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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 434, de 22/04/1998
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 434



CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA



Sesión núm. 16



celebrada el miércoles, 22 de abril de 1998



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor vicepresidente primero del Gobierno
(Alvarez-Cascos Fernández) para informar acerca de si hay algún
compromiso contraído por el Partido Popular que mediatice o condicione o
comprometa la acción del Gobierno de la nación en relación con los
implicados en la trama GAL y/o el uso indebido de fondos reservados. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000624).




Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Va a dar
comienzo la sesión número 16, ordinaria, de esta Comisión Constitucional
y la comenzamos, como es obligado por razones de cortesía, dando la
bienvenida en su seno al señor vicepresidente primero del Gobierno, señor
Alvarez-Cascos.

La sesión se desarrollará conforme al orden del día, que figura en poder
de todas SS. SS. y, en consecuencia, su primer punto consiste en la
comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno ante esta Comisión
Constitucional para que informe acerca de si hay algún compromiso
contraído



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por el Partido Popular que mediatice o condicione o comprometa la acción
del Gobierno de la nación en relación con los implicados en la trama GAL
o/y el uso indebido de fondos reservados.

Esta comparecencia fue solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. En consecuencia, siendo un solo solicitante, a efectos
de la iniciativa, tendríamos que aplicar el artículo 42 del Reglamento.

Sin embargo, dada la naturaleza de la comparecencia, quiero advertir a
SS. SS. que desarrollaremos su tramitación conforme a las previsiones del
artículo 203, integradas por la resolución número 6 de la Presidencia del
Congreso.

En consecuencia, para explayar el objeto de la comparecencia, salvo que
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tuviera la intención de
intervenir con carácter previo, daríamos la palabra al señor
vicepresidente primero del Gobierno. (Pausa.)
El señor Alvarez-Cascos tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, comparezco a
requerimiento de esta Comisión Constitucional para responder a una
petición de Izquierda Unida, que desea conocer, literalmente, si hay
algún compromiso contraído por el Partido Popular que mediatice o
condicione o comprometa la acción del Gobierno de la nación en relación
con los implicados de la trama GAL y/o el uso indebido de los fondos
reservados.

Sería una ingenuidad ignorar que esta comparecencia trae causa del
anuncio que realizó el ex presidente González Márquez, al que no veo en
esta sala, pero no me queda más remedio que referirme a él... (Varios
señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: Que venga.--Otros
varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Ya
estamos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Repito, trae causa del anuncio que realizó el
ex presidente González Márquez, en México, el 9 de mayo del pasado año,
acusándome, literalmente, de prometer cosas para cuando pudiera tener
poder para practicarlas (fin de la cita), con objeto de que Amedo y
Domínguez le acusaran a él.

Aceptarán SS. SS. que ninguna de tales, entre comillas, cosas ocurrieron
desde que gobierna el Partido Popular; no ha ocurrido ninguna de esas
cosas. Justamente lo contrario de lo sucedido con las, entre comillas,
cosas que prometieron los allegado al ex presidente González Márquez y
que lamentablemente para todos sí ocurrieron en los años anteriores. Esas
cosas sí ocurrieron.

Permítame que las primeras consideraciones antes de entrar en la cuestión
sean para formular una declaración de principios (Un señor diputado: Si
no los tiene.) que sirva para enmarcar los hechos que se van a examinar
en esta comparecencia parlamentaria.

En primer lugar, considero que la condición de demócrata es inseparable
del escrupuloso respeto al Estado de Derecho por parte de todos, en tanto
que simples ciudadanos o que altos responsables de todas las
instituciones. En consecuencia, ni el Gobierno ni nadie está legitimado
para combatir el crimen con el crimen.

En segundo lugar, pienso asimismo que la condición de demócrata exige la
aceptación expresa de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley,
sin excepción, y exige también el deber de colaboración de todos los
ciudadanos con la justicia para que se garantice su aplicación a todo
aquel que la haya conculcado. En consecuencia, no resulta justificable
ninguna conducta dirigida a eludir la aplicación de la ley o a impedir el
esclarecimiento de cualquier delito o a procurar la manipulación de la
justicia.

Como demócrata, como dirigente del Partido Popular, como parlamentario y
como portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados en las
legislaturas anteriores y como miembro del Gobierno desde mayo de 1996,
afirmo que siempre he obrado y seguiré obrando con profundo respeto a
estos principios y que siempre ha actuado y actuaré, desde cualquier
responsabilidad que me correspondiere, para evitar la conculcación de
estos principios.

Podría parecer innecesaria, por obvia, la declaración de principios que
acabo de formular; seguramente, pero después de todo lo que venimos
conociendo estos últimos años acerca de las actuaciones de los GAL y
escuchando en relación con las responsabilidad política derivadas de las
mismas, yo creo que nada se debía dar por supuesto.

Como también es imprescindible hacer un relato verosímil --y recalco lo
de verosímil--, que es exactamente lo que desde la oposición le pedíamos
al Gobierno anterior, que diera explicaciones verosímiles, creo que es
imprescindible que yo haga un relato verosímil de cuanto ha sucedido para
descubrir y poner a disposición de la justicia a los presuntos culpables,
con objeto de evitar que las versiones deformadas de la realidad puedan
desvirtuar la fuerza acusatoria de los hechos tal como han ocurrido y así
están acreditados.

Es un hecho dramático y lamentable --repito, es un hecho dramático y
lamentable-- que los denominados grupos GAL cometieron entre el 16 de
octubre de 1983 (secuestro y posterior asesinato de Lasa y Zabala) y el
24 de julio de 1987 (asesinato de García Goena) 28 asesinatos --es un
hecho dramático y lamentable--, además de otros atentados sin víctimas
mortales, que en ningún caso un demócrata convencido puede calificar de
incidentes, como hizo públicamente en su día el ex presidente González
Márquez. (Varios señores diputados: Otra vez, qué
barbaridad.--Aplausos.--Un señor diputado: La próxima con música.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, apenas acabamos de iniciar la
sesión. Repórtense SS. SS. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Es también un hecho que la



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justicia viene actuando en el esclarecimiento de estos crímenes y en el
ejercicio de sus funciones. Primero, la Audiencia Nacional dictó
sentencia el 20 de septiembre de 1991 por los atentados cometidos contra
el bar Batzoki y el bar Consolidation, ambos en el 86, condenando a José
Amedo y Michel Domínguez a la pena de 108 años y ocho meses de prisión
por los siguientes delitos: seis de asesinato en grado de frustración,
asociación ilícita, además de los tipificados como uso público de nombre
supuesto y como falsificación de documento de identidad. Esta sentencia
fue confirmada por el Tribunal Supremo en otra de 12 de marzo de 1992,
que además apreció la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Segundo, es también un hecho que la justicia abrió otros once sumarios
referidos a 18 asesinatos y un secuestro, el caso Marey, el caso Laza y
Zabala, el caso Oñaederra, el caso Monbar, el caso García Goena, el caso
Miquel Goikoetxea, el caso Rafael Goikoetxea, el caso Caplanne, el caso
Matxicotte, el caso Leiba y el caso Brouard, quedando sin iniciativa
judicial otros diez asesinatos, Eugenio Martínez Salazar, Jean Pierre
Cherid, Javier Pérez de Arenaza, Tomás Pérez Revilla, Benoit Pacastaing,
Javier Galdeano, Emile Weiss, Claude Coerr, Santos Blanco y Juan Mario
Otegui, también cometidos por los GAL.

Es un hecho que a José Amedo y Michel Domínguez los gobiernos del ex
presidente González Márquez abonaron mensualmente desde julio de 1988,
fecha de ingreso en prisión, hasta mayo de 1994, concesión de tercer
grado, cantidades variables entre 450.000 y 600.000 pesetas al mes, que
excepcionalmente podían llegar a dos millones de pesetas, a través de
Juan de Justo, secretario de Rafael Vera. Entregaron a sus esposas en
Suiza un total de 200 millones de pesetas en cuatro entregas, a través de
Juan de Justo y otras personas. Prometieron el indulto reiteradamente, a
través de Francisco Alvarez, de Julián Sancristóbal, de Rafael Vera, de
Jorge Argote, de José Luis Corcuera, de Antonio Asunción, que les
presentó, pizarra incluida, el plan completo de beneficios
penitenciarios, de Eligio Hernández y de Narcís Serra al abogado Gonzalo
Casado en este último caso. Todo ello siempre a cambio de su silencio y
de que ni siquiera recurrieran en amparo la sentencia que les condenó
ante el Tribunal Constitucional.

Es un hecho que el ex director general del Ministerio de Interior, don
Fernando López Agudín, ha publicado un libro, en forma de diario
testimonio, que detalla las actuaciones llevadas a cabo por el equipo
dirigido por el señor Belloch desde su llegada al Ministerio de Interior
en 1994, para hacer frente a la que denomina --cito literalmente-- trama
político-policial, integrada por los principales altos cargos y mandos
del departamento, así como por dirigentes del Partido Socialista. Es una
cita, a modo de ejemplo, de las páginas 30 y 31. El libro es de un ex
director general del Gobierno anterior.

6 de junio de 1994, lunes. Reunión en Vitoria. Para el Ministerio la
existencia de una trama político-policial ya no es únicamente una teoría
por comprobar, sino una práctica concreta que en Vitoria ha tenido una
traducción peligrosa. La decisión de cambiar la cúpula policial y cesar a
los gobernadores no puede aplazarse más: o se empieza a romper la columna
vertebral de esta trama, o estar en el Ministerio no tiene ningún
sentido. Impresiona e indigna comprobar la situación personal y
profesional en que se encuentran los guardias civiles mientras algunos
sinvergüenzas han hecho del antiterrorismo un negocio bastante rentable.

Sobre el esfuerzo, austeridad y angustia de miles de funcionarios
policiales, la inmensa mayoría de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
una minoría ha montado una empresa contraterrorista que los ha
enriquecido a lo largo de los últimos 12 años. Más claro todo, imposible.

Es un hecho que en el primer semestre de 1994, previamente a la concesión
del tercer grado a José Amedo y Michel Domínguez, 26 de julio de 1994, el
abogado Jorge Manrique se reunió en numerosas ocasiones con el director
general de Instituciones Penitenciarias y con la secretaria de Estado de
Instituciones Penitenciarias, Paz Fernández Felgueroso.

Es un hecho que José Amedo y Michel Domínguez salen de la cárcel con
régimen abierto el 26 de julio de 1994, por decisión del ministro
Belloch, confirmándose, recalco, confirmándose todas las promesas
anteriores. Estamos en 25 de julio de 1994.

Es un hecho que en este libro de un ex director general del Gobierno
anterior se relata cronológicamente lo siguiente, páginas 59 a 66, y creo
que aquí está la clave de lo que discutimos esta mañana en esta Comisión,
si no lo han leído yo les invito a leerlo, porque la lectura completa es
muy ilustrativa: 31 de octubre de 1994, Margarita Robles le comunica a
Belloch que José María Benegas y Jorge Manrique han llegado a un acuerdo
sobre la cantidad a pagar a Amedo y Domínguez, para lo que le ha pedido
al abogado un apartado de correos, un maletín y una llave para hacerle
llegar el dinero, pero no es el Partido Socialista el que debe aportar el
dinero, quieren que lo haga Interior de los fondos reservados, por lo que
acuerdan convocar al equipo directivo de Interior para tratar el tema.

2 de noviembre de 1994. Se reúne el equipo directivo de Interior y
deciden oponerse al pago.

3 de noviembre de 1994. El ministro Belloch se reúne con el presidente
del Gobierno en Moncloa y le expone su decisión de negarse a la petición
de Benegas y devolver el maletín y la llave. El presidente, Felipe
González, contesta con la ya conocida frase de: tú verás lo que haces. La
cita es literal.

7 de noviembre de 1994. Belloch se niega a recibir a Jorge Manrique, que
se encuentra en el Ministerio y ha pedido ser recibido urgentemente.

19 de diciembre de 1994, sigo citando el libro. Como consecuencia de las
recientes declaraciones de Amedo y Domínguez ante Garzón, son detenidos
Sancristóbal, Hierro, Planchuelo, Sáenz y se ordena la búsqueda y captura
de Francisco Alvarez. Y termina la cita: pocos días después, los dos ex
policías empiezan a narrar, a través de un serial titulado Así nacieron
los GAL, publicado en un diario madrileño, su versión sobre este grupo
terrorista. Es la respuesta a su fracasado intento de chantaje al Estado.

El Gobierno comienza a pagar el precio por luchar contra la corrupción y,
aunque diversos ministros lamentan estos días --no dice quiénes-- no
haber indultado a Amedo y



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Domínguez, según publican los medios de comunicación, tanto el presidente
del Gobierno como el ministro de Justicia e Interior, nada sorprendidos
por la reacción de los chantajistas, están firmemente convencidos de
haber dado un salto cualitativo en el proceso de normalización de
Interior. Al parecer --ya he terminado la cita--, según el ex director
general de Relaciones Informativas del Ministerio de Interior el ex
presidente González Márquez entonces no se sorprendió de la reacción de
Amedo y Domínguez, y es que si Belloch le había informado con detalle,
tenía buenas razones para saber lo que ocurriría.

Es un hecho que en este libro el ex director general que lo ha escrito
sostiene que el ex presidente González Márquez apoyó a Belloch en su
lucha por desmontar la llamada trama político-policial. Y es un hecho que
el presidente González Márquez y el PSOE perdieron las elecciones general
el 3 de marzo de 1996. Es también un hecho que el ex presidente González
Márquez avaló con su prólogo, un año después de la derrota electoral, el
libro de José Barrionuevo 2001 días en Interior, presentado el 15 de de
julio de 1997, y que además desde entonces viene reuniéndose con el
propio José Barrionuevo, Rafael Vera y José Luis Corcuera, lo que
evidencia el abandono, a mi juicio, de su actitud crítica, como sostenía
el libro citado de López Agudín, y su cambio hacia una actitud amistosa y
de apoyo a los miembros de la trama político-policial.

Es un hecho que el 8 de mayo de 1997, un mes después de que el Tribunal
Supremo pidiera al Gobierno la desclasificación de los papeles del Cesid,
un mes después de esta petición, el ex presidente González Márquez desde
Méjico me acusó, con base en una supuesta grabación --en todo caso,
ilegal--, realizada al abogado Jorge Manrique por miembros de la trama
político-policial, de participar en una intriga contra él y que, a pesar
de los rotundos desmentidos del citado abogado, ha vuelto a repetir
calumniosamente el pasado día 17 de marzo de 1998, amenazándome con la
caída sobre mí de una losa por este asunto. Ruego que le digan al ex
presidente, señor González Márquez, que lo único que me preocupa de esa
losa es que no sea de cal viva. (Aplausos.--Rumores.--El señor Madrid
López: ¡Qué mal gusto! ¿Qué se va esperar?) No sé si es indigno lo de la
losa o lo de la cal viva. Yo prefiero una losa que no sea de cal viva.

Es un hecho que, desde octubre de 1997, el periodista Pedro J. Ramírez ha
sido objeto de una deleznable campaña de chantaje y descrédito (Risas.)
que hoy investiga también el juzgado de instrucción número 28 de Madrid
entre personas que está implicadas --todas ellas-- en la citada trama
político-policial, las mismas.

Es un hecho que Javier Bleda, una de las personas investigadas por el
chantaje anterior, declaró hace cuatro semanas en dicho juzgado que la
citada campaña está dirigida por Rafael Vera con el fin de impedir la
celebración de los juicios del GAL. Se da la circunstancia añadida de que
otros dos implicados, Juan José Rodríguez, El francés, y Daniel Fernández
Aceña, fueron condenados hace años por su relación con los asesinatos de
Santiago Brouard y Jean Pierre Leiba, cometidos por los GAL. Es un hecho
que, para rematar la farsa de la conspiración, el Partido Socialista
jalea unas declaraciones de Luis María Anson a Santiago Belloch,
anticipadas y manipuladas por El País antes de su publicación en Tiempo
(La señora Conde Gutiérrez del Alamo: ¡Manipuladas por Televisión!),
declaraciones de las que informó, antes de que fueran publicadas, en
primicia exclusiva, el ex presidente González Márquez al president Jordi
Pujol, según el testimonio público de éste último en Roma, el día 24 de
febrero de 1998 y que se apoya también en otra grabación presuntamente
ilegal de un almuerzo del mismo Luis María Anson con José Luis Corcuera,
José Barrionuevo y Rafael Vera en las afueras de Madrid.

Es un hecho que próximamente la Sala Segunda del Tribunal Supremo
iniciará el juicio oral por el secuestro de Segundo Marey contra el ex
ministro José Barrionuevo, el ex secretario de Estado Rafael Vera, el ex
director general de la seguridad Julián Sancristóbal, el ex jefe del
gabinete de información y operaciones especiales del Ministerio de
Interior y ex jefe superior de policía de Bilbao, Francisco Alvarez, el
ex secretario general del Partido Socialista de Vizcaya, Ricardo García
Damborenea, el ex jefe superior de policía de Bilbao, Miguel Planchuelo,
el ex jefe de la brigada de información de la Jefatura Superior de
Policía de Bilbao, Julio Hierro, el ex comisario jefe de la brigada de la
policía judicial de Bilbao, Francisco Sáiz de Oceja y los inspectores de
la brigada de información de Bilbao, Luis Hens, Ramón Corujo, además de
José Amedo y Michel Domínguez, y, por supuesto, con el mejor espíritu de
colaboración, declararé como testigo en este juicio, por acuerdo de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, aportando cuanto sepa para el
esclarecimiento de tan reprobable y abominable secuestro.

Finalmente, es un hecho que los primeros meses del año 1995 era
secretario general del Partido Popular, diputado en el Congreso y
portavoz de mi grupo parlamentario en la Comisión de Interior del mismo;
y es un hecho cierto que por aquellas fechas recibí un buen número de
solicitudes de entrevistas o reuniones con distintas personas para tratar
temas relacionados con el llamado caso GAL. No todas fueron atendidas, no
todas, pero sí algunas, e insisto en plural, sí algunas, por considerar
que podían resultar esclarecedoras y ayudar en mi labor como
representante del pueblo español en la Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados, amparado en el derecho de reunión que recoge nuestra
Constitución y cuyo ejercicio, que sepamos, no tiene más limitaciones que
las señaladas por las leyes y que tutelan los tribunales de justicia.

A tenor de lo que se me requiere en esta comparecencia, proclamados los
principios que han guiado siempre mi conducta y concluido este relato
cronológico de los hechos, puedo afirmar rotundamente que jamás he dado
pie con mis declaraciones o con mis actuaciones a que nadie me pueda
imputar alguna complicidad en los delitos cometidos por los GAL o alguna
conducta que obstruya la acción de la justicia para esclarecer los
mismos, jamás he dado pie a ello; que jamás he prometido, ni mucho menos
comprometido, ninguna clase de favor o gracia a nadie implicado en
procesos judiciales o condenados por los tribunales; que mis opiniones
personales, contrarias a las promesas



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de concesión de indultos con fines de encubrimiento de delitos y
favorables a la colaboración con la justicia, son públicas, están
recogidas en diversas entrevistas periodísticas, por ejemplo, en El País,
el 12 de enero de 1995 y el 16 de enero de 1995, en Epoca, el 23 de enero
de 1995, en Tiempo, el 30 de enero de 1995 y en El Mundo, el 20 de julio
de 1995 y se corresponden literalmente con los principios que enuncié al
comienzo de mi intervención. Por tanto, reitero que todas mis
intervenciones parlamentarias, mis declaraciones públicas y mis
actuaciones como diputado de la oposición, como secretario general del
Partido Popular y como portavoz de Interior del grupo Popular en el
Congreso, se han atenido escrupulosamente al cumplimiento de mi deber y
al respeto de los principios básicos del Estado de Derecho,
sistemáticamente conculcados por la citada trama político-policial que en
los dos últimos años, apoyada por el ex presidente González Márquez y por
sus aliados mediáticos, difunde patrañas en forma de conspiraciones para
desacreditar al Gobierno y se mueve sin más objetivo que obstaculizar la
acción de la justicia sobre sus conductas.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.--La señora Conde Gutiérrez
del Alamo: ¿Para eso has venido?)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Por el Grupo Parlamentario solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra la señora Aguilar Rivero.




La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero iniciar mi intervención diciendo al vicepresidente
primero del gobierno que esta comparecencia debiera haberla realizado en
el Pleno del Congreso de los Diputados, posibilidad a la que usted, señor
Alvarez-Castos, se había negado, usando para ello a su grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, y a su aliado, que con su negativa reiterada le
evitaban ese mal trago de comparecer ante el Pleno del Congreso de los
Diputados.

Mi Grupo Parlamentario lo tenía absolutamente claro: no íbamos a dejarle
escapar por más tiempo del Parlamento y es por ello por lo que le hemos
obligado a comparecer ante esta Comisión Constitucional. Quede, pues, de
manifiesto que no viene voluntariamente, sino que viene obligado. Pero es
que, además de obligado, le diré, señor Alvarez-Cascos, que viene en mal
momento; y viene en mal momento porque ayer se produjo una comparecencia
lamentable y bochornosa del ministro de Defensa, en la que ofreció un
espectáculo que sencillamente no se merece este Parlamento.

Le tengo que decir, señor Alvarez-Cascos, que esta comparecencia, después
de que su grupo parlamentario, el Grupo Popular, y el Gobierno del que
usted forma parte intentaran justificar en el día de ayer la actuación
ilegal, fuera de la Constitución y al margen del Estado de Derecho del
Gobierno que preside el señor Aznar y del que usted es vicepresidente
primero, le otorga a sus explicaciones un menor grado de credibilidad, ya
que ha quedado suficientemente demostrado que ustedes, señores del
Gobierno, lo mismo dicen hoy una cosa y mañana la contraria, es decir, no
tienen palabra. Así y todo, desde Izquierda Unida queremos entrar en el
fondo.

Es claro e indiscutible que hubo terrorismo de Estado, que hubo robo y
uso indebido de fondos reservados; ahí están los 28 muertos del GAL, el
secuestro de Segundo Marey; ahí están las condenas por robar el dinero de
todos los ciudadanos y el uso indebido demostrado de esos fondos que son
dinero del conjunto de la sociedad. Es evidente que el terrorismo de
Estado y el uso indebido de los fondos reservados tienen unos
responsables políticos señalados que gobernaron este país durante 15
años. Ahora bien, señor Alvarez-Cascos, junto a la responsabilidad
política del PSOE --y ya veremos si penal de algunos de sus propias
filas--, hay que denunciar con contundencia la utilización partidista y
electoral de su partido, el Partido Popular, del tema GAL, sin que detrás
de sus palabras hubiera convicción ni voluntad para actuar, y ello se
demuestra porque todo, absolutamente todo, sigue exactamente igual. No
han dado ni un solo paso en estos dos años de gobierno del Partido
Popular en favor de la limpieza democrática y hoy a ustedes les salpican
los escándolos, y con las escuchas ilegales han sido cazados. Pero es
más, todas las actuaciones del Gobierno y, por ende, de usted como
vicepresidente primero y del Partido Popular demuestran que no juegan
limpio, que desean pasar la página de los GAL, y eso, desde el punto de
vista de Izquierda Unida, es un peligro para nuestra democracia y una
bofetada a la sociedad con la que ustedes empeñaron su palabra, hoy
manifiestamente incumplida, que tiene derecho a saber, a conocer y a
estar tranquila de que se ponen en marcha mecanismos para abandonar el
sendero de los escándalos y adentrarnos en el camino de la regeneración,
la honestidad, la limpieza y la ética.

