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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 524, de 23/09/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 524
POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERÓNIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 34
celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre modificación de la orden de 26 de enero de 1998, por la que
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional,
contenidas en la ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
.(Número de expediente 161/000875) ... (Página 15088)
- Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para
excluir del campo de actuación de las empresas de trabajo temporal a
determinados sectores específicos como son construcción, transporte,
minería, trabajos del mar, así como todos aquellos que se consideren
actividades peligrosas. Presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. (Número de expediente 161/000966) ... (Página 15093)
- Sobre publicidad de todas las normas que afecten a los derechos
sociales de los trabajadores. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/000932) ... (Página 15097)
- Por la que se insta al Gobierno a eliminar los beneficios fiscales y
los coeficientes reductores a las cuotas correspondientes que
incentivan la contratación a tiempo parcial. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000965) ... (Página 15102)
- Sobre medidas para garantizar la viabilidad del centro de producción
de películas radiográficas de Aranjuez (Madrid) de la empresa
Agfa-Gevaert. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente
161/001041) ... (Página 15105)
- Relativa a la adopción de medidas que detecten el incumplimiento de
las normativas de higiene y salud laboral en la industria del calzado.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001125) ... (Página 15110)
- Sobre medidas para la generación de empleo en el sector cultural.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/001137)... (Página 15113)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1998, POR LA QUE
SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL,
DESEMPLEO, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONTENIDAS EN LA LEY 65/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000875).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre la sesión.
Quiero comunicarles que hay una pequeña variación en el orden del
día, dado que el punto 4 pasará a ser el punto 2 y hará correr los
números consecuentemente. De modo que iniciamos el debate de la
proposición que figura en el punto 1, proposición no de ley sobre
modificación de la Orden de 26 de enero de 1998, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional
contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para defender la proposición no
de ley en su momento en la que se solicita la derogación del apartado
2 de la disposición adicional tercera de la Orden de 26 de enero de
1998, por la que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, fondo de garantía social y formación
profesional contenidas en la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado. Dicha orden y la referencia a
diversas normativas sobre la cotización a la
Seguridad Social y desempleo, y en concreto su apartado 2, establece
para un colectivo de graduados sociales, que es un colectivo numeroso
que ha colaborado siempre con la Administración de la Seguridad
Social, que se adecúe a una determinada conexión, a una determinada
red, a un determinado sistema para sus trabajos y sus relaciones con
la Administración de la Seguridad Social. Ese apartado 2 establece
que los graduados sociales que presten sus servicios a mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social en gestiones de índole administrativa deberán incorporarse al
sistema Red para la remisión electrónica de datos. En caso contrario,
no podrán recibir la contraprestación consistente en el porcentaje de
las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
aportadas por aquellos asociados a las mutuas respecto a los que
realicen las gestiones establecidas, etc.
Como establezco y señalo en la exposición de motivos, todo avance
técnico es importante y todos los avances que sirvan para mejorar la
relación entre la Administración y los administrados y aquellos
interlocutores, en este caso los graduados sociales, que prestan sus
servicios para una mejora en la realización de las actividades
relacionadas con la Seguridad Social es importante. Es cierto que es
necesario primar todos aquellos cambios que supongan mejoras en la
Administración, pero no es menos cierto que en la medida en que los
citados cambios impliquen a su vez a otros colectivos que mantienen
relaciones con la Administración, éstos deberán realizarse de forma
paulatina, contemplando la armonía de los colectivos implicados y,
sobre todo, con mayores dosis de diálogo y de consenso para aplicar
una medida tan importante y tan decisiva, en este caso entre la
Tesorería de la Seguridad Social y el colectivo de graduados sociales
representados por sus colegios profesionales y el colegio a nivel
estatal.
El caso que nos ocupa es bien distinto a lo que debería haber sido un
proceso de diálogo normal, de acuerdo, de establecimiento paulatino
de una decisión tan importante. Con la publicación de la Orden
ministerial a que me he referido -en concreto con este apartado 2 de
la disposición adicional séptima- se obliga a la incorporación al
sistema Red del colectivo de graduados sociales que prestan
sus servicios a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, habiéndose obviado las
conversaciones que en su día se mantuvieron con dicho colectivo por
el director general de la Tesorería, y bajo apercibimiento de no
recibir la pequeña comisión que abonan las mutuas de accidentes de
trabajo a los graduados sociales. En el citado colectivo hay un gran
malestar. Este colectivo, mediante los colegios profesionales, ha
colaborado desde hace muchos años con la Tesorería difundiendo las
excelencias y las ventajas del sistema Red; han soportado los costes
adicionales que supone el citado sistema en componentes informáticos,
adaptación de programas, líneas telefónicas, etcétera. Las ventajas
del sistema son claras para la Tesorería, no son puestas en duda: el
ahorro a la hora de cursar los movimientos diarios y el personal que
atiende a los profesionales. En cambio, para los profesionales, para
el colectivo numeroso de graduados sociales en todo el Estado
español, las ventajas se esfuman entre las inversiones en material
informático, formación del personal y horas de espera telefónica para
poder remitir los datos, debido a las pocas líneas telefónicas de las
que disponen los propios centros de la Tesorería. No obstante, lo más
grave para estos profesionales es el paso de una situación de
exclusividad que mantenían hasta la fecha de las relaciones con la
Tesorería a otra situación en la que cualquiera, como gestorías o
simples asesores, pueden conectarse a este sistema, lo que, como se
ha denunciado, puede generar unas importantes dosis de intrusismo en
una labor tan importante -y creo que de una manera tan certera- como
la que estaban llevando a cabo los colegios profesionales.
Retomando el hilo de que estos avances técnicos han modificado sin
duda el quehacer diario en la Administración, ha sido una mejora que
ha hecho posible una Administración más eficaz o diligente, o ése
entendemos que es el objetivo de esta medida, pero pensamos que se
tiene que evitar en lo posible que estos cambios sean traumáticos. En
el caso que nos ocupa, este caso es traumático, con ciertas dosis de
arbitrariedad, con poco diálogo y con mucho de carácter coercitivo
por la manera en que se ha aprobado la Orden ministerial de 26 de
enero de 1998, a la que ha seguido una resolución de 15 de abril de
1998, de la propia Dirección General de la Tesorería de la Seguridad
Social, por la que se fijan las condiciones para la aplicación del
sistema de remisión electrónica de datos respecto de los graduados
sociales. Estas dos decisiones de la Tesorería (tanto la Orden
ministerial de 26 de enero de 1998 como la resolución de 15 de abril
de 1998) no dejan de ser coacciones para este colectivo, que siempre
ha estado a disposición de la Tesorería a la hora de colaborar. Por
ello, no entiende cómo se han llevado a cabo actuaciones menos
coactivas y, desde luego, con poco diálogo.
Unión Valenciana en su día presentó esta proposición no de ley por
los motivos que ya he esbozado en los primeros momentos de mi
intervención. Como conocerán sus señorías, el sistema Red permite la
remisión de datos por medios informáticos; sin lugar a dudas se trata
de una mejora que no ponemos en duda, pero debemos valorar
negativamente la forma en que se ha llevado a cabo. De ahí nuestra
petición de que se adopten las iniciativas tendentes a dejar sin
efecto lo establecido en este apartado 2 de la disposición
adicional décima de la Orden de 26 de enero de 1998.
La incorporación a este sistema del colectivo de graduados sociales
por decreto ha resultado una medida impropia de estos tiempos; así no
lo ha hecho llegar el colectivo de graduados sociales de una manera
clara y rotunda. Los graduados sociales son los únicos profesionales
legalmente autorizados para la formación y liquidación de los seguros
sociales y prestaciones de la Seguridad Social. Todo ello en virtud
del real decreto de hace ya varias décadas, el Real Decreto de junio
de 1965. La Orden ministerial de 26 de enero de 1998, que es la que
nos ocupa en el debate de hoy, y en concreto su disposición adicional
décima apartado 2, permite que se cuelen otros colectivos para que
puedan actuar ante la Tesorería, así como su incorporación al sistema
Red, aceptando su adscripción al citado sistema sin ningún requisito,
coaccionando a la vez a aquellos graduados sociales que no se
incorporan al sistema negándoles el derecho a percibir la comisión
sobre las cuotas de accidentes de trabajo que gestionan ante las
mutuas, en el supuesto de su no incorporación; a recibir el 3 por
ciento si se incorporan y a recibir sólo el 1 por ciento si no se
incorporan al sistema. Y aquí hay diversas circulares, escritos y
comunicaciones de la propia Tesorería tanto al colegio oficial de
Graduados Sociales como al colegio de la circunscripción de la
Comunidad Valenciana, que ha sido el más beligerante en contra de
este orden. La incorporación al citado sistema supone además para
este colectivo de graduados sociales no sólo una inversión en equipos
informáticos, sino también la formación de los profesionales y una
línea telefónica exclusiva. A ello hay que añadir que se les obliga a
contratar un servicio de una red de valor añadido, lo que suponemos
un coste adicional de 4.000 pesetas al mes más el coste telefónico de
la línea. El colegio de Graduados Sociales de Valencia está en
trámite de convertirse en red de valor añadido para mitigar estos
datos. No obstante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
está retrasando su aprobación como red.
La Tesorería, mediante la resolución de 15 de abril que he citado
anteriormente, exige el completo establecimiento de los profesionales
y su integración en el sistema Red para el 1 de octubre de este año,
sin ningún tipo de señalamiento de plazos que puedan amortiguar esta
incorporación y los elevados costes que supone. Pensamos que se
tendría que haber hecho de una manera escalonada y de una materia más
racional. Un prueba de que la Tesorería no debe tener muy claro cómo
ha actuado en esta cuestión, su poco diálogo y sus ciertas dosis de
coacción para con el colectivo más afectado de los graduados
sociales, es que hace unos meses adquirió un número muy importante de
ordenadores y con sorteo ante notario fueron regalados entre los
diversos graduados sociales del Estado español (tocando, por ejemplo,
a la Comunidad de Madrid 25 ordenadores y a la Comunidad Valenciana
otros tantos), para que los repartieran entre los graduados sociales;
prueba no sólo de que la Administración quiere colaborar, sino que
demuestra que en este tema no ha actuado como debería haber actuado,
según entendemos nosotros y según entiende el numeroso colectivo
afectado por esta decisión, cuando menos arbitraria.
Asimismo, los graduados sociales, en virtud de esta segunda resolución
adoptada el 15 de abril de 1998, debían
demostrar que estaban dados de alta en el colegio y al corriente de
sus obligaciones, requisitos que no existían para el resto de los
colectivos que van a poder incorporarse al sistema Red y van a poder
gestionar lo mismo que un graduado social. A los graduados sociales se
les ponen unas pegas, unos inconvenientes y unos requisitos, y a
otros, para los que se abre la puerta al altruismo, no se les exigen
esos mismos requisitos.
El presidente del colegio de Graduados Sociales aceptó, en contra de
un numeroso grupo de presidentes de colegios provinciales y
autonómicos que conforman el Consejo, un pacto por el que el
colegiado que no se incorpore al sistema Red percibiría un 1 por
ciento sobre las gestiones, mientras que aquel que se incorpore
tendrá derecho al 3 por ciento.
Prueba del rechazo por parte de los colegios en su mayoría es el
recurso contencioso-administrativo presentado, a instancias de todos
ellos, por el colegio de Valencia de Graduados Sociales, que ha sido
admitido a trámite en la Audiencia Nacional; la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso-administrativo ha admitido a trámite anteayer
el recurso contencioso-administrativo contra esta Orden de 26 de
enero de 1998 que hoy nos ocupa, en concreto el apartado 2 de la
disposición adicional décima, por providencia de 21 de septiembre.
Una vez firmado, y debido a la firmeza del colectivo de graduados
sociales de Valencia, la Dirección Provincial de la Tesorería de la
Seguridad Social de Valencia (y hay circulares, escritos y
recomendaciones, entre comillas) ha sido incrementado sus coacciones
eliminando el derecho que venían disfrutando los graduados sociales,
en concreto en la Dirección Provincial de Valencia, a tramitar ante
las administraciones por medio de un buzón que evitaba hacer colas.
Se ha levantado es -entre comillas- privilegio y han continuado las
coacciones. Esta decisión está provocando un colapso total en la
tramitación ante las administraciones, tanto de particulares como de
profesionales, donde las colas de tramitación de altas y bajas llegan
a ser de más de tres horas. Todo lo anterior ha llevado a una
situación en la que, a pesar de mostrarse en contra del citado
sistema, los profesionales han tenido que ir incorporándose al mismo
para acabar con las presiones que estaban soportando. La misma
Administración ha permitido - como decía anteriormente- a los
graduados conectados al sistema mediante un sorteo de 800 ordenadores
en todo el Estado español, de los que 25 han correspondido a la
provincia de Madrid y 33 al Colegio de Valencia.
El sistema Red puede ser beneficioso -no lo ponen en duda los
graduados sociales- para efectuar ante la Tesorería todos los
trámites. Pero únicamente resuelve el problema del personal que
atiende las altas, bajas o variación de trabajadores, causando un
perjuicio al colectivo de graduados sociales. Consideramos que el
modo en que se ha puesto en marcha este tema no es el idóneo, y mucho
menos la forma en que se ha impuesto a los profesionales. Por ello
pedíamos que se adoptaran las medidas oportunas para derogar este
apartado 2 de la disposición adicional décima; y que, por lo tanto,
se entablara un proceso de negociación y diálogo con los
profesionales afectados y pudieran restablecerse las relaciones de
cordialidad y armonía que había hasta hace un año entre la Tesorería
General de la Seguridad Social y los graduados sociales, que están
haciendo
una labor muy importante y que tienen espíritu de colaboración con la
Administración. Creo que tanto los trabajadores, las empresas, el
colectivo de graduados sociales como la Tesorería General de la
Seguridad Social salen ganando si hay armonía, si hay diálogo y hay
comprensión. Recurriendo a decisiones como las contenidas en el
apartado 2 de esta orden ministerial, por la imposición y por medios
coercitivos, pensamos que un flaco favor se hace al buen
funcionamiento de la administración de la Seguridad Social, al buen
funcionamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social y al
reconocimiento de un trabajo que tan dignamente hace el colectivo de
graduados sociales. Por eso pido que se apoye esta proposición no de
ley y se derogue el apartado 2 de la disposición adicional décima de
la Orden ministerial de 26 de enero de 1998.
El señor PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda presentada a esta
proposición no de ley.
¿Grupos que quieran fijar posiciones? (Pausa.) Tiene la palabra, en
primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), la señora
Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señorías, esta proposición no de ley
pretende instar al Gobierno para que deje sin efecto la disposición
adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, por
el perjuicio que su aplicación pueda tener en el colectivo de
graduados sociales. A nuestro entender, es poco el período de tiempo
pasado entre la efectiva aplicación de la disposición y la petición
del Grupo Mixto para ser retirada, puesto que aún no es posible
conocer las repercusiones negativas o positivas del sistema. Otra
cosa muy distinta sería que esta petición fuera orientada a una
ampliación de plazos. Muy por el contrario, entendemos que puede ser
muy positivo para que los ciudadanos y ciudadanas sean perceptores de
una mejor gestión en la tramitación de sus bajas u otras gestiones
con la Administración que todos los profesionales que intervienen en
esta gestión (graduados sociales, gestores y empresas) estén
conectados al mismo sistema informático, puesto que la competitividad
es un factor fundamental puesto al servicio de los administradores y
las empresas.
Por ello señor presidente, señorías, votaremos en contra, puesto que
nos parece prematuro dejar sin efecto una orden a los pocos meses de
su entrada en vigor sin conocer con exactitud sus repercusiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la
palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: El Grupo Socialista está de acuerdo en instar
al Gobierno a que deje sin efecto el apartado 2 de la disposición
adicional décima de la Orden ministerial de 26 de enero de 1998, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dicha disposición, como se
ha dicho, impone la obligación a los graduados sociales que presten
sus servicios a mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en gestiones de índole
administrativa de incorporarse al sistema Red para la remisión
electrónica de datos. Y ello se hace so pena de perder la
contraprestación que perciben, consistente
en el porcentaje de las cuotas (cuotas, dice la orden ministerial,
realmente son primas) de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales aportadas por las empresas respecto de las que realicen
las gestiones. Es decir, se impone una obligación al colectivo de
graduados sociales o una condición si se quiere seguir percibiendo
una contraprestación. Prácticamente podríamos hablar de que se impone
una prestación personal con carácter coactivo.
Por otra parte, se cambian unilateralmente las condiciones de la
prestación de un servicio establecidas por normas administrativas; y
además se les exige un cumplimiento inmediato. No se habla de
gradualidad en la aplicación y se entiende además que la obligación
se impone al día mismo de entrada en vigor de la orden ministerial a
que hemos hecho referencia, es decir, el día 29 de enero de 1998, día
siguiente a su publicación, aunque con efectos desde el 1.o
de enero. Se advierte, señor presidente, que a las empresas
autorizadas para la gestión centralizada de datos se les da un plazo
de casi un año, hasta el 31 de diciembre de 1998 (realmente un año),
para incorporarse al sistema Red para la remisión electrónica de
datos. Y hay que señalar que la Orden ministerial del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 3 de abril de 1995, sobre uso de medios
electrónicos, informáticos y telemáticos, en relación con la
inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores,
cotización y recaudación de la Seguridad Social, dispone que dichos
procedimientos electrónicos se implantarán gradualmente mediante
resoluciones de la Tesorería. Aquí no hay gradualidad ni hay tampoco
resolución (hasta el mes de abril) de la Tesorería.
Seguramente el ministro de Trabajo se entera con posterioridad
a haber dictado la orden ministerial a que hemos hecho referencia de la
existencia de esta Orden de 3 de abril de 1995, y piensa que no puede
exigir a los demás lo que las normas administrativas no exigen a los
gestores de la Seguridad Social; y ordena, por tanto, a la Tesorería
que dicte una resolución. Dicha resolución aparece en el «Boletín
Oficial del Estado», el día 24 de abril de 1998 y es la de fecha 15
de abril. En ella, en su exposición de motivos, se dice que la
obligación de la que hemos hablado al principio (la del apartado 2 de
la disposición adicional décima de la Orden ministerial de 26 de
enero de 1998, cuya derogación pedimos) hace necesario regular y
ordenar la implantación gradual del sistema Red para los graduados
sociales. Realmente, si la analizamos, la resolución de la Tesorería
es contraria a la orden ministerial, que implanta una obligación con
carácter inmediato. Es decir, el tesorero enmienda la plana del
ministro. ¿Qué ha existido en el lapso de tiempo entre la orden
ministerial y la resolución? Sencillamente, en primer lugar, una
protesta masiva por parte de los graduados sociales; y en segundo
lugar, la negociación de un convenio entre el presidente del Consejo
General de Graduados Sociales y el ministro de Trabajo. Los graduados
sociales entendía con razón que con la orden ministerial se les
impone una prestación exorbitante sin período transitorio y con
carácter discriminatorio con respecto a otros profesionales a los que
no se impone tal obligación. Por eso ha sido impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y es de señalar que los
graduados sociales no pretenden ningún monopolio, sino sobre todo que
se trate a todo el mundo en condiciones
de igualdad. La resolución, entre otras cosas, sigue siendo
discriminatoria respecto a otros profesionales, el plazo de
incorporación es insuficiente y no prevé ningún período de pruebas ni
condiciones de formación.
Señor presidente, señorías, estimamos que la información de la
gestión de la Seguridad Social es absolutamente necesaria, por eso la
impulsaron anteriores gobiernos. Pero las cosas no pueden hacerse tan
chapuceramente y casi con coacción respecto a unos excelentes
profesionales que, en definitiva, son personas privadas que están
colaborando en la gestión y que prestan la ayuda para llevar a cabo
dicha gestión a la Seguridad Social. Por ello, pensamos que debe
hablarse con ellos: háblese con estos profesionales, con el Consejo
General de Colegios de Graduados Sociales y no exclusivamente con su
presidente. Es de señalar que el convenio al que he hecho referencia
ha sido impugnado por los colegios de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga,
Valencia, Castellón, Las Palmas, Salamanca, Zamora, Ávila, Palencia
y Tenerife. Establézcanse unos plazos y otórguense las facilidades
necesarias para la formación y la incorporación al sistema Red de
todos, y para hacer frente a la inversión también en equipos
informáticos.
