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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 500, de 24/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 500
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 33
celebrada el miércoles, 24 de junio de 1998
Página
ORDEN DEL DÍA :
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas
para incluir en los planes de estudio de los cursos de competencia
marinera y de las escuelas náuticas, los cursos de salvamento en el
mar y contraincendios. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000857) ... (Página 143921
)
- Relativa al reconocimiento, a efectos curriculares, de las
destrezas domésticas y de la experiencia adquirida en el cuidado de
niños, ancianos y minusválidos en el ámbito doméstico con la finalidad
de facilitar el acceso a empleos
remunerados en el sector servicios. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000864)
... (Página 14394)
- Sobre mantenimiento en los años 1997 y 1998 de los mismos coeficientes
reductores aplicables para determinar la cotización en los supuestos de
Convenio Especial y otras situaciones asimiladas a la de alta.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número
de expediente 161/000895)... (Página 14398)
- Con el fin de que los pensionistas españoles que residan en España y
perciban una pensión de un sistema público de pensiones extranjero,
puedan percibirla en los mismos que si se tratara de una pensión
española. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número de
expediente 161/000973) ... (Página 14401)
- Relativa a la necesidad de hacer un estudio sobre las personas que
actualmente perciben una pensión Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI) que renuncian al la misma al optar por la pensión de viudedad en
su cuantía mínima. Presentada por el Grupo Socialista el Congreso(Número
de expediente 161/000974)... (Página 14403)
- Sobre la adopción del correspondiente acuerdo a fin de que a las
personas minusválidas o discapacitadas les sea expedida una tarjeta de
identificación unificada donde se les reconozca tal condición.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 161/001079) ... (Página 14406)
- Sobre cotización en el régimen especial de trabajadores del mar.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
161/001023)... (Página 14407)
- Por la que se insta al Gobierno a que establezca el marco legal de
las empresas de inserción socio-laboral.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
(Número de expediente 161/1044) ... (Página 14412)
NOTA. -El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de la política
Social y Empleo, del miércoles, 24 de junio de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
INCLUIR EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS CURSOS DE COMPETENCIA MARINERA
Y DE LAS ESCUELAS NÁUTICAS, LOS CURSOS DE SALVAMENTO EN EL MAR Y
CONTRAINCENDIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000857.)
El señor VICEPRESIDENTE (Azpiroz Villar): Comenzamos esta sesión de
la Comisión de Política Social y Empleo, y previo a entrar en el
orden del día, vamos a formular una propuesta de acuerdo a la
Comisión, al efecto de atender algunas peticiones de diversos grupos
en relación a modificar el orden de los puntos y su tratamiento. Así,
los puntos 6 y 7 del orden del día actual pasarían a ser los puntos
séptimo y octavo, y el octavo actual se trataría como número 6 del
orden cronológico de las proposiciones no de ley que vamos a ver en
esta Comisión. Los demás quedan como están y vamos a abordarlos.
Si no hay ninguna objeción, se entiende aprobado por asentimiento.
(Pausa).
Entramos, por tanto, en el punto número 1 del orden del día, que es
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para incluir en los planes de estudio de los cursos
de competencia marinera y de las escuelas náuticas, los cursos de
salvamento en el mar y contraincendios.
A fin de debatir y proponer sobre la misma tiene la palabra su
autor, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, don Pedro
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, según nuestros informes, en los
cursos de Competencia Marinera y de especialidad náutica se produce un
caso, según el cual, aquellos trabajadores que pretendan embarcarse,
en razón de las materias que imparten dichos cursos para poder
realizarlos, tienen que darse primero de alta con alguna empresa,
puesto que los marineros para embarcarse tienen que acreditar la
realización de dos tipos de cursos: el de salvamento en el mar y el
de contraincendios.
Estos son cursos que duran una semana, que se llevan acabo en centros
homologados y reconocidos por la Dirección General de la Marina
Mercante y financiados por el Instituto Social de la Marina. Por
tanto, lo lógico sería que en aquellos cursos donde se imparten
especialidades del mar se introdujeran dichos cursos para evitar algo
que nosotros entendemos que es una paradoja, como es tener que estar
a la espera de que sean dados de alta por una empresa para poder
hacer los cursos y que al mismo tiempo necesiten los cursos para
enrolarse en un barco. Esa paradoja habría que romperla, simplemente
con lo que nosotros instamos al Gobierno, que es adoptando las
medidas oportunas para incluir en los planes de estudios de los
cursos de competencia marinera y de las escuelas náuticas los cursos
de salvamento en el mar y contraincendios.
Según nuestros informes, mientras esto no se realice, esta situación
no va a poder resolverse y, por tanto, pese a que existen informes
contradictorios respecto a esta situación, mantenemos esta
proposición no de ley porque entendemos que sigue estando vigente su
petición.
El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero, por su
claridad y brevedad.
Antes de continuar, a efectos de organización del trabajo de los
señores diputados, anuncio que no votaremos antes de la una y media.
¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Señorías, el contenido de esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida instando al Gobierno a adoptar medidas para incluir en los
planes de estudio de competencia marinera y de las escuelas náuticas
los cursos de salvamento en el mar y contraincendios nos parece
positivo, pero algo desfasado.
Se presenta con el fin de eliminar una de las trabas con las que han
se han encontrado los jóvenes trabajadores del mar cuando después de
terminar su ciclo formativo pretenden embarcar y se encuentran con
que carecían de los cursos citados. Esto, evidentemente, podría
salvarse incluyendo ambos cursos, que tienen una corta duración, en
los estudios de competencia marinera, y donde ya existe una formación
profesional reglada ya están incluidos los cursos de salvamento en el
mar y contraincendios. Por consiguiente, en cierta medida ya está
resuelto el problema en lo referente a la formación reglada.
Sin embargo también se nos presentaba una duda sobre el procedimiento
previsto, porque entendemos que se establece un precedente. Por lo
mismo, y como simple ejemplo, podríamos pensar en instar al
Gobierno a que en el primero o segundo curso de la ESO se
introdujeran unos cursos sobre cómo debe presentarse un joven que
busca su primer empleo. Repito que esto es un simple ejemplo, y como
éste podríamos encontrar cientos, por lo que se nos presentaría la
duda de si es misión del Parlamento entrar también en estos detalles.
Por consiguiente, aun encontrando positivo el contenido, no podemos
apoyar esta proposición tal y como está redactada.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Al igual que la afirmación que ha hecho el
portavoz del Grupo Vasco, mi grupo estima que, efectivamente, en la
enseñanza reglada existen ya estos cursos de salvamento en el mar y
contraincendios en los niveles en lo que se tienen que impartir.
La orden ministerial de 31 de julio de 1992 establecía ya que para
ejercer la profesión a bordo de un buque como marinero de cubierta,
como marmitón camarero, como mayordomo, o en cualquiera de las
múltiples funciones
laborales específicas a bordo de una embarcación, se han de realizar
y se han de superar estos cursos de supervivencia en el mar y lucha
contraincendios. Al mismo tiempo, también para las escuelas de
formación profesional náutico pesquera existe la obligación de
impartir estos cursos de supervivencia en el mar. Y todo eso para que
puedan obtener estos certificados de competencia marinera. Por lo
tanto, aquí no se está hablando de incluir estos cursos en la
enseñanza reglada, sino en unos cursos cuya duración sea de una
semana, y que tal como se plantea en la proposición no de ley, se
llevan a cabo en centros homologados, reconocidos por la Dirección
General de la Marina Mercante y financiados por el Instituto Social
de la Marina, pero a través de los cursos de formación de los
sindicatos para trabajadores en activo. Es decir, se está hablando
de una modalidad especial que se convenia en algunos casos y se
pretende, por lo tanto, en estas prácticas, que son muy costosas, se
generalicen.
Mi grupo considera que podrían establecerse otros mecanismos para que
estos cursos pudieran desarrollarse. Igual que se convenian estos
cursos, que se conveniaran también estas citadas prácticas que no se
pueden hacer en todos los sitios, sino que requieren unas
instalaciones y suponen un coste muy elevado. Por lo tanto, mi grupo
estima que tal vez ha habido un desenfoque en el planteamiento y
que, quizás, la proposición no de ley de Izquierda Unida podría, en el
futuro, enfocarse de otra forma para que pudiéramos votarla en otros
términos. En los términos en que se plantea, tal vez el enfoque no
sería el correcto y tendríamos por lo tanto que enfocarla de otra
manera para que mi grupo pudiera votarla.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Efectivamente, como se ha dejado ya puesto de
manifiesto por los portavoces de otros grupos, la Administración
española viene haciendo un esfuerzo importantísimo en materia de
formación profesional de los trabajadores del mar desde ya tiempos
lejanos, desde que se establecieron estos cursos, tanto de la lucha
contraincendios como de seguridad en el mar, por la orden ministerial
de 29 de marzo de 1990, del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, que se modificó después por la orden ministerial de
31 de julio de 1992 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Los contenidos de estos cursos y los centros que tienen la
posibilidad de impartirlos han de estar homologados por el Ministerio
de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante.
Esta homologación está regulada por la resolución de la dirección
general antes citada de 6 de junio de 1990. Y a partir de aquella
fecha se autorizó la construcción de 24 centros para impartir el
primer nivel del curso contraincendios y 15 para impartir el segundo
nivel; 34 cursos de primer nivel del curso de supervivencia y 14 del
segundo nivel de supervivencia.
Los cursos son gestionados e impartidos por el Instituto Social de la
Marina dentro de sus competencias en el ámbito de la formación
profesional de los trabajadores del mar. Y dentro del marco de la
formación ocupacional marítima, el Instituto Social de la Marina
imparte estos cursos, en
ocasiones con medios propios, a través de centros estables de
seguridad marítima, de las escuelas de formación profesional
náutico-pesquera y de las unidades móviles de seguridad marítima; o
bien, en otros casos, a través de con- tratos con empresas
especializadas? bien con recursos propios de estas empresas o bien
a través, como se ha dicho, del Forcem.
Tengo que decir que, en cualquier caso, la situación de alta no es un
requisito para el acceso a estos cursos, puesto que los cursos van
dirigidos precisamente a personas desempleadas. La duración de los
cursos (una semana), el nivel de los mismos (nivel 1 o nivel 2), y
los destinatarios (marineros o trabajadores del mar, a los que no se
les exige, como he dicho, requisito académico previo alguno para el
acceso a los cursos) impiden que se les otorgue la consideración de
enseñanzas con validez académica, y que puedan incorporarse a los
planes de estudio de la formación profesional específica
establecida por la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo.
Otra cuestión es que la formación profesional específica, entendida
como el conjunto de conocimientos, aptitudes, habilidades o
destrezas relativos a una profesión, tal y como queda definida en la
Logse, incluya dentro de las enseñanzas de ciclos formativos que
tienen estructura modular algunos módulos relativos a la seguridad, y
en varias especialidades se están impartiendo ya estos cursos.
De cualquier manera, los cursos básicos de acceso a la profesión
marítima, el curso de competencia marinera al que se alude en la
proposición no de ley y los estudios profesionales impartidos por las
escuelas de formación náutico-pesquera, en estas especialidades, el
Instituto Social de la Marina incluye siempre módulos de seguridad
marítima para la obtención simultánea de los certificados.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer
y votaría en contra de la proposición no de ley formulada por el
Grupo Federal de Izquierda Unida.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO, A EFECTOS CURRICULARES, DE LAS
DESTREZAS DOMÉSTICAS Y DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL CUIDADO DE
NIÑOS, ANCIANOS Y MINUSVÁLIDOS EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO CON LA FINALIDAD
DE FACILITAR EL ACCESO A EMPLEO REMUNERADO EN EL SECTOR SERVICIOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/0008634.)
El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el punto primero del orden del
día, pasamos a la proposición no de ley numerada como dos, relativa
al reconocimiento, a efectos curriculares, de las destrezas
domésticas y la experiencia adquirida en el cuidado de niños,
ancianos y minusválidos en el ámbito doméstico con la finalidad de
facilitar el acceso a empleo remunerado en el sector servicios.
Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra, por el Grupo
Popular proponente, doña Carmen Pardo.
La señora PARDO GARCÍA: En nombre del Grupo Popular, traigo esta
proposición no de ley porque las personas
que desempeñan una actividad no remunerada exigen un
reconocimiento de su trabajo tanto en el plano social como en el
económico. Estaba en nuestro programa electoral y los programas
están para cumplirlos.
Ha sido hasta ahora injusto que el trabajo doméstico y de atención a
la familia, por tratarse de actividades no mercantiles en términos
de contabilidad nacional, se clasificara de improductivo y no
dependiente del mercado, y no se contemplara por esto su aportación a
su economía, pese a que sí se consideran, por otra parte, aquellos
trabajos que puedan ser similares y que están realizados por
empleadas en el sector servicios o por los empleados domésticos.
Las amas de casa forman un colectivo invisible que cada mañana da
cuerda al motor de la sociedad para que funcione, y pensamos también
que este trabajo silencioso hay que considerarlo de mayor importancia
para el bienestar de la unidad familiar por la repercusión social
que ello conlleva. El mismo Presidente del Gobierno, en su
comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados el 17 de
junio de este año 1998, aludía también a estos trabajos, y le cito
textualmente: Dentro de los ejes de las nuevas orientaciones, además
de insistir en la formación, en la igualdad de oportunidades, en el
fomento de nuevas formas de organización del trabajo, ya hemos
empezado a tomar medidas: el fomento de prácticas laborales que
tengan en cuenta a la familia.
También en esta misma Comisión, y después de largos trabajos y de
magníficos informes por parte de los expertos que vinieron a la
subcomisión de exclusión social, en el documento que fue aprobado en
noviembre de 1997, por esta misma Comisión, en el apartado de
propuestas se incluía, y cito otra vez textualmente: El
reconocimiento del valor de los bienes y servicios que se generan en
el hogar familiar y el de una cualificación profesional en las
destrezas domésticas.
Señorías, yo fui ponente en nombre del Grupo Popular, y por eso hemos
convertido esta propuesta en proposición no de ley para hacerlo
realidad y que no queden en el vacío tantas horas de trabajo que
dedicamos todos los grupos. Estas propuestas de atención en la
subcomisión de exclusión social contienen dos párrafos que inciden
directamente en la materia de los apartados de la proposición no de
ley que hoy nos ocupa. En primer lugar, reconocer el valor de los
bienes y servicios que se generan en el ámbito doméstico, así como
la importancia del trabajo de la mujer por su contribución no
remunerada al bienestar social según la actuación 311 del Piom. En
segundo lugar, establecer criterios que permitan completar y
valorar los diferentes aspectos de trabajo doméstico y la atención a
la familia, de forma que se garantice el reconocimiento de una
cualificación profesional, tanto en las destrezas domésticas como en
la experiencia en el cuidado de los niños, enfermos, personas mayores y
discapacitados, etcétera.
Esta proposición no de ley, como decía, señorías, viene recogida de
alguna manera en el tercer Piom, pero a veces hay que ponerla en
marcha a través de proposiciones no de ley, como la que nos trae hoy
aquí. El tercer Piom, todos ustedes saben, que se aprobó en el
Consejo de Ministros el 7 de marzo de 1997, y su objetivo tres,
relativo a la promoción del acceso de las mujeres a los derechos
económicos y sociales, contiene un conjunto de actuaciones vinculadas,
como decía anteriormente, a esta proposición no de ley. En concreto,
son las actuaciones 325 y 328 que se refieren a la promoción de la
cualificación de mujeres en profesionales y ocupaciones que
constituyen nuevos yacimientos de empleo y tengan carácter innovador,
así como proveer la creación y cualificación de la figura profesional
del personal que presta servicios de proximidad en el ámbito del
trabajo social.
El nuevo programa de formación profesional, aprobado por el Consejo
de Ministros el pasado 13 de marzo, prevé la potenciación de acciones
formativas sobre actividades que guarden relación con los llamados
servicios de proximidad; podrían ser servicios a domicilio, cuidado
de niños, cuidado familiar y un largo etcétera. Estas medidas de
acción prioritaria en materia de formación ocupacional implicarían el
establecimiento de las correspondientes certificaciones de
profesionalidad y de guías para la evaluación de la cualificación
adquirida mediante la experiencia, en este caso doméstica o del
hogar, a fin de posibilitar el reconocimiento de estas competencias
profesionales. Es decir, el trabajo social considerado como nuevos
yacimientos de empleo y considerando entre las formas más
importantes.
En el caso de las amas de casa, no cabe la menor duda de que en lo
que se refiere a competencia profesional de la inmensa mayoría, puede
considerarse que han realizado un master en estos servicios de
proximidad. El reconocimiento de estas competencias profesionales
les facilitaría el acceso al trabajo profesional retribuido, al mismo
tiempo que reconocería el valor del trabajo doméstico y nos pondría
en el camino de recuperar el prestigio perdido por un sector de cerca
de seis millones de personas, de ocupación sus labores, esta
ocupación de sus labores, aparentemente sin cualificación
profesional, pero que desarrolla actividades de la mayor importancia
para el bienestar de los individuos y del conjunto de la sociedad.
El Gobierno, sin duda, da otro paso importante en la nueva Ley del
IRPF el valor de los bienes y servicios que se generan en el ámbito
doméstico, que con el mínimo exento, personal y familiar, nos conduce
a que se tomen en cuenta los gastos necesarios para atender a las
personas del círculo familiar que no obtienen ingresos del mercado.
Así, por ejemplo, en el supuesto de una familia donde uno solo de los
cónyuges obtiene ingresos de mercado, este mínimo personal se
multiplicaría por dos y de esta forma, desde el punto de vista
fiscal, se tiene totalmente en cuenta la contribución del amo o ama
de casa a la economía familiar. Esto sucede, por ejemplo, en el
supuesto del amo o ama de casa que, si bien realiza un trabajo de
alto valor, no tiene ingresos de mercado. Pues bien, a través de la
reducción por el mínimo personal se da cabida a considerar los gastos
de esta persona evaluándose de acuerdo con la encuesta de presupuestos
familiares en 550.000 pesetas anuales.