Le decía, señor Alvarez-Cascos, que sus actuaciones desde el Partido
Popular huelen mal porque todas ellas siguen una misma flecha, la
dirección del punto y final, y le digo esto porque, entre lo dicho por
ustedes y lo hecho con posterioridad, va un gran trecho, porque entre lo
que decían cuando estaban en la oposición y lo que hacen desde el
Gobierno no hay color, y si no, relatemos algunos hechos.

En primer lugar, a pesar del compromiso del señor Aznar, presidente del
Gobierno, ustedes, a la hora de verdad, no colaboraron con el Poder
Judicial y no desclasificación los documentos del Cesid. En segundo
lugar, a pesar de lo dicho por usted, comprometiéndose en nombre del
Partido Popular a votar la Comisión de investigación en el tema GAL, a la
hora de la verdad, su partido, su grupo parlamentario votó no y evitó
pedir responsabilidades políticas al PSOE --no sé si porque en el
traspaso de poderes ustedes, con una total complicidad, lo pactaron con
ellos--. En tercer lugar, Fraga ha dicho públicamente que hay que ver
algún grado de buena fe en el GAL. En cuarto lugar, el ministro de
Defensa justificó claramente la trama GAL en una comparecencia en sede
parlamentaria. En quinto lugar, los testigos protegidos en la trama GAL
están abandonados a su suerte por parte del Gobierno. Y en sexto lugar,



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portavoces cualificados del Partido Popular han hablado reiteradamente de
pasar la página.

Señor Alvarez-Cascos, desde Izquierda Unida le queremos plantear una
cuestión que nos parece fundamental, y es que si ha cobrado algún eco la
teoría de la conspiración es porque ustedes, desde el Partido Popular, no
han tenido la suficiente contundencia, claridad y voluntad política en el
tema del terrorismo de Estado y del uso indebido de los fondos
reservados, no han dado ni un solo paso, y con esa actitud cada vez se
hacen más cómplices de una etapa pasada protagonizada por el PSOE. Huele
mal, como le decía, la actitud del Partido Popular porque, por acción o
por omisión, son cada vez más encubridores, aunque no lo quieran, de
quienes fueron los responsables políticos de los GAL, porque todavía al
día de hoy se desconoce en nombre de quién, de qué y por qué no han
querido políticamente actuar, hablar, investigar y depurar las
responsabilidades políticas a que hubiere lugar en la trama GAL. Si
tienen usted y su partido convicciones y respeto a los principios
democráticos, como ha aludido al principio, deben actuar.

Señor vicepresidente primero, o cambian de actitud desde el Partido
Popular o cambian su forma de proceder o va a ser muy difícil, por no
decir imposible, creer en las explicaciones, en los relatos como los que
nos acaba de hacer usted.

Desde Izquierda Unida lo que le decimos al Gobierno es que tome nota
porque usted está hoy aquí porque han asumido en el fondo el discurso del
PSOE y de Felipe González de que la seguridad del Estado necesita de
silencio, de complicidades y de encubrimientos, y así pierde la sociedad,
pierde la democracia y pierde el Estado de Derecho, porque si algo no
necesita la seguridad del Estado es silencio, sino claridad,
transparencia y defenderla desde la ley y desde la Constitución. Al
Derecho, que son controles, que son garantías, lo que le mata son los
rodeos y el escapar de ellos. Yo les invito, señores del Partido Popular,
a que asuman un discurso democrático y no lo dejen en palabras, sino que
procedan, yendo a la práctica, a través de las iniciativas y de las
decisiones que el Gobierno debe tomar y de la puesta en práctica de esos
principios democráticos a los que usted aludía al principio de su
intervención.

Señor vicepresidente primero, a Izquierda Unida nos preocupa, al ser el
grupo parlamentario, la fuerza política que venimos manteniendo, y que
vamos a seguir haciéndolo, una actitud clara, contundente y coherente en
relación al terrorismo de Estado y al uso indebido de los fondos
reservados, que pueda existir un compromiso de usted, de algún miembro
del Gobierno o de su partido, el Partido Popular, que condicione,
mediatice o hipoteque la acción del Gobierno y, por ello, se pueda
conceder alguna medida de gracia a los hoy encausados en la trama GAL,
que abriría la puerta a todos los implicados y comportaría
inexorablemente el punto final. Además, nos preocupa incluso que ese
gesto pudiera ser vendido como un gesto de buena voluntad por parte del
Gobierno que preside el señor Aznar. Por eso, señor Alvarez-Cascos,
además del relato que nos ha formulado, nosotros quisiéramos que
aclarara, que respondiera en concreto a algunas preguntas que le vamos a
formular desde nuestro grupo parlamentario.

¿Ha habido por parte de usted, por parte del algún miembro de su Gobierno
o de su partido algún compromiso? ¿Va el Gobierno a tender la mano en el
tema GAL a aquellos encausados para pactar un punto final, que sería otra
manera distinta de presentarlo ante la sociedad? Responda con claridad,
con nitidez a estas preguntas que le formulamos desde la izquierda de la
ética, desde la limpieza y no deje dudas, despeje los interrogantes en
esta comparecencia y despéjelos conveniente y suficientemente. (Risas.)
No sean ustedes más complacientes. Yo entiendo que algunos diputados de
los bancos socialistas quieran sonreír, lo que ocurre es que la realidad
es implacable y algunos tenemos las manos limpias y otros no. (Rumores.)
Le pediría, señor presidente,...




El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
Señora Aguilar, reanude su discurso.




La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente, así podré
concluir mi intervención.

Le decía al señor vicepresidente primero que aclarar las cosas de forma
conveniente y suficientemente y que el Gobierno del Partido Popular
dejara de ser complaciente con este tema, porque cuando se es
complaciente con los delitos desde el poder es que ya no hay límites, y
eso es situar a este país al borde del abismo y es algo que no se merecen
ni nuestra sociedad ni nuestro sistema democrático.

Por último, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, no va a colaborar desde esta comparecencia, pedida por
nosotros, a lo que a lo mejor pretenden otros, a usar un debate político
como éste en el terreno de lo judicial. Es decir, no vamos a dejarnos
utilizar por quienes pudieran querer influir, impedir, interferir desde
sede parlamentaria en la actuación judicial; por quienes quieren hacer
buena una teoría en el terreno de lo político para esgrimirla en el
jurídico. La búsqueda de la nulidad de las actuaciones hasta ahora
llevadas a cabo no va a contar, ni por acción ni por omisión, con la
complacencia o la colaboración del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. Desde Izquierda Unida vamos a seguir defendiendo la independencia
judicial, el trabajo de los jueces sin presión, sin descalificación.

Vamos a defender la democracia y, por ello, que se pueda llegar hasta el
final. Hay causas que pronto se verán en los tribunales; por eso, hay que
dejar trabajar a los jueces.

Esta comparecencia en sede parlamentaria debe ser la comparecencia de la
claridad. Y el vicepresidente primero, señor Alvarez-Cascos, tiene hoy,
aquí y ahora la obligación política, moral y ética de despejar todas y
cada una de las dudas a que haya podido dar lugar la reunión que mantuvo
con el abogado del señor Amedo. Y debe dejar despejado --no sólo hacernos
un relato del libro de López Agudín-- si hay o no compromiso; si hay o no
hipoteca del Gobierno después de la reunión que mantuvo con el abogado
del señor Amedo y si se pudiera comprometer a partir de esa reunión la
acción del Gobierno en el sentido de situarnos en la antesala del punto y
final en todo lo relativo al terrorismo de Estado, al robo, al uso
indebido de fondos reservados. Porque desde Izquierda Unida le decimos,



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señor vicepresidente primero del Gobierno, que sólo es posible pasar la
página de los GAL desde la clarificación total y desde la depuración de
las responsabilidades políticas y penales a que haya lugar. Por eso, le
insisto, señor Alvarez-Cascos: hable alto y claro; no insista en el
relato que nos ha formulado y díganos de verdad si hubo compromiso para
trato de favor, si hubo compromiso para pago de cuantía alguna, periódica
o de una sola vez, a alguno de los encausados en la trama GAL; y díganos,
señor Alvarez-Cascos, hasta qué punto usted, como vicepresidente primero
del Gobierno, o su Gobierno del Partido Popular, presidido por don José
María Aznar, está atrapado. Queremos saberlo. Y queremos saberlo en esta
comparecencia. Y queremos de una vez por todas que ustedes actúen con
claridad y con contundencia, porque hasta ahora las posiciones del
Partido Popular nos indican que hay una complicidad y una connivencia
total con quienes son los responsables políticos del terrorismo de Estado
que mandaron en este país durante 15 años y dieron lugar al robo y al uso
indebido de fondos reservados, y queremos, por tanto, que no se tenga que
volver a repetir una comparecencia como ésta, sino que quede todo
suficiente aclarado. Y no se aclaran suficientemente las cosas si nos
sigue leyendo el libro de don Fernando López Agudín, sino que las cosas
se aclaran si usted, a partir del reconocimiento de una reunión que, por
otra parte, es pública, nos dice si hubo o no compromisos y hasta dónde
llegó en esa reunión. Eso es lo que nos puede situar, junto con una
actitud política distinta del Partido Popular en relación a la trama GAL,
en una etapa nueva: la etapa de clarificación. Hasta ahora,
lamentablemente, con su complicidad estamos en la etapa del punto y
final.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Caldera Sánchez-Capitán.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Alvarez-Cascos, entre aquellas
entrevistas que usted concedió, sin duda se encontraba la que celebró con
el abogado del señor Amedo en presencia de don Pedro José Ramírez que
negó en más de una ocasión y hoy, en sede parlamentaria, reconoce. Pero
por aquellos días --la entrevista se celebró el 9 de diciembre de 1994--
usted pedía en nombre de su grupo la comparecencia del Gobierno de
entonces en el Congreso. Y decía su señoría que el Ejecutivo --el de
entonces-- intentaba convertir en complicidad la prudencia de la
oposición.

¿Esta era su prudencia? No, señor Alvarez-Cascos. Usted no es un hombre
prudente con sus adversarios políticos, ni siquiera con sus compañeros de
Gobierno (Protestas.), como demuestra, por cierto, la actual crisis del
Cesid. (Risas.) Usted, señor Alvarez-Cascos, no es un hombre prudente. Y
todo sabemos que ha dedicado lo mejor de su tiempo en los últimos cinco
años a socavar la seguridad individual y colectiva de los españoles (El
señor Meyer Pleite: Sí, sí.) y la estabilidad de las instituciones
democráticas. (Rumores.--Protestas.)
Señoría, usted ha pretendido hacerse un traje a medida. Creo que está
equivocado. Aquí es usted, señor Alvarez-Cascos, quien comparece para
explicar sus actividades y tratos con el señor Amedo. Eso es lo que hoy
quieren saber los ciudadanos y lo que queremos en este Parlamento. En
cinco ocasiones --cinco, señoría--, en uso de nuestros derechos como
grupo parlamentario mayoritario de la oposición en esta Cámara, le hemos
pedido que viniera aquí para hablar de sus relaciones con el señor Amedo.

En todas se ha negado --¿lo recuerda, verdad?, lo saben bien los
ciudadanos-- con excusas formales, censuras y rechazos --todo, nos
consta, conociendo su carácter, por orden de usted--, incluso con
presiones a sus socios para que no aceptaran --como nos ha recordado la
señora Aguilar-- su comparecencia. Fíjese que este grupo parlamentario, a
sugerencia de algún otro, modificó en la Junta de Portavoces sus
iniciativas para que resultara claro que se le pedía el control, no sobre
asuntos propios de la actividad política de la oposición, a la que usted
entonces pertenecía, sino de los compromisos asumidos que pueden
condicionar hoy la acción de su Gobierno. Y sepa, ya que públicamente ha
aparecido tan decidido a respetar el Reglamento de la Cámara, que la
admisión de preguntas o comparecencias debe limitarse nada más, señoría,
que a constatar los requisitos exigidos, y no a juzgar el contenido de la
iniciativa. Y el portavoz de su grupo, señor De Grandes, se permite
calificar las iniciativas del grupo socialista de excesivas y
extemporáneas.

¿Saben lo que les digo? A ustedes, conociendo su talante, les gustaría
celebrar la Junta de Portavoces de esta Cámara, ¿saben dónde?: en la
Junta Directiva Nacional del Partido Popular. (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.--Otros dicen: ¡Muy
bien!--Rumores.) Sí, señorías, y hacer allí el orden del día del
Congreso. Claro. A su conveniencia. Decidir ustedes solos, sin nadie más,
qué comparecencias se celebran, qué preguntas se formulan, cuándo se
contestan, si nos gusta o no su contenido y hasta cómo se enuncian.

(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Así
ocurrió el miércoles pasado en la comparecencia de su amigo el presidente
del Gobierno, señor Aznar.

En esta ocasión ha aprovechado usted una petición bienintencionada, sin
duda, de Izquierda Unida para utilizarla a su favor. Pero he de decirle a
Izquierda Unida --y será la única referencia que haga en esta
comparecencia-- que no conviene desenfocar el objetivo ni conviene
desenfocar quién es el adversario. (Risas.) Porque, si se recorre un
tramo del camino, aunque sea incidental, accidental o coyunturalmente de
la mano de la derecha cuando a ésta le conviene, se corre el riesgo de
que al final del viaje del autobús cada vez se bajen más viajeros.

(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.--Otros
dicen: Muy bueno, muy bueno.)
Señor Alvarez-Cascos, nosotros le vamos a recordar tres artículos de la
Constitución: 66, 99 y 113, que configuran el control parlamentario y la
responsabilidad política del Gobierno. Así se dota a las Cámaras de un
bloque de poderes de control parlamentario sobre la actividad
gubernamental, que ustedes niegan al grupo mayoritario de la oposición.

Sobre todo, señor Alvarez-Cascos --y con esto acabo esta primera parte de
mi intervención-- (Rumores.), no



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sea cruel con sus propios compañeros. (Risas.) Usted obligó al señor
Michavila a que públicamente dijera que la respuesta que dio a la
pregunta de Nueva Izquierda, el 1 de abril, en el Pleno de la Cámara, era
la primera que se formulaba en la Cámara. ¡Por favor!, la primera que
ustedes dejaron pasar; no haga aparecer a sus subordinados como personas
con facultades mermadas. (Rumores.) No se preocupe, esperamos obtener el
apoyo suficiente para que ésta sólo sea la primera de sus comparecencias
en la Cámara porque, señor Alvarez-Cascos, a la luz de lo que ha dicho
usted hoy aquí, el Pleno le espera. (Rumores.) Media hora ha consumido de
intervención --media hora--, para no decir nada relevante. (Risas.), sólo
confirmar que efectivamente usted se reunió con el abogado del señor
Amedo, lo que previamente había negado.

Nosotros le pedíamos otra cosa --fíjese qué sencillo--: ¿Cuánto tiempo se
reunió con don Pedro J. Ramírez y el señor Manrique? ¿Dos horas, tres
horas? (Rumores.) Fíjese qué fácil, sólo le pedimos que, en minuto y
medio, nos resuma el resultado de la reunión y los compromisos
adquiridos. ¿Qué hacía usted allí, señor Alvarez-Cascos? ¿En calidad de
qué? ¿Para qué? ¿Con el conocimiento de quién? Me temo que, por muchas
horas que esté usted aquí, no va a decirnos qué hacía allí, porque oculta
el contenido de ese compromiso. ¿Sabe cuál es su problema? Su
credibilidad, la falta de credibilidad. (Rumores.)
El día 9 de mayo de 1997, siendo ya vicepresidente del Gobierno --aquí
tengo la transcripción--, usted mintió, faltó a la verdad en una
entrevista que concedió a la cadena COPE. Preguntado usted --por el
entrevistador-- si había mantenido contactos, encuentros o negociaciones
con el entorno del señor Amedo y del señor Domínguez, aunque fuera a
través de intermediarios, contestó: Yo no he nombrado a ningún
intermediario ni he delegado en nadie ni he encargado a nadie ningún tipo
de relación con Amedo y Domínguez. Mentira, señor Alvarez-Cascos.

(Protestas.) ¿Por qué mentía? (Continúan las protestas.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Caldera.

Señorías, por favor, el procedimiento del artículo 204 es el que permite
con mayor latitud que después haya réplicas, impugnaciones, etcétera. En
consecuencia, vamos a respetar el uso de palabra en las mejores
condiciones de silencio y discreción posibles.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Digo que usted tuvo personalmente esa
reunión con el abogado de Amedo y que, con posterioridad --casi un año
después--, ha tenido que reconocerlo de forma pública, y lo ha hecho hoy
aquí también. ¿Por qué mintió entonces? Espero su respuesta en el turno
de réplica.

Fíjese, ese mismo día, poco después de su declaración, la propia emisora
COPE informaba que personas de su confianza habían mantenido, a partir
del 3 de marzo de 1996, contactos con los ex policías Amedo y Domínguez
para tratar de su indulto, es decir, cuando usted formaba parte ya del
Gobierno. Si usted concede credibilidad a esta cadena informativa en casi
todo, supongo que en esta información, también. Los hechos fueron así,
señor Alvarez-Cascos. Por diversos testimonios, sabemos que usted, en
presencia de don Pedro José Ramírez, se reunió con don Jorge Manrique
--ya le he dicho-- el 9 de diciembre del año 1994, con fecha anterior al
día 16 de aquel mes, en que el señor Amedo y el señor Domínguez
comparecieron voluntariamente --entre comillas-- ante el juez Garzón. Eso
sí, antes de ello, concedieron en rigurosa exclusiva sus nuevos
testimonios al diario El Mundo. En aquel encuentro, según el señor
Manrique, usted, don Francisco Alvarez-Cascos, comprometió un indulto si
algún día su partido gobernaba y si Amedo modificaba su testimonio,
involucrando en la guerra sucia a miembros de la Administración
socialista. (Rumores.--Una señora diputada del Grupo Parlamentario
Popular: ¡Qué barbaridad!) ¿Para qué pedía usted ese cambio de testimonio
que hoy ha confirmado aquí, para buscar la verdad y la justicia? No,
señor Alvarez-Cascos, no. Lo hacía para atacar al Partido Socialista y
obtener réditos políticos. Como saben la mayoría de los ciudadanos, la
cultura de la crispación --supongo que esto le suena-- existió porque no
había manera de vencer al señor González con otras armas. (Rumores.)
Felipe González --según un cualificado testimonio-- era un hombre con una
potencia política de tal calibre que era necesario llegar hasta el
límite. (Risas.--El señor Madrid López: ¡Qué complejos tenéis!) Supongo
que reconocerá estas declaraciones. (Rumores.)
Señor Alvarez-Cascos, protagonistas directos o indirectos de aquella
reunión lo han confirmado. El señor Amedo --según tenemos constancia hoy
en una publicación-- escribió en su diario el 7 de diciembre de 1994:
Abogado y yo hablamos con Pedro J. sobre ello y se compromete a darnos
una respuesta, que resulta afirmativa, cara al indulto, por parte de
Alvarez-Castos, de partido opositor. Pido --decía el señor Amedo-- que la
respuesta sea personal. Y el 9 de diciembre de 1994 se acuerda reunión
--dice en su diario el señor Amedo-- despacho Pedro J., abogado y
Alvarez-Cascos, para tal fin. Por su parte, el señor Manrique confirma a
la revista Tiempo el contenido de aquella reunión. Y a la pregunta: ¿Y
Alvarez-Cascos se lo dijo claro que los iban a indultar? (Por amor a la
justicia, según usted.) Sí, claro --dice el señor Manrique--, lo dejó
clarísimo y yo se lo voy a reclamar. Señor Manrique, declaraciones a la
revista Tiempo. Incluso usted mismo, antes de hacerlo en sede
parlamentaria, tuvo que confirmar dicha reunión en la revista Tribuna.

Señor Alvarez-Cascos, pero ¿que hacía usted en aquella reunión con el
señor Manrique, abogado de un condenado a elevadas penas de prisión? Se
lo pregunto por segunda vez. ¿Es usted abogado? No. (Rumores.) ¿Es usted
juez? No. ¿Fiscal? Creo que no. ¿Periodista? Ya había uno allí, al que
ustedes admiran mucho y muy conocido, por cierto, además de por su
quehacer periodístico. ¿Era usted miembro de los servicios de
información? No, ¿verdad? Díganos, pues, qué hacía usted allí, señor
Alvarez-Cascos, qué ofrecía, que comprometía, qué pactaba, qué riesgos
asumía para la estabilidad del Estado, para la estabilidad de los
ciudadanos. Y tenga por seguro que, a pesar de su imagen de hombre
decidido, en este caso no le concedemos ninguna



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autonomía, señor Alvarez-Cascos, ninguna. Usted no actuaba por sí solo,
lo hacía como secretario general del Partido Popular, con el
conocimiento, el apoyo y el aliento del señor Aznar. (Rumores.) ¿Qué le
preocupaba del resultado de aquella reunión para negar la entrevista
--como le he indicado y demostrado-- en su entrevista en la cadena COPE?
Señor Alvarez-Cascos, desde que ustedes llegaron al Gobierno se ha
desarrollado una sorda lucha, por su parte, para hacerse con el control
de los servicios de información, en detrimento del Ministerio de Defensa.

Eso es lo que dicen hoy todos los medios de comunicación españoles. Para
ello ha contado con la decidida ayuda del periódico El Mundo, cuyo
director también participó en las conversaciones con el abogado del señor
Amedo. ¡Qué casualidad! ¿Tiene esta actitud --le pregunto también-- algo
que ver con pasadas actividades suyas y con los compromisos de aquella
reunión? Esperamos su respuesta.

Le prevengo que si usted --ya lo ha hecho y lo repetirá en su réplica,
conociendo su carácter--, como ha hecho hoy aquí y otras muchas veces,
pretende montar todo su testimonio acusatorio contra administraciones
anteriores a partir de las declaraciones de Amedo (Rumores.), hechas ante
el juez Garzón después de cerrar usted tratos con él, no nos valen de
nada, señor Alvarez-Cascos entérese--, no nos sirven de nada.

Sobre el contenido de su intervención aquí esta mañana, he de recordarle
que en cinco ocasiones debatió este Parlamento, no en Comisión, en Pleno,
a petición de su grupo y de otros grupos de la Cámara, los problemas a
los que tan abundantemente ha hecho usted referencia en la primera parte
de su intervención. (Rumores.) Aquí hay una falla, un corte esencial.

Antes y después del 9 de diciembre de 1994, ustedes, lamentablemente, han
contribuido a contaminar y falsear toda posible verosimilitud de esas
imputaciones y acusaciones. (Rumores.) Lo digo una vez más, para que los
ciudadanos lo recuerden. Amedo declara voluntariamente ante el juez
Garzón, cambiando sustancialmente sus testimonios, después de cerrar un
trato con usted, en nombre del Partido Popular. Y usted no actuaba por su
cuenta --lo sabe bien--, alguien más se lo ordenaba. Quizá en las pistas
de paddle se fraguaban las instrucciones. (Risas.) Por cierto, el señor
Manrique ha mostrado su voluntad de reclamarle los compromisos. Le
pregunto: ¿Lo ha hecho, señor Alvarez-Cascos? ¿Por qué medio? Porque su
jefe, el señor Aznar, cuando le preguntaron si había recibido
correspondencia reclamando la deuda parece que lo deja a usted en mal
lugar. Contestó: Yo recibo mucha correspondencia, pero no la que no es
mía, y, además, no sé la que tienen los demás. Díganos usted cuál es la
correspondencia que recibe. Le voy a dar oportunidad para ello desde el
punto de vista reglamentario.

Su perfil, señor Alvarez-Cascos, es inquietante, y todo cuadra en las
acusaciones que le estoy formulando. Un hombre como usted se permite el
lujo de afirmar públicamente que la sentencia que dicten los jueces es
importante para el crédito de la justicia y que, en la medida en que ésta
no se corresponda con el veredicto de los ciudadanos a la luz de los
datos que se han establecido, quien va a salir perdiendo es la propia
justicia. Quien piensa así de la justicia es el hoy vicepresidente del
Gobierno.