Para acabar, señor presidente, se nos dice que la Tesorería ha
regalado 800 ordenadores a este colectivo. Piénsese en el coste de
estos ordenadores; súmese a este coste el ofrecimiento de instar la
elevación del 2 al 3 por 100 de la contraprestación a la que hemos
hecho referencia (se estima el coste en unos 3.000 millones), y todo
ello con el propósito de captar voluntades, cuando seguramente lo más
fácil y lo menos costoso habría sido cumplir con una razonable
gradualidad, que no se discriminara a nadie, establecer períodos de
prueba, procurar la formación y facilitar la adquisición particular
de los medios informáticos, y sin necesidad de ningún regalo; pero,
sobre todo, consensuar el método.
Por eso, señor presidente, el Grupo Socialista pide que se derogue el
precepto de la orden ministerial a que hace referencia la proposición
no de ley, que quede sin efecto la resolución posterior y que el
ministro, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Tesorería
aprendan una vez más de sus errores, aunque sea a costa de todos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Ballesteros, don Atanasio.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Lo que se propone es dejar sin
eficacia el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Orden
de 26 de enero de 1998. Mi grupo coincidía con la práctica totalidad
de la exposición de motivos que el grupo proponente hizo en su
momento. Tengo que decir que no coincide ya con la exposición que ha
hecho, que dista en lo fundamental con la justificación que ha hecho
de la iniciativa parlamentaria sobre el tema de los graduados
sociales.
Decía en la exposición de motivos (y nosotros lo compartíamos
plenamente) que los avances técnicos son necesarios. Decimos nosotros
que no solamente son necesarios, sino que además vienen impuestos por
la ley; y más todavía: vienen impuestos por la propia eficacia que la
Administración tiene que dar tanto a los profesionales como a los
administrados, más a éstos que aquéllos. De hecho se recoge
legalmente en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo
45, el que las administraciones públicas impulsen el empleo y la
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. Este era un fundamento que nosotros compartíamos
plenamente, como compartíamos de alguna forma lo que el grupo
proponente está diciendo sobre el esfuerzo que la Administración está
haciendo en estos momentos para informatizar este aspecto de la
Seguridad Social. Si duda alguna estamos también de acuerdo en que
este tipo de cambios debe ser armónico, debe ser gradual; sin
embargo, no estamos de acuerdo con los criterios que esta mañana se
están utilizando por los distintos grupos (Unión Valenciana y Grupo
Socialista) sobre el tema de las coacciones. Las resoluciones que la
Administración está dictando en estos momentos confirman que se está
haciendo de una forma gradual. De hecho, los portavoces de los grupos
de Unión Valenciana y Socialista han citado la Resolución de 15 de
abril, que no hace otra cosa más que establecer la gradualidad de
aquella disposición.
No obstante, tenemos que recordar que la disposición que se pretende
dejar sin efecto es de enero de 1998, y no necesito decirles al señor
presidente y a SS.SS. que estamos ya casi en octubre de 1998. Si se
pretende que la Administración sea eficaz con el tema informático,
introduciendo las mejoras técnicas necesarias, no podemos estar toda
la vida haciendo este tipo de introducciones. Se ha hecho un
planteamiento gradual en la motivación de la Resolución de 15 de
abril cuando dice que se implantarán y se aprobarán gradualmente
mediante resoluciones de la Dirección General, cuando dice que se
hace necesario regular y ordenar la implantación gradual del sistema
Red, y luego incluso se positiviza, desde ese punto de vista, cuando
la propia resolución da la instrucción de que la solicitudes deberán
estar presentadas el día 16 de mayo de 1998 y se ha de comenzar el
día 1 de octubre de 1998. A nosotros nos parece que es una
gradualidad aconsejable. Partimos de una Orden de 26 de enero de
1998, y ha transcurrido gran parte del año sin que se haya hecho lo
que se debe hacer para que la Administración sea eficaz y ofrezca
eficiencia al administrado; y se va regulando, como se dice, por este
tipo de resoluciones. Para que no demos cuenta claramente de que no
hay una imposición, que no es una cuestión coactiva, se establecen
incluso prórrogas para aquellos casos excepcionales en los que así se
aconseje porque el graduado social no haya podido incorporarse al
sistema Red. En la instrucción segunda de esta Resolución de 15 de
abril citada por los distintos grupos se plantea esta prórroga. Por
tanto, queda despejado claramente el tema de la graduación; ha
existido, existe y va a seguir existiendo porque no puede ser de otra
forma. Lo contrario sería pretender que no fuésemos eficaces. Este
tipo de temas no se pueden imponer manu militari, porque si no los
profesionales no estarían en la sintonía que tienen que estar con la
Administración para la defensa de los intereses de sus representados
ante la propia Administración.
Hay otras cuestiones, como el tema que plantea Unión Valenciana sobre
la exclusividad. Tenemos que decirle, si cabe la expresión doctrinal
de lege data, que está establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo que los graduados sociales no tienen ninguna
exclusividad en la representación
de los administrados ante la Administración. No hay más que
echar una ojeada al artículo 32 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común para leer que los interesados con capacidad de
obrar podrán actuar por medio de representante, no haciendo ninguna
exclusión de ningún representante: cualquier representante con las
condiciones que se exponen en la propia Ley de Procedimiento
Administrativo. Por lo tanto, desechamos también otro de los puntos
importantes que se planteaban como motivos para aceptar esta
proposición.
Luego está el tema de la armonía y del apoyo en medios. Esta mañana
se ha hablado sobre la adjudicación de 800 ordenadores (yo diría
equipos informáticos, porque además de los ordenadores había máquinas
impresoras), pero habría que añadir que se ha ofrecido el personal
especializado necesario para que los distintos colegios puedan
orientar a los graduados sociales, para que no se pierdan en este
tema y para que los especialicen en esa informatización. No se puede
vender este tema como una justificación de que la Administración lo
ha hecho mal y que ahora les regala 800 ordenadores. No se puede
vender este tema como una justificación de que la Administración lo
ha hecho mal y que ahora les regala 800 ordenadores. No se puede
estar diciendo que la Administración, para hacer estas mejoras
técnicas, tiene que dotar a los profesionales de medios y, una vez
que lo hace, decir que es un regalo para contentarles, porque hay un
poco de lío con esta cuestión. Hay que recordar que el porcentaje de
cumplimiento no está siendo el necesario y el que sería procedente.
La Administración está haciendo todos los esfuerzos precisos para la
implantación, porque es bueno para los administrados e, incluso,
creemos, para los propios profesionales.
No podemos, por tanto, apoyar esta iniciativa; tenemos que votar en
contra. Y sí queremos despejar la duda que se está dejando esta
mañana sobre la Mesa de que se está coaccionando. He de decir también
que el porcentaje que se está dando a los graduados sociales es un
porcentaje de las mutuas que corresponde a la Administración y que
hay que verlo como un incentivo. La Administración, lógicamente, no
puede incentivar a aquel que no apoya; tiene que tener algún elemento
cuasi coactivo o cuasi coercitivo, desde el punto de vista
administrativo, para hacer cumplir sus resoluciones. Evidentemente,
la Administración no está sancionado a nadie, como se ha querido dar
a entender; la Administración lo que está haciendo es no incentivar a
aquellos o a aquel que no colabora con ella. Si no, que alguien me
explique cómo se podrían hacer cumplir las normas administrativas y
las resoluciones de la Administración. Es una vieja cuestión de
derecho administrativo, que no vamos a debatir esta mañana aquí, pero
que todo el mundo con sentido común, de una forma razonable, puede
entender. Incluso se está pensando en la posibilidad de prever en el
anteproyecto del reglamento de recaudación una graduación en la
retirada de esta incentivación, pero ya se verá en este anteproyecto.
Por nuestra parte, sólo quiero insistir en que no podemos apoyar esta
iniciativa por las razones y fundamentos dichos.
El señor PRESIDENTE: Concluido así el debate sobre la proposición no
de ley presentada por el Grupo Mixto,
que ocupa el primer lugar del orden del día, y con el fin de
facilitar el trabajo a SS.SS., les diré que las votaciones se
efectuarán conjuntamente a partir de las trece horas.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
EXCLUIR DEL CAMPO DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL A
DETERMINADOS SECTORES ESPECÍFICOS COMO SON CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE,
MINERÍA, TRABAJOS DEL MAR, ASÍ COMO DE TODOS AQUELLOS QUE SE
CONSIDEREN ACTIVIDADES PELIGROSAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/
000966.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, que, como les
señalé, es la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en la que se insta al
Gobierno a tomar las medidas necesarias para excluir del campo de
actuación de las empresas de trabajo temporal a determinados sectores
específicos como son construcción, transporte, minería, trabajos del
mar, así como de todos aquellos que se consideren actividades
peligrosas.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Esta proposición no de ley parte de dos
datos de la realidad que nosotros queremos destacar como algo que no
propicia presentar la proposición no de ley por lo oportuno que sería
atajar el problema de una siniestralidad tan abultada justamente en
aquellos contratos, en aquellos sectores del mundo laboral en los que
la precariedad es, diríamos, la norma.
Hay sectores, sin duda alguna, de las relaciones laborales donde,
fundamentalmente por su carácter estacional, etcétera, la
contratación, o bien es temporal o bien es, de una forma u otra,
precaria. Y precisamente es ahí donde se producen los índices de
siniestralidad más elevados, unas cuatro veces más que en la
contratación indefinida. Esto nos lleva a pensar a pensar que alguna
relación tiene que haber entre el sistema de nuestras relaciones
laborales y siniestralidad laboral tan elevada y creciente, además.
Creciente, incluso, a pesar de que se habilitan legislaciones
consensuadas, progresivas, acabadas. La realidad es más fuerte que la
ley, la dinámica social es más fuerte que la ley, y, en este caso,
esta máxima muy antigua del derecho aparece con una fuerza hasta
cruel. Porque estamos hablando, señorías, de vidas humanas, estamos
hablando de muertes, en la construcción, fundamentalmente, y en otros
sectores de riego también.
Y junto a esto el segundo dato de la realidad, que es que, desde la
reforma del año 1994, aparecen un elemento nuevo en nuestras
relaciones laborales. Ya no se convierte en mercancía el trabajo en
sí mismo, la prestación de la fuerza de trabajo, sino que, rizando el
rizo, se convierte en mercancía la intermediación. La misma
intermediación es
ahora una mercancía, y en la medida en que se introduce en la
intermediación el lucro, aparece sin duda alguna una serie de
características que implica, bajo nuestro punto de vista, para los
trabajadores, una doble explotación: la explotación normal de las
relaciones laborales y, al mismo tiempo, la de ser trabajadores
prestados; por tanto, tienen que rendir ante la empresa que les
presta, que a su vez tiene que rendir ante el empresario destinatario
de esta prestación de fuerza laboral. Esa doble tensión general una
relación superestresante, genera una relación también a salto de
mata, sin seguridad en el horario ni en las condiciones de trabajo en
muchas ocasiones. Más allá incluso. Estoy hablando de condiciones de
características propias, específicas, de la relación de las empresas
de trabajo temporal; no solamente de las cuestiones más coyunturales,
como puedan ser la capacidad de fraude que se genera en función de
que nuestro mercado de trabajo no esté suficientemente regulado y
controlado. Ésa es otra cuestión que también pivota sobre la
posibilidad de que, en los trabajos precarios servidos por las
empresas de trabajo temporal, finalmente haya también un incremento
de los índices de siniestralidad laboral como los que contemplamos.
Unidas estas dos cuestiones, entendemos que tenemos que acabar -y
permítanme decirlo, señorías- con una cierta hipocresía
institucional. Porque cuando se aborda el tema de la siniestrabilidad
laboral, cuando hay una muerte de un trabajador, todo es llanto,
quebranto y crujir de dientes, como dice la Biblia. Pero las medidas,
hasta ahora, no han bastado ni atajan de forma radical el problema.
Radical viene de raíz; no tiene nada que ver con ninguna
característica de la tendencia política a la que estemos adscritos.
No tiene nada que ver. Hay que atajar el problema de raíz; es lo que
hay que hacer, para evitar las muertes que luego lloramos.
Modestamente, esta proposición no de ley quiere contribuir a dar una
solución, aunque sea parcial; quiere plantear el problema y evitar
que las ETT, las empresas de trabajo temporal, puedan prestar
trabajadores estresados de salida para trabajos con riesgo o en
sectores típicos de riego. Nosotros creemos que eso es destinarles a
la primera fila de un frente donde se producen muertes. Y, como no
estamos en guerra y queremos que nuestras relaciones laborales lo
sean en paz, creemos que debemos evitar estas situaciones. Lo tenemos
en nuestra mano y, por ello, presentamos esta proposición no de ley
con serenidad y, al mismo tiempo, con el dramatismo de lo que estamos
hablando. Sencillamente.
Para evitar tener que intervenir después, en otra ocasión, hemos
leído y comentado con los portavoces de los otros grupos las
enmiendas que se nos proponen y vamos a aceptar, en primer lugar, la
enmienda del Grupo Socialista, y, en segundo lugar, la transacción
que el Grupo Popular nos plantea a los tres textos iniciales que
pudieran existir. Sin duda alguna, pensamos que es bueno, que es
interesante que intervengan los agentes sociales; además, aceptamos
que la exclusión de los sectores. Porque es verdad que efectivamente
en algunos sectores hay colectivos que no ofrecen características de
riesgo en su trabajo.
Quiero decir también una cosa y me van a permitir que sea pesado,
porque esto es ya una cuestión de cierta racionalidad que yo me veo
obligado a plantear siempre. Cuando
hablamos de que intervengan los agentes sociales, de que se les deje
negociar a ellos, etcétera, señoría, bajo mi punto de vista, no crean
que se les hace un favor, sobre todo a los sindicatos; a los
empresarios, puede ser; a los sindicatos, no. Porque si nosotros, por
ejemplo, fruto de nuestro debate parlamentario, lográsemos sacar esto
de la mesa del diálogo, o este tema estuviese en la mesa del diálogo
presente con el refrendo de este Congreso y en términos más concretos
de los que a veces hacemos nuestras proposiciones no de ley, sería
una cosa menos por la que los sindicatos tendría que pagar peaje. Así
de claro. Y ésta es la lógica para negociar. Y quien no entienda esto,
o no ha sido sindicalista o nunca tiene otros intereses en esa mesa.
Yo no entiendo la contumaz postura de ayudar inhibiéndose de algunos
insignes colegas de esta Cámara; en cualquier caso, la respeto. Y una
postura pragmática me obliga a asumir esa tendencia institucional,
instaurada en función de lo que a mí me parece un error de cálculo
lamentable.
A pesar de todo esto, y seguiré insistiendo en otras ocasiones, acepto
la transaccional que se me ha ofrecido.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas presentadas
tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa, por el Grupo
Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nosotros hemos presentado una enmienda en
línea un poco con lo que decía el señor Vaquero, fundamentalmente
añadiendo a la iniciativa la participación de los agentes sociales.
Voy a empezar la defensa de la enmienda diciendo algo en contestación
a lo que el señor Vaquero manifestaba.
Yo no me opondría en ningún momento a que, en temas de vital
importancia, como puede ser lo de las ETT, pudiéramos conseguir por
ley regular de otra forma las ETT, de manera que realmente no se
diera en el mercado laboral la situación que se está dando ahora.
Porque las ETT es verdad que han introducido en el mercado de trabajo
la desregulación total; no sólo porque la ley lo permita, sino, en sí
mismo, por la perversión que los propios empresarios hacen a la hora
de utilizar esa ley y por la gran proliferación de empresas de
trabajo temporal. Las hay pequeñitas, pues, a veces son los mismos
directivos de una empresa los que forman una pequeña ETT para
subcontratar desde su mismo empresa. La prevención, repito, de esa
ley. Ahí llegaría a un acuerdo. Y¿sería posible que la propia
composición de la Cámara diera lugar a renovar esa ley, de forma que
fuese más favorable y menos desreguladora? Yo tengo claro que no. Esa
es la primera afirmación que hago: tengo claro que no. Yo creo que
los agentes sociales tienen que tener el papel que les corresponde y
tienen que tener la capacidad y toda la legitimidad para la
negociación de todos y cada uno de los temas que les son propios,
aunque tengan que pagar su peaje. Son mayores, saben lo que quieren,
saben cómo lo quieren y, aunque tengan que pagar su peaje, que lo
negocien. Porque el peaje que paguen, al fin y al cabo, será el peaje
que ellos quieran o puedan pagar. Y yo prefiero que los agentes
sociales negocien un mal acuerdo, que lo negocien, que darles
nosotros desde aquí, anulándoles totalmente, una buena ley. Vaya eso
por delante.
Segundo. Yo estoy de acuerdo en que alguna medida tenemos que tomar
en lo de las ETT porque es un clamor
popular. Los trabajadores, en las empresas, así lo dicen; realmente
nos lo piden. Tenemos hoy aquí el ejemplo claro de que, para poder
llegar a un acuerdo, tenemos que consensuar algo que es una
declaración de intenciones y que no sirve para nada. Ahora bien, yo
prefiero que hagamos aquí una declaración de intenciones, aunque no
sirva para nada, pero que es una declaración de intenciones, que no
que pongamos un texto muy cerrado, que a mí me guste muchísimo pero
que luego no consiga los votos necesarios. Porque yo prefiero dar
medio pasito hacia adelante que dar un paso hacia atrás. Yo lo he
dicho; no ha sido posible porque la derecha de este país es una
derecha muy reaccionaria, etcétera, pero prefiero, desde mi posición
de izquierda bien clara, avanzar medio pasito adelante, aunque tenga
que ser llevándome de la mano la derecha ésta que tenemos, porque es
lo que tenemos, y no hay arreglo. Que los trabajadores den un pasito
más adelante y que mejoren sus condiciones de trabajo.
Esa es nuestra posición, la línea en la que hemos hecho la enmienda:
mejorar.
Los agentes sociales consecuencia de la reforma laboral, tienen mesas
abiertas con la Administración y la patronal para negociar la
exclusión de las ETT en sectores o en subsectores concretos; tienen
las negociaciones bastante avanzadas, están a punto de llegar a
acuerdos en algunos temas. Yo tengo aquí la documentación. Por lo
tanto, yo estoy a favor de esa transaccional que nos permita alentar
y dar un empuje a los agentes sociales, que son los que tienen que
trabajar, porque seguro que lo van a hacer mejor que nosotros, aunque
nosotros seamos más listos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Popular, tiene la palabra don Gustavo Alcalde.
El señor ALCALDE SÁNCHEZ: Señorías, debatimos hoy de nuevo una
proposición no de ley sobre las empresas de trabajo temporal, a
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida.
Su portavoz, en coherencia con la postura de oposición que mantuvo ya
su grupo en la tramitación de la ley de la Ley 14/1994, por la que se
regulan las empresas de trabajo temporal, reitera, tanto en el
preámbulo de la ley como hoy a lo largo de su exposición, una visión
entendemos que un tanto catastrofista y alejada de la realidad de
esta importante herramienta de flexibilidad o de adaptación en la
gestión de los recursos humanos en la empresa, que son (cuando actúan
correctamente, por supuesto) las empresas de trabajo temporal.
Antes de entrar a debatir el fondo de la proposición, señorías, hemos
de negar la premisa mayor que recogía su preámbulo, que las ETT sean
uno de los elementos más negativos de la reforma laboral de 1994. Por
el contrario, mi grupo considera que representan sin duda uno de los
instrumentos de dicha reforma que están produciendo resultados más
importantes en la mejora del funcionamiento del mercado laboral
español.
No podemos tampoco compartir, señorías, que estas empresas supongan
la legalización del prestamismo laboral, pues la Ley 14/1994 fue
aprobada por una amplia
mayoría de la Cámara, concretamente con el respaldo de los grupos
parlamentarios Socialista, Popular, Catalán y Vasco. No entiendo por
ello ahora algunas manifestaciones de la señora Chamosa. Tampoco
parecen compartir esta opinión de la legalización del prestamismo
laboral los países de nuestro entorno, donde estas empresas tienen
una gran tradición; y tampoco la Organización Internacional del
Trabajo, que en su convenio número 96 autorizaba su existencia,
considerándolas un instrumento importante para la lucha contra el
desempleo y una manera de aflorar el empleo sumergido.
