CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 450



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 44



celebrada el jueves, 7 de mayo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Proposiciones no de ley:



--Relativa al deterioro del firme de la carretera N-120. Presentada por
el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000261)
(Página 12958)



--Sobre actuaciones en la costa del municipio de Guía de Isora, en la
isla de Tenerife. Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente
161/000327) (Página 12958)



--Sobre la construcción de una nueva estación de ferrocarril en la
localidad de Vallada (Valencia). Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000557) (Página 12959)



--Relativa a la concesión de explotación de la autopista A-7 a la empresa
Aumar. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
161/000573) (Página 12965)



--Por la que se insta al Gobierno a la no prórroga de la concesión
administrativa de la autopista A-7. Presentada por el Grupo Socialista
del Congreso (Número de expediente 161/000607) (Página 12965)

Página 12958



--Sobre el rescate de la concesión de la autopista A-7. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
161/000027) (Página 12965)



--Por la que se insta al Gobierno a paralizar los trámites iniciados para
ejecutar la llamada «solución 1», adoptada por el Ministerio de Fomento,
para llevar a cabo el desvío de la carretera N-332 a su paso por Sueca y
Favara (Valencia). Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente
161/000817) (Página 12971)



--Sobre Eix Pirenenc. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 161/000878) (Página 12972)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA AL DETERIORO DEL FIRME DE LA CARRETERA N-120. PRESENTADA POR
EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000261).




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar la reunión de la
Comisión.

Como ustedes saben, se trata de debatir y votar ocho proposiciones no de
ley. Es habitual en esta Comisión señalar una hora de votación, que será
no antes de la una de la tarde.

La primera proposición no de ley es la relativa al deterioro del firme de
la carretera nacional 120, que presenta el Grupo Socialista del Congreso
y para cuya defensa tiene la palabra el diputado señor Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: Señor presidente, muy brevemente. La proposición
no de ley que hemos presentado se correspondía con la preocupación
existente en el momento de la elaboración de la misma en relación al
firme del trazado de la carretera nacional 120. La situación que dio
origen a esta proposición no de ley ha sido subsanada. No me estoy
refiriendo a los problemas que presenta la carretera nacional 120, y en
ese sentido se ha presentado con fecha 12 de noviembre de 1997 otra
proposición no de ley que plantea la necesidad de actuaciones que
posibiliten la realización, entre otras cosas, de un tercer carril, de un
rectificado de curvas, etcétera, dado el volumen de tráfico que tiene, al
ser esta una carretera muy importante para articular el acceso al centro
de Galicia. En consecuencia, hemos presentado una proposición no de ley
para abordar esta nueva situación a la que hago referencia.

En cualquier caso, el reparado de firme ha sido realizado, y el Grupo
Parlamentario Socialista en este momento retira la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Queda retirada esta primera proposición no de ley.




--SOBRE ACTUACIONES EN LA COSTA DEL MUNICIPIO DE GUIA DE ISORA, EN LA
ISLA DE TENERIFE. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número
de expediente 161/000327).




El señor PRESIDENTE: La segunda proposición no de ley se refiere a
actuaciones en la costa del municipio de Guía de Isora, en la Isla de
Tenerife. Ha sido presentada por el Grupo Socialista del Congreso y para
su defensa tiene la palabra el señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, en efecto, tal como figura en
la documentación, el día 5 de febrero de 1997 --y quiero recordar que hoy
nos encontramos a 7 de mayo de 1998, es decir, casi quince meses
después-- se presenta esta proposición no de ley que se va a debatir hoy
en esta Comisión. Dada la evolución de acontecimientos administrativos
queda, digamos, fuera de lugar, desbordada por los acontecimientos, y lo
voy a justificar.

En la motivación de la misma se dice que en el mes de octubre de 1995 el
Ayuntamiento de Guía de Isora de la Isla de Tenerife y la Dirección
General de Costas del antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, suscribieron un acuerdo institucional con el objeto de
llevar a cabo una serie de actuaciones en diferentes partes del litoral
del municipio que, tradicionalmente sometidas a lento y progresivo
deterioro, afectan a un elevado número de ciudadanos residentes en
aquella zona, a los que se referencia en el acuerdo y que se enclavan
junto a núcleos tradicionales pesqueros, así como una extraordinaria
perspectiva futura que esa zona ofrece desde la óptica turística.

Particularmente la actuación en la regeneración y acondicionamiento de
Playa de San Juan parece de primera necesidad para los núcleos urbanos de
las proximidades, que además, y como consecuencia de la existencia
próxima del refugio pesquero que construyó en su momento



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la mancomunidad de cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se
ha visto degradada por el impacto contaminante de las propias
embarcaciones que utilizan dicho puerto pesquero deportivo.

Decíamos en aquel momento --es decir, en los primeros días de febrero de
1997-- que a lo largo de los últimos meses --lógicamente nos estábamos
refiriendo al año 1996--, y dado el interés de la actuación principal
prevista en Playa de San Juan, diputados del Grupo Parlamentario
Socialista han formulado preguntas al Gobierno --que están recogidas en
los pertinentes diarios de sesiones-- que han sido contestadas en el
sentido de considerar que el antedicho acuerdo institucional era nulo de
pleno derecho, si bien los proyectos técnicos están próximos a la
terminación y las actuaciones son consideradas como de interés social.

La realidad es que los proyectos están redactados, el ayuntamiento
dispone de suelo y se trata de continuar avanzando en la tramitación
administrativa de un tema que es importante en un municipio clave de los
que tienen en la Isla de Tenerife mayor pujanza económica, y planteábamos
como proyecto del resolución que el Congreso de los Diputados instase al
Gobierno para que continuase el desarrollo administrativo que a su vez
posibilitara la ejecución, en un plazo razonable, de los contenidos del
proyecto técnico del paseo marítimo y regeneración de Playa de San Juan
en el municipio de Guía de Isora en la Isla de Tenerife, a la vez que se
produjese la adaptación del acuerdo institucional que ligase a ambas
administraciones a los nuevos criterios de la Dirección General de Costas
del Ministerio de Medio Ambiente.

En consecuencia, nos encontramos, señor presidente, señoras y señores
diputados, en primer lugar, con que se trata de una zona del litoral
colateral en una bahía a un refugio pesquero importante que constituye el
único que tiene, en lo que denominamos zona sur de la Isla de Tenerife,
como refugio para embarcaciones de naturaleza pesquera. En segundo lugar,
estaba el proyecto redactado. En tercer lugar, se disponía el suelo. En
cuarto lugar, ya el propio Cabildo Insular de Tenerife... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Segura.

Por favor, a los diputados que tengan que hablar les ruego que vayan al
fondo de la sala, porque no dejan oír a los taquígrafos.

Tiene la palabra el señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: En cuarto lugar, como digo, señor presidente, el
propio Cabildo Insular de Tenerife, como otra institución interesada en
el tema, ha cofinanciado un paseo peatonal. Pues bien, en esa época,
insisto, en los primeros días del año 1997, el Grupo Parlamentario
Socialista consideró oportuno instar al Gobierno para que continuase
vertebrando un proyecto de regeneración de ese litoral tan absolutamente
imprescindible para el desarrollo de la zona, y la realidad de los
acontecimientos del año 1997 es la que sigue. El Ministerio de Fomento ha
elaborado con el Gobierno de Canarias un convenio que se firmó hace unos
meses por parte de la ministra de Medio Ambiente del Gobierno español con
el Gobierno de Canarias, con el Consejo de Obras Públicas. Dentro de ese
convenio global de actuaciones y de regeneración del litoral en la
comunidad canaria se recogen siete anexos, uno por cada una de las siete
islas, y en el anexo correspondiente a la Isla de Tenerife figura
claramente acordada la actuación a la que este diputado está haciendo
referencia.

En consecuencia, la intencionalidad del Grupo Parlamentario Socialista
era que el Gobierno de la nación, a través del ministerio competente,
hiciese suya la coparticipación con las diferentes instituciones, y así
lo ha hecho con el Ayuntamiento de Guía de Isora, Cabildo Insular de
Tenerife, Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Obras
Públicas y el propio Ministerio de Fomento. Esta actuación coordinada
entre las cuatro instituciones está firmada ya; al estar firmada y
recogida en el convenio, lo que el Grupo Parlamentario Socialista
planteaba como proyecto de resolución está alcanzado y rubricado.

Consiguientemente, retiramos esta proposición de ley, no se someterá a
votación y manifestamos la satisfacción, al menos la mía personal como
interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista en este tema, por la
suscripción de ese convenio y el deseo de que con dinamismo se lleven a
cabo estas actuaciones.

Por último, desde el punto de vista formal, señor presidente, quiero
dejar constancia de que esta proposición no de ley se enmarca en un
conjunto de cuatro proposiciones no de ley que el Grupo Parlamentario
Socialista presentó a comienzos del año 1997, tres de las cuales, por
decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, teniendo la misma
naturaleza, se remitieron a la Comisión de Medio Ambiente, y ésta
apareció remitida a esta Comisión de Infraestructuras, cosa que no era
razonable. Lo razonable hubiera sido que se hubiese debatido en su
momento, como se hizo con las otras tres, en la Comisión competente en
esta Cámara en materia de medio ambiente y de regeneración del litoral.




El señor PRESIDENTE: Refiriéndome a la última parte de su intervención,
es posible que dado el contenido de esta proposición no de ley hubiera
sido más lógico que se hubiera visto en la Comisión de Medio Ambiente,
pero la mesa de esta Comisión siempre tiene que actuar de acuerdo con las
resoluciones de la Mesa del Congreso.




--SOBRE LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTACION DE FERROCARRIL EN LA
LOCALIDAD DE VALLADA (VALENCIA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000557).




El señor PRESIDENTE: Pasamos la tercera proposición. Proposición no de
ley sobre la construcción de una nueva estación de ferrocarril en la
localidad de Vallada, en Valencia. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la
palabra la diputada señora Urán.




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La señora URAN GONZALEZ: Señorías, como consecuencia de la modernización
del tramo Madrid-Valencia, desde Fuente La Higuera a Xátiva, se hizo un
proyecto de ampliación de la vía del ferrocarril. Esto ha supuesto un
beneficio en general para nuestra comunidad autónoma, pero, al mismo
tiempo, no se han tenido en cuenta los perjuicios que se podían ocasionar
a determinados núcleos de población, a los ciudadanos y ciudadanas de los
mismos, por la utilización de los trenes de cercanías sin contemplar en
algunos momentos que determinados proyectos incidían negativamente en la
utilización de esos trenes de cercanías en estas poblaciones.

En concreto, señorías, la antigua estación de ferrocarril de Vallada está
a unos quince minutos del casco urbano de esta población, por lo cual la
ciudadanía era asidua a la utilización de ese tren de cercanías. Una vez
terminada la obra de mejora de la línea férrea se edificó, al mismo
tiempo, una nueva estación que lleva a que estos ciudadanos y ciudadanas
se encuentren ahora con que la misma está mucho más alejada del núcleo de
la población, que además tiene unas infraestructuras viarias para acceder
a ella que no son las más idóneas y que pueden ocasionar riesgos de
accidentes por la utilización del vehículo en una carretera inadecuada,
lo que pone también en peligro la utilización del ferrocarril por esta
misma situación.

Después de diferentes avatares sufridos por el proyecto, la posición que
mantuvo el ayuntamiento de Vallada inicialmente, sin presentar
alegaciones a la nueva construcción y que posteriormente se vio que era
una situación que dañaba a los usuarios del ferrocarril de esta
población, se le planteó al Ministerio la posibilidad de que no se
abriera, que no entrara en funcionamiento la nueva estación y que se
mantuviera la estación vieja para el uso de los trenes de cercanías.

Hay que decir, señorías, que los trenes siguen pasando por delante de la
estación vieja, con lo cual, desde nuestro punto de vista, no sería
excesivamente costoso para el Ministerio de Fomento mantener la
utilización de esta estación en beneficio de los usuarios de los trenes.