Su perfil es inquietante, señor Alvarez-Cascos, porque el 19 de junio de
1995, fíjese lo que usted decía: Perote (¿le suena, verdad?) (Risas.) ha
prestado un servicio al Estado. Perote es el chivo expiatorio del
Gobierno. Ha prestado un servicio al Estado al destapar el trabajo de un
órgano de inteligencia.

Ahora le pregunto yo, señor Alvarez-Cascos, si ha contribuido usted a
prestar otro servicio importante al Estado facilitando la publicación de
determinadas informaciones que han obligado a desmantelar una parte muy
importante de los servicios de información en el País Vasco y en el sur
de Francia. (Rumores.) Contésteme usted si también ha prestado un
servicio al Estado con esa actitud, porque éste que para usted prestaba
un servicio al Estado, de acuerdo con la verdad que hemos de acatar los
demócratas, que es la judicial, la del Tribunal Supremo, fue condenado
por un delito consumado de revelación de secretos o informaciones
relativas, señor Alvarez-Cascos, a la seguridad nacional y defensa
nacional, no a la seguridad del Gobierno socialista (Rumores), como se
hartaron de proclamar en todas y cada una de las plazas de este nuestro
querido país. (Un señor diputado: ¿Pero quién puso a Perote?) Y aquella
condena la hizo el Tribunal porque llegó a la certeza de que el procesado
se hizo con las microfichas que contenían la información de que se trata
de manera premeditada, intencionada y maliciosa, pero prestó un servicio
al Estado, según usted.

Los aquí presentes tenemos derecho a formular una serie de preguntas y su
obligación es la de responderlas. Probablemente no lo haga hoy, pero lo
tendrá que hacer en otro momento. De forma explícita, clara, terminante y
en sede parlamentaria, le pregunto, señor Alvarez-Cascos: ¿se reunió
usted con Pedro J. y Jorge Manrique el 9 de diciembre de 1994? ¿Prometió
el indulto si aquéllos, como ha reconocido hoy aquí, modificaban sus
testimonios? ¿Qué compromisos asumió con el señor Amedo y el señor
Domínguez, además de prometer este indulto? ¿Cuántas reuniones con el
abogado del señor Amedo han tenido personas de su entorno? ¿Se celebró
alguna en una cafetería de la calle Zurbano? ¿Consultó previamente con
una persona de su entorno antes de declarar Michel Domínguez en el
Tribunal Supremo? ¿Ha recibido usted correspondencia del señor Manrique
pidiendo el cumplimiento de lo acordado?
Hace poco se ha celebrado también el contenido de una cinta en la que en
una conversación entre el inefable don Pedro J. Ramírez y el señor Amedo
se decía lo siguiente: Me ha llamado --decía Pedro J.-- y me ha insistido
en que sólo hay un camino, el camino recto. Amedo preguntaba: ¿Quién te
ha llamado? ¿Ha sido el dos? (es decir, usted). Sí, dijo que sólo hay un
camino. Si uno va hacia San Sebastián, se da la vuelta y emprende el
camino contrario...

¿Quién es el número dos (ya se lo he dicho, pero reconózcalo) en la cinta
grabada de la conversación entre Amedo y Ramírez en la que se habla del
indulto, celebrada cuando ya estaba usted en el Gobierno? ¿Dijo usted a
Pedro J.




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que sólo hay un camino, el recto? ¿Qué significa esta expresión?
¿Intermediaba Pedro J. Ramírez entre usted y el señor Amedo? ¿Pidió usted
dejar a Damborenea fuera de las imputaciones que harían Amedo y Domínguez
porque iba a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de
Bilbao? (Rumores.)
Señor Alvarez-Cascos, si usted lo deseara, no me cabe la más mínima duda
que podría dar a esta Cámara un testimonio de primera mano sobre estos
hechos. Usted fue protagonista de ellos, quizá no el principal
(Rumores.), pero protagonista, no mera comparsa. Es verdad que en su
condición de fiel escudero del señor Aznar, pero próximo, muy próximo a
él.

Estamos a la espera de sus respuestas. Yo le pido valor, (Risas.) el de
verdad; el valor democrático le pido, señor Alvarez-Cascos, el
democrático. (Risas.) Sé que tiene miedo (Un señor diputado: Tiene
pánico.--Risas.) pero el principal activo de un miembro del Gobierno de
España es afrontar la verdad de cara, aunque le avergüence.

Le prevengo también por segunda vez: en su entrevista en la COPE del 9 de
mayo de 1997 se permitió una afirmación demasiado rotunda, aunque débil
como un castillo de naipes. Decía usted: Jamás nadie podrá inculpar al
Partido Popular en este asunto. Y ya ve usted, cada día que pasa se sabe
más. Nosotros también. No dude que la verdad se abrirá camino. (Rumores.)
Cada vez, señor Alvarez-Cascos, más testimonios lo acusan. Usted
conspiró, complotó, (Risas.) comprometió, compró voluntades con finalidad
política, sin importar sus consecuencias y con el consentimiento del
señor Aznar.

Aquí está, ante la soberanía popular, que puede democráticamente pedirle
cuentas. Por una vez, por una vez, no rehúya esa responsabilidad y cumpla
con sus obligaciones por graves que fueran aquellos compromisos.

(Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), el señor Silva tiene la palabra.




El señor SILVA SANCHEZ: El artículo del Reglamento en base al cual se ha
organizado esta comparecencia nos permite obviamente esperar en alguna
parte de su contenido una segunda intervención del vicepresidente del
Gobierno y del resto de los grupos parlamentarios que le han formulado
preguntas.

Sin embargo, lo que quisiéramos aquí manifestar, en primer lugar, es
conocido por el resto de los grupos parlamentarios, es que esta
comparecencia se produce sin la voluntad de nuestro grupo. Se produce sin
la voluntad de nuestro grupo porque mantenemos la misma posición política
de la que hicimos gala en la legislatura pasada, más concretamente
incluso cuando se produjo el debate sobre la comisión de investigación el
5 de octubre de 1995, a diferencia, todo hay que decirlo, de los
planteamientos de algunos de los grupos, incluso del Partido Popular, que
se efectuaron en aquel momento.

Desde luego, mi grupo tiene una gran preocupación, y es que un caso como
es el caso GAL, que marcó el ritmo de la vida parlamentaria en la
legislatura pasada, por elementos absolutamente objetivos y obvios, la
existencia de más de una decena de sumarios, la duración de estos
procedimientos corre el riesgo de marcar el ritmo de la vida
parlamentaria, de centrar el debate político y el debate parlamentario,
no ya en esta legislatura, sino incluso en legislaturas sucesivas.

Incluso podemos decir hoy (quizá ayer por la mañana no lo podíamos decir)
que la incidencia del caso GAL, que ha constituido el objeto fundamental
de la comparecencia, también está ya en los tribunales, y que cuando este
tema está en los tribunales lo que corresponde es dejar actuar a los
tribunales y centrarnos en otros aspectos. Otra cosa, obviamente, es o
puede ser interferir en la acción de la justicia, otra cosa es o puede
ser pretender sentar en una comparecencia como la de hoy una verdad
material en unas condiciones desde luego muy diferentes y desde luego sin
las garantías, desde todos los puntos de vista, con las que se podrá
producir en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y, en cualquier caso,
continuar centrando, continuar sujetando la vida política y la vida
parlamentaria a estos hechos gravísimos que vienen de 1983. Cuando en
octubre de 1995 se discutió la creación de comisión de investigación del
caso GAL algunos de los que votamos en contra --mi grupo parlamentario
concretamente-- manifestamos que no tenía sentido la creación de esa
comisión de investigación, porque el procedimiento judicial estaba
tremendamente avanzado, y casi tres años después, al día de hoy, 1998,
todavía no se ha iniciado el juicio oral. Son hechos cuyos efectos y
cuyas incidencias se van a prolongar muchísimo en el tiempo y entendemos
que no deben, como decía anteriormente, centrar la vida política.

He de decir que teníamos esperanzas de que en esta legislatura así fuese.

Antes la portavoz de otro grupo ha hecho referencia al pasar página. Para
nosotros si el pasar página es que actúe la Administración de justicia,
que actúen los tribunales, era una página perfectamente pasada.

También en el debate sobre la comisión de investigación del caso GAL, que
se produjo en el Congreso de los Diputados el 5 de octubre de 1995, era
ésa la posición del grupo que ha intervenido anteriormente cuando
establecía que la aprobación de esa comisión de investigación podría
constituir una intromisión ilegítima en la conducta del órgano
jurisdiccional, que no era precisa esa comisión de investigación porque
la justicia al fin va a resplandecer, los jueces por fin de manera
transparente y profunda van a hacer justicia, y se decía que no tenía
sentido aceptar que se interpusiera un juicio paralelo frente a un
procedimiento judicial. Se decían más cosas por el portavoz del Grupo
Socialista que muy dignamente ocupa en estos momentos un lugar en la Mesa
de esta Comisión.

Pues bien, sobre la base de las afirmaciones de pasar página, sobre la
base de ese comportamiento parlamentario, entendíamos que las cosas
estaban donde debían estar: en los Tribunales de justicia, en la
Audiencia Nacional, en los juzgados de instrucción, en la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.

Entendemos que no se ha producido ningún evento que deba modificar ese
planteamiento político, que sea la Administración de justicia la que
actúe. Decíamos (quizá ayer



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por la mañana hubo pie para haber dicho otra cosa) que incluso ese
incidente dentro del asunto GAL que motiva la comparecencia del
vicepresidente del Gobierno en el día de hoy está también ya en la Sala
Segunda del Tribunal Supremo y está, por tanto, ante los tribunales. No
tenía, en consecuencia, ningún sentido, ni lo tiene en el día de hoy --y
así lo decimos--, la celebración de esta comparecencia, y desde luego si
tiene sentido lo tendría el que siguiésemos celebrándolas probablemente
ad infinitum. No tengo el don de la profecía, pero estoy seguro de que
dentro de cinco, seis, siete años, continuarán existiendo procedimientos
judiciales referentes a estos hechos, aunque sólo sea porque las
sentencias que puedan dictar los tribunales ordinarios pasarán al
Tribunal Constitucional, y a continuación sin duda alguna, pasarán
también al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Si pretendemos
someter el ritmo de la vida política y parlamentaria a la actuación de la
justicia, tenemos esos comportamientos para rato.

Por tanto, a la espera de la que será sin duda alguna la segunda
intervención del vicepresidente del Gobierno, poca cosa más podemos
decir. Si él manifiesta que no se ha asumido ningún compromiso en
relación a un indulto, desde luego no tenemos otra opción --y no la
asumimos tampoco como deber obligado-- que creer en lo que ahí se
manifiesta. En cualquier caso, tenemos también clarísimo otro
planteamiento, y es que los indultos, como saben SS. SS., se tramitan, se
resuelven o se otorgan con un cierto carácter discrecional --y digo
cierto carácter discrecional--, en ningún caso arbitrario. Los indultos
que un día pudieran acordarse desde luego pueden ser y han sido sometidos
en esta Cámara en algunos casos a control político, de la misma manera
que esta Cámara ha tenido oportunidad de demandar del Gobierno el
otorgamiento de indultos en algunas ocasiones, y así se ha producido en
el Pleno.

En consecuencia, caso de que en algún momento se produjese indultos en el
futuro como los que se hayan podido producir en el pasado, lo que habrá
que determinar es si, como establece la ley reguladora del indulto, se
producen esas razones de justicia, de equidad o de utilidad pública que
es el presupuesto de todo indulto y que determina que es un acto de
derecho y no precisamente una resolución de carácter arbitrario.

En estos momentos, como ya digo, a la espera de lo que pueda manifestar
con posterioridad, poco más podemos decir. Como saben SS. SS., debates de
esta naturaleza en algún momento han permitido decir a dignísimos e
ilustrísimos representantes de mi coalición y mi grupo parlamentario que
había una colla de ximples, o que se iba a buscar la bronca por la
bronca. Entendemos que este no es en ningún caso el debate parlamentario
que procede realizar.

Asumiendo también las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en aquel 5 de octubre de 1995, no puede ser convertir a este
Parlamento en el escenario de la batalla de quienes postulan la política
como un espectáculo agresivo y ensombrecen su auténtica función.

Entendemos que no es lo que corresponde ni a la función del Parlamento,
en relación a las actuaciones de la Administración de justicia, ni desde
luego al interés político de lo que en estos momentos nos corresponde
hacer.

Por lo demás, estamos a la espera de la respuesta que pueda dar el señor
vicepresidente del Gobierno y las que puedan formular por parte de otros
grupos parlamentarios, reiterando lo que hemos dicho en un momento de la
intervención, que desde luego si el señor vicepresidente del Gobierno,
como parece ser, ha sido llamado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo
para deponer como testigo, entendemos que la deposición que allí se
produzca (Risas.) --es la terminología legal--, con todas las garantías
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, posibilidades de careos,
contradicciones, podrá esclarecer la verdad.

Tenemos dudas de que la sesión de hoy sirva para algo cuando hay grupos
parlamentarios que de inicio le niegan esa posibilidad al señor
vicepresidente del Gobierno. Nosotros esperaremos a sus palabras y a lo
que en su día sienten los tribunales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias por su presencia, señor
vicepresidente, pero el contenido de sus palabra no es agradecimiento lo
que me suscita; tampoco le diré que estupor, puesto que no hay sorpresa;
ni siquiera espanto, porque hasta de eso estamos curados.

Aunque no guste, es bueno, creo, saber lo que pasó sobre determinadas
cuestiones y usted ha explicado con toda soltura que no hubo obstrucción
a la justicia ni violación del deber de colaborar con ella, ni
contradicción entre lo que se decía y se hacía, ni se comprometió a
futuras acciones de Gobierno.

Si esto es así, si usted lo ve así, no comprendo por qué su grupo no ha
querido en esta legislatura constituir una comisión de investigación del
caso GAL hasta sus últimas consecuencias. Conoce que se solicitó por mi
grupo y otros varios y no hubo modo de constituirla. De igual forma pasó
con la constituida en la pasada legislatura que se deshizo, finalmente,
por la propia acción del Grupo Popular.

De su intervención creo que merecen destacarse dos cuestiones: primero,
la actuación suya, como representante de su partido y ahora del Gobierno,
y la de si todo es posible o todo vale para acceder al poder; y, segundo,
el caldo de cultivo que hizo posible estas actuaciones. Quiero dejar ya
bien claro, respecto de la primera, que en modo alguno pongo en duda el
proceso que condujo a la victoria electoral del Partido Popular y a la
formación de Gobierno.

Señor vicepresidente, quienes éramos universitarios en Bilbao en los años
setenta y nos movíamos en los círculos que se llamaban de desafectos al
régimen, teníamos como reivindicaciones entonces las de unas elecciones
libres, sufragio universal, libertad de partido. Esto era una exigencia
mínima del sistema democrático por el que abogábamos; por cierto que
entonces en estos círculos se movía en Bilbao el señor Amedo demostrando
ya un talente democrático, con el que luego y sin duda enfocó su quehacer
profesional.




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Esta idea mítica de la sacralización de los partidos como instrumentos
básicos de participación política creemos que es la que alentó también el
espíritu del constituyente y la que recoge el artículo 6 de nuestra
Constitución, que los califica de instrumento fundamental para la
participación política, el profesor García Pelayo habló de Estado de
partidos.

De ahí hemos pasado, en veinte años de democracia homologada, a una
situación en la que el alejamiento de los ciudadanos respecto de los
partidos es enorme. Basta ver los sondeos de opinión o las encuestas del
CIS, por ejemplo, sobre lo que los jóvenes piensan de la política para
comprobarlo.

Revisaba yo, de cara a esta comparecencia, el trabajo del profesor Giner,
llamado Carta a la democracia, en el que, al dirigirse a los posibles
lectores políticos, les avisa del sentido de exclusión de los ciudadanos
frente a nuestro quehacer, sus sentimientos de impotencia ante el poder,
y su alarma ante las manifestaciones de corrupción política, entre otras
cosas. Y es que de una ilusión inicial en la panacea de los partidos se
ha llegado al todo vale en el juego político, y desde mi partido creemos
que no es así.

Utilizando la imagen del profesor Duverger, de las Dos caras de Jano, es
claro que la acción política puede servir para lo mejor y para lo peor;
puede generar consenso, dar legitimidad, conseguir logros, pero también
sirve para destruir y para corromper, y desde hace tiempo se están dando
en la política estatal con más intensidad ejemplos de esto segundo.

Tenía usted la obligación de aclarar, de despejar cualquier duda de
diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, y lamento decirle que
no puedo creerle del todo porque sus actos no me lo permiten; a la vista
está, por ejemplo, la comparecencia de ayer relacionada con el asunto del
Cesid.

El mensaje de su comparecencia, creemos que desde mi grupo, no puede ser
el de que una actividad política quede legitimada en la idea de que hay
que cargarse al adversario político. Es típica ya la distinción smithiana
entre enemigo y adversario, pero creo que ha llegado el momento de
introducir un componente ético, ahora que tanto se habla de ética
pública, en el comportamiento interpartidario, unas reglas mínimas de
juego.

En este momento se está tramitando en esta Cámara la ley de financiación
de partidos, aspecto que sin duda es crucial, pero desde nuestra óptica
no suficiente. Siempre que se habla de limpieza en la vida política se
habla de financiación, se habla de normas de contratación, de control del
gasto público... El asunto que hoy nos trae evidencia de una forma clara
que no sólo son importantes los dineros, no reside el problema sólo en
los dineros. Desde el principal partido de la oposición se ha aludido
también a la necesidad de regular, respecto de los partidos, la exigencia
de primarias, aspecto éste que, con todos los respetos, me parece
irrelevante. Creo que antes es necesario plasmar unas normas de mutua
lealtad, de comportamiento ético interpartidario por duras que puedan ser
las relaciones. El profesor Lucas Verdú tiene escritos unos interesantes
comentarios al artículo 6 de la Constitución, que yo antes citaba, cuando
alude a que al mencionar el ejercicio libre de la actividad partidaria
este precepto tiene virtualidades ab extra que creo que desde esta Cámara
debíamos explorar.

El segundo aspecto a que he aludido es una evidencia. Su entrevista con
el abogado del señor Amedo se produce en un determinado contexto,un
caldode cultivo que se ha ido dejando engordar, desde nuestra óptica, por
no querer atajarlo en sede política. La comisión de investigación
--insisto en esta idea-- hubiese servido para saber lo que pasó, para
dirimir responsabilidades que el proceso penal no es apto para apreciar,
por ejemplo, respecto de acciones penalmente prescritas, caben
responsabilidades políticas.

Señor vicepresidente, la coartada con la que su grupo y su Gobierno
asumieron esta legislatura, mirar siempre hacia adelante, se ha
evidenciado inútil a este respecto. El pasado está ahí, pese a que en sus
declaraciones preelectorales se prometió una regeneración ética; se
hablaba incluso de restauración del Estado de Derecho. Comparecencias
como la de ayer del señor Serra, con causas en el pasado que vuelve y
algunos aspectos de la de hoy, no nos permiten grandes optimismos.

Lo que quiero transmitir lo hace con más precisión de la que yo lograría
una viñeta de Máximo Sanjuán de la que no conservo fecha, creo que hará
unos dos años, pero que resultó ser extraordinariamente premonitoria. Se
titula: El GAL: onda expansiva. En esa viñeta hace una enumeración de
pasado, presente y futuro en aquel momento, que repito no es el actual
sino que hará casi dos años. Dice este dibujante, en esas agendas a las
que nos tiene habituados, del GAL: Fulminó a Felipe González y su
Gobierno, contaminó al PSOE, desarboló a la izquierda, manchó a las
fuerzas de seguridad, tensionó a los jueces, envenenó a la prensa,
prostituyó al electorado. Respecto del presente de ese momento dice:
Desacredita a los políticos, involucra al Ejército (Cesid, Defensa)
--ayer tuvimos ocasión de comprobarlo--, desaira al Rey --ahí sí que no
me meto--, infecta a Aznar y a su Gobierno. De futuro dice: Contagiará al
PP y al resto de los partidos, degradará al pueblo español, traumatizará
a la justicia. Finalmente, un último punto, que es el que, desde la
perspectiva de mi grupo, más interesa, dice: Ensombrecerá a una
democracia que merecía y aún merece ser diáfana tras una dictadura opaca.

Señor vicepresidente, si hoy usted ha decidido, aunque sea forzado, hacer
catarsis y contar cosas, hágalo del todo. Pida usted mismo, o pida a su
grupo que lo haga, la constitución de la comisión de investigación del
GAL. De las grandes crisis creo que se pueden obtener grandes enseñanzas
y una regeneración de la vida política debe empezar por saberlo todo, por
saber qué pasó como garantía de que no pueda volver a repetirse.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra don José Carlos Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor presidente, he venido a escuchar para
primero intentar averiguar por qué este debate. Probablemente todos los
que están aquí, y confieso mi ingenuidad, lo entienden perfectamente;



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las intervenciones parlamentarias que se han producido explican
perfectamente las posiciones de cada grupo, que yo respeto, pero tengo
que expresar, en nombre de mi grupo, primero, mi insatisfacción, un
sentimiento de malestar --y ustedes me perdonarán que yo tenga que hablar
de mis sentimientos-- y una auténtica confusión política e intelectual
porque no termino de descubrir qué se pretende con este debate político.

He tenido que preguntar, porque a lo mejor se me escapaba algún detalle,
y he podido pensar que el Gobierno llevaba a su próximo Consejo de
Ministros el indulto de Amedo y Domínguez, cosa que me hubiera parecido
gravísima, pero parece que no es así, porque, claro, si fuera a llevarlo,
entonces habría un hecho grave y habría que desempolvar determinadas
reuniones que se dice que hubo o no hubo en las que prometieron la
posibilidad de que se produjera ese indulto. Pero no, no se trata del
indulto de Amedo y Domínguez. Al margen de determinadas historias que
corresponden a hechos de 1995, no hay ningún hecho nuevo que dramatice
una situación y que nos lleve a este debate tremendo en su parte de fondo
y superficial y frívolo en las formas, porque a veces parece que nos
angustia y a veces parece que nos divierte, y es este juego entre el
Partido Popular y el Partido Socialista, y yo, como representante de un
grupo minoritario, quizá como el niño del traje del emperador, vengo a
decir aquí ingenuamente lo que se me ocurre, sin tener ninguna
intervención preparada y escuchando para descubrir si de verdad hay algún
dato que haga sacar de nuevo ese putrefacto cadáver que fue el GAL y
hacer de nuevo un debate político, cuando justamente se está a punto (el
25 de mayo) de abrir un proceso judicial que nos dirá definitivamente,
quien mejor puede decirlo, los hechos sobre este gravísimo acto de
terrorismo de Estado.

Por tanto, no hay indulto, hay, parece, un intento de esconder las
conclusiones políticas ya tomadas por todos los grupos políticos, yo creo
que por el Congreso de los Diputados anteriormente, sin comisiones de
investigación, y se trata de volver a sacar la teoría de la conspiración.

Es decir, hay unas declaraciones, citadas por el portavoz del PSOE, del
señor Anson, hay una historia que sale en los periódicos de si hay una
reunión o no hay una reunión, de las interminables reuniones que hubo en
esa época, y yo, siguiendo lo que el señor Borrell decía estos días de
que su maestro, el señor González, le había enseñado que lo importante es
distinguir lo esencial de lo accesorio, muy modestamente voy a decir lo
que mi grupo piensa sobre qué es lo esencial y qué es lo accesorio.

