CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 521



DEFENSA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO
Y LEDO



Sesión núm. 29



celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 1998



Página



ORDEN DEL DÍA:



Proposiciones no de ley:



- Sobre incorporación a la sanidad pública estatal
o autonómica de la infraestructura sanitaria
excedentaria de las Fuerzas Armadas. Presentada
porel Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (número de expediente 161/000921) ... (Página 14994)



- Sobre cese del cobro de las gratificaciones que
con cargo al Patronato Militar de la Seguridad
Social (PMSS) han venido percibiendo los médicos especialistas
destinados en los hospitales militares.

Presentada por el grupo anterior (número de expediente
161/001048) ... (Página 14995)



- Sobre negociación para que el antiguo Hospital Militar
de Granada se destine a centro de salud.

Presentada por el mismo grupo parlamentario (número
de expediente 161/001099) ... (Página 14998)



- Relativa al Hospital Militar de Granada. Presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista
(número de expediente 161/001102) ... (Página 14998)

Página 14994



Comparecencia del señor subsecretario de Defensa (Menéndez
Menéndez) para informar sobre:



- Política del Ministerio en relación con las viviendas
militares. Apetición propia (número de expediente
212/000717) ... (Página 15001)



- Planes del Gobierno en relación con el Hospital Naval
de El Ferrol (A Coruña). A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(número de expediente 212/001403) ... (Página 15010)



- Uso por los laboratorios Serono de acuartelamientos
militares para la donación de orina como
materia prima en la fabricación de medicamentos;
sistema de concesión o autorización del mismo.

A solicitud del grupo anterior (número de
expediente 213/000253) ... (Página 15013)



- Si el Ministerio piensa repetir el sorteo
informático para determinar los excedentes de cupo de los
jóvenes pendientes de realizar el servicio militar
a la vista de los errores producidos en el mismo. A
solicitud del mismo grupo parlamentario
(número de expediente 213/000425) ... (Página 15015)



- El método utilizado en el sorteo y la asignación
de excedentes de reemplazo. A petición propia
(número de expediente 214/000055) ... (Página 15015)



Comparecencia del señor secretario de Estado de
Política Exterior y para la Unión Europea (De
Miguel y Egea) para informar sobre la propuesta
española en relación al código de conducta sobre las
exportaciones de armamento. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida
(número de expediente 212/001308) ... (Página 15018)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de
la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE INCORPORACIÓN A LA SANIDAD
PÚBLICA ESTATAL O AUTONÓMICA DE LA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXCEDENTA
RIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRES
ENTADA POR ELGRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de
expediente 161/000921).




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar
comienzo a la primera sesión de la Comisión de este período
de sesiones.

Como bien conocen por el orden del día, tenemos tres
bloques diferenciados, incluso desde el punto de vista del
horario. Hay un primer bloque de cuatro proposiciones no
de ley en el que vamos a entrar inmediatamente y que
votaremos un poco antes de las doce. Podemos decir que
a las doce menos cinco se producirá la votación de estas
cuatro proposiciones no de ley.

Acontinuación, a las doce -y la razón de esa hora es
que el subsecretario de Defensa que va a comparecer previamente
tenía que estar en la reunión semanal de subsecretarios
y secretarios de Estado-, entraremos en las
comparecencias que van del número 5 al 11, ambos inclusive,
del orden del día. Finalmente, y también hemos
puesto una hora que nos parecía la más adecuada por
razones idénticas al caso anterior, a la una y media comparece
el secretario de Estado de Política Exterior para el
último punto del orden del día.

Por tanto, dada esta información de carácter general, y
sin más dilación, entramos en el desarrollo de los diversos
puntos del orden del día, el primero de ellos la proposición
no de ley sobre incorporación a la sanidad pública
estatal o autonómica de la infraestructura sanitaria excedentaria
de las Fuerzas Armadas. Es una iniciativa del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su
defensa tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Esta proposición no de
ley lo único que persigue es aprovechar la coyuntura del
nuevo despliegue de las Fuerzas Armadas para incorporar
a la sanidad pública estatal o autonómica la infraestructura
sanitaria excedentaria, desde el punto de vista de que
hay un importante despliegue sanitario dependiente del
Ministerio de Defensa y que cualquier desafectación
sobre las instalaciones sanitarias puede redundar a favor
de esa exigencia de la sanidad pública de cara a un mejor
servicio o a una mejor atención. Por tanto, lo que hemos
planteado con esta iniciativa es precisamente aprovechar
esta coyuntura de despliegue para poder incorporarla a la
sanidad pública estatal, y lo que perseguimos es sencillamente
instar al Gobierno, primero, a la adopción de medidas
necesarias para que todos los recursos desafectados
de la sanidad militar por la reorganización del despliegue
de las Fuerzas Armadas sean incorporados a la red pública
asistencial para su utilización por todos los ciudadanos
y, segundo, trasladar al Consejo territorial de Salud, en el
plazo más breve posible, una propuesta de negociación
para el traspaso al INSALUD y, en su caso, a los servicios



Página 14995



autonómicos de salud de todos los recursos y servicios
sanitarios que resulten excedentarios con motivo de la
reorganización sanitaria militar, evitando la pérdida o un
destino no sanitario de los mismos.

Esta es la justificación de la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: También brevemente,
señor presidente, para manifestar el apoyo del
Grupo Socialista a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, porque pienso que
todos los grupos no podemos sino estar de acuerdo con el
fondo de la cuestión.

Efectivamente, todos los recursos sanitarios que tenga
el Ministerio de Defensa, cuya utilización no sea necesaria
después de la redistribución de las fuerzas en el conjunto
del Estado español, parece lógico que deberían
sumarse a la sanidad pública de las distintas administraciones
del Estado, ya sea la Administración central, a través
del INSALUD, ya sea a través de las distintas sanidades
regionales. Esto es lo que se ha venido persiguiendo
en el anterior Gobierno por parte del Grupo Socialista y
en el actual me consta que se sigue con la misma política.

No sólo basta hacer declaraciones de voluntades, sino que
también hay que tener en cuenta que muchas veces los
recursos sanitarios excedentarios que las Fuerzas Armadas
no requieren para sus servicios son puestos a disposición
de las administraciones sanitarias, y las propias
administraciones no requieren de estas instalaciones, de
lo que hay demostraciones de todo tipo a lo largo y ancho
del país.

Quiero insistir en la línea de que nos parece acertado
que las administraciones sanitarias regionales y nacionales
reclamen para sí la utilización de estos recursos, pero
pienso que en definitiva, el acuerdo debe darse cuando las
dos administraciones, la de Defensa, por un lado, que
pone a disposición de las administraciones sanitarias un
recurso excedentario, y, por otro, la de Sanidad se pongan
de acuerdo, y si no es así, qué le vamos a hacer. Hay que
seguir insistiendo, porque es lamentable que un recurso
cuya utilización es necesaria esté ocioso. En este sentido
va nuestro apoyo a la proposición no de ley que presenta
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Herrera.




El señor HERRERAANTONAYA: Nuestro grupo va
a votar en contra de la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
porque aun coincidiendo en la necesidad de poner a disposición
de los ciudadanos unos recursos tan importantes
como los que en ocasiones quedan liberados de su uso
sanitario militar, consideramos que los mecanismos
actuales se adecuan y son suficientes a este fin. En efecto,
la utilización de los recursos desafectados de la sanidad
militar por la red asistencial pública ya está prevista no
sólo en la Ley General de Sanidad, como se menciona en
la exposición de motivos del texto que hoy debatimos,
sino más expresamente en la cláusula octava del convenio
marco de colaboración en materia de asistencia sanitaria
entre los ministerios de Defensa y Sanidad y Consumo.

Según dicho convenio-marco, en los casos de cese de
actividad de un hospital militar se pone en conocimiento
del INSALUD o del correspondiente servicio de salud
autonómico para que, conforme a sus necesidades, estudie
la viabilidad de utilizarlo en su red asistencial. Este
mecanismo es el que se ha utilizado, por ejemplo, en los
hospitales militares de Santa Cruz de Tenerife, La Coruña,
Valladolid o Barcelona, con distintos resultados en
función de los intereses diversos expresados por los representantes
sanitarios, porque efectivamente es necesario
que coincidan las dos administraciones interesadas para
que el acuerdo tenga buen fin.

En cualquier caso, es evidente que no todos los días
resultan excedentarios servicios de este tipo, sino que más
bien suele suceder lo contrario, que los medios disponibles
por la reorganización resulten imprescindibles para
llevar a cabo otros cometidos dentro de las funciones
logísticas operativas y asistenciales que corresponden a la
sanidad militar. Dicho más sencillamente, estamos en
favor de que se estudie caso a caso en función de las necesidades
de nuestra sanidad pública y para eso ya existen
mecanismos que se aplican de manera correcta.

Por último, también es necesario recordar algo que
colisiona con lo expresado por la proposición no de ley,
ya que SS.SS. conocen que en tanto no se modifique la
Ley 29/1984 no es posible la cesión gratuita del patrimonio
militar desafectado, sanitario o no.

Por todo lo expuesto, señor presidente, el Grupo Popular
se siente obligado a votar en contra de la proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, reiterando su compromiso de estudiar lo que en
cada caso concreto beneficie en mayor medida al conjunto
de la sociedad.




- SOBRE CESE DEL COBRO DE LAS GRATIFICACIONES
QUE CON CARGO AL PATRONATO
MILITAR DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(PMSS) HAN VENIDO PERCIBIENDO LOS
MÉDICOS ESPECIALISTAS DESTINADOS EN
LOS HOSPITALES MILITARES. PRESENTAD
A POR ELGRUPO PARLAMENTARIO FEDER
AL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente
161/001048).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo,
proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el cese del cobro de las
gratificaciones que con cargo al Patronato Militar de la
Seguridad Social han venido percibiendo los médicos
especialistas destinados en los hospitales militares.

El señor Meyer tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, esta proposición
no de ley pretende acabar con una situación
absolutamente irregular que hemos detectado en relación



Página 14996



con los especialistas dependientes del Patronato Militar
de la Seguridad Social.

Como saben SS.SS., el Ministerio de Defensa se halla
acogido al régimen de colaboración voluntaria previsto
en el artículo 77.1.b) de la Ley General de la Seguridad
Social respecto del personal civil no funcionario dependiente
de los establecimientos militares del Ejército de
Tierra, y son aproximadamente, entre beneficiarios y
familiares, 46.267 los afectados que reciben esta asistencia
sanitaria. Para esta gestión o régimen de colaboración,
está constituido el denominado Patronato Militar de la
Seguridad Social, creado por Orden ministerial de 10 de
mayo de 1946 y hoy adscrito a la Subsecretaría de Defensa
del correspondiente Ministerio.

La composición de los órganos rectores responde a
una estricta clave de jerarquía militar. Su consejo rector,
la instancia suprema de dirección está integrada por la
cúpula u órgano superior del Ejército de Tierra, con diez
representantes, y una exigua representación de los trabajadores,
en número de cuatro. El régimen de colaboración
se halla disciplinado en un concierto suscrito por el Patronato
y el INSS, el INSALUD, y la Tesorería General de la
Seguridad Social, que data de 16 de julio de 1982, y en la
cláusula sexta del concierto, tras señalar que las prestaciones
serán dispensadas en la misma forma y con la
misma extensión establecidas para el régimen general,
específica, por lo que hace a la asistencia sanitaria, que la
misma será prestada en las instalaciones hospitalarias del
Ejército con las propias del Patronato.

Los médicos especialistas destinados en los hospitales
militares, y como tales ya retribuidos con cargo al capítulo
1 de los Presupuestos Generales del Estado, están obligados,
pues, a la atención de los afiliados y beneficiarios
del Patronato en su jornada ordinaria del hospital militar
sin género de retribución añadida alguna -y aquí viene
la irregularidad-, no obstante lo cual han venido percibiendo
con cargo exclusivo a los fondos del Patronato,
amén de sus retribuciones regulares, unos sobresueldos
carentes de cualquier título y justificación legítima, que
han podido suponer anualmente unos 250 ó 300 millones
en pesetas actuales, con una percepción media de 700.000
a 1.000.000 de pesetas anuales per cápita.

Estos pagos ilegales han experimentado en los últimos
tiempos diversos avatares. Primero, mediante resolución
del 16 de octubre de 1996 y a raíz de las innumerables
denuncias del sindicato de Comisiones Obreras, el subsecretario
de Defensa acordó dejar sin efecto, a partir del 1
de noviembre de 1996, tales gratificaciones en favor del
personal sanitario de los hospitales militares, por considerarlas
contrarias a la legislación presupuestaria y a la normativa
en materia de incompatibilidades. Desde el primer
momento el estamento directivo del Patronato pretendió
enervar la efectividad de lo acordado en la referida resolución
de la Subsecretaría de Defensa, no obstante ser el
subsecretario responsable último del Patronato, como
vimos más arriba, en la articulación y en la normativa, y
el gerente del Patronato procedió, sin solución de continuidad,
a suscribir contrato individual de arrendamiento
de servicios con los médicos especialistas afectados por
la supresión de los sobresueldos para atender a los beneficiarios
del Patronato en sus consultas privadas y con una
contraprestación equivalente a la cuantía que venían
cobrando, es decir, un subterfugio inaceptable. A partir
del 15 de julio de 1997, se opera una modificación en el
régimen retributivo de los referidos médicos especialistas
por razón de su asistencia a los asegurados y beneficiarios
del Patronato, que pasa del sistema de cupo al pago de
una cantidad alzada de 3.000 ó 2.700 pesetas por acto
médico.

En resumidas cuentas, tras la supresión firme de las
gratificaciones se instrumentan toda serie de artificios a
fin de recomponer y reproducir por otra vía la ilegalidad
antigua, primero a través del sistema de cupos y a renglón
seguido mediante el pago por acto médico. Incluso este
grupo parlamentario ha tenido conocimiento oficioso, que
no oficial, de que, no obstante haberse reiterado por el
señor subsecretario de Defensa en las últimas semanas la
orden de prohibición del cobro de tales gratificaciones,
continúa su abono al día de la fecha, y me refiero lógicamente
a la fecha del 21 de mayo de l998. Estas percepciones
son contrarias a los más elementales postulados del
régimen de incompatibilidades e infligen un notabilísimo
perjuicio al patrimonio del Patronato, nutrido de cotizaciones
a la Segundad Social, y por ende inciden peyorativamente
en el contenido y nivel de las prestaciones que se
dispensan a los afiliados a la Seguridad Social incluidos
en el ámbito de aquél.

Por todo ello, lo que pretende esta proposición es instar
al Gobierno, primero, al cese inmediato y efectivo de las
gratificaciones que con cargo al Patronato han venido percibiendo
los médicos especialistas; segundo, reintegrar al
patrimonio del mismo el importe actualizado de lo indebidamente
percibido por los médicos especialistas de los
hospitales militares; tercero, la depuración de responsabilidades
en que pudieran haber incurrido los integrantes de
las instancias comprometidas en el mantenimiento de tales
percepciones, es decir, consejo directivo y gerencia del
Patronato y Subsecretaría de Defensa; cuarto, instar al Tribunal
de Cuentas la iniciación del procedimiento de fiscalización
sobre la actividad económica financiera del Patronato,
y quinto y último, promover las actuaciones
necesarias para la adecuación de la composición de los
órganos rectores del Patronato, en especial su consejo
directivo, a los intereses en presencia, es decir, los de los
trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación y naturaleza
de sus recursos, cuotas de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar
en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Borreiros.




El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: Esta proposición
no de ley nos parece enmarcada dentro de una trayectoria
compleja en el camino de la racionalización de
las Fuerzas Armadas, que desde los años cuarenta, con
respecto a la sanidad militar ha tenido una serie de escollos
lógicos a lo largo del proceso de unificación y racionalización.

Esta proposición no de ley en su exposición
de motivos contiene una serie de cuestiones bastante graves
desde el punto de vista del derecho y la legalidad. Yo



Página 14997



espero que el partido que apoya al Gobierno las aclare en
su intervención.

En un principio y a medida que a partir de principios
de los años cuarenta se instala en España el régimen de la
Seguridad Social, el personal laboral o personal no funcionario
de los tres ministerios en aquel momento relacionados
con Defensa -Tierra, Mar y Aire- tenía una serie
de organismos propios que le brindaba la cobertura de la
atención sanitaria y también de las incapacidades que los
demás trabajadores del régimen general poseían por
medio de la Ley del año 1946. Por tanto, a partir de la
racionalización y de la existencia de un solo ministerio,
nos parece ilógico que se produzca una serie de irregularidades,
según lo que nos comenta el Grupo de Izquierda
Unida, y lo que nos parece más grave es que después de
que la autoridad competente, como es la Subsecretaría del
Ministerio de Defensa, adopta una serie de medidas con
respecto a la asistencia sanitaria y a la incapacidad de
estos trabajadores de Defensa no funcionarios, no se haga
caso, se bordeen los reglamentos y las normas dictadas
por la autoridad competente y, en definitiva, se pase a un
sistema anticuado, de la España antigua, como son los
cupos o bien las percepciones por acto médico, incluso
sin control, desde el punto de vista presupuestario, de la
Administración pública.

Si no hay una explicación por parte del Grupo Popul
ar, sobre todo en el punto 1, ya que el 2 y el 3 nos parecen
lógicos a efectos legales y reglamentarios, y con respecto
al punto 5, en el que se habla del intento de una
manera implícita de la reformulación del consejo directivo
del Patronato sanitario del Ministerio de Defensa,
nosotros tendríamos que apoyar esta proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Amador.




La señora AMADOR GUILLÉN: En primer lugar, el
Grupo Popular tiene que decir que va a votar negativamente
esta proposición no de ley por considerar que en
estos momentos se encuentra fuera de lugar, porque si
bien es cierto que era una situación irregular, está corregido
actualmente en todos sus extremos, y ahora intentaré
explicar cuáles han sido los pasos que se han seguido en
el Ministerio para subsanarla, si bien no puedo dejar pasar
la ocasión sin hacer constar lo que ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista.

Me sorprende sobremanera que diga en estos momentos
que el Grupo Popular tiene que dar aquí las correspondientes
explicaciones cuando es precisamente el Gobierno
que sostiene el Grupo Popular el que ha venido a
corregir unas anomalías que venían de años atrás y que
ellos no atajaron en su momento, y digo que me sorprende
sobremanera porque sabe muy bien S.S. que este no es
el trámite parlamentario en donde el Grupo Popular tiene
que venir a dar esta serie de explicaciones. Puede usted
arbitrar otras medidas parlamentarias, como es la de la
comparecencia, pero en todo caso no le importa nada a
esta portavoz del Grupo Popular hacer una relación de
manera cronológica de cuáles han sido las actuaciones del
Ministerio para que esta situación en estos momentos esté
totalmente corregida.

Como decía al principio, se detecta una situación anómala
en el sistema retributivo de estos médicos, y en
fecha 18 de octubre de 1996, por parte del Ministerio de
Defensa, concretamente de la Subsecretaría, se ordena a
la gerencia del Patronato que dé las instrucciones oportunas
para dejar sin efecto a partir del 1 de noviembre el
abono de las citadas retribuciones al personal médico. En
cumplimiento de dicha orden cesan los pagos a partir del
mes de noviembre y continúan prestando asistencia sanitaria
a los beneficiarios en los hospitales militares dentro
de su horario normal de trabajo. Sin embargo, surgen problemas
de aglomeraciones, retrasos y listas de espera en
los hospitales, formulándose numerosas quejas al respecto.

Por tanto, la gerencia, tratando de mejorar la asistencia
a sus afiliados, pone en marcha el sistema de consultas
extrahospitalarias.

A partir de marzo de 1997, se inicia la posibilidad de
consulta privada fuera del horario oficial y de los hospitales
militares. En ese momento, como bien decía el señor
Meyer, se formaliza entre la gerencia del Patronato y el
facultativo militar un contrato de arrendamiento de servicios
profesionales, todo ello como un sistema provisional
hasta que se pudiese llegar a otro más oportuno. Este sistema
es el cheque médico por acto médico, que quedó
implantado a partir del día 1 de julio de este año. En relación
a este último sistema, se plantea la duda de si el
facultativo especialista militar podría incurrir en incompatibilidad
legal por prestar tal asistencia y percibir los
honorarios que por la misma le abonaba el Patronato. A
este respecto, el 7 de julio de 1997, se vuelve a solicitar
otro informe a la inspección general del Ministerio de
Administraciones Públicas, el cual considera que la actividad
desarrollada por el personal del Patronato ha de ser
considerada como una actividad pública a efectos de la
aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

Pues bien, después de todo ello y de conformidad con
el Ministerio de Defensa, en fecha 13 de marzo de 1998,
se dirige un escrito al gerente del Patronato, ordenando
que se suprima inmediatamente la remuneración a los
citados médicos especialistas por la incompatibilidad en
que incurren. El 18 de marzo de 1998, la citada gerencia
solicita la concesión de un plazo de tiempo para llevar a
efecto esta medida. Previo dictamen negativo, como no
podía ser de otra manera, se le comunica a la gerencia que
cumpla sin dilación alguna lo informado por la asesoría
jurídica, proponiendo a la vez que debía darse por finalizado
a la mayor urgencia la posible actuación de retribuciones
por cheque médico, dada la concurrencia de
incompatibilidad a que hacíamos referencia.

En consecuencia, después de todo el proceso que sigue
minuciosamente el Ministerio de Defensa, se lleva a cabo
un intento de regularización y adaptación. Además, se
constata la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de
febrero de 1997, en la que se determina la incompatibilidad
de percepción en que incurran tales médicos y, previo
el oportuno informe al respecto del Ministerio de Administraciones
Públicas, ya en estos momentos se han dictado
taxativamente las órdenes oportunas para el cese inmediato
de cualquier tipo de gratificación, cese que esta



Página 14998



diputada tiene constancia que se ha hecho efectivo en el
día de la fecha.

Por lo que respecta al reintegro de lo percibido por los
médicos, la intervención general del Ministerio de Defensa
dictamina un informe, en fecha 29 de octubre de 1997,
en el que se constataba que no se podía proceder a efectuar
los citados reintegros. Asimismo, el subsecretario de
Defensa, a la vista de la denuncia formulada por el secretario
general de Comisiones Obreras en el Ministerio de
Defensa, solicita la incoación de un procedimiento disciplinario
por falta grave y ordena en fecha 14 de noviembre
de 1997 la instrucción de una información administrativa
y la adopción de las medidas sancionadoras que
pudieran corresponder. En consecuencia, se puede concluir
que la solicitud de exigencia de responsabilidades ha
sido ya debidamente investigada por el Ministerio, sin
que exista responsabilidad de ningún tipo que imputar a
la Subsecretaría de Defensa en relación con este asunto.

Asimismo me gustaría significar que ya se planteó denuncia
en su día ante el Tribunal de Cuentas por la sección
sindical de Comisiones Obreras del Ministerio de Defensa
por presuntas irregularidades, declarando el citado Tribunal,
mediante auto de 6 de mayo de 1996, no haber
lugar a la incoación de juicio contable de alcance, dando
traslado de todo lo actuado al Ministerio de Defensa.

