CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 538



POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA
ACEVEDO



Sesión núm. 35



celebrada el martes, 13 de octubre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de
la Administración del Estado, al objeto de
informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1999.

(Número de expediente 121/000141.) ... (Página 15512)

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Se abre la lesión a las cuatro y cinco minutos de la
tarde.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Buenas
tarde, señoras y señores diputados.

Antes de iniciar la sesión, voy a recordar lo que
consuetudinariamante
constituye el funcionamiento de la Comisión
de Política Social y Empleo cuando se refiere a las
sesiones informativas presupuestarias, por tanto las personas
comparecientes con las que esta tarde vamos a tener la
oportunidad de debatir. En primer lugar, intervienen los
grupos solicitantes y sólo ellos, es decir, el procedimiento
es similar al de las preguntas orales y no stricto sensu a lo
que suelen ser tradicionalmente las comparecencias. Posteriormente,
la autoridad compareciente interpelada responde
a las cuestiones que se hayan suscitado y cabe la posibilidad
de un segundo turno, breve, para aquilatar o precisar
alguna cuestión que haya quedado pendiente de aclaración
o explicación por parte de la persona compareciente quien,
a su vez, cierra definitivamente el turno.

Señalo que, en función de las peticiones de diversos
portavoces de los grupos, el orden del día de hoy, cargado
por diversas comparecencias, se ha venido a articular, de
conformidad con tales peticiones, en un período de tiempo
que se estima de media hora para cada uno de los intervinientes.

Evidentemente, en algunos será un poco más tanto
por la importancia de la materia que se aborda cuanto por
el número de grupos que han solicitado tal comparecencia.

En todo caso, se hace con el objeto de que SS. SS. y los
señores comparecientes puedan ajustar su agenda. Por
tanto, rogaría que, dentro de la obvia libertad de actuación
de intervención, procuren aquilatar el tiempo, usarlo bien y
así podamos conseguir el objetivo que se nos ha demandado.




Alo largo de la sesión se incorporará el señor presidente,
que ha llamado desde el aeropuerto diciendo que había
demora pero en breve él presidirá la Comisión como titular
y me ha pedido que, como vicepresidente, la inicie para
que perdamos el tiempo ni la finalidad de conseguir esos
horarios.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE
TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA1999 (número de expediente 121/000141).




- DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES (DÍAZ GUERRA), A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS POPULAR EN
EL CONGRESO (número de expediente
212/001554), MIXTO (NÚMERO DE EXPEDIENTE
212/001571) Y SOCIALISTA DEL CONGRESO
(número de expediente 212/001683).




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar):
Hallándose ausente el peticionario de la comparecencia por
el Grupo Mixto, damos la palabra al Grupo Socialista en al
persona de doña Isabel López i Chamosa.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Buenas tardes.

Entendemos el retraso del presidente debido a los aeropuertos
porque quienes los usamos habitualmente los padecemos.

(Risas.)
Señor subsecretario, gracias por su comparecencia. Voy
a hacerle una serie de preguntas respecto a cuatro programas,
empezando por el de cooperación para el desarrollo.

La verdad es que me he estado leyendo no sólo el presupuesto,
sino el programa. Tenemos un idioma, como el castellano,
que es muy rico, y para una misma palabra podemos
utilizar varias denominaciones, pero yo diría que el
programa para el año 1999 es miméticamente el mismo que
el de 1998. Eso sí, parece que con menos dinero van a hacer
muchas más cosas. Eso es una cosa inquieta porque eso de
la multiplicación de los panes y los peces par el Señor estaba
muy bien, pero los mortales no nos lo creemos mucho.

No sólo hay un descenso de las aportaciones para los programas,
sino también lo hay en cuanto al personal. Además,
en las actividades a desarrollar, definen unos temas y
me gustaría que me dijera si se han realizado los de 1998,
incluso si se tienen los resultados de los mismos. Luego, le
formularé alguna otra cuestión concreta.

En las actividades de cooperación que atribuyen al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el presupuesto
para 1998, y también en el presupuesto para 1999, se
habla de la modernización de los ministerios de Trabajo en
Centroamérica, Panamá, República Dominicana, etcétera.

A una le queda la duda sobre las reformas o la modernización
que estamos haciendo allí, pues son dos programas
que incluidos en dos años seguidos. Nos gustaría saber qué
es lo que se ha hecho y qué es lo que queda por hacer.

Luego hablan del mismo programa internacional para
la abolición del trabajo infantil, tanto el año pasado como
este, y nos gustaría saber qué es lo que se ha hecho y lo que
se pretende hacer, porque con el presupuesto que tiene este
programa en su conjunto la verdad es que poco se va a
poder hacer. Más bien tenemos la sensación de que sea un
programa que ponemos por cumplir o porque hay que
tenerlo ahí, como el papel aguanta todo lo que le echemos,
lo ponemos y luego se duerme en el cajón correspondiente
hasta el año siguiente, que volvemos a incluirlo en los presupuestos.




Aquí habla de otros proyectos en fase de definición.

Nos gustaría que pudiera definirnos exactamente qué proyectos
son, porque quedan en el aire, y por qué en el año
1998 no habíamos incluido -si es que pagábamos- el
pago de cuotas como miembro asociado a organizaciones
internacionales, que aparece este año. Aunque en el presupuesto
anterior había una partida, no se incluía dentro del
programa. Nos gustaría saber qué material didáctico y de
contratación de equipos hemos hecho y, en la organización
de los seminarios y los cursos, qué tipos de cursos y de
seminarios hemos hecho en estas programaciones. En
cuanto a este programa, no tenía ninguna otra pregunta.

En cuanto al programa 723, de reconversión y reindustrialización,
aquí choca mucho la disminución en el presupuesto,
porque estamos hablando de un presupuesto muy
limitado y resulta que para 1999 todavía lo limitamos en un 30



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por ciento de lo presupuestado para 1998. En un país donde
el desempleo es el peor problema que tenemos y las reconversiones,
cierres y demás se siguen dando, aunque por
suerte no en los niveles de años anteriores -pero seguimos
teniendo esos problemas-, vemos cómo este proyecto
disminuye. Cuando ustedes hablan de la definición de
funciones de las actividades, hay una serie de actividades
en las que no sabemos en qué participamos, cómo lo hacemos,
qué proyectos tenemos y demás. Por eso nos gustaría
saber qué ayudas o qué subvenciones a fondos de promoción
de empleo se han hecho y qué coste tiene, porque aquí
se habla de ello en plural, pero no se define cuánto se destina
cuáles son ni cómo son. ¿En qué órganos gestores de
reconversión se participa -bien sean las gerencias- o qué
coste supone la participación en estos organismos? Porque
tampoco lo decimos.

Por ejemplo, aquí aparece, así como muy grandilocuente,
asesoramiento a los interlocutores sociales. ¿Qué tipo de
asesoramiento? ¿En qué les asesoramos? No tengo yo la
idea de que los interlocutores sociales tengan una necesidad
de asesoramiento en estos temas, pero seguramente
alguna cosa tiene que haber. Luego está la participación en
los órganos gestores de fondos de promoción y seguimiento
de actividades de sus insuficiencias financieras. ¿Qué
tipo de programa es exactamente, a qué se refiere? Porque
realmente no acabamos de encontrarlo.

Teóricamente, tal como se definen las tareas y gestión
de este programa, nos gustaría saber cuántas ayudas hay,
qué fondos se subvencionan, cuál es el coste y demás, porque
todavía en estos momentos es verdad que hay coletazos
de colectivos de trabajadores afectados por la reconversión,
porque todos recordamos que las reconversiones en
nuestro país las ha habido de muy diferentes formas y son
muy dispares entre ellas, habiendo producido efectos perversos
en algunos casos en otros casos muy dispares, y yo
creo que ha habido injusticias entre la situación de unos
trabajadores y otros, y en un programa que debería ser
hecho para corregir esas injusticias o esas situaciones -y
teóricamente en algunos de sus apartados así lo dice-
luego vemos que en la realidad no se concretan los programas,
y además el dinero que hay da para bien poco. Por
ello nos gustaría, sobre todo, que nos dijeran las ayudas, las
subvenciones, en qué fondos se participa y qué tipo de asesoramiento
hacemos, a efectos de poder valorarlo.

Como ve el señor presidente, voy deprisa. Pasando al
programa 315.B, del Fogasa, ya hace unos meses, cuando
tuvimos la comparecencia del director general del Fogasa,
pudimos comprobar cómo año tras año, en los años pasados,
los presupuestos eran a todas luces insuficientes, en
los que el dinero comprometido en los expedientes a pagar
no cubría lo presupuestado, las necesidades, incluyendo
que había años en que allá por julio o septiembre ya no se
podía hacer frente a más pagos porque estaba totalmente
agotado lo presupuestado. Por más que miramos en los
números que aquí se nos dan, por ejemplo en el presupuesto
de 1998, tal como lo vemos faltaría dinero para cubrir el
presupuesto de 1998 porque no se podría hacer frente a
todos los pagos, y a la hora de incrementar para 1999
vemos que las cantidades que hay son similares, es decir,
no se aumentan, ni siquiera en la diferencia que se habrá de
pagar durante 1999 de los expedientes de 1998, es una pregunta
que me gustaría me la clarificara.

También me gustaría saber en qué cantidad se han desarrollado
los convenios de recuperación y qué cantidad de
esos convenios o de esas situaciones se han do recuperando
durante 1998, porque la verdad es que yo creo que este tipo
de convenios son una buena alternativa que solventa
muchos problemas en situaciones que se dan en los centros
de trabajos y no se les está prestando la debida atención, ni
siquiera se está fomentando que se desarrollen, siendo así
que, repito, sobre todo en reducciones de plantilla y no cierres,
ayudan en muchos casos a buscar soluciones.

Por otra parte, al estudiar los períodos no se ve como un
objetivo claro el conseguir que los trámites se simplifiquen
realmente y se reduzcan los plazos a la hora del pago de los
expedientes, que depende mucho de las provincias -es
normal, lógicamente el volumen de Madrid y Barcelona no
tendrá nada que ver con el de Cuenca y, por consiguiente,
los tiempos serán muchos mayores-, pero echamos en
falta como objetivo claro el mejorar la gestión, sobre todo
en las ciudades grandes, a efectos de conseguir reducir el
período de tiempo que se tarda en pagar unos expedientes y
otros.

Nos gustaría que nos aclarara con qué criterios se han
modificado las bases que sirven para fijar las cantidades de
pago. Hasta hace un año, se venían haciendo prorrateadas
las anualidades, incluidas las pagas extra, y en estos
momentos se están recurriendo absolutamente todos los
expedientes porque se excluyen a la hora del prorrateo las
pagas extra, con lo cual se reducen las cantidades alegando
una sentencia que no queda nada clara y que hace que tengamos
un montón de expedientes que vamos a dilucidar en
los tribunales. No sabemos cómo, simplemente con una
sentencia dudosa, se aplica un criterio de reducir las cantidades
a los trabajadores, teniendo en cuenta que son unos
trabajadores que, cuando llegan a esta situación, es porque
ya se les ha hecho de todo, porque ya se les ha defraudado
en todos los sentidos desde la empresa. Nos gustaría saber
la razón. Tal y como figura en los presupuestos, se puede
desprender, analizando el programa que están como en una
remodelación de las categorías y las condiciones de trabajo
de los trabajadores del propio fondo. Me gustaría que nos
dijera con qué criterios se está haciendo esas remuneraciones
que se están previendo para los trabajadores, si se han
realizando a través de la mesa departamental en la que
están representados los sindicatos o se están haciendo de
una forma encubierta las subidas de salarios en distintas
categorías y no en todas y a cada uno de los trabajadores
del Fogasa.

En cuanto al programa de la Inspección de Trabajo,
como bien dice, en su objetivo se propone poner en marcha
la Ley 42/1997. Es una ley que se ha empezado a poner en
marcha el año pasado y que consiguió modificar cosas. Se
marcaron objetivos concretos que pueden hacer de la Inspección
de Trabajo una herramienta eficaz. El Ministerio
tiene la responsabilidad directa de conseguir cambiar el
latiguillo que hay entre los trabajadores de que la Inspección
de Trabajo no tiene ningún efecto. Es decir, haces la
denuncia va la empresa, nos saludamos, y a partir de ahí no
pasa nada. Si vemos la ley en la que definimos cómo debe
funcionar, qué objetivos tiene, pero luego llegamos a los



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presupuestos y no vemos ningún programa donde el objetivo
sea que los inspectores de Trabajo estén en los centros
de trabajo, de nada nos sirve tener unos inspectores eficaces
pero en sus despachos. Si no los llevamos a los centros
de trabajo, que es donde se producen las infracciones, no
conseguiremos sacarles una rentabilidad y cumplir el objetivo
que tienen que cumplir.

En el programa se hace referencia a tres bloques importantes,
que luego no quedan definidos, tales como la salud
laboral, cosa que a todos nos preocupa por la cantidad de
muertes que se producen al año en accidentes de trabajo.

Esto se puede paliar de varias formas y una de ellas es la
inspección preventiva en los centros de trabajo. No consiste
en cubrir la inspección al cien por cien de los accidentes
que se produzcan, sino en un plan diseñado para, con anterioridad,
corregir aquellos que se produzcan y también en
los centros de trabajo que no se cumpla la normativa, sobre
todo en la construcción, que, como todos sabemos, tiene el
índice más alto.

En cuanto al levantamiento de actas de las infracciones
de los impagados y demás, nos gustaría saber cuántas actas
de infracción se han levantado y por qué cantidades, y de
esas liquidaciones cuántas se han cobrado. Porque no sirven
de nada las declaraciones del Ministerio de Trabajo
que hablaba de doblar las faltas en las infracciones y pasarlas
de graves a muy graves, pero a partir de ahí, qué conseguimos.

¿Las cobramos? ¿Se cumplen? Con respecto a las
empresas, en las actas por infracciones en las normativas
laborales, ¿se cumplen éstas? ¿Las infracciones son confirmadas
por sentencias o son anuladas? ¿Cuántas se cumplen
de éstas? Es necesario conocer estos datos para poder
hablar de cualquier programa, no sólo para este, sino para
el año que viene, porque con ello definiremos qué tipo de
actividad queremos hacer para la Inspección de Trabajo, de
lo contrario no nos va a servir de nada lo que estamos planteando.




En las medidas de lucha contra el fraude dicen que la
gestión de julio de 1996 a abril de 1998 ha supuesto un ahorro
por encima de los 425.000 millones de pesetas. Nos
gustaría saber dónde queda incluida este ahorro en los presupuestos,
en qué se utiliza, si está contabilizado y adónde
va. También si el de 1998 puede suponer 220.000 millones.

Si esto se plantea a través de actas de infracción, a través de
inspecciones, es decir, cómo se realiza y adónde van estas
cantidades.

Termino de momento y espero a las contestaciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar):
Habiéndose incorporado el señor Peralta, que es el peticionario
de la comparecencia por el Grupo Mixto, tiene la
palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente,
por haberme permitido intervenir en este momento.

Quisiera preguntar al señor subsecretario sobre algunos
programas, en concreto de los que entiendo que responde
él en esta comparecencia. El primero haría referencia al
tema de Inspección de Trabajo, entendiendo por inspección,
de forma amplia, tanto el cuerpo de inspectores como
el de controladores. Me gustaría saber cuál es la previsión
del Ministerio sobre la plantilla de ambos cuerpos en este
año 1998 que está a punto de terminar, y las previsiones
para el año 1999, todo ello en la medida en que, como sabe
perfectamente el subsecretario, el tema de la siniestralidad
laboral es más que preocupante. Con independencia de
otras medidas, inspectores y controladores laborales tienen
un papel muy importante que realizar, y nos gustaría saber
cuáles son las previsiones, tanto en este año 1998 como en
las previsiones para 1999.

En segundo lugar, pasando al tema del Fondo de Garantía
Salarial y compartiendo algunas de las cuestiones que
han sido planteadas anteriormente, desearía saber en qué
medida se prevén actuaciones encaminadas a mejorar la
tramitación de los expedientes. De las previsiones presupuestarias
me da la impresión de que se prevé mantener la
situación actual, que es la misma que la de 1997. Por los
datos de que dispongo, en la realidad esas previsiones distan
mucho de lo que son las disposiciones legales vigentes.

Me extraña que se mantenga una línea continuista en este
sentido, cuando hay unas exigencias legales que habría que
procurar cumplir. En segundo lugar, me gustaría que nos
proporcionara información acerca de cuál es el estado
actual y las previsiones para 1999 de las relaciones financieras
entre la tesorería general de la Seguridad Social y el
Fondo de Garantía Salarial. Por los datos de los que disponemos
de años anteriores, uno de los cuellos de botella del
Fondo de Garantía Salarial era su ausencia de recursos, que
guardaba relación con las relaciones financieras y con el
flujo de dinero que recibía de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que era quien recaudaba las cuotas de
Fondo de Garantía Salarial.

Finalmente, Me gustaría saber con detalle cuáles son
las inversiones que se prevén por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales en mejora de locales. En concreto, en el
ámbito de la comunidad a la que represento, en el País
Valenciano, hace años que se llevan arrastrando proyectos
de mejora de infraestructuras. Me gustaría saber cuáles son
las previsiones concretas para 1999.




El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Tiene
la palabra el señor Camps, por el Grupo Popular.




El señor CAMPS DEVESA: En primer lugar, quiero
agradecer, como no podía ser de otra manera, la presencia
del subsecretario del Ministerio en esta Comisión de Política
Social y Empleo y manifestar a efectos puramente personales,
señor presidente, que mi avión sí que ha llegado
puntual. Además, con el buen día que hacía hoy en la ciudad
de Madrid, he podido observar la cantidad ingente de
obras que se están realizando en el aeropuerto de MadridBarajas,
tal vez con prisas, no sé si debido a que hay que
realizarlas porque otros las dejaron sin hacer. (Risas.)
En segundo lugar, y sobre el fondo de la cuestión, señor
subsecretario, cuando uno observa los presupuestos de su
departamento, al menos desde el Grupo Parlamentario
Popular, tenemos una primera impresión que podemos desglosar
en dos puntos: Primero, se continúa con la política
de contención del gasto y, en segundo lugar -y no se ha
hecho ninguna mención por parte de los intervinientes
anteriores, supongo que lo estarán reservando para alguno
de los comparecientes posteriores, pero mi grupo sólo ha
pedido su comparecencia y por eso se lo citaré a usted-, la



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positiva evolución del mercado laboral. Hoy hemos tenido
conocimiento de datos del paro registrado y entendemos
que permite liberar recursos destinados al pago de las prestaciones
por desempleo. Esa es la valoración de mi grupo
cuando tiene una primera impresión general de los Presupuestos
Generales del Estado. Ello nos lleva a entender que
lo anteriormente referido sirve principalmente para potenciar
dos grandes áreas de actuación: en primera lugar, favorecer
el crecimiento del empleo nuevamente, a través del
impulso y la potenciación de las políticas activas de
empleo; y, en segundo lugar, mejorar el bienestar social
con especial atención a las políticas de solidaridad. Anosotros
nos parece todo esto enormemente positivo y no debe
extrañar al subsecretario que para mi grupo el presupuesto
genere muchas menos dudas e incertidumbres que para
otros grupos de esta Cámara y que, además, la intervención
que hagamos sea referida puntualmente sólo al presupuesto
de 1999; a lo mejor pedimos datos comparativos con otros
años a los efectos de ver si las líneas de política general del
Ministerio que usted representa van acompañándose al
paso de los años o sufren dientes de sierra acusados como
podía ocurrir en otros momentos.

Hay una primera cuestión puntual que ha chocado a mi
grupo, señor subsecretario, y es que para el año 1999 la
previsión de incremento del empleo se modera ligeramente
respecto de este año, hasta un 2,8 por ciento, lo cual es una
moderación pero no deja de ser una tasa por encima de la
media comunitaria y además pone de manifiesto una intensa
creación de empleo. Nos gustaría conocer la valoración
que en el momento actual hace el subsecretario del ciclo
económico, de esta previsión del 2,8 por ciento de creación
de empleo para el año que viene, si es una previsión conservadora
o estamos hablando de una previsión a la baja o
situándonos en la parte baja de una posible previsión.

En segundo lugar, señor subsecretario, a nuestro juicio
el indicador más significativo para medir la importancia de
un presupuesto sería el presupuesto no financiero consolidado.

En esos términos, nos gustaría conocer cuál es el
aumento que se produce en cuanto al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. También -y en esto sí que hago mías
las palabras de algunos otros comparecientes- nos gustaría
conocer una valoración del reflejo que hay en estos presupuestos
tanto de la lucha contra el fraude, como se ha
dicho anteriormente -y se han barajado una serie de
cifras-, pero también de la mejora de la gestión que viene
arrastrándose desde el año 1996 y que para nosotros es muy
importante en orden a ese extremo que le he comentado
con anterioridad de continuar con la contención del gasto
corriente del Ministerio.

Acabando ya, señor subsecretario, y para ser breve, me
gustaría hacer referencia a las tres políticas más importantes
del departamento: las políticas activas de empleo, las
políticas de solidaridad y la protección al desempleo. En
cuanto a las primeras, las políticas activas de empleo, creo
que nadie puede dudar, a la vista de estos presupuestos, de
que nuestro país tiene dos grandes retos y que los dos se
acometen en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, como es consolida el potencial del crecimiento
económico de nuestro país y la creación de empleo;
o lo que es lo mismo, lo que atañe, como se diría, a nuestro
negociado, si verdaderamente el crecimiento económico se
está traduciendo en la creación efectiva de empleo. Además,
creemos que eso se debe hacer motivado principalmente
no sólo por el diálogo social entre empresarios, trabajadores
y el propio Gobierno, sino también siendo
valiente y en la línea del propio Tratado de Maastrich -
posteriormente en distintas cumbres hasta llegar a la última
Luxemburgo-, con el cambio de políticas pasivas por las
políticas activas. El señor subsecretario recordará que él y
yo hemos barajado incluso que solidaridad y competitividad
eran las dos caras de una misma moneda. En ese sentido,
me gustaría que también hiciera una valoración, con
referencia en este caso a si hay datos comparativos, del
incremento en el fortalecimiento de políticas activas de
empleo, sobre todo nos interesa el importe de incremento
neto, si fuera posible; es decir, cuál es la política de incremento
neto, lo que serían, para entendernos, las transferencias
corrientes. Vamos a dejar de lado los gastos de funcionamiento
y las inversiones, porque realmente nos
preocupan, dentro de esas políticas activas -que en un primer
vistazo se ve que se incrementan-, si ese incremento
neto es superior al propio incremento de las mismas, pero
es lo que realmente llega a los trabajadores y trabajadoras
de este país.

También nos gustaría conocer si dentro de esas políticas
activas de empleo se atiende especialmente a la promoción
del empleo de la mujer y a los sectores más desfavorecidos:
parados mayores de 45 años, de larga duración, los
jóvenes, etcétera; todos aquellos con evidentes dificultades
de inserción o reinserción en el mercado laboral. A su vez
también, señor subsecretario, quisiéramos conocer qué
peso van a tener las bonificaciones en favor de la contratación
indefinida en este incremento de políticas activas y
cuál va a ser el aumento de las dotaciones para formación
profesional ocupacional -escuelas-taller, casas de oficios-,
haciendo una referencia concisa, si puede ser, a la nueva
figura de los talleres de empleo, que aparece por primera
vez en este presupuesto. Pero si antes hemos dicho que
solidaridad y competitividad eran las dos caras de la misma
moneda, políticas activas y políticas pasivas también suelen
ser las dos caras de una misma moneda. Respecto a la
protección al desempleo, también hay una clara disminución
en estos presupuestos. Las causas creo que no se nos
pueden escapar a casi nadie: hay un descenso del número
de desempleados en nuestro país, la lucha contra el fraude,
la mejora de la gestión también puede tener que ver con
ello; pero a mí lo que me interesa saber, señor subsecretario,
es si ha variado la tasa de cobertura, si en realidad se
están recortando prestaciones a los desempleados que antes
tenían y ahora no tienen o si simplemente esa disminución
en protección al desempleo se está debiendo a las otras causas
que hemos mencionado anteriormente, pero la tasa de
cobertura sigue invariable.

Por último, señor subsecretario, en cuanto a las políticas
de solidaridad, quiero hacerle la misma pregunta que
en cuanto a las políticas activas de empleo. Si excluyéramos
lo que serían gastos de funcionamiento o las inversiones
reales, si hay un incremento neto de lo que serían políticas
de solidaridad activa, todas aquellas que se engloban
en el apartado de asuntos sociales, para entendernos, ¿esas
políticas aumentan en todos los campos?



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El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Gracias
por su presencia, señor subsecretario, y seguro que
también por la respuesta que ahora nos va a dar y a cuyo
fin, el señor Díaz Guerra tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y
ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): Señor presidente,
voy a empezar a contestar a las informaciones que se han
solicitado, comenzando por la señora diputada del Grupo
Socialista.

En primer lugar, me he planteado una serie de preguntas
en torno al programa sobre la cooperación al desarrollo
y ha hecho referencia en concreto a una serie de proyectos
todos ellos básicamente financiados tanto por el Gobierno
español como por la OIT. Ha hecho referencia, como es
lógico, al proyecto de modernización de relaciones laborales
en los países de Centroamérica, así como al proyecto de
IPEC. En este sentido, tengo que decir que, efectivamente,
es un programa de carácter plurianual, en unos casos se iniciaron
en el año 1996, otros en el año 1997, el más reciente
es el de modernización de las administraciones laborales
en los países de Centroamérica, y se está cumpliendo
escrupulosamente,
de acuerdo con el convenio firmado con la
OIT y de acuerdo con la dirección técnica que, como sabe
usted, corresponde precisamente a un funcionario designado
por la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia,
el control, la evaluación y el seguimiento corresponde
a la propia organización del trabajo y, por tanto, la
financiación de esos proyectos lógicamente está de acuerdo
con el convenio firmado por el Gobierno español y por
la Organización Internacional del Trabajo.

Sobre proyectos sin definición, le concretaré por escrito
fundamentalmente cuáles son, por una razón, porque en
estos momentos en los seminarios, en las comisiones mixtas
que tenemos con la Organización Internacional del Trabajo
es donde se definen con toda nitidez cuáles van a ser
los proyectos para el ejercicio de 1999. Precisamente en el
mes de noviembre solemos celebrar la segunda reunión de
la Comisión Mixta OIT-España y entonces definiremos con
toda nitidez los proyectos cara a 1999, que evidentemente
muchos son la continuación o la prolongación de los existentes
en estos momentos.

En cuanto a la referencia que ha hecho del pago de la
cuota de las organizaciones internacionales, no sé exactamente
a qué se refiere, pero en principio ese pago de cuota
se viene efectuando escrupulosamente todos los años; me
parece que se refiere a que en la propia estructura del programa
de cooperación para el desarrollo se ha hecho referencia
al pago de las cuotas que estén dentro del propio
programa, porque otras veces precisamente estaba en el
programa 311.A del propio departamento ministerial, pero
me imagino que se referirá simplemente a ese tema.

En cuanto a los cursos y seminarios, le enviaré por
escrito la relación de todos los que hasta el momento están
más o menos previstos o cerrados. En función de eso, recibirá
una relación detallada de todo ello.

Ha planteado otra pregunta en relación con el programa
723, de reconversión y reindustrialización, y ha hecho referencia
a los fondos de promoción de empleo.

Sabe S.S. perfectamente que estos fondos de promoción
de empleo cada año, lógicamente, requieren menos
inversiones, menos fondos y se ha planteado en dos ejercicios
presupuestarios la posibilidad -incluso se está planteando
el diálogo con los interlocutores sociales- de llegar
definitivamente a la disolución de estos fondos de prevención
de empleo, porque prácticamente han concluido su
misión y parte de los abonos que a través de estos fondos
de empleo se pueden efectuar, es fácil que se pueda hacer
desde la propia Administración general del Estado. Sin
embargo, habrá que ver la posibilidad de que estos fondos
de promoción de empleo, una vez que se disuelvan, puedan
reconvertirse, incluso, en un fondo de formación para los
propios trabajadores, de acuerdo con los interlocutores
sociales. Este tema está en proyecto en estos momentos y
se está debatiendo esa posibilidad.

En consecuencia es lógico también -lo cual es evidente,
veremos cómo también ocurre en el Fogasa- que cuando
nos encontramos en una fase de crecimiento económico
y, por tanto, en crecimiento de empleo, las reconversiones
de empresas han ido disminuyendo progresivamente y, en
consecuencia, las necesidades financieras también han
venido disminuyendo. Por lo tanto, gracias al crecimiento
económico, al propio crecimiento del empleo y a la buena
situación, lógicamente, de las propias empresas, junto con -
repito- la propia extinción de los fondos de promoción de
empleo, este programa viene disminuyendo todos los años.

En cuanto al programa del Fogasa, 315.B, plantea el
tema de en qué medida nos encontramos en un presupuesto
insuficiente. Ya sabe S.S. que este presupuesto se hace
siempre en base a unas previsiones o estimaciones. Pero,
en función de la propia dinámica que vayan sufriendo los
expedientes que entran en el Fogasa, cabe perfectamente
que el presupuesto del Fogasa, en su ejercicio económico,
se modifique. Así, por ejemplo, en el año 1998 ya se ha
hecho un suplemento de crédito de 4.000 millones, junto
con otro ya autorizado, de 1.534.679.000 pesetas, con la
misma finalidad; hace que el Fondo de Garantía Salarial,
en cuanto a su presupuesto se haya incrementado, lógicamente,
en esos suplementos de crédito. ¿Por qué razón?
Simplemente porque el Fogasa viene disminuyendo cada
vez más los expedientes que tenía pendientes y, en consecuencia,
va acelerando la conclusión de esos expedientes.

En este sentido, no le puedo decir en estos momentos con
detalle qué tal ha ido -me ha preguntado por ello- ese
cierre de expedientes progresivos. Le daré la respuesta por
escrito para que lo compare con otros años y así vea cómo
va mejorando la gestión dentro del Fogasa respecto a este
tipo de expedientes que ahora tiene entradas muy inferiores
a las que tuvo en otro período, como fueron los años 1993,
1994 y 1995. Ya se están extinguiendo aquellos expedientes
que entraron masivamente en aquellos ejercicios. Esa serie
histórica se la enviaré por escrito para que vea S.S. la evolución
que ha venido sufriendo la mejora de los expedientes.

Me ha formulado una pregunta relativa a las remuneraciones
del personal de Fogasa. En este terreno todo se rige
por los convenios correspondientes, salvo que haya algún
punto concreto que S.S. me pueda indicar, para, posteriormente,
contestarle por escrito. No tengo ninguna información
que refleje algunas de las posibles referencias que
usted ha hecho sobre si en gran medida da la sensación de
que, al margen del convenio correspondiente, se estaban
efectuando mejoras de remuneraciones, etcétera. Si tiene



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algún dato le agradecería muchísimo que nos los facilitara.

Yo le contestaré por escrito, con el fin de confirmar efectivamente
a qué se deben esos posibles incrementos de
remuneraciones.

Respecto al programa de la Inspección de Trabajo,
como usted muy bien ha definido, tras la aprobación de la
ley por este Parlamento con el voto favorable de todos los
grupos parlamentarios, menos algún voto en contra del
Grupo Mixto, S.S. lo ha calificado como una herramienta
eficaz, y en ello coincidimos todos los grupos parlamentarios,
sobre todos después de seguir viviendo de una ley que
arrancaba, nada menos, que del año 1962. Tenemos una ley
que, en gran medida, ha sido consensuada con todos los
grupos parlamentarios y también con las comunidades
autónomas.

Sabe S.S. que la Inspección de Trabajo tiene una doble
dependencia funcional, en todo lo que es legislación laboral,
stricto sensu, en gran medida depende de las comunidades
autónomas y, lógicamente, de las administraciones
laborales de esas comunidades autónomas, lo digo por
algún caso concreto a que luego ha hecho referencia y al
que yo me referiré inmediatamente. Básicamente en materia
de Seguridad Social es competencia de la Administración
general del Estado.