En cuanto al tercer punto del petitum se hace particular- mente
urgente instar al Gobierno a la incentivación de sistemas
complementarias de previsión social que sean de interés y rentables
para los amos o amas de casa. El Gobierno ya nos remitió un estudio
sobre la viabilidad de la seguridad social para las amas de casa
con carácter voluntario a los efectos de tener una jubilación propia,
distinta de la derivada del cónyuge que obtiene ingresos de mercado.
Este estudio fue explicado por el secretario de Estado de Seguridad
Social en su comparecencia ante esta misma Comisión, en la que
expresó con claridad rotunda la imposibilidad de crear, dentro del
sistema, un régimen especial de Seguridad Social específico para las
amas o amos de casa.
Esto no quiere decir que no se prevean otras vías que respondan a la
aspiración legítima de los que se dedican con carácter exclusivo al
cuidado del hogar y la familia a tener su propia jubilación por haber
trabajado durante toda la vida en este ámbito. Es decir, proponemos
el estudio de sistemas complementarios de previsión social que sean de
interés y rentables para las amas o amos de casa o miembros de la
familia que se dediquen al cuidado de la misma y al hogar familiar.
También quiero, señorías, que un importante y cualificado equipo de
investigación, a través del Instituto Superior de Investigaciones
Científicas, está trabajando con éxito en esta misma línea de
contabilizar el trabajo no remunerado. Así como de igual manera el
Instituto Nacional de Estadística trabaja y es posible que
conozcamos en breve sus interesantes aportaciones.
Señorías, espero que el voto de todos los grupos sea favorable porque
no vamos al protagonismo de unos o de otros. El protagonismo es de
todas aquellas personas que desempeñan una actividad no remunerada y
que exigen un reconocimiento de su trabajo tanto en el plano social
como en el económico. Respecto a las enmiendas presentadas por los
grupos parlamentarios del Grupo Socialista y de Izquierda Unida,
tendría que decirles que la del primero no se puede admitir puesto
que parece que está hablando de otra proposición no de ley. En ese
caso y le instaría a que, si ellos quieren, redacten otra
completamente nueva, porque las enmiendas se hacen de adición o de
corrección, ya que el grupo que la propone es el que ha tenido la
iniciativa de reconocer el trabajo de estas personas.
Por ejemplo, en el primer punto, cuando se refiere al ámbito público,
estamos hablando precisamente de personas que se dedican a estas
labores en el hogar familiar; luego parece que la redacción de la
enmienda no ha sido meditada como para que se pudiera admitir. Por
otra parte, como he dicho recientemente, a la Comisión vino el
secretario de Estado de Seguridad Social y dijo muy claro que dentro
del sistema público no se podía intentar inclusión de unas prestaciones
de jubilación para los amos y amas de casa. Y ellos, en su tercer
punto, intentan que sean los sistemas de protección social públicos
los que cubran esta pensión o jubilación. Por lo tanto, votaríamos
que no a las enmiendas del Grupo Socialista.
También se han presentado unas enmiendas por el Grupo Parlamentario
Catalán. En el primer punto manifiestan promover campañas de
información sobre el reconocimiento de la familia como dispensadora
de servicios sociales, y como tal, se garantice una efectiva atención
a la persona que trabaja al cuidado del propio hogar. Estaríamos de
acuerdo en admitir este primer párrafo, dentro del primer punto del
petitum, y añadir: por su contribución no remunerada a la economía y
al bienestar y calidad de vida del conjunto de la sociedad. Creo que
entre las dos redacciones clarificaríamos un poco más cómo quedaría
la pro- posición no de ley.
Respecto al segundo punto, podemos admitirlo porque lo único que
cambia es que en lugar de las destrezas domésticas, se ponga el
reconocimiento de una cualificación organizativa. En realidad viene a
decir lo mismo, quitando solamente la palabra doméstica. Con ello
admitiríamos las enmiendas del Grupo Catalán, con la salvedad que he
dicho anteriormente de añadir en el primer punto cómo queda la
proposición no de ley, y rechazaríamos las del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE: Efectivamente, existiendo dos enmiendas,
una del Grupo Parlamentario Socia- lista y otra de Convergència i
Unió, vamos a dar la palabra al Grupo Socialista.
Ruego que si finalmente prospera la propuesta transaccional
respecto a la enmienda de Convergència i Unió, luego aporten a la
mesa el texto definitivo.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra
doña Mabel Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para defender las tres enmiendas que hemos
presentado a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, y lo primero que tengo que decirle a su portavoz es que sí
han sido meditadas, otra cosa es que sean compartidas, pero han sido
meditadas y estudiadas por mi grupo.
Esta proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario
Popular nos parece un poco extraña. La verdad es que no sé si se
intenta hacer algo de demagogia en un día como hoy, en el que parece
que se quiere aprovechar el que tenemos el tercer congreso mundial de
amas de casa. Entendemos que la iniciativa que se nos presenta no va
dirigida sólo a las mujeres, sino que se puntuará a efectos
curriculares a todos y todas las personas que hayan desarrollado tareas
domésticas, pero nos parece, la verdad, que no es ningún discurso
nuevo lo que estamos escuchando esta mañana, ya que como a
continuación explicaré, este tema se ha debatido ya en el Pleno del
Congreso de los Diputa- dos, sobre todo a propuesta y a iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista.
Es cierto que estamos de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, en que el trabajo de las amas de casa
parece una aportación invisible al PIB, pero lo cierto es que el
trabajo de las mujeres en otros sectores, como puede ser la
aportación de las mujeres agricultoras a la explotación familiar
agraria también es invisible, y hay otras muchas mujeres en otros
sectores que lo sufrimos igualmente.
Se pide el reconocimiento a efectos curriculares de las destrezas
domésticas, cuestión bastante curiosa y que dicho así no parece mal,
pero, en cualquier caso, es bastante populista. Señoría, el Centro de
Investigaciones Sociológicas desglosó en 32 las tareas del quehacer
doméstico que se realizaban todos los días por las amas de casa, y en
ocasiones varias veces al día, relación que no voy a detenerme
a señalar porque todos y todas SS.SS. conocen, y por lo que ahora
parece ser que el Grupo Popular pretende que senos vaya a puntuar o
premiar.
Si entramos de lleno en esta proposición no de ley, en el primer punto
se proponen campañas de información sobre
la importancia del trabajo doméstico y nada más. ¡Hombre! A estas
alturas promover campañas de información sobre la importancia del
trabajo en el hogar nos parece, cuando menos, muy poco; cualquier
ciudadano de este país sabe de la importancia de las tareas
domésticas, bien porque las práctica o bien porque paga por sus
servicios. Lo que se reivindica, y por lo que van los derroteros, son
campañas encaminadas al reparto paritario entre hombres y mujeres
tanto en el ámbito público como en el privado, reparto paritario de
la vida familiar y laboral para profundizar en la democracia
paritaria, campañas reivindicadas y propuestas en el nuevo contrato
social entre hombres y mujeres. Por eso digo que venir ahora con
campañas sobre la importancia suena un poco a más de lo mismo.
Pedir en una proposición no de ley eso nada más nos parece volver un
poco al pasado. Eso ya lo sabemos y sobre todo lo saben las mujeres,
que mayoritariamente realizan esas tareas. Recuerdo a SS.SS. que las
mujeres dedican una media de cuatro horas veinticuatro minutos a las
tareas domésticas, mientras que los hombres le dedican treinta y
siete minutos. A corregir esa desigualdad democrática es hacia donde
deben de ir dirigidas las campañas. Es necesario impulsar el proceso
de mentalización social orientado a compartir -y subrayo lo de
compartir- responsabilidades en el ámbito del hogar. Hay que
reorganizar los tiempos de la vida pública y de la privada de modo
que la vida social y familiar sean compatibles, y que los hombres y
las mujeres puedan compartir el trabajo fuera del hogar y la atención
familiar. Por todo ello hemos presentado esta primera enmienda que
estaba muy bien meditada y creemos que por ahí va el nuevo contrato
social, incluso el tercer plan de igualdad.
El segundo punto de esta proposición no de ley, al que también hemos
presentado una enmienda, es exactamente la proposición no de ley que
presentó mi grupo y que fue debatida el 10 de marzo en el pleno del
Congreso de los Diputados y aprobada por unanimidad. Proposición no
de ley sobre medición cuantitativa y valoración del trabajo no
asalariado en España, su inclusión en las cuentas oficiales y su
integración en las políticas sociales. Este debate ya lo hemos
realizado a iniciativa socialista, y ahora se produce en este segundo
punto que presenta el Grupo Popular. Parece que no es nada nuevo.
Como verán SS.SS., nuestra segunda enmienda formula textualmente el
enunciado de dicha proposición con un verbo al principio, al fin de
agilizar. Lo que hay que hacer es agilizar y dar cumplimiento a lo que
se aprueba en el Congreso de los Diputados, agilizar las cuentas
satélite que se aprobaron a iniciativa socialista por unanimidad. Sin
embargo, es verdad que si se quiere venir aquí con algo nuevo se
podía haber ido más allá. Desde el Grupo Socia- lista, más que se nos
permite o se nos puntúe por nuestra experiencia en las labores
domésticas, lo que vemos prioritario son unos servicios sociales de
proximidad adecuados. Es necesario promover la cualificación y las
necesidades formativas de las mujeres, que se profesionalicen los
trabajos no remunerados. ¡Hombre! Se podía haber venido aquí con
algo novedoso. Dar un mayor reconocimiento y revalorización a los
llamados servicios de proximidad.
Por último hemos presentado, muy meditada y mantenida, una tercera
enmienda al tercer punto porque no queremos
desde el Grupo Socialista dejar al mercado esta cuestión.
Defendemos y defenderemos siempre los sistemas de protección social
públicos; está muy meditado, es seña de identidad del Grupo
Socialista. Este tema fue también debatido en la anterior
legislatura, donde el Grupo Parlamentario Popular votó en contra,
pero ya pasó y no ocurre nada. Ahora lo propone. A nosotros no nos
parece mal siempre y cuando sean sistemas de protección social
públicos, públicos con mayúsculas.
Finalizo, señor presidente, resumiendo que en nuestras enmiendas
reivindicamos: primero, tareas compartidas; segundo, que se agilicen
las cuentas satélites, ya aprobadas, y, tercero, que sean sistemas
públicos.
Ya ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
rechaza las enmiendas, pero creemos que podrían ser perfectamente
asumibles, y que lo que hay que hacer es dejarse de demagogia en un
tema como éste y dar un pasito más adelante.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
a efectos de defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora
Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: El trabajo, sea o no remunerado, debe ser un
estatus con características determinadas y debe otorgar al que lo
ostenta unas coordenadas de referencia dentro de la sociedad,
contribuyendo a fomentar su autoestima.
En la actualidad no podemos aceptar que se valore un trabajo sólo en
función de su remuneración con menosprecio del que no lo está. Por
el contrario, debe tenerse este último en consideración como actividad
colaboradora y creadora de riqueza. Señorías, no es lo mismo valor
que precio, y la necesaria eliminación de cualquier forma de
discriminación debe impulsar, entre otras acciones, las dirigidas a
que los trabajos no remunerados de las personas al cuidado del propio
hogar sean valorados socialmente y considerados como una experiencia
laboral aplicable a los servicios sociales y a otras actividades
comerciales.
La enmienda del Grupo Catalán va dirigida a hacer patente el valor de
la experiencia de las personas al cuidado del propio hogar en las
tareas organizativas de la unidad económica como es el hogar, y que
gracias a esta organización quedan solventados muchos aspectos que
contribuyen a crear riqueza y a sostener una calidad de vida que
todos y todas disfrutamos.
Esperamos que esta iniciativa sea beneficiosa para que todas las
personas que se dedican al cuidado del propio hogar, cuando decidan
incorporarse al trabajo remunerado, vean computadas sus habilidades
organizativas y de cuidado del hogar curricularmente.
También deseo manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán acepta la
propuesta de la señora Pardo de incorporar una frase del párrafo
primero de nuestra enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Amorós, y les ruego que
aporten el texto definitivo a la Presidencia. ¿Grupos que desean
intervenir?
Por Izquierda Unida, don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: En primer lugar quiero reconocer que la
preocupación, tantas veces reiterada, por parte de los grupos
parlamentarios sobre estos temas del trabajo doméstico y del
reconocimiento social de ese trabajo de la mujer, a efectos concretos
la estructura social, es sin duda alguna un avance importante porque
partimos de una situación en la que antes no se daba.
Efectivamente, en nuestra estructura social es necesario que se vaya
dando un cambio de mentalidad y que ése se vaya propiciando según
avancen determinadas iniciativas desde los poderes públicos. Por tanto,
este Parlamento cubre su cuota de responsabilidad en este avance social
que se tiene que ir dando.
Sin embargo, a mí me parece que una vez que se constata que esto es
un avance en cualquier caso, resulta un poco sospechoso que estas
iniciativas se realicen en un país donde se le niega a la mujer la
incorporación al mercado de trabajo de forma efectiva y global. Ahí
están las estadísticas que no voy a repetir para constatar esa
realidad. Cuando hay una situación de crisis el trabajo de la mujer
decae, va refluyendo; cuando hay unas posibilidades de mayor creación
de empleo, ese trabajo de la mujer va aumentando. En todo caso, sin
duda alguna, el trabajo de la mujer, dicen las estadísticas, siempre
suele ser un trabajo a tiempo parcial, menos remunerado y menos
cualificado. Por tanto, lógicamente, me parece que por parte de
grupos que apoyan políticas laborales asentadas sobre la división
sexual del trabajo y que potencian el contrato de tiempo parcial
(tendremos ocasión de hablar del tema esta tarde en el Pleno), hay un
pelín de demagogia y de búsqueda de sucedáneos para no hincar el
diente de forma estructural- mente definitiva y positiva. Claro está
que es muy difícil sustraerse a la bondad de determinadas fórmulas
que vamos repitiendo, que vamos avalando todos de forma bastante
unánime y, eso sí, después de ésta, seguiremos aprobando otras
iniciativas de este tipo. Sin embargo, como no son realmente las
prioridades estructurales de las políticas laborales, al final,
muchas veces sucede que se quedan en meras intenciones. Entre otras
cosas, yo me temo que lo que habría que hacer con todas estas
cuestiones de los servicios de proximidad, de las actuaciones de
las ONG, de las fundaciones, de todas estas entidades que van siendo
los agentes fundamentales, los protagonistas de determinadas
actividades, bien productivas o bien no productivas de servicios,
fundamentalmente, dentro y fuera del hogar, es decir, toda esa serie
de actividades que están al margen del mercado de trabajo, es
sentarse alguna vez a dotarles de un marco legal que asegure
determinadas cuestiones que hoy no se garantizan, sobre todo la
utilización de dinero público por parte de todas estas entidades,
y, efectivamente, la consideración social de este tipo de trabajos.
Mientras no contextualicemos este tipo de propuestas en estos ámbitos
que estoy planteando, seguiremos haciendo demagogia entre todos y,
bueno, efectivamente, la vida seguirá pasando.
Señorías, otro tema especial y concreto es la polémica que se ha
suscitado sobre si es el sistema público de Seguridad Social o son
determinados sistemas complementarios privados los que deben abordar
las garantías sociales de las amas de casa. Nuestro grupo se inclina
porque sea el sistema público, aunque reconocemos la dificultad de
abordarlos,
nos gustaría que aquellos grupos que lo plantean nos alumbrasen
a todos sobre cómo se puede realizar. En cualquier caso, mientras
esto no sea posible, nos gustaría poder votar este punto aparte del
resto de la proposición no de ley, porque efectivamente nosotros
-como dice el viejo adagio, ante la duda, genuflexión-, nos vamos a
abstener en este punto, al menos.
Respecto a los otros tendremos que, demagógicamente también, votar
que sí.
El señor VICEPRESIDENTE: La enmienda está aceptada. ¿Quería añadir
algo la señora Pardo respecto a la petición que ha formulado el señor
Vaquero en relación con la separación de voto?
La señora PARDO RAGA: Sí, quería añadirles que, efectivamente, lo
referente al sistema público de pensiones se puede votar
separadamente. No hay ningún inconveniente en aceptar esa votación
separada. Sin embargo, he de manifestarles, sobre todo al Grupo
Socialista, que incide mucho en ello y además lo presenta por escrito
en su enmienda, que ellos saben perfectamente que no se puede aceptar
bajo el sistema público. Lo manifestó aquí el secretario de Estado
de Seguridad Social. (El señor Griñán Martínez: No se quiere, no es
que no se pueda.)
Por otra parte nos están achacando constantemente que es demagógico.
Se puso en el orden del día, todos los grupos estuvieron de
acuerdo, estaba registrado anteriormente, y si coincide hoy el
congreso de las amas de casa, pues bendito sea si todos colaboramos
en la función. (Rumores.)
Respecto al primero punto, creo que todos sabemos que hemos de tener
una compartida vida familiar paritaria y por eso no se habla en ningún
término simplemente de la mujer. Si ustedes aceptan el que sea la
mujer, yo no lo digo, ni la enmienda del Grupo Catalán se refiere
solamente a la mujer, sino a las personas que trabajan en el ámbito
familiar, ya puede ser una mujer, puede ser un hombre puede ser un
anciano, cualquier persona que se dedique a realizar este trabajo. No
hay por qué atribuirlo a las mujeres. Es verdad que en la mayoría de
los casos sucede así, pero también habrá casos en que no lo será.
