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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 433, de 22/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 433
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 22 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Elección de Vacantes. Mesa Comisión:
--Elección de secretario segundo (Número de expediente 041/000019)
(Página 12545)
Preguntas:
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre medidas
para que las autoridades competentes en registro de convenios colectivos
intensifiquen la vigilancia contra la discriminación por sexo en los
mismos, incluso en materia terminológica (Número de expediente
181/000807) (Página 12545)
--Del mismo señor diputado, sobre medidas ante la constatada situación
general de niveles de ruido superiores a los máximos legales en
determinadas secciones de empresas textiles (Número de expediente
181/000808) (Página 12547)
--Del mismo señor diputado, sobre actuaciones de la Administración en
relación con los emigrantes españoles que han trabajado en Suiza para que
tengan conocimiento de sus derechos en relación con la previsión
profesional o segundo pilar de dicho país (Número de expediente
181/000905) (Página 12548)
--Del mismo señor diputado, sobre medidas para depurar las
responsabilidades que procedan por los incumplimientos con los
trabajadores valencianos desplazados como temporeros a centros de
horticultura en Holanda a través de la agencia holandesa Ago y la
española Juventud Profesional (Número de expediente 181/001022) (Página 12550)
--Del mismo señor diputado, sobre la actitud del director provincial del
Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Valladolid en la comisaría donde
estaban detenidos sus hijos (Número de expediente 181/001187) (Página 12552)
--Del mismo señor diputado, sobre medidas para rebajar en 1998 los
índices de siniestralidad laboral (Número de expediente 181/001287)
(Página 12554)
--Del mismo señor diputado, sobre balance de la siniestralidad laboral en
el año 1997 (Número de expediente 181/001288) (Página 12554)
--Del señor Vaquero del Pozo (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre balance respecto de la siniestralidad laboral del año 1997
(Número de expediente 181/001356) (Página 12558)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre evolución
de la plantilla de inspectores de trabajo y controladores laborales en el
año 1997, así como previsión para el año 1998 (Número de expediente
181/001290) (Página 12559)
--De la señora Rivadulla Gracia (Grupo Parlamentario Mixto), sobre
medidas que se van a adoptar para asegurar que las empresas públicas y,
en especial, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (Renfe) respeten
el derecho de sus trabajadoras al permiso de lactancia (Número de
expediente 181/001315) (Página 12560)
--De la señora Sabanés Nadal (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre respuesta y trámite que ha adoptado la Inspección de los
tributos ante la denuncia presentada por los trabajadores de Rebecasa por
presuntas irregularidades de ésta en relación con el ingreso de las
retenciones practicadas (Número de expediente 181/001353) (Página 12561)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Mixto), sobre actuaciones
llevadas a cabo para comprobar las denuncias formuladas sobre
infracciones de la normativa de seguridad e higiene producidas durante la
obra de la autovía de Valencia en la presa de Contreras (Número de
expediente 181/001338) (Página 12563)
--Del mismo señor diputado, sobre la razón por la que no se ha hecho
efectivo, al 1 de enero de 1998, el traspaso de competencias en materia
de empleo a la Generalidad Valenciana (Número de expediente 181/001350)
(Página 12564)
--Del señor Vaquero del Pozo (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre actuaciones para evitar que el grupo Danone, de capital
francés, dedicado a la producción y comercialización de productos
alimenticios, siga realizando una política de cierre de centros de
trabajo (Número de expediente 181/001354) (Página 12565)
--Del mismo señor diputado, sobre empresas que utilizan en sus procesos
productivos el amianto (Número de expediente 181/001355) (Página 12566)
--Del mismo señor diputado, sobre medidas para erradicar el trabajo de
los menores en España (Número de expediente 181/001363) (Página 12569)
--Del mismo señor diputado, sobre traslado al ordenamiento jurídico
español de la Directiva de la Unión Europea de 20 de enero de 1998 sobre
contratación a tiempo parcial (Número de expediente 181/001365) (Página 12570)
--De la señora Romero López (Grupo Socialista del Congreso), sobre
previsiones acerca de la realización de las transferencias a las
Comunidades Autónomas en materia de formación profesional (Número de
expediente 181/001393) (Página 12572)
--De la señora Urán González (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida), sobre medidas ante el incumplimiento del artículo 12 del Convenio
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional (Número de expediente 181/001479) (Página 12575)
Comparecencia del señor secretario general de Empleo (Pimentel Siles)
para informar sobre:
--El expediente de regulación de empleo de Tabacalera. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 212/001162) (Página 12577)
--Medidas previstas a desarrollar en el denominado tercer sector para
crear ocupación. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán,
Convergència i Unió (Número de expediente 212/001138) (Página 12582)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
ELECCION DE VACANTES. MESA COMISION:
--ELECCION DE SECRETARIO SEGUNDO (Número de expediente 041/000019).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, se inicia
la sesión conforme al orden del día. Punto número 1, elección de
secretario segundo. Van a ser llamadas SS. SS. para proceder a la
votación.
(Por el señor letrado de la Comisión se procede al llamamiento de los
miembros de la Comisión que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio de los votos.
Efectuado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: Con 25 votos a favor y nueve en blanco, queda
elegido don Angel Díaz Sol como secretario segundo de la Mesa, a quien
rogamos que se incorpore a la misma. (Aplausos.)
Antes de conceder la palabra y dar la bienvenida al secretario general de
Empleo, señor Pimentel, quisiera dar la bienvenida igualmente a la nueva
letrada de esta Cámara, señora Revuelta, que nos acompaña hoy. Espero que
esta asistencia primera a una Comisión del Congreso de los Diputados, en
este caso la nuestra, no sea la última, y que la veamos incorporada a
nuestras tareas.
PREGUNTAS:
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
PARA QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
INTENSIFIQUEN LA VIGILANCIA CONTRA LA DISCRIMINACION POR SEXO EN LOS
MISMOS, INCLUSO EN MATERIA TERMINOLOGICA (Número de expediente
181/000807).
El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder, en primer lugar, la palabra al
señor Peralta Ortega para que formule la siguiente pregunta: Medidas para
que las autoridades competentes en registro de convenios colectivos
intensifiquen la vigilancia contra la discriminación por sexo en los
mismos, incluso en materia terminológica.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Quiero hacer mías, en nombre de todos los
diputados, las palabras del presidente referidas a la letrada, cuya
presencia saludo y a la que deseo éxito que irá en beneficio de todos por
su asesoramiento. Quiero darle las gracias al señor secretario general de
Empleo por su comparecencia y paso a formularle la primera pregunta.
Señor secretario general, decidí formular esta pregunta a raíz de una
información que leí en un periódico valenciano. Decía: El titular del
Juzgado de lo Social número 2 de Alicante cuestiona en una sentencia el
término mujeres de limpieza, que figura en el convenio vigente de
industrias de panadería de Alicante. Y añade el magistrado: Como si el
hombre no pudiera ocuparse de tales menesteres.
A raíz de esta noticia, recordé que en mi práctica de abogado laboralista
eran incontables los convenios en los que había visto el término mujeres
de limpieza. Era algo absolutamente normal en mi vida profesional y no me
había llamado la atención --tengo que decirlo--, porque llega un momento
determinado en que esa normalidad no llama la atención. La acertada
reflexión de este magistrado me hizo pensar que evidentemente era una
discriminación tremenda. Este convenio había sido acortado por
empresarios y trabajadores, pero había pasado los trámites del registro
de la Administración. Este hecho me hizo pensar que estamos ante una
situación peculiar, que le planteo porque, preparando posteriormente esta
intervención --se
lo comentaba a usted en esta misma sala--, me he dado cuenta de que el
tema trasciende de los términos estrictos de la pregunta, aunque usted me
conteste en los mismos.
En el ámbito laboral, como sabe usted perfectamente, buena parte de la
normativa no procede del Estado, hay una capacidad de normativa vía
convenios colectivos de los empresarios y trabajadores. Esto
constitucionalmente es así, deseablemente es así y cuanto más, mejor.
Pero esto nos enfrenta a una realidad, y es que estos agentes sociales
pueden acordar normas legales que desconozcan algunos de los principios
constitucionales. La Administración tiene que llevar a cabo un papel de
control de esa legalidad, de ese cuerpo normativo que la Constitución
reconoce a los agentes sociales. Es evidente que la Administración debe
desempeñar un papel activo de seguimiento, especialmente en aquellas
materias en las que se constate que puede existir un riesgo de graves
incumplimientos o perjuicios. Desde luego, la discriminación de la mujer
es un tema preocupante en nuestro país y en el que todos debemos
comprometernos para corregirlo.
Me consta, señor secretario general y le consta a usted también, que por
parte de los agentes sociales hay una conciencia creciente en relación
con este tema. De hecho, en el preámbulo del acuerdo interconfederal
sobre negociación colectiva, firmado en el marco de lo que conocemos como
reforma laboral, del pasado año, literalmente se afirma que los convenios
colectivos deben poner especial cuidado en evitar la expresión de
medidas, estipulaciones o compromisos que puedan implicar
discriminaciones por sexo, raza u otros. Esto indica que por parte de los
agentes sociales existe esa conciencia de que su propia capacidad
normativa no puede incidir en este tipo de problemas.
Hoy tenemos que hablar de qué hace la Administración, en concreto, en
relación con este término que contiene la pregunta en cuanto al control y
a la terminología porque, desgraciadamente, ésta tiene también un claro
contenido discriminatorio, como es el término mujeres de limpieza que,
insisto, yo he conocido con absoluta normalidad en muchos convenios
colectivos que he tenido que manejar.
Evidentemente, el tema va más allá. Tendremos ocasión de hablar de él y
de plantearlo en términos positivos y constructivos y de encontrar
soluciones que avancen en este terreno; terreno en el que no sólo estamos
implicados los agentes políticos y la Administración sino también los
agentes sociales y económicos. Entre todos debemos conseguir que se
avance en esta materia.
Me gustaría que me contestara a la pregunta en los términos en que fue
formulada.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Me uno a su
felicitación a la señora Revuelta y amplío la felicitación a don Angel
Díaz Sol por su nuevo nombramiento, en el cual le deseo toda clase de
éxitos en sus afanes y esfuerzos parlamentarios, no tan sólo éxitos sino
también estabilidad en el puesto. En una casa, una comisión y un
ministerio que han hecho de la estabilidad en el empleo uno de sus
frentes, le deseo esos éxitos y más estabilidad que su predecesor, que
creo que ha estado mes y medio escaso. (Risas.)
La pregunta, que efectivamente es muy concreta, encierra un problema
grave e importante. ¿Existe discriminación de la mujer en el ámbito
legal? Hoy podemos decir que, en nuestro acervo jurídico, en nuestro
edificio normativo, no existe esa discriminación. Uno podría rastrear en
las leyes en vigor y prácticamente sería imposible encontrarla. No sé si
en alguna remota ley pudiera existir algún indicio pequeño, pero podemos
decir que tenemos ya un edificio normativo donde no existe esa
discriminación. Yo me atrevería a decir que en los nuevos convenios es
muy raro que aparezca discriminación alguna, pero esa discriminación, que
no aparece en los textos jurídicos, que no aparece en los convenios, como
las meigas, haberlas haylas. Muchas veces existen principios de
discriminación dentro de la vida normal de la empresa.
¿Cuál es la posibilidad que tiene la Administración laboral? Como usted
sabe, únicamente tiene un control de legalidad, lo ha expuesto usted en
su texto. No podemos entrar a analizar contenidos, las partes son libres
y los convenios son ley para las partes. El Estado, es decir, la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, sólo puede
ejercer el control de legalidad para aquellos convenios que tengan una
amplitud superior a la comunidad autónoma y las autoridades laborales
autonómicas para aquellos cuyo ámbito sea autonómico. También conoce
usted perfectamente cómo funciona el método. Una vez que se detecta una
posible ilegalidad, y la discriminación lo es claramente, se devuelve el
texto a las comisiones de negociación para que lo corrijan e incorpore,
modifiquen o eliminen aquellos aspectos que pueden atentar contra ese
principio de no discriminación.
Efectivamente, se nos plantea ya la mejora de estos convenios dentro del
control de legalidad. Hay que cuidar el aspecto terminológico, ya que no
jurídico, porque aunque no aparezcan de forma externa o explícita
posibles motivos de discriminación sí puede haber algunas claves ocultas
que permitan su existencia. Vamos a ser exquisitos en los aspectos
terminológicos. Toda la Administración
--yo puedo hablar en nombre de la Dirección General de Trabajo del
Ministerio-- va a ser exquisita en el seguimiento de estos aspectos.
En el plan de empleo ya tenemos el compromiso de modificar el artículo 28
del Estatuto de los Trabajadores para que no aparezca el concepto igual
salario, sino igual retribución. Entendemos que la retribución es un
concepto más amplio que el puro salario, pues también entrarían los
complementos y los pluses. En ocasiones hemos detectado que, en convenios
con igual salario, la retribución final para el mismo puesto era superior
para el hombre porque tenía una serie de complementos no recogidos
directamente en convenio, donde sí había esa discriminación. Por tanto,
modificaremos legalmente el Estatuto de los Trabajadores para cambiar
salario por retribución. Coincido con usted en que, planteado únicamente
el nominalismo, no parece una cuestión mayor, pero en la realidad tiene
extraordinaria importancia.
En el momento en que tengamos leyes no discriminatorias, convenios no
discriminatorios, de lo cual estamos cerca, la sociedad española,
particularmente las autoridades y los agentes sociales deben hacerse una
pregunta: ¿Qué tenemos que hacer para que no haya discriminación real?
Ahí entra, primero, una acción siempre necesaria de la Administración a
través de la Inspección de Trabajo y, segundo, la cultura propia de las
relaciones laborales en el seno de la empresa. Las organizaciones
sociales sí están cambiando su línea o dando un protagonismo muy
importante a esta cuestión en sus líneas generales, pero hay que bajar ya
ese nivel a la vida de la empresa, donde habrá que introducir nuevas
culturas y nuevos hábitos.
Creo que con este compromiso contesto la pregunta concreta que, con gran
acierto, S. S. formulaba.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
ANTE LA CONSTATADA SITUACION GENERAL DE NIVELES DE RUIDOS SUPERIORES A
LOS MAXIMOS LEGALES EN DETERMINADAS SECCIONES DE EMPRESAS TEXTILES
(Número de expediente 181/000808).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, medidas ante la constada
situación general de niveles de ruido superiores a los máximos legales en
determinadas secciones de empresas textiles, que formula don Ricardo
Peralta. Tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor secretario general, a finales del año
1996, primeros de 1997, se llevó a cabo por parte de un departamento de
la Universidad Politécnica de Valencia, en cooperación con determinadas
mutuas de la Seguridad Social, un estudio de niveles de ruido en empresas
textiles. Se analizaron veinte empresas radicadas en las comarcas
valencianas más especializadas en la producción textil: mantas, tintes,
confección, moquetas, etcétera, y se obtuvieron unos resultados
ciertamente preocupantes.
Para que se haga una idea el señor secretario general, de acuerdo con ese
informe, el 35 por ciento de los trabajadores del sector textil soporta
niveles de ruidos superiores a 85 decibelios. Esta cifra es un nivel que
la Organización Mundial de la Salud considera perjudicial, pero es que se
puede llegar hasta 110 decibelios en el caso de los trabajadores
empleados en la maquinaria que se denomina telares de lanzadera. Esta
situación de los 110 decibelios se constataba en una empresa para los
veinte trabajadores de esa sección. El estudio realizado pone de
manifiesto que la persistencia de la exposición a esta situación produce,
indiscutible e inevitablemente, un grave deterioro de la capacidad
auditiva de estos trabajadores, así como un preocupante nivel de
desprotección, de incumplimiento del Real Decreto 1316/1989, en el
sentido de que sólo uno de cada tres trabajadores utiliza elementos de
protección, lo que da lugar a que los trabajadores sometidos a esas
condiciones de ruido puedan perder la capacidad total de audición en el
plazo de diez años.
Este estudio que, insisto, estaba realizado por un departamento
científico cualificado de la Universidad Politécnica de Valencia, en
colaboración con mutuas, era continuación de otro que se había realizado
en el año 1995 en la industria de madera. En ambos se constataba esta
realidad de niveles de ruido por encima de las previsiones legales y con
un grave deterioro para las condiciones de salud laboral de los
empleados.
A mí me gustaría saber, en la medida en que la Administración tiene
conocimiento de esta realidad, qué actuaciones va a llevar a cabo para
resolver este problema que es complejo y complicado y respecto al que es
necesario que las empresas asuman una cultura de protección. Sin lugar a
dudas, es mucho más rentable la protección que provocar deterioro de las
condiciones laborales de los trabajadores, lo que implica a su vez que
éstos asuman también una cultura de protección. En definitiva, es un
esfuerzo complejo en el que la Administración tiene que llevar a cabo una
actuación prioritaria y protagonista.
Me gustaría saber qué actuaciones va a llevar a cabo la Administración en
relación con este sector concreto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de Empleo,
señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): La salud laboral,
en concreto en relación con la exposición a ruido, debe ser una tarea de
salvaguarda de determinados valores laborales y personales que
corresponde a la Administración. ¿Cómo puede actuar la Administración, el
Estado, para proteger a los trabajadores o para mejorar este ámbito de
trabajo? Desde dos frentes fundamentales: uno, el legislativo y, otro, la
actuación de la Inspección de Trabajo. ¿Qué normas están en vigor
actualmente que fijan los límites y los niveles adecuados o inadecuados
en el ámbito estricto del ruido? La legislación vigente en España es, en
primer lugar, la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, y el
Decreto 1316/1989 al que ha hecho referencia S. S., sobre protección de
los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
En la Comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo, donde están
presentes comunidades autónomas, sindicatos, empresarios y la propia
Administración general del Estado, hemos hecho un esfuerzo muy importante
para adaptar nuestras normas laborales a las directivas europeas. Le
podría decir, sin ninguna jactancia, que, en general, en cuanto a normas,
estamos en un nivel de protección equiparable, por no decir más avanzado
que algunos países en algunos ámbitos, al de la Unión Europea.
La aplicación conjunta de esta ley y del real decreto determina la
responsabilidad del empresario, que deberá realizar la prevención de los
riesgos mediante cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual tendrá que tener en
cuenta uno de los principios básicos y generales de la prevención, que es
evitar el riesgo, concretamente, evitar y
disminuir el ruido ambiental. En el caso de que sea estrictamente
imposible, entraría la protección individual de los trabajadores, pero en
el primer nivel hay que evitar ese riesgo y tomar las medidas adecuadas
para disminuir ese nivel de ruido ambiental. Desgraciadamente, no siempre
será posible y quedarán niveles residuales de riesgo, para lo que no
habrá otra solución que utilizar, por parte de los trabajadores que lo
padecen, los equipos apropiados de protección individual puestos a su
disposición por el empresario. Nacería una nueva responsabilidad del
empresario, que es la puesta a disposición, y una nueva responsabilidad
del trabajador, que es el uso de estos medios reglamentariamente
determinados.
Aunque en el real decreto sobre ruidos se fijan valores límites de
exposición --hacía S. S. referencia a ello-- y se determina la obligación
empresarial de hacer todo lo posible por reducir los niveles de
exposición al ruido por debajo de tales valores límites, al mismo tiempo
se determinan diversas medidas preventivas de mayor o menor envergadura,
según sean mayores o menores los niveles de presión acústica. En los
casos en que se superen estos valores límites --ha puesto S. S. un caso--
se obliga al empresario a tomar otras medidas añadidas, entre las cuales
destacan análisis de las causas de la superación del límite, por qué se
supera, si es inevitable y un programa de medidas técnicas específicas
dirigido a la disminución de la exposición de ruidos. La norma señala
claramente, además, que en los casos en los que en el puesto de trabajo
no resulte técnica y razonablemente posible reducir el nivel de
exposición al ruido por debajo de los límites establecidos se deberán
adoptar medidas preventivas reforzadas, entre las cuales se destaca un
reconocimiento médico anual de la función auditiva y la obligatoriedad de
utilizar protectores auditivos adecuados que reduzcan la exposición real
por debajo de los límites.
En cuanto a la segunda línea de trabajo que la Administración considera
necesaria e importante para hacer cumplir el edificio normativo que da
esa cobertura suficiente (el ministro lo ha expuesto en Pleno y
Comisión), debemos destacar la actuación de 1998, encaminada a vigilar el
cumplimiento de las normas que desarrollan la seguridad y salud en el
trabajo, entre las cuales el ruido tiene una mención específica
importante. La Inspección de Trabajo está desarrollando una buena labor
de control sobre el cumplimiento de la normativa con actuaciones
específicas en el sector textil. Estas actuaciones van desde la
realización de mediciones ambientales, programas de eliminación y
disminución de riesgos, constatación de la existencia de medidas de
protección individual y colectiva, realización de reconocimientos médicos
y una amplia tarea de formación e información a los trabajadores de este
sector sobre las condiciones de seguridad que deben aplicar para reducir
el riesgo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor secretario general, es verdad que la
protección de la salud y la integridad de los trabajadores en nuestro
país es una tarea ardua y compleja pero, a su vez, urgente. Tendremos
ocasión de tratar este tema posteriormente, pero los datos son
preocupantes.
