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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 529, de 07/10/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 529
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO
Y LEDO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 7 de octubre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa
(Morenés Eulate) para informar sobre:
- El proyecto de creación de una isla artificial, a 700
kilómetros de las costas de Cádiz, en el polígono
de experiencias de la Costilla, con destino a prácticas
de tiro. A solicitud del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (número de expediente
212/001388) ... (Página 15228)
- Las irregularidades económicas en la gestión del
Arsenal de La Carraca detectadas en el año
1990, así como de las actuaciones realizadas por dicho
ministerio ante tales irregularidades. Asolicitud
del Grupo anterior (número de expediente 213/000474)
... (Página 15232)
- Política de actuaciones de la Gerencia de
Infraestructuras de la Defensa. A solicitud del mismo
Grupo Parlamentario (número de expediente 213/000519)
... (Página 15234)
- La exportación de armamentos entre los años 1991) y
1996. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario
(número de expediente 213/000571) ... (Página 15240)
- Causas por las que un proyectil de la Armada cayó, en
la mañana del marte 30 de junio de 1998,
junto a tres pesqueros que faenaban cerca del cabo
Roche (Cádiz), con grave peligro para su integridad.
Asolicitud del Grupo Mixto (número de expediente
213/000722) ... (Página 15240)
Preguntas:
- Del señor Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la forma en que
participa España en los Programas de I + D de la Unión
Europea Occidental (UEO) y de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (número de
expediente 181/001227) ... (Página 15240)
- Del señor Torres Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congeso, sobre forma de asegurar
la calidad en los procesos de adquisición de material
de defensa, tanto en España como en el
extranjero (número de expediente 181/001228)
... (Página 15241)
- Del señor Perales Pizarro, del Grupo Socialista del
Congreso, sobre explicación que se puede dar
sobre el incidente ocurrido frente a la costa de Conil
de la Frontera (Cádiz), en que un proyectil
impactó a 5 metros aproximadamente de un pesquero del
puerto de Conil (número de expediente
181/001692) ... (Página 15242)
- Del señor Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre valoración
de la suscripción del protocolo para la puesta en
marcha del proyecto de investigación de envejecimiento
de blindajes ligeros (número de expediente 181/001757)
... (Página 15245)
Proposiciones no de Ley:
- Relativa a la cesión por el Ministerio de Defensa del
edificio desafectado del Gobierno Militar al
Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña). Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto (número de
expediente 161/000718) ... (Página 15245)
- Sobre integración de los componentes de las escalas
de complemento de suboficiales de iInfantería,
de Caballería, de Cartillerías, de Ingenieros, de
Intendencia y de Especialistas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(número de expediente 161/000754) ... (Página 15248)
- Relativa al ascenso de determinados componentes del Cuerpo
de Oficinas Militares. Presentada por el Grupo anterior
(número de expediente 161/000858) ... (Página 15249)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la
mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
DE ESTADO DE LA DEFENSA (MORENÉS
EULATE) PARAINFORMAR SOBRE:
- EL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA ISLA
ARTIFICIAL, A 700 METROS DE LAS COSTAS
DE CÁDIZ, EN EL POLÍGONO DE EXPERIENCIAS
DE LA COSTILLA, CON DESTINO
A PRÁCTICAS DE TIRO, A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente
212/001388).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de
Defensa que, como habrán comprobado por el orden del
día, tiene en primer lugar cuatro peticiones de comparecencias
de las que va a dar cuenta el secretario de Estado de
Defensa, a quien damos la bienvenida en la primera reunión
de este período de sesiones; después hay cuatro preguntas
que también serán contestadas por el secretario de
Estado y, finalmente, el debate y votación de tres Proposiciones
no de Ley.
Vamos a entrar sin más en el desarrollo del orden del
día. El primero de sus puntos es la comparecencia para
informar acerca del proyecto de creación de una isla artificial,
a 700 metros de las costas de Cadiz, en el polígono de
experiencias de la Costilla, con destino a prácticas de tiro.
Tiene la palabra el secretario de Estado, don Pedro
Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Buenos días, señorías.
Como conocen SS. SS., las actividades de los polígonos
de experiencias, dependientes de la Direccion General de
Armamento y Material de este departamento, son por su
naturaleza absolutamente necesarias, ya que depende de
ellas buena parte de la operatividad de las Fuerzas Armadas,
colaborando con sus estudios a los esfuerzos de la
defensa nacional. El 15 de noviembre de 1994 se suscribió
un acuerdo de dos años de vigencia entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando por el que se
hacían incompatibles en determinadas épocas del año las
actividades propias de los polígonos de experiencias Costilla
y González Hontoria en terrenos afectados a Defensa,
en la playa de Camposoto, con el disfrute de esa playa por
particulares. En estos polígonos no se realizan ejercicios de
tiro los fines de semana ni durante la Semana Santa, todo el
verano y las Navidades, con el fin de no causar molestias a
los posibles usuarios de la playa. Además, el Ministerio de
Defensa, en su constante participación en la política de
medio ambiente del Gobierno, decidió tomar las medidas
necesarias con objeto de que la playa de Camposoto pudiera
ser utilizada libremente por la población a cualquier hora
durante todo el año. Para ello era indispensable proceder al
desvío de la actual línea de tiro y efectuar los disparos hacia
el mar, perpendicularmente a la costa. Esta solución que
comenzamos a estudiar hace año y medio es factible, ya
que se puede disponer de modernas técnicas de seguimiento
de las trayectorias de los proyectiles y con ello se conseguirá
liberar de forma definitiva de los usos propios de la
defensa unos 3,5 kilómetros de la playa de Camposoto,
posibilitando así su uso público.
El Ministerio de Defensa elaboró un proyecto que consistía
en desviar hacia el mar la actual línea de tiro de los
polígonos de experiencias construyendo al efecto una plataforma
marina, alejada 700 metros de la costa, proyecto
cuya explicación es motivo de esta comparecencia. Este
proyecto describía la obra de infraestructura y la instalación
de todos los equipos, instrumentos y blancos necesarios
para el estudio de las trayectorias de los proyectiles. La
plataforma fija que consideramos en el comienzo de esta
acción como la posible solución para la liberación de la
playa estaba situada en zona de bajo calado, alejada 2,5
kilómetros del punto más próximo a la playa de Camposoto,
y hubiese tenido unas dimensiones aproximadas de 25
por 12 metros. Debe quedar claro que contra la plataforma
que se iba a construir no se iban a realizar disparos. Dada la
cercanía de la plataforma a la costa, las trayectorias de los
proyectiles son a esa distancia prácticamente tiros tensos y
los blancos hubiesen sido sensores electrónicos que permitieran
estudiar las velocidades de los proyectiles. Los proyectiles
que se emplearían serían convencionales, que son
los que disparan los cañones y las armas de los tres ejércitos;
nunca se hubiesen empleado ni misiles ni cohetes, ya
que necesitan otro tipo de instalaciones. No obstante, solicitados
los informes correspondientes de todas las instituciones
afectadas, se constató que el proyecto motivaba
múltiples objeciones por parte de las Administraciones
Públicas consultadas: la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, la Dirección General de la Marina
Mercante, la Dirección General de Costas y los Ayuntamientos
de Cádiz y San Fernando, por lo que finalmente se
consideró el análisis de unas nuevas soluciones técnicas
que no consistiesen en una isla artificial fija. Los nuevos
proyectos se podrían orientar bien hacia la construcción de
una plataforma móvil sobre pilares sumergibles o bien
hacia la fabricación de unas torres móviles semisumergibles,
que se construirían en dos cuerpos separados; un cuerpo
tendría como misión proporcionar la flotabilidad necesaria
en navegación y la estabilidad necesaria cuando el
artefacto esté sumergido y el otro cuerpo sería una torre
abatible que en posición de izado actuaría como soporte
del cable del blanco.
En resumen, con estos estudios el Ministerio de Defensa
pretende investigar y desarrollar ideas y proyectos que
den la respuesta adecuada a las necesidades de la defensa,
que son ineludibles, y además que sean capaces de compaginarse
con la política de medio ambiente y con las necesidades
manifestadas por el pueblo de San Fernando, a lo
que somos especialmente sensibles por razones de vinculación
histórica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que ha solicitado esta comparecencia,
tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Nosotros celebramos que
haya habido una rectificación por parte del Ministerio de
Defensa sobre esta idea que pretendía la creación de una
isla artificial muy cerca de la costa y que levantó en el conjunto
de la provincia, fundamentalmente en los municipios
más cercanos, una protesta clara. Se constituyó una plataforma
ciudadana integrada por muchos colectivos ecologistas
que planteaban la necesidad de superar esta alternativa
a una reivindicación justa del pueblo de San Fernando
que nosotros compartimos, que no es de ahora sino que
viene de lejos, en el sentido de que esta actividad militar no
condicionara la seguridad de los ciudadanos de San Fernando
ni todo el potencial que significa el litoral desde el
punto de vista turístico. Por tanto, desde el primer momento
planteamos la necesidad de parar este proyecto, estudiar
otras alternativas que no pusieran en riesgo la seguridad de
la producción de la zona en los caladeros ni el potencial
que significa la utilización de todo el litoral de nuestras
costas de una provincia muy castigada por el desempleo, la
más castigada de la Unión Europea y consiguientemente
del Estado español. Se levantó una gran polémica en la provincia,
de la que usted debe tener conocimiento porque el
17 de julio de este año recibí una contestación del Gobierno
la que se me indicaba que el proyecto iba para adelante,
que era firme; las razones del proyecto eran las mismas que
usted ha manifestado en la respuesta parlamentaria, y daba
como segura la instalación. La sorpresa fue que después de
esta respuesta, a las veinticuatro horas, desde el Partido
Popular en la provincia el diputado señor Ibáñez desdecía
totalmente la contestación que había recibido. Hubo una
polémica en la provincia porque no se entendía que el
Gobierno respondiera un 17 de julio y veinticuatro horas
después un diputado del Partido Popular desmintiera lo que
decía el Gobierno. Nosotros no dimos carta de naturaleza a
ese desmentido porque nos quedábamos con lo que decía
el Gobierno, no el diputado del Partido Popular, con todo el
respeto que nos merece su opinión, pero que no era la del
Gobierno. Con esto quiero decir que me imagino que habrá
habido un debate intenso dentro del Ministerio, que se
habrá producido desde el 17 de julio hasta el 18 ó el 19 de
julio, fecha en la que se nos comunicaba por el diputado
del Partido Popular que el proyecto no iba para adelante.
En este punto concreto del método lo que me gustaría ver
si todos los diputados podemos recibir una información
rápida y sin tener en cuenta nuestro color de procedencia,
porque si un diputado se interesa por una cuestión como
ésta y recibe una contestación del Gobierno, pero veinticuatro
horas después otro diputado que no ha presentado
esta iniciativa parlamentaria desdice al Gobierno y al diputado
que la ha presentado, la verdad es que estamos ante un
problema complicado de método. Sería interesante, con un
criterio general, que cualquier diputado interesado por un
asunto reciba información lo más rápida y objetivamente
posible para evitar estas situaciones.
Cierro este paréntesis porque lo fundamental no es esto.
Lo fundamental es que estamos ante una rectificación
importante y celebro que el Gobierno haya tenido sensibilidad
con una reivindicación de la provincia de Cádiz. Hay
que buscar una solución. Nosotros siempre hemos planteado
que esta provincia tiene una servidumbre militar
altísima, con una inversión en Defensa de las más altas del
Estado español, y respecto a esa realidad de despliegue
militar siempre hemos estado en contra. Ya conoce S.S.,
como secretario de Estado de la Defensa, nuestra posición
respecto al volumen del Ejército profesional, al despliegue,
etcétera. Particularmente estamos en contra de que ese despliegue
se haga bordeando la seguridad ciudadana, alterando
el medio ambiente, es decir, que esa servidumbre se
convierta en un problema serio para la convivencia de los
ciudadanos y ciudadanas. Estas experiencias de tiro (después
tendremos ocasión de abundar en un incidente que se
produjo durante este verano, un disparo que cayó a cinco
metros de un pesquero de Conil) demuestran que hay una
preocupación muy grande entre los pescadores de la provincia
porque después de este incidente me imagino que se
les quitan las ganas de pescar.
Señor secretario de Estado, le pido que nos informe
puntualmente de la alternativa, tanto de la plataforma móvil
como de la torre móvil, que si es posible, recibamos la
información al mismo tiempo que los diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y nosotros valoraremos
la alternativa y nos pronunciaremos en su momento
sobre si nos satisface o no.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate?
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la
Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En primer lugar,
quiero manifestar que celebramos la decisión del Ministerio
de Defensa de dar marcha atrás a la construcción de la
isla artificial de tiro que pretendía ubicar frente a la playa
de Camposoto en San Fernando, Cádiz, porque no podía
ser de otra manera. Inicialmente sorprendió el anuncio de
este proyecto, por cierto conocido a través de los diarios de
la provincia, concretamente en el Diario de Cádiz y El
País. No se sabía si estaba siendo elaborado por el Ejército,
por el Ministerio de Defensa o por una empresa privada a
través de una consultora. Es decir, las oscuridades se producían
no sólo porque no se conocía su origen sino por
la forma, lo cual originó una gran alarma social. Su oscurantismo
provocó igualmente un rechazo inicial que fue
creciendo a medida que se fueron conociendo datos y culminaron
con la constitución de una plataforma ciudadana
contra el proyecto. Nos sorprende aún mucho más que este
proyecto se intentara llevar a cabo cuando se debía conocer
que la legislación vigente, delimitaba una situación especial
y específica para las instalaciones militares de Torregorda
que impedían la realización de ese proyecto. Por eso
esas nuevas instalaciones que se pretendían llevar a cabo
no hubieran encontrado ninguna cobertura en el planeamiento
municipal de Cádiz ni de San Fernando. Este proyecto
legislativo tenía que estar sometido, desde el punto
de vista medioambiental, a la Ley de Costas. Por los datos
que se tenían entonces, dificilmente este proyecto hubiera
podido tener el beneplácito de la Ley 23/1988, de Costas,
que en su artículo 97 especifica que al estar ubicado en una
zona en las inmediaciones de la línea costera es competencia
del Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, éste y la
demarcación de costas tenían que haberse pronunciado. No
se conocía si esos trámites se habían hecho o no, a pesar
de que inicialmente era un proyecto, pero al ejecutarse tendrían
que haberse dado esos pasos y hubieran tenido a buen
recaudo el rechazo del ámbito medioambiental.
Por otro lado, no era ni es razonable que se pretenda llevar
a cabo por parte del Ministerio un proyecto dentro de
un espacio natural como el parque de la Bahía de Cádiz.
Entendemos la lógica contestación social que se generó en
la provincia, envuelta además en polémicas de carácter parlamentario
y también con el subdelegado del Gobierno. En
definitiva, nos alegramos de que gracias a esa contestación
social el Gobierno haya sido sensible y haya dado marcha
atrás en este proyecto; proyecto que además de ubicarse en
una zona protegida medioambientalmente también lo sería
en una zona con altísimo índice de desempleo, y en estas
circunstancias llama poderosamente la atención porque nos
encontramos en una provincia con unas connotaciones de
servidumbres militares altísimas. Prueba de ello es que el
Proyecto de Ley de Presupuestos del año que viene asigna
a la provincia de Cádiz 14.209 millones de pesetas. Es la
provincia, con mucha diferencia, a la que se asigna al
Ministerio de Defensa mayor cuantía presupuestaria. Esta
provincia tiene más asignación presupuestaria para el ejercicio
1999 que toda Castilla y León, que Cataluña y que
Galicia. Por tanto, es una servidumbre militar la nuestra
muy costosa, que se imputa a la provincia de Cádiz aunque
se beneficia toda la defensa nacional, que no tiene
contraprestaciones
sociales. Le puedo trasladar que en el fondo
implica un rechazo social de los ciudadanos de la provincia
de Cádiz, que tiene unas altísimas cotas de desempleo, que
no entienden que aparezcan imputados para la provincia
tantos miles de millones de pesetas sin unas contraprestaciones
de carácter social. Por tanto, por una parte hay
rechazo medioambiental y, por otra, rechazo social por lo
que digo.