También he de indicar al Grupo Socialista, que tanto dice que es
demagógico, que ellos han tenido trece años de gobierno en el que
tenían mayoría absoluta y podían haber previsto para las amas de casa
esta inclusión en el sistema público de Seguridad Social, y jamás lo
presentaron. Para nosotros, para el Gobierno, sería muy cómodo,
porque efectivamente la democracia lo requiere así, y con que
tuvieran los quince años de cotización no pasaría nada.
El señor VICEPRESIDENTE: A la señora Pardo Raga le advertiría que
está reabriendo un debate. Le ha dejado intervenir porque quería que
aclarara la acepción de la petición formulada por Izquierda Unida en
relación a la división del voto, pero evidentemente no procede este
turno. Si lo abrimos, me voy a ver en la obligación de dar la palabra
para contrarreplicar, lo cual es entrar en una cadena sin fin, porque
lógicamente debo equilibrar la participación de todos los miembros
de la Comisión.
La señora PARDO RAGA: Admito su sugerencia y votaremos separadamente
el último punto.
- SOBRE MANTENIMIENTO EN LOS AÑOS 1997 Y 1998 DE LOS MISMOS
COEFICIENTES REDUCTORES APLICABLES PARA DETERMINAR LA COTIZACIÓN EN
LOS SUPUESTOS DE CONVENIO ESPECIAL Y OTRAS SITUACIONES ASIMILADAS A
LA DE ALTA. PRESENTADA POR EL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/000895.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasmos a la tercera proposición no de Ley
del orden del día, sobre mantenimiento en los años 1997 y 1998 de los
mismos coeficientes reductores aplicables para determinar la
cotización en los supuestos de convenio especial y otras situaciones
asimila- das a la de alta.
El grupo de Izquierda Unida es el autor y para su defensa tiene la
palabra el señor el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Las normas de cotización a la Seguridad
Social para 1997, contenidas en la orden de 27 de enero de 1997 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, elevaron sustancialmente
los coeficientes reductores para cotización aplicables a los
convenios especiales y otras situaciones asimiladas al alta.
Recordemos que esa elevación se producía en torno a un 25 o un 27 por
100 de la cuota a pagar por los acogidos a estos convenios
especiales. Recordemos también que muchos de estos acogidos a
convenios especiales son personas forzadas a suscribir dichos
convenios, pues sus empresas se encuentran en situaciones de
reconversión, en expedientes de regulación de empleo y otras
situaciones, detrás de las cuales más que una voluntariedad a la hora
de suscribirse al convenio especial lo que hay es que las
situaciones fuerzan a que, efectivamente, estos trabajadores tengan que
suscribir un convenio especial.
Para este colectivo de perceptores de subsidios mayores de cincuenta
y dos años, unas 350.000 personas según los datos oficiosos,
manteniendo el tipo general al 28,3 por 100, el coeficiente por
jubilación se elevaba del 0,40 de 1996 al 0,51 en 1997, es decir, un
27,5 por 100, y el coeficiente por invalidez, muerte y
supervivencia se elevaba del 0,33 de 1996 al 0,40 en 1997, un 21,21
por 100. Lo mismo con respecto a la asistencia sanitaria y, dado que
este colectivo la tiene cubierta por la cotización adicional que
efectúa al INEM, la subida total era de un 24,66 por 100.
Estos hechos dieron lugar a las correspondientes iniciativas
parlamentarias que recogían el eco de la opinión pública y de las
acciones legales emprendidas por los afectados. El Gobierno,
haciendo una pirueta, modifica esta orden el año pasado mediante otra
de 7 de marzo de 1997 y plantea que había habido un error que debía
rectificarse. Todos recordamos cómo efectivamente así se nos planteó
por parte del ministro de Trabajo: que se trataba de un error material
a rectificar, y se rectificó justamente el mismo día en el que e iba
a ver en Pleno esta cuestión mediante la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 12 de marzo de
1997.
No debía ser tal error material cuando en la orden homóloga
correspondiente a las normas de cotización del año 1998 se vuelve a
insistir en la misma línea de actuación política. Y en la orden de
26 de enero de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 28 de enero,
efectivamente se vuelve a producir un incremento de los
coeficientes aplicables a los suscriptores de los convenios
especiales. Esta vez menor, del 9,6 por 100 aproximadamente en
términos globales, aunque dividendo en los distintos supuestos: en la
jubilación se aumenta de 0,40 a 0,51 por 100, mientras que se baja el
coeficiente la muerte y supervivencia desde el 0,33 al 0,29. En
cualquier caso, entre la subida y la baja- da de ambos conceptos, el
cómputo final arroja una elevación global del 9,589 por 100. Esta
elevación de la cuota final enjuga, por tanto, con creces el
incremento de la revalorización anual del subsidio.
Por todo ello Izquierda Unida presentó esta proposición no de ley el
10 de marzo de 1998, y estamos hoy a 24 de junio. Desgraciadamente
hemos tenido que esperar al día de San Juan para quemar en la hoguera
tres meses y medio de posibilidades de resolver este problema. Sin
embargo, Izquierda Unida, que siempre piensa que nunca es tarde si la
dicha es buena, plantea hoy esta proposición no de ley que diría
textualmente lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que rectifique la sección octava de la orden de 26 de
enero de 1998, «Boletín Oficial del Estado», de 28 de enero de 1998,
en el sentido de mantener los coeficientes reductores aplicables
para determinar la cotización en los supuestos de convenio especial y
otras situaciones asimiladas al alta, con el fin de mantener en 1998
los mismos coeficientes vigentes durante 1997.
Obviamente somos conscientes de que esto implicaría actuaciones
parejas por parte de la Administración de la Seguridad Social, en el
sentido de corregir estas actuaciones y compensar en las futuras
cotizaciones de estos trabajadores, de estos suscriptores de
convenios especiales, lo que ya han ido cotizando de más en lo meses
que quedan de este ejercicio de 1998. Pero es una cuestión que
lógicamente no elimina para nada la virtualidad de esta proposición
no de ley que mantenemos.
El señor VICEPRESIDENTE: Esperemos que hoy, día de San Juan, día
solsticial, sirva para equilibrar, como se equilibran el día y la
noche, las pretensiones que formula. ¿Grupos que desean intervenir?
La señora Amorós, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora AMORÓS I SANS: El Grup Parlamentari Català quiere expresar
su posición en esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y referente al mantenimiento
durante los años 1997 y 1998 de los coeficientes reductores
aplicables para determinadas cotizaciones en los supuestos de
convenios especiales.
La modificación propuesta por el Gobierno en la orden ministerial de
26 de enero de 1998 ciertamente comporta un incremento de las
cotizaciones a efectuar por los trabajadores en aquellos casos en
que las bases reguladoras sean
elevadas, pero no podemos olvidar que para aquellas personas en
paro perceptoras del subsidio por desempleo mayores de cincuenta y
dos años, que cotizan por una base reguladora similar al doble del
salario mínimo interprofesional, la modificación contenida en la
orden no sólo no les perjudica, sino que les favorece. Por ello
entendemos que la medida adoptada por el Gobierno tiene un carácter
social, pues en igualdad de condiciones los cotizantes con bases
bajas van a verse favorecidos y los cotizantes con bases altas van a
verse perjudicados, aunque no de manera excesiva.
La medida adoptada por el Gobierno es congruente con lo establecido en
el Pacto de Toledo. En efecto, una de las conclusiones contenidas en
el Pacto de Toledo es la que se refiere a la necesidad de adecuar en
mayor medida el importe de las cotizaciones al nivel de las
prestaciones que se van a recibir en un futuro. Esto supone que
aquellos cotizantes con bases elevadas deberán contribuir en mayor
medida para así percibir una percepción económica elevada, lo que
aumenta la correlación entre valor de las cotizaciones y valor de
las prestaciones.
Si todos los grupos políticos fuimos partidarios del Pacto de Toledo,
deberíamos también ser consecuentes y aceptar las medidas que
permiten el cumplimiento de lo establecido en este Pacto.
Por todo ello, señorías, señor presidente, el Grup Parlamentari
Català votará negativamente a esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra don Alejandro Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Tomo la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición sobre esta
proposición no de ley, cuya autoría material es de Izquierda Unida.
Como prenderán SS.SS. las razones del Grupo Parlamentario Socialista
para votarla afirmativamente son en este caso muy evidentes, por
coherencia con otra iniciativa similar y de idéntica literatura y
propósitos que tiene presentada nuestro grupo con algunos días de
antelación a la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Si no
fuera porque la causa común me hace pensar que tenemos identidad de
propósitos, casi parecería que el diputado de Izquierda Unida conoció
la iniciativa socialista, en un celo que le honra ha tratado de
emularla y, como conoce mejor el Reglamento, ha conseguido que llegue
a la Comisión antes de que nuestra proposición se vea en el Pleno. Es
muy probable que lo que haya ocurrido no haya sido tanto la identidad
de propósitos de la causa común ni la fotocopia de las iniciativas,
sino que idénticos colectivos se dirigieron a los dos grupos
parlamentarios, con la pequeña diferencia de que el Grupo
Parlamentario Socialista fue un poco más rápido en la iniciación de
este procedimiento.
Hay muchos colectivos en España que están siendo duramente
constreñidos por esta norma. Estamos hablando, señoras y señores
diputados, de trabajadores que están, como enuncia la propia orden de
cotización, en situaciones especiales y difíciles pues tienen que
suscribir convenios especiales para allegar con sus solos recursos
tanto su cotización como trabajador como las de las empresas en las
que prestaron servicios; son trabajadores que no trabajan en el
momento en que suscriben el convenio especial porque han pedido el
trabajo y que para continuar sus carrera de aseguramiento hacen el
doble esfuerzo de seguir pagando la cuota obrera y la cuota
empresarial. Las normas de Seguridad Social han venido históricamente
realizando una adecuación de las exigencias de cotización de estos
trabajadores, que tienen por tanto reducida su jornada por razones
tan clamorosas como el estar cuidando a un menor o a un minusválido,
o que están en desempleo pero tienen que cubrir su base reguladora
por la diferencia de lo que cotizaban cuando estaban en activo.
Estos trabajadores están en una situación en la que la Seguridad
Social aplica unos coeficientes reductores con objeto de que coticen
exclusivamente por aquellas contingencias en las que concurre una
relación jurídica de seguro.
Como muy bien ha dicho el diputado de Izquierda Unida, ya el año
pasado el Gobierno intentó una subida tan astronómica y tan
estrafalaria como la de este año. Como hubo una contestación social y
parlamentaria, el Gobierno cambió aquella norma mediante una
corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado. Comprenderán
SS.SS. que nadie de los que seguimos estas cuestiones creímos que se
trataba de una corrección de errores, sino, más bien que se debió a la
presión sindical, social y de los colectivos en un momento en el que
se predicaba el España va bien, la Seguridad Social va mejor y el
Gobierno no digamos, porque eran incongruentes subidas del 20 o del
25 por 100.
Pues bien, aquello que no consiguieron concretar en una norma que
permaneciera en el ordenamiento jurídico español en 1997, lo han
conseguido en 1998. Pese a las iniciativas de los grupos de la
oposición de febrero, estamos en junio y estos trabajadores tienen de
promedio unas subidas -es difícil saberlo porque hay que ponderar
las bases- del orden del 20 por 100 de lo que significan sus
aportaciones a la Seguridad Social. Comprenderán SS.SS. que en
economías familiares domésticas, en situaciones laborales como las
que se cubren con los convenios especiales, hablar de subidas del
20 por 100 -sin ir a los casos más extremos pues hay incluso quienes
formalizan nuevos convenios especiales este año para los que,
respecto a situaciones simétricas del año anterior, tienen subidas
en algunos casos de hasta el 54,1 por 100- es verdaderamente un
disparate. Estas medidas no van a solucionar ningún problema
financiero importante de la Seguridad Social. Comprenderán SS.SS.
que en unos presupuestos de 12 billones de pesetas el que la
Seguridad Social ingrese unos cientos de millones de pesetas más, como
dice el román paladino, no dejar de ser el chocolate del loro de un
problema importante y de más amplias repercusiones que no se van a
solucionar agraviando estas modestísimas economías familiares de
trabajadores mayores de cincuenta y cinco años que están haciendo el
esfuerzo de sobrevivir en una situación difícil de desempleo,
teniendo que acumular a su costa la cotización de la carrera del
seguro. Con un mínimo de sensibilidad que yo predico de todos los
diputados de la Comisión, esto es algo que igual que se solucionó en
1997 debe serlo en 1998.
Me gustaría que me escucharan las diputadas de Convergència i Unió
para que, si hoy no pueden cambiar de criterio, como la proposición
del Grupo Socialista se verá
en el Pleno, analicen si es cierto lo que han dicho o no lo es porque
han sido mal informadas. No es cierto que esto se module en función
de la base del cotizante porque cuando se incrementa la aportación por
el convenio especial un 20, un 25 o un 30 por 100, se incrementa por
igual al que tiene una base de cotización de 30.000 pesetas que al
que la tiene de 100.000, porque es una modificación de tipos y no
tiene nada que ver con la base de cotización; a todos afecta por
igual, las cuantías que estoy mencionando. Es cierto que entre toda
la panoplia de situaciones hay un caso, el de los desempleados con
derecho a cotización que no quieran cubrir la jubilación y cubran
sólo la incapacidad permanente, la muerte y supervivencia, en el que
ha habido una reducción de un 12 por 100, pero figúrense que para
obtener esa deducción tendrían que elegir no cubrir su jubilación,
por- que si quieren cubrirla -la mayoría de ellos están en edades
próximas a la jubilación- mediante el sistema de convenios
especiales también sufrirían una subida del 9,6 por 100, tres veces
más que el IPC. Perdón, tres veces más que el IPC no porque va muy
bien el IPC, pero curiosamente iría muy mal para estas personas que
verían incrementado en un 400 por 100 su cotización respecto del IPC.
No hay razón alguna de carácter económico o contributivo.
Sinceramente hemos intentado hacer una cala en profundidad para ver
si le asistía al Gobierno un gramo, un átomo de razón. No tiene
ninguna razón, aprovecha algo tan complejo como la orden de
cotización, que es seguida sólo por media docena de especialistas del
país. Como se trata de saltar de un coeficiente del 0,85 al 0,93 por
100, cree que nadie va a hacer el porcentaje de cuánto es la subida,
pero mire usted por dónde hay algunos diputados que sí hacemos esos
porcentajes y descubrimos que colisiona de manera tan frontal, no
solamente con la propaganda del Gobierno, que por supuesto colisiona,
sino con la realidad de un país y de una Seguridad Social que no es
justo que incida en estos colectivos de esta manera tan dañina para
sus economías familiares. El trabajo que hemos hecho ha sido
concienzudo, hemos escuchado a todos los colectivos afectados, y de
la misma forma que hubo una rectificación en el año 1997, se debe
rectificar en 1998.
Señores de la mayoría, a veces ustedes se sorprenden se lo digo en
tono coloquial con el que hablamos en la Comisión- de que las
encuestas de opinión pública no reproduzcan ese superego, esa manera
tan tremenda que tienen de juzgar su propia actuación pública y ven
cómo los ciudadanos no responden a los requerimientos de su propia
manera de entender la marcha del país, posiblemente porque todas
las semanas tenemos ocasión de ver alguna iniciativa, alguna pieza
legislativa que daña a colectivos que, considerados uno a uno,
pudieran no tener importancia, pero que se agregan y se consolidan:
una semana eliminando sus prestaciones y su derecho a la jubilación
anticipada; otra semana, sometiendo a agravios a los huérfanos y a
las viudas; otra semana, determinados pensionistas ven recortadas
expectativas que tenían consolidadas en la historia de la Seguridad
Social; hoy son decenas de miles de trabajadores que perdieron su
puesto de trabajo, que están haciendo el esfuerzo de cotización y que
ven, a pesar de las grandes proclamas de España va bien, que a ellos
les va muy mal porque les han subido la aportación que hacen al
sistema público en cuantías superiores al 20 por 100. Este
es el desafecto profundo que tienen capas populares de la población
española contra este Gobierno, porque se compadece mal la buena
marcha de los indicadores económicos, la buena marcha de la bolsa,
con su realidad familiar, pues quitarles 2.000 ó 3.000 pesetas más al
mes de cotización significa un agravio, no solamente relativo y muy
importante, sino incluso absoluto para sus economías domésticas.
Comprenderán SS.SS. qué habrán sentido hoy cuando hayan leído el
periódico y hayan visto que, al tiempo que en la semana en la que se
discute que vamos tan bien, podemos perder 600.000 millones de
recursos públicos, y ya se anuncia que va a haber recortes para las
pensiones de viudedad, que va a haber una nueva conceptualización de
la invalidez. Estas cosas claman al cielo porque, si estuviéramos en
un discurso coherente en el que todas las variables caminaran al
unísono, podría entenderse un esfuerzo del conjunto de la nación.
Pero cuando ustedes piden estos esfuerzos a los más humildes mientras
regalan a manos llenas, en un país que parece ser el cuerno de la
abundancia, a los que tienen millones de pesetas de renta al mes,
comprenderán que el Grupo Parlamentario Socialista no les va a
acompañar en esta reducción de los derechos sociales ni en las que
anuncia hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
cuya finalidad es la de instar al Gobierno a que rectifique la
sección 8.a de la orden de 26 de enero de 1998, en el sentido de
mantener durante este año los mismos coeficientes reductores que se
fijaron en 1997 para determinar la cotización en los supuestos de
convenio especial y otras situaciones asimiladas.
Los coeficientes reductores tienen su razón de ser dentro de los
llamados convenios especiales. Estos convenios tienen como
característica fundamental la de permitir en determinadas situaciones
que los trabajadores que han cesado temporal o definitivamente en su
actividad laboral puedan seguir manteniendo la protección del sistema
de Seguridad Social a través de la firma de un convenio con la misma
Seguridad Social ante la Tesorería General.
