afectados y la cantidad podría ser incrementada
sustancialmente según las funciones que se asuman
en el convenio, con los límites que establece la nueva
ley. En este capítulo subrayaría los cien millones de pesetas
que se destinan a formación de objetores. La inversión sube
debidamente, entre otras cosas, para acondicionamiento y
mejora de las instalaciones y para la reposición, muy necesaria
en la oficina de objeción de conciencia, de equipos
informáticos, ya que algunos están obsoletos.

En cualquier caso sería curioso contrastar con todos los
datos en la mano, y a pesar de los ahorros ficticios que
usted me decía, señor Villarrubia, qué cuesta un objetar hoy
y qué costaba, por ejemplo, en el año 1995, sumando las
cantidades y dividiéndolas por el número de objetores. Por
ejemplo, en l995, hubo 45.000 objetores y en 1999,
110.000 objetores, resulta que en 1995 un objetor costaba
al Estado 84.777 pesetas y en 1999 va a costarle 39.136
pesetas. Si a eso se une una mejor gestión, una mayor
incorporación de objetores, 90.000 de media mensual, y
que se piensa que en el año 1999 serán 150.000, porque los
objetivos de 1998 se han cumplido, me parece que el tema
no resiste comparación .

No sé si me he dejado algo sin contestar. En cualquier
caso, en el próximo turno, si ustedes consideran que me he
dejado alguna cosa sin contestar, puedo aclarársela.




El señor VICEPRESIDENTE: Como ha dicho el propio
secretario de Estado, hay la posibilidad de un segundo
turno que no es obligatorio.

Señor Villarrubia, ¿quiere hacer uso de él?



El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con brevedad,
señor presidente.

Agradezco al señor secretario de Estado la respuesta
que nos ha dado. Lamento no poder compartir el optimismo
que se deriva de su lógica situación de miembro del
Gobierno actual.

Le he dicho que había menos dotaciones en términos
relativos, porque si fuera cierta toda esa ingente cantidad



Página 15728



de órganos que usted ha mencionado, más de 400, que no
lo es en el momento actual, confirmaría, sin lugar a dudas,
la insuficiencia presupuestaria en términos relativos. Dice
usted que el cambio de principios y mandatos de la propia
legislación, como el del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, fue propiciado por el propio Consejo
General del Poder Judicial. No vamos a entrar en ese debate,
pero usted conoce perfectamente que pide que se modifique
ese artículo en tanto en cuanto su Gobierno no había
.dotado de- los medios necesarios para dar cumplimiento
efectivo a la ley, y defiende, no obstante, como primer
valor, el de la justicia colegiada. Usted dice hoy aquí que
no hay mayores garantías constitucionales -nadie ha
puesto en duda que haya incumplimiento constitucional-,
pero es la lógica más elemental en el ámbito penal, porque
cualquier profano en la materia a quien usted pregunte
entenderá que da mayores garantías, en un procedimiento
penal, ser juzgado por un tribunal que por un órgano unipersonal,
es decir, por una persona. Creo que eso no resiste
el mínimo análisis.

Habla usted de la herencia -creo que estamos hablando
del presupuesto de 1999-, pero le traiciona el subconsciente
y le bailan las fechas -se lo digo con sumo afecto-,
porque el crédito extraordinario para cubrir
insuficiencias presupuestarias, que ya habíamos denunciado,
es de 12 de diciembre de 1997, que nada tiene que ver
con los ejercicios anteriores, sino con las insuficiencias en
las dotaciones, que ya habíamos denunciado, de su Gobierno,
de sus presupuestos. El presupuesto prorrogado de
1995 va hasta 1996. Este real decreto, no de 5.000 millones,
de 5.895, es de exclusiva responsabilidad de sus infradotaciones
presupuestarias.

Habla usted de creación de más de 400 órganos. No se
caliente tanto al explicarse, porque la verdad es que en el
año 1996 sólo ha habido 40, en 1997, 80 y en 1998 los que
llevamos. No me hable de los que piensan cumplir en el
futuro ni de los 157 del año 1999, que ya veremos. Le he
preguntado por los que han creado. Usted ha ido diciendo
lo que realmente han creado, pero le demostraré con cifras
que hay un alto grado de incumplimiento, porque se ha
olvidado, seguro que conscientemente, de los institutos de
medicina legal. ¿Dónde están? Y de los juzgados de vigilancia
penitenciaria. Habla de prioridades. ¿Es que no es
una prioridad la creación y la puesta en funcionamiento de
estos juzgados? Y de los juzgados de menores, los 32 que
denuncia con vehemencia el Defensor del Pueblo. ¿Es que
eso no es una prioridad? También se ha olvidado de hacer
referencia a la consignación necesaria para combatir la violencia
y malos tratos. Ustedes, mucho titular de prensa,
pero, ¿dónde está la consignación? Supongo que también
involuntariamente se habrá olvidado.

Lógicamente no nos vamos a poner de acuerdo en las
cifras, pero le insisto en que le agradecería -porque no me
ha contestado a todas las preguntas, ya que, lógicamente,
no tiene por qué tener todos los datos en la mano- que me
informara por escrito de todas las transferencias y del
importe de las mismas. Cuando cotejemos este presupuesto
con el del año 1996, al que no he calificado de glorioso
como los que usted pretendía, veremos cómo no priorizan
el servicio público de la justicia, que se ha visto deteriorado,
en términos relativos, en los tres presupuestos que ustedes
han realizado, y la política que llevan con tribunales de
justicia y el ministerio fiscal. Ni su actitud política ni su
tratamiento presupuestario auguran una mejora de la
lamentable situación del servicio público de la justicia. No
podemos compartir su optimismo. Ahí está el barómetro de
opinión de los ciudadanos y es urgente y necesario mejorar
la confianza de éstos en tan esencial servicio público, que
es el corazón del Estado de derecho, porque el deterioro de
estos años no es responsabilidad de Gobiernos anteriores.

Termino con alguna cosita menor, porque no vamos a
entrar en esa discusión. Ustedes incrementan notablemente
gastos corrientes que no son de mejora del funcionamiento
de servicios, como son dietas e indemnizaciones. Me
hablaba usted de la justificación del incremento del capitulo
2 y se ha olvidado de casi 450 millones sólo de dietas e
indemnizaciones por razones del servicio, no ya de las dietas
de tribunales, que estaban en otro concepto y en otra
partida, en estudios y trabajos técnicos de tercero. Habla de
que el aumento de la electricidad es por el incremento de
los nuevos órganos colegiados, casi el 30 por ciento. No
corresponde al incremento en tan sólo un año de órganos
jurisdiccionales, como bien conoce. O el señor Piqué nos
engaña o estamos hablando de una nueva desviación y de
falta de rigor, como hemos venido denunciando. Así es, y
así sucede en el conjunto del capítulo 2. Ustedes lo recortaron
en su primer presupuesto, y no había consignación y
dotación suficiente incluso para tener papel y bolígrafo en
muchos juzgados de este país, por lo que tuvieron que ir al
crédito extraordinario y corregirlo en presupuestos posteriores.

Reconozcan sencilla y llanamente que es así porque
en la dotación para el funcionamiento nos tendrán siempre
de acuerdo.