En este sentido los objetivos de la Inspección de Trabajo
vienen evolucionando en estos últimos años con un signo
enormemente positivo. Le pondré un ejemplo antes de referirme
al tema de la plantilla, que también ha sido solicitado
posteriormente por el señor Peralta. Los objetivos, en principio,
se fijan de acuerdo con la propia ley. En la próxima
Conferencia sectorial de asuntos laborales, serán donde se
diseñen con toda claridad los objetivos de la Inspección
General de Trabajo, elaborados conjuntamente, por todas
las administraciones públicas interesadas, es decir, las
comunidades autónomas y la propia Administración general
del Estado. Pero el cumplimiento de estos objetivos,
que una parte son fijados por las comunidades autónomas
-en la materia de que son competencia- u, por otra por
la propia Administración general del Estado, está siendo
enormemente positiva. Por ejemplo, en datos referidos a
siniestralidad laboral -que usted ha mencionado-, es
evidente que todo lo que hagamos siempre es poco, buena
prueba de ello es que la preocupación es de todos, hasta el
extremo de que el departamento tiene convocada para principios
del próximo mes de noviembre una cumbre de
siniestralidad laboral para, conjuntamente con los interlocutores
sociales, todas las administraciones autonómicas y
la propia Administración del Estado, ver cómo podemos
hacer realidad todas las medidas de prevención -creo que
todo coincidimos en que es la pieza fundamental, así como
las medidas de prevención a que nos obliga la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales- para aplicarlas con muchísima
más intensidad de lo que se están aplicando en estos
momentos y en qué medida todos nos hacemos responsables
de que efectivamente se aplique con la mayor claridad
e intensidad posible la propia filosofía que inspira esa Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, que en última instancia
recoge, como sabe muy bien S.S., la Directiva marco de
1989 de la Unión Europea, así como el resto de las directivas
que lo han desarrollado y que España ha traspuesto a
su ordenamiento jurídico interno en una fase muchísimo
más acelerada que otros muchos países de la Unión Europea.

Pero el problema no está solamente en la norma, sino
sobre todo en conseguir que la prevención sea una realidad.




En lo que afecta a la Inspección del Trabajo, en esta
materia de seguridad y salud en el trabajo, que es un indicador
que refleja la evolución, verá cómo el número de
infracciones en acta del año 1996 fueron 14.710; pasó en el
año 1997 a 22.476 y en el año 1998, le puedo asegurar a
fecha de hoy, que efectivamente se va a superar esa cifra.

Las sanciones propuestas, miles de millones de pesetas,
han pasado de 4.101 en el año 1996, a 7.190 -casi el
doble- en 1997 y también se van a superar en una cuantía
bastante significativa en el año 1998, según las previsiones
que tenemos hasta el mes de septiembre del presente año.

Ha hecho S.S. una referencia a en qué medida muchas
de estas sanciones después se cobran. Este es un problema
de gran preocupación. Le voy a pasar por escrito los datos
recibidos hasta el momento -porque son datos que ya no
controlamos desde la Administración general del Estado-
de las administraciones autonómicas; como sabe S.S. esta
materia es de competencia autonómica y por esos datos
verá, efectivamente, la evolución, en cuanto al cobro, de
muchas de esas sanciones efectuadas por las distintas
comunidades autónomas, incluso podrá hacer una evolución
comparada de las distintas intensidades en cuanto al
cobro de muchas de estas sanciones, en función de cada
comunidad autónoma. No tengo los datos aquí, y esa es
la razón por la que no puedo facilitárselos en estos momentos.




Por último, ha hecho una referencia también en este
sentido -supongo que se referirá, sobre todo, al tema de
los ahorros que se pueden conseguir muchas veces- a los
planes de lucha contra el fraude.

En los planes de lucha contra el fraude, la verdad es que
hasta el momento -perdón por la inmodestia-, se ha
obtenido resultados bastante fructíferos. ¿Por qué razón?
Pues porque desde julio de 1996, en que se inició este plan
de lucha contra el fraude, al menos hasta abril de 1998
-estamos hablando en general del plan de lucha contra el
fraude, porque no podemos mezclarlo sólo con el tema de
la Inspección de Trabajo- se ha conseguido un ahorro por
encima de los 425.000 millones de pesetas, y sólo en el año
1998 se sitúa en 220.000 millones de pesetas. Afecta, como
saben muy bien, a una serie de prestaciones, desde los complementos
mínimos de pensiones, pasando por temas de
recaudación, morosidad de las administraciones públicas,
prestaciones por desempleo, incapacidades temporales,
etcétera, y se tiene una previsión para el año 1999 que se
sitúa en torno a unos 200.000 millones de pesetas. Evidentemente,
en unos casos eso ha supuesto un menor crecimiento
del gasto y, en otros, una mayor recaudación, que se
ha reflejado muy especialmente en el caso de la recaudación
ejecutiva de la propia Tesorería General de la Seguridad
Social, incluso también en la propia recaudación
voluntaria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Es decir, hay que contemplar ambos frentes para ver no
sólo la vertiente del gasto, sino también la vertiente de los
ingresos.

Pasando a contestar al señor Peralta, que ha hecho una
referencia específica sobre la plantilla de la Inspección de



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Trabajo en 1998 y previsiones para 1999, le diré que a 31
de diciembre de 1996, la plantilla de inspectores era de 660
y la de subinspectores de 798; en total 1.458. A 31 de
diciembre de 1997 los inspectores subieron a 675 y los
subinspectores a 809. En octubre de 1998 los inspectores
pasaron a 696 y los subinspectores se mantienen en estos
momentos en 808, pero las ofertas de empleo público se
están acelerando, de tal manera que la oferta de empleo
público se incrementa en 30 nuevos funcionarios en relación
con la de 1997, funcionarios que en estos momentos
están en fase de prácticas y se incorporarán ya en este ejercicio,
20 inspectores y 10 subinspectores, con lo que nos
situaríamos en 716 inspectores y 818 subinspectores. Además,
acaba de convocarse la oferta de empleo público de
1998 con 20 inspectores más y 12 nuevas plazas de subinspectores.

Le adelanto que está previsto -sólo previsto porque
todavía no está cerrado- que en el ejercicio de 1999
se duplique la previsión de puestos en la plantilla tanto de
inspectores como de subinspectores, en torno a unas 50
plazas, con una distribución que, en principio, no está totalmente
fijada. Como verá el crecimiento cara al año 2000
de la plantilla de inspectores, en estos tres últimos años está
empezando a ser muy significativa, lo que creo que nos
congratulará a todos, aunque evidentemente no son las
cifras a las que aspiramos, pero con el salto que vamos a
dar en el año 1999 y esperamos poderlo mantener en los
ejercicios sucesivos se podrá lograr esa cifra ideal que
todos queremos para los inspectores de Trabajo.

El señor Peralta también había planteado una mejora en
la tramitación de expedientes de Fogasa, que me parece
que también lo había planteado la diputada socialista, y le
contesto lo mismo que le dije a ella y es que les remitiré
por escrito esa evolución en la mejora de los expedientes
de estos últimos años, donde se puede ver cómo ha ido disminuyendo
el embalsamiento de expedientes con que nos
encontramos a la hora de analizar los expedientes del
Fogasa.

En cuanto a la relación Tesorería General y Fogasa y
ausencia de recursos, repito lo que ya he dicho a la diputada
socialista, y en que los suplementos de crédito que se
vienen efectuando con el Fogasa en el sentido de que, por
ejemplo, en este ejercicio de 1998 han sido por un lado un
suplemento de 4.000 millones y otro de 1.500 y pico millones,
al que he hecho referencia anteriormente, deja claro
que la Tesorería General de la Seguridad Social puede
ampliar el presupuesto del Fogasa previsto inicialmente, en
función de su propia capacidad de gestión, como así ha
ocurrido en 1998.

En cuanto a la posibilidad de mejorar locales, le contestaré
por escrito, porque como pregunta sobre la mejora de
locales de una comunidad autónoma concreta, no tengo el
dato, pero se lo facilitaré con mucho gusto.

Por el Grupo Parlamentario Popular, el diputado señor
Camps ha hecho un planteamiento global sobre cuál ha
sido la evolución del presupuesto del departamento en el
ejercicio de 1999 y su comparación con 1998. El presupuesto
del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
a nivel de departamento -entendiendo por departamento
no sólo el propio ministerio sino también todas las aportaciones
que el departamento realiza a organismos autónomos
y a la Seguridad Social- ha tenido una disminución
en su crecimiento del 1,3 por ciento. Esa disminución ha
sido debida a una razón de la que todos nos podemos felicitar
y es que han disminuido en un 37,3 por ciento los activos
financieros, que en su práctica totalidad correspondían
a préstamos a la Seguridad Social. Es decir, la evolución de
la Seguridad Social ha mejorado cara al ejercicio 1999 de
una manera tan significativa que ha permitido, ni más ni
menos, que los préstamos a la Seguridad Social disminuyan
concretamente en un 37,3 por ciento. Esa es la razón
por la cual el propio presupuesto del departamento, que
contempla todos los préstamos, no sólo a organismos autónomos
sino a la propia Seguridad Social, sean muy inferiores
en el capítulo 8 -que como saben ustedes es el capítulo
de activos financieros- debido precisamente a esta
salvedad. Sin embargo, si contemplamos el presupuesto no
financiero -que creo que es el verdaderamente debemos
contemplar- donde este capítulo 8 se suprime, el presupuesto
no financiero y consolidado -que creo que es el
indicador más significativo y representativo para evaluar
la importancia del presupuesto- veremos que asciende a
2 billones 731.000 millones, con un aumento de 136.517
millones, lo que supone un incremento del 5,3 por 100.

Este incremento del 5,3 por 100 se debe fundamentalmente,
como posteriormente explicará con mayor detalle el
Secretario general de Empleo, que veo que ya está presente
en la sala, al crecimiento que han sufrido las propias políticas
activas de empleo. De todas maneras, si analizamos los
datos comparados de lo que supone ese incremento del 5,3
por 100, se verá que es muy próximo al 6 por 100 del PIB
nominal, incluso es superior al propio crecimiento del presupuesto
no financiero consolidado de los Presupuestos
Generales del Estado, que ha sido del 4,3 por 100. En este
sentido, el del Ministerio de Trabajo ha sido un punto más,
el 5,3 por 100; prácticamente triplica el aumento del IPC
previsto, que como saben ustedes es del 1,8 por 100, y
supera en un punto y medio al propio crecimiento real del
PIB, que como saben ustedes, es del 3,8 por 100.

Yendo a datos más desglosados, me pregunta el señor
Camps por la evolución de las políticas del Departamento
de Trabajo, especialmente de las políticas de solidaridad,
activas de empleo y de las prestaciones por desempleo. Si
vemos cuál ha sido la evolución de lo datos en relación con
la evolución de estas políticas, comprobamos que esa evolución
está siendo enormemente significativa tanto en políticas
de solidaridad como en políticas activas de empleo.

Concretamente la evolución registrada entre 1996 y 1999,
por ejemplo, en el programa de fomento y gestión de
empleo, referido a políticas activas de empleo, el incremento,
la variación relativa, ha sido del 248,1 por 100. En
el caso de la formación profesional ocupacional y en este
mismo ejercicio con respecto al ejercicio anterior, 1999-
1998, ha sido del 123 por 100. En formación profesional
ocupacional en esos tres ejercicios ha sido del 70,7, y en el
ejercicio 1999 con respecto a 1998 ha sido del 16,6 por
100. En escuelas-taller, casas de oficios y talleres de
empleo, por primera vez cambia la denominación, porque
saben ustedes que precisamente es una novedad que se
quiere introducir ya que se considera prioritario el tratamiento
de todos los parados de larga duración, especialmente
de los mayores de 45 años y, sobre todo, con cargas
familiares, porque evidentemente es uno de los colectivos



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sociales que creo que requieren cada vez más una atención
prioritaria y así se empieza a reflejar no solamente en la cumbre
de Luxemburgo y en el Plan de empleo de 1998 sino que
va a ser una de las prioridades del Plan de empleo de 1999.

En ese sentido, en este ejercicio se ha incrementado el
presupuesto en un 23,8 por 100. En concreto, se ha pasado
de 49.000 millones a 61.000 millones, en número redondos.

La evolución, a lo largo de esos tres ejercicios, ha sido
del 34,8 por 100. Las llamadas políticas netas, es decir,
aquéllas excluidas de los propios gastos de funcionamiento,
en el presupuesto para 1999, suponen el 67,1 por 100, y
en los tres ejercicios el 141,8 por 100.

En el presupuesto de la solidaridad social, la evolución
ha sido también enormemente significativa. No quiero entrar
en muchos detalles porque luego vienen las comparecencias,
pero les diré a grandes rasgos que las políticas de solidaridad
se han incrementado en un 31,3 por 100 a lo largo de estos
tres ejercicios, con un total de 10.379 millones de pesetas,
sobre un total de 43.570 millones en el presupuesto de 1999.

(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por último, respecto a las prestaciones por desempleo,
gracias al crecimiento del empleo básicamente, la evolución
ha sido decreciente, porque no cabe duda de que nos
encontramos en presencia de un programa que ha decrecido
en un 9,5 por 100 en este ejercicio con respecto al anterior,
en concreto, menos 141.924 millones de pesetas. Al
mismo tiempo, me decía el señor Camps en qué medida
ese decrecimiento se debía a lo que podríamos llamar restricción
de los derechos de los desempleados. En absoluto,
porque la normativa vigente desde los años 1993 y 1994 no
solamente no ha sido alterada sino que, una vez que esa
normativa consolidó sus efectos y consecuencias sobre los
derechos de los desempleados en el año 1995, prácticamente
se ha mantenido estable. La ligera modificación que se
opera se debe, única y exclusivamente, al propio crecimiento
del empleo. Diríamos, pues, que, al no haberse alterado
bajo ningún supuesto esos derechos -incluso ha sido
mejorado algún grupo marginal, por ejemplo el tiempo parcial-,
no solamente no ha habido modificación de los
derechos sino que, en algún caso concreto, en algún grupo
muy específico, ha habido una mejora de la protección por
desempleo.

Me parece que me he excedido. Salvo que quieran alguna
nueva aclaración, he terminado. Repito, las que no les
he podido concretar se las enviaré por escrito cuando tenga
todos los datos.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes señoras y
señores diputados.

Señora López i Chamosa, tiene la palabra por un minuto
o dos.




La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Menos.

Muchas gracias, señor Subsecretario, por las contestaciones.

Sobre la documentación que nos va a enviar, tendríamos
mucho interés en que nos diera información sobre
los convenios de recuperación de Fogasa, es decir, si puede
enviarnos la evolución por lo menos de los dos últimos
años, qué perspectivas y qué grado de recuperación tienen,
tal como su nombre indica.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su
comparecencia, señor Subsecretario.




- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE
EMPLEO (PIMENTEL SILES), A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número
de expediente 212/001613) Y DEL GRUPO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de
expediente 212/001670.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la comparecencia
del secretario general de Empleo, señor Pimentel.

La solicitud de comparecencia del secretario general de
Empleo, señor Pimentel, la han realizado el Grupo Federal
de Izquierda Unida y el Grupo Socialista. En primer lugar,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Federal de Izquierda
Unida, señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Buenas tardes,
señor secretario general de Empleo.

El libro de presentación de los Presupuestos Generales
del Estado para 1999, cuando se refiere a las perspectivas
del empleo y de las condiciones en general en que se va a
producir la adecuación para el próximo año, entre la
muchas cosas que dice, habla de que el consumo privado
se va a incrementar un 3,8 por 100. Estamos hablando de
consumo privado, por tanto de posibilidades de bienestar
de los trabajadores, de la inmensa mayoría de la población.

Amí me gustaría que hiciéramos números. Si, por un lado,
se dice que se va a incrementar este consumo privado en el
3,8 por 100 y, al mismo tiempo, se plantea como objetivo
que los salarios no se incrementen por encima del 2 por
100, cuando este año ha sido del 2,6 en término medio,
según sus propias estadísticas, y se plantea también como
objetivo que los costes laborales unitarios no se incrementen
por encima del 1,5 por 100, me gustaría que se nos aclarase
qué va a pasar con la participación en la renta nacional
de las rentas de los trabajadores. Nuestros cálculos apuntan
a que posiblemente se reduzcan en un 0,76 por 100; no
vamos a entrar en polémicas sobre cifras, pero, según nuestros
cálculos, estos objetivos podrán realizarse en la medida
en que efectivamente los incrementos de la productividad
se los lleve en buena parte el empresario, en la medida
en que los salarios se produzcan a la baja, mientras que a
los empresarios se les reducen los costes, que es algo así
como incrementar las rentas de capital. Si estos salarios
van a ser más bajos ¿Qué otros factores se van a introducir
para que esos elementos se produzcan? Ya digo que, si no
es por una disminución del porcentaje de las rentas salariales
en la renta nacional, no nos cuadran las cifras bajo ningún
aspecto.

Por otro lado, los incrementos del producto interior
bruto con respecto al empleo han sido este año de un 3,5
por 100 y un 3,2 por 100 para 1999. La diferencia entre
ambas magnitudes es de un 0,3 por 100. Sin embargo,
cuando se llega a las previsiones para 1999, no aparece una
distancia de un 0,3 por 100 sino de una unidad entera, un
punto, en la medida en que se prevé un crecimiento del
empleo del 2,8 mientras que el crecimiento económico se
eleva a 3,8. ¿A qué es debido esto? ¿Es que se prevé que la



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nueva coyuntura económica produzca una desaceleración
del crecimiento del empleo o qué otra explicación dan ustedes
a asentar estos objetivos a la baja?
También compartimos, como es lógico, una cierta satisfacción
por los datos que el Gobierno presenta respecto a
que el paro se va paulatinamente reduciendo, pero cuando
se plantea que este año se ha reducido al 18,8 por 100 y se
prevé para 1999 una reducción al 17,4 por 100, ¿no estaremos
justificando que no se adoptan las medidas suficientes
como para que se reduzca de forma más drástica? Me
explico. Por un lado, esta satisfacción puede ser vana en la
medida en que se basa en las cifras de parados, tanto si las
da el paro registrado en el INEM como si las da la EPA,
pero no se contabiliza ahí el número de personas desanimadas
a la hora de intentar abordar de alguna forma su entrada
en el mercado de trabajo. Son dos millones y medio de
personas desanimadas las que se contabilizan por parte de
algunos estudios y, por tanto, estaríamos ante cinco millones
y pico de hombres y mujeres en España que todavía no
tienen resuelto el problema del empleo. En cualquier caso,
por tanto, ¿no es insuficiente este objetivo que se plantea el
Gobierno de reducir el paro al 17,4 por 100? En la medida,
además, en que ustedes se niegan una y otra vez en redondo
a introducir medidas de reparto del trabajo, como pueda
ser la reducción de jornada a 35 horas semanales sin reducción
salarial, ¿no les remuerde a ustedes un poco la conciencia
a la hora de plantear esta cuestión? Es evidente que
la pregunta no es la del millón, porque va a tener una respuesta
fácil, pero en cualquier caso debemos convenir en
que el crecimiento del empleo está cifrándose pura y simplemente
en la virtualidad que el crecimiento económico
tenga respecto a esta magnitud de la reducción del paro y el
crecimiento del empleo y, por tanto, obviamente, me parece
que en cualquier caso siempre es conveniente introducir
la idea -y animar, por tanto, al Gobierno también- de
que se pueden habilitar otras políticas de creación de
empleo que ustedes no están ahora planteándose.

Por último, ¿quién paga este crecimiento del empleo
que se está realizando? A mí me parece que esta es una
cuestión fundamental, porque, junto a la insuficiencia y
quizá una cierta irrealidad en la medida en que la nueva
coyuntura no viene tan animosa como en el pasado, junto a
estos dos elementos, nosotros creemos que conviene que se
reflexione sobre los datos que se nos presentan. Tiempo
habrá de preguntarle también al director general del INEM,
pero en cualquier caso, en razón de su superior responsabilidad,
también vamos a situar esta cuestión en nuestra intervención
con respecto a su comparecencia. ¿La liberación
de los recursos que genera la reducción del pago de las
prestaciones por desempleo, es decir, un 9,5 por 100 menos
de gasto, no va en paralelo también con la reducción de la
cobertura por desempleo? Se nos dice que no, que la cobertura
por desempleo no se reduce. Sin embargo, nosotros
tenemos los datos que, salvo que estén equivocados, plantean
que, mientras la cobertura por desempleo en el año
1993 era de un 3,47 por 100 del producto interior bruto,
hoy significa solamente un 1,94 por 100 de dicho producto
interior bruto, por lo que obviamente hay una reducción en
términos relativos respecto a la participación del producto
interior bruto y en términos también relativos respecto a la
cobertura misma del desempleo. Esto a nosotros nos indica
-no sé si a usted también- que de alguna forma la cobertura
al desempleo es la que está pagando en buena parte la
factura de las políticas que ustedes están realizando de creación
de empleo, de eso que llaman mejorativamente, y,
por tanto, comparativamente con respecto al término peyorativo
de políticas pasivas, políticas activas.

Pasando entonces a políticas activas, respecto a la formación,
los incrementos, que se producen sin duda alguna
de forma sustanciosa en las inversiones para formación,
¿van a ir en paralelo con respecto a la cualificación de la
formación? ¿Se nos van a dar por fin este año balances de
cómo están relacionadas estas inversiones cuantiosas, cada
vez más cuantiosas, de los presupuestos de su departamento
con respecto, en primer lugar, a la creación real de empleo,
después de que se haya cualificado y adaptado a los trabajadores
en período de formación, y respecto también a en qué
condiciones se imparten esos cursos, es decir, a la calidad
misma de la enseñanza que se imparte? Por un lado, ¿van a
existir balances? Por otro lado, ¿qué medidas se van a adoptar
para controlar que este dinero está bien invertido, que
realmente se responde en todo momento a las exigencias de
la ley, por supuesto, y al mismo tiempo de la eficacia? Porque
no olvidemos que el Tribunal de Cuentas últimamente
está planteando cuestiones desagradables respecto a presuntas
irregularidades que tendremos que aclarar en su día
sobre los gastos de formación que se realizan en algunas de
las más importantes entidades que imparten cursos de formación
a los trabajadores en estos momentos.

Insisto en quién está pagando estas políticas de empleo,
no solamente en la protección social, sino también en la
Administración laboral. Se nos tendrá que explicar el dato,
pero hemos creído leer que se disminuyen los gastos de la
Administración laboral en general hasta reducirse a un 1,4
por 100 respecto del año anterior. Sin embargo, es verdad
que aparece como contradictorio el dato de que en la inspección
de trabajo, sobre todo en los servicios de la Seguridad
Social, sí se incrementa un 8,8 por 100. Nosotros quisiéramos
que se nos explicase exactamente cuáles son estas
cifras, si efectivamente se reduce esa Administración laboral
en términos generales, aunque en términos particulares
se incremente, y para qué conceptos se incrementa la inspección
de trabajo, posiblemente en detrimento de otros
programas de seguimiento de las distintas facetas de las
relaciones laborales.

Por otro lado, en el partida de lo que se va a invertir en
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
los 4.200 millones de pesetas, de hecho sí se produce un
incremento de un 5 por 100; sin embargo, sigue manteniéndose
inalterada la proporción respecto a los gastos de los
otros Organismos autónomos, que crecen mucho más. En
este caso del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo aparece ese 0,1 por 100 de los gastos de los organismos
autónomos como inalterado de un año para otro. Es
decir, mientras otros organismos tienen crecimientos
mayores -el INAP, por ejemplo, o el Instituto Nacional de
Empleo-, sin embargo, en seguridad e higiene parece que
se invierte la insignificante cantidad de 4.200 millones de
pesetas. ¿Cómo se conjuga esto con una política de seguimiento
de la siniestralidad laboral? ¿O vamos a seguir con
la misma política que en pasados ejercicios? Es decir, a
finales de un año se hizo una campaña de sensibilización



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con respecto a los accidentes de trabajo del año pasado,
este año se nos anuncia -se nos ha anunciado hoy mismo
por parte del subsecretario del Ministerio- una cumbre de
la siniestralidad laboral, y volveremos el año que viene a
hacer otro numerito de cara a la galería, ¿pero mientras
tanto se van a seguir financiando los gastos de seguimiento
y de prevención de los riesgos laborales con cantidades tan
insignificantes? Creemos que a esto se tiene que responder
desde las cifras de forma más significativa de lo que se está
haciendo.

Las políticas de empleo crecen, sin duda alguna, de
forma muy espectacular, crecen un 183,7 por 100, pero las
grandes cantidades se trasvasarán a los bolsillos de los
empresarios para incentivar que realicen determinadas operaciones
de contratación. Dicha contratación indefinida ya
se anuncia que va a ser inferior en un 11 o en un 19 por
100, según las cifras que hemos leído. En cualquier caso,
reduciéndose en las dos las expectativas de contratación
indefinida. Por tanto, si por un lado no ha llegado en ningún
caso al 10 por 100 de la contratación, pero, por otro, se
espera una reducción, ¿esa experiencia no significa un cierto
fracaso, de forma que implicaría una invitación a que no
se redunde en las mismas políticas? Sin embargo, se incrementan
un 183,7 por 100 los gastos para estas políticas, llamadas
activas, de empleo. En cualquier caso, quisiéramos
que se situase la cifra que se va a habilitar para los contratos
a tiempo parcial, si se tiene previsto y cuantificado, y
dentro de los 94.000 millones que se van a invertir en
maternidad cuáles de ellos corresponden a la última medida
de coste cero en la contratación de sustituciones por baja
maternal. Creemos que éste es un elemento muy importante
de cara a clarificar por dónde van esas políticas activas,
porque es cierto que se va a incrementar esta cantidad en
términos generales de forma muy importante. Sin embargo,
la partida de incentivación a la economía social se va a
incrementar sólo en un 2,4 por 100, comparación que parece
un tanto agraviosa. Conviene que se clarifique muy bien
por donde van a ir los tiros en el futuro, dado el fracaso que
nosotros entendemos que ha existido en estas políticas,
para que sepamos decir exactamente por qué se reduce la
cobertura de desempleo, por qué se reducen los gastos en
Administración laboral, por qué se mantienen casi congelados
los gastos en FOGASA, por qué se reducen en buena
parte los servicios sociales, etc., -tendremos ocasión de
hablar de esto a lo largo de la tarde- y sin embargo, por
qué se incrementan de forma tan importante pero desigual
los gastos de la formación para el fomento del empleo. Es
decir, si no van a significar un trasvase de rentas, precisamente
de las rentas de los más desprotegidos en el mercado
de trabajo, que son los trabajadores que no encuentran
empleo y los que, en último término, van a pagar en bonificación
de cuotas a la Seguridad Social a los empresarios
para que creen empleo. Nosotros, que hacemos de forma
maliciosa esta lectura de los presupuestos, quisiéramos
obtener una satisfacción, aunque sea dialéctica, que me
temo que no con los hechos, por parte del secretario general
de Empleo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Gimeno.

El señor GIMENO MARÍN: En esta comparecencia,
señor secretario general, agradecemos su presencia, por
supuesto, porque usted viene aquí a contestar a preguntas
sobre un presupuesto nada más y nada menos que de 2,1
billones de pesetas en lo fundamental, aún es mayor lo cual
indica que estamos ante una de las partes más importantes
del presupuesto. Ya sabe que estamos en una comparecencia,
se lo dije otra vez, para intentar clarificarnos qué es lo
que dice aquí este presupuesto. Creo que, afortunadamente,
hoy iremos más al grano y a lo concreto que en el ejercicio
anterior, puesto que usted ya ha difundido su especie de
panfleto publicitario a los medios de comunicación sobre
cuáles son las ideas-fuerza de su Ministerio en políticas de
empleo, con lo cual podremos entrar directa y abiertamente
al grano en este tema que es de enorme importancia. Tan es
así que nos preocupa enormemente pensar que usted viene
a esta Cámara con un bagaje de información realmente
escaso. Ya no he querido ni siquiera pedirles a ustedes que
me facilitaran antes la liquidación del presupuesto del ejercicio
anterior. Viene un resumen pequeñito de la Intervención
General del Estado a nivel global, que seguro que
usted conoce porque se habrá mirado por lo menos las
grandes cifras, las que están más en gordita, en negrita, en
cualquier caso usted viene a esta Cámara con un bagaje de
poco más de veintitantas páginas, la mayoría de números
farragosos en la jerga presupuestaria a la que estamos acostumbrados
los que nos dedicamos a seguir los presupuestos,
pero poco más.

El primer problema que se nos presenta a los grupos de
la oposición es que cuando hablamos de 2,1 billones de
pesetas, lo menos que se debería facilitar a esta Cámara
-en cualquier caso tomaremos las iniciativas, creo que ha
pasado suficiente tiempo para que las tomemos- es lo
mismo que hacen en su Ministerio respecto de otros organismos
que gastan mucho menos que el INEM. Me refiero
a que cuando vienen a esta Cámara traen en cuanto al ejercicio
anterior, aunque sea el de 1997 en este caso, la contabilidad
económico-patrimonial, muy necesaria para conocer
la realidad de lo que pasa en el INEM. Porque ya
sabemos lo que son las cifras presupuestarias: Cifras
presupuestarias;
pero eso no tiene nada que ver con la realidad
de lo que está pasando. Seguro que usted sabe ya, como
dicen los expertos contables, que un balance informa más
muchas veces de lo que dice la gestión presupuestaria, pero
ni siquiera con eso es suficiente para saber qué es lo que
está pasando. Queremos conocer la cuenta de resultados y
la cuenta de tesorería, no poco importante en este Instituto,
cuando además le gestionan a ustedes otros organismos de
la Seguridad Social, fundamentalmente la recaudación y
pago. Con lo cual queremos saber qué es lo que está pasando
en el INEM, además de las cosas que esperamos conocer
a lo largo de su comparecencia, no vaya a ser que con el
INEM estemos financiando la Seguridad Social; o que sin
que estemos financiando la Seguridad Social, lo que nos
empieza a preocupar es si con cotizaciones sociales, a pesar
de lo que algunos sectores de esta sociedad dicen continuamente
que hay que liberalizar, menos intervencionismo,
menos Estado, por un lado se diga una cosa y por otro lado
se ponga la mano. Porque aquí comenzaremos a pensar que
con las cotizaciones sociales, con los salarios de los trabajadores,
se empiezan a hacer políticas que no sabemos si



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producen empleo o qué es lo que están produciendo. Desde
luego la alegría de muchos por las subvenciones que están
percibiendo. En cualquier caso, nosotros creemos y queremos
que nos facilite ya, y se lo digo formalmente, la contabilidad
del ejercicio anterior, y si fuera posible, por qué no,
con los medios informativos actuales nos puede facilitar el
balance del INEM lo más cerca posible del momento en
que nos encontramos. No es nada complicado y así veremos
cómo se mueve esa situación.

Hay otros organismos que facilitan de su propio Ministerio,
y también se lo pedimos, las contrataciones que efectuaron
por la aplicación de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y traen toda la contratación. De
eso se trata, de que podamos ejercer nuestra oposición al
Gobierno. Para eso necesitamos conocer en profundidad lo
que usted conoce en profundidad y que, en mi opinión, no
facilita transparentemente a esta Cámara, ni siquiera a la
opinión pública.

Sus estadísticas se empeñan en decirnos permanentemente
cuántos parados hay y cuántos perciben prestaciones
y subsidios. Siempre le estamos diciendo que, por favor,
nos digan también cuánto cobran cada vez, que no pasa
nada. Porque usted fija sus gastos de acuerdo a las medias
que calcula sobre quiénes van a percibir prestaciones y subsidios.

Háganos el favor de decirnos cada mes en el boletín
de estadísticas laborales del Ministerio, a través de Internet
o publicado en hoja impresa, si es posible, cuánto gastan en
dichas prestaciones, cómo va la evolución y no cuántos son
los beneficiarios sólo. Ya sabemos cuántos son los beneficiarios,
ya nos los dicen ustedes con más o menos retraso,
pero aproximándose bastante a la posibilidad real que existe,
pero no hay manera de saber cuánto recaudan y cuánto
gastan cada mes en todas las prestaciones que se plantean.

Por ir concretando, esos datos se los pido formalmente.

Ya sé que contestar en estos momentos a esas cuestiones es
bastante difícil, pero nos vendría bien. Le digo esto porque
no crea que es un capricho pedir la información, porque,
por ejemplo, si usted que seguro que le suena, algunas de
las cuentas del balance sí que le tienen que sonar. Y si nos
las da ahora y nos adelanta esos datos, abrimos boca para
tener más información y ya nos llegarán el resto. Esperamos
que nos llegue antes del debate en el Pleno donde el
Grupo Socialista presentará sus alternativas y su clara oposición
al Gobierno en esta política.