No nos parece tampoco serio, señorías, afirmar que los trabajadores
de las empresas de trabajo temporal se encuentren en situación de
extrema precariedad, pues, además de que tenemos una de las
legislaciones más rigurosas y exigentes del derecho comparado en la
materia, el desarrollo de una negociación colectiva está muy
avanzado, lo cual constituye un mérito, indudablemente, de las
organizaciones empresariales y sindicales de nuestro país que han
negociado; ya va por el segundo convenio colectivo del sector,
suscrito, si no me equivoco y no me falla la memoria, el 30 de
diciembre de 1996. Estos datos impiden, desde luego, realizar tal
afirmación.
Entrando ya a analizar el fondo de la proposición, he de recordar,
señorías, que el Gobierno lleva meses trabajando en relación con la
prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal,
de acuerdo con las previsiones que contiene la Ley de prevención de
riesgos laborales y la propia ley que regula las empresas de trabajo
temporal. En el marco del intenso proceso de diálogo social -por
cierto, señora Chamosa, la derecha reaccionaria, como usted la
cataloga, es la que está dialogando con los interlocutores sociales,
cosa que no hacía la izquierda progresista que usted parece
representar. A ver si alguna vez también son capaces ustedes de
admitir una lección al respecto-, en ese marco del intenso proceso de
diálogo social que está caracterizando el desarrollo normativo de la
Ley de prevención de riesgos laborales, desde que llegó el Gobierno
del Partido Popular, ha dado como fruto la aprobación de más de una
docena de normas reglamentarias dotadas de un amplísimo consenso
social y destinadas a regular aspectos esenciales y fundamentales de
la prevención, de la salud y de la seguridad de los trabajadores. En
este marco, repito, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
creado un grupo de trabajo tripartito con las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas para analizar la
problemática de la prevención de riesgos laborales en este sector de
las empresas de trabajo temporal. El Ministerio ya ha trasladado a
los interlocutores sociales un borrador del proyecto de real decreto
regulador de las normas de seguridad y salud en el ámbito de estas
empresas. Este borrador ha sido objeto de diálogo y discusión durante
el segundo trimestre de 1998, diálogo que se ha retomado en el mes de
septiembre, este mes, con el objetivo, por supuesto, de alcanzar el
máximo acuerdo; y no dudamos que próximamente se logre este objetivo
deseado.
No obstante, señorías, mi grupo ha de señalar que la prevención de
riesgos en las empresas de trabajo temporal no pasa necesariamente,
como preconiza el Grupo de Izquierda Unida, por la prohibición de las
actividades peligrosas, de la misma manera que la prevención de
riesgos
en general no pasa tampoco por la prohibición de las actividades
peligrosas. La prevención pasa ante todo por analizar, por evaluar
las situaciones que originan dichos riesgos y por establecer las
medidas necesarias para evitarlos. Plantear sin más, ante la
constatación de que una determinada actividad genera un riesgo o da
lugar a un cierto número de accidentes, la prohibición de dicha
actividad constituye un enfoque entendemos que simplista y lo menos
prevencionista que se pueda imaginar. Y ello sólo puede entenderse si
lo que se persigue no es realmente la prevención de riesgos
laborales, sino utilizar dicho argumento como excusa para restringir
por otros motivos las actividades de las empresas de trabajo
temporal. Sin embargo, señorías, como al Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y los interlocutores sociales que participan en el
grupo de trabajo que he comentado sí que les preocupa realmente la
prevención de los riesgos laborales, se está realizando un análisis
mucho más amplio y riguroso, no partiendo de la necesidad de prohibir
nada, sino de la necesidad de garantizar que los trabajadores de las
empresas de trabajo temporal disfruten, como establece el artículo 28
de la Ley de prevención de riesgos laborales, el mismo nivel de
protección en materia de seguridad y salud que los restantes
trabajadores. Y cito textualmente dicha ley. Por eso es preciso
analizar qué características del trabajo de las empresas de trabajo
temporal generan un riesgo específico o plantean dificultades
concretas para aplicar las disposiciones generales de la Ley de
prevención de riesgos laborales, a fin de establecer las
disposiciones necesarias para contrarrestar dichos riesgos y para
remover esas dificultades.
Señorías, nadie se accidenta por la forma o la duración de su
contrato de trabajo. Sin embargo, sí pueden producirse accidentes por
carencias de formación (de hecho, se producen), por carencias de
información, por falta de experiencia, por ausencia de instrumentos
de control o por problemas en el seguimiento de la salud de los
trabajadores, aspectos todos ellos que pueden plantear, y que de
hecho plantean, dificultades específicas, como decía el portavoz de
Izquierda Unida en el caso de las empresas de trabajo temporal, en
virtud sobre todo de esa relación triangular típica de este tipo de
empresas y de la división de la figura del empresario, como
responsable básico de seguridad que es, en dos partes, en dos sujetos
distintos.
Sobre estas cuestiones es sobre las que debe incidir la norma que
está elaborando el Ministerio, previo diálogo con los interlocutores
sociales, a fin de tener en cuenta tales características específicas,
para poder garantizar, que es el objetivo básico, el mismo nivel de
protección, como exige la ley. Y únicamente en aquellos casos en que
no sea posible restablecer ese equilibrio a través de esos
mecanismos, habría que plantearse, en esos casos, la exclusión, nunca
de un sector de actividad completo, sino, en su caso, de determinados
trabajos o de determinadas actividades, cuestión que creemos que sí
debe contemplar ese Real Decreto que se está elaborando, pero que no
constituye nunca el único y el principal objetivo del mismo.
Señorías -y con esto ya acabo, señor presidente-, en la medida en que
nosotros entendíamos que no podíamos aceptar esta proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida -posteriormente el señor Vaquero lo
ha aclarado y ha anunciado que hemos consensuado un texto
alternativo,
un texto transaccional-, presentamos un texto alternativo que, si
usted me lo permite, señor presidente, y para que quede constancia en
la Cámara, diré que sería la enmienda presentada por el Grupo
Popular, con la siguiente pequeña inclusión in voce: tras la palabra
«Gobierno» (el Congreso de los Diputados insta al Gobierno), a que,
en colaboración con los agentes sociales, tome las medidas
necesarias... Y ya quedaría el texto como está redactado en la
enmienda de modificación.
Quiero agradecer al grupo que ha presentado la proposición no de ley
la receptividad que ha tenido hacia la enmienda del Grupo Popular. A
pesar de que haya opiniones que digan que declaraciones de
intenciones como la que hoy vamos a realizar aquí no sirven para
nada, yo entiendo que todo lo contrario, que sirven para mucho,
sirven para demostrar que, con el diálogo entre fuerzas de distinta
ideología, con distintos objetivos, somos capaces entre todos, de
consensuar cuestiones que son importantes para todos los trabajadores
y, en definitiva, para toda la sociedad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen participar en el debate?
El representante del Grupo Mixto, don Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, porque manifiesto que voy a
votar a favor de la enmienda transaccional que se ha alcanzado por
parte del grupo proponente y los grupos enmendantes, compartiendo la
preocupación del grupo proponente. En segundo lugar, quiero decir que
suscribo de principio a fin la intervención de la señora López i
Chamosa; me ha parecido una intervención ciertamente espléndida y
creo que está bien decirlo y reconocerlo. Y en tercer lugar, porque
quisiera que fuera la última vez que debatiéramos este tema entre las
fuerzas progresistas, me gustaría brevemente hacer referencia al tema
de la autonomía social. En la Constitución española hubo un consenso
de todos en que hay una autonomía de los agentes sociales. Una
autonomía. Y eso lo hemos aceptado todos, todos. Sin lugar a dudas,
porque todos creemos que una sociedad moderna es una sociedad
compleja; hay ámbito de actuación de distintos entes (de los partidos
políticos, de las organizaciones sociales, etcétera) y cada uno tiene
su ámbito. Y hace falta que cada uno, en su ámbito, haga su papel. No
se trata de quitar de la mesa de negociación nada a nadie. Si está en
su mesa de negociación, que hagan lo que ellos tienen que hacer.
Tampoco hagamos descalificaciones a lo que hacen allí. Allí lo que
hacen es negociar y presionar; lo que hacemos en el ámbito político.
¿Por qué se habla de peajes en el ámbito social, cuando lo que hacen
allí es acordar en términos parecidos a los que acordamos en
política? ¿Acaso no hay acuerdos, concesiones y transacciones en el
ámbito político, y no los calificamos de peajes quienes estamos aquí
constantemente aceptando ese tipo de transacción? ¿Aceptaríamos que
se hablara de peajes? Tampoco es bueno que traslademos al ámbito
social ese tipo de descalificaciones. Hacen su labor negocia y
presionan, y, en función de la fuerza, de la habilidad y de la
capacidad que tienen, obtienen determinados resultados. Lo que
deberíamos hacer las
fuerzas progresistas es no quitarles la voz, la autonomía, sino al
contrario, animarles a ejercerla. Y, contando con su participación,
crear una sociedad más democrática y más justa.
Esa es la apuesta que yo creo que deberíamos asumir y desde luego no
sería bueno que, discutiendo sobre este tema, nos enzarzáramos las
fuerzas democráticas. Porque sí que estoy de acuerdo en esa cosa:
históricamente, quienes menos han aportado por el diálogo social han
sido las derechas. Estoy de acuerdo. Esa es mi convicción. Y aquí
tuvimos ocasión de votar una Ley orgánica de libertad sindical
y todos sabemos qué posición se adoptó en aquel momento. En la última
reforma del Estatuto de los Trabajadores, el representante del Grupo
Pupular dijo que la reforma de las ETT estaba muy bien; la reforma
sindical que allí se contenía fue votada en contra por el Grupo
Popular. Esa es una posición de principios. ¿Qué en estos momentos el
Partido Popular ha suscrito determinados acuerdos, algunos de ellos
incluso heredados del pasado, como el Pacto de Toledo y la Ley de
protección de riesgos laborales. Es verdad, lo ha hecho. Y personal y
políticamente apuesto a que lo siga haciendo. Que quede claro.
Apuesto a que lo siga haciendo. Me hubiera gustado, por ejemplo en
esa línea, que un tema tan importante como el Plan nacional de empleo
lo hubiera acordado con los agentes sociales. Me habría parecido muy
positivo para este país. Desgraciadamente, no lo hizo. Muy bien.
Desearía que las partidas presupuestarias de Empleo, de Seguridad
Social, Sanidad, etcétera, de todo lo que contemplan los
presupuestos, se acordaran. Lo desearía. Ya veremos el resultado.
Pero sí que me parece que más allá de esa coyuntura concreta, la
posición de principio, cuando se ha tratado de regular ese tema en
este país, está ahí. No lo digo yo, han sido las posiciones que han
manifestado los propios representantes del Grupo Popular. Y esa
situación es la que nos debe animar también a las fuerzas
progresistas a saber que nosotros sí que apostamos por la ampliación
de ese ámbito y porque tenga un mayor protagonismo social.
En definitiva, señorías, vamos a apoyar ese acuerdo concreto que
hemos alcanzado aquí en un tema, desde luego, importante.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Parece, por la exposición de motivos de esta
proposición no de ley, que las empresas de trabajo temporal sean el
origen de todos los males. No tenemos en cuenta que son elementos que
deberían sumar en vez de restar, puesto que deberían dar solución
a unas demandas muy concretas, la organización del trabajo, ya que hay
ciudadanos y ciudadanas que, por sus situaciones personales, por
estudios o circunstancias familiares, encuentran en este sistema una
calidad laboral que se ajusta a sus necesidades. Y las empresas
pueden cubrir unos puestos de trabajo temporales por baja o
incremento temporal de producción.
Otra cosa, señorías, es que se utilice de una manera honesta. Y en
estos momentos esto no ocurre. Pero en este tema y en estas
cuestiones tienen mucho que decir y mucho que trabajar las
organizaciones sindicales para controlar y
la Administración, para actuar en caso de fraude. Por este motivo,
sería de desear que estas empresas de trabajo temporal hicieran una
selección de personal cualificado y con experiencia para cubrir los
puestos en los sectores y actividades con un peligro más inminente.
La siniestralidad laboral debe ser la mínima posible. La
concienciación, la utilización de los recursos y la inversión de los
empresarios en las empresas de trabajo temporal, de los trabajadores
y las trabajadoras y usuarios y de las empresas demandantes deben
ser, en materia de seguridad, una prioridad. Por este motivo, no
creemos desde el Grupo Parlamentario Catalán que la exclusión en el
campo de la actuación de las empresas de trabajo temporal de estos
sectores sea la solución de la siniestralidad laboral. Muy por el
contrario, estamos por la vía de la honestidad, de un recurso que,
usado por todos y todas con responsabilidad es un elemento
complementario en la organización laboral.
Por tanto, señorías, señor presidente, daremos nuestra aprobación a
la proposición no de ley con la incorporación de la enmienda
transaccional, en aras del avance, que ésta sí que es la solución de
un conflicto real, de los trabajadores y trabajadoras usuarios del
servicio.
- SOBRE LA PUBLICIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE AFECTEN A LOS DERECHOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000932).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tres del orden del día:
proposición no de ley sobre publicidad de todas las normas que
afecten a los derechos sociales de los trabajadores, que ha sido
presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
Para su defensa tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Efectivamente, el día 23 de marzo de este año
el Grupo Socialista, al amparo del artículo 193 del reglamento,
presentó una proposición no de ley que es la que en este momento
tengo el honor de defender.
Quiero decir, como preámbulo a mi intervención y para que los señores
diputados que no han tenido ocasión de leer la motivación de esta
proposición no de ley, o incluso los que la hayan leído, tengan una
más clara conciencia de cuáles son las motivaciones del Grupo
Socialista que, a diferencia de otras cuestiones que suelen ser
habituales en nuestros debates en Pleno o en Comisión, en esta no hay
ni el más mínimo indicio de que haya detrás una posición que pueda
producir diferencias, desde mi modesto punto de vista, de apreciación
en función de programas electorales, posiciones partidistas, derechas
e izquierdas. No hay ni tan siquiera un reproche o un intento de
enmendar algo que haya hecho este Gobierno. Se trata, pura y
simplemente, de conseguir un avance en la forma de actuar nuestra
Seguridad Social respecto de lo que ha sido su trayectoria histórica.
La Seguridad Social, que tuvo un origen profesional en España, se ha
ido moviendo por unos parámetros, acercándose,
en todas sus manifestaciones y en todas sus instituciones, cada
vez más a lo que es la actividad común y general del Estado: la
naturaleza de sus recursos, la naturaleza jurídica de sus
prestaciones. Todo un conjunto de formas se han ido adecuando cada
vez más a lo que es norma habitual en el tratamiento de los poderes
públicos. Es muy notable, por ejemplo, que este Parlamento solamente
a partir de 1997 conoce los presupuestos de la Seguridad Social. A
título de ejemplo. Antes era un espacio reducido, era propio de un
núcleo de población, a través de instituciones hoy ya fenecidas (las
mutualidades laborales, los sindicatos verticales...); todo eso ha
ido cambiando lentamente, pero aún perviven en nuestra Seguridad
Social algunos hechos que están lejos de acercarse a ese paradigma de
que los sujetos de las relaciones jurídicas de la Seguridad Social
puedan tener y sufrir la doctrina común de los hechos
administrativos.
Y, en concreto, esta proposición no de ley, que, como digo, se
presentó el día 23 de marzo de 1998, también para ilustración de sus
señorías y para que vean en su caso práctico lo que puede ocurrir de
una de estas asimetrías de la Seguridad Social, que no es otra que la
ausencia de publicidad de sus normas internas, proviene de que este
diputado tuvo ocasión de conocer el caso particular de un trabajador
con sesenta y dos años de edad que esperaba jubilarse y los sesenta y
cinco y que me consultó si mantenía ese derecho. Yo le afirmé que si
cubría todos los requerimientos y, ante mi sorpresa, me afirmó que en
la oficina de la Seguridad Social a la que había acudido aquella
misma mañana le habían informado que, o ejercía su derecho antes del
1 de abril (que era la semana siguiente, o dos semanas después)
o perdería ese derecho. Yo acudí al «Boletín Oficial del Estado», a
todas las formas y maneras -y seguro que un diputado tiene más formas
y maneras que incluso un abogado de la calle, para enterarse de cuál
era la situación de esa norma, la que a él era aplicable, que era una
orden ministerial de enero de 1967-, y no encontré absolutamente
nada. Con lo cual mi recomendación que fue no se jubilara -tenía
sesenta y dos años- porque perdería el 24 por 100 de la jubilación;
que esperara a los sesenta y cinco años, como era su deseo inicial.
Menos mal que este hombre no me hizo caso y solicitó la pensión de
jubilación, porque yo le estaba dando una orientación equivocada.
Porque sí existía una instrucción, no publicada, por supuesto, en el
«Boletín Oficial del Estado» ni en ninguna de las compilaciones que
hace la Seguridad Social, que las hace siempre a toro pasado y con
meses de posterioridad, y lo que existía eran simples fotocopias en
los despachos de los jefes de los departamentos de prestaciones,
donde un derecho inveterado que había habido en la Seguridad Social
había sido eliminado en función de una interpretación administrativa.
En ello iba, en este caso particular, que puede ser una referencia
para decenas de miles de familias, la situación económica, no una
parte de su capacidad de sobrevivir, sino incluso proyectos vitales
muy importantes. Este hecho concreto, particular, es lo que me movió
a mí y a mi grupo parlamentario a suscribir esta proposición, que es
muy simple. Se solicita, se insta al Gobierno, a que todas aquellas
normas, incluso las de carácter interpretativo, que pueden tener
algún efecto sobre los derechos sociales de los trabajadores sean de
público conocimiento.
Señorías, a estas alturas de la democracia española no hay ni
siquiera necesidad de recordar que ese es incluso un precepto
constitucional. El artículo 9.3 de la Constitución nos recuerda, como
no podía ser menos, que es propio y típico de un Estado de derecho
que las normas sean públicas, que sean conocidas por los ciudadanos y
que no pueda ser aplicado ningún tipo de normas que no tenga ese
carácter de publicidad. Es absolutamente contradictorio con una
situación democrática o con una democracia de calidad que haya normas
secretas o reservadas. Yo solamente vi esto en la última Unión
Soviética, donde con pasmo me enteré de que determinadas cosas se
regulaban por normas que no eran de público conocimiento de la
población, sino sólo del aparato administrativo del Estado. Y había
normas secretas y reservadas que se aplicaban en los tribunales y
contra las que no había ningún tipo de defensa de los particulares.
Pero lógicamente eso está en el esquema de un Estado que no respeta
los mínimos parámetros de lo que es un Estado de derecho. Señorías,
ya les digo que no es una cuestión de crítica a este Gobierno, sino
de ir acercando lo que era una Seguridad Social casi de ámbito
restringido, patrimonializada, que así era del ámbito en los orígenes
de la Seguridad Social, y dar el salto para que aquellas normas de
trascendencia sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». De
hecho SS.SS. pueden observar en el «Boletín Oficial del Estado», que
hasta el último Ayuntamiento de España, en la última convocatoria que
hace de cualquier puesto, en cualquier concurso, aunque sea para
contratar vallas publicitarias, está sometido a reglas de
concurrencia y de publicidad, que es lo que hoy nos trae aquí.
Yo creo, señores de la mayoría, que ustedes están absolutamente
convencidos de que me asiste la razón. Y de hecho, han presentado una
enmienda en la que sin ninguna duda vienen a darme la razón de fondo,
en el sentido de que es absolutamente contradictorio con un sistema
de protección social que se puedan cambiar parámetros fundamentales
sobre los que están construidas las expectativas de los trabajadores
sin que los afectados conozcan ni puedan asesorarse ni puedan
defenderse individual ni colectivamente. También quiero decirles que
este suceso, que ha sido el origen de nuestra interpretación, era
absolutamente desconocido por los sindicatos. O sea, que ni siquiera
los trabajadores organizados sindicalmente pudieron hablar, discutir
o negociar con el Gobierno ante un hecho de enorme trascendencia como
es el que me motivó a hacer una proposición no de ley.
Le decía, señor presidente, que el propio grupo mayoritario ha
preparado una enmienda, que yo agradezco, que, aunque la modifica,
significa que al menos se la han leído y han aceptado que parte de lo
que dice el Grupo Parlamentario Socialista aunque sea el fondo, es
razonable. Pero, lamentablemente, señores del Grupo Popular, yo creo
que con pocos reflejos -lo digo porque conozco estas cuestiones al
haber estado muchos años en el gobierno y normalmente suelen ser los
órganos administrativos los que dan respuestas o soluciones a las
iniciativas parlamentarias-, sigue siendo una posición defensiva. Se
acepta que se necesita publicidad, pero no hay ningún compromiso
serio.