En cuanto a los tribunales contenciosos -y termino
ya-, claro que hay un retraso. ¿Cómo no va a haberlo en
una ley, la de la jurisdicción contencioso-administrativa,
que ya estaba consensuada en 1995 y a punto de aprobarse
a primeros de 1996? Ustedes la han retrasado notoriamente
precisamente para no tener que cubrir y dotar los gastos
económicos, igual que hablábamos antes de los órganos
personales y los órganos colegiados en el ámbito de la justicia
penal.

Excusatio non petita, accusatio manifesta. Yo pedía
alguna explicación de estas subvenciones, le había preguntado
por dos, transferencias del capitulo 4 y la Fundación
Justicia en el Mundo -me iba por la de médicos, parece
que me llama más la atención; me parece un poquito más
solidaria-. Usted ha dado una explicación que le agradezco,
pero no había llegado hasta ahí mi interés.

Le agradezco que reconozca la carencia de abogados
del Estado, pero seria bueno no sólo reconocer, sino resolver
-y se lo digo en buen tono-. Como bien dice usted,
entran menos de los que salen y, además, el volumen de
trabajo es notablemente superior en los últimos ejercicios.

No se lo digo como critica, sino para aportar una solución
que empieza-a ser ya-perentoria y urgente.

Nada más. Le agradezco de nuevo la atención de contestar
a las cuestiones que le hemos planteado, en general
al menos, y le requiero nuevamente que sea tan amable de
mandar por el conducto de la Cámara la información escrita
que le hemos recabado.




Página 15729



El señor VICEPRESIDENTE: Señor secretario de
Estado, cuando quiera.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
(González Montes): Efectivamente había alguna cuestión
que se me había pasado involuntariamente, dado el
número de temas que se han planteado.

Juzgados de menores. ¡Cómo vamos a presupuestar
para el año 1999 los juzgados de menores! Tendrían ustedes
razón en decirnos: ¿qué están haciendo ustedes?
¿Cómo van a presupuestar, con una ley que no ha llegado
al Parlamento, los juzgados de menores, con equipos complejos,
que luego tienen que intervenir las comunidades
autónomas y cuya proyección razonable habrá que hacer
para el año 2000? Esto liga con otra de las cosas que me
dice usted: que hay retraso de la ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa por el problema presupuestario. En
absoluto. Recuerdo que en el proyecto anterior que ustedes
trajeron al Parlamento, en un sólo año se pretendía crear
todos los juzgados de lo contencioso-administrativo. Aparte
del problema presupuestario -que no es el más importante-
usted no puede hacer eso en un sólo año porque no
va a tener formados los jueces suficientes para poder
impartir justicia en ese ámbito especializado de la jurisdicción
contencioso-administrativa. ¿Qué es lo razonable? Lo
razonable es hacerlo como lo hemos hecho nosotros, a tres
años. Y le voy a dar una satisfacción: tres años que no son
realmente tres años. En el año 1998, en diciembre, y en
cuanto cumpla la ley su vacatio legis, entran en funcionamiento
65 -63 más 2-, unipersonales, provinciales y
centrales. En el año 1999, al final del primer trimestre, van
a entran en funcionamiento 89 más. Me parece que esto es
bastante razonable, y ahí está la consignación presupuestaria
para eso. En el año 2000 se completa esa planta con
veintitantos más. Son 180, que no tiene precedente; exactamente
lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial
-y vuelvo a aludirlo- en uno de sus acuerdos concretos
que hacían falta, 180 juzgados de lo contencioso-administrativo.

Por tanto, de retraso, nada.

No quiero utilizar mi ventaja de procesalista en este
momento ni hacer una comparación entre la ley que usted
decía, consensuada en la legislatura anterior, y la ley que,
primero, lleva el Gobierno al Parlamento y luego sale del
Parlamento -en cuanto a la ley de la jurisdicción contencioso
administrativa-. Hay diferencia, incluso de principios,
de conceptos y de organigrama, muy muy importante.

No quiero entrar en eso, pero esta ley no es la misma ley; si
quiere le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el acto
político exento del control jurisdiccional, el procedimiento
abreviado, los juzgados centrales, y otros muchos que le
podría poner a lo largo del procedimiento y otras muchas
cosas. Tampoco me parece que sea éste el trámite oportuno
para hacer un alarde de conocimiento de la ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

La violencia doméstica. Efectivamente, se me había
pasado contestarle. Lógicamente, cuando usted plantea una
partida presupuestaria o dónde está en el presupuesto, está
claro que no está la violencia doméstica, como no están los
juzgados de menores, en un apartado del presupuesto que
diga violencia doméstica. Desde otra perspectiva, si usted
cuenta los aumentos que se hacen en plazas de jueces y
magistrados, también un buen número de primera instancia
e instrucción, si ve las plazas de fiscales, unidas a los cursos
que en el centro de la Administración de justicia se
imparten como especialidad a los fiscales, si ve la repercusión
del presupuesto en el ministerio fiscal -hoy no estaba
don Pablo Castellano, si no, seguro que me lo hubiera preguntado-,
por aquello de que todavía no es posible la partida
autónoma, etcétera, cómo que no hay presupuesto para
la violencia doméstica! La violencia doméstica no es sólo
de hoy, viene de atrás y no ha variado mucho en la estadística.

Afortunadamente hacia más, aunque desafortunadamente
esta ahí, en primer lugar. En segundo lugar, por este
Gobierno se han adoptado medidas en conjunto, no sólo
por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia y
por el Ministerio de Trabajo en la Secretaria General de
Asuntos Sociales que tampoco tienen precedente. Sólo en
cursos de formación ya desarrollados en este año, ha habido
en mayo y junio cuatro cursos distintos para fiscales y
médicos forenses en el Centro de Estudios de la Administración
de Justicia; ya en este año, hay otros muchos que se
van a desarrollar el año que viene.

En cuanto a la Oficina de Asistencia a Víctimas de la
Violencia -se lo digo con detalle-, desde el 7 de mayo
están en funcionamiento las oficinas de Oviedo, Zaragoza,
Albacete, Valladolid y Murcia; además, la de Palma de
Mallorca que estaba desde 1997 y, antes de fin de año, se
van a poner en funcionamiento las de Madrid, La Rioja,
Pamplona, Toledo, Badajoz, Ceuta, Melilla y Salamanca.

El total de oficinas para este año es: las 12 prevista en el
convenio que firma el Ministerio de Trabajo y el Ministerio
de Justicia, más la de Palma de Mallorca de 1997, más las
que se van a crear en 1999. En cuanto a medidas legislativas,
puesto que la violencia doméstica no sólo se traduce
en la repercusión presupuestaria, ya saben ustedes cuáles
son: la reforma del Código Penal, en determinados
artículos, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre todo desde la perspectiva de las medidas cautelaros.

Esa reforma se examinó en el Consejo de Ministros
hace un par de semanas, está en el Consejo General del
Poder Judicial y va a tardar muy poco en venir aquí. Sigo
diciendo que este es un tema no sólo de ahora, aunque
ahora haya una mayor conciencia social, lo cual es bueno
para las denuncias, que aumentan y, por tanto, se conocen
más casos que antes. Podría seguir diciéndole cosas sobre
la violencia doméstica incluso en cuanto al cumplimiento
de los compromisos del Gobierno en términos generales,
pero no creo que éste sea el trámite oportuno.