Traigo a colación un tema que afecta, aunque no de una manera
escandalosa, a la salud laboral. Es un daño lento y continuado que sólo
afecta a una parte de la integridad del trabajador, la capacidad
auditiva, pero que pone de manifiesto la multiplicidad de causas que
terminan produciendo un resultado rechazable y dañino, cual es la pérdida
de salud íntegra de los trabajadores. Es verdad que en nuestro país
tenemos un cuerpo normativo bastante actualizado, aunque siempre
mejorable, entre otras cosas porque muchas de estas realidades vienen
condicionadas por evoluciones tecnológicas como mejores máquinas que
eviten ruido, nuevos telares que sustituyan a los antiguos y que tengan
menor incidencia en la capacidad auditiva de los trabajadores, etcétera.
Por tanto, hay que estar mejorando la normativa porque la condiciones
laborales cambian siempre.
Me surge una duda, señor secretario general, que le traslado. Dice usted
que una de las prioridades de la Inspección de Trabajo en este año 1998
es la vigilancia del cumplimiento de la normativa. Sin perjuicio de que
la Inspección de Trabajo actúe en aquellos sectores con más grave
incidencia: la construcción, minería, el mar, donde la pérdida de vidas
humanas es más evidente, sería necesario descender a actuaciones más
específicas, en concreto, en el sector textil en cuanto a la existencia
de ruido ya que en otros sectores, por ejemplo en banca, no es éste un
factor de riesgo. Sería necesario avanzar paulatinamente en la
elaboración de análisis concretos de sectores productivos, estableciendo
un diagnóstico específico de los riesgos más importantes, comprometiendo
a empresarios y trabajadores, a las organizaciones sindicales y
empresariales en medidas concretas para corregir esta situación. Ello
contribuiría a crear una cultura de prevención, y la mejor manera de
hacerlo es corresponsabilizar a los agentes económicos y sociales en la
misma.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Le remitiré a S.
S., porque puede ser de interés, las actuaciones de la Inspección de
Trabajo en el sector textil para que pueda enriquecer su conocimiento de
cuál es la tarea realizada.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE ACTUACIONES
DE LA ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS EMIGRANTES ESPAÑOLES QUE HAN
TRABAJADO EN SUIZA PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS EN
RELACION CON LA PREVISION PROFESIONAL O SEGUNDO PILAR DE DICHO PAIS
(Número de expediente 181/000905).
El señor PRESIDENTE: Punto cuatro del orden del día: Actuaciones de la
Administración en relación con los emigrantes españoles que han trabajado
en Suiza para que
tengan conocimiento de sus derechos en relación con la previsión
profesional o segundo pilar de dicho país, pregunta que formula el señor
Peralta Ortega, que tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: El señor secretario general conoce perfectamente
que el ordenamiento de la Seguridad Social en Suiza, como en general el
de otros países europeos --progresivamente nuestro sistema también se va
aproximando--, contempla un doble nivel, lo que se conoce como el primer
pilar y el segundo pilar. En el caso de Suiza, el primer pilar incluye
los seguros federales de vejez, supervivencia e invalidez, y forma parte
del contenido recogido en el convenio bilateral entre España y la
Confederación Helvética. El segundo pilar se establece obligatoriamente
en aquel país a partir del año 1985, tiene un carácter profesional y
complementario y está gestionado por unas instituciones de previsión
privada, no incluyéndose sus prestaciones en ese convenio hispano-suizo.
Esta realidad normativa ha sido aplicada a un buen número de trabajadores
españoles que, en su día, se vieron obligados a emigrar y trabajaron en
Suiza. Posteriormente, han regresado a nuestro país y seguramente por esa
condición de emigrante y por la complejidad normativa, máxime cuando lo
es de un país que no es el tuyo, desconocen los derechos que tienen. Me
consta que determinadas autoridades españolas, en concreto el Consulado
General de España en Ginebra, han llevado a cabo un trabajo importante en
esta materia en la que ya se han producido resultados significativos que
se pueden cuantificar que, además, benefician a un buen número de
trabajadores de nuestro país a los que simplemente se les pagan los
derechos que han generado trabajando en el extranjero. Es bueno que se
conozca esta situación y la mejor manera de hacerlo es que la
Administración central, en la medida en que es competencia suya, vía
Asuntos Exteriores y Seguridad Social, lleve a cabo una campaña dirigida
a ese conjunto de trabajadores españoles que en su día prestaron
servicios en el extranjero y que hoy se encuentran en nuestro país para
que tengan conocimiento puntual de la totalidad de derechos, puedan
reclamar a esos países en los que han estado trabajando y, en función de
esos trabajos, puedan ejercitar, en la medida en que lo consideren
oportuno, sus derechos. Me gustaría saber qué actuaciones se llevan a
cabo por parte de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, el
ordenamiento de la Seguridad Social en Suiza contempla una doble
composición, conocida como primer pilar y segundo pilar. El primero
incluye los seguros federales de vejez, supervivencia e invalidez y forma
parte del convenio recogido en el vigente convenio bilateral suscrito
entre España y la Confederación Helvética. En cuanto al denominado
segundo pilar, constituido obligatoriamente a partir del año 1985, hay
que indicar que tiene carácter profesional y complementario, está
gestionado por instituciones de previsión privada y sus prestaciones no
se incluyen en el convenio hispano-suizo de Seguridad Social.
Las prestaciones incluidas en el primer nivel siguen el trámite ordinario
de los acuerdos administrativos firmados para la ejecución del convenio,
siendo competentes las respectivas organizaciones de enlace para la
resolución de los derechos acreditados. En este sentido y por parte
española actúa el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de
sus respectivas direcciones provinciales en el ámbito territorial.
Por lo que se refiere al segundo pilar, en aplicación de las normas
suizas que regulan los fondos de pensiones, si el trabajador abandona
definitivamente Suiza puede solicitar la devolución de sus cotizaciones
al fondo de previsión profesional, haber de vejez, o mantener dicho
capital y recibir a su debido tiempo la pensión correspondiente. En 1997
las consejerías laborales en Suiza y sus dependencias han recibido 5.138
solicitudes de devolución de cotizaciones a la previsión profesional
--segundo pilar--, de las cuales 4.174 han sido enviadas por las
direcciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social y 964 han sido
remitidas directamente por los interesados.
Tras el examen de dichas solicitudes se ha constatado --y es un número
muy importante-- que 4.596 personas no tenían derecho a la devolución de
las cotizaciones que reclamaban, bien porque no habían aportado esas
cotizaciones, bien porque se demostró que las cajas de pensiones o las
empresas habían abonado ya con anterioridad las cotizaciones que ahora
solicitaba de nuevo el trabajador, mientras que en otros 277 casos los
solicitantes sí tenían derecho a recuperar las cotizaciones efectuadas. A
finales de 1997 permanecían pendientes de resolución las 265 restantes. A
todas estas personas se les ha informado por escrito de su situación y
del posible derecho a prestaciones de jubilación del seguro de vejez y
supervivencia cuando cumplan la edad requerida.
Además, con independencia del examen y resolución de las solicitudes
presentadas, se ha desarrollado una actividad de oficio a partir de las
informaciones facilitadas por las cajas de pensiones, comprobándose que
en otros 481 casos el trabajador había aportado cotizaciones y no las
había reclamado por lo que la Consejería laboral localizó la empresa o
caja de pensiones y procedió, en nombre del interesado, a reclamar las
cuotas. Es una actividad importante y loable de la que nos hemos
felicitado porque partió de oficio y de la Administración. En conjunto,
en el año 1997 respecto a las personas con derecho a devolución, se ha
recuperado un total de 161.560.000 pesetas, 1.568.546 francos suizos.
Como ya se indicaba antes, además de analizar individualmente las
solicitudes recibidas y de realizar en su caso las averiguaciones
pertinentes para localizar las cotizaciones y proceder a la solicitud de
la devolución, la Consejería laboral y de asuntos sociales efectuó una
selección al azar de 73 cajas de pensiones y les remitió un escrito
solicitando la lista de trabajadores españoles no residentes en Suiza que
teniendo derecho a las prestaciones no las hubieran solicitado por uno u
otro motivo y a la Oficina federal
de seguros sociales se le ha planteado el problema de las cotizaciones
devengadas y no percibidas, expresándose el deseo de buscar soluciones
para que los titulares de los fondos accedan a las prestaciones que les
correspondan.
Su señoría debe comprender la complejidad de esta tarea, porque existen
en la Confederación Helvética entre 12.000 y 14.000 cajas de pensiones y
los datos de los beneficiarios de los fondos no están centralizados. La
reclamación de trabajadores españoles y de otros está haciendo posible
que se pongan en marcha en el país reformas legislativas necesarias para
poder centralizar estos datos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel por su detallada
contestación.
Decía usted en su intervención que el tema era complejo. Sin lugar a
dudas es complejo, tanto por lo que se refiere a la situación en Suiza
--ha hecho usted referencia al número extraordinario de entidades
privadas que gestionan este denominado segundo pilar-- como por la
dispersión y multiplicidad de trabajadores españoles que en su día han
trabajado en ese país. Suiza ha sido uno de los países donde ha habido
una emigración española importante, cuantitativamente numerosa. Estas dos
circunstancias, señor Pimentel, exigen el que la Administración lleve a
cabo una tarea activa. Me consta que se está haciendo esa tarea. Ha dicho
usted que el Consulado español en Ginebra ha llevado este tema y tengo
que decir que me uno a esa loa del trabajo realizado, que ha producido
unos resultados significativos pero, a tenor de la experiencia, creo que
todavía mucho por hacer y yo le animaría a que lo llevara a cabo porque
puede producir resultados importantes en defensa de los derechos de
trabajadores españoles que tuvieron la desgracia de tener que emigrar
para encontrar empleo o por otras circunstancias y que deben recibir el
respaldo de nuestro país para que les sean reconocidos en su integridad
los derechos que hayan podido generar y no se pierdan por error,
ignorancia o cualquier otra circunstancia de los propios trabajadores, o
por la complejidad de la normativa de un país extranjero. La
Administración puede conocer quienes han estado prestando servicios allí
y proporcionarles un mínimo de información para que sepan si tienen o no
derecho a esta prestación. Ello sería positivo y se obtendrían resultados
en la línea de los alcanzados hasta ahora.
Señor Pimentel, ampliando un poco el tema --no sé si está usted en
condiciones de contestarme--, me gustaría referirme a que la cuestión
estaba ligada a la posibilidad de que Suiza se hubiera integrado en el
espacio económico europeo, posibilidad que finalmente aquel país rechazó
en un referéndum y que hubiera tenido incidencia en esta materia. Me
consta que en un momento determinado se dijo que se estaba renegociando
un acuerdo por parte de la Unión Europea y Suiza que incluiría temas
relativos a la Seguridad Social. No sé si está en condiciones de
explicarme este tema o decirme en qué medida está haciendo gestiones la
Administración española para establecer períodos transitorios que no
afecten ni perjudiquen posibles derechos de ciudadanos españoles. Si
puede referirse a esta materia, le agradecería que me diera alguna
información.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Teniendo
conocimiento del proceso de negociaciones --varias veces hemos estado en
Suiza por este tema jurídico, que es uno de los más complejos que
quedan--, desgraciadamente hoy no le puedo anticipar nada porque no tengo
la última información de un tema que cambia. Le confirmo que
efectivamente se está negociando en esa línea y espero --por eso abogamos
todos-- que tenga un feliz término que permita la protección de los
muchos trabajadores españoles que durante un período de su vida
desarrollaron su actividad laboral en Suiza.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
PARA DEPURAR LAS RESPONSABILIDADES QUE PROCEDAN POR LOS INCUMPLIMIENTOS
CON LOS TRABAJADORES VALENCIANOS DESPLAZADOS COMO TEMPOREROS A CENTROS DE
HORTICULTURA EN HOLANDA A TRAVES DE LA AGENCIA HOLANDESA AGO Y LA
ESPAÑOLA JUVENTUD PROFESIONAL (Número de expediente 181/001022).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día, pregunta
que formula igualmente el señor Peralta acerca de las medidas para
depurar las responsabilidades que procedan por los incumplimientos con
los trabajadores valencianos desplazados como temporeros a centros de
horticultura en Holanda a través de la agencia holandesa AGO y de la
española Juventud Profesional.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor secretario general, doy por reproducido el
tenor de la pregunta que ha leído el presidente de la Comisión. Me
gustaría saber qué actuaciones y qué medidas se han llevado a cabo por
las autoridades españolas.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): A principios del
pasado mes de octubre, señorías, 200 españoles se desplazaron a los
Países Bajos para trabajar en la confección de mercancía destinada a las
fiestas de Navidad, con intermediación de la empresa valenciana Juventud
Profesional, Sociedad Limitada, ETT y de la empresa de trabajo temporal
holandesa AGO. El 7 de octubre aparece en un importante medio nacional la
primera información al respecto y el 13 continúa con un reportaje más
extenso, informando que la situación laboral
era adecuada y contaba con la conformidad del sindicato holandés FNV. No
obstante, ante las insatisfactorias condiciones laborales, de residencia
y manutención y la comunicación del cese de la relación laboral, 140
jóvenes vuelven a España y 68 permanecen por voluntad propia en Holanda,
trabajando hasta el 24 de octubre en una nueva relación laboral con la
empresa holandesa.
La Consejería Laboral y de Asuntos Sociales en los Países Bajos, en el
marco de las competencias que tiene asignadas para desarrollar la acción
protectora del Estado español hacia sus emigrantes, realizó las
siguientes gestiones: contacto con la empresa holandesa de trabajo
temporal AGO, responsable de la colocación de los 200 trabajadores,
requiriendo la relación de trabajadores y los lugares de trabajo.
Desplazamiento, el día 14 de octubre, a los lugares de residencia, el
albergue juvenil en la ciudad de Elest, para comprobar las condiciones de
trabajo, donde se verifica que las circunstancias laborales de residencia
y manutención no eran adecuadas. La solución sí se pudo hacer con mucha
rapidez y se arregló todo el problema de manutención de estos
trabajadores.
Ante la comunicación a los trabajadores por la empresa valenciana el día
15 de octubre el cese de su trabajo por problemas económicos de la
empresa holandesa, la Consejería Laboral facilitó las gestiones
necesarias para garantizar la manutención y alojamiento de los jóvenes y
agilizar su traslado, con el seguimiento y la visita personal del
consejero laboral al albergue, tanto el día 15 como el 16 de octubre,
fecha en la que iniciaron el viaje a España 140 jóvenes. Se contactó con
el responsable del sindicato holandés FNV, quien manifestó su compromiso
de exigir a la empresa AGO el cumplimiento de las normas laborales
vigentes en su país. Respecto a los 68 jóvenes que se quedaron por
voluntad propia, rescindida la relación laboral con la empresa
valenciana, la Consejería Laboral mantuvo constantes contactos con el
sindicato FNV para garantizar las condiciones de trabajo de los españoles
y el cónsul de España en Amsterdam visitó el centro de trabajo en
Utrecht, donde se encontraban, y ningún trabajador español le manifestó
tener problemas.
La inspección de trabajo de Valencia, a su vez, realizó las siguientes
actuaciones en relación con la empresa valenciana Juventud Profesional
ETT, Sociedad Limitada, e intermediaria en el desplazamiento: el mismo
día 17 de octubre, día de llegada de los autobuses españoles procedentes
de Holanda, se requirió a la empresa para que compareciera ante la
inspección y aportase una serie de documentos, que entregaron el 24 de
octubre, iniciándose las correspondientes actuaciones para verificar si
había existido una posible cesión ilegal de trabajadores. Tales
actuaciones concluyeron el 26 de enero de 1998, extendiéndose acta de
infracción a la empresa Juventud Profesional ETT, Sociedad Limitada, por
cesión ilegal de trabajadores a otra empresa, en cumplimiento de la Ley
14/1994, reguladora de las empresas de trabajo temporal. La infracción
detectada consistió en que la citada empresa española cedió tales
trabajadores a la entidad de nacionalidad holandesa AGO, siendo ésta otra
empresa de trabajo temporal, situación expresamente prohibida por nuestra
legislación. Consecuentemente, hubo un acta de infracción que contenía
una propuesta de sanción de 2.500.000 pesetas, sanción que ha sido
recurrida por la empresa, por lo que actualmente se encuentra pendiente
de resolución.
Por último, respecto a las posibles infracciones que en materia laboral
hubieran podido cometerse en territorio holandés en relación a los
referidos 250 trabajadores, es algo que no puedo contestar en estos
momentos, aunque nuestra Consejería Laboral lo está siguiendo, dado que
pertenece a la competencia de las autoridades holandesas.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias por su detallada contestación, que pone
de manifiesto que por parte de la Administración española se ha hecho un
trabajo positivo. Tengo que decirle que de este trabajo positivo que se
ha hecho podríamos sacar algunas conclusiones. La primera de ellas haría
referencia a que en un mercado económico y laboral cada día más abierto
estos desplazamientos de trabajadores se constituyen en una realidad
positiva y que debe merecer un determinado seguimiento por parte de la
Administración, en la medida que se pueden producir situaciones de
explotación por pasar de los mecanismos establecidos ya y operativos en
un país a otro en el que difícilmente funciona.
En este sentido, es difícil sacar conclusiones que puedan conseguir que
los mecanismos de protección social no pierdan su efectividad como
consecuencia de estos desplazamientos. Habría que ver en qué medida se
consigue avanzar en esta situación y llevar a cabo actuaciones
preventivas que en la medida de lo posible eviten tener que actuar cuando
ya se ha producido un perjuicio. Por tanto, ésta sería una primera
reflexión que plantearía al señor secretario general a la luz de estos
acontecimientos. Recuerdo que en otra ocasión anterior, en esta misma
Comisión pudimos tratar alguna situación de este tipo. Se ha planteado en
este caso concreto en Madrid, con desplazamiento de trabajadores, y por
consiguiente creo que es una realidad que nos obliga a ver cómo mejoramos
las situaciones de protección.
La segunda reflexión, señor secretario, hace referencia a que se trata de
empresas de trabajo temporal. Es verdad que en nuestro país existe hoy
legalidad que permite el funcionamiento de empresas de trabajo temporal,
pero no es menos cierto que se constatan excesos e incumplimientos de la
legalidad por parte de esas empresas. Me consta que por parte de la
Administración se hace un seguimiento de esta realidad y creo que sería
bueno que de ese seguimiento se sacaran conclusiones de cara a conseguir
que las empresas de trabajo temporal puedan cumplir en la realidad las
funciones que las justificaban para su legalidad y no nos encontremos con
actuaciones que desbordan la legalidad, falsean el mercado laboral y
contribuyan a perjudicarlo.
Serían dos reflexiones que le plantearía al secretario general a partir
de una actuación que celebro se haya y llevado a cabo y lamento que se
haya tenido que llevar a cabo en los términos posteriores a los hechos y
exclusivamente
sancionadores, que posiblemente estarán justificados, aunque éste será un
tema que se establecerá a través de los organismos administrativos y
jurisdiccionales competentes.
El señor PRESIDENTE: Puede responder, señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles). Unicamente quiero
ampliar el ámbito de reflexión. Además, ésta es una reflexión que los
responsables laborales nos hacemos continuamente. Bien es cierto que
existe la Unión Europea tenemos una zona geográfica amplia donde hay
libertad de capital y, como usted bien sabe, libertad de trabajadores y
de personas. Creo que esta libertad de movimiento es deseable. La
movilidad geográfica en lo laboral, siempre que sea una movilidad
geográfica positiva, voluntaria y que se haga para mejorar las
condiciones de trabajo, para desarrollar una actividad profesional en una
región o en un país distinto de donde se es nativo, tiene efectos
positivos. Es más, puedo avanzar que entre todos los países de la Unión
Europea podríamos lograr un enriquecimiento mutuo si fueran normales los
desplazamientos laborales, temporales o indefinidos, en función de la
voluntad libre de trabajadores y empresarios.
Como usted sabe --y no le podría aportar datos ahora, ya que es una
reflexión que comparto con usted-- hubo un retroceso muy importante, yo
creo que afortunado, durante unos años de la situación de los españoles
que trabajaban fuera de nuestro país, retroceso porque no era una
emigración positiva, sino forzada y por tanto no deseable. También es
consciente usted de que España se ha convertido en un país de
inmigración, retornan afortunadamente a su lugar de origen --y éste es un
proceso extraordinariamente positivo-- trabajadores españoles, pero de
forma simultánea y también afortunadamente empieza a aparecer un nuevo
movimiento, ya no necesariamente de mano de obra poco cualificada, como
fue la emigración de los años sesenta y setenta, sino de estudiantes,
profesionales, incluso ejecutivos, y es una consecuencia necesaria del
proceso de la Unión, que están ya desarrollando su actividad profesional
en otros países de la Unión Europea. Esto se está incrementando de forma
sensible.