Si fuera posible nos gustaría que nos dijera cuántos son,
si existen, los deudores presupuestarios y acreedores presupuestarios
del INEM. Lo tiene en los balances. Se lo pide a
sus técnicos que seguro que se lo facilitarán, deudores no
presupuestarios, deudores por administración de recursos
atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos. La
Seguridad Social lo tiene muy desglosado, lo tiene muy
bien, y seguro que usted también no los podrá facilitar.

De las cuentas del activo queremos las cuentas deudoras;
de las cuentas del pasivo queremos las cuentas acreedoras
del mismo contexto.

Hacemos estas preguntas en concreto porque estamos
muy preocupados, señor Pimentel, con los datos que nosotros
observamos. Creemos que usted tiene la percepción de
que usted o el Gobierno pueden venir a esta Cámara a presentar
unos presupuestos que digan lo que a ustedes les da
la gana. Aesta Cámara se traen unos presupuestos para que
se aprueben y cuando se haga se trata de que se aprueben
con la mayor fidelidad posible en cuanto a las cifras que
ustedes traen a esta Cámara. Resulta con la paciencia que
hemos tenido desde el año 1996 hasta ahora de ir viendo
detenidamente cómo van los presupuestos, ya podemos
empezar a hacernos un juicio de lo que creemos que va a
pasar también en 1998 y en 1999, y por supuesto no sólo
por la información que ustedes nos facilitan. Pero por lo
mucho que se han equivocado ya desde 1996, con más o
menos responsabilidad, en 1997, con mucha más responsabilidad,
y lo que ya vemos que se empiezan a equivocar en
1998, a nosotros nos preocupa que se puedan dar diferencias
presupuestarias en las previsiones que ustedes hacen
de tal volumen y de tal importancia sin que esta Cámara se
entere y sin que pasen para que sean aprobadas por esta
Cámara; y no digo con eso que lo estén haciendo ustedes
ilegalmente. Lo que estoy diciendo es que después de que
se han calentado ustedes tanto la boca -perdón, usted no,
los portavoces de su grupo parlamentario- diciendo si a
esta Cámara se traían o no presupuestos que tenían que ver
con la realidad o que luego el Gobierno hacía lo que le daba
la gana, le tengo que decir a usted que con las modificaciones
presupuestarias que empiezo a intuir y a ver en sus presupuestos,
lo que viene a esta Cámara no tiene nada que
ver con la realidad de lo que usted hace o lo que hacen los
técnicos que lógicamente le facilitan a usted los instrumentos
legales, que no dudo, para que usted pueda gastar, ahí
no sé si como le dé la gana o como usted cree que debe ser;
desde luego, en mi opinión, creo que no están acertando.

Intentaré, de las respuestas que usted dé a mis preguntas,
llegar a una conclusión.

Como consecuencia de ello, le empiezo a plantear algunas
preguntas que nos interesaría conocer. Algunas las
hemos visto en los análisis que se hacen de lo que nos traen
de los presupuestos, incluso en algún avance de liquidación
de 1998 y le digo de antemano que no lo comparto. El
avance de liquidación de 1998 que nos dicen ustedes que
va a ocurrir en el INEM, mejor dicho, lo dice la Intervención
General o quien haya hecho esa previsión, no va a
coincidir con la realidad, sólo hay que ver los avances anteriores
que habían hecho ustedes, no ha coincidido ninguno,
pero no le estoy hablando de diferencias pequeñas, estamos
hablando de diferencias de 100.000 y de 200.000
millones, no estamos hablando de pequeñas cifras. Por eso
le digo que me preocupa mucho.

En ese contexto, nos gustaría que nos contestara algunas
preguntas. ¿Cuál es el volumen de impagados de las
cuotas de desempleo y formación profesional? Eso lo
puede decir ahora, bien con los datos que tenga o si no con
los que le facilite la Tesorería. En cualquier caso, nos parece
un dato importante para tener una realidad y un conocimiento
real de lo que está pasando. ¿Qué va a pasar en
1998 con los ingresos y con los gastos? Hace tiempo ya
que sabemos que con los ingresos ustedes presupuestan a
la baja; haya muchos más ingresos de los que ustedes
dicen, pero muchísimos más, no cifras pequeñas, muchísimos
más. ¿Nos puede decir, para 1998, cuál es la previsión
de ingresos que usted tiene? Conozco la de la Intervención,
si usted me dice que es la misma, la misma, pero casi le
creo a usted más que a la Intervención, porque ya le digo
que la de la Intervención no me la creo, no me creo esa previsión.




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Creo que la previsión de ingresos está muy por
encima del avance de liquidación de la Intervención, no de
lo que dice su presupuesto que lógicamente no puede decir
nada de 1998. ¿Y con los gastos? Me gustaría saber si
durante el ejercicio 1998 usted va a gastar muchísimo más
de lo que ha traído a esta Cámara, y me empiezo a temer
que sí. De los datos que voy cogiendo de la Intervención
General del Estado, de organismos autónomos, estoy viendo
que hay muchas modificaciones presupuestarias. ¿Me
puede decir usted cuántas modificaciones presupuestarias
se han producido ya en 1998 y cuántas se van a producir a
finales de 1998 en los distintos programas de gasto? De
hecho ya le digo que a lo mejor me he equivocado, pero las
cifras las he visto tan altas que me ha parecido preocupante.

Hay una pregunta que ya se la hice el año pasado.

¿Cómo calculan ustedes los ingresos? Por lo menos a mí
me parece que en una lógica normal cuando resulta que las
cotizaciones para este organismo y las cotizaciones de la
Seguridad Social se hacen sobre las mismas bases (podemos
discutir más o menos sobre las bases de cotización al
régimen general de la Seguridad Social o si quiere al de
accidentes, es parecido, no hay mucha diferencia), cómo es
posible -expliquenoslo- que los porcentajes de incremento
de sus ingresos sean distintos que los porcentajes de
incremento de los ingresos del régimen general de la Seguridad
Social; cómo es posible que usted esté hablando de
unos ingresos que se incrementan alrededor del 9 o del 10
por ciento, que es lo que se plantea en su presupuesto, y
que el incremento de recaudación por cuotas de la Seguridad
Social sea del 5,4 por ciento o si quiere usted el del
régimen general de un 3 por ciento o el de accidentes de un
5 por ciento. ¿Cómo es posible que haya semejantes diferencias?
O es que ustedes esto lo hacen como a brocha
gorda: da lo mismo porque ya saben lo que quieren. A
mí me da la sensación de que está empezando a pasar
esto.

Fíjese -intente aclararnos eso-, en 1998 presupuestaron
ustedes más de 500.000 millones más de cuotas de
desempleo que de prestaciones contributivas de desempleo.

Mi compañero de Comisión se lo decía de otra manera,
pero era parecido. Más de 500.000 millones. A finales
de 1998, ¿en cuánto van a exceder las cuotas de desempleo
a las prestaciones de desempleo? En 1998, pero díganos la
verdad. No nos diga la cifra que pone en el avance de liquidación;
porque, ¿es verdad o no, cuando usted habla con
las organizaciones y con los agentes sociales, que están
hablando ya de los remanentes que tiene en este ejercicio
para llegar a acuerdos? En esta Cámara tenemos la sensación
de ser tontos. Intente contestarnos a esas preguntas.

En 1996 ya excedió mucho la recaudación por cotizaciones
de desempleo a la de prestaciones por desempleo. En 1997
disminuyó algo la diferencia, de acuerdo con los datos de
liquidación que tengo. Pero en 1998 la diferencia es enorme
y en 1999 la impresión que tenemos es que se disparan
de tal forma que es un auténtico escándalo. ¿Cómo es posible
que tengan ustedes previsto en 1999 nada más y nada
menos que 727.000 millones más de cuotas de desempleo
que de prestaciones por desempleo, lo cual implica una
concepción clarísima? por eso le he hablado antes, ya me
disculpará, de panfleto de propaganda lo que han presentado
a los medios. Cómo es posible que alguien haga eso en
una previsión que hacen por recaudación por cuotas de
desempleo, salvo que tengan muy claro cómo quieren aplicar
la política, porque si es así, ya veremos, cada uno tendremos
nuestra alternativa. Fíjese en la diferencia desde el
año 1996 hasta el año 1999, pero con otro problema, realmente
nosotros no nos creemos que sean 727.000 millones
en 1999, van a ser bastantes más. ¿Por qué? Porque nos
quedamos asustados cuando vemos que ya está usted pensando
en sus presupuestos, en los que presenta aquí, del
año 1999 en remanentes de tesorería. Tiene usted la modestia
de presentarnos unos remanentes pequeñitos, 61.000
millones, no está mal. Digo los que presenta para el año
1999, con lo cual empezamos a pensar que nosotros no nos
creemos ni siquiera todos los datos que nos empiezan a dar
ustedes.

Fíjese de qué cifras he estado hablando: 800.000 millones
en 1999; más de 500.000 millones en 1998; 250.000
millones en 1997; 290.000 millones en 1996. ¿Así cree
usted que hay que financiar todas las políticas del Gobierno,
llamadas por ustedes activas?
Supongo que conoce que el Tribunal de Cuentas les ha
mandado a ustedes una notificación diciendo que hay que
aforar los remanentes antes de las aportaciones del Estado.

En mi actividad con el Tribunal de Cuentas me toca a veces
discutir de este tipo de cuestiones. Nos encontramos en una
situación sorprendente. Con un poco de suerte, usted o el
Ministerio de Economía van a tener la gran oportunidad de
que el año que viene igual se ahorra el Ministerio de Economía
la aportación del Estado al INEM. Alo mejor exagero
un poco, algo le tocará todavía. A lo mejor usted consigue
poder gastarse semejantes cifras para las políticas que
usted está enfáticamente anunciando a todo el mundo,
diciendo cosas que yo quiero que me clarifique también,
porque no entendemos nada. Perdóneme, pero no entiendo
lo que usted ha difundido a los medios de comunicación,
no lo entiendo.

En cualquier caso, antes de que me conteste a esas preguntas,
le voy a hacer otras. ¿Han estudiando cuál es el
efecto sobre el empleo del incremento de las cuotas sociales?
Espero que usted lo haya hecho, porque estamos
hablando de cifras billonarias que financian políticas que
creemos que debería financiar el Gobierno. Supongo que
tienen que tener un estudio, facilítenoslo, porque estaremos
encantados de contrastar con los grandes expertos las opiniones
que digan que hay que aumentar las cotizaciones
sociales para crear empleo. Me parece bien. Pero mándenos
los estudios porque podremos discutir mejor con el
Gobierno, porque seguro que algún informe tienen que
tener hecho para que les hayan convencido de lo que están
haciendo. Fíjese que le he dicho que desde 1996 a 1999
van a destinar ustedes dos billones de cuotas sociales de
excesos sobre lo que necesitan para pagar prestaciones contributivas.

Espero que alguien se haya preocupado de saber
qué efecto tiene sobre el empleo cobrar dos billones más de
cuotas de lo que se necesitaba para pagar las prestaciones
contributivas.

¿Tiene algún estudio en el que se haya investigado la
superposición de subvenciones por el Estado y las comunidades
autónomas? Nos gustaría saberlo. Porque nos estamos
encontrando ya ante una situación en la que parecería
conveniente, para administrar semejantes volúmenes de



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dinero, saber si nos lo estamos gastando bien. Y fíjese que
yo no estoy diciendo todavía que no se recaude o se deje de
recaudar ese dinero, ni siquiera creo que sea ésta la fase de
producir ese debate. Yo le pregunto: ¿Han estudiando ustedes
las subvenciones que están pagando a las empresas
para contratar a trabajadores? ¿Han estudiado qué subvenciones
dan las comunidades autónomas para pagar a los
mismos trabajadores? Porque existe un eco generalizado
en el sentido de que dicen que en estos momentos contratan
gratis por subvenciones. Sólo le haré una pregunta más
que me parece de enorme importancia.

El crecimiento de la economía es importante en estos
momentos, nadie lo está dudando, aunque ya empiezan a
aparecer datos en el horizonte diciendo que el ritmo de crecimiento
empieza a disminuir. Austedes les ha tocado vivir
una buena época de crecimiento económico, lo cual es
bueno para todos -bueno para todos el crecimiento económico,
no que lo hayan vivido ustedes desde el Gobierno-.

El crecimiento en el segundo trimestre de 1996, que
es prácticamente cuando ustedes llegan al Gobierno, es de
un 3,7 aproximadamente, creo que no me equivoco, y con
los datos del segundo trimestre de 1998 -así me equivoco
menos- el crecimiento es de un 3,9 y uno empieza a formularse
la siguiente pregunta, que seguro que ustedes
habrán hecho otro estudio para saberlo. Ese crecimiento
económico, ¿qué tiene que ver con el crecimiento del
empleo? Queremos saber si ese crecimiento económico
tiene o no que ver algo con el crecimiento en el empleo.

Porque queremos saber cuánto les está costando -a la
sociedad española, a los trabajadores y a los empresarios-
generar el empleo que están generando. Y nos gustaría
saber qué se debe a esas políticas llamadas activas por
usted, y qué se debe al crecimiento económico. Yo creo que
es un estudio importante. No sé si tendrán un modelo econométrico
que les permita llegar a esas conclusiones, pero,
en cualquier caso, sería conveniente que hicieran un estudio
para saberlo. Porque a partir de ese momento nosotros
podríamos tener más datos -y ustedes también- para
analizar si lo que están haciendo es una política correcta o
es una política despilfarradora.

He leído en los medios de comunicación hoy mismo
algo que no entiendo. Me disculpará. Dice usted que van a
llegar a una cifra -a lo mejor el medio de comunicación lo
ha cogido mal- de 886.000 contratos subvencionados. (El
señor secretario general de Empleo, Pimentel Siles,
hace signos negativos.) Entonces han tomado mal la cifra.

Me alegraría que usted me lo clarifique porque no me salían
las cifras por ninguna parte. Porque me he entretenido en ir
calculando cuánto creo yo que podrían aproximarse las
cifras en esta amalgama de datos. Porque ustedes fomentan
la contratación indefinida y, como todo el mundo sabe,
también fomentan la contratación temporal con bonificaciones,
cosa que me parece correcta. (El señor secretario
general de Empleo, Pimentel Siles, hace signos negativos.)
Sí, hay contrataciones temporales que también se
bonifican, en sus programas lo pone. (Rumores.) Léaselos
bien, a la fuerza. No se preocupe, que es verdad. (Risas.)
Fíjese usted, si desde el segundo trimestre de 1996 al
segundo trimestre de 1998 yo tuviera que preocuparme por
analizar el efecto de su política, la eficiencia o la eficacia
de su política, me preocuparía, fundamentalmente, de tres
cosas que son las que ustedes nombran, las que han dicho
siempre. En la información difundida por ustedes a los
medios de comunicación hablan de política de rigor y de
disciplina de gasto, sobre eso creo que ha dicho bastantes
cosas como para no creérmelo, pero bueno, le queda la
parte buena. Crecimiento del empleo, población asalariada
-es cierto, nadie puede negar que ha crecido la población
asalariada desde el segundo trimestre de 1996 al segundo
trimestre de 1998, lo que arroja unos datos de 867.000 trabajadores
asalariados, más o menos, creo que estas cifras
coincidirán con las que usted tenga, las he sacado de la EPA
y supongo que algo tendrán que ver-, contratos indefinidos
hay 652.000 más y contratos temporales 225.000 más,
aproximadamente. Yo me hago el siguiente esquema y por
eso le decía que no podía ser esa la bonificación, no me
cuadraban esas cifras. Pero yo me preguntaba: Si al crecimiento
económico se le debiera una parte del incremento
de la contratación, nos quedaría otra parte muy importante
para determinar el éxito de sus políticas, que era la estabilidad
en el empleo, otro de los grandes objetivos de su política,
fundamentalmente desde 1997, desde antes también,
pero fundamentalmente plasmado en unos acuerdos que
nosotros valoramos positivamente para generar estabilidad
en el empleo. Pero ende aquí, que la estabilidad en el
empleo dice que en el segundo trimestre de 1997 la temporalidad
era del 33 y pico por 100 y en junio de 1998 dice
que es la misma. Entonces ya empezamos a preocuparnos,
y empezamos a preocuparnos porque empezamos a pensar.

Hemos gastado semejantes cifras de dinero, que he mencionado,
para que los empresarios tengan el dinero, para
que en algunos casos no les cueste nada la Seguridad
Social, y resulta que la temporalidad sigue siendo la misma
-en porcentajes globales- y usted sigue hablando de
unas cifras muy poco claras de ese tipo de formas de contratación,
que a nosotros no nos cuadran y queremos que
usted nos las desglose. Los 290.000 millones o no sé cuantos,
que usted va a gastar en 1999 y los que dijo que se iba
a gastar en 1998, nos gustaría que nos los desglosara para
saber a qué tipo de contratos han ido, para saber cómo se
ha desarrollado esa política de bonificaciones para fomentar
las contrataciones. Porque sabemos que puede haber
muchos más contratos que lo que significa el crecimiento
neto de ese tipo de contrataciones, ya lo sabemos, pero
como usted utiliza siempre las cifras que suman todo, parece
que todos los años estamos contratando a diez millones
de trabajadores, que todos sabemos que no es verdad; es
verdad y no es verdad, porque estoy hablando en términos
de estabilidad anual donde el incremento neto no es así.

Nos gustaría que nos diera estos datos. No disponemos de
ellos. Nos gustaría saber cuánto supone en términos medios
por bonificación para cada contrato, porque así tendríamos
una idea clara de cómo distribuimos esos 290.000 millones
para hacernos una idea ya definitiva de cuántos contratos
pueden beneficiarse de este tipo de situación y así nosotros
empezar a clarificar nuestra posición.

Hay más temas que nos suscitan problemas. Se dice
permanentemente en los medios de comunicación, señor
presidente, que son más de dos billones. Yo lo entiendo, es
casi más importante que lo que se habla en la Comisión de
Presupuestos. Ustedes dicen -lo vienen diciendo los
medios de comunicación- que están intentando que se



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prorrogue el tema de las subvenciones porque se les está
terminando la mina de la posible subvención de determinados
contratos que eran temporales en un momento determinado.

Dígame, cómo está esa situación. Qué es lo que van
a hacer, para saber qué repercusiones pueda tener para
1999. ¿Van ustedes a subvencionar con carácter general
todos los contratos? Alo mejor era la fórmula, no crea. Porque
en este momento tenemos tal caos de normas sobre
bonificaciones, subvenciones e incentivación a la contratación,
que yo no sé si los empresarios saben realmente que
existen todas esas normas. Y tampoco sé si están evitando
que se produzca un efecto sobre la incentivación a la contratación,
porque todo el mundo dice: Algo me darán. Porque
cuando tienen que contratar a alguien se acercan a ver
si le dan algo, y si no me dan nada, contrato igual, pero si
voy y me dan algo, me lo llevo. Esto parece bastante razonable.

Por tanto, sería interesante saber si se van a prorrogar
ese tipo de subvenciones.

Nos gustaría saber con qué criterio se plantea. Siempre
hay disminución de prestaciones contributivas y de subsidio
de paro en todos los presupuestos que ustedes nos presentan,
pero siempre hay crecimiento de los subsidios agrarios,
del antiguo REASS o como se denomine ahora,
aunque algunos en plan cómico le llaman el Aepsa ése, el
acuerdo económico para la salvación de Arenas. En cualquier
caso, es una juerga simplemente. ¿Por qué crece?
¿Cómo disminuyen los demás subsidios y prestaciones por
desempleo y por qué crece éste? Al mismo tiempo, si fuera
posible, le agradecería que dijera qué número de empleos
fijos (porque se anunció en su día que con este tipo de políticas
se iban a poder generar empleos fijos) se han generado
con este tipo de política del acuerdo económico de la
EPSA, y a cuántos jóvenes de menos de veinticinco años y
a cuántas mujeres afecta la aplicación de estos programas.

Muy brevemente, me quería referir también al tema de
la salud laboral. Sin duda es un tema de enorme importancia,
ustedes lo han anunciado en distintos momentos. Cada
vez que hay muertos se convierte otra vez en tema prioritario.

Es cierto que no creo que tenga nada que ver la decisión
que habían tomado ustedes para noviembre con los
últimos muertos de los accidentes de las minas, pero en
cualquier caso lo que le quiero plantear es que cuando uno
ve los presupuestos del programa que tiene que ver con la
salud laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
uno, permítame que le diga, empieza a entender por qué la
salud y la seguridad laboral no encuentran todavía el camino
en la política del Gobierno. Yo creo que no hay ninguna
iniciativa nueva que permita pensar que se va a hacer alguno
nuevo, con lo cual empezamos a pensar que algo va mal,
y por eso le hago las siguientes preguntas al respecto. Aunque
sólo sea un dato indicativo, ¿nos puede decir el número
de empresas que tienen la obligación de tener servicio
de prevención propio y si se ha verificado el cumplimiento
de dicha obligación? Lo pongo como ejemplo de lo que yo
creo que debería ser una orientación de la política dirigida
a ese tipo de cuestiones, y si no tiene el dato ahora, le agradecería
que me lo haga llegar por escrito, porque doy por
supuesto que no tiene por qué saberlo. ¿Están establecidos
los criterios estructurales y de funcionamiento que deben
cumplir dichos servicios de prevención desde el punto de
vista sanitario y laboral? Se lo digo por una razón muy simple,
que usted seguro que sabe. El Ministerio de Sanidad y
el Ministerio de Trabajo no dicen lo mismo. Cuando se reúnen
los consejeros de las comunidades autónomas con el
ministro de Sanidad dicen una cosa, y cuando se reúnen
con ustedes, ustedes orientan la política por otro sitio. No
me extraña que en este tipo de situaciones tengamos los
problemas que se han planteado. ¿Por qué no se plantean
ustedes como objetivo la disminución de los accidentes?
Como objetivo al que nosotros podamos seguir. Porque
cuando uno busca los objetivos que se plantean no ve que
se planteen ese tipo de objetivos. Ysólo una pregunta: ¿Me
quiere decir dónde figura en sus presupuestos el objetivo
de contratación de trabajo indefinido? No lo he visto. En
sus programas de fomento y gestión de empleo no he
visto ninguno, pero puede ser que, aunque no hay
muchas hojas, esté perdido en alguna esquina y no lo he
encontrado.




El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a todos los
señores y señoras diputados que hay un acuerdo de Mesa y
portavoces para limitar a treinta minutos las comparecencias.

Comprendo que las cifras que ha manejado el señor
diputado tienen una gran importancia, pero en el futuro
vamos a ceñirnos estrictamente a esos tiempos.

El señor Pimentel tiene la palabra



El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO
(Pimentel Siles): Como siempre, les agradezco las preguntas
y el interés que demuestran ante unos presupuestos
que por su cuantía económica y su repercusión social
no cabe duda que deben tener un protagonismo que, a
veces, queda acotado por las disponibilidades de tiempo,
que nos afectan a todos y con las que este modesto secretario
procurará cumplir en su intervención. Son muchas
las cuestiones que se plantean, procuraré, aunque sólo sea
numerativamente, referirme a todas ellas y remitiré información
en aquellos supuestos que me sea imposible aclararlos
en este momento.

Empezaba el señor Vaquero, portavoz de Izquierda
Unida, con una serie de cifras macroeconómicas de previsión
del Gobierno. Un incremento del consumo privado del
3,8, que supongo que le agrada por lo que deduzco de su
intervención, y después apunta a una cuestión que creo que
tiene alguna disfunción en cuanto a su planteamiento. Pregunta
por qué decimos que va a haber una subida salarial
del 2 por 100 o vamos a obligar a que haya una subida salarial
del 2 por 100. No he entendido bien cómo lo plantea.

Sí he entendido perfectamente y le contestaré en cuanto a
la composición de la renta salarial. Usted sabe que el
Gobierno lo único que puede hacer, a la hora de hacer sus
presupuestos y previsiones, es tantear cuánto van a crecer
el número de trabajadores y las bases de cotización, y por
tanto, suponiendo que el tipo de cotización permanezca
constante, obtener un ingreso previsto. Esa es nuestra única
posibilidad y así lo hacemos. Nosotros no fijamos los salarios,
como usted bien sabe. Afortunadamente ya está muy
superado el hecho de que la fijación de los salarios se hace
vía negociación colectiva y es un acuerdo social de primera
magnitud, acuerdo al cual nos ceñimos. Por tanto, el
Gobierno no sube los salarios de los trabajadores del sector
empresarial ni el 2, ni el 2,5, ni el 1,5; lo subirán sus respectivos



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convenios. El Gobierno tan sólo tiene facultad de
fijar salarios donde actúa como patrón; es decir en la Administración
pública, y ya sabe usted cuál es la subida propuesta
para los funcionarios en el presente año. Sin embargo
no nos coinciden los datos en cuanto a la renta salarial.

Sabe usted perfectamente que este último año ha mejorado
la componente de renta salarial frente a renta total, porque
usted en su variable siempre olvida -y ya tuvimos el
mismo debate el año pasado- un parámetro importante y
es que la productividad no tan sólo depende -que por
supuesto también- del nivel salarial, sino que también lo
hace del número de asalariados, y éste se está incrementando
de forma muy importante, se está manteniendo un nivel
salarial digno, con subidas medias que superan el IPC, y se
está mejorando la productividad. Y eso hace que, en contra
de lo que vino siendo usual durante muchos años, cuando
hubo una pérdida de renta salarial, nos hemos encontrado
con la buena nueva para todos -estoy seguro- de que la
renta salarial ha mejorado frente al total de renta nacional.

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico
y empleo, cuestión que también planteaba el señor Gimeno,
me gustaría recordarle cuáles han sido las previsiones
estos últimos años, porque creo que en este caso el Gobierno
ha hecho un buen ejercicio de previsión. Fíjese usted, en
el año 1997 hicimos una previsión de que la creación de
empleo se iba a incrementar en un 2 por 100. ¿Cuál fue la
realidad? Que se aumentó en un 3 por 100. Se creó más
empleo que el previsto en los presupuestos. Es de buen gestor
público hacer unos presupuestos para cumplirlos, y en
este sentido es una buena noticia que el empleo en el año
1997 creciera un punto por encima de lo previsto. Ese
punto de crecimiento no tan sólo tiene la bondad de que
muchas familias trabajan más y, por tanto, mejoran su
renta, sino que, además, los presupuestos generan mayor
ingreso y hay menor pago de prestaciones. Después contestaré
al tema de presupuestos que apuntaba el señor
Gimeno. En el año 1998, nuestra previsión de creación de
empleo era del 2,5 por 100 y, sin embargo y afortunadamente,
el empleo crece un 3,2 por 100. Vuelve a darse la
circunstancia de que la creación de empleo supera la previsión
que el Gobierno hacía. Por cierto, algún grupo de esta
Cámara me dijo personalmente el pasado año que éramos
triunfalistas, que tirábamos la casa por la ventana, pero
resulta que cuando ya pasa el año confirmamos que se ha
creado todavía más empleo que el que dijimos y que a alguna
de SS.SS. les parecía un canto de sirenas o un panfleto.

Pues bien, este año decimos que la creación de empleo va a
ser el 2,8 por 100. Por lo tanto, año 1997, un 2 por 100; lo
superamos. Año 1998, un 2,5 por 100; lo superamos. Año
1999, un 2,8 por 100. Es el año en el que hemos previsto
una creación de empleo más importante, en unos presupuestos
más comprometidos con una creación intensiva de
empleo. Lo hacemos con más intensidad que otros años.

Le podría dar otros datos, porque hay señores que han tenido
responsabilidad de Gobierno, en una alternancia democrática
y justa del poder, y también han hecho sus números
y sus previsiones y después vino la realidad. En este tema
del empleo que se nos critica, yo les podría decir que el
error entonces era a la inversa. Año 1992, en los presupuestos
que aprobó esta Cámara, el anterior Gobierno dijo que
el empleo iba a crecer un 1,6 por 100; llegó al final de año
y la sorpresa fue que el empleo descendió un 1,9 por 100.

Lo digo para que se vea la calidad y la autoridad moral y
presupuestaria que tienen gestores que han tenido durante
muchos años responsabilidades presupuestarias. Año 1993,
previsión de creación de empleo, menos 1,3 por 100; y pasa
el año y la realidad fue un descenso del empleo en un
menos 4,3 por 100. Año 1994, se dice menos 0,7 por 100 y
la realidad fue menos 0,9 por 100. Por lo tanto, no tan sólo
no acertaban en las previsiones sino que además había un
afán propagandístico de creación de empleo que en la realidad
no se hacía. Y podría seguir. (El señor Gimeno
Marín: ¡Que están en el Gobierno! La señora López i
Chamosa: ¿Y en el año 1956? El señor Campos Devesa:
¡Si no hubiera hablado tanto!) No tan sólo no acertaban
en las previsiones sino que además había un afán propagandístico
porque anunciaban un crecimiento del empleo
que la realidad demostraba que no se creaba. Nosotros
mucho más modestamente, más prudentemente, prevemos
una creación de empleo que hasta el presente está siendo
superada por la realidad, lo que dice mucho del rigor,
moderación y prudencia presupuestaria que un gobernante
discreto tiene que tener siempre a gala.

Continúo con el inciso que hizo el señor Vaquero en
cuanto a las treinta y cinco horas. Sabe S.S. que no tenemos
ningún remordimiento de conciencia al respecto. Estamos
siguiendo estrictamente lo recomendado en la cumbre
de Luxemburgo. Nos parece un debate ante al que hay que
tener mucho respeto -fíjese lo que le digo- porque no
cabe duda de que en una sociedad que cambia también irán
cambiando estas cuestiones, pero no estamos de acuerdo
en hacerlo por ley. Creemos que por ley para todos los sectores
simultáneamente puede tener efectos contraproducentes.

Sí creemos que debe ser en el ámbito de la negociación
donde se vaya organizando este concepto del tiempo
de trabajo.

Entramos en un tema también recurrente: la cobertura
del desempleo y el conjunto de políticas pasivas y activas.

Por cierto, no es una nomenclatura que yo me invente o
que nos hayamos inventado nosotros, es una nomenclatura
europea al uso que estamos homogeneizando. Por tanto,
ese nominalismo no tiene paternidad en este Ministerio. Es
más, no creo que la política pasiva tenga en sí ningún elemento
negativo ni que haya que criticarla, me parece una
política tan digna como la activa; en un Estado social hay
que garantizarla. Tiene exactamente la misma dignidad, y
nunca habrá oído ningún cuestionamiento de este Gobierno
en torno a la bondad de las políticas pasivas. Distinto es
que crea que los incrementos presupuestarios haya que volcarlos
sobre las políticas activas porque nos parece más
inteligente y socialmente más interesante.

Cobertura por desempleo. Estos son datos objetivos. La
cobertura no esta descendiendo: desde el año 1995 permanece
constante. Este año la previsión sube un poquito para
el año que viene, pero básicamente sigue constante. Pues si
el ratio porcentual sigue constante, vamos a irnos al dato
absoluto, es decir, cuantas personas que en este país están
desempleadas no tienen cobertura de desempleo. Le puedo
decir que en el año 1995, los desempleados que no tenían
cobertura eran un millón ciento y pico mil y para el año
que viene serán 800.000. Es una cuantía importante, pero



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cada año son menos las personas que no tienen ninguna
prestación por desempleo manteniéndose la cobertura.

Hay un dato que no vale, señor Vaquero, el porcentaje
del PIB para políticas pasivas; no vale porque llegaríamos
al absurdo de que si este país tuviera un solo desempleado
o lográramos erradicar el desempleo, no tendríamos presupuestos
dedicados a políticas pasivas porque todos tienen
empleo. Por tanto, no es un dato que en sí solo tenga valor.

Yo aceptaría cualquier otro, como rentas por desempleados,
podrían ser un ratio objetivo, pero no podemos aislar
número de desempleados frente al ratio que usted apunta,
porcentaje frente a PIB, porque si el empleo sigue yendo al
ritmo que va -hoy hemos hecho público el paro registrado
del mes de septiembre y hay un descenso interanual de
251.000 desempleados, un descenso del desempleo del 12
por 100, un dato importante-, si continúa, el año que
viene habrá menos partidas dedicadas a pagar prestaciones
por desempleo porque sencillamente habrá menos personas
desempleadas.