Si tenemos en cuenta que el tren es uno de los medios de locomoción más
respetuoso con el medio ambiente, que desde nuestro grupo parlamentario
defendemos que se aumente y se potencie precisamente la utilización del
ferrocarril para el transporte de viajeros, estamos convencidos de que la
inversión que tendría que hacer el Ministerio de Fomento, aunque fuera
costosa, sería mucho más beneficioso para los usuarios del ferrocarril,
en concreto en esta localidad. Es más, señorías, hay una proposición no
de ley, aprobada por unanimidad de las Cortes Valencianas, presentada por
el Grupo de Esquerra Unida-Els Verds, por la que se acordó en el Pleno de
las Cortes Valencianas, celebrado en Xátiva en el mes de octubre, que se
instara al Gobierno para que se tomaran las medidas necesarias para que
la estación vieja del ferrocarril de Vallada fuera utilizada. Repito que
es un acuerdo unánime de la Comunidad Valenciana, representada por sus
Cortes, para que el Ministerio de Fomento adopte una iniciativa y
modifique su decisión actual.

Nuestra proposición no de ley plantea que se revoque la decisión de
trasladar la estación y que, por tanto, se mantenga la que se utilizaba
hasta ese momento. Esta iniciativa consta de un segundo punto que retiro
en este momento, señorías, dado el tiempo transcurrido desde que se
presentó la proposición no de ley, que fue en mayo de 1997, cuando a
pesar de estar en funcionamiento la estación no estaba terminada. Lo que
está claro es que ahora ya no se puede pedir la paralización de las obras
porque éstas están concluidas y en funcionamiento la estación desde el
mes de marzo del año pasado.

Por tanto, señorías, la iniciativa quedaría exclusivamente con el primer
punto. Desde luego, nuestro grupo parlamentario no está dispuesto a
aceptar, como ha venido diciéndose en los escritos que se han trasladado
desde el Ministerio de Fomento a la Delegación del Gobierno de Valencia,
al ayuntamiento de Vallada, que la imposibilidad de la utilización de la
estación antigua está basada, única y exclusivamente, en criterios
técnicos, por una situación que esta diputada no va a entrar a valorar.

Tenemos el convencimiento de que, en nuestra sociedad, las trabas
técnicas, hoy, en 1998, a pocos años de entrar en el siglo XXI, no pueden
ser impedimento para dar un buen servicio ferroviario a las poblaciones,
en concreto a la población de Vallada, y tampoco, desde nuestro punto de
vista, el criterio economicista tiene que ser el que redunde en favor de
la no utilización del ferrocarril y de la no prestación de un buen
servicio.

Señorías, esperamos el mantenimiento de las posiciones de todos los
grupos parlamentarios que estamos hoy en esta Comisión, que también
formamos parte de las Cortes Valencianas, que en aquel momento votamos
por unanimidad una proposición no de ley y hoy no hay motivos para que no
sea de la misma manera.




El señor PRESIDENTE: Permítame que le pregunte. ¿Lo que se retira en la
proposición no de ley es el punto b)?



La señora URAN GONZALEZ: Sí señor presidente, eso es lo que se retira.




El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no
de ley, por lo cual, pregunto, ¿grupos que desean hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre de Unión Valenciana para
dar, en primera instancia, el apoyo a la proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la
construcción de una nueva estación de ferrocarril en la localidad de
Vallada, más concretamente en lo que hace mención en el punto primero al
uso en el futuro de la antigua estación de Renfe, ya construida,
consolidada y mejor comunicada con el municipio de Vallada, que es el
lugar que ha sido utilizado durante los años en los que esta línea de
ferrocarril pasaba a escasos minutos del término municipal de Vallada.

Unión Valenciana sale en defensa de esta proposición no de ley porque
entendemos que es coherente y sensata,



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coherencia y sensatez que Unión Valenciana ha mantenido en este tema en
el ayuntamiento de Vallada, en las representaciones comarcales, en las
Cortes Valencianas y en el propio Congreso en defensa de esa utilización
y de que el nuevo trazado de la línea de ferrocarril Madrid-Valencia
tuviera en la antigua estación de Vallada su parada tradicional, como
venía siendo habitual en los últimos años. Digo lo de la coherencia
porque en el ayuntamiento de Vallada, del año 1991 al año 1995, regentado
por Unión Valenciana, ya se manifestó, con claridad y rotundidad, el
mantenimiento de la antigua estación de esta localidad para prestar el
servicio a los vecinos. Había motivos más que sobrados: la cercanía con
el municipio, el poco o escaso tráfico que hay entre dicho municipio y la
antigua estación de Vallada; una carretera en condiciones, alumbrada,
donde, por comodidad y por servicios, los ciudadanos muy fácilmente
accedían a la antigua estación de tren para hacer sus conexiones con
Valencia, sobre todo la línea de cercanías, y otros viajes de largo
recorrido que tenían la parada en esa antigua estación.

Por tanto, y por respeto escrupuloso a la sede parlamentaria donde reside
la soberanía popular de todos los valencianos, las Cortes Valencianas
--que no se olvide--, Unión Valenciana junto con el resto de grupos
parlamentarios, unánimemente, en el Pleno celebrado en Xátiva el día 8 de
octubre de 1997, con intervenciones --que aquí está el «Diario de
Sesiones» de las Cortes Valencianas-- de todos los grupos parlamentarios
--el Grupo Mixto, Izquierda Unida, Grupo Popular, Grupo Socialista y
Unión Valenciana-- dieron el apoyo unánime, repito, a esta petición no
sólo de los vecinos de Vallada sino de toda una comarca. Y aunque haya
alguna pega técnica, según dicen algunos, es una cuestión de justicia y
de comodidad para el usuario del ferrocarril, ya que en esos municipios
hay muchos ciudadanos que no tienen otro vehículo de transporte que el
del tren, la posibilidad de un medio rápido de comunicación con la ciudad
de Valencia, incluso con los centros comerciales de municipios próximos
que utilizan esa línea, como pueda ser a Xátiva u otros municipios de la
ribera.

Nosotros pensamos que sería coherente la posibilidad de rectificar.

Sabemos que la obra del apeadero nuevo está hecha; que puede haber alguna
problemática técnica, pero que con voluntad política se puede solucionar
la cuestión y se puede atender la demanda no sólo del Ayuntamiento de
Vallada, de los vecinos de Vallada usuarios del ferrocarril, sino de la
votación, del acuerdo solicitando este extremo por las Cortes Valencianas
en octubre del año 1997. Tampoco hará falta redundar en más argumentos.

Los planteamientos de Izquierda Unida defendidos hoy son los que su
portavoz defendió en las Cortes Valencianas en octubre de 1997. Los que
me imagino que va a utilizar el portavoz del Grupo Socialista son los que
su portavoz en las Cortes Valencianas utilizó en octubre de 1997. Los
argumentos que está utilizando Unió Valençiana aquí son los que defendió
en ese Pleno celebrado en Xátiva Unió Valençiana en boca de su portavoz
allí, Filiberto Crespo Samper, que yo repito textualmente, y aquí está el
«Diario de Sesiones». Lo que le pido al Grupo Parlamentario Popular es
que su portavoz, hoy, ahora, asuma los compromisos, las palabras y la
votación que su compañero, Fernando Giner, alcalde de Vallada, defendía
en ese Pleno, reivindicando, como ya había reivindicado desde el año
1991, que la línea de ferrocarril Madrid-Valencia tuviera la parada
rigurosa, clara y rotunda en Vallada, por supuesto, en el término
municipal, pero que esa parada se realizara donde se había realizado
siempre: en la antigua estación, por las razones que argumentaron todos
los grupos, que estamos argumentando hoy y que, por su propio peso se
cae, son de lógica aplastante.

Insisto en que lo que pido es que, por coherencia, se mantengan esos
planteamientos, se respete el acuerdo de las Cortes Valencianas, pero, en
última instancia, se refuerce y se atienda la petición del Ayuntamiento
de Vallada, que representa los intereses de los valladinos en defensa de
que el ferrocarril tenga su parada en la antigua estación, como así fue y
así debería continuar en el futuro.

Por todo ello, la posición de Unió Valençiana es la de apoyar esta
proposición por coherencia y por sentido común.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSALL: Señor presidente, nuestro grupo está en una
línea de, en principio, dar un voto favorable a la proposición no de ley
que debatimos, con una solicitud que en su momento haría: cambiar «se
revoque» por «se reconsidere», por cuanto nos parece, por la información
que tenemos y que nos ha hecho llegar el Ayuntamiento de Vallada, que las
justificaciones técnicas que Renfe pueda dar para el uso del nuevo
apeadero no son suficientes.

De todas maneras, quiero, para decidir finalmente nuestro voto, escuchar
lo que puedan decir los portavoces de los grupos mayoritarios
representantes de la zona, para ilustrarme más y ver si verdaderamente
nuestro voto va a ser favorable, aunque estamos muy propensos a que así
sea si por parte del grupo proponente, en el momento pertinente, se
acepta cambiar la palabra «reconsidere» por «revoque».




El señor PRESIDENTE: Entiendo, por tanto, que, aunque sea como una
enmienda in voce (para luego preguntar a la señora Urán), plantea usted
este cambio de terminología. (Asentimiento.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pin.




La señora PIN ARBOLEDAS: Señor presidente, hablo en nombre del Grupo
Socialista, para fijar posición en la proposición no de ley presentada
por los compañeros de Izquierda Unida y anuncio que nuestro voto va a ser
favorable, igual que fue favorable en las Cortes Valencianas.

Como ya se ha dicho anteriormente, el Ayuntamiento de Vallada, en la
provincia de Valencia, está gestionando ante el Ministerio de Fomento el
mantenimiento de la parada de los trenes de la línea Madrid-Valencia en
la antigua estación de esta localidad. El cambio de ubicación en el



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servicio de cercanías está contemplado dentro del proyecto de
remodelación de la citada línea, más concretamente en el tramo
comprendido entre la Font de la Figuera y Xátiva. De acuerdo con este
plan, la estación de Vallada ha sufrido algunos cambios como consecuencia
de la planificación en el trazado en la segunda vía para la circulación
de trenes de velocidad alta. En Vallada, la reestructuración ferroviaria
ha supuesto el cambio en la parada de ese servicio de transporte. De esta
forma, la construcción de una nueva estación ha aumentado la distancia de
la población en más de 1,5 kilómetros y es menos accesible que el antiguo
apeadero. Además, hay que añadir el mal estado en que se ha quedado el
acceso a la nueva parada de Renfe por el puente, la falta de iluminación
y la mala señalización del tramo que la separa del municipio.

Por todo ello, el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, el 16 de
mayo de 1997, presentó una proposición no de ley en la que se dirigía al
Gobierno de la nación para que estudiara la recuperación y el
mantenimiento de la antigua estación de ferrocarril de Vallada, en la
línea férrea Valencia-Madrid, en el tramo de Font de la Figuera a Xátiva,
realizadas las obras necesarias de infraestructura en la citada estación.

Dicha proposición no de ley fue aprobada en las Cortes Valencianas, hay
que decir que en aquel momento, con el voto en contra del Partido
Popular.

Un año después, el 8 de octubre de 1997, en Xátiva, justamente donde se
trasladaron las Cortes Valencianas, cerca de la localidad de Vallada, el
Grupo Izquierda Unida presentó otra proposición no de ley, como ha dicho
la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, que fue
aprobada por unanimidad de todos los grupos allí presentes, incluido el
Partido Popular. Por ello, como ha dicho anteriormente el compañero de
Unió Valençiana, se pide a los compañeros del Grupo Popular que asuman
los compromisos que en aquellas Cortes Valencianas su grupo adquirió.

Además, el municipio de Vallada viene reivindicando que vuelva a su uso
normal la antigua estación que estaba ya antes de que se construyera el
actual apeadero, no encontrando justificación alguna en la eliminación de
un edificio que prestaba con garantías su función y que resultaba más
accesible a todos las usuarias y usuarios.

En el mes de mayo de 1996, después de varias gestiones realizadas por los
representantes municipales, el Ministerio de Fomento justifica el cambio
de emplazamiento del apeadero por razones técnicas y de trazado y por la
propia funcionalidad de la explotación. Es importante señalar que en ese
momento aún no se habían iniciado las obras del nuevo apeadero y, por
tanto, se estaba a tiempo de poder aportar soluciones al problema que
afecta gravemente a los intereses del municipio de Vallada.

En concreto, y para resumir, ¿qué piden los habitantes de Vallada y sus
representantes municipales? Primero, que la antigua estación vuelva a ser
utilizada y que los trenes vuelvan a parar en esta estación; segundo, no
piden ningún cambio de planes de vías ni la creación de nuevas playas y,
tercero, que se construya un paso elevado o un paso subterráneo para
acceder a una parte u otra de la vía.