Se dice en la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, y que, reitero, que agradezco, que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a facilitar la máxima difusión de las
publicaciones. Pues la máxima difusión de las publicaciones,
referidas a los derechos sociales de los trabajadores, es el «Boletín
Oficial del Estado». La máxima es el «Boletín Oficial del Estado»,
que es un instrumento conocido por abogados, por jueces, por
diputados, por sindicatos, por periodistas, etcétera. Este es el
instrumento que hay para dar difusión, y no los anuncios en los
periódicos. No sé qué otro tipo de instrumento puede tener mayor
difusión. Mucho menos si la interpretación de máxima difusión es lo
que, entre comillas y en una oración subordinada, se contiene en su
propuesta; y es que sea a través de lo que tenemos hoy, que es el
conjunto -como dicen ustedes- de las compilaciones donde se recopilan
las instrucciones y respuestas a consultas. Ese es un boletín interno
de la Seguridad Social, que no es secreto, pero sigue siendo
restringido, reservado, para uso de los funcionarios, y que no está a
disposición de los ciudadanos, el boletín informativo de la Seguridad
Social. Además, es un boletín que se produce con un decalaje temporal
y las normas que en él aparecen ya son normas de obligado
cumplimiento en las oficinas de la Seguridad Social. La publicidad de
las normas lleva aparejada una exigencia concomitante, y es que,
mientras una norma no es conocida por los ciudadanos, no está en
vigor. Ese boletín informativo de la Seguridad Social es simplemente
una recopilación, pero no tiene ninguna virtualidad para anunciar
cualquier actuación administrativa antes de ser conocida por los
ciudadanos. Tiene otras funciones de carácter bibliográfico, además
de la de reunir una serie de instrumentos que figuran en simples
oficios o en simples fotocopias, pero no es el instrumento por el que
los trabajadores conocen sus derechos ni es un instrumento de
conocimiento para las organizaciones que defienden agrupadamente los
intereses de los trabajadores.
Por otra parte, quisiera decirles que no tenemos ningún interés en
agobiar de trabajo a los funcionarios y que no es una demanda
exorbitante. Nos estamos refiriendo a un número muy reducido de
normas. Ni siquiera hemos pedido en nuestra proposición algo que
ustedes plantean en su enmienda. Tampoco queremos que se publiquen
notas interpretativas a casos singulares. Nos referimos simplemente
a las instrucciones que se emiten para ser aplicadas, no en casos
singulares, sino en la generalidad de los casos. En definitiva, es
una norma en el sentido amplio del artículo 9.o de la Constitución, y
no en otro sentido, porque creo que todas SS.SS. son conocedoras de
aquella frase de Romanones: «Hagan ustedes las leyes, que yo haré los
reglamentos». Yo creo que, desgraciadamente, en nuestra Seguridad
Social, no por la maldad de los gestores actuales ni por los
funcionarios, hay ciertas inercias y una parte muy amplia de la
aplicación de derecho está reservada a normas interpretativas que,
bajo este paraguas de la opacidad, se convierten en un auténtico
instrumento de indefensión de los trabajadores.
Yo estoy dispuesto a escuchar los argumentos en contrario, pero
créanme, señorías, que no nos mueve más que el llevar un mínimo de
modernización a lo que es una situación que debería haber sido
resuelta con anterioridad a la
Seguridad Social, pero en algún momento hay que ir resolviendo cada
problema. Por otra parte, comprenderán ustedes que hicimos bien en no
resolver todos los problemas para que puedan ahora, desde su mayoría,
resolver algunos. Si se lo hubiéramos dejado todo resuelto habría
sido verdaderamente un gobierno vacío de contenido.
Nosotros estamos haciendo una oposición, como ven, muy constructiva;
queremos apoyar un criterio que no es de partido, que no es ni
siquiera ideológico, que no es ni de izquierdas ni de derechas, ni
siquiera de centro; es un criterio democrático, mínimo. Si ustedes
han encontrado algún problema de procedimiento, algún problema
insalvable para la administración de la Seguridad Social, estamos
dispuestos incluso a retocar nuestra proposición, pero en sentido
distinto a su enmienda, que pretende que las cosas continúen tal y
como están. Les he relatado un hecho de la vida real para decirles,
señores de la mayoría, que las cosas no pueden seguir como están,
porque si las cosas siguen como están hay ciudadanos y ciudadanas en
este país que resultan maltratados en hechos fundamentales para su
vida y la de sus familias.
Esto es, señoras y señores diputados, lo que pretende mi grupo
parlamentario con su proposición.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, desgraciadamente, nuestro sistema de
Seguridad Social sigue teniendo problemas. No pudieron arreglarlos
los anteriores gestores (lo cual hubiéramos agradecido para no
tenerlo que hacer ahora), pero desde luego el ofrecimiento del
Partido Popular, del Gobierno, de este grupo parlamentaria, es que
los problemas que, reitero, desgraciadamente aún tenemos, debemos
también arreglarlos entre todos. No sólo es cuestión del Gobierno,
sino de todos los grupos parlamentarios, partidos políticos con
representación en esta Cámara e incluso fuera de ella.
Respecto al tema que nos ocupa hoy en cuestión la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer
lugar, tengo que agradecer el tono de moderación que ha utilizado el
portavoz de dicho grupo, que incluso me lleva a pensar que no es del
todo concordante con la exposición de motivos de la proposición no de
ley. Porque la moderación en los planteamientos, sobre todo en las
formas (ha habido algún que otro dardo dialéctico de fondo), no
concuerda con la exposición de motivos de la proposición no de ley
que hoy debatimos.
Su lectura me llenó en su momento de perplejidad, porque, dejando de
lado manifestaciones más o menos grandilocuentes más propias de
exhibicionismos parlamentarios o de llamadas de atención que se
pudieran tener (reitero, la exposición; no me estoy refiriendo a la
intervención que ha tenido hoy el representante del Grupo Socialista)
me sorprendió que el sistema de publicidad de normas, que por cierto
es ahora exactamente el mismo que con el anterior Gobierno, pareciera
ahora para el grupo proponente un sistema opaco que generaba
indefensión en los administrados, que traía quiebras de derechos
fundamentales de los
mismos. Y yo me preguntaba: si nada ha cambiado, ¿probablemente
piensan que era el mismo sistema opaco que generaba indefensión en
los administrados con quiebras de sus derechos fundamentales que
existía con anterioridad? Yo pienso que no, que ni antes ni ahora.
Que tal vez no midió el grupo proponente exactamente las
manifestaciones que quería recoger en su proposición no de ley.
Porque si de verdad lo creyeran así estarían reconociendo algo que,
a mi juicio, es del todo incoherente, como que el sistema de publicidad
de normas anterior, que es el mismo que hay ahora, del que se han
valido o usan ambos gobiernos, y que fue en gran medida desarrollado
por el Gobierno anterior, era un sistema opaco que generaba
indefensión de los ciudadanos.
Como estoy seguro que ni lo creen ahora ni lo creían antes, ni lo
creemos nosotros ahora ni lo creíamos antes, me llenó de cierta
perplejidad leer esa exposición de motivos intentando justificar una
postura política que se recogía en la parte final de la proposición
no de ley.
Posteriormente, uno sí que podía llegar a más conclusiones cuando
observaba que éste era un debate paralelo que se había suscitado a la
vez que un debate de fondo, que fueron las famosas resoluciones a que
ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista y que incluso en
la tarde de ayer tuvimos ocasión también de debatir en la toma de
consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida,
respecto de la situación que se genere en los prejubilados que tenían
derecho a ello con referencia al sistema anterior o aquellos dados de
alta con anterioridad al 1 de enero de 1967 en las mutualidades de
previsión social.
Pero ese no es el debate de hoy, no creo que sea el debate que
debamos abrir hoy. Pero quiero apuntillar al menos que creo que es
importante, y viene a colación el hecho de que en nuestro país todas
las normas se publican. Y se publican, además, en el «Boletín Oficial
del Estado» o en otros boletines oficiales, dado el Estado autonómico
en el que nos encontramos. Porque la norma, para ser eficaz, tiene
que estar publicada; si no, es nula de pleno derecho. La norma que no
es conocida por los receptores padece del vicio de nulidad. Eso todos
los juristas lo conocemos. Todas las normas se publican. El problema
es diferenciar qué es norma y qué no lo es. Por cierto, lo mismo que
ahora es norma lo era con anterioridad.
Por eso, dejando de lado argumentos políticos, debemos ver con cierto
rigor cuál es la cuestión que nos debe ocupar ahora mismo, en aras
justamente de resolver el problema. Por eso mi grupo ha presentado
una enmienda, porque, reconociendo parte de los razonamientos, no
todos, de los que ha hecho uso el portavoz del grupo proponente, tal
vez quepa mejorar la información a nuestros conciudadanos
administrativos que pueden ser cambiantes de aplicación. Incluso
muchas veces -lo saben perfectamente- hay direcciones provinciales
del INSS que aplican de manera distinta las propias normas, y
justamente uno de los motivos de que existan resoluciones y
circulares es el de unificar ese criterio en toda España. Tal vez sea
posible mejorar la información, y por eso presentamos una enmienda en
ese sentido. Pero no podemos pensar que la posibilidad de mejorar la
información sea hacer un nuevo «Boletín Oficial del Estado». Porque,
¿qué resoluciones o qué circulares
que son emitidas por la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social no van a afectar a derechos sociales? Excepto, como
gráficamente me ha expuesto con anterioridad algún portavoz, la de
compra de mesas y sillas, el resto va a afectar evidentemente a
derechos sociales, porque afectan a los procedimientos que gestionan
el derecho social reconocido. Yo todo sea dicho: en nuestro país no
hay ningún derecho social, ninguno, que no esté reconocido en una
norma. Y norma es cualquier real decreto, ley, reglamento u orden
ministerial. Eso es lo que nuestra Constitución ampara como norma:
que ha de ser pública para no ser nula. Pero no son normas las
resoluciones y circulares de cualquier ente administrativo; en este
caso podemos hablar de la Dirección General de la Seguridad Social,
hágase extensivo, si se quiere, a todas las direcciones generales de
cualquier Ministerio. No tienen el carácter de norma, ni siquiera
jurisprudencialmente. Son normas, reitero, las leyes, los reales
decretos, los reglamentos y las órdenes ministeriales. Y todos los
derechos sociales se encuentran recogidos en alguna de ellas, y todas
ellas, por ende, están publicadas donde tienen que estar publicadas.
Por lo tanto, no me parece de rigor hablar de opacidad o de
indefensión en el caso que nos ocupa. Porque, señorías, eso que
define muy bien el artículo 2.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al que he hecho referencia con anterioridad, en cuanto al carácter
que tiene de norma o de no norma, es bien distinto de las
disposiciones generales interpretativas, que son práctica habitual,
necesaria y yo diría que diaria en la actuación administrativa, no
sólo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino de cualquier
Ministerio. Pero es que esas resoluciones y circulares ni vinculan a
los administrados ni vinculan a los tribunales.
Normalmente lo único que hacen es unificar la aplicación del
ordenamiento que corresponde hacer, además, a todos los órganos
administrativos afectados, ya que aquel puede ser poco claro y, por
tanto, objeto de interpretaciones discrepantes, como ocurría, por
ejemplo, en el supuesto de hecho que da pie al debate que hoy
tenemos. Y justamente esas resoluciones o circulares lo que aseguran
es que todos los actos de ejecución de ese derecho (nunca de
reconocimiento de derecho) reciban un tratamiento homogéneo a lo
largo de todo el territorio español.
Otra de las causas más frecuentes, señorías, de que se aprueben las
mencionadas disposiciones -reitero, no normas- de carácter unificador
es la existencia de una jurisprudencia consolidada que obliga a la
Administración a actuar en el sentido que marca el Tribunal Supremo.
Ello se refiere, también lo sabemos los juristas, de nuestro artículo
6, en concreto del artículo 6.6 del Código Civil, que da validez a
las interpretaciones jurisprudenciales prácticamente de rango legal.
Y por lo tanto, tiene obligación la Administración, en sus
instrucciones y resoluciones, de acoger esa interpretación
jurisprudencial (cuando, reitero, sea jurisprudencia consolidada) y
ponerla en práctica.
Ese sí que es un supuesto que se ha dado en el presente caso, en el
supuesto de hecho. Aquí teníamos una norma reglamentaria, una
interpretación de la misma con resoluciones, de las que hago gracia a
S.S., porque conocemos ampliamente, y posteriormente el Tribunal
Supremo, en
sentencia consolidada, jurisprudencia de unificación de la doctrina,
reiteró que esa aplicación no era la correcta de la norma. La norma
no ha cambiado, señorías, seguimos teniendo el reglamento, que ha
citado con anterioridad. Ahora está en tramitación otro real decreto,
pero que no es el aplicable. Lo que cambió fue la aplicación que
debía hacer la Administración, porque el Tribunal Supremo dijo que la
aplicación que hacía de esa norma no era la correcta y no se podía
llamar a andanas; tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, además, como
ya hemos tenido ocasión de debatir, como hizo el anterior Gobierno,
que posteriormente lo retiró. Pero a los efectos que nos traen hoy:
¿dónde publicó la resolución el Gobierno Socialista? exactamente en
el mismo lugar que las posteriores publicadas por el Gobierno
popular. Yo le puedo asegurar que no se publicaron: en el «Boletín
Oficial del Estado». Se publicaron donde se publican ahora, en los
boletines informativos de la Seguridad Social. Señorías, nos parece
que eso es lo lógico y lo coherente, porque si esas disposiciones
administrativas no tienen el carácter de norma no tienen la
obligatoriedad de su publicación para no caer en el vicio de la
nulidad, es lógico que se den a conocer a quien le puedan alcanzar
estos cambios de interpretación en los procedimientos
administrativos. Por lo tanto, ese conocimiento tiene que venir a
través de otras publicaciones que también están reguladas en nuestro
derecho. En el caso de la Seguridad Social nos encontraríamos
principalmente con el boletín informativo de la Seguridad Social.
Y si S.S. del grupo proponente me dice que recoge normas que ya
pueden estar en vigor, que se publica con mucho retraso, que tal vez
no se tenga el conocimiento debido porque es más de uso interno de la
propia Administración que de conocimiento de los administrados, le
puedo decir que tiene usted razón en sus planteamientos. Por eso
nosotros intentamos que esas publicaciones, donde tienen que esta
recogidas las disposiciones de carácter únicamente interpretativo,
tengan la máxima difusión posible. Tal vez el término que hemos
buscado no sea el que más pueda ayudar a todas SS.SS., pero
entendemos que lo que pretende es que llegue al mayor número de
administrados, al mayor número de asegurados, que no se quede en los
cajones de la Administración, que todo el mundo conozca no sólo sus
derechos, sino los procedimientos de ejecución de esos derechos ya
reconocidos, y que ello se haga en un sistema con el que nos hemos
dotado todos, aunque tal vez tenga carencias o lagunas de
funcionamiento que podemos mejorar, que es justamente lo que nosotros
intentamos.
El anterior Gobierno gastó muchísimo dinero en el sistema de
información, sobre todo en Seguridad Social, a nuestros ciudadanos. Y
nosotros creemos que, además, muy bien gastado. Los Caiss son un
ejemplo clarísimo de ello. Incidamos en que sigan funcionando mejor
de lo que lo hacen, pero no queramos dar la vuelta al calcetín del
sistema, porque esa no es ni mucho menos la solución. Ponernos
a discutir (aunque el grupo proponente dice que serían pocas las
resoluciones) cuáles de estas resoluciones o circulares afectan o no
a derechos sociales de los trabajadores, aparte de ser una discusión
verdaderamente ardua o compleja, traería consigo, al final, por
propia seguridad, si se tuvieran que publicar todas ellas, reitero,
la creación de un nuevo «Boletín Oficial del Estado», porque no
podríamos
decir que cuantas menos, mejor, sino que cuantas más se publicaran,
mayor seguridad para nuestros conciudadanos.
Por lo tanto, creo que el sistema (y reitero, no es de este Gobierno,
y así también lo ha reconocido el grupo proponente) tiene lagunas,
tiene posibilidades de mejora, pero desde luego lo que no tiene es
capacidad de que se cambie, que donde antes era blanco ahora se
convierta en negro, porque yo creo que eso sí que traería una mayor
complejidad, tanto en el tratamiento administrativo, en la propia
Administración, como también en el conocimiento que pudieran tener
nuestros administrados o nuestros pensionistas.
Por lo tanto, señorías, y concluyendo, yo creo que la publicación de
estas instrucciones, de estas órdenes en los boletines, como hasta
ahora se venía produciendo, no genera ninguna opacidad o indefensión,
en la medida en que tampoco regulan ningún derecho u obligación de la
Seguridad Social, sino que su contenido tiene únicamente como
finalidad garantizar la unidad de criterio a la hora de aplicar la
norma jurídica, que esa sí que está toda publicada en el «Boletín
Oficial del Estado», y cuyas disposiciones gozan, por tanto, de la
necesaria publicidad, al igual que las sentencias del Tribunal
Supremo, que también están debidamente publicadas.
Por ello, con nuestra enmienda hemos intentado mejorar, en la medida
de lo posible, un sistema que puede tener lagunas de funcionamiento,
pero que, antes como ahora, y evidentemente todo esfuerzo de todo
grupo parlamentario en una materia tan sensible como la de la
Seguridad Social es poco, y para ello volvemos a llamar la atención
de los grupos de esta Cámara. Creo que esta enmienda que hoy hemos
presentado es claro ejemplo de cuál es la postura totalmente positiva
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, ni que decir tiene que en un
Estado de derecho como en el que vivimos no puede aceptarse la
existencia de normas secretas. Si bien, si ciertamente fueran
secretas no serían tales normas, por así impedirlo el ordenamiento
jurídico vigente. Entendemos que el Grupo Socialista se refiere a
aquellas normas cuyos contenidos, a pesar de su importancia, pasan
casi desapercibidos.
No cabe duda alguna de que las resoluciones administrativas en
materia de Seguridad Social, y más cuando son interpretativas,
revisten un especial interés, y todo lo que redunde en su general
conocimiento, ya sea por los hoy afectados como por los que puedan
serlo en el futuro, incluidos sus valedores, redunda en una mayor
seguridad jurídica, fundamento del Estado de derecho. El Grupo
Parlamentario Catalán apoya decididamente que todas las normas
y resoluciones que afecten a los derechos y obligaciones sociales de
los trabajadores y las trabajadoras, y no sólo de éstos, sino los
demás incluidos en la Seguridad Social y en el sistema público de
pensiones, sean publicados para
conocimiento del administrado y administrada. Cuestión que a nuestro
entender ya está resuelta, puesto que el Ministerio de Trabajo edita
un boletín de información de la Seguridad Social.
Otra circunstancia es que estas publicaciones sean conocidas por los
afectados y afectadas. Por lo tanto, para el Grupo Parlamentario
Catalán el camino para que sean efectivas estas publicaciones
informativas de derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras
es su máxima difusión.
El conocimiento de un derecho es el principio imprescindible para
poder ejercerlo. Así pues, anunciamos el voto negativo a esta
proposición no de ley, no por no estar de acuerdo en el fondo, sino
porque no va en el camino que entendemos como más eficaz a la
solución de un conflicto de información entre el administrado y la
Administración.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
El señor VAQUERO POZO: Creo que el problema que enuncia la
proposición no de ley existe es real: hay instrucciones y hasta
circulares de la Seguridad Social que, más que de interpretación,
tienen un carácter cuasi normativo, se diga como se diga; normativo
en la medida en que sí generan derechos y obligaciones, o al menos
condicionantes o requisitos del ejercicio de los mismos que,
finalmente, vienen a impedir la realización o el ejercicio de tales
derechos de forma concreta, general y concluyente.
Por tanto, a mí me parece que el problema es real. Hay circulares
-instrucciones, por su puesto- que parecen reglamentos del
reglamento. Y esa es la realidad. No se paran en puras
interpretaciones. Vamos a tener ocasión de debatir estas cuestiones
cuando se discutan en esta Cámara las dos proposiciones no de ley que
presenten en su día el Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la
determinación de bases reguladoras. Yo creo que el problema es real.