Se plantea el tema de teoría de la conspiración --por cierto, teoría ya
totalmente desfasada y mal planteada, que los historiadores modernos
consideran que es una manera frívola de examinar los fenómenos históricos
del pasado: la teoría conspiratoria en la historia-- para decirnos que
cuatro periodistas que en un momento se creyeron el ombligo del mundo, y
tres o cuatro manipulaciones desmontaron al Gobierno anterior.

Sinceramente, yo creo que no hay ningún español que no haya llegado a la
conclusión sensata de que al Gobierno anterior, en su última fase, un
Gobierno que, como he dicho muchas veces en los debates parlamentarios,
tiene grandes aciertos y algunos grandes errores y que la historia tendrá
que juzgar, lo juzgó el pueblo español en las elecciones de 1996, y lo
juzgó diciendo que en los últimos años se habían producido algunas
deformaciones graves y una degeneración del poder, y que se han producido
actos, como el GAL, Filesa u otras historias, que son hechos que hay que
reprobar, porque parte del patrimonio del pueblo español y la sociedad
democrática es aprender definitivamente que cualquier utilización abusiva
del poder, cualquier acto de degeneración democrática es un acto terrible
que sólo conduce a actuar contra el que lo ejercita, y, como ha dicho
antes el señor Alvarez-Cascos, ningún crimen se puede combatir con otro
crimen. Esta sí que debe ser una conclusión importante de la sociedad
española, y deberíamos reflexionar que, como ha dicho también algún
dirigente socialista alguna vez, las raíces de esa deformación están
antes incluso de los Gobiernos de González. Está en una forma --lo diré
muy brevemente, no me extenderé-- de cambio, de transición democrática,
de cuando no se hizo un debate sobre los crímenes de la dictadura, se
mantuvieron muchos aparatos de la dictadura y se hizo una transición en
la que muchos pactaron que se hiciera sin tocar nada, es decir, sobre el
silencio de lo anterior. Quizá la sociedad democrática española nació sin
el cimiento de un debate profundo democrático y moral de lo que habían
sido los tremendos abusos de poder, los tremendos ataques a los derechos
humanos de la dictadura anterior.

Pues bien, se originan cosas tales como el Batallón vasco-español, el
GAL, y no sé qué, y se producen unas series de crímenes. Lo primero que
hay que distinguir entre lo esencial y lo accesorio es que hay unos
hechos y que esos hechos llevaron a un debate político muy serio que
tuvimos en el año 1995 y que mi grupo nunca lo utilizó; sin embargo, las
comisiones de investigación se utilizaron frívolamente en el debate de la
campaña de partido contra partido. Nosotros intervinimos varias veces, y
yo en particular, y a mí me hubiese gustado que hoy el Grupo Socialista,
aparte de ese ataque que hace al señor Alvarez-Cascos, que por otro lado
me parece muy bien, hubiese dedicado tan sólo un minuto a condenar el GAL
para que todos lo sepamos. Yo creo que lo condena, y a mí me parece muy
bien que lo haga, pero a veces se le olvida esa condena.

En relación a la tentación de la teoría conspiratoria a algún grupo
podría darle la sensación de que puede abrirse de nuevo la discusión
sobre si hay una responsabilidad política del Gobierno socialista en los
años anteriores o no la hay. Si uno pone el acento en que todo fue una
gran conspiración para cargarse al señor González, nos olvidamos de que
se produjeron deformaciones y degeneraciones del poder muy graves. El
Partido Socialista, que es una de las piezas claves del sistema
democrático español y que necesita un proceso de renovación democrática
que está haciendo ahora con estas primarias y con otras cosas y por lo
que yo le felicito, en un momento en que la socialdemocracia europea se
fortalece y se vitaliza, en mi opinión haría bien en mirar hacia el
futuro y no dejarse tentar por la teoría de la conspiración del pasado.

Hay que condenar unos hechos que no afectan a los militantes socialistas
que



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no son cómplices, unos hechos minoritarios, pero que se produjeron en los
momentos de dirección política y de responsabilidad del Gobierno,
teniendo dicho Gobierno una responsabilidad política grave por acción o
por omisión, y lo dijimos, y el Gobierno tenía que haberlo aceptado.

En aquel momento, señores de Convergència i Unió, en vez de aceptar el
debate político, se decía que ese tema tenía que ir sólo a los
tribunales. Mi grupo exigió que se hiciera un debate político para llegar
a conclusiones políticas en el tiempo en que había que hacerlo, que no es
el de ahora. Tuvimos que hacer el debate político y nosotros incluso
presentamos una propuesta pidiéndole al Gobierno que aceptara y asumiera
estos enormes errores que son producto de una larga permanencia en el
poder, de una actuación de mayorías absolutas que son muy respetables, ya
que todo partido político, y esto es una advertencia muy seria al Partido
Popular, está en la tentación de que un ejercicio prolongado del poder
produce siempre tendencia a la deformación (no digo que se produzca
siempre una deformación), debiendo el control parlamentario y el control
político estar permanentemente vigilantes para que eso no se produzca.

Bueno, en el Partido Socialista se produjo; pero esto no lo condena para
siempre. El Partido Socialista tiene una larga historia, de más de 100
años, realmente importante en la vida democrática de este país y que se
hayan producido determinados hechos no quiere decir que este partido esté
condenado ni deba ser utilizado el tema GAL ahora para que otros caigan
en la tentación diciendo que tienen las manos limpias y que hay que
machacar al PSOE por el tema GAL. Pero el PSOE tampoco debe caer en la
tentación de volver a tirar de la manta para que algo que está ya
sentenciado políticamente, no judicialmente, volverlo a sacar y volver a
abrir el debate de la crispación.

Así pues, a mí este debate me parece una irresponsabilidad. Yo comprendo
que lo está diciendo un grupo minoritario, que muchos aquí estarán
pensando qué es lo que se atribuye el Grupo de Coalición Canaria para
venir a darnos lecciones a todos. Yo lo lamento y lo siento, pero cada
uno ha hablado aquí con la sinceridad que le sale del alma y yo lo sigo
diciendo en esos términos, con todo el respeto a las opiniones de los
otros grupos políticos.

Bien, tuvimos el debate; el Partido Socialista quedó claro. Y en mi
opinión quedaron claras otras cosas y es que, cuando empiezan a surgir
manifestaciones de degeneración del poder, hay que actuar enérgicamente
contra esas manifestaciones, y cuando ahora empiezan a aparecer
manifestaciones de corrupción o problemas tales como el descontrol de los
servicios secretos del Cesid, espero que el poder actual tenga el coraje
y el valor de enfrentarse a tiempo, porque, si no, dentro de siete años
estaremos, como dice el señor Silva, discutiendo que se nos descontroló y
si antes hubo un Perote ahora habrá otro. Es ahora cuando hay que tomar
las medidas y no estar siempre en la pendiente de la autojustificación,
cosa típica del poder, el decir que aquí no pasa nada, que esto fue un
error, que hay ambigüedad legal y no sé qué otras historias. Yo creo que
se contradice la afirmación rotunda, que yo celebro y que es patrimonio
de todas las fuerzas democráticas españolas, la condena de que no hay
ningún instrumento criminal para combatir el crimen con historias de que
hay legalidades a la hora de combatir el terrorismo, y en un país donde
todavía el terrorismo sigue siendo un problema dramático y grave, tener
este debate de forma frívola e irresponsable a mí me parece que es
negativo.

Por tanto, la primera conclusión a la que quiero llegar es que el asunto
GAL, en sus términos políticos, en mi opinión está cerrado, y en sus
términos judiciales, por suerte, y no es punto y final, el sumario más
importante de los diversos del GAL se abre el 25 de mayo en el Tribunal
Supremo. Y yo tengo una gran alegría, pero eso no quiere decir que cuando
hubo que hacer el debate político en 1995 hubiera que decir que había que
remitirlo a los tribunales. Hay un debate político y hay un procedimiento
judicial; cada uno en su tiempo. A los que ahora nos dicen que hay un
procedimiento judicial abierto les falta un poco de autoridad, ya que en
su momento no quisieron entrar en el debate político, que es otra cosa
distinta. Hay que sacar solamente conclusiones políticas y no judiciales,
no comisiones de investigación, que fueron necesarias, pero es que esto
ya está bastante investigado. Y nadie pretende esconder los hechos,
porque los hechos están en los tribunales, y los tribunales han tomado
cartas en el asunto y van a sentenciar y debemos tener todos la prudencia
de esperar a esa sentencia, no para decir que no hay señores que han
cometido gravísimos errores políticos, entre otros el ministro del
Interior y el secretario de Estado para la Seguridad, gravísimos errores
políticos. Yo no sé si actos criminales, porque esperaré a que el
Tribunal lo diga.

Por tanto, primera cuestión: hay una sentencia política ya hecha por
nosotros, ha habido unas elecciones y ni el Partido Socialista debería
tirar de la manta agarrándose a la teoría de la conspiración ni el
Partido Popular, que se lo pone demasiado fácil, debería utilizarlo para
volver a machacar con el asunto GAL. Dejemos el cadáver enterrado y
dejemos el asunto judicial abierto.

La teoría de la conspiración. Todo esto lo inicia un señor al decir que
se reúnen cuatro o cinco periodistas, que, por otra parte, todo el mundo
sabe que se reúnen, y la conspiración consiste en que dichos periodistas
se reúnen. Hay que decir que en estos tiempos, y yo lo digo muy
brevemente, sin temor a nadie, en la sociedad de la información está
también el poder de la información, y también en el poder de la
información hay una posibilidad, porque es un importante poder, no
administrativo ni ejecutivo, pero sí de influencia social innegable,
creciente (poder que jugó en la etapa contra Franco, y lo digo de la
forma más dura, y en la época de la lucha contra la dictadura un papel
extraordinario y esencial que hay que reconocerle profundamente a la
sociedad española, pero a todos nosotros cualquier ejercicio del poder, y
más con poderes crecientes, ascendentes, como es el poder de la
información, se le puede subir a la cabeza y con cuatro señores reunidos
uno puede creer que uno está haciendo el Watergate español, que otro está
diseñando el combate de la ideología de la derecha frente a los medios de
comunicación de la izquierda y cosas por el estilo. Entonces, en una
sociedad democrática es importante también que la chismografía y el
tratamiento de estas cosas irresponsables no conduzcan a que un poder
clave en una



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sociedad democrática, el cuarto poder, no se distorsione. Y los propios
periodistas y los medios de comunicación deberían tener un enorme cuidado
a la hora de jugar su papel democrático, el cual en otros momentos ha
sido excepcional. Pero no justifica la teoría de la conspiración el que
cuatro periodistas se reúnan, que monten distintos tinglados, que
manipulen incluso la información en determinados momentos, porque la
teoría de la conspiración se da cuando se conspira sobre la mentira, pero
cuando es sobre hechos que son reales ya no hay teoría de la
conspiración, y eso debemos aceptarlo autocríticamente.

El valor democrático que el señor Caldera pedía aquí al señor
Alvarez-Cascos empieza por la autocrítica moral y por decir que el
Partido Socialista siente --como me consta-- un profundo desgarro moral
por lo que pasó en los últimos años de su ejercicio del poder y no se
esconde en coartadas, y sabe que eso pasó y que no le volverá a pasar. Y
ahora, como ha tenido esa experiencia, debe ser el mayor vigilante para
que no le pase al Partido Popular; porque también le puede pasar, y ayer
tuvimos un pequeño indicativo de lo que puede volver a pasar con las
teorías de la autojustificación permanente del poder y de las actitudes
defensivas ante los problemas.

Hemos hecho, de paso, un enorme daño --y estoy terminando, señor
presidente-- al sistema judicial español, al árbitro. ¿Cómo podemos jugar
un partido si estamos deslegitimando al árbitro, si el árbitro ha perdido
credibilidad? Acabaremos como los partidos de los hinchas ingleses, como
estamos aquí, en este debate. Con el sistema judicial español se acabó la
manipulación partidista. Cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo
tiene que nombrar a un magistrado, hay una batalla para ver si es
favorable o no al asunto GAL. ¿Creemos en la independencia de la
justicia? ¿No deterioramos el sistema de partidos con debates como éste?
¿No deterioramos el sistema parlamentario con debates como éste, y
también el sistema judicial, y los medios de comunicación? Y la confianza
de los ciudadanos, ¿se fortalece o no se fortalece con debates como éste?
Conclusión: yo lo lamento, lo siento, pido disculpas, pero siento un
enorme aburrimiento intelectual y un profundo hastío moral a partir de
este debate. Mis conclusiones son: tengamos el valor de todos de cerrar
esto políticamente. Ya tuvimos el debate; ya se produjeron las condenas
políticas sobre el asunto GAL; dejemos a los tribunales ahora que
establezcan las responsabilidades criminales, si las hay. A continuación,
fortalezcamos el sistema democrático planteando a los ciudadanos lo que
realmente preocupa en este momento, miremos al futuro. Que el Partido
Socialista no caiga en la tentación de utilizar la teoría de la
conspiración. Que el Partido Popular no caiga en la tentación de que se
lo ponen fácil para tirar del hilo del asunto GAL otra vez. Tengamos
todos tranquilidad.

El Partido Socialista debe hacer un enorme esfuerzo --yo creo que lo está
haciendo-- para ser la auténtica alternativa de futuro de la sociedad
española. Lo es, y es un partido que yo admiro por la larguísima
tradición democrática que tiene y las aportaciones importantes a la
sociedad española; yo expreso mi admiración. Ha tenido errores; claro,
¿qué partido no los tiene después de tantos años de poder?, pero que
tenga el coraje de reconocer esos errores y no pretender que cuatro
periodistas y el señor Alvarez-Cascos, reuniéndose con Amedo o con no sé
quién, montaron una conspiración para tumbar al intumbable. Esta teoría
de los últimos cinco años de la sociedad española es una teoría
lamentable y que no fortalece las convicciones profundas y democráticas
de una sociedad que es un ejemplo y un modelo. La sociedad española,
precisamente porque luchó contra la dictadura, es un modelo de
tolerancia, de convicciones democráticas profundas y, a veces, nosotros
no somos el fiel reflejo de esa sociedad.

Esta es --vuelvo a pedir disculpas y perdón-- la opinión del Grupo de
Coalición Canaria sobre este debate.




El señor PRESIDENTE: Fragmentando su tiempo, es decir, seis minutos para
cada una de las intervenciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra, en primer término, la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Yo quisiera iniciar esta intervención
enfocando --como decía algún portavoz anteriormente-- el objetivo de
Eusko Alkartasuna en esta materia. O, como decía, en otras palabras el
señor Mauricio, diciendo qué es lo esencial y qué lo accesorio, aunque lo
accesorio sea también importante.

Creo que a lo largo del desarrollo de este asunto, que lleva mucho tiempo
coleando y que va a seguir coleando no solamente en los tribunales, sino
en otros lugares, habría que distinguir varias cuestiones. En primer
lugar, que hace quince años --no vamos a hablar de anteriormente, que
también se podría hablar bastante-- se produjo una quiebra importantísima
del Estado de Derecho. Una quiebra en la cual el derecho a la vida no se
respeta. Como decía el señor Serra y yo comparto, es importante el
derecho a la vida, pero no se respeta. Se producen impresionantes
violaciones de los derechos y libertades fundamentales: secuestros,
torturas, atentados, amén de utilización de fondos reservados, robos y
demás cuestiones. Esa es la esencia. Esa es la cuestión a la que, a lo
largo de todo este tiempo --yo lo dividiría en tres períodos-- nos hemos
dedicado algunos --al menos, algunas formaciones políticas--, en muchos
casos en cuerpo y alma: a esclarecer responsabilidades --en nuestro caso
nos corresponden las políticas-- y a esclarecer la información para que
se depuraran las responsabilidades penales.

De esos tres períodos, yo creo que en el primero apenas muy pocos
diputados o diputadas de esta Cámara, de muy escasas formaciones
políticas, probablemente tuvieron una actuación que para muchos en aquel
tiempo no era prudente, esa famosa prudencia, esa razón de Estado que
tanto se menciona y que yo creo a veces se confunde con comodidad.

Gracias a Dios que no fueron prudentes --alguno de ellos, de esta
formación política que represento, fue objeto del inicio de diligencias
previas por decir cosas o aportar datos que hoy están en los sumarios-- y
se fue conociendo y se fueron esclareciendo una serie de cuestiones que
eran claves, que eran esenciales y que habían supuesto una grave quiebra
del Estado de Derecho. Este fue el primer



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período que habrá que agradecer a esos señores y señoras en algún
momento.

En el segundo período de estos quince años, parece que aparentemente
convencidos, los grupos mayoritarios de la oposición hacen una serie de
discursos para esclarecer las responsabilidades políticas. Unos discursos
que yo no oí in situ, pero he tenido la oportunidad de tener los datos y
los he leído atentamente: discursos impecables, en concreto del Grupo
Popular. La defensa de los derechos y libertades fundamentales, la
necesidad de que, para que perviva la democracia, haya que esclarecer las
responsabilidades políticas, la presunción de que realmente aquí tiene
que haber unos responsables, de que no se pueden admitir las escuchas
ilegales... Incluso el señor Aznar hablaba el 26 de junio de 1995 de cómo
los responsables políticos y los gobernantes no se preocupan por los
métodos de las escuchas ilegales o los métodos de los servicios secretos,
qué responsabilidad tienen al no preocuparse por los métodos y sólo por
los objetivos --lean, lean, que tiene mucha miga el tema--. Un discurso
impecable y realmente de agradecer; pero aquí entra la parte lamentable,
lamentable políticamente hablando, que creo que hay que hacérselo ver al
Grupo Popular. Lamentable porque a lo largo de los años que siguen, es
decir, a lo largo de los años en los que tienen luego las
responsabilidades de Gobierno, vemos que no se traduce lo que los
discursos decían; vemos que ya parece ser que no interesa esclarecer las
responsabilidades políticas; y no me digan algunos que las elecciones ya
eliminan las responsabilidades políticas, porque en esta Cámara y en esta
legislatura hemos tenido una comisión de investigación, la famosa
comisión de los 200.000 millones, con un procedimiento judicial abierto,
con responsabilidades políticas referentes a un Gobierno anterior, y ahí
no pasaba nada, era perfectamente lícito y no sólo lícito, sino, además,
conveniente y oportuno hacer esa comisión de investigación; no me digan
ese argumento porque la propia actuación política lo desbarata. Bueno,
pues hemos estado observando que, curiosamente, están cayendo en la
tentación de que esos temas tan elementales no sean seguidos tan al pie
de la letra como señalaban en las anteriores legislaturas cuando estaban
en la oposición.

No voy a volver a señalar --como decía la señora Aguilar-- que cuando se
estableció la posibilidad de crear una comisión de investigación --y creo
que tiene su lógica y, además no hay argumentos para desbaratarla--,
curiosamente no estaban a favor. Cuando hemos tenido ocasión de tener
comparecencias por agresiones a testigos protegidos y en varias ocasiones
compañeros que están en este momento en esta Cámara han señalado a
responsables del Gobierno qué protección se les estaba dando a estos
testigos que iban a ser claves en los juicios de los GAL, hemos visto
realmente que hay cierta dejadez en este tema. Cuando observamos, como en
la comparecencia de ayer, que parece que se amparan métodos absolutamente
rechazados y rechazables por todos, incluido también el Grupo Popular;
cuando la ley ya no es el límite, sino que hay un límite moral que o se
sabe quién decide, eso también es lamentable. Cuando se utiliza el GAL
paraunarentabilidad política --al menos eso es lo que en Eusko
Alkartasuna nos ha parecido ver en las actuaciones subsiguientes del
Grupo Popular--, para conseguir algo, como un fin, pero, al parecer, sin
que tenga especial importancia lo ocurrido --al menos ésa es la
presunción que tenemos, espero que me aclaren que no es así--, nos parece
que ese todo vale es lamentable, políticamente hablando, lamentable. La
esencia del GAL es la quiebra y la violación de los derechos y libertades
fundamentales; pero en política, también es lamentable dosificar este
tipo de temas para una rentabilidad propia.

Termino, señor presidente. No lo hemos compartido nunca y creo que, en
este sentido, decimos lo mismo que dijimos hace 15 años, hace 14, hace
13, hace 10 o apenas hace seis meses, y eso creo que en política es
importante.




El señor PRESIDENTE: La señora Almeida tiene la palabra.

La señora ALMEIDA CASTRO: En nombre del Partido Democrático de la Nueva
Izquierda e Iniciativa per Catalunya, al final de esta comparecencia, y
siendo la última que habla en nombre de la parte que me corresponde del
Grupo Mixto, también quiero decir que tengo una sensación un poco de
tristeza, pero no a la que se refería el señor Mauricio.

A mí me ha parecido tremendamente positiva esta comparecencia; me ha
parecido tardía; me ha parecido tristemente obligada; me ha parecido que,
cuando alguien ha puesto en duda que pudiera haber tenido unos
compromisos, haya tardado meses en venir a explicarlo y casi por la
puerta falsa, y no quiero llamar puerta falsa a la Comisión
Constitucional (ya sabía que me iba a hacer ese gesto el señor
presidente), sino una importantísima Comisión. Pero, de cara a la
publicidad del debate, de cara a la ciudadanía, hubiera sido mejor que,
de inmediato, incluso sin el apoyo de su partido, que le ha estado
preservando como en una urna, con sus aliados, para que no viniera usted
aquí, que yo ya le pregunté: ¿Y por qué no viene de motu proprio?, aunque
estaba afónico aquel día, porque parecía que aquí tenía imposibilidad de
aparecer, cuando hay algo tan simple como pedirlo voluntariamente. Pero
no lo hizo. ¿Y hoy viene aquí? Bueno, pues aquí lo haremos. Siento que es
tardío, siento que es ciertamente opaco, no porque no haya publicidad,
sino porque no se hace ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

En ese sentido, también venimos preocupadas, porque ha dicho una frase
muy estupenda, incluso se lo van a agradecer las editoriales de los
libros que nos ha leído usted, tanto del señor Barrionuevo como del señor
López Agudín. Incluso me ha dado un poco de tristeza el jaleamiento de su
grupo, y sé que lo hacen para apoyarle; no es un problema que de verdad
quiera reprocharle, pero ¿por qué? Porque leyendo unas páginas terribles
y unas páginas durísimas, a mí lo que me ha entrado es pena, y algunos,
¡dale, dale!, como si con eso lo que estuviéramos haciendo es darnos un
partido a otro y lo que estamos es viviendo una página muy negra como ha
sido la página del GAL.

Yo tengo que decir que no tengo ningún punto de duda; es más, no
políticamente; antes del año 1986, cuando se inicia el GAL, me personé
con un montón de gente demócrata



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como acusación, ejerciendo la acción popular contra los señores Amedo y
Domínguez. No pertenecía entonces, estaba expulsada, a ningún partido y,
por tanto, desde el primer momento perseguimos los hechos allí donde
estaban. Y no lo voy a dejar de hacer políticamente. Pero la verdad es
que me parece que la historia se repite. Que no es la conspiración, de la
que hablaba el señor Mauricio, de dos o cuatro ocurrentes que se van a
cargar al intumbable; no. Es que alguien nos dice a toda la ciudadanía
que el señor Cascos se reunió con un periodista y con el abogado de dos
personas conocidas y condenadas por asesinato a 106 años y que, a partir
de ahí, a partir de unos días, se cambian todas las declaraciones, que
benditas sean si obedecen a la verdad, porque, a lo mejor, con esa
promesa llegó usted a hacerlo, pero en política, como ha dicho la señora
Lasagabaster, no vale todo. No vale quedarse en manos de asesinos ni los
que los mandaron matar o participaron o conocieron ni los que se han
querido apoyar para su rentabilidad política en el testimonio de esos
mismos asesinos, y creo que eso supone nacer ya a la democracia pringados
y nacer ya a la democracia con un compromiso, el que sea; usted no lo va
a reconocer nunca, pero alguna promesa tiene que haber para que, de
repente, les venga la luz divina a dos asesinos como Amedo y Domínguez,
para decir, cinco días después de que se reúnan con usted, que van a
contar otra historia. Yo digo que bendita sea la historia si es verdad,
porque a ver si con eso pasamos esta página negra; y lo que hoy queremos
hacer es acabar con ella, y no se ha empezado con buen pie.