Finalmente, los institutos de medicina legal. Tiene usted
que tener en cuenta la repercusión del presupuesto en los
institutos de medicina legal, que se van a crear y que han
comenzado a crearse en 1998 -como los de Cartagena,
Murcia, Zaragoza, Ávila, etcétera, son cinco-, (Termina
el señor González.) en primer lugar por la creación de plazas
y, en segundo lugar en el capítulo VI, en inversiones,
donde dentro del aumento que se produce de los tres mil y
pico millones, también está la previsión de la obra de esos
institutos de medicina legal, etcétera. Claro que tienen una
repercusión presupuestaria, y verá usted cómo se hacen los
institutos de medicina legal programados. Este es el hecho.

Si usted me pudiera decir ahora mismo que hay una obra
que no se ha hecho o que tenía usted del año pasado o que



Página 15730



no se ha iniciado o que no se ha gastado el presupuesto previsto
para ella, dígamela. Se lo vuelvo a repetir. Se lo dije
el año pasado, pero le vuelvo a repetir este año que me diga
una, porque me parece que no la hay.




El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor González
Montes. Con esto termina la comparecencia del secretario
de Estado de Justicia, y le agradecemos la contestación
de las preguntas que le han formulado. Voy a suspender
muy brevemente la Comisión para despedir al secretario de
Estado y recibir al subsecretario de Justicia. (Pausa.)



- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
(GARCÍA MENA), A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO
(número de expediente 212/001534), DEL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de
expediente 212/001568) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)
(Número de expediente 212/001649).




El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a la segunda
comparecencia prevista en la Comisión, que es la del subsecretario
de Justicia, a petición de los grupos Popular,
Mixto y Catalán. Damos la bienvenida al subsecretario de
Justicia, don Ramón García Mena, por su comparecencia
en la Comisión.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor
presidente, por anteponerme en el uso de la palabra. Quiero
aprovechar para...




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ollero, en el
orden de las peticiones de comparecencia el primero es el
Grupo Popular.




El señor OLLERO TASSARA: Me alegra que en esta
ocasión sí motive su decisión. Quiero expresar mi protesta
formal por haberme impedido intervenir en el turno anterior,
sin que la mesa de esta Comisión haya tenido arte ni
parte en esa decisión. Deseo que quede constancia de ello y
también como precedente para el año que viene, porque
puede ser un precedente sagrado, por lo que quiero que
quede constancia de mi opinión contraria a esa decisión
por falta de motivación razonable.




El señor VICEPRESIDENTE: Estoy seguro de que
los taquígrafos han tomado buena nota de su intervención y
constará en el «Diario de Sesiones».




El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, voy a dar
la bienvenida, en nombre de mi grupo, al señor subsecretario,
a quien quiero hacer algunas preguntas sobre este presupuesto.

Lógicamente, vamos a hablar de los gastos del
año que viene, no de los del año 1995. Aunque yo sé que
S.S tiene buena memoria, no le voy a poner en ese brete.

Son unos presupuestos que no sé si son suficientes o no
porque no se ha definido aquí el concepto de suficiencia
presupuestaria, que es un concepto bastante complicado. Si
se hubiese establecido un dintel de suficiencia, podríamos
contablemente, que es lo que se hace en presupuestos, razonar
sobre el particular. Comparando estos presupuestos con
los del año anterior, que es lo que se suele hacer en estos
casos, quisiera que me confirmara si no ha habido ningún
tipo de transferencia que desvirtúe ese juego comparativo.

Hemos tenido aquí unas bizantinas discusiones sobre transferencias,
cuando -si este portavoz está bien informado-
no hay transferencias de las que hablar en este caso, a Dios
gracias, porque eso complica muchísimo los debates presupuestarios,
en la medida en que los términos de comparación
no son homogéneos. En ese caso parece que ha habido
un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior,
mientras que el año anterior, una vez depuradas las transferencias
-que sí las hubo respecto al ejercicio de 1997-,
el incremento ha sido del 9,6, si no recuerdo mal. Me gustaría
que me explicara, más o menos en lineas generales,
hacia donde va dirigido ese incremento del 11 por ciento, si
es que es exacto mi planteamiento.

En segundo lugar, respecto a la evolución del personal,
yo dispongo de algún dato aislado -y además lo ha confirmado
el secretario de Estado-. Por ejemplo, entre 1993
y 1995 se crean 128 plazas de jueces y magistrados, mientras
que en el trienio de 1997-1999 se crean 370, es un ligero
incremento del 189 por ciento, si las matemáticas no me
engañan. Pero aparte de jueces y magistrados -no sé si
esto es suficiente o no, pero es el 189 por ciento más que en
el último trienio de gobierno socialista-, yo quería preguntarle
sobre otros cuerpos de la Administración de justicia,
cuál ha sido la evolución, utilizando esta serie de años,
en lo relativo a forenses, que algo tendrá que ver con el
lamentable problema del maltrato a la mujer, y en lo relativo
a los fiscales, que en el bienio 1994-1995 la cifra permite
una comparación muy simple, porque la creación de plazas
de fiscales fue cero, lo facilita a los de letras que
podamos sumar y restar con bastante facilidad.

En tercer lugar, respecto a las inversiones reales, que se
refiere a los medios a disposición de la justicia, comparando
el presupuesto de 1999 con el de 1998 se observa un
incremento, si no me equivoco, del 83,76 por ciento. No sé
si es suficiente o no, pero yo me apuntaría a que el año que
viene fuera también del 83,76 por ciento. Quisiera saber el
destino fundamental de esas inversiones.

En cuanto al apartado relativo a la objeción de conciencia,
y se ha dado en la intervención anterior del secretario
de Estado un dato elocuente respecto a la gestión de ese
capitulo, en el año 1995 un objetar costaba 84.777 pesetas.

Quizás por aquello de la prima de vestuario indiscriminado
para todos -que, como usted y yo sabemos, se traduce en
la existencia en el Ministerio de facturas de grandes almacenes
destinadas a cacerolas o a biquinis-; eso ha desaparecido
ya y ahora sólo hay vestuario para el que lo necesite,
por la función que desempeña, porque una cosa es vestir al
desnudo y otra vestir al objetar. Yo desearía que me explicara
cómo se ha conseguido esa rebaja en el costo por objetar,
que pasa de 84.777 pesetas a 39.136 pesetas, que a vuelapluma
parece que es menos de la mitad; yo afirmaría que
es menos de la mitad.

En cuanto al jurado, quisiera preguntarle si hay datos
disponibles sobre lo que se ha invertido por este concepto



Página 15731



en los años anteriores. Creo recordar por algunos debates
que hemos tenido que en 1997 fueron 40 millones de pesetas
los que se gastaron por este concepto y en el presupuesto
de 1998 figuraban 270 millones, que ahora se mantienen.

Quisiéramos que nos diera algún dato sobre los gastos
reales, porque supongo que el presupuesto se hará con arreglo
a lo que realmente se gasta, y no simplemente por
gastar.

Entrando en detalles más concretos, voy a preguntar
por algo que se me había planteado por un ciudadano, y es
que respecto a los medios auxiliares con los que tiene que
contar la Administración de Justicia, a veces se plantean
problemas de servicios de interpretación y de peritaje. En
ocasiones se producen dilaciones procesales como consecuencia
de la falta de estos medios, por lo que le pregunto
si hay alguna previsión respecto a esto en los presupuestos.