Nosotros hemos sido Gobierno y como Grupo Parlamentario
y como futuro Gobieno que podemos ser, somos
conscientes de la necesidad que tiene el Ministerio de
Defensa de ubicar lugares para las actuaciones que lleva a
cabo el Ministerio para la defensa nacional. También
somos conscientes de que esa operatividad de las Fuerzas
Armadas tiene que ir acompañada de unas garantías totales
en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la seguridad de
los ciudadanos. Por eso pedimos al Ministerio de Defensa
que este proyecto, que ya ha quedado descartado a cualquier
otro, las alternativas que el secretario de Estado planteaba
que son necesarias, la plataforma móvil sobre pilares
sumergibles o la torre abatible, cualquiera de ellas, que se
hagan con la máxima información. El oscurantismo con el
que se pretendía llevar ese proyecto, la forma en que se
conoció fue un hándicap tremendo y no se puede volver a
repetir. Por otro lado, las garantías de carácter medioambiental
y social deben ser de nuevo estudiadas. Ya han tenido
ustedes este año la experiencia de no poder llevar a cabo
el proyecto de instalación de un polvorín en Barbate por el
mismo motivo que éste, por la forma en que se pretendía
llevar, por la falta de sensibilidad social con la zona, etcétera.
Tenga en cuenta que estamos hablando de una zona que
tiene una servidumbre militar histórica, San Fernando y la
Bahía de Cádiz, y deberían ser mucho más sensibles a estos
nuevos tiempos en que los ciudadanos solicitan transparencia
y contraprestaciones. Termino diciéndole que de seguir
adelante cualquier proyecto (somos conscientes de que son
necesarios para la defensa nacional) se han de tener en
cuenta estas cuestiones y sobre todo a las Comunidades
afectadas, concretamente a la Junta de Andalucía. La Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no ha
tenido ninguna información de este proyecto. Por tanto,
hay un desprecio a la Comunidad Autónoma andaluza en
los proyectos de este tipo, que son de envergadura. Ya no
hablamos de la mancomunidad de municipios de la Bahía
de Cádiz ni de los Ayuntamientos afectados, que tampoco
han sido debidamente informados, lo cual conlleva un cierto
rechazo también por su parte, por la que pedimos que se
tengan en cuenta.
Aprovechando su presencia, finalizo planteándole -si
es posible me contesta hoy y, si no, por escrito- si es absolutamente
necesario que la plataforma móvil sobre pilares
sumergibles o la torre abatible, los nuevos proyectos que se
barajan, se instalen en esa zona y si no pueden ser instalados
en otros lugares distintos de la provincia de Cádiz; si se
van a seguir utilizando las playas de Camposoto y Urrutia,
como actualmente, para uso militar, y si se va a proceder
gradualmente a la recuperación civil de la zona de la Bahía
de Cádiz, de la que estamos hablando. Son hechos que preocupan
a los ciudadanos y que quieren saber cuál va a ser
su futuro. Me gustaría que si es posible en su contestación
lo aclarara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: En primer lugar, nuestro
agradecimiento por su presencia, principalmente por la
voluntad firme y decidida de que el desvío de la línea de
tiro de los polígonos Costilla y González Hontoria sea
pronto una realidad, como usted ha manifestado.
Me va a permitir, señor presidente, que por alusiones
conteste al señor Meyer, ya que la cuestión está muy clara.
El señor Meyer realizó esta pregunta el 4 de junio de 1998
y el Gobierno le contestó el 7 de julio de l998. Se publicó
la noticia en agosto. En el intervalo, el 23 de julio tuve el
honor de ser recibido en compañía del alcalde de San Fernando
por el secretario de Estado que nos manifestó las
alegaciones que habían presentado los Ayuntamientos de
Cádiz y San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente,
el Parque Natural y la Delegación de Costas, y nos hizo ver
que era inviable la isla artificial. Señor Meyer, yo no he llevado
a cabo ninguna iniciativa parlamentaria, pero le puedo
garantizar que desde que tengo el acta de diputado he perseguido
asiduamente tres temas de mi ciudad en el Ministerio
de Defensa: el traslado de los polvorines de Fadricas,
el desvío de la línea de tiro y la preocupación constante de
que a Bazán-San Fernando no le falte carga de trabajo. Por
tanto, se pueden hacer iniciativas parlamentarias pero también
se puede gestionar con el Ministerio. Quiero decir con
esto que en el momento en que se publicó la noticia, que
fue en el mes de agosto, salí al paso porque, como le digo,
había mantenido una entrevista con el secretario de Estado
el 23 de julio y, por tanto, ya conocía la inviabilidad de este
proyecto.
Yo creo que lo que debemos hacer es agradecer que
este proyecto sea una feliz realidad y se lleve adelante con
la sensibilidad que ha demostrado el Ministerio de Defensa.
Le voy a contar una anécdota de octubre del año 1985,
cuando era concejal del Ayuntamiento de San Fernando.
En aquel entonces había un Gobierno de coalición entre el
Partido Socialista Andaluz y el Partido Popular. Pues bien,
en octubre el alcalde, por aquel entonces del Partido Socialista
Andaluz, se pasó con concejales y bagage a las filas
del PSOE, con la promesa de éste del desvío de la línea de
tiro, el traslado de los polvorines de Fadricas y la solución
al mal momento que atravesaba la Bazán. Aquellas promesas
fueron incumplidas, como muchas otras. Si se
hubieran cumplido en aquellos años, 1985 y 1986, estoy
seguro de que ahora no estaríamos hablando de este tema
y el anhelo de los ciudadanos de San Fernando y de toda la
Bahía estaría colmado y no estaríamos pendientes del
nuevo proyecto.
Quiero decirle al señor De la Encina que en mi visita a
los distintos campos de tiro he constatado que la conservación
y la preservación del ecosistema son magníficos. Le
puedo decir incluso que los polígonos de tiro de Costilla y
González Hontoria, en Torre Gorda, tienen un estudio
medioambiental de la Universidad de Sevilla, concretamente
de la cátedra Cardenal Espínola, en el que se elogia
precisamente la conservación de la flora y la fauna en estos
polígonos de los que estamos hablando. Quiero decirle
también que entiendo que no ha habido ningun oscurantismo
en el tema de la isla puesto que el expediente fue a
donde tenía que ir: Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento
de San Fernando, Consejería de Medio Ambiente, Parque
Natural y Ministerio de Medio Ambiente, en este caso a la
Delegación de Costas. Por tanto, no ha habido ningún oscurantismo.
Finalmente, agradezco al señor secretario de Estado su
sensibilidad en estos temas, pues por fin es el Partido Popular
el que va a colmar los anhelos de los ciudadanos de la
Bahía desafectando la playa de Camposoto y llevando a
feliz término este nuevo proyecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias por sus
intervenciones, señorías.
Señor Meyer, en el Ministerio de Defensa, desde siempre,
hemos tenido una especial sensibilidad, por razones
obvias, por la seguridad. Creo que la intervención de S.S.
está basada fundamentalmente en alegrarse porque se ha
tomado una decisión y, si me lo perinite S.S., en tratar de
demostrar que esa decisión haya sido impuesta por algo
distinto de lo que es un planteamiento de sensibilidad del
Ministerio de Defensa hacia unos determinados problemas.
Le puedo asegurar que en la realización de la isla artificial
se tuvieron en cuenta, en principio, todos los requisitos que
según el Ministerio eran absolutamente indispensables.
Uno de ellos es la seguridad siempre en las actividades
militares. El desmentido o aclarado creo que ha sido explicado
perfectamente por el señor Ibáñez. En cuanto a su alusión
al problema que surgió este verano con el famoso tiro
cerca del barco pesquero, creo que es motivo de otra comparecencia
de hoy y en su momento se lo explicaré, porque
entiendo que dar por hechos patentes o evidentes opiniones
o criterios por lo menos tiene que ser analizado con algo
más de rigor.
En cuanto al diputado señor De la Encina, que dice que
el Ministerio de Defensa dio marcha atrás intentando matizar
una decisión basada en criterios de todas las Administraciones
involucradas y no en una rectificación de algo
mal hecho, quiero decirle algo que ya ha comentado el
diputado señor Ibáñez. Nosotros primero realizamos un
proyecto que cumple con las necesidades que tenemos y
luego, como no podía ser menos porque no nos podemos
arrogar capacidades que no nos están adjudicadas por la
legislación administrativa, sometemos ese proyecto a las
correspondientes Administraciones que se manifestaron en
su momento. En base a esas manifestaciones y al particular
interés que han demostrado determinadas instancias locales
y nacionales por este asunto, nosotros haremos un
esfuerzo de análisis y de equilibrio entre las necesidades de
la defensa y las necesidades del pueblo de San Fernando.
En cuanto a la alusión general a la provincia de Cádiz y
a la defensa, creo que no es motivo de esta comparecencia.
Entiendo que Cádiz contribuye de manera fundamentalísima
a aspectos defensivos de España, entre otras cosas por
su posición geoestratégica, tiene un enorme valor para la
defensa, pero la sensibilidad de la defensa con Cádiz está
más que patentemente demostrada. Creo que no habrá ninguna
instancia política de Cádiz que haya intentado acceder
a las instancias del Ministerio de Defensa, tanto desde
los cuarteles generales como desde el propio órgano central,
que no haya sido recibida, atendida y, en lo posible,
cumplidos sus requerimientos por el Ministerio de Defensa.
El hecho de que Defensa invierta 14.000 millones en
Cádiz no significa nada más que en Cádiz, como ha señalado
S. S., hay una importante inversión del Estado en Defensa.
Entiendo que además de esa inversión de Defensa en
Cádiz existen otras inversiones que corresponden a otros
ministerios y también cuál es la situación particular de
Cádiz, pero no debería establecerse una vinculación directa
entre la actividad de Defensa en Cádiz y la situación ante el
nivel de desempleo. La comparación es exactamente la
contraria, si me lo permite S. S. Además, es de una patente
obviedad, y valga la adjetivación, porque todavía no conozco
ninguna instancia política de Cádiz que esté pidiendo
que las inversiones del Ministerio de Defensa en Cádiz
dejen de hacerse.
Quiero agradecer al señor Ibañez no solamente su intervención
sino su interés, ya que hemos sido especialmente
sensibles con este asunto y todos los proyectos de ahora
tienen un barniz mucho más local en el sentido de que tienen
mucho más en cuenta las necesidades concretas y precisas
del pueblo de San Fernando y de la Bahía de Cádiz en
general. En ese sentido puedo asegurar que el proyecto que
se haga en el Ministerio de Defensa volverá a pasar por los
mismos trámites que éste; trámite que no ha sido oscurantista
sino una elaboración interna sometida a las diversas
Administraciones. Trataremos por todos los medios de que
esa alarma social, creada por algo que no era más que un
proyecto sometido a todas esas instancias, no ocurra más.
Sí les puedo asegurar, señorías, que el Ministerio de Defensa,
en relación con éste y otros proyectos, está abierto a
cualquier sensibilidad particular de SS. SS., como lo ha
estado siempre. Hemos notado que hasta hoy esa sensibilidad
estaba patente -y permítanme que lo diga con esta
sinceridad- en el diputado señor Ibáñez y en el alcalde de
San Fernando, que son las personas que reiteradamente han
manifestado interés en cómo se podría reorientar este proyecto.
- LAS IRREGULARIDADES ECONÓMICAS EN
LAGESTIÓN DELARSENALDE LA CARRACA
DETECTADAS EN ELAÑO 1990, ASÍ COMO DE
LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR
DICHO MINISTERIO ANTE TALES IRREGULARIDADES.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente 213/000474) .
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden
del día: Comparecencia para informar acerca de las irregularidades
económicas en la gestión del Arsenal de la Carraca
detectadas en el año 1990, así como de las actuaciones
realizadas por dicho Ministerio ante tales irregularidades.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): El ministro de Defensa, don
Julián García Vargas, en su día, en las numerosas comparecencias
que tuvieron lugar durante los años 1991 y 1992
sobre este particular, informó detalladamente a la Cámara
de las irregularidades detectadas en el Arsenal de la Carraca
durante 1990, a las que S. S. hace referencia en el motivo
de la comparecencia, y las medidas que se adoptaron en su
momento. De acuerdo con los mecanismos de control interno
del Ministerio, estas irregularidades fueron puestas en
conocimiento de la jurisdicción competente, lo que dio
lugar a la apertura de diversas diligencias previas y sumarios,
la mayoría de los cuales ya han sido resueltos, ya sea
con sobreseimiento en algunos casos, ya sea con la imposición
de penas de diversa índole a los responsables de las
acciones meritorias de esas penas.
Actualmente el Ministerio de Defensa tiene un interés
extremo -ya lo tenía entonces- en evitar que irregularidades
como las producidas en el Arsenal de la Carraca
en 1990 se puedan volver a repetir. Sin embargo, debemos
traer a colación que durante 1990 y en aplicación de la
norma vigente no se realizaba por parte de los interventores
delegados en los centros y dependencias ningún tipo de
control financiero posterior a la función interventora. Los
controles posteriores de gastos e ingresos, realizados como
complemento a la función interventora para evaluar la gestión
global de un organismo, se comenzaron a practicar en
los años 1992 y 1993, respectivamente. A estos controles
se añaden ahora los controles financieros ordinarios, llamados
auditorías, que se aprueban por la Intervención General
de la Administración del Estado y que se desarrollan en el
ámbito de los centros gestores del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la normativa vigente y con los planes anuales
de auditoría y actuaciones de control financiero, aprobados
por la Intervención General de la Administración del
Estado, las formas de ejercicio del control interno en el
Ministerio de Defensa hoy son las siguientes: Función
interventora, cuyo ejercicio comprende distintas fiscalizaciones
en diversos momentos procesales con carácter previo
o posterior a los correspondientes actos administrativos
y que es realizada por las intervenciones delegadas en unidades,
centros o dependencias del Ministerio de Defensa,
Administración General del Estado y organismos autónomos
administrativos. Control financiero, posterior a la
función interventora; como ya he dicho, es un control a
posteriori, complementario a la función y realizado por los
mismos interventores que la ejercen: Administración General
del Estado y organismos autónomos administrativos.
Control financiero de carácter permanente que se realiza
por las intervenciones delegadas en los organismos autónomos
comerciales Inta, Invifas y Servicio Militar de Construcciones,
con carácter excluyente y en sustitución de la
función interventora. Control financiero ordinario que se
realiza mediante auditorías u otras técnicas de control y se
llaman auditorías plenas o parciales en el Ministerio de
Defensa, según sea su carácter y su extensión. Se practica
este control por equipos de auditorías del órgano central
del Ministerio y por las intervenciones delegadas centrales
y territoriales. En la actualidad existen quince equipos
de auditorías en el Ministerio. Los controles financieros
ordinarios se incluyen, al igual que otros controles financieros,
en el plan anual de auditorías y de actuaciones de
control financiero del Estado, comunicando su aprobación
a finales del mes de febrero o principios de marzo de cada
año, por lo que la iniciación de los mencionados controles
financieros ordinarios, auditorías, suele tener lugar a
mediados del expresado mes de marzo. Durante 1997 se
han finalizado, emitiéndose el correspondiente informe,
cinco auditorías de regularidad plena, referentes al plan
anual de 1996. En el plan anual para 1997 se incluyeron 32
controles financieros ordinarios. Durante el ejercicio 1997
se iniciaron las 32 auditorías correspondientes al plan de
dicho ejercicio, de las que 30 están finalizadas, quedando
dos en fase de redacción de informe definitivo. De acuerdo
con la propuesta del plan anual de auditorías y actuaciones
de control financiero para el presente año, el número de
controles ordinarios aumentará a 42. De ellas, 16 están terminadas
o en fase muy avanzada de realización. Con
dichos instrumentos podremos garantizar, en el presente y
en el futuro, la detección, en su caso, de irregularidades
como las producidas en el año 1990 en el arsenal citado y
cualesquiera otras que se hayan producido al amparo de
una normativa que no incidía en el control global de la gestión,
sino en un examen parcial de la legalidad de los actos,
sin otra consideración hacia una eficiencia en la actuación
de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, solicitante de la comparecencia,
tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: La información que nos
ha dado el secretario de Estado es tranquilizadora en el sentido
de que la propia Administración ha puesto en marcha
los resortes necesarios para evitar, en lo posible, que sucesos
como el ocurrido en el Arsenal de la Carraca se puedan
volver a repetir. Los controles de intervención, los controles
financieros, tanto ordinarios como permanentes, todo lo
que usted ha manifestado puede ayudar a que tengamos la
seguridad de que va a ser muy difícil que alguien pueda
hacer negocio absolutamente ilícito utilizando su responsabilidad.