La orden de 27 de enero de 1997 vino a recoger el incremento de los
coeficientes aplicados a los convenios especiales y referenciados y
otras situaciones asimismo asimiladas. Tales coeficientes fueron
modificados por la Orden de 7 de marzo de 1997, de tal manera que
quedaron igual que los que rigieron en el año 1996. Sin embargo, la
orden de 26 de enero de 1998 vuelve a fijar los coeficientes
aplicables a los suscriptores de convenios especiales. Ello ha de
tener en cuenta dentro de la reforma de la estructura financiera de
la Seguridad Social efectuada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, a
tenor de la cual se establece la separación financiera del sistema,
adecuando las fuentes de financiación de las obligaciones de la
Seguridad Social a su naturaleza.
En tal sentido, las cotizaciones de empresas y trabajadores
financiarán las prestaciones de naturaleza contributiva, mientras que
las prestaciones de naturaleza no contributiva
serán financiadas a través de las aportaciones del Estado, si bien
todo ello deberá efectuarse a lo largo del período establecido en la
ley, que deberá estar finalizado antes del ejercicio del año 2000.
De este modo, los coeficientes a aplicar para determinar la fracción
de cuota que han de ingresar los suscriptores del convenio especial
en sus distintas modalidades persiguen aproximar la financiación
por cuotas al coste real de las prestaciones contributivas.
Esta adaptación a la nueva estructura financiera es ha plasmado en la
Orden de 28 de enero de 1998, respetando las situaciones creadas con
anterioridad a su entrada en vigor. Hay que recordar que esta
adaptación es consecuencia del reforzamiento del carácter
contributivo del sistema a que aboga una de las recomendaciones del
texto aprobado por la Comisión de Presupuestos sobre la base del
informe de la ponencia para el análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales
reformas que deberán acometerse.
Finalmente deseo añadir que los convenios suscritos por perceptores
del subsidio de desempleo, por cuanto a la modificación de los
coeficientes se refiere, no van a suponer en todo caso incremento
de la cuota a pagar, sino que dependerá de la cuantía de la base que
complemente el trabajador a su cargo. Igualmente, las variaciones
introducidas incrementan o disminuyen las cuotas a ingresaren 1998,
según los casos, afectando en mayor proporción a aquellos que
complementan la base en mayor cuantía, ya que son los que generan
pensiones más elevadas.
Hay que hacer especial hincapié en los incrementos que, según se dice
en la proposición no de ley, se producen en los convenios suscritos
por perceptores del subsidio de desempleo con derecho a la cotización
por jubilación, por cuanto el coste del mismo se incrementa en un
27,5 por 100. No es cierto que en todas las situaciones se produzca
incremento, sino que dependerá de la cuantía de la base que
complemente el trabajador a su cargo. Los nuevos coeficientes
calculados para los subsidiados de desempleo mayores de cincuenta y
dos años dan como resultado una cotización global por base mínima del
0,94, cuantía inferior a la de 1997, que era del 0,98, cifra mayor
que el coeficiente del convenio especial.
Por todo lo expuesto, vamos a votar en contra de la proposición no
de ley, pues lo que se expone en la misma vendría a contravenir el
necesario reforzamiento del carácter contributivo del sistema
expresamente establecido en una de las recomendaciones del comúnmente
denominado Pacto de Toledo, que vendría a cumplir la propia Ley
General de la Seguridad Social tras la modificación efectuada por la
Ley 24/1997, de 15 de julio, que establece la separación financiera
del sistema, ya que iría en contra de la progresiva adecuación de las
fuentes de financiación de las obligaciones de la Seguridad Social a
su naturaleza.
- CON EL FIN DE QUE LOS PENSIONISTAS ESPAÑOLES QUE RESIDAN EN ESPAÑA
Y PERCIBAN UNA PENSIÓN DE UN SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EXTRANJERO
PUEDAN PERCIBIRLA EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE SI SE
TRATARA DE UNA PENSIÓN ESPAÑOLA. PRESENTADA
POR ELGRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000973.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto cuarto
del orden del día, proposición no de ley con el fin de que los
pensionistas españoles que residan en España y perciban una pensión
de un sistema público de pensiones extranjero puedan percibirla en
los mismos términos y condiciones que si se tratara de una pensión
española, del Grupo Parlamentario Socialista. para su defensa y
exposición, tiene la palabra la señora Matilde Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: La proposición no de ley que el Grupo
parlamentario Socialista trae hoy a la Comisión de Política Social y
Empleo afecta a los pensionistas españoles que fueron emigrantes o
residentes en el exterior, trabajadores en el exterior, que han
retornado y que reciben una pensión de la Seguridad Social del país en
el que trabajaron. Sólo hablamos de estas personas.
Ayer, en el Pleno del Congreso, se ratificó el apoyo al documento que
por unanimidad votamos el 28 de abril en esta Comisión de Política
Social y Empleo, sobre la nueva política migratoria para los próximos
años. En ese documento nos imponemos todos los grupos políticos el
compromiso de avanzar en la igualdad de condiciones entre españoles,
vivan donde vivan y hayan trabajado donde hayan trabajado. El
documento prioriza también en materia de inmigrantes el retorno de
los españoles, y para eso habla de un plan que movilice y resuelva
los obstáculos existentes para el retorno. Hay obstáculos
importantes, como puede ser la vivienda, pero los hay pequeños. Uno
de los obstáculos pequeños y fácil de resolver es el motivo de la
proposición no de ley que hoy les trae el Grupo Parlamentario
Socialista a esta Comisión.
Una orden de 1980 resolvió, después de una negociación más o menos
difícil con el sistema financiero español, que ninguna entidad
bancaria pudiera hacer descuento alguno en la cuantía de la pensión
de los españoles, la cobraran en España o fuera de España, siempre
que hubiera sido generada por el sistema de Seguridad Social español.
Esta norma de 1980 se ha ido actualizando con negociaciones de
diferentes ministros de Trabajo con el sistema financiero español.
Hoy le llegan a nuestro grupo -estoy segura de que a otros grupos
también- reclamaciones de trato desigual en el comportamiento de las
entidades financieras españolas cuando los españoles que han
retornado a nuestro país reciben la pensión.
Les recuerdo algo que ustedes saben como yo, y es que cogiendo el
último anuario de 1980 a 1995, la última estadística que tenemos,
desde 1980 han retornado 350.000 personas. No digo que afecte por
igual a todas esas personas, porque hay tratamiento diferente según
se trate del emigrante de un país o de otro; digo que puede afectar a
un porcentaje de ellos. Lo que conocemos es que son ciudadanos que
han retornado, sobre todo, a seis comunidades autónomas: en primer
lugar, a Galicia, a Andalucía, a Madrid, a Cataluña, a la Comunidad
Valenciana y a Castilla y León. En esos lugares está la mayoría de
los ciudadanos retornados y de allí nos llegan las reclamaciones.
En esta proposición no de ley pedimos el trato igual entre españoles,
tengan pensión española o de otro país.
Pedimos algo tan sencillo como que nuestro Gobierno renegocie con el
sistema financiero español, con las entidades bancarias, para
incluir, cobren la pensión en España o fuera de España, a los
españoles que cobran pensión de la Seguridad Social de otros países.
leyendo las actas del Consejo General de la Emigración comprobamos
las denuncias de los representantes de los españoles. Algunas de esas
denuncias están aquí. En el último anuario de migraciones publicado
por el Gobierno se recogen las quejas en esta dirección; insisto, más
de unos países que de otros.
Nuestro grupo no tiene la información exacta y detallada. La
proposición es abierta, le dice al Gobierno que negocie, que haga
las gestiones oportunas con el sistema financiero, con las
diferentes entidades bancarias, como lo hizo en el pasado con los
pensionistas de la Seguridad Social española, que se abran
negociaciones y que concluyan en unos acuerdos que no traigan aquí
pasado un tiempo. Insisto en que es una reclamación del Consejo
General de la Emigración recogida en actas publicadas. Las actas de
los últimos años que hemos conocido en la subcomisión de política
migratoria, que elaboró el informe del que acabamos de hablar, nos lo
han vuelto a recordar a todos los grupos políticos, como les decía,
es una propuesta muy concreta y sencilla, porque todos los que
estamos aquí podemos entender que el volumen de recursos de la
Seguridad Social y el capítulo 1 que los diferentes ministerios
transfieren a las entidades financieras españolas para efectuar el
pago de las nóminas permite decirles que no deduzcan a los
pensionistas que cobran su pensión de otros países la gestión
bancaria.
Es muy fácil esta negociación y es muy concreta la proposición no
de ley que hoy les presentamos y para la que les pedimos el apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: El Grupo Parlamentario Socialista nos
presenta una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
que realice las gestiones oportunas y adopte las decisiones
administrativas y jurídicas pertinentes para que a los pensionistas
españoles que perciban una pensión de la Seguridad Social de un país
extranjero y que residan en España las entidades financieras no les
puedan hacer ninguna retención por ingresar la pensión y que se les dé
igual trato que a los pensionistas de la Seguridad Social española.
En primer lugar, he de manifestar que las normas mencionadas en la
exposición de motivos de la proposición no de ley se encuentran
derogadas, siendo las vigentes el artículo 15, pago de prestaciones
de la Seguridad Social, del Real Decreto 1391/1995, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera
de la Seguridad Social, y el artículo 17, pago de pensiones y otras
prestaciones económicas a través de entidades financieras, de la
orden de 22 de febrero de 1996 para la aplicación y desarrollo del
reglamento anteriormente mencionado. En ambas normas se establece,
sintetizando, que los pagos de prestaciones del sistema de Seguridad
Social -y naturalmente referido a la Seguridad Social española-, en
ningún caso generarán gasto alguno para el beneficiario, ni
por la aplicación de la fecha valor ocasionarán intereses negativos
en la cuenta corriente o libreta de ahorro en laque se abona la
pensión. Esto referido a las prestaciones pagadas por la Seguridad
Social española.
Respecto al pago de prestaciones en el extranjero y de prestaciones
extranjeras en España, existe un artículo específico, el artículo 23
de la indicada orden de 22 de febrero de 1996, mediante el que se
regula, por una parte, que para el pago de prestaciones de la
Seguridad Social española a beneficiarios desplazados o a residentes
en países extranjeros, o de prestaciones de otros sistemas de
Seguridad Social a desplazados o residentes en España, se estará a lo
especialmente pactado al respecto y, en defecto de pacto, las
prestaciones reconocidas se pagarán por los medios de pago y a través
de los procedimientos que cada país tenga establecido para el pago de
las prestaciones de su sistema de Seguridad Social a los
beneficiarios del mismo. Por otra parte, en el apartado 2 de este
mismo artículo se establece que, para la materialización de los
pagos, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar con
las entidades financieras y demás colaboradores, cuan- do concurran
circunstancias que así lo aconsejen, formas o procedimientos de pagos
específicos que garanticen el buen fin de los mismos.
De lo expuesto se deduce claramente por parte de la Seguridad Social
española el respeto que cualquier ordenamiento jurídico debe de
predicar respecto de los procedimientos y normas establecidas por
otro país, y que las normas de carácter interno y no publicadas en
el BOE, aludidas en la exposición de motivos, en que se plasman los
pactos o acuerdos que lleva a cabo la Tesorería General con entidades
financieras o colaboradores tienen su fundamento normativo y su
razón de ser en dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
1391/1995 y en la orden de 22 de febrero de 1996 antes aludida. Hay
que recordar que las entidades financieras que se mencionan a efectos
de pago de prestaciones son, al mismo tiempo, colaboradores de los
órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad
Social, y que está regulado el mantenimiento de unos saldos medios
en las entidades financieras colaboradoras y la compensación a las
mismas, es decir, que las entidades financieras ya perciben una
compensación en términos económicos por la gestión de recaudadoras
y pagadoras que llevan a cabo.
En segundo lugar, es habitual establecer en las normas
internacionales de Seguridad Social predicciones específicas que
garantizan que las prestaciones reconocidas por las partes no están
sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el
hecho de que el pensionista resida en otro país, y que se le harán
efectivas en dicho territorio. Sirva a título de ejemplo lo
establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Comunidad Europea
1408/1971, o el artículo 5 del Convenio de la Seguridad Social entre
el Reino de España y la República de Chile y acuerdo administrativo
para su aplicación, ambos hechos en Madrid en enero de 1997.
Asimismo, las instituciones gestoras de la Seguridad Social española
pueden colaborar en mejorar los procedimientos de pago, y así se ha
hecho, como en los casos de pago de Escocia, por medio de la
Confederación Española de Cajas de Ahorro, a beneficiarios del sistema
escocés
residentes en España. También se han ofertado cambios en el convenio
bilateral con Alemania, que paga habitualmente por giro postal, y
se sugieren fórmulas de ingreso en cuenta con un coste mínimo para el
preceptor. No obstante lo anterior, llevar más allá esta colaboración
de la que actualmente se viene prestando, y dado que en muchos
países de Europa cuando los pensionistas de esos países perciben la
prestación la ven mermada por el cobro de servicios bancarios,
supondría forzara los distintos sistemas de Seguridad Social
europeos a una modificación en los procedimientos de pago.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, la institución extranjera de
Seguridad Social abona las pensiones íntegramente, sin retención
alguna, en cumplimiento de las normas internacionales suscritas, y el
problema planteado se circunscribe única y exclusivamente a que al
transferir dicha institución las pensiones a los pensionistas
españoles residentes en España a través de entidades financieras
españolas, al no existir entre ambos pacto o acuerdo, esta última
cobra o retiene cierta cantidad en concepto de cambio de divisa o
comisión de operación. Me parece que esta es la base de la
iniciativa.
La seguridad Social española, al no ser la obligada al pago de las
pensiones, no ostenta competencias, ni por la materia ni en virtud
del principio de territorialidad, para dictar normas que eviten el
cobro de gasto o comisiones por parte de las entidades financieras.
Ello sin perjuicio de eventuales o posibles actuaciones de las
autoridades bancarias españolas ante las entidades financieras. Por
tanto, votaremos en contra de esta proposición no de ley.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE HACER UN ESTUDIO SOBRE LAS PERSONAS QUE
ACTUALMENTE PERCIBEN UNA PENSIÓN SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E
INVALIDEZ (SOVI) QUE RENUNCIAN A LA MISMA AL OPTAR POR LA PENSIÓN DE
VIUDEDAD EN SU CUANTÍA MÍNIMA. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000974.)
El señor VICEPRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día, número
5, es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a la necesidad de hacer un estudio sobre las personas que
actualmente perciben una pensión seguro obligatorio de vejez e
invalidez(SOVI) que renuncian a la misma al optar por la pensión de
viudedad en su cuantía mínima. Por el Grupo Parlamentario
Socialista, para defender la proposición, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Con gran brevedad, señor presidente.
El seguro obligatorio de vejez e invalidez, que fue creado en
nuestro país por una orden ministerial de 11 de febrero de 1940,
supuso en su día un paso adelante, aunque modesto, en el
reconocimiento de determinadas coberturas, sobre todo de las de
vejez y viudedad. De esta vieja legislación todavía pervive en España
un conjunto de pensionistas numeroso, aunque decreciente. Según los
datos
que nos ha ofrecido el Ministerio de Trabajo, podemos estar hablando
de 415.000 personas. Mensualmente la cuantía, aunque tampoco es muy
representativa en términos relativos en cuanto a la nómina general
del sistema, es, sin embargo, muy importante, del orden de 13.000
millones de pesetas mensuales, en las que se incluye el SOVI del
régimen general, del agrario por cuenta propia o ajena y del régimen
especial del mar. Con arreglo a la vieja normativa, y con la nueva
legislación que se hace en los años sesenta, esta pensión del SOVI es
residual y total- mente incompatible con cualquier otra pensión del
sistema moderno de Seguridad Social español. La situación está de tal
manera planteada en nuestra sociedad que algunos colectivos (sobre
todo afecta a las mujeres) que son preceptores del SOVI por derecho
propio y no derivado, es decir, los que cotizaron un día al antiguo
retiro obrero o más de cinco años al sistema obligatorio de vejez e
invalidez, al quedar viudos o viudas se ven obligados a optar por su
pensión de vejez del SOVI o por la nueva pensión de viudedad que deja
el causante.
Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos la pensión de
viudedad, que se produce ex novo y se incompatibiliza por las
normas de concurrencia de regímenes, es de una cuantía enormemente
reducida, lo cual provoca unas situaciones conflictivas a la hora de
hacer frente a los gastos fijos de la vivienda, que son similares a
cuando vivía el causante -todo el mundo sabe que los gastos de
arrendamiento, luz, agua, etcétera, no tienen prácticamente ninguna
modificación-, y tienen que hacer frente a esos gastos con una
pensión mermada, el 45 por 100 respecto a la situación preliminar que
tenía el causante.
También hay que tener en cuenta que el único supuesto en nuestro
sistema de Seguridad Social en el que la pensión de viudedad resulta
incompatible con otra pensión generada por derecho propio es ésta
precisamente. En el régimen más general, salvo estos casos residuales,
una persona puede estar cobrando su vejez o su jubilación y acumular
su pensión de viudedad si en un momento determinado, sea hombre o
mujer, acaece el fallecimiento del cónyuge. Es justamente la
incompatibilidad la que se predica respecto de este sistema del
SOVI con el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social. En los
demás regímenes la pensión de viudedad es perfectamente compatible
con cualquier otra pensión contributiva.