Por último, como soy diputado por Granada, quería
hacerle una pregunta sobre la empresa que lleva a cabo la
rehabilitación de los juzgados de Guadix, que se queja de
que no le pagan. Quisiera saber si en la transferencia que se
hizo a la Junta de Andalucía se incluyó el coste previsto de
las obras de rehabilitación o si hay alguna cantidad- que
le quede por pagar al Ministerio.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la
representante del Grupo Parlamentario Mixto, señora
Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: La verdad es que es
un lío de comparecencias, porque las cosas que íbamos a
preguntar al compareciente actual las ha contestado también
el compareciente anterior, y las hemos dado por contestadas.

Ha habido además algunas cuestiones que ya ha
formulado también el señor Ollero respecto al jurado y a la
objeción de conciencia, pero hay algo que yo le voy a preguntar
porque no lo ha contestado el anterior compareciente
y porque queremos saber en qué se gasta el dinero, es
decir, cuál es el contenido de algunas partidas.

Por ejemplo, hay una partida que se llama actividades
relacionadas con el estudio, promoción y defensa de los
derechos de libertad religiosa, con 8.500.000 pesetas, y nos
gustaría saber cuál es el contenido real de la partida, más
que su cuantía. También ha hecho una referencia a la Fundación
Justicia en el Mundo en la anterior comparecencia,
pero como no sabemos en qué página aparece para formular
preguntas, vamos a renunciar a hacerlas. Lo que pasa es
que aunque se ha formulado por el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la anterior comparecencia, no se
ha dado contestación a la partida de la libertad religiosa,
que queremos conocer no tanto por saber si es o no justa,
sino más bien por saber cuál es la finalidad de esta partida.

Se ha hablado también de fiscales y de juzgados y sabemos
que los incrementos presupuestarios son muy altos,
pero me imagino que será por la creación de los nuevos
centros que se tienen que hacer, de los juzgados de la jurisdicción
contenciosa, del personal que hay que contratar, y
lo que me preocupa es la ubicación de estos juzgados. ¿Hay
alguna previsión de unificarlos? Porque ahora mismo se
han abierto algunos en Madrid en plena Gran Vía. ¿Usted
sabe lo que es abrir ocho juzgados, dos de familia, en plena
Gran Vía, separándolos de los otros de familia? Esto supone
para los profesionales y para la gente en general una dispersión
tremenda. Me gustaría saber si el Ministerio contempla
esta situación, porque pienso que cuando se hagan
transferencias a las comunidades autónomas, por ejemplo,
en Madrid se podrá concretar más y estudiar la cuestión,
pero me preocupa la dispersión, que está provocando grandes
trastornos a los ciudadanos, que aparecen en unos juzgados
y luego tienen que ir a otros. Yo creo que estas cosas
hay que cuidarlas, y por eso pienso que no sólo hay que
hablar de números, que son importantísimos, sino también
del enfoque de la justicia al servicio de la ciudadanía, que
me parece muy importante.

También tengo que decir que no creo que en este presupuesto
se hayan previsto las situaciones que queremos
encontrar para prevenir los malos tratos, etcétera. Creo que,
habiendo fiscalías, lo que hay que plantear es que se especialicen
los sistemas que no hay, y no que se creen nuevos,
sino que todos tengan la sensibilidad necesaria para hacer
frente a esta cuestión. ¿Están previstos en estos presupuestos
de alguna manera los planes contra la violencia doméstica
que elaboró el Gobierno en el mes de marzo o los que
nos van a traer ahora, que están sin desarrollar, o está más
bien previsto lo que ya está concretado, como nos ha dicho
el anterior compareciente? Nos gustaría saber en qué linea
de inversión o en qué ciudades están previstos estos planes,
porque yo no lo he visto en los presupuestos.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.




El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy a plantear dos cuestiones
muy concretas, aunque requieren una cierta introducción.




En la comparecencia del señor secretario de Estado, el
señor Villarrubia había hecho referencia a hipotéticas partidas
presupuestarias que pudiesen necesitar la aplicación de
la ley de responsabilidad penal o responsabilidad del menor
o justicia juvenil o como lo queramos llamar. La preocupación
de mi grupo -incluso fue uno de los motivos de solicitar
la comparecencia del señor fiscal general del Estado-
radica en dos o tres aspectos fundamentales: por un
lado, el anuncio que ha efectuado aquí el secretario de Estado
de que ese proyecto de ley está a las puertas del Congreso,
como estaba al parecer Aníbal a las de Roma en su día;
por otro lado, es cierto que se produce una modificación
muy importante en cuanto a la instrucción de los procedimientos
en lo que supone de atribución de mayores competencias
y, por lo tanto, exigencia de mayores responsabilidades
al ministerio fiscal. Por todo ello, la pregunta que le
hago es si se ha contemplado en estos presupuestos y en las
partidas que pudieran corresponder -que todavía no
somos capaces de examinar porque no aparecen separadamente
del ministerio fiscal-, las necesidades para el
año 1999 de mayores dotaciones, en principio, desde luego,
de personal, pero también de material, porque lo que es
cierto es que si el fiscal va a a tener que tomar declaración
en esa instrucción a menores necesitará dependencias en
las que esto pueda efectuarse correctamente, y no parece
normal que entren por la misma puerta estos menores y
otros sujetos respecto de los cuales el ministerio fiscal, en



Página 15732



diligencias preliminares o previas a la interposición de querellas,
pueda estar tomando también declaración u otras
circunstancias. Por lo tanto, la pregunta que le hago es si el
Ministerio ha contemplado en los presupuestos para 1999
la previsible entrada en vigor de esta ley, con la necesidad
de dotaciones al ministerio fiscal o si, por el contrario, el
planteamiento es que no entraría en vigor esa ley para el
año 1999 y que, por lo tanto, tendríamos que prever sus
efectos para el año 2000.

La segunda pregunta que quiero formular se refiere a
que saben SS.SS. que una enmienda reiterada por mi grupo
a los Presupuestos Generales del Estado hace referencia a
la distorsión que se ha producido en la financiación de las
competencias asumidas por la Generalitat en materia de
justicia, motivada por la transferencia de esas competencias
y su valoración en un momento en el que los juzgados
y tribunales gozaban de franquicia de Correos y la modificación
posterior y la eliminación del sistema de franquicia,
con lo cual los servicios de Correos para los juzgados y tribunales
de Barcelona están en estos momentos en una
situación de cuasi huelga que hay que arreglar. Lo que es
cierto es que hemos ido planteando nuestras enmiendas reiteradamente
a los proyectos de Presupuestos Generales del
Estado respecto a la necesidad de financiar las correspondientes
partidas, y la respuesta en general ha sido casi invariable
en el sentido de que no parece el instrumento técnico
más adecuado la enmienda a los Presupuestos Generales
del Estado y que, en su caso, debería ser una mayor valoración
de un servicio transferido que se produjese en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero lo cierto
es que también nos encontramos año tras año con esa
misma situación y, desde luego, en los juzgados y tribunales
de Barcelona, concretamente desde la Sala de lo Contencioso
Administrativo estamos recibiendo ya señales de
auténtica alarma, porque al no existir allí estafeta de Correos,
como sí existe en el Palacio de Justicia, los servicios de
correos no comparecen para la retirada de la correspondencia.

Por lo tanto, me gustaría conocer cuál es el planteamiento
que hace el Ministerio y si se refleja en algún caso
en los Presupuestos Generales del Estado para 1999.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor subsecretario,
tiene usted la palabra para contestar a las preguntas que le
han formulado los grupos que han solicitado su comparecencia.