Mire que ha dicho usted que el crimen no se puede combatir con el crimen,
una verdad de Perogrullo. Pero es que ayer nos han dicho lo contrario.

Hombre, lo del crimen no nos lo han dicho, eso hay que reconocerlo. Pero
que ante los ilegales pueden usar toda la ilegalidad, nos lo ha dicho el
señor Serra, y ya nos hemos mosqueado. Es que si nosotros quebrantamos
las libertades democráticas estamos quebrantando la base de nuestra
sociedad. Hablar de la razón de Estado frente a los derechos democráticos
es ignorar que no hay más razón de Estado que la defensa y el respeto de
los derechos de la ciudadanía, incluso a costa de que no se tengan los
medios suficientes para poder perseguir a los que hoy están fuera de la
ley. Pero no nos podemos poner fuera de la ley; usted se reunió, y usted
lo ha reconocido porque era verdad; dijeron que le pidieron muchas
audiencias, que algunas las hizo, pero no nos ha dicho cuáles. A mí me
gustaría que, aparte de leernos el libro de López Agudín, nos diga lo que
queremos oír, porque eso nos gusta más; se lo hayan comprado o no, ahí
está. Pero lo suyo, ¿con quién se reunió, quién le pidió reunirse, por
qué, es verdad todo lo que ha salido por ahí? Porque todo eso condiciona
su actuar político; lo condiciona, aunque usted no acceda, porque no
acceder al chantaje no significa que ese chantaje no esté en la sociedad,
y a mí no me parece bien que cualquier promesa, cualquier apoyo
precisamente para la rentabilidad política que citaba la señora
Lasagabaster, pueda en este momento estar condicionando el ejercicio de
la democracia en toda nuestra ciudadanía. Es verdad que en política no
vale todo y no ha valido todo, pese a la rentabilidad política que
ustedes hayan sacado, y no me cabe duda de que el 3 de marzo los que
quitan y los que ponen a los gobiernos, los ciudadanos españoles, estén
informados interesadamente o no interesadamente, fueron los que
ejercieron su derecho al voto y ustedes tienen la legitimidad democrática
de ese voto.

Pero mientras no hagan un reconocimiento de este error, están bajo
sospecha. A nadie nos importa con quién se reúne usted; lo que no
queremos es que se reúna con personas que representen intereses de
chantaje a la sociedad democrática, y usted se ha reunido con ellos. Eso
es lo que no queremos. Como no me puede decir, como dijo el señor López
Amor, que libertad de expresión era abuchear a Raimon en el festival
dedicado a Miguel Angel Blanco, porque no, porque eso es intolerancia y
agresión, y no libertad de expresión. Entonces, no usemos los derechos
democráticos con otro contenido.

Yo estaba oyendo a Margarita Uría y, la verdad, me estaba sintiendo así.

Hay gente que creemos en la política y que creemos que para hacer bien la
política no se pueden olvidar los derechos que nosotros nos damos como
garantía. Nosotros queremos la credibilidad de la política y de los
políticos, y lo queremos hacer sobre la base precisamente de un juego
limpio y no del juego más sucio que nos puedan sugerir desde
cantamañanas, gente que se cree en posesión de la verdad, gente que cree
que la información es vender más periódicos a costa del otro o peleas en
las que la gente demócrata no podemos estar. Y nosotros creemos que usted
aquí no nos ha dicho la verdad, que nos ha contado otras cosas que me
parecen tristísimas y que además queremos pasar la página, pero, ¡ojo!,
no queremos pasar la página del borrón y cuenta nueva; queremos pasar la
página de la justicia. Va a haber un juicio el 25 de mayo, y ojalá salga
todo y veamos a Roldán cómo está en la cárcel, como hemos visto a Mario
Conde y como veremos a los que tengamos que ver por su actuación y que lo
diga la justicia, pero no va a pasar el borrón y cuenta nueva si el señor
Serra sigue pensando lo que, en nombre de su grupo, nos dijo ayer; ni si
usted sigue pensando que tenía que reunirse con ellos para poder atacar a
un Gobierno, legítimo también, que había tenido muchos errores y que
había que atacarlo pero con métodos limpios, y se apoya usted en personas
que no merecen la confianza democrática.

Eso no es aprender, y como nos da miedo no aprender, sí que parece que
esta comparecencia es muy importante. Se ha callado su grupo cuando
hablaba el de PSOE, los del PSOE gritaban y, la verdad, aquí estamos
intentando, creo que todos y todas, dar seguridad a la ciudadanía y decir
que nada puede justificar la quiebra de derechos fundamentales ni la
degeneración de principios que usted ha citado como demócrata, pero creo
que no han quedado muy bien parados con las reuniones poco aconsejables
que usted ha tenido, y no porque crea poco aconsejable al señor Manrique;
el señor Manrique me parece que ejerce cualquier derecho, como abogado,
de sacar a los suyos lo mejor que pueda, aunque le meterá más minuta, a
lo mejor; ni que el señor Pedro J. Ramírez no tenga principios para poder
vender prensa o lo que quiera. Pero usted, que es un representante de la
democracia, estuviera en la oposición o en el Gobierno, no se puede
prestar a esos métodos, y el no haberlo



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reconocido aquí, el haber querido siempre echar la espuma para el otro
lado, nos da pena, porque creemos que no estamos en un buen camino para
hacer la regeneración democrática que nuestra sociedad necesita.

Los que creemos en la política como compromiso y no sólo como el
ejercicio del poder y la razón, pensamos que no se puede esgrimir la
razón de Estado para ir contra el propio Estado. Esperamos que conteste a
las preguntas, que no voy a repetir porque me reñiría el presidente;
vamos a esperar a ver cómo contesta porque han quedado muchas dudas. Nos
vamos empapados en relación con López Agudín, pero es que ya lo estábamos
porque llevamos muchos años conociendo la página negra, y nos tememos que
no se ha puesto una luz de ilusión, sino una luz opaca; que las cosas se
van a repetir, y que usted no tiene el mismo pie democrático al que ha
hecho alusión con la palabra y no con el comportamiento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor De Grandes.




El señor DE GRANDES PASCUAL: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, al
que me cabe el honor de representar en este acto, se siente plenamente
satisfecho por las palabras que hoy ha pronunciado aquí el vicepresidente
primero del Gobierno. No estaba de más, efectivamente, hacer profesión de
fe en la democracia, en el Estado de Derecho y en la igualdad ante la ley
de todos los españoles. No era innecesario, señorías, porque en estos
días se enjuician en los tribunales comportamientos de otros tiempos,
bajo mandato de un gobierno de distinto signo político que el actual, que
no respetaron tales principios, sino que, por el contrario, los
conculcaron. Que no se diga por ningún grupo parlamentario, por nadie,
que el Gobierno del Partido Popular y su grupo parlamentario, ni ayer, ni
hoy, ni nunca admitieran o justificaran la transgresión de la ley, porque
eso es, pura y simplemente, faltar a la verdad.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé que los acusados no sólo puedan
defenderse, sino que no castiga a los que faltan a la verdad. Por tanto,
no nos falta comprensión para entender la actitud de los procesados en el
caso GAL, que, lógicamente, buscan una salida desesperada. Lo que no es
posible es admitir ninguna legitimidad en conductas políticas fuera del
ámbito de la defensa, que tienen todas las apariencias de ser intentos de
eludir la aplicación de la ley e impedir el esclarecimiento del delito.

Por más que se invoque, no es admisible la solidaridad o la compasión.

Por tanto, señorías, no estaba de más hacer una declaración de principios
para situar a unos y otros en la responsabilidad de sus actos. En ese
sentido, quiero recordar la literalidad de unas declaraciones del actual
vicepresidente del Gobierno cuando estaba en la oposición. Me refiero a
las manifestaciones efectuadas a la revista Tiempo el 30 de enero de
1995. Decía el entonces diputado de la oposición señor Alvarez-Cascos: El
Partido Popular no indultará a nadie para conseguir un silencio cómplice
que impida investigar la verdad. Nunca --seguía diciendo--, ni en este
caso ni en ningún otro, el Partido Popular aplicará el indulto como
moneda de cambio para pagar un silencio cómplice en el marco de una
estrategia política de ocultación de responsabilidades. En parecidos
términos, el 12 de enero de 1995 dejó dicho al diario El País: Un indulto
con fines de encubrimiento no me parece una decisión política
responsable. Por si cabía alguna duda, posteriormente, el 20 de agosto de
1995, desde la autoridad de su condición de secretario general del
Partido Popular, dejó dicho al diario El Mundo: No sólo digo que una ley
de punto final jamás sería aprobada por el Partido Popular, sino que
cualquier iniciativa en base a prerrogativas legítimas que tenga el
Gobierno y que pudiera ser equivalente a una ley de punto final
enmascarada es incompatible con los compromisos éticos de un Gobierno del
Partido Popular.

La relación de hechos narrada por el vicepresidente primero del Gobierno
es rigurosa y casi desprovista de juicios de valor. Nosotros, señorías,
no podemos ni queremos evitar el hacerlos, en términos políticos, en el
esclarecimiento de la verdad, porque es necesario que la opinión pública
entienda las claves de la osadía del Partido Socialista y de su grupo
parlamentario al provocar este debate con tales antecedentes, aunque sea
de una forma indirecta.

La ya famosa y supuesta conspiración constituye una invención tramada con
un doble fin: por una parte, dar pie a argucias procesales que puedan ser
utilizadas para restar fuerza probatoria a declaraciones de testigos de
cargo, y hasta para intentar invocar causas de nulidad del proceso ante
la imposibilidad de negar lo evidente, y, por otra parte, y ya en el
plano político, para intentar deslegitimar, por más que se diga lo
contrario, el resultado de las últimas elecciones generales para hacer
daño al ganador, el partido Popular, y, a la par, justificar una derrota
ante los propios. (Rumores.)
El mensaje socialista es sencillo; burdo, pero repetido: la corrupción,
la guerra sucia. La incapacidad de formular una política económica de
aquella única política posible no fue la causa de la derrota, sino que
fue consecuencia de una conspiración que inventó el GAL, que resaltó lo
negativo de Roldán en vez de apreciar las virtudes que viera en él el
señor González para casi nombrarle ministro. Y Filesa no fue una trama
organizada para financiar ilegalmente un partido político, sino casi una
empresa filantrópica o una altruista ONG. (Rumores.)
Todo puede sonar a broma, pero lo cierto es que sus altavoces son tan
poderosos que han convertido en hecho político una supuesta conspiración
que, por no tener paternidad, se la niega hasta quien dio pie con sus
declaraciones a la construcción del invento. Tan poderosos han sido los
altavoces, siempre dirigidos en una única dirección, que han logrado
silenciar la que sí merecería el nombre de conspiración, que ha sido
denunciada en sede jurisdiccional, y que, según el ex director del
periódico Ya, señor Bleda, recibió el visto bueno del señor González y
que el denunciante calificó de operación desestabilizadora del actual
Gobierno.

Ahora el señor González nos prepara para la conspiración 2000, que
también suena a broma, pero no tengan duda, señorías, de que a la liebre
del señor González, que es mecánica, ya la están haciendo correr en los
canódromos amigos. Hoy nos trae a la Comisión Constitucional la petición



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de comparecencia, instada por Izquierda Unida, para que el vicepresidente
primero del Gobierno informe acerca de si hay algún compromiso contraído
por el Partido Popular que mediatice, condicione o comprometa la acción
del Gobierno de la nación en relación a los implicados en la trama GAL
o/y el uso indebido de los fondos reservados. El vicepresidente primero
del Gobierno ha sido contundente, rotundo: Nunca; jamás, porque supondría
un comportamiento contrario a principios proclamados y que han tenido
reflejo fiel en su conducta política. Y ha negado tajantemente que nunca
prometiera, y menos comprometiera, favor o gracia a nadie implicado
judicialmente o condenado por un delito. Y no mintió, señor Caldera, y,
de la propia lectura que S. S. ha hecho no se puede deducir otra cosa,
nos ha hecho un gran favor. Es más, el señor Amedo, con ocasión de la
publicidad de la infamia que se trata de imputar al vicepresidente
primero del Gobierno, ha dicho con igual rotundidad que a él tan sólo le
prometió el indulto el que fuera presidente del Gobierno señor González
por medio de algunos de sus ex ministros y otros colaboradores.

Por tanto, quede nítidamente claro que no hay hipoteca que condicione
este Gobierno y que quienes alimentan perspectivas de una ley de punto
final se encontrarán, como se encontró Dante a las puertas del infierno
en La Divina Comedia, con aquel rótulo que decía: Quien llegue hasta
aquí, que pierda toda esperanza. Sería inútil seguir diciendo que el GAL
es un fenómeno permanente anterior a los gobiernos socialistas y con ello
intentar manchar la transición política española y trasladar que resulta
necesario salvar la cara de todos, como asimismo será estéril intentar,
como algunos lo hacen, que aquel clima generalizado de corrupción, que
tuvo su secuela más detestable en el uso indebido de los fondos
reservados, tenga hoy su contrapunto o su secuela. Una y otra cosa,
señorías, tendrán su solución en vía jurisdiccional, sin interferencias y
con respeto a la independencia de los jueces.

Los procesados en los juicios de corrupción, y que van sentándose poco a
poco en el banquillo de los acusados, procuran algunos taparse la cara
para ocultar la vergüenza, y el partido al que pertenecieron se tapa la
vergüenza con cortinas de humo como las de hoy. Pero en este debate hay
cosas muy graves. Se pretende el control político de supuestos
comportamientos de un diputado de la oposición. Se sienta el precedente
de control de un miembro de la oposición, secretario general de su
partido y portavoz de Interior como diputado en el Congreso. Nadie podrá
a partir de ahora negarse a que se le controlen sus actividades como
diputado en la oposición, en relación con la que tuvo en el Gobierno,
como es el caso de muchos diputados socialistas, ex ministros y el propio
Felipe González.

El 5 de junio de 1997, el portavoz socialista señor Bayona Aznar, en el
curso del debate sobre la constitución de una comisión sobre los GAL, se
escandalizaba en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados y
decía: ¿Existe mayor contrasentido democrático que pretender que el
Parlamento investigue y controle a la oposición y no al Gobierno? Y uno
se pregunta dónde queda aquella sensibilidad para el escándalo, aunque
mucho me temo que la vara de medir sea distinta en esta ocasión.

En aquel mismo debate --les recuerdo la fecha, el 5 de junio de 1997-- el
mismo portavoz socialista anunciaba el debate de hoy. Decía el señor
Bayona --aunque en un lapsus dijo que no quería decirlo, pero lo dijo--:
Había que saber de esas reuniones con abogados de condenados, que son
testigos de cargo en los procesos, por parte del vicepresidente primero
del actual Gobierno, y podríamos estudiar la conexión entre muchas de
estas reuniones y algunos artículos aparecidos en enero de 1995. Ya ven,
señorías, que la famosa conspiración existía hace un año en la estrategia
defensiva del Grupo Socialista.

Señor presidente, señorías, mi grupo entiende que la respuesta dada por
el vicepresidente primero del Gobierno no sólo debe resultar
satisfactoria para el Grupo Popular que, sin duda, así ha sido, sino que
además constituye una cumplida respuesta a las preocupaciones del grupo
parlamentario que legítimamente ha propuesto esta comparecencia. Así, si
a Izquierda Unida le preocupaba la supuesta existencia de compromisos de
indulto o gracia a personas que hipotecaran al Gobierno, ya no debe tener
duda, no hubo ni promesa, ni compromiso, ni hipoteca política, ni
voluntad política de nada que se le parezca a una ley de punto final. Por
tanto, si alguien tenía alguna incertidumbre, ya no debe tener, señora
Aguilar, sino certeza.

Dicho esto, señorías, y como bien recordaba al principio de su
intervención el compareciente, el debate de hoy trae causa de una
estrategia diseñada por Felipe González y el Partido Socialista para
construir la teoría de que las acusaciones de Amedo contra González en el
caso GAL eran la contraprestación a un compromiso de indulto futuro.

Ya hemos demostrado que tal cosa nunca ocurrió. (Rumores.) Y sí, por el
contrario, que es historia contrastada el intento de que Amedo y
Domínguez callaran con ofertas de todo tipo. Cronológicamente, la
secuencia de reuniones conocidas de Amedo y Domínguez con ministros y
altos cargos del Gobierno socialista es abrumadora. Lo haré de una forma
telegráfica. Mayo de 1988. Amedo se reúne con Sancristóbal en el despacho
de este último. Ya no está en Interior. Se le indica que se está
preparando el indulto aun antes de que se dictara la posterior sentencia
condenatoria. Año 1989. Amedo y Domínguez se reúnen con Francisco
Alvarez. Nuevas promesas de indulto y de futuro resuelto tras
proporcionarles trabajo. Año 1992. Reunión del entonces abogado de Amedo
y Domínguez, Gonzalo Casado, con el ministro Corcuera. Aviso a
navegantes: Si recurren el amparo ante el Tribunal Constitucional no se
les concederá el indulto. Abril de 1993. Reunión de las esposas de Amedo
y Domínguez con el ministro de Interior señor Corcuera en su propio
despacho. Se les promete que el 7 de junio, primer día después de las
elecciones, se les concederá el indulto. Día 26 de abril de 1993. Reunión
de Amedo, Sancristóbal y Eligio Hernández --a la sazón fiscal general del
Estado-- en el propio despacho de este último, quien transmite a Amedo
instrucciones de Felipe González de que todo está arreglado; el 7 de
julio de 1993 estará firmado el indulto. Día 30 de junio de 1993. Reunión
de la esposa de Amedo con el ministro Corcuera, quien pospone el indulto
hasta noviembre de 1993; se estaba



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pactando. De momento le asegura el tercer grado para la primera semana de
julio.

Tengan en cuenta que una cosa son promesas incumplidas y otra cosa son
hechos constatados, que sí se cumplieron. Toda esta relación de hechos,
publicada y contrastada, da una idea inequívoca de cómo son los gobiernos
socialistas y sus aledaños, quienes sí se reunieron con Amedo y
Domínguez, procesados y condenados por el caso GAL, y que estas reuniones
sí resultan trascendentes por los interlocutores de los condenados, que
tenían posibilidades reales de cumplir sus promesas de gracia o indulto.

A mayor abundamiento, el abogado de Amedo, don Jorge Manrique, declara al
diario El Mundo el 11 de marzo de 1997: Dentro de una hipótesis de
trabajo, como abogado de los señores Amedo y Domínguez he mantenido
muchas entrevistas con múltiples personalidades de cualquier ámbito,
lógicamente, en el legítimo derecho de la defensa de salvaguardar sus
intereses. En aquella época --dice el señor Manrique-- estábamos inmersos
en un proceso de indulto con el Gobierno socialista. ¿Y qué fue de
aquellas promesas? ¿Por qué Amedo y Domínguez no fueron indultados? Todo
parece indicar que es Juan Alberto Belloch quien cambia el criterio de
sus antecesores y, al parecer, no sin que aquello le acarreara graves
problemas políticos. Así lo cuenta Fernando López Agudín, que es un buen
notario del acontecer (Rumores), en su libro El laberinto. Diario de
Interior 1994-1996. Este libro no es el relato de cualquiera, señorías,
sino de quien fuera director general de relaciones informativas y
sociales del Ministerio de Justicia e Interior. Decía el señor López
Agudín: A la vez tiene que hacer frente --se refería al señor Belloch-- a
la apremiante presión de la trama político-policial, vinculada a través
del Gobierno y el Partido Socialista, para que se conceda el indulto a
José Amedo y Michel Domínguez. En este contexto todo o que consigue Juan
Alberto Belloch es, y a duras penas, aplazar la discusión hasta finales
de año; ganar tiempo es fundamental. El objetivo de la trama es doble:
cumplir con lo prometido a los ex policía y hundir a un equipo
ministerial que nada más entrar en los despachos se pronunció
abiertamente contra el indulto de estos dos señores. Fin de la cita.

Después de todas estas contundentes pruebas, ¿cómo se entiende que el
Partido Socialista suscite este debate? Y lo va a seguir reclamando. Ya
lo hemos explicado. Los hechos son tozudos, pero el Partido Socialista
tiene mucha fe en sus poderes mediáticos. (Rumores.) En caso contrario no
se entendería este atrevimiento y la terrible ironía que supone que, con
ocasión ya de la condena de Roldán, la única reflexión socialista fue que
el Partido Popular debería pedir perdón porque, al final, atraparon al
fugado y pudo ser juzgado y condenado. (Risas.) Con tal aseveración
pretendieron hacer de Roldán alguien ajeno a sus filas y que el Partido
Popular fuera el responsable de dar cuenta a la sociedad de los desmanes
de este ilustre preso. Ahora hay algo más de lo mismo y pretenden
justificar una derrota con una conspiración y, además, lo que es más
grave, interferir políticamente en los procesos judiciales con argucias
parajurídicas.

Señor presidente, concluyo. Mi grupo parlamentario entiende que, pese al
éxito mediático y al logro efímero, muy reciente, de haber llevado al
proceso las tesis de la conspiración, ofende a la inteligencia ciudadana
pretender que el GAL fue una invención conspiratoria; los crímenes del
GAl, los secuestros, las operaciones con mercenarios y el expolio de los
fondos reservados son hechos sujetos a tratamiento judicial de cuya causa
se han derivado determinados procesamientos, de modo que resultan
inverosímiles cualesquiera hipótesis que pretendan desvirtuar esta
evidencia. Es notorio que tanto el Grupo Popular como el Gobierno
afirmaron en su momento una voluntad inequívoca de dejar que los
tribunales actuaran con el sosiego y la independencia debidas.

Ha sido precisamente el Partido Socialista y sus apoyos mediáticos
quienes han pretendido resituar el debate del GAL para tratar de levantar
una versión falsa y reescrita del mismo, orientada al intento de
exculpación política y a la obstrucción de la acción de la justicia.

Frente a ello, el Gobierno y nuestro grupo parlamentario se han limitado
a no permanecer en silencio y a recordar los hechos objeto de debate en
su auténtica dimensión. Ser oposición, señorías, no legitima para
reinventar la historia ni para exigir al Gobierno del Partido Popular que
acepte esa reinvención en los términos que interesa al Partido
Socialista. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente primero tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Quiero comenzar dando las gracias a todos los
intervinientes en este debate, y de manera muy especial al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular señor De Grandes, en la medida en que a lo
largo de su intervención ha abundado en argumentos que permiten respaldar
las palabras que yo he pronunciado en esta comparecencia, sobre la base
de la única referencia válida para poder juzgar el valor de las palabras,
que es su correspondencia con los hechos reales que han sucedido.

En este sentido, quiero comenzar respondiendo a la portavoz de Izquierda
Unida, señora Aguilar, que precisamente porque la correlación entre los
compromisos y los hechos, en cuanto hace referencia a la actuación de los
responsables del Partido Popular, y a mí en particular en este caso,
tienen ese alto grado de correspondencia, su crítica de falta de palabra
entiendo que es una afirmación en el vacío.

