CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 514



ASUNTOS EXTERIORES



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LUIS YAÑEZ-BARNUEVO
GARCÍA, VICEPRESIDENTE PRIMERO



Sesión núm. 39



celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998



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ORDEN DEL DÍA:



Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por
la Ponencia, sobre el proyecto de la Ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Amsterdam por el que
se modifican el Tratado de la Unión Europea, los
Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y determinados actos conexos, firmado en
Amsterdam el día 2 de octubre de 1997.

(Número de expediente 121/000116) (Página 3)



Comparecencia del señor Secretario de Estado de
Política Exterior y para la Unión Europea (De
Miguel y Egea) para informar sobre:



- Posición del Gobierno acerca de la posible
vulneración de los derechos humanos de dichos país. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000595) (Página 12)



- Iniciativas diplomáticas realizadas por su
departamento ante la gravedad del proceso y sentencia
del juicio llevado a cabo en Malabo porlos sucesos
acaecidos el día 21 de enero de 1998 en Guinea
Ecuatorial. A solicitud del Grupo Socialista del
Congreso. (Número de expediente 213/000695) (Página 12)

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- La situación política en Guinea Ecuatorial.

A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán,
Convergencia i Unió. (Número de expediente 212/001469)
(Página 12)



- Alcance de las negociaciones y, al parecer, reciente
acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y
España sobre utilización militar de la base del Peñón
de Gibraltaren operaciones y ejercicios de la
OTAN. Asolicitud del Grupo Socialista del Congreso.

(Número de expediente 213/000728) (Página 22)



- Últimas acciones diplomáticas llevadas a cabo por el
Gobierno con relación a Gibraltar. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

(Número de expediente 213/000736) (Página 22)



Preguntas:



- De señor Recoder i Miralles (Grupo Catalán de
Convergencia i Unió), sobre la opinión del Gobierno
en relación con la grave situación por la que atraviesa
el respeto a los derechos humanos en
Colombia. (Número de expediente 181/001696) (Página 27)



Proposiciones no de ley:



- Sobre medidas a adoptar ante la grave situación en Turquía.

Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente
161/000952) (Página 29)



- Sobre Guinea Ecuatorial. Presentada porel Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001060) (Página 32)



- Sobre la intensificación de las relaciones entre
España y Filipinas. Presentada porel Grupo
Parlamentario
Popularen el Congreso. (Número de expediente 161/001078)
(Página 34)



Dictamen sobre:



- Convenio porel que se crea la Oficina Europea de
Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague
el 1 de septiembre de 1996. (Número de expediente
110/000192) (Página 36)



- Tratado de extradición entre el Reino de España y la
República de Nicaragua, firmado en Managua
el 12 de noviembre de 1977. (Número de expediente
110/000193) (Página 36)



- Convenio relativo a la adhesión de la República de
Austria, de la República de Finlandia y del
Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, así como al
protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal
de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el
Convenio relativo a la adhesión del
Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el
Convenio relativo a la adhesión de la República
Helénica, así como por el Convenio relativo a la
adhesión del Reino de España y de la República
Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de noviembre
de 1996. (Número de expediente 110/000194) (Página 36)



- Canje de notas constitutivo de acuerdo entre los
Gobiernos del Reino de España y de la República
Federal de Alemania sobre el Estatuto de las Fuerzas
Españolas durante estancias temporales en
la República Federal de Alemania, y declaraciones
relativas al ejercicio de la jurisdicción penal.

(Número de expediente 110/000195) (Página 36)



- Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la protección de
los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.

(Número de expediente 110/000196) (Página 36)



- Enmienda del párrafo 13 de las reglas de financiación
anejas a los Estatutos de la Organización
Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25 de
septiembre de 1981. (Número de expediente
110/000197) (Página 36)



- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3
del Tratado de la Unión Europea y del apartado
3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a los
privilegios e inmunidades de Europol, los
miembros de sus órganos, sus directores, adjuntos y sus
agentes, hecho en Bruselas el 19 de junio
de 1997. (Número de expediente 110/000198) (Página 36)



- Canje de notas, constitutivo de acuerdo, entre España
y Estados Unidos, por el que se prorroga el
acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica
y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento
en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero
de 1964, hecho en Madrid el 14 y el 28 de enero de
1998. (Número de expediente 110/000199) (Página 37)



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- Convenio entre el Reino de España y la República de
Bolivia sobre asistencia judicial en materia
penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998. (Número
de expediente 110/000200) (Página 37)



- Tratado entre el Reino de España y la República
Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de
drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de
1998. (Número de expediente 110/000201) (Página 37)



- Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y
la diversidad biológica en el Mediterráneo,
firmado en Barcelona el 10 de junio de 1995, anexos
adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de
1996 y declaraciones adjuntas a dicho protocolo.

(Número de expediente 110/000202) (Página 37)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de
la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (Yáñez-Barnuevo García):
Buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión
de Asuntos Exteriores. Sustituyo al presidente Javier
Rupérez, que por una ligera indisposición no puede estar
con nosotros. Le deseamos que se recupere prontamente.




- EMITIR DICTAMEN, A LAVISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE
EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA
QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR
ESPAÑA DEL TRATADO DE AMSTERDAM
POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO
DE LA UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS
CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS
CONEXOS, FIRMADO EN AMSTERDAM EL
DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1997. (Número de expediente
121/000116).




El señor VICEPRESIDENTE: Sin más, entramos en
el punto primero del orden del día que se refiere al proyecto
de ley orgánica que autoriza la ratificación por España
del Tratado deAmsterdam por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado
en Amsterdam el día 2 de octubre de 1997. Autor el
Gobierno. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra).




Señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Antes de que
comience el debate y votaciones sobre el Tratado de Amsterdam,
simplemente quería comentar una cuestión de
orden.

Según me informan los miembros de mi grupo, en la
Mesa y en la Junta de portavoces de la Comisión se estableció
un orden del día para esta reunión con comparecencias
del Gobierno que se basaban en la asunción de que el
ministro estaba disponible para venir a esta Comisión.

Evidentemente el ministro no está disponible porque
está cumpliendo otras tareas en Naciones Unidas.

Quisiera pedir simplemente que en la programación de
los trabajos de la Comisión se tuviera en cuenta la agenda
del ministro, porque en otro caso nos encontraremos fijando
fechas de Comisión para tareas de control parlamentario
en las que difícilmente contaremos con el ministro si tiene
otras obligaciones que son imperativas como en este caso.

Simplemente quería decir eso.




El señor VICEPRESIDENTE: Constará en acta la
petición del Grupo Socialista, y en su caso la Mesa lo transmitirá
al Ministerio de Asuntos Exteriores a los efectos
oportunos.




Como siempre, primero, debate de las enmiendas, el
turno en contra y fijación de posiciones de grupos.




¿Quién tiene presentadas enmiendas? (Pausa).




Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas la
representante del Grupo Vasco.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señorías, nos
enfrentamos hoy a la aprobación mediante ley orgánica del
Tratado deAmsterdam con la idea de una Europa integrada
que cumple sus primeros 50 años. Pertenezco a un partido
que tuvo participación en los albores de esta idea ya que
destacadas personalidades del Partido Nacionalista Vasco
estuvieron en su nacimiento; lo digo a los efectos de dejar
constancia de nuestro europeismo del que tantas veces nos
habrán oído hacer gala.

La postura genérica de mi grupo respecto de nuestra
adhesión al tratado quedó ya manifestada en el debate de
totalidad que tuvo lugar en el Pleno de la Cámara, en el que
ya dijimos que encontrábamos defectos a lo acordado.

Efectivamente, dicho en términos coloquiales, lo definitivamente
aprobado no es para echar cohetes, tiene deficiencias
importantes, pero a lo que es el texto del tratado mi
grupo da su inequívoco voto favorable a la aprobación.

Entre los déficits que señalábamos, y con ello me adentro
en el terreno de las enmiendas que mi grupo tiene presentadas,
estaba sobre todo el de la participación regional.

Manifestaba yo entonces, y repito ahora, que los problemas
para hacer valer nuestros planteamientos en este sentido, la
idea de que estamos hablando de un Estado compuesto, un
Estado con poderes locales importantes, los habíamos
encontrado aquí en Madrid y no en Bruselas. El Estado en
toda la negociación se ha negado a asumir cualquier propuesta
en esta materia. Decía yo que además de no admitir
las propuestas que se le venían manifestando desde los grupos



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que sosteníamos este criterio, también había habido
por parte del Gobierno una actitud obstruccionista a planteamientos
procedentes de otros Estados. La realidad, decíamos,
es tozuda y acaba dándonos la razón en las propuestas
que planteábamos puesto que en el mes de junio del año
pasado Bélgica, Alemania y Austria presentaban en la
Mesa de negociaciones una propuesta de declaración de
estos tres Estados en la que se señalaba expresamente que
la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el
principio de subsidiariedad, concierne no sólo a los Estados,
sino también a sus entidades en la medida que dispongan
de competencia legislativa reconocida en su ordenamiento
constitucional. El Estado español, por tanto, ya no
tenía que comprometerse personalmente a nada, no tenía
que presentar ninguna iniciativa; le hubiera bastado simplemente
con sumarse a esta declaración presentada por
otros países. Al contrario de lo que nosotros pretendíamos,
no solamente no se adhirió a esta declaración, sino que ni
siquiera informó a las comunidades autónomos de que esta
declaración había sido presentada.

La tenacidad del grupo que represento a este respecto
se ha manifestado a lo largo del último año en su participación
en distintas iniciativas, unas instadas por este mismo
grupo, otras de distintos grupos, pero que hemos apoyado
entusiásticamente en relación con la participación regional.

Citaré entre ellas la proposición no de ley de 20 de febrero
que fue aprobada por el Parlamento vasco con el apoyo de
todos los grupos de la Cámara, y lo digo para que se tenga
constancia de ello por los grupos que tienen representación
aquí y también en el Parlamento vasco.

En segundo lugar citaré la proposición no de ley de
marzo en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea, que igualmente recibió el apoyo de todos
los grupos de la Cámara -repito, Grupo Popular, Grupo
Socialista, además de los grupos nacionalistas- y votaron
a favor de ella. El mismo criterio se siguió en relación con
la moción consecuencia de una interpelación que había
sido presentada en la Cámara por la señora Lasagabaster en
el propio mes de marzo. En el mismo sentido quiero señalar
también la resolución número 47 aprobada en el debate
del estado de la Nación el día 14 de mayo.

No ha existido, por tanto, sólo debate político con intervención
de los parlamentos sobre la materia a que se refieren
las enmiendas que tenemos presentadas, lo cual sería
importante, sino que además ha habido aprobación efectiva
de determinadas iniciativas. El proceso, por tanto, está iniciado
y abierto; por eso nos ha parecido políticamente
oportuna y jurídicamente correcta la presentación de las
dos enmiendas que sostenemos. No lo son al tratado, lo he
repetido ya hasta la saciedad, sino que la primera pretende
algo tan obvio como incluir en la exposición de motivos en
la que el Estado español esta Cámara manifiesta cuál es su
postura en relación con el tratado que se aprueba, como
que siguiendo la tendencia de Maastricht el tratado que
ahora se aprueba, el Tratado de Amsterdam, amplía campos
de actuación de la Unión Europea en materias que son
competencias de las comunidades autónomas. Repito no es
más recoger una obviedad. La ampliación del tratado está
recogiendo materias que en función de la propia Constitución
y en función de lo recogido en los Estatutos están asumidas
por las comunidades autónomas.

En lógica coherencia con este añadido que pretendemos
introducir en la exposición de motivos se añade también
una disposición adicional, al margen, repito, del contenido
propio del tratado. En esta disposición adicional se pretende
un avance sobre lo establecido en la vigente Ley 2/1997
por la que se creó la Conferencia para asuntos europeos.

Recoge algo también tan lógico y sensato como que en las
materias en que tienen competencia las comunidades autónomas
y que resultan afectadas por el tratado que se aprueba,
se promoverá un acuerdo entre la Administración del
Estado y la Administración de las comunidades autónomas,
en el que se haga posible la información y el seguimiento
completo por las comunidades autónomas de los
asuntos que afecten a sus competencias. Creo que mayor
sensatez, mayor mesura en el planteamiento no puede
pedirse cuando de una realidad de Estado de composición
plural se trata. Igualmente se dice que se abrirán vías eficaces
de concertación interna de posiciones sobre estos asuntos
y se articulará la presencia de representantes autonómicos
en la delegación del Estado, en los órganos de la Unión
Europea.

Creemos que es necesario avanzar sobre lo establecido
en la vigente ley puesto que el sistema no está funcionando
y para ello me remitiré a la comparecencia celebrada al
finalizar el pasado período de cesiones por el consejero
para Asuntos Europeos en la Comisión de Administraciones
Públicas. Se evidenció en esa comparecencia que el
sistema articulado no sirve absolutamente para nada, a las
comunidades autónomas no les llega la información, les
llega poca y la poca que llega llega tarde. Creemos que
éste es el momento adecuado para avanzar en la idea de
participación regional que venimos sosteniendo desde
hace tiempo.

Nos parece, además, que el instrumento normativo que
se utiliza es el correcto. Estamos hablando de una ley orgánica
que permitiría plasmar lo que es una realidad constitucional
dentro de este Estado y que además se podría instrumentar
sin necesidad de hacer ningún retoque ni reforma
constitucional, que como es sabido es un tema tabú en estos
tiempos.

Creemos, por tanto, que la iniciativa contenida en las
dos enmiendas que presentamos es oportuna puesto que
recoge una realidad que es una obviedad, lo ha sido hasta
ahora sobre todo con la aprobación de la ampliación de
competencias del tratado; y en segunda lugar que se hace
de forma jurídicamente correcta y con perfecto encaje
puesto que hace referencia no al texto concreto del tratado,
sino al añadido que estas Cortes tienen competencia para
hacer en relación con la asunción del mismo por el Estado
español.




El señor VICEPRESIDENTE: ¿Turno en contra de
esta enmienda? (Pausa).




En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: El trámite que nos
ocupa hoy es el aprobación en Comisión del proyecto de
ley por el que se autoriza la ratificación por España del Tratado
de Amsterdam por el que se modifican elTratado de la



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Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y determinados actos conexos.

Como recordarán SS.SS., esta Cámara participó activamente
en la negociación a través de la ponencia constituida
al efecto en el seno de la Comisión Mixta para la Unión
Europea, en la que hubo una corriente permanente entre el
Gobierno y el Parlamento y cuyas conclusiones se plasmaron
en un informe y dictamen aprobado unánimemente por
la Cámara.

La posición del Gobierno en la negociación coincidió
plenamente con el contenido del dictamen de la Comisión
Mixta de 29 de mayo de 1997, que a su vez recogía los
principios y contenidos de la Comisión Mixta de 26 de
diciembre de 1995 con motivo de la anterior ampliación.

Asimismo manifestaré, a tenor de lo que ha dicho Margarita
Uría respecto a la subsidiariedad, que este tema fue ya
objeto de una comparecencia del Ministro de Asuntos
Exteriores en la Comisión Mixta para la Unión Europea, el
10 de marzo de 1998 y a consecuencia de una intervención
del señor Navas Amores. En aquella ocasión, el ministro de
Asuntos Exteriores precisó que la postura del Gobierno
sobre la cuestión coincidía con lo aprobado por la Comisión
Mixta para la Unión Europea en el referido dictamen
de 26 de diciembre de 1995 y 29 de mayo de 1997, en el
sentido de que el contenido de las declaraciones de Edimburgo
y Birmingham deberían ser el núcleo de un posible
nuevo texto sobre los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.

El citado informe de la Comisión Mixta
añadía que no debían aceptarse planteamientos que abriesen
la vía a una renacionalización de las políticas comunitarias,
que precisamente éste era el tema conflicto, y que
por tanto no era conveniente modificar el artículo 3, b), del
tratado.

Todos los aquí presentes somos conscientes de que
Amsterdam y sus logros, también sus deficiencias, son
resultado y consecuencia, entre otras cosas, de algunas
frustaciones de Maastricht, pero ésta es la cadencia o el
ritmo, por ponerlo en términos musicales, del proceso de
construcción europea y así ha sido desde el principio, dos
pasitos p’alante y uno p’atrás, como dice la melodía que
todos conocemos.

EL PNV ha presentado dos enmiendas, una al preámbulo
y otra al articulado del proyecto. Las dos tratan de un
tema que, como ha señalado Margarita Uría, ha acaparado
nuestra atención en fechas recientes y cuya importancia
comparto. No sólo comparto el interés del PNV porque éste
es un tema objetivamente importante al que se tiene que
encontrar una solución sino también porque vengo de una
de las cuatro comunidades autónomas con mayor techo
competencial en el mapa autonómico del Estado español.

Nuestros amigos del PNV saben hasta qué punto me
encuentro implicado, con el respaldo concreto de mi grupo
parlamentario, en todos los avances que se han realizado al
respecto, y espero continuar asociado a ellos en la medida
que se continúen realizando en el futuro. Obvio la enumeración
de todos ellos pues, como ha dicho la señora Uría,
todo esto se encuentra contenido de alguna manera en el
«Diario de Sesiones» de 10 de marzo de 1998, cuando los
grupos parlamentarios discutimos una moción de la señora
Lasagabaster.

El Gobierno comenzó el pasado 10 de junio este proceso,
en el cual nos implicamos todos el 10 de marzo pasado,
analizando precisamente los dos aspectos objeto de la
enmienda del PNV: el proceso de cooperación interna y el
de participación directa. En este sentido, el ministro de
Administraciones Públicas, el señor Rajoy, presentó un
informe de análisis y del funcionamiento de las conferencias
sectoriales; asimismo comenzó un intercambio de puntos
de vista de las bases o principios sobre los que debería
construirse el sistema de participación directa de los representantes
autonómicos en la delegación del Estado en los
órganos de la Unión Europea. En estos momentos, el
Gobierno está a la espera de la respuesta de las comunidades
autónomas, incluida la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en relación a la elaboración de un primer documento
de consenso relativo a las competencias exclusivas y no
exclusivas. Los pasos que se dan son éstos porque, a nivel
comunitario, en el ámbito de la Unión Europea el tema
competencial es también objeto de análisis y debate, un
estudio caso por caso de cómo desarrolla la Comunidad
Europea sus competencias para identificar con la mayor
claridad y objetividad posible aquellas que deben ser objeto
de participación por los distintos niveles de la Administración
del Estado.

Señor presidente, mi grupo parlamentario y el Gobierno
se encuentran comprometidos por un acuerdo suscrito
en este Parlamento el pasado 10 de marzo para dar soluciones
a los temas planteados en las enmiendas del PNV, proceso
que como he señalado ha comenzado ya. No creemos
por tanto que sea procedente en este trámite parlamentario
de ratificación del Tratado deAmsterdam que debemos llevar
a cabo lo antes posible, introducir un tema interno de
nuestro Estado, del Gobierno y de las comunidades autónomas,
para cuya resolución nos hemos otorgado un marco
que es el adecuado.




El señor VICEPRESIDENTE: Habiéndose producido
la defensa de las enmiendas y un turno en contra, voy a dar
paso a las peticiones de posición de los distintos grupos.




Para el Grupo Mixto, intervendrán la señora Lasagabaster
y el señor Peralta, a quienes ruego sean discretos en el
uso de su tiempo.




La señora Lasagabaster tiene la palabra.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Seré
muy breve, señor presidente, porque el contenido de las
dos enmiendas, una a la exposición de motivos de la ley
orgánica y una disposición adicional, responden a debates
que hemos tenido en esta casa en muchísimas ocasiones,
yo creo que especialmente más acentuados en el último año
con motivo de la negociación del Tratado de Amsterdam,
tanto en la Comisión Mixta para la Unión Europea como
en los debates que se sucedieron con laproposición del Partido
Nacionalista Vasco y la interpelación que esta diputada
presentó en su momento. Desde luego votaremos a favor
de las dos enmiendas porque entendemos que hacen referencia
a una cuestión muy importante y de mucho calado
político, especialmente en lo que se refiere a lo que debe
ser el Estado, no un Estado centralista sino un Estado no



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solamente descentralizado; un Estado autonómico con
todas las peculiaridades que ello conllevaba, y en definitiva
con el establecimiento, aprobación y ratificación de unos
estatutos de autonomía que en casos diferentes establecían
determinadas competencias a otros entes que no eran las
instituciones de la Administración del Estado. En este sentido
creemos que para que se pueda mantener lo que fue y
lo que debe ser ese espíritu de Estado autonómico era y
sigue siendo absolutamente necesaria, una participación,
no solamente la cooperación interna sino la participación
directa de estas comunidades autónomas en las competencias
que fueren de su menester en determinadas instituciones
de la Unión Europea. Con este espíritu hemos hecho
múltiples intervenciones, tanto de enmiendas al dictamen
de la Comisión para la negociación del Tratado de Amsterdam
como a las proposiciones o mociones respectivas, y
estamos a la espera de que a lo largo de las negociaciones
en la Conferencia de Asuntos Europeos se pueda llegar a lo
que aquí se decidió en esta casa, que es la articulación de
esa participación directa.

En este sentido, una vez más creemos que es absolutamente
oportuno establecer estas dos precisiones en la exposición
de motivos y en una disposición adicional, que yo
creo no redunda para nada y que es absolutamente oportuna
porque vuelvo a señalar éste es un tema de mucho calado
político que quizá no es compartido por todos pero creo
que sería el mejor beneficio que podríamos hacer a lo que
creemos debe ser el Estado autonómico.

En este sentido, señor presidente, y para cumplir la brevedad
que le he prometido, señalar que votaremos a favor
de estas dos enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE: No lo he dicho antes,
pero entiendo que el debate general de fijación de posiciones
es sobre la enmienda y sobre el Tratado en general; no
vamos a hacer un trámite posterior al debate sobre la
enmienda.




El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de Nueva
Izquierda-Iniciativa por Catalunya, y tal como tuvimos
ocasión de manifestar en su momento en el debate de totalidad
del Tratado, tenemos una posición claramente favorable
al mismo por considerar que supone un paso adelante
significativo en un proceso complejo, en un proceso gradual,
en un proceso que durará tiempo para la construcción
de la Unión Europea. En este proceso, insisto, que será
complejo, gradual y que durará tiempo, este Tratado de
Amsterdam significa en nuestra opinión un paso adelante,
y por tanto merece nuestro apoyo.

En este paso adelante ocupa un lugar significativo la
ampliación de competencias que corresponden a los órganos
comunitarios. Éste es precisamente uno de los temas
que se abordan en una de las dos enmiendas defendidas por
el Grupo Parlamentario Vasco, la que hace referencia a la
exposición de motivos, en donde precisamente quiere dejar
constancia de esa ampliación de competencias que corresponde
a los órganos comunitarios.

Por nuestra parte queremos destacar que esta ampliación
de competencias ha sido adoptada de forma democrática
por los Gobiernos representativos de las ciudadanas y
ciudadanos europeos, y por supuesto de acuerdo también
con la mayoría de las regiones que integran los distintos
Estados de la Unión Europea, porque en todos ellos se
constata la necesidad de que al nivel en que hoy se plantean
los problemas, nivel que trasciende los ámbitos locales
regionales e incluso estatales, se establezcan órganos políticos
democráticos con capacidad de abordar esos problemas,
y en la línea que se avanza en la democratización de
los órganos de la Unión Europea se avanza también progresivamente
en un proceso de ampliación de competencias.

Por tanto ése es un proceso deseado por los ciudadanos
europeos, es un proceso deseado por las instituciones
democráticas europeas de cualquier nivel, y es un proceso
que a nosotros nos parece positivo y apoyamos.

En ese orden de cosas creemos que la posición del
Grupo Parlamentario Vasco, concretada en su segunda
enmienda que pretende añadir una disposición adicional, es
adecuada en cuanto refleja la necesidad de que los temas
relativos a la Unión Europea, que cada día son más temas
por esa ampliación de competencias a que hacemos referencia,
sean objeto del máximo debate democrático en el
interior de cada Estado. Por supuesto, en la definición del
ámbito democrático interior de cada Estado existe una configuración
distinta, en nuestro país las comunidades autónomas
desempeñan un papel muy importante, y no cabe
duda de que cualquier Gobierno responsable, cualquier
fuerza política responsable debe apostar porque las comunidades
autónomas, y en general todas las administraciones,
participen de la manera más activa en al definición,
seguimiento y acuerdos acerca de las políticas que posteriormente
se defiendan en el ámbito europeo.

Nosotros, sin embargo, discrepamos de que técnicamente
la solución adecuada sea añadir una disposición adicional
a un proyecto de ley que su contenido normativo, no
digamos ya su exposición de motivos, es perfectamente
acordado con la Unión Europea. En estos momentos se
puede comprobar que el proyecto de ley consta de una
única disposición adicional, en la que se recoge una declaración
del Estado español aceptada por la Unión Europea.

Pretender introducir en este proyecto de ley una cuestión
con el argumento de que forma parte de la vida interna de
nuestro país, nos parece que es técnicamente poco creíble,
y que en definitiva es un problema político que no se va a
resolver con declaraciones del estilo de las que se plantean
en esa disposición adicional sino con un esfuerzo político
con una voluntad política, porque en definitiva estamos
dando pasos para ese avance enla construcción y en la definición
de un modelo de Estado. El propio grupo parlamentario
reconoce que estamos planteando un modelo de Estado
que ellos pretenden abordarlo aquí mediante estas
enmiendas, sin necesidad -dicen literalmente- de llegar
a una reforma constitucional que en el momento actual
plantearía muchas dificultades. Nosotros creemos que sin
lugar a dudas la mejor manera de abordar este tema es
mediante el consenso de las fuerzas políticas y mediante el
trabajo cotidiano.

