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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 490, de 23/06/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 490
DE ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS
Sesión núm. 46
celebrada el martes, 23 de junio de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia cuatrimestral del señor secretario de Estado de
Hacienda (Costa Climent), para informar de las materias competencia
de esta Comisión relativas al sistema tributario, previa remisión
del informe correspondiente. (Número de expediente 212/001443)...
(Página 14093)
Comparecencia del señor presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Costa Climent) para dar cuenta de los
objetivos y del grado de cumplimiento de los principios de eficacia y
eficiencia de la Agencia, en cumplimiento de la «Propuesta de futuro
undécima», incluida en las conclusiones de la Comisión de
investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 212/001207) ... (Página 14093)
Preguntas:
-Del señor Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto), sobre motivos
por los que no se ha cumplido aún la propuesta primera incluida en
las conclusiones aprobadas por la Comisión de investigación sobre la
tramitación de expedientes por fraude fiscal. (Número de expediente
181/001312)... (Página 14122)
-Del señor Eguiagaray Ucelay (Grupo Socialista del Congreso), sobre
medidas para impedir la existencia y utilización de ficheros de datos
íntimos, sentimentales y familiares, ajenos a la investigación
fiscal, en la actuación de las autoridades del Ministerio de Economía
y Hacienda en la región de Murcia. (Número de expediente 181/001669)
... (Página 14123)
-Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
adjudicación a empresas privadas de los servicios de información
telefónica tributaria y de confección de declaraciones de renta que se
presten gratuitamente al público en el presente año 1997. (Número de
expediente 181/00036) ... (Página 14125)
-Del mismo señor diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la
coherencia de la estrategia de combatir el fraude y evitar posibles
tratos de favor con la comunicación dictada por el jefe de la Oficina
Nacional de Inspección de que las actuaciones inspectoras a llevar a
cabo en 1997 en relación con el Impuesto de Sociedades se centren
preferentemente en el período 1992-1995. (Número de expediente
181/000612) ... (Página 14127)
-Del señor Segura Clavell (Grupo Socialista del Congreso), sobre
planes específicos para proceder a inspeccionar las empresas que
hayan materializado la reserva de Inversiones y comprobar que se
cumple la normativa vigente al uso. (Número de expediente 181/001264)
... (Página 14129)
-Del mismo señor diputado, sobre datos de que dispone el Gobierno del
gasto fiscal acumulado en Canarias desde el año 1993 hasta el año
1996, (Número de expediente 181/001265)... (Página 14129)
-Del mismo señor diputado, sobre documentos preparados para comunicar
a la Comisión las ayudas del Estado previstas en el título V de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias. (Número de expediente 181/001266)...(Página 14131)
-Del mismo señor diputado, sobre previsiones sobre el inicio y fin de
las negociaciones del Gobierno de la nación con la Unión Europea en
materia de la Zona Especial Canaria (ZEC). (Numero de expediente
181/001267) ... (Página 14131)
-Del mismo señor diputado, sobre previsiones sobre la aprobación del
Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (Número de
expediente 181/001268) ... (Página 14134)
-Del mismo señor diputado, sobre los trabajos realizados para dar
cumplimiento a la disposición final única de la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
(Número de expediente 181/001270) ... (Página 14134)
-Del mismo señor diputado, sobre desarrollo legal de las medidas
contenidas en los artículos 4 a 23 de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, así como
contenido de la comunicación que el Gobierno remitirá a la Comisión
Europea en relación con el Régimen de ayudas regionales. (Número de
expediente 181/001271) ... (Página 14134)
-Del mismo señor diputado, sobre la opinión del Gobierno acerca de la
conveniencia de presentar un proyecto de ley por el que se permitiese
la materialización de la reserva para inversiones en la adquisición
de suelos, siempre y cuando éste se destinase al desarrollo de la
actividad empresarial, así como a edificios e instalaciones
industriales y comerciales, y asimismo se permitiese la inversión de
la reserva en la mejora de la planta hotelera, teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 10.4 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (Número de
expediente 181/001273) ... (Página 14134)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
- COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DEL
SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (COSTA CLIMENT), PARA INFORMAR
DE LAS MATERIAS COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN RELATIVAS AL SISTEMA
TRIBUTARIO,PREVIA REMISIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.
(Número de expediente 212/001443.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (COSTA CLIMENT) PARA DAR CUENTA DE LOS
OBJETIVOS Y DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y
EFICIENCIA DE LA AGENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE LA «PROPUESTA DE FUTURO
UNDÉCIMA», INCLUIDA EN LAS CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES EN LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 212/001207.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a
comenzar esta sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
número 47 de esta legislatura con la comparecencia de don Juan Costa
Climent, secretario de Estado de Hacienda, a los efectos de celebrar
las siguientes comparecencias: una, la cuatrimestral acordada por esta
Comisión para informar de las materias competencia de la Comisión de
Hacienda relativas al sistema tributario, previa remisión del informe
correspondiente, que ha sido objeto de remisión y distribución a los
señores diputados, y otra la comparecencia del presidente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, es decir, del señor secretario de
Estado de Hacienda, para dar cuenta de los objetivos y del grado de
cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de la Agencia,
en cumplimiento de la Propuesta de futuro undécima, incluida en las
conclusiones de la Comisión de Investigación sobre tramitación de
expedientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la
que es autor el Grupo Parlamentario Mixto, que nos ha manifestado la
oportunidad de acumulación de ambas comparecencias, a los efectos de dar
agilidad al debate.
Sin más preámbulo y tramite, tiene la palabra el señor secretario de
Estado de Hacienda a los efectos de exponer ambas comparecencias.
Don Juan Costa tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Muy buenos
días, señorías.
Comparezco una vez más ante esta Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda para informar acerca de las materias que son de su competencia
y que afectan al sistema tributario, así como para detallar algunos
aspectos relativos a los objetivos actuales de la Agencia Tributaria.
Como todos ustedes conocen, la actuación de la Agencia se ha enmarcado
tradicionalmente en el ámbito de un plan general de objetivos que, con
carácter anual, vienen siendo establecidos por la Dirección de la
Agencia, en coordinación con los distintos departamentos que la componen
y con los órganos territoriales y centrales encargados de su aplicación
práctica. Estos objetivos son evaluados de manera anual y determinan un
balance de la actuación de los diversos órganos que conforman la
Administración Tributaria.
El plan de objetivos de la Agencia hasta 1997 se dividía generalmente en
tres grupos de objetivos bien diferenciados: objetivos recaudatorios en
general, objetivos de apoyo y asistencia a los contribuyentes y
objetivos en materia de control y lucha contra el fraude. En un primer
grupo de objetivos
se enmarcaban los objetivos recaudatorios de carácter general,
incluyendo las cifras globales de recaudación bruta y de devoluciones,
los restantes ingresos recogidos en el artículo 103.5, b), de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1991 y el objetivo de derechos
reconocidos fijados para cada ejercicio.
En concreto, a lo largo de 1997, como saben SS. SS., el grado de
cumplimiento del objetivo de recaudación bruta superó el 101 por ciento,
lo que supuso un incremento del 13 por ciento sobre las cantidades
efectivamente obtenidas a lo largo de 1996. La consecución de este
objetivo contribuyó de forma importante a facilitar el anticipo de
devoluciones y la reducción del déficit público desde el 3 por ciento
previsto hasta el 2,6 por ciento del PIB finalmente alcanzado en 1997.
Un segundo grupo de objetivos, como he dicho anteriormente, era el
relativo al apoyo y asistencia a los contribuyentes. En conjunto, este
objetivo se cumplió muy satisfactoriamente a lo largo de 1997. Este
objetivo global se dividía, a su vez, en los siguientes planes de
carácter parcial. En primer lugar, el objetivo de ayuda a los
contribuyentes. A lo largo de 1997 se superó ampliamente la proporción
de declaraciones efectuadas a través de los sistemas Padre y de los
distintos sistemas de ayuda en la gestión tributaria. En segundo lugar,
se estableció un objetivo concreto relativo al control de las
declaraciones en materia de retenciones del trabajo personal y del
capital mobiliario. Este objetivo alcanzó a final del año un grado de
cumplimiento del 108 por ciento, lo que supuso que se gestionasen a lo
largo del ejercicio 1997 más de 46,6 millones de registros, un 27 por
ciento más que en 1996. El rápido procesamiento y verificación de los
datos contenidos en estas declaraciones informativas es el que
posibilita el anticipo de las devoluciones y la remisión a los
contribuyentes de sus datos cíe naturaleza fiscal. En tercer lugar, se
fijaron ambiciosos objetivos relativos a la agilización de plazos, con
la tramitación de expedientes por las oficinas técnicas de Inspección y
para la resolución de recursos de reposición. En concreto, se consiguió
un cumplimiento del 106 por ciento del objetivo marcado para los
expedientes en oficinas técnicas y se redujeron más de un 20 por ciento
los plazos fijados en el plan de objetivos para la tramitación de los
recursos de reposición. Este objetivo de reducción de los plazos de
tramitación justificó en 1997 la realización de un plan especial, que
tuvo como consecuencia una considerable reducción de la deuda en actas
pendiente de liquidar al inicio de 1998, como tendré ocasión de
explicar.
El tercer bloque de objetivos era el relativo a la investigación en la
lucha contra el fraude, que para 1997 se desglosaba de la siguiente
manera: En materia de control en el área de gestión tributaria, el grado
de cumplimiento del objetivo fijado fue del 130 por ciento, lo que
supuso un incremento del volumen total de fraude descubierto respecto de
1996 de más del 21 por ciento. En materia de actuaciones de inspección,
los objetivos se encontraban fijados en términos de deuda incoada por
las unidades de inspección, siguiendo la tradición histórica del
departamento.
Para este año, en línea con el plan especial de 1998, el objetivo se ha
establecido en términos de deuda liquidada, objetivo que parece más
acorde con el trabajo que desarrolla la Inspección de Hacienda. Y, en
todo caso, a lo largo de 1997, se iniciaron actuaciones de inspección
que finalizaron con la incoación de actas con una deuda total instruida
de más de 500.000 millones de pesetas (un 15 por ciento más que en 1996)
y 11.000 millones de pesetas en cuotas defraudadas que pudieran ser
constitutivas de delito fiscal. En total, por tanto, en el área de
inspección, 511.000 millones de pesetas en el año 1997. También en 1997
se superaron los objetivos fijados en materia de lucha contra el
contrabando, alcanzándose para ese ejercicio una valoración global de
las mercancías descubiertas en operaciones de lucha contra el
contrabando de 330.000 millones de pesetas y un impacto recaudatorio
total superior a los 41.000 millones de pesetas.
Tanto el alto nivel de cumplimiento de los objetivos alcanzados durante
1997, como la necesidad de atender con mayor intensidad a los principios
básicos de eficacia y eficiencia en la actuación administrativa, han
llevado a la Agencia Tributaria a acometer a lo largo de este año 1999
importantes mejoras en sus procedimientos y formas de actuación, tanto
en materia de control de los contribuyentes como en lo relativo al
control y la lucha contra el fraude fiscal.
En primer lugar -tal y como SS. SS. recordarán-, en los primeros días de
1998 se puso en marcha un plan de modernización, que tuve el honor de
presentar ante esta Comisión el pasado 1s de febrero. Este plan de
modernización de la Agencia Tributaria (que se presentó en esas fechas
teniendo en cuenta las consecuencias que suponía modificar el actual
marco fiscal de las pequeñas y medianas empresas o los cambios que
podía introducir el estatuto del contribuyente) se encuentra hoy, cuatro
meses después, en un avanzado estado de ejecución, tal y como les
detallaré con posterioridad. En segundo lugar, se ha procedido a
reformular y a mejorar el plan de objetivos de la Agencia Tributaria,
para contemplar con mayor intensidad tanto la calidad de las
actuaciones desarrolladas por la Agencia como la coordinación de los
departamentos en la ejecución de sus distintas acciones operativas.
Ambas ideas coinciden con las desarrolladas por el plan de modernización
y son plenamente asumidas, para 1998, por el plan de objetivos de la
Agencia.
Me gustaría, en primer lugar, hacer una breve referencia al estado de
ejecución del plan de modernización de la Agencia Tributaria. Como
recordarán SS. SS. -y tal y como les avancé en mi última comparecencia
ante esta
Comisión el pasado mes de febrero-, el plan contiene 100 medidas de
modernización de la Administración tributaria, que pretenden dar
respuesta a retos de futuro, tales como la generalización de la
imposición, la complejidad y variabilidad de la normativa tributaria, el
cumplimiento de los criterios de convergencia, el espacio único europeo
y la internacionalización de la economía española, así como otras
cuestiones, tales como la corresponsabilidad fiscal o las proyectadas
reformas de la imposición. La ejecución de estas 100 medidas se está
realizando respetando rigurosamente el calendario establecido al
efecto. En concreto, en relación con las medidas que el plan propone en
materia normativa, se están ultimando ya las modificaciones de los
reglamentos de inspección y de recaudación para adaptar su contenido a
lo establecido por la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes,
lo que significa que las modificaciones reglamentarias estarán
finalizadas en diciembre del presente año. Igualmente, se va a
proceder a la regulación mediante real-decreto del procedimiento
sancionador, en los términos regulados por la Ley de derechos y
garantías de los contribuyentes. Este real-decreto estará en vigor en el
menor plazo posible, incluso antes de la modificación del reglamento de
inspección, y pretende dotar a la Inspección de un procedimiento ágil
para la imposición de sanciones, a través del procedimiento sancionador,
respetando -eso sí- en todo caso los derechos y garantías de
los contribuyentes. Además, se ha finalizado el desarrollo de los
mecanismos que posibilitarán la utilización de medios telemáticos para
presentar las declaraciones tributarias. Este nuevo procedimiento de
presentación de declaraciones fiscales y de pago de impuestos a través
de medios telemáticos estará operativo -es decir, en vigor y con
carácter obligatorio- para las grandes empresas a partir del 1 de julio.
También en el presente año se podrá solicitar información vía Internet
acerca del estado de tramitación de las devoluciones correspondientes al
Impuesto sobre la renta del año 1997 y, a partir de 1999, sin perjuicio
de que este sistema de liquidación sea obligatorio para grandes
empresas, los contribuyentes que lo deseen -en particular, pequeños y
medianos empresarios- podrán presentar sus declaraciones también por
medios telemáticos.
En materia de información y asistencia a los contribuyentes, el grado
de avance de las medidas propuestas en el plan de modernización es muy
importante. Se han potenciado los servicios que la Administración
tributaria presta a los ciudadanos durante la campaña de renta de este
año, lo que ha tenido su reflejo en una masiva utilización de estos
servicios de ayuda puestos a disposición de 10s contribuyentes por la
Agencia Tributaria. En concreto, en lo referido al programa Padre -es
decir, al sistema para facilitar la cumplimentación de declaraciones
tributarias a aquellos contribuyentes que lo desean en la renta 1997-,
y a pesar del considerable incremento de las modalidades de utilización
de dicho programa fuera de las oficinas de la Agencia Tributaria, las
declaraciones realizadas en nuestras oficinas se han incrementado en un
2 por ciento, habiéndose efectuado hasta el pasado 19 de junio
2.668.491 declaraciones, con una media de casi 90.000 diarias durante la
última semana; las declaraciones realizadas telefónicamente ascendieron
a 139.000, es decir, un S por ciento más que en
la pasada campaña de renta por estas fechas; las declaraciones
efectuadas por entidades financieras -que han formalizado acuerdos con
la Administración tributaria- ascendieron a 984.503, un 6 por ciento más
que en la campaña del año 1996; las declaraciones realizadas por
comunidades autónomas -este es el segundo año que colaboran con la
Administración tributaria- ascendieron a 121.966, un 6 por ciento
más también que en la campaña de renta de 1996, y las declaraciones que
han efectuado -por primera vez, básicamente- las corporaciones locales
ascendieron a 10.087, a fecha 19 de junio. Asimismo, la utilización del
programa Padre y del módulo de reimpresión ha permitido efectuar
-también fuera de nuestras oficinas- 1.094.000 declaraciones a
contribuyentes concretos, frente a las 95.520 que se desarrollaron a
través de este sistema en la renta 1996.
En definitiva, mediante los servicios de ayuda a la confección de
declaraciones en el Impuesto sobre la renta, en todas sus modalidades,
en esta campaña de renta, como consecuencia del compromiso de la Agencia
Tributaria de potenciar y reforzar al máximo este servicio para hacer
más fácil a los contribuyentes la confección de sus declaraciones, se
llevan realizadas más de cinco millones de declaraciones, un 43 por
ciento más que el año pasado a la misma fecha. Es decir, en estos
momentos, uno de cada tres contribuyentes que presentan liquidación del
Impuesto se puede beneficiar de los sistemas de ayuda puestos en marcha
por la Agencia Tributaria.
Por lo que respecta ala cita previa (es decir, el mecanismo utilizado
para que aquellos contribuyentes que deseen que se les efectúe su
declaración del Impuesto sobre la renta en nuestras oficinas de la
Administración tributaria puedan llamar para concertar fecha y hora
determinadas), el servicio se está prestando con gran agilidad,
habiéndose concertado en estos momentos 2.222.19'7 citas, un 14 por
ciento más que el año pasado a la misma fecha, llegándose a concertar
alrededor de unas 100.000 citas diarias en los días punta. Además, se
está potenciando la utilización intensiva de nuevas tecnologías en las
relaciones con los contribuyentes, lo que ha permitido que a 19 de
junio hubieran sido atendidas casi 1,7 millones de llamadas a través
del teléfono de información tributaria básica y se hubiesen realizado
más de 8,5 millones de accesos a las páginas de la Agencia Tributaria
en Internet, cuatro veces más que en el mismo periodo del pasado año.
Igualmente, el número de accesos en Internet al programa Padre de la
Agencia -que permite importar dicho programa para la confección de la
declaración- supera en siete veces los efectuados el pasado año.
Como novedad para la campaña de renta de este año, los contribuyentes
que lo han solicitado -más de 344.000 personas- han recibido en su
domicilio sus datos fiscales (es decir, los datos con trascendencia
tributaria a efectos de la liquidación del impuesto de que dispone la
Agencia Tributaria) a través de un nuevo servicio. La remisión de estos
datos va a posibilitar una mayor calidad de las declaraciones que
presentan los contribuyentes, que podrán comprobar en todo momento si
los datos que consignan en su liquidación son los correctos y coinciden
con los que obran en poder de la Administración tributaria. También como
novedad este año -aunque como experiencia inicial- se ha
realizado un considerable esfuerzo por acercar la declaración del
impuesto a un mayor número de contribuyentes, en particular, por
simplificar la tarea de completar la declaración del impuesto a
aquellos contribuyentes con minusvaiías, mediante equipos móviles de
asistencia a instituciones y centros colectivos de 'discapacitados y
mediante la implantación de un sistema Padre para discapacitados
auditivos.
Finalmente -y por primera vez-, dentro de los objetivos de mejora del
servicio a los contribuyentes, se ha adelantado el proceso de
devolución de declaraciones al mes de junio, antes de la finalización de
la propia campaña de presentación de declaraciones. A lo largo del mes
de junio está previsto practicar un 16,5 por ciento del número de
devoluciones solicitadas es decir, aproximadamente 1.781.000, y hasta
el 22 de junio se han remitido a los contribuyentes 1.343.459
devoluciones, un 75,4 por ciento de las previstas para todo el mes de
junio. Quiero decirles que el hecho de que se anticipen las
devoluciones al mes de junio, antes de finalizar el período
reglamentario de liquidación del impuesto, no obsta en ningún caso para
que la Agencia Tributaria efectúe los mismos controles para verificar la
calidad de las devoluciones que se tramitan. Las devoluciones que se
efectuarán en el mes de junio suponen un 15:l por ciento del importe
total a devolver, lo que asciende a 158.000 millones de pesetas. A 22 de
junio se han devuelto 114.000 millones, un 72 por ciento del total
previsto para este mes de junio, que supone una devolución media de
85.000 pesetas, a diferencia de lo que ocurría en la renta de 1996,
donde las devoluciones se empezaban a gestionar en el mes de julio y la
devolución media se situaba en tomo a las 50.000 pesetas. En todo caso,
el proceso de devolución se ultimará dentro del año 1998, también como
novedad, y a finales de diciembre sólo quedará pendiente de devolución
aquella liquidación cuyo proceso de comprobación no se haya terminado
por causas no imputables a la Administración tributaria.
En esta misma línea de potenciación de la colaboración de la
Administración tributaria con el resto de las administraciones
públicas y entidades con representación, se han suscrito acuerdos de
colaboración con colegios y asociaciones profesionales y en la
actualidad se están desarrollando procesos de colaboración con
comunidades autónomas para el desarrollo y formulación de sistemas
informáticos que permitan un control adecuado de los tributos que
gestionan dichas comunidades autónomas. En este mismo sentido se han
desarrollado, en el marco del convenio de colaboración entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Hacienda,
mecanismos de comunicación telemática de información tributaria
necesarios para la persecución de diferentes delitos por Pos juzgados y
tribunales. Asimismo, se ha reducido hasta cinco horas el tiempo medio
de espera entre la declaración aduanera y el despacho de las mercancías
y se ha ampliado desde las 15 hasta las 22 horas el horario de despacho
delas grandes aduanas como Madrid, Barcelona o Cádiz.
La segunda parte del plan de modernización es la relativa al modelo de
control del cumplimiento tributario, sobre el que me gustaría destacar
algunas cuestiones importantes. Por primera vez se ha iniciado un
proceso de control organizado de los grandes grupos económicos en los
que a través
de la coordinación de la Oficina Nacional de Inspección se va a proceder
a la comprobación completa e integral de las distintas personas físicas
y jurídicas que formen parte de esos grupos económicos de facto, aunque
desde un punto de vista jurídico, legal o mercantil no tengan la
consideración de grupo de sociedades. De esta manera y a través de la
comprobación global de la totalidad de los integrantes en estos grupos
económicos y de los grandes patrimonios, se pretenden evitar situaciones
en las que el fraccionamiento de patrimonios, la diversificación de
ramas de sociedades, la domiciliación de dichas sociedades en
administraciones tributarias distintas, etcétera, impedían un control
general e integrado de esas situaciones o de situaciones de
incumplimiento fiscal.
En este mismo sentido, se ha procedido a reformar la Oficina Nacional
de Inspección con la creación de la Unidad central de coordinación en
materia de delitos contra la Hacienda pública y equipos especializados
de fiscalidad internacional y de coordinación de actuaciones especiales
para la comprobación de grupos de sociedades.
Para potenciar las tareas de investigación de los órganos de inspección
se han puesto en marcha también unidades especiales de investigación
orientadas a la detección y corrección de conductas fraudulentas de
especial relevancia y al descubrimiento de nuevas fórmulas de elusión.
En concreto, estas unidades estarán liberadas de la elaboración de actas
de inspección y a partir de la información propia de la Agencia
Tributaria, de la información derivada de denuncias, de la información
procedente de órganos jurisdiccionales o de terceros, se dedican a la
investigación de tramas de fraude internacional, redes de facturas
falsas, fraude en materia de IVA y operaciones realizadas a través de
testaferros. El objetivo de estas unidades es investigar un tipo de
fraude que generalmente no se convierte en actas de inspección sino en
actuaciones a ultimar en la vía penal o en colaboración con la Fiscalía.
El objetivo de la Agencia Tributaria es multiplicar por tres el número
de efectivos que ya hoy se encuentran afectos a estas unidades
especiales de investigación. Como consecuencia, una de las prioridades
de este plan de objetivos para 1998 es centrarnos en el fraude
organizado, en las tramas más importantes de fraude, en aquellas que
normalmente desembocan en actuaciones que son recriminables desde el
punto de vista de la responsabilidad penal por parte de los órganos
jurisdiccionales. Igualmente y con él objetivo de flexibilizar los
procedimientos de comprobación de los pequeños contribuyentes, se están
poniendo en funcionamiento nuevas formas de organización alternativas
en unidades de inspección. Desde esta perspectiva, el pasado 28 de abril
se procedía a implantar siete grandes unidades con carácter experimental
y por un período mínimo de seis meses.
A partir de diciembre de este año estarán operativos también mecanismos
informáticos para el seguimiento estadístico del cumplimiento en los
sujetos pasivos que hayan sido objetos de inspección, para conseguir así
una alerta temprana y evitar conductas de defraudación reiteradas. Se
están mejorando los acuerdos de colaboración con otras administraciones
públicas nacionales tales como las comunidades autónomas, habiéndose
potenciado los cauces de intercambio e información y los mecanismos de
cooperación en materia de asistencia a los contribuyentes.
Asimismo se está potenciando de manera extraordinaria, en este año
1998, la colaboración con otras administraciones tributarias
internacionales, en concreto con países como Holanda o Francia con los
que se han llegado a realizar actuaciones simultaneas de inspección en
este ano 1998 en el ámbito de la Unión Europea, y con los Estados
Unidos, medida coherente con el objetivo de atacar esas tramas de
fraude organizado que en muchas ocasiones se desarrollan en el ámbito
internacional.
En materia de control del IVA se ha intensificado el control sobre las
devoluciones, incluso a través de unidades especializadas constituidas
al efecto en algunas delegaciones. Este mayor control sobre las
devoluciones de IVA así como la reforma acometida en el régimen fiscal
de las pequeñas empresas en el régimen de módulos, son los que permiten
en estos momentos una recaudación tributaria en materia de IVA muy
superior a la que resultaría como consecuencia del comportamiento del
consumo privado. Se están elaborando también bases de datos con soporte
informático que contienen los informes jurídicos más importantes
evacuados por los funcionarios de la Agencia y se ha puesto en
funcionamiento una aplicación que recoge los criterios jurídicos
empleados por la Oficina Nacional de Inspección, con el fin de mejorar
la homogeneidad de los criterios a aplicar en el seno de la Agencia
Tributaria y garantizar una igualdad de trato a los contribuyentes que
era otra de las conclusiones y recomendaciones manifestadas por esta
Comisión de Economía y Hacienda. Está operativa también una aplicación
informática que permite controlar de manera inmediata los plazos
empleados en la resolución de 10s expedientes en las oficinas técnicas
de las dependencias de inspección. En concreto, el plazo se ha reducido
casi un 50 por ciento entre 1995 y 1997. Frente a los 154 &as de
tramitación media de un expediente en una oficina técnica de las
dependencias de inspección en el ano 1995, en el año 1997 hemos cerrado
ese plazo medio en menos de 90 días, en concreto en 85 días de media.
Para 1998 el objetivo es reducir ese plazo actual un 15 por ciento.
Además, se ha diseñado un sistema informático de control de plazos de
duración de la totalidad de las actuaciones inspectoras para garantizar
el cumplimiento de los nuevos plazos establecidos por la Ley de derechos
y garantías del contribuyente. Las restantes medidas incluidas en el
plan se encuentran en avanzado estado de elaboración y se pondrán en
funcionamiento a lo largo de los próximos meses para completar el mayor
proceso de modernización de la Administración tributaria que se ha
acometido a lo largo de los últimos años.
El segundo de los aspectos sobre el que me gustaría detenerme es el
nuevo plan de objetivos de la Agencia Tributaria para 1998. Como SS. SS.
conocen perfectamente, la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria está obligada a trabajar con la mayor eficacia para la
consecución de los fines que la justifican. La Agencia continúa
realizando un esfuerzo extraordinario en mejorar sus resultados en
materia de lucha contra el fraude y, fundamentalmente, en profundizar
en la calidad de las actuaciones desarrolladas por los distintos
departamentos que la integran. En todo caso, se ha pretendido que el
plan de objetivos ofrezca de una manera completa una visión plena de
los logros derivados del esfuerzo de control de las obligaciones
fiscales de
los contribuyentes desarrollado por la organización. Por ello, se ha
habilitado un control integrado en la estructura de objetivos que
contempla todos los conceptos derivados directamente de la actividad de
la Agencia Tributaria en materia de lucha contra el fraude. Esta medida
del esfuerzo en la lucha contra el fraude recoge las actuaciones de los
diversos departamentos de la Agencia encaminadas a garantizar la
observancia de las obligaciones tributarias por los contribuyentes.
Contempla de forma detallada todos y cada uno de los conceptos de
origen de deudas tributarias que son imputables a la actividad de la
Agencia en materia de lucha contra el fraude. Este indicador conceptúa
la tarea de control en términos globales. La medida del esfuerzo en la
lucha contra el fraude no puede entenderse de forma fraccionada e
independiente según cuál sea el área funcional encargada de su
ejercicio.
El control del fraude debe ser entendido como una tarea global de la
que participan todos los órganos de la Administración tributaria, que
trabajan de manera coordinada en el efectivo cumplimiento de los
objetivos diseñados para el control del incumplimiento fiscal Así,
en el referido resultado de control se incluyen, entre otras, las
actuaciones desarrolladas por el departamento de gestión en materia de
verificación y control de las obligaciones tributarias de carácter
periódico. En concreto se tienen en cuenta el importe de las
liquidaciones practicadas por los órganos de gestión, incluidas las
unidades de gestión de grandes empresas, es decir, aquellas que facturan
más de 10.000 millones de pesetas; la minoración de devoluciones que
soliciten los contribuyentes o de cuotas a compensar derivadas de
actuaciones concretas de verificación de la Agencia, así como el
importe de las autoliquidaciones presentadas como consecuencia de
requerimientos previos de la Administración.
En lo relativo al trabajo desarrollado por la Inspección de Hacienda se
han producido cambios sustanciales a lo largo de 199% En primer lugar,
se ha modificado la manera de medir el trabajo de la inspección. El
trabajo de la inspección no termina con la incoación de las
correspondientes actas, sino que exige la finalización completa del
expediente, esto es, el correspondiente acto de liquidación. Todo ello
ha hecho que se abandone el concepto de actas y deuda incoada a la
hora de valorar el trabajo de la Inspección de Hacienda y se utilice
el concepto de deuda liquidada, así como otras actuaciones que finalizan
en la vía penal, tanto el delito fiscal como otros supuestos delictivos.
En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta el nuevo procedimiento
sancionador derivado de la Ley de derechos y garantías. El Estatuto del
contribuyente extiende para el procedimiento inspector la tramitación
separada de las sanciones que expresamente se recogía en el orden
administrativo por la Ley 30/1992. Esta norma, que dota de mayor
coherencia a la regulación del procedimiento sancionador en el ámbito
de las actuaciones inspectoras y que refuerza la seguridad jurídica de
los contribuyentes en sus relaciones con la Inspección de Hacienda,
supone una prolongación del plazo de tramitación de los expedientes
sancionadores en aras a incrementar las garantías procesales de los
contribuyentes en el marco del procedimiento inspector.
Se ha procedido también a profundizar en el actual modelo de control en
materia de fraude internacional. En
concreto, a lo largo de 1998 se está prestando una especial atención a
las actuaciones de control en materia de actividades con el exterior y
tráfico de mercancías con distintos países. Igualmente se contemplan un
mayor número de actuaciones de control del IVA y de las operaciones
realizadas con paraísos fiscales. Se están además sustituyendo
comprobaciones de naturaleza abreviada que pretendían el control de las
obligaciones de carácter formal y que han tenido escasos resultados
desde el punto de vista cuantitativo a lo largo de los últimos años
por actuaciones en mayor profundidad. extraordinariamente más
laboriosas, encaminadas al descubrimiento del fraude más complejo,
residenciado en sectores económicos de mayor riesgo.
Se han intensificado las actuaciones de control en profundidad en
sectores de mayor complejidad, como el inmobiliario, 0 en las
operaciones de ingeniería financiera en busca de fraude de mayor
significación económica, abandonándose para ello comprobaciones
parciales sobre aspectos de orden puramente formal, cuantiosas en
número pero poco rentables desde el punto de vista de la equidad y
de 12 eficacia en la lucha contra el fraude. De esta forma se ha
reducido el número de contribuyentes ultimados, aunque se incrementa
la deuda media descubierta por contribuyente.
Como ya he comentado anteriormente, se han reducido los plazos de
liquidación de los expedientes. A lo largo de 1997: 2 mediados de
año, se realizó en este sentido un esfuerzo muy considerable: poniendo
en marcha un plan especial: lo que ha permitido reducir sustancialmente
el número de actas pendientes de liquidar en las oficinas técnicas
de inspección. Esto se manifiesta, por un lado; en que, por primera
vez, en los años 1996 y 1997 las deudas liquidadas pudieron superar las
actas de inspección instruidas y en esa reducción de los saldos
pendientes de liquidación procedentes del año anterior en cada uno de
los ejercicios. Así, en el año 1995 el importe de las actas pendientes
de liquidar ascendía a 183.000 millones de pesetas, cuando el año 1997,
como consecuencia del esfuerzo del plan especial, finaliza con 78.000
millones de pesetas de deuda pendiente de liquidar, deuda que con un
decalaje normal se habría liquidado en el ejercicio de 1998, pero que,
sin embargo, de acuerdo con ese objetivo nuevo consistente en emitir
deuda liquidada frente a deuda incoada, es coherente con las nuevas
actuaciones de la Agencia Tributaria.