Creo, como S. S., que el problema del GAL tiene una historia, está
recogida en las hemerotecas, y la recuerda todo aquel que quiera
acercarse a ella. La gravedad de las responsabilidades políticas puede
ser mayor o menor, pero ahí están, gusten o no, enmarcadas en una etapa
concreta de unos gobiernos concretos. A usted le queda el recurso de
atribuirnos al Gobierno del Partido Popular y al Partido Popular, en
primer lugar, una negligencia. Yo quiero decirle, señoría, que no hay tal
negligencia. Usted misma reconoce que estamos hablando de sucesos que
ocurrieron



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hace diez o quince años, y sobre la investigación de esos sucesos
comprenderá que la capacidad de este Gobierno en estos momentos resulta
poco menos que una tarea imposible. Sí le queda a este gobierno una
responsabilidad, que es la de la colaboración con la justicia, y no tenga
usted la menor duda de que este Gobierno está comprometido en ésta y en
otras cuestiones en el deber de colaborar con la justicia.

Quiero desmentirle rotundamente que haya habido, que haya, o que pueda
haber un compromiso de punto final en relación con esta cuestión, y se lo
quiero desmentir rotundamente, por lo que valgan las afirmaciones antes
de las elecciones con los representantes de un partido de la oposición y
después de las elecciones como miembro del Gobierno. Las
responsabilidades políticas se depuran en cada momento. Creo que las
responsabilidades políticas del caso GAL se depuraron en el momento en el
que correspondía, en la sede donde correspondía y por parte de quien le
correspondía ejercitar el deber de exigir esas responsabilidades
políticas. Yo creo que eso tiene un plazo en el tiempo. Por tanto, lo que
ya se ha hecho se da por reproducido y no es necesario repetirlo. En ese
sentido no comparto que el ejercicio de las responsabilidades políticas
haya que mantenerlo permanentemente como un tema de actualidad, me
refiero a las responsabilidades políticas de un gobierno anterior.

Sí quiero insistir, en contestación a su pregunta, que, además de la
afirmación de un posible compromiso de punto final, que ya le he
desmentido, no hay ningún otro compromiso en relación con este asunto.

Aquí, señora Aguilar, me gustaría situar el debate en los términos en los
que puede ser constructivo. Un debate no es una sucesión de actos de fe;
desde luego, yo no pediré jamás un acto de fe para que valga más una
palabra que otra, ni en sede parlamentaria ni fuera de ella. No estamos
en el terreno de lo sobrenatural, estamos en el análisis de conductas
humanas, y el valor de la palabra tiene que acreditarse por su relación
con los hechos. Si uno da palabra de honor de que ahora es de noche y
resulta que es la una del mediodía, su palabra queda desmentida por los
hechos. Pero si una persona dice que es la una del mediodía y alguien
quiere ignorar qué hora es por el momento del día, evidentemente la
discusión se puede prolongar hasta el infinito. Esta es la clave de la
discusión que hoy nos trae aquí, y es que algunos queremos que nuestras
palabras, por lo que valgan, se pongan en relación con los hechos, no que
se confronten con otras palabras. No pedimos ni más ni menos credibilidad
para nuestras palabras, todas tienen la misma credibilidad, pero para que
sean verosímiles, esas palabras se tienen que corresponder con lo
sucedido.

Señora Aguilar, por lo que valgan mis palabras, quiero decirle que en
enero de 1995 --como he citado antes sin hacer una referencia concreta en
mis declaraciones-- se me preguntaba --la primera declaración es en El
País--: ¿cree que Amedo y Domínguez merecen ser indultados? Mi
contestación fue que era una decisión que sólo se podía plantear el día
que el caso GAL quedara totalmente esclarecido. Los indultos, mientras no
cambie la legislación del indulto, sólo se producen sobre condenas
producidas. Y añadía: un indulto con fines de encubrimiento no me parece
una decisión política responsable, porque el tema de actualidad era
justamente las promesas de indulto con fines de encubrimiento. Y algo
debió de ver en esas declaraciones el responsable de El País porque,
curiosamente, cinco días después volvieron a plantear las mismas
cuestiones, y yo volví a repetir: Sólo hay salidas con honor desde la
verdad, que creo que es un claro e inequívoco compromiso de colaboración
con la justicia, salvo que alguien entienda que el indulto es un acto
discrecional que se puede barajar, como se barajó, para obstruir la
acción de la justicia.

Con el tiempo, esas mismas declaraciones fueron reproducidas --y les
ahorro la lectura de todas ellas-- en los medios de comunicación que se
interesaron por el asunto. Curiosamente, en aquel momento ninguna de mis
declaraciones suscitó ninguna crítica ni en el terreno político ni en el
terreno de la opinión. Yo, señora Aguilar, sigo sintiéndome prisionero de
mis palabras, y me gustaría que S. S., al margen de que crea o no si ha
habido compromisos, me diga si estas palabras le parecen, en términos
democráticos, aceptables. No le pido que me crea sobre si hay o no
compromisos. Yo he afirmado que no los hay. Le pido que me diga
simplemente si alguna de estas palabras merecen, en términos de respeto
al espíritu y al deber de colaboración con la justicia, algún tipo de
reproche.

La señora Almeida, por el contrario, no da crédito a mis palabras y no da
crédito a este libro, por supuesto. Pues bien, está en su derecho de
considerar tardía esta comparecencia. En parte, involuntariamente, yo he
contribuido a su retraso; en otra parte, las comparecencias las deciden
los grupos parlamentarios en función de la naturaleza de los asuntos, y
yo puedo asegurarle que cuando se pide la comparecencia de un miembro del
Gobierno sobre un asunto de su responsabilidad pongo de mi parte la mayor
colaboración para comparecer lo antes posible; pero si la comparecencia
se basa en una farsa que alguien ha construido para imputar algo
imaginario al Gobierno, tenga la certeza de que yo no voy a colaborar con
esa forma de interpretar las responsabilidades políticas en el
Parlamento. Como en este caso estamos ante una gran farsa en relación con
el tema que supuestamente justifica mi presencia en esta Comisión, por lo
menos el Gobierno no va a colaborar activamente en la escenificación de
la farsa.

Insiste mucho en que yo diga con quién me he reunido. ¿En base a qué
títulos tengo yo que decir con quién me he reunido? ¿Todos tenemos que
decir con quién nos hemos reunido, o sólo yo? ¿Qué título me limita a mí
en mi derecho de reunión? Porque si me limita a mí, limitará a todos los
demás, y de ahora en adelante los diputados publicaremos en el tablón de
anuncios con quién nos hemos reunido y para qué nos reunimos. (Aplausos.)
Si es una norma general, soy el primero que la cumpliré (Una señora
diputada: No se sostiene el argumento), y espero que luego la cumplan
todos los demás. (La señora Almeida: Usted sabe por qué ha venido aquí.)
Señora diputada, sobre el tema del que debo responder he respondido.

Usted me puede creer o no, pero he respondido claramente.




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El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): A su preocupación le falta, permítame que se
lo diga, la coherencia que usted reclama en muchas ocasiones, porque
curiosamente a usted le interesa una reunión en la que yo haya podido
participar y de la que se derivan consecuencias en relación con el
comportamiento de determinadas personas ante la justicia para desvelar
unos hechos, y resulta que no le he escuchado nada en relación con la
cadena de reuniones de los abogados señores Manrique y Casado con toda la
historia de responsables de los ministerios de Justicia e Interior para
negociar beneficios económicos en muchos casos, como se ha citado, con
una finalidad, la de obstruir la justicia. No le he escuchado esa
preocupación y no sé si la tiene. (La señora Almeida Castro: Lo dije
cuando ocurrió.) Pues si la tiene, le recomiendo la lectura de este
libro, porque su celo de colaboración con la justicia, que se remontaba
al año 1986, veo que ha decaído mucho últimamente, veo que ha decaído
enormemente. (La señora Almeida Castro: Usted vaya a declarar.) Con su
incorporación a la política, su celo por colaborar con la justicia ha
decaído notablemente, señora Almeida.

La señora Lasagabaster tiene un criterio, que consiste en valorar las
conductas, las actuaciones y los hechos que han ocurrido en estos años
estableciendo implícitamente el criterio de que todos somos iguales. Yo
he querido interpretar que para la señora Lasagabaster todos somos
iguales, y con independencia de que usted nos pueda hacer reproches --y
algunos pueden tener fundamento justamente porque son hechos que se han
producido, como los que usted cita de agresiones a testigos protegidos,
son hechos, y por tanto no los voy a discutir, y de ellos se deriva una
responsabilidad del Gobierno, y por tanto alguna responsabilidad tiene
base en sus palabras y no la rechazo-- quiero decirle que en la balanza
de las responsabilidades políticas sobre los hechos concretos que usted
ha citado y las responsabilidades políticas del conjunto de los hechos
que discutimos perdóneme que discrepe, pues el «todos iguales» me parece
que no se sostiene. Yo creo que S. S. es una persona comedida en sus
intervenciones y, si tiene ocasión y el presidente le concede un nuevo
turno, me gustaría oírle si es que usted cree que en lo que ha pasado en
el asunto GAL aquí el PP y el PSOE son iguales; me gustaría oírle si en
ese terreno usted establece el empate de responsabilidades.

El señor Mauricio ha hecho un análisis en el que básicamente la
correlación entre el valor de la palabra y los hechos tiene también un
peso importante a la hora de formular el criterio, pero hay un punto en
el que yo discrepo porque no estoy de acuerdo en el análisis.

Efectivamente, el señor Mauricio bucea en el fondo del problema para
buscar lo esencial, y yo creo que es una forma muy correcta de hacer
política, y especialmente cuando lo que se discute son responsabilidades
políticas, porque aquí los hechos no merece la pena discutirlos, los
hechos están ahí y son tozudos, y es un diálogo para besugos discutirlos.

Por tanto, con razón bucea para buscar lo esencial de este debate y
encuentra unas justificaciones que le parece que lo son. Yo, sin embargo,
señor Mauricio, quiero decirle que no estoy de acuerdo en que lo esencial
de este debate esté ahí. Yo creo que lo esencial de este debate está
escondido detrás del punto al que usted ha llegado, y es que detrás de
este debate está un intento subliminal de descalificar el resultado de
unas elecciones que han dado la victoria al Gobierno del Partido Popular
(Protestas.), y detrás de este debate está el deseo subliminal de
obstruir unos procesos judiciales (La señora Conde Gutiérrez del Alamo:
Ustedes, en 1989.), y si se consigue éxito en eso, que es la finalidad
esencial, tenga usted la seguridad de que volverá resucitado el que ha
perdido las elecciones del 3 de marzo del año 1996. Esa es la finalidad
concreta, la resurrección del derrotado el 3 de marzo de 1996. (La señora
Rubiales Torrejón: ¡El profeta!)
Señora Uría, yo no he pretendido hacer catarsis, y se lo digo con total
sinceridad y convicción, no he pretendido hacer una catarsis, y si usted
se lee mi intervención, que por el hecho de haberla traído escrita quiere
decir que está medida y no tiene margen para la improvisación, quiero
decirle que he hecho simplemente rememoración, porque haciendo una
rememoración de lo que ha sucedido las cosas vuelven a su sitio cuando
alguien quiere desviar el cauce de los acontecimientos. Yo comprendo que
tenemos un punto de discrepancia que no vamos a superar en este debate.

Ustedes son partidarios de plantear de nuevo una comisión de
investigación; nosotros planteamos en la anterior legislatura una
comisión de investigación que no prosperó en el Congreso y prosperó en el
Senado (Un señor diputado: Que anulasteis.), y luego, por las
circunstancias de todos conocidas, no pudo dar los frutos deseados. Usted
quiere ahora reproducir la comisión de investigación. No le voy a hacer
ningún reproche por sostener esa voluntad de seguir profundizando en las
responsabilidades políticas, lo que quiero decirle es que, por ser
partidaria de una comisión de investigación, no se ponen en entredicho
mis palabras, y por tanto permítame que utilice el recurso dialéctico de
decir: está usted en desacuerdo con que no defendamos una comisión de
investigación, pero no le he escuchado que ponga en entredicho mis
palabras, y por lo que valga, si es que en este caso, en el debate
parlamentario, algún silencio puede ser positivo, esa crítica no me
parece que afecte de una manera notable a los aspectos que, por otra
parte, tampoco ha precisado. Lamento que los aspectos del debate de hoy
que no le gustan --los ha citado-- no los haya precisado. Si queda algún
aspecto que usted precise, yo con muchísimo gusto le daré cumplida
respuesta, pero en lo que he escuchado de su intervención, salvo la
comisión de investigación, lo demás, de alguna manera, por razones de
silencio, no pone en entredicho mis afirmaciones.

Al señor Silva lo que le preocupa es este debate, es que se promueva y se
celebre este debate, y de alguna manera la posición de su grupo,
precisamente por razones de disconformidad con la celebración de este
debate, queda al margen del fondo de la cuestión que mueve a los
intervinientes. En todo caso, quiero agradecerle que en su intervención
usted haya hecho una referencia de respeto al valor



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de la palabra, y quiero decirle que se lo agradezco sinceramente y que
además, en la medida de lo posible, procuraré corresponder a ese respeto
al valor de la palabra entrando en el detalle y contestando con la mayor
precisión a aquellas cuestiones que podrían poner en entredicho, a lo
largo de este debate, el valor de mis palabras. Me refiero concretamente
a la intervención del portavoz del Grupo Socialista, señor Caldera.

Señor Caldera, valor democrático por valor democrático, le propongo que
iniciemos el debate diciendo --como usted dice que hay que contar la
verdad de cara-- si contamos la verdad de cara o no. Valor democrático
por valor democrático, me gustaría empezar por el principio. ¿Cuál es la
verdad, a su juicio, de los atentados del GAL? (La señora Rubiales
Torrejón: ¡Pero si no está compareciendo él!--Risas.) ¿Cuál es, a su
juicio, la verdad de los atentados del GAL? ¿Su señoría está de acuerdo
en que fueron incidentes? Porque si los atentados del GAL fueron unos
incidentes, toda su intervención se encuentra sólidamente construida,
pero si los atentados del GAL fueron unos crímenes y no unos incidentes
el resto de su discurso yo creo que ni usted se lo cree, le cuesta mucho
trabajo creérselo, porque evidentemente, cuando uno actúa como portavoz,
no siempre dice lo que uno piensa, dice lo que la voluntad colectiva de
aquel a quien se representa le aconseja que diga.

Léase esa comparecencia en relación con las declaraciones de Amedo y
Domínguez y las responsabilidades del GAL. Fue el 30 de diciembre de
1994. Yo le pediría que se la lea completa, señor Caldera, porque fíjese
usted lo que yo decía en esa comparecencia: «Al mismo tiempo, hemos
manifestado --y lo reitero de nuevo-- que mi partido político y mi grupo
parlamentario están dispuestos a aceptar la palabra del Gobierno si éste
hace verosímil su verdad. No estamos dispuestos a amparar ni los
silencios, ni la pasividad, ni la negligencia ni la complicidad, señor
ministro.» Esta era la posición del Grupo Popular a través de su
portavoz, que era yo en aquella ocasión. Y fíjese usted lo que dijo el
portavoz del Grupo Socialista en ese mismo debate --era el señor Pérez
Mariño--: «Retomaría las palabras que ha manifestado el señor
Alvarez-Cascos; aceptamos, como no podía ser menos, porque nos lo
creemos, las palabras del presidente del Gobierno y del ministro de
Justicia e Interior, pero se hace necesario, como repetía el
representante del Grupo Popular, hacer verosímil esta verdad. Tenemos que
hacerla verosímil no sólo para nosotros, sino para la sociedad a la cual
y ante la cual tenemos nuestro tribunal; a la cual y para la cual estamos
exclusivamente aquí.» Seguimos esperando que haga verosímil su verdad,
seguimos esperando aquello, señor Caldera.

Cita usted genéricamente, como fuente de autoridad, diversos testimonios.

Usted ha dicho literalmente que se apoya en diversos testimonios. Uno de
los testimonios, que usted ha llamado declaraciones a una determinada
revista, es la transcripción de una supuesta conversación grabada en las
siguientes condiciones: declaraciones públicas del señor Manrique a la
Cadena Cope, día 18 de marzo de 1998. Dice el señor Manrique --no unos
diversos testimonios--: Nunca autorice que se pudiera poner en
funcionamiento ningún tipo de mecanismo para transcribir cualquier tipo
de conversación que se mantenga. (Se refería a la conversación con el
señor Vera y con otras personas que he citado en mi intervención.) Desde
luego, mi sorpresa fue grande en el momento en que se me facilitó una
transcripción de una determinada cinta. Quiero manifestar muy claramente
que esto no es una entrevista, fue una grabación y, consecuentemente,
sobre esa grabación se me exhibieron una serie de folios que si el
contenido se ajustaba o no a la realidad... Luego que ésta, en
particular, haya salido, me generó sorpresa inicialmente, como usted se
puede imaginar porque, insisto, nunca he autorizado a grabar
absolutamente ningún tipo de conversación.

A mí esto me plantea una reflexión, señor Caldera, ¿De verdad que en un
Parlamento, podemos venir a discutir y a reprochar a otros grupos sobre
testimonios grabados ilícitamente? (Rumores.--Algunos señores diputados
cruzan entre sí palabras que no se perciben.) ¿Esa es su base argumental
para plantear la cuestión que hoy nos trae aquí? ¿Esa es toda su base?
(Aplausos.) ¿Que alguien de la trama político policial ha grabado al
señor Manrique ilícitamente y ustedes traen aquí como testimonio esa
grabación? Pero, ¿en qué quieren convertir este Parlamento, señor
Caldera? Claro, ahora tiene explicación algo, y es que para ustedes este
sistema es normal. (Aplausos.) Y ahora uno se explica quién y para qué
grabó al señor Benegas cuando iba en su coche porque era la oposición del
partido. Ahora uno ya se lo explica, porque grababan y siguen grabando a
todo el mundo, al señor Benegas que era la oposición interna, a la
oposición, a los periodistas, a todo el mundo grababan, y en el Cesid al
universo de la sociedad española. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Señorías, es un problema grave que ustedes,
en este momento, todavía usen como arma política la grabación ilícita de
conversaciones, y merece una reflexión en este Parlamento. (El señor
Eguiagaray Ucelay: ¿Pero qué dicen?) Porque fíjese, si a usted no le
interesaban las grabaciones ilícitas, que son las que le gustan, le
bastaría escuchar al señor Manrique, ¿Para qué grabarle si lo está
diciendo en público? El único testimonio válido es el del señor Manrique,
los demás son testimonios de los especialistas en grabaciones, incluida
la faceta de los vídeos, que es la de la nueva etapa de la trama
político-policial. (Rumores.--Algunos señores diputados cruzan entre sí
palabras que no se perciben.) La única cita válida es la del señor
Manrique: «Además, quiero dejar una cuestión muy clara: ni yo mismo, ni
Amedo ni Domínguez, en mi presencia, jamás se han ofrecido a implicar a
nadie a cambio de nada.» ¡Por lo que valga! Esto es una cita legítima
frente a una grabación ilegitima. (Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.) Ese es el valor de la prueba, señorías.

Quiero repetirle, señor Caldera, por lo que valga --y se lo voy a repetir
con el mismo texto que he hecho en mi primera intervención--, que jamás
he dado pie con mis declaraciones o con mis actuaciones a que nadie me
pueda imputar alguna complicidad en los delitos cometidos por los GAL o
alguna conducta que obstruya la acción de la justicia para esclarecer los
mismos.




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Se lo puedo decir más alto pero no se lo puedo decir más claro: jamás he
prometido, ni mucho menos comprometido, ninguna clase de favor o gracia a
nadie implicado en procesos judiciales o condenado por los tribunales (La
señora Conde Gutiérrez del Alamo: En público no, pero ¿y en privado?), ni
en público ni en privado, y de mis conversaciones privadas, señora Conde,
déme usted algún dato, que debe saber bastante también de grabaciones
privadas. (Aplausos.)
Miren ustedes, aquí estamos ante una evolución de acontecimientos que
marcan los hechos, y sobre los hechos las palabras tienen valor o dejan
de tenerlo. Miren ustedes, el Gobierno anterior, por boca del señor
González Márquez, primero negó las evidencias. Y, de esta manera,
declaraba en rueda de prensa en Moncloa, el 3 de diciembre de 1987: Se ha
querido relacionar al GAL con actividades próximas al aparato del Estado,
y nadie ha podido demostrarlo porque no es verdad, pero poner la mancha
ya es suficiente. Reclamo la presunción de inocencia para las personas
que se juegan el tipo para que vivamos en paz (y se refería a las
preguntas sobre el apoyo a Amedo y Domínguez, 3 de diciembre de 1987). El
3 de julio de 1998 ya se matizaba un poco más, y quiero empezar la cita
en su punto para que no haya equívocos: ha habido personas que han
pretendido el linchamiento moral y la condena pública de los funcionarios
afectados, de Amedo y Domínguez, (Rumores.--Algunos señores diputados
cruzan entre sí palabras que no se perciben.) repito, de Amedo y de
Domínguez, a los que no he conocido nunca más que cuando he visto su
nombre en la prensa, pero de los que debo decir, como de los demás que
luchan contra el terrorismo, que tienen el derecho que se corresponde con
nuestro deber de sentirse defendidos por el Gobierno de la nación. Y de
ahí no se debe deducir nada más que lo que digo de sentirse defendidos y
respaldados por el Gobierno de la nación, ellos y todos los que luchan
contra el terrorismo. (Varios señores diputados pronuncian palabras que
no se perciben.) El señor PRESIDENTE: Señorías.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Pasó el tiempo, ha habido una condena firme y
no se han querido asumir responsabilidades políticas por un hecho
respaldado en comparecencia pública en rueda de prensa. Primero,
señorías, se negó la evidencia. Después, se trató de ocultar y cuando
empezaron las investigaciones judiciales resulta que se produjo la
paradoja de que todas las investigaciones nunca avanzaron a partir de
atestados judiciales o detenciones de presuntos autores, sino que
avanzaron gracias a lo que iban descubriendo algunos medios de
comunicación. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Interior nunca
ofreciera una hipótesis verosímil? ¿Cómo es posible que el comisario
Martínez Torres, en nombre del Ministerio de Interior, remitiera al
juzgado que investigaba una serie de datos sobre los GAL que habían sido
obtenidos a partir de estudios de recortes de prensa? Esta es la
contribución del Ministerio de Interior a las investigaciones judiciales
de los GAL: recortes de prensa, según testimonio aportado por el
comisario Martínez Torres.

La última fase de esta historia es cuando el sumario avanza, que se
empieza a llamar descerebrados a los jueces y se organiza una farsa. Todo
el enredo de esta farsa, señorías, obedece al propósito de la trama
político-policial de intentar en todo momento montar la función fuera del
escenario. Creo que apuntó algo de esto el portavoz de Coalición Canaria,
señor Mauricio, en su intervención. Cuando el escenario era la política,
en el momento de asumir responsabilidades de aquel carácter, el ex
presidente Felipe González decidió que eran los tribunales el lugar
adecuado para la representación. Y cuando aquella solución judicial tiene
fecha señalada, de lo que se trata, según el criterio del ex presidente
Felipe González, es de montar escenarios paralelos en los que se cree el
ruido que se necesita para tapar el sonido de la función principal que se
celebra en sede judicial. En esto están, y ahora están intentando todavía
algo más rocambolesco que no lo van a conseguir. Ahora, la trama
político-policial quiere no sólo buscar otro escenario sino trasladar la
acción dramática --por cierto, con tintes que en más de un sentido son de
tragedia, más que acciones dramáticas-- al patio de butacas.