Teniendo en cuenta el sentir unánime de toda la población de Vallada,
manifestado a través de sus legítimos representantes municipales y de la
plataforma creada para reivindicar que la parada del tren vuelva a
realizarse en la antigua estación, es por lo que pido a todos los grupos
políticos aquí presentes que apoyen la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Señorías, nos encontramos con esta proposición no
de ley ante un tema de delicada solución, que afecta a un pueblo
valenciano como es el de Vallada. Digo de delicada solución porque la
nueva estación de Vallada, alejada del pueblo, ni mucho menos satisface
las necesidades del pueblo porque tenía mucho más fácil acceso la
anterior estación. Pero, señorías, esta estación es consecuencia del
nuevo trazado de la línea de ferrocarril que ya se ha citado
anteriormente. Estas obras se remiten a varios años antes, en concreto,
al año 1993, o al año 1995 en que se hizo la presentación del proyecto de
la obra en el ayuntamiento. Todo el mundo está de acuerdo en que la nueva
ubicación de la estación no es la más adecuada, pero resulta que esa
estación es la que hay actualmente.

La voluntad del pueblo está clara. La voluntad de los distintos
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra no la veo tan
clara, porque en algunos casos es bastante sectaria y en algún otro, como
en el del Grupo Socialista, es hipócrita. (Rumores.) Lo digo, señorías,
porque la estación entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1997 y la
presentación de la proposición no de ley de Izquierda Unida es del 14 de
mayo de 1997. Ya, muy acertadamente, la proponente ha pedido que se
retire el punto b), que se paralicen, en consecuencia, las obras de
construcción de la nueva estación de ferrocarril, pero, efectivamente, se
ha llegado tarde. A mí me hubiera gustado que esta iniciativa de
Izquierda Unida se hubiera planteado aquí no este año pasado, sino la
pasada legislatura, cuando todavía se estaba a tiempo de modificar el
trazado, de dar otra solución, y no ahora, a hechos consumados, que para
pescar votos en el pueblo de Vallada se dice lo que la gente quiere oír.

Se plantea una vez realizadas las obras, una vez finalizado el proyecto,
una vez hecha la inversión y una vez gastado, no por este Gobierno sino
por el Gobierno anterior socialista, como reconoce en la proposición no
de ley la proponente, el dinero de los contribuyentes y, según denuncia
la proposición no de ley, y además ahora la apoya el Partido Socialista,
habiendo hecho un mal uso del mismo, porque no ha dado satisfacción a las
necesidades del pueblo. Lo que parece ahora absurdo es volver a hacer una
inversión, que tendría que ser grande para poder volver a usar la antigua
estación, que técnicamente es difícil.

Señorías, como se ha citado aquí, el alcalde de Vallada ha peleado
denodadamente desde su ayuntamiento para que, en su momento, se
modificara la propuesta del anterior Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. Son innumerables las cartas y las alegaciones que presentó
el ayuntamiento, dirigidas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente y al delegado del Gobierno, en



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las que se rechazaba en su momento, antes de hacer la inversión, la obra
de la estación que se pretendía hacer. La postura del Partido Popular ha
quedado clara durante todo el proceso, pero ahora, cuando tenemos
responsabilidad de gobierno --y eso algunos partidos, como el Partido
Socialista que tiene responsabilidad de gobierno, tenían que tenerlo en
cuenta, parece que se le ha olvidado, o el Partido de Unión Valenciana,
que tiene responsabilidades de gobierno en la Generalitat Valenciana,
debía tener también algo más de sentido común--, no podemos jugar con el
dinero de los ciudadanos haciendo y deshaciendo constantemente.

Por lo tanto, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, grupo que
sustenta al Gobierno de la nación, tenemos que decir que el nuevo trazado
de la doble vía para las velocidades de circulación de 200-220 kilómetros
que tiene la nueva vía Xátiva-Fuente la Higuera, y obligado por las
condiciones de contorno y la explotación ferroviaria, deja en curva la
zona correspondiente a la estación actual, no pudiéndose instalar los
desvíos necesarios de la nueva playa, porque, señorías, es obligatorio
hacerlo en recta. Esto ha hecho necesario desplazar a zona de trazado
recto la nueva estación, aunque se ha procurado disminuir al máximo la
distancia entre el antiguo y el nuevo edificio de 920 metros. Por tanto,
la razón que imposibilita acercar más la estación al casco urbano de
Vallada son los condicionantes técnicos de trazado y la propia
funcionalidad de la explotación con las nuevas características de la
línea. Desde el Grupo Popular se hubiera querido que desde un principio
se hubiera tenido en cuenta esto, se hubiera modificado el trazado de las
líneas y se hubiera podido mantener la estación o si no, por lo menos,
una mucho más cercana a la ciudad. Pero los hechos están ahí, los hechos
que nos hemos encontrado son ésos y lo que nos parece descabellado es
malgastar el dinero de los contribuyentes porque habría que deshacer
muchas obras hechas por gobiernos anteriores, con las que no estamos de
acuerdo, pero no creemos que ni la ética ni el sentido común nos lo
aconsejen.

La postura del Partido Popular ha quedado clara constantemente, lo mismo
que la de su alcalde. Por lo tanto, el Grupo Popular ofrece una enmienda
transaccional al grupo proponente en el sentido de que el Ministerio de
Fomento remita a la Comisión de Infraestructuras del Congreso, en un
plazo de tres meses, un informe técnico sobre la viabilidad del uso de la
antigua estación de ferrocarril. Por lo tanto, la voluntad del Partido
Popular es intentar por todos los medios darle solución, pero,
indudablemente, con las explicaciones técnicas que acabo de precisar.

(Una señora diputada: ¡Es el más grande, sí señor!)



El señor PRESIDENTE: Es habitual en las proposiciones no de ley dar
término con las intervenciones y que sólo sea la proponente la que decida
sobre las enmiendas que se plantean, pero, dado el contenido de la
intervención del señor Pascual (Risas.), abrimos un turno de réplica,
como mucho, de tres minutos.

Por el mismo orden en que se han producido las primeras intervenciones,
para este turno de réplica --luego le daré la palabra a la señora Urán
para la aceptación o no de las enmiendas planteadas--, tiene la palabra
la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, de la intervención del portavoz del
Grupo Popular desde luego no se desprende la intención de llegar a
acuerdos, porque lo que no se puede hacer es empezar la intervención con
ese tipo de descalificaciones. No sé si darme por aludida por lo de
sectaria, pero desde luego no voy a entrar en ese tipo de
descalificaciones que no nos conducen a ningún sitio. Lo que sí que voy a
alegar, señor presidente, es que desde luego mi grupo parlamentario
presenta las iniciativas cuando las considera oportunas. Por lo tanto, si
nos cabe responsabilidad por no haberla presentado en la legislatura
pasada como grupo en la oposición, la misma responsabilidad le cabe al
Grupo Popular, que además se le supone que tenía la información puesto
que gobierna el ayuntamiento afectado en este caso, y no la presentó
tampoco. Por lo tanto, señorías, se nos podría achacar a todos y cada uno
de los grupos trabajar para tener más votos en determinados sitios, pero,
por lo menos, habría que achacárselo al grupo que así lo plantea, cuando,
teniendo en sus manos el gobierno de la Generalitat y el gobierno del
Ayuntamiento de Vallada, vota a favor de una resolución similar en las
Cortes Valencianas, no se quiere enfrentar a su electorado y ahora llega
aquí y nos alega que por ética, por coherencia o por sensatez y por no
despilfarrar los recursos de los ciudadanos de todo el Estado español no
se puede aceptar una iniciativa de estas características.

Señorías, eso es un doble lenguaje, es realmente manipular al electorado
decir en un sitio una cosa y en otros decir otra en función de los
intereses que en cada lugar se pretenden defender. Desde luego, nuestro
grupo parlamentario es coherente con lo defendido en las Cortes
Valencianas, por nuestros representantes, con lo planteado por nuestro
concejal en el Ayuntamiento de Vallada y, por lo tanto, es igualmente
coherente con lo que defendido y planteado aquí por esta portavoz y por
nuestro grupo parlamentario, el Grupo Federal de Izquierda Unida.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ser muy breve. Simplemente quiero
recordar las palabras con las que iniciaba mi intervención: coherencia y
responsabilidad, que son precisamente los adjetivos que Unión Valençiana
se puede aplicar a sí misma en esta cuestión, y así se está reconociendo.

En el Ayuntamiento de Vallada, en la Diputación Provincial de Valencia y
en las Cortes Valencianas ya hemos mantenido este planteamiento en la
legislatura 1987-1991 y en la legislatura 1991-1995 y, si estamos por
repasar las coherencias y las responsabilidades, miren en la hemeroteca
del Congreso y verán que Unión Valenciana ya presentó en 1992 en todas
las instancias la inquietud manifestada por el Ayuntamiento de Vallada,
ya que el trazado nuevo de la línea de ferrocarril dejaba fuera



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de uso la antigua estación de ferrocarril; por tanto, coherencia y
responsabilidad. Y precisamente porque somos copartícipes del Gobierno,
en el debate que se hizo en las Cortes Valencianas se buscó el máximo
consenso, debido a la petición de todos los grupos del Ayuntamiento de
Vallada, donde se reproduce la composición de las Cortes Valencianas, y
el día 8 de octubre de 1997 se consiguió el apoyo de todos los partidos
--repito, coherencia y responsabilidad--, de todos los grupos en las
Cortes Valencianas.

Respecto a los adjetivos calificativos, yo no me siento aludido. Usted,
señora Urán, tenía la duda de si sentirse o no aludida; yo no tengo
ninguna duda, porque sectarios e hipócritas son aquellos que, según estén
en el Gobierno o en la oposición, en un pueblo, en una comarca, en una
diputación o en un parlamento autonómico o nacional usan unos argumentos
totalmente contrarios a los que ha utilizado su interlocutor en el
pueblo, en la comarca, en la diputación o en las Cortes Valencianas. Esos
son los que producen conductas o actuaciones hipócritas y sectarias, pero
eso lo valorará el electorado y los ciudadanos de cada municipio o
comunidad.

Sí puedo entender, aunque no la comparto, la intervención final, en
teoría la intervención técnica del portavoz del Grupo Popular, ya que es
un razonamiento técnico que puede ser lo más serio de toda su
intervención, pero que choca frontalmente con el planteamiento de
enmienda que hace. Habla de solicitar al Ministerio de Fomento un informe
respecto al uso o no uso cuando ha leído ya un informe técnico en el que
se dice que no cabe hacer eso. ¿Vamos a pedir al Ministerio una cosa que
usted ya tiene, que nos ha leído hoy, de que técnicamente es inviable?
Como digo, la parte técnica la puedo entender, pero no la comparto.

Y respecto a su intervención política, no voy a entrar a replicar, porque
ya le digo que no me he sentido aludido en absoluto, pero sí quiero
decirle con todo el ánimo, con todo el respeto y con toda la cortesía
parlamentaria que la primera parte de su intervención ha sido realmente
patética.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: También voy a ser muy breve.

En cuanto a los calificativos que ha empleado en su intervención el
portavoz del Grupo Popular, nuestro grupo y yo mismo no nos sentimos
identificados. La palabra hipócrita iba muy concretamente dirigida y lo
de sectario tampoco siento que me aluda en este asunto, ya que mi
intervención está muy clara en el aspecto técnico, en cuanto a si es
válido lo que se ha hecho, aunque fuese hecho anteriormente, que es algo
que me da igual. Quizá entonces hubiésemos podido trabajar esto mejor y
no haberlo hecho, pero la solicitud que hace el ayuntamiento de Vallada
es muy lógica y tampoco veo que sea tan difícil que el tren vuelva a
parar en la antigua estación, que, según tengo entendido, está en muy
buenas condiciones. Por tanto, yo me mantengo en proponer la palabra
reconsidere, ya que ahí incluso podría quedar incluida la transacción que
se ofrece por el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pin.




La señora PIN ARBOLEDAS: Quiero decirle al portavoz del Grupo Popular que
no ofende quien quiere, sino quien puede. Efectivamente, yo no me he
sentido ofendida, pero no sé si el portavoz del Grupo Popular, al empezar
su intervención diciendo que el Grupo Socialista, su portavoz, es
hipócrita, quiere justificar de alguna forma el voto favorable que el
Grupo Popular hizo en las Cortes Valencianas, justamente en Játiva. Por
tanto, no me siento ofendida.

Sí le diría que, cuando habla de ética y de sentido común, repase la
ética y sentido común del Grupo Popular en todas aquellas obras que el
Partido Socialista empezó cuando gobernaba y que ellos han paralizado.