Por tanto, desde ese punto de vista tranquilizador,
los controles de 1997 que usted ha anunciado parece que
son exhaustivos y nos gustaría recibir información cuando
estén realizados y no esperar a formular una pregunta por
escrito.
Cuando se iniciaron las instrucciones judiciales, uno de
los implicados, el sargento de la Armada señor Villegas,
siempre manifestó -y se publicó- que toda la investigación
se estaba centrando en él pero que por encima de él
había muchos más mandos implicados en estas irregularidades.
Esta línea de conducta la ha venido manifestando el
sargento señor Villegas, que creo que ya está condenado en
firme. Me gustaría conocer, por lo que le pregunto al respecto,
cuántas personas fueron condenadas, penadas, por
esta irregularidad y la responsabilidad que tenían en esos
momentos en el arsenal. Solicito esta información para
poder evaluar el volumen de la irregularidad y a cuántos
mandos alcanzó.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate? Por el Grupo Socialista tiene la palabra el
señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En relación a
este tema, el propio ministro de Defensa y su Ministerio
anunciaron un seguimiento y una serie de toma de decisiones
para depurar las responsabilidades que hubiera lugar.
Esas posibles irregularidades y su documentación se trasladaron
al fiscal togado. El juez togado militar acordó la
incoación del sumario para la práctica de actuaciones y diligencias
encaminadas a esclarecer y comprobar posibles
actos delictivos, identificar sus autores y exigir las
responsabilidades
a que hubiera lugar. Por tanto, fue la propia
Armada y el Ministerio de Defensa los que hicieron posible
que se incoara el sumario.
Voy a hacer mías las palabras que el 20 de junio de 1991
el entonces portavoz en esta Comisión, mi compañero
Pedro Moya, trasladaba a la misma. Decía: Mi grupo es el
primer interesado en esclarecer esas irregularidades que se
hayan podido producir y en eso comparte la decisión el
Gobierno al abrir las investigaciones inmediatamente al
crear la comisión de investigación en los arsenales, al colaborar
de manera veloz con los tribunales que están estudiando
el tema y a depurar responsabilidades, si las hubiera.
Esas palabras dichas por el entonces portavoz socialista
Pedro Moya, el 20 de junio de 1991, las hago mías ahora,
ocho años más tarde, porque nosotros consideramos y
seguimos considerando que no había ningún deseo -sino
todo lo contrario- de ocultar absolutamente nada, sino
que, en esa atmósfera que se empezaba a respirar, se pretendía
la máxima claridad en torno a este tema.
Dicho esto, también tenemos que decir que no nos parece
razonable trasladar planteamientos que estaban entonces
en el ámbito judicial a la categoría de hechos consumados,
porque ello implica romper algo tan importante como la
presunción de inocencia y esto es muy grave, especialmente
cuando se trata de situaciones que se han producido en
las Fuerzas Armadas. Lo digo en contestación a Izquierda
Unida cuando dice que la propia Administración ha puesto
los controles financieros para llevarlo a cabo. Esto no es
exacto. La Administración puso entonces y sigue poniendo
ahora los controles financieros; la Administración socialista
y la Administración actual. Yo creo que ocho años después
de estos hechos, como acaba de decir el secretario de
Estado, con un sobreseimiento y distintas penas para sus
autores, no tiene sentido, salvo que se quiera hurgar en
hechos que están suficientemente claros y en los que el propio
Ministerio dio la cara hasta el punto de todo lo que
acabo de manifestar y, por tanto, la posición del Grupo
Socialista, en este caso concreto, es de cierta incredulidad
ante que se traiga aquí un tema que está en los ámbitos que
acabo de relatar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la
palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA Y DÍAZ DEL
RÍO: Señorías, señor secretario de Estado, después de
haber oído sus explicaciones al respecto, en una breve
intervención el Grupo Popular quiere dejar constancia de
que hay que aprovechar todos los aciertos del pasado y
corregir los errores que se hayan podido producir. Estamos,
como decía el portavoz socialista, a ocho años de unos
hechos que han sido sancionados y, si alguien tuviera interés
en conocer cuál ha sido el alcance de los mismos, no
tendría más que ir a las hemerotecas. Por tanto, entiendo
que si algo hay positivo en aprovechar los aciertos y corregir
los errores es que se haya vuelto a poner en la Administración
una intervención previa, que nunca debió haber
desaparecido, y todos los controles posteriores que, como
decía el portavoz socialista, en la Administración militar
son probablemente más estrictos que en otras Administraciones,
con cuerpos titulados, con cuerpos propios de interventores
y de auditores.
Por tanto, el Grupo Popular da por zanjadas las explicaciones
que ha dado el secretario de Estado al respecto y
entiende que, a partir de este momento, con los cauces
administrativos que se han puesto a disposiÁión de la
Administración Pública, no sólo cada vez será más difícil
poder hacer cosas al margen de la ley, sino que será prácticamente
imposible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Señor Meyer, he de decirle
que a partir del acaecimiento de estos hechos entró en marcha
la acción de la justicia y terminó después en las correspondientes
decisiones de los tribunales, que ya he citado.
Ha hecho S. S. una especial alusión al sargento primero
senor Villegas, que fue condenado junto con otro oficial de
la Armada. Esa es la situación en la que ese expediente ha
concluido.
Con el señor De la Encina coincido plenamente. Estos
son hechos de los que en su momento se dio cuenta (ya he
dicho que el ministro de Defensa, señor García Vargas,
compareció en su día para explicarlos) y fueron puestos en
conocimiento de la justicia; por tanto, en cumplimiento perfecto
de las obligaciones y de las responsabilidades como
administradores. Hoy en día lo que tenemos es una acción
de la justicia puramente normal, que desgraciadamente en
algunos casos ha tenido que terminar en condenas. La ley es
dura, pero es la ley, como se establece, y no me cabe la
menor duda de que este Gobierno y el anterior estaban plenamente
dispuestos a cumplirla. Yo puedo hablar de mi
Gobierno, pero permítame decir que en estas cosas creo que
es vocación de todo gobernante el cumplirla. Nosotros lo
que hemos hecho, señoría, es reforzar los mecanismos, no
por lo que ocurriese entonces sino porque hemos considerado
que un mecanismo con técnicas de gestión y de auditoría
más avanzado nos permitirá conocer mejor antes no este
tipo de sucesos, sino cualquier suceso de administración
que pueda ocurrir en la gestión de recursos de Defensa. Simplemente
no hemos hecho otra cosa, si se me permite, que
mejorar en algo la gestión del control, nada más.
En cuanto a lo que decía el diputado señor Fernández
de Mesa, yo creo que efectivamente es un asunto que no se
debe sacar a la luz, lo que se agradece desde el Gobierno,
sobre todo desde el Ministerio de Defensa, ya que ha actuado
la justicia. No hace ningún bien a nadie. Creo que las
Fuerzas Armadas tienen una ejecutoria de limpieza en su
gestión que no se puede poner en tela de juicio permanentemente
porque haya acontecimientos más o menos desgraciados
a lo largo de la historia. No obstante, coincido
también con él en que una cosa es la ejecutoria de limpieza
y otra es la prudencia en la gestión y el control, que es
absolutamente
necesaria en cualquier actividad pública. Por
tanto, nosotros seguiremos adelante con esta aplicación de
los sistemas que nos permitirá a todos una tranquilidad
mayor en cuanto a que las actividades de administración de
los recursos públicos del Ministerio de Defensa son llevadas
a cabo con la pulcritud exigible.
- POLÍTICA DE ACTUACIONES DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURAS DE LA DEFENSA.
A SOLICITUD DELGRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número
de expediente 213/000519).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden
del día: Comparecencia para informar sobre la política
de actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Como conocen SS.SS., el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire han acumulado,
a lo largo de su historia, un importante patrimonio
inmobiliario cuya gestión y administración corresponde al
actua1 Ministerio de Defensa. Asimismo, en la actualidad
se desarrolla un importante proceso de redespliegue de las
unidades militares en el territorio nacional que exigen una
redefinición precisamente del patrimonio e inmueble del
Ministerio. Ante estas dos circunstancias parece perfectamente
lógico y necesario sobre todo, en estos momentos de
austeridad y de preferencias por los gastos comúnmente
determinados sociales, conseguir una suerte de sinergia
entre los fenómenos enunciados de necesidad en el párrafo
anterior y la realidad presupuestaria del Ministerio de
Defensa y de la defensa en general, de modo que la mejor
gestión y aprovechamiento del cuantioso patrimonio acumulado
nos sirva para que los nuevos despliegues de esas
unidades militares tengan la menor repercusión posible en
los gastos a efectuar con cargo a dichos presupuestos de
Defensa.
La nueva Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
de Política Económica, Fiscales y Administrativas y de
Orden Social, que acompaña a la de Presupuestos Generales
del Estado para 1997, ampliaba en esta dirección el
objetivo señalado al permitir que los recursos económicos
que se obtuviesen de la gestión del patrimonio inmobiliario
adscrito al Ministerio de Defensa pudiesen ser destinados,
además de a los fines señalados, a la financiación de adquisiciones
y mantenimiento de armamento y material. A
pesar del enorme patrimonio inmobiliario con que cuenta
el Ministerio de Defensa, su puesta en valor no está exenta
de una problemática jurídico-urbanística compleja que
pasamos a comentar a SS. SS.
El Ministerio de Defensa tiene actualmente encomendada
la gestión y administración de su patrimonio a dos
organismos autónomos, la Gerencia de Infraestructuras de
la Defensa y el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas
Armadas. El régimen jurídico aplicable a estos bienes
inmuebles de naturaleza demanial no difiere sustancialmente
del general establecido por la legislación del Estado
para todos los bienes de dominio público: la Ley de Patrimonio
del Estado y su Reglamento, la Ley de Expropiación
Forzosa y su Reglamento y la legislación urbanística
en general. En su virtud, como posteriormente veremos el
Ministerio de Defensa debe afrontar exactamente los mismos
problemas que las otras Administraciones y organismos
públicos que tienen a su cargo bienes pertenecientes al
dominio estatal. En efecto, el régimen de liquidación de las
propiedades militares establecido en la Ley 28/1984, de 31
de julio, de creación de la Gerencia de Infraestructuras de
la Defensa, se ajusta sustancialmente al previsto en la Ley
de Patrimonio del Estado para el resto de los bienes públicos.
La principal virtualidad de esta Ley es encomendar
la misión de efectuar dicha liquidación a un órgano específico,
la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, configurada
como organismo autónomo de carácter administrativo,
así como la explícita y completa equiparación del
ministro de Defensa al de Economía y Hacienda en materia
de procedimientos de enajenación, tanto directa como en
pública subasta, y permuta de los bienes puestos a disposición
de la gerencia. De dicho régimen jurídico debemos
destacar, a los efectos que ahora interesan, dos importantes
características. El único fin legalmente previsto para los
bienes inmuebles desafectados es el de su enajenación. No
se contempla, por tanto, la posibilidad de su explotación.
La segunda característica es que la Gerencia de Infraestructuras
debe ajustarse, como regla general, al régimen de
subasta previsto con carácter ordinario en el artículo 63 de
la Ley de Patrimonio del Estado para liquidar las propiedades
del ramo de Defensa, para cuya venta está facultada.
Sólo cabe la enajenación directa con carácter de excepción
en los casos tasados que contempla el artículo 117 del
Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado previa
autorización, según el valor del bien, del Consejo de Ministros
o del ministro de Defensa. La gestión de este patrimonio
presenta además otros serios inconvenientes.
La vocación natural de los bienes de dominio público
de naturaleza inmueble es servir de soporte a una obra
pública o la prestación de un servicio público. Por ello,
cuando éstos dejan de ser necesarios a los bienes que justificaran
su primitiva afectación, o son objeto de las denominadas
mutaciones demaniales o, en su caso, si procede, el
fin de estas operaciones sería la desafectación de los mismos
y aplicación a otras actividades del Estado. Es precisamente
este proceso de transformación jurídica del bien
inmueble para convertirlo en bien de naturaleza patrimonial
el que tradicionalmente provoca una considerable inseguridad
jurídica y, por ende, económica al prever la legislación
del Estado, cuando éstos fueron adquiridos mediante
procesos expropiatorios, el posible reconocimiento del
derecho de reversión a los primitivos expropiados o a sus
causahabientes. Los reiterados intentos de modular los
efectos que el instituto de la reversión ocasiona en los responsables
de administrar el patrimonio inmobiliario del
Estado han fracasado reiteradamente con argumentos no
siempre y no solamente de carácter estrictamente jurídico.
Esto ha provocado que las diferentes Administraciones
Públicas, entre ellas la Administración Militar, pero también
las empresas públicas y los organismos autónomos
que tienen encomendados bienes inmuebles sometidos a
procesos de transformación urbana, hayan intentado sortear,
a través de la legislación de carácter sectorial, este elemento
de inseguridad que supone el reconocimiento sin
límite temporal del ejercicio del derecho de reversión. Es
significativo, a estos efectos, el dictamen del Consejo de
Estado requerido ante una propuesta de modificación de
los artículos 54 y 55 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, en el sentido de someter al plazo de prescripción
de 30 años el reconocimiento del derecho de reversión con
ocasión de la aprobación de la Ley 50/1969, de 26 de abril,
Básica de Movilización Nacional, y que se emitió en disconformidad
con la pretensión descrita por amparar injustamente
un despojo, en frase del alto órgano consultivo.
Otro importante problema suscitado a la gestión del
patrimonio inmobiliario militar viene determinado por la
creciente complejidad de los procesos de ordenación urbana
que obligan a solventar los problemas que la presión de
las Administraciones Públicas territoriales ejercen sobre
los acuartelamientos y demás instalaciones militares,
demandando en unos supuestos su transformación en dotaciones
públicas o pretendiendo su pura y simple cesión a
los Ayuntamientos correspondientes, amparándose en unos
casos en primitivos títulos de cesión con afectación singular
y, en otros, simplemente en la legítima devolución de
plusvalías urbanísticas a la colectividad de las que surgieron.
Ello también tiene una repercusión económico-financiera
importantísima en la gestión del patrimonio de Defensa.
Así, el principal problema para rentabilizar el
patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa es la
falta de preparación de los activos inmobiliarios de los que
dispone para ser enajenados. Esta falta de preparación vendría
motivada, por un lado, por la falta de calificación urbanística
adecuada y, por otro, por la problemática jurídica
del derecho de reversión. Además, el objetivo de obtener a
corto plazo los fondos necesarios para la modemización y
transformación de las Fuerzas Armadas choca con ciertas
insuficiencias en el régimen jurídico de la Gerencia de
Infraestructuras. La Gerencia de Infraestructuras carece de
habilitación para concertar créditos y otras operaciones
financieras con entidades bancarias u otras de crédito.
Como consecuencia de ello, el Ministerio de Defensa carece
de la posibilidad de obtener, si tal fuera su interés, prestaciones
en metálico sobre un porcentaje del valor de los
activos inmobiliarios que pone a su disposición la Gerencia
de Infraestructuras.
El organismo autónomo tampoco está habilitado para
promocionar o participar en sociedades estatales o privadas.
Durante el ejercicio 1998 ha continuado su gestión de
acuerdo con la legislación que regula sus actuaciones. En
este sentido hay que destacar que, a fecha 16 de junio del
presente año, el número de propiedades puestas a disposición
de la Gerencia es de 687, lo que supone realmente la
tramitación de 2.286 expedientes que incluyen propiedades
ya enajenadas, pero que siguen abiertos por no haber acabado
el proceso de pagos, escrituraciones, etcétera, que se
derivan de una gestión de este tipo. Hay que tener en cuenta
que muchas propiedades proceden de expropiaciones,
por lo que tienen que ser objeto de reversión, produciéndose
el hecho de que una única propiedad genera un alto
número de expedientes completos distintos por el número
de reversionistas afectados. Hay que destacar también el
proceso de enajenación de 650 viviendas y locales comerciales
en San Juan de Aznalfarache y el proceso de la depuración
para comenzar la enajenación a lo largo del presente
año de otras 300 viviendas más, que son expedientes, asimismo,
individualizados.