Apostamos por esa línea y no creemos que sea adecuada
técnicamente ni oportuna políticamente esa enmienda,
aunque podamos compartir el espíritu de fondo.




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Siendo eso así en las enmiendas que se plantean, y siendo
en definitiva globalmente favorable la posición de nuestro
grupo al Tratado de Amsterdam, queremos decir que tal
como hicimos en el Pleno volveremos a votar a favor del
mismo.




El señor VICEPRESIDENTE: El señor Mardones
tiene la palabra en nombre de Coalición Canaria.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria
va a dar con nitidez y firmeza su voto de apoyo a esta ratificación
por parte de España en este trámite de Comisión,
para seguir adelante hasta el trámite definitivo de este proyecto
de ley para la ratificación por parte de España del
Tratado deAmsterdam que modifica el Tratado de la Unión
Europea y los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas, así como sus actos conexos que se firmaron el 2
de octubre el pasado año, en la localidad de Amsterdam.

Lo hacemos en primer lugar con un punto de vista consecuente
que hemos mantenido siempre desde 1985, y en
1986 desde el ingreso de España en las entonces Comunidades
Económicas Europeas, al ratificar también el Acta
Única y el Tratado de Maastricht.

Estamos en verdad ante un documento formal que es
sencillamente una ley orgánica con artículo único y que
como viene a autorizar la ratificación es lo que a nosotros
nos permite dar este principio de política de Estado con el
voto afirmativo.

Hay un segundo valor muy importante a destacar para
Coalición Canaria. Las gestiones tanto del Gobierno anterior
de la pasada legislatura como del Gobierno actual, han
recogido el eco muy fuerte de la opinión pública canaria,
dado su régimen específico tanto económico como fiscal,
con una legislación singularizada dentro de las normas
comunes del Estado español en la Unión Europea, y es la
condición para Canarias de régimen económico especial y
su condición de lejanía e insularidad reconocida por la propia
Unión Europea con documentos como los denominados
Poseican.

En esa línea habíamos trabajado todos estos pasados
años, conjuntamente el Gobierno autónomo canario con el
Gobierno central, para conseguir un estatuto específico, lo
que se llama reconocimiento del carácter ultraperiférico e
insular del archipiélago canario. El apoyo conjunto con
gobiernos en las mismas circunstancias, como Portugal y
Francia, ha llevado a feliz término que el Tratado de Amsterdam
introduzca en el viejo artículo 227 el nuevo artículo
299.2, donde se reconoce el carácter de regiones ultraperiféricas,
en este caso concreto de Canarias.

No podíamos por tanto estar tranquilos con la demora
que nuestro Parlamento viniera a ratificar este fundamental
e importantísimo Tratado. De aquí la urgencia para nosotros
en la tramitación parlamentaria para que no ocurriera
que en este momento las autoridades españolas, tanto centrales
sobre todo del Ministerio de Economía y Hacienda,
como autonómicas de la Administración autónoma canaria,
al ir a reivindicar una serie de apoyos en Bruselas se pudieran
encontrar con que las autoridades comunitarias les
pudiera decir: no me invoque usted la necesidad de disponer
de una serie de fondos estructurales, de cohesión, etcétera,
la ayuda a la lejanía e insularidad, cuando ustedes en
el Parlamento Nacional español no han ratificado todavía
el Tratado de Amsterdam. De aquí la perentoriedad y
urgencia para que este trámite se haga, y también nuestra
contundencia en votar y apoyar favorablemente esta ley
orgánica para su ratificación.

Dentro de esa ley orgánica vamos también a votar, no
solamente el artículo único sino la disposición adicional,
porque entendemos que esta declaración que hace España
es importante. En las interpretaciones que se puedan hacer
de determinadas actuaciones, como es el caso de la fiscalidad
del archipiélago canario, es muy importante que remitiéndonos
-como viene a hacer la disposición adicional-
a la jurisdicción con el carácter prejudicial del Tribunal de
Justicia Europeo, tengamos las garantías de esa reserva que
hace España con esta disposición adicional, porque no es la
primera vez que en las negociaciones de los aspectos económicos
y fiscales del régimen canario ante la Unión Europea
las autoridades comunitarias hacen una especie de
interpretaciones que chocan frontalmente con los deseos
democráticos parlamentariamente expresados y democráticamente
ratificados por la ciudadanía española, y en este
caso también en el Estatuto de autonomía de Canarias, con
interpretaciones muy específicas en las cuales el Gobierno
español, como parte de Estado negociador, debe tener a su
favor declaraciones de interpretación de este aspecto.

Respecto a las enmiendas que había presentado el
Grupo Parlamentario Vasco (EJAJ-PNV), nosotros estamos
de acuerdo en el fondo, estamos de acuerdo en que
haya una representación negociadora del Estado español
con la Unión Europea y una representación de las comunidades
autónomas, pero no creemos que este texto de ley
orgánica sea el lugar adecuado para ello. Por tanto, nos
vamos a abstener y si, en su momento, el PNV tiene una
iniciativa parlamentaria que, dentro del régimen jurídico
español, venga a solicitar la presencia de las comunidades
autónomas en las negociaciones de Estado para aquellos
temas singulares y específicos que Canarias ha reclamado
muchas veces para casos de cultivos tradicionales y específicos
de aquel archipiélago, como puede ser el cultivo del
plátano, lo haríamos así.

En consecuencia, repito que en ese trámite nos vamos
a abstener, por entender que lo que aquí se discute y se
vota es exactamente el texto -como la vez anterior en el
Tratado de Maastricht y en el de la Unión Europea- de
una ley orgánica que permita la ratificación cuanto antes
por el Parlamento español de este fundamental e importantísimo
tratado, en el que Canarias, como parte del Estado
español, pero de una manera singularizada, se ve reflejada,
citada explícitamente y reconocida en su derecho de
lejanía e insularidad en el reconocimiento como región
ultraperiférica.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Antes de hacer
referencia a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), creo que es importnate destacar
una obviedad: la solemnidad del momento en el que,
finalmente, esta Cámara inicia el primer trámite de ratificación



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del Tratado de Amsterdam, superada la enmienda a la
totalidad presentada en su momento. Somos unos de los
últimos parlamentos de Europa en ratificar ese Tratado de
Amsterdam, siendo uno de los países más interesados en su
entrada en vigor.

Sobre el propio tratado, ya hemos manifestado nuestra
opinión en sucesivas ocasiones, en el sentido de que es un
paso importante en la construcción europea, que desde sus
orígenes forma parte del ideario de Convergència i Unió;
sin embargo, es un paso corto, es un tratado pobre, un tratado
que se quedó muy lejos de lo que algunos querríamos,
pero eso no lo descalifica ni es argumento suficiente para
oponerse a él. Sí lo es para perder un poco de ingenuidad,
para tener un espíritu crítico constructivo y destacar la gran
cantidad de lagunas que existen por falta de coraje político
por parte de todos nuestros líderes europeos tomados como
conjunto. En el Tratado de Amsterdam faltan pasos mucho
más audaces de los que se dan en este momento en la construcción
europea.

Dicho esto, tengo que manifestar que compartimos con
el Partido Nacionalista Vasco la inquietud, la constatación
de que, efectivamente, el Tratado de Amsterdam, como no
puede ser de otra manera -es un proceso que irá in crescendo
en los próximos tiempos-, pasa a atribuir a las
comunidades europeas competencias que hoy están en
manos de las comunidades europeas competencias que hoy
están en manos de las comunidades autónomas. Dentro de
este proceso en que estamos embarcados hay una doble
cesión de soberanía: una cesión hacia dentro, que se dio
con los sucesivos estatutos de autonomía, y una cesión
hacia fuera, que se da en las cesiones del Estado a las
comunidades europeas. Ese doble proceso de cesión, hacia
arriba y hacia abajo o hacia dentro y hacia fuera, no es
perfectamente
complementario, sino que se superpone, y se da
el hecho de que, por ejemplo, en este tratado hay competencias
que hoy están asumidas por las comunidades autónomas
y que, sin embargo, el Estado central, como única
voz hacia el exterior, las cede -en todo o en parte, más
bien en parte- a las comunidades europeas. Por tanto, es
absolutamente cierto que la participación de las comunidades
autónomas en la propia gestión de esas competencias a
nivel europeo es una necesidad creciente y no del todo
resuelta. En caso contrario, lo que estaríamos haciendo es
vaciar de sentido el título VIII de la Constitución, vaciar de
sentido los estatutos de autonomía por la vía de ceder competencias
a las comunidades europeas, y que después sea
sólo el Estado central el que pueda formar la voluntad exterior
del Reino de España en el consenso de los distintos
Estados miembros de la Unión a la hora de determinar las
políticas.

Sentimos como el que más, y muy particularmente
como el Partido Nacionalista Vasco, la necesidad de que
este tema sea plenamente resuelto y entendemos que en
este momento no lo está, que no está resuelto como debería.

Vimos un gran avance, y en su momento así lo hicimos
notar en la ley -una de las primeras leyes de esta legislatura-
que regula la Conferencia para asuntos relacionados
con las comunidades europeas, que fue una ley que formaba
parte del acuerdo entre Convergència i Unió y el Partido
Popular y que después fue aprobada aquí con nuestros
votos y nuestra satisfacción en cuanto al marco jurídico,
satisfacción que es menor respecto al uso que de esa ley
está haciendo el Gobierno, lo que nos llevaría a un debate
que no corresponde propiamente a esta Comisión, pero sí
es importante dejarlo claro aquí. No estamos plenamente
satisfechos de cómo está funcionando eso, como tampoco
lo estamos, y también ahí compartimos la inquietud del
Partido Nacionalista Vasco, del papel que está teniendo el
teórico representante -así llamado- de las comunidades
autónomas en la representación permanente de España en
Bruselas. Ese mecanismo no está todo lo evolucionado,
todo lo perfeccionado que podría estar.

Tampoco funciona correctamente, es más, funciona
muy mal, la participación de las comunidades autónomas
en los distintos grupos de trabajo del Consejo de Ministros
de la Unión Europea y en las propias reuniones de dicho
Consejo. Ésa es una aspiración sobre la cual nos hemos
pronunciado en varias ocasiones en esta Cámara, como ha
recordado la portavoz del Grupo Vasco; en esta Comisión
Mixta hubo una proposición no de ley al respecto; posteriormente,
hubo una moción en el Pleno y, finalmente, una
resolución en el debate sobre política general o debate
sobre el estado de la Nación.

Nuestra posición sobre este tema es inequívoca: deben
perfeccionarse los mecanismos de participación de las
comunidades autónomas en los mecanismos de toma de
decisión de la Unión Europea y mientras eso no ocurra se
está dando un fraude constitucional en la medida en que se
están violando competencias que están atribuidas a las
comunidades autónomas; en la medida en que se están asumiendo
por el Gobierno central por la vía de la cesión al
nivel de la Unión Europea. En consecuencia, quiero que
quede bien clara la posición en términos políticos de mi
grupo parlamentario y que no quepa la más mínima duda al
respecto. Incluso diría que nosotros -espero que los
demás grupos también- somos de los que creemos que las
votaciones del Pleno de la Cámara no son papel mojado y,
por tanto, entendemos que el Gobierno hoy, tiene la obligación
de estudiar y resolver este tema, obligación que nace
de la votación a favor de una resolución al respecto en el
debate de política general. No creemos que ésas sean resoluciones
para colgar en un marco y simplemente releerlas
al año siguiente, cuando se vuelta a producir ese mismo
debate.

Partiendo de esa base, partiendo de que entendemos y
subrayamos que el Gobierno está comprometido con lo que
es el contenido de la enmienda del Partido Nacionalista
Vasco, que tiene la obligación, si no jurídica, sí política e
indiscutible de resolver este tema en un plazo razonable y
de común acuerdo con las comunidades autónomas, no
compartimos la idea de que la mejor manera de resolver
eso sea introducir una disposición adicional en la ley orgánica
por la que se ratifica el Tratado de Amsterdam, disposición
adicional que en su propia redacción tampoco tiene
un contenido netamente imperativo, sino que no deja de ser
una cierta admonición al Gobierno para que resuelva esto,
redundando en compromisos políticos que esta Cámara ya
ha llevado a cabo.

Desde esa perspectiva, y estrictamente desde esa perspectiva,
es decir, sin que se matice ni suavice ni un ápice
nuestro posicionamiento político al respecto, pero sí desde
el convencimiento de que no es en la ley orgánica de ratificación



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del Tratado de Amsterdam donde debe ser resuelto
este tema por la vía de una disposición adicional, mi grupo
no dará su apoyo a la enmienda del Grupo Vasco. Lo puede
dar, y lo dará, a la primera de las dos enmiendas, que sencillamente
pretende introducir un párrafo clarificador en la
exposición de motivos.

Esto tiene un alcance netamente distinto. La exposición
de motivos de esta ley orgánica es un exposición que tiene,
por decirlo así, un carácter pedagógico: pretende exponer,
explicar muy someramente, en tres párrafos, lo que aporta
el Tratado de Amsterdam, y ahí no nos parece mal que,
efectivamente, se introduzca un apartado que recuerde lo
que aquí estamos diciendo, que este Tratado deAmsterdam
va más allá que el Tratado de Maastricht en la cesión de
competencias que afectan al plan autonómico. Introducir
esto en la exposición de motivos nos parece oportuno y creemos
que tiene unos efectos, repito pedagógicos en la
sociedad que no son despreciables. En cambio, respecto de
la propia disposición adicional, no creemos que éste sea el
lugar.

Desde esta perspectiva, y sin ánimo de ser pesado con
la redundancia, pero queriendo dejarlo muy claro a efectos
de evitar confusión; sólo desde esa perspectiva, insisto, si
se quiere de razonamiento constitucional, de que éste no es
el lugar oportuno y de que parte de lo que dice la enmienda,
eso sí, está parcialmente resuelto por la ley que regula
la conferencia sobre comunidades autónomas y su participación
en asuntos de la Unión Europea, mi grupo no dará
su apoyo a la enmienda del Grupo Nacionalista Vasco.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas:



El señor NAVAS AMORES: Respecto a las enmiendas
que presenta el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida plantea su apoyo por
cuanto recogen una filosofía que hemos venido defendiendo
no sólo en este foro, sino en el Parlamento vasco, donde
también se han estado discutiendo todos los aspectos relacionados
con la posibilidad, con la necesidad de participación
de las comunidades autónomas en aquellas cuestiones
que tienen una incidencia clara, nítida sobre competencias
propias, asumidas y gestionadas. Lógicamente, en este proceso
de construcción europea estamos también cediendo
cada vez más competencias políticas a esa nueva Unión
Europa.

Estamos encontrándonos, de facto, con una situación
peculiar, en la cual hay elementos importantes de la política
regional, de la política autonómica que se están extrayendo
de este ámbito para decidirlo, y no estamos subrayando
una sensación que puede haber en algunos gobiernos
autonómicos de desconfianza, sino que de los que estamos
hablando es de plasmar definitivamente algo que es consecuente
o que lógico, y es que nuestro Estado se parece a
alguno de los Estados constituidos en la Unión Europea,
sobre todo a aquellos que tienen una gran descentralización,
aquellos que formalmente son federales. Desde luego,
tenemos que estar al lado de ese modelo del Estado, en el
cual ya se han habilitado mecanismos e instrumentos para
que la defensa de esos intereses, de esas competencias políticas
sea llevada a cabo, sea gestionada y participen directamente
en ella aquellos gobiernos a los que les afecta.

Así pues, sin susceptibilidades, entendiendo que es un
acto coherente con lo que es nuestro modelo de Estado,
creemos que se debe interiorizar por parte del Gobierno
esta realidad, este hecho, un consenso que aquí se ha dada
y que algunos recordamos como que fue muy difícil de
alcanzar, porque el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar
este principio, pero las mayorías y las minorías parlamentarias
le hicieron recapacitar sobre la situación y aceptar,
digamos, dichos principios.

Yo no creo que le falte sentido al hecho de incorporar
en el proyecto de ley del Tratado de Amsterdam las
enmiendas que propone el Partido Nacionalista Vasco.

Pienso que debemos habituarnos ya a que, cada vez que
haya que hacer un texto, aunque sólo sea de introducción,
aunque se texto legislativo, incorporaremos ya ese consenso,
que no lo olvidemos, como lo han dicho ya otros intervinientes,
que no se quede en papel mojado, sino que nos
habituemos, repito, a que este modelo de Estado, a que
nuestras regiones, nuestras comunidades autónomas, nuestras
nacionalidades solicitan, exigen esa participación y,
por tanto, debemos incorporarlo en nuestro acervo regular
y cotidiano.

Respecto al propio tratado, tengo que hacer mención de
un error formal, un error técnico a la hora de registrar la
enmienda que viene recogida en el boletín, puesto que en la
última línea, al redactar, ha habido un error y, en vez de
poner al artículo 1, se ha puesto a la totalidad. Entiendo
lógicamente, cuál es el sentido real que tiene este texto, y el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida muestra
otra vez su insatisfacción por una esperanza frustrada de
nuevo después de seis años de espera de la firma del Tratado
de Maastricht, seis años en los cuales ya parecía que
habíamos llegado a alcanzar no un consenso en cuanto a
los contenidos, pero sí en cuanto a las necesidades de transformación
de esa constitución europea; hemos visto frustrada,
digo, todas las esperanzas, pero no sólo las esperanzas
que podía tener mi grupo parlamentario, mi fuerza
política, sino una decepción generalizada de los ciudadanos
europeos, la decepción que los mismos líderes políticos
manifestaron tras la finalización de la cumbre. No sólo
estamos hablando de un modelo político de construcción
europea, sino de la necesidad que tiene Europa de que esta
construcción se asiente sobre nuevos pilares.

Uno de los elementos fundamentales que nosotros
hemos criticado deAmsterdam es la profunda crisis de confianza
que está asentándose alrededor de este modelo de
construcción europea. Muchos intervinientes hablan de que
ha sido un paso positivo, que tenemos que seguir confiando
en la construcción europea a esta velocidad o con estos
contenidos porque piensan que son pasos hacia adelante,
pero yo creo que no, ya que estamos satisfaciendo los déficit
que hasta ahora hemos estado detectando, déficit que
incluso llegan a alcanzar al aspecto democrático. Cualquier
avance que se siga dando en lo que se pueda definir como
construcción europea y que esté dejando de lado esos elementos
y otros muchos más redistributivos, como podría
ser una Europa mucho más social, evidentemente, nosotros
entendemos que no es construir Europa de los ciudadanos,
una Europa en la que todos podamos alcanzar un consenso.




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Nos definimos europeístas porque parece que, si no, nos
puede pasar algo, pero estamos defendiendo otro modelo.

Amsterdam se pudo salvar, según los líderes europeos,
porque se pudo llegar al acuerdo de fijar fechas, de concretar
el pacto de estabilidad y, consecuentemente, el euro.

Ése es el elemento que primaba sobre los demás. A partir
de ahí, si ése es el camino por el que tiene que ir la Unión
Europea, constantemente afianzando una Unión Europea
monetarista, en la cual la economía peculiar que emana del
pacto de estabilidad dará lugar al Banco Central Europea,
al distanciamiento en las decisiones políticas importantes
sobre la economía de cada uno de los países hacia ese
grupo de técnicos, desde luego nosotros consideramos que
no podemos seguir por él y no vamos a apoyar el que sigamos
aceptando consensos alrededor de esos criterios.

Tendremos ocasión en el Pleno de seguir manifestando
de forma mucho más extensa este tipo de análisis, pero
quiero exponer ahora mi decepción. Voy a enumerar aspectos
que han sido deficitarios, como el que comentaba de la
Europa social; la parte institucional que hace referencia a la
necesidad de buscar unos nuevos equilibrios en cuanto al
derecho a veto; la política exterior, deficitaria tradicionalmente,
se sigue manteniendo congelada; Schengen es una
aplicación peculiar y se sigue primando la libre circulación
de mercancías, de bienes, pero dificultando la libre circulación
de las personas en el interior de la Unión Europea. Son
un cúmulo de despropósitos, un cúmulo de déficit que nos
hacen pensar que no es el europeísmo que solicitan los ciudadanos.

Así pues, seguimos manteniendo nuestro voto en
contra del Tratado de Amsterdam.




El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señorías, estamos hoy ante
un trámite más en el largo camino de ratificación del Tratado
de Amsterdam y quizás es el momento de recordar los
trabajos realizados en la Comisión Mixta para la Unión
Europea al respecto. Unos trabajos largos, con múltiples
comparecencias, con numerosas sesiones, que dieron lugar
a un dictamen del Parlamento español cuyo apoyo fue muy
mayoritario; con la excepción del Grupo de Izquierda
Unida creo que hubo unanimidad en el resto de los grupos.

El Tratado deAmsterdam que hoy vemos en Comisión,
después de su debate de totalidad en el Pleno, ha incluido
la mayor parte del dictamen realizado por la Comisión
Mixta. Ya los grupos han expuesto su posición global al
respecto y yo simplemente quiero destacar una vez más el
voto favorable de nuestro grupo parlamentario al Tratado
que hoy debatimos. Voto favorable porque, a pesar de que
hay elementos comparativos entre la forma de llegar al Tratado
Maastricht y la forma de llegar al Tratado de Amsterdam,
que nos parecen mejorables, ya que se ha perdido un
cierto horizonte, algunos de los objetivos del Tratado de
Amsterdam debería perseguir y que el de Maastricht tuvo
desde su principio, la Unión Monetaria y, a su alrededor,
una Europa social y política, repito, Amsterdam supone,
como he dicho antes, un nuevo paso en la construcción
europea.

Yo señalaría que, tal como decía Jean Monet, Europa
no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto,
como pretenden algunos, sino que se hará mediante realizaciones
concretas, creando primero una solidaridad de
hecho. Y estamos hoy, con nuestra posición favorable a la
ratificación del Tratado, creando esta solidaridad de hecho
entre los Estados que componen el conjunto de países que
forman la Unión Europea.

El Tratado incorpora nuevos elementos importantes.

Existen avances en la libre circulación de personas, mejoras
en el conjunto del tercer pilar, una mejora también en la
toma de decisiones, en la representación y en la forma de
abordar los temas de seguridad en la política exterior y de
seguridad común y, además, existen mejoras, igualmente,
que afectarán directamente a los ciudadanos en un nuevo
título sobre el empleo, en el establecimiento de una política
de salud pública, en el reforzamiento de la protección de
los consumidores o en la posibilidad de adoptar medidas
contra cualquier tipo de discriminación, así como en la
justiciabilidad
en el Tribunal de Luxemburgo del Convenio de
Derechos Humanos de Roma, de 1950. Es decir, estamos
en el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y
justicia, moción propuesta por España en 1989 que ha sido
plenamente aceptada ahora por los Quince. Éste es un espacio
en cuyo objetivo hay instrumentos concretos en la lucha
contra el crimen organizado, terrorismo y tráfico de drogas,
entre otros. También estamos ante un salto cualitativo en
algunas instituciones comunitarias, y muy especialmente
en el Parlamento Europeo y en el Comité de Regiones, precisamente
en la línea que dictaminó la Comisión Mixta
para al Unión Europea en este Parlamento.

Esto sería suficiente para dar un sí rotundo al Tratado
de Amsterdam, pero, además, España ha visto que se aceptaban
algunos de sus elementos singulares y particulares -
según ya ha puesto aquí en evidencia algún portavoz-,
como un tratamiento muy favorable para las regiones ultraperiféricas,
que incluye a las islas Canarias, o la adopción
de un protocolo sobre el asilo político que constituye un
paso importante para evitar en el futuro que la figura de
asilo sea utilizada por los terroristas en contra de los quince
países democráticos de la Unión. Quizá uno de los mayores
logros para España fue el preservar el paso a la mayoría
cualificada de la toma de decisiones en algunos elementos
tan relevantes para nuestro país como son los fondos
estructurales y de cohesión, la político medioambiental y
otras.

¿Cuál es la crítica razonable que se puede hacer a este
Tratado? Que ha fallado en alguna de las cuestiones, yo
diría que en la cuestión principal por la que estaba prevista
la conferencia intergubernamental, que es la reforma institucional.

Una reforma institucional que ha quedado pendiente
y que complicará, sin duda, el calendario que durante
la Presidencia española la Unión Europea adoptó en su
Agenda 2000. Seviene a sumar ahora una compilación más
en las ya complicadas negociaciones del futuro de la Unión
Europea.

Por todo ello, insisto, vamos a dar nuestro voto favorable
a la ratificación del Tratado. Y lo damos porque entendemos
que es un paso más en el camino abierto de los federalistas
en el Congreso de Europa en La Haya, en 1948,
cuya declaración final, con la participación de algún ilustre
español, decía que Europa debía ser una unión abierta a
todas las naciones de Europa que viajan bajo un régimen



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democrático y que se comprometan a respetar una Carta de
Derechos del Hombre. Precisamente la conferencia intergubernamental,
el Tratado de Amsterdam, lo que tenía por
misión principal era abrir el paso a una nueva ampliación
de la Unión Europea hacia los países del este de Europa,
hacia los países que se han incorporado a regímenes democráticos
y que se están comprometiendo y avanzando en el
respeto de los derechos del hombre.

Finalmente, queremos fijar nuestra posición respecto a
las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. Y lo queremos
hacer manifestando la diferencia que nosotros marcamos
respecto a la conveniencia y la forma de presentar la
enmienda y el fondo de la misma. Señorías, no existen
antecedentes en la Cámara del método propuesto por el
Partido Nacionalista Vasco para realizar sus propósitos
políticos. El PNV conoce otras vías para llevarlos a cabo y,
sin embargo, ha elegido en este momento procesal la que
nosotros consideramos menos adecuada, la menos usual, la
que nunca ha sido utilizada en esta Cámara: añadir una disposición
adicional de aplicación interna a un tratado internacional.