Cuando se habla de solidaridad hay que recordar al Grupo Popular que ya
lleva tres años gobernando en la Generalidad, dos en el Estado español y
seis en el ayuntamiento de Vallada. En consecuencia, practiquen la
solidaridad y no vengan aquí a justificarse con un voto que, como han
dicho mis compañeros anteriormente, depende de dónde se encuentren; según
donde se encuentren, eso votan.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Indudablemente, este portavoz no tenía intención
de herir las susceptibilidades de la forma en que se han herido; cada uno
se sentirá herido en la medida en que se sienta responsable.

Indudablemente, aquí hay una obra, hay un hecho, que en su momento fue
responsabilidad de un partido político y ahora no asume esa
responsabilidad votando en contra de lo que hizo. Lo siento por ellos;
que cada uno se considere como quiera considerarse. Desde luego, la
voluntad del Partido Popular ha sido la de que esta estación nueva no
hubiera estado ubicada donde está, sino que se hubiera mantenido la
anterior, pero, señorías, vuelvo a repetir que cuando el Partido Popular
llegó a las tareas de Gobierno se encontró con una serie de hechos
consumados, con una estación nueva, con una realidad ya existente, y no
queremos despilfarrar más dinero de los contribuyentes cambiando la
estación, cosa que resulta bastante cara ya que no es tan fácil como aquí
se ha dicho. Nuestra voluntad hubiera sido ésa, pero hay muchas cosas que
uno tiene que asumir cuando llega al Gobierno y una de ellas ha sido la
nueva estación de Vallada. Por tanto, la solución no es política, como
aquí se pretende dar a entender, sino técnica. Eso es lo que hay.

Nos hubiera gustado que el Grupo de Izquierda Unida hubiera aceptado la
enmienda transaccional, aunque también me parece aceptable la enmienda
que ha presentado el Grupo Catalán modificando una palabra, con lo cual,
si lo aceptara el grupo proponente, incluso el Grupo Popular también
estaría de acuerdo.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán para decir cuáles
son las enmiendas que acepta o rechaza.




La señora URAN GONZALEZ: En primer lugar, quiero decir que este grupo
parlamentario no va a aceptar la enmienda planteada por el Grupo Popular.

Damos por sentado que cuando el Ministerio de Fomento se ha dirigido por
escrito al Ayuntamiento de Vallada, a través de la Delegación de
Gobierno, indicándole los problemas técnicos que podría acarrear el
cambio de la estación, es que tenía un informe técnico previo. Por tanto,
resulta obvio que si pidiéramos un informe técnico, nos llevaría a la
conclusión de que técnicamente no es posible. Como nuestro grupo
parlamentario considera que no es un problema sólo y exclusivamente
técnico, sino que realmente es un problema económico y, por tanto, de
solución política, de decisión política, no vamos a aceptar la enmienda
que ha presentado el Grupo Popular. Sí aceptamos la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entre
otras cosas, porque consideramos que la palabra que se pretende modificar
entra dentro del sentido de nuestra proposición no de ley. Desde luego,
estamos convencidos de que tanto al revocar como al reconsiderar estamos
planteando que se vuelva a la utilización de la estación antigua. Es una
proposición no de ley que esperamos que el Gobierno, en caso de que sea
aprobada, lleve a efecto en el tiempo más breve posible. En consecuencia,
sí aceptamos la transaccional presentada por el Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).




--RELATIVA A LA CONCESION DE EXPLOTACION DE LA AUTOPISTA A-7 A LA EMPRESA
AUMAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
161/000573).




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA NO PRORROGA DE LA CONCESION
ADMINISTRATIVA DE LA AUTOPISTA A-7. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000607).




--SOBRE EL RESCATE DE LA CONCESION DE LA AUTOPISTA A-7. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
161/000027).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir conjuntamente las proposiciones 4,
5 y 6 del orden del día, que hacen referencia: a la concesión de
explotación de la autopista A-7 a la empresa Aumar, del Grupo Mixto; a la
no prórroga de la concesión administrativa de la autopista A-7, del Grupo
Socialista, y al rescate de la concesión de la autopista A-7, del Grupo
Federal de Izquierda Unida. Las vamos a debatir conjuntamente y el orden
de debate será el siguiente. En primer lugar intervendrá, por parte del
Grupo Mixto-Unión Valenciana, el señor Chiquillo; posteriormente, por el
Grupo Federal de Izquierda Unida, la señora Urán; y por el Grupo
Socialista, el señor Boix. Existen también unas enmiendas presentadas por
Nueva Izquierda, perteneciente al Grupo Mixto, que probablemente
defenderá el señor Chiquillo, a quien ruego que, cuando realice su
intervención, al igual que pido al Grupo Federal de Izquierda Unida y al
Grupo Socialista, defienda conjuntamente las enmiendas presentadas por su
grupo a otras proposiciones. Posteriormente habrá un turno de
intervenciones de los demás grupos, probablemente de Convergència i Unió,
terminando el señor Ortiz, por el Grupo Parlamentario Popular. Por
último, haríamos ya el planteamiento de qué enmiendas se admiten y cuáles
no se admiten.

Para defender su proposición no de ley y las enmiendas de Nueva Izquierda
que considere oportunas, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo, en nombre de Unión Valenciana,
para defender la proposición no de ley presentada hace casi un año,
relativa a la ampliación o no de la concesión administrativa a Aumar de
la explotación de la autopista A-7.

En el momento de su presentación, como decía, hace casi un año, se
debatía el sí o el no de esa ampliación de la concesión, lo que ya
justifica de por sí el que hayamos presentado una enmienda, tanto Unión
Valenciana como el señor Alcaraz, integrado también en el Grupo Mixto, en
orden a su actualización en vista de los hechos acaecidos, puesto que, a
finales de octubre del año pasado, se firmó el acuerdo de prórroga de la
concesión. Indudablemente se hacía necesaria esa actualización porque el
paso del tiempo hace que algunos de los extremos contenidos en la
iniciativa presentada en su día han quedado totalmente extemporáneos al
día de hoy, mayo de 1998, fecha en que se debate esta iniciativa. (La
señora vicepresidenta, Heras Pablo, ocupa la Presidencia.)
Señorías, una vez más, nos vemos obligados a tratar en este foro la
cuestión de la autopista A-7, la prórroga de la concesión y los extremos
que rodean la polémica suscitada, en concreto en la Comunidad Valenciana,
donde la autopista A-7 es eje vertebrador y una de las pocas vías de
comunicación en el litoral moderna, segura y que los valencianos tienen a
su disposición dada la congestión de tráfico que se produce en las
carreteras nacionales 340 y 332, carreteras obsoletas, donde las
retenciones, la congestión y el desmesurado tráfico pesado hacen muy
difícil la circulación por esas vías.

Recordarán mis palabras del pasado 11 de febrero cuando, en la
comparecencia del ministro de Fomento, les decía que la suerte estaba
echada porque el 31 de octubre se firmó el real decreto, publicado el 1
de noviembre en el Boletín Oficial del Estado, por el que se modificaban
determinados términos de la concesión de las autopistas
Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz, adjudicadas a
Autopistas del Mare Nostrum, S. A., concesionaria del Estado. Realmente
la suerte estaba echada porque aquella reivindicación de decenas de
municipios



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del litoral pertenecientes a las provincias de Alicante, Castellón y
Valencia, así como de las Cortes Valencianas en reiterados acuerdos
plenarios mayoritarios pedían que la concesión de la autopista, que
terminaba en el 2006, terminara en dicha fecha, sin que se procediera a
ningún tipo de ampliación de esa concesión. Pues bien, esa voz popular,
desde el último municipio hasta la máxima institución de la soberanía
valenciana, las Cortes Valencianas, fue desoída y el Gobierno dio la
espalda a la reivindicación legítima de miles y miles de valencianos que
solicitaban que la concesión administrativa concluyera en el año 2006,
tal y como estaba establecido en la última prórroga que se concedió en su
día por el Gobierno anterior.

En los últimos años, repito, en los debates de política general
celebrados en las Cortes Valencianas, se ha planteado, a instancia de
diversos grupos parlamentarios, avaladas por peticiones de decenas de
ayuntamientos, propuestas de resolución apoyadas por la amplia mayoría de
los parlamentarios en esas Cortes, solicitando del Gobierno del Estado
que se rescatara la concesión. Visto que ese planteamiento era muy
costoso e inviable --soluciones y planteamientos había para todos los
gustos--, se produjo un mandato último, claro y rotundo en el debate de
política general, celebrado en septiembre de 1997, de que la concesión
acabara en el 2006, que era cuando expiraba el mandato de la última
prórroga concedida a la empresa Aumar por el Gobierno central y que la
rebaja de los peajes en ningún caso fuera inferior al 50 por ciento, que
fue el compromiso que asumió el ahora dimitido consejero de Obras
Públicas, señor Cartagena, ante las Cortes Valencianas, cuando dijo que
en ningún caso la rebaja de los peajes iba a ser inferior al 50 por
ciento. Como en otras tantas cosas, incumplió ese compromiso y el peaje
fue rebajado en un 30 o en un 40 por ciento, según el tipo de vehículos
de que se tratara (ligeros o pesados). Esas mismas propuestas realizadas
por un importante número de ayuntamientos (no hace falta citar
textualmente todos ellos) fueron también presentadas para el tramo
Sevilla-Cádiz y fueron apoyadas, y aquí está la paradoja, por el Grupo
Parlamentario Popular en Andalucía diciendo que tenía que acabarse el
peaje en esa autovía de concesión en el tramo Sevilla-Cádiz, que es uno
de los que se incluyen en este paquete que fue prorrogado el 31 de
octubre. Quisiera no ser mal pensado y creer que el Partido Popular ha
tomado esa decisión por algunas razones de peso que conocían aquí, en
Madrid, pero que sus compañeros de Andalucía o de Valencia desconocían o
no estaban muy sincronizados al respecto. Pero estas propuestas no han
sido escuchadas por el Gobierno del Estado español, dando prioridad al
concepto de negocio privado por encima del valor de servicio público
cuando, como ustedes saben, la autopista A-7 es el eje vertebrador de
transporte por carretera en la Comunidad Valenciana.

En un reciente debate en el Congreso de los Diputados, el propio ministro
decía que cada comunidad optaba por la modernización de un transporte
(carretera, ferrocarril o aeropuerto). Pues en el caso de carreteras, en
la Comunidad Valenciana, repito, y es un argumento de peso y concluyente,
la única carretera moderna, competitiva, segura y no congestionada es la
autopista de peaje A-7. La única alternativa que tienen los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana es tardar de Valencia a Alicante, por la
carretera nacional, tres horas y media o cuatro horas, por la congestión,
por las diversas variantes de la nacional afectada; o mientras que un
trayecto Valencia-Vinaroz, por la carretera nacional, puede durar dos
horas y media, por la autopista no excede de una hora y media; el
trayecto Valencia-Alicante, en autopista, puede durar una hora y media y
por la carretera nacional, si bien depende de los meses, no baja de las
tres horas. Es decir, no hay alternativa y por eso solicitábamos que el
Estado recuperara en el año 2006 esa titularidad, lo que permitiría que
los ciudadanos de la Comunidad Valenciana contásemos con ese eje
vertebrador, esa vía de comunicación en condiciones sin tener que pagar.

Si bien es cierto que no se ha llegado a la rebaja del 50 por ciento que
en su momento se pedía, quedándose en un 30 o en un 40 por ciento,
dependiendo del tipo de vehículo, como decía anteriormente, la rebaja es
apreciable, hay que reconocerlo; no obstante, en el pasado mes de marzo,
como conoce el portavoz del Grupo Popular, debido a la inflación y otro
cúmulo de circunstancias conexas, se produjo una subida del 2 por ciento
del peaje, inflación que evidentemente no se ha producido en el tiempo
transcurrido entre la firma del convenio y la subida, lo cual nos lleva a
pensar que esa subida estaba pactada antes de la firma y se ocultó. A
estas alturas ya podemos empezar a hablar de una prórroga eterna porque,
como ustedes saben, ésta no es la primera vez que se sucede, se han
producido diversas prórrogas y una más, a los valencianos, no nos ha
extrañado. Ha sido una más.

Si hacemos un poco de historia, la concesión de la autopista A-7 se fijó
inicialmente en 27 años, en virtud del Decreto de diciembre de 1972.