La gestión de estas propiedades ha derivado en la firma
de once convenios con distintas instituciones, Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos, etcétera, y asimismo se
han alcanzado acuerdos iniciales para la firma de 15 convenios
más a lo largo del presente año. La realización de
diversas subastas públicas para la venta de propiedades de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio del Estado,
ha supuesto unos ingresos por este concepto de 3.638
millones de pesetas. Se han enajenado 271 propiedades, de
ellas un número importante de viviendas, por venta directa,
con unos ingresos estimados de 2.087 millones de pesetas
y se han puesto en marcha 680 expedientes de reversión,
conceptos por los que se han ingresado cantidades en torno
a los 800 millones de pesetas. En su conjunto, los ingresos
generados por la Gindef en el presente año están evaluados
en 10.180 millones de pesetas, sin perjuicio de su imputación
presupuestaria al presente ejercicio o a ejercicios anteriores.
Para el presente ejercicio presupuestario, la Gerencia
de Infraestructuras tiene un presupuesto de ingresos
de 13.660 millones de pesetas y un presupuesto de gastos
en inversiones reales de 13.000 millones de pesetas. La
previsión de ingresos, teniendo en cuenta el proceso de
enajenación por convenios, subastas, reversiones y ventas
directas, que tienen su máxima incidencia por razón de los
trámites administrativos en el segundo semestre del año,
permite asegurar que se superarán ampliamente las previsiones
presupuestarias.
Por otro lado, los pagos realizados a fecha 1 de julio
estuvieron en torno a los 4.800 millones de pesetas en el
capítulo VI, habiéndose expedido reservas de crédito
por 12.600 millones de pesetas, siendo los compromisos
de 10.200 millones de pesetas, lo que permitirá una ejecución
del gasto muy próxima al cien por cien del presupuesto,
similar a la del año 1997.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la
comparecencia, el Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Este asunto lo hemos
debatido en más de una ocasión a lo largo de esta legislatura,
y en su momento todos los grupos nos posicionamos
sobre la conveniencia o no de adjudicar a empresas privadas
el estudio de las distintas altemativas sobre el patrimonio.
En ese momento Izquierda Unida se posicionó en
contra, y a la altura que estamos ahora mismo en cuanto
a los estudios preliminares realizados, nuestro grupo pretende
-y así lo planteamos en una pregunta al Gobierno
en mayo- que se nos pase el infomme de la inversora privada
Natwest Market sobre las propiedades del Ministerio.
Ese informe que parece que existía arrojaba la cuantía de
los ingresos previstos, la utilización de los mismos y el
detalle de las propiedades enajenables por provincias y
Comunidades Autónomas.
En mayo, como decía, nuestro grupo preguntó al
Gobierno sobre ese informe, porque queremos estar muy al
día de las valoraciones que se van produciendo, dada la
importancia del asunto que estamos debatiendo, y el 17 de
julio se nos contestó que la consultaría de Arthur Andersen
y la National Westminster Bank sobre altemativas económicas
y organizativas había emitido un informe preliminar
que debía valorar el Gobiemo, y que en su momento se
remitiría el informe, una vez que el Gobiemo lo tuviera ya
evaluado. Como esta contestación es del 17 de julio, nos
gustaría conocer si ya estamos en condiciones de tener este
informe, porque, efectivamente, tanto Arthur Andersen
como National Westminster Bank han trabajado, según
creo, durante más de un año, y si, a través de este informe
preliminar, se puede tener ya una idea de lo que estamos
hablando, es decir, el volumen de propiedades enajenables
por provincias, la cuantía de ingresos previstos.
Por lo tanto, con esta comparecencia, señor secretario
de Estado, lo que queremos es conocer si desde el 17 de
julio hasta la fecha se ha producido este informe y si podemos
disponer de él para que el conjunto de los grupos
parlamentarios tengan una evaluación y el conocimiento
detallado de los estudios de estas dos consultoras. Indudablemente,
estamos hablando de un patrimonio importante,
que afecta a muchos municipios del Estado español, y sería
bueno que conociéramos el trabajo realizado sobre las
alternativas económicas y el volumen económico del que
hablamos. Es decir, queremos saber si existe ese informe
preliminar, si se nos puede dar a conocer y si desde el 17 de
julio hasta aquí estamos en condiciones de conocer el informe
definitivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: En los diversos y
múltiples debates que se han producido sobre la Gerencia
de Infraestructuras, como muy bien indicaba el señor
Meyer, ya hemos fijado nuestra posición sobre la misma.
Por lo tanto, no voy a repetir ningún argumento de tipo
general, pero sí queremos transmitirle, aprovechando esta
comparecencia, nuestra preocupación porque creemos que
la Gerencia de Infraestructuras está en un cierto impasse
por algunas incógnitas que están abiertas, concreta y especialmente
dos.
A una de ellas ha hecho referencia el señor Meyer, y
usted también ha mencionado el estudio que se encargó a
Arthur Andersen y National Westminster Bank, y nosotros
hemos solicitado una comparecencia para poder hablar más
extensamente de él.
Por lo que sabemos de este informe, hay dos elementos
que quiero destacar y que afectan precisamente a las incógnitas
citadas. Por lo que sabemos, el informe desaconsejaba
cualquier fórmula que supusiese la privatización de la
gestión de este patrimonio, elemento con el cual estamos
de acuerdo y que despeja una parte de las incógnitas. Pero
proponía también la creación de una sociedad estatal para
la gestión de la enajenación, de las ventas del patrimonio.
Por lo tanto, la duda sobre si se va a crear esta sociedad
estatal o no incide en el funcionamiento futuro de la Gerencia
de Infraestructuras. Si la sociedad estatal se encarga de
vender el patrimonio, y estos ingresos, tal como indica el
informe, se trasladan a la Gerencia de Infraestructuras, ésta
quedaría más como un órgano de gestión de la inversión,
no tanto de venta como de inversión. Esta es, por tanto, una
duda importante sobre el futuro de la Gerencia.
Hay una segunda incógnita que tiene su incidencia y se
relaciona también con el aspecto anterior, que es que en
este Congreso estamos en trámite de modificación de la
Ley sobre Condiciones de Cesión. Según las modificaciones
que se introduzcan en la Ley de la Gerencia de Infraestructuras
sabremos qué patrimonio de difícil venta adquirirá
la condición de cesión que no supone un ingreso.
Evidentemente, estas propiedades no tendrían que ser gestionadas
por la sociedad estatal sino por la propia Gerencia
de Infraestructuras. Nos cabe una duda que es doble, por
un lado, cuántas propiedades pueden quedar afectadas por
las modificaciones de la Ley y, por otro, quién se va a
encargar de esta gestión. Estas incógnitas sobre el futuro
pueden afectar la gestión de la Gerencia de Infraestructuras
y es un elemento que nos preocupa.
Estos días vamos a debatir los presupuestos y, por tanto,
estamos estudiando todo el material y, al estudiar la gestión
de la Gerencia de Infraestnucturas reflejada por los números
(por tanto, no la gestión material, sino la gestión formal
que indican los números), vemos algunos elementos de
preocupación en la gestión de las inversiones, porque cuando
hablamos de la Gerencia de Infraestructuras incidimos
mucho en el tema de la venta de los recursos que se obtienen,
pero pocas veces incidimos en que esos recursos tienen
una doble finalidad, originariamente una finalidad para
nuevo patrimonio o para mejora del existente, pero últimamente
también para la adquisición de material.
Tal vez sería un ejercicio interesante ver cómo funciona
la gestión de inversiones de la Gerencia de Infraestructuras
porque los números que tenemos sobre la mesa llevan a
una cierta preocupación -aunque parezca absurdo lo que
voy a decir-, ya que en la liquidación del presupuesto
de 1987 la Gerencia de Infraestructuras obtuvo un superávit
de 3.584 millones de pesetas. En otra entidad esto sería
un motivo de satisfacción, pero en un organismo como la
Gerencia de Infraestructuras el que se obtenga un superávit,
seguramente -insisto-, puede indicar ciertos problemas
de gestión en la inversión. Cosa que además puede
apreciarse más si observamos que en los ingresos de los
presupuestos de cada año hay un importante remanente
de tesorería, concretamente en 1997 había 2.684 millones
de pesetas, para 1998 hay 2.710 millones y para 1999
hay 4.565 millones, cantidad ya muy significativa. ¿Qué es
lo que puede indicar esto? Que los ingresos por la venta de
patrimonio están siendo superiores a los previstos, lo cual
es positivo, pero este aumento de ingresos no revierte en
que también haya un aumento de las inversiones sobre lo
inicialmente presupuestado. La eficacia de la Gerencia de
Infraestructuras no tiene que venir medida únicamente por
la capacidad de obtener ingresos, sino también -y, seguramente,
sobre todo- por la capacidad de invertir este dinero
en la mejora de las infraestructuras de las Fuerzas Armadas
y en la adquisición de material.
Estos elementos generan cierta preocupación sobre la
gestión y sobre el futuro de la Gerencia de Infraestnucturas.
Nosotros creemos que hay que insistir en dos elementos
lo que a la venta de patrimonio se refiere, teniendo en
cuenta estas incógnitas que antes señalaba y que serían, por
un lado, que la Gerencia tiene que optimizar la obtención
de recursos a partir del patrimonio que pueda producirlos.
Aveces hay un exceso de esfuerzo para vender algún patrimonio
que todos sabemos que no puede dar resultados, que
difícilmente va a obtener un comprador. Si centramos los
esfuerzos en el patrimonio del que realmente se pueden
obtener recursos a través de la creación de la sociedad estatal
o a través de mecanismos que permitan superar los problemas
de gestión administrativa y jurídica, que usted
mismo señalaba, seguramente podríamos mejorar la rentabilidad
económica de la Gerencia de Infraestructuras. En
segundo lugar, debemos avanzar en buscar las fórmulas de
cesiones a otras Administraciones de aquellos patrimonios
de los que es imposible obtener recursos, con lo cual los
esfuerzos de la Gerencia o de la sociedad estatal serían productivos.
Por otra parte, obtendríamos unos beneficios
sociales y una satisfacción por parte de las otras Administraciones.
Finalmente, quiero formularle una pregunta en esta comparecencia
con relación a los ingresos del año 1997/1998,
y es qué parte se ha destinado a gasto en infraestructura,
sea en adquisición o en mejora de infraestructura, y qué
parte se ha dedicado a la obtención de material. Es decir,
si ha sido posible dedicar una parte de los ingresos del presupuesto
de 1997/1998 a adquirir material, por tanto, a
incidir en el proceso de modernización. Si ha sido así, en
qué cantidad, y si no ha sido así, qué previsión hay para el
año 1999.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO:
Señorías, señor secretario de Estado, ante todo quiero agradecerle
la claridad con la que ha explicado un tema que,
como decía algún portavoz de algún grupo político, ha sido
ampliamente debatido en esta Cámara, no ahora, sino
desde hace muchos años, precisamente desde la creación
de la Ley de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa.
Por eso, el Gnupo Parlamentario Popular valora muy positivamente
los esfuerzos que está realizando el Ministerio
de Defensa para tratar de rentabilizar al máximo un patrimonio
del que dispone en estos momentos el Ministerio de
Defensa del que es titular y que no puede dilapidar, y para
buscar soluciones para que las organizaciones y organismos
públicos estatales, Ayuntamientos, Diputaciones o
Comunidades Autónomas, puedan aprovecharse de esas
instalaciones que en estos momentos no tienen interés económico
cierto para el Ministerio de Defensa, para la Gerencia
de Infraestructuras de la Defensa. Por eso, consideramos
enormemente positivo que el Ministerio de Defensa
haya encargado a esta unión temporal de empresas entre
Arthur Andersen y Natwest un informe de consultoría
sobre el estado en que se encuentra la Gerencia. Hubiera
sido muy saludable que se hubiera producido en otras épocas
con otros de los muchos organismos autónomos que
hemos recibido sin tener prácticamente una liquidación
exacta de la situación en la que se encontraban, y me estoy
refiriendo a uno de ellos, por ser el más conocido, al Invifas,
el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
De todas formas, quiero recordar que algunos pasos ya
se han producido en este asunto tan debatido desde la llegada
de este Gobierno, y no cabe más que recordar, por
ejemplo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado
de 1997, que ha posibilitado que esos fondos, además de
los fines que ya tenía señalados, pudieran ir destinados a la
financiación, adquisición y mantenimiento de armamento
y material.
No voy a contestar -porque no me corresponde- al
señor Marsal, portavoz del Grupo Socialista, en cuestiones
que probablemente corresponden al debate presupuestario
que se va a producir, pero sí cabe recordar, porque él
mismo hizo esa pregunta en la comparecencia del pasado
año de los Presupuestos Generales del Estado sobre este
mismo tema, que, por ejemplo, la construcción de la segunda
LPD, del segundo buque anfibio para la Armada, ha sido
posible gracias a la reutilización de estos recursos obtenidos
de la venta de un patrimonio de la Gerencia de Infraestructuras
de la Defensa o, por ejemplo, lo que se ha obtenido
con la venta de un patrimonio militar como son los
aviones Harrier.
En todo caso, señor presidente, señorías, el Grupo Parlainentario
Popular ve que se sigue avanzando en este terreno,
y ahí están la firma de esos once convenios -a los que
se ha referido el secretario de Estado de Defensa- con distintas
instituciones, con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
y acuerdos iniciales para la firma de otros quince
convenios a lo largo del presente año. Las subastas
públicas que se han realizado de propiedades de acuerdo
con lo que dispone la Ley de Patrimonio del Estado, y la
enajenación de otras 271 propiedades, con un número
importante de viviendas por venta directa, con unos ingresos
estimados en su conjunto de 2.087 millones de pesetas.
En todo caso, el Grupo Parlamentario Popular, buscando
soluciones, ha presentado una Proposición de Ley de
modificación de la Ley de Gerencia e Infraestrtucturas de
la Defensa, porque -como muy bien decía el señor Marsal-
hay que optimizar al máximo los recursos que se
obtengan, pero también puede ser que esas cesiones -que
no suponen ingresos económicos- reciban otro tipo de
beneficios -que no sean precisamente los económicos-,
sino el de la restauración, el de la rehabilitación, el del
mantenimiento
y el del uso público de instalaciones que hasta
hace muy poco tiempo se caían de viejas, Defensa no podía
mantenerlas, ningún tipo de Administración Pública, ni
Ayuntamientos ni Diputaciones, se hacía cargo de ellas porque
no tenían dinero en sus presupuestos para poder mantenerlas
y, como se dice coloquialmente, unos por otros, la
casa estaba sin barrer.
Creo que todos los grupos políticos, encabezados por el
Gobierno, estamos en disposición de dar una solución
satisfactoria, tanto a las Comunidades Autónomas como a
las Diputaciones Provinciales o a los ayuntamientos y a la
propia Gerencia de Infraestructuras de Defensa, para resolver
un problema que hasta este momento estaba enquistado.
Consideramos que los pasos que se han venido dando y
los que se darán en el futuro, incluidos los de la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado
del año 1999, conducirán a continuar avanzado en la solución
de este problema, y -dicho sea de paso- se necesitará
del apoyo de todos los grupos políticos para poder buscar
una solución definitiva, que, sin ninguna duda, desde
nuestro punto de vista, es lo que busca el Gobieno en este
momento.
El señor PRESIDENTE: El señor Marsal me pide la
palabra a los solos efectos de rectificar un dato. Tiene la
palabra.
El señor MARSALMUNTALÁ: Me han señalado mis
compañeros que he hablado de la liquidación del Presupuesto
de 1987; evidentemente, no me refería al de ese año
sino al de 1997. Quería hacer esta rectificación a efectos de
que constara en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate):
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. En
relación con la del señor Meyer, quiero decirle que a este
secretario de Estado le consta que la oposición que hubo a
la contratación de una empresa privada fue a que la gestión
del patrimonio de Defensa se hiciese por una empresa privada,
pero no a que el análisis de una hipotética gestión del
patrimonio o de los recursos patrimoniales o de los métodos
patrimoniales, es decir, el análisis de un asesoramiento
técnico se hiciese por una empresa privada. Entre otras
cosas, porque en aquellos momentos solamente una empresa
privada era capaz de realizar dicho análisis. Por lo tanto,
creo que hay que matizar que la oposición fue a que el
patrimonio de Defensa se gestionase por una empresa privada
(en aquella comparecencia -no recuerdo exactamente
cuándo fue- el Gobierno manifestó que en ningún caso
se haría a través de una empresa privada); es decir, ese
rechazo era hacia la gestión, no hacia una auditoría o un
asesoramiento técnico, puesto que esto, como es obvio, lo
tenía que realizar una empresa, como así fue. En el análisis
de dicha empresa se estableció una herramienta, que era la
creación de una sociedad estatal que tenía que tener, para
una mejor gestión del patrimonio de Defensa, una serie de
requisitos que incidían de manera muy importante en institutos
legales de la categoría, por ejemplo, del que he citado,
del derecho de reversión. Quería decirse que, para la
mejor gestión del patrimonio de Defensa, el proceso legislativo
que deberíamos seguir era un proceso enormemente
ambicioso y, por lo tanto, largo en el tiempo.