Ha sido puesta en evidencia por otros grupos esta
posición y no hace falta extenderse sobre la materia, pero
nosotros, insisto, mantenemos nuestra reserva al respecto y
por ello no queremos contribuir a sentar este tipo de antecedentes
que podrían tener utilizaciones indeseables para
nosotros.

Ahora bien, expresada la posición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la forma de proponer la enmienda,
también quiero dejar nítidamente expuesto que la Cámara
aprobó, en la Comisión Mixta para la Unión Europea y en
un Pleno del mes de marzo, una proposición no de ley
sobre participación de las comunidades autónomas en los
consejos de la Unión Europea, y lo hizo con el concurso
activo del Grupo Parlamentario Socialista. Desde su aprobación,
el Gobierno tiene un mandato político que cumplir
-entendemos nosotros- y debe desarrollar ese mandato
político, y si no lo hace en un tiempo prudencial, nuestro
grupo adoptará iniciativas políticas tendentes a garantizar
su aplicación.

Hoy queremos dar un mensaje inequívoco sobre nuestra
posición en este tema y nos vamos a abstener en la votación
a pesar de no estar de acuerdo con la fórmula elegida
para su presentación. Lo vamos a hacer porque entre las
dos cuestiones que se plantean, la forma de instrumentar
esa participación mediante una nueva adicional en una ley
orgánica y el equívoco que se podrán producir respecto del
fondo de lo que se propone, que por otro lado no está
expuesto de forma normativa en la fórmula propuesta por
el PNV, nosotros queremos mantener el equilibrio necesario
entre esas dos cuestiones y no queremos que se puedan
utilizar una y otra en contra nuestra, por ello, repito, nos
vamos a abstener en la votación de esa enmienda, dejando
claramente sentado que estamos a favor del fondo de lo
que esta enmienda propone, y así lo manifestamos en los
debates celebrados en la Cámara el 10 de marzo, donde se
puede ver claramente nuestra posición en la Comisión
Mixta para la Unión Europea, pero no queremos dar el concurso
para sentar un antecedente que no vemos bien y que
consideramos innecesario habiendo otros caminos para
conseguir esa regulación en la normativa interna de nuestro
país.

El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a proceder a la
votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) y posteriormente, si les parece,
pasaremos a la votación de la Ley del Tratado de Amsterdam.




Se procede a la votación de la primera enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, cuatro; en contra, 15; abstenciones, 10.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.




Había omitido anunciar a la Comisión las sustituciones
que se han producido. (Por el señor vicepresidente se procede
a dar cuenta de las sustituciones de miembros de
la Comisión).




El señor VICEPRESIDENTE: Se somete a votación
la segunda enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, tres; en contra, 15; abstenciones, 10.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la
enmienda. (El señor Martínez Casañ pide la palabra).




Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.




El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Por parte del Grupo
Parlamentario Popular no hay 15 votos, sino 17, tanto en la
anterior votación como en ésta.




El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo.




¿Algún miembro de algún grupo desea que se repita la
votación? (Pausa).




Pasamos a la votación del texto del proyecto de ley
orgánica por el que se autoriza la ratificación por España
del Tratado deAmsterdam.




Se procede a la votación.




Efectuada la votación, dijo.




El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado con
un voto en contra.




Habiendo quedado aprobado el punto primero del orden
del día pasamos al punto siguiente, para lo cual pedimos
que se acerque a la mesa el secretario de Estado de Política
Exterior y para la Unión Europea, don Ramón de Miguel,
que sustituye al ministro. (El señor Vicepresidente,
Milián Mestre, ocupa la Presidencia).




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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE
ESTADO DE POLÍTICA EXTERIOR Y PARA LA
UNIÓN EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA
INFORMAR SOBRE:



- POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
SITUACIÓN POLÍTICA DE GUINEA ECUATORIAL,
ASÍ COMO LA POSIBLE VULNERACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
DICHO PAÍS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 213/000595).




- INICIATIVAS DIPLOMÁTICAS REALIZADAS
POR SU DEPARTAMENTO ANTE LA GRAVEDAD
DEL PROCESO Y SENTENCIA DEL JUICIO
LLEVADO ACABO EN MALABO POR LOS
SUCESOS ACAECIDOS EL DÍA 21 DE ENERO
DE 1998 EN GUINEA ECUATORIAL. A SOLICITUD
DEL GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO.

(Número de expediente 213/000695).




- LA SITUACIÓN POLÍTICA EN GUINEA ECUATORIAL
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).

(Número de expediente 22/001469).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Se
reanuda la sesión. Voy a hacer un par de apreciaciones previas
referentes al orden del día.

En primer lugar, el señor ministro de Asuntos Exteriores,
por ineludibles responsabilidades de su cargo, está
ausente y le sustituye el secretario de Estado, don Ramón
de Miguel. En segundo lugar, vamos a concertar las cinco
comparecencias en dos bloques. Las tres primeras que
afectan a un único tema, Guinea Ecuatorial, desde diferentes
vertientes, van a ser tratadas en una primera comparecencia
y las dos últimas, los puntos 5 y 6, que atañen a
Gibraltar y a la OTAN, van a ser concentrados, a su ves, en
un segundo bloque. El tercer lugar, quiero aclara que, por
lo que se refiere al punto cuarto del orden del día, la comparecencia
prevista del director general de Política Exterior
para África, Asia y el Pacífico, don Manuel Alabart, también
será sustituida por la del señor secretario de Estado.




En consecuencia vamos a pasar al primer bloque, relativo
a los puntos 2, 3 y 4, para lo cual tiene la palabra el señor
De Miguel.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA
(De Miguel y Egea): Muchas gracias, señor presidente, por
haber excusado al Ministro de Asuntos Exteriores. Yo quisiera
añadir que está hoy ausente por la obligación, que
comparte con todas los ministros europeos, de asistir conjuntamente
a laAsamblea General de las Naciones Unidas,
donde la política exterior y de seguridad común asegura
que todos los miembros de la Unión tengan contactos con
la mayor parte de los grupos regionales y ministros importantes
para la política exterior de la Unión. Durante toda
esta semana el ministro estará ausente en Nueva York.

Con respecto al primer punto, que se refiere a las comparecencias
que se habían pedido sobre Guinea Ecuatorial,
es oportuno incidir en este tema que ha sido tratado en esta
Comisión de Asuntos Exteriores, ya que en los últimos
meses se han producido diversos acontecimientos importantes
que el Gobierno ha tenido en cuenta debidamente.

Para explicar la situación política en Guinea Ecuatorial en
el día de hoy me parece necesario que nos remontemos a
principio de año, fecha en la que se producen una serie de
hechos violentos en la isla de Bioka, el 21 de enero de este
año, cuando un grupo de civiles llevó a cabo un ataque
armado con resultado de seis víctimas mortales. La situación
política de Guinea Ecuatorial ha estado condicionada
por estos hechos desde el mes de enero. Es insoslayable
que analicemos estos hechos y lo que ha sucedido después,
puesto que produjeron un gran trauma en el Gobierno y en
la población, por cuanto son inéditos en la historia reciente
de Guinea Ecuatorial.

El Gobierno español, tras conocer la citada acción terrorista,
emitió un comunicado el 23 de enero condenando,
por no podía ser menos, los actos de violencia terrorista
que tuvieron lugar. En el mismo comunicado el Gobierno
reiteraba su firma condena de los medios violentos para la
consecución de fines políticos, expresando su apoyo a los
esfuerzos del Gobierno y de las fuerzas políticas guineanas
en su tarea de promover una transición política pacífica.

Finalmente, en su comunicado, el Gobierno reafirmaba su
disponibilidad para promover el diálogo político y el desarrollo
económico y social de Guinea Ecuatorial.

Apartir de los sucesos violentos del 21 de enero toda la
actualidad guineana ha estado monopolizada por la celebración
de juicios a los procesados que fueron detenidos.

El correspondiente proceso, como SS.SS. recuerdan, se inició
el 25 de mayo y finalizó con la lectura de las sentencias
el día 1 de junio. Desde que se produjeron los citados
hechos violentos el Gobierno ha venido insistiendo ante las
autoridades guineanas en que precisamente en este
momento de la transición política es más necesario que
nunca que los juicios gocen de las necesarias garantías
legales y procesales. Asimismo, solicitamos que se permitiera
la presencia de observadores internacionales, extremos
que fue admitido inmediatamente por las autoridades
guineanas y que, además, se completó con la asistencia de
dos representantes de Amnistía Internacional. La Embajada
de España estuvo presente en las sesiones del juicio.

Pedimos también en aquel momento a las autoridades de
Malabo que permitieran que los medios de comunicación
pudieran asistir al juicio y nos dieron seguridades de que
asistirían a la totalidad de las sesiones, como así fue, salvo
a la última. Los periodistas no pudieron estar presente en la
última sesión del juicio, ya que fueron expulsados por las
autoridades guineanas, hecho que nos pareció totalmente
injustificado, contraproducente y provocó una protesta formal
por parte el Gobierno español. Creo que SS.SS. conocen
bien la sentencia dictada por el tribunal militar, que
solicitaba quince penas de muerte, además de diversas de
cárcel.

Las versiones sobre lo ocurrido en todos estos meses
difieren mucho. Sin embargo, a tenor de las informaciones



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que se han recabado, no se produjo nada parecido a las
masacres o genocidios de los que se hicieron eco algunos
medios de comunicación. El relator especial de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea
Ecuatorial. señor Artucio, visitó el país del 22 al 25 de
marzo y realizó una investigación ad hoc sobre lo sucedido
con el objetivo de certificar sobre el terreno los hechos ocurridos
a partir del aquel día 21 de enero en que se produjeron
los hechos violentos. El señor Artucio, que estuvo en
contacto con el embajador de España durante su estancia
en Guinea Ecuatorial, presentó posteriormente un informe
a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
en Ginebra, documento que, como SS.SS. conocen, fue
parcialmente recogido por los medios de comunicación de
España.

Según el equipo investigador de los sucesos, se produjeron
once muertos en total: seis a consecuencia de la
acción armada; de estos seis, tres integrantes de los cuerpos
de seguridad de Guinea; dos personas pertenecientes al
grupo armado en enfrentamientos con el Ejército y tres personas
que fallecieron mientras estaban detenidas en la
comisaría de Policía de Malabo y que, según el informe,
gueron objeto de torturas, extremo que naturalmente ha
negado el Gobierno guineano pero que está en el informe
del relator de Naciones Unidas.

La conclusión del relator especial es que los discretos
avances que se habían registrado anteriormente en el ámbito
del respeto a los derechos humanos se han mostrado muy
frágiles a la luz de los últimos acontecimientos. El Gobierno
español francamente comparte el análisis y las recomendaciones
que hace el relator especial, incluyendo la recomendación
de que el Gobierno guineano promueva
firmemente formas de diálogo para la completa integración
de todos los componentes étnicos de la sociedad. Asimismo,
el Gobierno español comparte el criterio de querer evitar
la ralentización del proceso de democratización. Entendemos
que se debe seguir trabajando para asegurar un
mayor respeto a los derechos humanos y las libertades políticas
en Guinea Ecuatorial. En este sentido, en el quincuagésimo
período de sesiones de la Comisión de Derechos
Humanos se decidió que Guinea Ecuatorial siga siendo
objeto -nosotros dimos nuestro apoyo- de atención prioritaria
por estimar que todavía no se ha llegado al umbral
que permita a la Comisión de Derechos Humanos disminuir
el seguimiento atento de la situación de los derechos
humanos en Guinea Ecuatorial.

El Gobierno, consciente de todos estos problemas, ha
venido haciendo gestiones múltiples antes y después del
inicio del proceso militar, tanto a nivel del embajador en
Malabo como del Ministerio deAsuntos Exteriores, pidiendo
a las autoridades guineanas moderación, transparencia y
garantías legales para los procesados. Asimismo, el ministro
de Asuntos Exteriores se entrevistó el 16 de abril con el
viceprimer ministro y titular de Exteriores de Guinea Ecuatorial,
señor Oyono, cuando estuvo en Madrid en un breve
desplazamiento. En esta entrevista, además de solicitarle la
libertad provisional para los cuatro ciudadanos españoles
acusados cuya inocencia felizmente ha sido demostrada y
probada en el juicio puesto que han sido absueltos, abordó
también el asunto del juicio transmitiéndole el mensaje de
que la moderación era necesaria. Asimismo, el presidente
del Gobierno español mantuvo una conversación telefónica
con el señor Obiang, su homólogo en Guinea Ecuatorial,
sobre este particular, insistiendo en esta transparencia,
moderación y garantías durante el juicio. También es cierto
que la Unión Europea, impulsada por nuestra iniciativa,
llevó a cabo diversas gestiones al respecto tanto en Bruselas
como en la capital ecuatoguineana.

La desgraciada muerte del señor Martín Puye, fallecido
el pasado 14 de julio en el hospital de Malabo, mientras
cumplía una condena de veintiséis años de cárcel, aumentó
la preocupación del Gobierno español por las condiciones
de vida de los detenidos. Quisiera informar a sus señorías
de que el Gobierno guineano comunicó al Gobierno español
su invitación a Amnistía Internacional para que enviara
una delegación que pudiera verificar in situ las condiciones
de las personas condenadas que cumplen condena. El
Gobierno español espera y desea que esta misión tenga
lugar lo antes posible, y así se lo ha hecho saber tanto al
Gobierno de Malabo como a los dirigentes de Amnistía
Internacional.

Tras la decisión del presidente Obiang, hecha pública el
pasado 9 de septiembre, de conmutar la pena capital a que
habían sido condenados quince procesados por la reclusión
perpetua, nuestro Gobierno ha expresado públicamente su
satisfacción por esta medida de gracia, confiando en que
este gesto refuerce el espíritu de concordia y solidaridad
entre los ecuatoguineanos y naturalmente consciente de
que la estancia en prisión será debidamente controlada para
que no se produzcan abusos.

Sin lugar a dudas, la actualidad política en Guinea
Ecuatorial ha estado monopolizada por esta acción armada
que tuvo lugar en enero y por el desarrollo del juicio. Éste
es un tema que con sus carencias está cerrado y es necesario
seguir trabajando y mirar al futuro inmediato para que
la ayuda y la cooperación que España pueda prestar sea útil
para el desarrollo político, económico y social de Guinea
Ecuatorial. Esto se hace particularmente importante en un
momento en que Guinea Ecuatorial enfrenta la celebración
de unas elecciones legislativas, que constitucionalmente
tienen que tener lugar antes del final de este siglo. Tras el
acuerdo suscrito el pasado 23 de marzo entre el Gobierno y
trece partidos políticos legalizados a finales de junio, ha
terminado la primera fase de inscripción referente a los trabajos
de revisión del censo electoral que, aunque con algunos
problemas y ciertos retrasos respecto a las fechas previstas,
ha seguido adelante con la participación de todas las
fuerzas políticas guineanas. La revisión del censo es un primer
paso importante para el correcto desarrollo del proceso
legislativo.

Consideramos, pues, que las próximas elecciones son
decisivas para impulsar el proceso democrático y por ello
el Gobierno español está dispuesto, tanto bilateralmente
como en el seno de la Unión Europea, a colaborar, en la
medida de nuestras posibilidades, con las autoridades guineanas
para el éxito de dichas elecciones.

A finales de mayo, una misión de expertos enviada por
la Comisión Europea se desplazó a Malabo con el fin de
dialogar con las autoridades guineanas sobre este proceso e
identificar un programa de apoyo en el ámbito de los derechos
humanos, democratización y Estado de Derecho. Por
su parte, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas,



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el PNUD, está también ultimando un programa de gobernabilidad.

El Gobierno español considera apropiadas y
convenientes estas iniciativas y está dispuesto a colaborar
activamente en ellas una vez se analicen sus resultados y
conclusiones.

La situación en Guinea Ecuatorial, como decía, está
pendiente del inicio de la campaña electoral y la celebración
de los comicios. Los partidos políticos de la oposición
esperan poder llevar a cabo una campaña electoral acorde
con los principios establecidos en los pactos de abril, firmados
por el Gobierno el año pasado, es decir, en un
ambiente de libertad, pluralismo y tolerancia. En aquellos
pactos, logrados tras cuatro meses de negociaciones, el
Gobierno y doce partidos políticos guineanos acordaron
unas reglas de juego básicas para el ejercicio de la actividad
política. Es cierto que algunas de las comisiones previstas
no funcionan de momento en la práctica y en este
sentido los partidos políticos guineanos y el propio Gobierno
de Malabo tienen todavía una importante tarea que realizar.

No obstante, debe destacarse como dato positivo el
hecho de que el Gobierno y los partidos guineanos sigan
dialogando en la perspectiva de las próximas elecciones
legislativas.

En definitiva, la situación política en Guinea es la de un
país, una sociedad y un gobierno que están en su primera
fase del proceso de transición a la democracia. El multipartidismo
introducido en Guinea únicamente en 1991
encuentra, como todos sabemos, limitaciones en su funcionamiento,
que deben desaparecer para que el proceso avance
adecuadamente. Las instituciones también adolecen de
ciertas prácticas que afectan a los derechos y libertades
políticas. Precisamente es en este capítulo en el que España
quiere colaborar con Guinea Ecuatorial y en el que está dispuesta
a reenfocar nuestra cooperación.

Por último, quisiera dar dos pinceladas sobre la política
actual en Guinea Ecuatorial. Ya he dicho que los actos del
pasado 21 de enero son totalmente rechazados por el
Gobierno español, pero ello no debe alterar nuestra política
respecto a Guinea ni nuestros objetivos. En anteriores
comparecencias,
el ministro de Asuntos Exteriores ha dejado
expuestas las líneas básicas de actuación y únicamente haré
referencia a que pretendemos mantener unas relaciones
diplomáticas correctas con el Gobierno ecuatoguineano, lo
que implica, naturalmente, un diálogo fluido y continuar
impulsando el fortalecimiento de un Estado de Derecho,
con todo lo que eso implica de democratización, de seguridad
jurídica y de respeto a los derechos humanos. Queremos
también que nuestra cooperación esté en consonancia
con estos objetivos anteriores y estamos dispuestos a darle
un nuevo enfoque si las circunstancias así lo aconsejan.

Precisamente, el sábado pasado acaba de regresar a Guinea
Ecuatorial una misión oficial, encabezada por el Director
del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo
y Países en Vías de Desarrollo, y que ha tenido
como objeto hacer una evaluación in situ del pasado y presente
de nuestra cooperación y escuchar las inquietudes y
preocupaciones de las autoridades guineanas al respecto y,
en particular, por lo que se refiere a la problemática de la
cooperación que llevan a cabo directamente el Estado y las
ONGs, que es la mayor parte de la cooperación.

Ahora estamos analizando esta información y los resultados
de la misión, y muy pronto podremos sacar las conclusiones
pertinentes. Todo esto requiere por nuestra parte
una comunicación estrecha con las autoridades ecuatoguineanas
y hace aconsejable también mantener frecuentes
contactos con los líderes de los partidos guineanos. A las
autoridades ecuatoguineanas, además de ofrecerles cooperación
en todo aquello que contribuya al progreso del país,
se les siguen solicitando siempre que avancen en la democratización,
tarea que estas mismas autoridades han preconizado,
y que dialoguen y acepten una oposición que es
necesaria para que la transición democrática sea creíble.

A la oposición se le anima a ejercer sus tareas, aun
cuando las particulares circunstancias no puedan ser las
óptimas, tareas que contarán con el apoyo de todos los que
creen que su existencia y funcionamiento son esenciales en
un régimen de libertades.

En este sentido, yo deseo reiterar el ofrecimiento ya
hecho por el ministro ante esta Comisión de Asuntos Exteriores
para organizar una misión parlamentaria española a
Guinea Ecuatorial, con el objeto de que el Parlamento
pueda tener un conocimiento directo de la realidad de dicho
país e iniciar un diálogo directo con las fuerzas políticas
representadas y las no representadas allí, aquellas que tienen
escaños y aquellas que aspiran a tenerlos en el Parlamento.

El Gobierno está dispuesto a gestionar con las autoridades
de Malabo su acuerdo para recibir esta misión. Yo
estoy seguro de que el interés de esta Cámara por Guinea
Ecuatorial nos volverá a dar la oportunidad de seguir reflexionando
sobre las relaciones hispano-guineanas en los
próximos meses, y me parece ésta una ocasión excelente
para reiterar a sus señorías la disposición del Gobierno a
estudiar las propuestas que puedan hacer los distintos grupos
políticos para mantener una política de Estado consensuada
respecto a un, país con el que queremos desarrollar
las mejores relaciones de amistad y de cooperación en
beneficio mutuo y, en particular, de su progreso político,
económico y social.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Producida
la intervención del señor secretario de Estado, voy a
dar la palabra siguiendo el orden del día. La primera intervención
corresponde al portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, que tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: Quiero darle las gracias,
señor secretario de Estado, por la interesante información
que nos ha aportado. De su intervención deduzco
fácilmente que la línea que sigue el Gobierno puede ser
compartida al menos por el grupo que yo represento,
Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña. Sin embargo,
quiero hacer algunos matices, que pueden ser importantes
a la hora de cómo enfocar la cuestión. De su intervención
-aunque no han faltado, como no podía ser de otra manera,
elementos críticos al régimen del señor Obiang- se
trasluce un cierto optimismo en el proceso político guineano
que algunos no compartimos. No negamos, obviamente,
que se estén desarrollando ciertas prácticas de diálogo,
de intentar abrir ese proceso electoral al que usted aludía,
pero advertimos un contraste entre aquellos acuerdos en lo
formal y la práctica material, sobre todo en materia de derechos



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humanos, que viene practicando el régimen ecuatoguineano.

Éste es un mal precedente. Si el Gobierno, aceptando
en principio los planteamientos del Gobierno de Guinea,
se ubica en la tesis de encontrarse en una transición
política que viene presidida más por actos de vulneración
grave de derechos humanos que por el respeto de los mismos,
va a ser complicado que ese proceso, como todos
deseamos, avance. Nosotros seríamos bastante más pesimistas
a la hora de analizar la situación global, aunque ese
pesimismo no nos lleve a entorpecer acciones que el
Gobierno puede emprender para favorecer siempre ese diálogo
y ese avance ni a estar atentos para ver la evolución.

Los hechos violentos a los que usted aludía representan
una condena al uso genérico de la violencia para resolver
conflictos políticos, pero tampoco se puede obviar cierto
contexto de dictadura en el que se producen. Condenamos
esos hechos, pero no creo que sea de recibo plantearlo
como si se produjeran en el ámbito de una situación política
normalizada. Hubo presencia de observadores internacionales
y parece que hay un acuerdo en muchos de esos
observadores en que el juicio se celebró sin ningún tipo de
garantías judiciales de las habitualmente reconocidas en los
Estados de Derecho. El problema no concluye con que no
se produzcan ejecuciones, sigue abierto. Coincidimos con
el Gobierno en que Amnistía Internacional puede ser un
organismo de suficiente prestigio, experiencia y capacidad
como para vigilar la situación de los detenidos. Yo mismo
mantenía ayer un contacto con representantes en España de
Amnistía Internacional, quienes decían que se está produciendo
una especie de siniestro cambio: la muerte rápida
por la muerte lenta y terrible en cárceles que no tienen el
mínimo de garantía para la vida de los allí recluidos. Si
sumamos ese juicio injusto a las torturas de la situación
actual, nos parece que es una piedra de toque bastante definitiva
sobre la triste realidad del Gobierno ecuatoguineano
en este momento. Hay que incidir en este tema, recordando
siempre que ese proceso pseudojudicial no fue más que un
hito en una política basada en la vulneración sistemática de
los derechos humanos. El Gobierno debe incluir ese elemento
como algo básico en el análisis actual y posterior de
la evolución de la política.

Decía el señor secretario de Estado que el Gobierno
pedía moderación. Es un término usado muy diplomáticamente,
pero, a todas luces, parece insuficiente decir que el
Gobierno ecuatoguineano debe ser moderado en la gestión
de los presos o de otras personas que se vean afectadas por
la dictadura. Me gustaría saber en concreto, porque usted
lo ha apuntado genéricamente, las actuaciones del Gobierno
español sobre la situación de los detenidos y también en
aquello que afecta a ciudadanos españoles.

Citaba usted una expresión del informe del relator de
Naciones Unidas favorable a promover el diálogo. Aunque
genéricamente ha dicho algunas cosas, desearía que
profundizara en cómo puede colaborar España en ese proceso
de diálogo, fundamentalmente a través de partidos
de la oposición que en muchas ocasiones tienen su base
de actuación preferente en España, lo cual ofrece una
posibilidad de intervención interesante. Ha citado esa
comisión que ha viajado para estudiar las relaciones y se
ha referido a reenfocar la cooperación. Ha indicado también
que se está estudiando ese informe, pero, si está
ahora en condiciones, me gustaría que concretara la cooperación
española.

Para concluir, me gustaría que hiciera una valoración
global sobre la relación de la Unión Europea y de los Estados
miembros, aparte de España, con el régimen de
Obiang, si existe un consenso en las actuaciones, etcétera.

Quiero recordar que en 1991 se congeló la ayuda de la
Unión Europea, que entonces estaba cifrada, si no estoy
mal informado, en 19 millones de dólares. Quería conocer
cuál es exactamente la situación, si se va a desbloquear la
ayuda, si se ha desbloqueado, con qué condiciones, cómo
se aplicaría la cláusula democrática y, ante este problema
concreto, cuál es la posición del Gobierno español.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre):
Siguiendo el orden de presentación de las peticiones, le
corresponde al Grupo Socialista del Congreso, cuya portavoz,
en este caso doña Blanca García, tiene la palabra.