Estamos hablando de que a principios de los setenta es cuando se puso en
marcha la concesión, es decir que de los 40 años posibles del
adjudicatario se realizó la oferta por 27 años. A todo ello es necesario
añadir que ni en las bases de la convocatoria de los años setenta ni en
el decreto de adjudicación se contempla la posibilidad de prórroga
excedidos los 27 años de concesión, estableciéndose en las bases del
concurso un plazo máximo para la concesión de 40 años. La oferta inicial
de 27 años sirvió para valorar esta oferta frente a las de los demás, con
lo cual la oferta original, presentada por la actual concesionaria,
partía con cierta ventaja. Este es uno de los argumentos jurídicos que se
han dado que ponen en ducha la ilegalidad, el proceso no regular en la
ampliación de la concesión. Si la concesión se estableció por un número
de años y no se estableció posibilidad de prórroga, una prórroga
significaría una nueva adjudicación al margen del procedimiento
establecido y por ello podría ser declarada nula de pleno derecho. De ahí
que el recurso presentado por la Diputación de Cádiz haya sido admitido a
trámite y haya ciertas dudas sobre la legitimidad de todos los extremos
de la concesión que se amplió el 31 de octubre de 1997, pues el primitivo
contrato lo fue por tiempo determinado y sin posibilidad de prórroga,
como se establece en el texto vigente en el momento de la concesión, en
el año 1972.




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A ello habrá que añadir las lógicas repercusiones y, como saben SS. SS.,
con base en el principio de legalidad que se recoge en nuestra
Constitución. La Administración sólo puede hacer lo que la ley le permite
y no se permite en ningún caso la prórroga de una concesión en los
términos en los que se estableció en sus bases originales. Aún hay más,
si el plazo máximo que se establecía en el pliego de condiciones de la
concesión era de 40 años, con la oferta inicial más las posteriores
prórrogas supone superar este plazo máximo desde 1972 hasta el 2019, con
lo cual han transcurrido bastante más de 40, 47, siete más de lo previsto
como período máximo en el pliego de condiciones, con lo que también se
vulnera el concurso inicial.

Ahora se habla de la prórroga para mantener el equilibrio financiero de
la concesión derivado de la reducción de tarifas, y con el aumento de la
inflación del 2 por cien en marzo ha quedado bastante mermada esa
posibilidad de pérdida por parte de la empresa. No hay que olvidar que,
frente al derecho del concesionario al mantenimiento del equilibrio
económico, legítimo en una empresa privada, existe también la prohibición
del enriquecimiento sin causa del mismo, y por lo que hemos estudiado en
profundidad del informe económico-financiero que presenta Aumar para
avalar su petición de prórroga 13 años, el negocio redondo para Aumar ni
lo es para los ciudadanos ni para las arcas del Estado, porque el Estado
obliga a Aumar a bien poco y ésta le saca unas contrapartidas por la
ampliación de 13 años, hasta el 2019, que a cualquier empresa que optara
a un concurso en régimen de explotación por concesión le gustaría tener,
porque ahí están los resultados económicos y las repercusiones en la
Bolsa.

Son conocedores de los amplios beneficios de la empresa Aumar, de su
cuenta de explotación; su cotización en Bolsa a los pocos días de esta
concesión es, cuanto menos, sospechosa. Una vez más, el Gobierno ha
velado por los intereses de la gran empresa frente al de los ciudadanos
que ven cómo una infraestructura necesaria para su desarrollo y el único
eje del que goza la Comunidad Valenciana de norte a sur y sin vías
alternativas seguirá siendo pagada por todos casi 20 años más de lo
previsto; un negocio redondo para algunos en detrimento de una gran
mayoría.

Ya se ha abusado bastante añadiendo 20 años a los 27 años iniciales. La
autopista ha sido suficientemente amortizada, como así lo refleja algún
estudio y, teniendo en cuenta que la última prórroga se encuentra
recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
supremo por la Diputación de Cádiz, la última prórroga Supone un
esquinazo a algunos textos legales y a todos los ciudadanos, que son los
que han sufrido la burla y tienen que seguir usando estas vías de
comunicación pagando un peaje.

Por tanto, doy por defendida la proposición, actualizada con esa enmienda
que presentamos a nuestro propio texto, que he presentado a los demás
grupos, en la que solicitamos se revoque el acuerdo contemplado en el
Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre, por el que se modifican
determinados términos de la concesión de las autopistas adjudicatarias a
la mercantil Autopistas del Mare Nostrum, S. A., concesionaria del
Estado, por los argumentos que he reiterado en mi intervención. En los
mismos términos doy por defendida la enmienda presentada por el compañero
del Grupo Mixto, el señor Alcaraz, en la que solicitamos se revoque el
acuerdo alcanzado con la empresa Aumar por ser lesivo a los intereses de
los ciudadanos y esquivar algunos preceptos legales y la concesión
original por la que se rigió la concesión a la empresa Aumar en los años
setenta.

Quedo a expensas de los demás grupos parlamentarios para que fijen su
posición e intentaríamos, sobre el planteamiento de solicitar la
revocación del acuerdo, presentar una enmienda transaccional para
conseguir y conjuntar un amplio acuerdo que permita lo que los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana, diversos ayuntamientos y las Cortes
Valencianas han solicitado, es decir, que este acuerdo no tenga valor,
sea revocado y que la concesión a la empresa Aumar acabe en el 2006.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Entiendo que ha defendido usted
también la posición de Nueva Izquierda en el mismo turno.

A continuación, tiene la palabra, por Izquierda Unida, la señora Urán
para hacer la defensa de su proposición no de ley.




La señora URAN GONZALEZ: Nuestro grupo parlamentario va a defender una
iniciativa que después de los acontecimientos acaecidos durante el año
pasado no tendría demasiado sentido. Hay que tener en cuenta que esta
iniciativa está presentada en el mes de abril de 1996 y, por tanto, en
aquel momento planteábamos que se estudiaran las medidas para el rescate
de la concesión y no se mantuviera ningún tipo de acuerdo con la empresa
concesionaria que supusiera una ampliación de la concesión de esta
autopista. Esto ha quedado desfasado por el hecho de haberse producido
ya, a través de un real decreto, el aumento del tiempo de la concesión de
explotación de la A-7 a la empresa Aumar y, por tanto, voy a defenderla
en los términos en los que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto lo
ha hecho recientemente; es decir, amparándonos en las enmiendas que se
han presentado y reflejan el sentido de los muchos acuerdos adoptados en
las Cortes valencianas a este respecto.

Señorías, cabe repetir para ver si al final terminamos enterándonos todos
los representantes de los ciudadanos y de las ciudadanas en estas Cortes,
que la A-7 es el eje vertebrador del arco mediterráneo, en especial en la
Comunidad Valenciana. El uso de esta autopista está muy penalizado y no
ha conseguido rebajar los costos el aumento de la concesión. Compartimos
lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto porque este
acuerdo no ha supuesto un abaratamiento real y práctico para los usuarios
de la A-7. No solamente no se han tenido en cuenta los intereses de los
ciudadanos, sino que, aunque se habla mucho de la necesidad de favorecer
a las empresas para un mejor desarrollo, tampoco se ha tenido en cuenta
el interés económico del empresariado valenciano a la hora de poder
utilizar un eje como es la A-7 dentro de nuestra Comunidad Valenciana.




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Se mantiene a través de este aumento de la concesión una situación
discriminatoria que al Estado le cuesta grandes sumas de dinero. Tanto
que se alude al buen uso que se ha de hacer de los recursos públicos, sin
embargo, no nos podemos sentir satisfechos por el uso que se hace de los
recursos públicos en este tema en concreto. Señorías, el coste económico
que supone no solamente el adecuar la nacional que ha de ser utilizada
como alternativa a la A-7, sino las variantes que se tienen que proyectar
y ejecutar para eliminar las travesías de las poblaciones, suponen un
coste económico para las arcas públicas ingente.

Si además tenemos en cuenta que el Estado también abona para este
autopista una cantidad importante en concepto de seguro de cambio en
favor de la empresa concesionaria, estamos hablando de cifras muy
elevadas. Si luego tenemos en cuenta no solamente el coste económico,
sino un coste que no se puede valorar económicamente, pero que desde
nuestro punto de vista es tan importante o más que el coste económico,
como es el impacto ambiental que supone el tener que hacer precisamente
estas variantes, la cuestión es más evidente. En una zona donde el
equilibrio medioambiental es bastante frágil y que está en situación muy
delicada cuando no en algunas ocasiones irrecuperable, el tener que hacer
mayores impactos construyendo variantes supone depredar mucho más el
medio ambiente y no mejorar la situación de comunicación de nuestra
comunidad autónoma ni favorecer los intereses de los ciudadanos y de las
ciudadanas de nuestra comunidad.

Señorías, consideramos que la autopista está suficientemente amortizada
por los años que ha tenido la concesión de explotación. A ninguna empresa
que no le supusiera beneficios la veríamos negociando con ningún gobierno
el continuar explotando una vía de comunicación si eso no le supusiera un
verdadero beneficio y un verdadero negocio. Desde luego, en los términos
en que se ha negociado la ampliación de la concesión, es un negocio
totalmente redondo --estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Mixto-- y
va a suponer grandes beneficios, beneficios que no van a revertir en los
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana ni en nuestros
empresarios ni van a contribuir al desarrollo económico y territorial de
nuestra comunidad.

Señorías, somos partidarios de que se rescate la concesión de la
autopista, de que no se vuelva a prorrogar a partir del año 2006, cuando
finaliza la concesión. Estamos dispuestos a aceptar la enmienda que ha
presentado el Grupo Mixto y a que se convierta en una iniciativa que se
apruebe por unanimidad, si no por mayoría, en esta Comisión para instar
al Gobierno a que revoque el acuerdo alcanzado. Por nuestra parte,
estaríamos dispuestos a aceptarla como transaccional a nuestra iniciativa
para que fuera apoyada por toda la Comisión.

Apelamos a la coherencia que se debe tener cuando se está representando a
los ciudadanos y ciudadanas en las diferentes instituciones. Si estamos
dispuestos a apoyar una iniciativa en una comunidad autónoma porque así
nos lo demandan nuestros ciudadanos, no seamos incoherentes no haciendo
lo mismo en esta institución, donde también representamos a los
ciudadanos y ciudadanas, y respetemos el interés que puedan tener las
comunidades autónomas a la hora de vertebrarse. Si fueran ciertas las
palabras del ministro de Fomento en la comparecencia que tuvo lugar en
esta Comisión, en relación con una situación similar sobre las
concesiones de las autopistas, y fueran los ciudadanos y ciudadanas de
las comunidades autónomas quienes eligieran cuáles son las vías de
comunicación y transporte que más benefician a su desarrollo, no
estaríamos discutiendo el rescate de la concesión de la A-7, porque la
voz del pueblo valenciano es unánime en este sentido y lleva años
reclamando el rescate de esa concesión y que se mejoren las vías de
comunicación de nuestra comunidad no solamente por carretera sino también
por ferrocarril. Si realmente fuera así, estaríamos discutiendo de otras
cosas, no del rescate de una concesión.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Para defender su proposición no
de ley, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Boix.




El señor BOIX PASTOR: Señorías, a este diputado le habría gustado, entre
tantas cosas, no haber tenido que presentar esta proposición por no
existir peligro alguno para que la concesión de la A-7 finalizara, como
estaba previsto, en el año 2006, pero mucho menos agradable ha sido tener
que enmendar nuestra propia proposición no de ley, producto del actual
acuerdo alcanzado por el Gobierno y la empresa concesionaria de la
explotación; acuerdo que prorroga trece años más las expectativas que
tenían los valencianos de disponer de la principal arteria de
comunicación de nuestro país libre de peaje. Llevábamos más de dos
décadas soportando uno de los peajes más duros de la Unión Europea y,
puestos a escoger, veo que todos habríamos preferido continuar
apretándonos el cinturón hasta el año 2006. Cuando todos esperábamos la
revisión de nuestra particular condena, no sólo no nos dan la condicional
por buen comportamiento desde 1970 sino que este Gobierno,
incomprensiblemente, nos prorroga la condena trece años más. Hasta el año
2019, los valencianos tenemos que seguir parando nuestros vehículos para
pagar un peaje que, a pesar de su rebaja, sigue siendo de los más altos
de Europa.