Independientemente de que ese informe se haga llegar
a SS. SS., la decisión del Gobierno en cuanto al presupuesto
de 1999 (que ya conocen SS. SS., y ahora empiezo a contestar
al diputado señor Marsal) era potenciar la acción de
la Gerencia de Infraestructuras. La dicotomía entre Gerencia
de Infraestructuras y sociedad estatal -y sin que el
Gobierno renuncie a ello- produce un conflicto jurídico
importante y, por lo tanto, requiere tiempo. Creo que nosotros
no deberemos estar esperando a que se produzca lo
óptimo para seguir gestionando con una herramienta que
hay que perfeccionar -y ahora diré por qué-, pero que,
mientras no tengamos otra, sigue siendo útil. Señalaba S. S.
que el estudio de Arthur Andersen establece un no a la privatización
de la gestión, establece la creación de una sociedad
estatal -a la cual me he referido- y además manifestaba
otra preocupación en relación con las condiciones de
cesión del patrimonio a otros determinados organismos
públicos, en caso de que no tengan un interés económico
cierto inmediato, es decir, cuáles serían las condiciones de
cesión, si sería cesión de uso o cesión a título pleno.
El Gobierno considera -y así lo ha presentado el
Grupo Popular en su proposición de ley- que las cesiones
no deben menguar el patrimonio futuro del Ministerio de
Defensa. Creo que todos estamos de acuerdo -he creído
entenderlo así- en que dicho patrimonio debe de tener,
por las necesidades presupuestarias que tiene y por el rigor
presupuestario que en estos momentos sujeta la acción del
Gobierno, una vía de financiación extraordinaria que no
debe ser menguada por ninguna otra acción. Entiendo que
la defensa es una acción del Estado absolutamente completa,
solidaria y única y, por lo tanto, la contribución que se
haga -digamos de vía indirecta- por aquellos que renunciarían
a la devolución de un hipotético patrimonio en base
a un hipotético derecho de un patrimonio que reclaman es
algo que debe entenderse, desde todos los sectores de la
vida nacional, como una fuente de financiación sensata de
una actividad fundamental del Estado como es la defensa.
Estoy de acuerdo con la matización que ha hecho el
señor Marsal, porque en la gestión del patrimonio de
Defensa hay dos aspectos: uno, la generación de recursos
y, otro, la aplicación de recursos. En cuanto a la generación
de recursos, es absolutamente evidente que con la herramienta
antigua (llamemos antigua a la Gerencia de Infraestructuras
tal y como se concibió en la Ley de 1984) el
Ministerio de Defensa ha multiplicado por tres los recursos,
obtenidos; sin embargo, yo creo que hay que multiplicarlo
por algo más, y ahora diré cómo van a ser los instrumentos
que vamos a tener el año que viene, que, además,
están en la Ley de Acompañamiento, en donde ya se califica
de una manera distinta la capacidad de gestionar recursos
del Ministerio de Defensa. En cuanto a la aplicación,
en la Ley de Acompañamiento nosotros establecimos la
posibilidad de, vía generación de crédito, poder financiar
recursos, es decir, necesidades de armamento y material
demostrándose que la vía de la generación pura y dura, tal
y como funcionan hoy en día las generaciones, no es el
método más indicado -debo decirlo- para poder llegar a
tiempo a ejecutar planes de modernización de la defensa,
cuya ejecución, por su naturaleza, requiere siempre mucho
más tiempo que dos o tres meses, máxime si se quiere -
como se quiere, cada vez más- ejercer la acción de aprovisionamiento
de Defensa por la vía de la participación
plena de todas las capacidades industriales, y me estoy refiriendo
al concurso y no a la compra directa.
Desde el punto de vista de la aplicación de recursos -y
reconozco lo que dice S. S.-, se ha demostrado que no es
eficaz. ¿Qué vamos a hacer? Que la Gerencia de Infraestructuras
-si se aprueba el proyecto de presupuesto presentado
al Parlamento- pueda aplicar directamente, no
vía generación de créditos, a la compra de armamento y
material -que pondría a disposición de Defensa como
pone ahora infraestructura- programas de armamento y
material.
Estos programas deberán tener tendencia a poder ser ejecutados
en el año cambiando programas de largo plazo, que
se financiarían con recursos ordinarios, por programas de
corto plazo, que se financiarían con recursos extraordinarios.
En cuanto a la gestión de venta, es decir, al incremento
de los recursos que se reciben, vamos a seguir insistiendo
en que se matice y potencie la capacidad de venta directa,
sometida siempre a las cifras que se establecen en la Ley
de Patrimonio, pero dando una agilidad al Consejo Rector
que se constituirá en la Gerencia de Infraestructuras, que se
convertirá en organismo autónomo administrativo pleno,
de acuerdo con la Lofage.
Si el año pasado gestionamos un incremento de 16.000
millones y esperamos que el de este año sea superior, seríamos
capaces de gestionar unos 20.000 millones de pesetas
al año aproximadamente, teniendo en cuenta todo el proceso
de desafectación y de depuración jurídica que se tiene
que hacer con el patrimonio. Eso supondría un notable
incremento de la capacidad de financiación del capítulo VI
de Defensa y será parte de la comparecencia de la semana
que viene.
Agradezco la intervención del diputado señor Fernández
de Mesa. Hemos hecho una gestión en el Ministerio de
Defensa basada en un trabajo intenso y que las cifras reconocen,
pero creo que la tenemos que mejorar; no se trata de
decir que lo hemos hecho muy bien, sino de decir que nos
queda muchísimo por hacer, sin duda. Ese muchísimo por
hacer intentamos plasmarlo en la Ley de Medidas del año
que viene. Habría que tener una gran prudencia política
-y se la pido a los grupos- a la hora de analizar cuál debe
ser el ámbito jurídico de esta nueva ley y a la hora de definir
el procedimiento para aplicar recursos que no tengan
interés económico inmediato cierto para la gestión de
Defensa, recursos que no se puedan convertir en líquido o
que no tengan ningún tipo de valor en el momento actual.
Desde el punto de vista de Defensa es una puerta con la
que nos podríamos encontrar para ese patrimonio extraordinario
que venimos gestionando y cuidando de manera
especialísima. Suponiendo que esté incurso en los casos de
no interés económico, sin una garantía de que ese patrimonio
pueda tener en su nueva aplicación el cuidado de otros
organismos de la Administración, creo que deberíamos ser
muy rigurosos a la hora de definir qué se puede ceder vía
no precio y qué no se debe ceder.
- LA EXPORTACIÓN DE ARMAMENTOS
ENTRE LOS AÑOS 1991 Y 1996. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente
213/000571).
- CAUSAS POR LAS QUE UN PROYECTIL DE
LA ARMADA CAYÓ, EN LA MAÑANA DEL
MARTES 30 DE JUNIO DE 1998, JUNTO ATRES
PESQUEROS QUE FAENABAN CERCA DE
CABO ROCHE (CÁDIZ), CON GRAVE PELIGRO
PARA SU INTEGRIDAD. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
(número de expediente 213/000722).
El señor PRESIDENTE: El señor Meyer me pide la
palabra para una cuestión de orden. Adelante, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Vamos a retirar el punto 4
del orden del día, toda vez que es una comparecencia que
ya hemos tratado en esta misma Comisión, a la espera de la
que tiene anunciada el Gobierno para informar sobre los
datos de 1997. Por tanto, solicito su retirada.
El señor PRESIDENTE: Queda retirado el punto
número 4.
También, como saben SS.SS. se había retirado previamente
el punto número 5.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Deseo anunciar a los comisionados
que después del debate de las proposiciones no de
ley, que haremos conjuntamente, llevaremos a cabo las
votaciones, que se efectuarán a partir de las doce. Por tanto,
a las doce votaremos las tres proposiciones no de ley que
figuran en los últimos puntos del orden del día, concretamente
los números 10, 11 y 12.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CÁRCELES NIETO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,
SOBRE LA FORMA EN QUE PARTICIPA
ESPAÑA EN LOS PROGRAMAS DE I+D DE
LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) Y
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL
ATLÁNTICO NORTE (OTAN) (número de expediente
181/001227).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas.
La primera es la número 6, del señor Cárceles, que tiene
la palabra.
El señor CÁRCELES NIETO: Señor secretario de
Estado, la capacidad de crecimiento de un país, así como
su crédito, vienen en gran medida dados por su disposición
y capacidad para participar en programas de investigación
y desarrollo. Por esta razón, queríamos conocer la opinión
del Gobierno y pedirle información sobre la forma en que
está participando España en los programas de I+D en la
Unión Europea Occidental y en la Organización del Tratado
del Atlántico Norte.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): La participación del Ministerio
de Defensa en los programas de investigación y desarrollo
dentro de la Unión Europea Occidental están encuadrados
en los proyectos del programa Euclid, promovidos
por los países pertenecientes al grupo de armamento de
Europa Occidental, quienes en noviembre del año 1996 se
integraron en la Unión Europea Occidental con el nombre
de Organización de Armamentos de Europa Occidental
mediante la firma de los ministros de Defensa de los países
participantes de su carta constitucional.
El programa Euclid, que es la cooperación europea a
largo plazo en defensa, consta de una serie de áreas comunes
de prioridad europea, y dentro de ellas se definen los
distintos proyectos de investigación y desarrollo con la
participación
de la industrias o de los laboratorios y centros de
investigación. La participación del Ministerio de Defensa.
en programas de investigación y desarrollo de la Unión
Europea Occidental asciende al número de 22 proyectos
con una inversión de 2.855 millones de pesetas, representando
esta cantidad el 70 por ciento de la aportación española
dado que las industrias participantes españolas financean
el 30 por ciento restante.
En lo que respecta a la participación en programas de
la OTAN, en noviembre del año 1996 se creó en el seno de
esta Organización la de investigación y tecnología mediante
la fusión de dos organizaciones existentes: el Grupo consultivo
para la investigación y desarrollo aeroespacial y el
Grupo de investigación de defensa, convirtiéndolo en
el único foro para la tecnología de defensa dentro de
la OTAN. Todos los programas de investigación y desarrollo
de esta organización están dentro del grupo citado, que
se divide en tres niveles.
Al nivel 1 le corresponde la Junta de investigación y
tecnología, que es la responsable de establecer la política
de prioridades del organismo y que reporta al Comité militar.
Esta Junta está sostenida por la Agencia de investigación
y tecnología, con sede en París y en Bruselas.
El nivel 2 de la organización está subdividido en seis
paneles. Estos paneles son consecuencia de la fusión de los
respectivos paneles del Grupo consultivo para la investigación
y desarrollo aeroespacial y del Grupo de investigación
de defensa, y son los siguientes: tecnología aplicada al
vehículo; factores humanos y de medicina; información de
tecnología de sistemas; estudios, análisis y simulación; sistemas,
conceptos e integración y sensores, y tecnología de
la electrónica. En los paneles citados se llevan a cabo los
programas y proyectos específicos, estudios, seminarios y
publicaciones diversas.
Por último, el nivel 3 es donde se lleva a cabo el trabajo
técnico. La Organización de investigación y tecnología se
rige por las mismas normas financieras que la OTAN, es un
organismo que depende del Comité militar y de la Conferencia
de directores nacionales de armamento y cuyos gastos
son cubiertos por ambos. El presupuesto de la Organización
de investigación y tecnología es aprobado, en
primer término, por la Junta de investigación y tecnología
y, posteriormente, por los comités presupuestarios civiles y
militares
La participación española se realiza a tres niveles. A
nivel de la Junta de investigación y tecnología, España
tiene dos delegados nacionales pertenecientes a la Digam
-Dirección General de Armamento y Material- y al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, asistidos ambos
por un coordinador nacional. En el segundo nivel, España
está representada en los seis paneles de manera que se tiene
una completa visión sobre las actividades que se realizan.
Para tener acceso a los resultados de los trabajos realizados
en el tercer nivel es necesario participar activamente en los
mismos. España está incluida en varios grupos de trabajo,
en estudios científicos a largo plazo, en grupos de dirección
y en grupos de estudio e investigación.
La participación en las actividades de este tercer nivel
tiene carácter voluntario y cubre todo el espectro tecnológico
no nuclear. Las actividades procedentes de antiguos grupos
consultivos para la investigación y desarrollo aeroespacial
están abiertas a la participación industrial a todos los
niveles, mientras que los provinientes del antiguo Grupo de
investigación de defensa constituyen solamente un foro
gubernamental. Existe un número mínimo de naciones
interesadas en que la corporación tenga lugar. En todo caso,
y contrariamente a lo que sucede en la cooperación en el
seno de la Unión Europea Occidental, estos programas se
realizan sin financiación específica del Ministerio, puesto
que son asumidos dentro de los gastos de funcionamiento
de los organismos y empresas participantes.
Adicionalmente, España participa en otros programas
de I+ D de la OTAN surgidos de otros grupos OTAN como
el Grupo de armamento naval o como la Junta de mando,
control y coordinación de la OTAN. Entre estos programas
se encuentra el sistema de defensa antitorpedo para buques,
la modernización del sistema de misiles para defensa de
buques sea sparrow, la normalización de los sistemas de
comunicaciones tácticas para después del año 2000 o la
iniciativa Cals sobre adquisiciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: No hace falta, me doy
por sastisfecho.
- DEL SEÑOR TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO
SOBRE FORMA DE ASEGURAR LA
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN
DE MATERIAL DE DEFENSA, TANTO EN
ESPAÑA COMO EN EL EXTRANJERO (número
de expediente 181/001228).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del
señor Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular,
sobre la forma de asegurar la calidad en los procesos de
adquisición de material de defensa, tanto en España como
en el extranjero.
Señor Torres.
El señor TORRES GÓMEZ: Señor secretario de Estado,
en un pasado reciente algunas actuaciones de ciertos
ministerios -que no es el caso mencionar ahora- en la
adjudicación de contratos millonarios han dado como
resultado un grave perjuicio para la Administración del
Estado, precisamente por la falta de control de las calidades
y por incumplimiento, consentido también, de las especificaciones
de los proyectos. Los casos se podrían contar
por cientos.
En el caso objeto de esta pregunta, es la Dirección
General de Armamento y Material la responsable de programas
de miles de millones de pesetas cuya inversión es
necesaria para nuestra defensa.
El volumen que alcanzan las adquisiciones de sistemas
de armas hacen necesario extremar los controles sobre
todos los procesos que intervienen en la misma, inspecciones
industriales, normativa OTAN, órganos de contratación,
etcétera. Para que esta Comisión tenga un conocimiento
más exhaustivo de ello es por lo que le pregunto
qué forma de asegurar la calidad en los procesos de adquisición
de material de defensa, tanto en España como en el
extranjero, tiene el Ministerio de Defensa.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): El aseguramiento de la calidad
de los productos que adquieren los órganos de contratación
del Ministerio de Defensa lo realiza el área de inspecciones
industriales de la Dirección General de Armamento
y Material. Para llevar a cabo esta función, esta
Dirección General cuenta con la política, metodología y los
recursos materiales y humanos apropiados. El área de inspecciones
industriales tiene las inspecciones técnico-receptoras
de defensa distribuidas por todo el territorio nacional,
que son los órganos ejecutivos locales en los que se
encuentra destinado el personal competente de los cuerpos
de ingenieros de los ejércitos, que son los que, a su vez y en
última instancia, están en contacto directo con las empresas
que suministran el material que contratan los distintos órganos
del Ministerio de Defensa.
Los procedimientos empleados por el área de inspecciones
industriales coinciden con los establecidos por la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y se describen
en sus publicaciones -perdonen por decirlo en
inglés- Allied Quality Assurance Publications, que son
las publicaciones del aseguramiento de la calidad de los
países aliados.
Desde el año 1985 se han firmado con los países de
la OTAN acuerdos de cooperación en el ámbito de aseguramiento
mutuo de la calidad. En este sentido, cuando se
fabrica en España un material -y esto es un punto importante-
adquirido por un país de la OTAN, son nuestros
propios ingenieros inspectores quienes realizan las labores
adecuadas para asegurar la calidad de dicho material. Y, en
reciprocidad, cuando se adquiere un material en un país de
la OTAN, son los inspectores de dichos países los que avalan
la calidad del material contratado, realizando los cometidos
propios del aseguramiento de la calidad y produciéndose
un ahorro para ambos países cooperadores notable en
cuanto a desplazamientos y otro tipo de gastos similares.