Cuando usted quiera.




El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (García
Mena): Señor presidente, como en ocasiones anteriores,
representa para mí un honor permanecer en esta Comisión
y dentro de esta Cámara, aunque sólo sea por un rato, para
contestar a las preguntas de sus señorías.

Señor Ollero, efectivamente, el presupuesto no sólo
sube el 11, sino el 11,7. Tengamos en cuenta que los porcentajes,
y eso lo sabe S.S., sobre todo cuando pasan del 5,
empiezan a ser importantes aunque no llegan a la unidad.

Sube el 11,7 y realmente el año pasado, en términos homogéneos,
lo que significaba no tengamos en cuenta las transferencias
y veamos lo que sube el presupuesto; subió el 9,7.

Este año, el hecho de que suba el 11,7 incluye unas pequeñas
transferencias que se han hecho a Cataluña y a Galicia
por valor de 94 ó 95 millones de pesetas; si disminuimos
esta conferencia en términos homogéneos, sería el 11,65.

Efectivamente, el presupuesto ha subido de forma importante
en relación con el anterior, lo que, en términos de créditos,
supone 15.500 millones de pesetas en la evolución
del personal del anterior cuatrienio, de 1995 y 1996 a 1999
o, si se quiere, de 1997-1999. En el año 1994, por hablar de
cifras completas, es decir, oficiales, auxiliares, agentes
laborales, secretarios judiciales, forenses, fiscales, magistrados,
jueces y todo el personal que interviene en la Administración
de justicia, se crearon 283 plazas; en el año 1995,
324; en el año 1996, 433; en el año 1997, 329; en el
año 1998, 1.407 y en el año 1999, 1.460.

Con independencia de jueces y magistrados, es decir,
otro personal, oficiales, auxiliares y agentes, incluso si se
quiere también con la inclusión de lo que corresponde a los
secretarios de la Administración de justicia, las cifras son
las siguientes. Por poner un ejemplo de dos años anteriores
y de dos años finales, en 1994-1995 se crearon 133 plazas
y en 1998-1999, 565 en cuanto a oficiales. En los mismos
períodos, auxiliares: 210-851; agentes 109-558; laborales:
0-273; secretarios judiciales: 54-234; forenses: 0-71; fiscales:
18-64; magistrados: 71-239 y jueces: 17-12. Es decir,
que, como he leído en un «Diario de Sesiones» de hace
pocos días, en el cuatrienio anterior se crearon 195 plazas
de jueces o magistrados y en el cuatrienio que va de 1996
a 1999, 372.

Inversiones reales. Cuando se examina un presupuesto,
la verdad es que los gastos corrientes, los gastos del capítulo
2 tienen que subir, sobre todo cuando hay una creación
de órganos judiciales, como es lo previsto, por ejemplo,
por parte del Ministerio para 1999: 111 órganos judiciales,
a donde irán 111 de las plazas; seis secciones de audiencia,
a donde Irán 18 y ocho adscripciones, a donde Irán otras
ocho, es decir, 26, lo que suma las 137 plazas que se indican
en todos los datos que se están dando y, por supuesto,
en la memoria del presupuesto. Esto siempre sube el presupuesto
en el capítulo 2 y se produce una alarma, cuando no
se ve que, efectivamente, es que se atienden nuevos servicios
por muchas economías que se hagan y por mucho que
bajen algunos recibos, sean de los servicios que sean. No
importa cuando el presupuesto va a ir a inversiones, pero sí
importa el tener los créditos para que vayan a inversiones,
es decir, cuesta mucho, como es lógico, justificar y obtener
un presupuesto bueno para el capítulo 2, pero también
cuesta mucho tener un presupuesto bueno para el capítulo
6. En este sentido, el presupuesto, con relación al año anterior,
a 1998, ha subido en inversiones reales el 83,76 por
ciento; de ese porcentaje, que se refiere a todo el departamento,
el mayor aumento de los créditos lo ha supuesto el
programa de los tribunales de justicia y, con un 87,3 por
ciento.

¿Dónde van estas inversiones? Nosotros tenemos un
libro donde por comunidades autónomas y por provincias
se establece lo que se llama generalmente el programa de
inversiones públicas, el PIP, es decir, son aquellas previsiones
que tenemos ya no sólo de lo que arrastramos, sino a su
vez de aquello nuevo que se trata de crear. Así, concretamente
para la anualidad correspondiente a las tres grandes
obras que tenemos actualmente en marcha, Oviedo, Cáceres
y Palma, se destinan 1.256 y pico millones de pesetas;
para edificios de equipamiento para nuevos órganos judiciales,



Página 15733



incluida la jurisdicción contencioso-administrativa,
-que, como SS.SS. conocen y ya se ha dicho aquí, 65 se
crean y funcionan este año, pero el año que viene va a haber
otros 89 que van a entrar en funcionamiento el 1 de
abril-, se destinan 1.520 millones largos de pesetas; para
los institutos de medicina legal, que también ha salido -en
eso tenía razón la señora Almeida, salen las preguntas y las
contestaciones-, los institutos de Zaragoza y Burgos, el
Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza, San Vicente de
la Barquera, Jaca, Cartagena y otros, 719 millones; para
equipamiento informático, que va unido dentro de las
inversiones para órganos judiciales y fiscales, 1.571 millones
de pesetas. En relación con la informática y el efecto
2000, ya saben ustedes el problema que se plantea, es conocido,
no voy a insistir en ello. Nosotros tenemos un problema
y es que hay instalaciones informáticas antiguas en
órganos judiciales; las instalaciones que nosotros estamos
implantando desde luego llevan el efecto 2000 incluido,
pero las antiguas, y todavía quedan bastantes con aquel
viejo proyecto, van a hacer que antes del 31 de marzo tengamos
que prepararlo porque hay un acuerdo del Consejo
de Ministros con estas prescripciones para prepararlos y
que tengan el efecto 2000. El compromiso del Ministerio
es que, antes de que acabe el año 1999, esté informatizada
toda la oficina judicial y, por lo tanto, tendremos que sustituir
lo que ahora vamos a arreglar. A eso se destinan 389
millones de pesetas. Para reforma de edificios judiciales en
varias comunidades autónomas, 1.258 millones y para
suministro y equipamiento, 500 millones. Eso en cuanto a
inversiones.

Objeción de conciencia. Yo diría que la gestión y la no
entrega del vestuario indiscriminadamente es clave para
que se haya podido rebajar con esas cifras -son reales las
que tomó el señor Ollero- el coste por objetar.

¿Por qué digo la gestión? Porque no es igual tener
setenta y tantos mil objetores reconocidos que 150.000,
que es lo que se prevé para el año que viene. No es igual
tener en el mejor de los supuestos algo así como treinta y
tantas o 40.000 plazas de objetar que tener 122.000, que
son con las que vamos a contar, por lo que pensamos, estamos
casi seguros (el cálculo es a la baja), que vamos a tener
mensualmente una media de 90.000 objetores haciendo la
prestación social. ¿Qué significa esto? Que incluso con la
aplicación de la nueva Ley de la objeción de conciencia y
de la prestación social sustitutoria, al tener una duración de
nueve meses no va a permitir ganar un trimestre, es decir,
que en esas 120.000 plazas, entre el tránsito y el no tránsito
de los nueve meses al comienzo del otro grupo que empiece
a su vez en ese período de tiempo, algún tiempo siempre
se pierde, por lo que no podemos decir que vamos a tener
de media las 120.000 plazas mensualmente, sino que la
media, por eso digo que está calculada a la baja, va a ser de
90.000. Es decir, con el mismo personal, con los mismos
funcionarios que se estaba gestionando lo que eran relativamente
pocos objetores se ha asumido el aumento producido
en el año 1998, con más del 30 por ciento de solicitantes
de la objeción de conciencia.