Quiero apuntar que todos habríamos podido coincidir en realizar un
esfuerzo que contribuyera a reducir los peajes de la A-7,
fundamentalmente para que la economía valenciana no tuviera que continuar
soportando costos sobreañadidos de transporte y para que esta medida
ayudara a racionalizar el uso de las infraestructuras de comunicación en
el corredor del Mediterráneo. Como ya sabrán SS. SS., el arco del
Mediterráneo, desde La Junquera hasta Murcia, constituye el primer
corredor multimodal de transportes de viajeros y de mercancías de España.

El corredor paralelo, libre de peaje, ha agotado sobradamente el límite
de su capacidad, mientras que la A-7 soporta menos de la mitad de la
densidad de tráfico para la cual fue proyectada. En términos globales, la
autopista capta, a duras penas, un 50 por ciento de su tráfico natural de
vehículos ligeros y un 25 por ciento de pesados.




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Quiero reiterar que todos los grupos habríamos podido coincidir en
realizar ese esfuerzo necesario que impidiera la culminación de un
acuerdo que posibilitara la recuperación de la A-7 sin prorrogar la
concesión, pero creo que al Partido Popular le ha faltado capacidad
política de culminar satisfactoriamente un acuerdo con la empresa
concesionaria; digo capacidad política porque en esta ocasión contaba
incluso con la voz mayoritaria del Parlamento valenciano. En el fondo del
debate subyace la confusión, como se ha manifestado, entre la obligación
de los responsables públicos de mantener el equilibrio
económico-financiero de la concesión y compensar a la compañía, mediante
prórroga de la concesión, por cambios introducidos en el régimen de
prestación del servicio público, en particular, la reducción de tarifas.

La compensación mediante prórroga de la concesión es un instrumento al
servicio de la obligación de la Administración de mantener el equilibrio
económico-financiero de la concesión, pero no es el único ya que se
habría podido abordar o actuar sobre el régimen económico-financiero de
la empresa concesionaria, haciendo posible las necesarias variaciones en
la forma de prestar el servicio, en particular la reducción de las
tarifas del peaje, además de otros como la ampliación de las
infraestructuras, sin que ello supusiera una necesaria prórroga de la
concesión. A este diputado le acucian serias dudas sobre cuáles son las
verdaderas intenciones a la hora de ampliar la concesión de los peajes de
la A-7, ya que los empresarios de las autopistas venían manifestando su
preocupación por la finalización de las concesiones. Yo no diré que la
política del Partido Popular tenga algo que ver con las presiones de
estos potentes grupos, ya que en estos momentos se puede considerar que
el Gobierno ha posibilitado un gran favor a estos empresarios. Tampoco
considero, ni consideraré, las declaraciones realizadas en el Senado en
esta Comisión por el portavoz del Partido Popular, que felicitaba al
señor ministro de Fomento por las autopistas de peaje. Decía que, dado
que los ricos podrán viajar mejor, los no tan ricos tendrán mucha menos
congestión de tráfico, como decía el excelentísimo señor don Rodolfo
Ainsa.

Para finalizar, tan sólo quiero manifestar que las autopistas de peaje
hacen recaer sobre los usuarios de una parte del territorio un agravio y
un gravamen económico perjudicando a la práctica totalidad de las
comarcas que lo forman; que la Comunidad Valenciana y una parte
importante de Cataluña se encuentran atravesadas, de norte a sur, por la
autopista de peaje A-7 que posibilita una vertebración comunicativa
adecuada. Desde el punto de vista comercial, la existencia de peajes en
esta vía perjudica seriamente no sólo a las empresas exportadoras sino
también al principal flujo económico de esta zona, que es el turismo.

También quiero apuntar que socialmente no se pueden seguir manteniendo
diferenciaciones por el uso de infraestructuras viarias básicas
derivadas, muy a pesar suyo, de otras épocas, que vienen provocando
movilizaciones desde diversas plataformas cívicas, con lemas como: A-7,
año 2006, ni un día más.

Por todo ello y considerando que no es tarde si existe voluntad por parte
de los grupos, el Grupo Parlamentario Socialista quiere, mediante esta
proposición no de ley, instar al Gobierno a que rescinda la reciente
prórroga de la concesión de la A-7 por considerar que lesiona gravemente
los intereses de los valencianos.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): ¿Algún grupo quiere intervenir
para toma de posición?
Tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señora presidenta, muy brevemente.

Nuestro grupo no va a apoyar ninguna de las proposiciones no de ley ni de
las enmiendas si fuesen aceptadas.

Lo que se necesita es un equilibrio financiero en las concesiones y que
la tarifa por kilómetro en las autopistas esté dentro del orden europeo.

Nos parece que lo que debe hacerse es aplicar la rebaja que se pactó en
la A-7, no solamente en la zona de Aumar sino en otros tramos de
autopistas, en parte de la A-2, estando algún tramo todavía en fase de
buscar acuerdos. Comprendemos las inquietudes de todo el mundo, sobre
todo en la zona valenciana de la A-7, autopista que, como decía algún
portavoz, atraviesa toda Cataluña. Aquí podríamos discutir entre
autovías, autopistas y todas las definiciones que hay.

Se dice que la autopista la paga el usuario y es verdad, pero si se
libera la concesión, ¿quién va a pagar entonces?, porque el mantenimiento
de la autopista necesita toda una serie de inversiones, con lo cual lo
pagan todos los ciudadanos. Nosotros estaríamos muy contentos si esas
zonas que no se han visto favorecidas por la fiebre de las autovías que
disfrutaron otras comunidades vieran ahora mejorada su situación. Si toda
la nacional de Valencia a Barcelona hubiese sido autopista, se habría
visto favorecida la zona. Debido a cómo tenemos las comunicaciones,
creemos que no se puede romper el equilibrio y, en cambio, sí se puede
buscar a la vista del régimen de autopistas que hay en Europa. En la A-7
se podría buscar el precio por kilómetro según la media europea. En
Cataluña hay también algunas autopistas que no son de concesión estatal
sino de comunidades autónomas cuyo peaje hay que revisar porque todavía
tienen un precio más caro que la media europea. Lo importante es que el
precio esté dentro de los límites que en todas partes existen para
autopistas. Nosotros creemos que el hecho de que se haya prorrogado la
concesión no es tan grave, porque, al fin y al cabo, lo tiene que pagar
el usuario y no el ciudadano.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Señora presidenta, voy a hacer una intervención
global abarcando todas las que se han realizado y me va a permitir que
posteriormente haga unas matizaciones a las enmiendas que se han
presentado a las proposiciones no de ley.

De todas SS. SS. es sabido que las autopistas de peaje están reguladas
por una normativa específica que forma parte de los contratos de
concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la
Administración



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concedente. Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto
para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de
este último se incluye el cobro de un peaje con arreglo a las tarifas
aprobadas. La supresión de dicho derecho no sólo rompería el equilibrio
económico-financiero de la concesión, sino que la Administración se vería
obligada a pagar indemnizaciones de elevada cuantía si el desequilibrio
se produce por decisión de la misma, desvirtuando la propia naturaleza
contractual de la concesión al revocar el derecho esencial de una de las
partes, esto es, el derecho del concesionario a percibir la prestación
económica pactada.

El levantamiento de un peaje no puede considerarse de forma aislada, ya
que no sólo se ha pedido la liberalización del peaje de la autopista A-7,
sino que también el resto de empresas concesionarias del Estado han hecho
otras solicitudes. Esta decisión conlleva otra política, de fondo, sobre
el sector de las autopistas que, como hemos dicho, comportaría el pago de
indemnizaciones que en este momento podríamos cifrar cercanas al billón
de pesetas, ya que lo que no podemos hacer es liberar el peaje de una
sola autopista sin tener la misma consideración con el resto de empresas
concesionarias. Además, el mantenimiento de una autopista de peaje supone
una inversión de 12 a 18 millones de pesetas por kilómetro, por lo que,
como decía el señor Sedó, en el caso de que se liberalizase el peaje de
la autopista, los gastos de mantenimiento y de explotación deberían ser
sufragados por los usuarios y no por el conjunto de los españoles.

Respecto al tema que nos ocupa, la autopista A-7, me gustaría recordar
que el Consejo de Ministros, en su reunión de 31 de octubre de 1997,
aprobó por real decreto la prórroga de la concesión de la A-7 a la
empresa Aumar. De todos es conocido que este real decreto contempla una
rebaja en sus tarifas del 40 por ciento para vehículos pesados, a la que
hay que incrementar la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido con
arreglo a los pactos suscritos con el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Si, como decía el señor Chiquillo, reducimos el
aumento del 2 por ciento por la inflación, en este momento los vehículos
pesados están pagando un 47 por ciento por la utilización de la
autopista; los vehículos ligeros, un 30 por ciento como norma general,
añadiéndose el 9 por ciento del IVA y reduciéndose el 2 por ciento de
aumento que ha producido este nuevo ajuste de tarifas. Por otra parte, el
real decreto de prórroga contempla un compromiso de la empresa Aumar de
una inversión de 5.000 millones de pesetas. Señorías, a mí me hubiera
gustado que hubiera sido de 10.000, como es lógico, pero éste es el
acuerdo al que se ha llegado y que el Grupo Parlamentario Popular apoya
en todos sus términos.

Este real decreto permite mantener más de 600 puestos de trabajo. Eso
quiere decir que, cuando se firmó este nuevo acuerdo, dimos tranquilidad
a más de 600 familias, cuyos puestos de trabajo se mantuvieron. En este
tema no habrá discusión posible, porque hoy en día no sólo es importante
crear empleo, sino mantener los puestos de trabajo.

Como en una de las intervenciones se decía que se está penalizando a las
empresas de transporte, voy a poner un ejemplo. Hay empresas que
facturaban al año 45 millones de pesetas y la nueva reducción de tarifas
les va a suponer un ahorro de unos 18 millones de pesetas. Son datos
contrastados. Señorías, estamos discutiendo un tema al que parece que los
usuarios no le hacen mucho caso. En 1997, y según los datos que poseo en
este momento, había una intensidad media diaria de vehículos ligeros de
8.700, pero con arreglo a la rebaja de tarifas ha aumentado en más de
10.000; y en relación con los transportes pesados la intensidad media
diaria era de 2.900 y en la actualidad ronda los 3.700.

Señora presidenta, si me lo permite, voy a hacer unas ligeras
matizaciones a las enmiendas que se han presentado a las proposiciones no
de ley. Sin ánimo de polémica, como es natural, me voy a referir en
primer lugar a la enmienda que ha defendido y presentado el señor
Chiquillo. El señor diputado aduce que este real decreto puede vulnerar
los principios de las bases de la convocatoria. Tengo que recordarle al
señor Chiquillo que la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre medidas
fiscales, administrativas y de orden fiscal, en su artículo 157, la Ley
de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, como se le
conoce de forma familiar, modificó la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sobre
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de
concesión. Establecía también un límite importante, que tanto las
concesiones nuevas como las prórrogas de concesión no podían superar más
de 75 años.

El Gobierno y mi grupo parlamentario entienden que se han cumplido de
forma rigurosa todos los preceptos legales para que el Consejo de
Ministros autorice ese nuevo convenio entre el Estado y la empresa Aumar
sobre la explotación de la A-7. No hemos hablado de rescate, pero cabría
convenir que menos mal que ahora ha cambiado de opinión la mayoría de los
grupos políticos y han desechado la viabilidad del rescate porque ello
supondría un gasto astronómico para el Estado; no sólo sería inviable por
su altísimo costo sino porque aumentaría en más de 40.000 millones la
deuda pública.

La señora Urán se ha sumado a la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Mixto, que ha defendido el señor Chiquillo, y la ha
aceptado en todos sus términos como enmienda transaccional a su
proposición no de ley. En el análisis global que he hecho he intentado
contestar a su argumentación. Estoy de acuerdo con la señora Urán en que
debemos aunar nuestros esfuerzos para mejorar como vías alternativas
aquellas carreteras nacionales que necesitan actuaciones. No le debe
preocupar a S. S. que esas variantes de poblaciones que se van a licitar
próximamente incidan de forma negativa en el medio ambiente. Es de todos
sabido que todos estos proyectos tienen que llevar de forma preceptiva el
informe de impacto ambiental. Reitero mis argumentos y espero que así lo
comprenda la señora Urán.