El Grupo Parlamentario Socialista ha dudado en presentar una
proposición no de ley que abordara el conjunto del problema, pero,
pensando que se pudieran esgrimir razones de equilibrio
presupuestario y económico, y como posiblemente en este colectivo de
cientos de miles de personas puede haber situaciones variopintas no
todas necesitadas de protección, es por lo que solicitamos al
Gobierno que en un plazo de seis meses -con objeto de que no se
dilate más en el tiempo- se elabore un estudio para que conozcamos
con exhaustividad el número de personas que perciben el SOVI,
desglosado entre hombres y mujeres, por edades, por clase de pensión,
etcétera. Se trata de cuantificar el número de personas mayores de
sesenta y cinco años preceptoras del SOVI que han tenido que
renunciar al mismo para acceder a la pensión de viudedad desde enero
de 1995, para tener algún cómputo de referencia. Por último (como
comprenderán SS.SS., por aquí va
la orientación de lo que nos gustaría, si fuera factible en la
Seguridad Social caminar en esta dirección), nos gustaría, para ver si
podemos tomar alguna iniciativa legislativa, que se valorara
económicamente lo que supondría hacer compatible la percepción del
SOVI de derecho propio por personas mayores de sesenta y cinco años
cuando acaezca la muerte del cónyuge que dé derecho a una pensión de
viudedad; y asimismo que ese estudio incidiera con especial
atención en aquellas pensiones de viudedad que tuvieran una cuantía
igual o inferior a la pensión mínima que se establece en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado en cada año.
En definitiva, señorías, nos gustaría, si es factible, eliminar
estas situaciones porque, cuando se conocen con nombres y apellidos
la peripecia personal de estas mujeres, es dramático comprobar que
tienen que perder la pensión de vejez a la que tienen derecho porque
cotizaron en su día al antiguo seguro obligatorio de vejez e
invalidez, que tienen que renunciar por tanto a una pensión que han
acumulado fruto de sus propias cotizaciones, que tienen que
renunciar a una pensión de derecho propio para adquirir una pensión de
derecho derivado como es la pensión de viudedad, de tal manera que
dejan en el camino el esfuerzo de cotización de estas personas
-generalmente mujeres, pero también hombres- que tienen que renunciar
a una pensión que consolidaron por sus propias cotizaciones con objeto
de poder percibir la pensión de viudedad que les corresponde con
arreglo a la legislación vigente cuando muere su compañero, su marido
o su esposa, lo cual da origen a una pensión de viudedad de algunos
de los regímenes de la Seguridad Social. Nos gustaría identificar de
ese colectivo amplio de personas los casos más necesitados de
protección y saber si la Seguridad Social española está en capacidad
de abordar en todo o en parte esas situaciones de concurrencia, que
es el origen de la pérdida de esas pensiones. Así como en años
precedentes la relación activo-pasivo, desaconsejaba incrementar el
número de pasivos y dado que ya no son cuatro los ejercicios
presupuestarios en los que se va mejorando la relación activo-pasivo,
el Congreso de los Diputados debería preguntarse si podemos dar
satisfacción a un amplio conjunto de ciudadanos y ciudadanas
españoles que están -créanme, señoras y señores diputados- muy dignos
de protección, puesto que se les obliga a optar entre dos pensiones
enormemente modestas, atendiendo a situaciones familiares en las que
las renta concurrentes son inexistentes o prácticamente simbólicas.
El señor VICEPRESIDENTE: En relación a esta proposición existe una
enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), para cuya defensa
tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Voy a defender al enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán a la proposición no de ley que estamos
debatiendo, que es el texto íntegro de una resolución que presentó mi
grupo y que fue aprobada por el Gobierno en el último debate política
general.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán es consciente de la
prudencia con que deben tratarse todos los temas relacionados con el
incremento económico de las pensiones y en su día este grupo
parlamentario contribuyó a formalizar
el grupo de trabajo que en profundidad debatió estos temas en el
marco del Pacto de Toledo.
Señorías, señor presidente, estamos ante una cuestión de pensiones
mínimas que afectan a un colectivo muy necesitado. La pensión
obligatoria de vejez y de invalidez, conocida como SOVI, es una
pensión mínima que se otorga a todas aquellas personas que, no
estando en alta en la Seguridad Social en el momento de su
jubilación, sí lo estuvieron en algún período de su vida laboral.
Se trata de una pensión de jubilación por derecho propio que muchas
mujeres perciben al pasar de los 65 años de edad; la mayoría de estas
mujeres han dedicado la mayor parte de su vida laboral al cuidado del
propio hogar y de la familia.
Mi grupo ha presentado esta enmienda a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista en la esperanza de avanzar en los
objetivos de equiparación de las pensiones mínimas que son
percibidas por gran parte de la ciudadanía más desfavorecida y que
ya en el marco del Pacto de Toledo se llegó al compromiso de revisar.
Señorías, la posibilidad de hacer compatible la pensión del SOVI con
determinadas pensiones del sistema contributivo de la Seguridad
Social teniendo en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios será
un avance en la consecución de una solidaridad con todas aquellas
personas que han dedicado su vida a hacernos la nuestra más
agradable. En estos momentos, si no lo remediamos, se está creando
una nueva forma de pobreza oculta y silenciosa pues en la mayoría de
los casos los servicios sociales no tienen conocimiento de la
realidad que sufre este colectivo.
Por este motivo, pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que acepte
esta enmienda presentada sólo con el ánimo de avanzar un poco más en
la solución de una parte de los problemas de este colectivo de
ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos, a la espera de que,
finalizado el estudio y su actualización, podamos ver la manera de
compatibilizarlo y transformarlo en acciones concretas, en la
medida de lo posible, en los próximos presupuestos generales del
Estado del año 1998.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por
el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Ricardo
Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Hemos estudiado con detenimiento la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que es objeto de debate en estos momentos. Compartimos
buena parte de las afirmaciones que se hacen, en concreto la que
hace referencia a que en el sistema de la Seguridad Social la pensión
de viudedad es compatible con rentas del trabajo y con otro tipo de
prestaciones de la Seguridad Social, salvo, supuesto excepcional, el
caso del SOVI, ya que la normativa específica de este seguro
establece que este tipo de prestación es incompatible con otras
prestaciones de la Seguridad Social, lo que da lugar a que la pensión
de viudedad del sistema de la Seguridad Social sea incompatible, no
tanto por la normativa específica del sistema de la Seguridad Social
sino por la del SOVI, con la prestación de SOVI. Nos encontramos
con situaciones como las que recoge la proposición no de ley y las
citadas en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Yo quiero simplemente poner de manifiesto que en el año 1992 este
diputado ya elevó a la Comisión de Política Social y Empleo una
proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a que, en el
plazo de tres meses, adoptara las medidas oportunas a fin de que
las pensiones del extinto sistema del seguro obligatorio de vejez e
invalidez (SOVI) resultaran compatibles con la pensión de viudedad del
sistema de la Seguridad Social y la pensión del sistema SOVI
resultara compatible con la pensión del sistema de la Seguridad
Social, precisamente en base a estas consideraciones de orden legal
y sociológico a las que se ha hecho referencia. Estoy convencido de
que el presidente de la Comisión hoy en funciones seguramente se
acordará de aquel debate que tuvimos en su momento porque en aquella
ocasión el Grupo Parlamentario Popular apoyó esta proposición no de
ley que presentaba el que hoy tiene el honor de dirigirles la palabra.
Como ha pasado poco tiempo desde entonces, no llega a seis años, y
estoy absolutamente con- vencido de que hoy el Grupo Parlamentario
Popular va a compartir las razones que se esgrimen aquí. Aunque la
pro- posición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista no llega a
los términos que nosotros apuntábamos, estoy convencido de que lo
que se apruebe hoy será un paso adelante en esa dirección. Vamos
por tanto a manifestar nuestro apoyo a la iniciativa en los términos
iniciales y estamos a la espera de una posible enmienda transaccional
porque hay todavía camino para seguir avanzando y corregir estas
situaciones que desentonan en el conjunto del sistema de Seguridad
Social, aunque es verdad que responden a un sistema que está en
trance de desaparición y que irá desapareciendo por razones
puramente biológicas. Mientras tanto, bueno sería que fuéramos
capaces de darle una solución adecuada como la que propusimos en su
momento o como la que, de una manera más tímida, se recoge en la
proposición no de ley que hoy discutimos.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra la señora Carmen Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: La proposición no de ley presentada hoy
por el Grupo Parlamentario Socialista se refiere a la necesidad de
hacer un estudio sobre las personas que actualmente perciben una
pensión SOVI y deben optar por la pensión de viudedad en su cuantía
mínima, dado el régimen de incompatibilidad aplicable a las
pensiones del SOVI.
Mi grupo parlamentario quiere manifestar que está de acuerdo con el
fondo, pero no de la manera en que lo expone el Grupo Parlamentario
Socialista. No entendemos cuál es la razón por la que se propone
suprimir la incompatibilidad de las pensiones del SOVI única y
exclusivamente en relación con la pensión de viudedad y no con
cualquier otra con la que teóricamente podría concurrir, como puede
ser la de jubilación, invalidez u orfandad ya que, de llevarse acabo,
ello desencadenaría una serie de situaciones discriminatorias de
difícil justificación. El tema tratado aquí se circunscribe a la
posibilidad de mejorar la pensión mínima de viudedad, pero todas y no
solamente aquellas que concurran con una pensión SOVI, por la vía
de suprimir en este caso la incompatibilidad entre las dos pensiones.
A
este respecto tenemos que señalar que, en cumplimiento de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, así como en desarrollo del
acuerdo de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social suscrito entre Gobierno y sindicatos, el objetivo
prioritario es adoptar las reformas precisas para consolidar el
actual sistema y garantizar su viabilidad futura. Desde esa
perspectiva ya se han articulado medidas que refuercen el principio
de solidaridad y se ha prestado una especial atención a la mejora de
las pensiones de viudedad en recientes regulaciones normativas.
Así, por ejemplo, a través de la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, la igualación en
el plazo de tres años de la cuantía de las pensiones mínimas de
viudedad de los menores de sesenta años a la pensión mínima de los
beneficiarios entre sesenta y sesenta y cuatro años; y a través de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social, la posibilidad de acceder a la pensión de viudedad
desde la situación de no alta ni alta asimilada del cónyuge fallecido.
También habrían de añadirse las mejoras introducidas paralelamente
en la pensión de orfandad, que en la mayoría de los casos va unida a
esta pensión de viudedad.
En coherencia con lo que se aprobó recientemente en este Parlamento,
vamos a apoyar la enmienda presentada por el Grupo Catalán, puesto
que el pasado 14 de mayo se aprobó una resolución, como ya he dicho a
propuesta del Grupo Parlamentario Catalán, con una enmienda
transaccional que incide en los mismos términos que la del Grupo
Parlamentario Socialista en la actualización de las pensiones del
SOVI y su compatibilización con otras pensiones del sistema. Esta
resolución decía: Continuar avanzando en la política de mejora de las
pensiones bajas del sistema en el contexto de lo que establecen los
Pactos de Toledo; a estos efectos procederá estudiar la actualización
de las pensiones del SOVI, así como su compatibilización con
determinadas pensiones del sistema contributivo de la Seguridad Social,
teniendo en cuenta los niveles de renta de los beneficiarios.
Consideramos que sería beneficioso alcanzar un consenso de todos los
grupos políticos y apoyar esta enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE: Habiendo una enmienda de Convergència i
Unió, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
El señor CERCAS ALONSO: En aras a ese consenso, vamos a aceptar la
enmienda pero me gustaría que quedase constancia en el «Diario de
Sesiones», y si es posible se transmitiera al Gobierno de la nación,
los apartados a que hacíamos referencia en nuestra iniciativa, porque
nos interesaría que en ese estudio más genérico al que se refiere la
enmienda transaccional no se olvidaran las subdivisiones del análisis
de la realidad.
Para el Grupo Parlamentario Socialista y para el resto de los grupos
de la Cámara, sería muy útil que ese estudio que se contiene en la
enmienda transaccional de Convergència i Unió no olvidara esos
apartados y que, en la medida en que pueda ser útil, el Gobierno
conozca cuáles son las necesidades de conocimiento de nuestro grupo
para estudiar en profundidad la radiografía de este colectivo social.
Dicho esto, señor presidente, reitero que aceptamos la enmienda
transaccional.
(La señora vicepresidenta, Sabanés Nadal, ocupa la Presidencia.)
- SOBRE LA ADOPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE ACUERDO A FIN DE QUE A LAS
PERSONAS MINUSVÁLIDAS O DISCAPACITADAS LES SEA EXPEDIDA UNA TARJETA DE
IDENTIFICACIÓN UNIFICADA DONDE SE LES RECONOZCA TAL CONDICIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001079.)
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Siguiendo el orden del día
pasamos al punto sexto: Proposición no de ley sobre la adopción del
correspondiente acuerdo a fin de que a las personas minusválidas o
discapacitadas les sea expedida una tarjeta de identificación
unificada donde se les reconozca tal condición.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Voy a ser muy breve porque la proposición no
de ley tiene un objeto sencillo y en su preámbulo se explicitan con
claridad las razones por la cual la articulamos. Se trata de una
proposición que recoge la aspiración del colectivo de
discapacitados que con ocasión de su vida social, de su traslado por
la geografía española, en ocasiones se ven con el problema de que
existen diversas administraciones en el sentido de que no se les
reconoce su condición de discapacitados o minusválidos en determinados
lugares porque se les expide la tarjeta en su lugar de residencia.
Aunque el asunto puede tener consecuencias jurídicas, económicas y
sociales, afecta a hechos relativos a estacionamientos, accesos a
lugares públicos, etcétera, en los cuales en la actualidad
prácticamente en toda España este colectivo tiene reconocidos una
serie de derechos que son precisos para desarrollar una vida más
normal.
Existe a esta proposición no de ley una enmienda del Grupo Catalán
(Convergència i Uniò) con un contenido prácticamente igual, porque
ambos grupos pretendemos que la Conferencia sectorial de asuntos
sociales y las administraciones competentes, las comunidades
autónomas que ahí están integradas, puedan llegar al acuerdo que
estimen oportuno para regular y resolver esta pretensión del
colectivo de discapacitados.
Nosotros quisiéramos, no obstante, hacer mención a esta tarjeta
unificada, aunque sólo fuera a efectos dialécticos para recoger
esta expresa petición del colectivo, siguiendo los vientos que
existen hoy en Europa, donde parece que se está tramitando una
recomendación del Consejo de la Unión Europa sobre la creación de
una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, y que
en cuanto a las relaciones jurídicas, económicas y sociales que
puedan afectarles, la Conferencia sectorial de asuntos sociales
establezca los métodos de reconocimiento mutuo
entre administraciones de los efectos de sus legislaciones y de los
derechos que les corresponda.
Estamos en disposición de presentar una transacción a la enmienda de
Convergència i Unió, que diría: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que, en el marco de la Conferencia sectorial de
asuntos sociales y de manera conjunta con las comunidades autónomas
competentes, expida una tarjeta unificada o se desarrolle un sistema
de reconocimiento mutuo. Es decir, que la conferencia pueda optar,
pero que de alguna forma se exprese que la voluntad política de esta
Cámara es que un buen sistema para solventar los problemas que hoy
en día tiene el colectivo de discapacitados es una sencilla tarjeta
unificada.
Convergéncia i Unió podría aceptar esta transacción que da
satisfacción a las pretensiones de ambas partes, cual es, en
definitiva, un escrupuloso respeto a que decida quien puede decidir,
la Conferencia sectorial de asuntos sociales, pero que a su vez dicha
conferencia resuelva el problema de los discapacitados de la forma
más sencilla y afortunada para todos.
La señora VICEPRESIDENTA(Sabanés Nadal): A esta proposición no de ley
hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán. Para su exposición
y para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda
transaccional, tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMORÓS I SANS: Con brevedad, y sola- mente para defender la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán a la proposición no de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Catalán está totalmente de acuerdo en la
necesidad de facilitar y promover la movilidad de las personas con
discapacidad en todo el territorio del Estado español, pero creemos
que también puede hacerse este loable cometido respetando las
competencias transferidas en materia de servicios sociales. Así, la
enmienda de CiU pretende compaginar, en la medida de lo posible, el
derecho a la movilidad de todas y cada una de las personas
discapacitadas y el disfrute de los beneficios sociales que les
acredita el carné de discapacitados, emitido por la comunidad
autónoma con competencia en materia de servicios sociales en la que
residen; y que en el marco de la conferencia sectorial, donde están
representados todos los gobiernos autonómicos y el del Estado, se
alcancen los acuerdos necesarios de cooperación para solventar las
carencias de este colectivo.
Esperamos del grupo proponente la sensibilidad hacia las competencias
autonómicas que siempre han manifestado, que acepten la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán y que dejen que sea la conferencia
sectorial quien decida el sistema para compatibilizar estos dos
cometidos. En aras del consenso, aceptaríamos la enmienda
transaccional que propone el Grupo Parlamentario Popular y la
votaríamos afirmativamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Salinas.
La señora SALINAS GARCÍA: También con mucha brevedad, voy a fijar la
posición del Grupo parlamentario Socialista en esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular.
La presentación de la iniciativa responde al interés de unificar las
tarjetas de identificación de las personas minusválidas o
discapacitadas, con la finalidad de que su obtención permita al
colectivo el acceso igualitario en toda España. Si bien esta
recomendación se está estudiando, como bien se ha dicho, en el foro
europeo de la discapacidad, dependiente de la Unión Europea, los
acuerdos alcanzados son más modestos y pretenden consensuar algunos
de los derechos que progresivamente se irán acometiendo en todos los
Estados miembros de la Unión.
Esta propuesta engloba muchas iniciativas que ya han sido promulgadas
por las comunidades autónomas con competencias en dicha materia, por
lo que el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente la
enmienda que en principio había presentado Convergència i Unió y que
parece va a ser transaccionada por el Grupo Parlamentario Popular.
Queremos hacer hincapié en que en un Estado de las autonomías las
medidas que permitan unificar actuaciones no deben ser presentadas
exclusivamente en esta Cámara, sino que, antes al contrario, el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno debe tener en cuenta las
opiniones de las comunidades autónomas, y yo iría más lejos al decir
que, en particular, las de sus socios de Gobierno. Si ellos han sido
capaces de ponerse de acuerdo con esta enmienda transaccional, el
Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la iniciativa.