Por último, con respecto a la aclaración de lo que en la
proposición mencionada aparece en el número 5, promover
las actuaciones necesarias para la adecuación de la
composición de los órganos del mencionado Patronato,
hay que decir que en este proceso de reestructuración de
la sanidad militar que está teniendo lugar existe ya un proyecto
de estudio para su futura modificación; se está planteando
su viabilidad o modalidades a adoptar. En este sentido,
tengo que comunicar a SS.SS. que el próximo día 1
de octubre, es decir mañana, se celebrará en el Ministerio
una reunión con los representantes de los trabajadores,
convocados por el subsecretario de Defensa, para que se
adopten las decisiones oportunas.

Considero por tanto que, a través de esta intervención,
está debidamente explicitado que el Partido Popular ha
tratado de ir corrigiendo estas anomalías desde que llega
al Gobierno y que en absoluto se le puede recriminar ninguna
actuación poco diligente; sí al contrario podría
decirse del anterior equipo de Gobierno.

Creo que al señor Meyer le habrá quedado suficientemente
claro que las anomalías existentes han sido debidamente
corregidas. (El señor Meyer Pleite pide la pal
abra.)



El señor PRESIDENTE: El señor Meyer tiene la
palabra.




El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, a la luz
de la información que ha dado la portavoz del Grupo
Popular, quería plantear la posibilidad de retirar la iniciativa,
con una breve explicación, si se me permite.




El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Yo creo que desde el mes
de mayo, que es cuando se presenta la iniciativa, hasta hoy
el Gobierno ha ido muy rápido para intentar resolver un
problema serio de ilegalidad clara en el pago de las percepciones
de los especialistas dependientes del Ministerio
de Defensa. Por tanto, creo que lo que procede, a raíz de la
información dada por la portavoz del Grupo Popular en
todos y cada uno de los puntos, es la retirada de la proposición,
pero haciendo una breve advertencia para que conste
en acta, y es que, de acuerdo con el punto 2 de nuestra proposición,
en el que se recoge el reintegro al patrimonio del
Patronato de lo indebidamente cobrado, y con el punto 5,
es decir, que se lleven a cabo las actuaciones, que empezarán
mañana, para que en el consejo directivo del Patronato
la presencia de los trabajadores esté plenamente garantizada,
estaremos pendientes, por si no nos satisface el desarrollo
de los acontecimientos, y volver a presentar una iniciativa
para garantizar tanto la devolución de lo
indebidamente cobrado como que ese consejo rector sea
un consejo claramente satisfactorio. Con esa advertencia
retiraríamos la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Su señoría y su grupo parlamentario
tienen pleno derecho, en cualquier momento, a
presentar cualquier iniciativa, eso queda absolutamente
claro, pero evidentemente constará en acta. Queda retirada
por tanto esta proposición no de ley.




- SOBRE NEGOCIACIONES PARA QUE EL
ANTIGUO HOSPITAL MILITAR DE GRANAD
A SE DESTINE A CENTRO DE SALUD. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de
expediente 161/001099).




- RELATIVA AL HOSPITAL MILITAR DE GRANADA.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIAL
ISTA DEL CONGRESO (número de expediente
161/001102).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a los números 3
y 4 del orden del día, referidos ambos al Hospital Militar
de Granada. El punto 3 es una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre
negociaciones para que el antiguo Hospital Militar de
Granada se destine a centro de salud y el 4 es una proposición
no de ley presentada por el Grupo Socialista relativa
al Hospital Militar de Granada.

Para la defensa de la primera de las proposiciones no
de ley, tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DELPOZO: Señorías, esta proposición
no de ley tiene idéntico contenido a la que presenta
el Grupo Socialista. Amí me satisface que una vieja
aspiración de nuestra fuerza política y también de nuestro
grupo parlamentario, como es la unidad de acción de la
izquierda, en este caso se vea realizada de esta forma singular
respecto a un elemento de la vida ciudadana y del
bienestar de la ciudad de Granada, como es la utilización
para uso sanitario del Hospital Militar, que en 1991 dejó
de prestar servicios sanitarios y que ha sido utilizado para
diversos usos.




Página 14999



Este centro está ubicado en un barrio muy típico de
Granada, en pleno casco histórico de la ciudad, donde
existe una dificultad importante de solares para ubicar
centros que permitan prestar los servicios necesarios a la
población, no sólo los servicios sanitarios sino también
de otra índole -en este caso se trata de servicios sanitarios
que se venían prestando para el personal militar y en
parte para la población-, lo que hace dificultoso que por
parte de la Junta de Andalucía se haya podido ubicar un
centro de salud en este barrio; además, se da la circunstancia
de que el 40 por ciento de la población del mismo
son personas mayores, que tienen que desplazarse a otros
lugares de la ciudad para recibir asistencia sanitaria, con
los inconvenientes que ello acarrea. Por tanto, la necesidad
ha sido siempre algo muy sentido en este barrio y en
toda la ciudad.

Desde que este Hospital Militar fue desalojado, las reivindicaciones
de los trabajadores, que finalmente fueron
reubicados y obtuvieron una satisfacción desde el punto
de vista laboral en su vida profesional, se vieron mezcladas,
en manifestaciones y en movilizaciones importantes,
con las reivindicaciones de los vecinos; éstas todavía no
han sido satisfechas. Por eso es por lo que empezó una
serie de negociaciones entre la Junta de Andalucía y el
Ministerio de Defensa que, hasta la fecha, no han dado
los resultados necesarios. Creemos que es algo que la sensibilidad
de esta Comisión del Congreso de los Diputados
debe resolver de forma definitiva. Por ello, elevamos esta
proposición no de ley a su consideración.

La proposición es muy breve y muy sencilla. Dice: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el
Ministerio de Defensa, propietario del antiguo Hospital
Militar, retome las negociaciones iniciadas en 1992 con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para que
parte del edificio se destine a centro de salud.

Como tenemos entendido que por parte de otros grupos,
en concreto del Grupo Popular, se nos va a facilitar
una enmienda transaccional, quedamos pendientes de su
conocimiento definitivo para su aceptación, en la medida
en que satisfaga las necesidades que planteamos en la proposición
no de ley. En todo caso, adelantamos nuestra
voluntad de hacerlo así, de transaccionar cualquier propuesta
que satisfaga esas necesidades.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición
no de ley del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moratalla.




El señor MORATALLA MOLINA: Igualmente,
como expresó con anterioridad el señor Vaquero, para
nuestro grupo también es una satisfacción ver que esta
proposición llega a esta Comisión y en unos términos
similares, por no decir idénticos, a los expresados por la
otra fuerza política, Izquierda Unida, que comparte los
mismos desvelos y preocupaciones y que no hace más
que trasladar las de los ciudadanos a esta Cámara.

Señorías, a finales de 1997, el Pleno del Ayuntamiento
de la ciudad de Granada aprobó por unanimidad una
moción, copia literal de esta proposición no de ley que
hoy presentamos desde el Grupo Socialista. En ella se
insta al Ministerio de Defensa para retomar las negociaciones
con la Junta de Andalucía para que por dicho
Ministerio se ceda parte del Hospital Militar antiguo
para ser utilizado como centro de salud. Sin duda, el
cambio de uso del antiguo Hospital Militar de Granada,
que hoy es Delegación provincial de Defensa, resolvería
las deficiencias que en materia sanitaria pueden estar
padeciendo 18.000 habitantes de ese barrio, barrio del
Realejo, San Matías, Barranco del Abogado y La Virgen,
que actualmente se ven obligados a desplazarse a
centros de salud de zonas limítrofes. La situación del
Hospital Militar en el centro del barrio, con facilidad de
acceso peatonal y de tráfico rodado, hacen que sea lugar
idóneo para la ubicación como centro de salud, y así lo
considera también la plataforma vecinal, que lleva años
reivindicando este equipamiento tan necesario para un
barrio histórico de la ciudad de Granada.

El antiguo Hospital Militar de Granada dejó de prestar
servicios, como ya se ha dicho, en el año 1991 y su ubicación
en el casco histórico de la ciudad, donde la disponibilidad
de solares para prestar estos servicios y otros que
precisa la población es prácticamente nula, hizo que la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía iniciase
unas negociaciones con el Ministerio de Defensa con la
finalidad de lo que se contiene en esta proposición no de
ley que hoy presentamos. La calidad de vida de los residentes
del casco histórico de la ciudad se ve disminuida,
entre otras razones, porque no hay locales, no hay zonas
donde poder ubicar en la cercanía y proximidad distintos
locales para la prestación de servicios. En este caso, lógicamente,
los servicios sanitarios, como ya se ha dicho,
afectan a una población de 18.000 habitantes, el 40 por
ciento de los cuales son de una edad bastante avanzada.

Desde el Grupo Socialista entendemos que a pesar de
que en febrero pasado se rechazó sólo con los votos del
Grupo Popular una iniciativa socialista idéntica en la
Cámara Alta, argumentando que en la actualidad la zona
del antiguo Hospital Militar que se reclama para centro de
salud estaba ocupada para los servicios periféricos del
Ministerio de Defensa como Delegación provincial, en
estos momentos hay una nueva circunstancia para plantear
esta vieja reivindicación de los vecinos y de todas las
fuerzas políticas de Granada; me refiero, señorías, a las
negociaciones que el Ayuntamiento de Granada y el
Ministerio de Defensa tienen abiertas para el futuro de las
instalaciones ubicadas en Granada, que son propiedad de
Defensa y que dejan de ser de interés militar. Son varias
las instalaciones que se han desafectado por parte del
Ministerio y otras van a desafectarse próximamente.

Algunas de estas instalaciones podrían sin duda albergar
la Delegación provincial que hoy ocupa la zona en cuestión
del antiguo Hospital Militar y dejar ese espacio libre
para que sea motivo de negociación entre la Junta de
Andalucía, su Servicio Andaluz de Salud y el Ministerio
de Defensa para la ubicación que pretendemos.

Así también parecen haber entendido la cuestión que
estoy expresando como una salida viable no sólo el
Grupo Socialista sino el Partido Popular del propio
Ayuntamiento de Granada, ya que entre las posibles
ofertas planteadas por el equipo de Gobierno de dicho
partido en el Ayuntamiento para las posibles ubicaciones
del centro del Servicio Andaluz de Salud en la zona,



Página 15000



está la del Hospital Militar a la que me refiero. Entiendo,
señorías, que con nuestra proposición no de ley, en
la que instamos al Ministerio de Defensa al objetivo que
hemos aludido, no se cierra ninguna puerta; al contrario,
pretendemos que en un contexto de negociaciones
entre Defensa y el Ayuntamiento sobre futuras instalaciones
militares en Granada mucho más amplias se
ofrece una oportunidad para que se resuelva una situación
que se arrastra desde hace años por las condiciones
geográficas e históricas del barrio y que entendemos
que reclaman una solución de encuentro. La Junta de
Andalucía y todas las fuerzas políticas presentes en el
Ayuntamiento así lo han entendido. Por eso pido hoy a
esta Comisión y al Grupo Popular la posibilidad de que,
con esa enmienda transaccional que se nos ha anunciado,
seamos capaces de buscar soluciones conjuntas a
problemas históricos que siguen afectando de manera
importante en materia de calidad de vida a la ciudadanía
de un barrio tan histórico y tan importante, donde el
tema afecta a un número muy elevado de ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Castillo Jaén.




El señor CASTILLO JAÉN: En primer lugar, quiero
manifestar mi alegría por ver a Izquierda Unida y al
Grupo Socialista presentar una proposición no de ley de
similar redacción, en la cual, según dice el representante
de Izquierda Unida, señor Vaquero, parece que va la
unión de la izquierda. Quiero decir que me parece también
una lástima la falta de prisa que se han dado en organizar
su preocupación por la salud de un barrio tan
importante como es el del Realejo, señorías, porque quiero
recordar que desde el año 1992, en que se iniciaron las
negociaciones de la Junta de Andalucía con el Ministerio
de Defensa, hasta el año 1995 gobernaba en Andalucía el
Partido Socialista, en España el Partido Socialista, y en
Granada el Ayuntamiento era gobernado por el Partido
Socialista junto con Izquierda Unida. Con esto quiero
manifestar que me alegra que cuando está gobernando el
Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada y en el
Gobierno de la nación, seamos nosotros capaces de
echarle una mano a la unión de la izquierda para resolver
el problema de nuestros ciudadanos. (Risas.)
Seguidamente, paso a decirles en otro tono que el
Hospital Militar de Granada es cierto que fue desafectado
en diciembre de 1993. Se componía de un edificio
principal y otro destinado a consultas externas, que es el
que nos trae a colación el tema, con una superficie aproximada
de 12.000 metros. El 14 de julio de 1995 se estableció
un convenio, entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad, por el cual se vendía la parte del edificio
principal, de unos 10.000 metros cuadrados, restando
2.257 metros correspondientes al edificio de consultas
externas, que es el que tenemos en trato en este momento.

Este edificio fue nuevamente afectado -y repito la
fecha- en junio de 1994 por el Ministerio de Defensa
para utilizarlo como la Delegación de Defensa en Granada.

Hasta ahora el Partido Popular no había tenido que
intervenir en el asunto. Desde el año 1992, como decía
antes, la Junta de Andalucía se interesa por este edificio,
pero se le ha hecho saber en reiteradas ocasiones que su
enajenación no era ni es posible en tanto no sea posible
para el Ministerio de Defensa, puesto que desde el
año 1994 estaba la Delegación de Defensa. No obstante,
durante todos estos años ha existido esta preocupación y
desde el año 1995 por parte del Ayuntamiento de Granada
se volvieron a retomar las conversaciones con la Junta
de Andalucía para intentar darle a este barrio la cobertura
sanitaria que necesita. Se le han hecho cuatro ofertas por
parte del Ayuntamiento de Granada al SAS, Servicio
Andaluz de Salud, que han sido rechazadas por falta de
idoneidad. El Ayuntamiento ha manifestado públicamente
que en el momento en que el edificio revierta a patrimonio
municipal, de la ciudad de Granada estaría dispuesto
automáticamente a cederlo para su utilización
como servicio de salud.

También quiero decir que una de las razones por las
que no se ha podido desafectar la propiedad del Ministerio
de Defensa para utilización como centro de salud ha
sido porque las leyes que existían -leyes redactadas en
el anterior período de Gobierno- le impedían al Ministerio
de Defensa hacer este tipo de transacción. Eso se ha
corregido con un proyecto de ley de la Gerencia de infraestructura,
presentado recientemente en el Congreso por
el Gobierno, que va a hacer posible que en este tipo de
transacciones las cesiones sean gratuitas por parte del
patrimonio de Defensa al patrimonio municipal.

Dicho esto, y en aras del consenso en bien del barrio
del Realejo, quería someter a la consideración de los grupos
que han presentado estas proposiciones una redacción
alternativa que dice lo siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Ministerio de Defensa a acelerar en
todo lo posible las negociaciones que están teniendo lugar
con el excelentísimo Ayuntamiento de Granada respecto a
las instalaciones militares, para que no se demore la
cesión de parte del edificio del Hospital Militar de Granada
con destino a un centro de salud. Si este texto alternativo
fuera aceptado por los grupos proponentes, estaríamos
totalmente de acuerdo en aceptar estas proposiciones.




El señor PRESIDENTE: El texto que nos ha leído y
que yo agradecería que hiciese llegar a la Presidencia tendremos
que considerarlo como una enmienda in voce,
puesto que no hay ninguna enmienda previa para que
pueda ser considerado como enmienda transaccional. Yo
no sé si lo conocen exactamente en sus justos términos
los grupos proponentes. Por tanto, les voy a dar la palabra
sucesivamente para que expresen su posición al respecto.

Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Quiero exponer
nuestro acuerdo con la redacción de lo que sería finalmente
la resolución de esta proposición no de ley y agradecer
al señor Castillo el esfuerzo que ha realizado para
servir de receptáculo de la unidad de la izquierda en Gran
ada.




El señor PRESIDENTE: Señor Moratalla.




El señor MORATALLA MOLINA: Nuestro grupo
va a aceptar la enmienda transaccional, considerada por



Página 15001



la Presidencia, por no presentada como enmienda in voce,
porque lo que plantea recoge la finalidad de la proposición
para dar solución al problema. Sólo quiero decir, si
me permite la Presidencia, que esa imposibilidad legal a
la que aludía el diputado portavoz del Partido Popular en
su exposición, era la razón por la que en otro tiempo no se
pudo hacer lo que posiblemente hoy sí es posible y hubiéramos
deseado lógicamente con anterioridad.




El señor PRESIDENTE: Insisto entonces en que en
su momento votaremos el texto que se nos acaba de entreg
ar, que yo creo que conoce toda la Comisión, y por tanto,
quedan subsumidos los textos de las otras dos proposiciones
que se habían presentado alternativamente.

Señorías, vamos a suspender esta primera parte de la
sesión hasta las doce menos cinco, en que realizaremos
las votaciones, y a continuación entraremos en las comparecencias
del señor subsecretario de Defensa.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar
la sesión.

Vamos a proceder a la votación de las proposiciones
no de ley debatidas previamente. Pasamos a la votación
de la proposición no de ley que aparece en el orden del
día con el número 1, sobre incorporación a la sanidad
pública estatal o autonómica de la infraestructura sanitaria
excedentaria de las Fuerzas Armadas.




El señor MOYA MILANÉS: Señor presidente, una
cuestión de orden. ¿Podemos comunicar una sustitución o
no es necesario? En todo caso, luego se lo pasamos a la
Mesa. El señor Moratalla ha sustituido al señor Caballero.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Moya.

Pasamos, entonces, a la votación de la proposición no
de ley enunciada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, 16; en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

La proposición que aparece con el número 2 ha sido
retirada, y pasamos entonces a las proposiciones no de
ley tercera y cuarta, según la redacción alternativa propuesta
por el Grupo Parlamentario Popular y aceptada por
los grupos proponentes y que para mayor información
voy a leer de nuevo: El Congreso de los Diputados insta
al Ministerio de Defensa a acelerar en todo lo posible las
negociaciones que están teniendo lugar con el excelentísimo
Ayuntamiento de Granada respecto a instalaciones
militares para que no se demore la cesión de parte del edificio
del Hospital Militar con destino a un centro de salud.

El señor MOYA MILANÉS: Señor presidente, se
entiende que se aprueban las dos proposiciones no de ley,
del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, modificadas
por la enmienda que ha presentado in voce el Grupo Popul
ar.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. ¿Alguna
otra intervención aclaratoria? (Pausa.)
Procedemos entonces a la votación.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unan
imidad.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO
DE DEFENSA (MENÉNDEZ MENÉNDEZ)
PARA INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA
DEL MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS
VIVIENDAS MILITARES. A PETICIÓN PROPIA
(número de expediente 212/000717).




El señor PRESIDENTE: Pasamos, sin solución de
continuidad, a la segunda parte de la sesión, que es la
comparecencia del señor subsecretario de Defensa.

Damos la bienvenida al subsecretario de Defensa, don
Adolfo Menéndez, en esta primera sesión del presente
período de sesiones, y abordamos seguidamente la comparecencia,
que en el orden del día aparece con el númer
o 5, a petición del propio Gobierno: comparecencia ante
la Comisión para exponer la política del Ministerio en
relación con las viviendas militares.

El señor subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): Es, como siempre, un honor y un
placer comparecer ante esta Comisión. La información a
propósito de la política sobre las viviendas militares, que
fue pedida por el Gobierno ya hace casi un año y que se
produce ahora, cumple ese principio del refrán de que
nunca es tarde si la dicha es buena, puesto que la convocatoria
se pidió en un momento en que determinadas
actuaciones provocaron algún intento de manipulación,
por algunos interesados, de la opinión pública y se produce
transcurrido bastante tiempo, pero en un momento en
que el Gobierno está a punto de enviar a esta Cámara el
proyecto de ley correspondiente para enfocar esa política.

Voy a resumir, en líneas generales, cuál es el planteamiento
del Gobierno, coherente con la postura del Grupo
Parlamentario Popular, en relación con este tema a lo
largo de las legislaturas anteriores, sobre todo la anterior,
que trata de dar por fin una respuesta global a esta problemática,
aspirando a conciliar todos los intereses en juego
y a dar una respuesta eficaz que tenga también en cuenta
el aspecto social que sin duda alguna late detrás de este
problema.

Desde un punto de vista meramente recordatorio, histórico,
la regulación del problema de las viviendas militares
ha respondido siempre a la necesidad de satisfacer las



Página 15002



exigencias de la movilidad geográfica que son inherentes
a la carrera militar. La media de movimientos de localidad
y de destino de un militar a lo largo de su carrera
puede perfectamente estar en torno a diez o doce, depende
un poco también del cuerpo, etcétera, y es además un
elemento sustancial, no sólo de la disponibilidad que
exige la propia profesión, sino de la necesaria y continuada
formación en determinados destinos, actividades, etcét
era.

Cuando se publica el Decreto 1751/1990, que actualmente
está en vigor y regula sustancialmente el problema,
existían, como he tenido ocasión de señalar en comparecencias
anteriores, tres filosofías distintas, tres patronatos
distintos en relación con las casas militares, con situaciones
muy diversas en relación con los cánones, y con una
resistencia a la desocupación de las viviendas por quienes
dejaban de estar en activo, que es la esencia del sistema
para que puedan ocuparlas quienes luego vuelven a estar
en activo, que hacía pensar que hacia el año 2000 prácticamente
el 90 por ciento de esas viviendas estarían amort
izadas.

He dicho también en comparecencias anteriores que el
Gobierno estima que la reforma introducida en 1990,
desde el punto de vista organizativo -unificación en un
sólo patronato de la regulación, identidad de procedimientos
de adjudicación, elevación de los cánones de uso
hacia unos precios razonables dentro del contexto en el
que se mueven en relación con el mercado, etcétera-
había que saludarla como positiva, ya que en buena medida
podría contribuir a que se pudiera acometer definitivamente
la solución del problema.

He dicho también que la discrepancia fundamental,
que es obvia, de nuestro grupo político entonces, y a la
que responde como eje lo que el Gobierno pretende hacer
ahora, se derivaba del hecho de que aquella regulación
creó situaciones muy diversas entre unos y otros, generando
una conflictividad desde el punto de vista jurisdiccional,
que SS.SS. conocen perfectamente, y que ha tenido
su último hito en la reciente sentencia del Tribunal
Supremo, que obliga a una recalificación, como viviendas
de apoyo logístico, de todas o de la mayoría de las viviendas
que componen el parque del INVIFAS que habían
sido calificadas en un sólo acto administrativo, con los
problemas, aunque sólo sean de gestión, y es un mero
ejemplo, que eso conlleva, puesto que hay que realizar -
y el INVIFAS la estaba realizando a lo largo de este período-
cerca de 30.000 notificaciones personales, con la
recepción de las correspondientes alegaciones, su estudio
detenido y, en su caso, la resolución que en cada caso proc
eda.

Éste es el panorama que se encuentra el Gobierno del
Partido Popular cuando en el año 1996 accede a la responsabilidad
de gestionar el campo de las viviendas milit
ares.