La señora GARCÍA MANZANARES: En primer
lugar, quiero agradecer al señor secretario de Estado de
Política Exterior y para la Unión Europea su presencia en
esta Comisión para celebrar una comparecencia que fue
solicitada por mi grupo con carácter urgente al señor ministro
hace ya algunos meses. La urgencia en la solicitud de
comparecencia venía motivada, como muy bien saben sus
señorías, por la gravedad de los acontecimientos del pasado
enero y el posterior proceso y sentencia del juicio llevado
a cabo en Malabo, que finalizó el pasado mes de junio.

Hoy podemos expresar un cierto alivio porque el presidente
Obiang ha decidido no aplicar la pena máxima de 15
personas condenadas a muerte, pero lamentablemente no
podemos manifestar satisfacción ni mucho menos considerarlo,
tal como ha hecho el Gobierno a través de la OID, un
gesto de magnanimidad de Obiang.

Señorías, es preocupante el retroceso que percibimos en
el proceso de democratización de Guinea. Estamos asistiendo
a una escalada de detenciones sin garantías, de atropello
de los derechos humanos, de permanentes torturas, de
persecución y encarcelamiento de la oposición democrática,
de violaciones sistemáticas de los derechos básicos de
la minoría étnica bubí, a la expulsión de periodistas extranjeros,
retención de cooperantes, etc. Dicho en términos más
suaves o más diplomáticos, si lo prefieren, estamos constatando
cada día el incumplimiento de los compromisos de
democratizaciones que fueron impulsados por España y
firmados y ratificados por el Gobierno ecuatoguineano.

Ante esto, ¿qué pedimos al Gobierno? El Grupo Socialista
solicita que el Gobierno nos explique su línea de actuación
general, sus iniciativas ante la situación política de Guinea
Ecuatorial, no sólo sus gestiones puntuales a la zaga de
acontecimientos. No se trata de que nos exponga el relato
de unos hechos que ya conocemos o que nos traslade su
preocupación, que también compartimos. Queremos saber
qué línea de actuación previa tiene el Gobierno que no sea
esperar acontecimientos, esperar la reacción del gobierno
de Obiang y reaccionar después.

Señorías, voy a retrotraerme brevemente a la primera
comparecencia del señor ministro de Asuntos Exteriores en
esta Comisión, el 30 de mayo de 1996. Decía: Nuestra
posición con respecto a Guinea Ecuatorial es bien clara,



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defensa de la libertad y democracia para el pueblo guineano
y hasta que no se den los pasos efectivos en esta dirección
mantendremos las relaciones políticas y de cooperación
en el nivel actual. Seis meses después, el 12 de
noviembre de 1996, el Director general de Política Exterior
para África, Asia y Pacífico, en esta misma Comisión, asumía,
en nombre del Gobierno, los objetivos fundamentales
en la política con respecto a Guinea Ecuatorial que tenía su
predecesor, los mismos que ha seguido manteniendo el
señor ministro y que no recordaré a SS.SS., salvo en líneas
generales: mantenimiento de relaciones diplomáticas
correctas, continuar impulsando el proceso de transición
democrática, diálogo con la oposición y el Gobierno y velar
por el respeto de los derechos humanos.

Señor secretario de Estado de Política Exterior, en cada
comparecencia del Gobierno que se ha ido produciendo en
esta Comisión han encontrado siempre una oferta de colaboración
sincera del Grupo Parlamentario Socialista; han
encontrado también una espera razonable, una comprensión
de las dificultades, pero llevanustedes ya en el Gobierno
de España más de dos años y analicemos cómo se ha
traducido en la práctica esos objetivos que declaraban compartir
el principio de la legislatura. ¿Qué línea de actuación
concreta han seguido con el Gobierno ecuatoguineano, de
qué manera han exigido al Gobierno Obiang que en sus
comportamientos diarios se traduzca ya un cambio que
refleje esa voluntad de reformas, tal como decía el señor
ministro en diciembre de 1996?
Conocemos algunos comunicados, tras acontecimientos
represivos, en los que el Gobierno español ha hecho llegar
al Gobierno guineano su disgusto. El Gobierno español
ha reclamado una actuación más respetuosa respecto de la
disidencia, un mayor respeto a los derechos humanos y
otras actuaciones que nos han expuesto el señor secretario
de Estado. ¿De verdad considera el Gobierno que el presidente
Obiang se toma en serio estas llamadas, estas exigencias?
¿En esto consisten unas relaciones diplomáticas
correctas? ¿Cómo ha impulsado el Gobierno español ese
diálogo entre el Gobierno y la oposición democrática de
una manera gradual y pacífica, como decían con anterioridad
a los acontecimientos de estos últimos meses, que
quizá ha precipitado una actuación más decidida del
Gobierno?
Sus señorías conocen muy bien qué posibilidades reales
tiene la oposición en Guinea cuando es encarcelada un día
sí y otro por sospecha o porque es perseguida. ¿Qué posibilidades
van a tener ante el próximo proceso electoral previsto
para este año, donde no van a tener apenas oportunidades?
Nos complace saber que el Gobierno tiene previsto,
en un acuerdo firmado con los grupos de la oposición guineana,
ayudar a los partidos de la oposición. Pero, ¿cómo
van a hacer efectivo el cumplimiento de lo firmado? Nuestro
compromiso, el de España, es con todo el pueblo ecuatoguineano,
no sólo -y es lo que parece, desgraciadamente-
con el Gobierno de Obiang.

A propósito del próximo proceso electoral quisiera
recordar a SS.SS. que, tras las elecciones municipales de
1995, no manifestábamos, ni Gobierno ni oposición, una
gran satisfacción porque teníamos algunas dudas sobre su
transparencia. Se planteó en esta Comisión y se trasladó a
la Mesa del Congreso la necesidad o la oportunidad de que
una delegación parlamentaria de esta Comisión pudiera
participar como observador y garante de la necesaria
transparencia en las próximas elecciones previstas.

¿Tiene el Gobierno previsto alguna actuación concreta en
este sentido?
Una última cuestión, señor secretario de Estado, respecto
a los objetivos señalados que se compartían en cuanto a
la política para Guinea Ecuatorial, que era velar por el respeto
de los derechos humanos. Al Grupo Parlamentario
Socialista no le cabe ninguna duda de que el Gobierno está
preocupado por este tema en Guinea Ecuatorial, pero no
basta con declaraciones de disgusto, con declaraciones, a
nuestro entender, excesivamente tibias; echamos en falta
condenas enérgicas, exigencias concretas, peticiones firmes
e incluso reconsiderar, si fuera necesario, las relaciones
de cooperación, como sí lo ha hecho el Parlamento
Europeo.

La energía y la firmeza, señorías, no están reñidas con
la prudencia necesaria en las actuaciones. No se trata, en
modo alguno, de injerencias en cuestiones internas de otro
país sino del cumplimiento de compromisos firmados y
ratificados. Tenemos la sensación de que el Gobierno está
contemplando la situación con preocupación, con la esperanza
de que la ansiada transición llegue y con tanta prudencia
que se traduce en una clara condescendencia con un
gobierno que no es ni mucho menos merecedor de tanta
comprensión. Insisto, es una sensación que se transmite.

Señor secretario de Estado, mi grupo le solicita que
hagan algo más y que lo hagan pronto, porque el compromiso
con el pueblo ecuatoguineano, con el respeto a su dignidad
y a sus derechos es un compromiso de todo el pueblo
español. Estamos en un momento delicado y preocupante
por el retroceso en las libertades del pueblo guineano, por
las turbias, si me permite la expresión, relaciones que a lo
largo de este verano se han ido produciendo (el atropello y
la violación de derechos humanos, la actitud cada vez más
arrogante y la violación de derechos humanos, la actitud
cada vez más arrogante y dictatorial del presidente
Obiang); preocupante también por el próximo proceso
electoral que todos deseamos se desarrolle con transparencia,
libertad e igualdad de oportunidades.

El Gobierno español sabe que tendrá nuestro apoyo en
una apuesta decidida y firme para la democratización de
Guinea. Lo que no podemos es mirar para otro lado ni estar
satisfechos por gestos electoralistas del Gobierno Obiang,
aunque bienvenidos sean si con ello se evitan 15 ejecuciones.

Sentimos por ello cierto alivio, como decía al principio,
pero también debemos manifestar que con el Gobierno
de Guinea Ecuatorial nos encontramos en la etapa de relaciones
más extrañas, más oscuras de la democracia. Por
ello esperamos un paso adelante del Gobierno, una línea
más clara y decidida de actuación a favor de la libertad y de
la recuperación democrática, como dijo el señor ministro.

Si es así no tengan ninguna duda de que seguirán contando
con la colaboración y el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Maestre): La
tercera intervención, por petición de parte, es la del Grupo
Parlamentario Catalán, Convergència i Unió.




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El señor RECODER I MIRALLES: Quiero agradecer
al señor secretario de Estado su comparecencia. Nosotros
habíamos solicitado inicialmente, como sabe, la del
director general para África, pero nos sentimos satisfechos
con la presencia de don Ramón de Miguel hoy en la Comisión.




Hay un principio que es compartido por todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara y que, desde la perspectiva
de este grupo parlamentario, está en el trasfondo del
interés reiterado que expresamos por la situación en Guinea
Ecuatorial. En el hecho de que España tiene una especial
responsabilidad en todo lo que sucede en aquel país
como antigua metrópoli. Digo esto porque, ante las dificultades
de la situación política de Guinea Ecuatorial, dificultades
que son evidentes con altibajos, puede haber quien
tenga la tendencia de pensar que no se nos ha perdido nada
en ese país y que más vale dedicar nuestros esfuerzos a
otros lugares donde pueden ser más fructíferos. Por nuestra
parte -y reitero que coincidimos con el resto de grupos de
la Cámara-, llevados de esa responsabilidad histórica,
estamos obligados a mantener un interés especial, una política
específica para Guinea y un seguimiento de lo que allí
está sucediendo.

Como decía, señor presidente, la solicitud de esta comparecencia,
aunque ya antigua en el tiempo parlamentario,
viene motivada por la preocupación de la situación de
dicho país. Y cuando digo preocupación no me refiero sólo
a los hechos recientes a los que se refería el señor de
Miguel, que arrancan de los tristes, lamentables y condenables
sucesos del mes de enero y todo lo que ha sucedido
después, que han marcado la evolución y el tiempo político
de Guinea durante este año, sino, sobre todo, por la tendencia
que ello indica, una tendencia no especialmente dirigida
hacia la mejora de la situación política; tampoco puedo
decir que al empeoramiento, pero sí cuanto menos una tendencia
al estancamiento en una situación política que consideramos
bastante lamentable y obviamente muy mejorable.




¿Cuáles son los resultados de nuestra política en Guinea
Ecuatorial? Recuerdo al principio de esta legislatura
que en muy poco espacio de tiempo, un mes aproximadamente,
se produjeron dos comparecencias, la del señorAlabart
y la del propio ministro para hablar de cuál iba a ser la
política de la nueva Administración española frente al tema
de Guinea Ecuatorial, y se manifestó la voluntad de continuar
en la línea trazada por el anterior Gobierno, que se
centraba en la consecución de tres objetivos, a los cuales
también el secretario de Estado se ha referido, como era el
respeto a los derechos humanos, el impulso al proceso de
transición democrática y el velar por unas relaciones diplomáticas
normales y, por tanto, mantener un diálogo fluido
con las autoridades de Guinea Ecuatorial.

Debo reconocer el esfuerzo que se ha realizado por
parte del Gobierno, aunque también, en algunos de los
aspectos de la política gubernamental, quiero ser crítico y
lo voy a hacer a través de un breve repaso de la situación de
dicho país en cuanto a lo que podría ser la consecución de
los objetivos que se trazó el Gobierno.

Primer tema, los derechos humanos. Es obvio que si
tomamos como referencia el informe que elaboró el señor
Artucio, relator especial de las Naciones Unidas para Guinea
en el año 1992, un informe que fue no diría debatido
pero sí comentado y que ha estado presente en debates
anteriores en esta Comisión, la situación, en cuanto al respeto
de los derechos humanos, no ha mejorado y creo que,
incluso, ha empeorado en algunos aspectos. Citaban anteriores
intervinientes la detención de opositores como una
práctica normal por parte del Gobierno del señor Obiang,
un uso abusivo de la justicia, el resultado más conocido del
macrojuicio del mes de mayo son 15 penas de muerte, pero
no olvidemos que por un atentado que cometió un pequeño
grupo de personas se juzgaron aproximadamente -porque
nadie lo sabe- a unas 126, más o menos. Hubo una puesta
a disposición de las autoridades judiciales de una cantidad
de gente que seguramente no tenía que ver absolutamente
nada con lo que había sucedido al sur de la isla de Bioko.

Se ha producido, es cierto, la conmutación de las 15
penas, algo que celebramos mucho, y también debo agradecer
al Gobierno las actuaciones que ha realizado para
evitar el cumplimiento de esas penas, pero nos queda la
duda de que se produzca algo, que también ha sido denunciado
por la propia oposición y por las asociaciones de
defensa de los derechos humanos, como es que estas personas
hayan sido condenadas a una muerte lenta, dadas las
deplorables condiciones de las cárceles guineanas, y ya
tenemos el triste episodio de la muerte de Martín Puye, una
persona significativa dentro del pueblo bubi, una persona
que ejercía un liderazgo moral importante, un anciano que
murió de enfermedad habiendo sido detenido por las autoridades
guineanas.

También existe una situación clara de penurias de la
población en general, una población que no tiene acceso a
los mínimos servicios que no tiene acceso a los mínimos
derechos, desde una consideración del término derecho en
una perspectiva occidental, y que ha de ver cómo está bajo
el gobierno de unas autoridades que en ningún caso les da
la sensación de que se preocupan por mejorar su situación
sino que el interés de dichas autoridades es otro distinto
que el bienestar de sus conciudadanos.

Otro hecho que desde el punto de vista de este grupo
parlamentario pone en evidencia, que no se produce un
avance en cuanto al respeto de los derechos humanos, es la
situación que viven las etnias no fang de Guinea Ecuatorial,
y muy específicamente la segunda etnia del país,
oriunda de la isla de Bioko, como es la etnia bubi. No me
voy a extender ahora sobre ello, hablaré más adelante.

Hemos de celebrar como algo positivo el que la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas antes del
verano en Ginebra reiterara la necesidad de continuar considerando
a Guinea Ecuatorial como un país que debe ser
objeto de atención especial por parte de dicha Comisión y
mantuviera el mando del relator.

El segundo objetivo que se fijaba el Gobierno era el
impulso al proceso de transición democrática. Los avances
allí también son muy lentos, y a veces excesivamente dificultosos.

En 1995 se celebran unas elecciones democráticas,
nueve ayuntamientos son gobernados desde entonces
por alcaldes de la plataforma de oposición conjunta, pero
las noticias que nos llegan de Guinea es que la situación
diaria con la que conviven es de una extrema penuria, no
tienen ningún tipo de cooperación por parte de la Administración
central, sino más bien todo lo contrario, hay un



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esfuerzo claro por parte de dichas autoridades para evitar
que se puedan llegar a consolidar y que puedan llegar a
aparecer ante los ciudadanos como un modelo distinto de
gestión de la cosa pública, un modelo del cual los propios
ciudadanos noten sus beneficios.

Continúan existiendo partidos ilegales dentro de Guinea
Ecuatorial, y ello nos parece especialmente significativo.

En este momento son ilegales partidos que simplemente
son molestos al régimen. Alguno de ellos se mantiene en
esta situación de ilegalidad fruto de decisiones políticas
que son de suma originalidad y algún otro es ilegal porque
la propia ley electoral, aprobada por el Gobierno, no permite
su legalización en tanto en cuanto representan sólo
una parte del territorio de Guinea Ecuatorial. Es decir, aplicando
esa norma a nuestro país, quien les habla en este
momento no podría hacerlo en representación de su fuerza
política. Lógicamente es algo que no podemos compartir
de ninguna forma y nos parece contrario a los más elementales
principios de la democracia.

Me he referido antes a la persecución de los opositores,
pero lo reitero porque personas representativas de distintas
fuerzas del arco político guineano que representan partidos
muy distintos coinciden en expresarnos en sus continuados
viajes a España que son objeto de un hostigamiento constante
por parte de las autoridades guineanas, y obviamente
ello no facilita que pueda consolidarse una oposición política
y un sistema de partidos. Me pregunto, señor secretario
de Estado, si la actuación y el apoyo a todos los partidos
políticos por parte de las autoridades españolas ha sido
suficientemente realista en el pasado. Tengo ciertamente
mis dudas y he denunciado ante esta Comisión que en otro
tiempo hemos intentado reproducir esquemas en Guinea
Ecuatorial de afinidades políticas españolas.

Creo que deberíamos evitar esto y hacer un acercamiento
más realista a la situación de ese país.

Por último, se refería el Gobierno al mantenimiento de
relaciones diplomáticas y, como vía necesaria para conseguirlo,
a la necesidad de mantener un diálogo fluido. La
sensación que tengo -y mi experiencia diplomática es inexistente-
es que las relaciones de España con Guinea no
son normales; son, por decirlo de una forma que se pueda
entender, no anormales, pero sí un poco raras, un poco
extrañas. No tengo la sensación de que las relaciones diplomáticas
entre dos países soberanos se tengan que guiar
necesariamente por los parámetros en los que se mueven
las relaciones entre España y Guinea; unas relaciones con
altibajos en las que me parece que Obiang es quien marca
el tiempo, quien lleva la iniciativa, y España, supongo que
en un ejercicio de responsabilidad constante, tiene que
hacer ver que no se entera de muchas de las cosas que
pasan en ese país ni de muchas de las actitudes del presidente
del Gobierno de Guinea Ecuatorial, el dictador
Obiang.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Señor
Recorder, ha rebasado ya los diez minutos.




El señor RECODER I MIRALLES: Termino enseguida,
señor presidente.

Tengo por tanto la sensación de que no son unas relaciones
normales; a veces parece que Obiang juega al gato y
al ratón. No tengo ninguna fórmula para corregirle ni ninguna
sugerencia que hacerle; simplemente le traslado la
percepción de que esto no me gusta en absoluto.

Y para terminar, señor presidente, voy a hacer algunas
preguntas al vuelo, y quizá me va a costar concretar en esta
Comisión -porque también considero que no es quizá el
marco más adecuado para hacerlo- las propuestas de
nuestro grupo parlamentario. Pero visto el análisis del
resultado en cuanto a los objetivos que nos fijamos en nuestra
política en relación con Guinea Ecuatorial, debemos
cuestionarnos necesariamente si los medios que hemos
puesto al servicio de la consecución de dichos objetivos
han sido los más adecuados. Y si la conclusión es que no,
como yo creo, habrá que hacer algún replanteamiento de
ellos.

También debo decirle que tengo la duda de si nos
hemos trazado una línea recta, coherente, que conduzca
claramente a la apertura política del régimen, porque los
mismos vaivenes que observo en la relación entre España y
Guinea Ecuatorial los observamos a veces en la actuación
del Gobierno español.

Se refería usted a algo que nos parece especialmente
satisfactorio, como es la implicación de las autoridades
comunitarias en conseguir la conmutación de las 15 penas
de muerte, y yo quiero preguntarle si realizamos un esfuerzo
adecuado para atar corto a las autoridades europeas en
relación a Guinea Ecuatorial y si es España la que marca
dentro de la Unión Europea el ritmo de la política que debe
seguirse. Porque un observador imparcial puede notar que
hay algunos países de la Unión Europea que se aprovechan
de las debilidades de otros en relación con Guinea Ecuatorial,
y ello, obviamente, no es lo más conveniente para
poder mantener una política unitaria.

También me pregunto si no hubiéramos podido ser más
firmes en algunas ocasiones en nuestra relación con ese
país. Y la última pregunta que lanzo al vuelo es si entendemos
la gravedad del problema étnico en Guinea Ecuatorial.

Los hechos del mes de enero son deplorables y condenables;
ahora bien, esos hechos denotan un problema de
fondo que conocemos, porque se nos ha expresado reiteradamente
a todos los grupos políticos del Estado español,
como es la grave situación en que viven los bubis y la
desesperación en que se encuentra una parte muy importante
de la población de Bioko, sin ningún tipo de perspectiva
no diría ya vital de una cierta importancia, sino simplemente
diaria; tienen privado el acceso a los servicios más
esenciales, como educación y sanidad; el Gobierno de
Obiang realiza una política que mantiene dicha situación, y
no tienen unos canales de representación política suficientemente
representativos -y valga la redundancia-, según
la consideración que nos hacen los propios bubis.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Quiero
hacerles dos observaciones. La primera es que si contemplamos
diez minutos para cada intervención, a las cuatro
de la tarde seguiremos aquí, dada la extensión del orden
del día. Yla segunda es que, para abreviar el trámite, vamos
a dar la palabra a los grupos que quieran intervenir ahora, y



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al final intervendrá el señor secretario de Estado. De esta
manera reduciremos un poco la longitud de los tiempos.




¿Qué grupos quieren intervenir? (Pausa).




Tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVASAMORES: Gracias, señor presidente.

Haciéndome eco de su petición, casi ruego, voy a intentar
ser sucinto.




Es evidente que los elementos más destacables de las
relaciones diplomáticas con guinea en este año estarían
pivotando alrededor del referido juicio y de la marcha de
nuestras relaciones diplomáticas con Guinea. Respecto al
juicio, se ha estado comentando algo en lo que, por lo que
yo voy a confirmar, están de acuerdo todos los grupos, que
es la calificación de farsa, el reconocimiento de que no ha
habido las suficientes garantías judiciales y que multitud de
pruebas y declaraciones se han obtenido bajo torturas, lo
que, evidentemente, vicia el proceso y además sitúa el perfil
del modelo de Estado de Derecho que tiene Guinea
Ecuatorial.

Por lo tanto, difícilmente sólo las medidas de gracia que
se tomaron con posterioridad, una vez que se confirman las
15 sentencias a muerte, pueden modificar lo que hoy por
hoy es una realidad en Guinea, que es el clima de crispación
social que hay en el país, la división y el miedo que
existen; no el apoyo mayoritario, sino el pánico mayoritario
al Gobierno de Guinea. Por ello, podemos seguir expresando
la sensación de que aun con este tipo de medidas de
gracia y con la actitud del presidente de evitar nuevos
derramamientos de sangre, aunque estén teñidos de sentencias
judiciales de este perfil, difícilmente se va a recuperar
por sí solo el clima de convivencia interno, porque desde
luego estaríamos solucionando una consecuencia pero evitando
profundizar en la causa que la provoca.

Del juicio, poco más podemos decir. El Gobierno se
movió con urgencia y con rapidez, creo que incluso puede
decirse que hasta con contundencia; se evitó que fuesen a
mayores las imputaciones que había contra españoles, que
salieron sin ninguna sentencia de culpabilidad, pero seguimos
preocupados por lo que allí está pasando. Los españoles,
afortunadamente, como digo, ya conseguimos resolver
este problema, pero se mantiene la cuestión de determinar
cuál debe ser la estrategia del Gobierno con Guinea. Estrategia
que, como también se ha dicho, tiene que enmarcarse
no sólo en la relación bilateral, sino también en el seno de
la Unión Europea, porque ésta es nuestra plataforma de
política exterior y a la vez de política económica y de cooperación
conjunta.

Por lo tanto, este año se ha producido algo que lamentablemente
se venía arrastrando: el hecho de que nuestras
relaciones con Guinea son raras, especiales, muy malas, y
que desde la llegada del Partido Popular al Gobierno siguen
siendo malas.

No han mejorado en absoluto y curiosamente este verano
ha habido una nueva sorpresa, por decirlo de alguna
forma, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea
confirmaba que las relaciones navegan sin rumbo, que
España provoca interferencias y hostigamientos al Gobierno
de Guinea y que se estaba yo diría que amenazando a
parte de las instituciones españolas que están trabajando en
Guinea. Estoy hablando de la UNED, estoy hablando de
las ONG, estoy hablando del centro cultural que existe en
Guinea. De facto se está dando una persecución a este tipo
de cooperantes. En este año ha habido varias detenciones
unilaterales sin ningún tipo de justificación por parte del
Gobierno hacia cooperantes, ya sean médicos, ya sean
ONG de todo tipo. Por lo tanto, parece que ya no era simplemente
una interpretación que puede ser más o menos
radical, sino que parece que, de hecho, por parte del
Gobierno se tiene una actitud hostil hacia la presencia española,
una presencia de tipo cooperante, para ayudar al país
a salir de su atraso.

Por consiguiente, yo tampoco confío en las reformas
políticas en marcha. El Gobierno está haciendo llamamientos
a que de ahí salga ese proceso democrático que pueda
superar al fin la etapa de dictadura y situarnos en un escenario
político en el que la totalidad de los partidos estén
lógicamente en su país ejerciendo la política y no estén en
el resto de los países de la Unión Europea esparcidos porque
en Guinea serían inmediatamente encarcelados y torturados
y no sabemos hasta dónde llegaría la acción del
Gobierno.

Hay que diseñar una estrategia para nuestra relación
diplomática con guinea, estar pendientes, el presidente
Aznar ha tenido dos contactos con el presidente de Guinea
y desde luego los resultados no son nada positivos: seguimos
peor que estábamos, que ya es una mala forma de
seguir. Yo quisiera que con la misma intensidad diplomática
que se ha puesto para intentar evitar que las sentencias
se cumpliesen en este juicio deberíamos hacer una campaña
de intensidad diplomática, como digo en el marco multilateral
también, para que las tan ansiadas reformas democráticas,
las tan ansiadas, elecciones democráticas se
puedan cumplir y no sean una parodia.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Popular, el
señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Trataré de ser breve, porque
ya llevamos mucho tiempo reunidos y quedan muchos
puntos por tratar del orden del día.