Esta es la última explicación de este debate en el que se somete a juicio
la responsabilidad de un diputado de la oposición. Quieren ahora que los
culpables seamos los que estamos en el patio de butacas. Pues mire usted,
señor Caldera, por mucho que se empeñen, los hechos están donde están, y
los indicios señalan a quienes señalan. Quiero decirle, señor Caldera,
que quienes viven la situación de personajes de Shakespeare difícilmente
van a conseguir convertirse en personajes de Pirandello. (Aplausos.--El
señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No es necesario que me reclame la palabra, señor
Caldera. Sabe S. S. que, en virtud del acuerdo adoptado en la Mesa y la
Junta de Portavoces el pasado día 2 de abril, vamos a abrir un turno
extraordinario de intervenciones para que los portavoces puedan, en los
términos del Reglamento, formular repreguntas, pedir aclaraciones, hacer
observaciones o tomas de posición, pero naturalmente en el tiempo que su
acreditada capacidad de síntesis sea capaz de resumir y nunca excediendo
los cuatro minutos.

Señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, quisiera hacer algunas
consideraciones previas a mi intervención, después de las alusiones
sucesivas que se han hecho a mi grupo parlamentario y a la intervención
realizada en el turno anterior.

Quiero decir que, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
pese a lo que ha manifestado aquí el portavoz del PSOE, hemos obligado a
venir al Parlamento al vicepresidente primero del Gobierno porque
queríamos que este debate se produjera en sede parlamentaria y hemos
denunciado la actitud del Partido Popular y de sus aliados negándose con
reiteración a que el vicepresidente



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primero del Gobierno viniera al Pleno del Parlamento, pero no es menos
cierto que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida hemos
actuado con total independencia y libertad y no hemos querido hacer el
juego a otros, que lo que pretendían era quejarse semanalmente porque el
vicepresidente primero del Gobierno no venía al Pleno del Congreso, pero
que no se produjera el debate porque en él podían perder ellos. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) El Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida lo que tenía era un interés legítimo en poder debatir
en sede parlamentaria y aclarar algunos extremos en esta comparecencia
que se está produciendo. (Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, estoy amparando a la señora Aguilar en el
uso de la palabra. Ruego guarden silencio, por favor.




La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente. (La señora Conde
Gutiérrez del Alamo: Se están oyendo algunas afirmaciones en la sala por
parte del Partido Popular que dicen que vamos a ir a la cárcel. Ampárenos
también, señor presidente.)



El señor PRESIDENTE: Señora Conde, si lo hubiera oído, les habría
amparado, no le quepa la menor duda. Su portavoz tendrá ocasión, sin
duda, de manifestar sus sentimientos.

Señora Aguilar, le ruego reanude su intervención. (Rumores.) ¡Silencio,
por favor!



La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, es que hay grupos
parlamentarios que, en sus intervenciones, aluden a las intervenciones de
otros grupos y es razonable, lógico y legítimo que podamos replicar a
esas alusiones. Por tanto, que nadie se extrañe ni se espante por oír la
verdad y constatar la realidad.

Por parte de Izquierda Unida, además, queríamos que se produjera esta
comparecencia porque la entendemos necesaria, a diferencia de otros
grupos parlamentarios. La entendemos necesaria porque pretendemos conocer
si hay o no compromiso por parte del Gobierno del Partido Popular en el
punto final relativo a la trama GAL. No queremos un Gobierno con las
manos atadas en relación a la trama GAL, respecto de la que venimos
exigiendo, con total coherencia, transparencia y que se llegue hasta el
final. Izquierda Unida entendía necesaria esta comparecencia para la
defensa de la propia democracia y del Estado de Derecho. Quiero decir
también, con claridad y nitidez, que si aquí hay algún trecho recorrido
en un autobús común es el que ayer recorrieron el PP y el PSOE, que
llegaron a la misma conclusión en la comparecencia del ministro de
Defensa: el fin justifica los medios; no importan mucho la ley, la
Constitución o el Estado de Derecho. Eso es lo que ayer se pudo
constatar. No hay otro autobús ni recorrido común absolutamente de nadie,
salvo el que acabo de señalar.

Con absoluto y total respeto a todos los portavoces que han intervenido,
no puedo por más que hacer alusión y referencia al portavoz de Coalición
Canaria y decirle, con mis respetos, en primer lugar, que no sé en nombre
de quién habla, pero además nos sorprende que venga a cambiar de traje en
cada frase que hace. Tampoco entendemos que sea conveniente que pretenda,
en una comparecencia como ésta, dar lecciones a nadie. Yo comprendo que
el portavoz, que dice ser de Coalición Canaria, tenga un cansancio
intelectual o un hastío moral. Desde luego le puedo asegurar que a
nuestro grupo parlamentario le repugnan determinados comportamientos que
entendemos poco éticos.

Desde esa perspectiva, entrando en la intervención del señor
Alvarez-Cascos, precisamente por lo que él decía a su inicio, es por lo
que le vamos a responder desde nuestro grupo parlamentario. El señor
Alvarez-Cascos ha buscado en este debate y en esta comparecencia el
cuerpo a cuerpo con el PSOE porque sabe muy bien el vicepresidente
primero del Gobierno que ese combate lo tiene perdido el PSOE, pero
nosotros no queremos hacer posible que el vicepresidente primero del
Gobierno rehúya el fondo del asunto, al que ha hecho una ligera
referencia en su intervención: la coincidencia entre las palabras y los
hechos. Decía el vicepresidente primero que el valor de la palabra está
demostrado cuando tiene un correlato con los hechos que luego se
producen. Pues bien, es precisamente ese planteamiento que usted ha
hecho, señor vicepresidente primero del Gobierno, lo que no deja
tranquilo a mi grupo parlamentario. La verdad es que cada día están
acostumbrándose más a decir una cosa y luego hacer otra, justamente la
contraria; la verdad es que cada vez más están acostumbrándose a faltar a
la verdad y a no acompasar los hechos con las palabras, a los que tienen
en un divorcio permanente últimamente.

Me voy a referir con rapidez, para concluir, a tres o cuatro cuestiones,
señor presidente. ¿Por qué, señor Alvarez-Cascos, si usted planteó cuando
llegaron al Gobierno que había una trama dentro del Estado que estaba
afectando al propio Estado de Derecho, no han hecho nada en relación a
eso? ¿Por qué no han dado ustedes ni un solo paso para desmontar la trama
político-policial que usted afirmó, en su momento, que existía en el seno
del Estado mismo? Además, hay que preguntarle dónde están esas personas
que estaban participando en esa trama que usted denunciaba. ¿Siguen en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Siguen en los servicios
de información? ¿Cómo es posible, señor vicepresidente primero del
Gobierno, que después de afirmar que existía esa trama política-policial,
vinculada a la guerra sucia en el seno del Estado, ustedes se hayan
negado a crear una comisión de investigación para depurar
responsabilidades políticas en la trama GAL? ¿Han hecho algunas
investigaciones en el seno de la Policía, de la Guardia Civil, del Cesid,
para saber el grado de complicidad con la guerra sucia? No. ¿Sabe que han
hecho? Se lo voy a decir: ascender a alguno de ellos; ustedes han
promovido, han ascendido, a algunos de los directamente implicados en la
guerra sucia a su llegada al Gobierno.

Señor Alvarez-Cascos, también le tengo que decir que desde que ustedes
llegaron al Gobierno no han hecho prácticamente



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nada por esclarecer un episodio que debe avergonzar, y que de hecho
avergüenza, a todos los demócratas, y que nunca debiéramos olvidar,
porque quiero dejar claro, en nombre de Izquierda Unida, que no está
enterrado políticamente el tema GAL. En democracia no prescribe nada
hasta que no se llegue al final, hasta que no haya transparencia y
claridad total. En ese sentido nosotros sí hemos constatado cómo lo que
hicieron el día de ayer fue justificar unas escuchas ilegales del Cesid
con los mismos argumentos que en otros tiempos otros justificaban la
existencia de los GAL. Ustedes, lamentablemente, caminan también con la
omnipotente razón del Estado bajo el brazo. Por ello, estamos preparados
desde Izquierda Unida para que la historia se vuelva a escribir, y tengo
que recordar que se va a juzgar en breve el secuestro de Segundo Marey,
un hombre inocente que, en nombre de la seguridad del Estado, de la lucha
contra el terrorismo, fue utilizado y sacrificado.

La confusión, los silencios, la falta de claridad con la que ha actuado
usted, su negativa reiterada a dar explicaciones, nos llevan
lamentablemente a denunciar que la trayectoria política del Gobierno que
representa usted en estos momentos, del Gobierno del Partido Popular, les
está convirtiendo en cómplices de aquellos que fueron los responsables
del terrorismo de Estado, del robo y del uso indebido de los fondos
reservados. De la complicidad política a las medidas de gracia y al punto
final, al borrón y cuenta nueva, sólo hay un pequeño trayecto, el tiempo.

Si eso ocurre, perderá la democracia y la credibilidad de los partidos
políticos ante los ciudadanos.

Señor Alvarez-Cascos, concluyo diciéndole que con su intervención ha
demostrado que sigue decidido a utilizar partidariamente el tema del GAL
como un arma arrojadiza contra el PSOE, pero sin ninguna voluntad
política de aportar transparencia, de defender la democracia, de
esclarecer políticamente la implicación del Estado y poner encima de la
mesa las medidas que puedan impedir que este episodio no vuelva a suceder
nunca más.

Espero que en su última intervención dé garantías en esta Comisión
Constitucional de que esta comparecencia no cae en saco roto y que va a
servir para abrir una nueva etapa en la que usted aquí y ahora se
comprometa a que su Gobierno y su partido van a cambiar de actitud, van a
asumir un discurso democrático y no el discurso de los silencios que
otros le están exigiendo. Rompan aquí y ahora con la complacencia y con
la complicidad, no encubran más y póngase la claridad necesaria sobre la
trama GAL encima de la mesa. No se lancen entre el PP y el PSOE mensajes
subliminales, no dejen interrogantes sobre pactos encubiertos a la hora
del traspaso de poderes. Actúen desde la democracia para que de verdad la
trama GAL tenga un esclarecimiento total y dejemos de tener la sombra de
la duda legítima del punto y final.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: No se preocupe la señora Aguilar y sepa
que tenemos tanto miedo a esta comparecencia que por su insuficiencia
seguiremos reclamando otras, como dije antes, en el Pleno de la Cámara.

Señor Alvarez-Cascos, le he acusado de mentir y no ha sido capaz de
rebatir en sede parlamentaria mi acusación. Usted ha mentido. Usted, sólo
cuando se le pilló, como vulgarmente se dice, con el carrito de los
helados, aceptó, lo ha hecho aquí hoy, su reunión con el representante
del señor Amedo y el periodista Pedro J. Ramírez. Pero en una
comparecencia pública, siendo ya vicepresidente, en la COPE usted lo
negó. ¿Por qué? ¿Por qué, incluso, ha llegado a insinuar esta mañana, me
parece que a preguntas de la señora Almeida, que «las reuniones que yo
haya podido tener»? ¿Cómo que haya podido tener? Las reuniones «que he
tenido», que usted ha tenido, con el señor Manrique. En consecuencia,
usted ha mentido y no ha tenido el valor democrático de rebatir mi
acusación, que es meridianamente clara.

Después de su comportamiento esta mañana todo el mundo concluirá en que
para usted todo vale. A usted no le importa la seguridad del Estado ni la
justicia. (Rumores.--Un señor diputado: ¡Qué desvergüenza!) Se lo he
demostrado con el comportamiento que S. S. tuvo a la hora de enjuiciar el
papel de un señor llamado Perote. Ni siquiera ha pedido disculpas por
aquella afirmación. Ni siquiera ha rectificado afirmando que el coronel
Perote prestó servicios al Estado. ¿Cómo se atreve a hablar en el tono en
que lo ha hecho esta mañana aquí, después de que ayer, en la
comparecencia del ministro de Defensa, mi compañero, el señor Moya, le
preguntara: ¿Quién es el Perote del Gobierno? Se lo pregunto yo, señor
Alvarez-Cascos. ¿Lo conoce usted? ¿Quién es el Perote del actual
Gobierno? Porque usted ha tergiversado, ha manipulado, usted ha dado como
ciertos (ha dicho: éstos son los hechos) aquellos hechos que tienen que
ser demostrados en sede judicial. Es que usted ha negado ya un elemento
esencial que nuestra Constitución concede a todos los ciudadanos, que es
la presunción de inocencia a determinados encausados. ¡Cómo que los
hechos! Esos hechos, con la finalidad que ha pretendido darles esta
mañana, sólo serán ciertos si son acreditados en sede judicial. Y, señor
Alvarez-Cascos, aún no lo han sido.

No, claro que no, usted no buscaba en aquella reunión con el
representante del señor Amedo un indulto con fines de encubrimiento.

Quieren trastocar la realidad. ¿Sabe qué buscaba usted? Usted buscaba un
indulto por cambio de testimonio. Usted buscaba un indulto por cambio de
declaraciones. (Aplausos.) Usted buscaba un indulto por la mentira y a
través de la mentira. ¡Claro que no buscaba un indulto para el
encubrimiento! Usted buscaba otra cosa y le pregunto, señor
Alvarez-Cascos, ¿por qué anularon ustedes la comisión de investigación
sobre el GAL en el Senado? ¿Quiénes fueron? Nos ha mirado a todos como si
fuéramos los responsables de ese hecho. ¿No fueron ustedes? ¿No fue su
grupo político?
Señor Alvarez-Cascos, yo no he hablado en esta comparecencia de los GAL.

Se ha hablado mucho en este Parlamento, pero ¿sabe quién hablará
definitivamente, y yo lo respeto, lo que usted no hace? Los tribunales.

Lo que



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critico y de lo que le pido a usted responsabilidades es de sus
actuaciones en nombre de su partido político, con el conocimiento del
señor Aznar, con la autorización del señor Aznar, para alterar la acción
de la justicia por móviles políticos. De eso es de lo que yo le pido hoy
cuentas a usted. Y cuando, señor Alvarez-Cascos, utilice los testimonios,
hágalo de modo completo. Claro que el señor Manrique hizo unas
declaraciones, después que se publicara esa transcripción en una revista
que le he citado, a la cadena COPE. Pero acabe usted de leer, no ponga
puntos suspensivos, háganos el favor. Yo se lo recuerdo a SS. SS. Desde
luego la otra persona --usted, dice el señor Manrique-- es el
interlocutor que debe afirmar o negar que dicha situación se produjo y se
puso encima de la mesa. Si él desea exponer lo que allí se habló, tiene
total y absoluta libertad de realizarlo. Este es su momento, señor
Alvarez-Cascos. Aquí es donde tiene que hablar, aquí es donde tiene que
darnos cuenta del contenido de esa reunión.

Se lo diré a usted y a quien de forma bifásica ha intervenido también en
su nombre, el señor De Grandes, tributario de su primera intervención,
sin duda, una sola vez más. Aquí son ustedes quienes comparecen para
rendir cuentas de sus actividades. Nosotros estamos en la oposición.

(Risas.--Rumores.) El control del pasado está realizado...




El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Le voy a decir algo. Quien le habla
esta mañana, que soy yo, en nombre de mi grupo parlamentario, no ha sido
miembro de ningún gobierno, señoría. Pero, a diferencia de usted, yo y mi
grupo conocemos una palabra, la de la solidaridad. (Risas.--Rumores.) De
la gestión de aquellos gobiernos se hace cargo mi grupo de forma
solidaria. A juzgar por su comportamiento y por las luchas que usted
desata en el actual gabinete del que forma parte, usted ni ahora ni nunca
podrá decir lo mismo. Pero ése es su problema. Nosotros nos hacemos
cargo, señor Alvarez-Cascos, como expresión de un proyecto político, de
lo adecuado y de lo inadecuado de la gestión de aquellos gobiernos, de lo
satisfactorio y de lo insatisfactorio, de los aciertos y de los fracasos,
de lo veraz y, no nos ha quedado más remedio, incluso de lo inveraz, que
fue mucho, gracias a su apoyo. (Un señor diputado: ¡Encubridores!) De
todo se hicieron cargo los ciudadanos el 3 de marzo de 1996. Fue allí
donde se juzgaron nuestras responsabilidades políticas. ¿Las judiciales?
En su sede natural, los tribunales. Respételas. Usted no lo hace.

En consecuencia, la legitimidad que a mí me asiste son los 9.400.000
votos que recibimos. ¿La suya? Sin duda, 9.700.000, pero con dos
diferencias, señor Alvarez-Cascos: la gestión socialista tuvo que
soportar el vendaval de operaciones de acoso y derribo, donde, como ya
están determinando los tribunales... (Risas.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Vaya concluyendo, señor Caldera.

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: El vendaval de operaciones de acoso y
derribo, donde, como están determinando los tribunales, la utilización de
la manipulación, el fraude, la falsificación hicieron aparentar la
comisión de graves delitos por aquellos gobiernos que uno a uno se
demuestran después no fueron tales, y ustedes no han sido ajenos a ello
con su actuación política.

Sin embargo, señor Alvarez-Cascos, repare en una cosa: los electores del
Partido Popular desconocían en aquel día a qué se dedicaban usted y los
miembros de su partido en los tratos con el señor Amedo, lo
desconocían... (Un señor diputado: Acaba ya.)... De haberlo sabido --y no
se lancen-- quizá alguno o muchos de aquellos hubieran cambiado de
opinión.

Segundo, nosotros, a pesar de las indicaciones de su portavoz y usted
mismo, respetamos aquel resultado. Lo hemos dicho por activa y por pasiva
en sede parlamentaria y de forma solemne: a las urnas --le sonará a
usted, señor Alvarez-Cascos, la cita-- sólo las desagravian las urnas, no
determinadas actuaciones como las que ustedes pusieron en marcha a partir
del año 1993. Nunca, señor Alvarez-Cascos, un representante de este
partido o grupo parlamentario, nunca, afirmará lo que dijo usted el 29 de
octubre de 1995, ¿se acuerda? Se lo recuerdo yo: González ya no tiene
legitimidad democrática de ejercicio. Ese fue usted. Es decir, un
gobernante salido de la decisión de las urnas que sólo lo acepta para él,
no para los demás. Pero ése es usted, no nosotros.

Mire, le voy a adelantar algunas iniciativas --y con esto acabo-- que va
a desarrollar el Grupo Parlamentario Socialista. Esta misma mañana, antes
de entrar en Comisión, he solicitado, al amparo del artículo 7, las
cartas que le envió a usted el señor Manrique exigiéndole cumplir el
trato al que usted llegó: el indulto si había cambio de testimonio. Le
pido --y usted tendrá obligación de contestarme, de acuerdo con la
Constitución y el Reglamento-- el número y fecha de los escritos de
cualquier índole y naturaleza recibidos por usted desde la toma de
posesión de su cargo hasta el día de hoy remitidos por el señor Amedo o
por el abogado o abogados del mismo, el número de escritos de cualquier
índole y naturaleza que el vicepresidente haya dirigido al señor Amedo o
a sus abogados, las fechas de recepción, los escritos o testimonios de
los mismos y los testimonios de las hojas de los registros de entrada y
salida de correspondencia y otros escritos que se lleven en la
Vicepresidencia primera. Cuando usted, cumpliendo la Constitución y el
Reglamento, me conteste seguiremos hablando; no lo dude que seguiremos
hablando, señor Alvarez-Cascos.

No ha respondido a ninguna de mis preguntas --acabo, señor presidente, y
le agradezco la benevolencia que ha tenido con este portavoz--, ni a una
sola, ni a una. No podemos, en consecuencia, darnos por satisfechos.

Usted constituye, lo hemos visto hoy aquí claramente, un muro para
proteger a alguien que está por encima, el señor Aznar. (Rumores.) Tengo
un testimonio que lo acredita. El 20 de febrero de 1995, El Mundo, diario
tan apreciado por usted, publicaba la siguiente noticia: Aznar habló con
Damborenea antes de que declarara por primera vez ante el juez



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Garzón. ¿Sabe quién firmaba esta crónica? Una periodista que se llama
Lucía Méndez. ¿Sabe quién es? ¿Tengo que decírselo? Trabaja como jefa de
gabinete de prensa del señor Rodríguez. De probada confianza, ¿verdad?
(El señor Madrid López: ¿Quién es el señor Rodríguez?) Don Miguel Angel.

(Risas.) Fíjese lo que se decía en aquel escrito publicado por doña Lucía
Méndez: El pasado viernes 17 de febrero en el autobús --iban hacia el
aeropuerto de Barajas-- preguntaba Anzar a sus colaboradores: ¿Se sabe
algo de Ricardo? (Qué confianza y familiaridad, ¿verdad?). A esa hora
Damborenea esperaba en la Audiencia Nacional a que el juez Garzón
decretara su ingreso en prisión. Este testimonio será suficiente también,
señor Alvarez-Cascos, para avalar el resto de nuestras iniciativas.

Usted tendrá que responder ante esta Cámara, en su Pleno, de lo que hoy
le hemos requerido y no ha dado la más mínima cuenta, y ya que usted ha
dado la cara por otros, han de darla los verdaderos responsables. A uno
de ellos no le podemos llamar en esta Cámara, se llama don Pedro José
Ramírez, no podemos; pero a otros sí y en su momento así ocurrirá y
espero que los grupos políticos sean fieles, y lo serán sin duda, al
compromiso y a las manifestaciones que hicieron en la Junta de Portavoces
acerca de que una comparecencia suya en Comisión no sería suficiente para
resolver este problema. Darán ustedes cuenta de cómo el cambio de
testimonio, de cómo la oferta de indulto para incriminar a altos cargos
del anterior Gobierno socialista fue la razón real del cambio también
procesal de este problema. Les esperamos, señor Alvarez-Cascos, en el
Pleno de la Cámara y para entonces espero que no se refugie en una
intervención similar a la que ha tenido hoy. La democracia no lo
aceptaría. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Señor presidente, con mucha brevedad. Desde luego
mi grupo seguro que no tiene el don de la profecía, pero creo que también
se hacen pronósticos acertados y, como nos temíamos al inicio de esta
sesión, tendremos GAL para rato. Lo que no sé es si proponer una comisión
de seguimiento de los procesos judiciales con la finalidad de descargar
un poco de trabajo a los diputados y a los portavoces para que podamos
ocuparnos de otra cosa.

Hace muy pocos minutos, en aquel planteamiento que hacíamos de la bronca
por la bronca, estaban contendiendo algunas señorías que tengo a mi
espalda a ver a quiénes les cabría el honor de observar cómo los otros
entraban en prisión, y han solicitado incluso el amparo de S. S. Si estos
temas para lo que sirven es para que los diputados de los grupos
mayoritarios estén haciendo hipótesis de quién entra antes, me parece que
estamos haciendo un servicio lamentable al Estado de Derecho y al
parlamentarismo español.

Por lo demás, en la medida en que se formulen (que han formulado)
imputaciones de inducción al falso testimonio, razón de más para que sea
precisamente en los tribunales donde esas imputaciones de falso
testimonio, de obstrucción a la justicia --creo que el señor Caldera ha
descrito perfectamente los tipos de 458 y 460 del Código Penal-- se
solventen y no estamos hablando precisamente de estos temas y esperamos a
que antes del verano tengamos una solución, una verdad judicial de estos
hechos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Para una puntualización: señor vicepresidente,
yo no he dicho que no lo crea, le creo. No ha dicho nada además que no
fuera ya público y la verdad es que lo ha sintetizado de una forma clara.

No creo en la existencia de trama para derribar al Gobierno anterior y
así lo he manifestado; he hablado de pautas de comportamiento político
interpartidario mejorables y a eso me sigo ateniendo.