Sobre del actual Gobierno, del cual tengo experiencia personal, me
gustaría darle el dato, ya que tenemos muchos miles de desplazamientos
laborales y profesionales al ámbito de la Unión Europea. Respecto a que
haya tenido problemas de cierta entidad esta Secretaría de Empleo, tengo
que decirle que tan sólo se han producido en dos casos, el de los
trabajadores de Berlín, que fueron a una empresa fraudulenta, y este caso
en el que ha habido una cesión ilegal, como le he comentado, de una ETT a
otra ETT.
Si me permite, le digo que son escenarios muy reducidos en un muestreo,
es decir está funcionando con mucha normalidad esta transferencia de
personas que trabajan, ahora con carácter temporal, por lo que no se
trata de un desplazamiento definitivo, incluso los ejecutivos van por un
período temporal; así, pues, esta nueva emigración no está dando
realmente grandes problemas. De hecho, en los casos que aparecen
dificultades nosotros procuramos por supuesto actuar son la máxima
diligencia y todos nuestros consulados y nuestras consejerías laborales
tienen orden expresa de ponerse a disposición de los trabajadores desde
el primer día, pero por otra parte entiendo que no hay que magnificar
sobre la opinión pública la sensación de desamparo en que se encuentran
los trabajadores españoles cuando salen fuera, porque tal desamparo, al
menos en el ámbito de la Unión Europea, no existe. Estos problemas se
presentan a diario dentro de nuestras propias fronteras. Cuando existe un
desajuste hay que solucionarlo, hay que proteger a los trabajadores, pero
es positivo; creo que no hay que dar una imagen negativa, problemática o
de desamparo a los trabajadores que salen fuera de nuestras fronteras,
porque entiendo que cuando este desplazamiento es voluntario y una
consecuencia positiva más de la Unión Europea, puede dar agilidad a
nuestro mercado laboral.
En cuanto a las ETT, sabe usted que es una realidad ya prácticamente en
toda Europa; quedaba Italia y también las van a tener. Creo que
desarrollan una tarea sumamente beneficiosa, aunque hay aspectos que
tenemos que ir mejorando porque es una realidad nueva; hay un control y
un seguimiento estricto; este Gobierno no va a satanizar las ETT ni
tampoco va a hacer una loa pública exacerbada de las virtudes de la ETT,
pero no la va a satanizar porque cree que tiene una parte positiva, que
ha supuesto por lo pronto que flore mucho empleo que antes estaba
sumergido y que permite ahora una vía para canalizarlo dentro de la
realidad, aunque es cierto que ha existido, como la que hemos comentado,
algunas disfunciones propias de un sector emergente, un sector que en
algunos casos bordea situaciones no suficientemente legislada hasta este
momento y hace que sea, eso sí, objeto de seguimiento muy especial.
Por último, tengo que decirle que hay una mesa abierta con sindicatos y
empresarios para posibles reformas en el ámbito de la Ley de ETT, en la
que se va a incorporar la restricción a la cesión de trabajadores en
aquellas actividades y sectores que tengan especial peligrosidad.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE ACTITUD DEL
DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DE VALLADOLID
EN LA COMISARIA DONDE ESTABAN DETENIDOS SUS HIJOS (Número de expediente
181/001187).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6, que es la pregunta que
formula don Ricardo Peralta acerca de la actitud del director provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Valladolid en la comisaría donde
estaban detenidos sus hijos.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, en un medio de comunicación de
ámbito nacional se recogía el pasado 16 de enero una información que
decía que el Sindicato Unificado de Policía pide el cese del director del
Instituto Nacional de Empleo Inem, de Valladolid, por amenazar a
policías.
Esta información recogía el texto de un comunicado del Sindicato
Unificado de Policía en el que se pedía a la Delegación el Gobierno de
Castilla y León el cese del citado director del Inem por abuso y
desviación de poder --literalmente--, al utilizar la potestad que se le
ha conferido para coaccionar el ejercicio legítimo de la labor policial.
Esto decía el Sindicato Unificado de Policía en un comunicado.
Por su parte, el director provincial del Inem en Valladolid, según
declaraciones que realizaba a ese diario, acusaba a los agentes que
habían presentado a sus hijos en las dependencias policiales --se había
producido un incidente de este tipo-- de haber causado heridas a los dos
jóvenes al golpearles en la cabeza con la linterna, y entraba en detalles
que me ahorro leer aquí públicamente por no darles más publicidad. El
señor citado, director provincial del Inem, señalaba a El País su
intención de presentar dentro de poco denuncia contra los policías que
denunciaron a sus hijos, significando que siempre ha tenido un respeto
escrupuloso a las fuerzas de seguridad, pero que algunos de sus miembros
sólo tienen de bueno el uniforme.
Sinceramente, señor secretario de Estado, es una situación poco
edificante el señor director del Inem haciendo estas declaraciones y el
Sindicato Unificado de Policía haciendo estas peticiones en relación con
el director provincial del Inem. Ante esta situación le pregunto, tal
como indicaba el presidente, si ha realizado el Gobierno alguna
investigación para esclarecer los hechos denunciados, y si como
consecuencia de esta investigación ha sacado alguna conclusión, porque
desde luego no parece que sean el mejor ambiente y la mejor actuación por
parte de entidades y autoridades que, en definitiva, guardan relación con
la Administración del Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente no
es una situación edificante, no lo es. Tampoco podría dar la razón a S.
S. cuando dice que son instituciones. En este caso son personas; aunque
pueden tener una responsabilidad determinada en el ámbito institucional,
se trata de un problema no edificante que afecta al ámbito personal.
En efecto, como sabe, la noche del 26 de diciembre de 1997, don Luis
Cecilio Escorial se personó en una de las comisarías de policía de
Valladolid, tras recibir aviso de que sus hijos se encontraban detenidos
con motivo de una pelea producida en una discoteca de la ciudad. La
intención de don Luis era interesarse por las causas de la detención y
comprobar el estado en que se encontraban sus hijos. Sin embargo, lo
ocurrido allí aquella noche, sobre lo que usted ha apuntado algunas
líneas y no me extenderé, motivó una denuncia del Sindicato Unificado de
Policía contra él, por estimar que su comportamiento no había sido
correcto. En todo caso la denuncia se ciñe al comportamiento que tuvo el
director personalmente la noche que fue a la comisaría, no en el
ejercicio de su actividad administrativa ordinaria.
A la vista de esta denuncia, el subdelegado del Gobierno en Valladolid
decidió realizar una información reservada con el fin de reunir los datos
necesarios para conocer los hechos que se habían producido. Dicha
información reservada concluyó el pasado 4 de febrero emitiéndose por
parte del subdelegado del gobierno el correspondiente informe. Del
análisis objetivo de los hechos que se ha llevado a cabo se desprende,
por el informe que nos remiten, que la conducta del señor Escorial debe
enmarcarse en el estado de inquietud personal, emocional y de nerviosismo
de su función de padre ante la situación de sus hijos que se encontraban
en comisaría; preocupación que puede limitar un tanto el comportamiento
puntual de esa noche en los diez o quince minutos que estuvo allí. Ha
entendido que la actuación del denunciado, que no es loable, no es ni
mucho menos edificante y no tiene relación alguna con el desempeño de su
puesto de trabajo como funcionario, no desprendiéndose, por tanto, de
ella ninguna responsabilidad disciplinaria dentro de las vías
administrativas.
La denuncia sigue por su ámbito correspondiente, pero no parece que haya
lugar a trámite por vía administrativa dentro del ámbito propio de
trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por su contestación,
que creo esclarecedora.
Tengo que decirle, señor Pimentel, que conocía los hechos a través de una
parte concreta y a través de lo que se ha publicado en los medios de
comunicación. Más allá de la versión parcial, lo que apareció en los
medios de comunicación me parece una situación poco positiva desde un
punto de vista de normalidad democrática.
De lo que usted me dice parece desprenderse que quizá se produjo algún
exceso por parte del director provincial del Inem aunque no estuviera
actuando en esa condición --parece ser que sí la reclamó en algún momento
determinado de sus actuaciones--, pero en todo caso créame, señor
Pimentel, que más allá de lo que pudiera ocurrir en esa comparecencia del
señor Escorial en la comisaría, en la que hay que entender que la
preocupación por la situación de sus hijos pudiera condicionarle, lo
cierto es que a continuación hace declaraciones públicas a medios de
comunicación; declaraciones que no se llevan a cabo el día 26 de
diciembre, sino que aparecen recogidas el 16 de enero en un medio de
comunicación y en las que se permite descalificar, en términos desde
luego poco positivos, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.
Me dice usted que esto no guarda relación con su condición de funcionario
de director del Inem. Posiblemente no guarde relación con su condición de
director provincial del Inme, pero sí creo que guarda relación con su
condición de funcionario del Estado, con su condición de autoridad, y ese
tipo de cosas es difícilmente justificable. Esa distinción que hacen
ustedes entre que como director provincial del Inem cumple y como
director provincial del Inem o como ciudadano se puede permitir
descalificar a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado me resulta defícilmente
admisible desde un punto de vista de normalidad democrática.
Creo que ustedes deben reflexionar con tranquilidad sobre este tipo de
actuaciones, porque en definitiva la Administración del Estado es única y
quien es autoridad en la Administración es autoridad en la Administración
del Estado. Es verdad que la dirección provincial del Inem tiene un
ámbito de competencias delimitado, pero no es menos cierto que forma
parte de la Administración y que el director provincial tiene un nivel de
autoridad determinado, por lo que no es propio ni adecuado que se permita
manifestaciones públicas que nos parecen ciertamente poco edificantes,
como usted ha dicho, pero que en mi opinión son ciertamente rechazables y
deberían tener algún tipo de consecuencias. Estoy convencido de que
reflexionando tranquilamente sobre este tema sacarán ustedes conclusiones
más o menos en la misma línea.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Unicamente quiero
comentar a S. S. que mi intervención se ha ceñido a los hechos del día de
la comisaría. No tenía conocimiento de las posteriores declaraciones,
pero voy a informarme acerca de las mismas. Toda mi intervención ha
girado exactamente y de acuerdo con el informe que tengo a mi
disposición, en torno a lo que pasó en la comisaría, repito, que
claramente se sitúa en el ámbito personal en aquel momento y de lo que no
se deriva ninguna conclusión administrativa. Hay un estado emocional en
la comisaría, el padre entiende lo que usted conoce, que han sido
maltratados, mientras la policía entiende que el padre se ha enfrentado a
ellos. Nosotros hemos entendido que entraba dentro de ese ámbito y no le
hemos dado importancia administrativa. No conocía estas manifestaciones
públicas pero me informaré acerca de las mismas, porque, repito, mi
intervención se ha ceñido a lo derivado del día 26, no a las posteriores
informaciones, que no conocía.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS
PARA REBAJAR EN 1998 LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL (Número de
expediente 181/001287).
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE BALANCE DE
LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN EL AÑO 1997 (Número de expediente
181/001288).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7, pregunta realizada por don
Ricardo Peralta, sobre medidas para rebajar en 1998 los índices de
siniestralidad laboral.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Si le parece, señor presidente, y por una
cuestión de orden abordaría las preguntas 7 y 8 simultáneamente, porque
hacen las dos referencia a la siniestralidad laboral, una por lo que se
refiere al balance de 1997 y la otra a las medidas para el año 1998, por
lo que en una única intervención se puede tocar un tema que, en
definitiva, es el mismo.
Por lo que se refiere al balance del año 1997, señor Pimentel, hemos
tenido ocasión de discutirlo tranquila y ampliamente en esta Cámara, no
en la Comisión de Política Social sino en el Pleno, en virtud de una
interpelación que presentamos hace aproximadamente un mes, donde tuvimos
un debate con el ministro acerca de la realidad del balance del año 1997
y coincidíamos tanto el ministro como nuestro grupo, y en general todos
los grupos parlamentarios, en que la situación era muy preocupante. Se
había producido un incremento significativo de siniestralidad laboral en
el año 1997 que no venía motivado por el incremento que se había
producido en la actividad económica y en la laboral, y esa evolución
resultaba más preocupante por cuanto se había producido coincidiendo con
la entrada en vigor de una nueva legislación, y con una voluntad por
parte de todos de corregir un tema que desde antiguo alcanza en nuestro
país unos niveles más que preocupantes.
Por tanto, sobre ese debate referido al balance del año 1997 (en el que
me gustaría, no obstante, que hiciera alguna valoración más allá de datos
estrictos, que posiblemente ya son conocidos a través de esa
interpelación) quizá esté el secretario general en condiciones de
hacernos alguna valoración más de conclusiones y de reflexiones
genéricas, sobre todo extrayendo lo que puedan ser líneas de actuación de
cara al futuro, pero yo me quisiera centrar especialmente en lo que se
refiere a este año 1998.
Si decíamos que el balance de 1997 era muy preocupante, creo que en estos
momentos, señor Pimentel, estamos de acuerdo en decir que la evolución de
este año 1998 es inadmisible y nos obliga a todos a reflexionar sobre lo
que está pasando y qué medidas es necesario adoptar.
La semana pasada tuve conocimiento a través de informaciones, de que en
el caso concreto de Madrid se había producido un accidente que elevaba a
14 el número de obreros en la construcción muertos en lo que llevamos de
año; decía el medio de comunicación que publicaba esta noticia que
suponía un 40 por ciento más que en el mismo período de 1997, y hay más
informaciones de este tipo, que al día de hoy, desgraciadamente, ya no
están actualizadas. Ayer, en una reunión que tenía con responsables de la
federación de la construcción de un sindicato, me informaron de que se
había producido algún nuevo accidente que había elevado ya esta
estadística. Este tipo de datos coincide con los que tengo conocimiento
que se están produciendo en el país valenciano, donde en el ámbito de la
construcción tuvimos un comienzo de año especialmente negro. Creo que
ayer en Cataluña se producía una movilización de trabajadores del sector
de la construcción, entre otras causas por ésta. En definitiva, insisto,
nos encontramos ante una situación inadmisible y que nos debe obligar a
pensar qué hacemos, porque parece que los cambios normativos que se han
llevado a cabo, importantes y positivos sin lugar a dudas, quizá
producirán efectos en un determinado
plazo, pero lo cierto es que en el más inmediato la situación no puede ir
peor.
Digo esto no como crítica a la Administración, lo digo como una realidad
que a todos nos preocupa, por supuesto a la Administración en primer
lugar, y que nos obliga a aumentar los esfuerzos de todos para que esta
situación se corrija; no sólo se pare sino que se corrija, porque es
necesario que nuestro país no siga en esta senda de siniestralidad
laboral ciertamente preocupante desde todos los puntos de vista y en
primer lugar desde el punto de vista del drama humano. Creo que uno de
los trabajadores que fallecía la semana pasada era un joven en su primer
día de trabajo, que tuvo la desgracia de sufrir un accidente y falleció.
Son realidades que llaman la atención y afectan a la sensibilidad de
cualquier persona. Insisto que en primer lugar hay que corregirlo por el
tremendo daño humano en coste de vidas, pero en segundo lugar y hay que
decirlo con claridad, porque desde el punto de vista económico esto tiene
un coste inadmisible e inasumible y en algún momento los empresarios de
nuestro país tendrán que echar cuentas y llegar a la conclusión de que
ésta no es una vía adecuada. Sobre todo también hará falta que por parte
de la Administración se tomen las medidas necesarias para que esta
convicción que parece cuesta que entre por la vía normal de la
racionalidad y del sentido común se haga realidad, aunque sea por la vía
imperativa y sancionadora.
Ayer, en ese contacto con un sindicato a que hacía referencia, me decían
que los empresarios tienen establecido que un accidente y una muerte
cuestan 15.000.000 de pesetas y prefieren jugar a la ruleta rusa, ver si
no les toca, se han ahorrado esos 15.000.000 de pesetas, y por eso no
adoptan las medidas de precaución. No sé si ésta es la realidad o no, no
lo sé; pero sí sé, señor secretario general, que estamos ante una
realidad inadmisible y no podemos refugiarnos ya en decir que se han
tomado medidas positivas de cambio normativo, que tarde o temprano
producirán efectos; que se han adoptado medidas positivas en el ámbito
operativo, que también tarde o temprano producirán efecto, pero lo bien
cierto es que hoy la situación va a peor y que eso nos obliga a una
respuesta.
Sé que seguramente ésta es la pregunta más dura y más difícil de la serie
que le estoy haciendo, pero no se la hago yo, se la hacen los datos que
están en la realidad y que le obligan a usted como secretario general y,
en conjunto al Ministerio de Trabajo, a dar una respuesta a tono y
adecuada a esta realidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente es
una pregunta muy importante en una materia muy sensible. Como usted sabe,
por lo menos así intentamos exteriorizarlo desde el Ministerio de
Trabajo, existe satisfacción con algunas cifras y con alguna evolución
--la oposición incluso nos dice que muchas veces practicamos el
triunfalismo--, en general en el ámbito de nuevos empleos, de estabilidad
en el mismo, de avance y mejoras sociales en algún tipo de contrato, en
los que modestamente entendemos que hay un balance positivo lo cual nos
llena de satisfacción.
Sin embargo, hay una materia donde las cifras no avalan la trayectoria de
las políticas emprendidas que nos llenan de preocupación y que tenemos
que mostrarlas tal como son. La línea de la casa fue hacer públicos los
datos tal como eran que --como usted insiste en ello-- son datos que en
ningún caso una sociedad moderna occidental puede permitir y desarrollar
en su seno; por tanto no pondré ni un solo pero a su valoración de las
cifras que cantan por sí solas.
Quiero reconocer la tarea de esta Cámara que ya en numerosas ocasiones ha
tratado estas cuestiones, en el último caso fruto de una interpelación
con la comparecencia del ministro de Trabajo el pasado día 18,
interpelación que posteriormente dio lugar a una moción que fue aprobada
casi por unanimidad y que recoge la serie de líneas de actuación que es
necesario intensificar para conseguir resultados importantes en esta
materia de siniestralidad laboral, línea que el Gobierno --se lo puedo
decir-- comparte plenamente y que tiene el compromiso de desarrollar.
Para una próxima Comisión nacional de Seguridad y Salud, que vamos a
celebrar a principios de junio --los días, 2, 3 ó 4, no recuerdo
exactamente-- ya he remitido a la partes el texto de la moción y del
debate para ver cómo aplicamos y desarrollamos lo previsto en la moción.
Nos parece acertado, y por mis contactos con los agentes sociales sé que
también se lo parece a ellos, y vamos a incorporar todos esos elementos;
algunos ya estaban puestos en marcha pero hay que intensificarlos, y se
nos apuntaba alguna línea novedosa que vamos a recoger. En este caso el
Gobierno, asumiendo que los datos no son nada positivos sino francamente
negativos, entiendo que debe enriquecerse con las aportaciones de unos y
otros a fin de intentar solucionar un problema que es gravísimo, para el
que no hay paliativos de ningún tipo y personalmente cuando estoy en el
despacho y comienzan a llegar los teletipos con noticia de algún
accidente, desgraciadamente en algunos casos mortales, no sólo siento una
sensación de frustración personal por no poder evitarlo sino la sensación
de que en este momento estamos con unas cifras intolerables dentro de una
sociedad, repito, moderna y occidental. En el caso del balance del año
1997 que ya conocen, les voy a dar los datos más destacados que avalan
esta gravísima situación y preocupación compartida; no podría intentar
argumentar a favor de nuestra situación.
Los accidentes con baja laboral fueron 676.644 que supusieron un
incremento del 9,8 frente al año 1996. De este total, 665.000 fueron
leves, el 10 por ciento más que en 1996; 10.400 fueron graves, en este
caso se produjo una bajada del 2,7 respecto a 1996; y 1.070 fueron
mortales, el 9 por ciento más que el año anterior. Conviene precisar que
cuando hablamos de accidentes mortales también nos referimos --y es un 30
por ciento-- a casos de muerte por problemas cardiovasculares; los
incorporamos, aunque en algunos países europeos no se hace así, y por eso
a veces la comparación estadística resulta compleja. En nuestra
situación, y lo hemos querido mantener sobre todo para que la comparación
relativa sea válida, los problemas cardiovasculares
ocurridos en ámbito y tiempo de trabajo se computan como accidente y
muerte laboral, cuando sabemos que una defunción por problemas
cardiovasculares no necesariamente tiene una causa laboral, pero así
está.
Por sectores de producción el mayor incremento lejos de lo que se piensa
que parece es en la construcción, se produjo en el sector servicios con
el 12,7 por ciento llamando la atención el fuerte crecimiento que se ha
producido en los accidentes mortales, el 18,2 por ciento. No obstante, al
analizar detenidamente el sector servicios los accidentes se concentran
de forma importante en dos ramas de actividad: transporte y comercio al
por mayor. La tasa de siniestralidad, número de accidentes por cada mil
trabajadores expuestos al riesgo, ha aumentado en todos los sectores
salvo en la construcción donde se ha producido el descenso de algo más de
dos puntos. Sin embargo, la construcción sigue siendo el sector más
problemático desde el punto de vista de la seguridad, con una tasa del
146,2, la más alta del conjunto de actividades económicas. Hay que
reconocer la extrema gravedad del sector de la construcción, sin embargo
es bueno saber que ha habido un cambio de tendencia de la construcción y
es en otros sectores donde se está incrementando esa siniestralidad.