La política de España hacia Guinea es uno de los temas
recurrentes en esta Comisión y, sin duda, nos seguirá ocupando.

Tenemos una responsabilidad que no podemos
negar y ni siquiera olvidar. Es una responsabilidad que es
ejercida no solamente por parte de los grupos parlamentarios
con sentido de la responsabilidad y de la seriedad, sino
por este Gobierno con dedicación y eficacia.

Es cierto que este Gobierno no es el primero que se
ocupa de Guinea Ecuatorial y, por lo tanto, habría que
recordar debates anteriores, en legislaturas pasadas, en los
que todos hemos podido reconocer las dificultades y las
limitaciones que tiene la política de España hacia Guinea.

Guinea ya no es una colonia española, es un país independientemente,
con una forma de gobierno muy particular y
con un proceso de transición hacia la democracia que a
veces parece interminable. Todo eso en una situación en la



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que tenemos una opinión pública y una clase política interesada
por las cosas de Guinea.

Dicho esto, y después de considerar que las cosas podrían
seguir siendo las mismas y podríamos repetir los argumentos
que aquí se han dado en anteriores ocasiones, hay
elementos nuevos que merecen sin duda nuestra reflexión
y que no han sido convenientemente profundizados. Uno
es la aparición de la violencia, que es algo que debe preocuparnos
a todos y que todos sin duda rechazamos. La utilización
de la violencia política o los intentos de utilización
de violencia con fines políticos en Guinea demuestra que
hay fenómenos preocupantes que sin duda deben ocupar
no sólo al Gobierno de España, sino sobre todo al Gobierno
de Guinea, y parece que no se ha comprendido todavía
la gravedad de los precedentes sentados en los últimos
meses.

Desde luego, Guinea, que no es un país aislado del
mundo ni de la región del mundo en que está situado, no
está precisamente en una zona en la que podamos considerar
que la estabilidad es la principal de sus características,
ni la paz, ni la estabilidad, ni la ausencia de conflictos internos
o externos. Por lo tanto, hay elementos suficientes de
preocupación si miramos la situación general de Guinea y
los últimos acontecimientos para seguir ocupándonos de
este tema. Y hay que seguir reiterando y manifestando los
principios de la acción exterior española, en la que todos
estamos de acuerdo; acción exterior española que tiene
como objetivo, en primer lugar, el mantenimiento de Guinea
como país en el mundo, su integridad territorial, su
carácter de nación independiente, la voluntad de promover
ese tránsito pacífico hacia la democracia, ese desarrollo,
ese fortalecimiento de las libertades individuales y de los
derechos humanos. Sabemos las enormes limitaciones y
deficiencias que tiene este proceso y los numerosos fallos
en los que el Estado guineano incurre cuando trata de abordar
estas deficiencias.

Creo que la misión de la Comisión de Asuntos Exteriores
en ésta y en anteriores legislaturas es seguir manifestando
esas inquietudes y esas preocupaciones y seguir apoyando
las acciones del Gobierno que tratan de reparar los
errores o las equivocaciones del Gobierno de Guinea. Todo
eso creo que tiene un ámbito más amplio, que es el ámbito
de la acción internacional, de la Unión Europea, de Naciones
Europea, de Naciones Unidas, que si se ocupan de Guinea
normalmente es porque España impulsa que se ocupen
de Guinea. Yo creo que sería un error, por parte de las autoridades
de Guinea, pensar que les va mucho mejor sin
España en el mundo que con España, porque si hay un país
que, careciendo de intereses, tiene interés por las cosas de
Guinea ése es España y sin duda es mejor aliado que cualquier
otro que puedan convenir en encontrar o en buscarse.

Por eso reitero nuestro apoyo a la acción difícil que hace el
Gobierno en un país con el que tenemos lazos y vínculos
históricos como es Guinea Ecuatorial y naturalmente la
voluntad de actuar de forma coordinada y consensuada en
el acuerdo más amplio posible con los demás grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE (Milián Mestre): Vamos a dar
la palabra al señor secretario de Estado para que conteste
en bloque a todas las intervenciones.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA
(De Miguel y Egea): En primer lugar quisiera mostrar mi
agradecimiento a todos los representantes de los grupos
parlamentarios que se han expresado aquí sobre la política
con Guinea Ecuatorial. Es muy importante que tengamos
estos intercambios de opiniones en este foro, por una doble
razón: primero, porque el Gobierno no cree tener la exclusiva
y la doctrina de las relaciones internacionales, y más
en el caso de Guinea Ecuatorial, que es un caso extraordinariamente
complejo. Por lo tanto, el escuchar las opiniones
de los diversos grupos parlamentarios ayuda a concretar
el criterio que el Gobierno debe hacerse en la
conducción de su política. En segundo lugar, Guinea Ecuatorial
no es un país tercero cualquiera; es un país sobre el
que España, como nación, tiene una responsabilidad histórica
y política. Es un país que los ciudadanos españoles
consideran de alguna manera parte de nuestra comunidad
de naciones, puesto que, a pesar de ser un país africano
lejano, es un país en el que muchos miles de españoles se
han implicado personal y profesionalmente, un país al que
se le ha profesado, durante mucho tiempo, un cariño muy
particular y un país que está en la mentalidad y en la conciencia
de todos los españoles. Todos desearíamos, yo creo,
y el Gobierno el primero, que las relaciones entre España y
Guinea Ecuatorial fueran las mejores, tan buenas como las
que hemos podido desarrollar con muchos países de esa
comunidad hispana de naciones que hay en el mundo.

La verdad es que todos nos preguntamos por qué no
somos capaces de tener con Guinea Ecuatorial el mismo
tipo de relación que tenemos con la República Dominicana,
por dar un ejemplo de un pequeño país también lejano.

Esto hace que la política con Guinea Ecuatorial sea de Estado
y que interese de manera particular a todos los partidos
políticos. En el caso del Partido Socialista, primer partido
de la oposición, ellos han tenido la experiencia durante
muchos años de la dificultad de llevar una política con
Guinea Ecuatorial. Creo que gozaron de la comprensión
de todos los partidos y el Gobierno del Partido Popular
agradece también la comprensión que tiene por todos los
partidos del abanico parlamentario ante muchas de los
temas de Guinea Ecuatorial, cuyas relaciones, como decía
el señor Recoder, no son totalmente normales. Es decir,
nosotros vemos que no actuamos a veces con Guinea Ecuatorial
como actuaríamos con un país tercero corriente. ¿Por
qué? Porque nosotros no podemos ni debemos romper los
puentes con Guinea Ecuatorial. Creemos que la posición
de paciencia, de tranquilidad y de moderación al final está
dando frutos y tiene que seguir dando frutos. Nuestra política
con Guinea Ecuatorial tiene que ser la de la perseverancia,
sobre todo la perseverancia en el mantenimiento de
unos objetivos que deben ser siempre los mismos, el llevar
a ese país ese nivel de tolerancia, de respeto a los derechos
humanos, de respeto al pluralismo democrático y de respeto
a las etnias que nosotros mismos hemos sido capaces de
instalar en nuestro propio país. Naturalmente eso no es
fácil.

Como decía el señor Robles, Guinea Ecuatorial está en
un contexto geopolítico que es el que es. Los países africanos,
por diferentes razones de las que nosotros los europeos
somos muy responsables, tienen problemas para situarse



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en ese mundo socio-político-cultural que nosotros deseamos
para ellos, entre otras cosas, porque las condiciones
de la colonización no despertaron en ellos las mejores tendencias
y están en un período de reafirmación. En muchos
de estos países, la reafirmación nacional se hace a menudo
en contra y en oposición a las influencias que les viene de
fuera. Por tanto, muy frecuentemente, nuestras relaciones
con Guinea Ecuatorial, según su propia interpretación,
están al borde de la injerencia en los asuntos internos. A
nosotros eso no nos tienen por qué descorazonar. Yo no
creo que sea nunca injerencia en los asuntos internos la
defensa de los valores fundamentales de las personas, la
defensa del pluralismo, la defensa del Estado de Derecho,
pero las autoridades ecuatoguineanas siempre tienen ese
resabio heredado de los países colonizados con respecto a
la antigua potencia administradora, tiene la percepción de
creer que les estamos leyendo la lección, que no somos
quiénes para decirles lo que tienen que hacer y resistirse a
que pongamos condicionamientos a nuestra cooperación a
que ellos hagan ciertas cosas. En esa especie de resistencia
que existe por su parte y nuestra perseverancia en mantener
los objetivos, se dan siempre situaciones notables de
fricción. Las autoridades de Guinea Ecuatorial toman como
muy negativas algunas de las afirmaciones que hacemos
tanto miembros del Gobierno como de los partido políticos
sobre los deberes que tienen que cumplir, que a nosotros
nos parecen elementales. Por ejemplo, consideran una injerencia
intolerable emisiones de Radio Exterior de España
en las cuales se expresan los miembros de la oposición; esa
emisión se escucha en Guinea Ecuatorial y se considera
como una agresión al régimen del Gobierno. Por otra parte,
nosotros tampoco podemos limitar la libertad de expresión
en una radio como Radio Exterior de España, que se oye
fuera de nuestras fronteras. Está claro que no hacemos esas
emisiones con el objeto de agredir ni de mantener una injerencia
en el régimen del presidente Obiang, pero también
está claro que no podemos negar un foro de expresión a
una serie de líderes políticos que se expresan de manera
muy correcta, con aspiraciones, que ya he escuchado aquí
y que compartimos todas las fuerzas políticas, de que en
Guinea Ecuatorial se produzca una evolución.

También tenemos problemas con la cooperación. Ustedes
conocen que el criterio, que comparte esta Cámara, respecto
al dinero de la cooperación que se gasta España, es el
de que debe ser repartida, que no tiene que ser ejercida
única y exclusivamente por el Estado a título de tal, sino
que hay que dar a las fuerzas sociales y políticas, a las
organizaciones
no gubernamentales, la oportunidad de realizar
sus obras de cooperación. Por tanto, nosotros damos una
gran parte de esa ayuda a Guinea Ecuatorial a las organizaciones
no gubernamentales, lo que también se entiende
mal por el Gobierno de Guinea, porque ellos desearían que
pusiéramos todo ese dinero a su disposición para administrarlo
como a ellos les plazca. Naturalmente, nadie puede
dudar de la altura de miras y de la generosidad de todas las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en Guinea
Ecuatorial porque, como decía antes el diputado
Robles con una frase que creo que es feliz, España no tiene
intereses en Guinea Ecuatorial (hemos demostrado que no
tenemos ningún interés económico) ni queremos ningún
tipo de colonización económica de Guinea Ecuatorial y sí
mantenemos un interés por el bienestar y por el futuro de
Guinea Ecuatorial. Es evidente, y recojo lo que decía el
señor Navas, que esa ofensiva diplomática la tenemos que
concentrar ahora en que la cita electoral se dé en las mejores
condiciones, que los partidos de la oposición tengan su
oportunidad, que las elecciones se hagan de manera transparente
y limpia. Recojo esta sugerencia de Izquierda
Unida como una sugerencia fundamental, con la que coincide
el Gobierno. Durante estos meses nos hemos concentrado
en que los sucesos del 21 de enero no tuvieran una
consecuencia trágica. Me preguntaba el señor Alcaraz qué
hacemos respecto a los detenidos. Evitar las penas de muerte
era el objetivo básico; ahora nuestro objetivo consiste en
que las personas que están encarceladas tengan unas condiciones
mínimas en la cárcel. Vivir en una cárcel es triste,
pero morir en una cárcel es todavía más trágico. Como
hemos tenido el caso del señor Puye, todos tenemos sospechas,
los aquí presentes, la gente en la calle y el Gobierno,
de que puede ocurrir de nuevo alguna muerte por falta de
cuidados. En ese sentido, la Embajada de España está muy
atenta, se visita a todos los presos, sobre todo a los de
nacionalidad española que han sido ya liberados, pero también
se trata de mantener una presión continua sobre el
estado de los prisioneros. Naturalmente, como he dicho,
estamos propiciando las iniciativas de Amnistía Internacional
y también estamos fomentando iniciativas para que la
Unión Europea haga presión sobre este tema. Eso, aunque
ya está terminado, tenemos que seguirlo, pero ahora el
tema de la ofensiva es asegurar que las elecciones sean
unos comicios normales, que se celebren en las mejores
condiciones posibles de normalidad y en las que los grupos
políticos de la oposición puedan tener una oportunidad. En
ese sentido, quisiera alentar aquí a las fuerzas políticas presentes
para que, a través del trabajo en los contactos parlamentarios
con sus grupos afines, sean capaces de darles
todo lo que necesitan, no solamente ideas y aliento sino
apoyo material, si fuera necesario, para que las fuerzas afines
a las aquí representadas puedan tener una oportunidad,
porque es evidente que las fuerzas políticas de Guinea
Ecuatorial que están en la oposición disponen de medios
muy limitados. Por tanto, es un afán no sólo del Gobierno
sino de todas las fuerzas políticas aquí representadas hacer
algo también con todas aquellas fuerzas de oposición que
están luchando en un juego democrático difícil y en unas
condiciones también muy difíciles.

En cuanto a la cooperación, quisiera decir que hubo
unas acusaciones que nos han recordado el señor Alcarza,
el señor Navas y el propio Gobierno guineano respecto a
que no estábamos haciendo lo necesario en la cooperación
y había quejas. Nosotros creemos que esas quejas son
infundadas. Precisamente por eso hemos mandado una
misión dirigida por el director general del ICMA que ha
estado una semana en Guinea Ecuatorial para hacer una
reevaluación y estamos dispuestos a volver a sentarnos con
el Gobierno del presidente Obiang para replantear y reorientar
la cooperación en aquellos campos que sean más
necesarios. Aveces tenemos que reorientar nuestros objetivos
porque comprobamos que lo que estamos haciendo no
es lo suficientemente efectivo y a veces también podemos
escuchar las sugerencias del presidente Obiang. Sin embargo,
quiero que todos los grupos de la Cámara sepan que



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cualquier reevaluación, incluso aumento de la cooperación
con Guinea Ecuatorial pasará por un compromiso del
Gobierno de ese país, que vamos a vigilar muy de cerca,
con el desarrollo democrático, político y social porque la
cooperación tiene que ser un incentivo para que el Gobierno
pueda hacer lo que tienen que hacer. La ayuda formal de
la Unión Europea se suspendió y se mantiene todo lo que
son capítulos de ayuda humanitaria. Guinea Ecuatorial es
miembro de la Convención de Lomé y tiene un programa
indicativo que se hace con proyectos, según los criterios
que se establecen en dicha convención. En la Unión Europea
hay una idea muy clara de los objetivos de gobernabilidad,
lo que se llama en inglés good government, es decir,
buena gestión, honestidad, etcétera, más el respeto a los
principios democráticos, que siguen siendo los mayores
objetivos para condicionar la ayuda a Guinea Ecuatorial.

En ese sentido tengo la satisfacción de decir que el comisario
encargado de relaciones con el mundo ACP, con el
mundo de Lomé, el portugués señor Pinheiro, con quien
mantenemos una relación muy fluida de gran amistad ya
que tanto el ministro como yo lo conocemos desde hace
muchos años, es muy consciente del tema de Guinea Ecuatorial.

Ha visitado dicho país, ha recibido al presidente
Obiang en su despacho y nos consta que el mensaje que ha
mandado a la Unión Europea coincide plenamente con el
que todas las fuerzas políticas han expresado en esta Cámara.

Es decir, que lo primero y fundamental es la garantía de
las libertades democráticas y el respeto al Estado de Derecho
y a los derechos humanos en el país.

Podíamos estar hablando de este tema durante mucho
tiempo, pero lo más importante que tenemos que hacer en
este momento es ser muy perseverantes en los objetivos
que nos hemos fijado y sin estridencias. Esto es muy difícil.

Yo comprendo que en algunos momentos algunas fuerzas
políticas desearían que el Gobierno tuviera una actitud
mucho más firme, que diera un puñetazo encima de la mesa
y dijera ¡Hasta aquí hemos llegado! Estamos en esa difícil
situación de equilibrio en la que si empujamos demasiado
fuerte se rompen las vías de diálogo, se rompe la cuerda.

Nosotros no deseamos en absoluto romper esa vía de diálogo.

El Gobierno aspira a tener -lo hemos manifestado
siempre- relaciones correctas con el presidente Obiang.

Nosotros no tenemos banderías. El Gobierno y las fuerzas
políticas españolas no apoyan ningún tipo de cambio político,
golpe de Estado o supuestos candidatos a suceder a
Obiang. Nosotros estamos por el poder constituido, y lo
único que le pedimos al poder constituido en Guinea Ecuatorial
es que revalide esa legitimidad en las urnas y que lo
haga en las mejores condiciones de transparencia, si es
capaz de hacerlo, y con el mayor respeto a todas la fuerzas
políticas y naturalmente a los derechos humanos, y deseamos
que ese Gobierno haga todos los esfuerzos posibles
para lograr el desarrollo económico y social de la población
de Guinea Ecuatorial porque -como alguien antes
decía- ya no es una cuestión de democracia sino de penuria:
hay gente que carece de lo mínimo, incluso alguna
etnia se ve claramente discriminada, como ha dicho el
señor Recoder. Estos son los mensajes que repetimos al
Presidente Obiang y que en la medida en que su Gobierno
dé los pasos necesarios para ir consolidando esta transición
política, económica y social estamos dispuestos a mantener
las mejores y más correctas relaciones, que deseamos que
mejoren cada día, y nuestra generosidad en todos los terrenos
con el Gobierno de Guinea Ecuatorial estará precisamente
condicionada a esa respuesta positiva por su parte.

Hasta ahora ha habido una situación de claroscuro. Esperemos
que estas elecciones se celebren en las mejores condiciones.

Yo quiero reiterar la buena disposición del Gobierno
para que las relaciones entre ese país y España sean tan
buenas como lo son con todos, sin excepción, los países de
la comunidad hispana de naciones.




- ALCANCE DE LAS NEGOCIACIONES Y, AL
PARECER RECIENTE ACUERDO ALCANZADO
ENTRE EL REINO UNIDO Y ESPAÑA
SOBRE LA UTILIZACIÓN MILITAR DE LA
BASE DEL PEÑÓN DE GIBRALTAR EN OPERACIONES
Y EJERCICIOS DE LA OTAN. A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000728).




- ÚLTIMAS ACCIONES DIPLOMÁTICAS LLEVADA
A CABO POR EL GOBIERNO CON
RELACIÓN A GIBRALTAR. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente
213/000736).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Pasamos
a los puntos quinto y sexto del orden del día, pero
antes quisiera que, dada la extensión del orden del día y la
perentoriedad de tiempo, se reduzcan los tiempos de intervención,
si es posible, a no más de cinco o seis minutos
por interviniente. En segundo lugar, aviso que las votaciones
de los tratados se producirán a partir de la una y media.

Por tanto les ruego que estén presentes, porque si no no
tendremos quórum suficiente para la aprobación de los
mismos.

Hechas estas aclaraciones, vamos a entrar en los puntos
quinto y sexto del orden del día que afectan a dos solicitudes
de comparecencia, la primera, del Grupo Parlamentario
Socialista, cerca del alcance de las negociaciones y, al parecer,
reciente acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y
España sobre la utilización militar de la base del Peñón de
Gibraltar en operaciones y ejercicios de la OTAN, y la
segunda, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, que atañe al tema de las últimas acciones diplomáticas
llevada a cabo por el Gobierno con relación a Gibraltar.

Sobre ambos temas tiene la palabra el señor secretario
de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA (De
Miguel Egea): Como saben SS.SS., la decisión del Gobierno
español de participar plenamente en la nueva estructura
de mandos de la Alianza Atlántica fue en un principio utilizada
por el Reino Unido para lanzar posiciones en el contencioso
bilateral sobre la soberanía de Gibraltar. Todos
recordamos la reserva expresada por el Reino Unido, incluso
por el propio ministro Cook, con ocasión de la cumbre
de la Alianza Atlántica que tuvo lugar en Madrid en julio
del año pasado, condicionando el acuerdo del Reino Unido



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al levantamiento total e incondicional por parte de España
de las restricciones que se imponían a las fuerzas de Gibraltar
sobre la utilización de los espacios aéreo y marítimo.

Todos conocen el rechazo firme del Gobierno de España a
vincular las restricciones sobre Gibraltar y la adopción de
la nueva estructura de mandos. Se partió del principio fundamental
-ya lo dijimos claramente- de que España no
estaba dispuesta a pagar ningún peaje por su plena incorporación
a la Alianza en el terreno de la soberanía de Gibraltar.

Dijimos que no se harían y no se han hecho concesiones
que puedan vulnerar o vulneren o debiliten la posición
de España en el contencioso bilateral de Gibraltar. Nosotros
manifestamos desde el principio nuestra disposición a
realizar los ajustes necesarios en el contexto de la adopción
de la nueva estructura de mandos, de la que desaparecerá el
mando aliado de Gibmed, y ante la perspectiva de una
plena integración de España en la estructura militar de su
Alianza. Desde el primer momento, nosotros no quisimos
nunca trasladar el contencioso bilateral con el Reino Unido
sobre Gibraltar al marco de la Alianza Atlántica, y verdaderamente
lamentamos que los británicos lo hicieran. En este
sentido, a partir de aquellas afirmaciones británicas nos
dedicamos a realizar una gran campaña de gestiones diplomáticas,
durante la segunda parte del año pasado, con todos
los miembros de la Alianza para explicar nuestra posición
y dejar bien claro, primero, que no deseábamos que el tema
de la nueva estructura de mandos se contaminase con el
contencioso bilateral y, al mismo tiempo, dejar bien claro
que no teníamos la más mínima intención de levantar las
restricciones aéreas y navales precisamente por el hecho de
que afectaban a puntos que atañen a la soberanía de Gibraltar.

También señalamos que estas restricciones desde luego
no afectaban en absoluto al normal funcionamiento de la
OTAN, y además subrayamos siempre una cosa que es
sabida, y es el escaso valor de operatividad de la base de
Gibraltar en un nuevo contexto en el que España es miembro
de la OTAN. Esta campaña diplomática y la firmeza en
la posición española llevó al Reino Unido al convencimiento
de que el Gobierno español no cedería en esta cuestión,
y pasaron de un planteamiento maximalista a otro centrado
en dirigir los objetivos de las conversaciones a aquellos
aspectos que España estaba dispuesta a abordar. El resultado
de este cambio de actitud ya se vio cuando el año pasado,
en el mes de diciembre, se aprobó sin ningún problema
la nueva estructura de mandos por parte del Consejo de la
Alianza y no hubo objecciones británicas con respecto a
este tema. En este contexto y sobre la base de estas premisas,
los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino
Unido convinieron, el 21 de noviembre, en que se llevaran
a cabo conversaciones entre un grupo de altos cargos de los
departamentos del Foreign Office y del Ministerio de
Asuntos Exteriores para perfilar los términos de entendimiento,
llegándose posteriormente a un acuerdo. Para
entender el alcance real de este entendimiento sobre la
cuestión conviene recordar brevemente las circunstancias y
el sentido de las restricciones en torno a Gibraltar.

Por lo que se refiere a las restricciones navales, España
tradicionalmente se ha venido reservando la posibilidad de
no acceder a las peticiones de escala en puertos españoles
de aquellas unidades navales extranjeras que procedan o
tengan prevista su visita posterior a Gibraltar.

El Stana 1.100 de la OTAN recoge esta política en la
reserva que España incluyó al ratificar este acuerdo de normalización
en los siguientes términos: El Gobierno español
se reserva los siguientes derechos: a) Denegar, reconsiderar
o modificar en cualquier momento cualquier autorización
para escala solicitada de acuerdo con las previsiones
del Stana. b) No permitir que buques procedentes directamente
de Gibraltar hagan escala en puertos españoles. c)
No permitir que los buques que hayan visitado cualquier
puerto español y se dirijan directamente a Gibraltar hagan
escala en puertos españoles. Esta reserva es la práctica
innecesaria porque el contenido del Stana 1.100 no limita
el derecho soberano del país anfitrión a rechazar la escala
solicitada si así lo juzga oportuno. Sin embargo, cuando se
ratificó el Stana el Gobierno español consideró oportuno
incluir la reserva mencionada precisamente para dejar claro
su deseo de hacer una llamada de atención sobre el contencioso
bilateral. La imposición de restricciones navales -
desearía añadir- no tiene su principal justificación en
razones jurídicas relativas a la cuestión de soberanía y obedece
más a consideraciones de índole política. Hay que
tener en cuenta que naturalmente el puerto de Gibraltar está
cedido por el Tratado de Utrech, aunque las autoridades
británicas han ampliado las instalaciones del puerto sobre
aguas adyacentes al istmo, de las cuales España se considera
país soberano.

Me referiré ahora a las restricciones aéreas. La política
restrictiva del Gobierno español en relación con el tráfico
aéreo es también antigua y no está recogida en un documento
único, sino que queda reflejada en diversas normas
sobre tráfico aéreo internas o internacionales que han registrado
a lo largo del tiempo algunas modificaciones. La
situación actual puede resumirse como sigue. Existe una
norma general que prohíbe el sobrevuelo del espacio aéreo
de soberanía española y las escalas en territorio español de
cualquier aeronave de Estado que tenga como origen, destino
o aeropuerto alternativo Gibraltar. Se exceptúan de
esta norma los vuelos de carácter humanitario y los aviones
en emergencia. Para las aeronaves civiles se prohíbe el
sobrevuelo a las aeronaves cuyo origen o destino sea
Gibraltar, si proceden de o se dirigen a un aeropuerto español;
en los demás casos el sobrevuelo está ahora autorizado,
aunque hubo un tiempo en que también estuvo prohibido.