Igualmente se están abandonando formas de trabajo anticuadas basadas
en la cuantificación del fraude realizado: cuando en muchas ocasiones ya
era tarde para conseguir paliar sus efectos. Las actuaciones
tradicionales, que terminan en acta de inspección, no funcionan con las
tramas de fraude organizado. Por ello se van sustituyendo por
actuaciones de información o investigación que concluyen en
informaciones en paralelo con la Fiscalía, en particular con la
Fiscalía anticorrupción, y que se resuelven en el orden penal. Se trata,
pues, de denunciar y perseguir con medios judiciales los grandes casos de
fraude fiscal. Igualmente se busca conseguir el efecto inducido sobre
el cumplimiento voluntario que estas actuaciones suponen. Finalmente, se
están desarrollando importantes procesos de colaboración con la
justicia, como destaca el hecho de que en el período de enero a mayo
de 1998 se haya incrementado en términos de anualidad un 195
por ciento el volumen
total de actuaciones de colaboración con la justicia y más de un 55 por
ciento el número de expedientes remitidos a la Fiscalía por delito
fiscal.
Dentro de este indicador general, que abarca de una manera global y
sistemática el conjunto de todas las actuaciones de control de la
Agencia Tributaria y que permite una visión general e integrada de las
actuaciones de lucha contra el fraude efectuadas por la Administración,
se incluyen además otras tareas desarrolladas por los diferentes órganos
de la Agencia Tributaria, entre las que cabría destacar las siguientes:
la minoración de devoluciones solicitadas por contribuyentes en los
términos anteriormente comentados; la minoración de las bases negativas
pendientes de compensación -en el caso de sociedades con pérdidas-; las
correcciones efectuadas en las cuentas de actualización de balances, que
fueron introducidas en el plan de objetivos en este año 1998; las cuotas
derivadas de actuaciones que dan lugar a expedientes que se ultiman en
vía penal, bien como delito fiscal o en colaboración con los órganos
jurisdiccionales, a lo que se ha prestado especial atención, como he
dicho, en este año 1998; los ajustes o las revisiones correspondientes
a grupos de sociedades y sociedades transparentes; las cuotas en
expedientes de contrabando; el aumento de la recaudación inducida por
la represión del contrabando y también se incluyen en este indicador
determinadas actuaciones desarrolladas en materia de recaudación. En
definitiva, estos indicadores son un buen reflejo de la actuación en
materia de lucha contra el fraude desarrollado por la Agencia. Sólo a
partir de estas actuaciones podemos definir un modelo de control
integrado que refleje el esfuerzo realizado por la Administración en el
control del fraude fiscal.
La correcta evaluación de los objetivos establecidos para 1998 y su
grado de ejecución hasta la fecha exige también tomar en consideración
algunos aspectos, como el extraordinario esfuerzo realizado a lo largo
de 1997 para reducir el importante volumen de deuda pendiente de
liquidación por los órganos de la Agencia. La necesaria reducción de
plazos de actuación, como consecuencia de la Ley de derechos y
garantías, obligó a los órganos de la Agencia a reducir el volumen total
de deuda pendiente de liquidar en unos 80.000 millones de pesetas
durante 1997; 80.000 millones que, de no mediar este esfuerzo adicional,
que se habría concentrado en actuaciones distintas de investigación,
habrían sido liquidados en 1998. En todo caso, y aun cuando la
evaluación de estos resultados deba efectuarse de manera completa a
finales del ejercicio, el grado de ejecución de este indicador de lucha
contra el fraude es altamente satisfactorio a finales del mes de mayo.
En concreto, en el ámbito de la inspección en sentido estricto, las
actuaciones desarrolladas en el período enero-mayo de 1998 arrojan un
saldo global de 318.232 millones de pesetas, con el siguiente desglose:
los expedientes e investigaciones que han finalizado en actas
liquidadas, 164.630 millones de pesetas; los expedientes e
investigaciones que han finalizado en comunicaciones de delito fiscal
o en remisiones a la Fiscalía, 73.198 millones de pesetas, y el resto
de las actuaciones a las que he hecho referencia, como el control de
las devoluciones o la comprobación de determinadas operaciones de grupos
de sociedades, 80.404 millones de pesetas. Estamos, por tanto, hablando
de 318.232 millones de pesetas frente a los 308.321 del ejercicio 1997.
Con estos datos y considerando que el objetivo fijado para el área de
inspección en sentido estricto es de 617.669 millones para el conjunto
del año 1998, en estos momentos el objetivo se encuentra cumplido ya en
un 51,5 por ciento. En el área de gestión tributaria, en el período de
enero-mayo de 1998 el resultado de las actuaciones de control asciende
a 101.5 12 millones de pesetas frente a los 9 1.454 del período
enero-mayo de 1997, lo que supone un crecimiento del 11 por ciento.
En cuanto al grado de cumplimiento, el objetivo anual para 1998 se
sitúa ya en un 52,7 por ciento en el período enero-mayo.
Desde esta perspectiva el resultado acumulado de las actuaciones de
control en las áreas de inspección y de gestión tributaria en el
período enero-mayo asciende en 1998 a 419.774 millones de pesetas
frente a los 399.775 millones del período enero-mayo 1997, lo que
supone un crecimiento del 5 por ciento y un grado de cumplimiento
del objetivo anual de 1998 del 51,8 por ciento. El objetivo anual,
dejando de lado otras áreas como la recaudación, etcétera, se encuentra
fijado para 1998 en 810.356 millones de pesetas.
Además de las actuaciones en materia de lucha contra el fraude, la
Agencia Tributaria es responsable de la recaudación tributaria. En
concreto, la recaudación gestionada por la Agencia Tributaria por
todos los conceptos ascendía a finales de mayo a 5,9 billones de
pesetas, lo que supone un incremento del 2,6 por ciento respecto
del mismo período del ejercicio anterior. Sin embargo, si de los
datos de recaudación se elimina el efecto de la cesión de las
comunidades autónomas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el crecimiento de la recaudación asciende al 7,4 por ciento.
En este mismo sentido la recaudación global homogeneizada de los pagos
que efectúan deudores institucionales, es decir, de los decalajes que
suponen los pagos que efectúan dichos deudores institucionales, así como
de las privatizaciones, que no tienen trascendencia a efectos del
déficit público tampoco, a lo largo de 1998 la recaudación está
creciendo a una tasa del 10,7 por ciento con relación a 1997, donde
crecía también en términos homogéneos con relación a 1996 un 6,4 por
ciento.
En lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
quiero destacar que las retenciones del trabajo personal crecen a una
tasa del 8 por ciento frente a un crecimiento del 6,4 por ciento para
el mismo período del ejercicio anterior. Esta evolución favorable de
las retenciones del trabajo se ve claramente motivada por la buena
marcha del empleo en lo que va del año 1998 y en especial a la
aportación a la contratación que están realizando las pequeñas y
medianas empresas después de la reforma operada en su régimen fiscal
al inicio de este ejercicio. En concreto, la recaudación por retenciones
del trabajo de las pequeñas y medianas empresas creció en el primer
trimestre de 1998 un 18 por ciento. Sin embargo, este crecimiento de las
+retenciones del trabajo no se ve reflejado íntegramente en la
recaudación global del IRPF por el efecto de las retenciones sobre el
capital, cuya reducción continúa en la medida en que van cayendo también
los tipos de interés. En lo que respecta a la recaudación por pagos que
efectúan pequeñas y medianas empresas con carácter trimestral, la
evolución está siendo también positiva. De hecho, la modificación del
régimen de las pequeñas y medianas
empresas para incentivar la creación de empleo y la inversión está dando
como resultado, a pesar de la bajada significativa del impuesto para
estos colectivos, una mejora en la recaudación global del 1,7 por
ciento, lo que significa que una reducción de impuestos para los
pequeños empresarios que modernizan sus instalaciones o crean empleo
de calidad está dando como resultado una mejora en la recaudación por
este concepto.
La recaudación del Impuesto sobre Sociedades sigue creciendo a un ritmo
del 18,2 por ciento, muy en consonancia con las proyecciones de
evolución de las ventas de las empresas y con las proyecciones sobre
beneficios societarios a final del ejercicio que se efectuaron en el
momento de la elaboración del presupuesto. De hecho, el primer pago a
cuenta realizado por las sociedades representa un crecimiento del 30 por
ciento con relación al del mismo período del ano 1997. Eliminados los
efectos sobre privatizaciones, se puede constatar que el comportamiento
de las grandes empresas está siendo mejor de lo esperado, lo que parece
representar una buena evolución de los beneficios empresariales, que se
sitúa, de acuerdo con nuestras informaciones a abril, en un 20 por
ciento.
La recaudación por IVA crece al 9,35 por ciento, por encima del 8,4 por
ciento del mismo período del ejercicio anterior y por encima del
crecimiento del consumo privado. Como todos ustedes saben, el
crecimiento real del consumo privado está estimado en un 3,4 por ciento
del PIB y el deflactor de dicho consumo se fija en un 2,4 por ciento. La
buena marcha del IVA está impulsada principalmente por el buen
comportamiento de las ventas interiores de grandes empresas, crecimiento
del 12 por ciento en el primer trimestre, en parte motivadas por las
reformas acometidas en materia de régimen fiscal de las pequeñas
empresas y de la buena marcha de las importaciones.
En definitiva, y para finalizar mi intervención, me gustaría señalar que
la marcha de los ingresos tributarios hasta finales del mes de mayo
permite garantizar que las previsiones efectuadas al inicio del
ejercicio y que en algún momento podían parecer optimistas o poco reales
se van a cumplir plenamente, lo que permite garantizar a fecha de hoy
que los objetivos del Gobierno en materia de déficit público se
cumplirán con holgura a finales de este año 1998.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, y como autor
de la petición de comparecencia en relación a la propuesta de futuro
undécima de la Comisión de investigación, le doy la palabra, en primer
lugar, al señor Saura y luego seguiremos el orden tradicional.
El señor SAURA LAPORTA: Yo quisiera basar mi
intervención fundamentalmente en dos bloques. En primer lugar, debo
decirle al señor Costa que la presencia de opacidad constante, la falta
de transparencia y la falta de información empiezan a ser muy
preocupantes en estos temas, absolutamente preocupantes.
Posiblemente lo que debería hoy hacer esta Comisión es decir cómo es
posible que la Agencia Tributaria no haya sacado la memoria de 1997
ni la de 1996 y decirle a usted
que vuelva en septiembre. Desde que existe un Gobierno del Partido
Popular no se presentan los datos de la memoria de la Agencia
Tributaria; la ultima es de 1995. Yo ayer la solicité nuevamente por
teléfono, no la de 1997 -estamos en junio de 1998-, sino que he
solicitado reiteradamente la memoria de la Agencia Tributaria de
1996. No existe, ni tampoco la de 1997.
Usted viene aquí hoy sin ningún informe previo y nos lanza humo, humo,
humo. sobre qué quiere que discutamos? ¿Usted cree que se puede discutir
de lucha contra el fraude cuando llevan ustedes dos anos sin haber hecho
una memoria de la Agencia Tributaria, con unos números, como después
demostraré, que yo creo que lo peor es que ni usted los conoce? Si
usted supiera los verdaderos podría decirle que miente, pero tengo la
sensación de que ni usted los conoce. Eso me preocupa y luego lo
explicaré. Además, usted hoy ha desmentido los datos del señor Rato. Si
yo fuera periodista y tuviera un periódico medio de humor leería, como
luego haré, los números que dio el señor Rato y los suyos y son
distintos: Costa desmiente a Rato. Luego leeré lo que dijo exactamente
el señor Rato en la comparecencia con motivo del proyecto de ley sobre
el IRPF y señalaré los datos que usted nos ha dado.
Por tanto, señor Costa, usted nos debe una explicación. No puede ser
que la Agencia Tributaria, y usted es el presidente, tenga un retraso
de dos años en la presentación de la memoria. Dicho de otra manera, no
ha presentado ni una, y no puede ser que usted venga aquí hoy a
informarnos de los objetivos de la Agencia Tributaria sin que, como
mínimo con una antelación de cuarenta y ocho horas, nos haya remitido
el documento. Además, en esta línea de opacidad y de falta de
transparencia, las preguntas que le realizamos a usted por escrito
tienen dos tipos de respuestas. A unas no responden. Yo tengo aquí una
relación de trece o catorce preguntas que he realizado en los meses de
febrero, marzo y abril: preguntas tan concretas como éstas: ¿En los
primeros tres meses cuales son las actas levantadas, comparadas con
l997? No responden a estas preguntas. Hace quince días he tenido que
pedir amparo al presidente para que el Gobierno me conteste a las
preguntas que hace cuatro meses que he hecho. Y otras, las que
responden, son de libro. Les pregunté en el mes de enero cuál era la
estimación del fraude fiscal que hacía el Gobierno y qué métodos y
estudios utiliza el Gobierno para evaluar el fraude fiscal. En abril
tuve que pedir amparo al presidente, porque no se me contestaba y lo han
hecho hace quince días. Si alguien quiere, le dejo ver la respuesta,
que dice: Ni sabemos cuánto sube, ni lo queremos saber. Esto es muy
difícil de calcular, porque hay muchas metodologías distintas y, por lo
tanto, no nos complique la vida y no nos pida qué estimación hacemos
del fraude fiscal.
La comparecencia de hoy es otro ejemplo. Señor Costa, en este tema
no puede venir como ha venido y tratarnos así. Políticamente no puede
venir leyéndonos cuarenta mil números, sin contestar a nada y sin dar
información. Quiero relacionar esto con las conclusiones de la Comisión
de investigación sobre los expedientes por 200.000 millones. Recuerdo
que en los trabajos de aquella Comisión hubo una persona, creo que fue
el diputado Jon Zabalía, que planteó cómo era posible que ante lo que
estaba sucediendo no hubiera habido un control parlamentario de la
acción
de la Agencia Tributaria. Por unanimidad se llegó a la conclusión de
que era importante que una vez al año el presidente de la Agencia
Tributaria presentara un informe de balance y de objetivos que fuera
objeto de control parlamentario. En esto no hubo discusión por parte
de nadie, ni de los representantes del Partido Popular, porque era
lógico. (El señor Martínez-Pujalte López: El PSOE entonces no lo hacía.)
El señor diputado del PP me dice que el PSOE no lo hacía, ya lo sé, pero
yo no soy del PSOE. (El señor Martínez-Pujalte López: Casi.) Una de las
conclusiones de la Comisión de investigación, aprobada por unanimidad
por la Cámara, fue que el presidente de la Agencia Tributaria viniera
aquí a explicar el balance y los objetivos. Difícilmente puede explicar
un balance y unos objetivos cuando no hay una memoria.
De las cosas que ha dicho en relación a cómo están implementando el plan
de modernización, podría estar hablando tres horas, cosa que no haré,
pero su intervención está llena de cuestiones generales tras las cuales
no se esconde nada o muy poco. Podría ponerle muchos ejemplos, pero, por
ejemplo, en la página 33 del plan de modernización se dice que actuaran
unidades de auditoría informática, relatándose una serie de funcionarios
que podrán colaborar para trabajar fuera de las oficinas tributarias en
los locales de los sujetos pasivos y que se dotaran con los medios
informáticos, es decir, que hay medios informáticos. De este párrafo se
deduce que hay una gran red de equipos informáticos operando en las
sedes de los sujetos pasivos, pero, señor Costa, sólo hay un equipo
informático en Madrid. Cuando usted plantea como un hecho positivo
la disminución del tiempo de gestión de algunas actas, dicho así no
significa nada. El martes de la semana pasada un inspector financiero
me explicaba los tiempos que requiere una inspección cuando hay que
hacer una consulta fuera, en el extranjero, que significa hacer una
carta para que se traduzca, se envíe y que llegue. Y decía que en los
grandes delitos de fraude fiscal era imposible valorarlos por el tiempo
de inspección. Por lo tanto, en esta primera parte usted hoy, en el mes
de junio de 1998, ha suspendido como mínimo los trabajos que tema que
presentar, porque no los ha presentado. Espero que aproveche el verano
y que en la comparecencia cuatrimestral que hagamos en septiembre nos
traiga la memoria de 1996, si puede ser, con nueve meses de retraso, la
de 1997 y que nos explique los objetos del plan de modernización para
discutirlo.
El tema que quería plantear fundamentalmente era la situación de la
Agencia Tributaria y, en definitiva, si la gestión que hace el Gobierno
de la lucha contra el fraude fiscal es o no la que dice el Gobierno. Le
anuncio que la valoración que hace el Gobierno de la lucha contra el
fraude fiscal no es cierta. En el mejor de los casos está maquillada;
en el peor, puede haber intención de confundir o engañar a la opinión
pública y a los diputados. Y voy a decirle otra cosa, ha hecho un diseño
de la situación de la Agencia Tributaria que parecía el Hollywood de
Marilyn Monroe. No sé si usted habla con alguien de la Agencia
Tributaria; si no lo hace, hágalo. Hable con tres, cuatro o cinco
profesionales de la Agencia Tributaria y verá que todo el mundo
(inspectores fiscales, subinspectores, cargos importantes) coincide en
que la Agencia Tributaria está en una situación delicada y caótica y
que la implantación del estatuto del
contribuyente está siendo, no quiero decir un desastre, pero muy
difícil. No deja de ser sintomático que sobre el estatuto del
contribuyente, que debía entrar en funcionamiento el 19 de marzo, el
1 de abril se haya tenido que hacer una instrucción de 37 páginas para
ver cómo se hace. No deja de ser sintomático que durante dos meses no
haya habido ni aplicaciones informáticas de sanciones ni impresos. Todo
eso está ahí, no me lo estoy inventando. Por lo tanto, situación
delicada y caótica, malestar en los inspectores fiscales y malestar en
los subinspectores fiscales. Y no me quiero extender, porque en los
medios de comunicación han salido reiteradamente las muestras de
malestar. Por lo tanto, señor Costa, si de verdad se cree lo que dice,
y estoy seguro que sí, le ruego que hable con algún profesional, con
algún inspector o con algún subinspector. Tome un café con ellos y estoy
seguro que al segundo café no podrá venir aquí a decir lo que hoy ha
contado.
Por otro lado, el día del debate sobre el proyecto de ley del IRPF di
unos datos sacados de un documento firmado por el subdirector general
de planificación y control -no estaban elaborados por Iniciativa per
Catalunya- dirigido a los jefes de la ONI y a los inspectores
regionales. Estos datos, insisto, de la persona que ejerce el control
dentro de la Agencia Tributaria, decían que, desde el punto de vista
de la deuda, en 1997 había 220.000 millones y en 1998 118.000. De hecho,
había disminuido casi en 100.000 millones. El señor Rato contestó lo
siguiente: En cuanto a la inspección en 1998 en el primer cuatrimestre,
por lo tanto un mes más de lo que S. S. dice, se han producido unos
resultados globales de 211.000 millones, superiores a los del mismo
período del año anterior.
Hoy nos han traído un documento con la intención de decir qué pasa con
la inspección y simplemente con la deuda. En esa página reconocen que en
1997 hay actas por 221.000 millones y en 1998 de 164.000. Es decir, en
el documento que nos han entregado reconocen que no son los que dijo el
señor Rato, que hablaba de 220.000, y que yo decía, en base al documento
de la Agencia, que eran 118.000; hoy son 164.000 millones. Eso sí, hoy
añaden: resto de actuaciones, 80.000, y delito fiscal, 73.000. Señor
Costa, hagamos comparaciones homogéneas. No nos cambie los criterios.
Hay que comparar las peras de 1998 con las peras de 1997. Y las actas
de la inspección de 1998, el único documento firmado por quien ha de
efectuar el control de la Agencia, que es el subdirector general de
control y planificación, dicen que son 118.000. Ustedes hoy ya no dicen
lo que dice el señor Rato. El señor Rato decía 220.000 y ustedes dicen
hoy 164.000. No sé si el señor Rato tema una información defectuosa o si
sabía que era manipulada -estoy seguro de que no-, pero en todo caso lo
que me interesa que usted conteste, señor Costa, es qué explicación da
usted a los datos de la subdirección general de control.
Además, tengo que decirle otra cosa. Desde el debate del IRPF he tenido
acceso a diversa información de los números reales, porque en esta
situación no precisamente esplendorosa, como usted describe, sino de
desconcierto en la Agencia Tributaria, los escapes de información se
suceden por todos los sitios. Yo he tenido cuatro informaciones, las
cuatro son mucho peores de las que tengo. No sé si ustedes son
conscientes de que ayer se produjo una novedad
prácticamente inédita en la Agencia Tributaria -no sé si el señor
Costa la conoce-, que a la una de la tarde se bloqueó el sistema de
acceso informático para conocer la
información de recaudación. Toda la vida, a las doce, a las diez,
cualquier inspector o subinspector podía acceder al resumen de
recaudación informática; ayer a la una apareció un asterisco y se
bloqueó esa información. Me imagino que los directivos de la Agencia
Tributaria saben que algunos diputados -y, por lo que parece, hoy algún
medio de comunicación también- hemos recibido listados informáticos con
la situación real.
Le podría decir muchas más cosas, señor Costa, pero sólo le voy a decir
una para que usted me conteste y nos emplacemos. De enero a mayo de
1998, de las unidades provinciales de inspección, existen 7.300 en lugar
de 37.000 actas contraídas. No nos las confunda usted con actas
gestionadas, siempre hemos hablado de actas contraídas; son las únicas
que no se pueden manipular y, además, son las que están en la
Intervención General de la Administración del Estado. Estos números sí
que no se pueden maquillar ni manipular, son los que existen en la
Intervención General de la Administración del Estado. Si usted quiere,
le puedo dar las actas regionales, las de la ONI, y se las puedo
facilitar por comunidades. El desastre de la gestión del fraude fiscal
no tiene parangón en el Gobierno ni en el anterior Gobierno socialista.
Usted viene hoy aquí, nos junta gestionadas con contraídas, nos pone
«otros» y nos mete 80.000 millones y añade a toda esta serie de actas
conceptos que no son homogéneos con los del año pasado.
No hace falta entrar en un debate de números porque este es un problema
de sentido común. ¿Cómo tienen ustedes la insensatez de decir que
aumentan la productividad con un estatuto del contribuyente que sabemos
que ha tenido paralizado aquello dos meses y una huelga de
celo de los subinspectores? Es de sentido común, ¿cómo va a aumentar
la productividad? ¿Cómo es posible? Cuando ustedes vienen aquí y dicen
que la aumentan con la situación que hay, el sentido común dice: i no
puede ser! Lo peor de todo es que estoy convencido de que hoy el
secretario de Estado de Hacienda y el ministro de Economía no saben la
realidad y piden auxilio. El señor Rato pide auxilio en el Pleno y
entonces le pasan una nota y dice: no, me dicen que hay esto. El dice lo
que le dicen. Hoy vienen ustedes y nos traen otros números y pasado
mañana nos traerán otros distintos.
Yo le emplazo, señor Costa, a que, en el plazo más breve posible, nos
traiga los datos homogéneos -no sé si ahora le pasarán otro papelito
sobre la materia-. Cuando después de tantos meses nos traen un informe
de la situación de enero a mayo de 1998, no es de recibo que nos den
este cuadrito de la inspección sólo. No puede ser que el único dato que
ustedes nos den sea el de la inspección de la deuda con estos tres
números y conceptos generales. Tiene usted que volver en septiembre con
los trabajos hechos.
Quiero acabar diciéndole simplemente dos cosas. Una, cuando usted o el
ministro dicen lo que dicen no sé si es ignorancia política de los datos
o intento de manipulación, no lo sé, quiero creer que es ignorancia. Le
ruego que rápidamente nos los traigan bien hechos porque, si no, esta
confusión de la información que ustedes reflejan, la situación caótica,
la información -que si cerraron el ordenador ayer
a la una, lo tendrán que volver a abrir, no lo van a poder tener
cerradito toda la vida- y estos números les van a asfixiar
políticamente, a usted el primero. Desde el punto de vista del rigor,
de la sensatez y de la transparencia, el secretario de Estado de
Hacienda y al mismo tiempo presidente de la Agencia de Administración
Tributaria no tiene ninguna credibilidad.
Acabo diciéndole que haga los deberes, que nos presente la memoria, que
dé, de una vez por todas, los datos reales, que nos explique la
situación real, que usted y el señor Rato se pongan de acuerdo en los
números que nos dan y, sobre todo, que la información del fraude que el
Gobierno está transmitiendo hoy es falsa, no sé si por ignorancia o por
manipulación: pero es falsa. Si ustedes continúan en esa línea, como
el ordenador -insisto- no van a poder tenerlo siempre cerrado, los
números les pueden asfixiar políticamente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista: tiene la palabra el
señor Alvarez Gómez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: El Grupo Parlamentario Socialista quiere
reiterar, como ya lo ha hecho el anterior interviniste, la dificultad
de producir un debate con rigor sobre temas de la máxima trascendencia
que preocupan a todos los ciudadanos.
Quizá sea un tanto estéril reproducir, de alguna manera, los
planteamientos que se acaban de citar y que compartimos plenamente y,
por el contrario, nos parece más útil, o por lo menos más oportuno
porque abunda en lo mismo pero en otra dimensión. hablar de cuál es el
escenario que estamos dibujando en este momento. Si los datos que
facilita la Agencia Tributaria, o los datos que no facilita -por ser
más explícito- nos llevan a una situación de confusión, fácil es prever
cuáles son las dificultades, cuáles son los horizontes que nosotros
podemos presentar hacia el año 1998 y hacia el 1999.
Señor Costa: de los dos bloques de datos que nos acaba de dar, nos
preocupa especialmente el volumen de recaudación de la Hacienda pública.
El Gobierno viene reiterando que va a bajar los impuestos. Lo cierto es
que dentro de los ingresos públicos la presión fiscal en los últimos
dos años, 1996-98, se ha incrementado en 1,2 puntos sobre el producto
interior bruto: 35 por ciento en 1995, 36,2 en 1997. Ese incremento de
la presión fiscal se produce a la vez que dos hechos trascendentales
desde nuestro punto de vista. Se incrementa la recaudación de los
impuestos indirectos y de las tasas y desciende significativamente
la recaudación de los impuestos directos (Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Sucesiones, Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas) con un impacto total del conjunto sobre el volumen de
recaudación de unos 700.000 millones de pesetas.
¿Espera el Gobierno recuperar esta caída con el incremento de la
actividad económica? Dos años de crecimiento, como luego demostraré, no
han sido capaces de recuperar la recaudación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. La incidencia, por tanto, en el Impuesto
sobre Sucesiones y en el Impuesto sobre el Patrimonio va a ser todavía
menor, porque es consecuencia básicamente de las reformas legislativas
que ustedes han hecho. Si en 1997
hay una estabilización de la recaudación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, a pesar del crecimiento económico, es fácil
llegar a la conclusión de que la Agencia Tributaria está dando a los
contribuyentes un apoyo para que declaren, para que hagan unas
declaraciones fiscales en condiciones correctas y eso esta bien,
nosotros lo aplaudimos, señor Costa; pero lo que nos preocupa, repito,
es cuál es el volumen de recaudación y, sobre todo también, quién es el
que está pagando, quién es el que contribuye.
Del lado de los ingresos, todas SS. SS. saben que las privatizaciones
han aportado del orden de 37.000 millones de pesetas en el año 1996,
aproximadamente 2 billones en el año 1997 y se espera una cifra de 2,5
billones en 1998. ¿Cuál va a ser la recaudación por privatización en
1999? Si los ingresos por privatizaciones son menores y los ingresos
ordinarios debido a la tributación caen del orden de 700.000 millones
de pesetas, ¿cuál es el escenario que está dibujando la Agencia
Tributaria? De hecho, señor Costa, aun sin modificaciones legales
significativas, lo que se esta poniendo de manifiesto es que la
imposición
indirecta cada vez tiene un peso mayor en nuestro sistema fiscal. Los
datos del primer trimestre de 1998, referidos comparativamente a marzo
de 1997 con marzo de 1998, son bien elocuentes. En impuestos directos
la recaudación en ese período ha descendido un 4,l por ciento; en
concreto, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el
descenso es del 7,4; digo bien, descenso, porque coincide con el
incremento que usted refería de enero a mayo en la recaudación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Son 55 billones de
pesetas los recaudados en 1997, un 6,34 por ciento menos sobre lo que
ustedes han presupuestado. Es lógico, si ustedes creen que los salarios
deben tender a crecer cero, aunque haya una recuperación del empleo.
¿Cómo es posible que suba la recaudación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas cuando la base liquidable del impuesto está
centrada en las rentas del trabajo? El 80 por ciento de la base
liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es
debida a las rentas del trabajo y el 6,3 por ciento a las rentas del
capital.
Impuestos indirectos. En ese período, marzo 1997-marzo 1998, se ha
incrementado la recaudación en el 11,1 por ciento. Contrasta
significativamente con la de los impuestos directos. En el Impuesto
sobre el Valor Añadido, un incremento del 11 y en los impuestos
especiales, 10,3 por ciento. Desviaciones, por tanto, muy importantes
sobre las previsiones presupuestarias del Gobierno, donde la imposición
indirecta vía hechos y la imposición directa vía modificaciones legales
está produciendo una insuficiencia de recursos en el escenario del
ejercicio 1998, por supuesto, todo ello agravado, repito, en el marco
del ejercicio 1999. Por tanto, el problema es la consolidación
presupuestaria. ¿Qué medidas piensa tomar la Agencia Tributaria para
que sea posible mantener el sistema en sus actuales circunstancias?
¿Van a hacer ustedes alguna modificación legal en la imposición
indirecta, más allá de los simples retoques que, en términos
cuantitativos, tampoco son tan importantes en la recaudación de las
tasas? ¿Va a haber, por la vía de tasas, una agresividad mayor de
la que ha demostrado el Gobierno hasta este momento? Quizá todo esto,
señor Costa, sea consecuencia de que ustedes empiezan a
decir, unas veces más claro y otras veces más confuso, que las
políticas redistributivas y las políticas de solidaridad solamente deben
hacerse desde la vertiente del gasto público. ¿Hasta dónde desean llegar
con esta iniciativa?
La cuestión, señor Costa, es que llevamos dos años con serios recortes,
y la competitividad y la eficiencia de nuestra economía no puede
permitirse que gastos muy importantes para esos objetivos sigan en
el congelador. El gobernador del Banco de España ha reiterado que
es absolutamente imprescindible recuperar los gastos en infraestructura
y en educación para mejorar nuestra eficiencia y nuestra competitividad,
la de nuestras empresas y la de todos los sectores económicos.
Es posible hacer recortes que a corto plazo no tengan una
trascendencia importante en la trayectoria de nuestra economía; lo que
es más difícil, por no decir imposible, es que la modernización de un
país, la modernización del sistema productivo, la competitividad en el
marco de una Europa unida con una moneda única, pueda llevarse a efecto
a medio plazo con estas premisas. Si el Gobierno ya ha mostrado su
incapacidad para controlar el gasto corriente, señor Costa, con un
desvío del 30 por ciento en el gasto corriente en el ejercicio 1997;
si el propio ministro de Fomento dice que el sistema alemán es un mal
sistema para el futuro porque nos está hipotecando presupuestos ya muy
cercanos, en el entorno del año 2000; si la deuda de Radiotelevisión
Española, si la modernización de las Fuerzas Armadas, si la financiación
del complemento de mínimos, que son 685.000 millones de pesetas, debe
hacerse con cargo al sistema tributario, si la prórroga de los contratos
indefinidos requiere también recursos, si está en juego el saldo
presupuestario en el marco de negociación con la Unión Europea de
938.000 millones de pesetas, que no sabemos definitivamente cual va a
ser este saldo en el futuro, debe entender, señor Costa, que nos
preocupe este escenario al que vamos.