Desde el punto de vista territorial, y tenemos que empezar a analizar
esta óptica --no es un intento de excluir responsabilidades, las asumimos
y no vamos a hacer ningún tipo de valoración justificante--, tenemos que
ir creando un sistema de hacer afectiva la distribución de competencias.
Las competencias están transferidas en la gestión de lo que es la
seguridad en el trabajo. Al Estado le corresponde la inspección de
trabajo y el ámbito de la norma. Hemos trabajado mucho en normas, hemos
incrementado la inspección en el trabajo y tenemos que mejorar la
relación territorial. Por tanto, se van a empezar a hacer públicos
sistemáticamente, porque igual que nosotros lo hacemos público a nivel
nacional enriquece y aporta al debate nacional y al conocimiento público
la ratio y las tasas por cada comunidad autónoma. Bien es cierto que
aunque la siniestralidad se distribuye por sectores, también lo se que se
distribuye por comunidades autónomas, y las hay que la tienen más alta
que otras. Sin entrar en otro tipo de valoración, es bueno el
conocimiento público y el especial énfasis de la actuación
correspondiente en aquellos territorios de la Administración laboral
competente más preocupante.
El grupo de comunidades autónomas que se encuentran por encima de la
media son: Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Murcia, Navarra y Baleares. El grupo de comunidades autónomas
que se encuentran por debajo de esta media es: Andalucía, Aragón,
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. Hay un tercer
grupo que se encuentra en la media y está formado por Canarias y La
Rioja.
Al estudiar las causas del accidente, uno tiene la sensación de que se
pueden evitar; no son muertes necesarias y hubiera sido fácil evitarlas.
La forma más frecuente de accidentarse es el sobreesfuerzo que podría
haberse evitado con el conocimiento de los límites humanos y algunas
limitaciones de carga; y la causa más grave de las mortales si
exceptuamos la cardiovascular --que es bueno que lo sepamos, aunque no la
asumamos--, es la caída a distintas alturas. No se entiende que en el día
de hoy sea origen o fuente de accidente mortal la caída de distinta
altura, cuando se podría evitar con protecciones, con barreras --aunque
en algún caso puede existir por negligencia-- y con poco esfuerzo e
inversión.
Los agentes materiales implicados más frecuentemente son los materiales
de trabajo, siendo de repercusión más grave los medios de transporte.
También incluimos esta estadística, y no pasa en otros países pero vamos
a seguir incluyendo, los accidentes in itinere. En este caso también es
bueno el conocimiento por SS. SS. de la consideración como accidente
laboral los ocurridos en trayectos in itinere.
En lo que se refiere a la relación contractual, se observa un crecimiento
constante en el mayor riesgo de siniestralidad entre los trabajadores
temporales respecto a los de contratos indefinidos. También lo hemos
hecho público, es una acción valiente del Gobierno que pone encima de la
mesa --y dando razón a alguna fuerza política que lo había denunciado en
esta Cámara con insistencia-- todos los datos que acreditan que
experiencia y formación van inversamente relacionados con siniestralidad.
A más experiencia y más formación, menos siniestralidad; a menos
experiencia y menos formación, más siniestralidad, por tanto tenemos que
sacar conclusiones de esta relación continuamente demostrada.
He hecho una información muy reducida yendo a lo más significativo de
cada dato, que no son buenos resultados y son preocupantes. En esto
tenemos la responsabilidad ejecutiva del Gobierno, y la legislativa de
todos, de SS. SS. también. Hemos trabajado durante un año intensamente
trasponiendo todas las directivas europeas. Se ha hecho un esfuerzo
extraordinario por parte de los agentes sociales y comunidades autónomas
en adaptar la normativa europea. Ha habido diecisiete decretos, es decir,
hemos levantado un edificio en muy poco tiempo y ya tenemos toda la
normativa europea que estoy seguro va a tener influencia, pero podemos
caer en un estado de frustración y dar un mensaje de desengaño a la
sociedad de que hemos construido papeles que no están teniendo reflejo en
la realidad.
¿Qué podemos hacer para intensificar y trasladar las bondades que
encierra ese papel a resultados concretos de reducción de siniestralidad?
Hay que hacer todo lo derivado de la inspección de trabajo. La prioridad
de la inspección este año es comprobar las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo. Aportaré una actuación detallada de la evolución de
las acciones de la inspección de trabajo. Antes era en el sector textil,
y lo vamos a aportar en su conjunto para que se pueda evaluar cuál ha
sido la evolución de las actuaciones de la inspección, pero aparte de
esta faceta coercitiva y necesaria hay que avanzar en lo que es el cambio
de la cultura y mentalización de la sociedad, del empresario, por
supuesto, pero también del trabajador. Nuestras leyes establecen siempre
la responsabilidad del empresario, es bueno y justo que sea así, no hay
otra vía y va a ser la línea de trabajo que vamos a mantener, pero
pediría y lo hago continuamente a las organizaciones sindicales, una
tarea de formación y de más concienciación de los trabajadores. A la
empresa se le va a exigir y son los objetivos de nuestra
inspección de trabajo, pero también hay que hacer un esfuerzo importante
por parte de los trabajadores; deben mentalizarse que existe riesgo y no
trabajar en condiciones que supongan incremento de este riesgo.
La moción del 24 de febrero, aprobada por unanimidad en esta Cámara, trae
varias conclusiones que vamos a impulsar. Se va a constituir la fundación
prevista y quiero que sea a lo largo de este año para que entre en vigor
el día 1 de enero. Ya hemos tenido la primera reunión con los agentes
sociales y esta fundación para evitar riesgos laborales va a ver la luz
--vamos a hacer un esfuerzo-- en el segundo semestre de este año, si hace
falta una pequeña dotación presupuestaria para que inicie sus trabajos,
habilitaremos esa dotación para que el próximo año pueda tener actividad
ordinaria a velocidad de crucero.
El desarrollo reglamentario pendiente, aunque ha perdido el protagonismo,
lo vamos a finalizar, pero casi no lo vamos a decir. No se trata de hacer
más leyes --que también--; se trata de evitar el incremento de la
siniestralidad laboral. Hemos desarrollado un plan de las mutuas que se
va a incrementar y creo que también va a dar un resultado importante; se
va a desarrollar, como se decía en la moción, la labor formativa, de
investigación, de divulgación y control de la inspección. A veces se
quejan los comités de empresa o los propios empresarios de que la
inspección, sólo parece interesada por los asuntos de la seguridad en el
trabajo, lo cual sin ser totalmente cierto lo que es en cuanto a que la
prioridad de la inspección está siendo en este momento la comprobación de
esas condiciones de trabajo.
Estamos dispuestos a hablar para ver qué hacemos con las horas
extraordinarias, con las ETT y con la cesión trabajadores en sectores de
especial peligrosidad, pero nos encontramos también en este caso con un
tema de sentido común, que yo planteo a S. S., y que nos hace ser muy
cautos. Se podría limitar la cesión de trabajadores de una ETT en una
actividad determinada, por ejemplo trabajar en andamios a determinada
altura y para una empresa de construcción, sin embargo, esta empresa,
dentro de nuestra legislación, podría contratar vía contrato de obras o
servicios a cualquier trabajador y podría darse la paradoja de que el
trabajador que venga de la ETT haya recibido la formación necesaria y
esté reciclándose normalmente en esa línea. Nosotros vamos a entrar por
la limitación de las ETT en esas actividades, pero tengo la sensación de
que a lo mejor siempre que exista la vía, que a veces es necesaria, no
hace lo que en justicia debe de hacer; pero vamos a avanzar en esa línea
porque creo que tiene campo de trabajo.
Por lo que se refiere a la pregunta del señor Vaquero en cuanto a
campañas de sensibilización desarrolladas, tengo que decirle que es muy
importante hacer este tipo de campañas. Aquí hay un aspecto cultural muy
importante que básicamente es responsabilidad del empresario, aunque
también hay que responsabilizar al trabajador. Yo le puedo contar
anécdotas que todos conocemos de obras desarrolladas en propios
institutos públicos, y con un inspector detrás de cada directivo de la
empresa o de cada aparejador, en las que hemos encontrado situaciones
curiosas. En cuanto a la campaña que preguntaba el señor Vaquero con el
apoyo financiero de la Forcem, tengo que decirle que se desarrolló el
eslogan: Prevención de riesgos laborales, ley de vida. Tuvo un
presupuesto de 750 millones de pesetas, y se llevó a cabo a través de
prensa, cuñas de radio, spots en diversas cadenas de televisión y
anuncios en cabinas telefónicas, medios de locomoción públicos y vallas
publicitarias; asimismo se abrió una página en Internet para información
de la campaña, junto a bibliografía y textos legales. Por sí sola una
campaña en tan corto espacio de tiempo no va a conseguir dar lugar al
cambio de cultura, pero ciertamente es un buen inicio. Será valorable o
no el acierto en la forma de campaña escogida --éste es otro problema en
el que el factor objetivo influye-- pero hacer campaña de prevención de
riesgos laborales es positivo. Esta campaña fue fruto de un consenso
entre empresarios y sindicatos, y le tengo que decir que mi deseo para
las próximas campañas, que creo sería positivo desarrollarlas,
independientemente de que hay que buscar siempre el consenso entre
empresarios y sindicatos, es que estas campañas se acerquen mucho más a
la realidad. Hay precedentes de campañas de tráfico que fueron muy
intensas en sus mensajes que creemos han tenido influencia en la
sociedad. Dentro del mundo de accidentes laborales quizá tengamos que
adoptar una línea de campañas que se acerquen más intensamente y muestren
con crudeza las causas y efectos de los accidentes laborales. Quizá
tengamos que cambiar de una línea determinada de trabajo en campañas en
las que hemos trabajado hasta ahora, hacia imágenes que se acerquen más a
la realidad de lo que es el accidente y el accidentado, con el objeto de
mentalizar a trabajadores, a empresarios y también al conjunto de la
sociedad, ya que todavía no es consciente del gran drama nacional que
suponen los accidentes en el trabajo.
Aparte de esta campaña que hicimos y parte de las campañas que estaríamos
dispuestos a realizar, AMAT, la patronal de las mutuas, está
desarrollando también una campaña que tiende a profundizar y complementar
las campañas que desde el Ministerio de Trabajo estamos desarrollando.
Por tanto, dándole la razón por el interés sobre las campañas de
divulgación, que creo van a tener a partir de ahora un efecto
importantísimo dentro de la prevención de riesgos laborales, he expuesto
esta línea de actuaciones. Espero que del tenor de mi intervención no se
deduzca en ningún caso que estamos justificándonos ni intentando valorar
positivamente lo que a todos los efectos son unos datos preocupantes y
negativos. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, las preguntas que hemos acumulado las
ha convertido usted mismo en reflexiones, y por vía de reflexión esto
puede convertirse en una larga comparecencia.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve, señor presidente.
Agradezco su respuesta, señor Pimentel. No voy a comentar la respuesta
que ha dado usted a una pregunta o interés del señor Vaquero, que me
consta existe en esta materia, en concreto en relación con las campañas a
las que usted ha hecho referencia, y aunque posiblemente intervenga
él en su momento, sí quisiera referirme a dos ideas concretas, señor
Pimentel.
Creo que se han llevado a cabo trabajos y actuaciones, pero lo cierto es
que la situación no es nada satisfactoria, sino al contrario es muy
insatisfactoria. En este sentido le plantearía dos matizaciones
concretas, aceptando esa brevedad que me pedía el presidente.
La primera es si sabe usted que los sindicatos, ante esta situación y con
el objetivo de crear esa conciencia y esa cultura a que usted ha hecho
referencia, tienen interés en que haya un día específico dedicado al tema
de la salud y prevención de riesgos laborales, que sería precisamente la
semana que viene. Anuncio que Nueva Izquierda va a promover ese día una
declaración institucional en el ámbito parlamentario en relación con este
tema. Creo que sería bueno que por parte del Ministerio de Trabajo se
llevara a cabo también alguna actuación. Piénsenla ustedes y vean cuál es
la que pueden llevar a cabo. Parece interesante que la llevaran a cabo en
relación con sindicatos y empresarios, de tal manera que se transmitiera
la voluntad de actuación de todos en relación con un tema más que
preocupante.
La segunda pregunta que se me ocurre formularle es que cuando se produce
una muerte, un accidente grave --ha dado usted un dato que es verdad y
que yo comparto--en muchos casos se llega a la conclusión de que se
pudiera haber evitado, pero desgraciadamente se ha producido y suele
abrirse una investigación. Sería bueno que por parte del Gobierno se
interesara del fiscal general del Estado que se llevaran a cabo las
investigaciones pertinentes en relación con los hechos. Es verdad que hay
que hacer los esfuerzos preventivos, pero desgraciadamente en ocasiones
hay que llevar a cabo las actuaciones sancionadoras cuando se comprueba
que los acontecimientos se podían haber evitado con un mínimo de sentido
común y de responsabilidad de diligencia y lo que se comprueba es mucha
negligencia. Esas situaciones cuando se producen con hechos graves deben
tener la respuesta adecuada por parte del Estado y la Administración ya
que desgraciadamente en ocasiones es una actuación penal. Ante la
situación que estamos atravesando, es necesario saber que por parte del
Estado también se está dispuesto a recurrir ese tipo de procedimientos,
con el objetivo de que todos, empresarios y trabajadores, pero
especialmente los empresarios que son los que tienen responsabilidad
directa en estos casos, extremen las medidas de diligencia y celo para
conseguir que nuestro país se sitúe en una normalidad europea a la que
aspiramos en todo, y también en este terreno. (El señor Vaquero del Pozo
pide la palabra.)
--DEL DIPUTADO DON MANUEL VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA), SOBRE BALANCE RESPECTO DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL
DEL AÑO 1997 (Número de expediente 181/001356).
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, comprendo que por economía procesal
convendría formular su pregunta número 16 del orden del día, para que el
señor Pimentel pudiese contestarla conjuntamente.
El señor VAQUERO DEL POZO: Además, señor presidente, para evitar la
réplica y la contrarréplica y acabar de una tacada con esta pregunta.
Voy a concretar mi intervención, puesto que ya el señor secretario
general ha dado determinados datos respecto a lo que ha sido la campaña
objeto de mi pregunta. Mi inquietud sigue en el sentido de saber si ha
habido algún tipo de encuesta u otro mecanismo por parte del Ministerio,
que haya intentado conocer los efectos de esa campaña entre la opinión
pública y sobre todos los sectores donde se produce más alto índice de
siniestralidad, a efectos de evaluar con cifras los resultados de la
campaña. Puedo estar o no de acuerdo --en este caso estoy de acuerdo-- en
que se pueden perfeccionar las líneas de transmisión, de crudeza en la
comunicación de los efectos perniciosos de determinadas prácticas
respecto a la salud y sobre todo seguridad de los trabajadores en futuras
campañas. En cualquier caso siempre conviene --creo yo-- que estas líneas
de campañas en el futuro estén asentadas sobre el conocimiento y el
balance evaluado de lo que se ha hecho en el pasado. Si después de esa
campaña que se ha realizado, después de los 750 millones de pesetas que
se han invertido no se ha realizado técnicamente el balance de esos
resultados, podremos estar utilizando la técnica del ensayo, de la
prospección, etcétera, dando quizá ciertos palos de ciego, y por ello
convendría hacer estas evaluaciones de tipo técnico. Me gustaría conocer
si se han hecho o no.
Por otro lado, ya ha dicho el señor Peralta que los sindicatos tienen
intención de que el Gobierno proclame el día 28 de abril día de seguridad
y salud en el trabajo. Con ocasión del debate sobre el Plan de empleo
ello fue objeto de una intervención por mi parte; como no había una fecha
más cercana para interpelar al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
aproveché la ocasión para decirlo allí e intentar el compromiso del
ministro para que lo asumiera. Efectivamente en el resumen del debate se
comprometió con Izquierda Unida y con el Pleno de la Cámara, y por tanto
con los sindicatos siendo nosotros puros intermediarios. Me consta que
los sindicatos han enviado una carta no solamente a todos los grupos
parlamentarios sino también al ministro y al Ministerio con el fin de que
el día 28 de abril sea proclamado día de la seguridad y salud en el
trabajo.
Quisiera saber cuáles han sido las actuaciones posteriores para el
cumplimiento del compromiso adquirido por el ministro de Trabajo en la
Cámara, con el fin de que llegue a ser realidad que al menos un día al
año hay una campaña de sensibilización con acciones concretas realizadas
por la opinión pública, por los agentes y las instituciones de este país,
respecto al problema de la siniestralidad que en definitiva va a ser una
campaña anual permanente sobre el día de la seguridad y salud en el
trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Comenzando mi
intervención por lo que el anterior diputado y también S. S. me indicaba,
hemos recibido
también la propuesta de las organizaciones sindicales, el ministro se ha
comprometido ya en esta Cámara y vamos a iniciar los procedimientos para
proclamar un día nacional. Esta cuestión tiene que ser aprobada en
Consejo de Ministros y se va a proponer. En el día de ayer recibí la
carta e inmediatamente nos hemos puesto en marcha. Creemos que es
positivo, lamentamos que este año ese día no estará formalmente
declarado, con toda seguridad no lo podremos hacer pero en todo caso
estará para el próximo año, y acompañaremos ese día con una declaración
institucional, dándole el protagonismo que merece en el debate de
seguridad y salud en el trabajo.
Respecto a la evaluación de campaña hemos realizado una primera campaña
cuantitativa comprobando el número de impactos, y la audiencia que han
tenido esos impactos en la hora de programación, hemos valorado la ratio
de audiencia en los diferentes medios y el primer estudio realizado nos
dice que dentro de la capacidad de inversión sí hemos logrado llegar a la
audiencia que pretendíamos. Todavía es pronto y estamos pensando, si
queremos seguir con una lógica de campaña, que metodológicamente es
necesaria la evaluación de cada una de ellas; en ningún caso debemos dar
palos de ciego con dinero público, cuando además la necesidad de actuar y
mejorar la realidad es perentoria. Metodológicamente tenemos un par de
propuestas sobre cómo hacer estas evaluaciones y hemos de tomar la
decisión, una vez conocida la evaluación cuantitativa, de cómo realizar
lo que en medios técnicos se denomina prospección cualitativa. Estamos a
la espera de determinar cuál es el procedimiento más indicado.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE EVOLUCION
DE LA PLANTILLA DE INSPECTORES DE TRABAJO Y CONTROLADORES LABORALES EN EL
AÑO 1997, ASI COMO PREVISION PARA EL AÑO 1998 (Número de expediente
181/001290).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día y ruego
a SS. SS. que sean más ágiles y breves, empezando por el presidente, que
ya da la palabra al señor Peralta para que formule la pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: Si hubiera usted formulado la pregunta, señor
presidente, me hubiera ahorrado a mí hacerla. La voy a hacer yo.
Me gustaría saber, señor Pimentel, en relación con la importancia que ha
dado usted al tema que acaba de responder respecto a la actuación de la
inspección de trabajo, cuál ha sido la evolución de la plantilla de
inspectores de trabajo y controladores laborales o de subinspectores de
empleo y Seguridad Social, terminología más actualizada, en el año 1997,
y cuál es su previsión para el año 1998.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, el
número de inspectores de trabajo existente en enero de 1998 era 631, que
suponen 19 más que en enero de 1997. En cuanto a controladores laborales,
en la actualidad subinspectores de empleo y Seguridad Social, en enero de
este año eran 809, que suponen 11 más que en la misma fecha de 1997; por
consiguiente, el conjunto de inspectores y subinspectores han pasado de
1.410, a principios de 1997, a 1.440 en el presente año. Estos aumentos
son el resultado de la incorporación de 30 inspectores, 20 de nueve
ingreso y 10 por otro concepto y 21 controladores laborales ahora
subinspectores, 20 de nuevo ingreso y uno por otros conceptos. Para
obtener el saldo neto hay que restar, lógicamente, las bajas producidas
en ambos cuerpos que fueron de 11 y 10 respectivamente. En el año 1998
está previsto que se produzca la incorporación de 20 inspectores de
Trabajo y Seguridad Social de nuevo ingreso. Los restantes movimientos de
altas y bajas, se estima que se sitúen en valores próximos a los de 1997,
aunque deben tenerse en cuenta los procesos derivados de la aplicación de
la Ley 92/1997, ordenadora de la inspección de trabajo y Seguridad Social
y de la disposición final primera del Real Decreto 1330/1997, sobre
integración de servicios periféricos y estructura de las delegaciones de
gobierno, cuya incidencia no podemos precisar en estos momentos pero sí
le podemos adelantar la incorporación de 20 nuevos inspectores de
trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Partiendo de los datos que usted proporciona,
señor Pimentel, es verdad que se ha producido un incremento en este año
1998 en relación con 1997. Creo recordar que en todo caso estamos
hablando de unas plantillas que se alejan, que quedan por debajo de lo
que eran las plantillas normalizadas previstas. Este tema es preocupante,
señor Pimentel, porque la insuficiencia de las plantillas de inspectores
de trabajo y de subinspectores de empleo y Seguridad Social, creo que
tienen incidencia en una todavía no adecuada intervención por parte de la
Administración laboral en relación con ámbitos de su competencia; creo
que es una plantilla insuficiente para cubrir todas las necesidades que
plantea la realidad del mercado laboral en nuestro país.