Además, está declarada en 1967 una zona prohibida a
todos los vuelos, la LEP 117, que se extiende sobre la zona
del Campo de Gibraltar y aguas adyacentes y que limita
considerablemente la operatividad del aeródromo. Esta restricción
se estableció después de que España hubiese realizado
innumerables denuncias por violación de nuestro
espacio aéreo y con objeto de anular la pretensión británica
de una supuesta aquiescencia española a una supuesta también
servidumbre de paso por el espacio aéreo español de
los aviones militares británicos que operaban desde hacía
25 años en Gibraltar en Gibraltar. En 1985, y como consecuencia
de los compromisos de cooperación en materia de
aviación civil adquiridos en la declaración conjunta hispano-
británica de Bruselas de 1984, de esta zona prohibida se
desgajó una zona restringida denominada LER 49, en la
que pueden operar las aeronaves civiles en maniobras de
entrada o salida al aeropuerto de Gibraltar.




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Además de esta restricciones aéreas y navales existen
otras relacionadas con las operaciones y ejercicio de la
OTAN.Aeste respecto la postura oficial no escrita, mantenida
hasta ahora por España, ha sido la de no participar en
operaciones o ejercicios en los que participen unidades
aéreas o navales aliadas que salgan de o vayan a entrar a
Gibraltar. También hay otro grupo de restricciones ligadas
a la utilización de las instalaciones de Gibraltar. Como es
sabido, Gibraltar posee instalaciones fijas de comunicaciones
con todo el tráfico marítimo, facilidades portuarias y
aeroportuarias, mando y control, etcétera. Hasta ahora
España no se ha opuesto a la utilización de estas instalaciones
fijas, aunque se ha negado la establecer procedimientos
de coordinación directos con la anterioridad que los maneja,
ni participa en ejercicios en los que se utilicen dichas
instalaciones o sistemas.

Después de haber analizado todo este grupo de restricciones,
conviene distinguir entre las restricciones que tienen
por objeto preservar nuestra posición en el contencioso
(restricciones aéreas y marítimas fundamentalmente) y
aquéllas derivadas de la presencia de un mando aliado en
Gibraltar, Gibmed, en el contexto de la no pertenencia a la
estructura de mandos, a la estructura militar (comunicación,
sistemas, participación en ejercicios, etcétera).

Es obvio que la integración de España en la nueva
estructura de mandos y la desagregación de Gibmed la altera
las circunstancias que justificaban nuestra posición con
respecto a algunas de las restricciones en vigor, particularmente
aquellas que se derivan de los ejercicios de operatividad
dentro del mando de Gibraltar.

Partiendo de estas premisas, y de conformidad con el
planteamiento, la estrategia de negociación consistió en
distinguir entre las cuestiones que afectan a la soberanía y
aquellas que no hacen incidencia a la misma. Partimos también
de otra premisa básica: las cuestiones que afectan a la
soberanía sólo pueden abordarse, para hacer eventuales
concesiones, sobre la base de obtener contrapartidas satisfactorias.

El resto de las restricciones pueden abordarse con
criterios de oportunidad política y en función de la actitud
británica. En este contexto, y partiendo desde la base de
que en las cuestiones que afectan a la soberanía de Gibraltar
no hay margen para la flexibilidad y no eran negociables,
se desarrollaron estas conversaciones.

Ya he dicho que la posición británica evolucionó desde
una posición maximalista a otra mucho más realista que
aceptaba las tesis de nuestro planteamiento, y después de
diversas reuniones se llegó a lo que se llama los términos
de un entendimiento que afectan a las cuestiones técnicas,
como la posibilidad de coordinación y comunicación entre
las autoridades militares españolas y británicas en Gibraltar;
la posibilidad de utilización por la Alianza de los sistemas
de mando y control de Gibraltar; la posibilidad de que
las fuerzas españolas participen en ejercicios en los que
intervengan unidades aliadas que salgan o vayan a entrar
en Gibraltar, y las situaciones de emergencia para aeronaves
del Estado. Voy a referirme -si el presidente me lo
permite y si tenemos tiempo- a cada uno de estos aspectos.




Respecto al primero, la coordinación y comunicación
con las autoridades militares británicas en Gibraltar, la
incorporación de España a la estructura militar de la OTAN
planteó, desde el principio, el problema de la existencia de
un mando aliado en Gibraltar, Gibmed. Los acuerdos de
coordinación entre España y los mandos de la OTAN
afrontaron esta cuestión de un modo pragmático, evitando
las relaciones directas sin alterar la estructura entonces
vigente. En efecto, dichos acuerdos disponían que la coordinación
militar española dentro del marco de la Alianza
no se realizaría con los mandos aliados en Gibraltar, pero la
perspectiva de la integración de España en la nueva estructura
de mandos y la desaparición de Gibmed altera la situación.

Dicha integración comportará, por tanto, la revocación
de los acuerdos de coordinación y, por consiguiente,
las disposiciones que excluían la coordinación entre mandos
españoles y mandos aliados en Gibraltar. En este contexto
nuevo ya no tiene sentido el mantenimiento de la
negativa a coordinarnos y comunicarnos con las autoridades
militares británicas en Gibraltar. Esta nueva situación
ha permitido que el Reino Unido y España hayan abordado
de manera constructiva aquellas cuestiones derivadas de la
desaparición del mando aliado Gibmed. Gibraltar queda
como base militar nacional británica con las fuerzas y elementos
de mando que el Reino Unido decida mantener allí,
y se ha procedido a definir sobre nuevas bases las relaciones
con dichas autoridades militares.

En segundo lugar, me referiré a la no oposición de
España a la utilización por la Alianza de los sistemas de
comunicaciones e información y mando y control existentes
en Gibraltar. Para ser más precisos, España no rechazará
a partir de ahora su participación en operaciones de ejercicios
de laAlianza cuando se utilicen dichos sistemas.

En tercer lugar, abordaré la participación de las fuerzas
españolas en operaciones o ejercicios de la Alianza en los
que participen unidades aliadas que salgan de o vayan a
entrar en Gibraltar.

Como ya había dicho, la postura oficial no escrita mantenida
hasta ahora por España era la de no participar en
operaciones o ejercicios en los que intervinieran unidades
aliadas que salgan o vayan a entrar en Gibraltar. Naturalmente,
la integración de España en la nueva estructura y la
desaparición de Gibmed permite también abandonar esta
postura, y en este sentido hemos negociado con las sociedades
británicas. Esto no modifica en absoluto el régimen
vigente de restricciones aéreas y navales al no implicar la
autorización para que dichas unidades hagan posteriormente
escala en puertos o aeropuertos españoles. En consecuencia,
España no va a obstaculizar la realización de ejercicios
aliados negándose a intervenir en los que participen
buques o aeronaves procedentes o con destino a Gibraltar,
ahora bien, debe quedar claro que eso no implica una autorización
para hacer escala posteriormente en aeropuertos
españoles o sobrevolar territorio español ni tampoco en un
puerto español, ya que afectaría a la sustancia, a las restricciones
aéreas y navales.

Por último, el caso de los aterrizajes en situaciones de
emergencia, aunque entra de lleno en el ámbito de las restricciones
aéreas, por su carácter humanitario y por su naturaleza
absolutamente excepcional se ha estimado procedente
que, además de autorizar, como se hace hasta ahora,
a las aeronaves en emergencia procedentes o con destino a
Gibraltar a efectuar escala en bases o aeropuertos españoles,
puedan asimismo dirigirse posteriormente a Gibraltar.




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Por tanto, no quedan en pie más que las restricciones aéreas
y navales que se han venido practicando hasta el presente,
se mantienen intactas y, como subrayé ya anteriormente,
esto es válido también para el caso de la participación de
España en ejercicios de la Alianza en los que intervengan
unidades aliadas que operen desde Gibraltar, ya que estas
unidades no podrán dirigirse con posterioridad a puertos o
aeropuertos españoles.

Ya he dicho que España no tiene la intención de levantar
las restricciones subsistentes en tanto no haya avances
en las cuestiones de soberanía favorables a los intereses de
nuestro país. En este punto me interesa señalar que para
España la solución del contencioso no puede ser otra que la
recuperación de la soberanía sobre el territorio cedido por
el Tratado de Utrech y además la recuperación, en el ejercicio
de nuestra soberanía, de aquellos espacios no cedidos
en Utrech -me refiero al itsmo-, que fueron ocupados
ilegítimamente por los británicos y sobre los cuales el
Reino Unido debe iniciar de modo inmediato su retrocesión
a España.

A la hora de considerar qué condiciones permitirían el
levantamiento de las restricciones derivadas del contencioso
sería necesario distinguir entre las restricciones vinculadas
directamente a la soberanía española de aquellas otras
que las circunstancias políticas del momento hicieron aconsejable
su adopción. Las vinculadas directamente a la soberanía
española se refieren a aquellos espacios no incluidos
en el Tratado de Utrech, además del itsmo, su espacio aéreo
y las aguas. El mantenimiento de nuestra reclamación nos
ha obligado y nos obliga a oponernos a cualquier acción
que pueda ser utilizada como argumento para consolidar
por parte británica sus supuestos derechos sobre dichos
espacios.

Con carácter general, toda variación relativa a las restricciones
que afectan a cuestiones de soberanía debe abordarse
en el marco del proceso de Bruselas, escogido por los
dos gobiernos para discutir los avances paralelos que puedan
producirse en las cuestiones de soberanía y de cooperación
en beneficio mutuo.

En esta categoría de restricciones vinculadas a la soberanía
se incluyen las impuestas al tráfico aéreo. La posición
del Gobierno es clara. El aeropuerto se construyó en el
itsmo ocupado ilegalmente por el Reino Unido y no es
posible admitir actuación alguna que pueda vulnerar nuestra
revindicación de soberanía sobre este espacio de tierra.

La primera fórmula aceptada por ambas partes trataba
de neutralizar en la práctica el contencioso de soberanía
sobre el aeropuerto, que es el acuerdo de uso conjunto
hispanobritánico
que se alcanzó tras largas y difíciles negociaciones
en 1987. Yo creo que fue un gesto de extraordinaria
buena voluntad por parte del entonces gobierno de España.

La puerta en marcha del acuerdo, como todos conocemos,
no ha sido posible precisamente por la oposición de las
autoridades locales de Gibraltar, que ha sido reiterada
continuamente,
por última vez, sin ir más lejos, en el pasado
mes de julio. La segunda oportunidad para levantar restricciones
fue ofrecida en la antes citada reunión de Luxemburgo
de noviembre de 1997, por la que a España y al
Reino Unido, antes del inicio de las conversaciones que
son objeto de esta comparecencia, se les ofreció la posibilidad
de un acuerdo para la gestión de uso conjunto militar
del aeropuerto. Esta oferta, como todas SS. SS. conocen,
fue rechazada por el Reino Unido, y en esto pesó de nuevo
la influencia de la población y del gobierno local de Gibraltar.




En cuanto a las restricciones navales no directamente
vinculadas a la soberanía española, es decir, aquellas cuya
justificación principal no reside en razones jurídicas relativas
al contencioso de soberanía sobre el itsmo, su levantamiento
dependerá del mayor o menor avance que se haya
podido lograr en el proceso negociador con el Reino
Unido.

Quisiera, por último, subrayar que los términos del
entendimiento antes descrito, asumidos y aceptados por
ambas partes de manera informal, no han sido objeto de un
acuerdo formal y ni siquiera han sido recogidos por escrito.

Se trata, por tanto, de un entendimiento informal de carácter
técnico, alcanzado por representantes de ambas administraciones.




Señorías, yo quisiera que vieran que los términos del
entendimiento alcanzado en el curso de estas conversaciones
deben ser valorados positivamente. Se ha preservado
nuestra posición en el contencioso sobre la colonia sin
hacer concesión alguna y, al mismo tiempo, se ha llegado
al entendimiento necesario para adaptarnos a una situación
derivada de la desaparición del mando aliado en Gibraltar
y de nuestra integración en la nueva estructura militar.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por
circunstancias personales, el señor Navas no puede intervenir,
con lo cual vamos a ganar en tiempo y en celeridad. La
única persona que mantiene su petición como proponente
es el señor Estrella, portavoz del Grupo Socialista.




Tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente,
intentaré hacerme eco de su llamada a la brevedad, pero
hay un problema, y es que el secretario de Estado no se ha
limitado a abordar las cuestiones que estrictamente se planteaban
en la petición de comparecencia, y ha hecho muy
bien, sino que lo ha situado en el contexto general de la
cuestión de Gibraltar, tema que yo creo que tendremos que
seguir abordando en el futuro, con lo cual, aunque sólo sea
de pasada, me referiré a ello.

Empezaré por decir que el Grupo Socialista respalda
los acuerdos o los no acuerdos a que ha llegado el Gobierno
español con el Gobierno británico, unos acuerdos que se
nos dice que son de carácter informal y que suponen un
entendimiento, unos acuerdos que el secretario de Estado
nos ha leído aquí con detalle y que entendemos que podemos
incorporar a nuestro acervo, si no documental por lo
menos sí de conocimiento, sobre la situación de Gibraltar y
las posiciones del Gobierno español y el entendimiento a
que se llega con las autoridades británicas.

Poco tengo que añadir. Está claro que esos acuerdos
hacen posible la operatividad del nuevo mando OTAN que
se establecerá en España y que, al mismo tiempo, no suponen
ninguna alteración del status quo en que se encuentra
el contencioso, que no afectan en absoluto a cuestiones de
soberanía; se mantienen las restricciones, como decía el
secretario de Estado, vinculadas al contencioso, por una



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parte, pero también las de carácter político, por otra, que en
su día se impusieron sobre los accesos marítimos y aéreos
a Gibraltar.

Por tanto, nada que objetar. Lo dije hace varios meses
en un debate con el ministro sobre esta misma cuestión,
que una vez que se abrieron estas conversaciones el Grupo
Socialista entiende que entramos en una fase importante en
la que confiamos en la capacidad y la responsabilidad del
Gobierno para llevar adelante este proceso y, naturalmente,
no vamos a jalear una situación que lo que necesita es precisamente
calma, tranquilidad, no estar en los titulares,
como había estado desgraciadamente en meses anteriores,
y aquí sí quería hacer un comentario. El secretario de Estado
ha atribuido de manera prácticamente exclusiva a la
capacidad de negociación diplomática española el que los
británicos se aviniesen a levantar sus reservas. Esa es una
bonita manera de contar la historia. La realidad es que no
solamente hubo una subida de tono, unas amenazas y unas
reservas por parte británica, sino que a eso se respondió
también con una escalada verbal por parte de las autoridades
españolas, escalada que inició el ministro de Asuntos
Exteriores en octubre del año pasado, llegando incluso a
decir que les haríamos la vida imposible a los gibraltareños,
y que culminaba el ministro de Defensa en declaraciones
a la Agencia Efe el mismo día en que por la tarde se
anunciaba por parte del ministro de Defensa británico que
estaban dispuestos a levantar las reservas.

Ha habido, sin duda, una buena actuación diplomática
por parte de España. No comparto yo esas actuaciones gestuales,
que creo que estaban contaminando una negociación,
y la contaminaban hacia el contencioso, pero ha habido
también una situación en la que los británicos se
quedaron solos en su posición de reserva, porque el levantamiento
de la reserva británica se produce después de que
los franceses y las autoridades griegas levantaran las suyas.

Fue el aislamiento en el seno del Consejo Atlántico lo que
llevó a las autoridades británicas a no mantener sus reservas.

Pero todo forma parte de la historia y es simplemente
añadir algo a lo que se había dicho por parte del secretario
de Estado.

Voy ha hacerle sólo una pregunta: ¿Se han terminado
ya los obstáculos al establecimiento de un mando OTAN
en España, o cabe la posibilidad o existen visos de una actitud
que por parte británica pudiera llevarles a imponer nuevos
obstáculos o trabas al establecimiento, incluida la dotación
de fondos, por ejemplo, del futuro mando OTAN en
España? ¿Con esto ya está solucionado todo el problema, o
puede emerger con relación al nuevo mando? Eso me gustaría
que me lo aclarase.

Ya he dicho que estamos plenamente satisfechos y quería
hacer una muy breve reflexión al hilo de lo que ha dicho
el secretario de Estado al final de su intervención.

En primer lugar, nosotros creemos que la cuestión de
Gibraltar ha sido un elemento de consenso entre las fuerzas
políticas españolas desde hace muchísimo tiempo, y el
objetivo de la recuperación de la soberanía forma parte de
un acervo común entre las fuerzas políticas y la sociedad
española. Sin embargo, da la sensación de que estamos en
una situación en la que, por ejemplo, los acuerdos de Bruselas
han sido cumplidos por parte española y no lo han
sido por parte británica. Quizá tendríamos que realizar una
reflexión en común, no sé si pública, a puerta cerrada, de
manera formal de manera informal, sobre este hecho patente
de que los acuerdos de Bruselas cumplidos por parte
española no lo han sido en absoluto por parte británica.

En segundo lugar, está claro que se están produciendo
una serie de cambios. Estamos asistiendo en estos días a
nuevas tensiones que nos debieran llevar a una revisión de
los parámetros con que hemos abordado la cuestión de
Gibraltar. Hay una oferta, que es la de Bruselas, reeditada
el año pasado en las propuestas del ministro Matutes, pero
creo que tendría que ir acompañada por una nueva revisión,
llamémosle estrategia, de las fuerzas políticas españolas
junto con el Gobierno para ver cómo abordamos una
situación totalmente distinta de la de 1984. Ahora estamos
todos en la Alianza Atlántica, estamos todos en la Unión
Europea y las dificultades y tensiones con el gobierno británico,
en la medida en que formamos parte de estas dos
organizaciones, se van a reproducir cada vez con más frecuencia.

Probablemente tendríamos que abordar una nueva
estrategia que no descalifica en absoluto la seguida anteriormente,
porque respondía de una situación concreta del
momento, pero habría que adaptar nuestra estrategia, la del
Gobierno y la de la oposición, en definitiva la estrategia de
España, a esa nueva situación. Para eso cuenta el Gobierno
con toda la disposición del Grupo Parlamentario Socialista
y del Partido Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Como
no ha intervenido el señor Navas, vamos a dar paso a aquellos
grupos parlamentarios que quieran intervenir en este
debate. (Pausa).




Como no hay ninguno, tiene la palabra el señor secretario
de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA
(De Miguel y Egea): En primer lugar, quisiera agradecer la
intervención del señor Estrella en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista y expresar en esta Comisión el reconocimiento
del Gobierno al apoyo que ha tenido con el Reino
Unido en esta negociación. Todo el mundo sabe que España
no se encontró en una situación muy cómoda cuando
fue prácticamente retada por el ministro de Asuntos Exteriores
del Reino Unido a hacer concesiones, a pagar un
peaje sobre temas de soberanía para lograr su objetivo de
integrarse en la estructura militar de la OTAN. En esa difícil
evolución que tuvimos en el diálogo con el Reino Unido
no nos faltó en ningún momento el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista y el criterio y la opinión de parlamentarios
de dicho grupo expertos en temas de defensa yde asuntos
internacionales. Quisiera agradecerlo aquí porque es
justo y porque es un ejemplo de la buena sintonía que debe
existir entre las fuerzas políticas sobre los grandes temas de
Estado, y si hay un gran tema de Estado en este país es el
de Gibraltar.

Quisiera también tranquilizarle y responderle a su pregunta
en el sentido de que tenemos la idea de que este tema
está cerrado y no hay nuevas condiciones, nuevos peajes
que pagar ni nuevas situaciones en las que España pueda
encontrarse con oposición por parte del Reino Unido.




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Nosotros no tenemos ningún elemento para poner en duda
la buena voluntad del Gobierno del Reino Unido, ni sobre
la actitud constructiva que después ha tenido el Gobierno
del señor Blair, y muy particularmente el ministro deAsuntos
Exteriores, señor Cook, y también el ministro de Defensa
británico. Ellos han podido tener unas posiciones, nosotros
hemos podido tener otras, hemos llegado a un
entendimiento y sobre ese entendimiento no tenemos ningún
elemento que nos permita dudar de la impecable actitud
que decidió adoptar en este tema el Reino Unido. No lo
condicionó cuando podía condicionarlo, y no creemos que
lo vaya a condicionar ahora, lo cual no quiere decir que
todo país no pueda vetar en cualquier momento el mecanismo
antes de que sea adoptado. Pero no hay nada que indique,
repito, que el Reino Unido vaya a ejercer ese poder
que puede tener en lo poco que queda para consolidar la
nueva estructura de mandos, como, por ejemplo, en el caso
de la financiación de la base en Madrid.

Yo creo que no debemos albergar inquietudes en ese
sentido y que es de justicia que desde aquí hagamos mención
a la buena voluntad que el Gobierno británico ha tenido
con nosotros en la negociación. Hemos empezado con
oposiciones enfrentadas y hemos hablado en el mejor estilo
en que deben hacerlo dos países amigos y aliados, tratando
de hacer abstracción del contencioso de Gibraltar, ya que
estamos los dos de acuerdo en el fondo en que complica
innecesariamente las relaciones entre el Reino Unido y
España. Hemos logrado llegar a un entendimiento al que
nosotros consideramos que se ha llegado con una gran
dosis de buena voluntad por parte del Gobierno del Reino
Unido, y lo agradecemos.

Respecto a otros acontecimientos que están teniendo
lugar en Gibraltar en las últimas semanas y que, naturalmente,
están causando inquietud en la opinión pública, quisiera
decir que, efectivamente, puede haber algún parámetro
elemento nuevo en relación con Gibraltar y en relación
con las actitudes que el Gobierno de la colonia puede tener
ante ciertas cosas. Si esto se confirmara tendríamos que
hacer una revisión estratégica de nuestro planteamiento,
que en este momento está abierto a la cooperación. Hemos
ofrecido la utilización conjunta del aeropuerto para uso
civil y para uso militar en dos ocasiones ya; hay una oferta,
la llamada «oferta Matutes», de una cosoberanía larga y de
un diálogo abierto para lograr una futura integración; estamos
haciendo esfuerzos para que la convivencia en todo el
entorno sea lo mejor posible y que además cause el mínimo
perjuicio a las poblaciones tanto de Gibraltar como a las
españolas del Campo de Gibraltar, pero ha habido algunos
elementos en las últimas semanas que nos hacen pensar
que quizá esta aproximación generosa no tenga una respuesta,
por razones de tipo electoral o de política interna en
Gibraltar en las que no quisiera entrar.

En ese caso, y siempre teniendo en cuenta el proceso de
Bruselas, y naturalmente en contacto con el Reino Unido,
porque nosotros tenemos un compromiso real con el Reino
Unido de debatir todas las cuestiones que conciernen a
Gibraltar bilateralmente, a lo mejor convendría hacer una
revisión de algunos de los parámetros sobre los que está
basada nuestra política. El ministro de Asuntos Exteriores
inició hace días un diálogo informal con los portavoces de
las principales fuerzas políticas para hablar de todas estas
cuestiones; diálogo que está abierto, que es de plena actualidad,
que vamos a continuar, y desde luego estaremos
abiertos a cualquier sugerencia de cualquier partido, y en el
momento en que nuestra evaluación indicara que debemos
revisar alguno de los parámetros, lo haríamos con mucho
gusto en contacto con los grupos políticos, en el convencimiento
de que la política con Gibraltar tiene una dimensión
de Estado que no puede ser soslayada y que no es solamente
una responsabilidad del Gobierno, sino también de todas
las fuerzas políticas representadas en este Parlamento.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR RECODER I MIRALLES, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA
I UNIÓ), SOBRE LA OPINIÓN
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA
GRAVE SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA
EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
EN COLOMBIA. (Número de expediente
181/001696).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Pasamos
al último punto de su comparecencia, señor secretario,
que en este caso son las preguntas.




Punto número 7, relativo a una pregunta de don Lluís
Miquel Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), que tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor secretario
de Estado, la Comisión de los Derechos Humanos de la
ONU, cuando el 9 de abril del año pasado examinó el cuarto
informe periódico sobre Colombia, deploraba que continuaran
en ese país las violaciones patentes y a gran escala
de los derechos humanos -decía- y, en especial, las ejecuciones
extrajudiciales, los asesinatos, la tortura y otros
tratos degradantes, las desapariciones forzadas y las detenciones
arbitrarias llevadas a cabo por miembros de las
Fuerzas Armadas, la Policía, los grupos paramilitares y los
guerrilleros.

Esta situación, que data de un informe del año 1997,
durante este año ha continuado agravándose. De hecho,
dentro del propio 1997 ya empezó a agravarse, pues
aumentaron las acciones paramilitares en paralelo a la disminución
de las acciones ilegales del Ejército, así como las
acciones de la guerrilla; también los desplazamientos forzados
por la violencia, que se cifran en unas 200.000 personas,
las cuales hay que añadir a los 900.000 desplazados
ya existentes; los ataques y asesinatos contra los defensores
de los derechos humanos, habiéndose producido algunos
contra líderes muy significativos este año 1998 y habiendo
sido asesinados el año pasado 123 sindicalistas, lo que nos
lleva a un promedio de casi 10 muertos diarios por la violencia.

Este es el deplorable panorama que observaba la
oficina. Sin ir más lejos, en el mes de junio del año pasado
se producía el asesinato de 25 personas a manos de los
paramilitares, personas que habían sido secuestradas.