Se plantea que no se pueden publicar en el «Boletín Oficial del
Estado» porque no tienen carácter de norma y que ya lo están en el
boletín de la Seguridad Social. A mí me parece que habría que
intentar buscar un camino que resolviera un problema que es real. Lo
de menos es si está en el «Boletín Oficial del Estado» o no. Lo
importante es que ese boletín de la Seguridad Social tenga una gran
difusión, que tenga más periodicidad en su publicación, que por las
mismas características de su publicación sea más accesible a un
conjunto mayor de usuarios, no solamente a los ciudadanos
y ciudadanas interesados de forma individual, sino a los profesionales
del derecho, a los agentes sociales, etcétera, de forma que pueda
resolverse el problema concreto que aquí se plantea.
A mi me parece que tener una posición defensiva no viene a resolver
el tema, y sería una lástima que esta cuestión que pasa por esta
Cámara y que es un problema real se zanjase de una forma torera, con
todos los respetos, y que al final el problema subsistiese.
En este sentido, anuncio que mi grupo va a votar favorablemente esta
proposición no de ley, no tanto porque le satisfaga del todo la
solución que aporta, sino porque no hay una solución intermedia entre
lo que se plantea por parte del grupo proponente y la enmienda, que
ciertamente
tampoco soluciona el problema. Para manifestar nuestro reconocimiento
de que el problema es real, votaremos favorablemente, pero nos
gustaría que hubiera un acercamiento de posiciones, de forma que se
pudiera atajar el problema o ponerlos medios por parte de esta
Comisión para que el problema fuese considerado como se merece.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Cercas para pronunciarse respecto de la enmienda.
El señor CERCAS ALONSO: Sí, señor presidente, respecto de la
enmienda. ¿Tengo alguna posibilidad de consumir un pequeño turno de
réplica a argumentos que se han dado en contra?
El señor PRESIDENTE: No, no existe en el Reglamento del Pleno ni en
la Comisión.
El señor CERCAS ALONSO: Entonces, con esa constricción, no del a
interpretación del presidente sino del propio Reglamento, tendré que
decir que el Grupo Parlamentario Socialista no va a ver satisfecha su
pretensión, aunque al menos me voy con la satisfacción de que no
habrá ningún diputado en la Comisión que no haya concluido que existe
un problema real.
También tengo que decirle, respecto a la enmienda del Grupo Popular,
que no habría dado ningún problema en haber aceptado la enmienda. Si
no se quiere que aparezca en nuestra proposición la palabra norma, se
habría cambiado por disposición, si es un problema doctrinal; como
comprenderán los diputados socialistas no venimos a hacer alarde de
florentinos ejercicios académicos y, si es necesario, en vez de decir
«las normas» se diría «las disposiciones».
Incluso podían haber planteado una enmienda, no como la que han
presentado, que no modifica para nada la situación actual, sino que,
negando la posibilidad de que se publicaran en el BOE y manteniendo
su publicación en el boletín informativo de la Seguridad Social,
propusiera que ese boletín tuviera carácter periódico, cosa que hoy
no lo tiene, y fijara la condición de que hasta que la norma no esté
publicada en ese boletín informativo de la Seguridad Social no sería
de general aplicación.
Eso hubiera significado un avance. Y ahora, en este momento, señor
presidente, si eso fuera ofrecido, aunque fuese in voce, por el Grupo
Popular, el Grupo Socialista aceptaría la enmienda. Si ustedes
aceptaran una rectificación a su propia enmienda en el sentido de que
ese boletín informativo de la Seguridad Social, al que ustedes dicen
que van a dar la máxima difusión, tuviese un carácter periódico
y fuese condición para la efectividad de las normas que en él se
publican el que fuese hecho público antes de ser aplicado por los
funcionarios, en definitiva, que el boletín informativo de la
Seguridad Social fuera un instrumento de los ciudadanos y no
solamente para los funcionarios, y un camino para el conocimiento de
la legislación no sólo para los funcionarios, sino también para los
ciudadanos, estaríamos dispuestos a apoyarle. No sé si es
reglamentario, pero me gustaría que el Grupo Popular hiciera alguna
modificación sobre su enmienda, porque, en ese caso, con
estos parámetros, que significarían realmente un paso delante, un
cambio real y no simplemente excusas, que es lo que plantea su
enmienda inicial, estaríamos dispuestos a buscar una transacción.
El señor PRESIDENTE: Pide una transaccional in voce. Extraña figura,
¿no?
Puede responder el representante del Grupo Popular, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señorías, nosotros no estamos dispuestos a
modificar el texto de nuestra enmienda, toda vez que entendemos que
justamente las dudas planteadas por el portavoz del grupo proponente,
del Grupo Parlamentario Socialista, se encuentran ya recogidas en el
texto en orden a su resolución. Evidentemente, en una proposición no
de ley se tiene que hacer en estos términos y al Gobierno le
competería, una vez aprobada, proceder a adecuar la publicación,
tanto el boletín informativo de la Seguridad Social como también las
diversas cuestiones a que ha hecho referencia el diputado señor
Cercas, en la forma y manera en que este Parlamento le instara.
Por lo tanto, reitero que entendemos que nuestra enmienda ya recoge,
y así se ha hecho constar en mi intervención anterior, la resolución
de esos problemas, que, como no podía ser de otra manera, reitero
también, se daban con anteriores administraciones y con la actual. Y
todo ello en beneficio, entendemos, de nuestros pensionistas y de
nuestros conciudadanos y conciudadanas.
El señor PRESIDENTE: Mantiene la enmienda el Grupo Popular.
¿El Grupo Socialista la acepta o no la acepta?
El señor CERCAS ALONSO: No la aceptamos porque deja la situación tal
y como está en estos momentos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELIMINAR LOS BENEFICIOS FISCALES Y
LOS COEFICIENTES REDUCTORES A LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES QUE
INCENTIVAN LA CONTRATACIÓN A TIEMPO PARCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000965).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de
ley, pasamos a la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, relativa a instar al Gobierno a eliminar los
beneficios fiscales y los coeficientes reductores a las cuotas
correspondientes que incentivan la contratación a tiempo parcial.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, esta proposición no de ley se
debate con cierto retraso. Pretende eliminar unos incentivos a la
contratación a tiempo parcial
que fueron puestos en vigor mediante el Real Decreto 489/1998, de 27
de marzo, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el día 9
de abril. La fecha de registro de esta proposición no de ley es el 2
de abril, cuando ya se conocía la existencia del real decreto pero
todavía no había sido publicado, justo entre ambas fechas.
Entonces era hasta preventiva esta proposición no de ley. Ahora hay
que discutirla de alguna forma a toro pasado, aunque, por su puesto,
como siguen en vigor, tiene actualidad y creemos que todavía llegamos
a tiempo.
Lo cierto es que este real decreto establece unos coeficientes,
reductores del a cuota a ingresar en la Seguridad Social por parte de
las empresas respecto de los contratados a tiempo parcial. Estos
coeficientes reductores son, por ejemplo, para las contingencias
comunes, del 0,45 ó 0,55, según sea indefinido o temporal el
contrato; respecto del desempleo, el 7,8 por 100, del que el 6,2 por
100 es con cargo a la empresa y el 1,6 por 100 con cargo al
trabajador, etcétera.
Y además, como dice la exposición de motivos de este real decreto, se
adopta como medida singular del desarrollo reglamentario a efectos de
incentivar la contratación laboral bajo esta modalidad, la de a
tiempo parcial. Es una reducción de la cotización independiente y
compatible con las bonificaciones que puedan derivarse de las normas
establecidas en el ámbito de las políticas de fomento del empleo.
Nosotros creemos interpretar bien el Real Decreto 9/1997, de las
bonificaciones fiscales paralelas a la reforma laboral de 1997 al
entender que esas bonificaciones fiscales son solamente para aquellos
contratos a tiempo completo. En este caso, por tanto, esta previsión
de la exposición de motivos todavía no estaría completa, pero se
podía completar con una posterior legislación, y por eso creo que
también hace al caso entender que podría haber (aunque de hecho
actualmente no las hay) bonificaciones fiscales. Ciertamente, hay
reducción de las cotizaciones sociales. Por tanto, es pertinente esta
proposición no de ley, aunque insisto en que la debatimos con cierto
retraso.
Pero tenemos que decir que, a pesar de que tienen una intención muy
clara estas incentivaciones (la de incentivar, precisamente), estas
reducciones de la cotización a la Seguridad Social, nosotros creemos
que no es oportuna porque el contrato a tiempo parcial, señorías, por
el momento al menos no es una bicoca. Nosotros creemos que no debería
ser una modalidad o tipo de contratación, sino más bien
característica del contrato referida a su duración, es decir, que es
un contrato normal que tiene una reducción en la jornada máxima de
trabajo en equis horas, en el tiempo que corresponda, pero que, en
cualquier caso, el resto de las características del contrato tendría
que ser el mismo y, por tanto, no dar lugar a una modalidad o tipo
contractual.
Además es que, incluso en el supuesto práctico en el que estamos (y
es que es por ley una modalidad o tipo contractual), todavía no se ha
condicionado este tipo de contrato a su utilización mas conveniente
para evitar determinadas externalidades que nosotros entendemos
perjudiciales para los trabajadores que están acogidos a este tipo de
contratos, como es, por ejemplo, el que no haya tope para las horas
extraordinarias en la normativa general. Por tanto, al
no existir topes diarios ni semanales ni mensuales de horas
extraordinarias, se junta una cosa con otra y aquí se abre claramente
un portillo para la más absoluta desregulación y pérdida de
garantías, es decir, para el fraude generalizado y, de alguna forma,
legalmente consentido en la utilización de este tipo de contratación.
Por otro lado, con un paro y una pérdida de valores, de estabilidad y
de la norma laboral o del derecho laboral como el existente
actualmente, la voluntariedad es una quimera. Nosotros creemos que
quien tiene que acogerse al contrato a tiempo parcial no es porque de
forma voluntaria lo asuma; las estadísticas están ahí, se han hecho
encuestas, y ciertamente no es así. Nuestro país tiene contratados a
tiempo parcial que no asumen su situación, que querrían estarlo a
tiempo completo y en número abrumadoramente superior al de otros
países de nuestro entorno.
Además, se acumulan otros rasgos, como son la desvalorización del
trabajo y la feminización del tiempo parcial. Baste dar un dato del
último observatorio laboral facilitado por el Ministerio de Trabajo y
es que, del total de los contratos, el 8,1 por 100 es a tiempo
parcial, mientras que de los contratos femeninos es el 17,2 por 100.
Es decir, para las mujeres el trabajo a tiempo parcial supone el
doble o más del doble que para los hombres.
En estas condiciones, nosotros entendemos que incentivar este tipo de
contratos es un flaco favor a los trabajadores que están en esta
situación. Hasta que se considere y se regule de forma global esta
modalidad contractual, entendemos que convendría que no fuese
incentivada.
En consecuencia, nosotros mantenemos esta proposición no de ley.
Agradecemos la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista,
creemos que es bienintencionada, que introduce una serie de elementos
que ya hemos debatido en el Pleno de la semana pasada, en la
interpelación urgente y en la moción, pero, lógicamente, sus
planteamientos concretos afectan a la caracterización del contrato
a tiempo parcial, no al objeto de nuestra proposición no de ley, que es
eliminar los beneficios fiscales y las reducciones de las
cotizaciones sociales de estos contratos. Entendemos que es bien
intencionado, es correcto, nos parece bien, lo agradecemos, pero no
tiene nada que ver con nuestra proposición no de ley. Por eso no es
que no queramos aceptarlo; se trata simplemente de que estamos
hablando de cosas distintas, y por ellos mantenemos el texto de
nuestra proposición no de ley tal cual en el boletín de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nos encontramos ante un problema de gran
magnitud, como es la contratación a tiempo parcial, un problema de un
contenido profundo. De entrada, tendríamos que plantearnos si lo que
se pretende a través de estas proposiciones es impedir este tipo de
contratación o no, algo muy difícil de debatir en tan poco tiempo
como tenemos para defender una proposición no de ley, y más en
Comisión.
Nosotros presentamos la enmienda pensando en que a través de las
negociaciones se busque una solución. Ni siquiera pretendemos que se
incentive este tipo de contratación. ¿Dónde están los incentivos de
esta contratación? ¿Vamos a impedir que se eliminen y queden en otro
tipo de contratos que a lo mejor incluso son peores que éstos?
Personalmente creo que en una cosa el señor Vaquero tiene razón: es
verdad que en un país como el nuestro, con un nivel de desempleo en
torno al 19 por 100, cuando una persona acepta un contrato a tiempo
parcial parcial, a lo mejor, en el 90 por 100 de los casos no lo hace
por voluntad propia sino porque no tiene otra posibilidad y prefiere
trabajar cuatro o cinco horas a no tener ningún tipo de contrato. Eso
es cierto. Y sólo en el momento en que hubiera libertad para poder
elegir entre un contrato de ocho horas y un contrato a tiempo parcial
tendríamos la garantía de que el trabajador o la trabajadora prefería
ese tipo de contratación. No lo tenemos, y yo creo, para nuestra
desgracia, que no se va a producir a corto plazo esa situación. Por
lo tanto, eliminar en este tipo de contratos cualquier tipo de
incentivación, desde nuestro punto de vista, sería tanto como
eliminar este tipo de contratación. Es una contratación que en el
mercado tiene su espacio, lo que habrá que ver es en qué condiciones,
cómo lo hacemos y, de común acuerdo, avanzar en esa línea. Nuestra
enmienda iba en ese sentido, no era tan taxativa como la proposición,
que en el fondo pretende eliminar este tipo de contratación porque en
los países de nuestro entorno hay un nivel mucho más elevado de
contrataciones de este tipo con unos niveles de paro menores que el
nuestro. Lo cual quiere decir que hay un mercado para ese tipo de
contratos. Lo importante es discutir la forma de mejorar las
condiciones de ese tipo de contratación, que dé a los trabajadores
derecho a devengar prestaciones sociales en el futuro para la
jubilación, etcétera.
Tratar este tema en una proposición no lo vemos adecuado. Por lo
tanto, si no es aceptada nuestra enmienda, lamentablemente no podemos
votar a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Este de hoy no es un debate nuevo,
porque en las últimas semanas Izquierda Unida nos ha planteado
también en el Pleno iniciativas que inciden en la misma filosofía de
fondo, entiendo, que esta proposición no de ley. En este sentido
nosotros nos podríamos remitir a los argumentos ya expresados en el
Pleno, en concreto la semana pasada.
Partimos de una concepción yo creo que diferente sobre la situación y
sobre las posibilidades que la contratación a tiempo parcial nos da.
Evidentemente, partiendo de algunas situaciones objetivas (esa tasa
de paro, que seguramente condiciona absolutamente a todo demandante
de empleo a la hora de tomar una decisión sobre las posibilidades de
acogerse a las ofertas que existen en el mercado laboral), lo que
también es cierto es que el tiempo parcial responde a las nuevas
necesidades organizativas de las empresas, también a la incorporación
de la mujer al mundo del trabajo,
que puede compatibilizarlo con sus obligaciones familiares y, nos
guste o no, lo que es cierto en que con nuestro modelo de sociedad
actual esta es una fórmula que permite incorporar realmente a la
mujer al mundo del trabajo. Al mismo tiempo, también existe, sobre
todo en los países que tienen más desarrollado este modelo, una
valoración diferente del tiempo libre. En este contexto nos parece
que una línea de futuro es la de potenciar la contratación a tiempo
parcial, con la voluntad de acercarnos a los modelos holandeses o
suecos, países en los que nos parece que estos elementos positivos
del tiempo parcial (insisto, ordenación diferente de las empresas,
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, compatibilidad entre
hombre y mujer para cumplir con sus responsabilidades familiares, así
como potenciación del tiempo libre) están ahí.
Eso pasa por dos líneas: Pasa por la línea de incentivarlo a través
de medidas como las que se han aprobado este año y por la de avanzar
también en una mayor protección social del tiempo parcial. En el
debate de política general se aprobó, precisamente a propuesta de
Convergència i Unió, una moción al respecto, y hoy nos consta que
este es el tema principal en la agenda del diálogo social que el
Gobierno y los agentes sociales tienen planteado.
Nos parece por tanto negativo rechazar los incentivos hoy existentes;
nos parece positivo esperar a que termine ese diálogo social,
observar si se ha producido esa mayor protección social que todos
requerimos para la contratación a tiempo parcial y, en función de
eso, en todo caso, y en los trámites parlamentarios que estoy seguro
que van a venir, profundizar en los posibles defectos o faltas que
ahí existan. Por todo ello, votaremos en contra de esta proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don
Damián Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Esta propuesta de Izquierda Unida sólo es
comprensible, teniendo en cuenta los debates de la última semana,
después de ver el integrismo respecto al contrato a tiempo parcial y
la posición totalmente contraria que se ha mantenido en las últimas
intervenciones. Si fuera por este posicionamiento -argumento que una
vez más ha reiterado el portavoz de Convergència i Unió-, el 38 por
100 de los holandeses irían al paro. Yo creo que tiene su mercado,
tiene su nicho; hay un hueco, que en España se puede ver o no ver,
para el trabajo a tiempo parcial. Por eso, más que defender este tipo
de contratos, voy a referirme a algunos de los argumentos que figuran
en la proposición.
Tiene la exposición de motivos dos argumentos básicamente. Uno: Dice
que el contrato a tiempo parcial debe ser voluntario. Es evidente que
debe ser voluntario. Cualquier relación laboral, si no es voluntaria,
no es relación laboral. Luego, cuando hay un contrato a tiempo
parcial es porque es voluntario. Cuando dice voluntario parece que
quiere decir que se haga con satisfacción suficiente, o sea, que
preferiría tener otro tipo de contrato al de a tiempo parcial. Cuánta
gente hay que en esa encuesta, si se le preguntara no por el tiempo,
sino por la profesión, por la remuneración, por el tipo de trabajo,
por el lugar donde se lleva a cabo, diría que prefiere otra cosa. La
expresión de la satisfacción
mayor o menor cuando se accede a un puesto de trabajo es una cuestión
independiente del tiempo, que está en la propia naturaleza de las
cosas y que parece que no guarda relación estrictamente con la
voluntariedad.
Por otra parte, el segundo punto de la proposición dice que este tipo
de contratos se puede convertir en un instrumento de discriminación
por razón de sexo. Estamos de acuerdo en que hay que evitar que esto
sea así, totalmente de acuerdo. Pero no entiendo qué tiene que ver el
que haya que evitar que esto sea un motivo de discriminación de sexo
con que haya que cargarse este tipo de contrato, que creemos que es
positivo para la creación de empleo y para el funcionamiento de la
economía productiva en España. Yo creo que no tiene nada que ver una
cosa con la otra, ni la voluntariedad (efectivamente tiene que haber
voluntariedad a la hora de firmar un contrato, al margen del grado de
satisfacción, como decía antes), ni el que tenga que evitarse la
discriminación por razón del sexo para que se elimine este tipo de
contratos. Lo que se tiene que hacer precisamente es cumplir el
contenido del Plan de acción para el empleo que se ha aprobado, en el
que se potencian las dos cosas. Por un lado, hay que apoyar este tipo
de contratos para acercarnos más a los estándares que hay en el resto
de Europa y, por otro, mejorar su régimen jurídico y de
funcionamiento para que ejerza lo mejor posible esa protección social
y la función que está llamado a ejercer. Esto se está tratando en la
mesa específica de diálogo que se ha abierto para regular este tipo
de contrato.
En consecuencia, esta visión negativa del contrato a tiempo parcial
no lo compartimos, y por eso votaremos en contra de la proposición.
Creemos incluso que es contradictoria, por lo menos, en parte, con
los planteamientos que el propio grupo proponente realiza
reiteradamente en materia de reducción del tiempo de trabajo y de
reparto del empleo. No se puede cerrar la puerta a algo que demanda
la sociedad.
Por otro lado, y aun cuando no se precisan los incentivos concretos
en la proposición, en su intervención de hoy ha dicho que se propugna
la eliminación de las medidas que con el Real Decreto 489/1998 han
entrado en vigor recientemente, y que son efectivamente los
coeficientes reductores del 0,45 o del 0,55, según que tenga carácter
indefinido o temporal. Nosotros creemos que no ha pasado tiempo
suficiente para extraer una conclusiones negativas de su aplicación,
salvo que se parta de la negación de una filosofía. Pero, al margen
de que no ha dado tiempo a ver su repercusión en negativo, debe
destacarse que esta es una norma aprobada previa consulta de las
organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más
representativas, o sea, que no ha sido sacada de la chistera.