Hay que significar otro dato muy importante. En ese
momento y por el juego de plazos que se había establecido
en el decreto de 1990, se tenía que producir masivamente
una serie de desahucios con expedientes que no se
habían abierto por el Gobierno anterior, en relación con
gente que pasaba a la reserva, y sí había abiertos 1.800
expedientes en relación con gente de la reserva transit
oria.

Lo primero que hizo este Gobierno, y SS.SS. lo conocen
perfectamente porque algunos temas fueron vía real
decreto, del que yo informé aquí, y otras las aprobó esta
Cámara, a través de las leyes de presupuestos y de acompañamiento
del año pasado, fue establecer, en primer
lugar, una prórroga para evitar la apertura de esos expedientes
de desalojo y abrir un clima de diálogo con todos
los afectados para tratar de enfocar una solución definitiva,
o que aspiraba a ser definitiva, en relación con este
espinoso problema; en segundo lugar, se permitió, respondiendo
también a una posición de nuestro propio
grupo, y yo creo que sentida en la Cámara, porque ha
habido iniciativas también de otros grupos en esta dirección,
la posibilidad excepcional del uso de las viviendas
en primer destino cuando encontrábamos que en determinados
sitios estaban desocupadas y de alguna manera no
tenían utilidad, y se hizo compatible la ayuda del ISFAS a
la subvención de determinados porcentajes de los tipos de
interés de préstamos para adquisición de vivienda y otras
proposiciones que ya estaban en marcha, como la cesión
de suelo para cooperativas, etcétera, con el disfrute, mientras
duraba la tramitación correspondiente del préstamo,
de la vivienda militar.

Sobre este planteamiento se añadió después en la Ley
de presupuestos y de acompañamiento del año pasado la
solución a la deuda histórica en relación con el Ministerio
de Fomento, que era una deuda interna, como conocen
SS.SS. perfectamente, por parte del INVIFAS para equilibrar
el marco presupuestario. Además, hay que decir que
en este momento, transcurridos estos casi dos años de
legislatura, en relación con el decreto de 1990, se ha producido
un dato muy significativo que justifica también la
decisión de acometer la reforma definitiva, cual es el
hecho de que, conforme al sistema de 1990, todos los cuadros
de mando en este momento han podido optar por
tener o no vivienda de apoyo logístico, y también en este
momento ha acabado el período transitorio de actualización
de los cánones que se estableció en aquel momento,
y todos están, por tanto, actualizados.

Me gustaría destacar que en este ínterin, aparte de
otros incidentes, ha habido, tanto en la legislatura anterior
como en lo que va de ésta, un grandísimo número, como
SS.SS. conocen perfectamente, de iniciativas parlamentarias
en relación con este problema, que manifiesta, sólo
ya cuantitativamente, la preocupación de todos los grupos.

Si nos atenemos a la V legislatura, ha habido hasta
67 preguntas: 49 de nuestro grupo parlamentario, una del
Grupo Socialista, y 17 de otros grupos parlamentarios; y
a lo largo de esta legislatura, a mitad de esta legislatura,
puesto que estamos, más o menos a la mitad, ha habido
ya 83 preguntas: 28 de nuestro grupo parlamentario, 40
del Grupo Socialista, que ahora naturalmente pregunta
más por la dinámica lógica de estar en el Gobierno o en la
oposición, y 15 de otros grupos parlamentarios, y otras
iniciativas como proposiciones de ley del Grupo de
Izquierda Unida, cuya filosofía, como vamos a ver, está
recogida en el texto en que el Gobierno está trabajando en
este momento.




Página 15003



¿Cuál es el enfoque, en grandes líneas, que se va a
hacer del problema de las viviendas militares? ¿Cómo
está en este momento la tramitación de ese texto? Y, en
resumen; ¿cuál sería la aspiración del Gobierno, aparte de
resolver el problema desde el punto de vista político?
Es absolutamente evidente que el sistema está para
apoyar la movilidad de los militares en activo. Resulta
que la mayor parte del parque que tenemos, unas 47.000
viviendas, está amortizado en el sentido de no estar en
manos de personal en activo sino de viudas, huérfanos,
retirados, es decir, de personas en situación de no actividad,
por lo que no se rota. En esta situación la rotación
pasa necesariamente por el ejercicio de los desahucios,
con los consiguientes efectos sociales, y sobre todo la
polémica jurídica que todas SS.SS., repito, conocen, que
no hace más que entorpecer la solución del problema y
crear malos entendidos, confusiones y malestar, muchas
veces percibido subjetivamente, como SS.SS. con fundamento,
porque hay que respetarlo. Además, no satisface
la movilidad, porque lo que produce el sistema es que la
gente tienda a quedarse en la vivienda, como lo demuestra
la pura estadística.

Nos encontramos, además, con unas Fuerzas Armadas
que van a ser profesionales, que van a tener alteraciones
de despliegue cada vez más importantes y que, por tanto,
requieren un sistema de gestión flexible. Nos encontramos
con una dificultad, que SS.SS. conocen perfectamente,
de gestión en todo el territorio nacional de este parque
patrimonial en sus más mínimos detalles, que multiplica
hasta el infinito los problemas de toda índole, como seguridad,
mantenimiento, etcétera. Y, además, nos encontramos
con una idea necesaria en cualquier caso, y mucho
más cuando vamos hacia unas Fuerzas Armadas profesionales,
que es que el militar sea -expresión que algunas
de SS.SS. utilizan con frecuencia- un ciudadano de uniforme
que se sienta exactamente igual que el resto de los
ciudadanos y que pueda vivir donde viven los demás. Porque
el sistema, tal como está concebido, también tiene
otra derivada importante que la nueva legislación trata de
resolver, que es la creación de grupos cerrados de familia
estrictamente militar, el modelo fuerte sería la referencia
anglosajona, la referencia hollywoodiense, que suponen a
priori mayor dificultad para permeabilizar las relaciones
entre la sociedad y las Fuerzas Armadas que, como digo,
son absolutamente fundamentales, y mucho más en unas
Fuerzas Armadas profesionales.

Al mismo tiempo, otro eje de la posible reforma está
en establecer un régimen para el pasado y un régimen,
idéntico para todo el mundo, para el futuro, que fue justamente
lo que no hizo el decreto de 1990, que nosotros
combatimos desde la oposición y que estoy convencido
de que ha constituido uno de los elementos fundamentales
de conflictividad. ¿Cuál es la política para el futuro
que diseña ese anteproyecto, futuro proyecto de ley y qué
hacer con el pasado? La política para el futuro consistirá
en transformar lo que es ahora una política de carácter
patrimonial de inversión en creación de viviendas permanentemente,
en una política de carácter financiero que ya
está en el decreto de 1990 y que se generalizaría. El apoyo
a la movilidad se concretará en una prestación económica,
que durará en principio tres años -así está planteado
inicialmente en el proyecto de ley en que está trabajando
en este momento el Gobierno-, porque se entiende que a
partir de ahí hay estabilidad en el destino, y que tendrá
también algunos apoyos, en línea con algunas de las proposiciones
de ley a las que ahora hacía referencia, para la
adquisición de vivienda, para compensar las dificultades
que para ello se da en este colectivo que, repito, tiene una
movilidad muy singular.

En relación con el pasado, lo que hay que hacer, señorías,
es liquidar ordenadamente ese patrimonio, que está
ahí, que son las viviendas militares, y eso es lo que propone
el futuro proyecto de ley. Propone hacerlo con
transparencia absoluta, teniendo en cuenta naturalmente
los derechos de los usuarios a ese uso reconocido en la
ley y la preferencia para la adquisición de la vivienda en
las condiciones que se establezcan. También hay que
decir que tienen un derecho de afección, puesto que han
sido sus viviendas -sobre todo en el caso de los retirados
y la gente mayor- durante toda su vida, sin entrar
para nada en disquisiciones jurídicas sobre cuál era la
naturaleza del derecho que tenían o no tenían. El procedimiento
de enajenación de viviendas que se propone en
la ley es exactamente el mismo que desde el decreto
de 1990 estaba aplicando el INVIFAS en relación con
aquel grupo minoritario de viviendas que se consideraba
excedentario, que se consideraba que no era de apoyo
logístico.

En cuanto a la intención de globalidad del proyecto, se
trata también de resolver el conjunto del problema de las
viviendas militares, incluyendo otro tema que inició el
Gobierno anterior y en el que éste ha seguido trabajando,
que es el de separar claramente lo que son los puros pabellones
de cargo -estoy hablando de las capitanías generales,
etcétera- del resto de las viviendas militares de
cualquier naturaleza, que entrarían en ese paquete único.

Éstas son las grandes lineas de la política del Ministerio
en relación con las viviendas militares. Ustedes van a
tener conocimiento puntual del texto y lógicamente van a
ser quienes lo debatan, lo enmienden o lo aprueben. Me
gustaría destacar que la voluntad de este Gobierno, no
sólo de resolver este problema y ser coherente con sus
planteamientos políticos anteriores, sino de hacerlo con
la mayor transparencia posible y abriendo el debate político
necesario, es lo que hace que la norma que se está
tratando de preparar sea un anteproyecto de ley, y espero
que se concrete pronto en un proyecto de ley, porque eso
permitirá un amplio debate en esta Cámara, permitirá que
entre todos fijemos cuál es definitivamente el sistema al
que debemos sujetar esta necesidad de potenciar los
mecanismos para satisfacer las necesidades de movilidad
de los miembros de las Fuerzas Armadas, y permitirá
seguramente -así lo deseo yo personalmente- que,
como me ocurre a mi y le ha ocurrido a mis predecesores
en la subsecretaría y en el Ministerio, los futuros no tengan
que responder a tantas preguntas formuladas fundadamente
sobre un tema que sinceramente, si me perdonan
la expresión, señorías, creo que no da más de sí en
sus grandes líneas. En este momento, y como información
en relación con el proyecto de ley que puede interesar
a SS.SS., está ya informado desde la semana pasada
-estamos trabajando ahora en incorporar algunas modificaciones



Página 15004



no de filosofía, sino puramente técnicas que
ese informe señala- por parte del Consejo de Estado el
anteproyecto de ley que, como SS.SS. saben, aprobó el
Consejo de Ministros para remitir al Consejo de Estado
con estas líneas generales. Seguirá la tramitación ordinaria
en estos casos, y es razonable pensar que en un tiempo
prudencial esté a disposición de SS.SS. en la Cámara.

La voluntad, por encima del problema puntual del
Gobierno, como en todos los temas, es la del diálogo, la
de conseguir el mayor grado de consenso y de estabilidad
posible para la solución de este problema, porque creo,
señorías (y permítanme este desahogo personal, puesto
que, en definitiva, convivo con ellos todos los días y he
dedicado muchas horas a hablar con todos los implicados,
tanto respecto a que entendían, como SS.SS. han propuesto
en muchas ocasiones, que las enajenaciones que se
estaban haciendo no respondían a precios adecuados,
como en relación con el problema en general), que los
militares se lo merecen y, sobre todo, la gente mayor
necesita ya de una vez que se dé tranquilidad y estabilidad,
que se solucione este problema y que no lo sigamos
manteniendo en el centro del debate político, en el que yo
estoy dispuesto a aceptar -a pesar de que nuestra posición
es absolutamente clara y coherente con lo que en este
momento se está planteando- que todos tengamos parte
de culpa, como se ha visto en esta mera enumeración de
las diferentes intervenciones.

Sobre el contenido de la ley, señorías, ustedes podrán
pronunciarse con detalle en breve y creo que no merece la
pena ahora entrar en más detalle, porque podría haber en
la tramitación gubernamental alguna variación de detalle,
sin perjuicio de que, si SS.SS. lo estiman oportuno, aclaremos
algún otro aspecto.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate? (Pausa.)



Me atrevo a solicitar de los grupos presentes en la
Comisión la misma concisión de que han hecho gala en el
debate de las proposiciones no de ley. Tenemos un orden
del día bastante cargado y a ver si podemos cumplir los
horarios previstos.

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo agradeciendo
al señor subsecretario de Defensa la información
que nos acaba de facilitar sobre lo que él califica, y
yo ratifico, de espinoso problema de las viviendas militares,
que ha llevado durante muchos años a esta polémica
jurídica y a la aparición de miles de recursos -casi hubo
ocho mil afectados en un momento determinado- ante
los tribunales de justicia. Tengo que comentar también mi
satisfacción por la posición que el ministro de Defensa,
señor Serra, mantuvo con motivo de su discurso ante su
majestad el rey en la Pascua Militar, en enero pasado, ya
que colocó casi en el frontispicio de sus palabras la
referencia al problema de las viviendas militares y la atención
inmediata del Gobierno para resolverlo. Esto es
importante, señor subsecretario, porque unas Fuerzas
Armadas incómodas en lo social, unas Fuerzas Armadas
disgustadas, descontentas en el tratamiento social -y
nada más íntimo para la vida familiar que la vivienda-,
no son unas Fuerzas Armadas, no son unos ejércitos convenientes
en un Estado de derecho democrático donde
tiene que primar el principio de seguridad jurídica y el de
justicia social. Por eso, son buenas estas medidas y en la
manera en que lo ha dicho el señor subsecretario, va a
contar con el apoyo expreso y ferviente de Coalición
Canaria. Dicho esto, por las razones que usted ha expuesto,
me parece muy bien que hayan tomado unas medidas
previas, como la suspensión de todos los expedientes de
desahucio. Me consta esta postura del subsecretario, porque
en casos concretos hemos tenido ocasión de hablar
personalmente sobre la resolución de casos flagrantes que
estaban ocurriendo por la aplicación del tristemente célebre
para mí y para muchos militares, Decreto 1751/1990,
que generó, por una falta de diálogo y de comprensión,
esta polémica fuertemente discutida ante los tribunales.

Quiero felicitarle por este entendimiento que ha conseguido
actualmente el Ministerio respecto a ampliar el
plazo para efectuar aquellos desahucios que estaban ya
contemplados por la aplicación de este decreto, que ha
sido, además, canalizado por la propia sentencia del Tribunal
Supremo y de los tribunales de justicia por considerarlo
un decreto de insuficiente rango jurídico para resolver
lo que trataba de resolver. También quiero decirle que
hay que ir al marco legal y no resolverlo cuarteleramente,
por la vía del decreto, impresentable jurídica y socialmente
ante las Fuerzas Armadas y ante todos los familiares
que estaban en estas viviendas. Por tanto, le felicito por
estas medidas previas a la aparición de la ley, señor subsecretario,
relativas a ampliar el plazo y dejar congelados
los desahucios que estaban anunciados.

Esto nos lleva también a analizar las ideas que usted
ha expuesto. Aquí voy a hacer algunas reflexiones por si
algunas caben en ese período de enmiendas técnicas previas
al texto que usted ha anunciado.

Estoy de acuerdo en que pasen de una política de
supresión patrimonial a una política financiera, es más
acorde con los tiempos modernos y lo entiende el común
de los ciudadanos en la democracia. Ese abandono va a
conllevar la liquidación del patrimonio y pasar a unas
prestaciones económicas de financiación de créditos,
etcétera, como hace cualquier ciudadano normal y como
hacen los funcionarios civiles del Estado que quieran
acceder en cualquiera de sus destinos a una vivienda, sin
perder de vista, por supuesto, que hay que apoyar la movilidad
como factor logístico, pero no por estos métodos
que, como usted bien ha dicho crean un fuerte, que otros
llaman guetos, o una gran casa cuartel, como ocurría en el
sistema tradicional de la Guardia Civil.

Mi primera pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los
desahuciados, señor subsecretario, que sufrieron la aplicación
de esta política en épocas anteriores a su responsab
ilidad?
Le hago otra reflexión. El patrimonio de las Fuerzas
Armadas que ustedes van a liquidar ahora -cuente con
nuestro apoyo, porque nos parece muy bien-, querámoslo
o no, está jurídicamente escrito ahí. Ha sido, además,
semillero auténtico de discordias, no contraviniendo ningún
principio de logística o de profesionalidad, pero



Página 15005



ahora se vería agravado al tratar de profesionalizar todas
las Fuerzas Armadas de no haber fusionado en un solo
patronato los tres dispersos, con criterios totalmente dist
intos.

Se lo agradezco y tengo que reconocerlo. Ignoro, porque
no lo ha dicho el señor subsecretario, qué fórmula
van a emplear para la liquidación, si va a ser por subasta
pública. Ahora bien, si se va a emplear la fórmula de
subasta pública, yo le pediría, señor subsecretario, que se
diera una opción preferencial, en primer lugar, a los que
fueron desahuciados y que se vieron obligados a sufrir la
tristeza de aquel abandono, lo que produjo tensiones
sociales delante de muchas instituciones o instalaciones
militares por parte de los familiares. Porque el militar de
uniforme está obligado a la disciplina, pero su esposa, sus
hijos, etcétera -personal civil a todos los efectos- tienen
que manifestarse de alguna manera, aunque sea con
una pancarta delante de algún departamento castrense o
de la Administración de la defensa.

Yo creo que con las viviendas desocupadas se podría
dar un trato inteligente, flexible y generoso, teniendo en
cuenta los antecedentes, y dar una opción preferencial. Yo
creo que esto tendría una buena acogida, porque usted
sabe, señor subsecretario, que ante ese espinoso problema
y la polémica jurídica que suscitó hubo instituciones militares
-y quiero reconocerlo aquí porque recurrieron a
derechos constitucionales, a través de asociaciones como
HEPERMISA, que canalizó las actuaciones como asociación,
con rango que quieran ustedes darle, porque ya
saben que está hablando un diputado que lucha por el asociacionismo
constitucional del profesional militar y lo
seguirá haciendo por creer que se defiende una idea
democrática, justa, legal y constitucional- que canalizaron
todos aquellos recursos. Afortunadamente -y ellos
mismos lo han reconocido-, la inteligente política que el
señor ministro y usted mismo han mantenido en estos
meses, mandando a la nevera el Real Decreto 1751/1990,
ha permitido pacificar la situación, lo cual ha sido bueno.

Le hacía esta reflexión sobre la subasta publica o la
forma en que se vaya a liquidar el patrimonio de las
viviendas militares -porque es un patrimonio militar, así
de claro- para que se dé una opción preferencial a aquellos
militares y viudas que se encuentren en estas condiciones.

Esperaremos a tener conocimiento del texto del
proyecto de ley para ver las condiciones económicas. El
señor ministro en conversaciones y discursos había adelantado
que se quiere que entre en vigor, a partir de enero
de 1999. No sería bueno que entrara después de que esté
aprobada la ley de profesionalización de las Fuerzas
Armadas. Tendría que ser una ley de acompañamiento,
empleando el símil que utiliza el Ministerio de Economía
y Hacienda para los Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor
presidente. El problema tiene trascendencia, pero no quiero
abusar más del tiempo.

En las tasaciones que se hagan de la liquidación de ese
patrimonio, señor subsecretario, hay que tener en cuenta
lo que ocurre en los juzgados con los subasteros. Evitemos
el problema de que se presenten subasteros a la
subasta de viviendas militares, y si se hacen bonificaciones
sobre las tasaciones oficiales del precio de la vivienda,
que se considere como un patrimonio militar y en
beneficio de los militares. Las tasaciones oficiales son las
de mercado, no son las relacionadas con la capacidad
adquisitiva que le quede a la viuda de un militar o la que
tiene un militar en situación de retiro.

Nada más. Cuenta con nuestro apoyo y le damos nuestro
testimonio sobre las directrices políticas y de gestión
que ha trazado para resolver de una vez por todas este
problema y que no vuelva más a perturbar la política de
Defensa ni a inquietar a los militares ni a sus familias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Quiero agradecer
también la comparecencia del señor subsecretario.

Nos parece un gesto político inteligente celebrar esta
comparecencia antes de la tramitación parlamentaria de la
ley, porque permite a los grupos poder formular en voz
alta opiniones y sugerencias que pueden redundar en sentido
positivo en el texto final que llegue a esta Cámara,
además de anunciar un cierto debate sobre estas cuest
iones.

Quería comentar simplemente dos cosas: la primera,
que compartimos la filosofía general que ha expuesto el
señor Menéndez. Nos parece que el proceso de profesionalización
da también la posibilidad de avanzar hacia esa
normalización en la vida civil de los militares y resolver
algunas cuestiones, seguramente de orden sociológico,
que en el futuro podrían condicionar negativamente ese
proceso de profesionalización. Quien en su día se mostraba
crítico con el mismo, siempre afirmaba que uno de los
riesgos de la profesionalización era avanzar en la creación
-y la palabra es bastante horrorosa, pero es la que
se expresó- de guetos para los militares. Creo que el
proyecto intenta romper con esa línea. Por tanto, nuestro
grupo parlamentario va a estar en esa filosofía.

Simplemente quisiera plantearle una cuestión concreta,
porque supongo que a los diversos grupos parlamentarios
les han llegado reflexiones sobre esta materia, respecto
a si en la tasación o en el precio de venta de estos
inmuebles se van a tener en cuenta las condiciones del
propio inmueble -su estado de conservación, la necesidad
o no de hacer obras, la antigüedad, los años de presencia
de los inquilinos en el mismo- o la situación personal
de estas personas -si estamos delante de personas
retiradas, si estamos delante de viudas, incluso si estarnos
delante de familiares de militares que han sido víctimas
de actos terroristas-. Nos gustaría conocer si, más allá
del criterio general que se va a aplicar en el precio de
venta de estos inmuebles, estas condiciones objetivas,
tanto del personal como de la propia vivienda, se van a
tener en cuenta y se van a ver reflejadas en la ley.

Sólo me queda anunciar que en el trámite parlamentario
vamos a estudiar el proyecto de ley cuando llegue y



Página 15006



sus posibles enmiendas, pero insisto en que compartimos
la filosofía de fondo del mismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Nuestro grupo, como no
podía ser de otra forma, siempre ha tenido una tremenda
preocupación por el problema de la vivienda en la sociedad
española en general. Ahora estamos hablando de la
vivienda de los profesionales de la defensa, en sus dos
vertientes, tanto de resolverles el problema a los que no la
tienen como a los que la tienen y pueden dejar de tenerla.

En todo este proceso nosotros hemos planteado una
serie de iniciativas que van desde la modificación de la
Ley de la gerencia de infraestructuras de la Defensa a preservar
una parte de todo el suelo que vaya a ser desafectado
por Defensa para dedicarlo, en general, a la construcción
de viviendas en régimen cooperativo para todo tipo
de ciudadanos y ciudadanas, y también específicamente
para los profesionales de la Defensa. ¿Con qué intención?
Pues para frenar un poco la avidez recaudatoria y presupuestaria
del Ministerio de Defensa, y para que no le convirtamos
en una inmobiliaria que, con los precios de mercado
y con esa avidez de compra y venta, recoja todas las
cantidades posibles para apoyar el presupuesto de Defensa,
sino que tenga en cuenta el criterio social por encima
de criterios presupuestarios.

En ese sentido, me parece muy interesante su comparecencia
de hoy, porque supone un avance de la posición
de cada grupo en relación con el anteproyecto de ley. Y
les voy a anunciar brevemente, porque tenemos un calendario
bastante largo y exhaustivo, cuáles son las preocupaciones
que los propios afectados plantean ante el citado
anteproyecto, que yo creo que son interesantes para que
usted, en esta comparecencia, las pueda aclarar, corregir,
salir al paso o, sencillamente, avalar.