Pero es que no nos podemos quedar aquí. Estamos en la Unión Monetaria,
pero algo hay que hacer. No podemos estar consolándonos con arbitrar
medidas que supuestamente vayan destinadas a favorecer la colaboración
de los contribuyentes -ha dado y reiterado datos- si al final los
volúmenes de recaudación son los que son y quienes pagan son los que
pagan. El problema, señor Costa, no es de presión fiscal, como a veces
han venido diciendo ustedes, sino de dónde está concentrada la presión
fiscal en nuestro país. La presión fiscal está concentrada en las clases
medias y en los trabajadores, en las rentas del trabajo. ¿Eso contribuye
a la dinamización económica? Más bien parece que no; más bien parece que
habría que abrir la economía y también la Hacienda pública a todos los
sectores y que algunos hagan un esfuerzo mayor porque les corresponde;
porque, además, van a ser los más beneficiados del propio desarrollo que
la Unión Europea comporta. Por tanto, tenemos en ciernes muchos dilemas
a los que responder.
¿Cuál va a ser la cuantía de recursos para hacer frente a los programas
de empleo, a las necesidades de investigación y desarrollo, a los
nuevos sectores que pueden tirar de la economía, vinculados a los
yacimientos de empleo y al sector servicios, y reducir también, por qué
no, en momentos de expansión económica -muy por encima, por cierto,
de la media comunitaria que ustedes se encargan de comercializar- la
diferencia que hay en gasto social respecto de la media de los países
de la Unión? En definitiva, señor Costa, lo que nos interesa es
converger realmente con Europa.
El presidente del Gobierno nos promete dar más por menos. En el
debate del estado de la Nación, con suma seriedad y rigor, el
presidente dijo que es posible dar más por menos. Hasta ahora nos dan
menos por más impuestos, nos dan menos inversión, menos gasto en
educación y más impuestos para la mayoría de los ciudadanos -incremento
de la presión fiscal-, pero si ustedes insisten creeremos que es
posible hacer milagros. $e extrañarían que se los exigiéramos si
ustedes dicen que son posibles? ¿Nos llamarían demagogos cuando se
lo recordásemos, señor Costa? Más impuestos indirectos, menos impuestos
directos es posible, lo están haciendo; más demora en autovías en menos
tiempo; más casos de corrupción en menos tiempo. Podemos seguir
haciendo milagros de este tipo, los que quiera. Hay que ser, señor
Costa, más serios. Tiene que haber más transparencia en los datos que
facilita la Agencia Tributaria porque si no nos podemos encontrar con
desagradables sorpresas inmediatamente.
Ha hablado del fraude fiscal. Sería bueno que la Secretaría de Estado
de Hacienda y la Agencia Tributaria se pusieran de acuerdo en los datos.
Desde luego, según sus propios datos -no sabemos bien de quiénes son-,
que nos pasan esta mañana, en deuda liquidada parece que en el período
enero-mayo de 1998 las cosas no vayan muy bien -164.000 millones de
pesetas- y en el mismo período del año 1997, 221.000 millones de
pesetas. Por lo tanto, señor Costa, las mejoras como la reforma de la
Oficina Nacional de Inspección, la coordinación, el control de
grupos económicos, aunque jurídicamente no tengan esta consideración,
nos parece fantástico, el problema son los resultados que esto arroja.
Hablamos de resultados. Según datos de la Secretaría de Estado de
Hacienda, el fraude descubierto en enero-mayo de 1998 es un 3,2 por
ciento mayor que en el mismo período del ejercicio 1997 -308.212
millones de pesetas-; según datos de la Agencia Tributaria y que algún
medio de comunicación publica hoy, es un 74 por ciento menos -54.210
millones de pesetas frente a 215.854 millones de pesetas del mismo
período del año 1997-. Respecto al número de actas, también hay datos
que no se corresponden con lo que usted nos ha dicho: 8.385 actas
según la Agencia Tributaria en ese período enero-mayo de 1998 frente a
33.000 del año 1997, un 75 por ciento menos.
Concluyo, señor Costa. Más medidas y objetivos por menos resultados
también es posible. Si el milagro es éste, desde luego daremos
la razón al Gobierno y a usted, pero creemos que los datos
macroeconómicos permiten afrontar con solvencia el debate del futuro,
que está por ganar. No nos podemos conformar con llegar a la meta de
la Unión Monetaria con datos confusos sobre la realidad de las cosas,
con una Agencia Tributaria sumida en un caos y eludir, por lo tanto,
por esta vía, un debate riguroso y serio sobre cuál va a ser el
escenario de los ejercicios 1998,1999 y del año 2000.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRER Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por
su intervención. Le pido disculpas porque me he incorporado con
posterioridad al comienzo de su intervención por razones ajenas a mi
voluntad, que son imputables a los buenos servicios de la compañía aérea
que me ha trasladado a Madrid.
Quisiera decirle, en nombre de mi grupo parlamentario, que no somos
los proponentes de las iniciativas que se han planteado. Hemos conocido
los informes que usted nos ha remitido en relación con el programa de la
renta de 1997 y
también el seguimiento del plan de modernización de la. Agencia
Tributaria. Mi grupo parlamentario tiene que trasmitirle, señor
secretario de Estado, que del documento que usted nos ha remitido
vamos observando cómo se van ampliando los resultados de la gestión de
la Agencia en relación con lo que debe ser un proceso de modernización
y de adaptación constante y progresiva para facilitar a los ciudadanos
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Mi grupo simplemente
constata que el programa Padre está teniendo una buena recepción. El
origen de este programa es de hace bastantes años. Hemos comprobado que
en los últimos dos años, por las medidas que se han incorporado (quizás
debido a -una mayor disponibilidad de disquetes y a una mejor impresión
de los documentos), ha habido un crecimiento importante en la
utilización de ese programa Padre. Yo 'creo que el programa Padre está
dando en ese sentido unos buenos resultados que facilitan el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. En ese sentido mi grupo
sólo puede hablar de la buena marcha de este programa. Evidenciamos
que en el ejercicio de 1997 y en la previsión para 1998 hemos dado un
salto sustantivo en la utilización de este programa en beneficio del
ciudadano, que tiene mayores facilidades para poder cumplir sus
obligaciones. Creo que todo lo relativo a intensificar las actuaciones
informáticas y a facilitar medios informáticos para poder extender la
utilización de ese programa se está viendo como muy positivo. En ese
sentido, le instamos a continuar en esa dirección.
De la lectura del informe que usted nos ha remitido, hay algunas
cuestiones que mi grupo quisiera plantearle. La primera es por qué razón
en el programa Padre, en lo que hace referencia a las entidades
colaboradoras, no figura ningún acuerdo con la comunidad autónoma
andaluza. Veo que todas las comunidades, las de régimen común, incluso
también las dos ciudades de Ceuta y Melilla, están dentro de las
entidades colaboradoras, con lo cual he observado que este año
hemos incrementado la utilización y los resultados a través de las
comunidades autónomas. Mi grupo quisiera conocer por qué razón falta
sólo una comunidad. Entiendo que a Navarra y el País Vasco no les
corresponda por su régimen específico, pero quisiera saber por qué
Andalucía no está en esta línea.
Observo que Hacienda ha mandado 250.000 cartas a
los ciudadanos recordándoles que tienen obligación de declarar
rendimientos procedentes de letras del Tesoro, fondos de inversión y
sociedades transparentes. Creo, señor secretario de Estado, que 250.000
cartas son muy pocas. Hay muchos más partícipes de fondos de inversión,
tenedores de letras del Tesoro y sociedades transparentes.
Les invitaría a intensificar los esfuerzos de comunicación, porque creo
que por esa vía avanzaríamos de una forma sustantiva para conseguir un
mejor resultado en la lucha contra el fraude, puesto que el ciudadano
se encontraría obligado a declarar los rendimientos obtenidos de
determinadas participaciones, lo que incrementaría el resultado de la
gestión del impuesto. Creo que 250.000 cartas son pocas, repito, y en
todo caso les invito a intensificar las acciones y los medios necesarios
para que se automatice la comunicación al ciudadano, al tenedor de
letras y de participaciones de fondos y al titular de sociedades
transparentes, informándoles Hacienda de antemano las cantidades que
deben incorporar en la declaración de la renta.
También quiero indicarle, señor secretario de Estado, que observamos
que en la campaña de 1997 ha habido un incremento del 12 por ciento
de declarantes, lo que valoramos satisfactoriamente. Además,
consideramos que el paso a casi 8 millones de declaraciones realizadas
mediante el programa Padre es un dato importante. Casi más de la mitad
de los contribuyentes utilizan para su declaración el programa de la
Agencia Tributaria, que da mayor seguridad y mayores garantías de un
correcto cumplimiento de las normas fiscales. Yo creo que esta es una
buena línea de mejora de la gestión de la Agencia, y deberíamos ver de
qué forma los 8 millones podían pasar a ser 10 ó 12 millones en el
próximo ejercicio 1999. En este sentido, la nueva reforma del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas debería contemplar medidas
específicas para incrementar entre 2 y 4 millones el numero de personas
que utilicen el programa Padre para cumplir con las obligaciones
fiscales. También les animaría a concentrar los esfuerzos para que,
conjuntamente con la nueva reforma, se intensifique esta línea de acción
y mejora de la gestión, especialmente la que hace referencia a la
utilización de disquetes y procedimientos de impresión, porque se está
constatando que este es el paso más sustantivo que se ha dado en la
utilización del programa Padre. Reitero que esta es la buena dirección
para someter a un mayor control y exigencia a los ciudadanos para que
cumplan con sus obligaciones.
Quiero constatar con satisfacción, señor presidente, que, al
analizar la distribución territorial de los puntos de atención del
programa Padre, veo que Cataluña es la comunidad autónoma que con más
extensión ha utilizado esos procedimientos. Con más de 5.000 puntos
de información y de suministro de datos al contribuyente, y en
comparación con otras comunidades autónomas, constato que el volumen es
casi el doble de la que más puntos tiene en estos momentos. Por lo
tanto, la informática está siendo, señor secretario de Estado, el
instrumento clave para conseguir un buen cumplimiento de las
obligaciones fiscales, y en ese sentido quiero manifestar mi
satisfacción por el dato que aparece en el informe que nos ha
dado.
Quisiera también indicar al secretario de Estado que observo en el
informe del ejercicio de 1997 que ha habido devoluciones en dicho año
a 10 millones de contribuyentes, lo que demuestra la necesidad de
revisar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por tanto,
entre otras muchas razones para estar discutiendo en este momento en
esta Cámara una reforma de dicho impuesto, una de ellas es que el que
tenemos hoy no sirve, porque no es posible que haya 10 millones de
devoluciones sobre 14 millones de
contribuyentes. Algo no funciona, y una de las razones profundas de la
revisión de este impuesto es replantear su esquema para que no tengamos
que hacer devoluciones a 10 millones de contribuyentes por un importe
de cerca de un billón de pesetas en un ejercicio económico. Constato,
por tanto, una vez más, señor secretario de Estado, que con los datos
que ustedes nos dan se justifica y fundamenta la urgente necesidad de
reformar el actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Finalmente, quiero hacer una puntual referencia al plan de modernización
de la Agencia Tributaria. He leído con atención el calendario de
ejecución del plan de modernización, y quiero decir en nombre de mi
grupo parlamentario que en su día ya le transmitimos que el plan que el
Gobierno nos planteaba era bueno desde el punto de vista de
intenciones, propósitos y planteamientos, con un extenso volumen de
compromisos de actuación y de reforma de la acción de la
Administración tributaria, pero al ver el informe de marzo de 1998,
constato que todavía estamos en un período muy prematuro para realizar
un balance exhaustivo de lo que puede suponer el programa de
modernización de la Agencia. Porque veo que, según los datos contenidos
en el informe, de unas 100 actuaciones que se reflejan, casi 70 están
situadas en el tiempo a lo largo de 1998 y 1999, lo que dificulta que
nuestro grupo pueda hacer hoy una valoración y un balance del resultado
del plan de modernización de la Agencia. Constatamos que el plan está
iniciado en un 20-25 por ciento, pero que para el restante 70-75 por
ciento las previsiones son que se termine de ejecutar y materializar a
lo largo del segundo semestre de 1998 y, especialmente, en 1999. Por lo
tanto, debemos esperar a la finalización del plazo, esto es 1998-1999,
para realizar un análisis político de los resultados del plan de
modernización. Ahora bien, quiero sumarme a las voces que se hayan
podido manifestar en el sentido de la conveniencia y la necesidad de
afrontar profundamente la reforma de la Agencia Tributaria. El plan
establecía ese propósito, pero constatamos la necesidad y la urgencia
de acelerar todas las actuaciones posibles para no demorar esta reforma,
porque la consideramos absolutamente necesaria por la situación interna
de la Agencia Tributaria. Repito que sería poco creíble que hoy nos
anticipáramos a hacer un balance del programa, con más de 100
actuaciones, cuya ejecución está prevista para 1999 y parte de 1998.
Reiteramos nuestra posición política de adherirnos al propósito de hacer
el plan y la reforma y nos emplazamos para los próximos meses, quizá en
el primer semestre de 1999, para realizar una valoración política más
extensa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Nacionalista
Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Agradezco al secretario de Estado de Hacienda
su presencia en esta Comisión, que tiene como objeto realizar la
comparecencia cuatrimestral que está programada y ha sido aprobada por
esta Cámara, previa remisión del informe correspondiente,
No me voy a extender en este capítulo, porque ya lo hice en la
comparecencia anterior, pero tampoco tengo que dejar pasar el hecho de
que hay que entender que si estas comparecencias no vienen precedidas
de la remisión del
informe, difícilmente podremos debatir, al menos en profundidad, los
datos que se presentan. Yo vine ayer expresamente a Madrid a preparar
esta comparecencia y a intentar encontrar este informe, que me ha sido
entregado diez minutos antes de comenzar la sesión. Lo único que se me
ocurre decir es que no voy a comentar los datos que contienen los tres
informes que aquí aparecen, entre otras cosas, porque no me gusta
improvisar ni hablar sobre la marcha. Espero que la situación cambie en
las próximas ocasiones, al menos por deferencia a esta Comisión y a
estos diputados, que están en una situación que el secretario de Estado
conoce perfectamente porque ha estado sentado en estos bancos, además
como portavoz de su grupo en temas de Hacienda, por lo que tiene que
entender perfectamente que lo que estoy pidiendo no es sólo el
cumplimiento de un acuerdo, sino una necesidad que tenemos si
verdaderamente queremos sacar algún provecho de estas comparecencias.
Por lo demás, lo que yo propondría es que no existiesen las
comparecencias, que se enviaran los informes correspondientes y
nosotros estableceríamos las iniciativas parlamentarias necesarias
para aclarar algunos aspectos 0 haríamos las propuestas que
estimásemos oportunas. Siento tener que volver a dedicar varios
minutos de mi intervención a reclamar algo que no tendría por qué
hacer.
Lo que le sugiero es que envíen previamente el informe, por lo menos,
unos días antes, cosa que por parte de la Secretaría de Estado de
Presupuestos ya se ha cumplido. En la comparecencia anterior del
secretario de Estado de Presupuestos le dije exactamente igual y no
sé si es que me ha hecho caso a mí o al resto de los portavoces que
lo denunciaron, pero la comparecencia del secretario de Estado hace unos
días vino precedida del envío de la información, lo que favorece el
análisis y permite hacer preguntas 0 aclarar algunos aspectos. Por
tanto, le sugiero que esto se pueda hacer así. Creo que incluso las
cosas se han hecho con buena voluntad, y han querido dar los últimos
datos que tenían cerrados. No es necesario tener los datos para un
análisis de la evolución del cumplimiento de un departamento del
Gobierno. Lo que sí me gustaría es tener los datos de ese cuatrimestre.
Se podría haber cerrado en abril y tener esos datos hoy y poder hablar
sobre ellos, que, por otra parte, parece que son excelentes. Se están
cumpliendo todos los objetivos de recaudación -cosa que desde mi grupo
parlamentario nos encanta que sea así-, pero le sugiero que, aparte de
enviar con tiempo la información, incluyesen también el grado de
cumplimiento de los datos recaudatorios con respecto a lo
presupuestado, haciendo un análisis de las desviaciones y de los
comentarios.
Es cierto que conocemos los datos en cuanto a los ingresos y gastos que
vienen recogidos en el informe del secretario de Estado de Presupuestos
y que seda repetir quizás si esos datos viniesen en el informe que
presentara el secretario de Estado de Hacienda, cosa que desde el
ámbito de Hacienda no debería de extrañar mucho porque si en algún
sitio se piden datos duplicados permanentemente es desde Hacienda. Cada
vez que vas a hacer algo en Hacienda te están preguntando el año de
nacimiento del cónyuge. No debería de extrañar desde el ámbito de
Hacienda que se pidan datos que pueden ser duplicados porque haya sido
otro secretario de Estado el que los haya dado, pero con una visión
distinta que no es la de presupuestos, sino la
del cumplimiento de los datos recaudatorios. No es tanto duplicar los
datos, sino analizarlos desde otra perspectiva. Esas son las
sugerencias que quería hacer en la primera parte de mi
intervención.
Por otra parte, como presidente de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria -que también es motivo de su comparecencia-
en la anterior comparecencia se presenté el plan de modernización y
los resultados de la Agencia en el año 1997. Por eso nos hubiera gustado
tener con antelación estos informes que nos ha traído hoy para ver cómo
iba evolucionando desde la última comparecencia el cumplimiento de ese
plan de modernización y cómo están comparativamente los resultados a
mayo de 1998 con respecto a 1997. Ese es otro de los motivos por los
cuales deberíamos haber tenido los informes antes.
En cualquier caso, al margen de estas comparecencias, que son
consecuencia de la propuesta undécima del informe de la Comisión
de investigación sobre la tramitación de expedientes de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria? existen otras propuestas que
no se han desarrollado. Uno de los aspectos más importantes de aquella
Comisión de investigación fue precisamente las conclusiones que sacamos
y los compromisos que exigimos al Gobierno sobre las deficiencias que se
estaban observando en el trabajo de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Aquellas propuestas y conclusiones fueron uno
de los aspectos más destacados de la Comisión, entre las que había
algunas que correspondían al área de la responsabilidad del Gobierno a
nivel general, es decir, se instaba al Gobierno; en otras se instaba a
algún ente, por ejemplo, al Tribunal de Cuentas, al que también se le
transmitió y a la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que
estableciese una serie de controles, pero la mayoría iban dirigidos a
lo que es competencia de la propia Agencia, por ejemplo, la tercera.
La tercera propuesta hablaba de las medidas necesarias para evitar la
repetición de los hechos que se hayan puesto de manifiesto y para eso
hablábamos de la necesidad de modificar la normativa de la Ley General
Tributaria y del reglamento de inspección. Al margen de la reforma del
estatuto del contribuyente -que no es suficiente y que no se puede dar
como definitivo el hecho de que compense la necesidad de reformar la Ley
General Tributaria y el reglamento de inspección-, sería conveniente
saber a este respecto cuál es la idea de la Secretaría de Estado de
Hacienda con respecto a esta modificación de la Ley General
Tributaria y el avance sobre la modificación del reglamento de
inspección.
La cuarta propuesta que se establecía allí era reforzar la lucha
contra el fraude fiscal. Entre otras cosas, he aprendido en este trabajo
a leer entre líneas y a saber cuando leo un medio de comunicación, un
periódico, qué estoy leyendo. Me ha preocupado lo que publica hoy El
País. Primero da unos datos internos de Hacienda sobre la deuda
tributaria descubierta No sé si es cierto o no, pero indudablemente
requiere una explicación. También me ha llamado la atención, en cierto
modo preocupación, si es cierto que existe ese malestar dentro de la
Agencia por parte de los inspectores que se agrupan en la asociación
Apife, así como si son ciertas las denuncias que se hacen. Esto necesita
una aclaración y soy consciente de lo que estoy leyendo y en dónde
lo leo, pero, en cualquier caso, querría saber si es cierto y hasta qué
punto.
En relación con el tema de la lucha contra el fraude fiscal, me
gustaría saber cuáles han sido los resultados sobre el seguimiento y el
control de las inspecciones en curso, que es lo que contempla esta
propuesta octava. La propuesta octava contemplaba que iba a haber un
seguimiento y un control sobre las inspecciones en curso. Querría saber
si eso se está produciendo y cuáles son los resultados.
Respecto a la propuesta duodécima, en la anterior comparecencia le hice
esta misma observación y usted justificó que el actual modelo de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria es el correcto en base
a que el ente público recauda para muchas administraciones, recauda para
el Estado, para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos y, por
tanto, da a entender que el modelo de Agencia Estatal de la
Administración Tributaria es el adecuado. Sin embargo, no es eso
exactamente lo que dice la propuesta duodécima. La propuesta duodécima
dice y leo textualmente: Someter a estudio el modelo organizativo de la
Agencia Tributaria mediante auditorías de organización y eficacia para
poder constatar si se justifica la excepción del sistema general de
organización administrativa consagrado en la Ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado. Es decir,
someter a estudio el modelo organizativo de la Agencia Tributaria
mediante auditorías de organización y eficacia. Eso es lo que le
preguntaba y lo que le pregunto. $e ha efectuado o hay previsión de
efectuar este estudio, estas auditorías?
Finalmente, hay otro tema que no está en el orden del día, y por
tanto, el secretario de Estado tiene absoluta libertad para contestar o
no, pero la verdad es que no me resistía a hacerlo, porque es un tema
que en estos momentos, y dentro de lo que puede ser Hacienda y su
problemática preocupa a todos, y sobre todo, a los contribuyentes:
la reforma del Impuesto sobre la Renta. Vamos a empezar a debatirla en
el mes de julio, la ponencia va a empezar mañana, pero quedan en el
aire unas cuestiones que espero me diga, como suelen decir los ministros
los miércoles en la sesión de control al Gobierno, cuando a algún
miembro de su grupo le hacen preguntas: me alegro de que me haga esta
pregunta. Espero que me pueda decir eso, pero creo que son necesarias
también algunas aclaraciones. Una de ellas es, desde luego, la
cuantificación oficial de la reducción de ingresos que va a
suponer esta reforma.
Tenemos que tenerlo claro y no estar leyendo permanentemente
valoraciones que se están haciendo sobre el impacto recaudatorio de
esta reforma. Tan importante como eso o más, desde mi punto de vista, es
el plan o el programa de compensación de esa menor recaudación; es
decir, con qué hipótesis de trabajo se ha estado haciendo la reforma.
Me va a hablar del crecimiento económico, que indudablemente es uno de
los aspectos fundamentales para poder hacer frente a esa compensación
de recaudación; pero a mí hay un tema que me preocupa, y es que uno de
los aspectos que se ha puesto de manifiesto como compensación para esa
menor recaudación es que este crecimiento económico va a producir, por
supuesto, mayor incremento de inversión, mayor crecimiento del producto
interior bruto y, consecuentemente, creación de empleo y puestos de
trabajo. Ahí es donde me surge la duda, porque siendo eso así
-y espero que así sea-, el problema es que quizás el crecimiento de
trabajo vaya en aquellos puestos cuya retribución está en las zonas
bajas y van a quedar exentos del Impuesto sobre la Renta, con lo cual
se me empieza a desarmar un poco el planteamiento o la hipótesis de
trabajo, porque esa creación de puestos de trabajo, si analizamos
las estadísticas, se va a dar en aquellos niveles de renta que van a
estar exentos de tributación, con lo cual la compensación mediante
el crecimiento de trabajo o del empleo es relativa.
Hay otro aspecto que también puede entrar dentro de esa compensación de
la menor tributación, y es la lucha contra el fraude, pero desconocemos
los datos, y por lo que algún portavoz ha dicho anteriormente, también
desde Hacienda se desconocen los datos y no se pueden prever. Si no se
pueden prever, dentro de esa hipótesis de trabajo de compensación de la
menor recaudación, difícilmente se podrá establecer una cifra
proveniente de la lucha contra el fraude; y, por supuesto tampoco
aparece, y es una de las cuestiones que me gustaría saber. He mirado
por encima el plan y el calendario de trabajo del plan de modernización
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y hay un aspecto que
no he visto y no sé si está contemplado. El hecho de que esta reforma
vaya a exigir menor tributación, menores contribuyentes, lógicamente,
va a dar como consecuencia, un excedente de personal que debería ser
aprovechado precisamente para incluir en el capítulo relacionado con
la lucha contra el fraude; es decir, ese trasvase de personal lógico
que desde mi punto de vista se debería producir. Se me puede decir
que la especialización de un departamento conlleva la adaptación de ese
personal a tareas de otro departamento, pero ese será un problema
interno de organización. Está claro que a partir de ahora, en lo que es
gestión tributaria, va a sobrar personal, y debe dedicarse a lo que es
la lucha contra el fraude. Yo no sé si eso está contemplado y por eso
le pregunto, pues en este informe, por lo que he visto ahora, en un
momento, no lo he encontrado.
No sé si además dentro de esa hipótesis de trabajo, está la reducción
de gastos para compensar esa menor recaudación. Se está diciendo que no
y en principio se tiene que contar con que no va a haber reducción de
gastos, pero de gasto social; sí debe haber un control de gasto
corriente. No sé si entra dentro de esa cuenta de mayor, donde por una
parte aparece la reducción y por otra parte la compensación.
Tampoco sé si ha habido una simulación del modelo de reforma del
impuesto para épocas de crisis. Las cosas van bien, la economía crece
y va a seguir creciendo, pero ahí tenemos los problemas que en estos
momentos en otros países ya están teniendo en cuenta y están valorando.
La crisis actual financiera de Japón, la situación de Rusia y de
Hispanoamérica tienen que hacernos ser muy cautos, y, desde luego,
prever que quizás un crecimiento económico como el que estamos
obteniendo en estos momentos no es para siempre y que de alguna forma
nos estamos atando las manos para una situación futura en la que si
ese crecimiento no se produce tengamos problemas con este sistema de
reforma del Impuesto sobre la Renta.
Estas son, como digo, una mezcla de reflexiones y de preguntas, que,
como le he dicho al principio entiendo que no son propias de su
comparecencia, pero que no me he
resistido a exponer, porque creo que es uno de los aspectos que más
preocupan hoy al ciudadano. A ninguno se nos escapa que estamos
asistiendo a un momento importante ante el protagonismo de la
política presupuestaria y que dentro de esa política presupuestaria y
en este contexto los ingresos tributarios tienen un papel fundamental.
Esto conlleva que cada vez se necesita más una Hacienda eficaz y
eficiente. Mi grupo parlamentario esta pretendiendo poder ayudar aquí a
que eso sea así, porque va en beneficio de todos. Lo que pasa es que
algunas veces nos parece que desde el ámbito del Gobierno esto no se
entiende demasiado. Se nos ve como alguien que viene a criticar una
situación y no como alguien que pretende una Hacienda pública moderna,
porque eso va a ir en beneficio de todos. Esto conlleva también que con
ese criterio no se tenga miedo a dar datos, no se tenga miedo a que
conozcamos la situación real de la Administración tributaria, porque de
esa forma podremos colaborar mejor y que se deje ya esa inercia que se
ha tenido de que la Administración tributaria es un ente opaco y
poco transparente, porque siempre se ha dicho que estamos trabajando con
datos muy delicados de los contribuyentes. Creo que eso son posturas ya
superadas. Entre todos tenemos que hacer que esta Hacienda pueda ser
más eficiente con la colaboración y el seguimiento del Parlamento, para
lo cual pedimos se nos conteste a las preguntas que se hacen, que estas
comparecencias sean eficaces, que podamos debatir temas concretos, y
sobre todo, poder aclarar las cosas. Esa es, por la menos, la actitud
con que yo permanentemente vengo a este tipo de comparecencias y en
este caso también a ésta.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Voy a exponer mi
criterio con toda brevedad, pero antes quisiera agradecer a don Juan
Costa Climent su comparecencia y felicitarle por los datos que ha
suministrado. Conste que el informe anunciado no ha llegado a tiempo,
pero creemos que es una cuestión administrativa que queda compensada
con la exposición que ha hecho dentro del Plan general de objetivos al
evaluar los puntos de recaudación de ayuda al contribuyente y lucha
contra el fraude, y en la que se ve ha habido un alto grado de
cumplimiento. No voy a repetir todos los logros que se han obtenido
hasta la fecha por parte de la Administración hacendística, sino que
voy a resaltar con unas pinceladas cinco o seis puntos.
Primero, el cambio de filosofía que supone en materia tributaria la
Implantación del programa Padre, que refleja cómo poco a poco va
desapareciendo el criterio del ciudadano de ver la Hacienda Pública como
un gran ogro aplastante y exprimidor. No cabe la menor duda de que la
filosofía hacendística va cambiando, lo que es un avance importantísimo
en una sociedad moderna y progresista. Este paso se dio ya con la Ley
número 1 de este año, de Estatuto del contribuyente.
Mis cuestiones están relacionadas con el tema obsesivo de los 200.000
millones referentes a las conclusiones que se aprobaron en la Comisión
de investigación. Tengo que felicitarle porque analizó con detalle los
efectos de la entrada en vigor de la Ley de garantías del contribuyente,
el llamado Estatuto del contribuyente. Comprendo que la implantación de
esta nueva filosofía no sea fácil en un sistema creado y constituido con
mentalidades distintas. Es lógico que en el cambio de mentalidad de
estructura y de sistema, que va a suponer unos cambios materiales y
personales, la máquina tenga sus chirridos, pero lo que importa es que
se está avanzando.
En esa lucha contra el fraude, que todos los grupos políticos estamos
conformes en intensificar, tengo mis dudas de si la Fiscalía
Anticorrupción, si las agencias y las unidades específicas tienen los
medios materiales y humanos suficientes.
Refiriéndome de nuevo al Estatuto del contribuyente, quisiera saber cómo
está la cuestión, que quedó pendiente, de la cuenta corriente fiscal,
cuyo plazo se acaba uno de estos días.
También quisiera una aclaración sobre el gran decalage que existe en la
deuda liquidada 1997- 1998, aunque quiero suponer que es consecuencia de
que como no se ha acabado el ejercicio hay que esperar al final del
mismo para hacer una comparación más completa, que quizás haya un
desnivel de información por meses. Tenemos la esperanza, sobre todo
estos días que se ha pagado el IRPF, de que la presión fiscal
disminuirá para las clases medias y trabajadoras -como parece que
va a ser-, estamos convencidos, y así lo hemos defendido en el nuevo
modelo de IRPF que se va a tramitar.
Perdone que hable telegráficamente, porque son muchas las cuestiones que
se han planteado aquí y no voy a repetirlas, pero sí voy a reiterar una
que aparece hoy en los medios de comunicación sobre cierto malestar en
el personal de la Hacienda Pública.
Para terminar. en este momento que ha habido que pagar el IRPF se ve que
existen grandes fortunas que no tributan como debieran hacerlo, y es un
gran mal que tenemos en la Hacienda Pública española.
Por último, felicitarle por anticipado por su onomástica, que va a ser
mañana: igual que a los demás Juanes que tenemos aquí, que son seis: los
señores Eguiagaray, Saura, Zabalía más otros que no están presentes, y
alegrarnos un poco por los días felices.
El señor PRESIDENTE: Quizá el señor secretario de
Estado haya traído caramelos para repartir a SS. SS. con motivo de su
onomástica, pero no lo creo.
Vemos con tristeza que a pesar de que mañana es su onomástica, el señor
Eguiagaray ha vuelto al terrible vicio de fumar, lo cual no es bueno y
esperamos que rectifique con prontitud. (Risas.)
Por ultimo y en relación al primer turno de la comparecencia, tiene la
palabra por parte del Grupo Popular, el señor Martínez-Pujalte. He de
decirle que el señor secretario de Estado tiene que hacer con urgencia
determinados asuntos de suma brevedad, para lo cual se tiene que
ausentar de esta sala. Si usted lo tiene a bien, señor Martínez-Pujalte:
puede empezar su intervención sin perjuicio de que disculpemos al señor
secretario de Estado durante breves minutos.
El señor -MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor
secretario de Estado, le disculpo.
En primer lugar quiero agradecer la información recibida. A mi grupo
parlamentario sí le llegó ayer la información, la cual agradezco y
agradezco también que podamos celebrar estas comparecencias. No era
habitual que el presidente de la Agencia Tributaria compareciera
periódicamente; por tanto es de agradecer la presencia del secretario de
Estado en su calidad de presidente de la Agencia para informar de los
temas internos de la misma. En la anterior comparecencia, el presidente
de la Agencia informó acerca del plan de modernización. Fue una pena que
en esa comparecencia algunos grupos no estuvieran presentes y no
pudieran aportar ninguna sugerencia. Seguro que la presencia del señor
Saura y de los responsables del Grupo Socialista hubiera abierto caminos
a posibles consensos y sugerencias. Fue una lástima que se ausentaran
por razones diversas.