Por último, me voy a referir a la intervención del señor Boix, del Grupo
Parlamentario Socialista. Hay que recordar, en primer lugar, el acuerdo
que suscribió el anterior Gobierno el 3 de mayo de 1995. Es cierto que
ese acuerdo no fue llevado a Consejo de Ministros, no por la presión de



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los parlamentarios valencianos del Partido Socialista, sino porque cuando
se dieron cuenta de su firma no tuvieron presente que la Ley de
autopistas que estaba en vigor en aquel momento no permitía nuevos
convenios de prórrogas y rebajas de peaje. Quiero recordarle, señor Boix,
que el Gobierno socialista firmó un acuerdo --vuelvo a repetir, sin
llevarlo al Consejo de Ministros-- en el que básicamente se concedía una
prórroga de quince años; la rebaja para vehículos pesados era de un 30
por ciento y la de vehículos ligeros, de un 10 por ciento, eso sí, con
una especie de bono-bus, dependiendo de los viajes de ida y vuelta que se
producían en cada momento. Señor Boix, traer a la Cámara en este momento
una propuesta para que se anule el convenio firmado entre el Ministerio
de Fomento, el Gobierno en este caso, y la empresa concesionaria, no creo
que sea coherente, porque su Gobierno firmó ese acuerdo que era mucho más
perjudicial para los intereses de los valencianos. Debería reconsiderar
su postura y ser coherente no sólo con lo suscrito por el anterior
Gobierno sino también con lo manifestado por el portavoz de su grupo en
la comparecencia del ministro de Fomento, en la que decía que
inicialmente apoyaba el acuerdo a la espera de conocer nuevos datos.

Vuelvo a reiterar que tenemos una autopista que soporta un peaje con un
acuerdo suscrito recientemente y los usuarios deben tener la oportunidad
de disfrutar de una vía alternativa de gran capacidad como puede ser la
mejora de las nacionales 340 y 332. El Gobierno está comprometido no sólo
en mejorar estas vías de circulación, sino también en cumplir lo que dice
el plan director de infraestructuras, es decir, que la Nacional 340 se
pueda convertir en autovía libre de peaje y sí el usuario pueda elegir
entre una vía libre de peaje y una de peaje.

Para terminar, señora presidenta, por los argumentos antes expuestos,
reitero la oposición del Grupo Popular a todas las proposiciones de ley y
también a aquellas enmiendas que se puedan aceptar por los proponentes.

(El señor Chiquillo Barber pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): ¿Para qué quiere hacer uso de la
palabra, señor Chiquillo?



El señor CHIQUILLO BARBER: Para proponer una enmienda transaccional
conjunta de los grupos que hemos presentado hoy proposiciones no de ley
respecto a lo que nos une, que es la solicitud de la revocación, y
manifestar in voce un texto que hemos consensuado.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Su señoría tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Por la coincidencia plena entre el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario
Socialista y Unión Valenciana, así como del diputado del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Alcaraz, dado que la alternativa de las
nacionales 340 y 332 no existe y que en estos momentos o pagas el peaje
por la A-7 o lo pagas en tiempo, vidas humanas y saturación y dado que no
hay una voluntad de que se realicen esas mejoras en las nacionales
citadas, reiteramos nuestra petición en esa enmienda in voce que agrupa
el planteamiento de los grupos que he citado anteriormente, que vendría a
decir lo que se recoge en la enmienda presentada por Unión Valenciana: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que sea revocado el
acuerdo contemplado en el Real Decreto 1.674/1997, de 31 de octubre, por
el que se modifican determinados términos de la concesión de las
autopistas adjudicadas a la mercantil Autopistas del Mare Nostrum, S. A.,
concesionaria del Estado, todo ello por vulnerar los principios de las
bases de la convocatoria y el decreto de adjudicación donde no se
recogía... Sería importante que todo ello se realizara manteniendo el
acuerdo manifestado en reiterados debates en el seno de las Cortes
valencianas en el año 1987, si les parece bien a los demás grupos.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Puede hacer llegar el texto a la
Mesa y que los grupos políticos expresen su opinión en el momento de la
votación.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PARALIZAR LOS TRAMITES INICIADOS PARA
EJECUTAR LA LLAMADA «SOLUCION 1» ADOPTADA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO,
PARA LLEVAR A CABO EL DESVIO DE LA CARRETERA N-332 A SU PASO POR SUECA Y
FAVARA (VALENCIA) (Número de expediente 161/000817).




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Pasamos, a continuación, a la
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a paralizar los
trámites iniciados para ejecutar la llamada «solución 1» adoptada por el
Ministerio de Fomento para llevar a cabo el desvío de la carretera N-332
a su paso por Sueca y Favara (Valencia).

Tengo entendido que el grupo proponente desea retirarla. ¿Es así, señora
Urán?



La señora URAN GONZALEZ: Sí, señora presidenta, pero si me concede la
palabra explicaré los motivos que inducen a mi grupo a retirar la
iniciativa.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Tiene la palabra, señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, cuando nuestro grupo parlamentario
presentó esta iniciativa el 20 de enero de este año el Ministerio de
Fomento había adoptado una solución al desvío de la N-332 entre las
localidades de Sueca y Favara que perjudicaba terriblemente el parque o
pre-parque natural de la Albufera y no tenía en cuenta las necesidades
para mejorar las condiciones de comunicación entre diferentes
poblaciones. Nuestro grupo presentó la iniciativa dado el carácter que
tenía de perjuicio medioambiental y porque no daba solución a los
problemas que realmente debía solucionar esta variante.




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En aquel momento no había negociaciones entre el Ministerio de Fomento y
los ayuntamientos, que estaban a la espera de ser recibidos para poder
continuar hablando e intentar convencer a dicho Ministerio de la
alternativa que proponían los ayuntamientos afectados y la propia
Consellería de Medioambiente, porque afectaba al Plan de ordenación de la
Albufera de Valencia. En estos momentos ha habido acuerdo entre el
Ministerio de Fomento, la Generalitat y los municipios afectados,
considerándose como mejor solución la de los municipios, introduciendo
alguna variación. El objetivo que perseguía nuestra iniciativa, que era
que no se llevara a cabo esta obra tal y como el Ministerio de Fomento
preveía, se ha visto asumida, por lo que retiramos nuestra iniciativa
felicitándonos de que por fin se haya escuchado a los ayuntamientos y a
la Generalitat y se haya llegado a un acuerdo que favorece no sólo al
parque sino también a las localidades.




--SOBRE EIX PIRINENC. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(Número de expediente 161/000878).




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Pasamos al punto número 8,
proposición no de ley sobre Eix Pirinenc.

Para defender la propuesta del Grupo Socialista la señora Cunillera tiene
la palabra.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Señora presidenta, antes de empezar con el
debate de la proposición y dado que vamos a hablar del Eix Pirinenc,
porque cuando esta diputada le preguntó en otra ocasión al Gobierno por
el eix transversal lo confundió con el Eix Pirinenc, es oportuno recordar
que el Eix Pirinenc es la carretera N-260, que se concibió de esta forma.

Yo presenté una pregunta al Gobierno para que me explicara cuáles eran
los motivos de la declaración de interés del eix transversal en la ley de
presupuestos de este año y éste me contestó hablando del proyecto del Eix
Pirinenc en el tramo entre Llançà y Portbou. La confusión del Gobierno
respecto a estos dos eix es bastante manifiesta y a eso se debe mi
primera aclaración para que no nos enredemos ahora.

El Eix Pirinenc nació como una conexión necesaria entre el Cantábrico y
el Mediterráneo y es una obra que se ha considerado de interés para todas
las tierras. En el concepto de articulación territorial que queremos
desarrollar cuando se mejora una infraestructura hay que tener muy en
cuenta los intereses de los habitantes de los territorios, la necesidad
de asentar a sus habitantes en esos lugares; hay por tanto la necesidad
de ofrecer una calidad de vida semejante a la que pudieran tener en el
ámbito urbano.

Esta carretera nació en esta legislatura con muchos problemas porque
tuvimos ocasión, en uno de los primeros plenos de control a este
Gobierno, de escuchar las acusaciones que vertió el vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía a las obras que se estaban
ejecutando en otro tramo de esta carretera, precisamente porque creía que
eso se debía a que el tramo discurría por el pueblo natal del anterior
ministro de Obras Públicas, señor Borrell. Creo que había un intento de
ofender al anterior Gobierno, de desmerecer la labor que éste había
realizado, pero no se dio cuenta el vicepresidente del Gobierno de que a
quien se ofende en realidad con estas menciones es a los habitantes del
territorio que con estas infraestructuras tienen una mejora sustancial,
que merecieron una atención que hasta ese momento no habían tenido.

Esperamos una rectificación del Gobierno que nunca llegó.

Esos antecedentes han tenido su traducción en un trámite posterior con el
debate de dos leyes de presupuesto. En la ley de presupuestos del año
1997 el Eix Pirinenc tenía una dotación de 4.000 millones de pesetas.

Sufrió un recorte, vía enmiendas, de 2.000 millones de pesetas. Una vez
advertido el error --entre comillas-- de los grupos que votaron en aquel
momento esas enmiendas y el escándalo que hubo en la opinión pública
cuando se vio el recorte que se pretendía dar a la obra --por otro lado,
todos los grupos políticos en Lleida decimos que es una obra muy
necesaria--, se rectificó y parecía que había otro talante. Cuando se
produjo el recorte presupuestario del año 1997 vimos que no había ningún
error, sino que era intención del Gobierno recortar el presupuesto en
2.000 millones de pesetas.

El 20 de junio de 1997, mi compañera de grupo parlamentario y diputada
por Girona, la señora Palma, presentó unas preguntas al Gobierno sobre
los trámites de ejecución del Eix Pirinenc y se le decía concretamente
que se encontraba a la espera de la declaración de impacto
medioambiental. En el año 1998, cuando se discutió la Ley de
presupuestos, se preveía la inversión para el tramo de la Pobla de
Segur-Xerallo de 3.740 millones de pesetas para concluir dicho tramo y el
comprendido entre la Pobla de Segur y Sort, donde había unas obras de
seguridad, las que habían escandalizado tanto en aquel momento al
vicepresidente segundo del Gobierno.

La verdad es que quedaba desasistido el tramo comprendido entre Xerallo y
Pont de Suert, pero a principios de este año el Gobierno anunció a través
del Ministerio de Fomento su decisión de reiniciar todos los trámites y
estudios de los tramos pendientes, con lo cual la voluntad de ejecutar
esa obra queda en un impasse cuando menos problemático y con una
incógnita en el tiempo, al tiempo que asistimos una vez más a la
utilización de las declaraciones de impacto medioambiental como mecanismo
dilatorio para la realización de obras públicas cuando el Gobierno no
parece tener una intención prioritaria de realizarlas.

Este tema en Lleida es recurrente. Lo hemos visto en el tramo de la
carretera entre Aren y Pont de Suert una carretera en la N-230 muy
transitada. Mi compañero el señor Morlán y yo misma hemos tenido ocasión
de preguntar por escrito al Gobierno por dos veces y nos hemos encallado
otra vez en que hay que realizar las declaraciones de impacto
medioambiental, sin que se nos haya dicho que la primera declaración haya
tenido problema o cuestión técnica que haya hecho obligatoria esa
revisión.

Nos encontramos ahora con que habitualmente en nuestra tierra se hacen
grandes proclamas del interés que tenemos



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todos por su desarrollo y por la mejora del nivel económico. Dicen que el
Gobierno quiere seguir reparando las injusticias que se han cometido con
las comarcas del Pirineo de Lleida, pero con maniobras como las que
estamos contemplando en este trámite se puede paralizar una vía de
comunicación fundamental.

Si hacemos un esfuerzo todos los grupos podemos aprobar esta proposición
no de ley. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a
hacer una pequeña matización a la proposición no de ley, a la cual
nuestro grupo estaría dispuesto a atender con todo el interés que merece.

Cuando un diputado de un grupo va a Pobla de Segur y da una conferencia
titulada: Eix Pirinenc una reivindicación de la montaña, lo coherente es
atenderla. Si todos los grupos entienden que el Eix Pirinenc es una
reivindicación sensata que se debe atender, como decía esta mañana un
diputado del Grupo Popular, merecerá la aprobación de todos los grupos.

Como digo, estamos pendientes de escuchar la matización de Convergència i
Unió que vamos a atender con todo el interés.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): ¿Algún grupo político desea
expresar su posición?
Tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, muy brevemente, sin ánimo de ofender a nadie, pero en todo
caso sí de centrar un poco el tema.

He escuchado con interés la intervención de la diputada señora Cunillera,
que ha explicado un caso anecdótico que se da en algunos casos en las
votaciones de los presupuestos, porque en un momento determinado puede
haber algún error. Ello se produce sin ánimo de que ocurra, pero para eso
está el trámite parlamentario del Senado, para corregir ese error.