El Ministerio de Defensa tiene declarado de obligado
cumplimiento, además, la normativa de aseguramiento de
la calidad Pecal de la serie 100, que es la versión española
de las normas citadas anteriores de la OTAN. La Orden
Ministerial 65/1993, de 9 de junio, indica que las actuaciones
que comprende la gestión del aseguramiento de la calidad
de las adquisiciones de material de defensa deberán ser
extremadamente rigurosas y establece para ello unos parámetros.
La instrucción 39/1998, de 18 de febrero, desarrolla
de forma pormenorizada las actividades de calidad a
realizar tanto por los órganos de contratación como por la
Dirección General de Armamento y Material, que básicamente
consiste en que los contratos deberán incorporar las
cláusulas administrativas y técnicas de aseguramiento de la
calidad que figuran en dicha instrucción. Con la incorporación
de estas cláusulas se obliga, por un lado, a los contratistas,
tanto nacionales como extranjeros, a tener unos sistemas
de calidad, de conformidad con la exigencia
normativa de aseguramiento de la calidad que en ella se
recoge, la Pecal; y, por otro, permite que los servicios oficiales
de aseguramiento de la calidad supervisen y controlen
el desarrollo y la fabricación de los productos de esas
empresas, de acuerdo precisamente con esas normas y no
necesariamente con conocimientos previos que pudiesen
obviarlas.
El resultado final del aseguramiento de la calidad del
material de defensa es la emisión del certificado de conformidad
de calidad expedido por el contratista y refrendado
por el área de inspecciones industriales de la Dirección
General de Armamento y Material, sin cuyo requisito no
podrá ser recepcionado el material o servicio.
- DEL SEÑOR PERALES PIZARRO, DEL GRUPO
SOCIALISTADEL CONGRESO, SOBRE EXPLICACIÓN
QUE SE PUEDE DAR SOBRE ELINCIDENTE
OCURRIDO FRENTE A LA COSTA
CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), EN QUE
UN PROYECTIL IMPACTÓ A 5 METROS
APROXIMADAMENTE DE UN PESQUERO
DEL PUERTO DE CONIL (número de expediente
181/001692).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número
8, del señor Perales Pizarro, del Grupo Socialista, sustituido
en este trámite por la señora Romero, sobre el incidente
ocurrido frente a la costa de Conil de la Frontera
(Cádiz), en que un proyectil impactó a 5 metros aproximadamente
de un pesquero del puerto de Conil.
Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Pido su consideración
porque voy a intentar explicar en breve tiempo cómo acaecieron
los hechos según la información que salió recogida
en prensa y que es la que tiene esta diputada que les habla.
Parece ser que los últimos días de junio cae un obús a
5 metros del pesquero Hermanos Camacho. Los dos tripulantes
oyen un silbido y una gran explosión en aguas cercanas
a Cabo Roche. Esto ocurre el 31 de junio, según mis
datos, a las once y cuarto de la mañana. La cofradía dice
que estos sucesos se han producido varias veces y que las
maniobras militares afectan cada vez en mayor medida a
las labores de pesca. Hay que tener en cuenta el cuidado
que los pescadores y la población de Conil están teniendo
con un caladero en el que se han instalado arrecifes artificiales
y que gran parte de su población vive de la pesca
artesanal. La cofradía dice que el punto exacto de las coordenadas
no coincide con las transmitidas por la Comandancia
Naval de Cádiz. Allí faenaban, además, otros dos pesqueros,
el María Isabel y el María Elena, que por su
cercanía al lugar de los hechos son testigos de lo que ha
ocurrido. La cofradía de pescadores de Conil habla de los
perjuicios económicos que ocasionan las maniobras de
Cabo Roche, del Retín y las de Campo Soto al sector pesquero
de Conil, de Barbate y de las zonas colindantes.
Hay abundantes cartas de la cofradía de pescadores a
todas las autoridades civiles, militares y autonómicas.
La información oficial que se facilita, según informaciones
de la prensa, es que la Jefatura del Estado Mayor de
la Armada confirma que fueron ejercicios de tiro con fuego
real, realizados desde la batería de costa del polígono de
tiro de Torregorda. El Instituto Hidrográfico de la Armada
informa, a través de la red Mercurio, de la celebración de
estas prácticas, especificando siempre el tipo de prácticas y
la zona. Esta información va a las estaciones de radio costeras
que, a su vez, la suministran a los barcos pesqueros.
Parece que estas prácticas estaban programadas para el 16,
26, 29 y 30 de junio. La Armada no inicia ninguna investigación
porque no dependen de ella las instalaciones desde
donde se produjeron estos disparos, siendo Defensa quien
debe pronunciarse.
Ante esta información, la cofradía de pescadores, la
mancomunidad de municipios, las autoridades municipales
de aquella zona piden explicaciones a Defensa. Continúa la
información oficial en la prensa diciendo que Defensa
niega que cayera ese obús cerca del pesquero y que esas
maniobras se hacen los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de
julio, es decir, hay una cierta contradicción en las fechas.
Supongo que son contradicciones de algunas informaciones
que no coinciden en los días que se facilita la información
en los medios de comunicación. Defensa dice que destaca
un barco de vigilancia con radares y que es dudoso
que el barco pesquero estuviera a 5 metros. Esta información
de Defensa es, a su vez, abundada por un desmentido
de las autoridades civiles, tanto por el delegado del Gobierno,
señor Torres Hurtado, como por el subdelegado del
Gobierno de Cádiz, señor Osuna. Según esta información,
el incidente no ha existido. Apartir de ahí, como comprenderá,
las reacciones de los pescadores, que se ven injustamente
acusados de haber mentido al hablar de un incidente
que no ha existido, son bastante desagradables y podrían
haberse evitado.
Señor secretario de Estado, ¿cree que los pescadores
han mentido gratuitamente? ¿Cree que merecen la desconsideración
del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, que no
sólo no recogen su preocupación y su alarma, sino que
encima son acusados de mentir? ¿Qué pretende Defensa
diciendo que es dudoso que este percance haya sucedido
cerca del barco de pescadores Hermanos Camacho? ¿Ha
iniciado una investigación que satisfaga a la cofradía, o va
a tener por norma considerar mentirosos a los pescadores y
dará crédito siempre a las informaciones internas? ¿Va a
ser ésta la política informativa en lo sucesivo? Éstas son las
preocupaciones que esta diputada quiere transmitirle y
espero que su respuesta sirva para aclarar estos términos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Durante los días 29 y 30 de
junio y 1 y 2 de julio se realizaron pruebas balísticas del
nuevo obús 155/52 de la Empresa Nacional Santa Bárbara,
en el polígono Costilla. Su objeto era el estudio del comportamiento
balístico de la munición disparada por este
obús.
En una intervención previa esta misma mañana ya he
manifestado que es absolutamente necesario al interés de
Defensa, que es también el interés de España, contar con
unos lugares en los que podamos comprobar que todo el
esfuerzo que hacemos para tratar de dotar a España de una
defensa consecuente con su posición interna y en el mundo
tiene un sentido, tiene una utilidad, una eficacia. Por eso
entendemos que estas pruebas se tienen que hacer, como se
hacen en todos los demás países del mundo.
Las citadas pruebas, como decía, se realizaron en el
polígono de experiencias Costilla, ubicado en Torregorda,
que es una unidad dependiente, como decía S. S., de la
Dirección General de Armamento y Material, pruebas que
se desarrollan con munición inerte, es decir, sin carga
explosiva. Primer punto que me interesa señalar. Todos
estos aspectos que estoy diciendo son plenamente comprobables,
porque no hay ejercicio de tiro que no tenga establecido
un protocolo de pruebas, donde se pueden comprobar
todas estas cosas.
Para la realización de estas pruebas se requirió a la zona
marítima del estrecho la publicación del correspondiente
aviso a navegantes, siendo el Instituto Hidrográfico el que
puntualmente lo difundió. Asimismo, se difundieron las
correspondientes notificaciones a los aviadores para obtener
la correspondiente reserva del espacio aéreo. Se estableció,
además, relación directa con la autoridad portuaria
para obtener autorización de acceso de los radares de vigilancia
a la posición más adecuada, no sólo para apoyar el
registro de los parámetros balísticos, sino, fundamentalmente,
para garantizar la completa seguridad en la realización
de las pruebas, como se hace siempre.
Además de lo anterior, y para mayor seguridad, en
fechas previas a las de realización de las pruebas, el polígono
de experiencia se puso en contacto con la cofradía de
pescadores de Conil y con la sociedad que administra la
armadora de Barbate para reiterarles el aviso que habían
recibido ya por vía oficial de que las pruebas se iban a realizar.
El 30 de junio, que no el 31, de 1998, segundo día de
los ejercicios de tiro, se desarrollaron las pruebas programadas
y en todo momento la zona de caída de proyectiles
estuvo controlada por los siguientes medios del polígono
de experiencias Costilla: dos radares de vigilancia, situados
en Torregorda; dos radares de localización de pique, situados,
uno en Faro de Roche y el otro en Torrenueva, y una
embarcación de vigilancia del castillo de Sancti Petri, perteneciente
al citado polígono, situada en las proximidades
del punto de caída de los proyectiles.
En las pantallas de todos esos radares se detectó la
situación de las embarcaciones que navegaban en las proximidades
de la zona de caída de los proyectiles, estando el
pesquero más cercano a dicha zona a 1.275 metros de la
misma. Los citados pesqueros se encontraban dentro de la
zona en la que se publicó el aviso para navegantes, que,
además, se encuentra marcada en las cartas náuticas como
zona prohibida de pesca y arrastre.
En resumen, la munición que se empleó no tenía carga
explosiva y, por tanto, no pudo explotar. Segundo, el pesquero
estaba situado a una distancia de 1.275 metros, en
comparación con los 5 metros que se alegan por la otra
parte, diferencia lo suficientemente amplia. Sin embargo,
el Ministerio de Defensa no va a decir nada en cuanto a las
declaraciones de los marineros y de los pescadores de Barbate,
a los que respeta extraordinariamente, siendo prueba
de ese respeto todo este procedimiento que le acabo de
referir. Ahora bien, el Ministerio tiene también el derecho a
que, después de todo este procedimiento, se tenga en consideración
su manifestación porque, además, cada pique de
los caídos está establecido en un determinado mapa de
piques.
Señoría, no vamos a entrar en si creemos que han mentido,
porque no es nuestra misión; el Ministerio de Defensa
comparece aquí para decir lo que le consta, no lo que alega
la otra parte. Ni siquiera diremos si sería mejor que, en vez
de hacer ejercicios de tiro en esos lugares, se pescase. Lo
que sí vamos a decir es que, jurídica y administrativamente,
es una zona excluida para la pesca, que había unos pesqueros
dentro de esa zona, que se les había avisado de que
iba a haber pruebas, que el proyectil cayó a 1.275 metros
del pesquero más cercano y que todo eso está establecido,
en unos determinados planos, en unos determinados
mapas, por unos sistemas y unos sensores que lo pueden
demostrar.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor secretario de
Estado, incluso en el caso de que no tuvieran carga explosiva,
incluso en el caso de que no fueran 5 metros, e incluso
en el caso de que fueran zonas que no eran para la pesca de
arrastre, lo que sí es cierto es que la política informativa
que tuvo el Ministerio de Defensa y desde luego la actitud
que mantuvieron las autoridades civiles en aquel momento
probablemente creó un problema donde no lo había, probablemente
donde podría haberse evitado.
Si es cierta la versión que da el Ministerio de Defensa,
y yo no tengo por qué dudarlo, lo que sí es cierto es que se
ha generado un problema que, probablemente, con una
buena política informativa del Ministerio de Defensa y
desde luego con una actitud diferente, tanto del delegado
como del subdelegado del Gobierno en Cádiz, se podría
haber evitado.
Usted sabe que aquí el contencioso no es un contencioso
jurídico, sino un contencioso político. Estos problemas
podrían haber existido antes, pero si ahora salen a la luz
uno tiene que preguntarse por qué razón pueden salir a la
luz incidentes de esta naturaleza, si pueden haberse incrementado
las actuaciones, o si las fechas son impropias.
Tenga en cuenta que se celebran a principios de julio, en
plena temporada turística, con lo que se genera alarma en
la población. Además, esa provincia, de la que soy diputada,
tiene su apuesta en el desarrollo turístico de la zona y en
el desarrollo de esa pesca artesanal. Piense el Ministerio de
Defensa si se han incrementado las actuaciones y en fechas
impropias y si se reciben instrucciones que no favorecen el
diálogo con los sectores sociales. Puede ser que se esté
generando una actitud de hostilidad gratuita hacia las Fuerzas
Armadas. No es la primera vez que se producen conflictos
de esta naturaleza. Es una situación delicada la que
se vive en una provincia que, como sabe muy bien, tiene
servidumbres de la defensa en grado sumo.
Tengo que decirle que usted forma parte de un Gobierno
que probablemente ni conoce ni comprende a la provincia
de Cádiz, a pesar de ser la destinataria principal de las
servidumbres, porque si esto hubiera ocurrido de otra
manera a lo mejor nos habríamos ahorrado el problema.
Ahora la población tiene derecho a saber, por ejemplo, por
qué han triplicado el presupuesto de defensa y hasta ahora
no han sabido cuáles son las contraprestaciones a esa servidumbre;
sin embargo, se ha disminuido tres veces la cantidad
destinada a infraestructuras. Ése es el fondo del problema.
Si los pescadores tienen que sufrir las relaciones con
Marruecos, si los pescadores tienen que soportar ahora las
relaciones con Gibraltar, tienen que soportar también unas
malas relaciones con las Fuerzas Armadas, con incidentes
que este Gobierno se podía haber ahorrado, ¿qué se pretende
con esto? Probablemente sea la torpeza su peor aliado
en estos momentos, pero no inicien un camino peligroso,
no lo sigan, por el aprecio que todos tenemos a las Fuerzas
Armadas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): Me alegro mucho de saber,
después de su intervención, señoría, que se aprecia a las
Fuerzas Armadas, porque he podido comprobar que toda
acción de las Fuerzas Armadas, aunque esté tan perfectamente
establecida como ésta que acabo de describir, tiene
una determinada contestación.
En cuanto a la actitud informativa, quiero decir que la
primera reacción que tuvo el Ministerio de Defensa cuando
se produjo la denuncia fue hacer una determinada investigación
y comparecer ante esta Cámara, cuando ha sido llamado,
a explicar qué pasó. Desconozco las intervenciones
del delegado y del subdelegado, pero desde luego estarían
en esa línea, y en la línea de la investigación, y de lo que
hoy tenemos encima de la mesa.
Por lo tanto, creo que ni hay una actitud del Gobierno,
como S. S. quiere presentarla de desinformación y
desprecio al pueblo de Cádiz ni hay una hostilidad gratuita
de los habitantes de Cádiz hacia las Fuerzas Armadas.
Si me permite S. S. que lo diga, este secretario de
Estado pasa sus vacaciones en Cádiz, a pesar de no ser
de la zona, precisamente porque le parece que es una provincia
entrañable, además de tener grandes recursos
turísticos, y jamás ha detectado una actitud en contra de
las Fuerzas Armadas.
Y en este caso de Conil, no me parece que haya que
extrapolar la situación del incidente que allí se produjo y
que se acaba de explicar perfectamente a los grandes problemas
presupuestarios. Cádiz es una provincia tradicionalmente
vinculada a Defensa, lo que tiene unos inconvenientes
y unas determinadas ventajas; la política general
del Estado en Cádiz no se circunscribe a las Fuerzas Armadas
y nosotros procuramos cumplir con Cádiz, como S.S.
sabe y como se ha explicado esta mañana en esta sesión de
comparecencia, con una especial sensibilidad y una especial
atención. Reconocemos su esfuerzo muy sustancial,
por su posición geoestratégica, por su tradición militar y
por haber sido la puerta de América para España. Yo
entiendo que Cádiz aporta a España lo que considera que
debe aportar, y en reciprocidad a esa libertad y a esa solidaridad
de Cádiz hacia el resto de España, el Gobierno, y muy
particularmente el Ministerio de Defensa, devuelve a Cádiz
lo que entiende que puede devolver. No pienso, por lo
tanto, que haya ninguna queja. Yo, desde luego, no tanto
como secretario de Estado, sino personalmente, he comprobado
que las relaciones entre el pueblo de Cádiz, el pueblo
de San Fernando, el pueblo de Rota y las Fuerzas
Armadas son magníficas. Se dan estos incidentes que pueden
ocurrir en las mejores relaciones, que se solventan con
claridad, y, si me permite decirlo, creo que S. S. trata de llevar
un incidente, incidente que ya ha intentado aclarar el
Gobierno con datos puntuales y precisos, a una situación
que yo creo que no existe.