En la comparecencia de hoy planea un tema importante que es la puesta en
marcha del Estatuto del contribuyente, planea si lo que se alcanza con
el Estatuto del contribuyente, por lo que conlleva de mejorar el marco
de las relaciones tributarias, supone una mejor seguridad jurídica,
mayor equidad e incremento de las garantías de los ciudadanos, respeto
al Estado de derecho, o si esa implantación -como hoy publica algún
medio de comunicación- puede estar levantando resistencias en su
aplicación y si hay algunos grupos que prefieren lo de aquel ministro
del Interior de la patada en la puerta: levantemos las garantías de los
contribuyentes y así lucharemos mejor contra el fraude. Mi grupo
entiende que no, entiende -y así lo defendimos- que es preferible un
estatuto que mejore y avance en el marco de garantías entre la Hacienda
y los contribuyentes, en el marco de garantías de los contribuyentes
frente a la Hacienda Pública.
Nosotros entendemos -y yo lo entiendo bien- que a pesar de que en
algunos inspectores o en algunos miembros de la Agencia pueda levantarse
alguna resistencia al estatuto, porque efectivamente implica un mayor
trabajo y una mayor agilización del mismo, implica mayor profundidad y
rapidez en los trabajos de investigación, aunque eso sea así es buena
la implantación del estatuto, porque es positivo que los contribuyentes
españoles tengan todas las garantías, que se sientan respaldados con un
marco que facilite el respeto de todos sus derechos. Creemos que eso
además, a medio y largo plazo, contribuirá a crear una atmósfera
favorable para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y
pensamos que esa es la buena dirección.
Frente a eso se puede decir -yo a lo largo de la mañana en algún
momento lo entendí así- que en círculos bien informados, como decía un
periódico hace algunos años, en círculos de la Agencia Tributaria, se
comenta que... Yo creo que cuando estamos en la Comisión de Economía
del Congreso de los Diputados no se puede venir a decir en círculos
bien informados, en círculos de la Agencia. Hay una cosa, que son los
datos, y los datos son lo importante. Algún medio de comunicación pone
hoy: lo importante no son los datos, ya que a lo mejor son manipulables,
lo importante son los problemas de fondo y de futuro. No, el problema
real son los datos, y los datos son extraordinariamente positivos.
Quizá hoy aquí también se quiera dar la impresión de cierto desorden
en la Agencia Tributaria, pero el desorden hay que medirlo y
fundamentarlo. Cada portavoz es libre de decir lo que quiera; pero no
se puede decir, entiendo yo: señor secretario de Estado, es que no
conoce los datos ni usted. Entonces,
¿quién los conoce? Si los datos se nos dan, si se nos suministran los
datos de recaudación, de gestión, de inspección, deben ser los datos
oficiales; en otro caso hay que fundamentar las afirmaciones, pero no se
puede caer en la frivolidad de no fundamentarlas, haciendo, por otra
parte, denuncias graves. Me parece que eso no es de recibo y hay que
hablar de los datos reales. Además, cuando se habla de los datos de
enero a abril hay que comparar los datos de enero a abril, y cuando se
habla de enero a mayo son de enero a mayo. Cuando se comparan cosas
distintas -el señor Saura decía que no se pueden comparar peras con
manzanas-, cuando se comparan datos dichos por dos personas de distintos
períodos, se comparan peras con manzanas, y ahí puede haber cierto
error; error que yo también creo no es malintencionado, sino que ya
estaba el discurso preparado.
Señor secretario de Estado, yo creo que hay que fijarse en los datos, y
voy a hacer tres referencias a los datos reales. Por un lado, a los
datos de recaudación, que nadie ha hablado de ellos y son altamente
positivos. Se nos decía en esta sala que los datos de recaudación iban
a caer con motivo de la medida del nuevo marco fiscal de las pymes y que
iban a sufrir una disminución a consecuencia de las medidas fiscales que
iba adoptando este Gobierno desde junio de 1996. Pues los datos de
recaudación no sólo no han caído sino que tienen una evolución positiva.
Se pone de manifiesto que una rebaja de la presión fiscal individual
-concepto que yo no me he inventado, quizá otro portavoz socialista sí-
con reformas de la economía puede llevar a una mayor recaudación;
además, si se examina la recaudación de enero a mayo, se observa -si se
puede hablar así-, una mayor calidad de la recaudación; es una
recaudación que pone de manifiesto un incremento importante del
consumo, un importante crecimiento del empleo y también pone de
manifiesto una mayor tributación de los beneficios empresariales -el
crecimiento del Impuesto de Sociedades es mucho mayor que el
crecimiento del Impuesto sobre la Renta-, y los datos de recaudación
demuestran que se está recuperando la elasticidad, que la recaudación
está siendo superior al crecimiento económico de una manera importante,
lo cual a mi entender indica que la gestión está siendo positiva, que
la lucha contra el fraude está siendo positiva. Señor secretario de
Estado, en opinión de mi grupo este marco de recaudación señala que
estamos en el momento correcto para afrontar la reforma del IRPF, que
estamos en el momento correcto para hacer un nuevo IRPF que mejore y
baje la tributación de todas las ciudadanas y ciudadanos españoles y
añada mayor equidad al sistema tributario.
También se ha hablado esta mañana aquí de fraude; usted señor
secretario de Estado nos ha suministrado unos datos de fraude y
demuestran que la deuda instruida va aumentando. Esto de la deuda
incoada y la deuda liquidada es algo así como hablar del devengo y de
caja, parecen palabras difíciles pero los que hemos estado en la
comisión de los 200.000 millones sabemos bien que lo importante no es la
deuda incoada, sino la deuda efectivamente liquidada, y los datos de
deuda liquidada en el año 1997 han sido extremadamente positivos; en el
año 1998 han tenido cierto
décalage sólo en deuda liquidada que no en deuda total, y nos parece
que la evolución está siendo positiva. Desde luego el nuevo concepto,
al que usted ha hecho mención en su intervención, de que los objetivos
de la Agencia se tenían que fundamentar en deuda liquidada y no en
deuda incoada cuenta con el total apoyo de mi grupo. La deuda incoada,
como vimos en la comisión de los 200.000 millones, no sirve de nada si
luego no se cobra, como así sucedió, y creo que es un debate que
conocemos todos los que estamos hablando hoy. Por tanto, deuda
liquidada nos parece un buen argumento.
Hay que poner todos los medios en la lucha contra el fraude; ahí mi
grupo quiere buscar consenso con todos los grupos, así lo hemos dicho
varias veces. En la tramitación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas queremos que éste sea un capítulo esencial en el
encuentro de consensos con el resto de los grupos. Pagar más o menos
puede ser objetivo de un grupo y de otro no, hay grupos que entienden
que hay que subir los impuestos y grupos que entendemos que hay que
bajarlos, pero hay un objetivo común, que paguen todos los que deben
pagar, y ese objetivo es común de toda la Cámara y de todas las
señoras y señores diputados que hoy estamos aquí. Nos alegra que en eso
haya una coincidencia, porque es el dato fundamental. Creemos que las
medidas de lucha contra el fraude que se han incorporado al IRPF
pueden incrementarse. La simplificación del impuesto es la mejor medida
de lucha contra el fraude. La complejidad protege al defraudador, y por
tanto la simplificación es un camino extraordinario para luchar contra
el fraude y evitar prácticas elusivas.
Mejorar la gestión de la Agencia. Contra el clima que se
puede querer crear en algunos grupos de que la Agencia es un desorden,
yo creo que los datos de la campaña de renta de este año muestran todo
lo contrario. Creo que en la Agencia hay casi 1.000 inspectores y más
de 1.500 subinspectores. Recomendaba algún portavoz ir a tomar café con
ellos; no sé si se puede tomar café con todos, y quizá si se habla con
algunos que manifiestan más resistencia al cambio, más resistencia a
la aplicación del estatuto, pueden tener posiciones contrarias, pero lo
cierto, como dice el portavoz de Izquierda Unida, lo cierto y verdad,
como dicen en nuestro pueblo, es que la campaña de renta ha funcionado
mejor que cualquier otro año. Cuando ayer preparaba esta intervención,
estaba en el despacho un economista que me dijo: felicita al secretario
de Estado porque entregué la declaración el día 19, pude bajar el
programa Padre de Internet, no me costó ni un duro, no tuve que ir a
ningún asesor y el jueves pasado ya me habían devuelto. Evidentemente
eso indica que la Agencia lejos de ser un desorden es todo lo contrario,
está funcionando y en la campaña de renta se pone de manifiesto con una
eficiencia tremenda. Los millones de personas que han usado el programa
Padre, los millones de personas que han acudido a pedir información en
la Agencia, demuestran que la misma, lejos de ser un desorden, es todo
lo contrario. Está respondiendo con eficiencia y eficacia a ayudar
al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones. Hay que salir al
paso del humo que otros grupos parlamentarios quieren traer, criticando
sin fundamento algunos aspectos del funcionamiento de la Agencia.
Creo, y el señor secretario de Estado a lo mejor nos puede hablar de
esto, que el marco tributario de las pymes ha mejorado sustancialmente
en la lucha contra el fraude, y es justo ponerlo de manifiesto. La
nueva tributación del N4 para las pymes ha mejorado sustancialmente, y
creo que es un buen camino.
Respecto al plan de modernización, cuando estábamos en la Comisión de
los 200.000, ya dijo mi grupo que la Agencia necesitaba un plan de
modernización con urgencia. Hace tres meses lo debatimos en esta Cámara.
Hoy nos trae un calendario para poner en práctica la medida, le animamos
a ello y a que la Agencia Tributaria sea ágil, eficaz y ayude a los
contribuyentes a cumplir sus obligaciones tributarias. Mirando el mundo
ideal sería ideal que no hubiera fraude, que el descubrimiento del
fraude fuera cero porque todo el mundo cumpliera con sus obligaciones
tributarias. En ese mundo no vivimos, la Agencia tiene que seguir
levantando actas y siendo eficaz en la lucha contra el fraude; pero en
paralelo a eso tiene .que ir un aumento de eficiencia de la Agencia en
la ayuda al contribuyente a su gestión, en hacer que cumpla sus
obligaciones tributarias con la mayor simplificación posible. Creo que
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va en esa dirección
y nos gustaría encontrar también apoyo para eso. Es muy positivo que uno
de cada tres contribuyentes no tenga que hacer la declaración y todos
esos efectivos se concentren en la lucha contra el fraude y en la ayuda
a los contribuyentes en sus obligaciones.
El señor PRESIDENTE: No adelanten debates, que
pronto tendrán tiempo de hacerlos en esta Comisión.
Para contestar a las preguntas e interrogantes formulados, tiene la
palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Voy a
intentar contestar a todas las cuestiones que me han formulado SS. SS.
e intentaré
seguir, de alguna manera, el orden de intervenciones que han planteado,
pues algunas de estas cuestiones se plantean a lo largo de más de una
de las intervenciones.
En primer lugar, con relación a las cuestiones que me ha planteado el
señor Saura en su intervención, le diría que su capacidad para
asombrarme cada vez que tiene oportunidad de participar en una
comparecencia conmigo no tiene límites. Estoy absolutamente sorprendido.
Ha intentado transmitir a SS. SS., incluso a la opinión pública y hasta
a los medios de comunicación, que la Agencia Tributaria no funciona
correctamente. Eso es lo que ha intentado transmitir. Me gustaría que
tuviera en cuenta otros elementos de juicio para hacer esas valoraciones
y que efectuara un análisis mucho más amplio de cuáles son las cosas. Si
le preocupa algo en concreto, estoy dispuesto a discutirlo y haremos
referencia a las cuestiones específicas que le pueden preocupar, pero no
haga un análisis parcial, sacado de contexto, intentando transmitir la
imagen de que la Agencia Tributaria no está funcionando correctamente o
que este Gobierno no gestiona adecuadamente la Agencia Tributaria. Me
parece que determinado tipo de conclusiones y afirmaciones, cuando no
están suficientemente analizadas o contrastadas por elementos de juicios
e información, rayan
en la falta de responsabilidad. (Rumores.) Permítame, por favor, que
utilice mi turno de intervención.
¿Me quiere decir S . S . que la Agencia Tributaria no funciona
correctamente, cuando hay quince millones de personas que en el mes de
mayo y junio tienen que cumplir sus obligaciones fiscales y al 55 por
ciento de esas personas les va a ser más fácil y se les va a ayudar a
hacer la declaración? ¿Me quiere decir que la Agencia Tributaria no
funciona correctamente cuando hemos incrementado, a día de hoy, en un
50 por ciento los servicios de ayuda de la Administración tributaria?
¿Me quiere decir que no funciona correctamente cuando hemos puesto en
marcha mecanismos que no se ponían antes para hacer la declaración a
colectivos con discapacidad? ¿Me quiere decir que no funciona
correctamente cuando por primera vez en la historia se ha remitido a
344.000 contribuyentes sus datos fiscales, es decir, los datos que
nosotros tenemos, para que no tengan ningún problema a la hora de
hacer la declaración y tengan la confianza de que la hacen
correctamente? ¿0 me quiere decir que la Agencia Tributaria no
funciona correctamente cuando los datos en materia de lucha contra el
fraude que se han desarrollado como consecuencia de la dirección de
este Gobierno, han sido los más espectaculares en la historia de la
Agencia Tributaria?
Le puedo dar dos cifras de ejercicios cerrados. En el año 1996, en que
las responsabilidades de este Gobierno afectan aproximadamente a la
mitad del mismo, la deuda liquidada fue un 15 por ciento más que en el
año 1995: 488.773 millones frente a 424.000 del año 1995. ¿No le
parece importante ese dato? Es un dato del año 1995 y del año 1996, un
dato en el que este Gobierno tenía responsabilidades en la
Administración tributaria. Creo que esos datos los tendrá que tener en
cuenta a la hora de hacer sus análisis y sus valoraciones. ¿Qué ha
ocurrido en el año 1997, donde ha sido este Gobierno quien ha gestionado
desde principio del ejercicio hasta el final, las cuestiones
relacionadas con la Administración tributaria y ha fijado el plan de
objetivos en materia de lucha contra el fraude? Fíjese, en materia de
deuda liquidada, es decir, la deuda que se puede cobrar finalmente,
las actas levantadas ascienden a 529.000 millones de pesetas, casi el 25
por ciento más que en el año 1996. Creo que es poco responsable decir
que la Agencia Tributaria no está cumpliendo sus objetivos y no está
funcionando de manera correcta y adecuada, cuando se han mejorado los
servicios como nunca. En lugar de retrasando el dinero que se devuelve
a los contribuyentes todos los años como consecuencia de la renta, lo
estamos anticipando. Estamos descubriendo mucho más fraude fiscal del
que se había descubierto en cualquiera de los ejercicios anteriores.
¿Me quiere decir que no está funcionando correctamente la Administración
tributaria? Si no está de acuerdo con los datos del año 1998, los
podemos discutir. Creo que este es el momento y la oportunidad de
hacerlo, a pesar de que las valoraciones y las evaluaciones tienen que
hacerse sobre una base anual.
Ha hecho una valoración sobre algunos datos puntuales, parciales y
extraídos no sé de qué fuentes concretas, si tienen o no toda la
información que se exige para hacer un análisis, pero lo primero que le
diría es que intente proveerse de mejor información. A usted que es un
diputado que nos plantea muchísimas preguntas al Gobierno y a la
Administración tributaria, que además lo hace con mucha diligencia,
siguiendo la gestión tributaria día a día -y soy consciente de eso-,
intentamos suministrarle esa información con la mayor veracidad posible.
En algún momento podemos no estar a la altura de lo que nos está
planteando y no somos capaces de darle satisfacción, pero créame que
vamos a seguir en esa dirección, porque no tiene fuentes de información
veraces y adecuadas. Le están dando mal la información y me preocupa que
pueda sacar conclusiones de unos datos que no son los correctos, que
están sesgados o que exigen otros elementos de juicio.
Le voy a poner un ejemplo concreto. Usted hace referencia a que ha caído
el número de contribuyentes que están siendo inspeccionados por la
Administración. En el año 1996, de cada cuatro contribuyentes que fueron
inspeccionados por la Inspección de los tributos solamente uno era de
comprobación general, el resto eran de comprobación parcial.
No son actuaciones tan importantes, desde el punto de vista
de la eficacia, en la lucha contra el fraude. Si un funcionario de la
Inspección de Hacienda le pide a un contribuyente un número de operador
en materia de comercio exterior y eso se considera y califica como una
actuación de la Inspección de Hacienda, es una actuación que no afecta a
la situación general del contribuyente y, por tanto, no tiene
trascendencia y repercusión de verdad desde el punto de vista de la
lucha contra el fraude. Si el acta corresponde a una actuación parcial
en la que se comprueba un tributo concreto en un ejercicio determinado,
o es igual de eficaz en materia de comprobación como una actuación
general. ¿Qué es lo que está haciendo la Administración tributaria en
estos momentos? Está reduciendo de manera muy significativa el número
de comprobaciones parciales de contribuyentes o de comprobaciones
puntuales de actos concretos que determinan actas sobre alguna
cuestión muy puntual en favor de actuaciones generales. De hecho, en
el ano 1998 está previsto que haya muchas menos actuaciones, pero el
50 por ciento va a ser de comprobación general, van a ser actuaciones
que afecten al conjunto de los ejercicios abiertos a inspección y a
todos los impuestos que afecten a un contribuyente concreto. Por tanto,
no se puede medir sobre el numero de lo que se ha hecho en una fecha
determinada si la Administración tributaria está actuando de manera
eficaz y eficiente. Ese es un dato importante. Me gustaría que lo
tuviera en consideración y, además, estoy dispuesto a darle más
información sobre ese dato.
Hay otro tema que también me parece importante. Una actuación de
investigación de la Administración tributaria no tiene por qué concluir
en un acta liquidada. Si se le están inspeccionando a un contribuyente
concreto todas sus operaciones durante cuatro o cinco ejercicios y no
finaliza en un acta, porque a lo mejor el contribuyente es insolvente
o ha evadido sus recursos, sino en una actuación que se está
desarrollando con los órganos jurisdiccionales, eso puede influir en
un ejercicio; influye si las actuaciones finalizan con deudas
liquidadas, con actas instruidas o con expedientes de delito fiscal. Eso
no se puede prever ab initio; se puede tener una ligera idea de lo que
puede ocurrir, pero no se puede prever. Este año la Administración
tributaria se dedica mucho más a las tramas de fraude organizado, tramas
que no suelen acabar con actas de inspección liquidadas
pero sí con investigaciones o expedientes seguidos por los órganos
jurisdiccionales. Le voy a poner un ejemplo: estamos dedicando en estos
momentos aproximadamente treinta funcionarios a tramas de fraude
organizado a nivel internacional que están desencadenando actuaciones
en paralelo con la Fiscalía anticorrupción por importe de 47.000
millones de pesetas.
Cuando un funcionario de la Inspección de Hacienda se pone a trabajar,
puede desembocar su actuación en un acta instruida que posteriormente
se liquida al ciento por ciento o no, en una actuación en paralelo con
los órganos jurisdiccionales o en un expediente de delito fiscal. Eso
hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración de los
datos. Para el Gobierno -no sé cuál es la opinión de S . S ., pero me
gustaría conocerla- es mucho más importante ciertas actuaciones,
aunque no finalicen con un expediente de deuda instruida o de deuda
liquidada, porque se trata de una operación que ha desarrollado una
determinada entidad o persona que ha transferido los fondos al exterior
y ha desaparecido de nuestro país. Por razones de efecto inducido en
otras actuaciones de obligados tributarios o de equidad, es importante
detectar e inspeccionar esas actuaciones que a lo mejor no son tan
rentables desde el punto de vista de las actas pero que son
importantísimas desde el punto de vista de la equidad. Lo que no voy a
hacer es decirles a los funcionarios de la Administración tributaria
que se preocupen única y exclusivamente del importe nominal de las actas
de inspección. A mí me preocupa machismo más que se dediquen a detectar
las tramas de fraude organizado, el fraude importante a nivel
internacional, en lugar de a justificar o levantar actas que, en muchas
ocasiones, no producen los efectos deseados.
Hace referencia S. S. a la falta de información que le he suministrado
con relación al Plan de modernización de la Administración tributaria.
Yo tuve una comparecencia el pasado mes de febrero en la que, por
razones de su cargo parlamentario, creo que no tuvo la oportunidad de
estar, y en la que -intenté dar información cumplida de cuál es el
contenido del Plan de modernización e informé sobre todas las
cuestiones relacionadas con el mismo. Probablemente, si hubiera
tenido la oportunidad de estar en esa comparecencia, no me habría
planteado la cuestión concreta de las unidades de auditoría informática
porque le habría dado la información en aquel momento. Las unidades de
auditoría informática se van a poner en marcha en diciembre de 1998
-así figura en el calendario de objetivos de la aplicación del plan-
y tienen como objetivo, en aquellos casos concretos que se detallen en
los que puede haber doble contabilidad o una contabilidad informática
distinta a la que se está suministrando a la Administración tributaria,
que personas especializadas del área informática puedan detectar tales
situaciones. Yo, por ejemplo, que no tengo la más remota idea de
informática, sería incapaz, y muchos inspectores que a lo mejor no
tienen la adecuada cualificación en materia informática tampoco pueden
detectar un fraude que está registrado por estos medios. Ese es el
objetivo de esta unidad. A lo mejor a usted no le parece muy importante,
pero para los funcionarios de la Administración tributaria, que de
manera insistente han reclamado la necesidad de estas unidades de
auditoría informática, es extraordinariamente importante.
En cualquier caso, ya que no tuvimos la oportunidad de debatir el Plan
de modernización cuando yo lo presenté en esta Cámara el pasado 18 de
febrero, estoy dispuesto a continuar explicándoselo y a seguir dándole
cumplida información. Pide S. S. que haga los deberes, pero si usted
analiza con mayor atención el contenido del plan, probablemente en el
mes de septiembre podremos quedar emplazados a efectuar un análisis
mucho más detallado y sosegado.
Señor Saura, aparte de que hagamos alguna recriminación desde el punto
de vista dialéctico, que no tiene la mayor trascendencia, lo importante
es que todos pongamos propuestas encima de la mesa. El Gobierno ha hecho
sus propuestas, y ha adoptado medidas en materia de lucha contra el
fraude y de modernización de la Administración tributaria. Lo que le
gustaría al Gobierno de verdad es contar también con la aportación de
los grupos parlamentarios, que tengamos la oportunidad de debatir
aquellas cuestiones que a usted le puedan preocupar y crea que no
están razonablemente recogidas en el Plan de modernización, de
intercambiar impresiones y, probablemente, de incorporarlas. Sería muy
bueno que sobre este Plan, que se puede seguir ahora de manera puntual
con el calendario que tienen SS. SS., podamos, además de ir comprobando
su aplicación, mejorar el contenido de las medidas que se incorporan al
mismo.
Me dice que no hago comparaciones homogéneas de la información. Le voy a
dejar al presidente los resultados de control de la -Agencia Estatal
de Administración tributaria del período de enero a mayo, con alguna
explicación adicional aparte de la documentación que ya tienen ustedes.
Se lo entrego al presidente para que no quepa la mínima duda de que la
Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda utilizan los
mismos datos.
¿Cuáles son los datos de las actuaciones de control de la Inspección de
tributos en el período enero-mayo de 1998 y la comparación con el
período enero-mayo de 1997? Solamente de Inspección, vamos a dejar de
lado otras áreas como la gestión tributaria. Los datos que yo les he
suministrado son: en materia de deuda liquidada -deuda liquidada: que es
lo importante: no la deuda instruida-, 221.697 millones en el período de
enero-mayo de 1997. En deuda liquidada, en el período de enero-mayo de
1998, 164.630 millones de pesetas. Actuaciones de la Inspección que han
desembocado en un delito fiscal en colaboración con la Fiscalía
anticorrupción o los órganos jurisdiccionales. Se lo intentaba explicar
antes: cuando un funcionario de Inspección inicia unas actuaciones
pueden acabar en un acta de inspección, de conformidad o de
disconformidad, que se liquide o no; pueden acabar en un expediente de
delito fiscal, o pueden acabar
en una actuación de los órganos jurisdiccionales. No se puede prever ab
initio cuál es el resultado de esas actuaciones. Cuando se enfocan los
planes de actuación de la Agencia hacia aspectos como el comercio
exterior, el comercio internacional, las tramas organizadas o los grupos
económicos, cada vez es más frecuente que esas actuaciones acaben en los
órganos jurisdiccionales y no en las actas que afectan a los
contribuyentes, que normalmente están cumpliendo con sus obligaciones
fiscales; adecuada o inadecuadamente en algunos casos, pero es lo que
está ocurriendo. Sin embargo, en el ámbito de las
actuaciones que han desembocado en los órganos jurisdiccionales o en la
Fiscalía anticorrupción, en 1997 teníamos 11.067 millones de pesetas y
en el año 1998 tenemos 73.198 millones de pesetas.
Yo creo que aquí es muy importante tomar la decisión de qué tipo de
fraude es el que quiere investigar y controlar la Administración
tributaria, si quiere investigar solamente el fraude que finaliza en
unas actas en las que se le pide una cantidad adicional al contribuyente
o quiere investigar de verdad los fraudes que sean más importantes desde
el punto de vista de la equidad, desde el punto de vista de las tramas
organizadas o desde el punto de vista de los efectos que luego pueden
tener en un funcionamiento adecuado del sistema fiscal. Si se pone en
marcha una operación en la que se eluden obligaciones fiscales en España
y esos recursos se trasladan al extranjero y va la inspección allí, a lo
mejor no levanta un acta porque no hay una peseta que cobrar. ¿Hay que
seguir inerme ante esas situaciones? Yo creo que de ninguna manera,
pero me gustaría conocer cuál es la opinión que tienen SS. SS. Sobre
esta cuestión, si nos tenemos que dedicar a inspeccionar más a aquellos
que se están inspeccionando todos los años de manera prácticamente
inercial o si tenemos que dedicarnos mucho más a investigar y a detectar
el fraude más importante, más organizado, con dolo y que normalmente da
lugar a responsabilidad criminal. La apuesta que ha adoptado la
Administración tributaria en este ejercicio es ésta.
Puede que otro factor haya influido en el importe de la deuda liquidada
de los cinco primeros meses -es de cinco primeros meses, no de cuatro;
el señor Rato el otro día habló de los resultados de control de cuatro
meses, no de cinco, y consolidados- y es que, sobre todo durante el
segundo semestre y una parte importante del segundo trimestre y a la luz
de los resultados de la Comisión que se celebró aquí, en la que
estábamos todos muy preocupados por los retrasos en las actuaciones
inspectoras, la Administración tributaria, la Agencia en concreto,
puso en marcha un plan especial. Se lo puede preguntar a los
funcionarios o a las personas que parece que le suministran alguna
información, no con todos los elementos de juicio, pero puede
contrastarlo también con ellos. Se puso en marcha un plan especial
con el objetivo de reducir de manera sistemática las deudas
pendientes de liquidación, porque de nada le sirve al erario público
tener un papel donde pone 50.000 ó 15.000 millones de pesetas si no
está liquidado. No le sirve de nada a la Administración tributaria. Es
lo mismo que si usted tuviera un cheque donde pone todo menos la firma
de la persona que tiene que hacerse cargo del pago de esas cantidades.
Se puso en marcha un plan especial para eso y para que no hubiera
retrasos que pudieran poner en peligro o perjudicar deudas como
consecuencia de los perjuicios que habíamos tenido en el ejercicio
de 1994, 1995, etcétera. Ese plan especial ha reducido la deuda
pendiente de liquidar en 80.000 millones de pesetas.
Se hizo un esfuerzo extraordinario en el último trimestre del año 1997,
incluso por la vía de mejorar la productividad de los funcionarios de
la Administración tributaria y tenerlo en cuenta como un objetivo
adicional. Lo que está claro, si el personal de la Administración
tributaria se ha dedicado una parte muy importante del año 1997 a
liquidar deuda instruida en ejercicios anteriores -porque la deuda
liquidada por primera vez en 1996 y 1997 es más alta que la deuda
instruida en esos mismos años-, es que a lo mejor no han podido iniciar
algunas actuaciones de inspección o de investigación, que se han
pospuesto para el primer trimestre de 1998. Señor Saura, es importante
tener en cuenta esa información, para que vea que en la Administración
tributaria, desde mediados del año 1996, no estamos viéndolas venir, es
decir, intentamos tomar decisiones. En alguna ocasión nos equivocaremos,
como todo el mundo, pero intentamos tomar decisiones que nos parecen
las adecuadas desde el punto de vista de la lucha contra el fraude.
En cuanto al bloqueo de los datos de control, no tengo la más remota
idea de que se pueda bloquear la información estadística que aparece en
las pantallas. Lo que estamos haciendo todos los días es crear más
aplicaciones informáticas para que todo el mundo tenga información.
¿Cómo podemos conseguir que la gente no se retrase en el cumplimiento
de los plazos? Sólo si hay información sobre el cumplimiento de los
plazos. ¿Cómo podemos saber si la gente está cumpliendo sus objetivos,
con independencia de que actuaciones que podían haber concluido con
deuda liquidada se deriven a expedientes de responsabilidad criminal? Si
tenemos información, si la gestionamos y la tiene todo el mundo, ¿cómo
vamos a tener interés en que no aparezca en las aplicaciones
informáticas, en los datos esa información? También es cierto que las
aplicaciones informáticas se mejoran, se actualizan y se ponen al día.
A lo mejor se refiere S. S. a un parón debido a una de esas
circunstancias, pero lo que no se va a producir nunca es una sustracción
de información a los funcionarios de la Administración. Si está es para
ser utilizada y tiene que seguir siéndolo; lo que no podemos hacer es
sacarla de las pantallas de los ordenadores.
En materia de lucha contra el fraude, que es una cuestión que nos
preocupa a todos, hay dos aspectos sobre los que sería importantísimo
tener un debate en esta Cámara. Si SS. SS. lo consideran oportuno, en
cualquiera de los meses posteriores podríamos aprovechar esa
oportunidad. Tendríamos que ser capaces de valorar si determinadas
medidas, que suponen cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales,
son más rentables desde el punto de vista del fraude o del cumplimiento
de la mejora del sistema fiscal que otras actuaciones que dan lugar a
actas o a liquidaciones. Le voy a poner un ejemplo, señor Saura, para
intentar clarificar lo que quiero transmitir. Si nosotros este año hemos
enviado 344.000 cartas a contribuyentes diciéndoles cuáles son sus datos
en la Administración tributaria, ¿qué consecuencia tienen esas
comunicaciones? Que esos 344.000 contribuyentes no se van a equivocar o
no van a incorporar datos distintos en su liquidación. Si eso ocurre yo
ya no voy a poder, por la vía de gestión, emitirles un acta de
liquidación paralela o complementaria. ¿Estoy mejorando o empeorando
los resultados del área de gestión en el control? Yo creo que eso no
es importante, lo que es importante es la suficiencia global del
sistema. Le voy a poner otro ejemplo: se desarrolla una actuación ante
un contribuyente concreto, donde se sabe que el resultado económico va
a ser muy reducido, pero va a determinar que muchas otras personas que
han mantenido transacciones económicas con ese contribuyente presenten
liquidaciones complementarias, como ha ocurrido con algún registro en
algún sector o empresa concreta. Eso ya no aparece en los resultados de
control de la inspección o de la gestión y, sin embargo, es todo
recaudación inducida como consecuencia de una operación concreta.
Ese es un debate muy importante sobre el que esta Cámara debería
pronunciarse de manera explícita. Las cuestiones que inducen a
cumplimientos voluntarios o adicionales de obligaciones fiscales y que
se traducen en mejoras de la recaudación desde esa perspectiva y luego
las actuaciones de control, que tienen que ser la clave de bóveda del
sistema, tienen que garantizar la suficiencia global del sistema
tributario. Y dentro de ese tipo de operaciones tendremos que saber si
ustedes consideran que es más importante dedicarse al fraude organizado,
si creemos preferible dedicar las actuaciones a blanquear dinero negro
como consecuencia de la entrada del euro o si debemos centrarnos en otro
tipo de actuaciones. Eso es lo importante y hablar de propuestas
concretas, como ha hecho el Gobierno adoptando propuestas en materia de
paraísos fiscales para controlar los saldos y los movimientos en las
cuentas corrientes de los autorizados, para evitar el fraude en el
módulo como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre el Valor
Añadido, o creando una unidad. en el seno de la Oficina Nacional de
Inspección para controlar los grandes grupos económicos de manera
integral, desde cualquiera de sus accionistas hasta la última sociedad
del grupo, cosa que no se hacía con antelación.