- SOBRE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001023.)
La señora VICEPRESIDENTE (Sabanés Nadal): Pasamos, pues, al séptimo
punto del orden del día: proposición no de ley sobre cotización en el
régimen especial de trabajadores del mar, del Grupo Parlamentario
Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Permítanme, señorías, que aproveche la
Presidencia esporádica de doña Inés Sabanés para felicitarle por el
triunfo que acaba de conseguir en unas primarias internas y que la
cualificará como candidata -a la que deseo el máximo de suerte- en
unas elecciones próximas.
Entrando en la proposición no de ley que hoy nos ocupa, permítanme
que les diga que históricamente en nuestro país una de las
características del sistema de la Seguridad Social es que la
cotización por salarios reales es un derecho y una realidad adquirida
en la época democrática, porque durante la dictadura en nuestro país
los salarios no sólo eran bajos, como es perfectamente conocido de
todas sus señorías y como era coherente con una dictadura de
derechas, sin o que además se cotizaba por salarios inferiores, por
bases inferiores a los salarios que se percibían,
lo que conocíamos como las bases tarifadas: bases únicas e iguales
para todos los trabajadores sin distinción, dentro de las mismas
categorías profesionales; bases que, insisto, quedaban por debajo de
los salarios que realmente se percibían. Esto daba lugar a un
sistema de protección social raquítico, insuficiente, injusto e
insolidario, que afortunadamente ha ido cambiando en la etapa
democrática hasta alcanzar unos niveles, los que tiene en el día de
hoy, que aún estando todavía lejos de los parámetros europeos, están
incomparablemente mucho más lejos, en sentido positivo, de la
herencia que nos dejó la dictadura franquista. Insisto, la cotización
por salarios reales es una situación adquirida durante la época
democrática y que hoy forma parte de un consenso de todas las fuerzas
políticas.
Creo que eso es importante ponerlo de manifiesto, señorías, porque
eso es lo que hemos firmado en el Pacto de Toledo, cuya recomendación
tercera dice literalmente: Las bases de cotización deberán coincidir
en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con
aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas
las categorías laborales que fija el techo de aseguramiento del
sistema público de Seguridad Social. Debe quedar claro que todos los
grupos políticos, todos sin excepción, firmamos que las bases de
cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los
salarios reales. Esto tiene evidentemente una consecuencia y es que
cada trabajador, en función de su retribución y de su trabajo, cotiza
y aporta a la Seguridad Social, y lógicamente también recibe de la
Seguridad Social de manera diferenciada, y por eso en la
recomendación novena del Pacto de Toledo se dice que se procurará que
las prestaciones guarden mayor proporcionalidad con el esfuerzo de
cotización realizado y se eviten situaciones de falta de equidad en el
reconocimiento de las mismas. Obviamente -insisto, señorías- hay un
trabajo individual, una retribución individual y una aportación
individual a la Seguridad Social y en su caso una prestación
coherente con ese esfuerzo y esa aportación por parte de la Seguridad
Social dentro de criterios de solidaridad. Esto es lo que todos
firmamos en el Pacto de Toledo en el año 1995 y que en el régimen
especial de trabajadores del mar afortunadamente era una realidad ya
antes, porque en la normativa que regulaba dicho régimen se decía, y
leo literalmente: El tipo de cotización -artículo 19 del reglamento
del decreto que regulaba el texto refundido- en el régimen especial
de trabajadores del mar, así como su distribución, serán los mismos
que los establecidos en el régimen general (apartado 1). El apartado
3 decía: La cotización a este régimen especial se efectuará tomando
como base las remuneraciones efectivamente percibidas. Esta era la
realidad. A continuación decía que los trabajadores comprendidos en
este régimen especial se clasificarán, a efectos de cotización y su
consiguiente repercusión en la acción protectora, en tres grupos,
pero siempre sobre la base de que esos tres grupos cotizaban por
salarios reales.
Esta era la situación normativa que existía en nuestro país hasta la
Ley de presupuestos de 1997 y creo que es bueno para que SS. SS. sean
capaces de juzgar la posición de cada grupo en este debate que
conozcan que en el texto remitido por el Gobierno a esta Cámara se
mantenía la situación existente anteriormente: Bases de cotización
sobre salarios reales. Tras la tramitación de ese proyecto de
ley en el Congreso, sale en los mismos términos en que fue remitido a
la Cámara, que eran los términos vigentes hasta ese momento y a
través de los sucesivos gobiernos democráticos: Cotización por
salarios reales. Cuando llega el proyecto de ley al Senado, Cámara
donde, como saben ustedes perfectamente, señorías, hay mayoría
absoluta del Partido Popular, nos encontramos con que se produce un
cambio muy significativo, de tal modo que el texto definitivo de la
Ley de presupuestos, que se publica en el «Boletín Oficial del
Estado» de 30 de diciembre de 1997, cuando hace referencia a la
cotización del régimen especial de trabajadores del mar, cambia y
dice que la cotización se efectuará sobre las remuneraciones que se
determinen anualmente mediante Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Ya no son los salarios reales. Ahora volvemos,
señorías, al sistema de que la cotización se efectúa sobre unas
remuneraciones que no son las reales sino las que al principio de cada
año determina el Gobierno y el Ministerio, y que podrá establecer a
su criterio, criterio que podrá ser fijarlas más altas o más bajas,
pero en ningún caso serán las efectivamente percibidas, que es el
criterio que hemos acordado todos los grupos políticos en el Pacto de
Toledo y que se aplica en el régimen general y en todos los
regímenes especiales de la Seguridad Social, salvo la novedad que se ha
introducido en este año del régimen especial de trabajadores del
mar, en donde volvemos al pasado, a cotizar por bases tarifadas. Nos
podrán decir que estas bases tarifa- das son incluso superiores a los
salarios reales. En todo caso, lo que es evidente es que se ha
producido una ruptura conceptual muy grave del Pacto de Toledo.
En segundo lugar, no nos engañamos, señorías, si se consolida esa
ruptura, se hace para cotizar por salarios inferiores a los reales.
Históricamente ha ocurrido así y en la práctica va a seguir
ocurriendo para cotizar por salarios inferiores a los salarios
reales. Se nos podrá decir que son sectores con características
específicas, pequeñas empresas con dificultades. Desgraciadamente,
señorías, no son características exclusivas del régimen especial de
los trabajadores del mar. Pequeñas empresas y dificultades las hay
en todos los sectores productivos de este país, pero hemos acordado
que esos problemas no se descargan sobre la Seguridad Social, porque
aquí estamos procediendo a descargar ese problema sobre el conjunto
de los trabajadores, porque habrá menos ingresos para el sistema de
Seguridad Social y habrá dificultades para todo el conjunto de los
trabajadores. Esa es la realidad, señorías, y a nosotros,
sinceramente, esa realidad no nos gusta por supuesto ni les gusta a los
sindicatos más representativos de este país. Además, señorías, es lo
contrario a lo que hemos firmado solemnemente en el Pacto de Toledo
e insisto en algo que creo que es importante. Es verdad que el Pacto
de Toledo lleva dos años de vida azarosa. No se convocan las
comisiones de seguimiento, no se informa adecuadamente a todos los
partidos que firmamos y se toman medidas que tenemos que discutir a
toro pasado. Creo sinceramente que hoy aquí -junto con otro debate
que tendremos en esta tarde en la Cámara sobre el tema del control de
las bajas laborales por médicos que no son los del sistema sanitario
público, sino médicos ajenos al mismo, como son los médicos del INSS-
estamos ante cuestionamientos gravísimos del Pacto de Toledo y lo
digo con claridad. Si este tema no lo
solucionamos aquí, lo tendremos que discutir adecuadamente en el
Pleno del Congreso ante el ministro de Trabajo para que nos dé
explicaciones de si es que efectivamente el Gobierno del Partido
Popular está dispuesto a quebrar el Pacto de Toledo, porque estamos
hablando -insisto, señorías- de toda la cotización de un régimen
especial. Es un tema sin lugar a dudas grave, que puede afectar más o
menos en determinadas zonas del país, pero como consintamos que se
produzca, tendremos motivos los valencianos para decir que pasa con
nuestros recolectores de naranjas. Todos sabemos las dificultades que
tienen para exportar, que si bajan o suben los precios, que si las
heladas... Y lo mismo ocurrirá con los andaluces y los castellanos,
todos. Será una espita por la que se colará un ataque gravísimo al
sistema de Seguridad Social, y este ataque tiene nombres y apellidos,
tiene padres que son de todos conocidos.
Yo pediría, señorías, que hagamos una reflexión, que este año 1998,
en el que ya están aprobadas las normas, se dejen como están, pero que
nos comprometamos a que el año que viene se restablezca la situación,
que era la vigente en este país hasta este año 1998. Y no me consta
que a los pescadores les haya ido especialmente mal por este tipo de
problemas y sí que me consta que si admitimos esto, ya habrá quien
diga que para ellos también, que por qué la pequeña empresa del mar
sí y a la pequeña empresa del automóvil, de ferretería o de comercio
no van a tener derecho a este régimen que es un régimen más
simplificado, incluso me dirán que más solidario o más equitativo. Es
todo lo contrario a lo que nosotros hemos acordado en el Pacto de
Toledo.
Por tanto, señorías, les pediría de verdad que simplemente
mantengamos la coherencia de haber firmado un Pacto de Toledo en el
que dijimos que las bases de cotización serán sobre salarios
reales, dejando por supuesto en el pasado de este país el sistema de
bases tarifadas; que la mantengamos en un régimen que estaba vigente
hasta el 1 de enero de este año y que injustificadamente -no diré que
inexplicablemente, porque todo se explica y todo, insisto, responde a
acuerdos y a contactos, y al final todo se sabe- se ha modificado en
este año 1998. Nosotros creemos que esta situación debe corregirse y
por eso les pedimos a SS. SS. que voten la proposición no de ley
que les presenta Nueva Izquierda, Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal):¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: El Grupo Parlamentario Catalán se
opondrá a esta proposición no de ley que nos plantea el señor
Peralta. De hecho, la modificación que se introdujo en los
presupuestos de este año, resultado de una enmienda transaccional que
presentaron los grupos parlamentarios Popular, Vasco y Catalán, venía
a corregir una decisión tomada en 1993. Fue una decisión que, como el
señor Peralta ha explicado, suponía un cambio de cotización desde
un tipo fijo promedio a una cotización por bases reales. Este cambio
introducido en la Ley de presupuestos del año 1993 afectaba, a
entender de los grupos que propusimos
esta enmienda en el debate presupuestario de este año, a los
pescadores, que trabajan a la parte, en función de las capturas que
se obtengan. Era evidente que con un sistema como el que se
introdujo en 1993 estos trabajadores estaban al albur de la buena o
mala suerte que se podía producir en sus actividades e incluso en
períodos del denominado paro biológico, y al tributar por bases
reales, su pensión indemnizatoria quedaba muy baja en función de ese
cambio que se había introducido. A partir de esta situación de 1993,
Convergència i Unió presentó enmiendas en el Senado reclamando que al
menos el grupo 2B de los trabajadores especiales del mar pudiese
volver al sistema anteriormente vigente. Se volvió a plantear en la
discusión presupuestaria de 1995, no consiguiendo acuerdos con el
Gobierno de entonces; se mantuvieron contactos con el secretario
general de la Seguridad Social, el señor Adolfo Jiménez, y en aquella
época se planteó un cierto acuerdo, con una receptividad del Gobierno
socialista en esta materia, porque no sólo era un planteamiento de
Convergència i Unió, sino también de diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, y en el caso de Cataluña, además, contando
con un apoyo explícito de UGT y de Comisiones Obreras, al menos en
1995.
Ahora, la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Mixto
pretende volver al escenario previo a 1998 y a nuestro entender supone
una marcha atrás que no tiene en cuenta la realidad del sector y muy
específicamente de estos trabajadores del mar, no tan sólo del
empresario del mar, sino del trabajador del mar que lo hace en
función del número de capturas que se obtengan. El planteamiento que
hace el Grupo Mixto no permite corregir los problemas de cotización
real que se producen en estos trabajadores en función de la buena o
mala suerte en sus actividades.
Por todo ello, nosotros nos vamos a oponer a esta proposición no de
ley.
La señora VICEPRESIDENTA(Sabanés Nadal): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Efectivamente nosotros creemos que la
situación creada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
este año es un paso regresivo. Que no se cotice por salarios reales
en el régimen especial de trabajadores del mar es para nosotros una
ruptura flagrante de la letra y del espíritu del Pacto de Toledo,
primero por lo que de unilateral tiene la adopción de esta medida,
cuando el Pacto de Toledo era fundamentalmente un consenso político
y social; segundo, porque sin acometerse la reforma prevista en uno
de los compromisos o de las recomendaciones del Pacto de Toledo
respecto de los regímenes especiales, sin embargo se toca con esta
medida una de las cuestiones importantes de los mismos dentro de un
régimen como es el de trabajadores del mar; y tercero, porque éste no
es un buen precedente para otras reformas que se nos anuncian hoy
mismo en la prensa, a través de declaraciones del secretario de
Estado para la Seguridad Social y que llevarán por título segunda fase
del Pacto de Toledo. Nosotros no comprendemos cómo se hace esto y sin
embargo se anuncia que va a haber una segunda fase del Pacto de
Toledo, por ejemplo, para incrementar todavía más
los años de cotización, en función de una mal entendida interpretación
del principio de contributividad asentado en dicho pacto y de otras
lindezas por el estilo.
Nosotros ya anunciamos que este intento del Gobierno va a dar lugar a
una película titulada Desencuentros en la segunda fase, pero en
cualquier caso es responsabilidad del Gobierno que efectivamente esto
sea así. Mientras tanto, apoyamos esta proposición no de ley del
Grupo Mixto, defendida por el señor Peralta, porque efectivamente
creemos que poner las cosas en su sitio en este aspecto puede servir
no solamente a los trabajadores del mar, sino también al conjunto
de instituciones de la Seguridad Social en función de la
recomposición del consenso de dicho Pacto de Toledo.
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, para fijar su posición, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señorías, comenzaré mi exposición anunciando
que vamos a presentar una enmienda in voce que voy a pasar a leer
para que figure en el «Diario de Sesiones»: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que derogue lo establecido en el
artículo 89.6.2 de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, por lo que
afecta a los trabajadores del régimen especial del mar, y que en
desarrollo de lo establecido en los pactos de Toledo adopte las
medidas para garantizar las cotizaciones por salarios reales, la
aplicación de las reglas de cotización del régimen general, tipos,
bases, topes, etcétera, respetando la aplicación de los
coeficientes correctores que corresponda aplicar, y el
establecimiento de una regla de cotización mínima a lo largo del año
y posibles regularizaciones por las diferencias entre las bases
mínimas por las que se haya cotizado y las que resulten reales al
término de las campañas y tras el abono de las partes que correspondan
al trabajador.
Señorías, compartimos la inquietud expresada por la iniciativa del
Grupo Mixto; aprobarla sería regularizar una situación preocupante
como consecuencia de lo aprobado en la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos Genera- les del Estado del pasado año, Ley 65/1997, por
cierto, una práctica muy habitual en el Gobierno del Partido Popular,
que es tratar de legislar mediante la ley de acompañamiento y, por
lo tanto, meter con calzador situaciones que como en este caso son
preocupantes y afectan a un colectivo muy importante.
Decía el señor Cercas en un debate que tenía lugar hace un momento que
se estaban dando sistemáticamente vueltas de tuerca que tenían
solamente un objetivo, que era minar las prestaciones sociales. En
este caso estamos también ante una vuelta de tuerca más que tiene
como objetivo minar las prestaciones sociales, que en este caso
afectan a los trabajadores del mar. Es verdad que el régimen especial
del mar es muy complejo y es verdad que también es muy difícil su
articulación, pero habíamos avanzado considerablemente en el año
1990 como consecuencia del Decreto 234/1990 para posibilitar que
las cotizaciones de los trabajadores del mar se hiciesen en base a
los salarios reales. Y hoy, cuando discutimos esto, estamos viendo
como con- secuencia de lo aprobado en la Ley de acompañamiento que
estamos dando un paso atrás al no garantizar precisamente
que las cotizaciones se establezcan en base a estos salarios
reales y esto puede tener la consecuencia de reducir las
cotizaciones a mínimos y, en paralelo, dar paso a unas pensiones al
límite de la subsistencia.
Señorías, las cotizaciones sobre bases fijas que no representan los
salarios reales percibidos y no se ajustan a tales salarios suponen a
nuestro juicio un grave daño para los trabajadores del mar, que
podrán ver reducidas sus prestaciones al establecerse éstas sobre
bases ficticias. Seguramente esta medida obedece a presiones que
pueden venir de las cofradías o incluso de la patronal pesquera, de
los armadores, pero en todo caso supone a nuestro juicio sin lugar a
dudas un importante retroceso social y crea situaciones
artificiales y también clientelares. Al aprobar el Instituto Social
de la Marina cada año, oídas las cofradías, las cotizaciones por
provincias, puede permitirse que las mismas modalidades de pesca y
categorías profesionales coticen de forma diferente en función de
la provincia de que se trate. Por lo tanto, se puede estar
consagrando una competencia desleal y, al mismo tiempo, a nuestro
juicio, se puede estar intentando incentivar el fraude. Restablece un
poder, que es el de las corporaciones y de las cofradías, que se
sitúan por encima de los interlocutores sociales, con lo que se va a
debilitar todavía mucho más la posición de éstos en el sector.