El Jurado. Efectivamente, en el año 1997 se destinaron
40 millones. Yo pregunté hace unos días y me contestaron
que, a 30 de septiembre, se habían invertido o pagado, porque
estaba justificado, 39 millones.

Seguimos manteniendo 270 millones porque no queremos
dar la sensación de que con ello pensamos que va a
haber menos juicios del tribunal del Jurado. No, no, habrá
los que haya pero, desde luego, nos va a seguir sobrando en
ese concepto presupuestario si es que los juicios de tribunal
del Jurado siguen el ritmo que han seguido hasta ahora: 40
millones en el año 1997, 39 millones a septiembre de este
año. Vamos a suponer que el trimestre que queda fuese algo
superior, eso supondría que estaríamos hablando de 45 ó
50 millones de pesetas. Hoy por hoy tenemos suficiente,
mientras no se demuestre, al final de 1998 o en el propio
año 1999, que esas cantidades son insuficientes.

Me preguntaba también por los servicios auxiliares. El
Ministerio de Justicia tiene muchas preocupaciones, obviamente,
y una de ellas es el problema que puede plantear y
que de hecho plantean los medios auxiliares que se refieren
concretamente a peritaje y a interpretación. Entre 1997
y 1998 se crearon 42 ó 43 peritos y algo así como 20 ó 21
intérpretes. Sí estoy seguro es de la cifra del año 1999: 16
peritos y 16 intérpretes, dentro de las plazas que SS.SS. ya
conocen porque aquí se ha dicho, del personal laboral que
se dota por medio del presupuesto de 1999. Esa es la previsión
que tenemos, y suponemos que lo llevaremos a efecto
a principios de 1999.

Tema de Guadix. Hay dos clases de transferencia de
medios, por lo menos por lo que se refiere a la Administración
de justicia, no sé si sucederá lo mismo en los otros
sectores de la Administración, las que se refieren a la
Comunidad Autónoma de Cataluña y las que se refieren a
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el año 1990, el
decreto de transferencias a la Generalidad de Cataluña establecía,
al igual que se establece con todas, como es lógico,
que la creación de nuevos órganos judiciales es de la Administración
del Estado, como no puede ser de otra manera,
pero en Cataluña se decía que la instalación y el funcionamiento
de los nuevos órganos sería con cargo a créditos
que se reservasen en el presupuesto del Ministerio de Justicia,
y que, por la vía de la sección 32, se pasasen por el
Ministerio de Economía y Hacienda, otra cosa es que luego
se hayan puesto en el caso que ha supuesto el capítulo 7 del
propio ministerio y se hayan transferido. Esto significa que,
en-aquel momento, la Comunidad Autónoma de Cataluña
no percibió una sola peseta por el concepto 620, que es de
obra nueva y que supone el 80 ó el 85 por ciento de todo el
crédito de inversiones, y sólo recibió la reposición. Además,
hay un acuerdo complementario del año 1994, en el
que se fijan unos módulos muy detallados (de metros cuadrados,
de construcción, de alquileres, de lo que valen los
servicios generales de calefacción, etcétera), y con arreglo
a esos módulos por parte de la Administración del Estado
se crean determinados órganos en Cataluña y se justifica
por la Consejería correspondiente que se ha gastado porque
ya están incluso en funcionamiento y tienen que percibir
determinada cantidad. Las restantes comunidades autónomas,
por supuesto, la creación por la Administración del
Estado, pero han percibido la totalidad puesto que se comprometen
a la instalación y al funcionamiento y no queda
en manos de la Administración del Estado soportar su
coste, por lo que se hace una transferencia.

Diferencia entre comunidades autónomas cuyo sistema
de financiación propuesto por el Gobierno, llamemos unificado



Página 15734



por el número de ellas, y las que no lo tienen. En las
primeras sería difícil precisar cómo se financia la parte que
corresponde a justicia, educación, etcétera, pero no cabe
duda que aquellas que siguen con el sistema anterior es
muy fácil de precisar porque, a través de la sección 32,
entes territoriales, figura la cantidad que se les transfiere.

¿Qué pasa con Andalucía? En Andalucía se traspasa en el
año 1997 y con efectos 1.º de abril. Andalucía pide que se
siga gestionando por el Ministerio hasta el 1.º de octubre
todo aquello que no era inversiones y que las inversiones
se sigan gestionando por el Ministerio hasta el 31 de
diciembre. ¿Qué ocurre entonces el 31 de diciembre? Que
el Ministerio había invertido las cantidades a que se había
comprometido por las obras, algunas de las cuales ya se
han mencionado -por ejemplo Motril y ahora se menciona
Guadix-, que se pusieron en marcha por el Ministerio
antes de gestionarlo la Comunidad Autónoma de Andalucía
y se fueron pagando las certificaciones oportunas; el
resto, que no estaba comprometido, se había transferido a
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al final, como
lamentablemente ocurre muchas veces, que si las lluvias,
que si se encuentran los terrenos con unas características
no apropiadas para la construcción que se trata de proyectar,
había un remanente de trescientos y pico millones que
se han transmitido al Ministerio de Economía y Hacienda y
no sé si éste habrá liquidado ya, supongo que sí, esos trescientos
y pico millones que nosotros habíamos detraído de
nuestro presupuesto para abonarlos puesto que no nos
correspondían porque eran de Andalucía. ¿Qué significa
esto? Que si el año pasado fueron 1.451 millones de inversiones
lo que se traspasó a Andalucía, excepto aquello que
nosotros invertimos y la diferencia, 1.451 millones más el
5,7 por ciento del PIB les ha transferido el año 1998 el
Ministerio de Economía y Hacienda. No sé si en los presupuestos
de la citada comunidad autónoma, en aquel concepto
de la Consejería de Justicia, figuran o no figuran
como inversiones 1.451 millones (que serían más, 1.650 ó
1.700), eso no lo sé, pero desde luego la finalidad es inversiones
Administración de justicia y ahí, en esa cantidad, sí
está Guadix, al igual que está Motril y otros. Las obras se
comenzaron por parte del Ministerio, y hay más cantidades
todavía que superan las que le pueda corresponder al pago
de Guadix. Es decir, no debemos nada de Guadix, obviamente,
ni creo que deba tampoco el Ministerio de Economía
y Hacienda.