Me gustaría dejar claro algo que no se ha explicado y es que el portavoz
en la Comisión de Presupuestos, el señor Borrell, también lo votó a
favor. Vamos por tanto a compartir el error que fue, por otra parte,
subsanado en el Senado. Quería dejar claro este hecho porque en su
momento repasé el «Diario de Sesiones». Fue un error que se subsanó y el
señor Borrell también votó como el resto de los grupos.

Por otro lado, ya hemos discutido en diferentes ocasiones este tema.

Todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en la necesidad de
poner en marcha lo antes posible ese eje transversal que atraviesa los
Pirineos y que tiene que ser una fuente importante de equilibrio
territorial.

Lo cierto es que los proyectos de las zonas montañosas son difíciles y a
veces si no se hacen bien, y con excesiva prisa nos podemos encontrar en
la situación actual donde no se ha respetado el proyecto original y ha
habido muchas modificaciones pues no se hicieron en algunos casos los
estudios de impacto ambiental y en otros no se hicieron los estudios
geológicos adecuados, con lo cual nos encontramos ahora con que el coste
real de una carretera que tenía que costar un dinero determinado se ha
multiplicado por tres y por cuatro, coste al que tendremos que hacer
frente.

Todos estamos dispuestos a que esa carretera sea una realidad, pero hay
un ejemplo claro de la improvisación que es la situación en que se
encuentra, por ejemplo, el municipio de Bressuí, que es un pequeño núcleo
que depende del Ayuntamiento de Sort, que está situado a unos quinientos
metros de la carretera y que se está cayendo porque la montaña se marcha.

No se hicieron bien los estudios de impacto ambiental en su momento, la
montaña baja y tendremos que hacer alguna cosa. Si el Gobierno no lo
hace, nosotros haremos una acción de carácter parlamentario para
solucionar el problema en esa zona.

Por tanto, el tema tiene su complejidad y pienso que en este momento el
ánimo de mi grupo es un ánimo absolutamente constructivo, por lo que
hemos propuesto al Grupo Parlamentario Socialista que se saque la palabra
«nuevos», por lo que quedaría una redacción que, de alguna manera, recoge
la voluntad de todos los grupos políticos y creo que del propio Gobierno;
todos los diputados y el Gobierno tienen interés en que en el plazo más
corto posible tengamos un buen eje que una toda la zona pirenaica. Si el
Grupo Socialista acepta la modificación, sacando de ese párrafo la
palabra «nuevos», daríamos soporte a esa proposición no de ley, con el
ánimo de que el Gobierno, en el tiempo más breve posible, dé cumplimiento
a esa voluntad de construcción de ese eix transversal.




La señora VICEPRESIDENTA (Heras Pablo): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Llorens.




El señor LLORENS TORRES: Señora presidenta, adelanto, en nombre del grupo
parlamentario del que soy portavoz, que nuestro grupo se suma a la
enmienda transaccional que ha planteado el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys, y apoyamos,
por supuesto, esa proposición. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Quería decir a la autora de la proposición que ahora estamos debatiendo
que hay algunas propuestas que se pueden volver en contra del que las
hace, sobre todo cuando no están fundadas en el rigor y en la
credibilidad. Ha hecho algunas alusiones sobre unos errores que se
cometieron en una Comisión de Presupuestos, a lo que le ha respondido
cumplidamente el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); los errores se producen, pero lo malo es no rectificarlos, y de
eso su grupo político nos ha dado numerosísimos ejemplos en los años en
que han ostentado responsabilidades de Gobierno. Ha hecho también alusión
a una pregunta que ha sido respondida de forma errónea, y lo ha hecho de
forma caricaturesca, diciendo que el Gobierno ha respondido sobre el eix
transversal, cuando la interpelante hacía otro tipo de pregunta. Yo no
conozco ni la pregunta ni la respuesta, pero, a veces, una respuesta
confusa obedece a una pregunta confusa. Si se habla de transversalidad, y
en Cataluña, el eix transversal todos sabemos a qué responde, a veces la
respuesta puede ser confusa. Pero nada de lo que ha dicho me ha parecido
relevante con respecto a la propuesta que nos ocupa.




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Querría decir que en estos momentos, el Eix Pirinenc está en ejecución;
en este momento, está en fase de licitación el tramo Montagut-Olot,
porque el Eix Pirinenc no sólo afecta a la provincia de Lleida, es una
comunicación, como usted muy bien ha dicho, entre la cornisa cantábrica y
la cornisa mediterránea y, por tanto, discurre también en otras
provincias. Y en el tramo Montagut-Olot se ha licitado por un importe de
13.300 millones de pesetas. El tramo La Pobla de Segur-Senterada está en
ejecución por casi 4.000 millones de pesetas y, precisamente, el tramo
Serrallo-Malpàs/Malpàs-Pont de Suert, es verdad que se ha aplazado porque
está pendiente del impacto medioambiental preceptivo y previo. Por eso no
se pueden ejecutar esas obras y se hace eso porque en una carretera
vecina, que es la que discurre por La Pobla de Segur a Sort, como no se
hizo ese impacto medioambiental, a pesar de todas las recomendaciones del
Ministerio de Fomento en aquella época, dirigido precisamente por su
titular, el señor Borrell, resulta que el presupuesto inicialmente
previsto de 4.000 millones de pesetas, ha subido a más de 11.000 millones
de pesetas, porque se han producido unos deslizamientos de los taludes de
la ladera que han obligado a sucesivos proyectos de reforma que han
encarecido la obra multiplicándola por tres; es decir, nadie está
discutiendo el celo del señor Borrell en defender las obras, en este
caso, que circulan por su territorio, porque ello beneficia a todos. Ese
mismo celo no se ha demostrado en todas las obras que conciernen a la
provincia de Lleida, porque usted sabe, señora diputada, que cuando el
señor Borrell era ministro, dijo que mientras él fuera ministro, no se
haría la obra del canal Segarra-Garrigues, a pesar de que se formó una
mayoría parlamentaria que acordó que se hiciera. (La señora Cunillera i
Mestres: Eso es mentira.) Es decir, que ese celo que está demostrando el
señor ex ministro por la zona en donde él ha nacido, que es La Pobla de
Segur, no ha sido ampliado a toda la provincia de Lleida. Pero no se ha
discutido jamás la necesidad y la urgencia de esa obra, sino que, por no
haberse cumplido los trámites preceptivos de impacto medioambiental
previo, se multiplicó por tres el presupuesto inicialmente previsto, y
esos importes se han pagado con cargo al presupuesto de los años 1996 y
1997, en la zona por la que va a discurrir el Eix Pirinenc objeto de esta
proposición. Por eso, estamos en condiciones de decir que la inversión en
la zona pirenaica de la provincia de Lleida alcanza unas cifras nunca
realizadas en los 14 años de Gobierno socialista (La señora Cunillera i
Mestres: ¡Hala!), primero, por las que están...

Señor presidente, no me deja hablar la señora Cunillera. Yo le he
escuchado con muchísima paciencia mientras ella hacía demagogia y cometía
errores...




El señor PRESIDENTE: Permítame, señor Llorens, que le interrumpa para
decirle y comunicar a todos los miembros de esta Comisión que a las doce
del mediodía el Congreso tiene preparada una concentración, para el que
quiera sumarse naturalmente, en protesta por el bárbaro asesinato de
ayer. Por tanto, en función de que creo que tenemos todos interés en
estar en dicha concentración, le pido al señor Llorens que vaya acabando,
puesto que como ya ha hecho algunas alusiones de carácter relativamente
personal a la señora Cunillera, supongo que la diputada me pedirá la
palabra, a la que se la daré durante un minuto nada más, para que podamos
estar en la concentración todos los que queramos hacerlo.

Por tanto, señor Llorens, le ruego que vaya acabando su intervención.




El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor presidente.

En resumen: el único tramo que tiene una cierta paralización de las obras
es el tramo objeto de una declaración de impacto medioambiental previo,
como he dicho antes, que no se hizo en otra obra vecina y ésa es la causa
de que se haya multiplicado por tres el presupuesto hasta ahora y que se
haya pagado con cargo a los ejercicios presupuestarios de 1996 y 1997.

Por tanto reitero que la posición del Grupo Parlamentario Popular, al que
represento en estos momentos, será sumarse a la propuesta transaccional
ofrecida por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, le doy la palabra muy brevemente
para si quiere contestar a alguna alusión y, sobre todo, para que diga
cuál es su posición respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Señora Cunillera.




La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, respecto de la enmienda
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) podemos aceptarla, porque
entendemos que al quitar la palabra «nuevos» queda implícito y explícito
que habrá un compromiso en las futuras leyes de presupuestos para que esa
obra se vea reflejada si no por el anteproyecto o el proyecto que mande
el Gobierno, sí por las enmiendas que nuestros grupos puedan presentar.

En ese sentido, la aceptaríamos.

Quiero decir muy rápidamente, señor presidente, que mi compañero el señor
Llorens, de mi circunscripción, abusa siempre del cariño que le tengo,
que le consta que le tengo y mucho, y me quiere llevar por excursiones
antiborrellianas por esa obsesión que les ha entrado por nuestro futuro y
presente candidato, y por ese camino no le voy a seguir, pues ocasiones
tendremos de debatir sobre Segarra-Garrigues, sobre autovías y sobre lo
que él quiera.

Deseo hacer sólo una puntualización: es verdad que se está gastando en el
Eix Pirinenc, en las obras del pirineo leridano, pero querría que quedara
claro y dejar constancia en esta Comisión y en el «Diario de Sesiones»,
que todo son obras, todo son proyectos que quedaron del anterior
Gobierno. No hay ni un proyecto nuevo ni una obra nueva que este Gobierno
haya presentado ni para el pirineo de Lleida ni para ninguna otra cosa
que tenga la trascendencia que tiene este Eix Pirinenc.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera. Aceptada la
enmienda tal como ha sido propuesta,



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se suspende la sesión hasta la una de la tarde, en que la volveremos a
reanudar para votar.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las
proposiciones no de ley. La primera proposición no de ley, relativa al
deterioro del firme de la carretera N-120, ha sido retirada. Lo ha sido
también la proposición no de ley sobre actuaciones en la costa del
municipio de Guía de Isora en la isla de Tenerife. La tercera, que vamos
a someter a votación, es la proposición no de ley sobre la construcción
de una nueva estación de ferrocarril en la localidad de Vallada, en
Valencia. Quedaría de la siguiente forma:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas
que sean necesarias para que se reconsidere la decisión de trasladar la
estación de ferrocarril de la localidad de Vallada (Valencia) a una nueva
estación alejada del casco urbano.

Con este texto, vamos a proceder a su votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos ahora a votar las proposiciones no de ley números 4, 5 y 6,
relativas todas ellas a la autopista A-7, cuya concesionaria es la
empresa Aumar y a su período de prórroga. Había una del Grupo Mixto,
señor Chiquillo, una de Izquierda Unida y otra del Grupo Socialista;
había asimismo unas enmiendas de Nueva Izquierda, Grupo Mixto. Se ha
llegado a una redacción conjunta de las tres proposiciones no de ley y de
las enmiendas, la cual procedo a leer: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que sea revocado el acuerdo contemplado en el Real
Decreto 1674/1997, de 31 de octubre, por el que se modifican determinados
términos de la concesión de las autopistas adjudicadas a la mercantil
Autopistas del Mare Nostrum, S. A., concesionaria del Estado, todo ello
por vulnerar los principios de las bases de la convocatoria y el decreto
de adjudicación, donde no se recogía la posibilidad de establecer
prórroga alguna para la adjudicación de las autopistas Valencia-Alicante
y Tarragona-Valencia, así como la Sevilla-Cádiz, todo ello de conformidad
con el acuerdo del Pleno de las Cortes valencianas solicitando la
finalización de la concesión de explotación en el año 2006.

Este es el texto que se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

La proposición no de ley número 7 ha sido retirada por el Grupo de
Izquierda Unida, que es el que la había presentado, por lo que vamos a
votar la última proposición no de ley sobre Eix Pirinenc.

A esta proposición no de ley del Grupo Socialista se ha presentado una
transaccional por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), siendo el texto que quedaría el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que acelere los trámites de licitación y
adjudicación de las obras pendientes en el Eix Pirinenc sin que esta obra
se vea sometida a recortes presupuestarios ni otras dilaciones.

Con este texto la sometemos a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión.




Era la una y quince minutos de la tarde.