Hemos hecho referencia anteriormente al tema de la siniestralidad laboral
y ha dicho usted que es un tema prioritario, pero incluso con esta
plantilla resulta muy difícil cubrir ese ámbito. Me consta la existencia
de estadísticas europeas en las que se pone de manifiesto que nuestro
país tiene niveles inferiores de intervención de la inspección en
relación con la siniestralidad y con los parámetros europeos. Además hay
otros ámbitos, como por ejemplo el cumplimiento de las normas de la
Seguridad Social, el cumplimiento del tema relativo a la precariedad
laboral, etcétera, tantos ámbitos que con 1.440 funcionarios en enero de
1998, con la previsión de incorporación en este año de 20 inspectores de
trabajo y 12 subinspectores de empleo y Seguridad Social, creo que
difícilmente se pueden atender adecuadamente las necesidades que nos
plantea la realidad laboral de nuestro país.
Creo, señor Pimentel, que la Administración debería reflexionar sobre
esta realidad, comprobar realidades europeas y ver en qué medida
conseguiremos a través de la inspección de trabajo, que es en nuestra
opinión un cuerpo absolutamente imprescindible y además creemos que
mejorable en el sentido de mayor dotación de medios, poner en práctica
medidas que nos permitan mejorar y dar respuesta adecuada a una situación
preocupante.
--DE LA SEÑORA RIVADULLA GRACIA (DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR PARA ASEGURAR QUE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y,
EN ESPECIAL, LA RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE), RESPETEN
EL DERECHO DE SUS TRABAJADORAS AL PERMISO DE LACTANCIA (Número de
expediente 181/001315).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula la
señora Rivadulla Gracia.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor secretario general, la pregunta
concreta es qué medidas se van a adoptar para asegurar que las empresas
públicas y, en especial, Renfe respeten el derecho de sus trabajadoras al
permiso de lactancia.
Señor Pimentel, esta pregunta viene a raíz de un supuesto que tuvo lugar
en Lleida con una trabajadora de Renfe, concretamente Eloísa Langa, con
categoría de factor y antigüedad desde el año 1983. Esta trabajadora, el
26 de noviembre de 1997, solicita la reducción de jornada, concretamente
a la mitad, por cuidado de hijo, así como el permiso de lactancia. La
empresa le concede la reducción de jornada desde diciembre de 1997, pero
le deniega la petición del permiso de lactancia, alegando que ambos
derechos son incompatibles. Entiende que el supuesto de la reducción de
una hora, que se puede repartir en dos medias horas o media hora en la
jornada normal, solamente se puede conceder en los supuestos de jornada
normal. Como esta trabajadora había pedido el permiso de reducción de
jornada por guarda legal, la empresa Renfe adoptó este criterio --al
parecer, señor Pimentel, nos es una cuestión que afecte sólo a
Renfe-Lleida, porque consultó también a Barcelona y Madrid -- que es el
que aplica para tratar estos dos permisos.
Quiero señalarle, señor Pimentel, que esta trabajadora acudió al Juzgado
de lo Social, que, con fecha 25 de febrero de este mismo año, le
reconoció el derecho a la compatibilidad de los dos permisos, entendiendo
que donde la ley no distingue no debemos distinguir y que en ningún caso
el Estatuto de los Trabajadores señala que estos dos derechos son
incompatibles.
Por eso, señor Pimentel, le pregunto qué se va a hacer por parte del
Gobierno para que no solamente la empresa Renfe, sino otras empresas
públicas, respeten este derecho de lactancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, no
conocía exactamente el caso y hubiera sido interesante que en la pregunta
se hubiera concretado el supuesto de esta trabajadora o al menos la
provincia, porque plantea temas jurídicamente importantes y novedosos. De
esa manera hubiera podido profundizar en la materia. Dado que la pregunta
venía hecha de forma general, así tenía la respuesta preparada.
Como usted perfectamente sabe, el Estatuto de los Trabajadores, en su
artículo 37.4, establece el derecho de las trabajadoras a una hora de
ausencia en el trabajo, que podrá dividir en dos fracciones, por
lactancia de un hijo menor de nueve meses. Determina asimismo que la
mujer, por propia voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal de media hora. Este permiso podrá ser
disfrutado indistintamente por la madre o el padre, en el caso de que
ambos trabajen.
Se trata, por tanto, de un derecho reconocido legalmente y me consta,
hasta donde yo sé, que todas las empresas, y desde luego las empresas
públicas, lo cumplen con carácter general. No obstante, en el caso de
producirse alguna infracción, debería denunciarse ante la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. No me consta que se haya hecho, porque no me
ha llegado esta denuncia, y, si se ha hecho, le puedo decir que no tengo
conocimiento de la misma. Probablemente no se haya presentado denuncia
ante la Inspección de Trabajo y se haya ido directamente al Juzgado de lo
Social, como usted ha manifestado, con lo cual no necesariamente tengo
que tener conocimiento. Repito que a este secretario le hubiera
interesado hasta doctrinalmente conocer el caso concreto.
Sí hemos comprobado el convenio que Renfe tiene actualmente. La
ordenación normativa de esta figura fue objeto de negociación colectiva,
en el marco del 11 convenio colectivo, publicado en el Boletín Oficial
del 26 de agosto de 1995, en cuya cláusula 16 se estableció una
regulación más favorable incluso que la recogida en el Estatuto de los
Trabajadores, al acordarse una reducción de la jornada normal en una
hora, que podría disfrutarse al comienzo o al final de la misma. Hasta
donde yo sé --repito que hablo con la limitación de no conocer el caso
concreto--, parece ser que se está desarrollando normalmente lo previsto
en este convenio y desde luego la Inspección de Trabajo no tiene
conocimiento de ninguna vulneración del mismo. La información que usted
me ha dado la conozco en el día de hoy y por tanto no podría hacer
ninguna ampliación.
El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Pimentel, efectivamente, Renfe, en su
normativa laboral, incorpora que, en lugar de media hora, pueda ser una
hora, pero el caso es éste. Yo le pasaré la sentencia del Juzgado de lo
Social de Lleida.
Quiero señalarle que no es un asunto que se refiere sólo a la
interpretación que pueda hacer Renfe en Lleida; es una
interpretación de Renfe, en general. Por tanto, quisiera saber si este
criterio restrictivo afecta solamente a esta empresa pública o a otras
empresas públicas. Como usted podrá comprobar, en la sentencia se dice
que no ha lugar a que se entienda que esos dos derechos son
incompatibles, por cuanto que la ley no los reconoce así. Además, son dos
derechos completamente distintos. Uno es para un período de nueve meses,
el permiso de lactancia, y el otro es para seis años, cuando se tiene un
hijo menor o discapacitado. El artículo 37, en los apartados 4 y 5, del
Estatuto de los Trabajadores en ningún momento señala que puedan ser
incompatibles.
Señor Pimentel, he de decirle que esté muy al tanto de este asunto,
porque se están haciendo proposiciones de ley que intentan favorecer a la
familia, todos estamos preocupadísimos por el descenso demográfico, pero
después nos encontramos con que es dificilísimo que las mujeres podamos
ser madres y que las parejas podamos tener hijos. Todo se nos hace muy
difícil. Si el Gobierno y sus empresas públicas interpretan las leyes con
carácter restrictivo, es imposible avanzar.
Quiero adelantarle también, señor secretario general, que Iniciativa per
Catalunya-Nueva Izquierda ha presentado una proposición de ley en el
sentido siguiente: permisos como éste, que tienen un plazo muy
perentorio, nueve meses, mientras dura el permiso de lactancia, se están
sustanciando en la actualidad con el procedimiento ordinario que
establece la Ley de procedimiento laboral, y con lo saturados que están
los juzgados de lo Social nos podremos encontrar con que se vea el juicio
y haya sentencia cuando la mujer no esté en la situación de permiso de
lactancia. Por eso hemos hecho una proposición de ley, para que el
artículo 26, que es el que regula los procedimientos de urgencia, incluya
también éste, que se refiere al permiso de lactancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Con mucha
brevedad y lamentando no poder facilitar más información, porque me
hubiera interesado hacerlo, tanto personal como doctrinalmente.
Hasta donde yo conozco, y tendría que ver el caso, la ley no prohíbe
expresamente la compatibilidad. Es una libertad de la madre trabajadora o
del padre, en el caso oportuno. Tenemos baja por maternidad, permiso de
lactancia y la excedencia, hasta un período amplio, por el desarrollo y
la educación del hijo. No tengo conocimiento de que estos supuestos sean
excluyentes y desde luego no conocía este caso concreto.
Me parece interesante la propuesta que realiza y tiene lógica que haya un
especial amparo, por los plazos perentorios, ante esos supuestos. No lo
conocía, se me había anticipado verbalmente al llegar a esta Comisión,
pero en todo caso le puedo garantizar que desde el Gobierno --estoy
seguro de que los grupos políticos así lo harán-- estudiaremos con
atención y con cariño esta proposición, porque, en principio, y hasta la
pura exposición formal, parece que ampara un derecho elemental positivo y
que además viene avalado por un profundo sentido común en su
planteamiento.
El señor PRESIDENTE: No por aplicación de un artículo del Estatuto de los
Trabajadores, pero vamos a dar un permiso de descanso al secretario
general de Empleo. (Pausa.)
-- DE LA SEÑORA SABANES NADAL (DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA), SOBRE RESPUESTA Y TRAMITE QUE HA ADOPTADO LA INSPECCION
DE LOS TRIBUTOS ANTE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS TRABAJADORES DE
REBECASA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE ESTA EN RELACION CON EL INGRESO
DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS (Número de expediente 181/001353).
El señor PRESIDENTE: Y solicitamos al señor subsecretario del Ministerio
de Economía y Hacienda que se incorpore a la mesa para que conteste a la
pregunta que figura en el orden del día con el número 13 y que se le va a
formular a continuación. (Pausa.)
Damos la bienvenida a esta Comisión al subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda, señor Díez Moreno, a quien va a formular la pregunta
doña Inés Sabanés.
Tiene la palabra, señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Señor Subsecretario de Economía y Hacienda, le
suponemos enterado del conflicto de Rebecasa, que afecta al grupo de
empresas Rato y también al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro
de Hacienda. El conflicto se refiere al proceso de suspensión de pagos y
posterior expediente de regulación de empleo, que se ha solventado en el
ámbito de la Comunidad de Madrid. Nuestro grupo se interesa por las
supuestas prácticas irregulares en relación a las deudas que esta empresa
mantiene con Hacienda y la Seguridad Social y que son públicas, porque
entre otras cosas han salido en muchos medios de comunicación. Nos
interesamos concretamente por el posible incumplimiento sobre las
retenciones practicadas por IRPF. La denuncia de estas prácticas se ha
realizado por vía judicial, pero también a través de una denuncia pública
al propio Ministerio de Economía y Hacienda. Esa denuncia, que se formuló
a primeros de febrero, es la que hoy interesa a nuestro grupo. Siendo una
empresa que está afectada por un expediente de suspensión de pagos y una
plantilla afectada por un expediente de regulación de empleo, queremos
saber qué actuaciones ha tenido o va a tener el propio Ministerio de
Hacienda ante la denuncia de presuntas irregularidades en relación a las
retenciones practicadas. En definitiva, queremos saber si la Agencia
tributaria ha valorado o valora la procedencia de actuaciones inspectoras
en el caso de la empresa Rebecasa.
El señor PRESIDENTE: Señor Díez Moreno.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Gracias,
señor presidente, por permitirme anticipar un poco mi comparecencia, y
gracias
a la señora Sabanés por aceptar también este cambio de procedimiento.
En relación con su pregunta, puedo informar a S. S. que la Administración
tributaria, lo mismo que actúa en relación con cualquier denuncia que se
presenta, ha iniciado una investigación, por medio de la inspección de la
Agencia, para determinar si han existido irregularidades en la práctica
de las retenciones fiscales. Por tanto, la denuncia presentada el 1 de
febrero de 1998 ha sido respondida por la Agencia Tributaria con la
iniciación de esta investigación por parte de la inspección.
En segundo lugar, y como S. S. sabe, la Hacienda pública se ha personado
ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Leganés, que es el
juzgado que está instruyendo la suspensión de pagos presentada por la
empresa el 18 de noviembre de 1997, teniendo en cuenta que, con arreglo a
la legislación vigente, especialmente Código Civil y Ley General
Tributaria, la Hacienda pública y sus créditos gozan de un carácter
privilegiado en lo que se refiere al cobro de las deudas que puedan
surgir de este expediente de suspensión de pagos.
Por lo que se refiere a las noticias conocidas según S. S., es cierto que
está pendiente de la elaboración del informe por los interventores
judiciales dentro del proceso de suspensión de pagos en curso, por lo que
habrá que esperar a que este informe sea conocido, primero, para
determinar cuál es el orden de prioridad en los respectivos acreedores y,
segundo, para que sirva de base a la continuidad de las actuaciones
inspectoras por parte de la Agencia Tributaria. En este sentido, S. S.
sabe que el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
compareció ante esta Comisión el 10 de marzo e hizo una detallada
exposición de las circunstancias que concurren en este procedimiento, por
lo que me remito a esa comparecencia. Finalmente, también sabe S. S. que
el Tribunal Supremo no ha aceptado a trámite una querella presentada por
posible insolvencia punible y, por tanto, la ha rechazado.
Eso es lo que tengo que contestar a su señoría.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: He de decir que, en todo este proceso, que ha
sido complicado y en el que ha sido difícil obtener respuestas en
determinados momentos, nos alegramos de que la Administración tributaria
haya iniciado un expediente y una investigación en lo que afecta a las
posibles deudas con Hacienda y la Seguridad Social y los procedimientos
que han seguido en este caso. Sinceramente, para nosotros es una buena
noticia, porque en este caso hemos mantenido el criterio de que haber
incurrido posiblemente en una infracción en lo que afecta a las
retenciones de los trabajadores sólo puede ser considerado desde la
perspectiva de que se hubiera solicitado un aplazamiento previo y que se
hubieran presentado las suficientes garantías en el Ministerio de
Hacienda. De no haberse seguido este procedimiento, sería evidente que
nos encontraríamos en un caso de infracción o posible delito fiscal.
Nos tranquiliza que se haya iniciado un expediente. Creo que es una buena
noticia, pues afecta a un grupo de empresas, a las actuaciones que en el
marco de esas empresas se tiene desde la propia Administración y a una
persona importante en el marco de la Administración. Le pedimos que se
actúe en este caso con el máximo rigor y transparencia, porque entendemos
que Hacienda debe ser la primera interesada en demostrar que se va a
proceder en todo momento con arreglo a las normas y a la ley. No es de
recibo que en determinados temas se haya venido alegando confidencialidad
de los datos y nos alegramos de que ya exista otra vía de actuación en
las empresas Rebecasa. Todos conocíamos la deuda, conocíamos que afectaba
a unas empresas y que afectaba al propio ministro. Por tanto, entendíamos
que tenían que darse otra serie de actuaciones por parte del Ministerio
de Hacienda y le pedimos que en este caso, en primer lugar, se actúe con
el máximo rigor para que se aclaren las actuaciones tributarias que el
grupo de empresas Rebecasa ha tenido y que se ajusten en todo momento a
norma.
También nos gustaría conocer --no sé si es posible-- si se pidió un
aplazamiento de las deudas en este caso, que tiene carácter excepcional y
tiene que ser siempre con garantías; si este grupo de empresas o la
empresa de Rebecasa pidió un aplazamiento de retenciones. En este caso
tendríamos también una cierta inquietud, ya que la consideración de
excepcionalidad para conseguir el aplazamiento tiene una consideración
especial por la vinculación que los responsables del Ministerio de
Hacienda tienen en conceder finalmente la excepcionalidad en un proceso
que no es habitual.
Finalmente, esperamos que se actúe en este caso con la misma o con más
diligencia que la que se ha tenido con los pensionistas o con los
trabajadores que están inmersos en posibles procesos de fraude.
El señor PRESIDENTE: Señor Díez Moreno.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Voy a hacer
unas breves matizaciones, señoría.
En primer lugar, no entendemos en el Ministerio de Economía que exista
una afectación del ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente
segundo sino de manera muy indirecta. Su señoría conoce perfectamente
cuál es esta afectación. El propio vicepresidente segundo del Gobierno ha
tenido ocasión de explicarla ante el Pleno de la Cámara y consta asimismo
en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos, así
como en el Congreso de los Diputados, en aplicación de la normativa en
materia de incompatibilidades.
En segundo lugar, la información sobre aplazamientos y concesiones de
privilegios o beneficios fiscales, como implica esto, indudablemente está
sujeta a una norma de confidencialidad que impone el artículo 113 de la
Ley General Tributaria, como S. S. también conoce, dado que ha habido
precedentes y que se ha contestado a preguntas en este sentido.
En tercer lugar y por último, de lo que no puede tener dudas S. S. es de
que en este expediente de investigación que está llevando a cabo la
inspección se va a actuar exactamente con el mismo rigor con que se actúa
con cualquier contribuyente.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Sólo un segundo para una aclaración.
Hay una sentencia positiva que concede al grupo de empresas Rato unidad
económica, a efectos de una sentencia que han tenido unos trabajadores.
Por tanto, lo que esté afectando indirectamente habrá que verlo en su
momento, pero nosotros entendemos que está afectado.
El señor PRESIDENTE: Señor Díez Moreno.
El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Simplemente
quiero constatar que habrá que verlo en su momento.
El señor PRESIDENTE: Despedimos con nuestro agradecimiento al señor Díez
Moreno y solicitamos que se incorpore a la Mesa de nuevo al señor
Pimentel, para continuar la sesión.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR PARTE DE LA INSPECCION DE TRABAJO PARA
COMPROBAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS SOBRE INFRACCIONES DE LA NORMATIVA DE
SEGURIDAD E HIGIENE PRODUCIDAS DURANTE LA OBRA DE LA AUTOVIA DE VALENCIA
EN LA PRESA DE CONTRERAS. (Número de expediente 181/001338).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, a la pregunta que en el orden del
día distribuido tiene el número 11, formulada por don Ricardo Peralta,
que tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Intervengo muy brevemente.
Señor secretario general, se están llevando a cabo las obras de cierre de
la autovía de la Nacional III, Madrid-Valencia, a su paso por el embalse
de Contreras, medida que nosotros apoyamos en su momento por razones de
carácter ecológico, en la medida en que evitaban otro trazado anterior
que, en nuestra opinión, tenía una incidencia ecológica significativa,
pero que está implicando efectuar unos trabajos especialmente complejos y
delicados que se están llevando a cabo por la Administración con premura,
para intentar cumplir compromisos políticos de cierre de ese trazado
antes de que finalice el año 1998 y que, según se publicaba en los medios
de comunicación, están dando lugar a trabajos importantes y a esfuerzos
intensos por parte de un número de trabajadores en cuanto a actividades
peligrosas.
Nos gustaría que la culminación de esa obra importante no se haga con un
coste de vidas de trabajadores o con un coste en seguridad laboral. Por
eso querríamos saber qué actuaciones se están llevando a cabo por parte
de la Inspección de Trabajo para garantizar la seguridad e integridad
laboral de los trabajadores empleados en esa obra.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Ni en la
Inspección de Trabajo de Cuenca ni en la de Valencia se han registrado
denuncias al día de hoy sobre infracciones de la normativa de seguridad y
salud laboral respecto de las citadas obras.
No obstante, dada la magnitud y tiempo de ejecución de obras de la
autovía Madrid-Valencia, éstas han sido visitadas en distintas ocasiones
por iniciativa propia, por los inspectores de ambas direcciones
provinciales. Las actuaciones realizadas por la Inspección de Valencia,
en concreto en el tramo de la presa de Contreras, han sido las
siguientes: El 28 de enero de 1998 se visitaron las obras indicadas para
comprobar las condiciones de seguridad y salud laboral, requiriéndose a
la Unión Temporal de Empresas, OCP Construcciones --actualmente ACS--,
Auximi, Firme Civil, S. A., UTE autovía N-III, la subsanación de diversas
anomalías que se detectaron puntualmente, como protección mediante
barandillas rígidas de superficies de trabajo, por presentar riesgo de
caída de ocho metros; aseguramiento de las botellas de oxígeno y
acetileno para soldadura; protección mediante barandillas o redes de
seguridad en las escaleras de acceso a diversas pilas de sustentación del
Viaducto del Istmo; desmontaje de la andamiada metálica tubular existente
al pie de la pila número 6 del Viaducto del Istmo y nuevo montaje
arriostramiento, barandillado de sus plataformas de trabajo y de sus
escaleras de acceso. Se solicitó un balizamiento de advertencia y también
mejora de la coordinación y comunicación entre la empresa principal y las
subcontratistas. Asimismo, se extendió acta de infracción, calificada
como grave, por omisión de medidas de protección colectiva, con riesgo de
caída a distinto nivel en la zona de la futura pila número 4.