Dice S. S. que influye también el estatuto del contribuyente y los
subinspectores en los resultados de la Administración tributaria. A lo
que no me voy a resignar es a que la eficacia de la Administración
tributaria en algún caso concreto sea incompatible con el reforzamiento
de los derechos de los contribuyentes. Eso es algo a lo que no puedo
resignarme. La Administración tiene que ser eficaz y mucho más
garantizando que en ningún caso concreto se vulneran o lesionan los
derechos del contribuyente. Es cierto que el estatuto del contribuyente,
que ha sido aprobado por esta Cámara, en algunas cuestiones concretas
como la separación del procedimiento de inspección del procedimiento
sancionador -no sé cuál fue su posición en el debate parlamentario, pero
la mía sí que fue muy clara, era necesario desvincularlo-, puede
retrasar algún expediente la parte de la sanción.
Esa es una realidad y por eso he dicho en mi intervención inicial que no
vamos a esperar al reglamento de inspección para sacar una norma
específica de procedimiento sancionador en el área de inspección.
Pero también le voy a decir una cosa, ¿sabe usted que en el área de
gestión hay procedimientos separados? Y no se producen problemas.
Lo que no podemos hacer es echarle la culpa al estatuto del
contribuyente. Desde luego, yo no pretendo echarle la culpa al
estatuto del contribuyente. Si usted cree que la responsabilidad es mía
porque no soy capaz de organizar la Inspección, la Agencia Tributaria,
está haciendo una valoración que legítimamente puede hacer. Yo
intentaré explicarle los datos y las decisiones que adopto. El estatuto
del contribuyente, que puede ralentizar las cosas al inicio, como
cualquier cambio normativo importante, y que hace que las cosas tengan
que ponerse en marcha, puede tener alguna incidencia, pero, señor Saura,
creo que mínima.
Me ha dicho también que no me entero de lo que pasa en la Agencia
Tributaria, que no tengo la más remota idea de lo que ocurre en la
Agencia Tributaria, por ejemplo, en el tema de los subinspectores. Le
voy a decir cuál es la situación de los subinspectores, porque a mí
siempre me ha preocupado tener la información de los colectivos,
pero concretando exactamente qué es lo que está ocurriendo en cada
colectivo, porque si le prestamos antes atención -que a mí también me
ocurre- a las conversaciones de café o de una persona concreta, que nos
dan un punto de vista de las cesas, pero siempre muy sesgado, llegamos a
conclusiones que no son adecuadas.
Hay 1.951 subinspectores y yo tengo un análisis de la situación en que
se encuentran los subinspectores en los que puede haber habido una
actuación anómala o una baja de su rendimiento. De estas 1.951 personas;
hay aproximadamente 300 en las que hay una situación anómala que afecta
a su rendimiento. De estas 300 personas, 75 tienen un trabajo normal y
no se quejan de nada, pero el rendimiento es bajo; es decir, que no
están produciendo lo que deberían producir en función de su plan de
objetivos. Por tanto, ya tenemos detectado lo que ocurre en un grupo.
Otros años la cifra puede ser superior o inferior, pero, dentro del
área de subinspección, hay 75 personas que no están cumpliendo con lo
que serían sus objetivos. Después, como otra situación anómala, hay
159 personas de la subinspección que se niegan a elaborar las actas,
pero, tras requerírseles por escrito esa elaboración, las firman. Son
un poco menos del 10 por ciento del total de los subinspectores.
Esta es la realidad de los datos de la subinspección, que me preocupa y
sigo día a día, razón por la cual se han adoptado muchas medidas en
materia de subinspección: desde los acuerdos que se alcanzaron en el
mes de diciembre hasta las medidas que he adoptado yo en este mismo
ejercicio, como, por ejemplo, mejorar la situación retributiva de
los subinspectores, que en algunos casos llevan tres años cobrando
la misma retribución en el mismo nivel o crear las unidades para
mejorar la eficiencia y la flexibilización del trabajo de los
subinspectores. Ahora, bien -se lo digo con la mejor intención del
mundo, señor Saura-, si usted es capaz de darme alguna solución concreta
para, desde el punto de vista de la política de personal, mejorar la
productividad o el rendimiento de un colectivo concreto de la Agencia,
estoy dispuesto a tomarla en consideración y valorarla. Pero también le
voy a decir una cosa: en mi opinión, no es bueno -cada uno puede hacer
lo que quiera- que analicemos en clave política las cuestiones de
organización de personal, de gestión de personal, y le voy a decir
por qué. Porque vamos a desautorizar a cualquier responsable -que no es
na persona que asume responsabilidades políticas- de gestión de recursos
humanos en un sitio u otro para adoptar las decisiones que pueden ser
más oportunas desde el punto de vista de la organización, y a mí me
preocuparía eso cuando no hay un trasfondo que pueda ser importante.
Si usted, señor Saura: considera que hay alguna cuestión pendiente a la
que no he contestado suficientemente, porque es muy estricto y busca
siempre una información de matrícula de honor y, a lo mejor, yo no he
estado a la altura y no le he suministrado tanto dato o no he dado en el
blanco,
quiero decirle que en un segundo turno de intervención puedo completarle
algunos datos o hacerle llegar otros.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista ha
hecho un análisis de la información desde el punto de vista
recaudatorio, de cómo se están comportando los ingresos. Lo primero que
querría decirle es que los ingresos se están comportando de una manera
muy positiva -10 que nos permite cubrir nuestros objetivos en materia de
déficit público- por dos razones: una, por el buen comportamiento de la
economía, que está haciendo que los ingresos se comporten de forma muy
dinámica, y dos, por la eficacia en la gestión de la Administración
tributaria. Cuando el IVA está creciendo a una tasa del 10 por ciento y
el consumo privado está creciendo a una tasa del 6 por ciento, es porque
hay una mayor garantía de que se está mejorando el cumplimiento en el
Impuesto sobre el Valor Añadido en relación al que existía en otros
ejercicios. Y eso no es una cuestión de medidas normativas, porque
probablemente usted recordará que en el año 1995 se subió un punto el
IVA -10 hizo un Gobierno del Partido Socialista- y la recaudación creció
un 4 por ciento, es decir, poco más o menos, la inflación, después de
una subida de un punto en el tipo del IVA, cuando en el ejercicio
anterior la recaudación había crecido un 12 ó 13 por ciento sin ninguna
subida normativa. Hay que analizar estos datos siempre con una cierta
perspectiva y con un poco de prudencia.
¿Ha subido la presión fiscal? En términos de derechos reconocidos, se
ha mantenido razonablemente estable a lo largo de los últimos dos
ejercicios. Ello a pesar de dos factores: por un lado, que en un
sistema elástico, como es el sistema fiscal español, cuando la economía
crece, pueden producirse crecimientos de la recaudación por encima de
la economía y, por otro lado, el efecto que puedan haber producido
las reducciones de impuestos que se han venido practicando desde
mediados de 1996, reducciones que han afectado a las pequeñas y
medianas empresas, que han afectado a los pequeños ahorradores, que han
afectado a los trabajadores que suscribían un plan de pensiones y que
han afectado a muchos colectivos de ciudadanos españoles. El Gobierno no
ha adoptado ninguna medida de subida de impuestos.
Cae la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si
no se comporta de manera dinámica con relación a la recaudación, es
precisamente una de las razones que el Gobierno ha tomado en
consideración para justificar la necesidad de modificar el impuesto
sobre la renta. Este impuesto no es el que diseñó el Gobierno, sino que
lo diseñó el Partido Socialista. El Gobierno, a pesar de haber iniciado
un proceso de reforma, lo está aplicando y produce consecuencias
negativas, y una de ellas es que desde 1991 ha empezado a gravar más y
más a los asalariados, es un impuesto en el que la recaudación no crece
con relación al crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque podían
existir situaciones, como por ejemplo la de las plusvalías, en las que
contribuyentes con miles de millones de plusvalía no tuvieran que pagar
impuesto sobre la renta como consecuencia del régimen que se introdujo
en el año 1991, o puede ocurrir que se estén aplicando incentivos o
desgravaciones fiscales no justificadas que crecen muy por encima del
crecimiento de la economía y hacen que la
recaudación líquida del impuesto se comporte de una manera inferior al
crecimiento de la economía en algún momento determinado o ejercicio
concreto. Hay una serie de factores estructurales que son los que
aconsejan claramente reformar el impuesto. Esa es una de las razones
importantes por las que el Gobierno ha decidido plantear una reforma,
reforma que nos va a garantizar, en un momento de crecimiento económico,
que la recaudación del impuesto pueda crecer medio punto o un punto más
de lo que crece la economía. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que
usted está diciendo, las bases declaradas, las rentas declaradas en el
impuesto sobre la renta han crecido medio punto por encima de la
economía.
Sin embargo, la recaudación ha crecido por debajo de la economía a lo
largo de los últimos cinco años, y eso por el efecto de los incentivos
y de las desgravaciones fiscales que benefician sólo a determinados
contribuyentes y hacen que la. recaudación se comporte de esa manera.
Sí, los impuestos indirectos están creciendo de manera significativa,
en parte porque estamos mejorando la aplicación efectiva del sistema
fiscal y tributario. En materia de módulos, el IVA por la recaudación
y las ventas de grandes empresas ha crecido por encima del 10 por
ciento. ¿Por qué se ha producido esa situación cuando el crecimiento.
del consumo privado es un 3,4 por ciento de crecimiento real y un dos
y pico por ciento deflactor? En parte, porque el nuevo sistema de
módulos ha producido como efecto que los pequeños contribuyentes que
actúan de distribuidores de las grandes empresas exijan factura y
tengan que pagar el IVA a sus proveedores para poder rebajar su
factura fiscal. Eso está permitiendo un control muy importante en el
área del IVA y que el crecimiento de la recaudación sea
significativamente muy superior en varios puntos al crecimiento del
consumo privado, algo que no se suele producir habitualmente. Desde
luego, si S. S. observa las series de años anteriores, en ninguno de
los años en los que tenían responsabilidades de gobierno gobiernos
anteriores se producían estas diferencias entre consumo privado y
recaudación.
Respecto del tema de la insuficiencia de recursos, sólo le voy a
poner un ejemplo. Por el lado de los ingresos, ¿sabe cuál es la
medida más importante que estamos adoptando para que contribuya a la
sostenibilidad presupuestaria? No devolver pasado mañana lo que podemos
devolver hoy. Esa es la medida más importante. Si hay un billón de
pesetas que se han pagado de más en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en la Renta de 1994, si esas personas han presentado
la liquidación en 1995 y se les devuelve en 1996, desde luego es un
torpedo a la línea de flotación de la sostenibilidad del presupuesto
de ingresos. Y lo que ha hecho este Gobierno ha sido justamente lo
contrario, es decir, estamos devolviendo hoy aquello que el Partido
Socialista devolvía mañana. Estamos anticipando la devolución de una
manera muy significativa. El hecho es que este año, a 31 de diciembre,
se habrá devuelto todo el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a la renta del año 1997, cosa que no ocurría
antes. Estamos devolviendo mucho más de lo que se devenga en el
ejercicio, de lo que nos están pidiendo. Y eso contribuye a la
sostenibilidad presupuestaria.
Las tasas. Señoría, las tasas no son importantes desde el punto de
vista recaudatorio. Si de lo que hablamos es de generar ingresos por
la vía de las tasas, vamos todos por muy mal camino. En el presupuesto
del Estado las tasas no son un instrumento con potencia recaudatoria,
sino un instrumento de equidad. En algún caso concreto está justificado
fijar una tasa, porque tan injusto puede ser aplicar una tasa en un
caso concreto como aplicarla con una valoración o por un importe que
no es el que se corresponde con la realidad. Si una persona decide
libremente irse de safari a Kenya y tiene que ir al Ministerio de
Sanidad a que le pongan una vacuna para poder viajar a ese país
concreto, lo razonable es que esa tasa la pague esa persona concreta,
que esa persona pague el coste de esa vacuna y no el resto de los
ciudadanos; si una persona quiere una licencia por armas de fuego y eso
exige un coste administrativo, que lo pague esa persona concreta y no el
resto de los ciudadanos. De eso se trata, y ahí es donde podríamos
mantener un debate. Creo que incluso en algunos de los documentos del
propio Partido Socialista, por ejemplo, de la ponencia económica del
último Congreso que ustedes celebraron, el papel de las tasas tenía una
especial significación como instrumento para mejorar la equidad del
sistema fiscal.
Plantea S . S . la situación de Radiotelevisión Española, que no es una
de mis competencias. Puedo decirle que el Gobierno está estudiando la
situación de dicho ente y lo que no hace en estos momentos es asumir la
deuda en que Radiotelevisión Española, como ente autónomo, pueda
incurrir como consecuencia de su gestión.
En materia de fraude fiscal habría que hablar de cosas concretas:
propuestas concretas, medidas concretas. Yo estoy dispuesto a
comparecer ante esta Comisión e informarles de todas y cada una de las
medidas incluidas en el plan bianual que se aprobó a mediados de 1996,
explicando cuál es su grado de cumplimiento y el impacto que pueden
haber producido. Hay medidas extraordinariamente importantes, a algunas
ya hemos hecho referencia. Podríamos realizarlas y plantear la
posibilidad de actualizarlas o incluir alguna adicional.
¿Reducir o mejorar la sostenibilidad presupuestaria recortando gasto
social? Estoy encantado de contestarle a esa pregunta, pero me da la
impresión de que excede un poco de lo que son mis competencias en
sentido estricto. El Gobierno del Partido Socialista mantuvo entre
1989 y 1995 el mismo porcentaje de recursos dedicado a gasto social.
Nosotros lo hemos mejorado. Hemos hecho un acuerdo de financiación de la
sanidad pública con 300.000 millones de pesetas más en el presupuesto de
1998 -probablemente a ustedes les hubiera gustado poder hacerlo cuando
tenían responsabilidades de gobierno-; hemos hecho un increíble esfuerzo
en materia de educación pública en el año 1998; por primera vez en
España las pensiones mejoran su poder adquisitivo porque se actualizan
por encima de la evolución real de la inflación. Que en ese contexto,
ante esa situación y con esos datos me plantee S. S. que estamos
reduciendo el gasto social o que lo ponemos en peligro, me parece
poco coherente; igual que me lo parece que durante varias semanas y
meses hayan cuestionado ustedes la reforma del Impuesto sobre la Renta
del Gobierno porque ponía en peligro el gasto social y hayan planteado
ustedes una reforma en paralelo que dicen que cuesta en tomo al 30
por ciento menos que la del Gobierno. Entonces resulta que la diferencia
entre que peligren las pensiones o el gasto social se eleva a ciento y
pico mil millones de pesetas. Esa es la diferencia entre su política y
la nuestra y la diferencia que puede determinar que peligren las
pensiones y el gasto social en España: ciento y pico mil millones de
pesetas es el coste de la reforma según las estimaciones que han
manifestado en los medios de comunicación, porque yo no las conozco,
aunque me gustaría tener una memoria y poder estudiar el tema. Yo creo
que lo que tenemos que hacer es analizar los datos no pensando de qué
manera se pueden cuestionar o rebatir, porque la verdad es que los datos
son los que son y la recaudación se está comportando mucho mejor de lo
que se comportaba antes, los 'datos de fraude fiscal son mucho mejores
que antes y los servicios de ayuda al contribuyente también son mucho
mejores que antes. Esa es la realidad.
Podemos verla de una manera o de otra, pero esa es la realidad y cada
año van mejorando las cosas. Por lo tanto, hay que hacer planteamientos
un poco más globales e intentar mejorar las cosas con propuestas
concretas, y ahí es donde tenemos un amplio campo de actuación.
Aunque no se encuentra en la Comisión el representante del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), voy a hacer dos
observaciones muy rápidas. Espero que Andalucía participe el año que
viene como el resto de las comunidades autónomas. No creo que haya
ninguna intención política de no participar, sería un error que al
final afectaría a sus ciudadanos. Pero sí es cierto que Andalucía es
la única comunidad autónoma que desde hace dos 60s no colabora en la
campaña de la Renta.
Respecto de por qué sólo se enviaron 250.000 cartas
informativas para contribuyentes con letras del Tesoro, fondos de
inversión' etcétera, es porque sólo se enviaron dichas cartas a
aquellos contribuyentes que este año tienen letras del Tesoro o
fondos de inversiones y en anteriores ejercicios no tenían esos
activos financieros y, por lo tanto, no los declararon.
Al representante del PNV quisiera agradecerle, en primer lugar el tono
de su intervención. De verdad que comprendo la necesidad de información.
Usted comprende que en ocasiones la valoración que se hace del
suministro de información sea distinta. La información remitida hace
varias semanas a esta Comisión con los datos de la Intervención General
de la Administración del Estado, que son los datos finales después del
control, incorporaban la evolución de la recaudación y el resultado de
las actuaciones de la Administración con mucho detalle. Por eso no
considero oportuno aportar adicionalmente datos de recaudación.
En la campaña de la Renta lo que me ha preocupado es darles la última
información, y se la he suministrado a día 19 de junio: es decir, la
información cerrada el pasado viernes. En cuanto al documento del plan
de modernización con el calendario, es cierto también que, junto con
los datos de fraude, se les suministraron ayer por la tarde y pueden no
haber tenido la oportunidad de valorarlos adecuadamente. Le vuelvo a
pedir disculpas y tomo también nota de que, aunque sea de manera
duplicada, es mejor remitirles más información de la absolutamente
imprescindible, frente a la
posibilidad de poder pecar en un momento concreto de falta de
información.
Medidas necesarias para evitar la repetición de los hechos de la
Comisión de investigación. La principal medida es, primero, saber qué
ocurre con los plazos de tramitación de las actas; eso ya se puede saber
-antes no se podía- desde hace bastante tiempo y también se puede saber
si unas actas concretas están paralizadas durante más de seis meses,
menos de seis meses, más de uno o más de tres. Luego, fijar como
objetivos de la organización reducir los plazos de tramitación de
los expedientes. Han caído los plazos de manera muy significativa,
los he dado antes. En el año 1995, el plazo medio en las oficinas
liquidadoras era de 154 días; hoy es de 85 días a 31 de diciembre, y
hemos fijado como objetivo adicional para el año 1998 rebajar ese plazo
en un 15 por ciento más. Por tanto, la mejor manera de que esos hechos
no se vuelvan a repetir es teniendo información, controlando la
información y gestionándola adecuadamente. Las comisiones de seguridad y
control, que se pusieron en marcha a mediados del año 1997, son las
comisiones que tienen la responsabilidad de comprobar que todo funciona
correctamente en cada área. Antes, había una Comisión de seguridad en el
área de informática, Comisión que controlaba si se accedía o no
adecuadamente a los datos de carácter tributario que pudieran ser datos
reservados, para no tener problemas de ningún tipo. Esa Comisión
funcionó muy correctamente y, desde mediados de 1997, hay comisiones en
las otras áreas que están analizando cómo funcionamos en Inspección, si
se están cumpliendo todas las cosas, si no hay problemas o hay algún
problema concreto para resolverlo. Eso es lo importante. La memoria de
las actuaciones de las comisiones y las reuniones que han tenido es otra
información que se encuentra a su entera disposición, como es obvio.
¿La modificación de la Ley General Tributaria y del reglamento general
de inspección son importantes? Sí, sobre todo la modificación del
reglamento general de inspección es tan importante que creo que esta
Comisión debería tener cumplida información de cuál es el procedimiento
que va a incorporar el nuevo reglamento de inspección. Si la previsión
del Gobierno es que ese reglamento esté en vigor a finales de diciembre
de 1998, quizás en el próximo período de sesiones podamos tener la
posibilidad de discutir el contenido del reglamento, aunque sea un
proyecto previo o todavía no aprobado por el Gobierno, para tener un
poco claras cuáles son las directrices políticas que SS. SS. consideran
de interés.
¿Hay malestar en la Inspección? Yo creo que de ninguna manera puede
entenderse o decirse que hay malestar en la Inspección. A la Inspección
se le han resuelto problemas que llevaban enquistados desde hace
muchísimos años, como por ejemplo las medidas de separación de cuerpos
que se adoptaron en diciembre de 1997. Son reivindicaciones
tradicionales de la Inspección que se han puesto en marcha y se han
ejecutado precisamente por este Gobierno, que venían desde el año 1984
y, en algunos casos, agravadas con posterioridad. Esa es una cosa muy
importante para la Inspección de Hacienda que se ha hecho a lo largo de
esta legislatura.
¿El estatuto del contribuyente puede introducir, en algún caso concreto,
una carga adicional de trabajo porque
exige de trámites adicionales para tener la garantía de que se respetan
los derechos del contribuyente? Pues sí, es una realidad, es cierto,
pero no puede preocuparle a quien normalmente ha desarrollado
correctamente sus actuaciones, preocupándose de la razonabilidad o la
deuda tributaria adecuada que tenía que levantársele a un
contribuyente.
Seguimiento y control de las inspecciones en curso. Se lo he dicho
también. Hoy, tenemos aplicaciones informáticas que nos permiten
analizar en qué estadio se encuentra el procedimiento de inspección en
los casos concretos. Eso es algo que no ocurría antes. Además, esa
información la tiene la Dirección General, de manera que la puede
comprobar de forma automática. Creo que desde esa perspectiva hemos
ganado mucho.
Analizar con auditorías funcionales la razonabilidad del régimen de la
Agencia Tributaria. El servicio de auditoría interna ha analizado la
razonabilidad del régimen y le voy a decir cuáles son las cuestiones que
pueden justificar ese régimen y qué diferencias hay, porque también
es importante saber qué diferencias hay. Desde el punto de vista de
contratación, no hay ninguna diferencia. Las normas de contratación son
las mismas para la Agencia Tributaria que para el resto de la
Administración pública. Si tenemos que invertir en una lancha rápida
para servicio de vigilancia aduanera, por ejemplo, los trámites de
contratación son exactamente los mismos que en cualquier otro ámbito de
la Administración pública. Por tanto, no hay diferencias de ningún tipo.
En el ámbito de personal, las normas generales nos obligan como al resto
de las administraciones; la única diferencia entre la Administración
tributaria y otros departamentos ministeriales es que se puede reasignar
de manera más eficiente, más ágil, con menos trámites, el personal de un
área a otra concreta o de una función a otra concreta. Lo que
tradicionalmente se conoce en el ámbito de la Administración pública
como relaciones de puestos de trabajo, es decir si hay cinco inspectores
en esta unidad o en esta otra, se puede modificar directamente en el
seno de la Agencia sin tener que cumplir los trámites que afectan a
otros departamentos ministeriales. Esa es la diferencia más importante
que existe entre la Agencia Tributaria y el resto de los departamentos.
¿Está justificada? En mi opinión, sí, porque las demandas o necesidades
de atención en materia de fraude son demandas o necesidades puntuales, a
las que hay que responder con mucha eficiencia. Si un proceso de
modificación de la estructura administrativa o de personal de la
Administración tributaria, aplicando las normas generales de los
departamentos ministeriales, tarda tres o cuatro meses, puede ser muy
tarde ya para movilizar los efectivos en una dirección u otra. Esa es
la principal diferencia que se produce. También es cierto que es
imprescindible que sea un órgano dotado de personalidad jurídica
distinta de la del propio Ministerio de Economía y Hacienda, porque
el Ministerio de Economía y Hacienda no puede gestionar los recursos
directamente de una entidad local, de una persona jurídica pública o de
la Unión Europea. Es decir, no parece eficiente que sea el propio
Ministerio de Economía y Hacienda y no una persona jurídica
independiente, aunque de facto sea exactamente lo mismo y no haya
diferencias, quien gestione de manera autónoma esos recursos de otras
administraciones públicas. En cualquier caso, estoy dispuesto a que
sobre este tema entremos con mayor detalle si a S. S. le parece
importante. La reforma del IRPF, cuantificación oficial. Cuando se
remitió la reforma del Impuesto sobre la Renta al Consejo Económico y
Social -por cierto, no era imprescindible remitirla- fue acompañada de
una memoria económica. Yo creo que no se ha hecho ninguna memoria
económica como ésa en ningún proyecto de ley de reforma del Impuesto
sobre la Renta ni del Impuesto sobre Sociedades, ninguna. Datos
estadísticos, muchos; memoria económica, ninguna. En esa memoria
económica figura la bajada del impuesto, en tomo a 550.000 millones de
pesetas. Esa es la reducción del impuesto, el resultado del conjunto de
las medidas, y figura también cual es el impacto, en términos
presupuestarios, a corto plazo, de esa reducción del impuesto en
550.000 millones de pesetas. Ese impacto, por un lado, es el resultado
del mayor crecimiento de la actividad económica. La previsión que ha
hecho el Ministerio de Economía y Hacienda parte de dos premisas. Una,
que en torno al 40 por ciento de la renta disponible que resulta de la
reforma se puede dedicar a consumo adicional, y otra, que el 60 por
ciento restante se puede dedicar a ahorro. Teniendo en cuenta esa
ganancia de renta disponible y aplicándola en función de esos
porcentajes, se ponen de manifiesto unas tasas de crecimiento de la
economía, unas tasas de creación de empleo, unas tasas de consumo
privado, etcétera. Eso nos permite estimar que, en el escenario
pesimista, la reforma desencadena 140.000 millones de pesetas más de
recaudación y, en el escenario normal, no optimista, desencadenaría
190.000 millones de pesetas más de recaudación. Ese sería el efecto
inducido de la reforma del Impuesto sobre la Renta.
Luego, los ahorros en gestión. Ha dicho usted algo muy importante,
que con el nuevo Impuesto sobre la Renta vamos a dedicar mucha menos
gente a labores de gestión, de cumplimentación de declaraciones, y
podemos dedicarla a otras labores. Un 80 por ciento de las personas que
hoy se dedican a la confección de declaraciones las vamos a dedicar a
control tributario, porque ya no van a ser necesarias en esa tarea,
puesto que esos cinco millones de personas que hoy pasan por nuestras
oficinas u otras ya no van a tener que hacer la liquidación del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. En cualquier caso, sólo los
ahorros de gestión que resultan de no tener que dedicar personal y
medios a la confección de declaraciones se estiman en torno a los
35.000 millones de pesetas. Eso hace que la incidencia presupuestaria
directa de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas se sitúe entre 340.000, 350.000 y 390.000 millones de pesetas,
en el calendario menos optimista, en el calendario pesimista.
¿Cómo se va a financiar? En el plan económico del Gobierno está previsto
que haya leve reducción de la presión fiscal en el año 1999 y otra,
adicional, en el año 2000, complementaria o compatible con los objetivos
de reducción del déficit público, que están fijados -como usted sabe muy
bien- en función del escenario de crecimiento económico en el que nos
estemos moviendo. Si la economía crece más, vamos a reducir más el
déficit público; si la economía crece menos, la reducción del déficit
público no será tan elevada. El Gobierno está revisando todos los años
sus objetivos de reducción del déficit publico, apartándose
de ese calendario moderado de reducción del déficit público y yendo al
calendario más optimista, que es el adecuado en función de la
coyuntura económica que tenemos en estos momentos.
¿Solamente va a incidir en el empleo de menor coste económico? Creo que
la reforma va a incidir en todos. ¿Por qué? Porque, al final, va a
mejorar la rentabilidad del dinero que cualquier empleado se lleve a su
casa como consecuencia del trabajo que desarrolla. Es decir, Hacienda
no le va a pedir al trabajador más dinero del absolutamente necesario,
como consecuencia del salario que recibe por el trabajes que desarrolla.
Creo que eso va a permitir mejorar el empleo en todos los niveles.
Aunque el empleo se cree en niveles más modestos, en niveles
salariales más reducidos, creo que es igualmente importante, aparte de
que se pueda traducir en ahorros de coste en prestaciones sociales como
consecuencia de la creación de empleo; esos empleos también inducen otra
recaudación, son en definitiva el resultado de un crecimiento económico,
y creo que todo eso va a incidir de manera que nos va a permitir cumplir
los objetivos claramente.
Al representante de Coalición Canaria, además de agradecerle su
felicitación por mi onomástica, le voy a contestar a las cuestiones que
ha planteado y lo voy a intentar hacer de la manera más concisa posible.
Desde luego, el grado de cumplimiento de los objetivos en el año 1997
ha sido superior al ciento por ciento en recaudación, en asistencia al
contribuyente y en lucha contra el fraude, y creo que esto nos tiene
que llevar, sobre todo, a no bajar la guardia y a seguir haciendo un
esfuerzo, más importante si cabe: a lo largo de los próximos meses y a
lo largo de próximos ejercicios. Además, creo que el plan de objetivos
tiene que ser un plan en el que la Agencia Tributaria actúe de manera
coordinada en el problema del fraude No se puede trabajar de manera
separada; por un lado, la aduana, Ea gestión tributaria, la inspección,
y por otro, las actuaciones que desembocan en expedientes de delito
fiscal. Creo que es necesaria una actuación mucho más coordinada y
coherente, y mucha más colaboración con los órganos jurisdiccionales.
Este año hemos trabajado en muchos más expedientes de responsabilidad
criminal que el año pasado, hemos dedicado muchos más funcionarios a
labores de auxilio a los órganos jurisdiccionales y estamos teniendo
colaboraciones muy importantes, sobre todo con la Fiscalía
anticorrupción, para que investigaciones que pueden no desembocar en
actuaciones de deuda instruida o de deuda liquidada puedan ser seguidas
adecuadamente, porque nuestro convencimiento es que, en materia de lucha
contra el fraude, son tan importantes o más que otro tipo de
actuaciones.
El proyecto de reglamento de cuenta corriente fiscal se va a desarrollar
a lo largo de los próximos meses. De hecho: por parte de la Dirección
General de Tributos ya se ha remitido el borrador de reglamento a las
entidades representativas, para que puedan informar sobre su contenido,
y vamos a trabajar a lo largo de las próximas semanas para poder tenerlo
operativo al final del ejercicio.
En materia de deuda liquidada siempre se produce un decalaje. sobre todo
cuando estás limpiando saldo. Es decir, si en el año 1997 nos hemos
dedicado a reducir al máximo el período entre deuda instruida y deuda
liquidada, estamos
dedicando más recursos a la emisión de deuda liquidada y estamos
reduciendo también el saldo pendiente de liquidar que podía provenir
de ejercicios anteriores.
La reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas creo que
va a suponer una clara disminución de la presión fiscal, sobre todo para
las rentas bajas y los asalariados. Entiendo que era la asignatura
pendiente de la reforma del año 1991 del Impuesto sobre la Renta y creo
que vamos a conseguir sacar adelante esa reforma. Estoy seguro de que a
lo largo de los próximos meses, con las aportaciones de S. S. y del
resto de les miembros de esta Comisión, el proyecto que remitió el
Gobierno podrá ser mejorado de manera muy significativa.
Señor presidente, con esto acabo. He intentado cumplir con SS. SS. y
suministrarles la información que me han pedido; en todo caso, estoy a
su disposición para cualquier consideración adicional. (El señor Saura
Laporta pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, si es posible, quisiera
intervenir cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Cinco, no; dos. Dos minutos
de reloj, pero de reloj de precisión, de cuarzo.
El señor SAURA LAPORTA: Dos minutos de reloj, señor presidente.
Primero, señor Costa -he de sintetizar-, creo que es una prueba
-permítame usted, cariñosamente- de cinismo político que usted no haga
la memoria, no diga nada de por qué no la hace, no responda a las
preguntas, no traiga los proyectos e intente decir que los datos son
insolventes. Señor Costa, el único dato que yo he dado viene firmado por
un informe de la Subdirección General de Control y Planificación; no lo
dice Saura. Tengo otros datos que son peores que éstos, pero no los he
exhibido aquí, y usted, ante esto, no explica nada. Es decir, usted no
entrega la memoria, viene aquí sin papeles, no responde preguntas, no
dice qué opina el Gobierno de esto. ¿Ustedes creen que, después de 20
años de hacer política, en un debate con el señor Rato, si no tengo la
información confirmada, me voy a atrever a decir lo que le dije? ¿Creen
que soy un suicida o un kamikaze? La prueba es que ni el señor Rato ni
usted hoy pueden desmentir, no los datos del señor Saura, los datos del
subdirector general de Control y Planificación en relación con la lucha
contra el fraude. En inspección, señor Costa, no ponga en mi boca frases
en contra de la gestión; no le he dicho nada. Por tanto, si no le he
dicho nada, de lo usted por bueno, pero sí hago una crítica fundamental
a la inspección.
Quiero decirle otra cosa. No ayuden al señor Rato, porque se lo ponen
peor. Ustedes me dicen que hay un mes de diferencia respecto a los datos
que facilitó el señor Rato. Claro, pero es peor para el señor Rato.