En cualquier caso, le reitero, señoría, la sensibilidad
del Gobierno y le ruego que, si hubiese alguna queja particular,
específica, sobre algún aspecto puntual de las relaciones
de la Defensa con Cádiz, la manifieste concreta y
específicamente. No dude S. S. de que existe una sensibilidad
especial, como vengo reiterando, del Ministerio hacia
una provincia que tanto aporta a la defensa de España,
como dice S. S.
- DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE
BLINDAJES LIGEROS (número de expediente
181/001757).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor
Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular, sobre
valoración de la suscripción del protocolo para la puesta en
marcha del proyecto de investigación de envejecimiento de
blindajes ligeros.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: El motivo de la pregunta
está en que hace, aproximadamente, dos o tres meses
el Consejo de Ministros autorizó, en su correspondiente
reunión, la suscripción de un protocolo y un gasto de 66
millones de pesetas en cuatro años para la puesta en marcha
de este proyecto de investigación. Quería conocer el objetivo
de este programa de investigación, por una parte, si el
Gobierno puede facilitar la información, y, por otra, saber si
dentro del objetivo de este programa existía la posibilidad
de comparar las características que presentan los materiales
sometidos a los procesos de degradación que en el protocolo
se contemplaban; sobre todo, como decía en principio, si
podían concretar los objetivos de este programa de investigación
que se referirían a la mejora del conocimiento y
comprensión del comportamiento de los blindajes ligeros
por distintos elementos que los componen.
Éste era el objeto de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA
DEFENSA (Morenés Eulate): He comentado antes el problema
de la cooperación de largo plazo en Defensa, que
está promovido por los países del grupo de armamento de
Europa occidental y que es una iniciativa en el campo de la
investigación y tecnología en temas de defensa, cuya finalidad
es la optimización de los recursos destinados a estas
materias.
Este programa se divide en áreas comunes de prioridad,
que expliqué también, y una de ellas se encuentra dedicada
a materiales y estructuras avanzadas. En el marco de esta
última se encuentra el proyecto RTP 319, cuyo título es:
Efectos operacionales y de envejecimiento sobre blindajes
ligeros por elementos. El protocolo de puesta en marcha ha
sido firmado en el mes de julio del presente año. Este proyecto
tiene como objetivo incorporar los resultados del
envejecimiento y otros daños producidos durante la vida
útil de los blindajes a los modelos de diseño bidimensional
y tridimensional sobre tamaño y tipo de configuración de
blindajes por elementos modulares, desarrollados en dos
proyectos anteriores en los que también participó el Ministerio
de Defensa español, que son el 302 y el 316.
Participa España en este proyecto junto con Dinamarca,
Italia y los Países Bajos, y por parte de la industria nacional
es la Empresa Nacional Santa Bárbara la que participa en
este proyecto. Recordará S. S. que habíamos comentado
que la financiación solía ser 70-30 entre los Estados y las
industrias.
En cuanto a su interés operativo, el proyecto permitirá
obtener un mejor conocimiento y comprensión del comportamiento
de los blindajes ligeros por elementos, así
como evaluar la capacidad de los mismos frente a las condiciones
ambientales que actúan a lo largo de su vida operativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Molina, si
no quiere intervenir, damos por terminado el bloque de preguntas
y agradecemos al secretario de Estado su presencia
en la Comisión y su respuesta minuciosa a las diferentes
cuestiones.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A CESIÓN POR EL MINISTERIO DE
DEFENSA DEL EDIFICIO DESAFECTADO DEL
GOBIERNO MILITAR ALAYUNTAMIENTO DE
FERROL (LA CORUÑA). PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número
de expediente 161/000718).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate y
votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, la que figura con el número 10, del
Grupo Parlamentario Mixto, proposición no de ley relativa
a cesión por el Ministerio de Defensa del edificio desafectado
del Gobierno Militar al Ayuntamiento de Ferrol
(La Coruña).
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor
Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para entender la
importancia de esta proposición no de ley, empezaremos
por recordar que, según informaciones del Gobierno, Galicia,
con una extensión, por supuesto, muchísimo menor, es,
inmediatamente después de Andalucía, la comunidad que
tiene más bienes inmuebles de Defensa desafectados, abandonados
e infrautilizados. Yesto sin contar con los muchos
inmuebles que, aunque están afectados por Defensa, no son
utilizados para ningún fin militar y están en un estado prácticamente
letárgico y de abandono total.
Un dato puede ser elocuente. Una ciudad que tiene
83.000 habitantes tiene un bien inmueble, el cuartel Sánchez
de Aguilera, prácticamente abandonado, sólo con una
presencia residual, de una extensión de 9,5 hectáreas,
95.000 metros cuadrados, situado en el centro urbano
mismo de la ciudad.
Esto nos puede dar una idea. Y todos los intentos que
hizo el Ministerio de Defensa hasta ahora para deshacerse,
por ejemplo, de este inmueble, uno de los situados en el
centro de la ciudad, lo hacía siempre que hubiese un pago
previo de 2.000 millones de pesetas, que puede parecer una
cifra ridícula si realmente va destinada a un gran especulador
de una ciudad en ascenso económico o simplemente
con gran capacidad de construcción y, por lo tanto, con
gran capacidad de movilidad del parque de viviendas, pero
no es el caso en una ciudad en que no solamente baja la
población, sino que, además, hay una gravísima crisis económica,
industrial y social.
Otro tipo de dialéctica podría estar representada por
muchos otros edificios o extensiones de terreno que tienen
una mayor incidencia, también situados en el centro de la
ciudad, y que empezaron siendo subastados por Defensa
por 500 millones y al final tuvieron que dejarlo, incluso
para gran especulación urbanística, por 350 millones de
pesetas. Es el caso, por ejemplo, de la parcela de intendencia,
que fue cedida gratuitamente a Defensa en 1941 y
que sólo a través de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento
acabó siendo destinada a construcción civil. La
superficie real de esta parcela son 5.600 metros cuadrados
en el centro de la ciudad. Podríamos poner el ejemplo de
edificios nobles, pero prácticamente habitables a nivel
familiar, como es el destacamento de la Comandancia
Regional de Obras, que empezaron siendo ofertados por 47
millones en subasta pública, también en el centro de la ciudad,
y acabaron, lógicamente, siendo vendidos por una
cantidad muchísimo menor.
El Gobiemo Militar que ahora nos ocupa fue antiguamente,
ya desde el siglo XVIII, cárcel y más tarde primer
instituto de enseñanza media de la ciudad, y el Ministerio
de Defensa, una vez que lo abandonó totalmente, hizo un
precio tasado, inasumible por una Administración local que
está en las circunstancias que está, 350 millones de pesetas.
Después, lógicamente, había que invertir en arreglar toda
su estructura interna, como corresponde a un edificio del
siglo XVIII, que, además, pasó por usos tan diferenciados y
por obras en su estructura interna tan diversificadas funcionalmente.
Si a esto, por citar unos ejemplos nada más, añaden
ustedes las inmensas murallas de Bazán, hoy aún sin derribar,
a pesar de que gran parte de la muralla no oculta ningún
tipo de edificio o de base logística que tenga un interés
militar, o todas las zonas de la costa, de gran belleza y de
importancia paisajística y ecológica, como el polígono de
tiro de Doniños, que siguen ahí estando actuante, por cierto,
con un grado de agresión visual e impacto incluso ecológico
para seguramente ser abandonado cuando a Defensa
le venga en gana; o el sinnúmero de cuarteles, de baterías e
instalaciones militares por toda la costa, por no citarles los
ya mentados BIC, (bienes de interés cultural), declarados
como tales, como el castillo de San Felipe, o el de La
Palma, o el monasterio de Santa Catalina, en Ares, en proceso
de declaración de BIC, o el cuartel de As Torres, que
es el edificio civil posiblemente más importante de toda
Galicia, con una estructura barroca y que va a ser abandonado
al final, por lo menos para fines militares, por Defensa
-podríamos seguir enumerando-; tendrán ustedes una
radiografia aproximada, pero aún así no bien elocuente de
la situación de esa comarca.
El Ayuntamiento hizo un avance del Plan general de
ordenación urbana en 1997, donde aparece el Gobierno
Militar, que está cerrado y abandonado, destinado a un sistema
de dotaciones comunitarias. El Ministerio de Defensa
no hizo sugerencia alguna por lo demás para rectificar este
tipo de finalidad, dotación comunitaria, que sí lo hizo en
otros casos. En ese caso, dejó, efectivamente, la finalidad
asignada por el avance del Plan general de ordenación
urbana, que fue aprobado por unanimidad el 24 de abril
de 1998 por la Corporación local.
Ustedes saben que el Bloque Nacionalista Galego, nada
más llegar a este Congreso de los Diputados, intentó que se
modificase de una manera moderada la Ley de la Gerencia
de Infraestructuras de Defensa, de 1984. Comenzamos por
un debate plenario, creo que en abril de 1996 o posiblemente
un poco más tarde, que no dio los frutos requeridos,
aunque a la larga significó una presión para que el Gobierno
la modificase en cierta forma, aunque no la deseada,
modificación que por cierto aún está en trámites. En esta
misma Comisión se trataron proposiciones no de ley del
BNG para conseguir que se cuidasen algunos de estos BIC
(bienes de interés cultural), como el castillo de San Felipe
o el monasterio de Santa Catalina, y que de alguna manera
se posibilitase su cesión para usos civiles a la corporación
local respectiva y/o a la Xunta de GaIicia. Afortunadamente,
vuelvo a repetir, la presión llevó a que el Partido Popular,
por su propia iniciativa, no del Gobierno, presentase
una modificación parcial de la Ley de 1984, la cual contempla,
aunque de una manera un tanto problemática, la
cesión gratuita de los bienes.
Quiero recordar a SS. SS. que no estamos, por lo tanto,
ante un capricho, estamos ante una imposibilidad. Si las
arcas locales fuesen suficientes, que no lo son en ningún
caso y en este muchísimo menos, si la movilidad urbanística,
la capacidad de construcción y la situación social diesen
para grandes maniobras especulativas en el caso de
Ferrol, aún se podría entender, desde determinadas opciones
políticas, sostenello y no enmendallo y no comer ni
dejar comer, pero es que, además, en este caso hay un
impago de tributos locales por actividades y patrimonio
inmobiliario de la Armada y el Ejército de Tierra en los
diez últimos años que asciende a más de 2.000 millones de
pesetas y que están incobrados. Lógicamente, esto lleva a
que todas las fuerzas políticas, sin distinción ideológica,
tengan que reconocer que tienen que buscar alguna manera
de hacer frente a un gravísimo problema urbanístico, gravísimo,
como no lo tiene ninguna ciudad del Estado español,
ninguna -vuelvo a afirmarlo, ninguna-, y a un proceso
de declive y deterioro brutal. Algo tendremos que hacer.
Nosotros entendemos que Defensa afecte todo lo que quiera,
pero, por favor, si lo afecta, que lo use. Y entendemos
que abandone, pero entonces que posibilite alguna forma
de uso de eso que abandona que no sea especulativa y que
no sea leonina e imposible de asumir, vuelvo a repetir, por
un gobierno local de cualquier color, da igual, porque, aunque
quisiesen, no lo podrían asumir. Ypor eso el 26 de septiembre
de 1997 hubo un acuerdo unánime de la corporación
local en pleno que pedía que, teniendo en cuenta que
el Ministerio de Defensa tiene comunicado a este Ayuntamiento,
en relación con los trabajos de revisión y adaptación
del Plan general municipal de ordenación urbana, y
que el edificio del Gobierno Militar carece de interés para
el Estado Mayor del Ejército, el Ayuntamiento de Ferrol,
previa elaboración de un plan de usos, solicitará a Defensa
la cesión gratuita de este inmueble para fines públicos,
resolución de la que se dio cuenta a todos los organismos
estatales interesados. En este caso, se trata de un edificio
emblemático, centro de arquitectura singular y con amplio
espacio, que podría tener unos usos públicos adecuados,
que fue un instituto hasta los años cuarenta y que, por lo
tanto, siempre tuvo un uso de carácter civil, que está dentro
del patrimonio histórico-artístico, edificio del siglo XVIII, y
abandonado. Nosotros pensamos que lo mejor sería una
cesión gratuita, ya que, desde luego, no tiene un interés
económico cierto, sobre todo si se mantiene como patrimonio
histórico-artístico con su actual configuración. Si se
quisieran hacer viviendas, para que fuese rentable, cada
vivienda costaría la friolera de 50 a 100 millones de pesetas,
o posiblemente más.
Señorías, pedimos que, dentro de la legalidad, haya
voluntad política para un gravísimo problema de esta ciudad,
que fue rehén del Estado español desde el siglo XVI, especialmente
desde el XVIII, y hasta fueron importante en las
costas atlánticas estratégicamente para la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y para los Estados Unidos. Hoy
está seria y progresivamente abandonado y comprenderán
ustedes que no sería de recibo, aunque se intentase, pasar
este edificio, patrimonio histórico-artístico, a pública subasta,
porque ya indiqué, al margen de discrepancias políticas o
de la visión que tenemos sobre el problema, que aun intentando
hacerlo, si se mantiene su valor de patrimonio histórico-
artístico, es inviable para una maniobra de carácter especulativo.
Lo único que queremos es su integración en la
sociedad, que tenga una nueva funcionalidad y todo esto
dentro de la concepción de que las propiedades del Estado
son un bien común a proteger, que no deben ser pasto de
especulación, que no se debe tolerar su deterioro, que deben
tener usos sociales responsables, sobre todo, a partir de la
tesis de que todo el mundo tenemos derecho a comer, y, en
primer lugar, el Ministerio de Defensa, pero todos tenemos
también el deber de pedir que nos dejen comer.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley
ha presentado el Grupo Popular una enmienda de texto
alternativo, que creo que ya conoce el resto de los grupos.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO:
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte gran
parte -valga la redundancia- de los argumentos utilizados
por el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, del
Grupo Parlamentario Mixto; no así los términos tan duros
del preámbulo de la proposición no de ley, hablando de
especulación o, como se decía en este mismo momento, de
ser rehén de la historia desde el siglo XVIII, en que la Armada
o el Ejército se implantan en la ciudad de Ferrol.
Recordando aquella anécdota de la paloma de Kant, que
veía en el aire, en lugar de la fuerza que posibilitaba el
vuelo, una especie de impedimento o de recurso en contra,
no podemos olvidar que gracias a que hasta hoy existe una
presencia importante de las Fuerzas Armadas, la ciudad de
Ferrol es en gran medida lo que hoy es y lo que probablemente
siga siendo en el futuro, por su dependencia de los
astilleros, de los arsenales, de la propia presencia de los
acuartelamientos del Ejército de Tierra, de la Armada o de
la Infantería de Marina.
Teniendo en cuenta que se cita el cuartel de Dolores,
que todavía está totalmente en vigor, puesto que allí está
destinada la Infantería de Marina con su regimiento, de la
misma manera que el de artillería del Ejército de Tierra,
que tratamos que no se vaya de la ciudad, el Grupo Parlamentario
Popular sí está de acuerdo en que en este caso
concreto -de la misma manera que en otros ya tratados
con ocasión de proposiciones no de ley presentadas en esta
misma legislatura que hacían referencia, como decía el
señor Rodríguez Sánchez, tanto al castillo de San Felipe
como al monasterio de Santa Catalina-, la especial singularidad,
emplazamiento e historia del Gobierno Militar de
Ferrol merecen un tratamiento especial para la resolución
de un problema que el Grupo Parlamentario Popular ha tratado
de solucionar a nivel nacional, presentando una modificación
de la Ley de Gerencia de Infraestructuras.