En primer lugar, como usted sabe, los afectados se han
organizado en asociaciones de vecinos que se constituyen
en la mayoría de las ciudades, y lógicamente, las más
grandes tienen más peso. Las críticas que hacen los afectados
al anteproyecto de ley son, primero, en cuanto a las
normas para la enajenación de viviendas militares, que
establecen que solamente pueden ser ofrecidas al titular o
a su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad,
es decir, que se puede excluir a huérfanos o a esposas
separadas o divorciadas con hijos a su cargo o a quienes
les haya sido atribuido el uso y disfrute de la vivienda
por decisión judicial. Como digo, ésta es una de las críticas
que se hace, en cuanto a las normas para enajenación
de la vivienda.

Segundo. Sobre el precio de venta también hay una
crítica, porque el anteproyecto plantea que se fijará en un
50 por ciento del valor real del mercado. Quizás después
me corregirá usted porque a lo mejor ese anteproyecto
que yo leí ya no se corresponde con lo avanzado por el
Ministerio de Defensa, pero nosotros estaríamos en contra
de no dejar claro que, al ser viviendas de protección
oficial, la tasación tiene que ser siempre conforme a la
calificación de la vivienda, que es de protección oficial, y,
por lo tanto, la construcción del metro cuadrado iría de
3.488 pesetas la más cara a las 2.093 pesetas la más barata.

Sin embargo, ya se han vendido en León, en Reus, en
Zamora, en Lérida, en Albacete o en Cartagena al precio
de mercado y han llegado a 30.000-40.000 pesetas el
metro cuadrado; es decir, hay una desproporción absoluta.

Ésta es nuestra preocupación: resolver bien la enajenación
y que tras el precio de venta se catalogue la vivienda
como de protección oficial y nunca como vivienda libre a
precio de mercado, para evitar la especulación. Otra de
las críticas que se hace al anteproyecto es que inquilinos
que han estado pagando alquileres desde la puesta en
marcha de la Ley del INVIFAS, han satisfecho alquileres
con una media superior al 800 por ciento del valor de la
vivienda, es decir, que, según ellos, la tienen amortizada o
prácticamente amortizada. Teniendo en cuenta, además,
el estado de la vivienda, su situación, etcétera.

A mí me parece que la ley que finalmente llegue a la
Cámara debe elaborarse desde la filosofía de que las
viviendas que se vayan a enajenar no se regalen, pero
que se llegue a un precio justo de acuerdo con la catalogación
de la vivienda, es decir, que no prime el criterio
especulativo y mercantilista frente al criterio objetivo de
que es una vivienda de protección oficial, como hay
tantas en el Estado. Y, a la hora de establecer los criterios
para ver qué personas se pueden hacer cargo de la vivienda,
que se incluyan en esa situación a los huérfanos o a
las mujeres separadas por decisión judicial. Lógicamente,
nos preocupa especialmente el tema del precio para
evitar que prima, como digo, un criterio especulativo y
mercantilista.

Finalmente, creo que la filosofía que debe primar es la
de garantizar, no solamente a los profesionales de la
defensa, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas de
España, su derecho constitucional a una vivienda digna, y
con ese criterio, los resortes del Ministerio de Defensa,
como cualquier otro, deben garantizar que ese derecho
sea efectivo, tanto en líneas generales como a los profesionales
de la defensa.

Éstas son las preocupaciones que ponemos hoy encima
de la mesa, y ya veremos en el trámite parlamentario
si algunas de estas cuestiones están corregidas en el anteproyecto
o no. En fin, quedamos a la espera de su contest
ación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: Intervengo muy
brevemente para sumarme al coro de gratitudes. Queremos
agradecer la presencia del subsecretario y la información
que nos ha brindado a lo largo de esta primera
comparecencia.

También compartimos con el Ministerio el diseño de
una solución global. La salida global a la problemática de
las viviendas militares era una de las peticiones que había
hecho el portavoz que les habla en alguna otra comparecencia
del subsecretario porque pensábamos que no se
podían dar soluciones concretas para conflictos concretos,
sino que el Ministerio debía atacar la problemática
global con una solución global, que, en principio, nos
parece satisfactoria. Por tanto, quiero anunciar que el



Página 15007



Grupo Socialista estudiará con cariño este proyecto de
ley, cuando lo sea, y vamos a esperar a la tramitación del
mismo, del cual desconocemos aún el texto -aunque,
efectivamente, circulan anteproyectos entre todos los grupos-,
para definirnos sobre los criterios y sobre las concreciones
que algunos de los portavoces han apuntado en
estos momentos. Creo que no se puede avanzar demasiado
en las posturas que se van a defender cuando aún no
tenemos un texto concreto sobre el que pronunciarnos.

Está claro que la preocupación del Grupo Socialista a
lo largo de la tramitación será defender los derechos de
los usuarios; pero también los derechos de la Administración.

Está claro que forma parte del patrimonio de todos,
del Estado, y, por supuesto, debe tramitarse y debe cumplir
los sistemas de enajenación previstos por las leyes,
sin menoscabo de dicho patrimonio global del Estado,
que es un patrimonio de todo el mundo.

El señor Mardones ha cuestionado los derechos de los
que fueron desahuciados en un momento determinado,
que es una cuestión y una preocupación que compartimos.

Pero, al hilo de esta aportación del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, quiero decir que lo que a
nosotros nos preocupa más es lo que va a pasar con los
usuarios que cumplieron la ley. Porque a los desahuciados
o a los que continúan resistiéndose, en un proceso
abierto todavía, al abandono de sus viviendas, también
deberíamos tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el personal
militar que ha abandonado su vivienda porque ha pasado
a una situación en la que no estaba contemplada por las
leyes. Si se da salida a los desahuciados -por decirlo de
alguna forma-, también deberá darse una salida a la
gente que abandonó voluntariamente, en cumplimiento
de una ley, las viviendas que les habían sido otorgadas.

Lo pongo como ejemplo de la complicación que puede
tener la aplicación de la ley, que no es fácil, y no podemos
caer en las cuestiones que se nos plantean de una manera
muy concreta defendiendo unos intereses muy concretos.

Deberíamos tener una postura amplia, una visión amplia
porque la aplicación de la ley puede ser bastante complic
ada.

Para acabar ya, señor presidente, al Grupo Socialista
le gustaría, si es posible, tener información sobre el estudio
que encargó el Ministerio a una firma de auditorías
internacional, en septiembre del año pasado, sobre el
patrimonio inmobiliario. Supongo que este proyecto de
ley habrá salido de las conclusiones de esta auditoría y
sería interesante -porque según los objetivos del contrato
había que analizar la cartera inmobiliaria de los bienes
que en la actualidad están adscritos al organismo autónomo
de la Gerencia de Infraestructuras- para ver en estos
momentos la situación global y las salidas que esta auditoría
independiente prevé para el conjunto del patrimonio
inmobiliario del Ministerio de Defensa.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL
RÍO: Gracias señor subsecretario por su presencia y por
las explicaciones que ha dado esta mañana.

El Grupo Parlamentario Popular saluda la presentación
de este proyecto de ley que, desde nuestro punto de
vista, es realista y flexible hasta donde puede, ya que va a
tratar de dar solución a uno de los problemas enquistados
más graves que hasta este momento existían en el seno de
las Fuerzas Armadas. Un problema histórico por los reiterados
incumplimientos de las leyes, un problema que se
agrava desde el momento en el que se reunifican los tres
patronatos a través del Real Decreto-ley 1751/l990 de creación
del INVIFAS, sin haber realizado una previa liquidación
no sólo económica, sino también del estado de
ocupación de las viviendas militares hasta ese momento.

Es un proyecto que, desde nuestro punto de vista, equipara
al resto de los funcionarios civiles del Estado que han
tenido la posibilidad de acceder a las viviendas de los
diferentes patronatos en cada momento y, sobre todo, que
resuelve de una vez por todas un patrimonio de cerca de
45.000 viviendas que hasta este momento ha sido difícil
de manejar por las diferentes necesidades y disponibilidades
de cada uno de los tres ejércitos, que son bien distintos.

Es ocioso repetir, pero lo hago, que las necesidades y
los cambios de destino que hace un militar del Ejército de
Tierra, del Ejército del Aire o de la Armada son bien diferentes
por la cantidad y el número de traslados que se
hacen a lo largo de su carrera.

Éste es un proyecto que va a dar respuesta definitiva a
una serie de problemas que se han venido planteando
desde hace muchos años. La venta es una de las soluciones,
es quizá la solución que el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso ha venido planteando con mayor
reiteración en los últimos años, pero, por otro lado, para
quienes no tengan esa posibilidad de acceso a las viviendas
es importante resaltar que en el proyecto publicado,
entre otras cuestiones, en la Revista Española de la
Defensa del mes de junio de este mismo año, se deja claro
que aquellos que no tengan posibilidades económicas
para el acceso a la vivienda podrán continuar ocupándola
en el mismo régimen en que la están ocupando hasta su
fallecimiento o el de su cónyuge.

Este proyecto va a dar solución a todas las situaciones
de agravios que se han venido sufriendo en estos últimos
años y coincido con algo que decía el señor Moragues,
portavoz del Grupo Socialista del Congreso: habrá que
estudiar qué pasa con aquellas personas que, habiendo
cumplido la ley, habiéndose ceñido a lo que dice el Real
Decreto-ley 1751/1990, han abandonado sus viviendas, a
pesar de que muchos de ellos disponían de cartas del
secretario de Estado de Administración Militar que entonces
les decía que con su pase a la reserva transitoria dispondrían
de vivienda de por vida, de la misma manera
que el resto de los militares que están ocupando sus
viviendas. Estoy convencido de que la mejor forma de
solucionar este grave problema que se viene arrastrando y
del que todos los grupos parlamentarios somos conscientes
es mirar hacia adelante, tratar de resolver este problema
para que en el futuro deje de serlo y, lo que es más
importante, atender de una vez por todas las necesidades
del personal en activo de las Fuerzas Armadas, que son
los que en realidad necesitan disponer de viviendas o bien
de unas asignaciones complementarias y sustitutorias de
las viviendas que no se les puedan dar en alquiler, para



Página 15008



poder hacer frente a ese gran número de traslados al que
el señor subsecretario se ha referido en el inicio de su
intervención, que pueden estar cercanos a los doce o trece
a lo largo de su carrera militar, y para poder dar estabilidad
y tranquilidad a la hora de cambiar de destino, que no
siempre es a principios de año ni en verano, sino que se
produce, como saben, en cantidad de ocasiones mediado
el curso, hay que hacer traslados de vivienda, de colegios,
etcétera.

Termino, señor presidente, diciendo que el Grupo Parlamentario
Popular se alegra de que el Gobierno haya sido
sensible a este problema y entiende que la solución que
en este momento se aporta es la más adecuada para arreglar
este problema antiguo que ha estado creando tantos
conflictos en estos últimos años no sólo con el personal
en activo, sino también con el personal en la reserva.

Esperando que cuando esta ley se presente ante la Cámara
para su discusión, ley que supera al Real Decreto-ley
del año 1990 cuestión que también es importante, podamos
conseguir entre todos una ley que dé satisfacción
definitiva a los miembros de las Fuerzas Armadas, no sólo
a los que en este momento ocupan sus viviendas, sino
también a los que se encuentran en activo, que son los que
realmente deben tener sus necesidades cubiertas desde el
punto de vista de la operatividad de la defensa y de la operatividad
de nuestras Fuerzas Armadas.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): Ustedes saben que cuando uno se
sienta en esta Mesa, sometido a la labor necesariamente
inquisitorial de SS.SS. no siempre se pasan buenos
momentos.

He de decirles hoy que el constatar que todos los grupos,
incluido el Gobierno como voy a confirmar ahora,
estamos en la misma línea, me produce en el terreno de lo
personal una de las mayores satisfacciones desde que
estoy a cargo de la Subsecretaría de Defensa.

Lo primero que hice cuando tomé posesión del cargo
fue ponerme en contacto con los primeros usuarios que se
personaron en el Ministerio, dos viejos coroneles retirados,
que cuando explicaron su problema se pusieron a llorar
en mi despacho. Por otra parte, la solución de este problema
es para el Grupo Parlamentario Popular, para el
Partido Popular en definitiva, un compromiso político de
primer orden y de primera magnitud, como ha demostrado
por su actitud a lo largo de períodos legislativos anter
iores.

Voy a descender a algunos detalles de los que SS.SS.

han planteado: todos ellos están recogidos en el texto en
el que en este momento está trabajando el Gobierno y
están sustancialmente aprobados, desde el punto de vista
jurídico, por el dictamen del Consejo de Estado, en el que
sólo hay matices puramente técnicos, y serán susceptibles
en algunos aspectos, porque algunos son de enorme complejidad
jurídica, de que en el debate de esta Cámara se
perfeccionen en un sentido o en otro. Incluso, SS.SS. han
hecho sugerencias que el Gobierno y el Ministerio comparten,
aunque todavía no hemos encontrado la fórmula
ideal para hacerlas constar en el texto, pero a lo largo de
los debates se pueden encontrar.

Muy resumidamente, voy a contestar al señor Mardones.

Por supuesto que es un patrimonio militar y en ese
sentido los ingresos que se deriven de la enajenación
hacia el pasado van a perseguir dos finalidades fundamentales.

Por un lado, permitir que el sistema funcione en
el futuro, es decir, financiar esa prestación económica
para la movilidad, que no hay que olvidar es el objetivo
fundamental; y permitir también, en la línea que el diputado
señor Meyer ha puesto de manifiesto, financiar algunas
ayudas a la adquisición de vivienda para quienes no
tengan la oportunidad, porque a lo mejor no sean en este
momento usuarios, etcétera. Por otro lado, habrá un excedente
que nos permitirá apoyar la financiación de la reforma,
que estamos llevando a cabo entre todos, de las nuevas
Fuerzas Armadas profesionales, no con avidez, señor
Meyer, aunque respeto su planteamiento, sino con criterios
de buena gestión; gestionando razonablemente el
patrimonio que tenemos para conseguir los objetivos que
entre todos hemos marcado, con los que su grupo está de
acuerdo, aunque quizá no en el tamaño de esas futuras
Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, el problema que se ha generado a lo
largo de estos años desde 1990 con aquellas personas que,
como el señor Moragues ha puesto de manifiesto, han
cumplido la ley en relación con quienes -no digo que la
hayan incumplido, aunque en algunos casos sí- han tratado
por todos los medios de incumplirla nos preocupa
mucho, aunque no hemos encontrado todavía la fórmula
de redacción ideal. Les planteo un problema que vamos a
tener a la hora de redactarlo, y es que esas viviendas de
quienes se han marchado, voluntariamente o desahuciados,
están ocupadas y, en consecuencia, tienen un titular
de adquisición, pero estamos abiertos a buscar los mecanismos
que sean necesarios.

Por otra parte, en cuanto a la enajenación he dicho que
seguía el procedimiento hasta ahora establecido, que tiene
en cuenta lo que aquí se ha dicho y lo que el señor Mardones
también ha puesto de manifiesto. En principio la
enajenación está prevista en tres tramos, por concurso los
dos primeros, primando, en primer lugar, a los usuarios
reales de cada una de las viviendas, en segundo lugar, al
colectivo de la familia militar, que no están disponiendo
en este momento de vivienda por el juego que se ha producido
como consecuencia de las rotaciones y, en ultima
instancia, aquellas viviendas que no tuvieran ningún titular
se enajenarían en pública subasta, por supuesto, evitando
cualquier tipo de manipulación o de falta de transp
arencia.

En cuanto a cómo podremos articular entre todos este
tema, lo veremos cuando llegue el texto, y la actitud del
Ministerio es absolutamente abierta desde ese punto de
vista. Me gustaría destacar, señor Mardones, que nosotros
hemos hablado con HEPERMISA y con otras asociaciones,
pero no compartimos -su señoría lo sabe- no el
asociacionismo constitucional, que sí lo compartimos,
sino el que no sea constitucional y tienda a crear en las
Fuerzas Armadas un sindicalismo que ponga en cuestión
su eficacia, derivada, por un lado, de la disciplina y su
neutralidad, la grande muette, como dicen los franceses,



Página 15009



la gran muda, que nos parece absolutamente imprescindible.

En ese debate sabe S.S. que tenemos alguna pequeña
discrepancia, pero no por falta de diálogo, porque hemos
hablado también con los representantes de esa asociación.

Que está reconocida legalmente en lo que puede estarlo y
no por resoluciones de los tribunales en lo que no puede
estarlo.

Su señoría ha puesto de manifiesto también una necesidad
lógica. Este proyecto de ley debe estar coordinado
con el de las futuras Fuerzas Armadas profesionales. Lo
está conceptualmente y lo está cronológicamente en lo
que hemos podido, y he de decir que en la nueva ley se
incluye como futuros beneficiarios del sistema, por
supuesto, a los militares de complemento y a los militares
de tropa y marinería profesional, una vez que cumplan
unos determinados años de antigüedad.

El problema de las tasaciones que ha surgido desde
todos los grupos, que SS.SS. conocen perfectamente y
que hemos debatido en numerosas ocasiones, hay que
centrarlo bien y me gustaría trazar las grandes líneas de
un debate que es casi mas jurídico que político, aunque al
final es político. Nada me puede satisfacer más que la percepción
de que aquí hay un problema social, aunque realmente
lo que le preocupa al Ministerio de Defensa, desde
el punto de vista operativo, es la movilidad, pero en el
fondo es un problema social y, por tanto, hay que darle
también ese enfoque.

No estamos hablando de arrendamientos, señorías,
señor Meyer, y tiene trascendencia la calificación, porque
así lo dicen los tribunales y así lo dice la ley, sino de unos
derechos de uso parecidos a un derecho de arrendamiento,
pero que tienen una naturaleza jurídica distinta, porque
si fueran arrendamientos iríamos a equipararnos en la
legislación o en indemnizaciones con un núcleo, que es el
de los arrendamientos urbanos, que han pretendido siempre,
precisamente los que han combatido más agresivamente
la disposición y que no es aceptable porque los tribunales
además no lo consideran así, ni el Consejo de
Estado en el dictamen que ha emitido sobre el nuevo
texto.

A la hora de hacer la valoración se esta diciendo de
alguna manera que se va a vender por el 50 por ciento del
valor, lo que no es técnicamente correcto. Vamos a mantener
el criterio que el Gobierno anterior venía utilizando
hasta ahora para aquellas viviendas de apoyo logístico,
que es un criterio razonable, vamos a vender las cosas
porque es nuestra obligación por el ciento por ciento de
su valor, pero con la mecánica que ahora voy a exponer
que es la que lleva a lo mejor a la confusión.

Lo que se está haciendo y se propone en la ley, aunque
se puede hacer por otro procedimiento, es fijar, mediante
los tasadores externos establecidos por concurso, lo que
vale el bien en el mercado. Sobre eso hay que deducir el
valor que tiene ese derecho de uso, que no es un arrendamiento,
pero que tiene un valor. Si aplicamos por ejemplo,
las reglas del impuesto de sucesiones o de transmisiones,
resultaría que el valor de ese derecho de uso está
en función del número de años que me quede, con lo cual
socialmente perjudicaríamos a los más mayores, que tendrían
que pagar más cuando a lo mejor disponen de
menos. Luego lo que se hace es una estimación media del
coste global sobre el conjunto del patrimonio de ese derecho
del 50 por ciento. Se deduce ese 50 por ciento y se
incrementa -como S.S. ha puesto de manifiesto- ese
precio con las últimas inversiones de los últimos cinco
años, porque no es lo mismo una casa que esté recién
puesta, que una que sea muy antigua, no se acepta el criterio,
señoría, y es un tema que jurídicamente ha dado
mucho trabajo, de las viviendas de protección oficial, y
ahora le explicaré lo que el Consejo de Estado ha señalado.

No se acepta porque no es así jurídicamente; hoy son
las comunidades autónomas las que tienen la competencia
en esa materia y siempre que enajenamos algo, el
Gobierno anterior y éste, nos dicen que esos regímenes
no están en vigor -y no voy a entrar en disquisiciones
jurídicas que son muy prolijas-. El Gobierno tiene la
obligación, señoría, de enajenar razonablemente ese patrimonio.

En el Consejo de Estado algunas asociaciones de
vecinos han hecho alegaciones que pretendían hacer en el
Ministerio y que las hemos reclamado por una razón
obvia: esto no es un reglamento, no hay un trámite de
audiencia, sino que es la soberanía nacional, representada
en esta Cámara, la que, al final, decide, pero han ido al
Consejo de Estado y éste recoge estas reclamaciones
diciendo que básicamente lo que se propone es este argumento
de bajar el precio por las viviendas de protección
oficial, no aceptándolo y dando por válido -aunque no
entran en la valoración de la oportunidad de la ley- el
criterio que está establecido en la ley. Esto admite las
matizaciones que sean y estamos absolutamente abiertos
a debatirlo, pero ésta es la filosofía. Tenemos la obligación
de vender las cosas, de enajenar el patrimonio, pero
venderla al precio que razonablemente tiene, porque si no
estaríamos administrando mal.

Hay otra confusión conceptual en la que coinciden el
señor Moragues y el señor Meyer en la proposición de
ley, pero éste no es un tema de la Gerencia de Infraestructuras
ni de ese contrato de asesoramiento. Este proyecto
de ley lo hemos hecho al margen, porque el patrimonio
del INVIFAS está perfectamente separado, tiene vigente
un procedimiento de enajenación y lo único que hacemos
es extenderlo al conjunto de lo que entendemos que sobra.

Por tanto, no está contabilizado ni tiene nada que ver con
el problema general de la Gerencia de Infraestructuras,
aunque se suma al generar unos recursos que se producen
y que se van a destinar a la profesionalización pero no
está relacionado. El suelo que estamos poniendo para
cooperativas y que seguiremos poniendo en línea con la
proposición de ley es un suelo del propio INVIFAS lo
cual no quiere decir que eventualmente no pueda haber
suelo de otro tipo o que no se pueda llegar a otra redacción
teniendo en cuenta que tenemos que vender por un
precio razonable.

En relación con las condiciones del inmueble -como
el señor Campuzano ha puesto de manifiesto-, se ve que
lo tenemos en cuenta, se puede mejorar la redacción y
estaríamos dispuestos a tener en cuenta cualquier aspecto
social por ejemplo las víctimas del terrorismo que naturalmente
entre las Fuerzas Armadas hay muchas, u otros.

En ese aspecto, como subsecretario de Defensa que es
responsable del personal del Ministerio y que además, en
cuanto al personal se refiere, no tiene el mecanismo de



Página 15010



los sindicatos, y no quiere tenerlo porque no lo requiere
para que funcionen unas Fuerzas Armadas como entendemos
que deben de funcionar, he de tener esa preocupación
social por encima de cualquier otro subsecretario responsable
de otro grupo de personas, porque no hay ese
otro mecanismo reivindicativo. Por tanto queremos introducir
cualquiera de esos elementos, sin perjuicio de cómo
venga el texto al final porque queremos traerlo a la Cámara
cuanto antes y por vía de enmienda estaríamos dispuestos
a ello.