Por último, vamos a hablar de la línea europea, que también
me dará pie a la entrada en la siguiente respuesta. Yo
le digo lo que dice la cumbre de Luxemburgo, que la aplaudimos
todos -efectivamente, hubo algún grupo que no lo
aplaudió-, y cuando aplaudimos un tema tenemos que ser
conscientes de lo que nos dice. Nos dice textualmente -y
nosotros no lo vamos a hacer-: ir transformando políticas
pasivas en políticas activas. Nosotros estamos diciendo:
que mantengamos los derechos contemplados actualmente
en las políticas pasivas y hagamos un esfuerzo extraordinario
en el incremento de las políticas activas.

Formación profesional. Coincido con usted en que no
hay que dedicar fondos solamente, hay que procurar que
sea una formación profesional donde el ratio de seguimiento
no sea sólo el número de horas o el número de alumnos
o de cursos, sino la eficacia que ha tenido esta formación,
eficacia que, cada día más hay que vincularla a la inserción
laboral. A los teóricos de la formación no les gusta oír este
tipo de cuestiones, como usted bien sabe, porque creen que
una formación puede ser buena y no conllevar un empleo,
pero nosotros tenemos que simplificar necesariamente:
será una buena formación profesional aquella que termine
en un empleo y no habrá sido una buena formación profesional
aquella que no termine en un empleo. Estamos
incorporando ahora mismo criterios de seguimiento en esta
eficacia. Hace un año, cuando empezamos con todos estos
programas, no se encontraban vinculados al programa
nacional de formación profesional pero espero poder aportárselo
en breve a lo largo de este ejercicio.

El informe del Tribunal de Cuentas está siendo estudiado
acerca de la formación continua. Ya sabe usted que
hay cambios importantes. Actualmente, ya controla los
fondos públicos, que son financiados siempre por el
INEM, no lo era así hasta este acuerdo, pues antes los fondos
se transferían a la fundación y ahora permanecen en el
INEM y se pagan de ahí. Creo que se está avanzando en la
transparencia del sistema, independientemente de que creo
que aún tenemos campo entre todos para ir mejorando.

Estoy seguro de que este año tendremos que seguir introduciendo
mejoras y actualizaciones en el sistema de formación
continua.

Capítulo 1, personal. Sabe usted que este año se prevén
ya transferencias en los presupuestos. Estamos haciendo
transferencias en políticas activas, estamos haciendo transferencias
intensas en formación profesional, y eso conlleva
siempre traspaso de funcionarios que actúan sobre los capítulos
correspondientes de personal.

En el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo es un tema con el que coincido y que SS.SS. conocen
perfectamente. Comprendo que se diga que 4.000 y
pico o 5.000 millones es una cuantía insignificante. Yo le
digo la verdad, si todo el país dedicara sólo 4.000 ó 5.000
millones a la prevención de riesgos laborales, sería una
cuantía ridícula, pero ustedes saben que la salud laboral
está transferida íntegramente en su gestión. Por tanto, nosotros
no podemos gestionar prevención de riesgos laborales.

El Instituto tiene otra finalidad, que también conocen perfectamente,
a través de sus centros nacionales, tiene toda la
homologación, la investigación, el desarrollo y la elaboración
de normas técnicas, pero no tiene la importancia de
gestión, esa la tienen las comunidades autónomas. De ahí
la necesidad urgente e imperiosa de la cumbre, donde no
sólo aclaremos, maticemos o complementemos competencias,
sino sobre todo desarrollemos planes compartidos
comunidades autónomas-Estado. No obstante, ser un instituto
que tiene todas sus competencias transferidas crece un
5 por 100, y si miran la composición de este incremento
pueden observar que es básicamente en capítulos de inversión,
porque es un Instituto que va a seguir dotándose de
tecnología en sus centros nacionales. Quizás les guste saber
a SS.SS. que creo personalmente que, a pesar de estar
transferido, el Instituto deberá ir cogiendo mayor peso en
cuanto a tarea técnica, porque la Ley de prevención y los
reglamentos tienen numerosas cuestiones técnicas de desarrollo,
y el común denominador debe ser el Instituto para
que dé uniformidad a la interpretación para todo el país.

Creo que ahí tiene un campo muy importante. Para su tranquilidad,
le digo que con este incremento del 5 por 100 se
puede cubrir con total solvencia esa finalidad que tiene
encomendada.

Respecto a los contratos indefinidos, apuntaba la estabilidad
en el empleo. Es un tema recurrente. Saben ustedes
que durante algunos años la panacea para el desempleo se
basó en los contratos de fomento de trabajo temporal. Fueron
años difíciles en el mercado de trabajo y se hizo una
apuesta importante por la temporalidad. En esos años, la
temporalidad, en un mercado laboral excesivamente rígido
en nuestro país, se disparó hasta alcanzar en poco tiempo
una cifra en torno al 35 por 100 del total de asalariados; lo
que es peor, no sólo hubo ese incremento cuantitativo tan
importante, sino que se creó una auténtica cultura de la
temporalidad. Es decir, una empresa marcaba parte de su
competitividad en tener los costos laborales asociados a
costos móviles, a costos flexibles, y no a costos estables.

En este nuevo período, el Gobierno ha querido hacer una
apuesta por la estabilidad y ha apoyado un acuerdo que
empresarios y sindicatos realizaron el pasado año, que nos
parece bueno, y que ha sido apoyado por la práctica totalidad
de esta Cámara. Era un acuerdo positivo y venía a significar
esa apuesta por la estabilidad. Aparte, el Gobierno
ha puesto una serie de bonificaciones al alcance de las
empresas que apostaban por esa contratación estable. ¿Cuál



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ha sido el balance? Creo que el balance ha sido positivo. Se
han firmado prácticamente un millón de contratos indefinidos
en total, de los ordinarios y de los bonificados, se ha
triplicado prácticamente el porcentaje de contratos que
cada mes tienen carácter temporal, y ha disminuido la temporalidad,
ha pasado del 35 a menos del 33, es decir, que
hay un salto. Yo creo que las sucesivas etapas van a ir
demostrando una mejora evidente en esta temporalidad. De
todas formas, también le digo que creo que la temporalidad
actuará en los próximos años de forma decreciente y que, si
conseguimos ese acuerdo interesante en el tiempo parcial
estable, también será otra vía muy importante de transformar
temporalidad en estabilidad.

La economía social crece un 2,5 por 100, es cierto.

Vuelvo al mismo caso, economía social no tiene la competencia,
el cooperativismo está íntegramente transferido,
tenemos unos escasísimos programas de subvención y
básicamente el presupuesto se está dedicando a estudios, a
elaboración de normas, a seguimiento y a coordinación y
registro. Por tanto, creemos que es suficiente un incremento
presupuestario del 2,5 por 100.

FOGASA es un organismo donde el Gobierno actual se
siente muy cómodo. ¿Sabe usted cuántos meses tardaba en
el año 1996 en cobrar un trabajador las prestaciones de
FOGASA? Entre 16, y en algún caso, 18 meses. ¿Sabe
usted cuánto está tardando ahora? Cuatro meses, y el objetivo
que tenemos es que tarde tres meses. Por tanto, permítame
que ahí se muestre muy orgulloso de la mejora de gestión
que existe. Difícilmente vamos a poder bajar de los
tres meses, porque los puros trámites burocráticos y administrativos
nos lo impedirán, pero pasar de 16 a 4 meses de
retraso en el pago, me parece un avance muy importante, y
además a beneficio de los trabajadores.

En cuanto a la intervención amplia del señor Gimeno,
comenzaba de una forma globalmente descalificadora,
actuando de augur, porque decía que ya sabía como venía,
con 20 folios, y denominando panfleto la presentación que
hemos hecho de los presupuestos. Usted y su grupo son
libres de entender y calificar una presentación de presupuestos
o cualquier política, y tiene usted todo el derecho
de su parte de calificarlo como panfleto. A mí me parece,
sin embargo, que sus palabras no son serias, permítame que
se lo diga, y le tengo a usted en estima personal y profesional,
porque conozco cómo se documenta usted en las intervenciones.

No me parece de recibo -es legítimo, aunque
no serio- que denomine como panfleto un presupuesto
que le gustará en algunos aspectos y no en otros, pero
donde existe detrás el trabajo de muchas personas, algunas
de ellas funcionarios, otras con responsabilidades políticas;
en todo caso significa un esfuerzo muy importante de
muchas personas y después de su intervención no ha sido
capaz de sostener esa descalificación global que hace un
panfleto, porque permítame decirle que cae usted en incongruencias
y contradiciones importantes que le argumentaré
a lo largo de mi intervención.

En primer lugar -se lo aportaré, ya lo hicimos en otra
ocasión-, sigue insistiendo en la liquidación de otros
organismos, básicamente Seguridad Social con el INEM.

Se lo pasaremos, repito, no lo tengo en estos momentos.

En torno a las previsiones, ya le he anticipado un poco
cuál es el motivo de que las liquidaciones no sean exactamente
iguales a las previstas presupuestariamente. No lo
son, son mucho mejores para el organismo de lo que eran,
porque el empleo siempre ha funcionado de forma más
intensa de lo que estaba previsto. Se lo he argumentado y
creo que es un motivo importante. Siempre las diferencias
van ligadas a los índices o la variación que haya existido en
torno a la creación de empleo. Si ha existido más empleo
del que hemos puesto en los presupuestos, existirán más
ingresos y, si el descenso del desempleo ha sido superior al
que pensamos, lógicamente habrá existido menos desempleo.

La liquidación de este año se la aportaremos gustosamente,
no la tengo aquí en este momento, sabe usted que
siempre que la ha pedido se la hemos aportado, información
que además es pública y que vamos remitiendo periódicamente
al Consejo General de Formación Profesional.

De todas formas, hay una cuestión de fondo que es
importante que debatamos. El presupuesto del INEM se
financia, evidentemente, de aportación del Estado, de cuotas
y del Fondo Social Europeo, simplificando tiene estas
tres grandes partidas. En torno a la cuota, que es la partida
más difícil de determinar, porque depende de dos factores
-uno, del tipo de cotización, y dos, de la dinámica del
empleo-, si mantenemos constante, como hemos hecho
estos años, los tipos de cotización, la única variable es la
dinámica y la evolución del empleo: si hay más empleo
habrá más cotización; si hay menos empleo habrá menos
cotización.

Es cierto que ya este año, y de forma importante y sensible
el próximo año, hay más ingresos que gastos y además
está permitido, dentro de la legislación actual, dentro
del sistema, gastos de prestaciones, de subsidio y de pago
de cuota a la Seguridad Social. Incorporo esos tres conceptos
que usted en su intervención me desglosa para que salga
esa diferencia tan notoria que apuntaba. Ese exceso que
aparece podíamos dedicarlo a tres grandes cosas: una,
como nos piden los sindicatos, a ampliar la política de subsidio
y prestación, la cobertura, que exacta y técnicamente
no sería cobertura porcentual, sino número de personas;
otra línea sería la que nos piden los empresarios, que es
rebajar las cuotas sociales, y una tercera, que es la que
entendemos que apunta la cumbre de Luxemburgo y que
apoya el Gobierno, que es aportar por las políticas activas,
y es una gran determinación que está sobre el papel, que no
se oculta nada, que ya comentamos el año pasado en esta
misma Cámara que se iba a dar y se ha dado, porque la evolución
del empleo fue todavía incluso mejor de lo previsto.

Por tanto, estamos ante un escenario donde el INEM va
a recaudar más cuota de la que le es precisa para pagar las
prestaciones y este exceso de cuota lo va a dedicar a políticas
activas de empleo, con lo cual se van a conseguir dos
factores: uno, para los empresarios va a haber una bonificación
selectiva de cuotas -no reducimos de forma general
la cotización, sino de forma selectiva, y para aquellos contratos
que son indefinidos, no lo vamos a hacer para la contratación
temporal-, y dos, cara a los sindicatos conseguimos
que muchos más desempleados puedan pasar a través
de programas de políticas activas. Que un desempleado
pase a través de un programa de política activa significa
cobertura, porque en alguno de estos supuestos tiene formación
y en muchos otros tienen empleo y renta, y en esa
línea, por ejemplo, van los nuevos talleres de empleo,



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donde un parado de larga duración mayor va a poder recibir
formación y va a recibir una renta.

Dentro de nuestras posibilidades presupuestarias tenemos
cobertura legal suficiente para dedicar exceso de cuota
a política activa, además nos parece inteligente, y creemos
que en estos momentos proceder, uno, a una reducción
generalizada de las cuotas no sería prudente, y dos, incrementar
cobertura para el desempleo no sería inteligente.

Pensamos que el equilibrio es transformar políticas pasivas
en políticas activas, en este caso vía este excedente presupuestario,
con bonificación de cuotas de forma selectiva y
con ampliación de actuaciones en renta para los desempleados.

Por tanto, mantenemos esta política, que creemos
que es inteligente y acertada.

Austed le volvió a pasar exactamente igual el año pasado.

Cuando hablamos de las bonificaciones de las cuotas,
por una parte apunta usted a que tenemos unas cuotas
sociales excesivamente altas, pregunta una y otra vez qué
hacemos con este excedente, si podría actuar sobre el
empleo más positivamente y rebajar esta cuota; por otra
parte, critica que las bonificaciones recaigan sobre los
empresarios. Está usted viendo la misma moneda por dos
caras distintas, permítame que se lo diga: o está usted de
acuerdo o no lo está, y nosotros -permítame también que
se lo diga- tenemos muchos más argumentos, mantenemos
constante y bonificamos de forma selectiva aquel sector
de contratación que nos interesa fomentar. Yo le agradecería
a usted sinceramente que nos aclarara cuál es la
postura de su grupo, porque me llena de desconcierto cada
vez que le oigo. Comprendo que tenga usted voluntad de
descalificación previa y después de intentar criticar lo que
hay en política, pero yo le pido ya modestamente, sin
ánimo de crítica, que me diga si a usted le parece bien que
reduzcamos, por un lado, un poco las bonificaciones, o si
usted las reduciría todas, o si ve mal que bonifiquemos a
los empresarios, porque no se aclara en absoluto de su
intervención en este aspecto. (El señor Griñán Martínez:
Es que no es el trámite.)
Hay otro tema en el que hay una pequeña confusión
presupuestaria, según he entendido. En cuanto al remanente
de tesorería, no es que estemos previendo que el próximo
año vamos a financiar esos 60.000 millones de lo que
sobre, es que, sobre la estructura de financiación, la aportación
del Estado puede tener -y según el Tribunal de Cuentas-
la aportación directa o la utilización del remanente de
tesorería existente, y en este caso computan ambas partidas
para el déficit, va absolutamente todo calculado y es la fórmula
de la utilización del remanente de tesorería que tenemos.




Cuando usted ha llegado a utilizar la palabra -la tengo
subrayada- escándalo en los excesos de gastos que tenemos,
que le llenan de preocupación, fíjese usted si al final
tenemos una política ortodoxa en lo presupuestario, prudente
en su línea de ejecución, que el suma y resta de toda
esta cuestión -dónde gasto más, dónde gasto menos,
dónde ahorro- es el déficit. Como usted bien sabe, esa es
la prueba del nueve y es la suma final, y cuando una administración
reduce sistemáticamente el déficit público es
señal de que está haciendo correctamente sus cuentas, permítame
que se lo diga. En gastos e ingresos el resultante
final es el déficit, y en este caso sabe usted que hemos pasado
de un déficit en el año 1993 del 7,5 por ciento a una previsión
de déficit del 1,6 por ciento.

Tiene razón en que la actual distribución de competencias
en políticas activas de empleo pueden crear disfunciones
en cuanto a la línea de bonificaciones. Hay, por ejemplo,
comunidades autónomas que me son muy cercanas,
donde se bonifica la contratación temporal. Nosotros no
bonificamos la contratación temporal; tan sólo quedan contratos
temporales con discapacitados y los contratos de
interinidad por sustitución en la baja por maternidad o
adopción, pero en ningún caso más queda otro tipo de contrato
temporal bonificado. Le decía que es cierto que eso
ocurre en las comunidades autónomas, y tienen su facultad
competencial en algunos casos, y en los casos donde creamos,
y en esto vamos a ser especialmente cuidadosos, que
se cede la competencia constitucional recogida en el estatuto
de autonomía, va actuar el Ministerio.

Se han visto líneas de actuación completamente divergentes
en unas comunidades y en otras. En el decreto-ley,
revalidado como ley, por primera vez hicimos un esfuerzo,
y creo que fue aplaudido por el conjunto de las fuerzas políticas
para racionalizar y homogeneizar el tipo de bonificación
aplicable, y pusimos un máximo del 60 por ciento de
la renta salarial. La suma de todas las ayudas no podían
sobrepasar el supuesto absurdo, que usted y yo compartimos
perfectamente, de que pudiera salir, llegado el caso
extremo, una contratación gratis por la suma de bonificaciones.

Para que no ocurriera eso -y ese temor es más
simbólico que real- por primera vez se ha puesto una
limitación del 60 por ciento como suma posible de todas
las bonificaciones.

En todo caso es un tema en el que estamos trabajando
en conferencia sectorial. Las Comunidades Autónomas
están haciendo un esfuerzo por la estabilidad, y en el día de
hoy creo que existe también una convergencia mayor de la
que existía hace un año y pico cuando empezamos en la
ayuda de estabilidad en las líneas de creación de empleo.

Hay otros factores que a la hora de las liquidaciones
presupuestarias actúan básicamente, y en el primer caso la
evolución del empleo, pero también tiene que incorporar, y
lo ha oído de las palabras del subsecretario, lo que es mejora
de gestión y sobre todo lucha contra el fraude. Todas
estas cuestiones unidas, que tienen un valor importante,
crean siempre mejora, porque cualquier modificación o
cambio presupuestario que usted apunta es para una mejor
liquidación del INEM, y justifica esos buenos resultados.

Prolongación e incentivos. No le puedo dar el desglose
ahora mismo porque estamos negociando en estos momentos
de forma intensa con los sindicatos y con los empresarios
cuál va a ser la configuración final de los incentivos
que actualmente existen, que, como SS.SS. saben, finalizan
el 17 de mayo de 1999. El Gobierno ha planteado a los
agentes sociales que nos gustaría prorrogar la bonificación.

No estoy hablando ni de cuantías, ni de mantener los niveles
actuales o rebajarlos. En todo caso, prolongar el programa
actual de bonificaciones para la nueva contratación
indefinida, es decir, la contratación indefinida que se hiciera
después de mayo de 1999. Estamos estudiando con sindicatos
y empresarios cómo enfocar los aspectos de la
transformación de temporales a actuales en indefinidos
que, como usted sabe, tienen una dinámica distinta a lo



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nuevo indefinido. Esta mesa va vinculada a medidas e
incentivos a la contratación de empleo estable, está muy
avanzada y espero que se pueda cerrar en las próximas
semanas.

Dentro del régimen especial agrario de la Seguridad
Social, el AEPSA, que le recuerdo a S.S. que exactamente
es el acuerdo para el empleo y la protección social agraria,
aparte de interpretaciones humorísticas que usted pueda
realizar, sube prácticamente lo que está subiendo el salario
mínimo interprofesional, teniendo en cuenta que sabe que
hemos concluido, en un plazo de tres años, la equiparación
con los mayores de 18 años.

En salud laboral le he explicado el efecto presupuestario
de ser un instituto que gestiona unas competencias reducidas.

No gestiona, sino que tiene un importante papel técnico
y de homologación. La prioridad que tiene la
Inspección de Trabajo, y sabrá de esta materia sin duda, va
a ser la prevención de riesgos laborales. No le puedo dar el
dato ahora mismo, pero conocerán qué número de empresas
tendrían que tener servicios propios de prevención y no
lo tienen, pero va a ser lo primero que miren cuando vayan
a visitar una empresa.

El objetivo de accidentes tiene algunas limitaciones. Yo
personalmente soy partidario de marcar una objetivo en
accidentes y en datos que se puedan constatar. No lo hemos
hecho todavía, pero soy partidario. Me parece un tema de
tal magnitud que, al igual que en otros aspectos, el Gobierno
tiene una satisfacción y lo dice, equivocado o no, creemos
que los datos nos avalan. Comparto y lo hemos hecho
público, que en siniestralidad laboral los datos no nos avalan.

Es una realidad que hay tres muertos al día en este
país, lo cual nos aleja de cualquier ratio razonable de un
país que quiere estar en los máximos niveles de desarrollo.

Por tanto, tendremos que seguir intensificando de la forma
más inteligente posible, en vez de subir un 5 por ciento,
subir un 7.

Sobre la cumbre, si tienen interés, podría ampliarla en
una posterior intervención si el tiempo y la bondad del
señor presidente nos lo permiten.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Vaquero por un tiempo de dos minutos.




El señor VAQUERO DEL POZO: Más brevemente
incluso, señor presidente. No se trata de establecer una
polémica, pero sí de explicar al señor secretario general de
Empleo que no nos olvidamos nunca del parámetro del
número de asalariados, pero sí puede ser que usted esté
pudorosamente, no digo ocultando, pero al menos no
diciendo algo que es verdad. Por ejemplo, el dato de que
los incrementos medios de salarios son menores que lo pactado
en convenio. Quiere esto decir que algún efecto tendrá
la sustitución de trabajadores con salarios más altos con
respecto a trabajadores con salarios más bajos, en función
de la mayor temporalidad y eventualidad en el empleo, que
es lo que está produciendo el que con unas subidas salariales
del IPC de un 1,8 pueda haber incrementos salariales
pactados en convenios más altos, y, al final, el IPC que hace
el consumo privado sea menor.

La polémica se suscitó en función de lo que hace referencia
al consumo privado. Ahí no sólo están los salarios,
sino también la presión fiscal. Habría que introducir en este
aspecto que si bien la presión fiscal se disminuye para los
de rentas más bajas -las salariales más bajas disminuyen
menos-, sobre todo en la medida en que los impuestos
indirectos crecen un 6,7 y los directos un 1,9, también se
está desviando a la baja la progresividad fiscal. A nosotros
no nos resulta creíble predicar que el consumo privado se
incrementó un 3,8 por ciento si no es discriminando colectivos.

Los de abajo tendrán un incremento mucho menor
del consumo que los de arriba, como siempre. Esto no se
puede ocultar pudorosamente porque las diferencias haberlas
haylas. Fíjese si nosotros, al margen de otro tipo de políticas
neoliberales, en vez de aplicar a políticas fracasadas
los cientos de miles de millones de pesetas que se están
aplicando a las bonificaciones de contratos indefinidos, que
no son más que trasvases de rentas, las aplicásemos a
incentivar en las pequeñas empresas que pueden tener problemas,
ayudas y subvenciones para la obligación legal de
las 35 horas. Podría ser una buena síntesis que al final se
produjese una ley de 35 horas que obligase a todos, pero
ayudando con las cuantías con que se está ayudando a otras
fórmulas de creación de empleo que, al final, realmente no
lo crean.

Finalmente, quiero decir que es verdad que Luxemburgo
nos puede aplaudir, pero también es verdad que hay un
trasvase de rectas que se está pagando con dinero del
desempleo, que son las políticas activas. En este sentido,
creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por no declarar
incompatible, de salida, un incremento de la cobertura del
desempleo con un incremento de las políticas activas.

Hasta ahora, la política del Gobierno ha sido seguir literalmente
las políticas de la cumbre del desempleo, sentirse
aplaudido por Luxemburgo en la medida en que coincide
con nuestros propios designios, y es que son incompatibles
ambas políticas y que hay que perjudicar a unas para beneficiar
a otras.

Creo que esos presupuestos vienen a ratificar esa línea,
que a mí me parece que es un error, pero en cualquier caso
es responsabilidad del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Gimeno por un tiempo de dos minutos.




El señor GIMENO MARÍN: En primer lugar, tengo
que decir que lamento que no se me haya contestado en
concreto. Se me ha dicho que se me enviarán algunos
datos; quiero creer que de todos los datos concretos que le
he pedido se me facilitará la información que necesita mi
grupo para poder seguir el debate de esos presupuestos a lo
largo de toda su tramitación.

Para que nos entendamos claramente, respecto a las
afirmaciones que he hecho yo también no quiero que se me
intérprete de forma inadecuada. Tengo que decir que no
coincidimos en financiar ni siquiera lo que está presupuestado;
en cualquier caso, ya llegará en su momento el debate
sobre ese tipo de cuestiones. No coincidimos en absoluto
en que se deban financiar, con cotizaciones sociales, políticas
activas; no coincidimos en absoluto, porque realmente
-usted ni siquiera me ha contestado si tiene informes al



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respecto- no sabemos el efecto que producen en una
dirección y en otra. No me ha contestado usted qué se debe
al crecimiento de la economía y qué se debe a sus políticas
activas. Éste es, en el fondo, el problema.

Concretamente le diré una cosa. Los excesos de gastos
que figuran en un presupuesto son un problema de gestión,
por muy legales que sean las modificaciones presupuestarias
y a pesar de que su grupo casi siempre ha estado en
contra de todas esas modificaciones presupuestarias, me lo
van a decir a mí que he estado dedicado a esto durante
mucho tiempo. Pero es mucho más sencillo. Había presupuestados
102.000 millones en 1998 sobre bonificaciones
de cuotas empresariales. ¿Cuántos se han gastado ya y
cuántos van a gastar este ejercicio? Veremos así realmente
cuál es la diferencia de gasto, y no hablo sólo del exceso de
gasto que se va a producir. Nosotros creemos que esa no es
una gestión correcta, lo dijo ya el señor Barea, respecto a
estos programas y a otros. El problema es que si ustedes se
comprometen a gasto, que es el que se aprueba en esta
Cámara, de lo que nos quejamos -luego ya daremos alternativas-
es de que no se pasen por aquí crecimientos de
gasto tan importantes como de los que estamos hablando;
creemos que no es correcto. Y sabemos que las modificaciones
tienen base legal, claro que lo sabemos.

No me refiero al hablar de panfleto a los presupuestos
que ustedes presentaron, que me parecen bastante deficientes.

Me refiero, fundamentalmente, a que creo que esta
Cámara se merece -propondremos si hace falta modificar
la ley al respecto- que nos traiga mucha más información
cuando se habla del INEM, al menos la misma que se trae
para el IMSERSO -y digo que se trae para el IMSERSO
que ni siquiera depende de su Ministerio, porque depende
de la Seguridad Social- en lo que se refiere al compromiso
presupuestario, porque ahí se afinó mucho más en las
exigencias presupuestarias. Aquí estamos hablando de
muchísimo más dinero; por esto le digo que nos traiga más
información para debatir mucho mejor.

Quiero aclarar cosas que me parecen enormemente
importantes. No hay contradicción, en absoluto. Yo no le
he dicho cómo plantearemos nuestras alternativas, eso se lo
dirá mi grupo en el debate que se tendrá en estos presupuestos
con las enmiendas que presentemos. Nosotros
tenemos dudas -y usted no me ha contestado a ninguna
pregunta al respecto- sobre si el dinero que se están gastando,
dos billones o más, de exceso de prestaciones contributivas
o exceso de ingresos de cuotas de desempleo
sobre prestaciones contributivas, crean el efecto del empleo
que se está produciendo. Nosotros creemos que no, y como
tenemos miedo de que lo que se esté produciendo sea un
despilfarro de ese dinero, que es muy importante, nosotros
daremos a ese gasto alternativas distintas de las que ustedes
están dando.

Dice que me quejo de que se bonifique a las empresas
pues mire usted, en algunos casos sí y en otros no. Es que
creo que muchos empresarios -y usted no me ha contestado
a eso- que contratarían igual sin bonificación cuando
hay crecimiento de la economía, porque el crecimiento presupone
expectativas empresariales positivas. De hecho,
cuando desglose usted las contrataciones indefinidas, ya
sabe que hoy día hay muchos contratos indefinidos sin subvención;
ya lo sabe también se produce ese tipo de contratación,
¿cómo no se va a producir? En cualquier caso, esos
son matices y diferencias que se están dando.

Vuelvo a insistir. Lo del panfleto permítame que le diga
que era lo que yo creo que ha dado usted a los medios de
comunicación. Tómeselo si quiere de otra manera; me da
igual cambiar el término planfleto. Creo que genera usted
información confusa y no transparente. Ése es el problema,
no genera una información suficiente. Usted está generando
la idea de que está creando todo ese empleo, y mi grupo
y yo tenemos la sensación de que se está despilfarrando el
dinero para conseguir unos objetivos que posiblemente no
tienen nada que ver con lo que usted está haciendo, por eso
queremos ser muy cuidadosos en cómo se gastan semejantes
cifras de dinero, porque creemos que las políticas activas
que se están desarrollando no tienen nada que ver con
una política correcta. Pero eso, ya lo veremos en otras fases
de este debate.

Por eso, nuestra valoración de los presupuestos es la
que es, pero facilítenos la información, por favor. Es muy
importante contestar a estas preguntas concretas para que
nosotros tengamos una idea mucho más clara de lo que está
pasando.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO
(Pimentel Siles): Señor Vaquero, el consumo privado es un
factor importante que depende de múltiples cuestiones,
siendo el nivel salarial, evidentemente, uno de los básicos,
también lo son fiscalidad directa e indirecta, subida del
coste de la vida, etcétera; son múltiples factores, y la confianza
igualmente dispara el consumo. En todo caso, le voy
a decir cuál es la evaluación de la previsión de consumo
privado y la realidad estos tres últimos años, por decir un
parámetro y si quiere retrocedo. En 1997, previsión de consumo
2,7, realidad 3,1; se consume más de lo que dijimos
en nuestros presupuestos. En 1998, consumo 3,5, crecimiento
previsto 3,1; hay un incremento en la capacidad de
consumo por la suma de todos los factores, ponga usted el
énfasis o el acento en la subida salarial, en la disminución
fiscal, en los impuestos indirectos o en la confianza, póngaselo
donde quiera, pero la realidad es esta. Este año se
arranca con una previsión del 3,8; por tanto, confiamos en
que esa tendencia va a continuar incrementándose en la
capacidad de consumo familiar, consumo privado. Repito,
ponga usted donde quiera el acento, pero nosotros creemos
que es una mezcla de todo: mejores condiciones salariales
y más confianza en el sistema económico, asociado a más
estabilidad y menores impuestos. Es un efecto que se va a
notar. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestra reforma
fiscal, que va a beneficiar a las rentas medias y bajas, a
los asalariados medios y con sueldos bajos, y va a tener un
efecto muy positivo para el consumo. Estamos tan convencidos
que incluso en esta semana tan turbulenta de las bolsas
y de las supuesta tormenta financiera nosotros mantuvimos
con firmeza que iba a haber un incremento importante
del consumo el próximo año, motivado sobre todo por tres
causas: que confiamos en la marcha de la economía, que
iban a continuar bajando los tipos de interés y que iba a
haber una reforma fiscal para beneficiar a las rentas salariales.




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Sencillamente por eso mantuvimos esta previsión, que,
repito, es un incremento muy importante frente a la que
teníamos y que hasta nuestra ejecución presupuestaria ha
avalado. Por tanto, es una subida de consumo positiva e
importante.

No estamos de acuerdo en lo de la ley de 35 horas. Es
una diferencia importante, respetando el debate. Usted
tiene clarísimo que una ley sería positiva y dedicarían
mucho dinero a la ejecución de esa ley. Es una cuestión de
postulado inicial. Nosotros no tenemos tan claro que esa
ley tuviera efectos tan beneficiosos y por eso no queremos
poner tanto dinero en su desarrollo. Es una cuestión que
sería para un debate más profundo, en la que evidentemente
hay una diferencia de planteamiento inicial, siendo absolutamente
legítimo el que usted hace, pero yo no lo puedo
compartir. En todo caso, me parece que existe coherencia
en su planteamiento, al igual que ya sé que su grupo no
compartió totalmente la cumbre de Luxemburgo en torno a
políticas activas y pasivas y nosotros seguimos entendiendo
que a través de políticas activas se puede dar cobertura y
transferencia de rentas a personas con desempleo.