Señorías, como se dijo en la exposición de la proposición, esto
además contradice clara y flagrantemente lo establecido en el Pacto
de Toledo, al no garantizar precisamente que las cotizaciones se
hagan en base a los salarios reales. Por lo tanto, no podemos permitir
que esta situación de falta de equidad y de recorte de unos derechos
se pueda consolidar y es por lo que apoyamos la iniciativa y hacemos
una enmienda transaccional. Estamos convencidos, y ese es el objeto
de nuestra iniciativa, que es necesario con- ciliar la postura
contributiva con la de mantener tendencias estables en la evolución
de la Seguridad Social. Además, señorías, en unas tendencias
modernizadoras de la actividad pesquera, no podríamos concebir que
se apoyen sistemas que suplanten el papel de los agentes económicos
y sociales, el papel de los sindicatos como interlocutores a estos
efectos, por organismos como pueden ser las cofradías de pescadores.
En este sentido, señorías, presentamos la enmienda que esperamos que
pueda aprobarse por el conjunto de las fuerzas de la Cámara, porque
concilia ambas posiciones al garantizar unos niveles de cotizaciones
que van a posibilitar en las jubilaciones unas prestaciones de
acuerdo con dichos niveles lo que es una seguridad por lo tanto para
los trabajadores del mar, imposibilita que se consolide un retroceso
social y en definitiva se enmarca donde debe, en el cumplimiento del
Pacto de Toledo que hemos firmado y avalado todas las fuerzas
políticas de esta Cámara, pacto al hablar del cual a algunos se les
hace la boca agua, pero que sistemáticamente lo están incumpliendo por
la vía de los hechos.
Por lo tanto, señorías, para concluir, tendremos que reivindicar
del Partido Popular que menos palabras y más hechos a la hora de
desarrollar el Pacto de Toledo; menos palabras y más hechos a la hora
de proteger a las personas que tienen más dificultades; menos palabras
y más hechos
a la hora de no minar las bases de protección social, en este caso de
los trabajadores del mar.
La señora VICEPRESIDENTA(Sabanés Nadal): Para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: De verdad que estoy asombrado al escuchar
a determinados portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, algunos demostrando una fragilidad de memoria que es muy
preocupante.
Este tema se ha aprobado recientemente en el Senado por unanimidad y
posteriormente en el Congreso, donde lógicamente el PSOE ha votado a
favor de la enmienda introducida en el Senado. Tengo que recordarle
al portavoz proponente que es cierto que el Partido Popular tiene
mayoría en el Senado, pero también que la enmienda había sido
propuesta por el Partido Nacionalista Vasco. A esa enmienda se
presentó una transaccional, propuesta por el Grupo Popular,
Convergència i Unió y el mismo Partido Nacionalista Vasco.
Lógicamente a esta transaccional se adhirió posteriormente y la votó
favorablemente el Partido Socialista Obrero Español. Por ello digo que
es preocupante el fallo de memoria del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
También es preocupante que no distinga lo que es la ley de
acompañamiento, supongo que será por utilizar la demagogia habitual
a la que nos acostumbra, ya que no ha sido la ley de acompañamiento,
ésa que él tanto critica diciendo que el Partido Popular la utiliza
para modificar determinadas leyes. No ha sido, señor Blanco, la ley
de acompañamiento. Esa modificación se introdujo en la propia Ley
de Presupuestos Generales del Estado, que es donde corresponde.
Repito que me sorprende mucho la ligereza con que se está tratando
este tema.
Las cofradías de pescadores, señora presidenta y señorías, fueron
creadas en la Edad Media. Han cubierto una labor social inmensa en
muchos aspectos y en muchos sectores de la economía española y en
especial de la pesca. En las cofradías de pescadores se incluyen los
patrones de pequeñas embarcaciones y los propios marineros; todos
ellos están dentro de la cofradía. No son armadores, como pretenden
decir aquí, con una connotación muy peyorativa. Son patrones de
pequeñas embarcaciones y son también los propios tripulantes que van
en esas embarcaciones los que conforman las cofradías de pescadores;
cofradías de pescadores que no solamente colaboran en el tema
pesquero, sino que gran parte de ellas gestiona las propias lonjas
donde se vende el pescado y son ellas las que prefinancian muchas veces
esas pequeñas embarcaciones para que puedan ir a capturar el pescado.
Por tanto, repito, aquí no estamos hablando de ninguna entidad
capitalista. Es una entidad de carácter tremendamente social y bien
los saben los que me han precedido en el uso de la palabra, pero
intentan lógicamente de alguna manera distorsionar la verdad cuando
se refieren a que no son interlocutores válidos. No necesitan
interlocutores válidos porque ellos mismos son parte social y parte
armadora o, si se quiere, parte capital, pero son ellos mismos los
que gestionan su propia empresa.
Hay que recordar, señor proponente, al que no veo por aquí, que estos
tripulantes cobran prácticamente a la parte. ¿Qué significa a la
parte? Significa que del total de capturas y del importe de su
venta, se descuenta una serie de gastos que tienen, para
carburantes y demás, y del resto de hace una parte para el armador y
otra parte para los tripulantes. Por tanto, están cobrando todo el
año distinto o sea, cobran todos los días distintos importes. No se
puede comparar con otros sectores, por ejemplo, el del automóvil,
como decían, porque es imposible, porque ahí cobran todos los meses la
misma cuantía, en tanto que los tripulantes que cobran a la parte
todos los días perciben distinta cuantía, porque están en función de
la pesca que capturan y del precio de esa pesca.
También tengo que recordar al señor proponente, que no está aquí, que
de acuerdo con la ley y de acuerdo con lo que ellos han aprobado, hay
tres grupos en el tema que estamos debatiendo ahora: el grupo 3, que
son embarcaciones de hasta las 10 toneladas de registro bruto;
después está el grupo 2B, que son de las 10 hasta las 50, y luego el
2A, que son las de 50 a las 150. Aquí lo que se está debatiendo es el
tratamiento de la cotización del grupo 2B y 2A, por- que el grupo 3,
señorías y señora presidenta, ya está establecido que cotice por
base fija de tarifa y eso está contemplado también en el Pacto de
Toledo. ¿Es que se han olvidado o es que no lo saben? Posiblemente no
lo sepan, pero hay que estudiarlo entonces. Repito que dentro de los
tres grupos, uno cotiza por bases fijas. También hay que tener en
cuenta que hay otros regímenes especiales que cotizan de forma
similar, por ejemplo el régimen especial de la minería; también está
así y está dentro del Pacto de Toledo.
Aquí tenemos que insistir una vez más en que estamos intentando
cumplir el Pacto de Toledo. ¿Por qué? Porque se va a cotizar de
acuerdo con las remuneraciones realmente percibidas en el año
anterior. Las bases van a ser salarios reales percibidos, teniendo en
cuenta que hay mucho fraude, está claro, porque el sector pesquero
no es todo lo traslúcido que debía ser -hay pocas facturas, o sea,
hay una situación administrativa que no es la más coherente-. ¿Qué es
lo que estamos intentando evitar con esto? Estamos intentando
evitar el fraude y estamos intentando evitar el paro. ¿Por qué
estamos intentando evitar el paro?
Aquí hay una propuesta y permítame con todo el cariño que le diga que
es una chapuza de propuesta, porque yo quisiera que me explicase cómo
se va a arreglar el tercer punto; después, personalmente, quiero que
me explique cómo se resolvería el tercer punto, será muy interesante
conocerlo. Repito que hay unas bases mínimas de cotización y, por
tanto, si no trabajas, hay que cotizar por esa base mínima. Ahora, si
trabajas, vas a salario real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que
cuando trabajas hay que pagar y cuando no trabajas también hay que
pagar. Por tanto, ¿qué va a hacer el armador? Pues cuantos menos
trabajado- res, mejor, porque en la época en que no trabajan también
habría que cotizar por ellos por la base mínima de tarifa. En
consecuencia, se generará paro. ¿Qué va a pasar con esas personas
mayores cuyas condiciones físicas no les permitan andar ya en
barcos de media o gran altura? Pues lógicamente los irán
trasladando a barcos de menor porte, al grupo de base de tarifa fija;
entonces sus cotizaciones a la
Seguridad Social van a descender y, por tanto, su jubilación, su
paga o indemnización cuando está en baja temporal transitoria
también será distinta. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a cobrar más un barco
que otro, el barco A más que el barco B? ¿Van a cobrar unos menos
y otros más? Claro está que el barco bueno se llevará los tripulantes
buenos y el barco malo se llevará los tripulantes malos, es decir,
que habrá una total discriminación. ¿Qué se está intentando evitar
con esto? Se está intentando que haya una normalización en las
cotizaciones, porque hay que decir una cosa, que también yo creo que
desconocen sus señorías, y es que en estos momentos han contestado a
un cuestionario 5.099 embarcaciones del grupo 3, de las cuales cotiza
la práctica totalidad por base fija de tarifa. Pero lo malo es que
del grupo 2B, del que han contestado 1.766 embarcaciones, el 75 por
100 -ya con la ley establecida, porque lo que pretende el proponente
es anular lo que nosotros hemos modificado, es decir, volver al
régimen anterior, que era, lógicamente, la cotización por salarios
reales-, ya estaba cotizando por base fija de tarifa, infringiendo
lógicamente la ley, lo que ha dado lugar a la apertura de actas de
inspección, que es lo que nos forzó a determinados grupos a intentar
normalizar esta situación. Y si vamos al grupo 2A, el 67 por 100 de
832 embarcaciones también estaba tributando por base fija de tarifa
infringiendo la ley. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Primero,
cumplir estrictamente el Pacto de Toledo, no de forma
individualizada, porque vuelvo a repetir que sería difícil; lo que se
pretende es que los marineros coticen por sus salarios reales, de forma
más o menos conjunta, porque esto, señor Blanco, lo dice la enmienda
que se ha aprobado en el Sena- do: Tal determinación se efectuará por
provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales sobre
la base de los valores medios de remuneraciones percibidas en el año
anterior. Lo dice la enmienda y usted no lo ha dicho cuando lo ha
intentado leer. También dice la enmienda que se aprobó por
unanimidad, con sus votos, que eso se fijará a propuesta del
Instituto Social de la Marina, oídas las organizaciones
representativas del sector. (El señor Blanco López: Queremos
cambiarlo. Una señora diputada: No le pongas nervioso.) No, si no me
va a poner nervioso. ¡Faltaría más! ¡Qué me va a poner nervioso!
Si usted dice que las organizaciones representativas del sector
también son los sindicatos, lógicamente van a estar, ahí y serán
escuchados, porque, le vuelvo a repetir, en un principio estaban
incluidas también las cofradías de pescadores y organizaciones
sindicales, pero confiamos que con esta denominación de
organizaciones representativas del sector estén incluidos todos
(sindicatos y cofradías); por tanto, serán escuchados todos. De ahí
que hayan solicitado esta modificación 80.000 marineros, que son los
que con- forman las cofradías de pescadores. ¿Quién no la quiere?
Determinadas centrales sindicales. ¿Por qué? Porque las cofradías de
pescadores consideran que no son necesarias dichas centrales dentro de
su ámbito, porque las cofradías están conformadas por parte social y
parte empresarial y no las necesitan. Lógicamente me parece un
objetivo válido que los sindicatos intenten entrar en las cofradías y
éstas intentan que no entren. Ese el motivo de que los sindicatos
estén ahora incordiando, valga la expresión, sin ánimo ofensivo...
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Señor Mantilla, por favor,
vaya finalizando.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Remato. Lo que están intentando es
lógicamente introducirse en las cofradías y éstas no quieren.
Por tanto, señorías, señora, presidenta, repito que esta medida ha
sido solicitada por los 80.000 tripulantes que conforman las
cofradías, y a esos 80.000 tripulantes es a los que nosotros hemos
intentado solventarles su problema, su jubilación y sus
indemnizaciones por incapacidad laboral transitoria.
La señora VICEPRESIDENTA(Sabanés Nadal): El señor Peralta ha expresado
a esta Presidencia la aceptación de la enmienda presentada por el
Grupo Socialista. (El señor vicepresidente, Azpiroz Villar, ocupa la
Presidencia.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ESTABLEZCA EL MARCO LEGAL DE LAS
EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001044.)
El señor VICEPRESIDENTE: Antes de entrar en el último punto del orden
del día, quiero manifestar que a la vista de lo que han expuesto los
portavoces, en vez de votar a partir de la una y media, cuando se
concluya este punto -y lo digo a efectos de la comunicación por parte
de los diversos grupos a sus respectivos diputados- procederemos,
acto continuo, con un paréntesis de dos minutos por si falta alguien,
a la votación de las diversas proposiciones no de ley que estamos
debatiendo esta mañana.
La última es una proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a que establezca el marco legal de las empresas de inserción
socio-laboral, de la cual es autor el Grupo Catalán de Convergència i
Unió y para cuya defensa tiene la palabra el señor Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Esta es una proposición no de ley de
Convergència i Unió cuyo contenido no es novedoso en el seno de
esta Cámara. De hecho, ya en 1995, creo recordar que a propuesta del
Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó una proposición no de ley
de características similares instando al Gobierno a la elaboración
de un proyecto de ley que regulase las empresas de inserción
socio-laboral. Además, en el informe que aprobó esta Comisión de
Política Social en relación al problema de la exclusión social en el
Estado español, también se incorporó como recomendación del
Congreso al Gobierno la elaboración... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE: Perdón, señor Campuzano.
Rogaría a los señores diputados, a efectos de que pueda defender la
proposición el interviniente, que si tienen que hablar, salgan fuera.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente, por su
amparo.
Decía que, además, una recomendación del informe que aprobó esta
Comisión también iba en esta línea de reconocer el marco legal o
jurídico de las empresas de inserción socio-laboral. Por otro lado,
en los últimos meses -yo diría que casi en el último año-, ha venido
funcionando un grupo de trabajo compuesto por el sector social que
agrupa a estas empresas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que ha estado discutiendo y negociando un posible marco
jurídico para estas empresas. Por tanto, no estamos ante un tema
nuevo en la Cámara en estos momentos.
Esta propuesta que Convergència i Unió presenta se debe entender en
el marco de la voluntad que creo que todos los grupos compartimos de
arbitrar medidas y fórmulas para luchar contra el paro y, además,
de manera muy específica, para ser capaces de dar respuesta a la
marginación social que aún existe en nuestra sociedad.
La semana pasada, el 9 de junio, se presentaba por parte de Cáritas el
último informe de Foessa, que nos informaba de cifras realmente
alarmantes que mostraban que había 8.500.000 personas, casi 2.200.000
familias que se consideran pobres, un 20 por 100 de la población
que tiene una disponibilidad económica por debajo de las 44.000
pesetas por persona y mes, y eso en el marco de un evidente
crecimiento económico de nuestra sociedad. Por tanto, nos parece
positivo facilitar y dar apoyo a todas aquellas iniciativas sociales
como las que pretendemos apoyar con esta proposición no de ley para
dar respuesta al problema de la exclusión social en nuestra
sociedad a través de la metodología que plantean estas empresas.
Estamos hablando de empresas que tienen entre sus beneficiarios, es
decir, entre los ciudadanos que se pueden beneficiar de un itinerario
de inserción laboral, de formación y de empleabilidad, a ex presos,
a personas sin techo, a beneficiarios de las rentas mínimas, a
minorías étnicas, a parados de larga duración, a madres solteras, a
personas que están aparcadas fuera del mercado, que están faltas de
empleabilidad, aceptando además que estas personas paradas van a
necesitar unas políticas específicas. No podemos pensar que estos
colectivos a los que hacía referencia pueden introducirse en el
mercado a través de las técnicas habituales, y desde hace años
existe una acción pública -pero sin cobertura legal, sin un marco
legal y fiscal-, que desde la sociedad civil y formada por
asociaciones, entidades, cooperativas, empresas y fundaciones ha dado
respuesta creando itinerarios de inserción laboral, desde la
perspectiva de la mejora de la empleabilidad de esos ciudadanos,
ofreciendo trabajo intensivo y seguramente de baja calidad; gente
que ha apostado desde una postura solidaria y sensible, desde una
cierta visión utópica, por introducir un nuevo pensamiento ante la
exclusión. Lo ha hecho yo creo que de una manera especialmente
meritoria, sin existir esa cobertura, insisto, legal.
Lo que pretende esta proposición no de ley es instar al Gobierno a que
formule por fin el proyecto de ley que regule
estas empresas de inserción socio-laboral, que regule este ámbito
y que lo haga en el marco del desarrollo de una política global de
apoyo a los mercados tutelares para luchar contra la marginación
social. Nos parece que la existencia de este proyecto de ley
cubriría una evidente necesidad social y por tanto estamos
convencidos de que va a encontrar en el seno de esta Comisión el
máximo apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE: Existiendo una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señorías, yo creo que ya afortunadamente
todos tenemos asumido que la falta de empleo es uno de los factores
de riesgo más grandes que existen para poner a una persona en peligro
de exclusión social. En el caso del mercado laboral español, con
tantas imperfecciones, que tiene tanto desequilibrio entre oferta y
demanda, cualitativa y cuantitativamente, la situación se hace mucho
más difícil para las personas que tienen algún tipo de dificultad en
encontrar empleo. Por eso, el Gobierno, desde un primer momento
empezó a realizar y a tomar una serie de medidas de discriminación
positiva de cara a estos sectores, ya sea para mayores de cuarenta
años, mujeres o discapacitados. Está claro que aunque estas
medidas, unidas a las de la política general de apoyo a las Pymes y a
la búsqueda de estabilidad en la economía, están logrando que se
mejore el ritmo de creación de empleo, no obvian que existan unos
colectivos, que además han ido creciendo con el tiempo, cuyo grado de
empleabilidad es realmente mínimo, muy pequeño. Desde este punto de
vista es como entendemos esta iniciativa, porque estas personas
generan un rechazo a la hora de encontrar un empleo que es muy difícil
de subsanar por los métodos normales. Encontramos personas, aparte de
las que ya se han mencionado con anterioridad, especialmente el
colectivo de ex presidiarios o ex toxicómanos, los cuales, por mucho
que se intente desde la empresa normal buscar su reinserción, tienen
una discapacidad social, una falta de hábito en el trabajo, una
necesidad de tutela, de alguien que siga su problemática, pues,
aparte de la cualificación profesional que no suelen tener, necesitan
alguien que esté con ellos orientándoles y motivándoles,
orientándoles no sólo en su factor laboral sino también en su vida
fuera del trabajo, lo que en una empresa normal no se va a dar. Por
ello, es muy difícil la reinserción de este tipo de personas, que cada
vez, desafortunadamente, son un colectivo mayor. Esto hace que cuan-
do se trata de hacer una reinserción desde una empresa normal y se
fracasa, la persona que ha intentado insertarse en el mercado laboral
ve incrementados sus sentimientos de frustración, con lo cual el
círculo se va ampliando y se hace más difícil que busquemos solución
por ahí.