El 18 de febrero de 1998 se realizó una nueva visita, de la que se
derivaron las siguientes actuaciones en materia de seguridad y salud, en
relación con la mencionada empresa: Se formularon requerimientos para la
revisión del estado de las barandillas en las escaleras de acceso a las
pilas, para el uso de gafas de protección en trabajos de oxicorte, para
la protección de los bornes de conexión de un grupo electrógeno situado
en la pila número 1 del viaducto del Barranco de la Vid y sobre formación
de los operarios.
Por último, se tomó declaración a un importante número de trabajadores,
preferentemente a los empleados en tareas con riesgos de caída a distinto
nivel --lo contentábamos anteriormente--, respecto de su experiencia
profesional. En la actualidad, continúa la investigación sobre este tema
con el fin de comprobar si las manifestaciones
efectuadas por los trabajadores coinciden con los datos obrantes en su
vida laboral.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Brevemente, señor presidente.
Quiero agradecer al señor Pimentel su respuesta y decirle que, a la vista
de esas actuaciones llevadas de oficio por la Inspección de Trabajo, se
comprueba lo positivo de su actuación. Y nos permitimos sugerirle que,
bien sea porque se reciban denuncias, bien sea porque la propia
Inspección considera oportuno actuar de oficio ante la magnitud de la
obra, se siga llevando a cabo esa labor de seguimiento, porque parece que
la realidad lo exige.
--DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA (DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE RAZON
POR LA QUE NO SE HA HECHO EFECTIVO, A 1 DE ENERO DE 1998, EL TRASPASO DE
COMPETENCIAS EN MATERIA DE EMPLEO A LA GENERALIDAD VALENCIANA (Número de
expediente 181/001350).
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, le corresponde, a continuación,
formular su última pregunta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, hace tiempo que se está hablando
de las transferencias en materia de empleo a la Comunidad Autónoma
Valenciana. En el año 1997 se dijo, incluso por parte del presidente de
la Generalitat Valenciana, que en enero de 1998 se llevaría a cabo la
transferencia, al mismo tiempo que a otras comunidades autónomas, en
concreto, Cataluña y Galicia, que la tenían pendiente. El 1 de enero de
1998, efectivamente se hicieron las transferencias de Cataluña y Galicia
y en relación con la Comunidad Autónoma Valenciana se firmó un convenio
en el que se reconocía, por ejemplo, el título de observador a la
Consellería en materia del Inem. Desde luego, no se han llevado a cabo
las transferencias. Se sigue hablando de ellas. Recientemente, el
conseller de Industria y Empleo de la Generalitat Valenciana decía que a
lo mejor se efectuaban las transferencias este verano. Se ha hablado
también de enero del año que viene. Nos gustaría saber en qué fechas está
previsto, por parte de la Administración central, que se lleven a cabo
esas transferencias y cuáles son las causas de ese retraso respecto a las
previsiones iniciales.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Como usted sabe,
señoría, el Gobierno está impulsando el acercamiento de las políticas de
empleo al territorio por considerar que introducen elementos beneficiosos
de cara al ciudadano. El primer ámbito de transferencia ha sido el de
formación profesional y lo estamos impulsando con aquellas que todavía no
tienen esta transferencia efectiva.
En segundo lugar, y en paralelo con el agotamiento de las transferencias
de formación profesional, se encuentra el traspaso de las políticas
activas de empleo a aquellas comunidades que todavía no la tienen o que
la están asumiendo en estos momentos. En el caso de la Comunidad Autónoma
Valenciana, como usted sabe, la formación profesional está siendo
gestionada ya por ella desde 1992, por lo cual nos encontramos con que la
comunidad autónoma --y así también lo entiende el Gobierno-- está en
condiciones plenas de aceptar y de asumir el traspaso del resto de
competencias de políticas activas, lo que viene denominándose
popularmente transferencia del Inem y que, efectivamente, tiene vigencia
para dos comunidades autónomas, Galicia y Cataluña, desde el 1 de enero
de 1998.
Hemos adoptado de forma conjunta Gobierno y Generalitat de Valencia, con
su puesta en marcha en el presente año, un convenio para ir trabajando en
la gestión de las políticas activas. Independientemente de que se vaya a
constituir la ponencia técnica de transferencias, ya estamos funcionando
de forma conjunta. Por tanto, sí hay un acercamiento extraordinario a los
ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
La efectividad del traspaso con el conjunto de comunidades del 151 y
asimilado --esto es, Andalucía, Navarra, Canarias y Comunidad
Valenciana-- a todos los efectos jurídicos tendrá lugar a principios de
1999. El resto del año habrá este período de convenio y transferencia a
Valencia, con efecto jurídico válido, a principios de 1999. En este
ámbito de transferencias nos quedaría el País Vasco, que tiene ahora
mismo una circunstancia especial. Usted conoce la reivindicación sobre la
transferencia de cuotas, que contiene elementos de extraordinaria
dificultad, para nosotros pero también soy optimista en este caso, y
supongo que todos llegaremos a un acuerdo razonable que permita también
la transferencia al País Vasco en este período.
El protocolo de colaboración tiene fecha 28 de enero; por tanto, está en
vigor desde principios de año. Entendemos que era la filosofía básica que
se perseguía con las declaraciones del ministro, y que fueron avaladas
--yo no tengo autoridad para profundizar en ello-- por el presidente de
la Generalitat, ya que había una participación activa de la Comunidad
Valenciana en las políticas de empleo desde el principio del año. Fruto
de esta experiencia compartida y de los resultados de la ponencia técnica
que se constituirá, la Comunidad Valenciana gozará de la plenitud de
transferencias a principios de 1999, al igual que el resto de comunidades
del artículo 151 y asimilados.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Intervengo muy brevemente para agradecer al
señor Pimentel su información, así como su valoración respecto a que la
Comunidad Valenciana tiene capacidad para asumir esta transferencia, que
el señor secretario dice que se producirá en enero de 1999. Hay que
llegar a la conclusión de que se deberá al deseo o voluntad del actual
Gobierno de la Generalitat valenciana.
Es verdad que se había anunciado que iba a ser en enero de 1998 y que
recientemente se ha dicho que sería en julio de 1998. La información que
usted nos proporciona hace pensar que esos datos no se corresponden con
la realidad, sin lugar a dudas debido a que es voluntad de la propia
Generalitat valenciana que tenga lugar en enero de 1999. Habrá ocasión de
seguir discutiendo estos datos a lo mejor en el ámbito de la propia
Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Quiero hacer una
matización en cuanto a la fecha. La fecha de entrada en vigor del
convenio es enero de 1998; la ponencia técnica está trabajando y nos
permitirá tener publicado el decreto de transferencia en julio de 1998.
Por tanto, la información de que dispone la Generalitat es absolutamente
correcta; ése es nuestro compromiso. Queremos tener publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» esa transferencia en 1998, esa gestión
compartida hasta principios de año, para que tenga vigencia
exclusivamente para la Generalitat a principios de 1999. Es correcta la
información que ha aportado la Generalitat en cuanto a que en julio esté
publicado el decreto de transferencias.
-- DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR QUE EL GRUPO DANONE, DE
CAPITAL FRANCES, DEDICADO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, SIGA REALIZANDO UNA POLITICA DE CIERRE DE CENTROS DE
TRABAJO (Número de expediente 181/001354).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Pedro Vaquero sobre el
grupo Danone.
Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario general de Empleo, ¿qué
actuaciones tiene previstas realizar el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales para evitar que el grupo Danone, de capital francés, que engloba
ya Danone, aguas de Lanjarón, Font Vella, cervezas San Miguel y Mahou,
galletas Lu, productos La Cocinera y vidrieras BTC --no sabemos si en el
ínterin se han integrado más--, dedicado a la producción y
comercialización de productos alimenticios, siga realizando una política
de cierre de centros de trabajo, de despidos y externalización de los
costes, fundamentalmente en el ámbito de la distribución?
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, en el
ámbito competencial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
incluye los expedientes de regulación de empleo de ámbito superior a una
comunidad autónoma, no se está tramitando en la actualidad ningún
expediente de este tipo referido a empresas que en la pregunta se
identifican como pertenecientes al grupo Danone, por lo que no existe
constancia oficial de que en dicho grupo se estén adoptando medidas que
afecten al empleo en forma de despido colectivo. No la tengo porque no
hay presentada ninguna regulación al efecto.
Sí conviene precisar que en una empresa, antes perteneciente al grupo
Danone y ahora al grupo Siro, productos alimenticios La Familia, se
inició el pasado 24 de febrero el período de consultas de un expediente
de regulación de empleo en el ámbito de la Dirección General de Trabajo,
en el que se solicitaba la extinción de 56 contratos de trabajo sobre una
plantilla total de 180 trabajadores. Con respecto a este expediente los
representantes de la empresa y los trabajadores llegaron a un acuerdo el
pasado 12 de marzo sobre la extinción de 52 contratos de trabajo, acuerdo
que fue autorizado por resolución de la Dirección General de Trabajo de
26 de marzo.
Fuera del ámbito competencial de la Administración del Estado sabemos que
se ha presentado algún expediente de regulación de empleo en empresas del
grupo Danone. Así, la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó el pasado mes
de febrero una suspensión temporal de contratos de trabajo en la empresa
La Cocinera para el centro ubicado en dicha comunidad y respecto de la
empresa San Miguel. Para su centro de trabajo, en Burgos, se llegó a un
acuerdo con la representación de los trabajadores para la extinción de 43
contratos de trabajo.
Tenemos conocimiento también de que dentro de este grupo se están dando
pasos hacia un esquema organizativo en el que la actividad logística de
almacenamiento y distribución de productos tiende a externalizarse,
desarrollándose por otras empresas que trabajan para el grupo y también
fuera de él. Medidas de este tipo podrían tener efectos sobre el empleo,
pero no se están traduciendo en la actualidad en la presentación de
expedientes de regulación de empleo ante el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, aunque sí se podrían estar produciendo ceses de
personal a través de sistemas como bajas incentivadas, prejubilaciones,
etcétera que, precisamente por no tramitarse a través de un despido,
deben estar basados en la voluntariedad del trabajador afectado.
En estos supuestos, si la representación de los trabajadores en cada
empresa del grupo considera que existen despidos sin sometimiento a los
trámites y requisitos legales, lo lógico será que transmita a la empresa
su disconformidad con unas prácticas que puede considerar ilegales, así
como que formule la oportuna denuncia ante la administración laboral o
interponga demanda ante los órganos judiciales para poner freno, en ese
caso, a las posibles conductas ilegales.
A la vista de esta información cabe decir, en primer lugar, que pueden
darse expedientes de regulación de empleo de empresas del grupo Danone en
las que la competencia para su resolución no corresponde al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, sino a las administraciones
autonómicas; y, en segundo lugar, respecto a los planteamientos
empresariales con incidencia en el empleo que sean de ámbito superior a
la comunidad autónoma, que este Ministerio mantendrá la postura ya
conocida y debatida en esta Cámara en algunas ocasiones sobre situaciones
de esta clase. Dicha postura consiste en ejercer y centrar sus
competencias legales en materia de regulación de empleo conforme, no
podía ser de otra forma, a los criterios marcados por el Estatuto de los
Trabajadores y favorecer el desarrollo de la negociación entre la empresa
y los representantes de los trabajadores, que es el elemento básico para
afrontar estas situaciones; constituye una premisa básica el que la
actuación de la Administración sólo se produzca cuando lo soliciten las
partes y siempre orientada a que la negociación entre ellas se desarrolle
adecuadamente. Al margen de lo anterior, si se formulasen denuncias ante
la administración laboral por posibles actuaciones ilegales en relación
con las garantías y procedimientos para el despido colectivo, los órganos
competentes para la vigilancia del cumplimiento de la legislación
laboral, ya sean del Estado o de las comunidades autónomas, deberán
lógicamente llevar a cabo las actuaciones inspectoras que correspondan
para comprobar y, en su caso, sancionar esas posibles conductas ilegales.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Quisiera decirle, señor secretario general de
Empleo, en primer lugar, que me gustaría que aclarase si ha habido por
parte de alguna de las empresas del grupo alguna solicitud de ayudas o
subvenciones respecto a prejubilaciones o que por parte de alguna
comunidad autónoma se haya transmitido la resolución de algún expediente
de regulación de empleo. En cualquier caso, no se ha respondido
directamente a esa cuestión. Deduzco genéricamente que no se ha producido
ningún tipo de solicitud ni de subvención para prejubilaciones, pero me
gustaría que me lo confirmase usted en su respuesta.
Por otro lado, aunque conozco la legislación al efecto, el hecho de que
este grupo tenga repartidas sus empresas y centros de trabajo en
distintas comunidades autónomas conlleva la problemática de cualquier
multinacional que se establezca en nuestro territorio, incluso de
cualquier empresa nacional que tenga un ámbito competencial o de
distribución de sus unidades productivas o de comercialización diseminado
por las distintas comunidades autónomas. Cuando existan irregularidades o
posibles líneas de actuación por parte de las empresas de esos grupos que
van reduciendo el empleo, de una forma regular o irregular, se tendrá que
acudir a los tribunales y a los procedimientos que correspondan y serán
esas comunidades autónomas las que tengan competencia. Precisamente por
eso, convendría que conociéramos todos si existe por parte del Ministerio
algún interés por regular o cambiar la realidad legislativa y normativa
respecto al posible control o actuación del Gobierno --del Ministerio de
trabajo en este caso-- sobre las líneas de actuación en multinacionales
de este tipo, que con sus estrategias van produciendo pérdidas de puestos
de trabajo. En el caso concreto del grupo en aguas de Lanjarón la pérdida
de empleo puede fijarse en el 30 por ciento, habiendo cerrado diez
centros de trabajo; en la empresa Danone, aproximadamente 2.000 puestos
de trabajo perdidos también a través de este tipo de prácticas, y así
sucesivamente en cada una de las empresas donde poco a poco se ha ido
laminando el empleo, según la información de que disponemos.
Por tanto, desearía saber, aparte de remitirnos tanto a nosotros como a
los representantes de los trabajadores y a todos los interesados a la
utilización de los órganos jurisdiccionales, si se va a producir algún
tipo de actuación por parte del Gobierno en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, respecto
a la primera parte, no tengo conocimiento de que se hayan solicitado esas
ayudas. Personalmente, yo no dispongo de esa información en este momento,
pero podrían haber sido requeridas. Podría pedir específicamente
información de esas ayudas, que en este momento desconozco.
En cuanto al cambio de regulación específica, el Gobierno no tiene
pensado en estos momentos cambiar la normativa que afecta a regulaciones
de empleo. Entendemos que cualquier modificación del Estatuto de los
Trabajadores en algo de tanta trascendencia como un expediente de
regulación de empleo y debe ser fruto de un consenso. Pero yo pediría
reflexión, porque cada día deberemos habituarnos a tener en cuenta que
dentro de un concepto de empresa europea su bandera será cambiante. En
este sentido, no debemos hacer normas distintas para las empresas que
tienen su capital social mayoritariamente aquí o las que lo tengan
mayoritariamente en cualquier país de la Unión Europea. Creo que deben
someterse a las mismas normas legales, que garanticen por supuesto los
derechos de los trabajadores; pero no distingamos entre los derechos
laborales de los trabajadores en una empresa multinacional y los derechos
laborales de los de una empresa nacional cuando, a todas luces,
evolucionamos hacia una realidad en la que incluso va a ser difícil
determinar la bandera de las empresas y lo más importante será garantizar
los derechos de los trabajadores.
En esa línea, puedo anunciarle que el Gobierno en estos momentos no tiene
intención de cambiar la normativa de los expedientes de regulación de
empleo y cuestiones relativas a ceses y extinción de relaciones
laborales.
--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA) SOBRE EMPRESAS QUE UTILIZAN EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS EL AMIANTO
(Número de expediente 181/001355).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula don Pedro Vaquero sobre el uso
o empleo del amianto.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VAQUERO DEL POZO: El amianto o asbesto es una sustancia cuyas
propiedades fisio-químicas son ampliamente explotadas por su utilización
industrial en forma de diferentes compuestos cuyo carácter nocivo para la
salud está perfectamente demostrado y acreditado. Se emplea en las
cementeras, en la fabricación de embragues y de otros productos
componentes de los vehículos, así como en distintos ámbitos de la
producción (albañilería-fumista, astilleros y desguace de barcos,
extracción, preparación y acarreo de amianto, fabricación de filtros,
aislamientos, cartonaje, textiles, demolición donde esté presente el
amianto, etcétera). Es decir, hay toda una serie de ámbitos de la
producción donde se producen los efectos de esas propiedades
fisioquímicas del amianto. Las patologías derivadas del amianto son
cánceres, cuya definición causal aparece asentada pacíficamente en la
doctrina científica internacional desde los años 60. Y ya hay legislación
en nuestro país, por ejemplo, en el Reglamento de trabajos con riesgo por
amianto del año 1984.
Por tanto, en el ámbito de utilización de sectores productivos muy
importantes de nuestro país hay una presencia elevada de esta materia
tóxica. Mi pregunta se refiere a si el Gobierno tiene conocimiento de
cuántas empresas y de qué sectores utilizan en sus procesos productivos
el amianto, de qué datos de los últimos 15 años dispone el Gobierno
respecto de los trabajadores afectados por este producto, tanto en
afecciones de salud como con consecuencia de muerte, y qué medidas piensa
acometer para erradicar este material tóxico de dichas empresas, así como
aquéllas para proveer de ayudas a los propios afectados y a sus familias.
En todo caso, le adelanto que preferiría que estos datos se me
facilitaran por escrito.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, según el
último informe realizado por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías,
dependiente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
el número de empresas que han enviado ficha de seguimiento ambiental de
amianto, de acuerdo con la legislación vigente, es de 43. Dichas empresas
pertenecen a los sectores siguientes que S. S. ha mencionado: fabricación
de fibrocemento, operaciones menores con amianto, fabricación de frenos y
embragues, industria textil, reparación y mantenimiento de material
ferroviario y talleres de reparación de frenos y embragues.
En cuanto a la evolución en los últimos 15 años de los trabajadores
afectados por este producto, los datos de que disponemos son, en lo que
respecta a la exposición ambiental, los referidos a la concentración
ambiental en el puesto de trabajo a fibras de amianto, expresado en la
relación fibra de amianto por centímetro cúbico. En lo relativo al
sistema médico de los trabajadores, tenemos los de la exploración clínica
respiratoria y radiológica que se realiza. Según estos datos, y tomando
como base el período comprendido entre el año 1984, en el que se realizó
la primera experiencia de recogida de datos, y 1997 se observa que a
partir de 1987 se produjo una disminución drástica de los niveles de
exposición a fibras de amianto, como consecuencia de la aplicación de la
legislación vigente. Así, mientras que en el año 1984 la concentración
media era de 2,41 fibra/centímetro cúbico, en 1987 esta relación se
rebajó a 0,76 y siguió descendiendo paulatinamente en años sucesivos
hasta alcanzar un nivel medio de exposición de 0,08 fibra/centímetro
cúbico en 1997. (La señora Vicepresidenta, Sabanés Nadal, ocupa la
Presidencia.)
Igual sucede tanto con lo que se refiere al porcentaje de trabajadores
potencialmente expuestos como a los que superen la concentración promedio
permisible considerada en cada año, ya que ésta ha ido descendiendo
también a lo largo de estos años, pasando de 2 fibras/centímetro cúbico
en 1984 a 0,6 en 1997. Por lo que se refiere a los trabajadores
potencialmente expuestos, definidos por el reglamento como los que sufren
una concentración de fibra de amianto igual o superior a 0,20
fibra/centímetro cúbico, en 1987 eran el 31 por ciento de los
trabajadores de las empresas registradas que realizan trabajos con
amianto, mientras que en 1997 han descendido al 10 por ciento. La
población expuesta por encima de la concentración promedio permisible,
era del 12 por ciento en 1987, cuando la CPP (concentración promedio
permisible; utilizaré la abreviatura a partir de ahora) estaba situada en
una fibra/centímetros cúbicos, mientras que en 1997, con una CPP situada
en 0,6, la población que supera esta concentración es del 2 por ciento.
Por tanto, la reducción producida en la concentración promedio permisible
en estos diez últimos años ha ido acompañada del descenso, lógicamente,
de la incidencia en la población expuesta, lo que indica un mejor control
de la exposición a fibras de amianto; consecuencia que también se refleja
en la población no expuesta, la cual ha pasado del 69 por ciento en 1987,
con una exposición media de 0,10 fibra, al 90 por ciento en 1997, con una
exposición media este año de 0,05 fibra/centímetro cúbico.