No se fundamentan, en nuestra opinión, de forma convincente los
defectos que origina, qué beneficios impide la existencia de estas
reducciones; además, es claro que en ningún caso puede afectar ni al
carácter voluntario ni a las discriminaciones en el empleo según los
sexos. Consecuentemente, no parece justificable eliminar sin más
-porque es lo que se propone- las reducciones en las cotizaciones
previstas en el Real Decreto 489/1998. En consecuencia, votaremos que
no a esa proposición no de ley.
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL CENTRO DE
PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DE ARANJUEZ (MADRID) DE LA
EMPRESA AGFAGEVAERT. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/001041)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5: Proposición no de ley,
presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
sobre medidas para garantizar la viabilidad del centro de producción
de películas radiográficas de Aranjuez (Madrid) de la empresa Agfa-
Gevaert. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANÉS NADAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida para presentar la proposición no de ley
que tiene como objeto estudiar medidas de viabilidad para el centro
de producción de Aranjuez dependiente de Agfa España, Sociedad
Anónima.
Este es un centro de producción de materiales muy importante,
consideramos nosotros que de carácter estratégico, con un nivel de
demanda muy importante, es uno de los principales proveedores de la
sanidad pública teniendo como ámbito de actuación el conjunto del
Estado. La empresa estaba situada en Aranjuez, hacía cincuenta años
de su fundación y tiene un recorrido inicial desde Mafe, que tiene
los monopolios de no-do y de materiales de radiología médica. En el
año 1964 es comprada por Agfa, manteniendo su independencia y su
razón social. Posteriormente Agfa es adquirida por Bayer, y en 1993
la empresa inicial pierde su independencia, produciéndose una fusión
a la cual se incorpora Agfa España, Sociedad Anónima.
Por las características de la zona, el centro de producción de
Aranjuez tiene una gran importancia tanto para los propios
trabajadores, para las instituciones locales, como para la Comunidad
de Madrid. Aefectos de empleo, el centro de producción que nos afecta
tenía inicialmente, cuando era Mafe, 465 empleados; tiene en la
actualidad 205. Desde la compra de Bayer se planteó la necesidad de
adaptación a un mercado abierto europeo y, por tanto, a las
normativas que implicaba esa adaptación. En los años 1992, 1993 y
1994 se producen diferentes expedientes de regulación que significan
rejuvenecimiento de plantilla, bajas incentivadas, prejubilaciones,
perdiendo en esa respuesta pactada de los trabajadores más de 100
puestos de trabajo.
Existe en esa primera regulación un compromiso de mantener la
producción y la fabricación de una segunda marca. Ese compromiso es
incumplido. A pesar de ello, en 1996 se produce un nuevo acuerdo de
estabilidad de empleo y de viabilidad de la producción hasta el año
2000 -acuerdo basado en un estudio de Agfa a nivel mundial sobre sus
propios elementos de producción-, acatando el compromiso manifestado
en el Europa Fórum para que las decisiones que afectaran a la
producción se tomasen de forma objetiva. En dicho acuerdo se
comprometía además a conseguir apoyos institucionales en beneficio de
la producción presente y futura del centro de producción al que nos
estamos refiriendo, en este caso el de Aranjuez. Se comprometía
también a trabajar para favorecer la introducción
de nuevos productos o de otros productos que se comercializarían en
España -podrían fabricarse en Aranjuez-, así como a solicitar las
inversiones que permitieran mejoras en la calidad del producto
principal, en los sistemas en conjunto de producción, la introducción
de nuevos productos y la adecuación fundamental de la legislación a
niveles de ecología, medio ambiente, así como al conjunto de
directrices europeas que les afectaban.
Con esas premisas básicas e imprescindibles el comité de empresa
entendió aceptable la eliminación parcial del cuarto turno o
determinadas soluciones de bajas incentivadas, prejubilaciones, etc.
Sin embargo, en la actualidad Agfa, atendiendo a razones
empresariales y no estrictamente de mercado, está restringiendo su
propia capacidad de producción, abandonando el nivel de inversión
necesario para garantizar la viabilidad a medio plazo del citado
centro, dejándose sentir los efectos de la situación de la empresa en
la zona circundante, que sufre de por sí un nivel importante de paro.
Están reconocidos por la propia Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid elementos en los que todos podríamos estar en
acuerdo; en primer término, que Agfa es una empresa competitiva; que
el centro de producción de Aranjuez es también un centro competitivo;
que se ha quedado, después de las diferentes reestructuraciones, con
una plantilla bien formada y muy especializada; que lo único que está
determinando lo que está ocurriendo en ese centro de producción es la
propia estrategia de las multinacionales en un período de cambios
tecnológicos, entendiendo la propia Consejería que es intención de
Bayer trasladar la producción de la película radiográfica médica a
Bélgica, alegando que la Unión Europea requiere unos nuevos controles
de calidad, una nueva marca láser para efectuar los controles de
calidad, controles que se están efectuando en este momento y de forma
manual en el propio centro de producción de Aranjuez y que, en último
término, la adecuación a la norma europea no precisaría una inversión
más allá de los 20 millones de pesetas. Esta nueva tecnología, junto
con la bomba de biomat, una tecnología que ahorraría el nivel de
consumo de plata, y otras inversiones en tecnologías y en
investigación no superarían en términos globales los 250 millones de
pesetas. El centro de Aranjuez, admitido por el conjunto de la
empresa en España, tiene balances positivos de forma sistemática, y
concretamente en el último año de más de 800 millones de pesetas. Por
lo tanto, no nos encontramos ante un problema económico, de falta de
competitividad o de necesidad de ajustes de una plantilla de
determinadas características que no pudiera ser competitiva y
adaptarse a la introducción de nuevas tecnologías. Estamos hablando
de otras cuestiones, de un cambio que introduce la propia
multinacional en la estructura de mercado que pretende que los
productos de mayor calidad sea abastecidos por el centro de
producción de Bélgica, y dejar el centro de producción de Aranjuez en
un mercado más restringido, de productos de menor calidad, con lo que
a medio plazo podríamos pasar a un nivel de baja ocupación, de
paradas frecuentes, para llegar finalmente al cierre, pese a que
tiene una plantilla de las características que hemos expresado y que
la situación de ese centro de producción es adaptable a las nuevas
tecnologías
con un nivel de inversión mínima, siendo un centro de producción de
tecnología avanzada.
Desde 1996 se han venido realizando actuaciones por las diferentes
administraciones, desde el propio Ministerio de Industria y Energía,
cuyo subsecretario se entrevistó con la empresa para expresar la
preocupación del Ministerio de Industria y Energía, resaltando que
esta multinacional es un importante proveedor de la sanidad pública
española, que por tanto tenía una enorme preocupación por lo que
pudiera pasar con el centro de Aranjuez, porque su producción es la
que más afecta a sanidad, y que, por esa razón, el Ministerio estaba
dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones.
Posteriormente se han producido actuaciones de otras
administraciones, evidentemente de los propios trabajadores, pero
también de la corporación local de Aranjuez, con mociones de apoyo,
declaraciones, reuniones con la comunidad autónoma; se han producido
actuaciones en el propio Parlamento Europeo, por su vinculación con
una empresa de carácter estatal y, más allá de eso, se han llevado a
cabo actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid. Concretamente
en la última comparecencia de este año 1998, el director general de
Economía y Planificación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del
Partido Popular, expresaba -y leo textualmente-: Cuál es, por otro
lado, la posibilidad de actuación que tiene la Administración pública
o de esta propia asamblea. Conocía -y felicito también a Izquierda
Unida por ello- la iniciativa ante el Congreso de los Diputados. No
conocía la iniciativa ante el Parlamento Europeo, pero también me
parece correcto. En lo que se refiere a nosotros, hemos iniciado
gestiones esta misma mañana para empezar a hablar con el Ministerio
de Industria, a fin de que, en su caso, se puedan unificar criterios
y, si fuera posible, unir nuestras fuerzas con las fuerzas de la
Administración central. La reiteración de nuestra solicitud sobre el
plan estratégico que se nos ha prometido espero que dé su fruto, que
se nos reciba y que se nos haga partícipes de este plan por parte del
Ministerio de Industria y Energía.
Apuntaba además -Ahondando en lo que es nuestro planteamiento-: En lo
que se refiere a la cuestión tecnológica, los planes de Bayer para
que la película radiográfica médica no se vuelva a fabricar en España
le parecían una excusa, y en este caso la excusa que se propone se
deriva de una nueva exigencia de la Unión Europea que obliga a marcar
con láser los distintos lotes de productos para que sean
identificados. Me consta, por una parte, que la fábrica de Aranjuez
viene haciendo esto de manera manual y me consta que la inversión
aproximada que se requeriría para poder adecuarse a estas normativas
europeas no superaría, en todo caso, los 20 millones de pesetas.
Por lo tanto, en nuestra proposición no de ley vienen enmarcados los
planteamientos que ha venido expresando el conjunto de las
administraciones, y me atrevería a decir que el conjunto de las
fuerzas políticas que están afectadas. Teniendo en cuenta el marco
donde se produjeron los compromisos de viabilidad y de mantenimiento
de la producción en 1996, esta proposición no de ley dice en el punto
1.o: Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vele por los
compromisos adquiridos entre los trabajadores y la empresa Agfa
España, Sociedad Anónima, en noviembre
de 1996, que contemplaban el mantenimiento de la producción de
películas radiográficas y que garantizaban la viabilidad del centro
de producción de Aranjuez. Y en el punto 2.o: Dado que tiene una
cuota de mercado nacional del 60 o el 65 por 100, cuyos clientes son
fundamentalmente organismos de la salud pública, se debe establecer
la necesaria colaboración implicando tanto a la Comunidad de Madrid
como al propio Ministerio de Industria y Energía para favorecer las
ayudas que fueran necesarias, con el objetivo de garantizar tanto el
mantenimiento del empleo como la producción presente y futura.
Quería resaltar finalmente que efectivamente estamos describiendo
problemas que afectan al centro de producción de Aranjuez, pero
podría ser posible coordinar las actuaciones de las diferentes
administraciones afectadas. En todo caso, nosotros queremos que se
garantice la permanencia de un centro de producción de una enorme
importancia para Aranjuez, pero que también afecta a otras
comunidades, que afecta al conjunto del Estado.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra doña Dolores García-
Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados,
intervengo no sólo para la defensa de la enmienda que ha presentado
el Grupo Socialista, sino también para fijar la posición con respecto
a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida en el mes
de mayo, proposición que en el fondo coincide con la posición de
nuestro grupo y con las gestiones y actuaciones que representantes
del Grupo Socialista han mantenido a lo largo de estos meses, de
mayo, junio, julio y estos últimos días, con la propia empresa, en la
medida en que ésta ha estado disponible, porque hay que reconocer que
ha sido escasa la sensibilidad de la multinacional para atender la
preocupación de los parlamentarios españoles y también de los
representantes sindicales, de los representantes de los trabajadores.
Ha sido escasa, por no decir francamente nula, ya que a fecha de hoy
no se ha obtenido contestación a las preocupaciones que manifestamos
en los escritos que mi grupo ha dirigido.
Como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, se trata de una
proposición que lo que pretende es que el Gobierno de la nación, el
Gobierno de España, a través de sus miembros de Industria y de
Trabajo, se preocupe, tome conciencia de la gravedad de la situación
para actuar en función de las competencias que tiene y hacer posible,
en el marco más respetuoso de la legalidad y dentro de una economía
globalizada y de un sistema laboral globalizado también, aplicar las
competencias que tiene como Gobierno, que son, en primer lugar, la
política, para que un centro de producción tan importante como el que
se ha mencionado aquí, el de Agfa en Aranjuez, no desaparezca.
Queremos también que se implique la Comunidad de Madrid y que lo haga
de manera activa y eficiente, de manera real. Se trata de que desde
las dos administraciones, junto con la empresa, se llegue a medidas
que garanticen la viabilidad y la continuidad de dicho centro de
producción en Aranjuez. Como ya se ha dicho, su especialidad son
fundamentalmente las películas radiográficas médicas e industriales,
y
se ha hecho una referencia a la importancia que tiene este centro de
trabajo y el municipio en que se halla situado, Aranjuez. Éste es un
pueblo que ha sufrido la primera crisis económica e industrial;
sufrió un declive industrial muy importante en los primeros años 60 y
80, y por ese motivo cuando el Partido Socialista gobernaba hizo que
fuera recogido en las zonas de preferente actuación y desarrollo
industrial, precisamente para intentar que el efecto de la crisis, de
las descapitalizaciones de las empresas que se conforman en España
más como un mercado que como un elemento productivo, y también el
efecto frontera -por qué no decirlo-, evitaran en la medida de lo
posible que desaparecieran empresas que son importantes desde el
punto de vista estratégico, no sólo para Madrid, sino también para
nuestra nación, para España, para el empleo.
Esta empresa, como se ha dicho, en la actualidad es consecuencia de
la absorción de Mafe, que entonces contaba con más de cuarenta años
de experiencia, que suponía un gran número de empleos, y
posteriormente a su absorción por Agfa se redujo sustancialmente en
más de 100. Se ha mencionado que esta empresa fabrica un producto
radiográfico médico e industrial, las películas, que suponen una
cuota de mercado nacional aproximadamente del 60 ó 65 por 100, y que
sus principales clientes son organismos públicos: el Insalud y las
comunidades autónomas. Cuando entra el grupo Bayer, en 1993, la
multinacional se compromete, mediante un acuerdo con los
trabajadores, a un plan estratégico para hacer más competitiva la
empresa y al mismo tiempo mantener la plantilla. Lo cierto es que las
reducciones de empleo se han ido produciendo a través de un pacto o
un acuerdo de los trabajadores; pero era sobre la base de que el
sacrificio que hacían llevaba como garantía la continuidad de dicho
centro. Desde esa fecha, los trabajadores y los grupos municipales en
el Ayuntamiento de Aranjuez observan con mucha preocupación cómo la
multinacional ha dejado de invertir en nueva tecnología y renunciado
al compromiso que adquirió de crear una segunda marca de producto
para hacer más competitiva la propia empresa. En definitiva, ha ido
ralentizando las inversiones, la capacidad productiva del centro de
Aranjuez se ha ido eliminando y ha ido dejando obsoletos los
productos que en ella se fabrican, en una política -nos parece a
nosotros- de ir desmantelando progresivamente este centro de
producción, no en base a una política empresarial de pérdidas, como
ya se ha dicho, ya que ni un solo balance ofrece datos negativos,
sino todo lo contrario, siempre se han obtenido beneficios. Es una
política, por cierto, nada novedosa para los madrileños.
Hace poco, hace unos meses, discutíamos también en esta Comisión la
política de la multinacional Alcatel, donde se rescinden 1.952
puestos de trabajo en Madrid sin haber repercutir la crisis en el
conjunto de los territorios que abarcan dicha multinacional. Estamos,
aunque en número muy inferior, ante un caso singularmente parecido, y
sin que realmente tenga una explicación lógica, ya que España, además
de ser un mercado para estas multinacionales, va a seguir necesitando
de este producto. Por lo tanto, somos un mercado seguro, exigente, de
calidad. Y, por lo tanto, es lógico que desde aquí, desde el
Parlamento, se demande a las Administraciones públicas, a los
ministerios competentes
y a la comunidad autónoma que tomen cartas en el asunto, que tengan
una posición política que evite el cierre de este centro.
El Grupo Socialista, en las diversas reuniones que han mantenido con
los representantes de los trabajadores, ha constatado también que en
realidad son mínimas las inversiones para hacer posible la
continuidad del centro en unos términos de viabilidad futura como los
que se plantean. Ya lo ha dicho la representante de Izquierda Unida.
No estamos hablando en ningún caso de una cuantía importante, por lo
que creemos que, dado el valor estratégico que tiene esta empresa (no
sólo, como ya he indicado, para nuestra comunidad, para la Comunidad
de Madrid, sino también para el conjunto del Estado español), sería
importante que desde el Ministerio de Trabajo y del de Industria
-mediante proyectos, subvenciones y todo tipo de medidas que hay en
el programa Icade acerca de proyectos de innovación más desarrollo, y
dado que además estamos en un momento en el que los presupuestos para
1999 se van a aprobar y se lee y se escucha que va a haber un
incremento en este tipo de medidas-, que la Administración central
tuviera la sensibilidad y la certeza para promocionar y ayudar a esta
manera a que pueda seguir siendo competitiva, y siga fabricando ese
producto en Aranjuez. Pedidos que esto se haga en colaboración (como
decimos en nuestra enmienda de sustitución, que realmente pretende
mejorar desde un punto de vista técnico el apartado 2 de la
proposición de Izquierda Unida) con la Comunidad Autónoma de Madrid.
Porque también se ha dicho aquí que ha mostrado su preocupación.
Bien; nosotros ahí tenemos que matizar que no somos tan optimistas,
porque lo que sabemos (y lo sabemos directamente por los
trabajadores) es que el señor Ruiz Gallardón, presidente de la
Comunidad de Madrid, su digno representante, a fecha de hoy aún no ha
recibido a los trabajadores para escuchar cuál es su situación. Lo
que sí es cierto es que, a iniciativa de los grupos parlamentarios,
tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, este tema ha
sido debatido en profundidad en la Comisión de Economía del
Parlamento madrileño, en la que efectivamente no han faltado las
promesas del consejero de Economía, del señor Blázquez. Pero ante
esas promesas de hablar con la empresa, de conseguir un compromiso
para un proyecto futuro, puesto que los trabajadores, y todos estamos
alarmados ante esta situación, hoy se puede considerar que se da la
callada por respuesta, ya que no dan ninguna concreta, salvo la de
que han conocido que se ha hecho una oferta por parte de la Comunidad
de Madrid para que se traslade las actuales instalaciones. La empresa
está situada dentro del caso urbano de Aranjuez, pero integrada
medioambientalmente, y no supone ningún problema desde el punto de
vista ni de contaminación, ni de ruidos, ni de otro tipo, y tiene una
superficie aproximada de 220.252 metros cuadrados. Se le ofrece la
posibilidad de trasladarse a un polígono industrial próximo (Gonzalo
Chacón); está muy cercano. No entendemos si esa es la alternativa, la
solución, la apuesta de innovación tecnológica para hacer posible que
esta empresa siga siendo competitiva, puesto que está en el casco
urbano y no supone un peligro en absoluto para el medio ambiente. El
hecho de desplazarla supondría realmente una inversión muy
considerable. No entendemos la razón de esta propuesta en vez de otra
que obligue a la multinacional
a asentarse y empezar a invertir, a cumplir los
compromisos que firmó en 1996 y que acabarían en 2000 en este centro
de trabajo, para que siga siendo competitivo y teniendo el peso
específico que ha de tener en el conjunto de nuestra economía, de la
economía madrileña. Por ello, nuestro grupo entiende que en absoluto
sobra esta iniciativa en el Parlamento, sino todo lo contrario, dado
que todos deberíamos estar igual de preocupados; da igual la
comunidad, el territorio que se esté representando. Vuelvo a reiterar
que estamos hablando de un centro de producción único de este
producto en España, y deberíamos defender como hacen otros gobiernos
nuestro espacio dentro de un mercado globalizado, donde no seamos
sólo un mercado exigente, un mercado de calidad.
Esta misma empresa multinacional, a la vez que incumple sus acuerdos
en España y no invierte, hace inversiones en Argentina que no estaban
previstas. Con lo cual, como decía la portavoz de Izquierda Unida,
tenemos por una parte que los productos de mayor calidad los quieren
producir desde el centro de Bélgica y venderlos a los españoles, que
somos los séptimos en compras a esta empresa, y los de menor calidad
elaborados en Argentina, que también sabemos que es una política que
las multinacionales desarrollan mucho en los últimos años por lo que
supone de abaratamiento de costes, debido a las condiciones laborales
de los trabajadores en esos países.
Por tanto, concretando y para finalizar, el Grupo Socialista estuvo
presente en la empresa la persona de su portavoz, del señor Borrell,
y se comprometió a defender íntegramente un centro productivo que es
estratégico e importante no sólo para Madrid, sino para España. En
esta ocasión, con la iniciativa que plantea esta mañana Izquierda
Unida y con la enmienda que nosotros aportamos, intentamos que ese
compromiso realmente cale -esperamos- también en el grupo que
representa al Gobierno, para que se tenga la sensibilidad y el
acierto de apoyarlo para que todos hagamos un frente común en interés
de nuestro país para defender la continuidad y la estabilidad de este
centro de trabajo.