Por ello, considerando que es perfectamente razonable
que un edificio que se encuentra abandonado en el centro
de la ciudad, un edificio histórico, vinculado por muchas
razones a la historia de la ciudad de Ferrol, presentamos
este texto alternativo a la proposición no de ley del Bloque
Nacionalista Gallego, del Grupo Parlamentario Mixto, en
los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que en el plazo más breve posible se inicien
los trámites entre la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio
de Defensa y el propio Ayuntamiento de Ferrol para
proceder a la firma del pertinente convenio entre ambas
instituciones, de acuerdo con la legislación vigente y con la
proposición no de ley 161/1974, del pasado 18 de diciembre,
aprobada por unanimidad, para el caso concreto del
edificio del Gobierno Militar de Ferrol. Se recogen los términos
expresados en la proposición no de ley que he citado,
que en tres apartados decía claramente que se mantendrían
preferentemente los monumentos histórico-artísticos
que hayan sido declarados BIC desafectados por el Ministerio
de Defensa en el patrimonio del Estado para afectarlos
a cualquier otro servicio de la Administración; que
había que promover la firma de convenios con las comunidades
autónomas o corporaciones locales para la cesión de
las referidas instalaciones desafectadas por el Ministerio de
Defensa, de forma que puedan ser debidamente protegidas,
restauradas y destinadas a uso público, de conformidad con
lo establecido en la legislación reguladora de la Gerencia
de Infraestructuras de la Defensa, y estudiar concretamente
esta posibilidad -en el caso de San Felipe y del monasterio
de Santa Catalina, se decía en aquel momento-, hoy,
en el caso del Gobierno Militar de Ferrol, una vez desafectado,
para que pueda ser debidamente protegido, restaurado
y destinado al servicio público.
Entendemos que es razonable lo que se pide y por ello
planteamos esta modificación al texto presentado por el
Bloque Nacionalista Gallego, que esperamos sea de su conformidad,
para poder sacar adelante la proposición no de
ley que en este momento debatimos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate?
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Como saben SS.SS., en
este caso y en otros parecidos, Izquierda Unida siempre ha
venido manteniendo la idea de las cesiones gratuitas de los
inmuebles que están enajenados por parte del Ministerio de
Defensa. Escuchada la intervención del portavoz del Bloque
Nacionalista Gallego, la suscribimos plenamente,
hacemos nuestra su intervención y quedamos a la espera de
que el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego se pronuncie
sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Votaremos en la línea marcada por el portavoz del Bloque
Nacionalista Gallego y si acepta la enmienda presentada
por el Grupo Popular también la votaríamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: En principio
vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece bien que
se vote conjuntamente por todos los grupos de esta Comisión
la cesión de este edificio.
Tenemos que decir que es un edificio desocupado hace
tiempo y que está reconocido oficialmente por parte de la
dependencia directa del Ministerio de Defensa su falta de
interés militar. Y hay una cosa que no se ha dicho aquí y es
que arrastra ya una larga historia de negociaciones y conversaciones
entre el Ayuntamiento de Ferrol, el antiguo
gobierno local y el Ministerio de Defensa, para que este
edificio singular, sobre todo en la historia civil de la ciudad
de Ferrol, pase a ser un edificio público civil de nuevo.
Esto se enmarca, porque muchas veces se olvida, dentro
de una serie de acciones que se han hecho en la ciudad
de Ferrol, por la vía de cesión o del convenio, de propiedades
desafectadas de la Defensa con respecto a los poderes
locales. Me refiero, nada más y nada menos, a que si existe
en este momento campus universitario en Ferrol, con una
ubicación -entre comillas- típicamente británica, es gracias
a un convenio entre el gobiemo local, el Ayuntamiento
de Ferrol y el Ministerio de Defensa, a principios de los
años noventa.
Sea de la manera que sea, vía convenio, cesión, cesión
de uso, etcétera, nos parece correcto apoyar todo tipo de
iniciativas para que este edificio singular del barrio de La
Magdalena, declarado patrimonio histórico, sea propiedad
pública municipal.
Para terminar, tengo que destacar algunas declaraciones
que se están haciendo últimamente por autoridades no relacionadas
con la vida política pero sí con la vida institucional,
sobre cómo fue la inauguración del curso universitario hace
escasos días. Se pone de manifiesto un cierto retraso en las
negociaciones y los acuerdos o posibles convenios que se
puedan dar en su momento entre el Ayuntamiento, el gobierno
local en concreto y el Ministerio de Defensa. Anosotros
nos gustaría -como se dice últimamente o como se puso de
moda hace unos meses- que el gobierno local moviera
ficha, no sólo el Ministerio de Defensa, porque afecta a
ambas partes. Quedaríamos satisfechos si con este acuerdo
puntual se logra agilizar ésta y otras cuestiones pendientes
de desafectación, para lo cual también mi grupo parlamentario
ha presentado unas iniciativas de tipo más global.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de expresar su
aceptación o no del texto alternativo, tiene la palabra el
señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a aceptar
la enmienda presentada por el Grupo Popular, teniendo en
cuenta el impasse de la situación y la tradicional indisposición
de Defensa a aceptar cesiones si no son convenios
urbanísticos o simples subastas. Además, ya que la proposición
no de ley urge a la Gerencia de Infraestructuras de
Defensa a iniciar las negociaciones con el Ayuntamiento,
esperamos que la imposible compra del edificio por particulares,
la finalidad establecida en el PGOU, las muchas
deudas de Defensa con la ciudad y el abandono de tantos
bienes inmuebles y sobre todo el carácter de patrimonio
histórico-artístico de este edificio en el barrio de La Magdalena,
que todo esto sirva a la autoridad local para hacer
una negociación aceptable.
El señor PRESIDENTE: En su momento, por tanto,
votaremos esta proposición no de ley de acuerdo con la
enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo
Popular.
- SOBRE INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES
DE LAS ESCALAS DE COMPLEMENTO
DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA, DE
CABALLERÍA, DE ARTILLERÍA, DE INGENIEROS,
DE INTENDENCIA Y DE ESPECIALISTAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente 161/000754).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 11, proposición
no de ley sobre integración de los componentes de
las escalas de complemento de suboficiales de Infantería,
de Caballería, de Artillería, de Ingenieros, de Intendencia y
de Especialistas. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa tiene la palabra el señor Meyer.
El senor MEYER PLEITE: Lo prudente con esta iniciativa
es retirarla, porque como vamos a debatir la Ley de
Plantillas, y la Ley de Personal, será el momento de ubicar
este problema. Lo llevaremos en forma de enmienda, para
no tener dos debates y para no solapar uno sobre otro.
SS.SS. conocen el motivo de esta proposición no de ley.
Intenta resolver lo que nosotros creemos que es una injusticia
con este colectivo, parte de lo que son las escalas de
complemento, que no desarrolló bien la ley 17/1989 con
relación a los suboficiales, al ascenso de la escala de complemento
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros,
Intendente y Especialistas del Ejército de Tierra. El máximo
empleo al que pueden llegar es a sargento, por lo que
hay frustración en este colectivo. Pretendíamos, recogiendo
sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
darle una solución a este colectivo. Pero, insisto, con este
espíritu lo llevaremos en forma de enmienda a la Ley de
Plantillas, para ahorrar a SS. SS. tener que debatir dos veces
el mismo asunto.
- RELATIVA AL ASCENSO DE DETERMINADOS
COMPONENTES DEL CUERPO DE OFICINAS
MILITARES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA (número de expediente 161/000858).
El señor PRESIDENTE: Parece muy razonable su postura,
señor Meyer. Queda retirada esta proposición no de
ley.
La número 12 es también del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, proposición no de ley relativa
al ascenso de determinados componentes del cuerpo de oficinas
militares.
Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Ésta sí la mantenemos,
porque creemos que estamos hablando de otra cuestión. Lo
que está ocurriendo con este colectivo es que no se está
cumpliendo la legislación. No se puede esperar en este caso
el debate sobre la futura Ley de Plantillas, la Ley de Personal
y la Ley de Profesionalización para darles un cumplimiento
justo de lo que las propias leyes reclaman.
Como saben SS.SS., desde 1993, según nuestro punto
de vista, el Ministerio de Defensa no está cumpliendo plenamente
lo dispuesto en materia de ascensos en el cuerpo
de oficinas militares y se niega a ascender a comandante
al personal de dicho cuerpo que reúne las condiciones
legales para ello. No les voy a dar toda la legislación al
respecto porque está en el texto. La disposición transitoria
primera de la Ley de 1974, de 30 de marzo; el artículo
9, f), de la Ley 48/1981, y sentencias del Tribunal
Supremo de fecha 19 de diciembre de 1989 y de 4 de
mayo de 1994. Lo único que pretendemos es instar al
Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que se
produzca el inmediato ascenso al empleo correspondiente
de los componentes del cuerpo de oficinas militares, que
reúna las condiciones exigidas por la ley para el ascenso,
en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo
de 12 de septiembre de 1989 y de 4 de mayo de 1994, y
de lo dispuesto en la legislación vigente. Éste es el motivo
por el que mantenemos esta iniciativa. No tiene las
mismas características que la anterior y creemos que no
debe esperar. Estamos hablando de sentencias firmes del
Tribunal Supremo.
Por tanto, sometemos a la consideración de SS. SS.
votar favorablemente esta iniciativa para resolver esta
situación que, desde nuestro punto de vista, está afectando
a un componente importante de las Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar
en el debate?
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene
la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Anuncio que mi
grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Su exposición está ajustada a derecho administrativo,
a las disposiciones correspondientes emitidas por el
Ministerio de Defensa y a la legislación general que afectan
al personal del cuerpo de oficinas militares.
Se trata de un cumplimiento de ley, no en la razón fundamental
y básica del cumplimiento de la legislación que
afecta para la materia de ascenso al personal de las oficinas
militares, sino porque hay por medio dos sentencias del Tribunal
Supremo -las acaba de citar el señor Meyer como
portavoz proponente del grupo-, una de 1989 y otra de
1994, que sancionan y dan firmeza a la doctrina para aplicar
al cuerpo de oficinas militares. Habiéndose pronunciado de
esta manera contundente, clara y rotunda el máximo órgano
judicial de nuestras instancias, como es el Tribunal Supremo,
lo que no entendemos es por qué el Ministerio de
Defensa no ha ejecutado estas sentencias y qué problemas
hay. Se está haciendo un daño en derecho que incluso vulnera
derechos constitucionales que corresponden a los funcionarios
del cuerpo de oficinas militares, sobre todo aquellos
que están cumpliendo las condiciones que la propia ley
del Ministerio de Defensa señala para los ascensos, incluso
al puesto correspondiente de comandante.
Por estas razones y para ajustarnos a un principio de
derecho, sin entrar en más consideraciones, mi grupo, señor
presidente, va a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene
la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: El Grupo Socialista
va a abstenerse en esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque comparte
la motivación fundamental por la cual ha sido presentada.
Va a abstenerse porque entiende, al contrario que el
portavoz del grupo proponente, que, efectivamente, esto
también debe ser objeto de un análisis en profundidad a lo
largo del debate de la ley que propone un nuevo régimen
jurídico del militar profesional. La problemática de la proposición
referida al cuerpo de oficinas militares puede ser
extensiva a otros cuerpos, por ejemplo, a la escala auxiliar,
que tiene una problemática sustancialmente parecida a la
de la proposición no de ley. No se trata sólo de resolver
un problema, sino de reflexionar sobre la aplicación de la
Ley 18/1989 y los efectos que algunos colectivos militares
no han asumido de forma agradable.
No comparto el tiempo desde el cual no se cumple lo
que está previsto en la ley. El portavoz del grupo proponente
ha dicho que desde 1993 no se estaba cumpliendo. Quiero
recordarle que la ley que declara escalas a extinguir el
cuerpo de oficinas militares es de 1974; que las previsiones
de ascenso que se contemplaban en la disposición adicional
quinta de aquella ley no se cumplieron, ni las de la Ley
de 1977, ni las de la Ley de 1981, creo recordar, ni las de
de la Ley de 1989. El hecho de que para el ascenso a los
distintos empleos se cumpla un determinado tiempo en los
empleos de teniente, de capitán, etcétera, es un problema
que se viene arrastrando desde la publicación de la ley que
declara a extinguir la escala, que, como digo, es del año
1974, y las sentencias a las que hace referencias el portavoz
del grupo proponente recogen que deben ser tratados
por igual todos los ascensos en todos los empleos, pero no
dice nada de otros requisitos que debe cumplir cualquier
militar con posibilidades de ascenso. Quiero recordar
a SS. SS. que, además del tiempo de carrera efectiva, de los
tiempos medios que debe cumplir en cada uno de los
empleos, también debe cumplir un requisito imprescindible,
que es la vacante de plaza para ascender. Muchos de
los integrantes de esta escala y de la escala auxiliar han
cumplido con creces los tiempos medios en algunos de sus
empleos y, por tanto, podían ascender a otro empleo, pero
el requisito previo de existencia de vacante o de plaza no se
ha cumplido, con lo cual sus aspiraciones de ascenso han
quedado colapsadas por esta aplicación de la ley.
Esto requiere, señor presidente, y ya termino, una reflexión
conjunta con otras escalas que también comparten esta
problemática y esta reflexión debe hacerse a lo largo de la
tramitación del proyecto de ley que el Gobierno ha presentado
hace muy pocas semanas en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la
palabra el señor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: Creo que ha sido muy
sucintamente condensado este problema por el diputado
señor Morales, con el que comparto el criterio que acaba de
exponer.
El grupo proponente plantea lo que plantea y estaríamos
de acuerdo en que las cosas serían así si la legislación
a la que se refiere fuera la que ha citado, pero es que evidentemente
no es así. La Ley 17/1989 ya establece en su
disposición derogatoria los efectos que concretamente va a
tener la Ley 48/1981 y para ese efecto el grupo proponente
debería haber tenido en cuenta el Real Decreto 1622/1990,
que lleva a efecto, en desarrollo de esta ley, las consecuencias
directas de este problema.
Evidentemente, el cambio legislativo habido en los últimos
años ha producido una disfunción cierta en algunos de
los cuerpos que han sido citados; éste es uno de ellos. Pero
no se puede considerar la carrera militar como un procedimiento
automático, en el que se asciende automáticamente
a comandante. Lo ha explicado muy bien el señor Moragues:
precisamente en desarrollo de la Ley 17/1989, por
ese real decreto, hace falta considerar la necesidad no solamente
de los años de permanencia en el empleo, sino también
que se pueda dar una vacante y la evaluación para producir
ese ascenso. Si no, la carrera militar tendría un efecto
automático sin más condiciones que la antigüedad para
poder producir un ascenso en la carrera. Esto no tiene ningún
sentido.
De manera que si tenemos en cuenta que con estos problemas
tendremos que hacer el esfuerzo, bien positivo o
bien frustrado, de que la nueva Ley del Régimen Jurídico
del Personal al Servicio de las Fuerzas Armadas pueda
recoger estas situaciones, es evidente que ese esfuerzo, en
el marco de ese debate, lo trataremos, posiblemente no
todos con el mismo éxito, pero sí le anuncio la voluntad de
querer resolver las frustraciones, que cada uno de los cuerpos
que se encuentran afectados puedan tener la aspiración
legítima de llegar al techo de su carrera.
Respecto a la doctrina y a la jurisprudencia sobre esta
materia, tampoco podemos compartirla, porque las sentencias
a las que se hace referencia en la proposición no de ley
evidentemente lo hacen respecto de la casuística normativa y
legislativa, muy anterior a la propia Ley 17/1989; si nada
hubiera pasado desde entonces, evidentemente, en función
de la Ley 48/1981, se podría haber determinado esta orientación
jurisprudencial, que es muy sesgada a estos efectos, porque
sí reconoce esas determinadas igualdades para todos,
pero no entra en la necesidad de que, si hay un requisito que
es imprescindible, no resten otros por los cuales sí es adecuado
que se puedan producir ascensos. No se puede producir
un ascenso si no existe una vacante, o no se puede producir
un ascenso si no hay una evaluación determinada de actitud
para ese empleo. Estos aspectos habría que ponderarlos.
Por todas estas razones, señor presidente, el Grupo
Popular no podrá votar favorablemente esta proposición no
de ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones
de las dos proposiciones no de ley que quedan vivas.
En primer lugar, proposición no de ley relativa a cesión
por el Ministerio de Defensa del edificio desafectado del
Gobierno Militar al Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña),
de acuerdo con el texto alternativo que conocen SS. SS.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa al ascenso de determinados
componentes del cuerpo de oficinas militares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, cinco; en contra, 17; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición
no de ley.
Terminado el desarrollo del orden del día, se levanta la
sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.