En cuanto al número de trabajadores registrados que han sufrido alguna
patología derivada del uso de amianto, se ha experimentado un notable
descenso a partir fundamentalmente del año 1991. Así, mientras que en el
período comprendido entre 1984 y 1990 se produjeron 84 casos de
asbestosis, 14 de carcinomas y 19 de mesoteliomas, a partir de 1991 y
hasta el año 1997 se registraron 17 casos de asbestosis --de los que 14
se manifestaron en los años 1992 y 1994, produciéndose tan sólo un caso
en cada uno de los últimos tres años--, dos de carcinomas y uno de
mesoteliomas. En total, en el período de 1980 a 1997 se han producido 37
fallecimientos de trabajadores pertenecientes a los sectores textil,
fibrocemento, materiales de fricción y calorifugados. Las causas de estos
37 fallecimientos fueron: 6 por mesotelioma, 11 por carcinoma
broncopulmonar, 12 por asbestosis y ocho por insuficiencia respiratoria
aguda corpulmonar.
Por lo que respecta a las medidas para erradicar este material tóxico,
España cuenta con una legislación laboral más restrictiva que la
establecida en las directivas específicas sobre este tema, aprobada por
la Comunidad Europea, que --como usted sabe-- son las directivas 83/477 y
91/382, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo, así como la
Directiva 90/394, genérica de la CEE, sobre exposición laboral a agentes
cancerígenos. A ésta hay que añadir la directiva que --ya en el ámbito
del mercado único-- establece la clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias y preparados peligrosos, y la limitación a la comercialización
y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, todas ellas
incorporadas ya al Derecho interno español.
Por aplicación de las órdenes ministeriales de 30 de diciembre de 1993 y
1 de febrero de 1996, en España está prohibida la comercialización y uso
de cualquier producto que contenga alguna de las variedades o formas de
amianto, salvo la variedad blanca o crisotilo, de menor potencia de
riesgo carcinógeno, que, no obstante, además está sometida a fuertes
restricciones. Sin embargo, dado el largo período de latencia de los
cánceres por exposición a amianto, que fácilmente llegan a superar los 20
años, es de lamentar que, desgraciadamente, pudieran surgir nuevos casos
debido a situaciones anteriores. Además, aunque esté prohibida la
comercialización y uso del amianto, cualquiera de sus variedades puede
estar presente todavía --intentamos detectarlo a tiempo-- en los trabajos
de demolición y desguace, cuando existan materiales que lo contengan. En
relación con esta cuestión, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene
en el Trabajo continúa con los trabajos de su proyecto de investigación
sobre la incidencia y evaluación de la población laboral expuesto a
amianto, y el relativo a los reconocimientos médicos a trabajadores
expuestos al mismo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a
cabo además una vigilancia y control especial de esas actividades.
También existe la posibilidad de que algunos de los productos que
sustituyen al amianto en las aplicaciones que fueron propias a este
agente antes de su aplicación pudieran ser, a su vez, peligrosos en mayor
o menor medida que éste. Por esta razón, España contribuye a las
investigaciones que se realizan en la Unión Europea y en otros países,
con el proyecto de investigación del instituto, sobre valoración del
riesgo para la salud derivado de la manipulación de materiales compuestos
de fibras/minerales sintéticas. Por otra parte, el Instituto de Seguridad
e Higiene en el Trabajo está elaborando una guía técnica como orientación
para la mejor aplicación de lo expuesto en el Real Decreto 665/1997,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos por exposición
a agentes cancerígenos.
En el pasado Consejo de Ministros aprobamos unas conclusiones --que había
presentado la Presidencia-- relativas a los resultados de la evaluación
prevista por la directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el trabajo. En ellas se invita a la
Comisión a intensificar los estudios sobre posible riesgo por exposición
laboral a los productos sustitutivos del amianto y a que revise la
directiva vigente, con el objeto de adoptar medidas preventivas de mayor
eficacia, particularmente en las actividades de desamiantado de
edificios, buques, vagones y otros elementos que contengan amianto, y en
las actividades de mantenimiento, reparación y análogas que posiblemente
impliquen una exposición imprevista a fibra de amianto. Con toda
seguridad, esto provocará una reacción de la Comisión Europea en el
sentido de presentar al Consejo una propuesta de directiva al respecto,
que España en su caso apoyaría.
Finalmente, respecto a las ayudas a los propios afectados y sus
familiares, se consideran como adecuadas las que se aplican por estas
contingencias, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social y la
reglamentación específica vigente relativa a los accidentes de trabajo y
a enfermedades profesionales, por la calificación de la enfermedad
profesional correspondiente, en este caso las referidas --y temidas--
asbestosis, mesoteliomas y las demás derivadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Señor Vaquero, por favor, dado
lo avanzado de la hora, le pediría brevedad.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señora presidenta, por haberme
concedido el uso de la palabra.
Señor secretario general de Empleo, gracias por su extensa información.
Sin embargo, quisiera que me comentara brevísimamente algún aspecto que
no he visto contemplado en su respuesta y que forma parte también de la
necesidad de información que tengo respecto al tema del amianto. Uno de
ellos es si el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha coordinado
con las distintas comunidades autónomas para que ellas, que tienen
competencia en sus respectivas consejerías de salud, realicen estudios
epistemológicos y registros de mesoteliomas para poder controlar qué
incidencia está habiendo en cada una de esas comunidades autónomas y
formar parte del conocimiento de datos que tiene el Ministerio de
Trabajo.
Por otro lado, quisiera saber si se ha puesto en marcha la comisión de
control y seguimiento del reglamento sobre el amianto y, finalmente, si
existen en todas las comunidades autónomas los registros territoriales de
empresas con riesgo por exposición al amianto y qué mecanismos de control
existen para que, efectivamente, esas empresas estén debidamente
registradas.
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): En primer lugar,
como pedía S. S., al finalizar la comparecencia le entregaré la respuesta
escrita, porque considero que incorpora todos los elementos cuantitativos
que usted explicitaba en su pregunta.
La Comisión Nacional está funcionando, va a seguir funcionando y ya hemos
tenido un debate en torno a este tema. Según todos los datos que yo
tengo, es de suponer que las autoridades competentes a nivel autonómico
están desarrollando tareas en este sentido, y también --hasta donde
conozco-- se está llevando a cabo con diligencia el registro al que hacía
usted alusión.
No es un tema que esté ya solucionado; repito, todavía pueden aparecer
algunos nuevos casos y aún --en las tareas que he indicado, por ejemplo,
de demolición-- podemos exponer a trabajadores a este riesgo. Por tanto,
tenemos que ser especialmente cautelosos; pero, de todas formas, es un
problema que ha ido disminuyendo de forma importante, en este caso por
una adecuada legislación y su adecuada ejecución. Confiamos en que en
estos momentos las actividades y fibras que están sustituyendo al amianto
no sean perjudiciales. Como usted sabe, es una línea que se está
desarrollando y que también he querido destacar. Todos tenemos la certeza
de que el amianto era perjudicial y, por tanto, hemos ido procediendo a
su sustitución y eliminación, pero hay que ser prudentes, no vaya a ser
que alguna de las nuevas fibras sustitutorias pudieran encerrar algún
tipo de peligro.
En todo caso --y con esta información complementaria--, en cuanto
finalice la intervención, le traspasaré esta respuesta escrita porque
considero que contiene bastantes datos que podrían ser de su interés.
--DEL SEÑOR VAQUERO DEL POZO (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE MEDIDAS PARA ERRADICAR EL TRABAJO DE LOS MENORES EN ESPAÑA
(Número de expediente 181/001363).
La señora VICEPRESIDENTA (Sabanés Nadal): Para formular la siguiente
pregunta, tiene la palabra Pedro Vaquero, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor VAQUERO DEL POZO: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno a fin
de erradicar el trabajo de los menores en España, que algunos cifran en
unos 400.000?
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Estamos ahora
dentro de un debate mundial importante, como usted bien conoce, en torno
a los derechos del menor y al trabajo de menores.
¿Qué situación tenemos en nuestro país? Es evidente que toda la población
conoce que se prohíbe claramente el trabajo de menores, retribuido o no,
especificando qué se entiende por relación laboral, como voluntariedad,
dependencia, etcétera. La actuación de la Inspección de Trabajo permite
detectar a veces situaciones de menores que sin embargo no pueden ser
calificadas como trabajos prohibidos, por no concurrir los elementos
citados de una relación laboral. En la mayoría de los casos, los
supuestos de trabajo de menores aparecen ligados a los fenómenos de la
economía sumergida familiar, lo que dificulta extraordinariamente la
labor de investigación y especialmente la determinación de
responsabilidades. El fenómeno del trabajo familiar --dato del que somos
conscientes, que intentaremos evitar, y ya hay una difusión cultural muy
importante-- incluso alienta, en determinados supuestos de marginalidad,
la desescolarización de los menores, a lo que se une en muchos casos
circunstancias, como indicaba, de marginalidad social.
Hemos de mencionar también la incidencia de otros factores, como
estacionalidad de actividades económicas, agricultura, hostelería,
irregular distribución temporal de dichos trabajos y la inexistencia casi
absoluta, --quisiera resaltarlo-- de denuncias presentadas ante las
inspecciones provinciales sobre este asunto. No hay denuncias sobre
trabajo de menores en nuestro país en la Inspección de Trabajo. De ello
se puede deducir que, como hemos visto en algún supuesto anterior en esta
comparecencia, aunque la legislación ampara sobradamente la prohibición
del trabajo infantil, añadiéndose además la obligación de la
escolarización hasta la edad mínima laboral, dieciséis años, el fenómeno
tiene una dimensión social que dificulta de forma importante su detección
y total erradicación. Es necesario abordarlo, no tan sólo desde las
medidas estrictamente de control, aunque también hay que hacerlo, sino
también desde el conocimiento riguroso de la realidad económico-social
que lo motiva y desde las actuaciones que tengan una incidencia en la
modificación de esa realidad y en la sensibilización y cultura de la
sociedad.
Entre las acciones que se están llevando a cabo para abordar este
problema, podríamos destacar la firma de un convenio entre el Ministerio
de Trabajo y el Comité español de la Unicef, en cuyo marco está prevista
la realización de estudios referentes al diagnóstico sobre explotaciones
de diversa índole de los menores en España. Este estudio tiene por objeto
conocer la realidad social y los problemas que se plantean en relación
con las diversas formas laborales y de explotación de los menores, así
como recoger propuestas que permitan dar solución a dichos problemas,
tanto de ámbito normativo como social. El pasado verano, Unicef, en
colaboración con el Ministerio de Trabajo, realizó un curso en la
Universidad de El Escorial, denominado: La explotación de los niños en el
trabajo, situación actual problemática y plan de acción. Las conclusiones
y ponencias que se presentaron serán difundidas por la Secretaría General
de Asuntos Sociales, la cual intervino, además activamente, con la
presentación de una ponencia.
Asimismo, en 1997, por vez primera, en el marco de la convocatoria de
subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, para la
realización de programas de cooperación y voluntariado social, se incluyó
un programa para la infancia y familia, dirigido a la prevención y
erradicación del trabajo infantil mediante actuaciones de
sensibilización, detección de factores desencadenantes y prevención.
Se priman además los programas que contengan una metodología de
investigación y acción, que prevean como beneficiarios a aquellos menores
a los que, por razón de su edad, el trabajo infantil les suponga un mayor
riesgo para su desarrollo y que dirijan sus actuaciones al entorno
familiar, donde se concentra actualmente --las cifras todavía no son
ciertas; como S. S. decía son puras estimaciones, pero esperamos
conocerlas-- este tipo de comportamiento irregular y por tanto con
necesidad de ser erradicado.
Por último, para una mayor eficacia, para la detección y prevención del
trabajo infantil se considera necesario reforzar los sistemas de
inspección laboral, sobre todo en aquellos ámbitos donde más puedan darse
casos de utilización de menores. Asimismo, la actuación de los servicios
sociales ante la denuncia por absentismo escolar constituye un importante
ámbito en la acción de la Administración frente al trabajo infantil.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL VAQUERO DEL POZO (DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA), SOBRE TRASLADO AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL
DE LA DIRECTIVA DE LA UNION EUROPEA DE 20/01/1998, SOBRE CONTRATACION A
TIEMPO PARCIAL (Número de expediente 181/001365).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula también
el señor Vaquero en relación con la contratación a tiempo parcial.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Secretario General de Empleo, quisiera
saber cómo proyecta el Gobierno trasladar al ordenamiento jurídico
español la Directiva de la Unión Europea de 20 de enero de 1998, sobre
contratación a tiempo parcial, con qué plazo, pues la misma directiva
establece un plazo límite del año 2000, y los distintos pormenores al
respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): La Directiva
97/81 del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 --tengo que hacer esta
pequeña corrección, no es el 20 de enero--, incorpora como norma
obligatoria al ordenamiento jurídico comunitario el acuerdo-marco sobre
el trabajo a tiempo parcial, concluido el 6 de junio de 1997.
En este momento, el Ministerio de Trabajo está analizando el contenido de
dicha directiva para determinar en qué medida requiere, para su plena
efectividad en España, la introducción de modificaciones en la
legislación vigente sobre el trabajo a tiempo parcial. Sin que haya
concluido todavía dicho análisis, al que habrá que incorporar igualmente
la propia reflexión que realicen los interlocutores sociales al respecto,
sí puede anticiparse que en principio la vigente legislación española se
adecua en gran medida a la reciente directiva comunitaria, por lo que o
no habrá que introducir modificación legislativa o ésta será de carácter
menor. Este análisis aún no concluido condiciona la respuesta que pueda
darse a la primera de las cuestiones planteadas, relativa a la forma en
que vaya a utilizar el Gobierno español para trasladar la directiva al
ordenamiento jurídico del país.
Tanto la necesidad de adoptar o no un instrumento normativo de
trasposición como el rango que haya de tener tal instrumento, ley o
real-decreto, dependerá de lo que se concluya sobre si se debe modificar
o no la normativa vigente y su rango. Además, con carácter previo, deben
despejarse otras incógnitas antes de determinar cuál será la actividad
del Gobierno español, que en todo caso es conocer la voluntad, la
intención y los objetivos que persiguen los interlocutores sociales en
relación con una posible trasposición de una directiva que ellos mismos
han aprobado a nivel comunitario.
Esta trasposición y, como es sabido, el acuerdo-marco que trae su causa,
como la propia directiva, se inscriben en las nuevas posibilidades que
otorga el diálogo social a escala comunitaria el acuerdo sobre política
social, anejo al protocolo número 14 del mismo nombre, que acompaña al
Tratado de Maastricht. El acuerdo sobre política social establece, y la
directiva lo recuerda, que los Estados miembros podrán confiar a los
interlocutores sociales, a petición conjunta de ésta, el establecimiento,
mediante la negociación colectiva, de las disposiciones necesarias para
la aplicación de la directiva del Consejo. La trasposición convencional
de directivas comunitarias que todavía no se ha producido en nuestro país
desde la vigencia del Tratado de Maastricht, se ve sin embargo dotada de
pleno amparo jurídico en nuestro ordenamiento a través de las
posibilidades que otorga el artículo 83.3 del Estatuto de los
Trabajadores a la negociación colectiva sobre materias concretas, y
podría estar especialmente indicada en relación con una directiva como la
que se analiza, que no hace sino dotar de eficacia jurídica un previo
acuerdo concluido libremente por las organizaciones representativas
europeas a las que pertenecen igualmente las propias organizaciones
sindicales y empresariales españolas más representativas. Nada tendría,
por tanto, de extraño que una directiva, que tiene su origen en la
negociación colectiva fuera traspuesta mediante la propia negociación
colectiva.
Yo querría, aparte de esta consideración de ámbito jurídico, decirle que
es de extraordinaria importancia, no tan sólo la trasposición --que, por
supuesto, se hará antes del año 2000; la intención del Gobierno es
hacerla cuanto antes--, sino buscar fórmulas que desarrollen el contrato
a tiempo parcial en nuestro país, contrato que debe desarrollarse de
forma positiva, para todos, voluntaria, para trabajadores y trabajadoras,
no hay que hacer un tiempo parcial para hombres y un tiempo parcial para
mujeres, ha de tener carácter voluntario para todos. Y le podemos dar
algunos datos comparativos del uso de esta fórmula en España con respecto
a la Unión Europea. Sabe usted que tan sólo el 8 por ciento de los
contratos en nuestro país se desarrolla bajo la fórmula de contrato a
tiempo parcial, mientras que esa media a nivel europeo es del 16 por
ciento, el doble, y en algunos países, sobre todo aquellos donde el
empleo se ha incrementado de forma más importante este último año, como
es el caso de Holanda, supera este porcentaje el 36 por ciento.
El Gobierno está dispuesto, y así se especifica en el Plan de empleo, a
abrir una mesa de diálogo social con los agentes sociales, para estudiar
todos los contenidos que contempla el concepto tiempo parcial: regulación
jurídica, protección social, etcétera, porque hay que hacerlo atractivo
a las empresas y también a los trabajadores. Queremos estudiar un paquete
de incentivos que queremos dotar para el fomento del trabajo a tiempo
parcial estable. Al igual que hicimos con el contrato ordinario,
querríamos hacerlo también para fomentar la estabilidad dentro de la
fórmula del tiempo parcial.
En estos momentos, que sabe usted que este Plan de empleo se encuentra
pendiente de su aprobación en la cumbre de Cardiff, vamos a empezar los
primeros contactos y, una vez aprobado dicho plan por esta cumbre,
procederíamos a abrir, si así lo estiman oportuno los agentes sociales,
esa mesa amplia de diálogo sobre el tiempo parcial, con el ánimo, al
menos por el Gobierno, de concluir los trabajos antes de final de año
para poder incorporar las modificaciones normativas que se deriven y
también las posibles conclusiones de la directiva el próximo año 1999.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario general de Empleo, deduzco
por su explicación que no es voluntad del Gobierno acelerar el paso para
adelantar a los agentes sociales con ninguna trasposición normativa, sino
más bien todo lo contrario, esperar a que los agentes sociales vayan
diciendo qué es lo que quieren hacer al respecto en el ámbito territorial
de nuestro Estado.
Por otro lado, en el Plan de empleo se contempla este desarrollo del
contrato a tiempo parcial sobre la base de los diferenciales de
utilización de esa fórmula contractual que existe en nuestro país con
relación a la Unión Europea. Este es un dato que ya hemos conocido a
través de los distintos debates e informaciones recíprocos que hemos
tenido sobre el plan de empleo anual que el Gobierno va a presentar en
Cardiff, y nuestra preocupación es que, incluso más allá de que exista
una trasposición, se puedan ir dando los hechos consumados de que se va
potenciando y fomentando el contrato a tiempo parcial, que de alguna
forma puede ir cambiando, puede ir mutando la realidad de nuestro mercado
de trabajo. Si bien hasta ahora es insuficiente la capacidad de creación
de empleo que tiene nuestro sistema productivo, es verdad que esto podría
paliarse o podría camuflarse de alguna forma mediante una fórmula de
contrato a tiempo parcial que, por un lado, supusiese un detrimento de la
capacidad recaudatoria que tiene la Seguridad Social, en la medida en que
el fomento de ese contrato fuese a través de bonificaciones de las cuotas
de la Seguridad Social y con un plazo absolutamente indefinido, no se
sabe cuándo podría acabar esa bonificación y, por otro lado, se fomentase
también de alguna forma el carácter forzoso de la utilización de ese
contrato a tiempo parcial. Hay que considerar que no es la misma realidad
la que existe, por ejemplo, en Holanda --dato que se ha dado por parte
del secretario general de Empleo-- que la que existe en España, porque,
en concreto, las mujeres, en Holanda, tienen un grado de incorporación al
mercado de trabajo muchísimo mayor que el que existe en nuestro mercado
laboral español. Eso implica que, en Holanda, la aceptación, la asunción
por parte de los que son sujetos de ese contrato a tiempo parcial es de
un 80 por ciento y, en cambio, en España, en unas encuestas que se han
realizado, la aceptación y el grado de voluntariedad hacia ese contrato a
tiempo parcial que tiene entre los sujetos que ahora mismo lo
protagonizan es muchísimo menor.
Sirva como reflexión, dado que usted también ha hecho la misma reflexión
sobre las realidades que va haciendo el Gobierno, que existe esta
preocupación por parte del Grupo de Izquierda Unida y que sería
conveniente que se diesen los pasos necesarios para adecuar la opinión de
los agentes sociales y económicos, junto con el ámbito parlamentario
correspondiente, para, si es necesario --y creemos que efectivamente lo
es--, actuar en el ámbito legislativo y que se produzca una adecuación y
no una vía de hechos consumados.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Con profundo
respeto a la inquietud lógica y normal que puede tener su grupo, creo que
puede quedar resuelta satisfactoriamente con la simple lectura de lo
previsto en el Plan de empleo.
¿Qué decimos en el Plan de empleo? En primer lugar, se da protección
social a fórmulas de tiempo parcial que no la tenían, como es lo que
venía llamándose tiempo parcial marginal o tiempo parcial de menos de
doce horas a la semana y cuarenta y ocho al mes. Se ha incorporado, y ya
está en vigor, con su decreto correspondiente, la protección por
desempleo, de la que no gozaban los trabajadores que estaban contratados
por estas fórmulas. Estoy seguro de que su grupo reconocerá el avance
social que supone esta incorporación y esta dotación de derechos a una
fórmula contractual que no los tenía.