El señor PRESIDENTE, ¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.) Por el
Grupo Popular, don Alejandro Ballesteros.
El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Señorías, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida nos presenta una proposición no de ley, a
la que se une el Grupo Socialista en el mismo sentido, con dos
solicitudes referentes a una empresa privada multinacional como es
Agla. Aún no tengo claro si esta iniciativa es bien intencionada,
pero dirigida a una ventanilla equivocada o, por el contrario, es una
iniciativa propagandística dictada de un puño y letra que quizás
tenga otras intenciones, y desde luego parece que justificada en
estos momentos electorales, como se desprende de las exposiciones
tanto del Grupo de Izquierda Unida como sobre todo del Grupo
Socialista.
En el primer punto se solicita que el Ministerio de Trabajo vele por
los compromisos adquiridos en un acuerdo que se realizó entre
trabajadores y empresarios de Agla, que data de noviembre de 1996.
Desde este grupo parlamentario vamos a aplaudir y venimos apoyando,
como no
podía ser de otra manera, en la medida de nuestras posibilidades toda
preocupación por los trabajadores. Y -lo que es más importante- lo
viene ya haciendo el Gobierno del Partido Popular desde el inicio de
la legislativa, velando no sólo por los intereses y los derechos de
los trabajadores, sino también por las esperanzas de aquellos que no
tienen la suerte o la fortuna de tener trabajo. A pesar de esto, no es
imposible dar el visto bueno esta mañana a este tipo de iniciativa.
Porque, pensando bien -y queremos, como he dicho al principio, pensar
bien-, es loable esa preocupación por los trabajadores al solicitar
el amparo del Ministerio. Pero sus señorías de Grupo de Izquierda
Unida deben conocer sobradamente que la competencia en materia de
gestión de las relaciones laborales y expedientes de regulación de
empleo de empresas o centros de producción radicados en las
comunidades autónomas corresponde a la Comunidad de Madrid en este
caso, como lo indica el Real Decreto de Traspaso de Transferencias
932/1995, de 9 de junio, y no al Ministerio, como ustedes pretenden
en su proposición. Nos encontramos, por tanto, ante un problema de
competencia, en cuyo fondo no quiero entrar, aunque porque
seguramente será un fondo bien intencionado. Pero sí que creo
interesante resaltar de paso que ya se han tomado iniciativas. Como
anteriormente exponía la diputada del Grupo Socialista, hasta hora
todo acuerdo realizado entre empresarios y trabajadores ha sido, como
su propio nombre indica, por medio de acuerdos mutuos entre
empresarios y trabajadores. Así hay un acuerdo de 1 de abril del
presente año; en su firma se encontraban el consejero de Economía y
Empleo, el alcalde de Aranjuez y representantes de empresarios y
trabajadores de Agla. Por tanto, debemos dejar que sea en el ámbito
al que compete, que es el de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde
se diluciden estos temas.
Por otra parte, y refiriéndome a la proposición de Izquierda Unida,
ésta es una solicitud que al inmiscuirse en las relaciones puramente
privadas entre empresarios y trabajadores de una empresa
multinacional responde a una idea de gobierno puramente
intervencionista, que dista mucho de lo que en el Grupo Parlamentario
Popular creemos que debe ser el modo de regir las relaciones entre
empresarios y trabajadores y entre las diferentes empresas dentro del
propio mercado. Nos gustaría que se aclarasen desde el Grupo de
Izquierda Unida, porque ya tenemos dudas, no sabemos (como sí parece
desprenderse de esta petición) si ustedes apuestan por un Estado
central intervencionista o por ese Estado federal que tanto viene
propugnando su líder últimamente. Por tanto, y con el cariño que sabe
la diputada Inés Sabanés que le profeso, si me permite, como sigan en
esa línea, van a tener al final más partidos que personas.
En cuanto a la segunda petición (aunque ésta se plantea de una forma
bastante imprecisa al no especificar una ayuda determinada) se
pretende que sea el Ministerio, otro Ministerio, el de Industria y
Energía, quien garantice tanto el mantenimiento del empleo como la
producción presente y futura de esta empresa privada multinacional.
Esta pretensión es también a todas las luces rechazable. Los
programas de ayuda del Ministerio de Industria y Energía están
sometidos a la normativa comunitaria y este Ministerio no cuenta con
programas, ni por tanto con presupuestos genéricos, para salvamento
de empresas. En consecuencia,
cualquier ayuda que se pueda ofrecer a Agla tendría que enmarcarse en
los programas vigentes, que inciden fundamentalmente sobre los
factores de competitividad, esto es, sobre todo: tecnología, calidad
y diseño, entre otros. Y ha de concederse conforme al procedimiento
establecido, que se inicia con la solicitud en plazo por parte del
interesado y no, como pretenden desde su grupo, por parte de la
Administración.
En pasadas ocasiones ya se informó por este Ministerio a la Cámara
que la política del Ministerio de Industria y Energía para apoyar los
esfuerzos de las empresas en materia de I+D (investigación, más
desarrollo e innovación) se concretan básicamente en la iniciativa
Ática, que es un programa de subvenciones sujeto en su aplicación a
las limitaciones establecidas en el tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la Ley de Presupuestos General del Estado, y la
Orden de 25 de abril de 1997 reguladora de dicha iniciativa Ática. Su
régimen jurídico se basa en los principios de publicidad, igualdad y
concurrencia entre las empresas que cumplan los requisitos
establecidos en dicha normativa. Lógicamente, como comentaba antes,
señorías, no corresponde al Ministerio de Industria y Energía asumir
la iniciativa en la presentación de proyectos susceptibles de apoyo
público, sino más bien desde luego a los interesados. En este mismo
sentido, la concesión o no de subvenciones está condicionada, también
en el caso de Agfa, a la mayor o menor adaptación del proyecto
presentado a los objetivos de la iniciativa Ática, tal y como se
establece en la citada orden ministerial; adaptación que se contrasta
con criterios de evaluación objetivos. Por tanto, señorías, no es
posible en este escenario establecer medidas concretas de apoyo a una
empresa determinada fuera del procedimiento establecido para la
concesión de aquéllas.
Es importante, por último, informar que esta empresa (Agfa-Gevaert)
no consta en el Ministerio que se haya dirigido a este Ministerio de
Industria y Energía para exponer sus planes ni haya solicitado ayudas
de sus programas, por lo que desde este grupo parlamentario no cabe
de ninguna manera iniciar actuación alguna por parte del Ministerio;
no creemos que quepa.
Concluyo diciéndoles que estoy convencido de su buena intención; no
quiero pensar que sea más bien no sólo el Grupo de Izquierda Unida,
sino también el Grupo Socialista, el que aproveche el momento de
subirse al carro y, viendo que tenemos unas elecciones pronto, queme
o intente incendiar un bosque para luego apagarlo. Lo que sí les
recomendaría es que tengan algo más de rigor en los planteamientos
y en sus proposiciones no de ley y que dirijan sus peticiones al ámbito
correspondiente.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo de Izquierda Unida, acepta la enmienda
presentada por el Grupo Socialista? ¿Señora Sabanés?
La señora SABANÉS NADAL: Una mínima aclaración antes de expresar la
aceptación o no la empresa no quiere mantener la producción en
España; evidentemente, la multinacional no quiere. Lo que estamos
tratando es que el Gobierno de España apoye, por lo estratégico de
esta empresa, por su producción, que el conjunto de su producción no
vaya a Bélgica. Yo creo que ése es un interés para
el conjunto del Estado, y no sólo para la Comunidad de Madrid.
En otro orden de cosas, nosotros vamos a aceptar la enmienda del
Grupo Socialista, porque entendemos que representa una mejora técnica
y además se hace un esfuerzo de fondo para que fuera aceptada y
consensuada esta proposición no de ley, para que el conjunto de las
fuerzas pudiéramos mostrar la preocupación y la fuerza ante una
multinacional, ante una empresa que lo que pretende es trasladar su
producción a Bélgica. Si a ustedes les parece bien, perfecto. Eso lo
juzgarán los trabajadores y los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptada entonces la enmienda socialista
por parte del grupo proponente. (El señor Ballesteros Belinchón pide
la palabra.) Señor Ballesteros.
El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Deseo responder brevemente, porque ha
vuelto a hacer un planteamiento de fondo, y me gustaría responder
brevemente como ella.
El señor PRESIDENTE: Pero yo he comprendido que usted ha hecho
referencia a que considera que el Ministerio no es competente sino la
Comunidad de Madrid. A lo que ha respondido la señora diputada que
estima que el tema es general, sin más. No creo que haya que aclarar
nada más.
El señor BALLESTEROS BELINCHÓN: Si me permite, señor presidente, yo
creo que además de eso lo que se permite es echar a los trabajadores
encima del Grupo Popular y como ha hecho (Rumores.) Como ha utilizado
claramente unos argumentos, me gustaría responderla, y creo que estoy
en mi derecho de terminar el debate, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No. El debate está concluido y nadie ha echado
cargas sobre ninguna espalda.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE DETECTEN EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS NORMATIVAS DE HIGIENE Y SALUD LABORAL EN LA INDUSTRIA DEL
CALZADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (número de
expediente 161/001125).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, que es el punto 6 del
orden del día, relativa a la adopción de medida que detecten el
incumplimiento de las normativas de higiene y salud laboral en la
industria del calzado, presentada por el Grupo Socialista. Tiene la
palabra para su defensa la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Esta iniciativa que presentó en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión viene motivada por la
alarma que se ha provocado en el sector del calzado al conocerse que
al menos 11 trabajadoras estaban afectadas por una enfermedad
denominada polineuropatía, o también conocida como parálisis del
calzado, debido a la ingestión de elevadas
dosis de gases con la sustancia n-hexano, uno de los múltiples
disolventes orgánicos existentes en los compuestos utilizados en el
sector, que afecta al sistema nervioso periférico, principalmente a
las extremidades superiores o inferiores. Aunque no es una afección
que aparezca sólo en la industria del calzado, ya que también se
pueden producir en otros sectores donde se utilicen adhesivos y
disolventes (como el sector del mueble, pinturas, astilleros,
etcétera), aparece ligada a unas condiciones de trabajo deficientes,
concretándose el mayor número de casos en la industria del calzado.
El mayor número de casos que se dan de neuropatía por n-hexano en el
sector del calzado se concentra en los países de Italia, Japón,
España, y en estos últimos años también en Taiwan, adonde se está
trasladando esta industria por el abaratamiento de la mano de obra.
La aparición de este tipo de neuropatías en nuestro país viene ligada
a una serie de cambios tecnológicos y socioeconómicos que se
produjeron en el sector del calzado alrededor de los años cincuenta.
Es a partir de esta fecha cuando se introducen las técnicas de pegado
que sustituyen de una manera paulatina a las técnicas de cosido y
clavado. En 1959 tiene lugar en el terreno económico la
liberalización del comercio exterior; comienza también por esta vía
la modernización y el desarrollo de la industria del calzado. Pero
con este auge del sector surgen también los primeros problemas graves
de salud laboral por utilización de adhesivos y disolventes. En la
localidad alicantina de Elche tiene lugar ese mismo año un grave
accidente donde fallecen por intoxicación cinco trabajadores, por
intoxicación de benceno, otro producto muy utilizado en el sector.
Y en 1970 se producen los primeros casos de polineuropatías en la
provincia de Alicante, siendo precisamente allí donde se concentra el
mayor número de empresas, es decir, el 65 por 100 del total, y
suponiendo por tanto el 60 por 100 del empleo. También se han
detectado casos en Zaragoza, en La Rioja, en Albacete, en Mallorca,
etc.
Es imposible hacer una valoración epidemiológica en sentido estricto
porque no existen estudios reales sobre casuística de polineuritis
por n-hexano, debido principalmente a la situación socioeconómica del
sector, con la existencia del fenómeno de la economía sumergida, que
afecta de una manera directa al 40 por 100 de los trabajadores. Pero
está claro que algo habrá que hacer para que, siendo conscientes de
las condiciones precarias en las que se encuentra un número muy
importante de trabajadores, y sobre todo trabajadoras (puesto que un
mayor porcentaje de mujeres está ocupando los puestos de química en
las industrias y también en la economía sumergida), se estudien
medidas, como decía, que reduzcan considerablemente los riesgos para
la salud de los trabajadores.
Esta enfermedad profesional, si bien es de baja frecuencia, va en
aumento, porque el fenómeno de la economía sumergida provoca que en
el sector del calzado se incrementen los riesgos de exposición por
las deficientes condiciones de trabajo, debido a una excesiva
duración de la exposición diaria, a las malas condiciones higiénicas
del puesto de trabajo en locales inadecuados, mal ventilados y sin la
seguridad suficiente. De ahí que propongamos potenciar la vía de la
investigación en otros productos no nocivos
para la salud, apoyando a las empresas que los utilicen
y favoreciendo que los productos tan tóxicos vayan desapareciendo en la
fabricación del zapato. Y a la vez que se dote de todos los medios
necesarios a los servicios de inspección, de manera que el
incumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo
sean detectadas lo antes posible y evitar así que haya más afectados.
El calzado es un sector típicamente manufacturero, intensivo en mano
de obra, de origen artesanal y con una estructura industrial muy
atomizada. Da empleo a muchos trabajadores, pero, como decía antes,
el 40 por 100 trabajo en la economía sumergida, bien en talleres
clandestinos o en domicilios particulares. Esta importante
precariedad en el empleo junto a la peculiar organización de la
producción (la práctica totalidad del trabajo se realiza a destajo),
unida a la escasa cultura preventiva de los empresarios, al uso
cotidiano de sustancias tóxicas así como al desconocimiento en muchos
casos de sus efectos por parte de los trabajadores y trabajadoras, y
a las deficientes condiciones de seguridad y salud, son el caldo de
cultivo que favorece la aparición de enfermedades originadas en el
trabajo, y concretamente la polineuropatía.
La Ley General de Inspección aprobada en esta legislatura prevé
planes de inspección, y lo que se pide con esta propuesta es que se
haga un plan específico para este sector. De ahí nuestra propuesta y
que solicitemos a todos los grupos que voten favorablemente esta
iniciativa para dar un paso más en la prevención y para que los
trabajadores y trabajadoras del sector del calzado tengan la máxima
seguridad. Los sindicatos están colaborando en este tema: están
realizando campañas preventivas y de información de estos productos.
Algunas empresas están empezando a utilizar nuevos productos y están
adaptando sus empresas a la normativa vigente en cuanto a seguridad,
pero es necesario avanzar y darle un tratamiento específico entre
todas las Administraciones a este sector, por las circunstancias
antes reseñadas, y por la necesidad de que un sector industrial tan
importante en cuanto a creación de empleo (yo diría que
imprescindible en algunas ciudades), funcione en las mejores
condiciones laborales. Ésta es nuestra propuesta y éste es el ánimo
de nuestro grupo de que sea votada favorablemente por todos los
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Quería intervenir en nombre de Nueva
Izquierda Iniciativa per Catalunya, y también transmitiendo el sentir
de otro compañero del Grupo Mixto, el señor Chiquillo, de Unión
Valenciana, para indicar que la proposición no de ley nos parece
extraordinariamente oportuna; desgraciadamente de una oportunidad que
se mantiene en el tiempo y que se va a seguir manteniendo, porque es
un problema extraordinariamente grave. Nos parece también, en lo
esencial, correcta. Si se consigue alcanzar un consenso, sería un
gran paso, tanto en lo práctico como en lo simbólico y pedagógico en
el País Valenciano, en la provincia de Alicante y en otros lugares
para avanzar en la solución de este problema, denominado parálisis
del calzado.
Efectivamente la señora Bartolomé ya ha hecho alusión a estudios como
el de la Universidad Miguel Hernández sobre la polineuropatía por n-
hexano. Es hecho que, aparte de los estudios puramente científicos,
ha sido reconocido públicamente por el Gobierno en diversas
respuestas que (a mí directamente o a algún otro diputado de mi grupo
parlamentario, como a los de otros) ha remitido. Efectivamente, en
una respuesta no muy antigua del Gobierno se dice que en la industria
del calzado es identificable el n-hexano (componentes adhesivos,
disolventes, etcétera), que llega a producir una patología crónica
debido a una exposición repetida y continuada a este agente, aunque a
altas dosis pueda aparecer como intoxicación aguda. También se indica
que se trata de una patología que se conoce desde hace más de diez
años. Pese a ello no ha sido reconocida como enfermedad laboral. Esto
está planteado en la actualidad, en un caso concreto en Villena
graves problemas para unas trabajadoras afectadas. Dice el Gobierno,
en lo que parece una relativa puerta a la esperanza, que hay
metodologías y medios para prevenirla en el trabajo. No queda claro
si encontraríamos pegamentos o disolventes absolutamente libres de n-
hexano perjudicial, pero al menos sí que existen metodología y medios
para prevenirlo en el trabajo. Dice el Gobierno que una autorización
controlada de los productos que contienen n-hexano, unida a una
vigilancia de la salud apropiada, se muestra suficiente para evitar
los posibles efectos adversos para las personas.
Pero el problema, el auténtico problema, surge cuando el propio
Gobierno reconoce lo siguiente. Dice el Gobierno en esta respuesta:
El problema puede surgir en el ámbito de la economía sumergida o de
una situación mixta al realizar trabajos de pegado en casa además de
realizarlos en la propia empresa. Todos los que vivimos en las zonas
donde la industria del calzado es muy importante sabemos que esta es
una práctica (que no me importa calificar como auténticamente
criminal) que se está produciendo en muchas casas donde conviven
familias, donde conviven niños (perdón por utilizar la palabra
convivir en este contexto) con estos agentes altamente tóxicos. Por
lo tanto, se está en una situación extraordinariamente grave,
criminal, en la que algunos abusan de la situación de precariedad de
los trabajadores y no se aprecia que haya una intervención activa y
dinámica de los poderes públicos.
Este es el auténtico problema de fondo: su utilización en la economía
sumergida. Porque en las fábricas normales al menos hay mecanismos de
control de salud laboral, al menos hay la posibilidad de exigir
responsabilidades, y ya se van adoptando algunos procedimientos que
en todo o en parte eliminan el problema.
He entendido que la proposición no de ley podría mejorarse si se
incluía una alusión directa a la economía sumergida, porque si las
funciones de control no se incluyen en el marco real en donde surge
el problema, de poco van a servir. Por eso, he pedido al proponente,
y también a diputados y diputadas de otros grupos, que aceptaran
incluir en el texto final una referencia que se prestará una especial
atención al campo de la economía sumergida. Porque ciertamente no
basta, como hace el Gobierno en esta respuesta que estoy citando
reiteradamente y en algunas otras, con
adoptar medidas informativas o de control laboral estricto, de las
que responsabiliza, por ciento, a la Generalitat Valenciana. No voy a
insistir yo en este debate, porque los diputados de mi partido en las
Cortes Valencianas ya intervendrán en esa cuestión. Lo que sí que es
cierto es que medidas estructurales contra la economía sumergida sí
que son competencia del Gobierno. Por lo tanto, es indisociable el
debate de la economía sumergida y el de la seguridad en el sector del
calzado. Todo lo demás está bien, pero o se ataja el problema de
fondo, o volveremos a encontrarnos, desgraciadamente, con
enfermedades gravísimas o incluso con muertes.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència
i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Creemos que es oportuno que hoy se
plantee una proposición no de ley que afecta a un sector productivo
importante de las comarcas del sur del País Valenciano. Además, creo
que es importante que en los momentos previos a esta discusión los
diversos grupos hayamos hecho un esfuerzo para intentar que hoy el
Congreso manifieste su preocupación por esta situación y que pida al
Gobierno que incremente los mecanismos de prevención en esta materia.