Por supuesto que estamos pensando en los huérfanos
y en los retirados. Hay un problema importantísimo del
que somos conscientes y del que hemos hablado con algunas
de SS.SS. que es el de las mujeres separadas; mujeres
u hombres, aunque estadísticamente hay poco porcentaje
de mujeres en las Fuerzas Armadas y son más bien mujeres
separadas. Ahí tenemos un problema jurídico porque
el titular del derecho a la vivienda es el militar porque es
debido a la movilidad y. sin embargo hay sentencias judiciales
que dicen que se quede la mujer en la vivienda. Ello
coloca al Ministerio de Defensa en la tesitura de tener que
decidir por un lado frente a una decisión jurisdiccional
que hay que respetar pero que no entra en el fondo del
tema y por otro lado, entre los cónyuges, lo cual plantea
un problema de redacción al que no estamos en absoluto
cerrados pero que habrá que ver porque estoy seguro de
que este clima favorecerá la solución del problema, aunque
tendremos dificultades de recursos puntuales. Somos
conscientes del problema y estamos abiertos a ello. No
estamos abiertos -y es importante decirlo- a mantener
ni a enajenar a aquellos que no se lo merecen en ningún
caso. Quiero recordar que puntualmente, en muy pocos
casos, este Gobierno ha procedido al desahucio, algunos
han sonado más, otros menos, pero seguiremos haciéndolo,
y así está en la ley, en el caso de que tengan otra
vivienda no la necesiten, etcétera. Quiero destacar, a título
puramente ilustrativo que en algunos de los desahucios
que más han sonado (el del comandante Pardo Zancada o
el coronel Crespo Cuspineda o el de algún piloto de Iberia
que tenía vivienda en la Academia de San Javier) SS.SS.

me excusarán de explicar la no concurrencia de los requisitos
necesarios para que no se produjera el desahucio.

Esa argumentación que comprendo subjetivamente y
que he discutido con muchos asociados de que están
pagando el alquiler y que en consecuencia ya han amortizado
la vivienda no es aceptable, con todo respeto. El
régimen jurídico que existía hasta ahora es el que era y
pagaban lo que tenían que pagar razonablemente. Ahora
se va a producir la enajenación no porque queramos enajenar
sino porque vamos a cambiar la filosofía del apoyo
a la movilidad y tenemos un patrimonio que hemos de
enajenar ordenadamente y nos parece la mejor solución y
como ha señalado el diputado Fernández de Mesa es la
que siempre ha propugnado el Partido Popular. Será susceptible
de discusión también en la tramitación parlamentaria
porque, por esa regla de tres, si son viviendas de protección
oficial que hay que vender por debajo del precio y
que además las han pagado, las regalamos, cosa que
supongo que tampoco es aceptable, para el conjunto de la
Cámara como ha dicho muy bien el señor Moragues. El
señor Fernández de Mesa ha puesto de manifiesto -y termino
con ello- que para el Gobierno y para el Partido
Popular éste es un tema de especial afección porque ha
combatido mucho. Quiero destacar, como al principio,
que no hacemos de ello en este momento bandera partidaria
porque lo que nos preocupa son los militares, sus familias
y su problema social y el funcionamiento de las Fuerzas
Armadas. En consecuencia agradezco que ninguno de
los grupos de la Cámara lo haya utilizado así. Y creo, por
tanto, que entre todos podremos dar solución a este problema
con los matices que vayamos introduciendo, lo que
repito, a mí, en el plano no político, sino ya personal, me
satisfaría enormemente.

Sus señorías podrán disponer del texto espero dentro
de poco tiempo.




- PLANES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN
CON EL HOSPITAL NAVAL DE EL FERROL (A
CORUÑA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(número de expediente 212/001403).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6:
comparecencia del subsecretario de Defensa ante la
Comisión para explicar los planes del Gobierno en relación
con el Hospital Naval de El Ferrol, en A Coruña.




Tiene la palabra el señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): Voy a ser breve en la respuesta,
porque no hay ninguna especificidad. Los planes del
Gobierno se concretan dentro de la política general que se
está siguiendo en materia de sanidad militar, que ya la
Cámara conoce, porque en alguna ocasión he comparecido
al respecto; los planes son que el Hospital de El Ferrol,
que es el único en este momento de la capitanía general
de esta zona, porque el más cercano está en Burgos, funcione
bien, lo más potenciado posible, y que además se
coordine, como ya lo está, con el Servicio Gallego de
Salud, en este caso, como estamos haciendo con el INSALUD,
con el Servicio Andaluz, con otras comunidades
autónomas, para que, en línea con la filosofía que subyacía
en la proposición no de ley que se ha votado esta
mañana, se pueda disfrutar de las infraestructuras sanitarias
que nosotros tenemos a lo mejor a medio rendimiento
por razones de necesidades logísticas.

Apuntaré dos cosas nada más. El ministro ha firmado
una directiva en julio, en la que estamos trabajando ahora
-llevamos trabajando todo el tiempo, y SS.SS. saben que
también estamos negociando la posibilidad de cierre del
Hospital de Barcelona, en donde hay un acuerdo hasta
ahora bastante uniforme entre todos los protagonistas,
incluidos los representantes sindicales-, para fijar definitivamente
cuáles deben ser las grandes líneas de la política
de la sanidad militar. Este Gobierno, cumpliendo con
este compromiso del propio programa electoral, lo primero
que hizo fue crear la Inspección General de Sanidad y
avanzar ya en algunos caminos en esta dirección y ahora
lo vamos a hacer definitivamente.




Página 15011



Por otro lado, ayer mismo -y es una información que
va en esta línea general y sería aplicable también al Hospital
de El Ferrol, como a cualquier otro- tuvimos en el
Ministerio de Sanidad, en el INSALUD, la reunión del
comité de control y seguimiento del acuerdo que hay con
el INSALUD para la utilización conjunta de nuestras instalaciones.

Las dos partes estamos muy satisfechas; el
incremento de actividad es muy significativo. Incluso un
acuerdo que inicialmente estaba concebido para reducción
de listas de espera quirúrgicas se ha incrementado
con actividades puramente médicas. En el caso de Murcia,
por ejemplo, mientras el INSALUD está remodelando
su hospital, lo tenemos trabajando en nuestras instalaciones
mediante un acuerdo. Vamos a seguir potenciando
esa línea, porque al final, señorías, se trata de servir de la
mejor manera posible a los ciudadanos.

Por tanto, utilizando una expresión militar, diría que
en cuanto al Hospital de El Ferrol: sin novedad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, autor de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, este
punto tiene que ver con un debate que hemos tenido esta
mañana de una proposición no de ley, aunque no es exactamente
igual. En ese debate planteábamos que en el despliegue
de lo que van a ser las nuevas Fuerzas Armadas
se tengan en cuenta todos los servicios excedentarios
sanitarios de las Fuerzas Armadas para que pasen al servicio
público de la salud, al INSALUD, para que pueda ser
utilizado por todos los ciudadanos. En este caso no es así,
porque no estamos ante un centro de asistencia, el Hospital
Naval, del que el Ministerio de Defensa vaya a desprenderse
por falta de utilidad. Al hilo de la desgracia que
ocurrió con el puente de As Pías tuvimos todos la sensación,
ante aquel problema serio, de que había una reivindicación
por parte de los ciudadanos de la comarca de
Ferrolterra, puesto que como había un hospital muy cerca,
magnífico -y pensando en aquella sensación de cierto
agobio, de cierto cerco a la comarca-, entendían que se
podía ver su utilización por los ciudadanos, ya que, repito,
estaba muy cerca del conjunto de las personas que
podían necesitar ayuda hospitalaria en un momento determinado.

Por eso nosotros entendemos que se debía intentar
esa fórmula de transición que permitiría el uso bivalente,
tanto por parte de los profesionales de la defensa
como de cualquier ciudadano, de instalaciones que están
muy bien dotadas, como ésta, en centros de mucha población,
con problemas de comunicación, mediante convenios,
en este caso con la Xunta de Galicia, para arbitrar
fórmulas, y repito, que hicieran posible el uso por los profesionales
de la defensa y de los ciudadanos en general.

El sentido de esta comparecencia era preguntarles si ustedes
han avanzado esa posibilidad, si con la Xunta de Galicia
hay negociaciones o se ha hablado y se ve esa perspectiva
para que ese centro pueda ser utilizado también
por los ciudadanos de El Ferrol.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el señor Borreiros.




El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: En primer
lugar, tengo que decir que no es Hospital Naval de El
Ferrol, sino Hospital Naval de Ferrol. No existe el artículo
«el», porque el nombre de esa ciudad cambió con el
régimen democrático actual.

Continuando con la comparecencia del señor subsecretario,
yo tengo que destacar como ferrolano el orgullo
de tener uno de los hospitales más modernos, no sólo de
Galicia, sino de España, en el Hospital Naval, que está
plenamente equipado y tiene una estructura arquitectónica
de lo más funcional y moderno, e incluso es uno de los
hospitales de la Comunidad Autónoma de Galicia con la
más moderna tecnología. Por tanto, no sólo estamos ente
un edificio bien programado para épocas de guerra, y
también para épocas de paz, sino que también dispone de
un equipamiento y una tecnología verdaderamente envidiables,
incluso con un personal, aunque desde nuestro
punto de vista escaso, no sólo militar sino no militar, que
tiene competencias que exceden las fronteras de España,
como se demuestra en los últimos simposium y reuniones
que se celebran, la semana pasada de medicina digestiva
y este fin de semana de medicina intensiva, con autoridades
internacionales. Por consiguiente, es una cuestión de
patrimonio del Estado también y, cómo no, de orgullo
para todos los españoles. Tiene también helipuerto; es el
único de la zona noroeste de la provincia de A Coruña,
cuyas instalaciones se utilizan no sólo por la estructura
militar, sino de una manera esporádica también para
cubrir las necesidades del sistema público de salud.

Dicho esto, tengo que añadir que -no sólo en nuestra
opinión, sino en la de muchos profesionales y gente relacionada
con el sistema sanitario-, es un hospital, en
época de paz, insisto, infrautilizado. Yo tengo que constatar
personalmente una ósmosis y una relación incompleta,
diría que extremadamente incompleta, con el resto del
sistema sanitario, en este caso de la comunidad autónoma
y del norte de España. Unido a todo esto, yo creo que no
se puede eludir manifestar que en este momento, hay un
descontento laboral, sobre todo del personal interino, y
que durante los últimos años, y concretamente en éste, ha
habido múltiples acciones, incluso judiciales del personal
auxiliar, de los ayudantes técnicos sanitarios, etcétera, por
ejemplo, en cuanto al reconocimiento y los trienios.

Constatamos también -y nos gustaría que el señor subsecretario
nos diera una explicación de una manera plausible-,
que los presupuestos que maneja el Hospital
Naval no son estrictamente ortodoxos, para cumplir los
gastos y los ingresos durante los años presupuestarios.

Para terminar haría las siguientes preguntas, si tiene a
bien contestarlas. En primer lugar, un hospital en época
de paz se mide por ocupación. Cuando se habla de infrautilización
estoy seguro de que es uno de los hospitales con
menos índice de ocupación anual de camas. En segundo
lugar, ¿hay algún tipo de acción por parte del Ministerio
para regular la actividad del personal laboral interino? En
tercer lugar, que es el que más me interesa, si en vistas a
la rentabilidad -entre comillas- (siempre dentro del
punto de vista de los intereses de la defensa y también



Página 15012



-entre comillas- de los intereses o de las necesidades
sanitarias, no sólo de la defensa sino del área donde se
ubica este hospital en Ferrol) tienen previsto algún tipo de
avance en la cooperación con otras instituciones sanitarias,
como es el caso transferido del SERGAS.

Yo creo que en este momento hay una buena disposición
por parte, no sólo de la estructura sanitaria gallega,
sino del propio personal militar y de mando del Hospital
Naval para hacer que esa alta tecnología, equipamiento y
dotación de personal altamente cualificado sea más rentable
no sólo a la defensa sino también para la relación de la
defensa nacional con respecto a la sociedad que está ubicada
alrededor de las instalaciones militares. Un hospital
en tiempos de paz se mide no sólo por la estructura arquitectónica,
la tecnología y el personal, sino también porque
su estructura sea válida para la sociedad, y fomentaría
también las buenas relaciones entre el Ministerio de
Defensa, en este caso la Armada, ya que es el Hospital
Naval, con la población civil.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL
RÍO: Señor subsecretario, simplemente yo coincido con
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor
Borreiros, acerca de la importante inversión que se hizo
durante el Gobierno del mandato socialista en la ciudad
de Ferrol para la construcción del hospital más moderno
de los que pueda que existan en España en este momento
y en las mejores condiciones. También he de recordar que
este grupo parlamentario reiteró en los años 1993 y 1994
no sólo la infrautilización del Hospital Naval de Ferrol
sino también el cierre de determinadas áreas, como podían
ser ginecología o traumatología por carencia de profesionales
especialistas que pudieran estar allí destinados,
y siempre se ha acudido, y me imagino que estará en vías
de solución, a las leyes de plantillas y a las disponibilidades
del personal militar en aquella zona.

Es cierto que ha habido también reivindicaciones
durante estos últimos años, no únicamente durante este
último año, no sólo por problemas de trienios sino de personal.

Yo creo que no están, tal y como se han planteado,
dentro del ámbito de lo que es la resolución y competencias
de la propia dirección del hospital militar sino la Subsecretaría
de Estado y en este caso concreto, de su responsabilidad
como jefe de personal o como responsable
del personal del Ministerio de Defensa, en el que está
encuadrado por supuesto el personal laboral contratado
que allí presta sus servicios.

En todo caso, esta mañana veíamos una proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en relación con la incorporación a la sanidad pública
estatal o autonómica de las infraestructuras sanitarias
excedentarias de las Fuerzas Armadas, y el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular señalaba que ya entre el
Ministerio de Defensa y, por ejemplo, el Servicio Andaluz
de Salud, o el Servicio Canario de Salud, o incluso
también con el SERGAS (Servicio Gallego de Salud), el
Ministerio de Defensa tiene establecidos convenios para
la utilización en aquellas especialidades en las que sea
necesario poder echar mano de los hospitales militares.

Por tanto, nosotros entendemos que, aunque este apartado
está cubierto, no estaría de más que pudiera seguir
ampliándose en el futuro para que las instalaciones de las
que disponemos en una zona tan importante, como es la
ciudad de Ferrol, la comarca de Ferrolterra o incluso la
provincia de La Coruña sean utilizadas al máximo por
todos los ciudadanos que allí viven.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): En primer lugar, señoría, señor
Meyer, vamos a hacer algo de triunfalismo porque en este
caso creo que está justificado: España va bien. El problema
de comunicaciones del puente de As Pías ha sido
resuelto con una rapidez y con una eficacia por este
Gobierno que no se discutirá. Por tanto, no es ese el enfoque.

He dicho que el Hospital Naval de Ferrol está como
los demás en ese contexto de colaboración con la sanidad
pública. Destacaré algún dato más general y me ceñiré
luego al de Ferrol.

Nadie discutirá la participación, por ejemplo, que el
Hospital del Aire ha tenido en la desgracia reciente (por
poner nada más ejemplos recientes) de Irlanda a la hora
de trasladar a los enfermos; nadie discutirá la colaboración
en la última epidemia de gripe -ayer nos agradecían
en el INSALUD la gran ayuda que ha supuesto nuestra
red hospitalaria-; nadie discutirá en el caso, por ejemplo,
del Hospital de Cartagena la utilización perfectamente
combinada entre los dos servicios, etcétera. Si es verdad
que estamos definiendo primero lo que es obligación
de la sanidad militar, que es la parte operativa, que ha de
tener también una parte hospitalaria, en su caso un dimensionamiento,
y unas estrategias para ir implantando poco
a poco, porque tampoco está claro en este momento que
sin más haya infraestructuras sanitarias excedentarias;
habrá que ver si es así o no. Yo creo que en el caso del
Hospital de Ferrol, como S.S. también ha puesto de manifiesto,
está claro que no son excedentarias. Admito la
corrección de S.S., la gramatical, no la política insinuada
ladinamente; yo también soy celta y lo digo, por si acaso,
para que no quepa duda ninguna. No es un problema sólo
del Hospital de El Ferrol el que eventualmente tengamos
escasez -entre comillas- de utilización, que en parte
está justificada logísticamente y en parte a lo mejor no, y
que está también dentro de ese estudio global. (El señor
Vicepresidente, Marsal Muntalá, ocupa la presidencia.)



En relación con Ferrol me gustaría decir que en este
momento hay un acuerdo con el SERGAS, concretamente
con el complejo hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa
Santos, para hacer algunas cosas conjuntas. Por
supuesto estamos abiertos a cualquier iniciativa del
SERGAS, o en este caso de la sociedad ferrolana o gallega,
en demanda de cualquier tipo de colaboración. Me
gustaría decir nada más, y no es empleando el argumento
de forma arrojadiza sino constatando un hecho, que el
grado de utilización que en este momento existe y el
acuerdo, tanto desde el punto de vista laboral, etcétera,
que concretó la potenciación del Hospital de Ferrol y la



Página 15013



desaparición del de la La Coruña, no fue gestionado por
este Gobierno, es decir, que el statu quo procedía de la
gestión anterior. Puede haber efectivamente a lo mejor
una infrautilización que estaríamos dispuestos a pot
enciar.

Acerca del aspecto laboral de los interinos, no del
Hospital de Ferrol, sino general, este Gobierno ha potenciado
la línea de resolver el problema globalmente para el
personal civil del Ministerio de Defensa, que tiene un
volumen más que considerable y, si no recuerdo mal en
este momento (estoy improvisando porque este elemento
no lo tenía apuntado), el año pasado consolidamos, aproximadamente,
en conjunto, no en el Hospital de Ferrol,
unos dos mil. Yo he tenido conversaciones con los representantes
sindicales del Ministerio a nivel global de la
sanidad y singularmente con los del Hospital de El Ferrol
por algún problema concreto, como el traslado de un
paciente e incluso algún desgraciado accidente con muertos,
pero no hemos llegado a un acuerdo porque hay un
problema de seguridad en los traslados, que el Gobierno
socialista tenía también y con el que nosotros hemos continuado,
que S.S. entenderá fácilmente. Los traslados
masivos en autocares del Ministerio de Defensa, esperemos
que en el futuro no sea así, plantean un problema evidente
de seguridad por razones obvias. El diálogo está
abierto para cualquier problema puntual que pueda haber
de carácter laboral. De hecho, cuando esta Comisión que
está trabajando desde julio tenga las grandes líneas de
cuál puede ser el futuro de la sanidad militar, como yo he
hablado con los sindicatos, lo discutiremos también con
ellos, como no puede ser por menos. La única iniciativa
que el Gobierno ha tomado hasta ahora, porque había un
acuerdo unánime tanto con la comunidad autónoma como
con los propios sindicatos, ha sido el cierre del Hospital
de Barcelona. Está todavía por ultimar la concreción del
acuerdo, pero creo que se ha logrado un acuerdo satisfactorio
para todos. Luego, esa voluntad de diálogo existe.

Señorías, resumiendo, estamos abiertos a cualquier
colaboración con la población civil, con el sistema público
de salud, porque nosotros también somos en buena
medida, aunque con una finalidad operativa, sistema
público de salud.




- USO POR LOS LABORATORIOS SERONO DE
ACUARTELAMIENTOS MILITARES, PARA
LA DONACIÓN DE ORINA COMO MATERIA
PRIMA EN LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS,
SISTEMA DE CONCESIÓN O
AUTORIZACIÓN DEL MISMO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
213/000253).




El señor VICEPRESIDENTE (Marsal Muntalá):
Entramos en el punto séptimo del orden del día, que es
también la comparecencia del señor subsecretario para
explicar el uso por los laboratorios Serono de acuartelamientos
militares, para la donación de orina como materia
prima en la fabricación de medicamentos; sistema de
concesión o autorización del mismo.

El señor Menéndez tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): En el mes de octubre del
año 1986, el laboratorio Serono solicitó, según me informa
el Estado Mayor del Ejército de Tierra, autorización
para la recogida de orina en establecimientos militares,
aduciendo su intención de montar una planta de extracción
y purificación de uroquinasa a partir de la orina de
hombres jóvenes. La uroquinasa es un medicamento que
se utiliza en el tratamiento de trombosis, embolias de
todo tipo, (coronarias, pulmonares, etcétera), siendo en
muchas ocasiones de gran importancia para el pronóstico
funcional o vital del individuo afectado. Y para la
consecución de uroquinasa se requiere grandes cantidades,
aproximadamente 2.000 litros para 30 miligramos,
lo que obliga a acudir a colectividades en las que se puedan
conseguir estos volúmenes. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Esta iniciativa permitía a España
contar con una tecnología punta y, desde el punto de
vista de las Fuerzas Armadas, conceptualmente era una
colaboración más, como hay tantas en materia sanitaria,
con Cruz Roja, con donaciones, etcétera. Esta actividad,
por indicación del actual equipo responsable, ha cesado
en el año 1997 por orden del jefe del Estado Mayor de la
Defensa, y se venía desarrollando sobre todo en unidades
de la región militar centro. Naturalmente, la donación
era absolutamente voluntaria para los militares. Se
colocaban unos bidones en los urinarios para que quien
quisiera orinara en un sitio o en otro, y no ha habido ningún
contrato ni ninguna relación del Ministerio de
Defensa o del Ejército de Tierra con el laboratorio
Serono.

Quisiera decir que el dato llamativo y que quizá justifique
la pregunta en este caso y que plantea un problema
más general, no sólo éste, es que -aunque se satisfacen
unos intereses públicos muy evidentes y hay una actitud
de apertura por parte del ejército en este caso- estamos
hablando de una empresa privada, y tratándose de la
Administración Pública no sólo es importante, como la
mujer del césar, ser honesto, sino parecerlo. En consecuencia,
se han cursado instrucciones verbales, que concretaremos
por escrito, para que solicitudes de colaboración
de esta naturaleza -de las que tenemos muchas,
señorías, por todo el territorio nacional, no sólo de tipo
sanitario sino de otro, para que nuestra maquinaria realice
determinada clase de obras o para asistir en catástrofes,
etcétera- no puedan ser tachadas, sin fundamento pero
tachadas, de actividades dudosas al aparecer implicado el
nombre de una compañía privada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, solicitante de la iniciativa,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: La verdad es que al
año y pico la única información que me da es que desde
el año 1997 hay una orden del jefe superior que anula la
actividad. Fíjese que en el mes de marzo del año 1997 ya
tuve respuesta escrita del Ministerio, donde se me explicaba
que desde el año 1987 el jefe del Estado Mayor del



Página 15014



Ejército de Tierra autoriza la recogida de orina en algunos
establecimientos de la región militar de Madrid, (el
aeródromo militar de Cuatrovientos, el grupo de Transmisiones
de Getafe, el grupo de automóviles, la base
aérea, el ala 35, el ala 12 de Torrejón, la escuela de
automovilismo de Getafe, el grupo logístico de transmisiones
de Getate y la escuela de transmisiones de Cuatrovientos).