Porque el señor Rato dijo en el Pleno que, de enero a abril, había
211.000 y ustedes dicen hoy aquí, por escrito, que, de enero a mayo,
hay 164.000. ¿Quién le pasó los datos al señor Rato? Porque
ustedes están diciendo hoy aquí que el señor Rato no sabía la verdad o
que le pasaron una información inadecuada.
Por lo tanto, el señor Rato hizo referencia a cuatro meses con 211.000 y
ustedes nos traen un papel aquí respecto a cinco meses con 164.000.
Una última cuestión: el funcionamiento de la Agencia Tributaria en la
lucha contra el fraude. No es este el momento de discutir el contenido
del estatuto del contribuyente y yo no he discutido el contenido, y el
problema no es si internamente hay resistencias o no. Pero, señor Costa,
si el estatuto del contribuyente se aprueba en septiembre de 1997 y en
marzo de 1998 -que es cuando ha de entrar en vigor- no hay impresos,
¿de quién es culpa? ¿Me lo pueden decir ustedes? Si en septiembre de
1997 se aprueba el estatuto y en marzo no hay la aplicación informática
de sanciones, ¿de quién es culpa? Si en septiembre de 1997 se aprueba
el estatuto y el 1 de abril -15 días después de que haya de entrar en
vigor- no existe la instrucción, ¿de quién es culpa? ¿Del señor Saura,
de los socialistas, de Izquierda Unida, de quién? LESO qué indica, mala
gestión o qué? Usted aquí no ha contestado nada.
En cuanto al funcionamiento de la Agencia, por lo que hace referencia
a la inspección, señor Costa, que los inspectores fiscales en estos
momentos estén negociando expresando malestar da idea de lo mal que
están. Usted habla de 300 subinspectores, pero ha omitido otras cosas.
Por ejemplo, qué significa, desde el punto de vista de la credibilidad
de la Agencia Tributaria, que subinspectores fiscales hagan ruedas de
prensa diciendo que un 30 por ciento de los expedientes pueden estar
prescritos; que hayan llevado su última resolución de marzo -o la
quieran llevar- al Constitucional, por inconstitucional, o que ustedes
hayan sacado ya un plus de productividad de los subinspectores. No
escondan la cabeza debajo del ala. La parte de inspección de la Agencia
Tributaria es un desastre.
Quiero acabar diciendo simplemente, respecto a la lucha contra el
fraude, que usted nos pide propuestas, señor Costa. Hemos hecho muchas,
pero haga una cosa y es que ponga en marcha las que nosotros aprobamos
hace un año por valor de 500.000 millones. De entrada, empiece usted por
aquí, porque el Pleno de la Cámara mandató al Gobierno a hacer unas
cosas que usted no ha puesto en práctica. El señor Zabalía, moderado
y responsable, le ha dicho que cumpla ésas primero.
No creo que el presidente de la Agencia Estatal, a su vez secretario de
Estado de Hacienda, pueda venir con esta falta de rigor y de
información. A mí me parece también escandaloso, señor Costa, que usted,
en el transcurso de esta sesión, le haya pasado un documento al
presidente de la Comisión en relación al funcionamiento de la Agencia,
que no puedo discutir porque no lo conozco. ¿Cuándo lo voy a discutir?
¿Usted cree que puede venir aquí y, después de nuestras intervenciones,
decir: tengo esto que se lo paso al presidente? ¿Esto qué es? ¿Usted
qué se ha creído? ¿Por qué no hizo fotocopias y nos las dio ayer? ¿Cómo
puede venir aquí, no darnos el documento y durante la sesión hacer
entrega del mismo al presidente? ¿Con qué discutimos? ¿Sobre qué datos?
Luego dice que nuestros datos no son solventes.
Señor Costa, sea usted riguroso y presente las memorias. No entiendo por
qué usted no contesta, por qué no presenta las memorias de la
información con 48 horas antes. Insisto, si ustedes siguen intentando
esconder la realidad numérica de la lucha contra el fraude, estos
números pueden ser la asfixia política de los responsables de la gestión.
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Brevemente, señor presidente.
Señor Costa, con todos mis respetos a lo que usted ha dicho, comprenderá
que no comparta las razones por las que el Gobierno ha acometido la
reforma del IRPF. En primer lugar, porque cuando ustedes hacen la
modificación de este impuesto a principios de la legislatura, lo que
están haciendo es herir de muerte la configuración del impuesto y
ahora las consecuencias son las que al parecer les motivan a llevar
la reforma. Creo que es posible debatir la conveniencia de modificar
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en base a otras
consideraciones, pero que el impuesto no se este comportando en su
recaudación como era de suponer más bien se debe a que han esperado
demasiado tiempo. Si ustedes hacen una modificación donde las rentas
del capital representan en la economía el 50 por ciento y sólo
contribuyen con el 6,3 a la base imponible del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas; si los salarios representan el 50 por ciento
y en la base liquidable del impuesto es el 80 por ciento, a partir de
ahí, si se desfiscalizan las rentas del capital, es lógico esperar que
el comportamiento de la recaudación sea el que es. No es ningún milagro.
Es decir, las supuestas resistencias a recaudar más por este impuesto,
habida cuenta de los tipos marginales, yo creo que es un debate que
puede abordarse. Nosotros lo tenemos planteado en nuestro programa
electoral, pero partíamos de puntos bien diferentes a los que hace el
Gobierno al plantear esta reforma.
Repito que sobre ese tema podemos discutir y ver en qué términos se
plantea la reforma. Es decir, ¿va a ser un impuesto más o menos
progresivo, más 0 menos equitativo? Señor Costa, el problema es que el
sistema fiscal español se nos está dibujando como manifiestamente
injusto en estos términos. Si han cercenado el Impuesto de Sucesiones
y el Impuesto de Patrimonio, las consecuencias sobre aquellos que más
capacidad de pago tienen son bien evidentes. Si a eso añadimos una
concepción muy en consonancia con la ideología, los postulados o los
intereses que defiende el Gobierno, a la hora de reformar el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas no estaremos más que abundando
en lo mismo.
Respecto a la presión fiscal: son datos de la Intervención General de
la Administración del Estado. Según esos datos, en el ano 1997 la
presión fiscal fue del 36,2 por ciento sobre el PIB. En 1996, del 35,6
y en 1995, del 35 por ciento. Hay un incremento de la presión fiscal
en estos dos anos de gobierno del Partido Popular.
Los datos que yo le he dado, relativos al primer trimestre de 1998,
están recogidos en el informe trimestral de la economía española que
publica el Banco de España. El propio Banco de España viene a decir
que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas muestra una gran
debilidad recaudatoria. Las razones son bien sencillas. Usted apuntaba
a la caída de la recaudación por los intereses de los depósitos
bancarios y de las rentas del capital. Esa es la consecuencia.
¿Por qué le planteo los gastos, señor Costa? Se lo planteo porque nos
preocupa el problema de la sostenibilidad en el sistema del futuro
inmediato. Si cae la recaudación por privatizaciones, si cae la
recaudación por impuestos directos, con ese impacto que va a tener
la propia modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, calculando entre 400.000 y 600.000 millones de pesetas,
lógico es que nos preguntemos si el Gobierno va a permanecer impasible
ante la entrada en la Unión Monetaria y va a dejar que el mercado
funcione o si va a acometer algunas reformas que es preciso llevar a
cabo, algunas de las cuales conllevan costes, conllevan gastos, para la
Hacienda publica.
Yo le hablaba del gasto social, no en términos de que consideremos que
se está bajando o no, que a lo mejor en determinadas partidas así es,
sino en términos de que si la bonanza económica sigue, y parece que esas
son las previsiones, lo lógico también parecería que, después de dos
años de subir por encima del crecimiento medio de la Unión Europea, nos
planteáramos reducir las diferencias que todavía tenemos en gasto social
en promedio con la Unión Europea. Decía cinco puntos por debajo en gasto
social de la mecha de los países de la Unión Parece que debiera hacer
algún gesto el Gobierno en este sentido. ¿Dónde va a hacerlo?
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, vaya, concluyendo.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Sí, señor presidente, concluyo.
Me dice que en sanidad. Si cree que la única respuesta a la posible
insuficiencia de recursos y la estabilidad económica: o la más
importante, es devolver inmediatamente, entonces los argumentos cobran
su auténtica dimensión en este punto.
Nos preocupa en definitiva -termino, señor presidente- que, dada la
situación en la que estamos, no se aproveche la buena coyuntura
económica para -impulsar mecanismos generadores de mayor eficacia en el
sector empresarial, en la actividad económica, y por lo tanto en la
creación de puestos de trabajo. Podríamos analizar también esta variable
y ver en qué medida la creación de puestos de trabajo va acompasándose o
no -creemos que no- con el crecimiento económico.
Años como 1994: donde el crecimiento económico empezaba ,a repuntar, en
términos de creación de empleo han sido porcentualmente mucho más
significativos.
Quiero manifestar nuevamente nuestra preocupación por este tema.
Compartimos con otros grupos, como he dicho al principio, la necesidad
de ser más rigurosos -yo creo que esta intervención ha sido muestra de
ello- y es que la Agencia Tributaria facilite la labor de la oposición.
Si no podemos hablar de algunas mejoras que se pueden haber introducido
en algunos mecanismos de gestión, si estas mejoras no se traducen en
mayor número de actas
levantadas con mayor recaudación, derivadas de ese mayor número de
actas levantadas, y en una mayor recaudación y eficacia en la exigencia
de los tributos que tiene encomendados el Estado a través del Ministerio
de Hacienda, me parece que poco podemos contribuir a la mejora y al
enriquecimiento de este debate. (El señor Martínez-Pujalte López pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿qué
quiere usted?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, quería suministrar
un dato a esta Comisión.
Como el señor Saura ha dicho que el estatuto del contribuyente se aprobó
en septiembre de 1997, quería confirmar que no fue así. La Ley de
derechos y garantías del contribuyente se aprobó en febrero de 1998, se
publicó en el BOE el 28 de febrero de 1998 y entró en vigor el 19 de
marzo.
Si todos los datos que se suministran en la Comisión tienen este rigor,
desde luego dejan mucho que desear.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte, pero yo
creo que el señor Costa sí lo sabe y se puede defender él sólo.
Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Sobre las
cuestiones que me han planteado con carácter adicional, en primer lugar,
señor Saura, me alegro muchísimo que no cuestione lo bien que funciona
la Agencia Tributaria en otras áreas. Me alegro muchísimo, de verdad,
porque eso ya es un punto de partida para que futuros debates se puedan
enfocar en una dirección distinta. Yo creo que todos debemos felicitar
a los funcionarios de la Agencia Tributaria por el buen servicio que
están prestando a los ciudadanos españoles con el magnífico trabajo que
están realizando, así como los resultados y los objetivos que están
logrando.
No le he contestado antes a la cuestión relacionada con la memoria de
la Administración Tributaria, no por un lapsus, sino porque no he dado
más importancia a sus palabras, aparte de que usted debe entender, o
quizá no lo sabe, que no es responsabilidad de la Secretaría de Estado
de Hacienda la publicación de los datos estadísticos de la Agencia
Tributaria, porque no son de la Agencia sino del conjunto de la
Administración. Aparte de ese pequeño inciso, le voy a decir dos cosas:
primero, que siempre hay un decalaje importantísimo entre el cierre de
los ejercicios y la publicación de las memorias; segundo, que este año
yo tomé la decisión de que se diseñara el contenido de la memoria de
la Administración Tributaria para hacerlo más eficiente y, además, para
poder volcarlo en Internet, para que lo puedan tener todos los
ciudadanos y todos los usuarios españoles y no única y exclusivamente
las personas a las que tradicionalmente les llegaba el documento
estadístico de la memoria de la Administración Tributaria.
Si me permite, señor Saura, he aprovechado esa salida, aparte de que me
he dedicado a otras cuestiones -yo creo que ha puesto en evidencia al
presidente de la Comisión-, para encargarme de garantizarle que esta
semana aparecerán en Internet las memorias de la Administración
tributaria del año 1996. Si hay algún problema yo le informaré a usted
de manera directa, porque sé que le preocupa, pero al Gobierno desde
luego no le preocupa lo más mínimo publicar la memoria de la
Administración tributaria, todo lo contrario, es publicidad de la
actuación del Gobierno y de los buenos resultados, tanto los de 1996
como los de 1997, que son excepcionales. Estoy convencido de que a
muchísimos Gobiernos les habría gustado tener unos datos tan
excepcionales para poder presentarlos a la opinión pública.
Usted mismo ha reconocido que tiene múltiples datos, múltiples
informaciones, contradictorias y parciales, y solamente ha hecho
referencia a una porque las otras no coinciden con las que tiene. Los
datos de esa subdirección, aparte de que no recogen todas las
actuaciones desarrolladas a esa fecha (y pasó una nota el director de
inspección donde decía que no estaban incorporadas todas y las de todas
las oficinas a esa fecha), no incorporan los datos de los expedientes
que han sido remitidos por delito fiscal o en paralelo con las
actuaciones que se desarrollan ante los órganos jurisdiccionales. Por
tanto, no es una información que esté completa. Le he dicho al principio
que una actuación de inspección puede acabar: en una deuda de un acta
tributaria que se instruye y se confirma o no al ciento por ciento vía
deuda liquidada, o en un expediente de delito, o en unas actuaciones en
paralelo desarrolladas con la Fiscalía anticorrupción o con los órganos
jurisdiccionales. Esa es una realidad, y por eso yo le he dado los datos
ciertos. Ya le dije en cierta ocasión, señor Saura, que lo peor que
puede hacer es no fiarse de la buena voluntad que tiene el Gobierno y
del presidente de la Agencia Tributaria para suministrarle toda la
información. No es necesario que acuda a informaciones parciales que
le suministran por ahí, porque no le dan los datos correctos y no le dan
todos los elementos de juicio. Yo estoy dispuesto a dárselos y si quiere
se los vuelvo a dar.
En los datos que dio el ministro de Economía el otro día estaba
incorporada la deuda liquidada, junto con otra deuda de las actuaciones
de inspección, y se lo he dicho antes Unas actuaciones de inspección,
aparte de finalizar en unas actas, pueden acabar en la reducción de
una devolución del IVA, por ejemplo. Hay 80.000 millones de pesetas este
año, y 75.000 el año pasado por ese mismo tipo de actuaciones. Si usted
lo suma con la cifra de las deudas liquidadas por actas de inspección en
el período de enero a abril le dará los datos que suministró el otro
día el vicepresidente del Gobierno en el debate en el que usted
participó del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Creo que
lo importante es que se cerciore de la información y que tenga todos
los elementos de juicio, porque es la mejor manera de no incurrir en
ningún error y no hacer ninguna valoración inexacta.
Las aplicaciones informáticas son un procedimiento muy costoso, donde
están involucradas muchas personas para gestionar un impuesto, para
gestionar un departamento funcional, y yo estaría encantado de que
esta Comisión, si lo considera oportuno, visitara en algún momento las
oficinas de la Agencia Tributaria y viera lo que supone el proceso de
desarrollo y elaboración de una aplicación informática. Esta aplicación
informática está operativa escasas semanas después de la entrada en
vigor del estatuto del
contribuyente. Una aplicación informática a veces tarda años en
depurarse y elaborarse. Usted sabe que la aplicación para controlar las
actas y el estado de tramitación de las mismas en las oficinas
liquidadoras se puso en marcha y tardó años en desarrollarse y
aplicarse, y la ha desarrollado y la ha aplicado este Gobierno. No se
puede hablar de las cosas sin tener más elementos de juicio y
conocimiento de la información. Esto no es darle a un botón para que
haya una aplicación informática que incorpore el estatuto del
contribuyente aprobado en el mes de febrero, sino que exige un
trabajo de muchísimas horas, donde participan muchos funcionarios,
y es un trabajo costoso y complejo. Yo estaría encantado de enseñarle
a usted cómo funciona una aplicación informática y todo el proceso de
elaboración que lleva detrás.
Ocurre exactamente lo mismo con los impresos. Aparte de que se
discutieron y se debatieron con los propios funcionarios de la
Administración, desde que se aprobó el estatuto del contribuyente y
entró en vigor los impresos estaban a disposición de los actuarios
para poder ultimar y concluir las actuaciones.
Yo creo que es una falta de responsabilidad que algún funcionario
concreto, además sin información y faltando a lo mejor a la realidad,
haga determinadas declaraciones ante los medios de comunicación, pero
esa es una cuestión concreta con relación a funcionarios determinados,
y mucho más cuando en alguna ocasión se cuestionan medidas aprobadas
por el Gobierno como, por ejemplo, la nueva reorganización del trabajo
de la subinspección, y muchas de las personas que a lo mejor han
hecho declaraciones públicas han pedido una plaza en esas mismas
unidades, probablemente porque consideraban que su situación personal
sí que se veía satisfecha como consecuencia de esas medidas concretas.
Me dice que está dispuesto a hablar de medidas de lucha contra el
fraude. Estoy encantado de que así sea y espero que tengamos la
oportunidad de hacerlo, pero si usted hubiera estado en la comparecencia
que yo celebré el pasado 18 de febrero habría visto que las medidas
adoptadas por la Comisión e incorporadas en el plan se están cumpliendo
desde los primeros meses de este año 1998 y muchas de ellas desde
después de adoptar las conclusiones por la Comisión de investigación.
Estoy dispuesto a que lo podamos ver en cualquier momento. Por tanto,
no me diga que adoptemos las medidas que acordó la Comisión porque ya
las expliqué el 18 de febrero y están en marcha. Cuando quiera las
repasamos una a una, todas ellas. Comprendo que no tuvo la oportunidad
de asistir a mi comparecencia y que a lo mejor tenga un déficit de
información, pero analice de nuevo el contenido del plan de
modernización. Si tiene la oportunidad de ver el texto de mi
intervención, probablemente le dará cumplida respuesta a esas
cuestiones que plantea y verá cómo esas medidas ya están en marcha.
Lamento que el haberles proporcionado hoy un dato adicional o alguna
información adicional se haya valorado como una actuación casi
premeditada. He tenido la oportunidad de darles una información
adicional y por eso se la he hecho llegar al presidente. De todas
maneras, con independencia de sus valoraciones, a mí lo que me
preocupa es que ustedes tengan la información, y usted en concreto
que tenga la información conecta, veraz y exacta, y no informaciones
parciales y carentes de rigor.
El señor Alvarez ha hecho referencia a que hemos herido de muerte el
Impuesto sobre la Renta, que nos hemos volcado en una reforma del
impuesto, porque hemos adoptado medidas como la de las rentas del
capital o como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Señoría,
estamos recaudando en plusvalías el doble en el IRPF de lo que
recaudábamos en el ejercicio anterior. Ese es un dato real y, por
tanto, no creo que hayan sido tan negativas, desde el punto de vista
de la recaudación, las reformas acometidas por el Gobierno. Le voy a
dar otro dato. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: a pesar
de las medidas que adoptamos (que por cierto, fueron votadas por su
grupo en el Senado, porque se incorporaron por una enmienda que
contó con el apoyo de su grupo parlamentario en el Senado: y lo
puede comprobar), su recaudación ha crecido con relación al mismo
período, enero-mayo, del año 1997 un 5,2 por ciento. Por tanto no
creo que el problema de la sostenibilidad del presupuesto de ingresos
resulte de lo bien que evolucionan las rentas del capital o de lo bien
que evoluciona el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a pesar de las
medidas adoptadas.
En cuanto a la presión fiscal, está ocurriendo justo lo contrario
probablemente de lo que ocurría con gobiernos del Partido Socialista,
que subían los impuestos y bajaba la recaudación. Esa fue una constante
que podemos comprobar si analizamos la evolución de los ingresos de
años anteriores. Ahora ocurre justo 10 contrario, bajamos los impuestos
y sube la recaudación. Y eso, ¿por qué ocurre? Porque son impuestos
mucho más adecuados, impuestos que incentivan el crecimiento económico,
porque hay un mayor éxito en la lucha contra el fraude, porque sin
modificar los tipos, si la recaudación aumenta por encima del
crecimiento de la economía o por encima del consumo privado, es porque
e1 resultado en mejora de cumplimiento de las obligaciones fiscales es
muy positivo; situación que no se producía con anterioridad.
También ha hecho referencia a algunas cuestiones concretas como la
sanidad o como el empleo. Le vuelvo a decir que en materia de
financiación de la sanidad hemos hecho el acuerdo que ha supuesto una
mayor aportación de recursos al sistema sanitario público de este país.
Probablemente les habría gustado a ustedes llegar a hacer ese acuerdo.
Yo comprendo que tengan una sana envidia de este Gobierno en muchas
cuestiones, como la reforma de la sanidad pública o como la reforma del
IRPF. Les habría gustado a ustedes hacer la reforma del IRPF que ha
hecho este Gobierno. No sé si no pudieron, no supieron, no quisieron,
pero la realidad es que en materia de sanidad pública estamos haciendo
unos desembolsos que ustedes no realizaron cuando modificaron los
acuerdos en materia de sanidad. Y en materia de empleo, el crecimiento
económico en un 80 por ciento se está traduciendo en la creación de
empleo. Estamos teniendo el ratio más elevado de conversión del
crecimiento de la economía en empleo que se pudo producir en los últimos
años. Por tanto, yo lo que le rogaría a S. S. es que también tenga
mayor información a la hora de hacer un análisis de las cosas J; antes
de adoptar esas conclusiones: porque con menos Impuestos estamos
demostrando que se puede recaudar más, que se puede al mismo
tiempo reducir el déficit público y que se pueden mejorar las políticas
sociales en todas las áreas. Yo creo que eso lo hemos comprobado en el
año 1996, en 1997, se va a comprobar en 1998, donde la recaudación está
por encima de los objetivos a estas fechas, y desde luego se va a
comprobar también en el año 1999.
PREGUNTAS:
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las preguntas. Antes he de decir a
las señoras y señores diputados que las preguntas números 5 y 8 quedan
excluidas del orden del día. La número 5, como consecuencia de haber
sido incluida indebidamente, ya que dada la parquedad de la formulación
de la pregunta pareció a la Mesa que se refería a los aplazamientos en
materia tributaria, cuando en realidad era a los aplazamientos en
materia de pagos por parte de las grandes superficies, por lo cual
la competencia cae de lleno dentro de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y PYME. En relación a la pregunta número 8, porque
la competencia para su contestación corresponde a la Secretaría de
Estado de Presupuestos, en cuanto incardinada dentro de la Dirección
General de Costes de Personal. Por consiguiente, por parte de la Mesa se
elaboró el escrito correspondiente a la Mesa de la Cámara para que
sea recalificada esta pregunta número 8 y enviada a la Comisión
correspondiente. Asimismo, en lo que se refiere a la pregunta numero 4,
la dejamos para último punto del orden del día, en el supuesto de que
pudiera ser formulada. He de decir a las señoras y señores diputados que
la conclusión de esta Comisión y que todos podamos subvenir al resto de
nuestras necesidades, fundamentalmente físicas, depende sólo y
exclusivamente del señor Segura.
DEL SEÑOR SAURA LAPORTA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MOTIVOS POR
LOS QUE NO SE HA CUMPLIDO AUN LA PROPUESTA PRIMERA INCLUIDA EN LAS
CONCLUSIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES POR FRAUDE FISCAL. (Número de expediente
181/001312.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 3, de la que es autor
el señor Saura, y referida a motivos por los que no se ha cumplido aún
la propuesta primera incluida en las conclusiones aprobadas por la
Comisión de investigación sobre la tramitación de expedientes por fraude
fiscal.
El señor Saura tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Seré muy breve. Seguro que por mi parte podemos
realizar las necesidades físicas que necesitamos.
Esto enlaza con el debate que teníamos. El señor Costa decía que se
había cumplido todo lo que se acordó en la Comisión. El señor Zabalía
le ha recordado lo que no ha cumplido y que era importantísimo, por
ejemplo, por qué razón el Tribunal de Cuentas no ha informado
anualmente sobre el funcionamiento de la Agencia Tributaria, resolución
de la Comisión de los 200.000; no se ha hecho. Por ejemplo, por qué
razón -el señor Costa ha dado una explicación insatisfactoria- no se
han realizado las modificaciones de la Ley General Tributaria. Por
ejemplo, el señor Costa dice que en febrero no asistimos a su
explicación del plan de modernización. Este argumento que el señor
Costa da me asombra también y no entiendo cómo se atreve a decirlo.
Es decir, el 18 de julio de 1997 salieron publicadas las conclusiones
de la Comisión de investigación. En tres meses se debía presentar el
plan de modernización. Puedo entender que se atrasara hasta febrero,
pero, señor Costa, lo que usted no puede hacer es lo que siempre hace:
el día antes o en el mismo momento de la reunión de la Comisión hace
entrega del plan de modernización y encima que hace eso se atreve a
decir que la oposición se fue. La oposición se fue de aquí porque
usted no permitió ningún debate como acostumbra a hacer, como ha
hecho hoy; usted no da nunca la información, no quiere debatir y la
oposición aquel día se fue porque es imposible debatir un plan de
modernización que se entrega en el mismo momento. Usted no puede
hacer esto y además acusar de que la oposición evidentemente no le
acepta eso. Hoy ha hecho lo mismo. Continuamente la opacidad y la falta
de información es la característica de la Secretaría de Estado de
Hacienda.
Un repaso de las propuestas de futuro aprobadas unánimemente dice que
las más importantes no se han efectuado. Insisto, no lo he dicho yo,
el propio señor Zabalía, presidente de la Comisión, le ha dicho que
las más importantes no se habían realizado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): ¿Por qué
razón el Tribunal de Cuentas no informa anualmente? Desde luego la
Secretaría de Estado de Hacienda no es quien le da instrucciones y
quien organiza el trabajo del Tribunal de Cuentas. Creo que hay una
Comisión mixta en estas Cortes Generales que es la responsable de
tomar ese tipo de decisiones. Pero le voy a decir algo al señor Saura
para que lo sepa. Fíjese si me preocupa a mí que el Tribunal de
Cuentas compruebe la Agencia Tributaria porque es una garantía para
cualquier responsable político que haya más órganos de control. Me he
encargado de impulsar una modificación de la Ley General Tributaria
para que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a información, cosa que
no podía hacer bajo gobiernos anteriores en todo lo relacionado con la
gestión tributaria. Fue una iniciativa propia y puntual de la Secretaría
de Estado de Hacienda, y hoy se está comprobando la gestión tributaria
por el Tribunal de Cuentas gracias a la modificación impulsada por este
Gobierno en la Ley General Tributaria al permitirle acceder a datos
reservados de los contribuyentes cuando sea necesario para la
comprobación y el desarrollo de sus competencias. En cualquier caso,
le puedo decir que la Agencia Tributaria está abierta al Tribunal de
Cuentas para que pueda hacer el informe anual en los términos y en las
condiciones que ustedes lo planteen.
De nuevo le voy a decir que si hubiera estado el 18 de febrero en la
Comisión, primero, habría constatado que la oposición no se ausentó
por una razón personal 0 por algo relacionado con la información
remitida por el secretario de Estado de Hacienda; la oposición se
ausentó porque quería que el vicepresidente del Gobierno compareciera
antes que el secretario de Estado de Hacienda o que el secretario de
Estado de Presupuestos.
Con relación a por qué se presentó el plan de modernización en el mes
de febrero, también di una explicación cumplida de cuáles eran las
razones por las que el plan de modernización se presentó en febrero;
lo dije allí, estoy dispuesto a repetirlas. Primero, porque la reforma
del sistema fiscal aplicable a las pymes era muy importante e
introducía consecuencias. Segundo, porque la reforma del estatuto
del contribuyente también era otro marco que había que tomar en
consideración y cambiaba el contexto y los condicionantes del plan
de modernización de la Agencia. Todavía no teníamos fijadas las líneas
de la reforma del Impuesto sobre la Renta y nos parecía importante a la
hora de tomar las ultimas decisiones en materia del plan.
Yo les suministré el plan, intenté exponerlo y explicarlo desde el
principio hasta el final porque comprendo que es un documento muy árido
y una explicación es conveniente. Estuve hablando, aproximadamente hora
y media, del contenido del plan, y me comprometí a remitir un calendario
que se ha cerrado, para que ustedes puedan comprobar la ejecución del
plan de manera permanente.
El señor PRESIDENTE: Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Costa, don Ricardo Peralta, que me
sustituía el 18 de febrero, no se ausentó por la solicitud del
vicepresidente del Gobierno, sino porque usted en la misma Comisión
entregó el plan de modernización. Mi pregunta es: ¿usted cree que se
puede discutir y debatir un plan de modernización entregándolo el mismo
día? ,$e puede discutir eso? ~0 usted pretende que no haya debate? Hoy
también hemos de discutir un documento que tiene el presidente, pero
que no tenemos nosotros. Usted me dice: sus datos son insolventes y le
doy al presidente, pero sólo sabe él ahora qué dicen estos datos.
En relación al primer tema, mi pregunta es más concreta: usted está
dispuesto o no a facilitar que tanto en el año 1996 como en el 1997 el
Tribunal de Cuentas haga un informe de la Agencia Tributaria, ¿sí o no?
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Me parece una
obviedad la pregunta que ha hecho usted y además se la he contestado. No
es una cuestión de si yo estoy dispuesto a que el Tribunal de Cuentas
compruebe el trabajo anual de la Agencia Tributaria, es que lo ha
decidido esta Cámara, lo ha decidido esta Comisión. Estoy encantado, ya
se lo he dicho. Cualquier control adicional sobre la gestión tributaria
es conveniente y es mejorar la situación de todas aquellas personas que
podamos tener responsabilidad de gestión en la Administración
tributaria. Como es obvio, no es el presidente de la Agencia Tributaria
el que debería impulsar la aplicación
de esa resolución, porque hay una comisión encargada de las cuestiones
relacionadas con el Tribunal de Cuentas. Por supuesto, la Agencia
Tributaria está abierta a lo que SS. SS. decidan en relación a esa
cuestión concreta.
La presentación del plan de modernización, que fue una comparecencia
específica (por tanto, una comparecencia sobre la que no hay ninguna
obligación de suministro de información previa porque fue una
comparecencia específica)> tuvo como objetivo e impulsada por el propio
Gobierno: informar a todos ustedes del contenido del plan. Ese era mi
interés y mi intención y estoy dispuesto a venir aquí cuando ustedes lo
decidan a volver a debatir el plan. Estoy encantado, no tengo la más
mínima reticencia y creo que
sería bueno. Lo dije el 18 de febrero y lo vuelvo a decir ahora. Pienso
que sería muy bueno que esta Comisión tuviera un debate sosegado,
tranquilo, constructivo y creativo sobre el contenido de las medidas
incorporadas en el plan, sobre cómo se están ejecutando y sobre si es
posible mejorarlas, pero no me diga que adoptando la decisión de
presentar un documento en esta Cámara, con carácter prioritario a la
propia Cámara y sin que tenga acceso nadie más, está usted diciendo que
tengo intención de eludir algún debate. Ninguna; cuando usted quiera
celebramos un debate sobre esa cuestión concreta. Podemos hablar de las
cien propuestas cuando quiera. Estoy a su disposición; me habría gustado
tenerlo hoy.
- DEL SEÑOR EGUIAGARAY UCELAY (GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PARA IMPEDIR LA EXISTENCIA Y
UTILIZACIÓN DE FICHEROS DE DATOS ÍNTIMOS, SENTIMENTALES Y FAMILIARES,
AJENOS A LA INVESTIGACIÓN FISCAL, EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO E ECONOMÍA Y HACIENDA EN LA REGION DE MURCIA. (Número de
expediente 181/001669.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, la número 4, sobre
medidas para impedir la existencia y utilización de ficheros de datos
íntimos, sentimentales y familiares, ajenos a la investigación fiscal en
la actuación de las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda
en la región de Murcia, de la que es autor don Juan Manuel Eguiagaray,
que tiene la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Me hace usted el
favor de leer el texto de la pregunta, y por tanto, me excusa de ese
trabajo. Señor Costa, mi pregunta está claramente formulada. Tengo
datos y evidencias de que en la delegación de Murcia del Ministerio de
Economía y Hacienda se están utilizando datos que forman parte de
ficheros automatizados y que afectan a la intimidad, a la familia, a
las relaciones sentimentales de personas, que no pueden ser utilizados
en expedientes internos ni con motivo de las actuaciones de
investigación que se hagan por personas dependientes de esa delegación.
Por consiguiente, señor Costa, no sé si tiene usted conocimiento de
estas cuestiones, pero como a mí sí me constan y como debieran constarle
a usted en la medida que han sido objeto de distintos
procedimientos, reclamaciones y denuncias, le pido que me explique si el
Gobierno tiene intención de adoptar o si ha adoptado ya alguna medida
para impedir la existencia de esos ficheros y su utilización inadecuada,
de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Voy a
intentar dar información a S . S . sobre la cuestión concreta que ha
planteado.