La señora Almeida habla del Jurado, de la objeción de
conciencia y me pregunta por las cantidades que se incluyen
en concepto de libertad religiosa. Ahí hemos hecho un
cambio. Como ustedes saben, la Secretaría General Técnica
y la Dirección de Asuntos Religiosos no tienen programa
propio, los dos programas teóricos que podrían ser pero
que por su cuantía no lo son están actualmente dentro del
artículo 1, servicio 01, Dirección y Servicios Generales de
Justicia. ¿Qué presupuestamos para el año 1998? Varias
actividades para que fuesen gestionadas por la Dirección
General de Asuntos Religiosos, entre ellas un congreso que
pronto va a comenzar en Toledo, el mes próximo, y una
serie de becas, por valor de 8.500.000 pesetas, cuya convocatoria
se hizo pública en el «Boletín Oficial del Estado» y
a la que se presentaron aquellos que quisieron para la realización
de un determinado trabajo que proponían, solicitudes
que fueron examinadas por una comisión seleccionadora
y cuya adjudicación también fue publicada en el
«Boletín Oficial del Estado». En realidad no se les puede
llamar becas, llamémosle ayudas de investigación o ayudas
para trabajos, pero en cualquier caso, fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» y fue una convocatoria abierta
a todo aquel que reunía los requisitos y cuyo proyecto, con
más o menos cantidad, era calificado de valioso o de posible
interés.

Ya se-ha hablado de la justicia en el mundo; no cabe
decir cosas nuevas por la precisión del secretario de Estado
que me ha precedido.

Previsión de nuevos juzgados. Cuando en el ejercicio
de 1999 tenemos dotación para 111 nuevos juzgados, si
unos van a entrar en funcionamiento el 1.º de abril y otros
durante el ejercicio, lo primero que hacemos es buscar ubicación
para esos juzgados. Por lo que se refiere a Madrid,
decía S. S. que había unos juzgados de familia o de primera
instancia en Gran Vía; hay cinco y están provisionales,
porque el edificio de Gran Vía va a albergar a 33 juzgados
de lo Contencioso; los 33 que van a existir en Madrid, van
a estar en el edificio de Gran Vía. Efectivamente, se va a
acercar menos la justicia al ciudadano que viva lejos, pero
van a estar todos ubicados en ese edificio de Gran Vía porque
caben perfectamente, y los cinco de primera instancia
o de Familia, si quiere S.S., están de forma provisional.-
Durante el año 1999, buscaremos ubicación, ya que tenemos
previsto que el 1.º de enero del año 2000 entren en
funcionamiento los 26 restantes hasta llegar a una cifra en
la que están comprendidos 10 centrales y 180 provinciales.

Sobre malos tratos, señoría, creo que hemos hecho
hasta ahora todo lo que estaba en nuestra mano hacer,
redactar un anteproyecto de ley y empezar a divulgar,
mejor dicho a formar más que divulgar a aquellos que
intervienen en la Administración de justicia, a personal de
la Administración de justicia, como me parece que se ha
dicho anteriormente. Ha habido cuatro cursos para fiscales,
secretarios y médicos forenses y 21 cursos para otro personal
de la Administración de justicia. Para el año que viene,
en el Centro de Estudios Jurídicos para la Administración
de justicia, están previstos nueve cursos para el personal al
que antes me he referido, aparte de 21 cursos en todas las
capitales, porque se programan con las gerencias de justicia.

Eso por lo que se refiere a la formación.

En cuanto a las oficinas de asistencia a las víctimas,
contestó el secretario de Estado. Hablo de los capítulos en
los que el Ministerio de Justicia tiene alguna intervención.

Coordinación de los servicios sanitarios, sociales, policiales
y judiciales. Se ha formado un grupo de trabajo para
diseñar el protocolo de atención sanitaria y forense, que
estará desarrollado antes de fin de año, y su aplicación por
parte de la Fiscalía y médicos forenses podrá ser inmediata.

Por lo que se refiere a los programas de tratamiento psicológico
a las personas que infligen el maltrato, esta medida
como alternativa o complemento de las penas depende de
la decisión judicial, como S. S. sabe perfectamente. En
cuanto a las medidas legislativas, ya se ha hablado del anteproyecto.




En cuanto a las medidas judiciales, las provisionales a
que aluden los artículos 103 y 104 del Código Civil y los
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; del informe



Página 15735



del Consejo General, emitido el 18 de junio pasado
sobre modificaciones legislativas necesarias para evitar la
existencia de malos tratos en el ámbito familiar, se deduce
que la necesidad de referencia está plenamente asumida
por los jueces, magistrados y por los tribunales. En cuanto
a los medios necesarios para favorecer la agilización de los
procedimientos por malos tratos así como los procedimientos
civiles de separación, se han aumentado los medios personales
con las 114 plazas de la carrera judicial, a que nos
hemos referido, de las que un 30 por ciento se destinan a
órganos judiciales con competencia en esta materia, así
como un incremento de fiscales y funcionarios de apoyo.

Se han incrementado las dotaciones de medios materiales y
se ha producido un avance importante en la informatización
de los órganos judiciales y fiscalías. En cuanto a los
fiscales, además de los cursos celebrados por el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración, se han programado
nuevos cursos para el año académico 1998-1999. El
ministerio fiscal, en su memoria anual, como SS. SS. conocen,
entre las cuestiones de interés con tratamiento específico,
incluye los malos tratos en el ámbito doméstico y
familiar. Por lo que respecta al Ministerio de Justicia, estará
atento a prestar los medios suficientes y necesarios para
que eso se lleve a efecto. Se ha previsto para 1999 -es un
dato también importante en esta materia- la conexión
informática de decanatos y fiscalías con la base de datos
del Ministerio del Interior sobre denuncias de malos tratos
para que la conexión sea en tiempo real.

En cuanto a las actuaciones sanitarias, policiales, judiciales
y asistenciales, se está en espera de un protocolo de
coordinación entre las instancias. La Fiscalía General del
Estado incluirá en su memoria anual, a partir de este
año 1998, un apartado específico sobre la violencia contra
las mujeres. En la última memoria, si mal no recuerdo, esto
ya se ha cumplido. Ya se ha dicho que el incremento de la
plantilla de médicos y médicas forenses será de 50 plazas,
a los que hay que añadirles vacantes, por lo que la convocatoria
va a ser de 53.

Se han mantenido conversaciones con el Consejo General
de la Abogacía para tratar de encontrar incluso un turno
de oficio específico para estas actuaciones y estamos en
contacto para ver cómo podemos llegar a ello. Aquí se trata
prácticamente de la buena voluntad del Consejo y la nuestra.

Veremos si los cálculos y la financiación lo pueden permitir,
pero estamos en contacto para tratar de llevarlo a
efecto.

No sé decir más de esto a S. S. Me he referido a esos
planes contra la violencia doméstica. Está presupuestado
todo lo que se refiere a las correspondientes oficinas porque,
como S. S. conoce, hay un psicólogo y un oficial letrado.

Por lo pronto, nosotros estamos atendiendo a esta
segunda persona, en unos casos por las ONG,y, por otra
parte, vamos a tratar de llegar a convenios. En cualquier
caso, esas oficinas que se han puesto en marcha y otras que
se van a poner en marcha también, van a contar con personal,
mínimo pero suficiente, para poder atender las funciones
para las que van a ser creadas o constituidas.

Señor Silva, si tenemos en cuenta que, conforme decía
el secretario de Estado, los próximos días entrará en esta
Cámara el proyecto de ley de justicia del menor o la ley
orgánica reguladora de responsabilidad del menor, como se
quiera llamar, difícilmente estará en vigor en el año 1999.