Y se hacen dos precisiones: una, que no hay
ningún convenio entre el Ministerio de Defensa y el laboratorio
y, dos, que es una donación sin contraprestación
alguna. Por medio surge la información de que hacen
algún sorteo de algunos materiales, de una moto, de unos
programas, etc. La publicidad que se repartía entonces
entre los militares, y que yo tengo, decía que esto era
colaborar con una especie de trabajo de investigación.

Decía que la empresa Serono investigaba enfermedades
del corazón, cancerígenas, dermatológicas y que necesitaban
extraer la orina. Pero esto no era verdad; no era
para investigar; era para producir un medicamento utilizando
una hormona, la uroquinasa, que es abundante en
los jóvenes en la época de crecimiento y en las señoras
en un momento de su fertilidad. Pero el problema está en
que para producir este medicamento anticancerígeno, o
para el corazón, el Uroquidán inyectable, se necesitan
aproximadamente unos 30.000 litros de orina, y el precio
en que esta empresa vende este producto está en 280.000
pesetas. Lo que choca un poco es que las grandes cantidades
de materia prima que necesita esta empresa ubicada
en el exterior -es una empresa holandesa con domicilio
social en Holanda- no son para investigar, sino
para poner en circulación, para vender un medicamento.

Usted me dirá: pues nosotros colaborábamos con este
laboratorio. Pero este laboratorio transformaba en petróleo
amarillo lo que obtenía en nuestros cuarteles. Lógicamente
lo que choca es que esto no se produzca de una
forma razonable. La solicitud simplemente se presenta y
se autoriza, pero no hay una transparencia en cuanto a la
competencia que pueda producirse. ¿Por qué esta empresa
y no otra? Dice que porque no lo ha pedido otra. ¿Pero
sabe cualquier empresa que puede dirigir su solicitud?
Me gustaría saber si los propios soldados, que estaban
entonces en ciclo obligatorio, sabían qué se hacía, qué
comercio se tenía y que no era para investigar. ¿Se les
explicaba a cada uno? En la información está el botijito
que se ponía, pero le puedo decir que para entrar en un
cuartel tengo que hacer peticiones, y hay que ver la facilidad
con que todos los días entraban las furgonetas,
dejaban sus cacharros y venían por la noche y se los llevaban
y no había ningún problema. Es decir, eran una
parte más de cuartel, y eso simplemente por amor al arte.

Se concede y se funciona por amor al arte. Yo creo que la
mejor de las soluciones ha sido la última; si no, que haya
total transparencia, que se adjudique, que se presente y
que se haga un valor de lo que hay ahí. Usted me afirma
que no ha habido contraprestación alguna, ni ingreso
alguno para el Ministerio de Defensa ni para ninguna de
las partes y para los soldados algún que otro regalo o sorteo.

Esto choca un poco para los que lo vemos desde
fuera. Por tanto, espero que en lo sucesivo esto -es verdad
que viene del año 1987- esté ordenado, esté reglado,
que haya un mínimo de ordenanza, de funcionamiento
para que se plantee en qué condiciones se puede producir
esa cesión y qué contraprestación se tiene, porque
aquí duros a tres pesetas no se dan, pero con duros por
nada uno se llena de billetes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Borreiros.




El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: Solamente
voy a decir dos palabras, señor presidente. Una vez que el
señor subsecretario se ha comprometido a que esa orden
verbal se haga por escrito y que se informe correctamente
de que es una acción voluntaria, propia del voluntariado,
nos damos por satisfechos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Gutiérrez Molina.




El señor GUTIÉRREZ MOLINA: En primer lugar,
quiero agradecer, en nombre de mi grupo, la comparecencia
del señor subsecretario y las explicaciones que aquí ha
dado referente al uso por parte de los laboratorios Serono
en acuartelamientos militares para la donación de orina
como materia prima para la fabricación y obtención de
medicamentos, en concreto de la uroquinasa. Sencillamente,
después de las intervenciones tanto del señor subsecretario
como de los distintos portavoces, me interesaría
dejar claro algunos aspectos fundamentales.

En primer lugar, no se debe entrar en la disquisición
sobre si es producción o es investigación. Nosotros creemos
-permítaseme la pequeña desviación profesional
como médico- que la producción de un medicamento o
de una hormona o de una enzima, efectivamente, como es
ésta, va ligada indudablemente a la materia de investigación,
sobre todo como en este caso por sus cualidades
terapéuticas como preventivo de enfermedades cardiovasculares
o demarcadores cancerígenos, etcétera. Naturalmente,
nosotros creemos -porque es de uso común,
no solamente en el caso que nos ocupa, en establecimientos
militares, sino en departamentos hospitalarios- que
los procesos de producción y de investigación van íntimamente
ligados. No pretendo ponerme didáctico, señor
subsecretario, sino exclusivamente quiero apuntar esta
pincelada que me parece importante.

En segundo lugar estamos de acuerdo con las explicaciones
que el señor subsecretario ha dado. Ciertamente se
necesitaba gran cantidad de orina tanto para la producción
y la obtención como -insisto una vez más- como
desde el punto de vista experimental.

Quedan algunos aspectos que también interesa destacar
porque se han tratado, como son la inexistencia de
algún convenio y, sobre todo, la contraprestación. Me
interesa señalar el hecho de que no se considerara necesario
efectuar ningún tipo de convenio, aun estando sujeto a
distintas apreciaciones. Hay que decir prontamente que
cuando las donaciones de determinado fármaco o determinado
material -en este caso, de orina- no implica en
ningún momento actuación de personal, excepto del
donante de material o equipos de sociedades determinadas
u hospitales -en este caso el Ejército-, con independencia
de la apreciación personal sobre lo que nos



Página 15015



pueda parecer; desde un punto de vista estricto no es
necesario realizar ningún tipo de convenio. El señor subsecretario
también ha dicho que el propio laboratorio ha
sido el que se ha encargado de todo el proceso productivo
-entre comillas-, lo cual en nombre de mi grupo me
parece importante señalarlo. Es necesario decir también,
para que dejen de flotar ciertas dudas que pudiéramos
tener los integrantes de esta Comisión, que no existe
contraprestación
alguna por parte de las Fuerzas Armadas
-en el ámbito de mi actuación profesional así lo he
constatado en otros lugares-, sino una colaboración
desinteresada de determinados colectivos con la sociedad,
teniendo en cuenta además el objeto de la investigación
-aquí se ha dicho producción- de la uroquinasa
por sus actividades terapéuticas, que es ocioso repetir en
este momento porque ya el señor subsecretario y también
los portavoces lo han mencionado.

Anuestro grupo le ha quedado absolutamente claro que
el laboratorio ha donado de forma voluntaria algún tipo de
material para el esparcimiento y uso de los soldados. Me
parece que en la comparecencia del señor subsecretario ha
quedado manifiestamente clara la actuación traslúcida del
tema que nos ocupa y estipulado el proceso que desde el
año 1986 hasta 1997 ha generado el tipo de comparecencia
del señor subsecretario en la mañana de hoy.

Simplemente quiero agradecerle de nuevo sus explicaciones
y su presencia.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): Yo creo, resumiendo, que hay un
acuerdo claro, que yo anticipaba en mi percepción. En primer
lugar, si desde la Subsecretaría se detectara cualquier
tipo de irregularidad en el plano económico, etcétera, por
supuesto se perseguiría. En segundo lugar, estamos
hablando de las Fuerzas Armadas y, por tanto, de una parte
importante de la Administración Pública, y la mujer del
césar, repito, no sólo ha de ser honesta, sino que ha de
parecerlo, y, por eso, estamos preparando una instrucción
que sea lo más amplia posible para evitar este tipo de situaciones
que pueden dar lugar a equívocos. En tercer lugar,
señorías, y quizá es la única discrepancia que podamos
tener no en cuanto al hecho, sino en cuanto a la percepción,
yo creo que más bien en ese caso, aunque tampoco
lo puedo afirmar porque viene de muy atrás, lo que hay es
un grado de ingenuidad irresponsable -si usted quiere
entre comillas- en la toma de decisión inicial antes que
una intención de otro tipo. En cualquier caso, asumimos la
propuesta -ya estábamos en ello- y lo que quisiera es
que esa instrucción tuviera el carácter más global posible,
porque no sólo se nos da este tipo de situaciones, sino
otras, con frecuencia, como la utilización de maquinaria
para otras cosas. Hay de dejar muy claro lo que es una
finalidad pública, que estaría dentro del ámbito del que
antes hablábamos, con el INSALUD o con otros organismos,
que podemos satisfacer, y otras finalidades que, a lo
mejor, tienen un perfil público por ser de investigación
pero pueden ser más que dudosas desde el punto de vista,
por lo menos, de la visibilidad social.

Nada más.

- SI EL MINISTERIO PIENSA REPETIR EL
SORTEO INFORMÁTICO PARA DETERMINAR
LOS EXCEDENTES DE CUPO DE LOS
JÓVENES PENDIENTES DE REALIZAR EL
SERVICIO MILITAR A LA VISTA DE LOS
ERRORES PRODUCIDOS EN EL MISMO. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de
expediente 213/000425).




- EL MÉTODO UTILIZADO EN EL SORTEO Y
LA ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DE
REEMPLAZO. A PETICIÓN PROPIA (número
de expediente 214/000055).




El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a debatir
conjuntamente dos comparecencias, las que en el orden
del día figuran con los números 8 y 11, que tienen el
mismo objeto: el sorteo y los métodos de sorteo para la
asignación de excedentes de reemplazo.

Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): En relación con este tema quizá
sea el efecto inverso al que yo apuntaba sobre la política
de viviendas. Aquí no es que nunca sea tarde si la dicha es
buena, es que realmente mi comparecencia poco puede
aportar a lo que es la posición del Gobierno que SS.SS.

conocen desde el primer momento.

Destacaría quizás tres datos que pueden aclarar algo
más, primero, acerca de que hubo igualdad de derechos
entre todos los sorteados, sin perjuicio de que el método
pueda ser perfectible. En esa línea, como se expuso en las
comparecencias del señor ministro y en las intervenciones
en aquel momento, el Gobierno ha asumido el planteamiento,
tanto de la Comisión Mixta Congreso-Senado
de la profesionalización como del propio Defensor del
Pueblo, de buscar elementos que determinen objetivamente
mejor las personas que serán excedentarias de
acuerdo con el proceso de profesionalización. De hecho,
en el proceso de reclutamiento de este año, este verano se
ha publicado la disposición que prevé el mecanismo del
sorteo para la asignación de destinos -no de excedentes,
pero eventualmente el de excedentes-. Hace escasamente
quince días o quizás menos yo he aprobado la resolución,
después de la tramitación correspondiente, con los
informes técnicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, etcétera, que determina el mecanismo
INFORMÁTICO, que es el mismo que el año pasado pero
para las dos fases de sorteo. Me parece que quizás en el
problema del año pasado haya habido un poco de exceso
en todas las direcciones, toda vez que en la notificación
personal que se hacía a cada uno de los miembros de
reemplazo se decía claramente que era el primer sorteo el
que daba la igualdad absoluta de oportunidades. Desde el
punto de vista jurídico, para que SS.SS. tengan el dato, se
produjeron aproximadamente 163 recursos en vía administrativa
contra el sorteo y 153 excedentes que querían
incorporarse al cumplimiento del servicio militar. A eso
se reduce al final el problema.




Página 15016



En relación con los 153, después de estudiar la asesoría
jurídica el tema, éstos vinieron a cumplir la obligación
y en relación con los 163, una vez rechazados con las
argumentaciones correspondientes porque había matices
jurídicos en el enfoque en vía administrativa, perviven 11
recursos ante la Audiencia Nacional. Casi todos los recursos
lo que pedían -y entenderán SS.SS. que la finalidad
no es precisamente del todo el interés público, en el más
absoluto respeto naturalmente para los recurrentes- era
no hacer el servicio militar; solicitaban la medida cautelar
de suspensión de la incorporación. Hasta donde yo sé, en
este momento el tribunal ha rechazado esas medidas cautelares
en primera instancia y el recurso que ha habido en
relación con la medida cautelar también se ha rechazado.

Creo honestamente que el tribunal ratificará el criterio del
Gobierno en cuanto a la igualdad de oportunidades, pero,
en todo caso, saben SS.SS. que yo nunca me pronuncio
sobre las resoluciones judiciales ni en curso ni no en
curso; en consecuencia, habrá que esperar a la tramitación
de esos recursos.

En cuanto al criterio que exponía a SS.SS., como
saben también, el Gobierno está preparando un decreto en
el que, considerando las condiciones económicas, por un
lado, lo que supone la prestación del servicio para el individuo
desde el punto de vista social, y las condiciones
psicofísicas, por otro, tratamos de establecer la determinación
de aquellos excedentes que se produzcan sin necesidad
de acudir al sorteo; están abiertas, en principio,
legislativamente las dos posibilidades porque, como
SS.SS. conocen, no sabremos hasta finales de este mes,
como se hace siempre, exactamente el componente del
reemplazo del año que viene.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subs
ecretario.

De estas dos iniciativas, una era del propio Gobierno y
la otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. En su nombre, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Intervengo con mucha
brevedad porque éste es un asunto que ya tratamos en su
momento; tuvimos también una entrevista específica en
el Ministerio de Defensa con el ministro sobre este tema;
es decir, lo tenemos muy debatido en la Cámara. Yo creo
que de los errores se aprende. El del año pasado, fue un
error claro que afectaba a la igualdad de oportunidades.

Por lo que usted dice, el anuncio de este decreto va en la
línea de lo que todos los grupos manifestamos a partir del
error del sorteo del año pasado, tratando de objetivar al
máximo las causas de la excedencia del servicio (económicas,
cargas familiares, médicas; el cuadro médico había
que rectificarlo); dejando sólo para el sorteo un cupo de
personas que no se pudiera objetivar. Las propias oficinas
de reclutamiento tienen información suficiente para hacer
un buen trabajo sobre la objetivación. Por lo tanto, al día
de hoy, lo que interesa de esta comparecencia, más que
volver a insistir sobre lo que supuso para el conjunto de
los jóvenes que entraron en sorteo el año pasado -indudablemente
seguimos planteando que fue un atentado
claro a la igualdad de oportunidades-, más que eso, que
está superdebatido y todos los grupos tuvimos ocasión de
manifestar nuestra posición, lo que interesa es que en el
próximo decreto se avance por la vía que usted nos ha
anunciado: intentar al máximo la objetivación de las causas
de la exención del servicio militar y el resto, en todo
caso, hacerlo por sorteo, pero por uno que sea capaz de
tener un programa en el ordenador que garantice la igualdad,
para que no vuelva a ocurrir lo mismo que el año
pasado. Creo que ese debe ser el sentido de la comparecencia
del día de hoy.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergencia i Unió, tiene la palabra el señor
Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente,
el tema del sorteo desafortunado del año pasado
ya es historia pasada. Creo que en su día el Gobierno ofreció
las explicaciones que tenía que dar y difícilmente
podríamos haber resuelto aquella situación de otra manera.

Hoy, y desde hace unas cuantas semanas -así trascendió
a través de los medios de comunicación-, se nos
informa de la voluntad de reformar el reglamento de
reclutamiento, precisamente con el objetivo de recoger lo
que ha sido una propuesta de la Comisión Mixta para la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas. Entendemos
que en este período transitorio es importante que
se busquen criterios lo más objetivos posibles para dar
satisfacción y evitar que se puedan producir situaciones
como las que se dieron en el sorteo anterior. Ya en aquel
momento nuestro grupo parlamentario se manifestó en
diversas actuaciones parlamentarias acerca de la necesidad
de estudiar esta reforma del cuadro médico de exclusiones;
un cuadro médico que se había establecido en su
día para permitir la mayor incorporación de jóvenes al
servicio militar. Por lo tanto, nos parece muy oportuno
volver a un esquema más flexible que pueda permitir que
personas, que en función de sus circunstancias físicas
pueden ser menos útiles a las Fuerzas Armadas, se vean
libradas de realizar el servicio militar obligatorio. Nos
parece un criterio que compartimos al cien por cien, quedando,
lógicamente, a la espera de ver el contenido exacto
del reglamento.

El Gobierno nos anuncia su voluntad de introducir
esta gradación en función de la aportación del joven a la
economía familiar; también nos parece un criterio interesante.

El Gobierno sabe -la semana que viene vamos a
tener que debatir una proposición de ley del Grupo
Socialista- que desde organizaciones juveniles, y muy
especialmente desde el mundo sindical, a través de
Comisiones Obreras, se ha manifestado una posición
favorable a introducir en el terreno de prórrogas y causas
de retraso en la incorporación al servicio militar aquéllas
que tengan relación con la situación laboral de los jóvenes.

Estamos hablando de contratos en formación o en
prácticas, o incluso de la contratación a tiempo tasado.

Nos gustaría saber si el Gobierno va a mantener en las
próximas semanas un criterio abierto y en la línea de la
proposición de ley del Grupo Socialista, si no quizás en
sus términos estrictos, al menos, para estudiar la posibilidad
de que los contratos en formación o en prácticas, que



Página 15017



no dejan de ser un período de estudios tasados en el tiempo
y ligados, además, con la inserción laboral de los
jóvenes, puedan ser también objeto de prórrogas de estudios
o prórrogas por razones laborales. Nos parece que
deberíamos estudiarlos porque ésta no es una propuesta
que podamos rechazar de plano. A partir de ahí debemos
entender que el criterio global del Gobierno de reforzar o
de ampliar el excedente a través de estos mecanismos es
compartido al cien por cien por nuestro grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANÉS: Voy a intervenir con
toda brevedad también.

Sobre el sorteo del año pasado todo está dicho por
parte de los grupos parlamentarios y por parte del mío
especialmente; está todo dicho por nosotros y todo sufrido
por el Ministerio en ese sentido. Por tanto, no es preciso
volver a hurgar más en la cuestión.

Para el futuro tengo delante la resolución de 22 de septiembre
por la que se aplica el nuevo sistema
INFORMÁTICO o los nuevos criterios informáticos que
van a ser la base del nuevo sistema para la distribución de
destinos. Me tranquilizan algunas cosas. Como el Organismo
Nacional de Loterías fue caballo de batalla en relación
con el primer sorteo, y no aparece por aquí, no sé si
es motivo de tranquilidad o de intranquilidad, aunque probablemente
no tiene por qué. Me tranquiliza también que,
siendo una resolución firmada por usted, como subsecretario,
a pesar de ser de letras como reconocía en su día,
usted haya adquirido un reciclaje espectacular en estas
materias en poco tiempo, como lo revela el documento.

El decreto o la resolución se mueve en términos tan extraños
para mí como: congruencia lineal, srand, funciones
Irand, librerías libc, operativos UNIX, inicializar el GCL
y las semillas de 32 bits. (Risas.) Le felicito por esta
nueva incorporación en el sistema INFORMÁTICO, porque
usted ha tenido una capacidad de aprendizaje para
estos temas que envidio; yo también soy de letras y no sé
si hubiese sido capaz de entender esta terminología. También
me tranquiliza que se haya producido un decreto o
una resolución en estas condiciones. Finalmente, espero
que entre esta jerga no se vuelva a deslizar ningún virus
INFORMÁTICO que vuelva a dar al traste con la cuestión
y pueda organizar algún tipo de desaguisados partic
ulares.

Estamos a la espera de que con los criterios anunciados,
que ya se han hecho en algunas ocasiones por parte
del Ministerio en relación con el nuevo reglamento en el
que se van a fijar los criterios que se van a aplicar para la
asignación de destinos, se procure que el menor número
posible de personas o mozos sean los que vayan por el
sistema de sorteo y que responda a los criterios que se
han venido manejando por parte de los diferentes grupos
parlamentarios y del mío muy en particular, en relación
con los criterios médicos, los socioeconómicos, etcétera.

Ya conocemos los avances en ese sentido -usted los ha
ido proporcionando- que el reglamento tiene como tal.

Queríamos saber el calendario de tramitación en relación
con el dictamen del Consejo de Estado, la aprobación
definitiva para poder discutirlo con mayor conocimiento
de causa, una vez que se hayan cumplido todos los trámites
pertinentes.

Con esa voluntad de que estos próximos sorteos se
basen en criterios tan magníficos como los que se expresan
en esta resolución, y vuelvo a felicitar al señor subsecretario
por la rapidez con que se han asumido estas
nuevas técnicas, espero que la próxima vez no haya ningún
virus extraño.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL
RÍO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se
encuentra realmente satisfecho de que este Gobierno, después
de haber reconocido, como no podía haber sido de
otra forma, los errores que se habían producido en el sorteo
del año pasado, haya rectificado de una manera tan
importante, sobre todo de acuerdo con lo que habían sido
las reivindicaciones de los grupos parlamentarios del
Congreso, e incluso atendiendo las medidas propuestas el
pasado mes de mayo por la Comisión Mixta CongresoSenado
sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
para que se revisasen los supuestos de exclusión del
cuadro médico o razones familiares. Realmente nos parece
un ejercicio de responsabilidad, un nuevo ejercicio de
responsabilidad por parte del Gobierno el real decreto,
que está pendiente de informe del Consejo de Estado, que
por una parte modifica el nivel de aptitud psico-física del
cuadro médico, para que se pueda reducir el número de
aptos para el servicio militar, y por otra simplifica y rebaja
los requisitos económicos para obtener de la condición
de sostén de la familia.

Nosotros entendemos que esta nueva disposición nos
va a situar en el ámbito de las existentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley del Servicio Militar del
año 1991, que endurecía de una manera muy clara las
causas para la exención, como consecuencia de la disminución
de la tasa de natalidad. Con independencia de
ello, mi grupo parlamentario manifiesta su satisfacción
por que se haya tenido en cuenta, según la orden ministerial
por la que se aprobaron en el mes de agosto las normas
para la asignación de destinos del reemplazo del
año 1999, dichas normas, que se regulan mediante la
determinación de los excedentes, pero por sorteo
INFORMÁTICO en lugar de por bombos. Yo creo que
éste es un reconocimiento práctico de que el Gobierno
está dispuesto no sólo a mejorar la limpieza de todos estos
procesos, sino de atender también aquellas indicaciones
que, desde los grupos parlamentarios de la oposición, se
realizan cuando están cargadas de razón y de sentido
común.

Yo quiero felicitar en especial a la Subsecretaría porque
tiene un equipo ejemplar, que es capaz de dar respuesta
a aquello que desde el Parlamento venimos
demandando y plasmarlo en la orden del 22 de septiembre
a la que se ha referido el portavoz socialista, señor
Moya. Yo creo que de grandes equipos es de lo que están
construidas obras tan importantes como las que, por ejemplo,



Página 15018



en este caso concreto se juega el futuro de un gran
número de españoles que pueden realizar el servicio milit
ar. Por ello, mi grupo parlamentario felicita al Gobierno,
felicita al Ministerio de Defensa por este cambio de planteamiento,
ya que -sin querer decir que no fuera justo el
anterior- cree que se ciñe mucho más a los planteamientos
que entre todos los grupos parlamentarios entendemos
son más acordes con lo que en este momento planteamos,
que es la exención del servicio militar a los jóvenes en
edad de cumplirlo.