Señor Gimeno, también de forma resumida le diré que
es cierto que no he asociado la relación que hay entre crecimiento
económico y creación de empleo. Usted sabe que
para que haya empleo -es una obviedad- debe haber crecimiento
económico y que hay una traslación de este crecimiento
económico al empleo. Si el conjunto de normas
laborales, confianza en los sistemas, es correcto, esa eficacia
en la traslación será mayor y, si no lo es, será menor. Le
puedo decir que en la serie de datos que tengo delante
nunca ha habido mayor eficacia en la traslación de crecimiento
económico al empleo que la que tenemos ahora
mismo. Le podrían dar los datos desde el año 1992, pero no
hace falta porque los conoce usted perfectamente. En el
año 1998 se crece un 3,7 y el empleo crece un 3,2, es decir,
hay cinco décimas de diferencia, que es el mejor diferencial
que existe en estos años. Por tanto, se está trasladando
de forma intensa el crecimiento económico al empleo. Permítame
que le diga que el ambiente de diálogo social, el
ambiente de acuerdo entre empresarios y sindicatos, no es
ajeno a este clima que hace posible esta intensa traslación
del crecimiento económico al empleo.

Bonificaciones. Hay 102.000 millones presupuestados
para el año 1998. Van a ser más, porque hay una evolución,
no la puedo fijar ahora, pero en su momento la aportaré y
nos parece que va a haber más debido a la buena evolución
del empleo.

No puedo estar de acuerdo con S.S. respecto a su calificación
sobre la información que damos. Modestamente, a
esta Secretaría General creo que se le pueden criticar
muchas cosas, seguro que sí, pero estamos aportando continuamente
cantidad de información. Y no me diga usted
que no intentamos hacer una política transparente. Somos
transparentes, aunque usted quiera conocer más, pero la
cantidad de información que continuamente estamos aportando
a la sociedad, repito, no avala su afirmación de que
no somos transparentes en nuestra gestión. Le aportaré los
datos, tanto a S.S. como el señor Vaquero, que no he podido
darle en este momento, lo haré por escrito, con la idea
de que puedan desarrollar su tarea parlamentaria con todo
el material que necesiten.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pimentel, por
su comparecencia.




- DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL
PARA ASUNTOS SOCIALES (GÓMEZ
GÓMEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de
expediente 212/001614), GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA Y UNIÓ) (número
de expediente 212/001650) Y GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (número de expediente 212/001661).




El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la secretaria
general de Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, a
solicitud, en primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán
(Corvengència y Unió), para lo cual tiene la palabra la
señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: Ante todo le doy la
bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència y Unió), y quiero excusar
a nuestro portavoz, Carles Campuzano, que debido al trabajo
parlamentario no ha podido estar en esta Comisión,
que era quien había solicitado la comparecencia.

Las preguntas que desearíamos hacerle a doña Amalia
están dirigidas a que nos especificara en el presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los programas
previstos para la integración social de los inmigrantes, los
convenios con las comunidades autónomas y con las ONG
que trabajan en este ámbito. Su Ministerio conoce la iniciativa
parlamentaria de mi grupo dirigida a dar mejor y más
eficaz trato a la definitiva integración social de los inmigrantes.

Pero también es de todos conocido que si no hay
una dotación presupuestaria específica para los programas
de integración social a todos los niveles, es imposible erradicar
la precariedad de este colectivo. Desearíamos que
usted pudiera aclararlo.

En otro ámbito de cosas, hemos visto que en el artículo
treinta y seis de los presupuestos, referido a las pensiones
no concurrentes del extinguido seguro obligatorio de vejez
e invalidez, no se tiene en cuenta que el 14 de mayo de
1998, en el debate del estado de la Nación, se aprobó una
resolución de mi grupo parlamentario en la que poníamos
de manifiesto la necesidad de hacer compatible la pensión
de viudedad y la pensión comúmmente conocida como el
SOVI. El Gobierno dejó una puerta entreabierta para dar
solución al problema en estos Presupuestos Generales del
Estado, pero en este capítulo no vemos absolutamente
nada. Por ello, quisiéramos saber las razones de su Ministerio
para no tener en cuenta este problema, o si, por el contrario,
se está estudiando y se va a dar una vía de solución a
este colectivo que la mayoría de las veces lo componen
mujeres que no han hecho otra cosa que dar cuidado a su
familia y trabajar de amas de casa y cuando llega el
momento de cobrar la pensión de viudedad, tienen que elegir
una de las dos pensiones, siendo las dos bastante mínimas.

Desearíamos, doña Amalia, que nos aclarara qué va a
pasar con este colectivo de tantas y tantas mujeres que han



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dado muchos años de su vida para que tengamos todos una
buena calidad de vida.

La tercera pregunta de mi grupo parlamentario va en la
línea de conocer los programas previstos y cuantía de los
mismos para la prevención y atención de las personas con
minusvalías. Estamos hablando, señora secretaria, como
usted bien sabe, de un colectivo de 2.300.000 personas y
de la aplicación real de una ley que ya hace 18 años que
aprobamos en esa Cámara. Esta cuestión nos preocupa
igual que a usted. Ynos preocupan no solamente sus necesidades,
sino cómo vamos a dar solución a su problemática.

Nos gustaría, si fuera posible, que nos dijera qué partida
presupuestaria irá dedicada a la integración laboral de
este colectivo y a la prevención de todas las causas de
minusvalías.

Finalmente, sabemos que la Secretaría General de
Asuntos Sociales ha realizado unas actuaciones específicas
hacia todos los enfermos de alzheimer y sus familiares. Mi
cuarta pregunta es si usted nos podría aclarar si hay una
dotación presupuestaria para este plan, qué criterio van a
seguir desde el Ministerio para poder repartir los recursos
teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que
ya tienen unas bases en marcha y que lo que nos interesaría
son los recursos económicos para finalizar todos los programas
que hemos empezado y que van a cargo de los presupuestos
de la autonomía.




El señor PRESIDENTE: El señor Peralta, del Grupo
Mixto, ha solicitado pasar sus preguntas a la secretaria
general para Asuntos Sociales, en lugar de formulárselas a
la directora general del Instituto de la Mujer. Aplicando
aquello de que donde manda capitana no manda marinera,
concedo la palabra al señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Me imagino que la
secretaria general no tiene ningún problema en que pueda
formularle a ella las preguntas. Como todavía no está muy
desarrollada la incorporación de la mujer al ejército, no
entraremos en grados.

Quisiera formularle algunas preguntas concretas que
entiendo son de su competencia. En primer lugar, el tema
relativo a lo que conocemos como salario social, con una u
otra denominación. En una reciente interpelación que nuestro
grupo, Nueva Izquierda, presentaba al ministerio de
Trabajo acerca de la protección de los desempleados, nos
contestaba que la protección a los desempleados, no sólo
dependía del INEM, dependía también de la existencia en
comunidades autónomas de este tipo de medidas, que
podemos conocer como salario social, salario de inserción
o distintas denominaciones. Quería preguntarle, habida
cuenta de que ese tema se regula actualmente como competencia
autonómica y está sujeto a distintas regulaciones,
si por parte del Ministerio se tiene previsto algún tipo de
actuación, de cara a lograr una cierta unificación de todas
estas normativas para conseguir la máxima eficacia en el
objetivo que se persigue. Por tanto, mi primera pregunta
haría referencia a si está prevista alguna coordinación de
bases por parte del Ministerio en relación con estos beneficios
o medidas que están siendo reguladas en este momento
por las comunidades autónomas en el marco de sus competencias
y con arreglo a distintos criterios.

En segundo lugar, me gustaría saber, en la medida en
que la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales se encarga
de los temas de la mujer, si tiene previsto algún tipo de
actuaciones, aunque no sea específicamente de su Ministerio,
en relación con la asistencia sanitaria en los tres
supuestos legales de la interrupción voluntaria del embarazo.

Porque la realidad que se presenta en este país es que la
regulación actual de los supuestos del aborto, que todo el
mundo sabe que son tres en la medida en que el cuarto no
hemos conseguido hasta la fecha que el grupo del Gobierno
y los que le apoyan lo acepten, choca con el hecho de
que la asistencia sanitaria no se presta porque no hay centros
de asistencia pública que puedan hacerlo. ¿Está previsto
por parte de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales
llevar a cabo algún tipo de actuación en relación con el
Ministerio de Sanidad para conseguir que en todas las
comunidades autónomas, en todas las provincias, sea posible
la existencia de centros que permitan la realización, en
los supuestos legales, de la interrupción voluntaria del
embarazo?
En tercer lugar, me gustaría preguntar en relación con
dos temas concretos que son importantes de cara a una
efectiva inserción e igualdad de la mujer. El tema de las
guarderías infantiles y el de políticas de corresponsabilidad
en el ámbito doméstico. Éstas serían las cuestiones concretas
sobre las que me gustaría saber las previsiones de
Ministerio para el año 1999.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero del Pozo.




El señor VAQUERO DEL POZO: En la presentación
de los Presupuestos Generales del Estado se afirma que las
pensiones no contributivas aumentan por el incremento del
colectivo, un 2,4 por ciento, si bien existe una disminución
en la dotación de otras prestaciones, por el traspaso de
beneficiarios a pensiones no contributivas o por la evolución
de los colectivos afectados. Nos gustaría que nos glosara
esta afirmación. Es decir, qué beneficiarios han asistencializado
su correspondencia con los Presupuestos
Generales del Estado en la medida en que ahora son perceptores
de pensiones no contributivas; cuántos, quiénes,
por qué lo han hecho. Si es posible nos gustaría una explicación
sobre estos temas, si hay estudios al respecto.

En segundo lugar, nos gustaría saber a qué se refieren
cuando se habla de evolución de los colectivos afectados.

Sé que España va bien, pero estoy convencido de que las
dotes taumatúrgicas del señor Aznar no hacen que los cojos
anden ni los ciegos vean y, por tanto, me resulta extraño
que se tenga que dotar con 40.000 millones de pesetas en
lugar de con 46.000 millones las prestaciones provenientes
de la LISMI, y sean un 0,9 y con un 1,2 las transferencias
corrientes a la Seguridad Social para estas prestaciones.

Por otro lado, también tengo curiosidad en conocer cuáles
son esas otras transferencias del Estado que reducen su
aportación un 8,5 por ciento, y qué programas son los que
van a disminuir. Nosotros conocemos, por ejemplo, que el
programa de atención a la infancia y a la familia se reduce
en un 10 por ciento, pero nos gustaría conocer lo otros, porque
en cualquier caso nos ahorramos el calificar como



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insuficientes otras partidas que, desde nuestro punto de
vista, efectivamente lo son. En términos generales, en el
tema de asuntos sociales, a pesar de que existe un incremento
en algunas cuantías, no debemos echar las campanas
al vuelo y creemos que siguen siendo los hermanos
pobres de los Presupuestos Generales del Estado y, obviamente,
esos servicios sociales van a ser seriamente deficitarios.




Por otro lado, y con esto acabo la ronda de preguntas,
queremos saber por qué existe una transferencia para servicios
sociales de las comunidades autónomas, en términos
generales, con un incremento de un 3,1 por ciento, y sin
embargo el cupo del País Vasco y Navarra se incrementa
en un 10 por cinto. Desearíamos conocer en función de qué
es esta subida. Seguro que existe una explicación de tipo
técnico y que no se debe a ningún agravio comparativo ni
políticas discriminatorias. Queremos conocer esto para
poder dar satisfacción plena a quien nos pregunte, cosa que
es nuestra obligación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra doña Matilde Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Mi grupo había
pedido la comparecencia de la secretaria general de Asuntos
Sociales en un intento de ahorro de altos cargos en esta
parte del debate del presupuesto. Hay algunas preguntas
que se refieren a la transferencia al INSERSO, por que el
INSERSO como Seguridad Social lo teníamos previsto
mañana, y algo al Instituto de la Mujer. Lo digo porque
como ambos altos cargos están aquí y luego yo no puedo
pedir la palabra, si alguna de mis preguntas piensa usted
que deben ir dirigidas a ellos, se las haga llegar.

Voy a huir de valoraciones políticas -creo que no es el
momento- y le voy a hacer las dieciséis preguntas que,
una vez leídos los presupuestos, he preparado para usted.

La primera es qué explicación me puede dar a encontrarme
en la Ley de acompañamiento, en su disposición adicional
décima, una modificación de la Ley 13/1982, la LISMI,
referente a hacer desaparecer de las empresas públicas y
privadas el porcentaje de obligación de contratos de minusválidos.

Puedo interpretar que hacen ustedes mención a
otras medidas que tomarán. ¿Es que han pactado con las
organizaciones de minusválidos cambiar esta cuota, que se
incumple bastante, por algo que cuando hicimos la valoración
de diez años de desarrollo de la LISMI en esta Cámara,
hace unos años, se pensó en modelos de otros países,
como el crear un fondo económico para que las empresas
transfirieran esas cuotas, si no contrataban minusválidos, a
organizaciones de minusválidos o a iniciativas públicas
para crear empleo? ¿Sería tan amable de explicarme esto?
La segunda pregunta es que soy consciente de que si no
hubiera estado terminada la Ley de Extranjería se debería
haber preguntado al subsecretario, pero tal vez usted también
pueda contestármelo. No he encontrado, leyendo los
presupuestos, nada que me indique que ustedes hayan decidido
crear alguna nueva agregaduría laboral por esos países
de Dios o ampliar o fortalecer las existentes. (El señor
Azpiroz Villar hace signos afirmativos.) Veo que alguien
de la Mesa tal vez lo haya consultado con el subsecretario.

En ese caso lo preguntaré a mis compañeros. esta pregunta
estaba en el marco de las palabras de su ministro en el Consejo
de la Emigración sobre la necesidad de fortalecer las
agregadurías para atender a los emigrantes, o incluso, con
la llegada de nuevos ciudadanos a nuestro país, poder atender
visados, etcétera, en los países de donde vienen los emigrantes.




Tercera pregunta. ¿Cuáles son las causas de la reducción
significativa que hay en el presupuesto en el programa
314.I, en su concepto 481, capítulo 4, que se denomina
pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales, es
decir, las pensiones previstas a las no contributivas? Yo
encuentro un bajón importante, de 36.000 y pico millones a
29.000, casi 30.000 millones, que no veo que guarde relación
con el crecimiento de pensiones no contributivas en el
INSERSO. Habrán hecho alguna reflexión en el departamento
y me gustaría conocerla para luego valorarla políticamente.




La cuarta pregunta tiene que ver con el programa
313.H, de emigrantes. Leyendo los conceptos 45, 46 y 48
de su capítulo 4, no encuentro recursos para el plan de
salud, respecto del que el ministro de Trabajo dijo que en
este año se pondría en marcha para los emigrantes de América
Latina que lo necesitaran. ¿Me podría decir por dónde
anda esto, si es que está? Tampoco los encuentro para el
Plan de retorno de los emigrantes. Priorizar el retorno de
los emigrantes fue una propuesta de la ponencia de política
migratoria, aceptada por el ministro. Respecto a este programa
313, de emigrantes, quiero preguntarle qué reflexión
han realizado para estimar tan sólo un crecimiento de 500
millones de pesetas en las pensiones no contributivas para
los españoles que están fuera de España, cuando usted y el
ministro expresaron en el Consejo de la Emigración que
iban a revisar los baremos porque estimaban que la tabulación
de las cantidades que se distribuían en pensiones no
contributivas en Marruecos era muy escasa. O sea, que lo
iban a revisar para mejorar la percepción.

Sexta pregunta. Se trata del programa 313.L, otros
servicios sociales del Estado, también del capítulo 4. ¿Hay
una explicación diferente a la de finalizar proyectos comunitarios
para que haya decrecido 500 millones de pesetas el
programa 488, que son los proyectos para desarrollo de
empleo y de recursos humanos? Su compañero el señor
Pimentel acaba de decir que la seña de identidad del Ministerio
de Trabajo en esta legislatura son las políticas activas.

Aquí aparece un decrecimiento de 500 millones de pesetas
en políticas activas para las más desiguales gentes en exclusión,
en riesgo de exclusión, etcétera.

Mi séptima pregunta se refiere también al programa
313.L. ¿Qué recursos va a dedicar el Ministerio y su Secretaría
al plan sociosanitario en el marco del Plan gerontológico,
al que, según se ha hablado, se requiere impulsar y
desarrollar al máximo? Yo sumo los capítulos 4 y 7 y está
maldito el Plan gerontológico porque no hay manera de
que le saquemos de los 5.000 millones de pesetas. Había
conceptos como el objetivo general de hacerlo crecer y el
particular de impulsar el programa sociosanitario ante la
cuarta edad, el envejecimiento o no. Yo no encuentro ahí
ninguna cantidad que responda a este objetivo que han
planteado.




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Mi compañera de Convergència i Unió le preguntaba
sobre el programa alzheimer. He visto que en este programa
313 aparecen 300 millones como concepto nuevo para
la lucha contra el alzheimer. ¿Quién va a administrar este
presupuesto? ¿Se va a englobar en el Plan gerontológico,
va a hacerlo otra unidad, está negociado con las comunidades
autónomas, cómo se transfiere esta cantidad?
Novena pregunta, que tiene que ver con el programa
313.O, el que todos llamamos de infancia y familia. Aquí
han hecho muchos cambios, han reducido programas; yo
he intentando buscar en otro lado y creo que he encontrado
las sumas, pero prefiero preguntar. En general, encuentro
que en el Ministerio desaparece Melilla con frecuencia,
también en infancia. No sé si ha habido una transferencia o
una negociación, pero desaparecen 105 millones para el
apoyo de dos centros de menores en la ciudad de Melilla.

He visto que tampoco constan 1.100 millones de pesetas en
guarderías laborales, aunque ha crecido otro concepto, el
454, de conciliación entre la vida familiar y la laboral, por
lo que supongo que se han sumado esos dos conceptos,
pero le pregunto si es correcta mi interpretación. También
he visto que han desaparecido 400 millones del presupuesto
del año pasado de dos programas, atención a adolescentes
tutelados y para actuaciones con familia e infancia; son
400 millones que he encontrado en otro programa, el
313.L, también de ayudas a familias. No sé si se ha producido
ese trasvase y no entiendo por qué se produce. Primero,
quisiera saber si lo he interpretado bien y, segundo, cuál
es la causa.

Mis últimas preguntas tienen que ver con las transferencias
a los institutos. La número 12 tiene que ver con el
Instituto de la Mujer. Cuando he mirado qué cantidad van a
dedicar a ayuda para la atención a las mujeres víctimas de
la violencia, aparece el concepto 481.07 dotado con 70
millones de pesetas, pero cuando he leído un documento
que hicieron llegar a los diputados de esta Comisión, el
Plan de lucha contra la violencia a mujeres y niños, he visto
que el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para el año 1999 -no contabilizo otros departamentos
sino la sección 19- era de 1.578 millones. Yo le
pregunto, doña Amalia, dónde están los otros 1.500 millones.

Si es tan amable, le rogaría que me los dibujara en
otros apartados del Ministerio de Trabajo.

Mi siguiente pregunta tiene que ver con el Instituto de
la Juventud. Si sumo lo que dice que crece más lo que deja
de ingresar por operaciones comerciales, vemos que se
reducen en 200 y pico millones los ingresos del Instituto.

La verdad es que estamos hablando de un incremento de
159 millones, si se lee de una manera, o de 130 millones,
según se lea de otra. La única cantidad que se dibuja con
algo de nitidez es el programa de apoyo a viviendas de
alquiler para jóvenes. ¿Qué políticas se pueden hacer en
juventud con un crecimiento tan raquítico -si me permite
decirlo coloquialmente- en el Instituto de la Juventud?
Las tres últimas preguntas tienen que ver con la transferencia
al INSERSO. Hemos visto un crecimiento de 100
millones de pesetas para conciertos y mantenimiento de
ciertos centros. Si mi memoria no me falla -el alzheimer
también llega a los menores de setenta años- en este
momento el INSERSO todavía conserva para su gestión
unos cincuenta centros, entre centros de un tipo y de otro.

Son sólo 100 millones de crecimiento para los posibles
conciertos que se hagan a terceros de centros de mayores y
de minusválidos. Pocos conciertos más se pueden hacer
con los Presupuestos Generales del Estado -ya veremos
mañana la Seguridad Social- y, además, es poca la contribución
para el mantenimiento de los cincuenta centros que
todavía tiene el INSERSO en su patrimonio. ¡Qué pena que
sean tan pocos!
Siguiente pregunta. No he encontrado ninguna colaboración
de los Presupuestos Generales del Estado, tampoco
de la Seguridad Social, para inversiones en nuevos centros
públicos y, de forma clara, para inversiones en centros para
refugiados, desplazados o inmigrantes con situaciones difíciles.

¿Es que se ha puesto fin a inversiones en el INSERSO
para estos colectivos?
Mi última pregunta tiene que ver con lo que han dibujado
para trasladar a personas de Ceuta y Melilla a la Península.

Han dibujado 550 millones, pero por la información
que yo he manejado y que ustedes han trasladado al Parlamento,
este año han gastado cuatro veces más. Ya sé que
los delegados del Gobierno nos están diciendo que van a
conseguir que no pasen más de cinco a la semana. Pero
todos sabemos que eso puede ser o puede no ser.

1998 fue un año en el que vimos cómo recursos del
plan, del 0,5, recursos para la vida cotidiana y para el objetivo
de la integración de los inmigrantes se desvanecían,
teniendo que dedicarse al proyecto de acogida de ciudadanos
y ciudadanas de Ceuta y Melilla. Si me dibujan sólo
una cuarta parte en el presupuesto de 1999, ¿me están
diciendo que van a volver a recoger de las otras pequeñas
cantidades para poder hacer esta política de no concentración
en Ceuta y Melilla?
Estas son mis dieciséis preguntas.




El señor PRESIDENTE: Doña Amalia Gómez tiene la
palabra para que conteste con la concisión que en ella es
habitual.




La señora SECRETARIA GENERAL PARAASUNTOS
SOCIALES (Gómez Gómez): Voy a tratar de ser
concisa pero, en el caso de que alguna cuestión no quedara
suficientemente aclarada, la podré aclarar después o, como
hicimos el año pasado, responder por escrito. En cualquier
caso, la comparecencia posterior del director general del
INSERSO y de la directora general del Instituto de la
Mujer podría aclarar algunas dudas.

Me pregunta la portavoz de CiU si los programas de
integración social de inmigrantes se hacen a través de convenios
con comunidades autónomas y organizaciones no
gubernamentales. Efectivamente, y tengo que decir que ha
crecido el presupuesto. Conviene recordar a sus señorías
que la primera vez que aparece pintada en un presupuesto
del Estado una partida para el desarrollo del Plan de integración
social fue el año pasado, en el ejercicio presupuestario
del año 1997 para 1998, y que este año se incrementa
en cien millones. También es verdad -tengo que decírselo
a sus señorías- que el Plan de integración que se convenía
con comunidades autónomas y con ONG se ve respaldado
este año por la buena cosecha del IRPF, que, como ustedes
saben, alcanzó la cifra histórica de 15.000 millones de
pesetas. Respondiendo a esa pregunta, el Plan de integración



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se discute con directores generales de comunidades
autónomas y luego se acuerda en conferencia sectorial.

La siguiente pregunta era -me parece que el portavoz
de Izquierda Unida también se interesaba por este asunto-
si es compatible la pensión SOVI y la pensión de viudedad.

Yo sé que ese tema está en estudio, pero no quisiera
tampoco decirle nada que no fuera cierto, por lo que
estoy convencida de que en la comparecencia del secretario
de Estado de Seguridad Social mañana, al ser un tema
claramente de competencia de la Seguridad Social, le
podrá responder mejor. Sí le puedo decir que este asunto
estaba en estudio y que la dificultad estribaba en hacer una
justicia distributiva, porque había pensiones de viudedad
muy altas, y, por otra parte, había pensiones SOVI con rentas
patrimoniales. Le puedo decir, como el ministro manifestó,
que está en estudio.

Respecto a los programas previstos en prevención y
personas con minusvalía, le puedo decir que en el Plan de
acción para personas con discapacidad, que se incluye por
primera vez en los presupuestos de 1997, tiene este año una
dotación de 600 millones. Aparte de dedicarlo a los gravemente
afectados, se trabaja en lo que debe ser la detección
y la rehabilitación, trabajos que compatibilizamos con el
Real Patronato ya que, como usted sabe, la prevención es
una de las tareas fundamentales más la labor que desarrollamos
en colaboración con organizaciones no gubernamentales.

Este plan sigue creciendo a un ritmo de cien
millones. Quiero recordarle, señoría, que son planes que, al
estar transferidas las competencias, se hacen en colaboración
de financiación a tres bandas: ayuntamientos, comunidades
autónomas y Administración del Estado.

En cuanto al Plan sobre alzheimer, criterios, cómo se va
a hacer y si se ha hablado ya con las comunidades autónomas,
debe manifestar que toda persona que ha tenido una
responsabilidad de gestión sabe que lo importante es pintarlo
en presupuestos. Todo lo que no está en los presupuestos
no existe. Será poco, pero está. Es un plan hecho en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y que fundamentalmente
se va a gestionar por las comunidades autónomas
con ayuntamientos y con la participación de organizaciones
no gubernamentales, porque, como usted sabe,
son las que mejor tienen organizado el servicio de ayuda
informal, de formación y de respiro. Este tema tendrá que
ir a la conferencia sectorial -ya ha pasado por la conferencia
interterritorial de salud-, ya que es un plan que se
desarrolla entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Estamos a la espera de llevarlo
a la conferencia sectorial, donde se podrá ver de qué manera
se convenía, no sólo en función de lo que se tenga, sino
también de lo que se conozca en cuanto a censo de personas
afectadas y equipamientos. Si le ha quedado a S.S.

alguna duda, puede preguntármelo.

Con mucho gusto, paso a responder al señor Peralta. El
salario social es un tema que preocupa a todas las comunidades
autónomas. En algunas, incluso, reconocido el derecho,
no se puede hacer frente porque para algunos sociólogos,
expertos y trabajadores sociales se puede convertir en
un enquistamiento de la exclusión. Algunas comunidades
ya están empezando -de ahí la oportunidad de su pregunta-
a tratar de vincular la percepción del salario social con
algún tipo de preparación para la salida de la exclusión. Es
un tema que está pendiente de ser incluido en la conferencia
sectorial, porque, como bien ha dicho, es competencia
de las comunidades autónomas. Es muy difícil establecer
requisitos que sean unánimemente compartidos, porque
tanto el punto de salida como el enfoque de lo que algunos
llaman salario social es distinto. Repito que está en estudio,
vinculado a un proyecto de ley que en este momento está
en fase de borrador, que son las empresas de inserción y los
enclaves, porque -esto de alguna manera viene a corroborar
lo que dijo el ministro de Trabajo, como no podía ser
menos- se intenta vincular lo que son percepciones de
solidaridad con políticas que permitan la salida de la exclusión.




Respecto a la mujer, me pregunta usted si tenemos algunas
actuaciones en materia de asistencia sanitaria para que
se pueda beneficiar de los tres supuestos legales de abordo.

No hemos tenido ninguna demanda. Como S.S. sabe, es
competencia de las comunidades autónomas y en el resto
del territorio INSALUD, es el Ministerio de Sanidad el que
lo gestiona. Por una parte, estamos trabajando para conocer
y mejorar los centros de planificación familiar y, por otra,
en la prevención de embarazos no deseados. En cuanto a
los supuestos, se está cumpliendo la legalidad y no tenemos
ninguna queja de falta de plazas, entre otras cosas porque
no es competencia de esta Secretaría General.

En cuanto a alguna actuación referida a guarderías laborales
y políticas de conciliación de vida familiar -después
le responderé a doña Matilde Fernández-, había un programa
pero el Tribunal Constitucional entendió que las
guarderías laborales no eran materia competencia del Estado.

Sin embargo, las comunidades autónomas necesitaban
que se mantuviera un programa que permitiera instrumentos
para conciliar vida familiar y laboral. Después explicaré
que lo que nosotros hemos hecho ha sido unir lo que
había de antiguas guarderías laborales con asistencia de
cero a tres años, incrementando 250 millones, y crear un
programa nuevo de conciliar vida familiar y laboral que no
es sólo guardería, que se hace en colaboración con comunidades
y con ayuntamientos, que prevé otros instrumentos
como, por ejemplo, canguros, ludotecas o centros infantiles.

Hay un borrador de proyecto de ley de conciliación de
vida familiar y laboral que en este momento ya está en estudio
entre la Secretaría General de Empleo, la Secretaría
General de Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado de
Seguridad Social. Posiblemente, el ministro, en fechas próximas,
podrá darle más novedades de las que yo le puedo
proporcionar. El borrador existe y está hecho, Otra cosa es
la circulación.

El señor Vaquero dice que aumentan y disminuyen las
PNC. La verdad es que el director general del INSERSO le
puede responder mucho mejor que yo, pero yo puedo hacer
una afirmación general que usted va a comprender. Las
pensiones LISMI se están convirtiendo en pensiones donde
sólo hay salidas, no hay entradas, se opta por otro tipo de
pensiones; es lo único que yo le puedo decir. La prueba es
el incremento de las pensiones no contributivas. En el año
1996, a la llegada de este Gobierno, había doscientas cincuenta
y tantas mil, y en este momento estamos rozando ya
el medio millón de pensiones no contributivas. Esto quiere
decir que hay una mayor demanda de este tipo de pensión y
una menor demanda de las de LISMI. Estoy segura de que



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con muchísimo gusto el señor Maravall se lo puede explicar
y, si no, me explicita usted lo que quiere saber y con
mucho gusto se lo hago llegar.

Habla S.S. de las transferencias del Estado. Tengo que
decirle que se produce la transferencia a La Rioja con efectos
de 1 de enero del año pasado. Esto significa que aparece
una cantidad menor puesto que ese dinero está ya transferido.




Dice S.S. que reducimos la cuantía de infancia, pero yo
tengo que responderle que no es así.

Si usted lee los presupuestos de infancia verá que el año
pasado había para guarderías infantiles 1.100 millones y
para primera infancia, 750 millones, lo cual suma 1.850
millones. Si el nuevo programa se llama vida familiar y
laboral, verá S.S. que aumenta 200 y pico millones porque
pasa de 2.850 a 2.100. La infancia maltratada no aumenta,
salvo 3 millones, porque no es un programa que vaya a
prestaciones. Como sabe S.S., es un programa de estudios
e investigación sobre la infancia maltratada que hacemos
con comunidades autónomas. El aumento va en función de
los estudios que se van a hacer, porque no es un programa
de prestaciones a infancia maltratada. Es verdad que desaparece
el programa de menores tutelados. Pero tengo que
decir que en la Conferencia sectorial de asuntos sociales
era un problema difícil de afrontar por el Estado al ser competencia
de las comunidades. Estábamos haciéndolo a través
del IRPF con organizaciones no gubernamentales, que
son las que al final tienen que atender a estos niños, que
cuando cumplen la mayoría de edad legalmente no tienen
por qué tener la tutela. La desaparición de ese programa no
se debe a que no quisiéramos poner los 100 y pico millones
que costaba, sino porque hemos reforzado los programas
de infancia a través del IRPF, que se ha incrementado en
casi 600 millones, precisamente porque tenían que recibir
el dinero los que están afrontando qué pasa cuando se
alcanza la mayoría de edad y ya no se tiene la obligación
de tutela. Por tanto, se está haciendo en colaboración con
las comunidades autónomas, pero vía IRPF y no presupuestos
del Estado.

No le puedo responder a lo que pregunta sobre transferencias
a las Comunidades Autónomas del País Vasco y
Navarra. Lo hará el director general del INSERSO. Si quiere,
se lo hago llegar por escrito.

Paso a responder a las preguntas de la portavoz del
Grupo Socialista. Tengo que felicitarla porque haber sido
ministra de Asuntos Sociales le da una cancha estupenda
para preguntar, lo cual se agradece. Le agradezco todas sus
preguntas porque son interesantes para iluminar.

Me pregunta por la disposición adicional décima de la
ley de acompañamiento, tema que ya salió el año pasado.

¿En qué momento procedimental está? Como S.S. sabe, el
Gobierno firmó un acuerdo con el Consejo Rector de
Minusválidos por un plan de empleo para personas con discapacidad.