Ojalá tuviésemos que hacer un presupuesto adicional y
Hacienda admitiese un crédito extraordinario que enviaría
a SS. SS. a las Cortes. No estará en vigor en el año 1999 no
porque se retrase la tramitación sino porque el plazo de
vigencia o de vacatio de la ley tiene que ser largo, porque
hay una serie de disposiciones finales que, por una parte,
obligan al establecimiento de normas de desarrollo de
varios puntos y, por otra, a convenios o conciertos con las
comunidades autónomas. Luego es inviable que sea en el
año 1999 y no sé si podrá ser en un trimestre o en un cuatrimestre
del año 2000, pero eso lo veremos el propio
año 1999, y con gran satisfacción prepararemos el correspondiente
proyecto de presupuesto.

La franquicia de Correos, igual que otros gastos cuando
las transferencias se realizan, depende del momento presupuestario
y de los módulos correspondientes aplicables, de
ahí no se pasa; resultan insuficientes no solamente por los
órganos nuevos que se crean, sino porque aumenta el volumen
de actividad en ese sector o servicio. Como antes he
referido, ya tenemos fijada la ampliación de medios para el
año 1999. El acuerdo con la Generalidad de Cataluña supone,
si mal no recuerdo, 595 millones -insisto porque es
muy importante- para órganos que ya están creados y en
funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Eso, como es lógico, lleva la parte correspondiente de capitulo
1 y la parte correspondiente de inversión según los
módulos que se aprobaron en la Comisión mixta de transferencias,
no recuerdo el mes pero en el año 1994.

Señor presidente, no sé si me he dejado algo, en cualquier
caso, siguiendo el precedente, si hay turno de nuevas
preguntas, estaré encantado de responderlas.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ollero ¿va a
hacer uso del segundo turno? (Asentimiento.)
Tiene usted la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Intervengo muy brevemente
para agradecer al señor subsecretario la información
que nos ha suministrado y simplemente una pregunta
de detalle: en relación a los juicios por Jurado, en las
comparecencias
del año anterior se calculaba un importe de
unos 2 millones por juicio. ¿Se ha llegado realmente a comprobar
si ese viene siendo el costo?



El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (García
Mena): Podría ser la media. l.700.000, 1.800.000 ó dos
millones. Sabe-S.S. que depende de la duración del juicio.




El señor VICEPRESIDENTE: Señora Almeida,
¿quiere hacer uso del turno?



La señora ALMEIDA CASTRO: Si, señoría.

La verdad es que nos ha dado respuestas, pero no una
respuesta presupuestaria sino más bien un deseo de lo que
se va a hacer. En lo relacionado a los malos tratos hay deseo
de formar y de informar de los protocolos de agresiones a
mujeres que ya estaban hechos pero que últimamente no se
han aplicado. Esperamos que todo eso se haga, nos gusta
pero no vemos que tenga reflejo presupuestario.




Página 15736



Nos preocupa la partida -siempre nos tenía muy intrigados-,
de los asuntos religiosos. Yo no sé si esas becas
eran para estudios de cuestiones religiosas y no sé lo que se
gastarán en esos trabajos, pero nos preocupa que haya tan
poca proyección de organizaciones. Usted ha hablado de
organizaciones no gubernamentales, pero hay muy pocas
transferencias para ese tipo de organizaciones y sólo aparece
la de Justicia en el Mundo, que da un premio muy
importante, pero tampoco he visto yo que venga de Dakar
un jurista a dar una estatuilla, cosa que está bien, pero no
me parece una sorpresa de la actividad del Ministerio. Lo
mismo ocurre con estas partidas cuando estamos viendo
que en este momento, aunque esté Mario Soares no se da
transcendencia a algo como esto, cuando sabemos que hay
organizaciones de jueces que están trabajando cotidianamente
y no reciben ningún apoyo por parte del Ministerio,
y organizaciones no gubernamentales, como Juristas sin
fronteras y otras tampoco reciben nada. Por eso nos extraña
esta localización de ayuda, no porque sea sospechosa porque
esté el señor Rodríguez Arriba -aunque lo es- sino
porque no responde a la política de ayudas del Ministerio.

Que haya de repente tanto estudioso de asuntos religiosos
que reciben una beca de 7 millones, no nos ha convencido
mucho. Creo que deberíamos gastar el dinero en otras
cosas, pero el próximo año una vez descubierto para qué se
utilizan veré qué estudios han sido publicados sobre esta
partida, y si nos vamos a llenar de profundidad religiosa
con ello me parece estupendo.

Nos preocupa que se estén trasladando los tribunales,
ahora vendrán los contenciosos, quitarán otros. La dispersión
de juzgados es un tema enorme, cada vez mayor, que
sufrimos en Madrid y que requiere cantidad de medios y su
carencia dificulta la propia organización de justicia, hay
veces que para llevar un papel a Fiscalía, que a lo mejor en
el piso de abajo, se tarda cuatro días por la burocracia, y
otras cosas relacionadas con la justicia en las que deberíamos
entrar.

Pero lo que más me preocupa es que hoy hay servicios
auxiliares de la justicia que no están previstos. Por ejemplo,
en casi toda la Comunidad de Madrid, y lo digo porque
es lo que más conozco, en el único sitio donde hay servicios
auxiliares de psicólogos en los juzgados de familia es
en Madrid capital y en toda la periferia de Madrid, con gran
cantidad de gente, no tiene estos medios y bien tardan en
traerlo a la clínica médico-forense para que se haga aquí se
encuentran desasistidos. Creo que esos servicios podrían
estar más centralizados y no he visto que haya preocupación
por todo este tipo de cuestiones, que creo es lo que de
verdad acerca la justicia al pueblo.

Hay otras ideas que tampoco se desarrollan, como la
posibilidad de que hubiera un juzgado de familia de guardia,
que quizás solucionaría muchos problemas inminentes,
y que ha sido reivindicado por algunas organizaciones
de Jueces.

Me gustaría que a lo largo de este año, de la experiencia
que vamos a sacar con los malos tratos, pudiéramos profundizar.

Por eso no creo que el anteproyecto de ley tenga
reflejo presupuestario. Es verdad que están los recomendaciones
de informar y de formar, yo misma voy a cursos de
policías y a otros para formar sobre este tema y creo que
esa es una buena voluntad, pero todavía no hay una verdadera
creación de órganos de apoyo que en estos presupuestos
creo no han quedado definidos aunque puedan estar en
lo generalizado.

Cuando estas leyes estén en los próximos presupuestos
podamos hablar de una acción mucho más profunda sobre
este tema. En este momento sólo queríamos advertir estas
deficiencias.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor subsecretario,
tiene usted la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (García
Mena): Disculpe, señora Almeida, que antes, sin darme
cuenta, contesté al señor Ollero antes de que usted pudiese
hacer su segundo turno. Discúlpeme.

Efectivamente, una de las preocupaciones que tenemos
es la periferia, hasta tal punto que, si bien sabemos que la
oficina de atención existe en Madrid, vamos a reconsiderar
cuál es la función no ya de esa oficina sino sus relaciones
posibles con la periferia. Eso está en estudio y tendría
posibilidades
en el presupuesto.

Tomo nota de lo que indicaba sobre los juzgados de
familia. Yo lo que puedo hacer en este caso es pasárselo a
la Dirección e informárselo a la señora ministra.

Por lo demás, muchas gracias, señora Almeida.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor
subsecretario.

Con esto terminamos la sesión, agradeciendo a los comparecientes
su presencia en la Comisión, a los portavoces y
a los servicios de la Cámara por su trabajo.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y treinta minutos de la tarde.