El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene
la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE DEFENSA
(Menéndez Menéndez): Yo creo que hay una coincidencia
global, por lo que simplemente voy a matizar algunos
aspectos. Este año se ha dictado la resolución, porque lo
exige así la legislación vigente, con tramitación de las
Administraciones Públicas, etcétera, pero no es una novedad.

El mecanismo, que en su parte técnica no entiendo,
es exactamente el mismo que el del año pasado y que el
de todos los sorteos informáticos que el Gobierno del Partido
Socialista hizo. Simplemente, el segundo tramo del
sorteo, que fue en el que hubo el posible error el año pasado,
se hace también por procedimientos informáticos.

Hemos querido garantizar, a través del asesoramiento, no
sólo de los servicios técnicos del Ministerio, sino en este
caso del Consejo Superior, que era correcto y transpar
ente.

Evidentemente, el Ministerio asume -lo asumió
inmediatamente- la parte de error que pudiera haber
habido, y es del Ministerio y de nadie más. Ahora bien,
no aceptamos tanto que no haya habido igualdad de oportunidades,
cosa que no es así, y estamos convencidos de
que la ha habido en cuanto a las disponibilidades de los
mozos, que es un tema distinto a la vulneración del artículo
14 de la Constitución. Vamos a trabajar en esta línea.

El decreto está tramitándose. No creo que en el Consejo
de Estado haya grandes objeciones desde el punto de vista
legal. Lo que estamos haciendo ahora, en función de las
disponibilidades para el reemplazo del año que viene y de
las necesidades, es averiguar exactamente cuál es el
número de personas que nos sobra y luego adaptar las exigencias
de las dos causas que estamos barajando a esos
excedentes. Me gustaría apuntar una cosa, porque el señor
Campuzano ha introducido en el debate otro tema, en
relación con la propuesta del Grupo Socialista, que no
estamos barajando en principio en el decreto, y que sí me
ofrece alguna duda, que es la siguiente. Al final lo que se
exige es transparencia y objetividad en una decisión de
esta naturaleza, para garantizar el principio de igualdad,
etcétera. Por ejemplo, la objetividad en las medidas sanitarias
está determinada por los exámenes médicos oportunos
y la constatación de los datos; la objetividad en las
condiciones socioeconómicas por la declaración de la
renta, etcétera, por una serie de elementos que se pueden
comprobar. Cuando se trata de contratos laborales se producen
dos elementos que nos suscitan alguna duda. Primero,
en un contexto en el que la economía va mejorando
y se va creando mucho empleo gracias a la buena gestión
del Gobierno, aunque todavía existe un grandísimo nivel
de desempleo en España, S.S. convendrá conmigo en que
es uno de los principales problemas que tiene España. Si
a alguien que tenga la suerte -entre comillas, porque no
hay un criterio objetivo- de poder trabajar además le
ofrecemos la exención del cumplimiento de una obligación
solidaria con todos sin más, tal vez no estemos siendo
tan objetivos. Segundo, ¿cómo constato yo, Ministerio
de Defensa, cuando alguien me venga con un certificado
que puede ser perfectamente de su hermano o su cuñado
diciendo que tiene un contrato en prácticas, que de verdad
eso es así? Ésas son las dos cosas que hacen que, de
momento, no estemos barajando eso en el decreto; por
supuesto, estamos abiertos a cualquier elemento de esta
naturaleza. Eso sí, queremos que el sistema sirva para
todo el período transitorio, pero en lo inmediato estamos
pensando en los sobrantes del año que viene. Y si tenemos
que ajustarlos, porque sumemos cuatro o cinco causas
que nos lleven, en aproximación estadística, a un
número superior al de quienes de verdad sobran, que es la
finalidad de la reforma según la Comisión Mixta y del
Defensor del Pueblo, estaríamos cometiendo un error. Es
decir, hay que conjugar ambas cosas. Esperamos a finales
de este mes, como ocurre todos los años, para tener ya ese
número determinado de las disponibilidades y necesidades
del año que viene y -bien en paralelo, bien un poco
después si necesitamos algún tiempo más para perfilar el
decreto- traerlo; en su caso, como ha dicho el señor
Meyer, si ambos mecanismos todavía resultasen excedentes,
se podría hacer un sorteo residual, eso sí, por el procedimiento
INFORMÁTICO nuevo. Ésta es la situación
en estos momentos.

Aprovecho, señor presidente, para agradecer al señor
Fernández de Mesa la referencia a mi equipo, porque la
verdad es que tengo un equipo maravilloso del que puedo
presumir y gracias al cual me puedo ir defendiendo, porque
casi todas las cosas que hacemos en la Subsecretaría
no son mérito del subsecretario sino del equipo.




El señor PRESIDENTE: Consultados los portavoces,
la Mesa ha acordado aplazar para una próxima sesión de
la Comisión el debate de las dos comparecencias que aparecen
en el orden del día con los números 9 y 10, sobre la
integración de la mujer en las Fuerzas Armadas y la rescisión
de contrato de tropa por razones de maternidad, etcétera.

Dada la importancia de esos temas y lo tarde que se
nos ha hecho, lo dejamos para una de las próximas sesiones
de la Comisión, que oportunamente se anunciará.

Agradecemos, de nuevo, al señor subsecretario su presencia
en esta sesión de la Comisión.




- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO
DE ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y
PARA LA UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL Y
EGEA) PARA INFORMAR SOBRE LA PROPUESTA
ESPAÑOLA EN RELACIÓN AL CÓDIGO
DE CONDUCTA SOBRE LAS EXPORTACIONES
DE ARMAMENTO. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL



Página 15019



DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente
212/001308).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente
que es la comparecencia del secretario de Estado de Política
Exterior.

Señorías, proseguimos el desarrollo de la sesión, abordando
el último punto del orden del día. Estaba pedida la
comparecencia del representante español en el grupo de
trabajo sobre comercio de armas, pero tanto la Mesa de la
Comisión como las consultas que hicimos con el Ministerio
de Asuntos Exteriores nos llevaron a la conclusión de
que lo oportuno, lo adecuado, dada la importancia del
tema, era la presencia del secretario de Estado de Política
Exterior, don Ramón de Miguel, que ya está aquí, a quien
agradecemos su presencia en esta Comisión y que tiene la
palabra para exponer el tema de la comparecencia, que es
la propuesta española en relación con el código de conducta
sobre exportaciones de armamento.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE
POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN
EUROPEA (De Miguel y Egea): Gracias a todos los
diputados miembros de esta Comisión que, después de
tercer una mañana muy llena de trabajo, todavía siguen
aquí.

Dado lo avanzado de la hora voy a pasar, sin más preámbulos,
a responder a la pregunta planteada.

El Gobierno español, como SS.SS. conocen, apoyó
desde el primer momento la iniciativa franco-británica de
elaborar un código de conducta de la Unión Europea
sobre exportaciones de armas y colaboró muy activamente
y con espíritu constructivo en su redacción. Como
todos los instrumentos internacionales, el código de conducta
ha sido fruto de un consenso, que no es un acuerdo
unánime, sino a veces un acuerdo que se toma con falta
de oposición activa; ha habido algunos países que no tenían
un gran entusiasmo por aprobar el texto que había,
entre ellos nosotros, pero al final no nos opusimos a que
se aprobara, porque pensamos que eso era mejor que
nada. Puede no colmar las aspiraciones de algunos -
entre ellos, de nuestro propio Gobierno- pero desde
luego no puede negarse que constituye un importantísimo
avance hacia un mayor control, transparencia y autolimitación
de las exportaciones europeas de armamento. La
posición europea en esto es sin duda la más avanzada del
mundo y eso es ya un hito, porque estamos abriendo un
camino por el que esperemos que vayan otros. Este papel
pionero de la Unión Europea se reconoce incluso en el
Congreso de los Estados Unidos, que es, con diferencia,
el país mayor exportador de armas del mundo, con alrededor
del 50 por ciento del comercio y del mercado mundial
de armas. Allí se ha presentado una propuesta para
dotar internamente y promover a escala internacional un
código de conducta que está basado y se parece mucho al
que hemos aprobado en la Unión Europea.

Es cierto -como he dicho ya- que el Gobierno
español hubiera deseado avanzar más en algunos ámbitos,
y este deseo del Gobierno es compartido por las
fuerzas políticas. Por citar algunos de los ámbitos en los
que nos hubiera gustado avanzar más, señalaré el sistema
de notificaciones cuando un Estado autoriza una
exportación esencialmente idéntica a otra prohibida previamente
por otro Estado. Esto es lo que en la jerga del
mundo de armas se denomina undercut. España, junto
con la mayoría de los Estados miembros, era partidaria
de que ese undercut se notificara multilateralmente a
todos los demás socios, para que quedara patente que
hay un país que está jugando undercut, por debajo de la
norma. Sin embargo, prevaleció el criterio minoritario
de que se notificara la autorización de una exportación
sólo al Estado que la denegó en primer lugar, y así se
recoge en la disposición operativa tercera.

Permítanme SS.SS. que comente otra de las grandes
cuestiones de la negociación del código, el instrumento
de su aprobación. Había dos tesis. Una, que fuera una
posición común de las previstas en el artículo j) 2 del Tratado
de la Unión y la otra, que fuera una resolución del
Consejo. La distinción, que a primera vista parece inocua,
no es baladí porque, dependiendo de que se tome una u
otra, es jurídicamente vinculante y justificable ante el tribunal
de justicia o simplemente es una obligación política.

El Gobierno español, que se había adelantado, desde
luego, por su cuenta y gracias al estímulo de esta Cámara
a través de su proposición no de ley sobre comercio y
exportación de armamento del 18 de marzo del año pasado,
ya había introducido en su legislación interna, concretamente
en el artículo 9.3 a) del reglamento de comercio
exterior de material de defensa y de doble uso, los criterios
aprobados por los consejos europeos de Luxemburgo
y de Lisboa y sus sucesivas modificaciones.

Como SS. SS. apreciarán, el Gobierno español ya
había previsto las medidas para que el código de conducta
fuera jurídicamente vinculante en España desde el
mismo momento de su aprobación. No obstante, en el
debate con nuestros socios, la mayoría de los Estados
miembros consideró que sería prematuro dotar al código
de ese carácter jurídico y justiciable ante el tribunal de
justicia, y por ello se aprobó como declaración de Consejo.

Yo creo que, aparte de expresar nuestra decepción,
tampoco debemos exagerar y restar importancia al código
y al método que se ha utilizado. En sociedades como las
europeas, con opiniones públicas bien informadas y alertadas
sobre todos estos temas, sensibilizadas, los gobiernos
están de hecho tanto o más obligados a respetar los
compromisos políticos del código que si estuvieran sometidos
a un procedimiento ante el tribunal de justicia. No
nos engañemos, la presión política muchas veces es incluso
más poderosa, cuando se tienen sociedades alertadas y
sensibilizadas, que una sanción de un tribunal.

Por decir algunos temas en los que tuvimos criterios
que no han sido adoptados por la mayoría, España propuso
que se ampliara el apartado b) del criterio 4 a los casos
en que un Estado ocupara ilegítimamente, por la fuerza,
un territorio de otro Estado con mejor título. La oposición
frontal de un socio de la Unión Europea hizo imposible
que se recogiera este criterio. Sus señorías sabrán disculpar
que no sea más explícito, ya que conocen que las
negociaciones en el marco de la política exterior y de
seguridad común entre los Estados miembros tienen un
carácter confidencial y, por tanto, no puedo decir qué



Página 15020



Estado fue, pero basta que hubiera uno para que este tema
no progresara.

La delegación española, en el grupo de trabajo competente,
respaldó la iniciativa de otro Estado miembro de
añadir una referencia a la defensa de las instituciones
democráticas en el criterio 3, pero tampoco esto fue
incluido en el texto final. Como ésas, hubo muchas iniciativas
o comentarios españoles durante la negociación del
código que a nuestro juicio hubieran enriquecido el texto
y no se recogieron. Igual les sucedió, imagino a otros
socios y también ellos estarán haciendo sus propios ejercicios
de frustración, y no es de extrañar, pues yo creo
que ocurre con todos los instrumentos internacionales. Es
inútil ahora lamentarse de lo que hubiera podido ser; es
preferible felicitarse por lo que objetivamente no puede
ponerse en duda: el enorme paso adelante que supone el
código, y es aún mejor trabajar a partir de ahora en su
pleno funcionamiento y mejor futuro, lo que, por otra
parte, está previsto en el propio código en su disposición
operativa 8.

No hay que olvidar que el código incide en un ámbito
de competencias estatal no cedido en los tratados y no hay
posibilidad alguna, ni sería deseable, de forzar a un Estado
a ir más allá de donde esté dispuesto a llegar. En el
ámbito de las exportaciones de armamento nos movemos
por el momento -y está bien que así sea-, en tanto se
desarrolla o no esa defensa común de la que habla el
artículo J.7 del Tratado de Amsterdam, en el campo de la
unanimidad. Por tanto, mientras no haya esta unanimidad,
no se pueden aprobar las cosas, porque aquí no estamos
en un terreno de mayoría cualificada.

Voy a concluir, señorías, diciendo que, aunque, como
he dicho al principio, el resultado final no haya sido el
óptimo que hubieran deseado el Gobierno y las fuerzas
políticas aquí representadas, constituye un paso absolutamente
gigantesco de cara a abrir un camino cuyo objetivo
final yo creo que políticamente todos tenemos claro. Y, si
efectivamente se hace camino al andar, hemos dado un
paso hacia delante. Este paso va a ser seguramente imitado
por otros y muy posiblemente este código de conducta
será revisado a medida que se van consolidando las posiciones
de partida. Esa es la aspiración que tenemos y yo
quisiera decir que este Gobierno sigue absolutamente
motivado y obligado por el deseo de las fuerzas políticas
expresado en la proposición no de ley y, por tanto, tan
pronto como se produzca una ocasión de renegociar o
mejorar el código de conducta actual, a pesar de que nos
satisface, porque creemos que se ha dado un paso, si
hubiera alguna oportunidad, el Gobierno lo hará sin ninguna
vacilación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda
Unida, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el
señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Quiero agradecer al
secretario de Estado su intervención y decirle que cuando
Izquierda Unida solicitó la comparecencia en la Cámara
de un representante del Estado, en relación con las conversaciones
que estaban entonces en curso para el código
de conducta europeo, lo hicimos recogiendo una preocupación
de algunas ONG importantes españolas que han
sido punto de lanza en la preocupación de alcanzar un
código de conducta, no solamente a nivel nacional y estatal,
sino a nivel europeo en incluso mundial, como son
Greenpeace, Intermón, Médicos sin Fronteras y la Cátedra
de Derechos Humanos de la Unesco, en donde se nos
sugería, antes de presentar esta iniciativa, que el debate
estaba abierto -entonces, ahora está cerrado- y que
había dos posiciones dentro de lo que fue el período de la
Presidencia británica de la Unión Europea; una francesa y
otra británica. La francesa, menos restrictiva en cuanto a
las exigencias de control de armamento de doble uso en la
exportación; la inglesa, más restrictiva. Y, a raíz de esa
información y esa preocupación de las ONG, considerábamos
oportuno solicitar la comparecencia del representante
del Estado español en la Unión Europea, antes de
que se finalizara el debate, para hacerle llegar la preocupación
de la Cámara y la preocupación de las ONG en el
sentido que ellos manifestaban y que Izquierda Unida
comparte. Estamos en un momento en el que es posible,
mediante estos pasos decisivos e históricos que se están
dando en relación a una autolimitación de las exportaciones
de armamento y material de doble uso, avanzar a unas
imposiciones que hagan imposible que este envío de
armamento a determinados países pueda suponer aumentar
el dolor, aumentar la tensión, atacar los derechos
humanos fundamentales, etcétera. Todo ello no ha podido
ser así porque el trámite parlamentario es lento. El 25 de
mayo, creo recordar, se suscribió el acuerdo por parte del
Consejo de Asuntos Generales y ya estamos en otra fase.

Ya no se trata de decir qué pasa y cuál es nuestra opinión,
sino que tenemos que recibir lo que usted nos ha dicho,
conocer los avatares de la propia negociación y hacer la
valoración consiguiente de este acuerdo, que es sin duda
un acuerdo importante.

Quería manifestar, señor secretario de Estado, que
desde Izquierda Unida, a pesar del avance, seguimos
viendo lagunas importantes en relación con este asunto,
tanto a nivel nacional como a nivel del código de conducta
europeo. A nivel nacional, indudablemente el acuerdo
del Pleno del Congreso de 25 de marzo de 1997 ha marcado
un antes y un después, aunque el Gobierno es lento
en cuanto a la aplicación del acuerdo. No tengo semestralmente
los datos esenciales del material de exportación,
de defensa y doble uso, no vienen con el tiempo
requerido en esta iniciativa parlamentaria, pero, además,
hay un asunto que tiene que ver con aspectos no resueltos,
tanto en la proposición de ley aprobada en la Cámara
como en este código de conducta europeo.

Los asuntos no resueltos son la permisividad que todavía
se tiene a la hora de interpretar el destino de países
que pueden atentar en su comportamiento a los derechos
humanos, que pueden tener un grado de militarización
alto o que pueden tener un conflicto territorial con posibilidad
de derivar en conflicto armado. En los cuatro tipos
de consideraciones, embargos, militarización, derechos
humanos y conflictividad, que marcan once indicadores,
creo que es donde en estos momentos falla y donde se
debe resolver y avanzar, dentro de las posibilidades que
tengamos de ampliar esos códigos de conducta en el sentido
de hacerlos más restrictivos, es, fundamentalmente,



Página 15021



en el capítulo de países que incumplen derechos humanos.

En nuestro entorno, indudablemente, la prueba del
algodón para saber si este código de conducta resuelve el
asunto fundamental o no son dos países, que son Argelia
y Turquía. Ésa es la prueba del algodón, si el código de
conducta aprobado en esta Cámara y el código de conducta
europeo impide, la exportación o no a un país como
Turquía, que tiene un problema muy serio de incumplimiento
de derechos humanos, con una persecución a la
minoría kurda, o a Argelia. Yo creo que no lo impide, y, al
no impedirlo, indudablemente estamos ante un caso claro
con una laguna, un problema muy serio a la hora de
garantizar lo que todos perseguimos o lo que todos deberíamos
perseguir, que es que ninguna exportación de
armamento de doble uso pueda ser utilizada, como dice la
resolución del propio Parlamento Europeo en una de sus
consideraciones. En su punto 3, pide a los Estados miembros
que aseguren que las directrices de exportación indiquen
claramente las circunstancias en las que deben denegarse
las licencias de exportación y que no se concederán
licencias para la exportación de equipos que puedan ser
utilizados con fines de represión interna y de violación de
derechos humanos.

Esta recomendación del propio Parlamento Europeo
hace aguas, en estos momentos no se cumple. Les he
puesto estos dos ejemplos pero podríamos hablar de
Indonesia, fuera del marco de influencia de la Unión
Europea, o de otros muchos países. ¿Qué quiero decir
con esto? Que hay que avanzar todavía más. El paso que
se ha dado es importante pero es insuficiente y hay que
avanzar cada día más hasta conseguir que sea literalmente
imposible, además con una carga de derecho internacional.

Que pueda ser exigible, por vía de los tribunales
internacionales, que sea prácticamente imposible el
envío por parte de cualquier Estado del mundo de armamento
o de material de doble uso a países en conflicto,
países con un alto nivel de militarización, países con problemas
de derechos humanos. Ese es el objetivo final
hacia el que debíamos caminar todos, ya que, al día de
hoy, hay unas insuficiencias muy importantes que lógicamente
nosotros le manifestamos en esta comparecencia.




Nos gustaría, como piden esas ONG importantes a las
que me refería al principio de mi intervención, que fuésemos
capaces de avanzar desde la Cámara, en colaboración
con el Gobierno, para, a partir de los cuatro tipos de
consideraciones y los 11 indicadores sobre embargo,
sobre militarización, sobre derechos humanos y sobre
conflictividad, tener elaborada una lista de países a los
que no fuera susceptible el envío de armamento y de
material de doble uso. Esa es una posibilidad abierta que
están reclamando las ONG y que me parece muy sugerente,
puesto que sería una vía para ir preparando el terreno
no solamente para que el Estado español se autoimpusiera
una serie de limitaciones de exportación, sino
también para contribuir a que, en cuanto se abra la posibilidad
de volver a debatir, ampliar o hacer más restrictivo
el código de conducta europeo, incluso con proyección
internacional para conseguir un código de conducta internacional,
seamos un país que abandere la exigencia de un
código de conducta tremendamente restrictivo que haga
imposible lo que decía anteriormente, es decir que se
envíe armamento a países como Turquía y Argelia.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir
en el debate?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivad
ulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor
secretario de Estado, por su comparecencia.

Creo que estamos ante algo muy importante y sensible
para el conjunto de la población y para aquellas organizaciones
no gubernamentales, que son un poco la punta de
lanza de esa sensibilidad de la sociedad española, también
europea, en relación con las ventas de armamentos
poco claras y poco transparentes. Me parece que el tema
que estamos tratando no es tanto de cantidad -efectivamente
se ha reducido muchísimo este tipo de importaciones,
que representan muy poco en relación con el conjunto
del comercio exterior-, sino que es una cuestión
esencialmente cualitativa. Estamos hablando de acabar
con la opacidad y con la falta de transparencia en las ventas
de armamento simple o de doble uso que pueda ser
utilizado en situaciones en las que se va a incrementar
más el dolor de la gente, de las personas que están en
situaciones de conflicto interno o de tensiones dentro de
sus propios países o entre distintos países.

Se ha alegado durante mucho tiempo que la transparencia
plena no podía ser porque las empresas tienen que
mantener un mínimo de secreto, dado que están en competencia
en los mercados internacionales. Las organizaciones
no gubernamentales han hecho estudios exhaustivos
sobre esta circunstancia y esta razón está muy en
entredicho, porque cuando las empresas exportan un tipo
de armamento a países donde no hay problemas, esencialmente
les interesa darlo a conocer, ya que eso implica su
solvencia como empresa a nivel internacional. Por tanto,
ellas mismas hacen publicidad. Es el caso, por ejemplo,
de la empresa Bazán; hay informaciones en revistas en las
que explica todas sus exportaciones. Incluso la propia
empresa CASA, en el tema de la exportación de aviones.

La razón del secretismo se basa en dos puntos: uno, el
tipo de producto que se exporta y, otro, el país de destino.

Y que hay productos que son sensibles y hay países que
son sensibles.

Afortunadamente, con el código de conducta que hoy
nos ha explicitado usted y con otras medidas que anteriormente
se han producido vamos acotando los terrenos,
pero queda todavía bastante por hacer.