En este momento le puedo decir las líneas en
que se está cerrando ese acuerdo, que está muy avanzado
como sabe S.S., a falta de los decretos y órdenes ministeriales
que lo desarrollen. Se está trabajando en la línea de
dar una alternativa a las empresas que no cumplan por las
razones que sean. Entre las alternativas está, por ejemplo,
la obligación de comprar productos de empresas en las que
trabajen personas con discapacidad y la dedicación de fondos
o financiación a programas o actividades que tengan
que ver con personas con discapacidad. También se está
estudiando lo que debería ser la tipificación de infracción
de quien no cumpla y no quiera pedir alternativa. Pero,
repito, no es una innovación de este año en la ley de acompañamiento,
sino que ya venía el año pasado. Este año
esperamos que esté cerrada. Lo importante es que en esa
ley tan violada desde su nacimiento consigamos, por la vía
que sea, que las personas con discapacidad no encuentren
una barrera sino que tengan facilidades para trabajar en
empresas normalizadas. Respecto a la agregaduría laboral,
con todos los respetos no puedo contestarle porque no lo
sé. Si quiere, yo misma me puedo encargar de que le llegue
la respuesta por escrito.

¿Cuáles son las causas de la reducción del presupuesto
de las pensiones no contributivas anteriores? Las pensiones
no contributivas sí crecen. No sé si se está refiriendo S.S. a
las pensiones de emigración. No sé a qué pensiones se refería.

Si quiere, después me explicita la partida. Las únicas
pensiones que decrecen son las pensiones LISMI y por la
razón que he dado. Las demás pensiones no decrecen, ni
siquiera las de emigración, como explicaré después. Si
quiere, me lo puntualiza después y lo miro en los papeles,
porque ni usted ni yo nos merecemos marear la perdiz para
no decir nada. Estará de acuerdo conmingo en que el tema
es más serio.

Respecto al programa 313.H, que habla del Plan de
salud, con mucho gusto le respondo porque uno de los trabajos
que ha hecho este año la Dirección General de Ordenación
de las Migraciones ha sido buscar acuerdos con instituciones
asistenciales de América, fundamentalmente de
América Latina. Le voy a decir los países con los que hay
acuerdos firmados, que son Colombia y Chile, y a punto de
firmarse, es decir, se tienen que firmar en lo que queda de
1998 y primer semestre de 1999, Méjico, Marruecos, Uruguay
y Perú. Este año se van a dedicar 350 millones de
pesetas. Para el programa pensiones de emigrantes hay
6.168 millones para pensiones, y el resto, hasta 6.998
millones, es lo que va destinado al Plan de salud.

Me pregunta también por las pensiones. Sabe S.S. muy
bien que en 1997 hubo que hacer acopio de un remanente
de crédito por valor de 1.000 millones, porque había
muchos derechos reconocidos de pensiones que no se
pagaban. Por tanto, ya tuvo ese incremento de 1.000 millones,
a los que hay que sumar este año 578. Según los datos
que me aporta la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones, eso contempla las necesidades presupuestarias
para 1999, con todo lo atrasado regularizado.

Respecto al programa 313.L, me preguntaba por otros
servicios sociales del Estado y también por el programa
488, proyectos desarrollados. ¿Me podría explicar, porque
no he tomado la nota entera, y no sé de qué va?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora
Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Se refiere a iniciativas
comunitarias de empleo y desarrollo de recursos.




LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL PARA
ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Efectivamente,



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usted sabe que el año pasado fue especial porque había que
hacer frente a iniciativas que concluían del período 1995-
1997, más las nuevas iniciativas que se abrían a partir de
1997-1999. Por eso presupuestamos 1.000 y pico millones.

Como S.S. sabe, los proyectos que se inician en 1999 sólo
van a necesitar la parte de cofinanciación para el final,
puesto que acaban los de 1997-1999 en 1999. Pero quiero
que sepa que estamos teniendo problemas para hacer uso de
esta partida presupuestaria. Esta Secretaría General ha pedido
la colaboración de la Intervención General del Estado,
porque, como digo, la tramitación del uso de este dinero
tenía alguna complicación. No es que haya una reducción
de la partida, sino que el año pasado tuvimos que afrontar la
terminación de los proyectos 1995-1999 y el comienzo de
los proyectos 1997-1999. En el año 1999 sólo tenemos que
abordar los que se concluyen en ese mismo año.

Me dice S.S. que no sacamos al Plan sociosanitario de
los 4.000 millones. Sabe S.S. muy bien que el Plan gerontológico
estuvo congelado dos años en 4.000 millones, y en
este momento está en 5.000 millones, es decir, ha experimentado
un incremento de 1.000 millones. Estoy con usted
y me hubiera gustado que hubiera tenido mayor incremento
porque reconozco que es importante, sobre todo cuando
no estamos haciendo sólo una política de construcción de
residencias, sino otras vías alternativas de centros de día,
de cuidados informales y, lo que es relevante, una mayor
participación de las instituciones ONG en colaboración con
el plan al que, como usted sabe, se abrieron en el año 1997.

Se preguntará S.S. qué significa esto. Significa que
mientras en otros momentos los recursos que se destinaban
de IRPF eran menos, ahora estamos aportando más. ¿Por
qué? No es que el Estado haga una dejación de lo que son
las políticas de cobertura de necesidades para los más vulnerables,
es que pensamos que es mejor que construyan y
hagan los edificios y den las prestaciones aquéllos que tienen
esa voluntad y además esa autoevaluación y gestión.

En cualquier caso, repito, tengo que decir que el plan,
que estuvo congelado los años 1995 y 1996, no ha dejado
de crecer, primero subió 200 millones, después subido 300
y este año sube 500, con lo cual son 1.000 millones más.

Sabe usted, en lo referente a lo sociosanitario, que desde
su gestación en los años 1992-1993 era un deseo. En este
momento tengo que decir que ya se ha creado un grupo de
trabajo con el Ministerio de Sanidad; supongo que el Alzheimer
va por un lado y esto va por otro, porque también
necesitamos fondos desde el Ministerio de Sanidad, pero
repito que hay un grupo creado. Esperamos que en el Plan
gerontológico que se tiene que aprobar en conferencia sectorial
a partir de este año que, como usted sabe, también es
un tema que no está cerrado, salvo en la Comunidad Autónoma
de Cataluña, podamos cerrar una realidad que no tendría
sentido cerrarla en el ámbito del Estado, si aún no está
cerrada ni definida en el seno de las comunidades autónomas.

Esto nos permite, como usted sabe, haber dirigido primero
un 5 por 100, ahora un 10 y tener perspectivas de un
20 por 100 de lo que es el el Plan Gerontológico a enfermos
de Alzheimer. El Alzheimer son 300 millones. Es un
programa que se ha elaborado en colaboración con el
Ministerio de Sanidad y en el que van a participar comunidades
autónomas, ayuntamientos y organizaciones no
gubernamentales. Fundamentalmente este año va dirigido
a los más gravemente afectados, todo lo que pueda ser
apoyo en hogar, cuidadores informales y también plazas de
respiro, que es una línea en la que venimos trabajando muy
intensamente sobre todo el año pasado y éste. Por otra
parte, como usted sabe, queda acordarlo y de alguna manera
aprobarlo en conferencia sectorial. Creo que al menos ha
sido un buen paso conseguir el acuerdo de dos ministerios
para ponerlo en marcha y estoy convencida de que saldrá
mejorado y esperamos incluso que mejor dotado presupuestariamente.




Me pregunta usted por el programa 313.O, infancia y
familia. Efectivamente, hemos unido el que había de guarderías
con el de infancia y familia; hemos pasado de 1.850
a 2.100 millones Lo del tutelado se lo he explicado. Me
dice usted que disminuyen las actuaciones con la infancia.

No, era la explicación que usted daba, que ha habido un
trasvase. Solamente se mantienen las ayudas a familias
desfavorecidas con un incremento de 50 millones que ha
visto usted que es, de alguna manera, de consolidación,
porque, como usted sabe, para las familias desfavorecidas
la parte asistencial es la parte de la cola de león; es decir,
lo importante es la vivienda, la educación, lo sociosanitario,
etcétera.

Usted me preguntaba por las transferencias de la
mujer y me hablaba de las cuentas. Se lo voy a decir porque
las traía escritas, era una pregunta visible. Decía usted
que dónde estaban los 1.500 millones. Formación, sanidad,
investigaciones, convenios con comunidades autónomas,
corporaciones locales y ONG, eso son 492 millones
de los propios presupuestos del Instituto; 569
millones de la Dirección General de Acción Social, pero
no vía presupuestos, sino a través del IRPF, para lo que
llamamos programas de erradicación de malos tratos y
familias, sobre todo este año para hijos que han vivido
ambientes de maltrato doméstico; 460 millones del INEM
para formación y 219 millones en el plan concertado para
casas de acogida y formación de asistentes sociales. Si
quiere alguna explicación por escrito, con muchísimo
gusto se la facilitaré.

En el Instituto de la Juventud, aparte del plan de apoyo
a vivienda -comprendo que muchas veces el ejemplo de
la botella es medio llena o medio vacía, pero precisamente
el Instituto de la Juventud y el Instituto de la Mujer son los
dos organismos que tienen las subidas más importantes-,
que ha tenido una gran aceptación en comunidades autónomas
y ayuntamientos, el otro gran programa es el de la formación,
porque a usted no se le oculta que todo lo que
había en relación con los viajes y con el turismo de los
jóvenes está en su mayor parte transferido. Sin embargo,
los dos grandes programas del Instituto de la Juventud a los
que van las subidas son: programas de apoyo a vivienda y,
por otra parte, a lo que llamamos formación y preparación
de jóvenes.

En relación a lo de los centros del Imserso, creo, señoría,
que hay alguna confusión, porque yo no tengo conocimiento
de que sean 50. Quedan algunas residencias en Castilla
y León. El señor director general del Imserso -que
está ahí detrás- podrá explicarlo. Me parece que son tres
o cuatro. Luego quedan los CAMF y los CAR. Usted debe
recordar que ya el año pasado se hicieron transferencias
importantes, se había hecho la de Aragón, la de La Rioja, la



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de Baleares y la de Cantabria. Me parece que en este
momento solamente quedan las residencias de Castilla y
León, los CAR, que no se van a transferir, los CAMP y los
CAMF. No nos queda ninguna más.

Pregunta número 14. Los nuevos centros, las inversiones.

Le decía que sí tenemos inversiones, algunas comprometidas
de otras legislaturas que ahora se van a hacer, por
ejemplo, dos en la Comunidad Autónoma de Madrid y
una, que me parece que es un CRMF, en Galicia. Esas son
las inversiones que estamos haciendo de compromisos de
transferencia, pero como usted sabe muy bien con las
transferencias hechas no podemos hacer inversiones para
gestión de centros. Tengo que decírselo porque últimamente
esta Secretaría General ha hecho una inversión para
el equipamiento de un centro en una provincia y se me
acusó de injerencia en la autonomía. Después le diré a
usted cuál es la provincia, porque tampoco se trata aquí de
dar muchas pistas. No tenían razón, porque se trataba de
dar un dinero para el equipamiento de un centro, no era
para gestionarlo. Por eso le digo que estamos cumpliendo
lo que eran compromisos en las transferencias en el ámbito
de las inversiones.

Por cierto, usted me pregunta lo de Ceuta y Melilla y
tengo que decirle que hemos consolidado este año 320
millones que tuvimos que pedir el año anterior para los
programas de acogida humanitaria que puso en marcha
este Gobierno. Además, como usted sabe, hemos tenido
que poner 220 millones para la construcción del centro
de Melilla, más 50 que hay este año para la construcción
del centro de Ceuta, que es confinanciado con fondos
europeos. Creo que precisamente el capítulo de migraciones
es el que más crece (La señora Fernández Sanz:
Ustedes dicen un 20.). Nosotros decimos un 20 y creemos
que crece un 20; sobre todo, en el hecho de que crezca
un 20 por 100, creo que hay que tener en cuenta la
secuencia, porque era una partida presupuestaria que
estaba prácticamente congelada desde el año 1993, tan
prácticamente congelada que, salvo las órdenes comunicadas
que usted conoce, no aparece en los presupuestos
hasta el año 1998. Tenemos que decir que precisamente
si el incremento del que usted habla este año es de un 20
por 100, en lo que es la secuencia de los tres años ha
subido casi por encima de 2.500 millones de pesetas.

Creo que también es importante recordar eso en esta
comparecencia.

Centros de menores de Ceuta y Melilla. Como usted
sabe, se han hecho las transferencias y, por tanto, ya no
puede aparecer en los presupuestos del Estado porque ya lo
gestionan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No creo haberme olvidado de nada, pero si alguna pregunta
no ha quedado suficientemente clara o la pueden responder
después los directores generales, con muchísimo
gusto se la haré llegar por escrito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Gómez. Me parece que de las respuestas precisas de la
secretaria general de Asuntos Sociales se deriva que es
innecesario proceder a otorgar un nuevo turno. Agradecemos
a doña Amalia Gómez su comparecencia.

- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO DE LA MUJER (DANCAUSA
TREVIÑO), A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (Número de expediente
212/001572) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número
de expediente 212/001675).




El señor PRESIDENTE: Rogamos que pase a la Mesa
la directora general del Instituto de la Mujer. (Pausa.)
La comparecencia de la directora general del Instituto
de la Mujer, doña Concepción Dancausa, la ha solicitado el
Grupo Federal de Izquierda Unida.

Tiene la palabra la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RÍO: En primer lugar,
quiero saludar a la señora Dancausa e igualmente mostrar,
como ya era previsible, mi preocupación por la poca
expectación que suscrita el organismo compareciente. En
este momento hay un abandono de la sala que ilustra lo
que trato de decir. El organismo compareciente es responsable
de las políticas de la otra mitad de la población.

Creo que esta foto fija ilustra sobre el escaso valor que
algunas instituciones y algunos representantes tienen por
las mujeres. Creo que la previsión está absolutamente
constatada.

El Instituto y demás instancias competentes no son ajenos
al calculado atraso histórico de responsabilidades compartidas
por gobiernos pasados y recientes con el eslabón
más débil de la sociedad. Usted sabe que conozco, por el
seguimiento exhaustivo que pretendo hacer, las voluntades
manifiestas de la Secretaría General de Estado para Asuntos
Sociales, pero pueden llegar a convertirse en meramente
declarativas cuando no están suficientemente financiadas
las necesidades.

Señora Dancausa, adentrándome ya en la lectura de los
presupuestos y contemplando la descripción del programa
promoción de la mujer, en el que se enumeran, además de
las acciones propias del Instituto, los distintos planes elaborados
por el Gobierno con características de transversalidad,
como son el plan de igualdad de oportunidades, el plan
de acción contra la violencia doméstica y el plan nacional
de acción para el empleo, lo único que he encontrado sin
demagogias en relación a la mujer, a excepción del programa
de promoción, es la inclusión del sustantivo mujeres
junto a otros colectivos discriminados, pero sin que ello
signifique una toma de posición política y presupuestaria
suficiente. De ello puede desprenderse que el Gobierno utilice
la resolutiva de los conflictos mujer como un pseudo
referente populista, sin identificar, con credibilidad, las
correspondientes problemáticas y ejercer la acción y la gestión
gubernamental para resolverlos.

Esta situación, señora Dancausa, puede agravar el problema,
porque si antes recientemente, y en el tiempo pasado,
se reconocía una discriminación concreta, realizando
sólo intervenciones de tipo familiarista, ahora se plagan los
textos de planes que luego no tienen ninguna corresponsabilidad
con las políticas desarrolladas ni con los presupuestos
que se presentan. Señoría, creo que es necesaria la
implicación de los restantes ministerios con soportes presupuestarios



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que introduzcan los elementos de discriminación
positiva comprometidos en el marco de la convergencia
social europea.

Respecto al avance de liquidación de los gastos, se
ha incrementado el presupuesto inicial en 333 millones;
de 2.606 millones a 2.939. El presupuesto para 1999 es
de 2.971.84, cifras que hoy entiendo, señora Dancausa,
suficientemente explícitas y que ahorran consideraciones
peyorativas. Efectivamente, el desglose presupuestario
apunta en la dirección contraria a la demandada. Las partidas
modificadas se refieren a gastos de personal, al capítulo
1, como siempre, con un incremento de 21 millones y el
capítulo 2, gastos corrientes, con 312 millones. Sin embargo,
en los presupuestos para 1999 disminuye la cantidad
destinada a estas partidas en relación a la liquidación, no en
relación al presupuesto de 1998.

Por otro lado, no acabo de entender bien por qué se ha
incrementado tanto la partida del capítulo 2 cuando se ha
abandonado, por ejemplo, el local del Almagro, 36, que
suponía un gasto de alquiler importante y que debería haber
disminuido, como se refleja en el presupuesto de 1999.

En el capítulo 4 hay una variación importante en las
subvenciones destinadas al fomento de la creación de
empresas y autoempleo. Me gustaría saber qué pasa -ya
que contemplo que el traslado de cifras va de 15 a 75 millones-,
el porqué y cuál ha sido la demanda que fije la cifra
a la que aludo. En este mismo apartado baja la ayuda a la
edición, ayuda que, como se recordará, solicitamos el año
pasado que se explicara en estos términos y ahora tiene una
reducción de 50 a 20 millones.

Respecto a la subvención a entidades aumenta de 332 a
463 millones y creo que es absolutamente imprescindible,
dada la cuantía, que la concesión de subvenciones sea más
transparente; independientemente de la respuesta, que
conozco, individualizada y a través del «Boletín Oficial del
Estado», es necesario hacerla con una mayor y más plural
participación de las organizaciones en la evaluación de proyectos
susceptibles de ser subvencionado.

En cuanto a los convenios, creo que es necesario especificar
más qué característica tiene, por ejemplo, algo que
me preocupa y que en otras ocasiones le he reiterado, que
es el convenio firmado con la FEMP, al que se destinan 20
millones y que no dudo que no son clientelares, pero me
gustaría saber que ese convenio, con un incremento relativo
con relación a 1998, se plantea en los términos que ustedes
vienen haciendo últimamente. El presupuesto para las
corporaciones locales, para equipamiento, que tiene un presupuesto
de 27.906 millones, habría que aclarar, además de
otras explicaciones, la inclusión, y en qué términos, de las
casas de acogida cuando dice: en dichas actividades. Igual
me gustaría conocer con cierto rigor, para qué es y demás
consideraciones, la partida destinada a cofinanciación con
las comunidades autónomas cuyo incremento asciende a
10.366.000 pesetas. Me sorprende, señora Dancausa, que
hayan incluido en las publicaciones la estimación de 1998,
ya que en los presupuestos pasados las habían retirado,
contra nuestro criterio, lo mismo que las ayudas para los
institutos universitarios.

Finalmente, señora Dancausa, le solicito que explique
mucho más detalladamente los tres planes aceptados en el
inicio de la comparecencia, planteados por mí en concreto,
así como su pormenorizada financiación. Señora Dancausa,
señorías, no soy partidaria, en absoluto, de plantear las
cuestiones obvias. Ya he reiterado en años anteriores que lo
presupuestado específicamente para políticas mujer, en el
argot ciudadano, a la luz de lo que aparece en el libro rojo
de los presupuestos, nosotros, las mujeres e Izquierda
Unida, no podríamos denominarlo más que como limosna
social. Convendrá conmigo, señora Dancausa, que no llegar
al 1 por ciento del PIB nos sitúa en malas condiciones
para avalar programas de igualdad. He hecho un recorrido
por los demás ministerios y las ausencias son manifiestas.

Por lo tanto, la integralidad es un concepto no utilizado
presupuestariamente
y sólo se referencia con un uso muy propagandista.

En este sentido, creo que la delicada situación
que viven las mujeres en este país, con un índice de paro
muy superior al europeo y casi diez puntos más elevado
que el masculino, agravado por la feminización de la
pobreza, por la lacra de la violencia doméstica y por toda
una cultura sexista que le asigna un papel subalterno, obliga,
como comprenderá, señora Dancausa, a insistir en mi
demanda de acercarnos al 5 por ciento para financiar políticas
de discriminación positiva y políticas de igualdad, y en
lugar de hacer esta reivindicación, hacer ya una reclamación
prioritaria, social, económica y política de primera
magnitud. Por ello, le ruego encarecidamente que nos
explique cuáles son las dificultades del Gobierno, de su
Ministerio y de su Instituto para hacer políticas de solidaridad
y justicia social con la mayoría de la población, que
somos las mujeres, en los términos reclamados y demandados
por el conjunto de la sociedad.

Sabe usted, porque las cifras son llamativas, que no
son unos presupuestos, no ya feministas, ni siquiera mixtos;
sabe usted que no puede haber dos varas de medir, una
para ser los primeros de la clase en Europa, en la globalidad
de los conceptos, y otra para adjudicar carácter de
excepcionalidad a lo que son las políticas de igualdad. Es
profundamente injusto admitir esta subalternidad. En este
país tenemos una deuda histórica con las mujeres que en
los gobiernos anteriores, ni parece que le actual, acaban de
saldar.

Voy terminando, señora Dancausa, planteándole que es
tiempo de mujer y es tiempo de reconocer el papel social
que juegan las mujeres y es tiempo de dar a cada uno lo
suyo y es tiempo de que el Instituto de la Mujer lidere la
lucha, no por la supervivencia de las mujeres, sino por el
equilibrio de sexos, por ejemplo, para empezar a caminar
hacia una democracia no formal, sino paritaria. ¿Se tambalearía
tanto el Estado si la economía doméstica y la economía
sumergida tuviera la consideración oficial y fuera regulada
y valorada? ¿Por qué no introducen medidas
correctoras en un plan solvente y alternativo para que las
mujeres desde su autonomía, porque tengan independencia
económica y familiar, puedan ejercer la ciudadanía de primera
como los demás?
Termino planteándole, señora Dancausa, que, desde la
razonabilidad y la serenidad que dan los demasiados años
que llevamos luchando contra los molinos de viento y no
haber perdido la lucidez de identificar al adversario, sería



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insuficiente atrincherarnos en la banda del no sin dar alternativas.

Por eso hoy aquí y solemnemente la emplazo a que
nos convoque a las mujeres, a que consensue con todas las
mujeres un proyecto mixta que de alguna manera, si es
posible, recupere la credibilidad en que es posible un
mundo sin discriminadores y sin discriminadas.




El señor PRESIDENTE: Señora Dancausa, tiene la
palabra.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA MUJER (Dancausa Treviño): Muchas gracias,
señor presidente y muchas gracias, señora diputada,
por sus preguntas.

Yo también lamento la poca expectación, pero son
cosas que no se pueden evitar. Antes de entrar en el detalle
de las preguntas concretas que usted ha formulado con respecto
al presupuesto, me gustaría hacerle notar una cuestión
de fondo importante. El presupuesto de Instituto de la
Mujer ha ido creciendo durante estos tres últimos años, el
año pasado se incrementó en un 22 por ciento y este año en
un 14,5 por ciento. Siempre digo que nunca es suficiente,
pero en cierto modo estoy contenta de que no haya sido un
presupuesto que se haya mantenido o que haya disminuido
También quiero comentar que hay otra cuestión importante,
y es que cuanto se elaboró el tercer Plan de igualdad se
tuvieron en cuenta cuáles eran las directrices de Pekín y
éstas hablaban de que había que encaminar la política de
mujeres de dos formas, una, a través de políticas específicas
y, otra, a través de lo que es el mainstreaming o la integración
de igualdad de oportunidades en todas las políticas
que se formularon. Fundamentalmente, esa es la causa de
que nuestro incremento de presupuestos se dedique solamente
a políticas específicas. Desde aquí, lo que estamos
haciendo son programas dirigidos específicamente a las
mujeres, pero también impulsar que otros ministerios desarrollen
políticas dirigidas a las mujeres. En este momento
hemos aprobado dos planes: el plan de violencia y el plan
de empleo. Son dos planes que están presupuestados. Es
evidente que mientras ustedes no vean el resultado del plan
contra la violencia podrán preguntarse de dónde sale el
dinero, pero también es cierto que hacemos un seguimiento
puntual; incluso se me ha pedido una comparecencia hace
escasos días para que explique cuál es el seguimiento del
plan contra la violencia y que son mucho gusto asistiré a la
Comisión mixta para explicarlo.

Creo que la secretaria general ha explicado en cierto
modo la partida que nos corresponde a nosotros, al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, y ha dicho que no solamente
es el Instituto de la Mujer el que pone el presupuesto,
sino que también es el INEM y la Dirección General de
Acción Social. Además, están también los otros ministerios,
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad,
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Esta es
la realización del mainstreaming que nosotros pongamos,
pero que otros aporten dinero para políticas de mujer.

Igualmente ha sucedido con el plan de empleo: el plan de
empleo no solamente es un plan del Instituto de la Mujer;
es más, el coste económico de la mayoría de las medidas lo
va a soportar el propio INEM y la Secretaría General de
Empleo. Nosotros vamos a hacer algunos de los programas,
pero una gran parte, sobre todo, lo que responde a
cuantificación económica, se va a realizar por la propia
Secretaria de Empleo. También es otro ejemplo de mainstreaming
el plan de sanidad aprobado por el Gobierno, en
el que los presupuestos son íntegramente del propio Ministerio
de Sanidad, con un presupuesto también en el transcurso
de los años para implementar todas las acciones de
prevención de cáncer y la asistencia a los partos. Es decir,
que el incremento que nosotros hemos tenido en el Instituto
de la Mujer solamente se dirige a las políticas específicas
que vamos a poner en marcha. Como digo, es un presupuesto
que en los dos últimos años se ha incrementado
notablemente, por lo menos, en relación a lo que había en
años anteriores, lo cual también es significativo de la
voluntad del Gobierno -que usted pone en duda- de trabajar
en favor de las mujeres. Ahí tiene usted medidas de
empleo importantes que está asumiendo la Secretaría
General de Empleo o la Seguridad Social, como son el
coste cero o el decreto de mujeres subrepresentadas y como
otras muchas en las que estamos trabajando y que seguiremos
poniendo en marcha, ya que, aunque usted lo cuestione,
le puedo garantizar que nuestra voluntad decidida es
seguir trabajando con respecto a las mujeres.

Entrando en el presupuesto concreto, es cierto que se
incrementa 365 millones, lo que supone un incremento del
14 por 100. Tengo que decirle que los gastos de personal
solamente aumentan un 2,28 por 100, que es el incremento
lógico de los sueldos de los funcionarios. No hay ningún
incremento mayor en el tema de personal. Sin embargo, en
el capítulo 2, si usted únicamente tiene los objetivos y el
presupuesto que aparece en el libro rojo, es evidente que
puede tener algún tipo de confusión. Ese capítulo se incrementa
en 127 millones; es cierto que en ese desglose presupuestario,
que es probablemente el que usted conozca, únicamente
aparecen aquellos subconceptos que son
vinculantes, es decir, que no se pueden modificar, con lo
cual, como además se llama gastos corrientes en bienes y
servicios, da la impresión de que la mayoría de lo que se va
a gastar de todo el dinero que hay, que son 1.300 millones,
se va a dedicar a esto. Pues no, aunque aumenta 127 millones,
ha subida es realmente mayor porque los gastos de
funcionamiento del Instituto se rebajan en un 21 por 100,
en gran parte debido al arrendamiento de la calle Almagro,
que supone un descenso de 63 millones, y a todas las partidas
tanto de gastos postales, como de teléfonos, etcétera.

Sin embargo, se incrementa un apartado importante que es
el de estudios y trabajos técnicos, que supone 108 millones
más con respecto al año pasado. A través de este concepto
se vienen financiando todos los programas europeos que el
Instituto pone en marcha, y que tengo que decir que este
año son 8 proyectos europeos. Nosotros tenemos que adelantar
el dinero y después la Unión Europea nos financia
una gran parte, pero lo recogeremos en años posteriores.

Además, aparece visualizada por primera vez una partida
presupuestaria que se incrementa en 88 millones, que es la
campaña de sensibilización, que siempre se ha realizado
por parte del Instituto, pero que, yo no sé por qué, no aparecía
donde debía estar, que es en el capítulo de publicidad.

Nosotros hemos querido poner realmente lo que se gasta en
publicidad. Esa es la campaña de violencia que hemos
hecho este año y la que vamos a volver a repetir el año que



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viene, porque entendemos que es una cuestión que merece
la atención por lo menos durante los años que dure el plan
de violencia.

Por otra parte, está el capítulo de convenios, que es
donde reflejamos la mayoría de los convenios que se han
hecho y que se hacen. Los convenios los hacemos con
comunidades autónomas, con ayuntamientos y con los
departamentos ministeriales. Ahí está incluido, por ejemplo,
un convenio con el Ministerio de Justicia, del cual se
han financiado este año 25 millones de pesetas para la creación
de oficinas de asistencia a las víctimas en los juzgados.

En seis meses de vigencia que va a hacer el próximo
día 31 de octubre ya se han creado 7 oficinas en los juzgados.

Es decir, no todo está visualizado como plan de violencia,
porque en la técnica presupuestaria a veces es imposible,
unas veces tiene que ir por capítulo 2, otras por
capítulo 4, otras por capítulo 7, dependiendo de a quién
vaya, pero está realizado. Los 400 millones que el Instituto
ha puesto en le plan de violencia se los ha gastado. Le
puedo dar el detalle ahora o el día que comparezca, no
tengo ningún problema, al contrario, estoy encantada de
poder hacerlo porque verdaderamente hemos llegado a
cumplirlo; en tanto sólo seis meses nos hemos gastado el
dinero, pero nos lo hemos gastado bien. Le tengo que dar
un dato que me parece relevante, y es que en estos seis
meses de cumplimiento del plano hemos formado a 5.000
personas, a profesionales que atienden violencia, entre las
que se incluyen jueces, fiscales, médicos forenses, asistentes
sociales, Policía, Guardia Civil, personal sanitario; es
decir, casi 5.000 personas han pasado por cursos de formación
o por módulos en los que se ha hablado de la violencia
contra las mujeres. El detalle se lo daré en la próxima comparecencia
para explicarles el plan de violencia, porque
me parece un dato relevante que hayamos llegado a esas
casi 5.000 personas.

Por otra parte, en este presupuesto aumenta un capítulo
para mi muy relevante, que es el 4, que se incrementa un
33 por 100. Usted me pregunta concretamente sobre dicho
capítulo, relativo a empresas; son las ayudas que damos a
mujeres empresarias. Como usted conoce, hay un programa
importante, de apoyo a mujeres empresarias, que este
año se ha incrementado en la parte relativa a subvenciones
a empresas creadas por mujeres. ¿Por qué razón? Porque
una de las dificultades mayores que tienen todavía las
mujeres es la financiación. Nosotros les damos hasta un
millón de pesetas a aquellas mujeres que han creado una
empresa, durante los dos años anteriores, fundamentalmente
es para hacer frente a los gastos de puesta en marcha de
una empresa. Eso va unido a otra serie de programas, como
son los convenios con la Escuela de Formación Profesional,
el convenio con las Cámaras de Comercio, el convenio
con el Banco Central Hispano y las subvenciones que
damos a las organizaciones de mujeres empresarias. Esa es
la razón de que se incremente, puesto que en todo el espectro
nacional son 75 las ayudas que se dan a las mujeres
empresarias.

Con relación a qué es debida la disminución de la edición,
se debe a que el año pasado hubo un error en el presupuesto,
en el cual se bailaron los dos conceptos se bailó
ayudas a la edición por ayudas a empresas. No es que haya
habido una disminución, sino que el año pasada se gastó en
ayudas a la edición lo mismo que se va a gastar este año.

Lo que pasa es que hubo ese error técnico, que después se
corrigió, y usted al compararlo con los años anteriores, no
se ha dado cuenta. Lo que sí realmente suben son las ayudas
a las empresas privadas y no disminuyen para nada las
ayudas a la edición.

Aumenta, como digo el capítulo 4, que es precisamente
las transferencias a entidades y personas físicas, fundamentalmente
a entidades sin ánimo de lucro. Es decir, aumentar
las subvenciones a organizaciones no gubernamentales, un
capítulo además que estuvo congelado prácticamente
durante muchos años; aumentan las ayudas a seminarios
sobre tema de mujer, que se realizan dentro de las universidades;
aumentan en 30 millones las ayudas a trabajos de
investigación; aumentan las becas de formación; aumentan
las ayudas para atención a mujeres víctimas de violencia
con 70 millones, fundamentalmente para continuarlo con
el compromiso de la creación en todos los juzgados de
todas las provincias españolas de una oficina de asistencia
a víctimas, en colaboración con el Ministerio de Justicia.

También aumentan los programas de formación, tanto del
personal sanitario como del profesorado, con la intención
de continuar con esa formación que se venía impulsando
desde el Instituto de la Mujer en temas de igualdad, pero
aumentando lo que supone el compromiso en el plan de
violencia que para nosotros es muy interesante.