Con fecha 2 de abril de 1998 la Agencia Efe de Murcia emite una nota
informativa que recoge la denuncia de UGT, Unión General de
Trabajadores, sobre la existencia de datos privados en la Delegación de
la Agencia Tributaria de Murcia. El mismo día, 2 de abril, el director
general de la Agencia Tributaria ordena al servicio de auditoría interna
la investigación de los extremos denunciados, investigación que es
efectuada el 3 de abril en la propia Delegación de la Agencia de Murcia
-es decir, de manera inmediata- y se recoge en un informe del servicio
de auditoría interna, de fecha 7 de abril de 1998. De forma sintética
paso a resumir el contenido del informe, la información y la situación
concreta en este caso.
Un funcionario de la Delegación de la Agencia Tributaria de Murcia,
participa en una comunicación -no podemos llamar pública- donde
manifiesta que existen datos privados de contribuyentes en ficheros de
la agencia con indebidas o improcedentes referencias genéricas e
institucionales a la agencia y también a sus delegaciones. Los datos
proceden de un expediente disciplinario, incoado a un funcionario, a
partir de la documentación contenida en unas diligencias previas en vía
penal por un juzgado de instrucción de Cartagena y enviadas por dicho
órgano jurisdiccional a los servicios centrales de la Agencia, por si de
las mismas se derivase alguna infracción o alguna responsabilidad
adicional o administrativa. Un auto judicial posterior del citado
juzgado decreta la nulidad de todo lo actuado. La Dirección General de
la Agencia Tributaria deja en ese momento sin efecto todas las
actuaciones practicadas y se emite certificación de la destrucción de
todas las copias no testimoniales disponibles con relación a esa
información o documentación.
Algunos de estos antecedentes se mencionan en declaraciones
públicas o comunicaciones en los medios, dando lugar a calificaciones
falsas en algún momento +de carácter general, no sobre un tema
concreto-, tanto de la agencia como de las delegaciones territoriales.
Las investigaciones que se han realizado de gran intensidad en el
entorno y equipos informáticos de la Agencia Tributaria de Murcia,
-aparte del caso a que he hecho referencia relativo a la destrucción
de los datos judiciales- no han descubierto o detectado archivos,
ficheros o bases de datos con aspectos e información confidencial o
reservada de funcionarios o contribuyentes distintos de aquellos que
puedan corresponder a contribuyentes con actuaciones inspectoras de
comprobación o investigación. Como es obvio -y usted lo sabe muy bien-,
si se inicia la actuación de inspección de un contribuyente concreto y
se le pide información de sus cuentas corrientes bancarias, puede haber
datos confidenciales de los que incluso se pueden sacar conclusiones
desde el punto de vista personal; pero, aparte de esta situación, en
ningún caso concreto. Por tanto, la actuación inmediata de la
Administración en cuanto tuvo conocimiento de los hechos por medio de
una investigación interna, fue poner de relieve la inexistencia de
datos íntimos, confidenciales y familiares en ficheros de la Agencia y
desde luego el Gobierno quiere seguir manteniendo una política estricta
de protección de la información contenida en las bases de datos
fiscales. Sobre esta cuestión concreta también puedo decir que, si
SS. SS. lo estiman oportuno, tanto el director del servicio de auditoría
interna, como el director de informática tributaria les puede
proporcionar cumplida información sobre todos los controles
sistemáticos, de carácter periódico, que se están haciendo para
garantizar la confidencialidad de la información. Por ejemplo,
verificar qué personas concretas pueden acceder a la situación
tributaria o particular de un contribuyente, de manera aleatoria, de
manera aislada y de manera periódica en el caso de determinadas personas
en las que pueda ser más vulnerable ese suministro o esa puesta de
información.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Costa, me alegro que conozca el asunto
a que me refiero y tomo en consideración una parte fundamental en su
respuesta: que es conocida la nulidad de las actuaciones que habían
tenido lugar con motivo del expediente disciplinario, etcétera, y que
se produce también la anulación de las informaciones. Sin embargo,
quiero decirle, señor Costa, que no me tranquiliza suficientemente lo
que usted acaba de decir, por las razones que voy a tratar de darle y
que me parece debieran llevarle a hacer una investigación adicional.
Tengo en mi poder un documento que es sin duda alguna una fotocopia de
lo que se puede entender como un archivo automatizado de datos, con
toda clase de referencias informáticas (F1; ayuda; F2, directorio; F3,
enviar; F4, imprimir) que usted conoce que aparecen en todos los
documentos que forman parte de informaciones tratadas informáticamente.
Nada más a título de ejemplo, puedo decirle que ese documento, al
parecer, está en poder del coordinador regional del Servicio de
Vigilancia Aduanera, y yo me pregunto de quién ha recibido instrucciones
para llevar a cabo ese tipo de información, para tenerlo, para
documentarlo, para mantenerlo y, sobre todo, para aportarlo, sea en
expedientes disciplinarios o en cualquier otra información.
Por ejemplo, en relación con una persona, se dice en este documento, que
pongo a su disposición si quiere usted conocerlo: El hermano del
funcionario -cuyo nombre no citaré- es desde hace cinco o seis anos
novio de una ciudadana que tiene su domicilio en tal lugar, la cual,
a su vez, es hija de otro señor que tiene un alias que es el que aquí
se cita y que, a su vez, es hermano de otra persona, que, por cierto,
está sometido a un expediente disciplinario.
Señor Costa, yo creo que referirse a una persona diciendo su condición
personal, sus relaciones sentimentales, su domicilio, quiénes son o
dejan de ser su padre o su madre en relación con un asunto que no
viene en absoluto al caso, y ello corno fruto de una solicitud de
información hecha por el instructor de un expediente al coordinador
del Servicio
de Vigilancia Aduanera, lleva a preguntarse quién ha dado instrucciones
para confeccionar este tipo de expedientes o de informaciones
automatizadas, quién ha permitido que esas cosas existan y, si se han
anulado para un expediente en particular, si acaso no seguirán
existiendo para otras informaciones con carácter general.
Le cito más. La señorita o señora citada como novia presentó después
una queja, y, refiriéndose también al mismo expediente, en el mismo
día se presentó otra queja por otro ciudadano contribuyente o persona
que era citada en el mismo expediente. Incluso el abogado que defendía a
una de las personas en uno de los expedientes es también objeto de
investigación por parte de los Servicios de Vigilancia Aduanera. El
abogado en cuestión, al que citaré por las siglas Z. Z., es analizado
en ese informe, y se proporcionan datos -en el mismo expediente se
cita- al instructor, que los había solicitado, datos sobre quién es
este abogado, quién es su hermana Teresa, quién es su abuelo Alfonso,
y el coordinador regional trasladó datos sobre su domicilio, su
parentesco, sobre intervenciones profesionales confidenciales, sobre
su hermana y su abuelo.
No puede tranquilizarme lo que usted me dice, señor Costa, porque indica
que en ese caso concreto se han anulado las actuaciones y los datos,
pero el funcionario que ha mantenido esos datos de manera automatizada y
que se ha dedicado a dar informaciones en este o en otros expedientes,
disciplinarios o no, afectando a la vida personal, profesional o
sentimental, de personas de la región de Murcia, simplemente a mi
juicio incurre, no solamente en eventuales infracciones del artículo 18
de la Constitución, sino que eventualmente también pudiera incurrir
en infracciones de los artículos 197 y 198 del Código Penal -198 cuando
es un funcionario público-, y desde luego está absolutamente incurso en
las previsiones de la Ley orgánica de regulación del tratamiento
automatizado de datos de carácter personal. Tanto es así, que el
delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Murcia
requirió el informe del abogado del Estado, y éste, después de analizar
los datos y la legislación vigente -naturalmente, el ordenamiento
jurídico al que acabo de hacer referencia-, cita como conclusión de su
informe que las normas sobre expedientes disciplinarios de los
funcionarios públicos como no podía ser menos, no pueden supraordenarse,
derogar ni dejar sin efecto las normas citadas anteriormente en este
dictamen y que tienen rango jurídico muy superior: la Constitución,
leyes orgánicas como el Código Penal, la de protección al honor y a la
intimidad y la regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal.
Señor Costa, quiero concluir esta pregunta diciendo que me parece que
alguna gente utiliza informaciones que pudieran ser personales para
batallas o querellas internas. La Administración Pública no puede
autorizar esa utilización; por tanto, señor Costa, le pido que más allá
del resultado de este expediente y de la anulación de las informaciones
que obran en el mismo se investigue qué otras utilizaciones se han hecho
de estos ficheros informáticos, precisamente para que los ciudadanos de
la región de Murcia, y desde luego, los de toda España, tengan la
tranquilidad de que ni el Servicio de Vigilancia Aduanera, ni en general
la Agencia Tributaria ni nadie que trate o tenga conocimiento por razón
de su trabajo profesional al servicio de los intereses públicos pueda
poner eso sin autorización legal en un fichero automatizado ni muchísimo
menos utilizarlo en perjuicio de terceros sin su consentimiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
Eguiagaray, sobre la base de esos principios estamos todos de acuerdo.
A mí me preocupa extraordinariamente si en algún caso concreto se
pueden desarrollar labores de investigación que no tienen ninguna
trascendencia, con actuaciones de represión del contrabando, del
funcionamiento correcto u orgánico de los servicios o con actuaciones
de investigación criminal. Hemos reforzado de manera muy significativa
los controles de acceso a datos tributarios de contribuyentes para
tener muchísimo más control sobre la utilización correcta o indebida de
esos datos. También le puedo decir que hemos detectado algún otro caso
en los órganos jurisdiccionales de utilización indebida de información
de carácter personal que puede haberse intentado utilizar para resolver
intereses personales, y como es obvio, esos datos están en manos de los
órganos jurisdiccionales. Si en este caso concreto, aparte de la
información de que yo dispongo, tiene usted la amabilidad de hacerme
llegar esos documentos y yo puedo exigir una ampliación o una actuación
adicional de las investigaciones que se desarrollaron en la Delegación
de Murcia: o comprobar, en su caso, que esas investigaciones se han
desarrollado perfectamente, le estaría muy agradecido, porque en estos
temas concretos lo importante es compartir los objetivos e intentar
resolverlos. En todo lo que sea garantizar un mayor control y una mejor
utilización de la información a fin de evitar que se produzcan
situaciones irregulares vamos a coincidir porque es algo que me preocupa
igual que a usted y ha sido una preocupación constante de la Agencia
Tributaria a lo largo de los últimos años. De todas maneras: voy a
ampliar los datos de información de las actuaciones que se desarrollaron
en Murcia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
ADJUDICACION A EMPRESAS PRIVADAS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN
TELEFÓNICA TRIBUTARIA Y DE CONFECCIÓN DE DECLARACIONES DE RENTA ,QUE SE
PRESTEN GRATUITAMENTE AL PUBLICO EN EL PRESENTE ANO 1997. (Número de
expediente 181/000356.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, sobre
adjudicación a empresas privadas de los servicios de información
telefónica, formulada por don Ricardo Peralta. Tiene la palabra su
señoría.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Costa, en enero
de 1997 presenté la pregunta a que ha hecho referencia el
presidente. Seguramente por circunstancias ajenas a todo, y
especialmente a este diputado, ha tardado prácticamente año y medio
en ventilarse. Durante ese tiempo, según los
datos de que dispongo, ya se ha procedido a la adjudicación de los
servicios de apoyo para la campaña de renta tanto en el año 1997 como
en 1998; servicios de apoyo que contemplan y comprenden tres
actuaciones: por una parte la información, por otra parte la cita
previa y por otra la confección telefónica de declaraciones.
Parece que las dos primeras actuaciones, la información y la cita
previa, no ofrecen especiales dificultades desde el punto de vista
que me interesa fundamentalmente, a lo que hacía referencia en su
última intervención, que es la garantía de la intimidad de los
derechos tributarios de los ciudadanos.
Sin embargo, el tema de la confección telefónica de declaraciones
supone que empresas privadas pueden acceder a ese tipo de datos. Las
empresas privadas pueden acceder a datos que procedan del propio
ciudadano, como pueden proceder de los archivos de la Agencia Tributaria
en la medida que esas empresas privadas, a las que se les ha adjudicado
esos servicios de apoyo a las campanas de renta, puedan acceder a los
mismos.
Me gustaría saber, señor secretario de Estado, qué garantías hay de que
esa adjudicación a empresas privadas no afecta a los derechos de los
ciudadanos ni entra en contradicción con la legislación vigente en la
materia.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): En primer
lugar, señor Peralta, la garantía del cumplimiento de la ley, la
garantía de los informes jurídicos que permiten verificar que la
utilización o la contratación de estos servicios en ningún momento
vulnera la confidencialidad de los datos o el deber de reserva sobre
los datos de carácter tributario, así como todos los tramites públicos
y el conocimiento de todas las personas que puedan participar en la
adjudicación de este tipo de servicios.
Si lo que usted me pregunta ahora, en concreto, ya no son exactamente
los criterios que se han utilizado para la adjudicación de éstos, sino
cuál es la incidencia que desde el punto de vista de la confidencialidad
de los datos tiene la confección telefónica de declaraciones, puedo
decirle que, con carácter previo, se ha verificado a través del servicio
jurídico del Estado que este tipo de servicios en ningún momento
vulneren lo que es el marco de confidencialidad, de respeto y de sigilo
en la utilización de los datos de carácter tributario. Esa es una
cuestión -como podrá comprobarlo- que preocupa especialmente a la
Administración Tributaria.
En cuanto a los criterios concretos que se habían utilizado en la
adjudicación, que creo era lo que motivaba inicialmente mi
comparecencia, siempre se tiene en cuenta, como es obvio, el importe
de los servicios y los medios técnicos que se ponen a disposición, es
decir las condiciones y el personal que está a disposición de la Agencia
Tributaria, todas las cuestiones que normalmente se tienen en cuenta
para la tramitación y resolución de adjudicaciones en un concurso
público.
Sin embargo, desde el punto de vista del servicio jurídico del Estado
estamos absolutamente seguros de que no hay problema alguno de
confidencialidad, aparte de que esta es una experiencia -como usted
muy bien sabe- que se puso en marcha ya en la renta. de 1995, antes de
que este secretario de Estado tuviera competencias en materia de
gestión de la Administración Tributaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Insisto, señor Costa, en que la pregunta la
hice antes de que se hubiera procedido a la adjudicación, pero ya se
ha producido la adjudicación por lo que lógicamente hemos de tener en
cuenta esa situación. Estoy convencido de que usted no sólo conoce bien
el funcionamiento de la Agencia Tributaria, como ha demostrado esta
mañana en su comparecencia, sino que conoce también las informaciones
que se han publicado a lo largo de este tiempo, en el que se hace
referencia a ciertas posibilidades. Por ejemplo, y leo titulares de
medios de comunicación relativamente recientes: El Gobierno dará a
empresas privadas acceso a datos reservados a la Administración
Tributaria. Estoy convencido de que esto lo conoce usted, y que por
tanto conoce a fondo este tema.
Me dice usted que el tema viene del año 1995, y yo me creo lo que usted
dice de que se refuerzan por parte de este Gobierno las medidas
encaminadas a solucionar este tema. Parece que en este terreno hay que
tomar medidas. De hecho en las bases del concurso se adoptan medidas
y previsiones. Literalmente se dice que la información o
especificaciones facilitadas por la Agencia Tributaria al contratista
deberán ser consideradas confidenciales, no pudiendo ser objeto total o
parcial de publicación, copia, utilización o préstamo a terceros. Las
bases del concurso dicen esto, señal de que está prevista esa
incidencia, señor Costa, y se toma este tipo de medidas. Incluso más,
pues se dice que el incumplimiento de los requisitos, que el
contratista adquiere, la obligación de custodiar fiel y cuidadosamente
los datos relativos a contribuyentes a los que pudiera tener acceso como
consecuencia de la realización de trabajos podrá ser sancionado con
500.000 pesetas. Mi problema, señor Costa, es si la garantía que
adopta la Administración con el contratista no entra en contradicción
con preceptos legales. Se le ha hecho referencia hace poco a un informe
de la Abogacía del Estado en el que determinados preceptos legales
reguladores de expedientes a funcionarios no pueden contradecir normas
de rango superior. Yo estoy convencido de que eso es así, y mi duda es
si no hay normas de rango superior que impiden ese tipo de actuaciones.
En concreto, la Ley General Tributaria dice que los datos, informes o
antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño
de sus funciones tienen carácter reservado, sin que puedan ser cedidos
o comunicados a terceros. ¿Estos terceros son los contratistas,
empresas privadas? ,$e produce una cesión a esos terceros en virtud de
estos contratos? Mi duda es si cuando la Ley General Tributaria prevé
expresamente en el mismo artículo 113 que cuantas autoridades o
funcionarios tengan conocimiento de estos datos estarán obligados
al más estricto y completo sigilo, eso no es vulnerado por este tipo
de actuaciones, y si, además, lo que parece más claro, la Ley General
Tributaria prevé que estos tipos de datos sólo puedan ser utilizados
por autoridades o funcionarios y para ellos establece la obligación de
sigilo; no la establece para privados. Si se
entregan a privados, a lo mejor nos encontramos con que los privados no
están obligados por esta ley, porque la ley habla única y
exclusivamente de autoridades y funcionarios y con la cesión de esos
temas a privados estamos dejando vacías de contenido las previsiones
legales.
Esta es la situación que a mí me preocupa, señor Costa, porque la
referencia que me ha hecho específicamente a que se adoptan determinadas
previsiones, no se corresponde con la realidad, y el manejo de datos de
este tipo, como S. S. sabe, puede tener no sólo incidencia en derechos
fundamentales de las personas, sino incidencia en derechos económicos de
una cuantía importantísima. Piense usted, señor Costa, que alguna de
las empresas o del grupo de empresas a las que ustedes, la
Administración tributaria, ha hecho la adjudicación en este año han
sido multados por la Agencia de Protección de Datos por cientos de
millones de pesetas. La multa que se prevé aquí es de 500.000 pesetas.
Podemos estar en presencia de una falta de proporcionalidad en las
consecuencias de una mala utilización de las previsiones legales
verdaderamente preocupante. A mí me gustaría, señor Costa, que por
parte de usted y de la Agencia Tributaria se adoptaran todas las
medidas, para que las previsiones legales, lo que dice el artículo
113 de la Ley General Tributaria acerca de que los datos no se ceden
a terceros -creo que esas empresas contratistas son terceros a estos
efectos- y de que la ley establece la obligación de sigilo sólo para
autoridades y funcionarios -y no creo que esos terceros tengan ese
carácter-, esas previsiones legales no puedan ser dejadas sin contenido
en virtud de este tipo de actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Yo le
puedo garantizar, señor Peralta, que los informes de la Agencia
Tributaria avalan la posibilidad de utilizar ese procedimiento, y puedo
hacerle llegar esos informes. Piense, en primer lugar, que no estamos
hablando de una cesión de datos. En sentido muy estricto, quiero decir -
entiéndame bien-, y ahora le voy a explicar por qué. Esa fue una de las
razones por las que, por ejemplo, el sistema que se puso en marcha en
campaña de renta del año 1996, en la que el contribuyente podía exigir
contrastar los datos que estaba proporcionando con los que figuran en la
base de datos de la Agencia Tributaria, se utilizó en las oficinas de la
propia Agencia, por funcionarios o por personal laboral de la Agencia,
porque la Agencia Tributaria tiene personal laboral. Es decir, no
podemos dejar fuera del ámbito de la aplicación y de la gestión de los
datos tributarios al personal laboral, aunque la Ley General Tributaria
hable de funcionario o autoridades; entra dentro del concepto. Por
tanto, desde esa perspectiva, yo le diría que no se preocupe. Pero es
más: la campaña del año 1996 ha sido informada por la Agencia de
Protección de Datos, que ha hecho un informe favorable sobre este
procedimiento y sobre todas sus implicaciones, verificando el
control: la adecuación del procedimiento para los objetivos que se
persiguen y manifestando que no hay ningún problema desde el punto de
vista de la utilización de datos tributarios de carácter reservado
-también le puedo hacer llegar el informe de la Agencia de Protección de
Datos-. Al final de la campaña de la renta del año 1997 se producirá
otro informe de la Agencia de Protección de Datos sobre esta cuestión
concreta, para que todos tengamos las garantías de que no ocurre nada
en absoluto. En cuanto a alguna compañía concreta a la que se le haya
adjudicado, no dispongo de esa información, pero si que en algún
momento concreto se cuestionó o se habló de la posibilidad de que una
empresa adjudicataria de un servicio de éstos podía haber sido
sancionada. Pedí información y me dijeron que se le incoó un expediente
que no finalizó con la imposición de sanciones. En cualquier caso, el
secretario de Estado de Hacienda, como presidente de la Agencia, no es
quien adjudica los concursos, como usted sabe muy bien. Hay una mesa de
contratación y los servicios se adjudican a aquella empresa que,
reuniendo todos los requisitos legales para poder optar, manifiesta la
mejor oferta. También le quiero decir que en esta campaña de 1997,
sabiendo que a los propios sindicatos de la Agencia Tributaria les ha
preocupado tradicionalmente la posibilidad de que algunos servicios no
se prestaran por funcionarios y, en parte, teniendo en cuenta este tipo
de argumentaciones, se ha firmado un acuerdo con todos los sindicatos
representativos, incluidos UGT, Comisiones Obreras y CESIO sobre esta
cuestión. Se lo digo porque es un tema que me parece importante y para
que tenga más elementos de juicio. Lo que resulta imposible es organizar
trabajo estacional y puntual utilizando medios de carácter permanente.
Es decir: la campaña de renta exige, con carácter muy estacional, una
utilización de recursos humanos y materiales de los que la Agencia no
dispone con carácter permanente. Solamente hay dos formas de cubrir
esta situación: contratando algún servicio con alguna empresa externa,
o bien contratando, con carácter fijo pero discontinuo o con carácter
eventual, a personal de fuera. Tenemos que intentar casar todos los
ámbitos. En cualquier caso, le haré llegar los informes de la Agencia y,
en la medida de lo posible, el informe de la Agencia de Protección de
Datos. Si no tengo ningún problema desde el punto de vista legal, yo le
haré llegar esos informes. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, en relación
con esta pregunta, no; para la siguiente pregunta. El trámite se acaba
con la formulación de la pregunta y con la réplica consiguiente. Estamos
muy mal de tiempo.
El señor PERALTA ORTEGA: Ya me lo imagino;
debe ser ésa la explicación del tono que utiliza usted, porque el tono
de usted no es ése.
El señor PRESIDENTE: Es un tono que utilizo en
muchas ocasiones; perdóneme, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Por supuesto, no es en muchas ocasiones, señor
presidente. Yo, en lo que le conozco, no se lo he oído nunca.
- DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO), SOBRE OPINIÓN DEL
GOBIERNO ACERCA DE LA COHERENCIA DE LA ESTRATEGIA DE COMBATIR EL FRAUDE
Y EVITAR POSIBLES TRATOS DE FAVOR CON LA COMUNICACIÓN DICTADA POR EL
JEFE DE LA OFICINA NACIONAL DE INSPECCIÓN DE QUE LAS ACTUACIONES
INSPECTORAS A LLEVARA CABO EN 1997 EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO DE
SOCIEDADES SE CENTRAN PREFERENTEMENTE EN EL PERIODO 1992/1995. (Número
de expediente 181/000612)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, relativa a la
opinión del Gobierno acerca de la coherencia de la estrategia de
combatir el fraude y evitar posibles tratos de favor con la
comunicación, formulada también por don Ricardo Peralta, quien tiene
la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: señor Costa, según la
comunicación del jefe de la Oficina Nacional de Inspección del año
1997, en relación con las actuaciones inspectoras del Impuesto sobre
Sociedades, esas actuaciones deberían centrarse fundamentalmente en
las declaraciones de impuestos presentadas desde 1992 hasta ese
momento. Esto implica que las actuaciones relacionadas con las
declaraciones del año 1991 -que en aquellos momentos legalmente no
estaban prescritas- no eran objeto de actuación preferente. Este
criterio rompe el que parece lógico y es que, en la medida en que hay
una prescripción -figura regulada legalmente en nuestro Derecho con
mucha tradición-, las actuaciones deben centrarse en aquellos períodos
más próximos a aquellos que son objeto de la prescripción, porque ése
es un dato que beneficia al inspeccionado. ¿Cuál es la razón de ese
cambio de criterio y en qué medida es coherente eso con el principio
tan reiteradamente proclamado por su Gobierno, de luchar contra el
fraude evitando que la prescripción pueda favorecer determinadas
actuaciones fraudulentas?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
Peralta, hay que poner en sus justos términos las comunicaciones,
con independencia de que en la redacción concreta puedan ser
afortunadas o desafortunadas ¿Qué es más razonable: inspeccionar menos
años y a más contribuyentes o inspeccionar más anos y menos
contribuyentes? Esa podría ser una pregunta porque podría parecer que
inicialmente existe algún conflicto entre ambas cosas. En segundo lugar,
¿qué es más razonable: empezar las inspecciones por los ejercicios más
cercanos al momento del cumplimiento de las obligaciones fiscales que
son de los que se disponen normalmente mayor información y sobre los que
puede ser más eficiente una actuación de inspección o empezarla por los
ejercicios más alejados en el tiempo? Lo que es obvio es que a un
contribuyente no se le puede dejar de inspeccionar en un determinado
ejercicio si se pone de manifiesto cualquier indicio de responsabilidad
desde el punto de vista fiscal. Estoy absolutamente de acuerdo con usted
y de hecho la comunicación de la Oficina Nacional de Inspección preveía
ampliar la actuación cuando se detectara algún incumplimiento fiscal a
los ejercicios anteriores. Si se tuviera conocimiento de que a un
contribuyente no se le inspecciona en un año abierto a inspección y
existen responsabilidades desde la óptica tributaria, como es obvio,
la Administración tributaria y la dirección de la Agencia adoptaría las
medidas oportunas.
Quiero decirle para tranquilizarle que dentro del Plan de inspección de
1997 el 57 por ciento de las actuaciones se refieren al ejercicio 1991
y anteriores y sólo corresponde el 43 por ciento al período 1992-1995.
Por tanto, la mayor parte de las actuaciones que se han hecho en la
Oficina Nacional de Inspección en el año 1997 son de ejercicios
anteriores. Sobre los que no se debería centrar inicialmente el comienzo
de las actuaciones.
La realidad es que hay que intentar comprobar un mayor número de
contribuyentes con carácter general y parece que lo más operativo es
empezar por los últimos ejercicios en la medida en que es de los que
más información se dispone y continuar hacia los ejercicios que no
están cerrados todavía, Le garantizo que no ha habido ni un solo
ejercicio en el que se deje de comprobar estas cosas, como consecuencia
de esa instrucción o de esa comunicación, si se hubiera producido algún
tipo de responsabilidad desde el punto de vista fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Me pregunta, señor Costa, qué es más razonable:
inspeccionar menos años y más contribuyentes o inspeccionar más anos y
menos contribuyentes. Señor Costa, ése no es el problema. Si se trata
de actuar con una prescripción, parece que lo más lógico es actuar con
aquellos períodos que están más cerca de ser prescritos, porque el
transcurso del tiempo nos permitirá adoptar las medidas adecuadas para
hacer las inspecciones en los términos de máxima eficacia. No hay por
qué contraponer esos términos a los que ha hecho referencia. Si esa
contraposición se produce en algún momento determinado en que nos
encontramos con que hay pocos medios, parece lógico que esos medios
se concentren en aquellos períodos que puedan ser objeto de
prescripción, porque eso nos permite ganar un ano de plazo y en ese
tiempo adoptar las medidas adecuadas para que al ano siguiente la
inspección se haga a todos los contribuyentes a los que se tenga que
realizar y por el período de tiempo no prescrito. Esta es la actuación
lógica y normal, máxime si estamos hablando de la Oficina Nacional de
Inspección, que sólo afecta a ciertas entidades que tienen una
facturación superior a una determinada cuantía. Esta es la realidad.
Sin embargo, aquí nos encontramos con que el criterio que se da en
esa comunicación, afortunada o desafortunada -me dice usted, yo creo
que eso admite claramente que es muy desafortunada-, ha sido seguido
en los datos que usted ha proporcionado: el 43 por ciento de las
actuaciones no hicieron referencia al año 199 1. ¿Con motivo o sin
motivo? Nunca lo sabremos, porque lo cierto es que hubo una comunicación
que decía que preferentemente tenían que centrarse en los períodos en
los que el transcurso del tiempo no daba lugar a que fueran perjudicadas
por la prescripción. Allí donde la prescripción podía beneficiar al
supuesto infractor, perjudicando
los intereses de la Administración, ésta dice que no se haga hincapié
en esos temas. Era muy lógico y tan fácil decir que se centrara la
actuación en ese año para evitar que se produjera la prescripción y
ganar un año de plazo en el que poder adoptar las medidas oportunas
para que la inspección, insisto, como debe ser la diligencia de un
buen político, se haga en los términos adecuados, a todos los
contribuyentes a los que sea necesario y por todo el período que
alcanza la posible retroactividad en función de las normas legales
-normas legales que, por otra parte, como usted sabe, han procedido a
la rebaja de los cinco años a cuatro-, Quizá con este tipo de
actuaciones ya anticipaban lo que iba a ser el futuro, pero no cabe la
menor duda, señor Costa, de que en aquellos momentos la legislación no
era ésa y que el criterio que se sigue en esa comunicación no sólo era
contrario a esa legislación, sino que además lo era a la lógica de una
Administración eficiente, preocupada en combatir adecuadamente el fraude.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
Peralta, yo he intentado transmitirle algunos elementos de juicio
como una reflexión, y me da la impresión de que no ha entendido o no
ha querido entender lo que yo le decía. ¿A quién se inspecciona? Se
inspecciona a los contribuyentes que están en el plan de inspección.
¿A cuántos contribuyentes españoles les prescribió el pasado sábado un
ejercicio fiscal? A muchos. (El señor Peralta Ortega: Sociedades.) ¿A
cuántas sociedades les prescribe un ejercicio social el 20 o el 25 de
julio porque no están en plan de inspección? A muchísimas. Déjeme que
le explique.
De lo que se trata, aparte de que esta comunicación se produjo hace más
de un año y el director de la Agencia dio instrucciones concretas cuando
vio esa comunicación... (El señor Peralta Ortega: No las ha dicho
usted.) Es que yo ya he explicado esa comunicación en esta Cámara. De lo
que se trataba era de que sobre aquellos contribuyentes que estaban en
el Plan de inspección, que a los que hay que inspeccionar sobre todos
los ejercicios, se empezara por los ejercicios más recientes. ¿Por qué?
Porque es de los que más información se tiene, y es mucho más fácil
inspeccionar el ejercicio que está a punto de prescribir sobre la base
de la información que se ha sacado de los ejercicios posteriores que
inspeccionar ese propio ejercicio, porque cuando transcurren cinco, seis
o siete años de la realización de una obligación tributaria a su
comprobación la información que se tiene en esos momentos es bastante
exigua en muchas ocasiones. Piense usted, por ejemplo, que, si está
inspeccionando el año 1988 de alguna empresa o de alguna sociedad, a lo
mejor ni el gerente, ni el director financiero, ni el consejero
delegado de la empresa son los mismos ni los que tomaron las decisiones
en ese momento oportuno. Por tanto, es mucho más fácil en ocasiones
empezar la inspección por los ejercicios anteriores, siempre teniendo la
garantía de que no se producen prescripciones de ejercicios abiertos a
comprobación. Esa es la obligación que ha de tener la Oficina Nacional
de Inspección y la propia Agencia Tributaria.
Cuando yo le manifestaba que las actuaciones se refieren en un 43 por
ciento a ejercicios posteriores no le estoy diciendo que son un 43 por
ciento los contribuyentes a los que se les ha inspeccionado en 1992-95,
no: lo que estoy indicando es que la mayor parte de las actuaciones
de comprobación efectuadas han basculado en los contribuyentes en plan
en el período anterior a 1992-95, que ha habido mucho más trabajo de un
mismo contribuyente en el periodo anterior a 1992-95, 1991 y anteriores,
aquellos que podían estar pendientes de prescripción, que en los
ejercicios sucesivos: teniendo en cuenta lo que usted está diciendo. Por
tanto: yo creo que son extremos perfectamente compatibles. A un
contribuyente en plan de inspección se le tiene que comprobar todo
aquello que no está prescrito. Otra cosa es que el trabajo se organice
empezando por un determinado ejercicio por facilidad de información; esa
es una cuestión radicalmente distinta, pero tenga usted la confianza de
que en la Oficina Nacional de Inspección no se fija como criterio el que
a los contribuyentes que estén en plan de inspección no se les
inspeccione cierto año. Puede tener la absoluta certeza de que eso no
ocurre en ningún caso.