España ha estado exportando durante estos últimos
años armamento a Marruecos, Thailandia, Turquía, Indonesia,
Angola, países donde realmente hay conflictos, y
yo quisiera expresar en esta Comisión que es muy importante
que se den las condiciones de transparencia absoluta
y que haya exportaciones que, por sus características, por
el tipo de armamento que se exporta y el país al que va
destinado, tengan que pasar previamente por el examen
tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Esto pensamos nosotros que sería una garantía de que
se va acabando con estas prácticas que están condenadas
por estos códigos de conducta. También ha habido proposiciones



Página 15022



no de ley que han sido aprobadas por este Congreso,
pero que después no se cumplen. Por eso, señor
secretario de Estado, señorías, planteamos que, dado que
el problema es gravísimo, y no nos afecta a nosotros sino
a los países receptores, debería haber un debate político
previo a la materialización de algún tipo de exportaciones
concretas que puedan ser dudosas e ir destinadas a países
que ya tienen un conflicto y que nosotros no deberíamos
agudizar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Por la hora seré
breve.

En primer lugar, agradezco al señor secretario de Estado,
don Ramón de Miguel, la información que nos ha
dado. En segundo lugar, quiero decirle que coincido plenamente
en la línea directriz de su intervención. Creo que
ha sido un gran paso en este mundo opaco y de pragmatismo
en que se mueve todo el comercio mundial de
armas y de sistemas de defensa y de material de doble
uso, todavía mucho más complejo y complicado, porque
hay tecnologías que, dependiendo de en qué área se puedan
utilizar, civil, sanidad o militar, se pueden interpretar
como de doble uso o no. Por tanto, yo creo que el código
de conducta, tal como ha quedado, siendo insatisfactorio,
constituye un paso muy importante en esta situación de
toma de conciencia.

Mi grupo siempre ha pensado que, en este tema de la
exportación de armas y de material de doble uso, tenemos
que adoptar el criterio del marco, de dónde estamos
situados nosotros en este complejo que es primero la
Unión Europea y después nuestros aliados en los sistemas
de defensa, como puede ser OTAN. Esta materia ya
no es tanto una decisión individual del Estado, sino que
hay que tratar de llevarla al ámbito de la Unión Europea.

Porque de muy poco serviría, salvo para una especie de
autosatisfacción ética, que España no exportase determinadas
armas o sistemas de armas o de doble uso a ciertos
países y nuestros vecinos franceses, italianos, alemanes o
británicos sí las exportasen. Eso sería hacer un poco -
como se dice en el lenguaje de la calle- el primo en el
mercado internacional, porque hay un soporte que es una
realidad en puestos de trabajo, que es una realidad en
generación de producto interior bruto, que es una realidad
laboral, los fabricantes de armamento o de material
de doble uso en España. Por tanto, esto tiene que ser una
línea, la misma en que adoptábamos los acuerdos de la
proposición no de ley, que muy bien han recordado quienes
me han precedido en el uso de la palabra, y que usted
también ha asumido como aquel deseo político expresado
por las fuerzas democráticas parlamentarias españolas
en dicha proposición no de ley, y que en alguna medida,
insatisfactoria porque no está en su totalidad, pero también
el pragmatismo obliga, están recogidas en el código
de conducta, que vuelvo a calificar, coincidiendo con el
señor secretario de Estado, de un paso transcendental en
esta generación de una conciencia colectiva.

Si nos hemos decantado porque la Unión Europea
tenga una política exterior de defensa y de seguridad
común, habrá que ir insertando una toma de conciencia
de que toda política de defensa y de seguridad común tendrá
que contemplar, aunque sea en sus aspectos tecnológicos
y comerciales, la exportación de armamento de la
Unión Europea. Hoy, existe una serie de productos
comerciales y económicos sobre los que la Unión
Europea está dando directrices -llámese OCM o como
se quiera llamar, en el mundo agrario-, así como también
en determinadas cuestiones industriales. Y no dejar
una especie de libertad absoluta en determinadas áreas
comerciales a los propios países de la Unión Europea.

Creo que la política que está manteniendo el departamento
español de Asuntos Exteriores, al que usted representa
hoy, es correcta, está dentro de lo que se dice, que la
política es el arte de lo posible, y es al menos haber alcanzado
el código de conducta que se ha aprobado, con todas
las lagunas o deficiencias de un Estado mayor, que no se
va a alcanzar sólo porque España deje de exportar a cualquier
país sospechoso o que se haga comprobado que
conculca derechos humanos, si otros socios nuestros, bien
de la Unión Europea, bien de la OTAN, les exportan tranquilamente.

Y, si no, mírese de dónde viene el material
que están empleando las Fuerzas Armadas, en Afganistán,
de los talibanes y mírense otras situaciones de exportación
de países que forman parte del contexto europeo.

Por tanto, señor secretario de Estado, y termino señor
presidente, tiene usted nuestra anuencia y nuestro apoyo
para seguir en esa línea de sentido común y realismo con
que esta materia está puesta hoy día sobre el tapete.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuz
ano.




El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Ya en el
Pleno tuvimos oportunidad de hacer dos preguntas al
Gobierno con relación a esta materia; una, antes de la
aprobación de este código por parte del Consejo el 25 de
mayo y, posteriormente, el 10 de julio, cuando ya se había
aprobado. Entonces manifestamos nuestra decepción
sobre el documento que la Unión Europea había adoptado
y hacíamos referencia de manera muy específica a lo que
el secretario de Estado ha dicho hoy, al hecho de que ese
documento sea una simple declaración y no sea una posición
común. Nos parecía que era importante para obligar
jurídicamente a los Estados en esta materia haber avanzado
en la elaboración de un documento que tuviese un
compromiso jurídico vinculante para el conjunto de los
miembros de la Unión. También manifestábamos entonces
nuestra preocupación porque la resolución adoptada
no abordaba el problema de la tasación de armas para la
represión interna. El señor Meyer ha hecho referencia a
Turquía y Argelia y alguien lo hacía a Indonesia. Hoy es
cierto que los Estados de la Unión estamos exportando
material de guerra a Estados donde este material se está
utilizando para represión interna y ese es un dato objetivo
que nadie puede discutir. Tampoco el documento resolvía
para nada el problema del uso final de las exportaciones
ni se lanzaba en la creación de mecanismos multilaterales
de control.




Página 15023



Desde ese punto de vista, nuestra frustración, añadiendo
que quizá, por ese consenso que se necesita para poder
resolver esos temas en la Unión Europea, nos precipitamos
todos en querer aprobar este documento en el semestre
de Presidencia británica. Si hubiésemos tenido menos
prisa, hubiéramos avanzado más. Recuerdo algunas reuniones
con el mundo no gubernamental que promueve
este procedimiento público del Estado español, que nos
informaba que había un interés especial del Gobierno británico
de terminar sus trabajos con su Presidencia. Seguramente
hubiera sido más cómodo terminarlo en otra Presidencia
y no precipitarnos en un acuerdo, porque a veces
se nos escapa exactamente el sentido positivo que en la
práctica va a tener. Por tanto, reiteramos nuestra decepc
ión.

Al hilo de otras posiciones que se han expuesto en esta
sesión, y a pesar de que el motivo de su presencia no es la
transparencia en el comercio de armas, tenemos pendiente
desde hace muchos meses una comparecencia de la
secretaria de Estado de Comercio Exterior, que esperemos
que nos informe de algunos temas, pero hoy, a nuestro
entender, el Gobierno no está cumpliendo la resolución
que se aprobó en marzo de 1996.

Se ha hecho público el informe de exportaciones
de 1997 y es tan poco útil como lo era el que se hizo para
el período 1991-1996. No es responsabilidad del Ministerio
de Asuntos Exteriores ni del secretario de Estado que
hoy nos acompaña. Se lo tendremos que comunicar a la
responsable del comercio exterior del Gobierno español,
pero me parece que no estamos avanzando suficientemente
en un elemento que todos coincidimos en que es básico
para efectuar un verdadero control de la política de
comercio de nuestro Estado, que es esa transparencia parlamentaria.

Sin transparencia parlamentaria no es posible
avanzar. Aunque quizá discrepamos, creo que los mecanismos
que tiene la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos para controlar las exportaciones son
mucho más eficaces que los que tenemos en este Congreso
de los Diputados. Estoy seguro de que podemos aprender
cosas del sistema americano.

Esperamos que el Gobierno siga avanzando en esta
línea. Sabe que contará con nuestro apoyo en todas las
posiciones que mantenga en el seno de la Unión Europea
que tengan como objetivo fundamental evitar que armas
fabricadas en Europa sirvan para causar muertes inútiles
en cualquier parte del planeta, especialmente en aquellos
Estados que nos son más cercanos, como son Turquía y
Argelia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Puig.




El señor PUIG I OLIVÉ: Quiero darle las gracias,
señor secretario de Estado, por su información. Estamos
completamente de acuerdo con la opinión que ha vertido
sobre este código de conducta. No tenga ningún rubor en
decir que es un documento extraordinario. Cuando uno
conoce el ritmo y la dificultad en la toma de decisiones en
esa materia, cuando uno sabe las dificultades de llegar a
acuerdos en tratados de no proliferación de todo tipo de
armamento, el que se haya llegado con relativa rapidez a
unos acuerdos, aunque sea de mínimos, en la Unión
Europea, es extraordinario. Aunque no sea todo lo que
quisiéramos y podamos avanzar mucho más, como punto
de partida es un gran documento y hay que reconocerlo.

Al defender en su elaboración aspectos más avanzados
todavía, el Gobierno tiene nuestro apoyo y lo tendrá en el
futuro. Desde el punto de vista de lo que ha pasado hasta
ahora, acuerdo perfecto.

Permítame algún comentario sobre el futuro. Este
código de conducta se ha elaborado a partir de un gran
realismo. Por lo que he oído hoy aquí y también en otros
debates, entiendo que todas las fuerzas políticas se mueven
en el ámbito del realismo serio del inevitablemente y
necesario mundo de la defensa. Hay unas realidades que
no se pueden soslayar y que nos llevan a que haya países
que tienen capacidad para fabricar muchas armas (estamos
hablando de armas convencionales, que son a las que
se refiere el código de conducta), y otros países que no
tienen esa capacidad. Los países que si la tienen saben
que la venta de armas es un buen negocio, en ocasiones
un extraordinario negocio. Ello ha provocado, por una
parte, que haya más armas de las necesarias y, por otra,
que muchas de estas armas estén en manos no deseables,
porque era un buen negocio. Todos los países del mundo
tienen que hacer su examen y su análisis de hasta dónde
han vulnerado determinados principios éticos en esta
materia. Lo que ha pasado en el mundo en los últimos
tiempos es que nos hemos encontrado con conflictos de
todo orden en los que aparecía armamento vendido por
países europeos sin demasiados escrúpulos. Se ha dado el
caso de que algún país ha logrado vender armas en conflictos
concretos a unos y otros, lo cual es de una delicada
aceptación. En muchos casos estas armas, han sido utilizadas
para masacres, para desastres, para catástrofes
desde el punto de vista humano. Hay que acabar con esto.

A lo largo del tiempo ha habido muchas declaraciones en
este sentido. Ha habido tratados relevantes sobre la destrucción
masiva de armamento. Es muy importante que
empecemos a controlar mucho más el mercado de las
armas convencionales. Por eso el código ético de conducta,
como se llamaba en cierto momento, es bueno. Los
ocho criterios son correctos, lástima que no haya dieciséis,
es decir, que no hayamos avanzado más, pero este es
el buen camino, la vía.

Tengo que comunicarle quizá lo sabe usted, señor
secretario de Estado, que la semana pasada, en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa se adoptó una
recomendación para el Comité de Ministros del Consejo
de Europa, para que los Cuarenta adopten también el
código de conducta de los Quince. Hubo un debate en el
cual se aprobó este código de conducta por amplia mayoría
y, aunque hubo alguna abstención, nadie votó en contra;
países tan diversos como Francia o Rusia expusieron
también sus distancias y otros muchos, entre ellos el nuestro,
propusieron mejoras. Señor secretario de Estado, a la
Mesa del Comité de Ministros del Consejo de Europa le
va a llegar junto a la recomendación de que los Cuarenta
acepten también en su seno este código de conducta como
propio, una serie de recomendaciones en el sentido de
ampliar ese código de conducta en la línea que usted nos
explicaba. Le tengo que pedir, tomándole la palabra, que



Página 15024



en esa Mesa del Comité de Ministros del Consejo de
Europa estén ustedes en la misma línea que nos ha contado,
defendiendo las posiciones de la Asamblea Parlamentaria,
que son básicamente las que usted señalaba y otras
que hemos tratado aquí en este tipo de debate como, por
ejemplo, la necesidad de armonizar las legislaciones
nacionales en esta materia; la creación de un registro
internacional de producción y comercio, no sólo de
exportación; la lista de materiales a someter a control,
incluidos los de doble uso; la lista de materiales que, aunque
no figuren como armas, sabemos que han sido utilizadas
para represión, para violación de derechos humanos
o para otro tipo de violencia; la información entre
todos los países de destino final en cuanto sea posible; la
transparencia, etcétera. Es decir, en líneas generales lo
que parece están dispuesto a defender y que es una
ampliación considerable, con todas las dificultades que
pueda haber. Si el Consejo de Europa adopta esto, ya no
son sólo quince, son cuarenta los países que se obligan.

Ojalá además se pudiera llegar, como usted decía, a una
obligación no sólo política, sino jurídicamente vinculante.

Dejemos esto para el futuro, avancemos y veamos si a
nivel de cuarenta es posible.

Diré más, dado que, como usted sabe, yo estoy metido
en estos temas. Sería casi humorístico ver que las instituciones
más civiles de nuestra Europa: la Unión Europea,
el Consejo de Europa, adoptan este código de conducta
en materia de armamento y que las organizaciones militares
y de defensa no hablan de ello. Habría que llevar también
ese tema a la OTAN, donde hay instituciones subsidiarias
que se ocupan también de la cooperación en
materia de la exportación de armamentos, y a la propia
UEO, que tiene una agencia de cooperación y tiene el proyecto
de convertirse en parte en agencia europea de armamentos.

Creo que se pude defender también la misma
posición y más en un momento en el que esa materia, la
cooperación europea de armamentos, está sujeta a un
debate muy importante para saber que hacemos los
europeos en esta fase de dispersión, de concurrencia con
los americanos, de poco control y de ausencia de una política
común. Aeste respecto diré que, durante las próximas
semanas, mi grupo aportará una iniciativa parlamentaria
para que tratemos en esta Comisión la cooperación
europea en materia de armamentos.

Señor secretario de Estado, termino diciéndole que la
posición de nuestro Gobierno cuando se ha discutido este
código de conducta y la actitud que mantenga cuando se
discuta en el Consejo de Europa, no impide para nada que
en España se apliquen ya los criterios que decidimos
defender. Cuando hablamos del listado de países, del listado
de materiales, de información, apliquémoslo ya. Quisiera
preguntarle -más que exigirle en este momento una
explicación- si nuestro Gobierno está dispuesto a aplicar
inmediatamente estos criterios que hemos defendido
como buenos para la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUÁREZ: El Grupo Parlamentario
Popular quiere agradecer, en primer lugar, al
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que
haya mantenido la iniciativa y, por tanto, la petición de
comparecencia del secretario de Estado por esta cuestión;
aunque sea, como su portavoz ha dicho, extemporánea,
puesto que estuvo motivada por esa legítima desconfianza,
creo que bienintencionada, de cuando España estaba
negociando la adopción del código de conducta en los
organismos correspondientes y por la presión -legítima
también, por supuesto- de las organizaciones no gubernamentales,
a las cuales venimos prestando un especial
apoyo desde el Grupo Parlamentario Popular. Ello nos ha
permitido conocer la explicación del secretario de Estado
y confirmar lo que ya sabíamos todos en esta Cámara: que
la posición del Gobierno iba a ser firme en la defensa del
planteamiento que la Cámara adoptó unánimemente en
marzo de 1997 en cuanto a los criterios básicos sobre esta
cuestión.

El portavoz del Grupo Socialista ha dicho -y es verdad-
que todos los grupos parlamentarios nos movemos
en estas materias en unos parámetros de realismo, de
posibilismo y de cierta continuidad. Pero creo, señorías,
-lo digo con toda sinceridad-, que desde la entrada del
actual Gobierno, desde mayo de 1996, nos movemos en
unos vectores de extraordinaria reforma. Les recuerdo a
SS.SS. algunos datos que todos han manejado: el primer
Consejo de Ministros adoptó de manera indefinida la
moratoria sobre exportación y producción de minas antipersonas
y todo tipo de minas. El 29 de mayo de 1996, un
año antes de que los grupos parlamentarios nos pusiéramos
de acuerdo en la mencionada proposición no de ley,
el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía anunciaba en esta Cámara un real decreto
sobre exportación de material de defensa y doble uso,
para adecuar a la legislación española los criterios establecidos
en las reuniones del Consejo Europeo de Luxemb
urgo y Lisboa -a los cuales se ha hecho también
referencia-, adelantándonos siete meses a la propia posición
común de la Unión Europea y prácticamente un año
a la posición del conjunto de los grupos parlamentarios.

Esto no ha quedado aquí, señorías. España ha adoptado
una Ley de prohibición de minas antipersonas que
es legislación nacional, estamos en trámites de adoptar
un tratado internacional que prohíbe este tipo de armas,
que es parte del comercio exterior de armamento, y, además,
hemos aprobado una Ley de cooperación internacional
para el desarrollo que determina esos vectores a
los que antes me refería, no de realismo ni posibilismo
en cuanto a la política de defensa y política exterior, sino
de profunda reforma y cambio. Los principios y criterios
de la cooperación internacional, de la solidaridad
internacional, del respeto a los derechos humanos, la
libertad, la transparencia, el control, etcétera, no solamente
influyen en nuestra política exterior, sino en el
conjunto de las políticas de España en el exterior, también
en el comercio exterior de armamentos.

Dicho esto, no cabe duda alguna, señorías, España está
trabajando de manera muy significativa, con el apoyo de
los grupos parlamentarios, en la transparencia y el control
del comercio internacional de armamentos. La posición
internacional de España es de un enorme prestigio en el
concierto internacional por la orientación clara de su política



Página 15025



exterior y su proyección exterior en favor de los derechos
humanos, las libertades, la justicia y la solidaridad
internacional. Sembrar cualquier duda es algo que no
puede tener eco porque no se ajusta, en mi opinión y en la
de mi grupo, a la realidad. Nos recuerda esto el último
informe de la OCDE, del Comité de Ayuda al Desarrollo,
donde se establece con claridad que España realiza una
contribución muy importante al desarrollo en Iberoamérica
y representa también un papel importante en la construcción
de la paz, la gobernabilidad de los derechos
humanos y la democracia en América Central, en África,
en Europa, etcétera. Esa es, señorías, la posición exacta
de España en el mundo y esa es exactamente la posición
de nuestra industria de defensa, de las Fuerzas Armadas
españolas, de nuestra política exterior y de nuestra cooperación
internacional para el desarrollo que, como alguien
ha recordado sin dar datos concretos, multiplica por diez
el peso cuantitativo y económico que tiene nuestro
comercio exterior de armamento.

Algunos portavoces -si me lo permite, señor presidente,
y con esto voy a terminar-, han hecho referencia
a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de la
proposición no de ley aprobada por esta Cámara. Yo simplemente
quiero recordar a SS.SS. que las previsiones de
dicha proposición no de ley se están cumpliendo y algunas
dificultades han sido derivadas, fundamentalmente,
de las reformas informáticas que se tienen que hacer en el
sistema de aduanas, puesto que es imposible la contabilización
de todas las licencias, como muy bien ha explicado
en esta Cámara el Gobierno reiteradas veces. Habrá
que esperar al informe de 1998, que será más real, para
saber si se están cumpliendo las previsiones de esa proposición
no de ley, que yo estoy completamente convencido
de que se van a cumplir.

Acabo diciendo que nos hemos de mover no solamente
en el realismo y en el posibilismo que de alguna manera
ha caracterizado nuestra política exterior, sino que
todos -los grupos parlamentarios, la sociedad civil y el
Gobierno- nos debemos mover en un impulso de reforma
y de cambio muy profundo, en los que España está,
sin lugar a dudas, de manera muy clara y determinada.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA (De
Miguel y Egea): Voy a ser muy breve, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de
los grupos parlamentarios, porque en todas sin excepción
hay elementos que no solamente apoyan la política del
Gobierno, sino que en algunos casos la inspiran, y nosotros
estamos dispuestos a que esa inspiración guíe la política
del Gobierno con respecto a las exportaciones de
armas. Ya sabemos que en nuestro país hay algunos grupos
de opinión, algunas ONG, que tienen posiciones más
maximalistas, loables, pero muchas veces los Gobiernos
tienen que tener una posición de mayor realismo. Eso no
quiere decir que no tengamos que inspirarnos en esos grupos
de ciudadanos que tienen ideales en estos temas, que
tienen unas posiciones que ahora quizá nos parezcan muy
lejanas de la realidad. A base de que la sociedad empuje
en una dirección, en la que todos queremos caminar,
quizá lleguemos en algún momento a tener un código de
conducta más riguroso y firme. Aquí lo mejor tiene que
ser el objetivo. No estoy de acuerdo con esa frase tan
manida de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo
que lo mejor tiene que ser el objetivo. Lo que tenemos
ahora es bueno pero tiene que mejorarse.

No voy a decir nada de la política del Gobierno, porque
el representante del Grupo Parlamentario Popular ha hecho
una exposición muy clara de cuál ha sido la actitud del
Gobierno desde el principio. Otro tema que se ha planteado,
y que nos inquieta a todos, es el relativo a las exportaciones
a países que violen los derechos humanos. Ustedes
saben que ha sido una de las claves de todo el debate. Nosotros
comprendemos las dificultades que hubo para calificar
qué países respetan y cuáles no los derechos humanos, porque
en eso puede haber baremos de topo tipo. La distinción
que introdujo el código entre armas que pueden usarse para
la represión interna y las que no, aunque no sea la ideal, va
por un buen camino. El Gobierno español aplica esa distinción
que está en el código y lo va a seguir haciendo. Respondo
al señor Puig que el Gobierno español ha aprobado
este código de conducta y los principios contenidos en él
van a ser nuestra línea de actuación, ahora doblemente porque
hemos prestado nuestro consentimiento, aunque antes
de prestarlo ya lo era. Nos sentimos muy cómodos y ahora
lo que tenemos que hacer es mantener la exigencia. Estamos
dispuestos a establecer un diálogo con todas las fuerzas
y grupos políticos para llegar a una situación mejor.

Desde luego, España tiene ahora que trabajar con sus
socios en las alianzas militares -en la OTAN- y en la
alianza de la Unión Europea, primero, para que este código
de conducta no sea simplemente un convenio de papel
mojado, sino que de verdad se practique y, segundo, para
que éste sea de verdad el primer paso de un largo camino
de los países civilizados que tenemos como clave de nuestra
actuación el respeto al estado de derecho, al pluralismo
democrático y a los derechos humanos con respecto a mercancías
como las armas que pueden ser utilizadas con fines
totalmente contrarios a nuestro ideal de sociedad internac
ional.




El señor PRESIDENTE: Queremos darle las gracias,
señor secretario de Estado, por su presencia en la Comisión
y por su minuciosa contestación a todos los planteamientos
que han hecho los grupos parlamentarios.




Se levanta la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.