En cuanto al convenio con la FEM, el año pasado tenía
un presupuesto de 11,5 millones y este año aumenta a 20.

El año pasado con este convenio se hicieron fundamentalmente
tres cosas: En primer lugar, formación de la policía
local, con tres seminarios en distintos puntos de España; en
segundo lugar el premio Plaza Mayor, por el cual se dota
de un premio a los ayuntamientos que han tenido un proyecto
innovador en materia de mujer -han sido tres ayuntamiento
premiados este año-, y, por último, lo que es una
red telemática, que la FEM está poniendo en marcha, para
que todos los programas de mujer estuvieran conectados y
al que pudieran tener acceso los ayuntamientos que están
dentro de la FEM. Este año, puesto que la parte importante
-el proyecto telemático- está prácticamente concluido
por la FEM, vamos a dedicar gran parte de este dinero a
mantener el premio de Plaza Mayor y a ofrecer más policía
local en temas de violencia. La policía es muy relevante.

Son personas que tienen una gran demanda de atención por
parte de las mujeres en un primer momento y el número de
personas que participan nos ha hecho pensar que la FEM es
el modo mejor de poder llegar a un mayor número de policías
locales.

Por otra parte, se mantienen los conceptos de cuotas a
organismos internacionales y programas de cooperación
internacional, que aumenta en 1.692.000 pesetas.

En cuanto a publicaciones, se mantienen 75 millones.

Lo que sí es verdad es que todos los programas comunitarios
obligatoriamente han de tener una parte de la financiación
para publicidad. Nosotros, además de los 75 millones
de que disponemos, tenemos otra parte de financiación,
porque, hay programas que nos vienen de la Unidad Europea,
como el programa Óptima, que tienen un apartado
específico según el cual nos tenemos que gastar en financiación.

Por tanto, los 75 millones los dedicamos exclusivamente



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a nuestras publicaciones y el resto lo cargamos a
los programas comunitarios.

Las ayudas a los institutos universitarios, como ya
digo, suben por primera vez en varios años y con respecto
a los convenios que firmamos con ayuntamientos y comunidades
autónomas se destinan fundamentalmente a los
centros de información que ponemos en marcha ayuntamientos
y comunidades autónomas, a casa de acogidas,
es decir, al equipamiento de todos los centros destinados
a las mujeres. Este presupuesto, que este año se aumenta
en un 114 por 100, lo que es comunidades autónomas y
ayuntamientos, pretende equipar centros de emergencia.

Nosotros hemos detectado que una de las principales
demandas, cuando hay un problema de violencia, es un
centro de emergencia para las mujeres, donde se les pueda
dar una solución inmediata al problema que tienen y
luego se las derive, en función de su perfil y de sus necesidades,
a otro tipo de casas de acogida o se busque otro
recurso, que existe, porque se está financiando a organizaciones
no gubernamentales en este sentido, pero sí consideramos
que es muy relevante. Como la competencia
no la tenemos nosotros, sino los ayuntamientos y las
comunidades autónomas, lo que hemos hecho es abrir
este programa, -como dice la secretaria general sino
existe no se puede abrir- es incentivarlo con dinero, con
financiación para que quienes tienen la competencia
abran estos centros de emergencia que, entendemos, son
muy necesarios.

Yo comparto con usted que quizás debamos llegar al 3
o al 5 por 100 del producto interior bruto. A mi nada me
gustaría más, pero entiendo que las políticas que se están
desarrollando en otros ministerios nos afectan igualmente a
las mujeres; lo que tenemos que hacer es tratar de impulsarlas
para que ellos verdaderamente contemplen y planifiquen
sus programas en favor de hombres y mujeres, entendiendo
también cuáles son las desigualdades no solamente
a través del Instituto de la Mujer.

No sé si con esto he respondido a todas sus preguntas.




El señor PRESIDENTE: Señora Dancausa, damos por
concluida su comparecencia. Muchísimas gracias.




- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero).

A SOLICITUD DEL GRUPO MIXTO (Número
de expediente 212/001574) y GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA (Número de expediente 212/001668).




El señor PRESIDENTE: La comparecencia del director
general de Instituto Nacional de Empleo, señor Chozas,
la ha formulado el Grupo Parlamentario Mixto. Como no
hay ningún representante del mismo, damos por decaída su
solicitud.

Por el Grupo Federal Izquierda damos la palabra al
señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Chozas,
muchas gracias por su comparecencia. Permítame que sea
muy breve y que centro mucho mis preguntas, porque la
materia sobre la que versan ya ha sido tratada de forma
amplia pro el secretario general de Empleo, que esta misma
tarde, antes que usted, ha comparecido. En cualquier caso,
creemos que merece la pena el que nos dé su versión sobre
la cobertura actual del desempleo. No sé si nuestros datos
estarán bien tomados pero nos muestran que a partir de
1993 la cobertura por desempleo desciende de un 49 por
100, si comparamos los parados EPA con los preceptores
de la prestación, a un 31,74 por 100 en la actualidad. Si
quisiéramos comparar, para conocer la tasa de cobertura, lo
que son los parados Inem, en vez de EPA, con respecto a
los preceptores de la prestación, tendríamos una caída
desde un 67,21 por 100 a un 49,31. En cualquier caso, la
caída, tanto si son 17, 18 o 19 puntos, es importante. No sé
si estamos bajando cifras distintas, pero la afirmación
rotunda del secretario general de Empleo ha sido que la
cobertura no sólo ha caído, sino que incluso este año se ha
incrementado.

Por tanto, ante mi perplejidad, quisiera que usted nos
glosara cómo realizan el cómputo de esa cobertura con las
cifras que ustedes bajan y que, incluso más allá de la explicación
que hoy nos pueda dar de forma oral, nos facilitara
todo esto por escrito. Nos gustaría poder estar equivocados
y aprender a realizar este tipo de estadísticas porque,
efectivamente,
son muy interesantes para conocer la realidad de
las políticas pasivas.

Por otro lado, quedan -diríamos en término generales-
no solamente lo que son los datos de la estadística,
sino también la reducción -ya en términos absolutos- de
la cuantía que se va a destinar a desempleo. Nos gustaría
que nos explicara por qué van a destinarse casi 142.000
millones de pesetas menos al desempleo, porque a nosotros
no nos satisface la explicación de que la evolución favorable
del mercado de trabajo es la que realmente realiza este
milagro. ¿No puede influir quizá una nueva política restrictiva
del gastos en la Unidad Europea -ésta es otra pregunta
que nos hacemos-, ese 5 por 100 financiado por el
Fondo Social Europeo de los gastos Inem? Nosotros estamos
hablando de previsiones como si aquí no pasara nada,
pero las macromagnitudes del crecimiento del empleo pueden
estar moviéndose y pueden cambiar también las previsiones
de los presupuestos de la Unión Europea. Si nosotros
hacemos estas previsiones y luego nos fallan,
tendremos problemas con esto. Ustedes contemplan ese 5
por 100 y nosotros queremos conocer cuál es la perspectiva
de este tema.

Nos gustaría saber exactamente cuál es la cuantía de las
prestaciones y de los subsidios por desempleo -es un dato
que desconocemos-; si efectivamente hay colectivos para
los que se destinan unas cuantías sustancialmente mayores
y menores y en qué tramos podríamos subdividir los perceptores,
tanto de las prestaciones como de los subsidios.

Creemos que las percepciones por desempleo pueden haber
sufrido una evolución, incluso en su cuantía, y quisiéramos
conocerla.

Con estas preguntas daría por satisfecho el objetivo de
la comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Chozas, tiene a palabra.




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El señor DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE EMPLEO (Chozas Pedrero): Por
supuesto, lo primero, agradezco la oportunidad de intentar
aclarar las cuestiones que se me plantean en relación con el
supuesto del Inem, que, efectivamente como ha indicado
S.S., ya han sido abordadas, en parte, por el secretario
general de empleo. Intentaré ser preciso porque, en este
mundo de preguntas muy concretas sobre tasas y números,
creo que es lo más fácil para avanzar en el deseo de transparencia
que ha apuntado, como digo; el secretario general
de empleo.

En cuanto a la tasa de cobertura, tal cual la utiliza el
boletín de estadísticas laborales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, es el resultado de dividir el número de
beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo,
con exclusión de los de desempleo parcial, y los beneficiarios
del subsidio de trabajadores eventuales agrarios -el
régimen especial Reass- por el paro registrado; esto es,
personas que cobran partido por número de parados nos da
un porcentaje, que es lo que denominamos tasa de cobertura
bruta. También se utiliza la tasa de cobertura neta, que es
dividir el número de personas que cobran por el número de
parados, con exclusión de aquellos que son demandantes
de primer empleo; esto es, de aquellos que no han trabajado
nunca, con lo cual no pueden haber generado derechos.

Con esto tendríamos lo que denominamos tasa de cobertura
neta. La metodología de elaboración no ha variado, por
lo que las series históricas -hasta donde yo sé- en el Instituto
Nacional de Empleo no las realizamos en relación
con la encuesta de población activa, pero la metodología se
hace siempre con paro registrado y con estos criterios que
le he dicho. En función de eso (la información de yo traigo
aquí ese remonta al año 1988), hay un período de evolución
creciente de las tasa se cobertura, que llegan a su
máximo en 1993. Son años en que la tasa de cobertura
bruta se sitúa en el 67,2 -que creo que coincide exactamente
con lo que ha dicho usted; porque ha dicho 67,21-
y la neta en el 82,6. Es cierto que este año se producen los
máximo niveles de cobertura, pero no lo es menos que es el
año en que está a punto de ponerse en peligro todo el sistema
de protección por desempleo, y es cuando se acude a
reformas legales importantes y a la modificación del esquema
jurídico que regula la prestación y el subsidio por
desempleo. Desde aquellas reformas legales no se ha producido
ninguna otra, salvo modificaciones coyunturales de
alguna ley de medidas de acompañamiento, pero básicamente
el sistema de protección se ha mantenido, y desde
luego en la ley de presupuestos de estos años continúa sin
modificaciones; con lo cual podemos decir que, desde
1993, el sistema de protección por desempleo es similar o
no ha sufrido cambios importantes. Pues bien, efectivamente
hay unos primeros años en que se produce un descenso
en las tasas de cobertura, pero una vez asentada la
influencia general de la reforma y del nuevo esquema del
cálculo de prestaciones, tanto contributivas como asistenciales,
a partir de 1995 prácticamente se estabilizan las
tasas de cobertura. Así, para 1995 las medias anuales de
tasa de cobertura son, para la bruta, el 50,7 y, para la neta,
el 62,9; en 1996, 50,5 y 63,4; en 1997, 49,5 y 62,4; en 1998
-estimación de la media anual-, 50,6 y 63,8 y en 1999
-previsión según la estimación de nuestro proyecto de
presupuestos-, 51,3 y 64,6. Como ve, las variaciones son
prácticamente mínimas y entiendo que se deben más a factores
coyunturales que a que haya habido una reforma de la
normativa sustantiva en la que se basan los niveles de protección.




Creo que no se ha entendido exactamente la intervención
del secretario general de empleo cuando S.S. nos
comenta que la tasa de cobertura no sólo no ha caído, sino
que se ha incrementado. Lo que él ha explicado -entiendo-
es que el número de personas que no llegan a estar
protegidas en 1998 está, en la cifra más baja desde 1994, y
la previsión para 1999 también es más baja, es de 826.600
personas sin protección. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente,
si mantenemos el nivel de protección estable y la tasa de
cobertura también estable, y si el número general de
desempleados -que cobran y que no cobran- es menor
por la evolución del empleo, el número de personas sin protección
también es menor. Eso se debería a una evolución
favorable del mercado de trabajo, pero -insisto- lo que
son tasas de cobertura prácticamente no varían. Evidentemente,
hay años en los que las décimas oscilan arriba o
abajo, pero yo entiendo que, una vez alcanzada la velocidad
de crucero de la reforma, se mantendrá; cuestión distinta
es si se plantea su ampliación o su modificación. Esto
me lo ha pedido por escrito y por escrito se lo daré, porque
es un poco farragoso.

En cuanto a la reducción de la cuantía en las prestaciones
por desempleo, no tengo ninguna información al respecto
y creo que no existe; me explico. La cuantía de las
prestaciones contributivas, como no ha habido ninguna
modificación legal que las regula desde el año 1993, están
en función de las bases de cotización de los trabajadores
mientras están en activo. Es un porcentaje que no ha variado
desde el año 1993, con lo cual las cuantías tienen un
ligero incremento, debido al aumento de las bases de cotización
y al salarial pero también a efectos de lo que estamos
hablando aquí y ahora se mantienen. Respecto a las
cuantías del subsidio por desempleo, vienen fijadas taxativamente
como porcentaje del salario mínimo interprofesional
y sólo experimentan la evolución que tengan los salarios
mínimos de referencia, que les corresponde. En ese
sentido no ha habido modificaciones legales y tampoco
entiendo que a estos efectos haya habido cambios.

Señala sus dudas sobre la aportación del Fondo Social
Europeo, el 5 por 100 de gastos del Inem, y qué influencia
puede tener en una previsible modificación; entiendo que
no. La aportación del Fondo Social Europeo al presupuesto
del Inem tiene una especialidad con respecto al resto de las
iniciativas o actuaciones que están cofinanciadas. El promotor
de una iniciativa o de un proyecto que está cofinanciado
tiene que presentar el proyecto y recibe la aportación
comunitaria en función de la justificación y realización del
mismo. En el caso del Inem y de algún otro gran gestor,
dado el volumen tan importante de recursos que se maneja,
en el programa plurianual de apoyo por parte de la Comisión
Europea se especifican las partidas que se incorporan
al presupuesto del Inem y las acciones y programas que se
pueden cofinanciar y a posteriori el Inem justifica el gasto
de esas partidas. Pues bien, las cuantías que anualmente se
incluyen en el presupuesto vienen recogidas por un marco
plurianual, y en este momento lo estamos finalizando; estábamos



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en el marco plurianual 1994-1999, con lo cual estos
poco más de 100 mil millones que recoge el presupuesto
del Inem son el último año del programa plurianual marco
y a partir del 2000 tendremos que negociar una nueva aportación
con el Fondo Social Europeo. Esas cuantías que vienen
recogidas son exclusivamente para la confinanciación
de acciones de fomento y gestión de empleo, escuelas-taller
y formación profesional. En ningún caso están cofinanciadas
las políticas de protección; no entran en esa cofinanciación,
con lo cual las variaciones están ligadas exclusivamente
a las políticas activas, pero tampoco las condicionan.

Conoceremos el apoyo plurianual del Fondo Social Europeo
del 2000 al 2006 y sabremos -esto tiene correcciones
por el índice de cambio, peseta-euro, indexaciones, etcétera-
que cantidades va a haber cofinanciadas en los presupuestos
de cada año, pero no está relacionado con la política
de protección por desempleo. Le he contestado al revés.

Tengo aquí anotada la cuantía de prestaciones y subsidios,
que es lo que le he contestado anteriormente, y en cuanto a
la reducción de la cuantía al desempleo señalaba que el
secretario general de Empleo había indicado que la evolución
del mercado de trabajo era favorable y no le parecía
una explicación suficiente.

Vuelvo a lo mismo, no quiero que parezca que contesto
todo con el mismo argumento, pero el cuadro de protección
por desempleo no se ha movido; así donde más apreciación
puede haber a efectos presupuestarios de una evolución
favorable del mercado de trabajo es en el
presupuesto del Inem, que se nutre fundamentalmente por
cotizaciones de los que están trabajando y paga a los que
no están trabajando. Si hay mayor número de cotizaciones
y menor número de perceptores, la diferencia es creciente.

Se ha comentado aquí si la previsión presupuestaria de crecimiento
de empleo en los Presupuestos Generales del
Estado es optimista o no, que es lo que nos sirve de base
para hacer el cálculo de evolución de cotizantes y de evolución
de perceptores. Normalmente, y entiendo que en una
técnica presupuestaria correcta, hay que jugar a la baja; no
podríamos decir con una presupuestación muy optimista si
el empleo no evoluciona muy favorablemente a medio año
o al mes número diez: no ha crecido tanto el empleo, no
tenemos recursos. A efectos presupuestarios siempre debemos
ser conservadores, porque en el caso concreto del presupuesto
del Inem, es prácticamente el 70 ó 75 por 100 del
gasto. En este sentido, vamos a tener un gran incremento
de cotizantes y mucho descenso de perceptores. Eso provoca
que hayamos estimado inicialmente el diferencial entre
ingresos por cuotas y gasto por prestaciones y subsidios,
que va a ser de 260.000 millones de pesetas en el presupuesto
de 1999, y que hayamos presupuestado en gastos 1
billón 477.000 millones para 1998 y 1 billón 336.000
millones, en gastos para 1999. Todas las partidas descienden
fundamentalmente, prestaciones contributivas que baja
un 10,22 por 100; subsidio por desempleo un 9,87; cuotas
contributivas y cuotas de subsidio, que son lo que se paga
-se paga la prestación o el subsidio y además se cotiza
por quien lo está percibiendo-. Las cuotas de las contributivas
bajan un 9,48 por 100, similar al descenso de las prestaciones
y en cuotas de subsidio hay una bajada del 24,50
pero esto se debe a un ajuste presupuestario, porque el año
pasado cuando se realizó el presupuesto había publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» una orden ministerial que
eliminaba los coeficientes reductores de la cotización que
se realiza por los mayores de 52 años, por lo que hubo que
sobrepresupuestar esa partida. Finalmente, la orden fue
derogada al poco de salir a la luz y lo que hacemos ahora
es corregir ese desajuste en la presupuestación del año
pasado, pero la evolución en términos reales o de ejecución
del presupuesto es muy similar. la única partida que
crece en el ámbito de la protección es el subsidio de
desempleo del régimen especial agrario de la Seguridad
Social que sube un 2,52 por ciento, porque, desgraciadamente,
la evolución que tenemos prevista del empleo en el
sector agrario en Andalucía y Extremadura no será tan
favorable como la que tiene el resto de las partidas presupuestarias.




Toda esta información puedo recogerla por escrito y,
si hubiera alguna otra cuestión, estaría encantado de
ampliarla.




El señor PRESIDENTE: Finaliza así la comparecencia
del director general de Empleo, al que agradecemos su
presencia.




- DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL (MARTÍN MENDIZÁBAL). A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/001616).




El señor PRESIDENTE: Solicitamos la presencia de
la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

El Grupo Socialista ha pedido esta comparecencia de la
directora general del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, señora Mendizábal.




Para intervenir, tiene la palabra don Alejandro Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señora
directora general, por su comparecencia. Le doy la bienvenida
a esta Comisión de Política Social y Empleo.

Lamento mucho que esta primera comparecencia haya
trastocado su horario y lamento que esté cansada por esa
razón, pero no se preocupe. Por una parte, voy a intentar
ser amable dentro de lo posible (risas), y por otra, no tenga
miedo de su estado físico, ya que el mío es peor porque no
me he vacunado de la gripe y aquí estoy sufriendo las consecuencias.




En principio quisiera hacerle media docena de preguntas.

Este año el Grupo Socialista ha roto una tradición y la
hemos llamado, porque verá usted que estamos enormemente
preocupados no ya por la evolución, que es una preocupación
estructural, en cuanto a la incapacidad temporal,
sino en cuanto a las medidas que se han ido tomando en
estos años de Gobierno del Partido Popular y las cifras que
incorporan obligaciones para su Instituto.




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En concreto, y le ahorro la lectura de los párrafos
correspondientes, nos informa la Secretaría de Estado de
una obligación por una cuantía de 42.400 millones de pesetas
que le va a detraer a usted del presupuesto de su entidad
gestora, para transferirla al Insalud, aun cuando en la literatura
del presupuesto se nos explica que esos 42.400 millones
de pesetas son con destino a los servicios de salud de
las comunidades autónomas con servicios transferidos.

Como verá usted, esta es una cifra muy respetable, que
todos prevemos que va a continuar en ejercicios sucesivos,
y aunque no sea muy importante en términos porcentuales,
dado el gran volumen del crédito de pensiones, sin embargo
42.400 millones de pesetas todos los años es una cifra
superior, incluso a la de algunos ministerios, y a esta cifra
se dedican dos líneas en toda la enorme amplitud de la
documentación presupuestaria. Por tanto, señora directora
general, va usted a tener que soportar algunas preguntas al
respecto a ver si nos aclaramos, a efecto de poderlo enmendar
para mejorar su situación o para empeorarla, ya veremos
a ver.

En principio, me gustaría saber si esa pérdida que tiene
usted, en cuanto a capacidad de gestión se va a contraprestar,
ya que de alguna manera tendrá que haber una reducción
en la incapacidad temporal. Si usted dispone de
42.400 millones menos es porque tendrá menos gastos en
incapacidad temporal. Las cifras que estamos viendo en la
documentación presupuestaria son varias y sobre esa falta
de recursos que va a tener usted para gastar me guastaría
saber exactamente en cuánto se va a equilibrar por un
menor gasto en los créditos por incapacidad temporal. Por
tanto, la primera pregunta sería qué reducción esperan en la
incapacidad temporal.

Imagino que al ser un crédito con una metodología que
está sometida a una serie de convenios firmados por usted
con esos servicios de salud, tendrán una serie de indicadores
por comunidades autónomas, esa disminución del gastos
en incapacidad temporal estará sobre todo en esas
comunidades autónomas con las que se han firmado convenios
por una cuantía tan importante. Desconocemos en
el Parlamento totalmente esos convenios, señora directora
general. Por tanto, me gustaría, si usted puede ahora y si no
que nos lo envíe, tener los textos de los convenios para
saber cuánto dinero va a cada comunidad autónoma y que
obligaciones asumen los servicios de salud de cada comunidad
autónoma en beneficio del menor gasto en incapacidad
temporal.

Por otra parte, imagino que un esfuerzo de carácter
nacional de este calibre también habrá tenido en cuenta que
hay un porcentaje muy alto de los servicios sanitarios que
no está transferido a las comunidades autónomas. Nos gustaría
saber si todo el dinero va a comunidades autónomas o,
con un criterio razonable, una parte de esos 42.400 millones
u otra parte adicional que no la hemos descubierto en el
presupuesto va destinada específicamente al Insalud, dado
que éste también tendrá que cooperar en la rebaja o reducción
del gasto que tenemos en incapacidad temporal, la
incapacidad temporal es una prestación que gestiona usted,
pero también la gestionan entidades colaboradoras, como
son las mutuas de accidentes de trabajo, y luego le haré
alguna pregunta al respecto, y en cantidades muy importantes.

Por tanto, me gustaría saber también si este esfuerzo
de control de la incapacidad temporal, esfuerzo financiero
que a usted le supone una pérdida de 42.400 millones de
pesetas, tiene un correlato en las mutuas de accidentes de
trabajo, puesto que estas están gestionando también la incapacidad
temporal por contingencias comunes. Imagino que
en las labores de investigación, de seguimiento o de control
no se va a hacer discriminación entre los trabajadores o las
empresas que tienen cubierto el riesgo con ustedes, y los
que lo tienen cubierto con las mutuas de accidentes de trabajo.

Por tanto, la cuarta pregunta sería qué esfuerzo -el
de usted ya lo sabemos: 42.400 millones menos disponibles-
hacen las mutuas de accidente de trabajo a esta campaña
nacional de lucha contra el fraude o de las precepciones
indebidas en la incapacidad temporal.

Ya que estamos hablando de mutuas, es muy curioso, o
al menos a mi me lo parece, observar cómo van evolucionando
en todos los presupuestos, y en éste además con unas
cuantías exorbitantes, las cuotas que tienen ustedes, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, y los que tienen las
mutuas de accidentes de trabajo respecto a la cobertura de
la incapacidad temporal, por supuesto no le hablo de accidentes
de trabajo, donde su presencia es prácticamente simbólica
y todo lo han copado las colaboradoras, pero si en
contingencias comunes. Si mis cifras no me fallan, porque
son las del Gobierno y no serán equivocadas, lo que se ve
es un descenso cada vez más importante de la gestión del
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Yo siempre imaginé,
o al menos en nuestra época, que cuando abrimos la
colaboración con las mutuas de accidentes de trabajo era
para establecer una sana competencia y para mejorar la
capacidad de gestión de lo público, pero no para entregar a
lo privado, por principio, la gestión de una contingencia
donde únicamente se hace un pago y no hay otra cosa más
que servicios administrativos, y contraprestaciones mínimas
a las empresas asociadas a una u otra forma de gestión,
pero yo observo con estupor, de la literatura administrativa,
en medio de los logros de este Gobierno, que cada vez hay
más gestión, hasta el punto de que en este año el incremento
de la cuota que tienen las mutuas de accidentes de trabajo
es nada más y nada menos que del 63 por ciento y de que
el presupuesto de la seguridad social, grosso modo, crece
algo menos del 6 por ciento, pero el de las mutuas de accidentes
de trabajo crece el 12 por ciento.

Si no fuéramos tan mayores y estuviéramos tan curados
de espanto de la enfermedad infantil de adjetivarlo todo,
aquí tendríamos que concluir diciendo que hay una privatización
además a una velocidad de vértigo: crece el doble el
presupuesto de las mutuas de accidente de trabajo que el de
las entidades gestoras de la Seguridad Social, y crece para
nuestra sorpresa con abundancia de literatura economiástica
por parte de quien ha realizado estos libros, que solamente
tienen rojas las pastas, porque lo de dentro clarísimamente
más bien camina en el sentido liberal de
privatizar un programa que es de 500.000 millones de pesetas;
el año que viene, y nos lo dicen también en su propia
literatura, será un millón y medio más de trabajadores los
que abandonarán su instituto para pasarse a las mutuas de
accidentes de trabajo. Yo quiero saber, señora directora
general, si esa es una estrategia de su instituto, si usted está
comprometido con una gestión de la incapacidad temporal
que haga razonables las ofertas de servicios que hace el



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sector público, frente a las ofertas de servicio que hacen las
mutuas de accidente de trabajo, o si simplemente usted participa
de esta literatura y lo que cree es que esos 500.000
millones son directamente privatizables porque a priori,
aunque luego no se produce ninguna reducción correlativa
o decremento de los gastos de gestión, etcétera, usted
tenga, como parece ser que tiene en su Gobierno, en mejor
aprecio la gestión privada que la gestión pública de esta
prestación. Por ello, me gustaría saber cuál es la estrategia
del INSS, frente a este abandono a una velocidad de millón
y medio de trabajadores en un solo ejercicio de la cobertura
de la incapacidad temporal. Si la respuesta es negativa, me
gustaría saber, señora directora general, si usted vería bien
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para quitar
de nuestro ordenamiento jurídico algo que su Gobierno
ha introducido, con el apoyo de sus amigos del Partido
Popular, y es que a los trabajadores autónomos no se les
permite la opción, se les obliga a cubrir estas coberturas
con las mutuas de accidente de trabajo. ¿El Instituto Nacional
de la Seguridad Social que usted representa, estaría en
disposición de gestionar una libertad de opción auténtica?
Porque habrá algunos trabajadores autónomos, no sé cuantos,
que les gustaría cubrirse de estas contingencias en una
entidad pública y no en una entidad empresarial o de mayoría
de gestión empresarial.

Tengo una pregunta más sobre mutuas, pero mañana se
la haré al señor Aparicio para no complicarle más la vida.

Se la dejo en el tintero, incluso para que el señor Camps se
lo diga al señor Aparicio. Es que los gastos de gestión de
las mutuas de accidentes de trabajo este año, señora directora
general, crecen el 56,6 por ciento, incluso como argumento
para defender la gestión de su Instituto, que felizmente
tengo que decir que no está en estos incrementos del
gasto.

Pasando a otro capítulo, señor presidente, me gustaría
preguntar a la señora Directora general sobre otro programa
que su Instituto gestiona y sobre el que no hay suficiente
información, o por lo menos yo no he sabido encontrarla,
y es el que se refiere a la prestación de la invalidez. En
concreto, como objetivo de estos programas se habla literalmente
de que se emitirán los dictámenes «con la máxima
celeridad», pero no vemos ningún objetivo cuantificado,
y más bien, por la información que tenemos, es que a
finales de diciembre del año 1997, que es el último dato del
que dispongo, había más expedientes pendientes de tramitación
en la invalidez -en concreto había 35.000- que
los que habían sido normales los quinquenios anteriores.

Bien es cierto que en el quinquenio 85-89 el promedio,
aproximadamente, es que terminábamos el año con 25.000
expedientes pendientes y que en el quinquenio posterior,
90-95, había subido a 30.000, pero es que usted, señora
directora general, lo tenía en 35.000. No sé si lo habrán
mejorado mucho desde diciembre de 1997 hasta ahora,
pero obviamente, al no existir en la documentación ninguna
cuantificación de esos objetivos de gestión, no sabemos
muy bien a qué se refiere usted ni cuáles son los objetivos
que tienen planteados los servicios para que esa máxima
celeridad tenga una concreción. En ese momento, señora
directora general, la información oficial es que los pensionistas
de invalidez, no así los de jubilación -que, por otra
parte, usted ya se encontró con una gestión prácticamente
en la que no habría tiempo de espera desde la situación de
activo a la de pasivo-, tardan tres meses en ver reconocida
su prestación. En los presupuestos de este año no vemos
ningún nuevo compromiso y, al no haberlo, no es ni ambicioso
ni conservador; me gustaría que en este momento
fuese un objetivo progresista, pero desgraciadamente no
tenemos ningún dato. Más bien, el único que tenemos es
que usted, a 31 de diciembre de este año, tenía más expedientes
pendientes de resolver que los que encontró a su
llegada al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Voy terminando, señor presidente, con otras cuestiones
de índole menor, pero que pueden sernos de utilidad a la
hora de hacer o no enmiendas, y son algunos conceptos
presupuestarios que nos han llamado la atención. En concreto,
en el capítulo 2, en el artículo 2, concepto 227, en
diversas partidas hay cantidades muy importantes. Hay una
de varios, de 600.000.000 de pesetas, que no sabemos en
qué se van a gastar. Para ser más preciso, son 541.000.000
de pesetas, que es el concepto 227.9: Otros. Por si fuera
poco, no me he quedado corto porque hay otro concepto de
otros, en el 226.9, por 60.000.000 de pesetas; es decir, son
600.000.000 de pesetas que no sabemos exactamente a qué
responden, qué finalidad tienen y si una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista donde se eliminara este
concepto le plantearía a usted algún problema de gestión, o
simplemente, no sabe en qué se lo va a gastar, en cuyo caso,
ya le anunciamos que vamos a intentar eliminar una partida
de 600.000.000 de pesetas que no tiene ninguna funcionalidad
en el presupuesto.

De esos mismos capítulos y artículos nos preocupa
seriamente que tiene usted 265.000.000 de pesetas por
informes, dictámenes y honorarios profesionales. Yo creí
en algún momento que se trataba de cosas de carácter jurídico,
pero veo que no, que a efectos de gastos jurídicos y
contenciosos -imagino que porque tienen necesidad de
acudir a letrados que no sean del propio Instituto- son
30.000.000 de pesetas, con lo cual, estos 265.000.000 de
pesetas de informes, dictámenes y honorarios profesionales
me gustaría que me dijera a qué piensan dedicarlo. Con
más razón todavía, una partida en el concepto 227.1, servicios
de gestión de prestaciones, 1.088.000.000 de pesetas.

Me gustaría saber, porque comprenderá usted que una cifra
importante y no tenemos ninguna explicación, adónde van
a dedicarse estos cuantiosos recursos, con una mención,
que es exactamente a lo que ustedes se dedican, a gestionar
las prestaciones. Igualmente, hay otra partida de
1.073.000.000 de pesetas de servicios de carácter informático,
que nos gustaría saber exactamente a qué se refiere.

Por último, señor presidente, y ya termino, hay un elemento
que ha dado lugar a bastantes debates en el Parlamento
-lo hemos perdido todos, no porque no tuviéramos
razón, sino porque teníamos menos diputados que el Partido
Popular- y es el trato que se está dando a decenas de
miles de pensionistas que reciben oficios, como este que
tengo yo ahora encima de la mesa, de sus direcciones provinciales,
relativos a la devolución de cantidades indebidamente
percibidas. No le voy a ilustrar, porque seguro que
usted conoce los debates que hemos tenido al particular en
la Cámara, pero sí quiero decirle, porque son documentos
suyos oficiales, que estamos esperando, y es un doble pregunta.