Le pregunto la opinión del Gobierno en relación con la
grave situación por la que atraviesa el respeto a los derechos



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humanos en Colombia, y muy especialmente a la luz
de los acontecimientos muy recientes: el primero, las elecciones
presidenciales en Colombia, y el segundo la reciente
visita del presidente del Gobierno a dicho país, que, según
se hicieron eco los medios de comunicación, tenía también
algún interés desde la perspectiva de empujar a sus autoridades
a que fueran más escrupulosas para lograr un respeto
completo a los derechos humanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA
(De Miguel y Egea): Durante los últimos meses, incluso en
plena campaña electora para las elecciones presidenciales
de junio, la situación de los derechos humanos en Colombia
ha continuado agravándose, con una trágica lista de
matanzas indiscriminadas, asesinatos selectivos, secuestros,
sabotajes y extorsiones, mucho de los cuales ha mencionado
ya el diputado señor Recoder. Paralelamente, el
conflicto estrictamente militar entre los grupos guerrilleros
y las Fuerzas Armadas ha continuado a lo largo y ancho de
todo el territorio. Especialmente virulenta ha resultado la
reciente ola de atentados contra los defensores de los derechos
humanos y las matanzas de civiles presumiblemente
perpetrados por grupos paramilitares.

Ante esta situación, hemos visto que las autoridades se
muestran impotentes para poner coto a la violencia, y, más
grave aun, si cabe, acabar con la impunidad reinante. En
este dramático marco general ha habido algunos tímidos
signos positivos, como, por ejemplo, los asomos de cambio
en la actitud de las Fuerzas Armadas, que estarían aumentando
acciones destinadas a tomar conciencia de la problemática
de los derechos humanos y del Derecho internacional
humanitario. También se ha puesto en marcha la
reforma del Código Penal militar y se ha ordenado que el
sistema judicial militar traspase a los tribunales civiles la
investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de los
derechos humanos y otros delitos que no guarden relación
con los actos de servicio. Por último, en esta misma línea,
las fundadas sospechas de que la brigada 20 del Ejército
funcionaba como un auténtico escuadrón de la muerte, ha
llevado a su reciente disolución.

La victoria del presidente Andrés Pastrana y la subsiguiente
reactivación de los contactos con los principales
grupos guerrilleros para avanzar en las negociaciones de
paz va a incidir positivamente en la situación de los derechos
humanos. A la vista de esta nueva dinámica creada,
los grupos armados se han comprometido a respetar el
Derecho internacional humanitario y han renunciado al
reclutamiento de menores y a cesar en los atentados y
secuestros indiscriminados. A lo largo de todos estos años
el Gobierno español, en estrecho contacto con sus socios
de la Unión Europea, ha seguido con la mayor atención la
preocupante situación de los derechos humanos en Colombia,
unida a la violencia desde hace décadas. Así, en su
momento y tras las oportunas consultas entre los socios de
la Unión Europea y con el Gobierno colombiano, además
de los contactos sostenidos con organizaciones de derechos
humanos y no gubernamentales, el Gobierno español contribuyó
decisivamente a poner en marcha la instalación de
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Bogotá que dirige la funcionaria
diplomática española doña Almudena Mazarrasa, y que ha
cubierto ya su primer año de sus funciones de observación
e información.

Por otra parte, en sus frecuentes contactos con el
Gobierno colombiano, con las organizaciones de derechos
humanos, representantes de la sociedad civil y próximamente
con al nueva Administración, España no ha cesado
de mostrar su honda preocupación por el gravísimo deterioro
de los derechos humanos en Colombia. El presidente
Aznar ha llevado este mensaje en su reciente visita a ese
país. Ha sido una gran oportunidad para abordar con el
nuevo Gobierno de Colombia una cuestión que el Gobierno
español considera completamente prioritaria. Quisiera
decir que la respuesta del presidente Pastrana a las indicaciones
del presidente Aznar ha sido totalmente positiva y
hemos detectado en el nuevo Gobierno de Colombia una
preocupación muy particular por dedicar sus esfuerzos a
garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.

No creo que debamos esperar cambios radicales y dramáticos.

No debemos engañarnos, sin la solución al enfrentamiento
interno, en el tema de los derechos humanos no
puede haber más que mejorías limitadas y precarias. La
causa de la paz, en la que España habrá desempeñado un
papel relevante por voluntad de los sectores del conflicto,
concita nuestra máxima atención. Desde la neutralidad y la
discreción seguiremos prestando los esfuerzos que se
requieran para lograr el diálogo y la reconciliación entre
los colombianos, con la firme convicción de que la consecución
de la paz y la reconciliación entre los colombianos
es el elemento fundamental para que en el futuro se eviten
estas reiteradas y continuas violaciones de los derechos
humanos en el país.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra el señor Recoder por breves minutos.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor secretario
de Estado, en la última reunión de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra, a finales del mes de
marzo pasado, se ratificó el mandato de la Oficina permanente,
pero no se aprobó el establecimiento de un mecanismo
propio de la Comisión de Derechos Humanos como era
la figura de un relator especial, que nuestro grupo solicitó
en una pregunta en Pleno al señor ministro, quien ya nos
manifestó que no iba a contar con el apoyo de la delegación
española. Pensábamos entonces que la figura del relator
especial podía suponer la dedicación de una mayor
atención al tema de los derechos humanos en Colombia y,
especialmente, una atención específica a los obstáculos que
pudieran surgir en el funcionamiento de dicha Oficina.

Parece que en la práctica lo que pesó más fue la incomodidad
del propio Gobierno de Colombia ante la creación de
una figura de este tipo que les podía situar en el centro de la
atención por lo que respecta a los derechos humanos. Es
algo en lo que en su momento insistiremos porque creemos
que es positivo. Celebramos que el Gobierno observe un
gran interés en el Gobierno del presidente Pastrana en relación



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a este problema tan grave de los derechos humanos en
Colombia.

Por lo que respecta al Gobierno español, lo que solicita
nuestro grupo parlamentario es que haya la mayor implicación
en este grave problema, que no vaya sólo en relación
directa con el Gobierno de Colombia sino también, y especialmente,
que las autoridades de la Unión Europea hagan
suyo este tema.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Si
quiere contestar, tiene la palabra, señor De Miguel.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA
EXTERIOR Y PARA LA UNIÓN EUROPEA
(De Miguel y Egea): Quisiera decirle al señor Recoder que
no sólo tomo nota de sus observaciones, sino sobre todo de
esta recomendación final que trasladaré al ministro de
asuntos exteriores. La tendremos muy en cuenta en nuestra
política a seguir porque encaja bien con la actitud que tiene
el Gobierno hacia este tema. Nos consideramos en el deber
de ayudar al Gobierno de Colombia y en algunos casos le
hemos apoyado, incluso conociendo que ese apoyo no
coincidía totalmente con nuestras aspiraciones, como en el
caso del relator de derechos humanos. Lo hemos hecho en
el bien entendido de que es conveniente que España conserve
ese capital de credibilidad y de confianza con el
Gobierno de Colombia y con las fuerzas políticas. Seguramente
S. S. conoce que España ha estado muy activa desde
hace tiempo, y sigue estándolo, no solamente en las conversaciones
con el Gobierno de Colombia, sino con
muchos de los actores implicados, y hemos ofrecido incluso
en muchas ocasiones nuestro propio territorio para que
se lleven a cabo conversaciones tendentes a lograr esa
reconciliación nacional y esa paz.

Vamos a seguir en ese empeño y creo que el Gobierno
del señor Pastrana abre unas expectativas nuevas. Él
mismo, incluso antes de tomar posesión, ya hizo unos gestos
extraordinarios de reconciliación con parte de la guerrilla,
inéditos en la historia reciente de Colombia. El Gobierno
español tiene mucha fe en la capacidad de ese Gobierno
para impulsar esa conciliación. Símbolo de esa fe que el
Gobierno tiene en el régimen del señor Pastrana ha sido el
reciente viaje del presidente a Colombia, donde ha sido
inmediatamente después de ser elegido el señor Pastrana
para darle, desde el primer momento, todo el apoyo necesario
con el que cuenta en España, y él lo sabe.

Con respecto a nuestra política en la Unión Europea,
vamos a tratar de que ésta se sume a esos esfuerzos de paz.

Seguimos haciendo una labora importante de coordinación
de todos estos temas en la Unión Europea, en los grupos de
trabajo, en la coordinación in situ con los embajadores
comunitarios, para obtener una posición común de compromiso
de la Unión Europea con esa gran tarea que es el
establecimiento de una situación de normalidad y de respeto
de los derechos humanos en Colombia.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre):
Damos por terminado este capítulo del orden del día antes
de pasar a las proposiciones no de ley. Señor De Miguel, le
despedimos con agradecimiento por la minuciosidad de sus
respuestas.

Vamos a hacer una pausa y pediría a los portavoces que
acudieran a la mesa para reordenar el resto del orden del día.




Se suspende la sesión por unos minutos.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



- SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA
GRAVE SITUACIÓN EN TURQUÍA. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente 161/000952).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Señorías,
entramos en el debate y votación de las proposiciones
no de ley.




Punto número ocho del orden del día: proposición no
de ley sobre medidas a adoptar ante la grave situación en
Turquía. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.




Tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: El origen de esta proposición
no de ley nace no sólo del conocimiento de la situación
mediante los medios de comunicación y las entrevistas
realizadas en España, sino de un recorrido del territorio
kurdo, para, in situ, sobre el terreno conocer la auténtica
dimensión de este problema. Se suele decir siempre que no
es lo mismo que de lo cuenten a verlo uno mismo y la verdad
es que en este caso se vuelve a confirmar la regla. La
dimensión del problema es mucho mayor que lo que
actualmente pueda conocer la sociedad española mediante
los medios de comunicación.

Sólo en Turquía estamos hablando de una estrategia
contra el pueblo kurdo que supone, grosso modo, el desplazamiento
de estos habitantes de sus pueblos y aldeas.

Desde 1984, fecha en que se inició esta estrategia de tierra
quemada, se han destruido unos 3.500 pueblos, lo que
supone un desplazamiento y un hacinamiento en otros
lugares con una calidad de vida realmente pésima. Se está
produciendo una desertización de amplias zonas en lo que
se ha venido a denominar el Kurdistán turco, porque los
desplazamientos han impedido que esa tierra fuese cultivada
y explotada.

Curiosamente, a la vez nos encontramos con un Estado
que no sólo aplica ese tipo de terapia, sino que no reconoce
siquiera la existencia de ese problema, ése es el quid de la
cuestión. No sólo no lo reconoce sino que prohíbe que ningún
ciudadano turco, sea o no kurdo, diga que hay un problema
y, al final, nos encontramos con que hay una guerra
no declarada que está suponiendo para el Estado turco un
desembolso económico importantísimo, pues debe mantener
unas fuerzas de 300.000 soldados en esa zona y que, a
la vez, supone una persecución judicial, un hostigamiento
también policial, de grupos parapoliciales, a todos aquellos
que intentan denunciar esta situación y que hacen propuestas,
que aquí definiríamos de pacificación pero allí son consideradas
como apología del terrorismo. En las cárceles



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turcas nos encontraríamos con cientos de personas cuyo
delito es hacer propuestas de pacificación de esta zona y
denunciar la estrategia de persecución de hostigamiento al
pueblo kurdo; son penados por colaboración con banda
armada, como diríamos aquí.

Unido a este tipo de políticas, nos encontramos con que
los partidos políticos kurdos son perseguidos, reprimidos,
están en la tesitura de la ilegalización permanente. En ese
país difícilmente se puede tener una política de derechos
humanos cuando sus defensores son atacados y encarcelados.

Yo tuve ocasión de hablar con el presidente de la Asociación
de Derechos Humanos turca una semana antes de
su atentado, a quien mostraba mi inquietud por que en esa
situación pudiese correr peligro su vida. Defendía su seguridad
diciendo que, dado que había alcanzado un alto grado
de reconocimiento por parte de la sociedad, de las organizaciones
internacionales, eso le servía de blindaje. Desgraciadamente,
sus tesis no se cumplieron, las mías sí y le acribillaron
a balas transcurridos siete días.

Es una situación que ya tiene una resonancia internacional,
una situación que ha impedido a la propia Turquía
acceder como socio en la próxima ampliación de la Unión
Europea. Desde luego, la Unión Europea no ha sido parca
en la calificación y definición de las causas que han originado
ese rechazo a su solicitud. Es evidentemente porque
no es un régimen que cumpla los criterios democraciaderechos
humanos, ley que no puede transgredir cualquier
socio de la Unión Europea.

Nos encontramos con una situación de estado de emergencia
permanente en un territorio que prácticamente es de
la extensión de España, con una escalada bélica constante.

Voy a hacer mención a que -supongo que saldrá en el
debate, pero quiero dejarlo suficientemente claro-, en ningún
momento nuestro grupo está haciendo mención en la
proposición no de ley ni en mi intervención a apoyos o
comprensiones hacia ninguna acción violenta que se desarrolle
por parte de nadie en ese territorio. Estamos hablando
de un pueblo que está reclamando lo que se entiende por
derechos culturales, por estar en su tierra, por tener esa
etnia diferenciada dentro de Turquía, que debería ser reconocido,
no perseguido ni reprimido por parte del Estado
turco.

La proposición no de ley hace referencia a que debemos
conseguir que la escalada bélica en la zona desaparezca.

Turquía está invadiendo el territorio de Irak, situación
que en una zona tan sensible y delicada no ayuda a sosegar
esa región. Proponemos que pueda haber observadores de
derechos humanos en el Kurdistán que emitan también sus
informes correspondientes. Estamos hablando de conseguir
un diálogo permanente desde las organizaciones multilaterales
con el Gobierno turco para que reflexionen sobre
la necesidad de dialogar con la otra parte, con los kurdos,
con sus representantes, para conseguir una salida pacífica y
evitar esta sangría en la zona. Estamos pidiendo que se restablezcan
las garantías democráticas en el Kurdistán turco
y que haya un encuentro, un foro internacional donde se
pueda debatir sobre la cuestión kurda.

Levantar la bandera de los derechos humanos no sólo
en los papeles y en los discursos sino en la práctica, no es
una cuestión de difícil asunción para la Comisión y el
Gobierno. No sería una acción unilateral de este Gobierno
porque la propia Unión Europea ha adoptado ya resoluciones
que coinciden en esencia con lo que la proposición no
de ley de Izquierda Unida pretende.

Espero la comprensión de todos. Nuestro grupo está
abierto a la reflexión sobre las enmiendas que se han presentado
y alguna que se quiera presentar in voce. Lo importante
en este momento es alcanzar ese consenso que habitualmente
intentamos conseguir en esta Comisión, porque
hay un denominador común suficientemente amplio que
cubra la sensibilidad y las propuestas políticas de todos los
partidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A esta
proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. La
correspondiente al Grupo Mixto, cuyo portador ha pedido
que, por su imposible ubicuidad, se dé por sostenida.

Vamos a mantenerla viva aunque no se defienda. La segunda
es del Grupo Socialista. Por tanto, tiene la palabra el
señor García-Santesmases.




El señor GARCÍA-SANTESMASES MARTÍNTESORERO:
Efectivamente, nosotros presentamos dos
enmiendas, una de supresión de los dos primeros párrafos
de la proposición de Izquierda Unida y otra de rectificación,
sobre todo en orden a la expresión verbal del último
párrafo. Consideramos aceptada esta proposición de
Izquierda Unida, que plantea el problema de la situación de
los derechos humanos en Turquía, pero pensamos que los
dos párrafos no están suficientemente bien redactados,
puesto que se habla deorganizaciones internacionales competentes
sin especificar y no se concretan cuáles serían las
acciones específicas a realizar. Ahora bien, el resto de la
proposición, desde nuestro punto de vista, es acertada, porque
se juntan aquí dos cosas que nos parecen importantes.

Por un lado, el respeto a los derechos humanos dentro de
Turquía. Por otro lado, hay que llamar la atención -
recuerdo las conversiones que hemos tenido antes con
representantes del Grupo Popular. Sobre que los derechos
humanos hoy no son sólo los derechos humanos tradicionales
de la primera o de la segunda generación, sino, como
muy bien dice el secretario de Estado, señor De Miguel, en
un artículo que tengo aquí delante, al hablar de los derechos
humanos a los cincuenta años de la Declaración Universal,
hay que situarlos hoy también en la perspectiva de
la tolerancia, de la convivencia pluriétnica, en eso que se
viene en denominar derechos de tercera generación, que
son muy relevantes para ver el modelo de convivencia que
deseamos.

Si hay un lugar -no digamos el único- donde se plantea
este problema de los derechos de tercera generación,
este drama de una población que, como dice esta proposición,
no tiene identidad, a la que no se le respeta su historia
y sus tradiciones, ese es evidentemente Turquía y la vivencia
trágica y dramática que tiene el pueblo kurdo. Por eso
nos parece acertado -cambiando quizás la idea de convocar
al Consejo de Seguridad, porque eso vendría a insinuar
que ha habido un hecho esencial y determinante, cuando es
un drama de hace años- impulsar una acción de Naciones
Unidas y de su Consejo de Seguridad para que trate el
drama de esta población. Por tanto, combinar las dos cosas,
el respeto a los derechos humanos en Turquía en todo lo



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que en la última sesión que tuvimos antes del verano de
esta Comisión entendimos que son los derechos de la primera
y la segunda generación, y entrar en esos derechos de
tercera generación, que abarca todos los problemas vinculados
a la etnia, a las tradiciones y a la identidad nos parece
acertado y, por tanto, tendrá, si se aceptan nuestras enmiendas,
el voto favorable de nuestro grupo.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre):
¿Algún grupo quiere hacer un turno en contra? (Pausa).




¿Hay algún grupo que quiera intervenir en este debate?
(Pausa).




Tiene la palabra el representante del Grupo de Coalición
Canaria.




El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré muy
brevemente, señor presidente, dado lo avanzado de la hora.

Mi grupo quiere dejar constancia, en primer lugar, de
que para la conculcación de los derechos humanos en cualquier
parte del mundo por cualquier gobierno u organización
merecerá siempre nuestra repulsa, rechazo y lo combatiremos
con todos los medios legales en el derecho
español y en el derecho internacional que suscribe España
en sus convenios, fundamentalmente por ser España signataria
de la Convención Mundial de Derechos Humanos.

Ahora bien, en el caso específico de esta proposición no
de ley que nos trae aquí el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida y que ha defendido don José Navas, mi grupo no
va a dar su apoyo porque no entendemos, circunscribiéndonos
al texto, y una vez hecha la salvedad de la defensa de
los derechos humanos, por qué esto se tiene que aplicar con
una indeterminación territorial de lo que es el Kurdistán. El
Kurdistán no es solamente un problema para el pueblo
turco, al que volvemos aquí a reiterar nuestro apoyo y nuestro
deseo por la solución ordenada, jurídica y pacífica de
un proceso verdaderamente ancestral; no solamente está
complicada Turquía, porque está el tema del territorio del
Kurdistán que está en Irak y del territorio del Kurdistán que
está en Irán. Por tanto, promover como se dice aquí en el
segundo punto el envío a todo el Kurdistán de observadores
internacionales me hace entender que habría que cambiar
esta propuesta por una invocación a las autoridades
irakíes e iraníes, por la existencia geográfica del territorio
del Kurdistán y del pueblo kurdo.

Teniendo en cuenta este principio de que no le podemos
cargar solamente esta invocación a Turquía, tenemos que
tener presentes las alianzas internacionales, de las que
forma parte España, como es el caso de la ONU o de la
OTAN con Turquía. Desearía que el Gobierno español,
teniendo presente como tiene la defensa de los derechos
humanos, tuviera la mayor flexibilidad posible, porque es
un país en este momento aliado en la OTAN, con el que en
este momento mantenemos unas buenas relaciones bilaterales
a nivel diplomático internacional e incluso comerciales,
con los contratos que Turquía ha suscrito con España
para la provisión de aviones de transporte de la firma
CASA, el Nurtanío. Por eso no hay que poner en dificultades
esta medida de penetración que España puede hacer en
su defensa de los derechos humanos, en este caso a favor
del pueblo kurdo.

Porque no entendemos que esto pueda estar encajado
ahora en una línea de pragmatismo político a la que he
hecho referencia, mi grupo va a votar negativamente este
texto.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra la señora Pulgar, del Grupo Popular.




La señora PULGAR FRAILE: Señor presidente,
señoras diputadas y señores diputados, es un hecho que
Turquía está lejos aún de los estándares alcanzados por las
democracias europeas en materia de derechos humanos y
libertades fundamentales. Los informes de los observadores
internacionales independientes y de las propias organizaciones
no gubernamentales turcas no dejan ninguna duda
a este respecto. Sin embargo, lo relevante desde el punto de
vista del tema que nos ocupa es si existe una evolución en
materia de respeto a los derechos humanos y sobre todo si
esta evolución es positiva.

En los últimos meses y, en particular, desde la subida al
poder del actual Gobierno de coalición se han producido
una serie de hechos y de iniciativas que hacen pensar que
el país está entrando en una fase más esperanzadora.

En el ámbito político, el nuevo Gobierno ha incluido
entre sus prioridades la promoción del respeto a los derechos
humanos, y en este contexto se sitúa la designación de
un ministro con responsabilidad exclusiva en esta materia
y la creación de una comisión interministerial con la misión
de verificar la situación de los derechos humanos y proponer
medidas legislativas y administrativas para asegurar su
respeto. El Gobierno ha puesto en marcha también una
serie de iniciativas legislativas, entre las que destacan la
reforma del Código Penal, con la abolición de la pena de
muerte y la creación de la figura del ombudsman. Asimismo,
en el ámbito judicial, los signos son alentadores. A lo
largo de las últimas semanas ha habido varias decisiones en
casos de gran notoriedad que revelan una mayor preocupación
por las instancias judiciales para asegurar el respeto de
las garantías procesales y de los derechos individuales protegidos
por la Constitución. Es en el campo social donde se
están produciendo los cambios más esperanzadores. Hay
una creciente sensibilidad social hacia las violaciones de
los derechos humanos que se ha puesto simbólicamente de
manifiesto por el apoyo están relacionados con los acusados
en los recientes casos judiciales y pueden actuar de
catalizador para que el tema de los derechos humanos se
instale definitivamente en la agencia política turca.

La iniciativa parlamentaria presentada aísla el problema
kurdo del general de la situación de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales en Turquía. Es cierto que
la cuestión turca es el más apremiante de los problemas
con los que se enfrenta el país, pero su solución sólo es viable
en un contexto de respeto a los derechos humanos y de
profundización de la democracia en Turquía. Centrar la
acción internacional solamente sobre la cuestión kurda únicamente
contribuirá a aumentar el rechazo de aquellos sectores
mejor predispuestos a contemplar la posibilidad de
dar una salida política al conflicto.




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Antes de finalizar, quiero añadir que la Unión Europea
y sus Estados miembros mantienen una política de presión
activa sobre Turquía en todos estos foros y han hecho de la
cuestión de los derechos humanos uno de los criterios prioritarios
en sus relaciones con este país. España cuenta con
una gran credibilidad a los ojos de la opinión pública turca
como país y como modelo de transición política en el que
Turquía podría inspirarse. Ello ha permitido que España
esté llevando a cabo una política que tiene por objeto contribuir
a que este país amigo y aliado, partiendo de la experiencia
histórica española, lleve a cabo las reformas democráticas
que le permitan alcanzar la homologación con las
democracias europeas.

Para acabar, quiero hacer énfasis en que es obvio que
Turquía no cumple satisfactoriamente con los estándares
europeos en materia de derechos humanos. Por esta razón
los países con capacidad de influencia sobre Turquía, y ello
afecta directamente a los de la Unión Europea, tienen una
especial responsabilidad a la hora de utilizar todos lo mecanismos
a su alcance para favorecer la profundización de la
democracia y del respeto de los derechos humanos. Ahora
bien, la internacionalización de la cuestión kurda, aislándola
del contexto general de la democratización en Turquía,
no toma en consideración los esfuerzos del nuevo Gobierno
turco, en paralelo con la creciente movilización social,
ni la crisis actual de las relaciones entre Turquía y la Unión
Europea, y olvida el hecho de que los países europeos están
siguiendo una política muy activa y discriminatoria en
favor de los derechos humanos en Turquía.

Por todas estas razones, la opinión del Grupo Popular
es contraria a la toma en consideración de la proposición
no de ley por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados.




Muchas gracias, estimados colegas, y gracias, señor
presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A
efectos de reconocimiento o aceptación de las enmiendas
presentadas, el señor Navas tiene la palabra.




El señor NAVAS AMORES: He dicho en mi intervención
que íbamos a hacer un ejercicio de consenso por parte
de nuestro grupo para intentar agrupar el máximo de voluntades.

En este caso debo de decir que no consideramos en
este momento que sea oportuna la introducción de la propuesta
que nos hace el diputado Manolo Alcaraz en nombre
del Grupo Mixto, a pesar de la coincidencia total en su
contenido. Nosotros tenemos articulado como Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida una proposición con
ese mismo texto, lógicamente fuera del marzo de lo que
nosotros entendemos que eran los derechos humanos en
Turquía y, sobre todo, la situación que están atravesando
los kurdos en Turquía. En aras a ese consenso aceptamos
las dos propuestas que nos hace el Partido Socialista Obrero
Español, porque entendemos que hay una coincidencia
clara en el fondo e incluso, evidentemente, hay aportaciones
que mejoran la calidad del texto. Por lo tanto, ésa sería
en conclusión la valoración de Izquierda Unida sobre las
propuestas de enmienda del resto de los grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): ¿La
primera no la acepta y la segunda se acepta?



El señor NAVASAMORES: La de Nueva Izquierda no
y las dos del Grupo Socialista sí.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Pasamos
a la votación, quedando modificado, por tanto, el texto
original por la enmienda socialista. (El señor Estrella
Pedrola pide la palabra).




Señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: ¿Podríamos hacer
las votaciones de las tres proposiciones no de ley al final de
los debates, que van a ser cortos?



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): El
margen que habíamos puesto era el de la una y media.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Ha sido práctica
habitual a lo largo de las sesiones donde hemos tenido proposiciones
no de ley acumular las votaciones al final del
debate de las mismas. Quedan dos y van muy rápidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): De
acuerdo.




- SOBRE GUINEA ECUATORIAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.

(Número de expediente 161/001060).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre):
Vamos entonces a pasar al punto número 9, proposición no
de ley sobre Guinea Ecuatorial, cuyo autor es el Grupo
Socialista del Congreso. Su portavoz tiene la palabra.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente,
ha habido un largo debate esta mañana sobre Guinea Ecuatorial,
sobre la evolución del proceso democrático en este
país y sobre el respeto o la falta de respeto a los derechos
humanos, con lo cual el Grupo Socialista no desea a esta
hora abrir un nuevo debate, sino simplemente presentar el
texto que a partir de la propuesta socialista se ha conformado
como texto alternativo, recogiendo enmiendas del
Grupo Popular, también las enmiendas in voce de Coalición
Canaria y del que pasaría a dar lectura si me lo permite.

(Asentimiento).




Diría: 1. La Comisión de Asuntos Exteriores expresa
su voluntad de seguir impulsando en el ámbito bilateral y
en el de la Unión Europea el fortalecimiento del Estado de
Derecho en Guinea Ecuatorial, de contribuir a la profundización
del proceso democrático y velar por la adecuada
seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos.

2. Ante la anunciada convocatoria electoral en Guinea
Ecuatorial, manifiesta su preocupación por las limitaciones
a la libertad, a la democracia y al pluralismo en que podría
celebrarse dicho proceso electoral. 3. Expresa su voluntad
de mantener el diálogo y la cooperación entre España y



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Guinea Ecuatorial para favorecer el progreso y el bienestar
del pueblo ecuatoguineano y la completa inserción de Guinea
Ecuatorial en la comunidad democrática de naciones.

4. Acuerda adoptar las medidas necesarias a fin de que
una delegación parlamentaria visite Guinea Ecuatorial
antes de las próximas elecciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): ¿Grupos
que desean intervenir? (Pausa).




En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad,
dado que tenemos esta enmienda transaccional consensuada.

Tal como ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, la vamos a apoyar en toda su
literalidad con nuestro voto afirmativo.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el
señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: En el
mismo marco y con la misma brevedad, señor presidente,
nosotros queremos proponer una enmienda in voce al
grupo proponente con la esperanza de que pueda ser incluida,
en todo caso para ampliar y profundizar en el texto.

La enmienda in voce que presentamos es al punto
segundo. Consiste en añadir después de «celebrarse dicho
proceso electoral» y expresa la necesidad de que todas las
fuerzas políticas sean legalizadas».

Entendemos que la situación que en estos momentos se
da en Guinea no es la que los grupos de esta Cámara deben
defender y creemos que la legalización de todas las fuerzas
políticas, sean del signo que sean, debería ser una solicitud
que se debería incorporar en esta proposición no de ley. En
la esperanza de que sea aceptada, la proponemos.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Simplemente quería
dejar constancia del apoyo de nuestro grupo a la proposición
no de ley del Grupo Socialista, ya que como durante
esta mañana hemos hablado de la preocupante situación
de los derechos y de las libertades fundamentales en Guinea
Ecuatorial, digamos que viene a ser un poco el resumen
del consenso que todos los grupos hemos expresados
en las distintas intervenciones sobre la necesidad de que
este proceso culmine en unas elecciones democráticas y
libres, con ese pluralismo y esa legalización que estamos
comentando que es fundamental para poder legitimizar
una democracia.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el
Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, yo no
sé si el grupo proponente de esta adición a la enmienda ya
transaccionada por la mayoría de los grupos entiende,
como nosotros, que cuando se habla del pluralismo se
incluye la participación de las fuerzas plurales. Yo no sé si
es necesaria esta adición o si entienden, como yo, que al
hablar del pluralismo se está haciendo una llamada para
que participen todas las fuerzas políticas en ese proceso.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra el señor Burballa.




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Efectivamente
la palabra pluralismo puede significar eso, pero
dados los antecedentes de los cuales partimos, sería bueno
que hiciéramos especial hincapié en la necesidad de la legalización
de todas las fuerzas políticas. Yo creo que esta
Cámara y esta Comisión no deberían en este caso privarse
de definir con un poco más de exactitud lo que entendemos
por la palabra pluralismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): ¿Mantiene,
por tanto, la propuesta?



El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Sí, señor
presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: La verdad es que,
como acaba de decir el portavoz del Grupo Popular, está ya
expreso en el texto al hablar del pluralismo. De todas formas,
nosotros no tenemos el menor inconveniente en añadir
una frase que podría ser del siguiente tenor «... y reclama
al mismo tiempo la legalización de todas las fuerzas
políticas democráticas».




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Señor
Burballa, ¿acepta la propuesta?



El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente,
en aras del consenso, la nueva redacción nos parece
suficientemente satisfactoria. Por tanto, la aceptamos y
retiramos la enmienda in voce que habíamos presentado.

(El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Señor
Soriano ¿quiere intervenir?



El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muy brevemente,
para indicar que el Grupo Popular acepta el texto
transaccional a que se ha llegado después de las últimas
modificaciones. En consecuencia, después del largo debate
que ha tenido lugar esta mañana sobre Guinea Ecuatorial,
donde ha quedado suficientemente expresado el parecer
del Gobierno y del grupo que lo sustenta, sobra cualquier
adición a esta exposición.




- SOBRE LA INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES
ENTRE ESPAÑA Y FILIPINAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO



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POPULAR EN EL CONGRESO.(Número de expediente
161/001078).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Pasamos
a la tercera proposición no de ley, punto número 10
del orden del día, sobre la intensificación de las relaciones
entre España y Filipinas, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Cáceres.




El señor CÁCERES BLANCO: Señores diputados, la
visita de los Reyes de España a Filipinas el pasado mes de
febrero puso de relieve para la opinión pública de ambos
países la existencia de unos lazos comunes que van más
allá de las tópicas referencias histórico-culturales de rigor.

Sin duda estas referencias son inevitables y etimológicamente
fundamentales. Como es sabido, Magallanes al
mando de la flota española que daba la vuelta al mundo,
reinando Carlos I, desembarco en 1521 en la isla de Cebú,
donde Magallanes fue muerto. Cuarenta años después de
aquel primer contacto, fue Legazpi quien conquistó y colonizó
las Filipinas a las que dio el nombre de Rey cuyo V
centenario celebramos ahora.

Desde entonces, algo más de cuatro siglos de presencia
española terminaban bruscamente en 1898, con la declaración
de guerra por los Estados Unidos y el hundimiento de
la débil escuadra española del Pacífico, en Cavite. La coincidencia
de este hecho con la proclamación unilateral de la
independencia por Emilio Aguinaldo, celebrada por Filipinas
este año como centenario de su existencia como república
soberana, modificó el devenir político del archipiélago,
además de barrer el predominio de los castilas, como
denominaban entonces a los españoles. En efecto, de una
manera aún más drástica que en Cuba y Puerto Rico, los
americanos tomaron posesión de Filipinas, más los archipiélagos
menores de la Micronesia con la estratégica isla
de Guam como simples colonias. De hecho, hubo que esperar
al fin de la Segunda Guerra Mundial, que supuso una
dura prueba para los filipinos, para que se proclamase la
independencia real.

Medio siglo de colonización norteamericana añadió un
tercer elemento, junto con el indígena, de mayoría tagala, y
el hispano, al ser cultural y humano de Filipinas, pero el
último elemento citado sufrió sin duda una grave recesión
visible en cada caída total casi de los hispanoparlantes en
las islas. El elemento religioso cristiano, de honda y
mayoritariamente
implantación, sigue siendo decisivo en el conjunto
cultural, político y humano de Filipinas y supone
también una vinculación española, como lo demuestra la
pervivencia de los nombres del santoral español en la
población, además de los topónimos empleados por la geografía
filipina. A ello se añaden, además, abundantes huellas
hispánicas y la literatura filipina, que nación en nuestra
lengua (las novelas de José Rizal: Noli me tangere, El
Filibusterismo),
cargadas de referencias políticas, y hasta su
himno nacional, al menos en su primera versión.

Las Filipinas son un gran archipiélago de un millar de
islas (las mayores, Luzón y Mindanao), con un total de
300.000 kilómetros cuadrados, que ocupan un gran triángulo
marítimo entre Asia e Insulindia. Este millar de islas
está poblado por más de 80 millones de habitantes de muy
diversas lenguas y etnias, pero bien integradas en el marco
nacional de la república, sobre todo una vez superada
recientemente, y esperamos que para siempre, la lucha
armada con las guerrillas del Frente Moro, es decir, los
musulmanes en torno al mar de Joló, cuyo líder, Nur
Misuari, se integra ahora en la política nacional.

La estratégica posición de las Filipinas en el Pacífico
Sur frente a las costas de Asia y la Insulindia ya las convirtió
bajo la dominación española en el eslabón clave del tráfico
marítimo a través del Pacífico entre América y Asia,
tráfico representado por el llamado galeón de Manila, entre
Acapulco y la capital de Filipinas, que cerraba el círculo
del comercio mundial del área hispánica al ponerlo en contacto
con la enorme China.

Filipinas es hoy una república moderna y democrática,
como han venido a confirmar las últimas elecciones el
pasado mayo, y con excelentes perspectivas económicas, a
pesar de la actual crisis que tan duramente afecta a todo el
frente de Asia-Pacífico. Sin embargo, como escribe el profesor
Rodao en el número de mayo-junio de este año en la
revista Política Exterior, después de haber sido considerado
como un caso perdido entre los dragones o tigres del
área, desde Japón a Indonesia, hoy Filipinas aguanta la tormenta
mejor que sus vecinos, con un espectacular crecimiento
de la renta per cápita desde 847 dólares en 1992 a
1.265 dólares en 1997. Aunque todavía su desempleo sea
mayor que en el resto de los países de la ASEAN -lo que
explica la fuerte emigración, de la que en España tenemos
constancia, sobre todo a través de la oleada de empleadas
de hogar de los años setenta y ochenta-, ahora se invierte
la corriente y son muchos los que regresan al archipiélago.

La presencia económica española, antes simbolizada
por la Compañía de Tabacos de Filipinas, es más intensa
que el débil rastro cultural e idiomático. Un comercio
mutuo valorado en 14.000 millones de pesetas durante la
primera mitad de este año, pero con una balanza muy favorable
a las Filipinas, unas inversiones valoradas en 7.500
millones de pesetas, más una joint venture de Unión Fenosa
con Manila Electric Company por valor de 77 millones
de dólares resumen esta actividad junto con la de entidades
bancarias como el Banco Santander. Precisamente ahora,
como continuación de la declaración sobre cooperación
política hispano-filipina de 1995, el Gobierno español concluye
un nuevo Tratado de amistad y cooperación que sustituirá
al de 1947 y establecerá las bases para una fructífera
cooperación en el siglo XXI.

Por todo ello, queremos instar al Gobierno a que adopte
las siguientes medidas. Primero, aumentar el conocimiento
de la España actual en Filipinas, así como Filipinas en
España, poniendo el acento en el ser actual de dos naciones
libres y soberanas de régimen democrático ambas y de economías
distintas, pero ascendentes y complementarias.

Segundo, subrayar el hecho de que el siglo XXI se llama
ya la era del Pacífico y que, en todo caso, la existencia de
grandes poblaciones en sus orillas, mayoritariamente hispánicas
en las americanas, con creciente peso económico
en la economía mundial, recomienda intensificar nuestras
relaciones con el país más afin a España en aquella área.

Tercero, y en consecuencia, procurar recíprocamente el
conocimiento de España en las Filipinas y de las Filipinas



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en España, promoviendo los intercambios culturales, políticos,
empresariales y económicos entre ambas naciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A esta
proposición se ha presentado una enmienda del Grupo
Mixto. Para defenderla, tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias al
señor diputado proponente. Hay que agradecerle el despliegue
erudito sobre Filipinas, pero con todo el respeto y las
obligaciones de la cortesía parlamentaria, me va a permitir
que le diga que el texto que nos presenta, no el que ahora
ha formulado, es un pelín cursi. Me parece que está trufado
de una serie de expresiones rancias es el mejor estilo del
Florido Pensil y que, incluso, hay algunos argumentos que
se aportan que son de dudosa oportunidad en un sistema
democrático como el español. Fundamentar una proposición
en la evangelización de una tierra es harto dudoso,
porque para evangelizar, salvo que desde unas profundas
creencias religiosas se acepte el hecho milagroso, hay que
desplazar una creencia previamente establecida. Por otro
lado, sobre la referencia que se hace en el propio texto de la
proposición a la historia, evidentemente, la historia hay que
suponer que es como es, sin versiones sesgadas o tergiversadas.

Ahora, que la historia de España en aquella zona,
como en toda zona de colonización, no puede ser solamente
un canto a los triunfos, a los avances universales de la
madre patria, etcétera, me parece que a estas alturas del
siglo ya lo sabemos. Qué le vamos a hacer.

En otro orden de cosas, si esta proposición no de ley la
hubiera presentado cualquier otro grupo, el Grupo Popular
se hubiera llevado las manos a la cabeza y hubiera dicho
qué tipo de estilo parlamentario es este de presentar resoluciones
retóricas donde no se sabe al final qué es lo que tiene
que hacer el Gobierno, pero ya que viene del propio grupo,
bienvenida sea.

Obviamente vamos a votar que sí, porque ¿quién se
puede oponer a que aquella querida tierra sea despreciada
votando que no? Bienvenido sea todo lo que sean buenas
relaciones con Filipinas y seguramente con cualquier otro
país del mundo. Nuestra enmienda lo único que ha tratado
de hacer en este magallánico naufragio es aportar algo útil
y objetivable y es algo que es cierto que España desde hace
décadas no se ha preocupado en demasía de hacer, aunque
algunas cosas se ha hecho: tratar de asegurar a través de
mecanismos útiles, que, como digo, se pueden objetivar,
una mayor presencia cultural y de difusión de la lengua
castellana, que ojalá no quedara circunscrita sólo a Filipinas,
sino que sirviera de polo de irradiación para aquella
zona de Asia emergente por tantas razones.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): A
efectos de la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra
el señor Cáceres.




El señor CÁCERES BLANCO: Daré una breve respuesta
a mi interpelante. Aparte del adjetivo que no cometeré
la indiscrección de devolverle, yo no he hablado de
madre patria en ningún momento, y si he hablado de religión,
es como un elemento objetivo que me parece que
forma parte de la historia, que está ahí y forma parte, y lo
he repetido en mi exposición, de las vinculaciones entre
España y Filipinas. Por lo demás, me parece muy bien la
relativa corrección, que no hace más que subrayar la necesidad
de intensificar nuestras relaciones con aquel archipiélago.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por lo
tanto, ¿acepta la enmienda de adición de este párrafo?



El señor CÁCERES BLANCO: Sí, acepto la enmienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Gracias.




Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Me felicito por esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular haciendo públicas
las relaciones entre España y Filipinas e intentando que
se incrementen. Por eso no puedo dejar de recordar la estrecha
vinculación centenaria entre Cataluña y Filipinas y
dedicar en este momento un muy particular y consciente
recuerdo a lo que fue la primera multinacional española, la
primera multinacional en el sentido estricto de la expresión,
que fue la Compañía General de Tabacos de Filipinas,
repito, primera auténtica compañía multinacional en su
sentido estricto, fundada por el Marqués de Comillas, don
Antonio López, ilustre mecenas catalán. En un momento
en el que estamos debatiendo hacer públicas las relaciones
comerciales centenarias entre España y Filipinas, esta mención
merecía ser aportada al debate. Por todas estas razones,
mi grupo apoyará esta iniciativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Tiene
la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: No podíamos dejar pasar
esta oportunidad de mostrar nuestro entusiasmo por la propuesta
del Grupo Popular, sobre todo cuando desde la
dirección de la política exterior de ese grupo parlamentario
siempre se ha hecho tanto hincapié en la conformación de
las propuestas, en la exactitud de las propuestas, en que
estén redactadas conforme no sé si es al ordenamiento jurídico
o la retórica parlamentaria. En definitiva, lo que queremos
es agradecer es propuesta al Partido Popular, porque,
desde luego, va a suponer un hito, va a ser una
referencia permanente durante toda la legislatura. Habitualmente
se hacen juicios sobre el resto de las propuestas
de los demás grupos, quizá más para esconder las diferencias
de fondo que las de forma; y por eso yo, desde luego,
esta propuesta me la voy a meter en el bolsillo de todas mis
chaquetas. Estamos de acuerdo en que España se lleve bien
con todo el mundo y, por supuesto, también con Filipinas.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Es cierto que el
texto que nos presenta no responde a lo que estamos acostumbrados



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a entender por un texto de carácter político-parlamentario;
yo diría más bien que constituye una reivindicación
no sólo de Filipinas y de la españolidad, de la relación
de España con Filipinas, sino de la propia retórica
parlamentaria de 1898, con lo cual bien venido sea e incluso
bien venida sea esa referencia a, en palabras del portavoz
del Grupo Popular, la religión como elemento objetivo.

Sin ir más lejos, ayer pudimos asistir a una representación
de la religión como elemento objetivo del centro político;
por tanto, por qué no incorporarlo también en esta declaración,
que, aunque consideramos demasiado retórica y poco
llena, poco rica en contenidos político, bien venida sea, y
viva España y viva Filipinas. (Risas).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Vistas
las tres proposiciones no de ley, pasamos a su votación.




En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley
sobre medidas a adoptar ante la grave situación de Turquía,
en el bien entendido de que se ha incorporado la enmienda
presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el grupo
proponente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
votos a favor, nueve; en contra, 18.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
rechazada.




Vamos a pasar a la segunda proposición no de ley, que
afecta a Guinea Ecuatorial, cuyo proponente es el Grupo
Parlamentario Socialista. En este caso ha habido una transaccional,
que yo creo que no hay que volver a leer porque
ha sido suficientemente debatido el pequeño texto final.

Consecuentemente, vamos a votar.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Tercera proposición no de ley, que atañe a la intensificación
de las relaciones entre España y Filipinas. En este
caso también se incluye la enmienda de adición presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto. VAmos a votar la proposición.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobada por unanimidad.




DICTAMEN SOBRE:



- CONVENIO POR EL QUE SE CREA LA OFICINA
EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES
(ETO), HECHO EN COPENHAGUE EL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 1996. (Número de expediente 110/000192).




- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL
REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA, FIRMADO EN MANAGUA EL 12
DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente
110/000193).




- CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, DE LA
REPÚBLICA DE FINLANDIA Y DEL REINO
UNIDO DE SUECIAAL CONVENIO RELATIVO
A LA COMPETENCIA JUDICIAL Y A LA EJECUCIÓN
DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN
MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, ASÍ COMO
AL PROTOCOLO RELATIVO A SU INTERPRETACIÓN
POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
CON LAS ADAPTACIONES INTRODUCIDAS
POR EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN
DEL REINO DE DINAMARCA, DE
IRLANDA Y DEL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, POR EL
CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE
LA REPÚBLICA HELÉNICA, ASÍ COMO POR
EL CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN
DEL REINO DE ESPAÑAY DE LA REPÚBLICA
PORTUGUESA, HECHO EN BRUSELAS EL 29
DE NOVIEMBRE DE 1996. (Número de expediente
110/000194).




- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DEL
REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE EL ESTATUTO
DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS DURANTE
ESTANCIAS TEMPORALES DE LA
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, Y
DECLARACIONES RELATIVAS AL EJERCICIO
DE LAJURISDICCIÓN PENAL. (Número de
expediente 110/000195).




- CONVENIO BASADO EN EL ARTÍCULO K.3
DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA,
RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES
FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS, FIRMADO EN BRUSELAS EL
26 DE JULIO DE 1995. (Número de expediente
110/000196).




- ENMIENDA DEL PÁRRAFO 13 DE LAS
REGLAS DE FINANCIACIÓN ANEJAS A LOS
ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL TURISMO, ADOPTADA EN ROMA
EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1981. (Número de
expediente 110/000197).




- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA
BASE DELARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LAUNIÓN EUROPEAYDELAPARTADO 3 DEL
ARTÍCULO 41 DEL CONVENIO EUROPEO
EUROPOL, RELATIVO A LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE EUROPOL, LOS MIEMBROS
DE SUS ÓRGANOS, SUS DIRECTORES,



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ADJUNTOS, Y SUS AGENTES, HECHO EN
BRUSELAS EL 19 DE JUNIO DE 1997. (Número
de expediente 110/000198).




- CANJE DE NOTAS, CONSTITUTIVO DE
ACUERDO, ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS,
POR EL QUE SE PRORROGA ELACUERDO
ENTREAMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN APOYO A
LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN
LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES
TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A
TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN
ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO
ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29
DE ENERO DE 1964, HECHO EN MADRID EL
14 Y 28 DE ENERO DE 1998. (Número de expediente
110/000199).




- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑAY
LA REPÚBLICA DE BOLIVIA SOBRE ASISTENCIA
JUDICIAL EN MATERIA PENAL,
HECHO EN LA PAZ EL16 DE MARZO DE 1998.

(Número de expediente 110/000200).




- TRATADO ENTRE ELREINO DE ESPAÑAYLA
REPÚBLICA PORTUGUESA PARA LA REPRESIÓN
DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN
EL MAR, HECHO EN LISBOA EL 2 DE MARZO
DE 1998. (Número de expediente 110/000201).




- PROTOCOLO SOBRE LAS ZONAS ESPECIALMENTE
PROTEGIDAS Y LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICAEN ELMEDITERRÁNEO, FIRMADO
EN BARCELONA EL 10 DE JUNIO DE 1995,
ANEXOS ADOPTADOS EN MÓNACO EL 24 DE
NOVIEMBRE DE 1996 Y DECLARACIONES
ADJUNTAS A DICHO PROTOCOLO. (Número
de expediente 110/000202).




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Pasamos
a los dictámenes, y en este caso, por la brevedad aceptada
ya en la reunión de la Mesa, vamos a hacer simplemente
una votación de cada uno de los tratados, sin entrar
en debate.




Si hay alguien que quiere hacer una intervención concreta,
que lo especifique ahora, antes de la votación.




El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, con su
permiso, pido la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): La
tiene.




El señor ROBLES FRAGA : Sugiero que se haga la
aprobación por asentimiento, salvo que algún otro grupo
tenga algo que objetar.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre):
¿Todas en bloque o enumerándolas?



El señor ROBLES FRAGA : Una a una y enumerándolas.




El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): De
acuerdo. Aceptada la sugerencia, vamos a proceder a las
votaciones.




Punto undécimo: Convenio por el que se crea la Oficina
Europea de Telecomunicaciones (ETO), hecho en Copenhague
el 1 de septiembre de 1996.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobada por unanimidad.




Punto decimosegundo: Tratado de Extradición entre el
Reino de España y la República de Nicaragua, firmado en
Managua el 12 de noviembre de 1997.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto decimotercero: Convenio relativo a la adhesión
de la República de Austria, de la República de Finlandia y
del Reino de Suecia al Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, así como al protocolo relativo a su
interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones
introducidas por el Convenio relativo a la adhesión
del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio relativo
a la adhesión de la República Helénica, así como por el
Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de
la República Portuguesa, hecho en Bruselas el 29 de
noviembre de 1996.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobada por unanimidad.




Punto decimocuarto: Canje de Notas constitutivo de
Acuerdo entre los Gobiernos del Reino de España y de la
República Federal de Alemania sobre el estatuto de las
Fuerzas españolas durante estancias temporales en la República
Federal de Alemania, y Declaraciones relativas al
ejercicio de la Jurisdicción Penal.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




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Punto decimoquinto: Convenio basado en el artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto decimosexto: Enmienda del párrafo 13 de las
reglas de financiación anejas a los Estatutos de la Organización
Mundial del Turismo, adoptada en Roma el 25 de
septiembre de 1981.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobada por unanimidad.




Punto decimoséptimo: Protocolo establecido sobre la
base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea y del
apartado 3 del artículo 41 del Convenio Europol, relativo a
los privilegios e inmunidades de Europol, los miembros de
sus órganos, sus directores, adjuntos, y sus agentes, hecho
en Bruselas el 19 de junio de 1997.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto decimoctavo: Canje de Notas, constitutivo de
Acuerdo, entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga
el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica
y técnica en apoyo a los programas de explotación lunar
y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados
a través del establecimiento en España de una estación de
seguimiento espacial, firmado en Madrid, el 29 de enero de
1964, hecho en Madrid el 14 y el 28 de enero de 1998.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto decimonoveno: Convenio entre el Reino de
España y la República de Bolivia sobre asistencia judicial
en materia penal, hecho en La Paz el 16 de marzo de 1998.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto vigésimo: Tratado entre el Reino de España y la
República Portuguesa para la represión del tráfico ilícito de
drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 1998.




Efectuada la votación dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Punto vigésimo primero: Protocolo sobre las zonas
especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo, firmado en Barcelona el 10 de junio de
1995, anexos, adoptados en Mónaco el 24 de noviembre de
1996 y declaraciones adjuntas a dicho protocolo.

Efectuada la votación dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Milián Mestre): Queda
aprobado por unanimidad.




Con este punto finalizamos el orden del día. Gracias a
todas por su asistencia.




Se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.