Si bien comprendemos esta necesidad que hace que realmente estemos de
acuerdo con esta iniciativa, no es óbice para que veamos la
dificultad de llevarla a cabo de forma correcta y consensuada.
Efectivamente, es una necesidad ya detectada, pues en el año 1995
hay una iniciativa del Grupo Socialista, luego hay otra de Izquierda
Unida también en la legislatura anterior sobre el mismo tema, aunque
no se llegara a debatir, y además el mismo Gobierno, consciente de
la necesidad, como se ha dicho antes,
lleva un año hablando con los colectivos afectados y con las empresas
que ya se dedican a ello para buscar la mejor manera de instrumentar
un marco regulador de este tipo de empresas de inserción. Así lo
anunció tanto el ministro como el secretario general de Empleo en
esta Cámara durante el mes de abril. Ya se dijo que se estaba
haciendo este proyecto y de las reuniones que se tienen con los
sectores ha salido ya un primer borrador que en líneas generales
atiende a los términos de esta iniciativa de Convergència, con la
cual consecuentemente no podemos estar en contra sino todo lo
contrario.
Creo que sin embargo es muy conveniente dar el tiempo necesario
para que esta iniciativa sea realmente consensuada, puesto que se
busca un tipo de regulación específica para una empresa que va a
competir en un mercado abierto y se busca un tipo de contrato
determinado para una serie de personas que requieren una atención muy
especial, pero que no pueden despertar ningún tipo de suspicacias o
rechazos en el resto de los trabajadores. Entonces, es muy
conveniente que el tema pase debidamente por los agentes sociales,
sindicatos y empresarios, y que desde luego sea consensuado
complementariamente con las comunidades autónomas, en la medida en que
tienen transferidas competencias en este tema. Por eso estimamos
conveniente que en lugar de un plazo de seis meses, sea de nueve; si
además consideramos que estamos prácticamente al final de junio, casi
hablamos de la misma fecha, por el grado de ejecución que en este
momento tienen borrador y proyecto. En eso estamos de acuerdo.
Luego, hemos llegado a un acuerdo en nuestra enmienda para aceptar,
si bien con modificación, los puntos que presenta Convergència i
Unió. En principio, la justificación de nuestra enmienda viene dada
porque prácticamente, al ser una proposición no de ley, no entendemos
que tenga que concretarse tanto que casi podría ser ya una
proposición de ley, pero en la medida en que se haga de forma genérica
y que responda al espíritu general, la vamos a aceptar, si bien con los
cambios en los puntos 4 y 5 que se han acordado previamente.
Por lo demás, creo que es una iniciativa muy positiva, por la que ya
ha apostado el Gobierno, como he dicho antes, en el mes de abril, con
el compromiso de que en estos nueve meses debe regularse, porque
efectivamente se trata de regular algo que ya existe, pues hay unas
empresas que están haciendo un gran trabajo, y una gran labor por
intentar la reinserción social por la vía casi única, que es la vía
laboral, y hay que apoyarlas desde esta Cámara ofreciendo un marco
regulador adecuado para el devenir de cada día.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por Izquierda Unida, don Pedro Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, en el Plan de empleo treinta y
cinco horas, de Izquierda Unida, que nuestro grupo presentó al
ministro de Trabajo como alternativo precisamente al Plan nacional
de acción para el empleo de este año 1998, a presentar en Cardiff por
el Gobierno, efectivamente aparecen las empresas de inserción como
uno de los instrumentos dentro de las políticas
activas a potenciar por parte del ejecutivo para conseguir en primer
lugar un fomento y una potenciación del empleo en términos generales
y en segundo lugar una inserción de determinados colectivos que
tienen especiales dificultades para el acceso al mundo del trabajo,
en la medida en que efectivamente son parados de larga duración, son
excluidos sociales por distintos motivos, y como es de entender, estos
colectivos, muy diferentes, incluso en función del origen de su
exclusión social, encuentran en estas empresas de inserción un marco
idóneo de tratamiento incluso de su urdimbre psicoafectiva, de la
potenciación de su personalidad, de la formación profesional y del
reciclaje necesario para poder insertarse en el mercado de trabajo,
cosa que sin en esa ayuda especial, sin ese marco de la práctica
laboral y del tratamiento muy individualizado y de forma colectiva,
no se podría llevar a cabo.
Nosotros entendemos que este mundo de lo que hemos dado en llamar
democracia económica, es decir, un mundo de actividades más del
ámbito de los servicios que del directamente productivo, empresas y
actividades que en último término están fuera de las reglas del
mercado, pero que son muy efectivas porque prestan servicios de
proximidad o de utilidad social inestimables para el conjunto de
nuestra sociedad, necesita sin duda alguna una regulación. Ahora
bien, en la proposición no de ley que se nos plantea hoy por parte
del Grupo Catalán, se recogen muchas cosas, con algunas de las cuales
estamos absolutamente de acuerdo, pero para nosotros otras sobran,
porque entrañan determinados riesgos que ahora mismo enunciaré.
Estamos de acuerdo con que es necesario un marco definidor de este
tipo de empresas y de sus actividades, en que es necesaria una
determinación de los colectivos de exclusión susceptibles de entrar
como protagonistas en tales empresas, en los programas y en las
formas de acceso que deban tener; también estamos de acuerdo en el
punto 4, en las ayudas que se deban dar por parte de los poderes
públicos respecto a la reducción de sus costes laborales y de su
tratamiento fiscal, y en la necesidad de establecer las formas de
cooperación del sector público y del sector privado para poder
potenciarlas definitivamente con eficacia.
Sin embargo, en el punto tres nosotros creemos que existe un problema
de concepción y un peligro para el deterioro del mercado de trabajo
en general. La regulación de un nuevo marco laboral de los
trabajadores en proceso de inserción entendemos que puede abrir un
portillo para una desregulación mayor que la que ya los procesos de
flexibilización laboral han ido dando de sí a lo largo de todos
estos años. Nosotros creemos que es conveniente aquilatar este tema,
que el marco legal de las relaciones laborales actualmente vigente
es suficientemente amplio y abierto como para que estas empresas de
inserción no tengan especiales problemas en el desarrollo de su
actividad y, por tanto, sería conveniente que no apareciese aquí la
creación de un segundo marco o de un segundo ámbito de relaciones
laborales distinto y ajeno al que se establece en el Estatuto de
los Trabajadores y en sus leyes de desarrollo.
Nosotros, pues, estaríamos de acuerdo con el conjunto de la
proposición, no tanto con la transaccional que se le ha ofrecido al
Grupo Parlamentario Catalán, porque desde luego no concreta demasiado,
pero en todo caso estaríamos más bien porque se votara el punto
número tres al margen
del conjunto de la proposición no de ley, por lo que pedimos
votación separada de dicho punto tres para poder así manifestar
nuestra opción.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La regulación de las empresas de
inserción socio-laboral yo creo que es un tema que ha tenido
bastantes debates en esta Cámara, provocados por la creación de la
subcomisión especial que estudió la exclusión social en nuestro país.
Han sido diferentes los expertos y tratadistas que nos han dado su
valoración de la situación y que nos han ayudado a encontrar una
serie de propuestas que venían consignadas en el informe de la
ponencia y que permiten seguir avanzando en la línea de luchar contra
la exclusión social. También, y porqué no decirlo, en la Unión
Europea diversos tratadistas están estudiando determinadas fórmulas
nuevas, como se denomina la tercera vía o welfare to work, propuesta
que hacen los laboristas británicos y que creemos que tenemos que
seguir con detenimiento. Es un dato evidente que en Europa más del 5
por 100 de la población en paro lleva más de un año en esta situación
y por lo tanto se demuestra que hay que buscar fórmulas que permitan
garantizar una integración laboral a estas personas.
Recientemente el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley contra la
exclusión social, fruto de los ocho años de gestión del Plan de lucha
contra la pobreza. Se ha constatado que durante años diversas
organizaciones sindicales y religiosas, colectivos y ayuntamientos
han trabajado con verdadero ahínco, con verdadero esfuerzo y muchas
veces sin recursos para ayudar a llevar a cabo los programas de
inserción. Las evaluaciones anuales del Plan de lucha contra la
pobreza en el País Vasco, que también coinciden con las que se están
haciendo en la Unión Europea, demuestran que la población de
excluidos y la población perceptora de los salarios sociales está
dividida en tercios. Un primer tercio es aquel que sale
automáticamente de la situación de exclusión porque encuentra un
nuevo trabajo o un nuevo empleo; un segundo tercio precisa de una
determinada ayuda para superar la situación, y, sin embargo, hay un
último tercio que de no contar con apoyos firmes y definidos, no
podrá superar ni salir de esta situación. Queda, por lo tanto,
indefectiblemente como población excluida y por eso se reclama con
insistencia una normativa que ampare y dé cobertura a las necesidades
que presentan las empresas de inserción.
En España tenemos cerca de 750.000 personas con máxima carencia de
empleabilidad. Gracias a la colaboración de las comunidades
autónomas, en nuestro país existen leyes que garantizan el salario
social o la percepción de rentas mínimas como primer instrumento para
la lucha contra la exclusión, pero la realidad es tozuda, cada día se
nos manifiesta con mayor evidencia y nos presenta nuevos retos. No
podemos hacer una foto fija de quienes estamos hablando, pero sí
estaríamos definiendo a un colectivo de personas perceptoras de
rentas mínimas, a los parados de larga duración, las minorías
étnicas, las familias monoparentales, los inmigrantes, los ex
reclusos, los toxicómanos, los sin techo y un largo etcétera.
El empleo sigue siendo uno de los mecanismos más efectivos para
prevenir los problemas de exclusión social, así como para conseguir
la reintegración de las personas excluidas. Es indudable que en gran
medida los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del
vínculo que existe entre el individuo y la sociedad se derivan de su
no participación en un proceso productivo. Si bien en España no todos
los parados son excluidos, todos los excluidos sí son parados, y la
incorporación de las personas excluidas al empleo resultaría una
tarea imposible si únicamente contásemos con las leyes del mercado,
tal y como plantean y defienden ideológicamente todos los movimientos
liberales y de la economía del mercado.
El empleo, además de un valor productivo, tiene un valor social y
nunca lo podemos olvidar. La promoción, por lo tanto, de estructuras
de inserción socio-laboral y el diseño y los itinerarios de carácter
individual resultan necesarios para abordar adecuadamente este gran
problema. Dentro de estas estructuras, además de los centros de
información, de cogida y acompañamiento, de los talleres de
inserción y del fomento de autoempleo, destacan sobremanera las
empresas de inserción que mediante la articulación de los procesos de
formación de carácter individual pueden dar capacidades a cada
persona para salir de esta situación. Para que las empresas de
inserción puedan desarrollar su trabajo con eficacia es preciso
contar con una legislación que reconozca un marco laboral específico
que ponga el proceso personal de inserción por delante del proceso
productivo, que obtenga facilidades en el régimen fiscal y que
comprometa a todas las administraciones públicas, a los sectores
económicos y a los propios afectados en esta tarea que será, sin
duda, el primer objetivo de los próximos años.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista votará la
iniciativa de Convergència i Unió de forma favorable.
El señor VICEPRESIDENTE: Le damos la palabra al señor Campuzano a
efectos tanto de pronunciarse sobre la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular como sobre la solicitud del representante de
Izquierda Unida en cuanto a su petición de hacer una votación
separada del punto tres.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Tan sólo debo apuntar, porque en mi
intervención inicial no lo he dicho y creo que es importante, que
hace cuestión de unas semanas la Mesa y portavoces de la Comisión
tuvimos oportunidad precisamente de mantener una sesión de trabajo
con el sector social que está participando en estas negociaciones
con el Ministerio de Trabajo y nos manifestó su interés en que el
Gobierno y las Cortes Generales hiciésemos un seguimiento de esta
materia. Creo que hoy damos en parte, por- que aún no hemos
concluido, satisfacción a aquello que se planteó en aquella reunión.
En relación a la enmienda del Grupo Popular, por parte del Grupo
Parlamentario Catalán no hay inconveniente en que el plazo pase a ser
de nueve meses en lugar de seis. Sin embargo, entendemos que la
proposición no de ley debe marcar el mínimo contenido del proyecto de
ley y, por tanto, los puntos uno, dos, tres y cinco para nosotros son
la esencia de lo que debe constituirlo: el marco de empresas, sus
requisitos y el tipo de actividades a desarrollar; en
segundo lugar, colectivos a los que nos estamos refiriendo; en tercer
lugar, necesidad de definir un marco laboral propio. Nosotros
aceptamos la posibilidad de una votación separada, pero entendemos
que las características propias de los procesos de inserción y del
itinerario de empleabilidad que se deben desarrollar necesitan para
ser eficaces una formulación contractual diferente a la que hoy
existe. El punto cinco de la proposición no de ley habla de la
articulación de formas de cooperación entre lo público y lo privado. A
ese punto nosotros añadiríamos, porque evidentemente no es tan
fundamental desde le punto de vista del contenido de la ley, después
de «La articulación» -los servicios de la Cámara ya tienen la
propuesta transaccional: «En su caso, de formas de cooperación...».
Aceptaríamos que el punto cuatro desapareciese en la formulación del
texto de la proposición no de ley, pero añadiríamos un punto final,
después del nuevo punto cuarto, que dijese que el mencionado proyecto
de ley deberá acompañarse de un paquete de medidas específicas de
fomento de la inserción socio-laboral. Para que la eficacia que le
vamos a exigir a esta ley se pueda producir, el Gobierno debe de
arbitrar un paquete de medidas de índole fiscal, de bonificaciones de
las cuotas de Seguridad Social, de subvenciones, etcétera, que
refuercen la acción que se desarrolla en esta materia. Por tanto, la
oferta transaccional a la enmienda que nos formula el Grupo Popular
iría en este sentido: Desaparición del punto 4, creación de un nuevo
punto en los términos que he expresado y añadir en el nuevo punto 4,
el antiguo 5, la palabra «en su caso», después de «La articulación».
Aceptamos, si el Reglamento lo permite, la votación sepa- rada que
plantea Izquierda Unida, anunciando lógicamente que votaremos a favor
del texto entero.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿De acuerdo, señor Caneda? (Asentimiento.)
Vamos a interrumpir la sesión a efectos de que puedan estar presentes
todos los diputados de la Comisión y procederemos a votar.
El orden de las votaciones será tal cual está el orden del día, lo
digo a efectos de que los portavoces no incurran en ningún error. No
se someterán a votación las proposiciones no de ley en el orden en el
que las hemos debatido, sino tal cual vienen en el orden del día que
tenemos todos en nuestro poder. (Pausa.)
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para incluir en los planes de estudio de los cursos
de competencia marinera y de las escuelas náuticas los cursos de
salvamento en el mar y contraincendios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
tres; en contra, 36.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa al reconocimiento, a efectos
curriculares, de las destrezas domésticas y de la experiencia
adquirida en el cuidado de niños, ancianos y minusválidos en el
ámbito doméstico, con la finalidad de facilitar el acceso a empleos
remunerados en el sector servicios.
Se ha solicitado, y así se va a hacer, votación separada. En primer
lugar, es votan los puntos 1 y 2. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Sí, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, solicito que se voten
separadamente el 1 y 2. (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE: Así se va a hacer, ya que lo acepta el grupo
proponente.
La señora AMORÓS I SANS: Señor presidente, sobre esta proposición hay
una enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE: Transaccional con el punto 1, si no me
equivoco.
La señora AMORÓS I SANS: El punto 2 también está enmendado en una
palabra y lo ha aceptado el Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente en que e haga la
votación como solicita el señor Peralta?
La señora AMORÓS I SANS: No, pero que conste que se aprueba el texto
enmendado.
El señor VICEPRESIDENTE: Está reflejado.
Se procede a la votación del punto 1.
Efectuada la votación, dijo.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el punto 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 38;
en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21;
en contra, tres; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado.
Proposición no de ley sobre mantenimiento en los años 1997 y 1998 de
los mismos coeficientes reductores aplicables para determinar las
cotizaciones en los supuestos de convenio especial y en otras
situaciones asimiladas a la de alta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley con el fin de que los pensionistas españoles que
residan en España y perciban una pensión de un sistema público de
pensiones extranjero puedan percibirla
en los mismos términos y condiciones que si se tratara de una
pensión española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la necesidad de hacer un estudio
sobre las personas que actualmente perciban una pensión del Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) que renuncian a la misma al
optar por la pensión de viudedad en su cuantía mínima, con la
enmienda incorporada de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre cotización en el régimen especial de
trabajadores del mar, a la que se incorpora una enmienda in voce en
los términos que se han producido en el debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18;
en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
establezca el marco legal de las empresas de inserción socio-laboral.
Votamos el punto 3, sobre el que existe una petición de votación
separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 36;
en contra, tres.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto de la proposición con las enmiendas incorporadas.
Efectuada la votación, dijo.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la adopción del correspondiente acuerdo
a fin de que a las personas misnuválidas o discapacitadas les sea
expedida una tarjeta de identificación unificada donde se les
reconozca tal condición, que también tiene incorporada la enmienda de
Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Concluido el orden del día de la Comisión, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.