Después de muchas idas y venidas de este problema,



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hubo una resolución el pasado mes de junio -si quiere le
puedo dar luego en la réplica incluso la fecha exacta- del
Pleno de la Cámara, votado también por el Partido Popular,
donde se limitaban las devoluciones, de tal manera que
nunca se pudiera exigir a los pensionistas por encima del 5
por 100 de la renta familiar disponible. Nuestras informaciones
son que eso no se está produciendo y se siguen exigiendo
devoluciones a pensionistas con pensiones muy
modestas, que además de haber visto cómo se les detraen
los complementos de mínimos por conceptos que desde el
punto de vista de los diputados socialistas no tienen ninguna
razón porque a veces son rentas imputadas -ni siquiera
son reales- pero, en todo caso, a esas modestísimas pensiones,
reducidas en la pérdida del complemento de mínimos,
se les está haciendo devolver cantidades que significan
el 30, 40 y hasta el 50 por 100 de la renta familiar
disponible, con el agravante de que el Congreso de los
Diputados por unanimidad votó que nunca se pudiera exceder
del 5 por 100. En esta cuestión de los mínimos deseamos
saber si van ustedes a modificar esto, a hacer cumplir
esa resolución del Parlamento, y no obligar a los pensionistas
a una devolución superior al 5 por 100.

La segunda cuestión, señora directora general, y es la
última, señor presidente, es que sobre este mismo asunto
de las devoluciones indebidas, tengo aquí un oficio -y le
podría enseñar otros de varias direcciones provinciales-
donde se dice literalmente que establecen la presunción
que viene percibiendo el complemento de mínimos por
cónyuge a cargo indebidamente. Establecen la presunción,
pero no le dicen al pensionista cuáles son las rentas que
imputan para quitarle el complemento de mínimos. Más
bien, en el párrafo siguiente, después de haber establecido
una presunción de culpabilidad sin darle ningún argumento,
le dice que tiene que pasarse en el plazo equis, etcétera,
y tiene que demostrar que no tiene rentas para recibir dicho
complemento de mínimos. Es decir, invierten ustedes la
carga de la prueba y, en lugar de demostrar ustedes que este
pensionista -que vive aquí en Carabanchel, en la ciudad
de Madrid- no tiene derecho a complemento de mínimos,
él tiene que demostrar que sí lo tiene, porque si no hay una
presunción de culpabilidad de fraude. Como comprenderá
usted, además, éste es un oficio hecho en imprenta, no es
singular ni se expresan las citas legales oportunas, sino que
empieza con el encabezamiento de: «Estimado pensionista,
de acuerdo con lo establecido en los sucesivos reales decretos...».

No se molestan si quiera en citar en base a qué disposición
jurídica se establece este tipo de actos administrativos,
verdaderamente incalificables desde mi punto de
vista.

Por tanto, me gustaría saber si tanto respecto a la cuantía
como a las garantías de estos modestos pensionistas, el
Instituto Nacional de la Seguridad Social piensa modificar
lo que son dos años, que quizá en términos numéricos puedan
parecer pequeños; así y todo parece ser que vamos ya
por 80.000 personas que están sufriendo estos procedimientos,
pero cada una de ellas, señora directora general
-y tengo la oportunidad de decírselo- vive un auténtico
calvario familiar.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María
Eugenia Martín Mendizábal.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Martín Mendizábal): Muchas gracias por las amables
palabras que me ha dedicado al comienzo. Procuraré darle
respuesta a todas las cuestiones planteadas.

En primer lugar, se refería a la prestación de incapacidad
temporal. Me parece que es una prestación importante
a la que muchas veces creo que no se ha dedicado la atención
que ha requerido, porque en el global de los gastos o
de las prestaciones quedaba difuminada. Sin embargo, la
veo importante por dos aspectos, por la cuantía económica
que representa, que es un 6 por 100 del gasto de las prestaciones,
y porque creo que cualquiera de nosotros en algún
momento ha estado enfermo en su vida laboral y, por tanto,
en situación de incapacidad temporal.

Es una situación en la que puede estar cualquier ciudadano
en cualquier momento de su vida.

También hay que tener en cuenta que esta prestación
tiene dos vertientes que están íntimamente relacionadas
entre sí, una sanitaria y otra más bien administrativa.

Ambas son las que van a dar lugar a una prestación económica.

Estas dos vertientes no las podemos olvidar nunca
cuando gestionamos esta prestación, y de ahí que todas las
actuaciones o medidas que se hayan realizado derivan de
esta colaboración y de esa coordinación con los servicios
de salud. Fruto de esa colaboración son los acuerdos con
los servicios de salud. Por supuesto que los acuerdos son
con el INSALUD y con los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas, al objeto de la prestación por incapacidad
temporal.

Por otro lado, evidentemente se asumen unas obligaciones,
derivadas del aspecto sanitario de la gestión de la prestación
económica de incapacidad temporal. Cualquier
actuación que realiza la entidad está siempre determinada
al final por la actuación del servicio de salud. Me estoy refiriendo
en concreto a las propuestas de alta médica, que
requieren la intervención del servicio de salud. En definitiva,
de lo que se trata es de generar recursos en el servicio
de salud a efectos de formación, de dotación, de compromisos
de mayor comunicación informática del Instituto
Nacional de la Seguridad social con los servicios de salud.

Tenga en cuenta simplemente a estos efectos el papel que
gestiona la entidad con unos 500.000 procesos causados al
año de incapacidad temporal. O sea, sólo si lográramos
tener una coordinación informática adecuada con los servicios
de salud, habríamos mejorado ya la gestión de la prestación.




El presupuesto exacto de incapacidad temporal es de
338.360.000.000 de pesetas. También hay que tener en
cuenta que todas las medidas están en este ánimo de colaboración
y de coordinación. En mayo de 1996 teníamos
una duración media de 196 días y actualmente la tenemos
en 132. En mayo de 1996 teníamos 20 procesos por cada
1.000 afiliados, y en este momento tenemos 14 procesos
por cada 1.000 afiliados. Sin embargo, se continúan observando
diferencias en los distintos regímenes. No es homogéneo
el gasto por regímenes. No tiene mucha razón de ser
que, por ejemplo, en la minería del carbón, que en principio



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parece que es un régimen donde la duración de los procesos
de incapacidad temporal pudiera ser más larga, por
las condiciones en las que estos trabajadores viven, sea
menor que en otros regímenes, como pudiera ser el régimen
especial de autónomos.

Por otro lado, tengo que decir rotundamente que no se
está privatizando nada, que las mutuas desde la Ley General
de la Seguridad Social, desde 1974, son entidades colaboradoras
del sistema. Forman parte del presupuesto de la
Seguridad Social. Se intervienen a través del control de la
Intervención General de la Seguridad Social y rinden sus
cuentas al Tribunal de Cunetas. Lo único que hay es una
gestión tanto por parte de la mutua como por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. También es verdad
que hay una norma en el ejercicio de 1998 por la cual los
autónomos que se incorporen lo hacen a la gestión de la
prestación a través de una mutua. Dentro de que creo que
nosotros hemos hecho esfuerzos de gestión, sin embargo
está claro que una mutua dispone de servicios médicos de
los que nosotros no disponemos y puede realizar mejor
control, incluso desde el punto de vista médico, que el que
podamos llevar a cabo nosotros. La mejora de gestión por
nuestra parte creo que está demostrada. Además se ha
hecho en íntima colaboración con los servicios de salud,
como lo demuestran los datos. Por ejemplo, del total de
revisiones efectuadas por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en el 32 por 100 es donde se emitió una propuesta
de alta médica, y de las propuestas de alta, más del
80 por 100 fueron confirmadas por los servicios de salud.

También es cierto que del global de procesos extinguidos
-cuando hablo de procesos extinguidos nos da igual que
sea extinción porque haya recuperado la capacidad profesional
o porque la situación en la que deba estar sea una
incapacidad permanente; lo que tratamos es de que las
prestaciones vayan dirigidas a quien la ley determina -
más del 50 por 100 lo han sido porque tras la citación el
trabajador acudía al Instituto Nacional de la Seguridad
Social con el alta médica. Con esto quiero decirle que
muchas veces el control por la pura citación ha tenido unos
efectos. Además la gestión del INSS en este aspecto no sólo
ha sido de colaboración y coordinación, sino que también
ha sido una acción delicada y prudente. Cuando nosotros
citamos a un trabajador, antes de la citación se ha realizado
un estudio administrativo de la situación de ese proceso de
incapacidad temporal, en atención a situaciones anómalas
en relación a la vida laboral. Me estoy refiriendo en concreto
a bajas que se causan dos días antes de la extinción
del contrato laboral y a procesos reincidentes continuamente,
aunque no sean recaídas. Por tanto, y en atención a estos
datos administrativos ya haya una primera o previa selección.

Tras esta selección los médicos del INSS realizan otra
en atención al diagnóstico, y a partir de ahí es donde se produce
una citación. creo que hemos sido prudentes en la
actuación y luego además, como lo demuestran las cifras,
los servicios de salud mayoritariamente estaban de acuerdo
con que la situación en la que debía estar el trabajador no
era incapacidad temporal. No se si me habré dejado algo
sin contestar en lo relativo a la incapacidad temporal, pero
puedo facilitarle más datos si quiere.

En cuanto a los niveles de gestión de la incapacidad permanente,
soy la primera persona a quien le es grato que
diga que estábamos en unos buenos niveles en la Seguridad
Social, y más en lo relativo a invalidez, puesto que en aquellos
momentos era Subdirectora del Área de Incapacidad,
pero los datos no son exactamente esos. Si comparamos los
datos del primer semestre de 1996 con los actuales -porque
sabe que nosotros tenemos unos objetivos semestrales-,
veremos que en incapacidad permanente existían
65.316 expedientes pendientes, frente a los 42.643 de la
actualidad, y me refiero al semestre hasta junio de 1998.

Creo que una cuantía sensiblemente inferior. En cuanto a
los tiempos de trámite en incapacidad permanente, en 1996
teníamos 114 días y en este momento estamos en 89 -le
estoy hablando de medidas nacionales-, con lo cual
hemos reducido también sensiblemente el tiempo de tramitación
de esta prestación.

En cuanto al capítulo 2, le puede remitir la información
desglosada. Lo que sí le puede decir es que tenemos las
pruebas médicas complementarias. Cuando se inicia un
expediente de incapacidad permanente el servicio de salud
remite una historia clínica, pero cuando el médico entiende
que no es suficiente o no lo ve suficientemente claro, lo
que hace es proponer la realización de unas pruebas complementarias
dirigidas a un objetivo, que aunque en algunos
casos supongo un mayor gasto, es una valoración real
y objetiva de las lesiones que vamos a proceder a calificar.

La partida de 600.000.000 de pesetas se debe a que hay
diversos programas informáticos puestos en marcha. Por
una parte, hemos previsto realizar actuaciones dirigidas al
que el procedimiento de gestión informática de las prestaciones,
denominado comúnmente Pogrespres, se realize
mediante el trasvase de los 52 sistemas que hay en las 52
provincias a servicios centrales. Por otra parte, tratamos de
evitar el efecto 2000 en esta gestión de las prestaciones, así
como mantener este sistema informático de gestión de
prestaciones. Además, hay proyectos que podríamos denominar
de pequeña informática, pero que desde luego son
absolutamente necesarios para la gestión. Por ejemplo, un
programa que estamos realizando en este momento es la
informatización del inventario, reiteradamente requerida
por el Tribunal de Cuentas, y el envío de la documentación;
también un programa sobre la incapacidad temporal, porque
uno de los grandes problemas para la gestión de esta
prestación era que no había datos suficientes, no teníamos
datos para gestionar la prestación. Me atrevería a decir que
básicamente conocíamos el nombre del trabajador y un
papel donde había que ingresar el dinero con los pases de
confirmación; no había ningún dato más. Para gestionarlo
ha sido necesario proceder en el ejercicio actual y en el
siguiente a la informatización de todos los datos de la prestación,
para poder controlarla, ya que somos nosotros quienes
pagamos la prestación. No obstante, si quiere más detalles
le puedo enviar la información.

En cuanto a la devolución de los mínimos, los controles
se han realizado como consecuencia de que los datos de
que disponía el Instituto no eran los mismos que los datos
de que disponía la Administración tributaria por la declaración
del propio interesado. Como consecuencia de ese
cruce de datos, de ese primer control, existe la presunción
de que esa persona está percibiendo un complemento de



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mínimos -que, como usted sabe, está sujeto a rentas- sin
reunir los requisitos, y por eso se envía una carta diciendo
que se presume que no reúne los requisitos. Por supuesto
-no podía ser de otra forma-, con todas las garantías
correspondientes el trabajador o el pensionista me puede
acreditar que sus rentas no son superiores al límite permitido.

Si así lo acreditara, se le dice que usted perdone; si no
lo acredita, procede la correspondiente resolución sobre la
declaración de encontrarse percibiendo indebidamente el
complemento a mínimos, y en su caso, la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas.

Esto afectó a 87.000 personas en el ejercicio de 1997 y
en este momento se ha vuelto a realizar otro control, y entre
ambos controles se ha observado que hay 11.000 personas
que han reincidido en la percepción indebida, porque aunque
se les reclamaron ingresos, tras la declaración por su
parte de que otra vez se encontraban por debajo del límite
de ingreso hubo de reanudarse el abono del complemento a
mínimos.

Entiendo que en estos complementos a mínimos a cuya
reclamación se ha procedido puede haber alguna situación
gravosa, pero también quisiera trasladar que la idea es continuar
en la lucha contra el fraude para evitar salidas indebidas
del sistema, y para eso me parece fundamental que
las prestaciones vayan dirigidas a las personas que prevé,
no a otras. Luego le puedo decir que un programa de futuro
es el control de aquellas percepciones indebidas. Pero también
hay que decir que las personas que la estaban percibiendo
indebidamente eran el 3,5 por 100, que es un porcentaje
escaso respecto al total de personas que perciben
complemento a mínimos. Sin embargo, me parece importante
señalar que se estaban abonando indebidamente complementos
a mínimos en una nómina mensual, y no me
refiero a lo indebidamente percibido años atrás, sino a que
en un nómina mensual se estaban abonando indebidamente
del orden de 1.000.000.000 de pesetas, que multiplicado
por catorce pagas son 14.000.000.000 de pesetas. En el
ejercicio actual, las cantidades que se han percibido indebidamente
asciende a 9.000 peseta al año. Quiero decir con
esto que es obligación de la Administración aplicar la
norma y además me parece que son cantidades que merecen
su consideración cuando estamos hablando de un sistema
de protección social.

En cuanto a la tramitación de la norma a efectos de su
devolución, le puedo decir que sé que se está tramitando y
no le puede avanzar más (El señor Cercas Alonso pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cercas, saber que el
acuerdo de la Mesa y Portavoces era dedicar treinta minutos
a cada comparecencia y llevamos cuarenta y cinco
minutos. La compareciente ha contestado a todas las preguntas
formuladas. No se trata aquí de debatir sino de
informar, es una comparecencia distinta de las habituales.




El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, no
conocía el acuerdo de la Mesa pero reo que no es ésta la
comparecencia más larga y en otras ha habido un segundo
turno, y yo lo solicito no para discutir con la compareciente,
que no es mi intención, sino para recordarle algunas
cuestiones que le he planteado y que han quedado sin responder,
para darle la oportunidad de que me conteste por
escrito, no para que lo haga en este momento, porque si no
ha contestado me imagino que es porque no tenía datos. Si
me permite el señor presidente, en un par de minutos le
recuerdo las preguntas.




El señor PRESIDENTE: Un par de minutos para
recordar esas preguntas que no han tenido respuesta.




El señor CERCAS ALONSO: Señora Directora general,
me interesaba mucho conocer cuál era el montante del
ahorro que iba a suponer el programa de convenios con las
Comunidades Autónomas y con el INSALUD por objetivos
provincializados y, si era posible el conjunto de los
convenios. Es una petición que le hecho a la que no me ha
contestado.

En segundo lugar, me gustaría que armonizara su respuesta
respecto a los expedientes que están pendientes
de tramitación, con objeto de que no haya contradicciones
con la página 177 del informe económico-financiero,
que da unos índices distintos. Me gustaría saber si
los índices que usted ha dado en cuanto al número de
expedientes que había en cada momento son válidos o si
lo son los del informe económico-financiero, que son
distintos.

En tercer lugar, respecto al capítulo 2, la señora Directora
general me ha contestado sobre programas de informatización
con medios propios. Yo me estoy refiriendo a
un artículo en el que habla de trabajos realizados por otras
empresas y profesionales, no a los gastos que ustedes han
hecho, que me parecen muy bien, de dotación informática,
etc., sino exactamente qué parte dedican ustedes de
esos 4.600.000.000 de pesetas de este capítulo a los que
son dictámenes, informes y gastos informáticos con
empresas fuera del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Por último, la señora Directora general ha comentado
sobre los mínimos, que en un momento determinado se ha
cruzado con las Administraciones tributarias. Desearía
saber sin con todas las Administraciones tributarias. ¿También
con la forales?



El señor PRESIDENTE: La señora Martín Mendizábal
tiene la palabra.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Martín Mendizábal): La información relativa al capítulo
2 se la enviaré por escrito de forma más pormenorizada.




En cuando al nivel de ahorro, está claro que es la propia
diferencia presupuestaria. No obstante, también le puedo
especificar más. En lo que se refiere a los controles, se han
realizado tanto con la Hacienda central como con las forales,
esto es, País Vasco y Navarra.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín Mendizábal,
por su primera comparecencia ante esta Comisión.




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- DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE MIGRACIONES Y SERVICIOS
SOCIALES (MARAVALL GÓMEZ-ALLENDE).

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 212/001654).




El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al
Director general del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales. La comparecencia del Director general del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, don Héctor
Maravall, se produce a solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en cuyo nombre tiene la palabra
el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Director
general, tomo la palabra muy brevemente, después de la
larga espera de toda la tarde, para hacerle algunas preguntas
que quedaron pendientes en la comparecencia de la
Secretaria general para Asuntos Sociales, y en alguna otra
que no entraba en esa comparecencia.

En primer lugar, nos gustaría conocer su opinión sobre
por qué se produce este trasvase a las prestaciones no contributivas,
es decir, la asistencialización de estos colectivos;
se incrementa el número de perceptores de pensiones
no contributivas, lo que en último término parece que
puede tener relación con la disminución en las partidas de
la LISMI.

Nos gustaría saber por qué los servicios sociales de las
Comunidades Autónomas van a aumentar su partida en 3,1
por 100, en términos generales, y sin embargo el cupo del
País Vasco y de Navarra se incremente en un 10 por 100.

Éstas son las preguntas que quedaban pendientes de la otra
comparecencia a que hacía referencia.

Aparte de ello, quiero exponerle otras dos cuestiones.

¿Por qué disminuyen los programas de atención a personas
con discapacidad? ¿Es debido a que ha habido algunas
transferencias a Comunidades Autónomas o a otros factores
que desconocemos?
Por último, ¿piensa el Director general que con el presupuesto
para la atención a inmigrantes, asilados y refugiados,
que crece muy poco, se pude producir un incremento
en la atención a la población refugiada y contemplar el conjunto
de demandas en los centros de atención a refugiados,
teniendo en cuneta que son previsibles, por un lado, modificaciones
legales y, por otro, que existen ya las recomendaciones
de la Subcomisión para la Atención a los Inmigrantes
y Refugiados?



El señor PRESIDENTE: El señor Maravall tiene la
palabra.




El señor DIRECTOR GENERALDELINSTITUTO
DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES
(Maravall Gómez-Allende): Voy a intentar contestar a las
preguntas del diputado de Izquierda Unida, tanto a las que
formuló a la Secretaria general como a las que en este
momento me ha formulado y, posteriormente, a algunas
otras que quedaron pendientes del Grupo Parlamentario
Catalán (ConvergËncia i Unió) y del Grupo Socialista.

En relación con la evolución de las personas que tienen
prestación LISMI, en los últimos seis años ha habido una
tendencia sistemática, prácticamente permanente, de 1.500
bajas mensuales. ¿A qué se debe esta baja en las prestaciones
LISMI? A que éstas llevan congeladas desde el año
1992 y, por tanto, no se reconocen prácticamente nuevas y
la cuantía es muy pequeña, está en 24.500 pesetas; en consecuencia,
hay una fuerte tendencia a evolucionar hacia las
pensiones no contributivas. De hecho, si observamos un
cuadro de evolución del conjunto de las prestaciones no
contributivas, entendiendo por no contributivas la LISMI,
las pensiones no contributivas en estricto sentido y las pensiones
asistenciales, vemos que en los últimos ocho años se
mantiene igual; hay un trasvase de unas a otras, pero el total
(estamos hablando de un total de 690.000 personas) se
mantiene casi estacionario. Lo que se está produciendo es
una lenta derivación desde las prestaciones LISMI, que son
las más bajas, a las pensiones no contributivas.

De todas formas, nosotros le enviaremos, con mucho
gusto, un informe muy exhaustivo, que hemos terminado
hace quince días, sobre los años de vigencia de la Ley de
prestaciones no contributivas, con el perfil de los beneficiarios,
etcétera. Por lo que se refiere a la evolución de las
prestaciones LISMI -no olvidemos que es una prestación
que tiene ya dieciséis años de vigencia-, el tramo central
de perceptores está compuesto por personas mayores de
cincuenta y cinco años; además, son personas, en una parte
muy importante, con una discapacidad de más del 65 por
100 y, en algunos casos, gravemente afectados, por lo que
el índice de bajas por defunción tiene cierta importancia.

En definitiva, con esa documentación que le remitiré verá
perfectamente la evolución y el trasvase de una prestación
a otra, que tiene componentes económicos, perfil de los
usuarios, etcétera.

La segunda cuestión que quedaba pendiente es la disminución
en el programa de discapacidad. En los programas
de discapacidad tenemos englobados dos grandes conceptos:
la gestión de centros y programas para personas
con discapacidad y las prestaciones LISMI. Yo creo que
englobarlos en un mismo concepto presupuestario no es
bueno, está así desde hace dieciséis años, pero se produce
el efecto de que el presupuesto de las prestaciones LISMI
va bajando todos los años, en este año baja 6.000.000.000
de pesetas, y esa bajada arrastra todo el concepto de prestación
a discapacitados. Por tanto, la lectura inmediata que se
puede hacer es: bajan los programas para las personas con
discapacidad; bajan, entendiendo los programas como
prestaciones LISMI y programas de gestión. Por consiguiente,
el efecto de bajada en casi 6.000.000.000 de pesetas
de prestaciones LISMI arrastra a todo el programa de
prestaciones para discapacitados. Además de ello, pero con
una entidad mucho menor, se ha producido en el año 1998
en relación con 1999 la transferencia de un centro de
minusválidos psíquicos que había en La Rioja y que tenía
un presupuesto anual de 500.000.000 de pesetas. La combinación
de ambas cosas explica la diferencia de presupuesto
en el programa de discapacidad.

Sobre la atención a inmigrantes, creo que aquí podemos
hablar de la botella medio llena y medio vacía; es un presupuesto
que crece mucho, está entre los que más crece del
Ministerio, desde luego es el que más crece de la Secretaría



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General para Asuntos Sociales y del IMSERSO. El punto
de partida era tan pequeño que, aunque tenga ese crecimiento
importante, pienso que es un crecimiento muy corto
en función de la nueva ley, porque la aprobación de la
nueva ley debería llevar implícita una memoria económica
y las repercusiones presupuestarias.

En el presupuesto para 1999 no contemplamos para
nada acciones de la nueva ley.

En el momento en que se apruebe habrá que proceder.

Pero, insisto en las dos ideas: por una parte, el punto de
partida era muy bajo, hay un importante crecimiento, pero
vamos a tener dificultades si sigue la tendencia de la nueva
presencia de inmigrantes, y yo creo que va a ser la que está
siendo. Por lo tanto, es un presupuesto muy ajustado sobre
todo en el sentido que va a permitirnos atender fundamentalmente
Ceuta y Melilla y no desarrollar nuevos programas
para los inmigrantes que están en la Península que tienen
normalizada su situación. Por tanto, el crecimiento va
dirigido casi en su totalidad a los programas de atención de
Ceuta y Melilla.

Paso a contestar cuestiones que quedaban pendientes de
las intervenciones anteriores. En relación con el plan de
inmigrantes sobre el que había preguntado la diputada de
ConvergËncia i Unió, le dirá que, efectivamente, se hace
con las Comunidades Autónomas. En estos momentos el
texto del Convenio está prácticamente cerrado con la
Comunidad Autónoma de Cataluña, está prácticamente
cerrado con Andalucía, está muy avanzado con el País
Valenciano y se está discutiendo con Aragón, Canarias,
Baleares, Murcia, etcétera, es decir, con el resto de las
Comunidades. Por lo tanto, yo creo que a finalice de año
estarán todos los convenios firmados y en funcionamiento.

Para el año 1999, como se ha dicho anteriormente por parte
del Secretario general, hay un incremento de 100.000.000
de pesetas. Tenemos el modelo de convenio prácticamente
hablado con las Comunidades Autónomas y lo que habrá
que hacer es incorporar a ese modelo de convenio los programas
concretos del año 1999. A diferencia de otros planes,
en el plan de inmigración el criterio no es una distribución
por población, sino por Comunidades Autónomas en
función de la población inmigrante que tienen. Por tanto, la
distribución es, por este orden: Cataluña, Madrid y Andalucía,
y a unos niveles mucho más bajos: Canarias, Murcia,
Baleares, etcétera.

En relación con la LISMI, efectivamente se trata de una
enmienda que tiene una ligera corrección en relación con la
que se incorporó el año pasado, que recoge textualmente el
acuerdo entre el CERMI y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. En estos momentos el Decreto de medidas
alternativas está discutido con la Confederación de Organizaciones
de Minusválidos, pero está pendiente del posicionamiento
de los sindicatos y de los empresarios. Este
acuerdo entre el CERMI y el Ministerio, en este aspecto
concreto, ha tenido una cierta contestación de sindicatos y
empresarios y el Ministerio ha considerado que, antes de
cerrar el texto definitivo con las organizaciones de minusválidos,
convendría tener mínimamente consensuado el
tema con CEOE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT.

Por lo tanto, en estos momentos estamos a expensas de esos
posicionamientos para cerrar el texto definitivo, lógicamente,
a lo largo de este último trimestre.

Respecto a la coordinación sociosanitaria, hemos
incluido tanto en el plan gerontológico como en la convocatoria
del 0,52 algunas referencias a la necesidad de que
en los programas destinados a mayores y a personas con
discapacidad -porque queremos que los temas de coordinación
sociosanitaria no se vinculen sólo a mayores- tengan
prioridad aquellas actuaciones que están enmarcadas
dentro de objetivos de coordinación sociosanitaria. Lógicamente,
la coordinación sociosanitaria está protagonizada
fundamentalmente por las Comunidades Autónomas que
tienen las competencias transferidas. Por tanto, la actitud
del Ministerio y del IMSERSO en concreto es impulsar,
trasvasar la información, procurar asistencia técnica, pero
la materialización de esa coordinación sociosanitaria tiene
que llevarse a cabo evidentemente por las Comunidades
Autónomas.

En relación con los conciertos de centros, el crecimiento
es modesto porque está prácticamente transferido. En su
momento el crédito que había para los programas de concertación
se fue transfiriendo a cada Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, en el año 1999 el crecimiento en los conciertos
es un cierto reajuste en el capítulo 2 de los centros
propios, para poder crecer un poco más en nuevas plazas,
pero, insisto, eso es ya a mayores, porque la acción concertada
en su día fue transferida.

En estos momentos el IMSERSO gestiona diez centros
de minusválidos físicos gravemente afectados, cuatro centros
de acogida a refugiados y temporalmente, porque estamos
en proceso de transferencias, cinco residencias en Castilla
y León, que se van a transferir el 1 de enero, dos
centros de minusválidos psíquicos, uno en Cantabria y otro
en Castilla y León, que también se va a transferir en enero,
y dos residencias, una en Ceuta, que también se va a transferir
en enero, y otra en Melilla. Por lo tanto, en enero solamente
quedará una residencia de mayores en el ámbito de
gestión del IMSERSO en la Ciudad Autónoma de Melilla.

En relación a inversiones en nuevos centros de refugiados,
el índice de ocupación que tenemos en las plazas propias
y en las concertadas oscila entre el 85 y el 95 por 100;
es decir, hay meses que llegamos al 94 por 100, meses que
bajamos al 86 por 100, pero lo tenemos bien dimensionado,
salvo que haya acontecimientos imprevisibles -una
crisis gravísima en Argelia o una situación de presión en
Kosovo- que nos obligaran de pronto a tener que acoger a
3.000 refugiados. Por tanto, en la dinámica normal de refugiados
tenemos plazas suficientes. De todas maneras, tenemos
previsto un crecimiento de 50 plazas concertadas en el
año 1999. Luego, las órdenes comunicadas que tenemos
con las grandes organizaciones de refugiados nos permiten
una cierta flexibilidad para mover programas. En un
momento determinado, si hubiera una avalancha de 3.000
refugiados, ni órdenes comunicadas ni nada, habría que
hacer un crédito extraordinario. Pero en una situación, por
ejemplo, en la que hubiera un incremento de 300, 400 ó
500 argelinos o de ciudadanos de un país del norte de
África o de algún otro lugar, podríamos absorberlos con las
órdenes comunicadas, modificando algunos programas.

Por lo tanto, yo creo que el número de plazas para refugiados
está en general bien dimensionado, porque hay meses
que nos queda un 15 por 100 de las plazas libre.




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Distinto es el tema de los emigrantes. Tenemos previsto
terminar a finales de año el centro de acogida en Melilla y
vamos a empezar, esperemos que a finales de año o principios
del año que viene, un centro en Ceuta. Son centros que
hemos concebido con un sistema modular, de tal manera
que inicialmente van a tener 350 plazas, pero rápidamente
se pueden incrementar en 550 ó 600 plazas, si fuera necesario,
por ese procedimiento modular.

Por último, en relación con el programa de Ceuta y
Melilla, si nos fijamos solamente en los 550.000.000 de
pesetas puede parecer un presupuesto escaso, pero hay que
sumar 270.000.000 de pesetas de la puesta en funcionamiento
del centro de Melilla; es decir, los gastos que teníamos
ese año en Melilla de comida, de atención, etcétera,
entran en el presupuesto de gastos del centro de Melilla;
por lo tanto, son 550 más 270.000.000 de pesetas, aproximadamente.

Además de eso, hay dos planteamientos. Primero,
que haya un mayor control de las fronteras. Se están
haciendo inversiones muy importantes por parte de los
Ministerios de Fomento e Interior y las previsiones son que
haya una entrada de una, dos, tres personas diarias tanto en
Ceuta como en Melilla, es decir, en torno a cinco personas.

Si eso no funciona, los cálculos que hemos hecho se nos
van a quedar cortos, pero, insisto, todo parte de que razonablemente
van a entrar diariamente en torno a cinco personas.

Segundo, no repetir el mismo tipo de programa que en
el año 1998 en el sentido de una acogida de tres meses en
la Península. En emigrante en cuanto llega a la Península
con papeles, lo que quiere es buscarse la vida por su cuenta.

Si se le tiene durante tres meses en un centro, dándole
de comer, atendiéndole, etc., mejor que mejor, aunque
algunos no, algunos en cuanto cruzan a la Península con
papeles se olvidan de los centros. En definitiva, salvo los
colectivos más vulnerables, como mujeres con niños
pequeños, familias, personas mayores o personas con deterioro
físico, que entonces sí mantendríamos ese perfil de
programa para dos o tres meses, el resto, en cuanto llegan a
la Península y durante diez o quince días tengan una mínima
orientación de trabajo, sale del programa. Por tanto,
también los costes se reducirán sustancialmente. Conjugando
esos tres aspectos, el nuevo centro de Melilla y el
que se pondrá a mitad de año en Ceuta, el control de fronteras
y el crecimiento presupuestario, el presupuesto puede
ser razonablemente satisfactorio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maravall.




Concluimos así la larga sesión de comparecencias para
informar de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1999.

Muchas gracias, señoras y señores diputados.




Se levanta la sesión.




Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.