- DEL SEÑOR SEGURA CLAVELL (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PLANES ESPECÍFICOS PARA PROCEDER A INSPECCIONAR LAS EMPRESAS QUE HAYAN
MATERIALIZADO LA RESERVA DE INVERSIONES Y COMPROBAR QUE SE CUMPLE LA
NORMATIVA VIGENTE AL USO. (Número de expediente 181/001264.)
- DEL SEÑOR SEGURA CLAVEL (GRUPO SOCIA
LISTA DEL CONGRESO), SOBRE DATOS DE QUE DISPONE EL GOBIERNO DEL GASTO
FISCAL ACUMULADO EN CANARIAS DESDE EL AÑO 1993 HASTA EL AÑO 1996.
(Número de expediente 181/001265.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las últimas
preguntas, del señor Segura, relativas a la previsión para inversiones
en Canarias y otras relativas al régimen económico y fiscal de Canarias,
para cuya formulación tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias a
todos los miembros de la Mesa y naturalmente al señor secretario de
Estado, por cuanto que soy consciente de que siendo ya las tres de la
tarde razonablemente, y siguiendo nuestro costumbrismo, deberíamos estar
en una función mucho más grata que la propia de la labor parlamentaria.
Si nos consuela aquello de una hora menos en Canarias, piensen que en
este momento son las dos de la tarde allí y que estamos aquí para servir
los intereses de esa comunidad.
Yo le he rogado al señor presidente, consciente de que son ocho
preguntas, que tenga la amabilidad de aceptarme la acumulación de
algunas para favorecer un debate metodológico con el señor secretario
de Estado de Hacienda, que yo hubiese preferido haber tenido meses
atrás cuando
se formularon estas preguntas, que fueron realizadas y se publicaron en
el Boletín del Congreso de los Diputados del 10 de febrero. Sin embargo,
la sabiduría de la Mesa ha posibilitado que se produzca ese debate hoy
martes; sabiduría de la Mesa que quiero resaltar, porque estas preguntas
se van a formular como cuestiones previas hoy martes, dos días antes de
que en el Pleno del Congreso de los Diputados de pasado mañana, jueves,
se produzca la convalidación del Real Decreto-ley 7/1998, de 19 de
junio, aprobado por Consejo de Ministros del viernes de la semana
pasada, que entró en esta Cámara ese mismo día, a efectos de la
convalidación de tres artículos (25, 26 y 27) de la Ley 19/1994, de
modificaciones del Régimen Económico Fiscal canario. Luego, en
secuencia temporal estos dos acontecimientos (hoy, preguntas en la
Comisión de Economía) nos van a facilitar la posición política que el
Grupo Parlamentario Socialista mantenga el jueves próximo y de ahí mi
referencia a la sabiduría acreditada por los miembros de la Mesa y por
la Presidencia.
Señor Costa, las preguntas 9 y 10, planes específicos para proceder a
inspeccionar las empresas que hayan materializado la reserva de
inversiones y comprobar que se cumpla la normativa vigente al uso, y
datos de que dispone el Gobierno del gasto fiscal acumulado en Canarias
desde el año 1993 hasta el año 1996, respectivamente, no son preguntas
baladíes.
Sabe perfectamente el señor secretario de Estado que la Ley 19/1994, en
el apartado 4 del artículo correspondiente a la reglamentación de la
reserva para inversiones, establece que, con carácter imperativo, las
cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán
materializarse en el plazo máximo de tres años contados desde la fecha
del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha
dotado la misma, en la realización de algunas de las siguientes
inversiones. Y establece cuáles son las posibles inversiones.
Este diputado considera muy importante los datos sobre el gasto fiscal
de los últimos años que se han producido en Canarias, al amparo y en
ejecución del contenido de ese artículo, que tendrán la Agencia
Tributaria y la Secretaría de Estado de Hacienda -y nosotros se lo
demandamos-, precisamente porque esos datos no son otra cosa que el
establecimiento y la materialización de las previsiones contenidas
en el artículo 134.2 de la Constitución y del artículo 48.2 de la Ley
general presupuestaria.
Este diputado ha intentado obtener información oficial a través de la
Agencia Tributaria y nos hemos encontrado con datos realmente
espectaculares. Según esas informaciones, quizá no suficientemente
rigurosas y que voy a redondear, en la provincia, de Santa Cruz de
Tenerife hasta el año 1996 la deducción por inversiones del IRPF
asciende a más de 2.370 millones de pesetas; la deducción por
inversiones por el Impuesto sobre Sociedades, 8.700 aproximadamente; la
reserva para inversiones por el IRPF, cerca de 2.000 millones de
pesetas; la reserva para inversiones del Impuesto de Sociedades, 72.780
millones de pesetas; la bonificación por exportación, 306.000 millones;
las vacaciones fiscales, 264.000, que hace que en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife tengamos un gasto fiscal que rebasa los 86.000 millones
de pesetas. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, en la
deducción por inversiones por el IRPF, aparecen 2.800 millones; en la
deducción por inversiones del Impuesto de Sociedades, 17.000 millones
de pesetas; la reserva para inversiones del IRPF, 4.000 millones; la
reserva para inversiones del Impuesto de Sociedades, 101 millones de
pesetas (estoy redondeando cifras); la bonificación por exportación,
115 millones; vacaciones fiscales , según estableció con carácter
provisional la Ley del REF, 241 millones. El total por la provincia de
Las Palmas de Gran Canaria asciende a 126.000 millones de pesetas. Es
decir, más de 213.000 millones de pesetas han estado sometidos a una
tributación muy tenue, la que recoge la Ley del Régimen Económico Fiscal
canario. El total en estos cuatro años supera los 213.000 millones de
pesetas, con una media anual, si cabe hablar de media, de 53.000
millones de pesetas, de los que el 85 por ciento del total de ese gasto
fiscal responden a la reserva por inversiones y un 15 por ciento,
aproximadamente, a la deducción por inversiones.
En consecuencia, y unifico ambas preguntas, señor secretario de Estado,
estamos hablando de magnitudes de mucho calado. Dada la dimensión de
estas cantidades a las que acabo de referirme, y que los datos que obran
en poder de la Secretaría de Estado quizá son diferentes,. en el año
1997 debieron reinvertirse en Canarias obligatoriamente casi 70.000
millones de pesetas, si los datos referenciados por este diputado son
correctos. Es decir, más de 70.000 millones de pesetas se debieron haber
reinvertido en el año 1997 procedentes de la reserva para inversiones
correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de 1994. Es decir, tres
años después de 1997, esa cifra tendría que haberse reinvertido en
Canarias. También, más de 3.000 millones de pesetas procedentes de la
reserva para inversiones, a su vez procedentes del IRPF correspondientes
a 1994, debían haberse materializado.
Este diputado le pregunta al señor secretario de Estado si la Agencia
Tributaria ha puesto en marcha el mecanismo de investigación y de
control riguroso para cerciorarse de que se están produciendo esas
inversiones y que ese gasto fiscal está dando beneficios a la economía
y generando empleo en la Comunidad canaria o, si no tiene los mecanismos
suficientes para hacer el seguimiento permanente de comprobación, que
esas inversiones se están produciendo y están dando el resultado social,
que en la exposición de motivos de la Ley 19/1994 justificaba la
singularidad de una actuación fiscal como la que recoge la ley en ese
artículo de la reserva para inversiones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor Segura,
le voy a dar los datos sintéticamente de los incentivos sobre el gasto
fiscal que supone el Impuesto sobre Sociedades, el REF, y el gasto
fiscal que supone el IRPF, el REF, en el período 1993-96.
Año 1993: Impuesto sobre Sociedades, 22.086 millones; Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, 1.284 millones. Año 1994: 48.869
millones; Impuesto sobre la Renta, 4.433 millones. Año 1995: 58.422
millones; Impuesto sobre la Renta, 3.930 millones. Año: 1996,
58.784,3 millones; Impuesto sobre la Renta, 5.598 millones. Esto
totaliza 188.162 millones de pesetas en el Impuesto sobre Sociedades en
Canarias y 15.245 millones en el Impuesto sobre la Renta en los años
1993 a 1996, según estimaciones provisionales. La comprobación, como
usted muy bien sabe y ha dicho, si estamos hablando del año 1997, ultimo
año de materialización de la reserva, cuya liquidación se presenta en
julio de 1998, podrá empezar a partir de ese momento. Convendrá usted
conmigo en que, antes de que se produzcan los incumplimientos, es muy
difícil exigirle a un contribuyente la restitución de cantidades.
Por otra parte le diré que el importe del gasto fiscal no es el importe
de la inversión. El importe de la inversión debe ser aproximadamente
tres veces y media el importe del gasto fiscal; el gasto fiscal es el
28 o el 30 por ciento del importe de la inversión. Por tanto, estamos
hablando de cantidades de inversión superiores. La Administración
tributaria, igual que comprobaba el fondo de previsión de inversiones,
va a comprobar de manera muy precisa y concienzuda la aplicación de
estos incentivos en Canarias, entre otras cosas, porque es el principal
aspecto que tiene que comprobar dentro de los planes de inspección en el
ámbito insular canario.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Costa, en efecto, los datos del gasto
fiscal de estos tres años, 1993-1996, que ha dado usted me han parecido
bastante aproximados a los que he leído. Le agradecería que nos diese
documentación para no vernos en la obligación de solicitarla por
escrito; supongo, además, hoy nos puede dejar fotocopia.
Nos preocupa porque nos encontramos en una fase en la que ya hay que
comprobar que de verdad las bonificaciones, las exenciones fiscales,
revierten a los intereses de la colectividad. La pregunta la hemos
formulado porque nos preocupan comentarios que nos han llegado, fruto
de conversaciones y de determinadas reuniones, si no con responsables
de la cúpula de la Agencia Tributaria en Canarias sí a otros niveles,
porque es necesario reforzar la estructura de la Agencia Tributaria
para atender esta nueva actuación fiscal absolutamente fundamental y
sin precedentes. De ahí el deseo de que se tomen por parte de la
Agencia Tributaria las decisiones oportunas para hacer un verdadero
seguimiento.
Sabemos, señor secretario de Estado, que el gasto fiscal multiplicado
por un parámetro superior a tres nos va a dar un volumen de inversión
absolutamente espectacular en Canarias. No es fácil su seguimiento y
de ahí que reiteremos el deseo de que se pueda producir esa
fiscalización de la manera más rigurosa posible. Desde luego, nos
satisface comprobar que los datos que hemos dado están bastante
próximos a los que S. S. ha hecho llegar a esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor Segura,
los que yo he expuesto, incluso con mayor desglose en la
no hay ningún inconveniente en suministrarle los datos correspondientes,
medida de nuestras posibilidades. Esta información debe tener carácter
publico y se incorpora, además, en parte en el presupuesto de gastos
fiscales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Con relación a la comprobación, tenga usted la certeza de que este es un
aspecto prioritario dentro del Plan porque es lo que determina que la
presión fiscal, el Impuesto sobre Sociedades: en el ámbito de Canarias
sea -depende del ejercicio- a lo mejor la décima parte de lo que es en
el resto del territorio nacional. Por tanto, el mantenimiento de unos
mecanismos de incentivo de estas características tiene que ser
comprobado de manera muy adecuada y muy rigurosa.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, continúe. Le
advierto que voy a levantar la sesión a las tres y media.
- DEL SEÑOR SEGURA CLAVELL (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
DOCUMENTOS PREPARADOS PARA COMUNICARA LA COMISIÓN LAS AYUDAS DEL ESTADO
PREVISTAS EN EL TÍTULO V DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE
MODIFICACIÓN DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de
expediente 181/001266)
- DEL SEÑOR SEGURA CLAVELL (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PREVISIONES SOBRE EL INICIO Y FIN DE LAS NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO DE
LA NACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA
(ZEC). (Número de expediente 181/001267.)
El señor SEGURA CLAVELL: Señor secretario de
Estado, las preguntas, once, documentos preparados para comunicar a la
Comisión las ayudas de Estado previstas en el título V de la Ley
19/1994, de Modificación del REF: y doce, previsiones sobre el inicio y
fin de las negociaciones del Gobierno de España con la Unión Europea en
materia de la zona especial canaria, las fundamentamos por la necesidad
que tenemos desde los grupos parlamentarios de la oposición de disponer
de 'documentación y de información respecto a un proceso negociador que
sabemos por referencias de prensa que está abierto y que se va
produciendo paulatinamente. Su señoría sabe perfectamente que es
obligación del Estado español y de cualquiera de los Estados miembros de
la Unión Europea la comunicación a la Comisión Europea de las ayudas de
Estado que se produzcan en España en desarrollo de cualquier texto
legal, tal como reconoce y establece taxativamente el artículo 93.3 del
Tratado de la Unión Europea.
Sabemos que a lo largo de los años 1996 y 1997 las autoridades europeas
han solicitado al Gobierno español que presente la información
preceptiva, para que entre en funcionamiento la ZEC, que aún no está en
producción, y según lo que establece el modelo de la carta SG de 1991,
documento 4577, del 4 de marzo de 199 1, que describe textualmente -no
voy a hacer referencia a ello- el conjunto
de la información que se requiere, sobre si se trata de un régimen de
ayudas, si se trata de un régimen en vigor, nivel en el que se realiza
la gestión, etcétera.
Su señoría sabe que los artículos comprendidos entre el 4 y el 23 de la
Ley del REF (desde el artículo 4, principio de libertad de transporte;
el artículo 5, liberalización de los servicios; el artículo 6, tráfico
regular de personas: el artículo 7, transporte marítimo y aéreo de
mercancías; el artículo 8, transporte público terrestre; artículo 9,
telecomunicaciones, etcétera, hasta el 23, vinculado a la formación
profesional) constituyen todo un conjunto de artículos que requieren no
solamente el pertinente desarrollo reglamentario sino la aportación
económica por parte del Estado en la vertebración de lo que es un gran
proyecto de desarrollo económico-regional en la comunidad canaria.
Nosotros queremos saber cuáles son los contenidos de
las contestaciones que el Gobierno español está dando a la Comisión
Europea a efectos de cumplir el mandato establecido en los últimos
tiempos por la Comisión Europea y reiterado en la decisión comunitaria
del 16 de diciembre del año pasado, en desarrollo de esos artículos que
aún constituyen, desde el punto de vista práctico, algo por realizar en
el seno de la propia comunidad canaria. De ahí no solamente la
necesidad de un desarrollo normativo, por razones obvias, ya reiteradas,
sino, además, de que se den pasos adelante, que se conozca la posición
última de un proceso negociador con la Comisión Europea y que en función
de la meta que se alcance en ese proceso negociador se pueda establecer
la reglamentación subsiguiente en el ordenamiento jurídico español para
convertir en realidad los contenidos de unos artículos absolutamente
prioritarios en el sedo de la comunidad canaria. Desde el punto de vista
energético sabemos que constituyen sistemas termoenergéticos aislados y
pueden percibir ayudas singulares de Estado compatibles, como ayudas en
el funcionamiento, con lo que establece la Comisión Europea para las
regiones Objetivo 1 y, además, como consecuencia también de la
aplicación reiterada de lo que establece el artículo 299.2 del Tratado
de la Unión Europea, recientemente convalidado por este propio Congreso
de los Diputados. De ahí la petición
de información que hace este diputado. Dado lo acelerado de la pregunta
y la imposibilidad de su mayor desarrollo, le ruego que conteste con el
contenido que estime oportuno, pero que nos dé copia de los textos de
las contestaciones del Gobierno español a la Comisión Europea en
respuesta a las peticiones de la Comisión y con los contenidos que el
Gobierno español haya reflejado al rellenar esos amplios formularios
como requisitos absolutamente fundamentales en el establecimiento
y cuantificación de las ayudas de Estado y en la defensa de las
mismas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor Segura,
aparte de que le pueda remitir la información a la que ha hecho
referencia, porque como es obvio no dispongo de toda esa información en
estos momentos, creo que hemos mezclado algunos aspectos, como las
cuestiones que pueden estar pendientes de desarrollo reglamentario.
Quisiera hacer algunas consideraciones.
Nosotros tenemos una serie de cuestiones pendientes en el REF. La
cuestión pendiente que teníamos inicialmente era todo el desarrollo y
toda la convalidación en materia de ayudas del Estado, discutible o no
discutible, la reserva para inversiones, las bonificaciones, el
tratamiento en el IGIC y en transmisiones patrimoniales, etcétera, todo
eso que usted conoce muy bien. En el año 1997 nos centramos en sacar
adelante esa negociación que, créame, fue una negociación complicada,
en la que nos esforzamos todos muchísimo, sin ningún tipo de acritud,
que a lo mejor podíamos haber anticipado antes y no se anticipó de
manera eficiente, pero sacamos eso adelante. Hoy tenemos enfrente una
negociación de la zona especial canaria, donde el Gobierno está
manteniendo contactos continuados con los representantes de la Comisión
e incluso con los distintos países para ver cuál es la posición ante un
régimen de estas características.
Usted sabe muy bien además que hoy es prioritaria la zona especial
canaria cuando, a lo mejor, para algún grupo político en el pasado, y
antes de sacar adelante la reserva para inversiones y otras cuestiones,
no era una cuestión prioritaria, incluso era una cuestión sobre la que
se estaba dispuesto a renunciar y a transaccionar. Para el Gobierno es
una cuestión muy importante. Se ha hecho un documento negociando en
paralelo con otras áreas del Gobierno, y además con la Comunidad
Autónoma de Canarias, sobre el contenido de la información a remitir en
materia de la zona especial canaria. Es un documento de conclusiones
donde está detallada toda esa información, eso es cierto, y se está
acabando de cerrar con el gobierno canario, pero yo también le voy a
decir algo. El Gobierno, hasta que no tenga negociada la zona especial
canaria en todos sus aspectos con la Comisión Europea y hasta que no
tenga también cerrada la posición que pueden mantener otros países ante
el inicio de la zona especial canaria no quiere remitir ninguna
comunicación. No lo va a hacer porque lo que no quiere es que la zona
especial canaria se convierta en el centro de un debate político en el
que todo el mundo participa, habiendo muchos Estados miembros que tienen
cosas que ocultar. Probablemente es mucho mejor mantener un debate
sosegado en una negociación sosegada con los representantes de la
Comisión Europea, con los propios comisarios, incluso con los
representantes de los distintos países, antes de adoptar una decisión de
comunicación que pueda ser definitiva. Además, si S. S. considera
oportuno colaborar con el Gobierno de una manera constructiva pensando
de qué manera podemos mejorar los resultados de esa negociación, como es
obvio yo estoy dispuesto; igualmente a que esta Comisión dicte los
criterios o instrucciones que se puedan seguir en una negociación con
Bruselas.
En materia de desarrollo reglamentario hay cuestiones pendientes que
se encuentran en fase de coordinación por parte del Gobierno. Sabe S. S.
que el desarrollo reglamentario de la Ley del REF se ha hecho a través
de múltiples reglamentos autónomos independientes, no hay un único
reglamento de desarrollo, y, por lo tanto, se van desarrollando los
artículos del REF, algunos de ellos con carácter previo, antes de
aplicarlos o de que puedan entrar en vigor las ayudas de Estado que
contempla. En cualquier caso,
estoy dispuesto a tenerle informado de manera puntual sobre estas
cuestiones, con independencia de que algunos de los desarrollos de esta
ley no sean cuestiones propias de la competencia del departamento del
Ministerio de Economía y Hacienda o de la Secretaría de Estado de
Hacienda en el sentido estricto, pero estoy dispuesto a suministrarle la
información que considere oportuna.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Costa, le voy a decir con toda sinceridad
que la preocupación en la actual legislatura por el desarrollo
reglamentario y por los contenidos del régimen económico-fiscal canario
nos ha llevado a los diputados socialistas por las dos circunscripciones
canarias a tener un talante hacia el secretario de Estado de Hacienda
bastante comprensivo, tendiendo la mano para colaborar. Relea usted los
diarios de sesiones de su comparecencia del mes de jumo de 1997, relea
usted la comparecencia de su colega de departamento, el secretario de
Estado, señor Montoro, el 9 de junio pasado cuando se le formuló una
pregunta, y relea usted también nuestra intervención cuando compareció
el señor Rato haciendo un análisis general de un Ecofin.
Nosotros no nos hemos visto correspondidos con ese
afán de colaborar, no hemos recibido ni un solo folio informativo. No
ha correspondido el Ministerio de Economía y Hacienda -me atrevo a
decir- a la bonhomie parlamentaria que hemos puesto, manifestando
reiteradamente nuestro afán de colaboración. Queda recogido en el Diario
de Sesiones, queda como una intencionalidad política, quedamos muy bien
y nos despedimos con toda cordialidad, pero no se ve correspondido con
una actuación del Ejecutivo transmitiendo información al principal
grupo parlamentario de la oposición; es más, sorprendentemente, el
próximo jueves vamos a participar en la convalidación del Real
Decreto-ley 7/1998, que se basa en los contenidos de la decisión
comunitaria del 16 de diciembre pasado, y ni siquiera se nos ha
comunicado esa decisión. Vamos a participar a ciegas, sin información
previa, en la convalidación de un real decreto-ley que va a modificar
tres importantes artículos de la Ley del REF y que intuimos que va a ser
el comienzo de una larga serie de reales decretos leyes que el propio
Gobierno nos va a traer aceleradamente, ya que, fíjense, se trata de
una decisión comunicada por la Comisión Europea en diciembre de 1997 y
ahora, aceleradamente, el Consejo de Ministros del viernes pasado
aprueba el real decreto ley y lo trae el mismo día al Congreso de los
Diputados. De ahí, señor secretario de Estado, que nosotros queramos
darle no la oportunidad -usted debe actuar como estime oportuno en el
ejercicio de sus funciones-, pero sí decirle que el pasado, estos dos
años, no le avalan en lo que refiere a las relaciones con los diputados
socialistas canarios, con este grupo parlamentario, y de ahí que le
reiteremos, porque está recogido implícitamente en todas y cada una de
las ocho preguntas que hoy le está formulando este diputado, nuestro
deseo de disponer a la mayor brevedad posible, de forma que no tengamos
que recurrir a otro mecanismo -la pregunta escrita la petición de amparo
de la Presidencia de la Cámara-, de la documentación que la Secretaría
de Estado de Hacienda transmite como documentos formales a la Comisión
Europea, a la DG-4 o a las diferentes direcciones generales con las que
tenga que estar dialogando, comunicando y evaluando los contenidos de
todos y cada uno de los artículos a los que he hecho referencia; por
ejemplo, del 4 al 23 del REF. Esa sería una prueba materializadora de
la voluntad política de dialogo. La petición de colaboración por parte
de la oposición la hemos hecho, pero no hemos sido respondidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor Segura,
las percepciones son siempre subjetivas; es decir, usted cuestiona cuál
puede haber sido la actitud de la Secretaría de Estado de Hacienda en
este proceso y dice que no se le ha suministrado información cuando
ustedes la han pedido, pero le voy a decir algo: las dos primeras
preguntas, a las que usted ha hecho referencia, se las he contestado
suministrándole una información que le hemos montado única y
exclusivamente para usted. La ha pedido usted, yo se la he encargado a
la Agencia Tributaria y se la doy -obviamente, la información que se
puede administrar y de la que se puede disponer-. pero lo que no puedo
hacer es darle información de la que no puedo disponer o no puedo
administrar en un momento determinado. Eso debería entenderlo.
En segundo lugar, yo no he hecho referencia en el debate político a que,
a lo mejor, si se hubiera negociado con mayor rapidez y con mayor
celeridad en un momento determinado las cosas no habrían resultado tan
difíciles; yo no he incidido en el debate político desde esa
perspectiva, sino que me ha interesado sacar la reserva y las otras
medidas del REF:, y en ocasiones, y usted, que sigue la prensa canaria,
lo sabe muy bien, algunos de sus compañeros de partido o algunos
miembros de otras fuerzas políticas, que desde luego no son el Partido
Popular, no han sido especialmente tolerantes o comprensivos con el
secretario de Estado de Hacienda en eso que usted manifiesta, y creo
que en materia del REF hemos conseguido un marco fiscal muy competitivo
y en la misma línea de lo que fue la voluntad de esta Cámara en el año
1994. En tercer lugar, ha habido conversaciones con representantes de su
partido en Canarias sobre la cuestión del decreto-ley y yo le puedo dar
información ahora, cuando nos levantemos, de esas conversaciones, porque
aunque el Gobierno Lleve un decreto-ley, como es obvio quería contar:
por decirlo de alguna manera, con la predisposición por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, igual que ustedes contaron con nuestra
predisposición cuando trajeron un decreto-ley para convalidar o
modificar algunas cuestiones de la Ley del REF hace ya algún tiempo.
Finalmente, le voy a decir que si un decreto-ley se aprueba en el mes de
junio, cuando la decisión de la Comisión es del mes de diciembre, es
porque un decreto-ley de estas características exige no sólo un trámite
y un proceso de elaboración, sino también un proceso de negociación, así
como considerar cómo lo adecuamos, lo implementamos y cumplimos la
directriz de la Comisión. Además, hay que discutir con el Gobierno
canario las cuestiones que tenemos la intención de aprobar, etcétera. El
tramite que
requiere es importante, y no es que hayamos estado pensando en otras
cuestiones distintas y no nos haya preocupado el trámite del
decreto-ley. La información sobre el decreto ley o sobre un borrador
del proyecto de ley está disponible desde hace bastante tiempo, en lo
que respecta sobre todo al Gobierno canario y a algunas entidades
representativas y, como es obvio, el Gobierno ha tomado hoy la decisión
de aprobarlo como decreto-ley en la medida en que ya va siendo urgente
la incorporación de esa decisión a nuestro ordenamiento jurídico.
Pero yo le diría que pensara que a veces las cosas se ven según la
posición subjetiva de cada uno. Yo puedo suministrarles la información
que pueda servir para una colaboración constructiva en sacar adelante
este proceso negociador. Ahora bien, lo que espero como contrapartida es
que su grupo parlamentario y su partido político no abran debates en los
momentos en los que no estén justificados o que cuestionen actuaciones
concretas, cuando se ha visto al final que el resultado es positivo para
Canarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
- DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE PREVISIONES
SOBRE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY
19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACION DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL
DE CANARIAS. (Número de expediente 181/001268.)
- DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE LOS
TRABAJOS REALIZADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 181/001270.)
- DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE DESARROLLO LEGAL
DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 4 A 23 DE LA
LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL REGIMEN ECONOMICO Y
FISCAL DE CANARIAS, ASÍ COMO CONTENIDO DE LA COMUNICACION QUE EL
GOBIERNO REMITIRÁ A LA COMISIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN DE
AYUDAS REGIONALES. (Número de expediente 181/001271.)
- DEL MISMO SEÑOR DIPUTADO, SOBRE LA
OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA CONVENIENCIA DE PRESENTAR UN PROYECTO
DE LEY POR EL QUE SE PERMITIESE LA MATERIALIZACIÓN DE LA RESERVA PARA
INVERSIONES EN LA ADQUISICIÓN DE SUELOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE
DESTINASE AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, ASÍ COMO A
EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, Y ASIMISMO SE
PERMITIESE LA INVERSIÓN DE LA RESERVA EN LA MEJORA
DE LA PLANTA HOTELERA, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
10.4 DE LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN
ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS. (Número de expediente 181/001273.)
El Señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Segura para hacer las
últimas preguntas.
El señor SEGURA CLAVELL: Consciente de que
dentro de muy pocos minutos comienza la sesión plenaria de esta semana,
voy a intervenir muy brevemente.
Señor Costa, le reitero la petición de que nos haga llegar la mayor
información posible como mecanismo que materialice claramente la oferta
de diálogo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Socialista y
sobre la que hasta estos instantes no hemos recibido respuesta del
Gobierno. Nosotros somos conscientes de que todos y cada uno de los
artículos, en temas tan fundamentales, requieren un desarrollo
reglamentario, pero hay contenidos, señor Costa, que son de competencia
exclusiva del Gobierno de la nación y que no han sido desarrollados, y
este no es el momento de hacer un debate sobre ello.
La última pregunta que le formulo, porque la cuestión, francamente,
nos preocupa, es cuál es la opinión del Gobierno acerca de la
conveniencia de presentar una normativa de ley, es decir, cuál será la
normativa de ley, o del rango que el Gobierno estime oportuno, por la
que se permita la materialización de la reserva para inversiones en la
adquisición de suelo, siempre y cuando éstas se destinen al desarrollo
de la actividad empresarial, así como a la construcción de edificios e
instalaciones industriales y comerciales. También queremos saber cuál es
la posición del Gobierno y cuál es el rango que estima dar a la
normativa a la hora de vertebrar reglamentariamente esa posición, en el
supuesto de que se permitiese la inversión de la reserva en la mejora de
la planta hotelera, teniendo en cuenta lo importante de este sector en
la comunidad canaria y lo que establece el artículo 27.4 de la Ley 19, a
la que estamos haciendo referencia. Además, naturalmente, queremos saber
cuál es la razón por la que esos contenidos no han aparecido en el real
decreto-ley que pasado mañana, jueves, va a ser motivo de debate en el
Pleno de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor Segura,
en primer lugar me gustaría saber si usted quiere abrir un nuevo
proceso de comunicación de ayudas con Bruselas, porque ampliar las
ayudas, si es lo que está usted planteando en sentido estricto, supone
eso. LES lo que está planteando? Sería bueno saber si el Grupo
Parlamentario Socialista, después de haber conseguido sacar adelante el
REF en las cuestiones de la reserva, plantea ahora una ampliación de las
ayudas, y me gustaría conocer la posición de su grupo sobre iniciar de
nuevo un proceso de negociación con Bruselas y demás cuestiones. No sé
si esto sería inteligente o no. Usted sabrá a qué se refiere con ese
planteamiento.
Lo que yo puedo decirle es que los órganos del Ministerio de Economía y
Hacienda, que son los encargados de aplicar el sistema tributario,
entienden que en determinados supuestos las inversiones en inmuebles y
en terrenos están cubiertas claramente en el ámbito de la reserva. El
Gobierno tiene muy claro que quiere aplicar el marco actual, lisa y
llanamente. Hay opiniones en la Dirección General de Tributos, que
serán publicadas y estarán a disposición de los contribuyentes, donde se
entiende que una interpretación estricta, adecuada y razonable de la
normativa que regula la reserva permite las inversiones en terrenos
siempre y cuando estén afectos a actividades desde el punto de vista
empresarial. ¿Por qué? Porque un terreno no es un activo usado. El
activo usado puede ser un equipo informático que se ha utilizado, pero
el terreno no es ni usado ni nuevo, es un activo inmobiliario, es un
bien natural y está ahí. Esta es la posición del Gobierno: no modificar
legalmente la reserva y clarificar cuáles son los activos en los que se
puede materializar la reserva. Eso es todo.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Costa, entiendo su contestación como
agresiva en el sentido de desafiarme a ver cuál es la posición del
Grupo Socialista o de este diputado que formula la pregunta acerca de
si pretendemos abrir nuevos tipos de ayudas. No era necesario ese
desafío, señor Costa, porque en su contestación ha puesto usted de
manifiesto clara y rotundamente que entendió muy bien lo que este
diputado le preguntaba y que usted ha contestado,
también muy bien -releeremos el Diario de Sesiones-, es decir: no a
nuevos tipos de ayuda, cosa que no demandaba este diputado. Pero sí
ha quedado manifestada nuestra preocupación acerca de las potenciales
inseguridades jurídicas que en un futuro pueden producirse si no figuran
claramente regladas estas ayudas y figuran exclusivamente explicadas,
como me ha parecido entender del señor secretario de Estado, fruto de
peticiones o preguntas que formulen potenciales interesados. No
pretendíamos nuevos tipos de ayudas. Pretendemos claridad, rigor y,
naturalmente, seguridad jurídica de futuro para que este sistema sea
un sistema sólido y estable.
El señor PRESIDENTE: Señor Costa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Costa Climent): Señor
presidente, no tengo nada más que añadir. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Segura, debo decirle que el régimen del Fondo
de Previsión para Inversiones se creó en 1957, hace 40 años. Es decir,
hay jurisprudencia, reglamentos, instrucciones, consultas vinculantes,
no vinculantes y, desde luego, todo en la viña del Señor.
Señoras y señores diputados, se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.