Hoy tenemos una legislación que prácticamente cierra todas las
posibilidades en esta materia. Tenemos que procurar que se pongan en
marcha aquellas medidas que sean realmente eficaces para que no se
puedan producir este tipo de situaciones. No sólo estamos hablando de
una competencia de la Administración general del Estado, sino que
también corresponde a aquellas comunidades autónomas, en este caso el
País Valenciano, que tienen asumidas competencias en materia de
ejecución de la legislación laboral. Desde esta perspectiva, nuestro
grupo se va a mostrar favorable a una previsible propuesta de
enmienda en voce que va a efectuar el Grupo Popular, que creemos que
mejora sustancialmente el texto del Grupo Socialista, pero que parte
de la oportunidad del mismo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Quiero manifestar nuestro apoyo a esta
proposición no de ley, porque entendemos que pone el dedo en la llaga
de las responsabilidades colectivas que tenemos todos en esta
materia. Por lo tanto, no solamente interesa a las comunidades
autónomas afectadas (que en este tema concreto es la Comunidad
Valenciana), como y se anunciaba en la respuesta escrita que me
remitió en su día el Gobierno a una pregunta que enuncié, sino
también a todas aquellas que puedan verse en la misma situación,
porque efectivamente la economía sumergida en la producción del
calzado está localizada en la Comunidad Valenciana, pero hay otras en
las que también se está localizando. En la provincia de Granada, cuyo
norte está muy cercano precisamente al Levante español, a la
Comunidad de Murcia y a la Comunidad Valenciana, también se genera y
se produce de forma clandestina este tipo de producciones. Ha surgido
el tema ahí, pero podía haber surgido en cualquier otro sitio. Por
tanto, es muy dudoso que sea competencia exclusiva de la Generalidad
Valenciana. A mí me parece que por este motivo, porque está
relacionado con el tema de la economía sumergida, y porque en la
misma respuesta del Gobierno a esta pregunta a la que antes me
refería se decía que hay medidas que deberían tomarse por parte del
Estado en su conjunto es por lo que creo pertinente que se plantee
aquí esta cuestión. Se enuncian medidas muy interesantes, pero no se
dice quién tiene que ponerlas en práctica. Y en la respuesta que me
da el Gobierno echo en falta eso precisamente. Se enuncia, por
ejemplo, que sería necesaria la utilización, cuando técnicamente sea
posible, de productos sustitutivos que presenten riesgos menores o
que tengan un porcentaje menor de n-hexano, medidas de higiene
industrial de control basadas en extracción localizada y ventilación
general (que incluyen verificación periódica de su eficacia y
evaluaciones de la exposición), vigilancia específica de la salud
(que incluye controles por índices biológicos), y medidas de
información y formación sobre los riesgos y mejores métodos de
trabajo con los medios adecuados para unas condiciones de trabajo
apropiadas.
Pues bien, si sabemos todas estas cuestiones, si sabemos que tendrán
que modificarse los usos de las materias primas y del entorno donde
se produce, etcétera, por parte de las empresas del sector,
lógicamente tendremos que asumir la responsabilidad de una
colaboración entre el Ministerio de Trabajo, a nivel de Estado, y los
distintos organismos dependientes de él y las comunidades autónomas
afectadas.
En este sentido, me parece muy oportuna la proposición no de ley, la
vamos a apoyar, y por supuesto, pensamos que mejora y se enriquece
con la enmienda que anunciaba el Grupo Mixto. En cualquier caso, si
hay alguna transacción con respecto al Grupo Popular, la veremos; no
la conocemos, pero estaremos pendientes para pronunciarnos y apoyar
las medidas que ahí se contemplen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña
Enriqueta Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en relación a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista y relativa a la adopción de
medidas que detecten el incumplimiento de las normas de higiene y
salud laboral en la industria del calzado.
En la exposición de motivos de la proponente se hace expresa mención
a los efectos de la utilización de determinados productos que
contienen un componente llamado n-hexano. La incorrecta utilización de
las colas que incorporan a su composición el n-hexano produce una
patología que se conoce como «parálisis del calzado», y que
habitualmente se suele dar cuando el producto se utiliza en el ámbito
de una economía sumergida o de una situación mixta; es decir, cuando
se realizan los trabajos de pegado
en el ámbito doméstico además de realizarlos en la propia empresa.
Conocido es por SS.SS. que existe una normativa, que parte del Real
Decreto 1.406/1989, donde se establecen limitaciones en la
comercialización de determinados productos químicos que produzcan
daños para la salud o el medio ambiente. A esa medida, señorías, se
van añadiendo disposiciones complementarias como son la Orden de 11
de diciembre de 1990, de 31 de agosto de 1992, de 30 de diciembre de
1993 o de 1 de febrero de 1996.
El Ministerio de Sanidad y Consumo es, naturalmente, la autoridad
competente en cuanto a los requisitos de clasificación, envasado y
etiquetado, así como de las verificaciones previas antes de proceder
a su comercialización. El ejercicio de estas competencias está
coordinado con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de
Industria y Energía, de Fomento y de Medio Ambiente. Por su parte,
corresponde a los órganos competenciales, que son las comunidades
autónomas, la vigilancia, inspección y control de las sustancias y
preparados comercializados en su territorio, todo ello bajo el
ejercicio de su potestad sancionadora.
Como quiera que los componentes de adhesivos y disolventes que se
utilizan en el pegado penetran en el organismo tanto por vía
respiratoria como por vía dérmica, desde las comunidades autónomas se
están desarrollando ya desde hace tiempo programas específicos para
la prevención de esta patología. Las medidas a tomar incluyen la
utilización (cuando técnicamente es posible) de productos
sustitutivos que presenten riesgos menores o que tengan un menor
porcentaje del componente al que hemos hecho referencia, al n-hexano.
Otras medidas de higiene industrial, de control, están basadas en la
extracción localizada y ventilación general, que incluyen
verificación periódica de su eficacia y valoraciones de la exposición
y naturalmente una vigilancia específica de la salud, que incluye el
control por índices biológicos. Y se extiende también a las medidas de
información y formación sobre los riesgos y mejores métodos de
trabajo, con las medidas adecuadas para unas condiciones de trabajo
apropiadas.
Señorías, efectivamente vamos avanzando, porque recientemente, el
pasado 7 de abril, el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Unión Europea aprobó una directiva sobre protección de
la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos del trabajo, con un plazo de
tres años para su transposición al derecho interno nacional de los
Estados miembros. El Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene
en el Trabajo tiene previsto comenzar de inmediato los trabajos
preliminares para la elaboración de un borrador técnico que, una vez
redactado, será objeto de los oportunos trabajos con los
interlocutores sociales, en el seno de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Llegado a este punto, tengo que agradecer que todos los grupos hayan
prestado especial atención (incluyendo el nuestro) a la problemática
que se viene dando dentro de este campo, específicamente en el
calzado. Y al efecto, el Grupo Popular ha llevado a término un texto
sustitutivo, previas conversaciones con el Grupo Socialista, también
con Convergencia i Unió e igualmente con el Grupo Mixto.
En ese momento se encontraba ausente el representante de Izquierda
Unida, y por eso ha sido imposible llevar a término conversaciones
con él, pero están en la línea, naturalmente, de lo expresado.
Por lo tanto, sería conveniente, si SS.SS. lo tiene a bien y la
Presidencia así me lo consiente, dar lectura a cómo quedaría el texto
después de haber llevado a término el texto sustitutivo. El texto
quedaría de la siguiente manera: donde dice «el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno», diría «insta al conjunto de las
Administraciones».
El segundo punto quedaría redactado de la siguiente forma: Promover
la utilización de productos sustitutivos que presenten riesgos
menores para la salud en la industria del calzado.
Y el tercer punto quedaría de la siguiente forma: en lugar de «que se
establezcan», diría «que se incrementen los mecanismo necesarios para
que se detecte lo antes posible el incumplimiento de la normativa de
higiene y salud laboral en lo que se refiere a la utilización de
adhesivos y disolventes, y en particular, en lo referente a la
economía sumergida».
Ese ha sido el texto que hemos acordado. Pienso que no va a haber
ningún problema al respecto, y por nuestra parte no tendríamos ningún
inconveniente, acordada una vez esta redacción, en votar a favor.
El señor PRESIDENTE: De esta forma, la enmienda transaccional está
aceptada por todos los grupos. Ruego la pongan a disposición de la
Mesa para que esté disponible a efecto de actas.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (número de expediente
161/001137).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que
es el séptimo: proposición no de ley sobre medidas para la generación
de empleo en el sector cultural, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Defiendo esta proposición no de ley de Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya que propone al Gobierno que
emprenda una serie de estudios y actividades encaminadas a fomentar
el empleo en el sector de la cultura.
Pensamos que hay que entender la cultura no solamente desde las
perspectivas más habituales del goce y disfrute de unos bienes
históricos, artísticos, literarios, etcétera, sino que también es
legítimo y necesario entender la cultura desde una perspectiva
económica, que ha sido creciente en los últimos años, sobre todo en
torno a lo que se ha dado en llamar «industrias culturales», pero en
las que España todavía no ha tenido un desarrollo, y desde luego no
ha tenido un desarrollo planificado y estructurado, como el de otros
países de nuestro entorno.
Por otra parte, hay que advertir inmediatamente que no puede
reducirse a esperar la intervención del mercado, por
dos razones al menos: porque en algunas de esas actividades
económicas el mercado no va a estar interesado, al menos en una
primera fase, en intervenir o en invertir, por una serie de
dificultades (por carencia de infraestructura, de tradición, de
personal formado, etcétera) y, por otro lado, porque dejarlo
estrictamente a las normas del mercado podría introducir disfunciones
graves, sobre todo en lo que afecta a la protección de los bienes
culturales, en especial del patrimonio histórico-artístico.
Por lo tanto, parece aconsejable una intervención de los poderes
públicos que, dada la estructura competencial del Estado español, no
debe agotarse exclusivamente en el Gobierno, sino que deben tener una
intervención absolutamente decidida las comunidades autónomas, pero
igualmente los ayuntamientos y las instituciones privadas, las
instituciones sin ánimo de lucro, como fundaciones, universidades,
etc.
En definitiva, se trata de buscar sinergías entre el uso del ocio, la
formación, el desarrollo cultural de la población y la generación de
riqueza y la creación de empleo. Entendemos que el sector cultural va
a ser un sector básico cada vez más importante a la hora de indagar
sobre nuevos yacimientos de empleo.
Por eso se presenta esta proposición no de ley que, anuncio, aunque
sea en comisiones distintas, se complementa con otra presentada
también por Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya en la Comisión de
Educación y Cultura, sobre el aprovechamiento intensivo y la puesta
en uso de los bienes e instalaciones culturales de forma planificada
y compatible con su protección.
La proposición no de ley tiene varios puntos. En definitiva, insta al
Gobierno a la realización de un estudio global sobre la generación de
empleo en el sector cultural que tenga en cuenta algunos principios:
que se desarrolle en colaboración con comunidades autónomas, con la
Federación Española de Municipios y Provincias, con universidades,
etcétera; la evaluación de la evolución del empleo en el sector
cultural en los últimos años; la evaluación de la potencialidad de
desarrollo para los próximos diez años (incluyendo la incidencia de
sectores económicos conexos, singularmente con el turismo); la
evaluación de medidas formativas y de reciclaje (sobre todo en la
universidad y en la formación profesional); la evaluación de acciones
conjuntas con otros Estados (en especial con la Unión Europea, donde
hay muy poco hecho), y finalmente, proponer un catálogo de acciones
concretas, y que de todo ello se informe -se decía a la Comisión de
Educación y Cultura, pero se ha decidido enviarlo a esta Comisión- a
esta Comisión o a la que sea, en el plazo máximo de un año.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución, una
lectura detallada de la misma revela que en realidad se introducen
unos pequeños cambios que nuestro grupo valora positivamente y que
entendemos que completan nuestra propuesta. Desde ese punto de vista,
y una vez consultado con el diputado que va a intervenir a
continuación, se entiende que más que una enmienda de sustitución es
una enmienda parcial, así es que se acepta como transaccional por
parte del grupo proponente y por parte del Grupo Popular. Entendemos
que es una enmienda sencilla de aceptar por todos los grupos y
esperamos, por lo tanto, la unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, que tiene presentada una
enmienda, tiene la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Respecto a esta proposición no de ley,
empezaré por advertir que recientemente la Comisión Europea ha sacado
a la luz un documento titulado «Cultura, industrias culturales y
empleo», en el que se recogen prácticamente todos los puntos que se
plantean en esta proposición no de ley. Este documento comunitario
considera que las distintas ramas de la industria de la cultura,
llámese patrimonio cultural, artesano y natural, literatura, prensa,
música, espectáculo, medios visuales y audiovisuales, representan un
importante valor económico y social con un considerable potencial de
creación de empleo, ligado en este caso al hecho cultural.
Por otra parte, este tipo de empleo entendemos que recoge
determinados aspectos que lo caracterizan y distinguen de otros, como
puede ser su temporalidad (puede estar acompañado de largos períodos
de paro); que es a tiempo parcial; también que confluye la mezcla de
autónomo y asalariado, y que muchas de sus actividades permiten la
utilización de las mismas cualificaciones (por ejemplo, la de
técnicos de luz y sonido, imagen, actores, músicos, etcétera).
No es menos cierto que este tipo de empleo arrastra hacia otras
actividades, como el turismo, la educación, las industrias
multimedia, posibilitando la mejora de la cohesión social y
territorial que pueden tener en este caso las industrias culturales.
Recientes estudios publicados indican que ya en el año 1995 el número
de empleos en Europa en este sector, incluidos los oficios
artísticos, superaba los 3.000.000 de personas, es decir,
aproximadamente el 2 por 100 de los empleos de la Unión Europea.
Además, los sectores culturales constituyen un interesante banco de
pruebas para las nuevas prácticas que conjugan versatilidad,
movilidad geográfica y ocupación con planteamientos totalmente
innovadores capaces de crear nuevos empleos.
Bien es cierto que la ayuda pública debe ser muy importante, pero lo
que también es cierto es que debe ir dirigida al desarrollo de las
infraestructuras necesarias, a fomentar el espíritu de empresa y de
economía social, facilitando el acceso a la financiación y sobre todo
a la formación.
Por tanto, entendemos que corresponderá a las distintas
administraciones comunitarias, nacionales, regionales y comarcales,
estructurar y fomentar una política coordinada que permita una
secuencia continuada de acontecimientos culturales, facilitando así
una mayor estabilidad en los empleos, tanto directos como indirectos,
derivados de algunas de las industrias de la cultura.
Deberemos darnos cuenta de que los efectos que generan los servicios
provenientes de este tipo de actividades no sólo permiten la
generación de nuevos empleos, sino que contribuyen a mejorar la
cohesión territorial, permitiendo crearlos en zonas económicamente
más desfavorecidas, zonas que normalmente recogen una riqueza en su
patrimonio cultural y artístico.
Valorando muy positivamente, como no podía ser de otra forma, esta
proposición no de ley, e intentando mejorarla, presentamos un texto
que (desde aquí le digo al señor
Alcaraz que, desde luego, aunque lo hayamos presentado como enmienda
de modificación lo puede entender como una transacción sin ningún
problema), como digo, no varía en nada el contenido fundamental de la
proposición inicial, en la que incluimos o en la que hemos deseado
incluir varias matizaciones.
En primer lugar, y previamente a todo el proceso de estudio o de
debate sobre la misma, entendemos que hay que definir qué es
considera actividad cultural, determinando qué actividades son
estrictamente culturales, involucradas o relacionadas con ellas. La
definición y homogeneización de estas clasificaciones estoy seguro
que nos va a permitir conocer este sector como primer paso en el
proceso de la creación de empleo.
Y en segundo lugar, y añadido al punto primero de la proposición
inicial, que nosotros hemos puesto como número dos, entendemos que
debe extenderse también a las asociaciones artesanales, a la Sociedad
General de Autores, a las asociaciones empresariales y profesionales
del teatro, cinematografía, radio, televisión y otras fundaciones
y asociaciones que trabajan en este sector.
Por otra parte, hay que advertir que ya el Ministerio de Educación y
Cultura, a través de la Subdirección General de Planificación y
Estadística, está participando en el grupo de trabajo de la Unión
Europea sobre el tema titulado «Cultura y Empleo».
Concluyendo ya, señor presidente, hemos de manifestar que desde la
perspectiva de una política de empleo todas las iniciativas tendentes
a facilitar la creación de éste son, desde luego, muy positivas. Pero
la creación de actividades a través del sector cultural nos parece en
el caso español una fuente muy importante y con mucha potencialidad a
la hora de generar puestos de trabajo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa). Por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Señorías, muy brevemente voy a fijar la
posición de mi grupo parlamentario. Ante todo, deseo felicitar la
iniciativa presentada por el Grupo Mixto, y dar nuestro apoyo a la
enmienda transaccional dirigida a mejorar el texto, pues todas las
iniciativas dirigidas a generar empleo (y más en estos momentos,
aunque el desempleo esté bajando) nos parecen muy acertadas y deben
tener una prioridad exclusiva. Solamente desearíamos que el estudio y
las medidas propuestas en la enmienda no quedasen en una declaración
de buenas intenciones, y que la proposición no de ley presentada, y
que aprobaremos, Dios mediante, por unanimidad, sea un primer paso
útil y eficaz en la creación de empleo en el sector cultural.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista recibe
con enorme interés la proposición no de ley del Partido de la Nueva
Izquierda, en la que nos propone que instemos al Gobierno a realizar
un estudio
en profundidad de las posibilidades de empleo en el campo de la
cultura.
Entendemos que es de interés, y también oportuna, esta propuesta
porque compartimos con el grupo proponente la idea de que los bienes
culturales, sin lugar a duda, corresponden un legado de especial
importancia para nuestro país. Esa importancia no sólo la centramos
en la cuestión educativa, sino que también nos parece que va más allá
y que es una ineludible fuente de riqueza.
Como fuente de riqueza que es, entendemos que estamos obligados en
nuestra responsabilidad a promover no sólo la conservación, sino
también su puesta en valor. Esta puesta en valor hace que nos
preocupemos de acrecentar este valor en el turismo cultural de masas,
sobre todo porque en nuestro país puede suponer una importante fuente
de empleo.
Nosotros queremos referirnos a dos cuestiones que nos parecen
esenciales. Por una parte, al documento europeo sobre cultura y
empleo, al que ya se ha hecho referencia aquí, en esta Comisión, y
que deriva de la cumbre de Luxemburgo. La cumbre europea de
Luxemburgo ponía especial énfasis en el empleo y, sobre todo, en
buscar nuevos yacimientos de empleo -esta proposición no de ley
indudablemente camina por esta senda-, y también en la formación.
Entendemos, por tanto, que ha de vincularse al programa nacional de
formación profesional, que ya contempla en su estructura la creación
de los llamados observatorios profesionales. Estos observatorios
profesionales tienen como objetivo proporcionar información sobre la
evaluación de la demanda y la oferta de las profesiones. Por tanto,
de esta proposición no de ley nosotros queremos subrayar de forma
especial que el estudio debe servir de manera muy especial a las
administraciones, tanto locales como regionales, para el desarrollo
de sus propios planes de formación y de empleo. También ha de servir
para las universidades, para las fundaciones y para las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la
cultura.
Consideramos que este estudio ha de servir de forma importante no
sólo a las administraciones, sino también a la sociedad civil, y en
ello comprometernos, porque estamos convencidos de que las
posibilidades de empleo en el campo de la cultura son especialmente
atractivas para nuestros jóvenes, y sin lugar a dudas una salida para
los titulados universitarios y para los titulados de formación
profesional. En este sentido, deseo reiterar que el Grupo
Parlamentario Socialista votará favorablemente esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, del grupo proponente: ¿acepta la
enmienda del Grupo Popular?
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, en los términos que he indicado
anteriormente.
El señor PRESIDENTE: En los términos que ha indicado anteriormente,
lo que no llegué ni llegamos a comprender; cómo califique la enmienda
del Grupo Popular creo que es indiferente.
El señor ALCARAZ RAMOS: Sencillamente, por simplificar, se acepta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las proposiciones no de ley con
arreglo al desarrollo del orden del día en la sesión de hoy.
En primer lugar la del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el
señor Chiquillo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en la redacción de la
enmienda transaccional que fue aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se somete a votación la proposición no de ley presentada por e Grupo
Socialista del Congreso en sus propios términos, dado que ha sido
aceptada la enmienda presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Comunico a SS. SS. que estamos votando conforme al orden del día que
establecimos hoy y por el que se ha efectuado el debate. Por tanto,
pasamos a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la señalada con el número 5, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con incorporación de la
enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17;
en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Punto 6.
Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, en la forma
establecida por la transaccional in voce presentada durante el
debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, con la enmienda aceptada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor Presidente: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran la una y cuarenta minutos de la tarde.
Nota. -El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del miércoles, 23 de septiembre de 1998, no guarda
relación cronológica habitual con el fin de no retrasar la
publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.