Evidentemente que entre usted y yo, entre su grupo y el mío hay una
discrepancia en torno a la investigación del caso GAL y la virtualidad de
regeneración de la vida política que la misma pudiera tener. Acepto que
su partido, junto con el de Convergència i Unió y Coalición Canaria, son
la mayoría y tienen la fuerza de imponerse, pero aunque como minoría
espero seguir sosteniéndolo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor presidente, no me voy a extender en
repetir los argumentos y los razonamientos que hice en mi intervención
anterior, sólo aprovecho para ratificarme en el análisis que hice. He de
decir que el debate ha sido el que ha sido y no queremos convertir lo que
entiendo que fue una grave tragedia de la sociedad española en un
melodrama menor y, por tanto, no hacemos contestaciones a alusiones
personales o a críticas políticas de carácter partidista porque nos
parece que el asunto es demasiado serio para dejar espacio a la
frivolidad.

Por último, quiero decir que hay quien dice que de lo sublime a lo
ridículo hay sólo un paso; nuestro grupo no quiere darlo y, por tanto, no
contesta a esas cosas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Me hacía una apelación el señor
vicepresidente para que clarificara mi postura. Creo que él la tiene muy
clara pero es muy hábil y quiere llevarme a algún lugar en el sentido de
especificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos y nunca he
juzgado a ese juego, ayer lo dije exactamente y hoy lo mantengo. A las
personas como a los colectivos y partidos políticos los juzgo por los
hechos, como decía el señor vicepresidente. Por tanto, juzgo los hechos
que se me presentan, tanto a las personas, independientemente de donde
estén, como a los partidos políticos.

Decía en mi intervención anterior que lo esencial, lo objetivo, fue la
grave quiebra del Estado de Derecho con 28 asesinatos, amén de otras
múltiples violaciones de derechos



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y libertades fundamentales. Obviamente, para quien tuvo la
responsabilidad política, por no decir las responsabilidades penales, mi
calificación es absolutamente condenable, execrable y rechazable. Se
podrán incardinar esos responsables políticos, lógicamente, dentro del
grupo que gobernaba, el Grupo Socialista, pero ¡ojo!, hay muchos
militantes socialistas que condenan y han condenado exactamente igual que
yo esos temas. No confundamos a los buenos y a los malos. Hemos exigido y
seguiremos exigiendo, por mucho que ustedes digan, las responsabilidades
políticas y espero que el próximo Reglamento de la Cámara ampare, incluso
terminados los procedimientos judiciales, a aquellos que tuvieron
responsabilidades políticas, que no sé quién decide cuándo se terminan y
cuándo no. Sin comparación y salvando todas las distancias, hasta la
Iglesia habla de responsabilidades y del mea culpa por crímenes de la II
Guerra Mundial. O sea, que ya veremos quién decide qué; pero incluso
pueda decir que aquellos que no hayan tenido responsabilidades penales sí
sigan teniendo responsabilidades políticas, las exigimos y las seguiremos
exigiendo.

Por a los hechos me remito y señalo que el Gobierno del Partido Popular
no está dando una lección muy razonable, desde mi punto de vista, en esta
materia. Voy a señalarle, desde que llegaron al poder (y lamento algunas
de las actuaciones en la política de que todo vale, simplemente lo
lamento), por ejemplo, el hecho de no coadyuvar a la creación de una
comisión de investigación por razones que, francamente, no comparto y que
además creo que no se sostienen jurídica ni políticamente, porque,
curiosamente, para unos casos valen y para otros no, como he dicho antes,
pero también hemos tenido que observar que personajes muy conocidos,
llámese el señor Galindo, seguían estando donde estaban, después de tener
que hacer múltiples iniciativas en esta Cámara para ver si el Gobierno
del Partido Popular tenía consideración con lo que habían hecho; por no
hablar de personajes de Inchaurrondo, que después de haber sido
condenados por tortura a más de seis y siete años de prisión no solamente
están donde están, sino que se les asciende; por no hablar de Cesid, de
esos personajes que siguen estando, si no promocionados, y que han estado
en la operación Menguele, en las escuchas ilegales y demás y demás; por
no hablar de que no han desclasificado los papeles del Cesid hasta que no
se lo han exigido los tribunales de justicia y por no hablar,
lamentablemente, y tengo que referirme a ello, de que el fin justifica
los medios, tal y como nos dijo el señor Serra ayer.

Yo creo que van por mal camino. Sus palabras fueron impecables. Sus
actuaciones, quiero señalar, entran en el espíritu de que la ley no es la
ley, sino que parece que todo vale.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Siento que me haya animado usted a la fogosidad
jurídica, porque me entra últimamente muchísimo. La verdad es que cuando
he querido decir que hemos estado persiguiendo desde el principio a los
GAL, nunca me habrá visto, ni a nadie de mi grupo, votar en contra de una
comisión de investigación, cosa que yo sí le he visto a usted en varias
ocasiones. Ni hemos tenido ocasión (quizá porque no estamos en el
Gobierno y no nos hemos hecho propietarios de la razón de Estado, como
han hecho ustedes) de no desclasificar, para colaborar con la justicia,
los papeles del Cesid. Ni vamos a tener que ir al juicio del día 25,
porque no nos hemos reunido ni con Amedo, ni con los representantes, ni
con los abogados, ni con nadie, y usted va a tener que ir a dar
explicaciones, porque a lo mejor al haber conocido usted el 9 de
diciembre de 1994 lo que podía ser el testimonio que iba a venir como
novela y por entregas en el periódico El Mundo el día 16 de diciembre de
1994 no se tenía que haber quedado tan calladito, sino que tenía que
haber ido a los tribunales de justicia a contar lo que podía haber. Quizá
eso hubiera sido una actuación mejor para colaborar con la justicia. No
nos quiera echar las culpas a los demás. Nosotros no tenemos nada que ver
con todos los que están gritando por los crímenes del GAL (y lo digo
porque parece que aquí nos miran) ni tenemos nada que ver con los
gobiernos. Tenemos que ver mucho con la democracia, con la política y con
las cosas que nos interesan por la democracia. Y si le he dicho que no me
fío de sus palabras es porque usted ha empezado diciendo que el crimen no
se combate con el crimen, y yo le he dicho que ésa es una palabra muy
bonita y que la suscribimos, pero que ayer nos ha dicho un ministro de su
Gobierno que con ilegalidades se puede combatir a los ilegales. Si ése es
el camino por el que vamos, no hemos aprendido nada.

Por eso no me gustan los jaleos, no me gusta que se empiecen a tirar los
muertos como se está haciendo aquí. Me gusta que hagamos una reflexión.

(Risas.) (No, como lo hacen cuando se jalea, porque estamos viviendo aquí
una enorme experiencia en este jaleamiento propio.) Pero lo que sí nos
parece triste es que no se saque la consecuencia de que no va por buen
camino el señor Alvarez-Cascos ni va por buen camino el PP; si no es
capaz de cortar la vara, de no repetir las cosas, no va por buen camino
la democracia, y de eso que quede constancia.

Usted ha venido aquí a dar cuenta de lo que pueden implicar compromisos
en la democracia, no de con quién se reúne usted. No ridiculicemos que
vamos a tener que dar cuenta. Ojalá se reunieran mucho más los diputados
con quienes se tienen que reunir, que es la gente que los elige y con la
que está. Pero que no tenga que dar cuenta ningún diputado, porque no lo
hagamos, de reuniones con gente condenada por asesinato que ha mantenido
el chantaje como arma y que lo ha querido mantener también con usted. De
eso tendremos que dar cuenta siempre por lo que afecta a la democracia, y
yo por lo menos siempre que me entere lo haré saber e intentaré que nos
den explicaciones, no porque usted sea ahora un vicepresidente de
Gobierno y ahora usted tenga unos compromisos. Por eso se le está
investigando, no porque tengamos un especial deseo de conocer con quién
se reúne. Ojalá se reúna con buenas compañías.

En cuanto a leer libros, la verdad es que en el tiempo que tenemos
elegimos nuestra lectura. A lo mejor conozco



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de sobra, desde hace 30 o más años, a Fernando López Agudín para que yo
me pueda leer perfectamente el libro, pero lo terrible es que ese libro
se pueda escribir, porque lo terrible es que los casos del GAL hayan
ocurrido. Y yo lo que prefiero hoy es que se escriba la historia de la
justicia y no la historia de los libros promocionados, porque me parece
mucho más importante y tiene mucho más dolor la historia que hay detrás
de todo lo que dice el libro que no lo que dice ese libro.




El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes.




El señor DE GRANDES PASCUAL: Voy a ser muy breve, puesto que al Grupo
Parlamentario Popular las intervenciones del señor vicepresidente primero
del Gobierno le han resultado suficientemente esclarecedoras para darnos
por muy satisfechos de unas explicaciones que eran recabadas
legítimamente, insisto, y que yo creo que han abierto mucha luz. El
debate ha sido esclarecedor. Ha quedado meridianamente claro que las
actuaciones de ningún miembro actual del Gobierno, cuando estaba en la
oposición, comprometieron ni hipotecaron las actuaciones legítimas de
este Gobierno. Ha quedado muy claro para quien quiera entenderlo, como ha
quedado muy clara la razón y la causa que ha provocado este debate.

Resulta escandaloso que alguna fuerza política responsable intente
interferir en el proceso que empieza dentro de unos días. Hacen muy bien
los magistrados en tener mucho cuidado en preparar las cuestiones que no
afectan a la sustancia, pero está muy claro que el Grupo Parlamentario
Socialista y su partido están intentando intervenir en ese proceso, no
afectando al fondo sino a la forma. Si no, no se explica esa relación de
causa efecto que ha provocado este debate.

El Gobierno del Partido Popular no tiene nada que explicar sobre los GAL.

No se sientan en nuestros escaños los rostros de los GAL. Está claro que
si alguna práctica definió la actuación de los gobiernos de González
fueron los intentos de componenda como método procurado para
autoprotegerse ante las declaraciones de Amedo y Domínguez, y eso no es
un juicio de valor, eso es constatación de hechos, hechos políticos, con
independencia de lo que sea probado en el ámbito jurisdiccional. Nosotros
no hemos pretendido traer este debate aquí, pero no lo hemos eludido,
porque no tenemos nada que ocultar. Y no es verdad, repito, que el
Gobierno del Partido Popular ni este grupo parlamentario acepten el
principio de que el fin justifica los medios. Ayer y hoy ha quedado
inequívocamente claro que el límite de la trasgresión de la ley es un
límite para nosotros sagrado. Lo diga quien lo diga. Por lo tanto, ni
vamos a aceptar conductas ilícitas ni vamos a aceptar tampoco ningún tipo
de justificación de páginas negras de nuestra historia (El señor
Villarrubia Mediavilla: Son muchas.); quienes las pasen tendrán que ser
los tribunales, porque políticamente ya no es tiempo, sin perjuicio de
que seguimos manteniendo que las responsabilidades políticas y las
penales, porque no hemos olvidado nuestras tesis, deben estar
perfectamente separadas. Hay tiempo para todo.

No hemos accedido a una comisión de investigación en los últimos tiempos
coherentemente con el planteamiento que estamos haciendo con ocasión del
debate del nuevo Reglamento de la Cámara. Dijimos siempre que no podía
ser causa de paralización de una comisión de investigación el simple
inicio de un proceso penal, porque podría ser una forma de interferir o
parar, pero ahora mismo estamos manteniendo la tesis de que cuando se
inicia un procesamiento o una inculpación puede ser el momento político
de suspender esa actividad política para dejar a los tribunales que desde
la serenidad, desde la objetividad y desde la independencia enjuicien las
conductas en este ámbito. Esta es la posición que estamos manteniendo
para el nuevo Reglamento del Congreso y como parece ser que el próximo
día 25 de mayo se inicia el proceso del GAL, uno de los 28 casos,
entiendo que esta Cámara debe tener respeto y distancia para que los
tribunales puedan actuar con serenidad y para que sean ellos los que
enjuicien las conductas de quienes incurrieron en la conculcación de la
ley.

Nosotros no queremos tergiversar la historia ni hemos querido hacer
oposición a la oposición. Ha sido la oposición la que ha incurrido en el
sarcasmo de querer hacer oposición a quien fue oposición, pero ya he
dicho que crean un grave precedente y que tomamos buena nota (Un señor
diputado: ¿Nos amenazan?), y, por tanto habrá otros momentos en que
podrán valorarse conductas, presencias y formas de ser.

Repito que mi grupo se da por satisfecho plenamente, creo que como toda
la opinión pública española que haya podido escuchar este debate o que
lea la reseña del mismo. Ha sido plenamente satisfactorio para nosotros y
nos enorgullece la posición inequívoca que ha mantenido hoy el
vicepresidente primero del Gobierno del Partido Popular.

Nada más. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Para cerrar este debate, el señor vicepresidente
primero tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente, procuraré
ser breve.

Agradezco de nuevo a todos los intervinientes su participación y sus
planteamientos y, comenzando por doña Rosa Aguilar, quiero asegurarle que
la comparecencia no va a caer en saco roto, ni ésta ni ninguna. Creo que
en pasado las comparecencias y los debates que ha habido en relación con
estas cuestiones no han caído nunca en saco roto; por lo tanto, no tiene
por qué ser esta comparecencia una excepción. En todo caso, en su
planteamiento de las responsabilidades creo que hay un intento de
convertirse en el único partido que tiene la legitimidad de la exigencia
de las responsabilidades políticas en el caso GAL y que al final lo
circunscribe a la posición sobre una o dos cuestiones. A mí me parece que
con independencia de cuántas veces se vota o no a favor de una
comparecencia, la posición de un partido político queda comprometida por
las declaraciones de sus dirigentes en sede parlamentaria o ante la
opinión pública. En este sentido, me parece que lo que el Partido Popular
ha hecho en relación con su deber de exigir responsabilidades políticas
en el momento oportuno



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respecto al asunto GAL es un ejercicio impecable de responsabilidad de la
oposición ante la sociedad. Por lo tanto, defiendo todo lo que hemos
hecho hasta ahora y creo que no hay en este sentido ningún divorcio entre
los compromisos públicos y las actuaciones del Gobierno.

Por otra parte, sobre los pasos que ha dado este Gobierno para desmontar
la trama político policial, tengo que decirle que respecto a la primera
parte los políticos que pudieran tener responsabilidades para dirigir la
trama, con el cambio de Gobierno y de Administración, dejaron de
tenerlas. No había que hacer ninguna operación especial ni montar ninguna
investigación simplemente para dejar sin relevancia política a los que
pudieran tener participación desde responsabilidades políticas. Creo que
a partir de este momento, la responsabilidad de este Gobierno en la
dirección de los distintos servicios de la Administración pública,
incluidos los policiales, ofrece muy pocas dudas, aunque pueda haber
puntos de vista, por lo que he visto, discrepantes en determinados casos,
que yo, por otra parte, tampoco estoy en condiciones de debatir en este
momento porque ni siquiera sé a cuáles se está refiriendo.

Usted dice que no está enterrado el caso GAL y yo le digo que estamos de
acuerdo en que no está enterrado. Lo que ocurre es que el caso GAL tiene
su sede en otro lugar en este momento procesal y lo que nos corresponde a
todos es colaborar con la justicia y respetar sus decisiones, y así será
por parte del Gobierno.

Señora Almeida, me ha planteado usted algunas dudas, porque yo, en todo
caso, no tengo los conocimientos jurídicos que tiene S. S. en relación
con este tema de las responsabilidades penales que ha sacado usted a
colación. Ya sé que no le gusta este libro (El señor vicepresidente
primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, Alvarez-Cascos
Fernández, muestra el libro a la Comisión.), pero es igual, a mí me gusta
porque para ilustrar los hechos me parece que es un testimonio de
autoridad. Fíjese S. S. y, por favor, en términos de la responsabilidad
que usted declina, oriente mi preocupación: La reunión del equipo
directivo termina con el acuerdo --era sobre el pago a Amedo y a
Domínguez de una cantidad-- de que Juan Alberto Belloch acuda al día
siguiente al palacio de La Moncloa a entrevistarse con el presidente del
Gobierno para informarle de los datos que la policía ha proporcionado y
de la decisión del Ministerio de devolver el maletín y la llave --había
un maletín y una llave--. Lo más positivo de esta discusión es que nadie
ha vacilado, y todos los componentes del equipo directivo, todos los de
Interior, tienen las ideas claras sobre lo que debe hacerse. Juan Alberto
Belloch se reúne en el palacio de La Moncloa con el presidente del
Gobierno y, tras exponer con precisión las informaciones que ha
proporcionado la policía, le manifiesta su negativa a aceptar la
propuesta y la decisión del Ministerio de no pagar una sola peseta a
Amedo y a Domínguez. Felipe González escucha con atención y mirando a su
interlocutor fijamente a los ojos le responde rápida y lacónicamente: Tú
verás lo que haces. (La señora Conde Gutiérrez del Alamo pronuncia
palabras que no se perciben.)
Señora Almeida, la pregunta que le hago con sinceridad, desde mi
desconocimiento, es: ¿cree usted que el equipo de Interior y el
presidente del Gobierno deberían haber acudido a los tribunales con esta
historia? (La señora Almeida Castro: Mucho antes.) Usted cree que sí.

Entonces, tenemos ya un modelo de referencia sobre lo que debería haberse
hecho y no se hizo. Usted conviene en que había que haber ido con esta
historia a los tribunales. Es un dato que yo valoraré por lo que supone
una opinión jurídica como la que usted acaba de formular, porque es que
ahora fíjese usted en una cosa. En la comparecencia parlamentaria del 30
de diciembre de 1994, yo cité esto y nadie se rasgó las vestiduras. Cité
lo siguiente en la comparecencia que el señor Caldera me ha hecho el
favor de recordar para tener aquí el «Diario de Sesiones»: «Y ayer El
País afirmaba --según fuentes de su Ministerio; por tanto, en su
Ministerio alguien sabe algo-- que los señores Amedo y Domínguez habían
solicitado 600 millones de pesetas y que, por supuesto, de este asunto el
presidente del Gobierno siempre ha estado informado de cada uno de los
descubrimientos realizados por el señor Belloch.» Es decir, El País ya
había contado esta historia el 30 de diciembre de 1994. (La señora
Almeida Castro: Ahí, el fiscal general del Estado.) Quiero decirle que
todos los que hemos leído El País en aquella fecha alguna omisión quizá
hemos cometido (La señora Rubiales Torrejón: Pero no estamos juzgándonos
todos sino que estamos aquí.), todos los que hemos leído El País en
aquella fecha, y a partir de ahí, sobre esa doctrina colectiva, yo con
mucho gusto asumiré la parte que me corresponda en estas informaciones
como diputado de la oposición.

Por cortesía, cito las intervenciones de la señora Lasagabaster, del
señor Mauricio y de la señora Uría, en el sentido de que creo que no
exigen ninguna nueva respuesta, pero sí quiero agradecérselas.

Quiero tranquilizar al señor Silva. Usted ha sacado el tema --y es buen
conocedor de esa materia-- del delito de inducciones al falso testimonio.

Quiero decirle que en relación con ese delito, yo no tengo la menor
preocupación, entre otras cosas porque he leído mis declaraciones
públicas y ése es mi pensamiento; eso es lo que públicamente he dicho y
respondo de ello, y hasta ahora creo que entre el falso testimonio, mi
pensamiento y mis declaraciones hay un abismo. Por lo tanto, quiero
tranquilizarle en relación con esos riesgos de abrir procesos de delitos
sobre la base de las inducciones al falso testimonio.

En cuanto a la intervención del señor Caldera, lo que me gustaría es que
no quedara ninguna pregunta por contestar; luego será satisfactoria o no
la contestación, pero no me gustaría que el señor Caldera pudiera decir
que han quedado preguntas sin contestar. Señor Caldera, yo no he mentido
en mis declaraciones a la Cadena COPE, y se las voy a leer completas para
que usted me diga cuál es la frase que, a su juicio, supone una mentira.

Sí, le voy a leer mis declaraciones, porque las versiones que usted usa,
en base a grabaciones de cintas, permítame que desconfíe de ellas.

(Risas.) Le voy a leer mis declaraciones a la COPE. No conozco a Amedo y
a Domínguez. No he visto jamás a Amedo y a Domínguez. Yo no he llamado
jamás a Amedo y a Domínguez. No me he encontrado, ni siquiera
casualmente, jamás, con Amedo y con Domínguez. Por tanto, ni



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personalmente ni telefónicamente he tenido jamás el más mínimo contacto
con Amedo y con Domínguez. Por tanto, esa acusación es rigurosamente
falsa.

Y vuelve a insistir la periodista y yo le contesto: Estoy deseoso de
conocer los datos que tiene el señor González --y sigo estando deseoso,
pero como no viene el señor González... espero que venga al Pleno ése que
ustedes anuncian--, estoy deseoso de conocer los datos que tiene el señor
González de mis relaciones con Amedo y con Domínguez, porque, repito, son
unas relaciones absolutamente imaginarias y una acusación totalmente
falsa.

Insiste la periodista: ¿Ni siquiera a través de intermediarios? Y
contesto. Yo no he nombrado ningún intermediario (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: Usted.), ni he delegado en nadie, ni he encargado a
nadie ningún tipo de relación con Amedo y con Domínguez. (El señor
Caldera Sánchez-Capitán: Usted mismo.--El señor Eguiagaray Ucelay:
Ocultando y mintiendo.) No, dígame usted cuál de estas afirmaciones y
sobre qué base usted tiene el más mínimo fundamento válido, porque
sencillamente su acusación es una acusación sin fundamento.

Además ha dicho una cosa antológica, que los hechos serán ciertos
--supongo que será un desliz dialéctico-- sólo si lo dice la sentencia.

No, los hechos son ciertos porque son hechos. Cosa distinta es que de
esos hechos se deriven o no, según los tribunales, responsabilidades
penales, pero los hechos son los que son, señor Caldera, los que son. A
ver si ahora vamos a discutir que hay 28 cadáveres del GAL enterrados.

(La señora Mendizabal Gorostiaga: ¡Hay muchos más!--El señor Aguiriano
Forniés: Cuarenta y tantos antes, que se os olvidan.--Un señor diputado:
Los billetes de los fondos reservados.--La señora Almeida Castro: No
presumáis de muertos nadie.) Y repito, aquí tenía que hablar y aquí
hablé.

Señor Caldera permítame que a las dos y cuarto de la tarde no le explique
mis elementales conocimientos sobre la doctrina de la legitimidad de
origen y de la legitimidad de ejercicio, pero figura en los tratados
políticos convencionales y es una discusión moderna sobre la
interpretación de la legitimidad. No voy a extenderme ahora, porque,
además, soy un lego en esa materia. En todo caso, tenga la seguridad de
que todas sus iniciativas parlamentarias que tramiten los órganos de la
Cámara serán puntualmente cumplimentadas, señor Caldera, todas serán
puntualmente cumplimentadas y compareceré las veces que la Cámara lo
decida. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Pero votan en contra.)
Como reflexión final, créame que tanto el Gobierno como yo mismo
desearíamos que el tema del GAL no dominara la agenda pública. Es lo que
deseamos sinceramente, señor Caldera, y que los ciudadanos puedan cuanto
antes dedicar su atención a los temas de la construcción de nuestro
prometedor futuro colectivo, mucho más que a la recreación morbosa de
páginas sombrías de nuestro pasado, y a la mejor contribución que el
Gobierno piensa que debe hacer a este propósito, sin duda un propósito
compartido por los demócratas de buena voluntad de cualquier signo, la
mejor contribución que se puede hacer no es ya otra que la de dejar
trabajar a la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión y no sin agradecer al
señor vicepresidente primero del Gobierno su cumplida comparecencia,
quiero asimismo agradecer al señor Alcaraz su comprensivo aplazamiento de
las preguntas que aparecían reseñadas en el orden del día y recordar a
los señores miembros de la Comisión que ésta celebrará sesión ordinaria
de carácter legislativo mañana a las 16,30 horas.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y quince minutos de la tarde.