El Gobierno es consciente de que hay que avanzar en desarrollar el tiempo
parcial, es consciente de que tenemos que trasponer la directiva, pero es
igual de consciente de que, para que una fórmula laboral tenga éxito,
tiene que venir avalada por trabajadores y empresarios o, lo que es lo
mismo, tiene que ser atractiva para empresarios y para trabajadores.
Además, tenemos la experiencia, histórica ya, de la reforma laboral, que
ha tenido un éxito importantísimo: lograr invertir esa tendencia en un
país que venía incrementando la temporalidad.
¿Qué vamos a hacer? Si se da usted cuenta y lo lee, y puede quedarse
tranquilo, no prefiguramos jurídicamente ninguna nueva fórmula de tiempo
parcial. Decimos que queremos que se desarrolle, que sea voluntario, que
no sea sexista, que sea atractivo para ambas partes, y que sea estable.
Unicamente el supuesto posible de incentivación sería en el caso de la
estabilidad, y lo derivamos a una mesa de diálogo social. Podríamos no
haberlo hecho; podríamos, al amparo de la directiva, haberla traspuesto y
haber aplicado lo que nosotros entendíamos que era su desarrollo.
Queremos dialogar Y es más, queremos dialogar los posibles incentivos que
le preocupan a usted, en cuanto a merma de fuentes de financiación de la
Seguridad Social, y se va a hacer el ofrecimiento, un ofrecimiento
oportuno en estas fechas de movilizaciones sindicales por el empleo y la
solidaridad, no contra el Plan de empleo --que siempre
es bueno el matiz; uno lee las pancartas y dicen: Por el empleo y la
solidaridad, móvil sin duda interesante y necesario--, y añadiremos ese
debate al de incentivos.
Esto seguro de que la lectura del documento y los comentarios de este
humilde secretario le aportarán sosiego y tranquilidad donde ahora mismo,
en el corazón, tiene esa incertidumbre y esa inquietud que acaba de
expresar.
--DE LA SEÑORA ROMERO LOPEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE
PREVISIONES ACERCA DE LA REALIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL (Número de
expediente 181/001393).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que formula doña Carmen
Romero, sobre formación profesional.
Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Esta pregunta también va de inquietud. Así es que
continúo en el mismo marco del debate de la anterior pregunta.
Señor Pimentel, quisiera decirle que las transferencias que se están
produciendo generan preocupación en los trabajadores, en sus sindicatos,
y en los ciudadanos en general, porque afectan a la igualdad de
oportunidades ante el acceso a la formación, al empleo y al mercado de
trabajo, principio constitucional que creemos que todos debemos respetar
y desde luego el Gobierno en primer lugar.
El marco en el que se están produciendo estas transferencias no es el que
hubierasidoevidentemente más deseable. Circunstancias de resultados
electorales pueden haber llevado a una negociación de estas
transferencias con unas características que probablemente en otro
supuesto no se habrían producido. La lógica de las comunidades autónomas
es evidentemente reclamar la asunción de sus competencias, pero queremos
saber las previsiones del Gobierno desde la lógica de la responsabilidad
del Estado.
¿Cuáles han sido las transferencias que se han producido en materia de
formación profesional, las primeras que se produjeron? Quisiéramos que
nos diera datos y toda la información que tenga sobre esa materia, sobre
todo los reales-decretos de transferencias que se han aprobado de
funciones y servicios en materia de gestión, de trabajo, de empleo y de
formación. Acabamos de oír esta mañana las previsiones que hay en la
Comunidad Autónoma de Valencia y nos acaba de decir que las comunidades
autónomas de Cataluña y de Galicia ya tienen sus reales-decretos de
transferencias sobre esto. Quisiéramos conocer el calendario de estas
transferencias con respecto a las restantes comunidades autónomas, y en
qué condiciones y marco se van a producir.
Es imposible desligar las políticas activas de las políticas pasivas. De
hecho, transformar las políticas pasivas en políticas activas es, como
sabe muy bien, señor Pimentel, uno de los ejes de trabajo en todos los
documentos europeos; fue el eje del anterior gobierno y ha sido también,
cuando ustedes estaban en la oposición, y espero que no se hayan
olvidado, la postura que mantenía su grupo. No quiero hablar ahora,
porque me parece que sería redundar en declaraciones que hicieron ustedes
muy abundantemente cuando estaban en la oposición, acerca de los
subsidios y del voto cautivo, acerca de la necesidad de ligar las
políticas activas a las pasivas. Ha habido infinidad de comparecencias en
esta Cámara en esa línea, solicitadas por todos los grupos políticos. Por
eso creemos que los mecanismos de conexión entre ambas políticas es
sustancial para prever el futuro.
Quisiéramos saber qué previsiones ha hecho el Gobierno en esta materia y
qué mecanismos tiene para garantizar los principios constitucionales
desde el momento en que se están produciendo estas transferencias.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, de su
pregunta por escrito se traducía que las transferencias se debían ceñir
únicamente a formación profesional. En su intervención también cuestiona
otras políticas activas y hace una reflexión sobre la conveniencia o no
de incentivar y desarrollar la transformación de políticas pasivas en
activas. Dentro de mis modestas posibilidades, procuraré abordar todo
ello.
Ciñéndome a la formación profesional, que era el tenor de la pregunta,
como usted bien sabe y además es un sentimiento muy personal, yo creo que
es bueno acercar las políticas de empleo al territorio. Es conveniente
que una comunidad autónoma gestione primero las políticas de empleo y
después el conjunto de políticas activas de empleo. Creo que es positivo
y en ese sentido le podría comentar que la primera fase de transferencias
comenzó con la formación profesional ocupacional; ya hubo cinco
transferencias entre los años 1991 y 1994 que, como usted bien sabe,
fueron a Cataluña, al País Valenciano, a Galicia, a Andalucía y a
Canarias. Eran transferencias vigentes en el momento de constitución de
este Gobierno y, como, además, no podía se de otra forma, han seguido
funcionando dentro del amparo competencial que los decretos conferían.
Desde el inicio de esta legislatura se han traspasado ya, en formación
profesional siempre, a Navarra y Extremadura, con fecha 1 de enero, y se
han firmado ya los acuerdos de traspaso para Aragón y Baleares, cuya
fecha de efectividad será el próximo mes de mayo. Las otras comunidades
autónomas que lo han solicitado se encuentran, con respecto, digo, a la
formación profesional, en la siguiente fase de negociación: La de Madrid,
que es la que se encuentra más avanzada, está prevista su asunción para
septiembre de este año; Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Murcia y La Rioja la asumirán previsiblemente el 1 de enero de 1999; y,
por último, con respecto al Principado de Asturias, se ha abierto
recientemente la mesa de negociación, por lo que no se ha constituido
todavía la ponencia técnica que estudie las condiciones de traspaso.
¿Cuál es nuestra intención, señoría? Tener finalizado y culminado el 1 de
enero de 1999 el proceso de transferencias
de la formación profesional ocupacional a todas las comunidades
autónomas, con el mismo rango de competencias y, por supuesto, como no
podría ser de otra forma, con respeto exquisito al principio básico
constitucional de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas al acceso
de la formación en este ámbito.
¿Qué singularidades tenemos actualmente, dentro de este mapa previsible
de transferencias? En primer lugar, el País Vasco tiene una dificultad
específica, puesto que se reclama, no tan sólo la gestión de la
formación, sino la transferencia, como usted sabe, de la cuota de
formación profesional, hecho que tiene extraordinarias dificultades para
un Gobierno que considera estas cuotas dentro del ámbito de la caja única
de la Seguridad Social y por tanto materia no transferible. Estamos
negociando con el País Vasco y yo personalmente soy optimista, en cuanto
creo que llegaremos a acuerdos que permitan esa gestión por parte de las
autoridades vascas de su formación profesional, sin que ello suponga una
ruptura de lo que otros consideramos caja única de la Seguridad Social.
La otra singularidad que tenemos dentro del Estado son las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, cuyo estatuto de autonomía no contempla la
ejecución de legislación laboral, pero, una vez transferidas las
competencias al resto de las comunidades autónomas, no cabe duda de que
habrá que llegar a un convenio, por lo menos de ejecución, aunque no sea
por decreto de transferencias, sí por convenio, con Ceuta y Melilla,
porque no tendría sentido tener únicamente desarrollo a nivel estatal de
la formación en estas dos ciudades autónomas. Por tanto, nuestra
intención es que el 1 de enero de 1999 culmine todo el proceso de
transferencias de formación profesional, proceso de transferencia que,
como usted bien sabe, se inició en 1991.
Ha hecho usted alusión, ya excediendo al ámbito limitado de la formación
profesional ocupacional, al resto de políticas activas --que no es
formación, la formación es escenario--, donde se encuentran
escuelas-taller, casas de oficios, iniciativas locales de empleo,
autoempleo, intermediación, etcétera. Es un conjunto mucho más amplio que
la pura formación profesional. Nuevamente aquí nos encontramos con una
convicción del Gobierno de que es deseable acercar estas políticas al
territorio. Por tanto, hemos iniciado un proceso de transferencias que ha
comenzado, porque había que rodar y definir modelo, con la transferencia,
con vigencia del 1 de enero de este año, a Galicia y a Cataluña. Hay
ponencia técnica abierta, por ejemplo, con Andalucía, y queremos, como
indicaba en una respuesta anterior, culminar este proceso a las
comunidades del 151 asimilado (Canarias, Navarra, Valencia y Andalucía) a
lo largo del año; lo ideal sería tenerlo publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» en torno al verano, para que la eficacia jurídica pudiera
tener lugar a principios del próximo año. Una vez finalizado el proceso
con estas comunidades autónomas, vendría la transferencia al resto de
comunidades.
¿Cuál sería el escenario ideal de culminación de transferencias? Que a lo
largo del año 2000 tuviéramos ya ultimado un proceso de transferencias.
Nuevamente tenemos la singularidad en este caso de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla y la particularidad de la reivindicación del País
Vasco, que intentamos abordar, como decía, desde el acuerdo y la
negociación, porque tenemos que garantizar, no podría ser de otra forma,
todos los derechos constitucionales de igualdad.
En cuanto a la reflexión breve que hacía de políticas pasivas por
activas, evidentemente este Gobierno comparte esos principios que usted
ha enunciado, y no sólo los comparte nominal o verbalmente, sino que creo
yo que queda profusamente reflejado dentro del Plan de empleo que hemos
presentado. Además, hay una propuesta de diálogo (antes he desarrollado
la de tiempo parcial y la de incentivos), sobre la cual queremos que se
centre el debate del diálogo social para finales de este año, y es
precisamente cómo incentivar y acelerar la transformación de políticas
pasivas en activas, para que hagan más empleables a nuestros ciudadanos
sin que por ello se produzca ni una sola merma de sus derechos o de sus
rentas sustitutorias del empleo. Estamos de acuerdo con las prioridades
que usted enunciaba y en este caso hay coincidencia con la tendencia
básica del Gobierno.
Espero haberle dado buen detalle del compromiso y situación de las
transferencias, tanto de formación profesional como del conjunto de
política activa englobado en lo que popularmente se llama transferencia
Inem.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor Pimentel, después de su explicación aún me
cabe más inquietud de la que tenía antes de hacerle la pregunta. Porque
si es verdad que usted me ha explicado el calendario, lo que no me ha
explicado son los mecanismos que tiene el Gobierno para garantizar los
principios constitucionales en cualquier parte del territorio, y eso es
lo que verdaderamente me produce preocupación.
Usted sabe que a partir del real decreto de transferencias a la Comunidad
Autónoma de Cataluña estaba prevista la firma del convenio de
coordinación y seguimiento, un convenio para constituir la comisión de
coordinación y seguimiento, que es el principal mecanismo que garantiza
el principio constitucional de igualdad. Sabe que ese convenio no se ha
firmado todavía, y si aún no se ha firmado dicho convenio para que esa
Comisión pueda realmente garantizar esos mecanismos, podemos decir que
estamos atravesando un período en el que el desconcierto es total.
Tampoco se ha producido el consenso social y político que era necesario
en un tema tan sensible como éste y que está produciendo disfunciones
importantes. No hay previsiones técnicas en esta materia, de manera que
se está dando una duplicación de los servicios se están produciendo
disfunciones y están teniendo lugar situaciones que no deberían haberse
producido si las transferencias se hubieran hecho con más previsión y,
sobre todo, con un modelo previo.
Por otra parte, las transferencias se han producido el 1.º de enero de
1998, pero el resultado ha sido la descoordinación y que efectivamente no
exista la transferencia ni los flujos de información; justamente estamos
viviendo lo contrario. Es por eso que me produce auténtica inquietud el
que usted siga avanzando en los calendarios de transferencias
sin dar absolutamente ninguna explicación sobre esos mecanismos que
garantizan los principios constitucionales tan importantes para un
Gobierno que, lógicamente, debe defender la responsabilidad del Estado.
Por tanto, no tenemos más remedio que denunciar esa precipitación, ese
salto de mata con que ustedes están abordando una materia tan sensible
como ésta, esa ausencia de previsiones que no saben ustedes lo que tienen
que hacer ni lo que van a hacer, esa ausencia de modelo; no existe una
integración de bases de datos, no existe compatibilidad de las redes
informáticas; en definitiva, no existe un modelo con el cual ustedes
puedan hacer las previsiones de ese calendario de transferencias que
tienen en mente.
El tema es serio, y como el tema es serio y nosotros creemos que ustedes
deben ejercer esa responsabilidad de Estado y no estar subordinados a las
hipotecas o que sus apremios impidan que se produzcan estas
transferencias con las debidas garantías, debo decirle, señor Pimentel,
que no sólo no ha disminuido la inquietud que tenía al hacerle la
pregunta, sino que muy al contrario, la ha aumentado.
No tengo mucho tiempo para explicarle algunos casos que pueden estar
produciéndose ya. Usted sabe, por ejemplo, que las agencias de colocación
pueden tener un mercado laboral diferente a los servicios públicos de
empleo. Asimismo, usted sabe que se está produciendo ya que un trabajador
de Zaragoza o de cualquier otro territorio no accede a los datos que
puede tener el servicio de empleo de la Generalitat de Cataluña o que hay
opacidad en toda la información de los datos. Esos casos se están dando
ya y se van a producir, y lo que es más grave, no están teniendo lugar en
Cataluña sino que se van a producir en cada una de las comunidades
autónomas a las que ustedes vayan haciendo transferencias sin establecer
ningún mecanismo de previsión de los problemas de esta naturaleza que
puedan plantearse, como ha sucedido ya con algunos casos que he puesto
sobre la mesa, aunque son muchos más los que pueden plantearse. ¿Va a
prescindir el Estado de algunos programas experimentales, por ejemplo el
de las escuelas-taller y las casas de oficios, que es un mecanismo que el
Gobierno se reservaba para establecer algunas líneas que pudieran ser
innovadoras respecto a algunas comunidades autónomas que pudieran no
verse en circunstancias semejantes a las de otras comunidades? Hay muchos
temas que se podrían abordar desde esta óptica, pero parece ser que su
Gobierno no se ha planteado ninguno.
Siento no poder decirle que nos ha desaparecido esa inquietud sino muy al
contrario tengo que decir que su Gobierno ahora mismo está sujeto
simplemente a hipotecas electorales, pero no tiene un modelo al cual
poder hacer referencia en este asunto tan sensible para todos los
españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, dentro
de ese mundo amplio y subjetivo, dentro además de la esfera de la
psicología en la que no soy experto, y dentro del mundo de las
inquietudes, desasosiegos y preocupaciones no podría profundizar ni
entender si le he quitado algunas de ellas o si se las he incrementado.
En todo caso, más que desasosiego o inquietud lo que demuestra su
intervención, y ya digo que no soy un experto en psicología por lo que
haré una aportación con moderación, es una profunda irritación al
fenómeno de transferencias. (La señora Romero López: ¡A ésta!) De su
intervención deduzco que a usted le produce temor no la posible
constitucionalidad, que evidentemente sabe que no va a quedar vulnerada,
sino que le produce temor que sean las comunidades autónomas las que
gestionen unas políticas de empleo que tienen cobertura constitucional en
su ejecución. Le puedo decir que este Gobierno hace, y va a intentar
hacer en conjunción con todo, la mejor de las transferencias posibles al
amparo constitucional, pero no comparte esa inquietud o ese temor que yo
rastreo en sus declaraciones, un rastreo psicológico, y por tanto
prudente, de temor a la transferencia. No tenemos ningún temor a la
transferencia, creemos que las políticas activas de empleo se enriquecen
con la gestión, como además los gobiernos de su propio grupo político nos
reiteran hasta la saciedad, y por tanto entendemos que se mejora
profundamente una España descentralizada; es más, el servicio por el
empleo puede mejorar su eficacia. Para eso, efectivamente, hay que ser
prudente y construir con inteligencia el nuevo modelo, pero ésa es otra
cuestión. Partimos de la base de que la transferencia es constitucional y
de que la gestión para acercarla al territorio va a mejorar.
¿Cómo ha funcionado? Digo esto porque veo que no sabe exactamente de qué
se trata cuando se habla de la firma de convenios. Nosotros hemos
desarrollado esta transferencia con un modelo transitorio, un modelo
transitorio que en el caso de Cataluña en concreto, por ir avanzando y
tener un modelo distinto, planteamos la posibilidad de la firma de un
convenio. No lo hemos hecho en Galicia, allí no existe ese convenio, ni
siquiera lo hemos planteado; se funciona, hay un marco, hay una
transferencia donde quedan definidas, al igual que en Cataluña, es
exactamente el mismo marco, cuáles son las competencias de la comunidad
autónoma y cuál es la competencia del Estado. En una situación tan
compleja donde en una misma oficina conviven actualmente funcionarios del
Estado y funcionarios autonómicos, le puedo decir que el nivel de
problemas que tenemos hasta este momento es mínimo. No tengo ningún caso
de dificultad específica en Galicia y las que conozco en Cataluña son más
propias de las dificultades personales a la hora de integrar nuevas
realidades.
Hay, esto es esencial y usted no lo ha incorporado en su exposición pero
yo supongo que lo conocería y que no le ha venido al hilo de su
argumento, un documento importante aprobado en el seno del Consejo
general del Inem, suscrito por las organizaciones sindicales y
empresariales y el propio Gobierno en torno al modelo del nuevo servicio
público de empleo, modelo anticipado sobre el que se están haciendo y
trabajando las transferencias que actualmente estamos llevando a cabo y
que tendrá un debate profundo en la próxima conferencia sectorial. Por
tanto, también puede estar usted tranquila en ese sentido, no sólo en
la constitucionalidad, que no podría ser de otra forma, sino también en
la existencia de un modelo acordado con los agentes sociales.
Respecto al calendario más claro no se lo he podido decir, quizás sí más
alto o más elaborado, pero le he dado el calendario y también le he
ampliado la respuesta. Se ceñía a formación profesional y hemos querido
darla. También le querría hablar sobre dos temas que me han preocupado de
su intervención, y aquí sí parece que usted plantea una inquietud
concreta. El primero es que van a quedar absolutamente integrados los
sistemas de intermediación, de tal manera que el Estado conoce a tiempo
real las altas y las bajas. Ahora mismo, y sin entrar en debate,
conocemos al día las altas y bajas de cada comunidad autónoma. En este
caso, y lo digo sin entrar en discusión, el secretario general de Empleo
que tiene modestas funciones, conoce al día las altas y las bajas de cada
oficina de empleo y de cada comunidad autónoma; por tanto, es un
tratamiento que va a seguir desarrollándose y ese temor puede usted
quitarlo de la mesa. Este conocimiento lleva al balance total en la
disminución o incremento de los demandantes registrados de empleo, y
además queda garantizada la conexión de demandas y ofertas. Cualquier
ciudadano español tendrá derecho a conocer la oferta de empleo que hay en
cualquier parte del Estado. Es más, con la línea actual eso funciona
escasamente y vamos a conseguir mejorarlo. Estoy convencido de que lo que
vamos a hacer es mejorar el Inem actual. El Inem ha prestado grandes
servicios, es un organismo al que estar agradecido, pero un organismo que
también clamaba a voces una modernización profunda y yo creo que una
modernización inteligente y positiva van a ser precisamente las
transferencias. No hay que ver esto como usted lo ve, como un retroceso,
como un temor o como que necesariamente va a funcionar peor, no; creo que
va a funcionar mejor la eficacia en la política activa y vamos a lograr
mejores índices incluso de intermediación. La realidad lo dirá, pero yo
creo que se están haciendo las cosas dentro de una inteligencia de
sistemas y de un acuerdo que incrementará la eficacia de esta
transferencia.
Finalmente, por supuesto, que los decretos de transferencia serán
idénticos. Lógicamente no va a haber comunidades que tengan más
competencias y otras que tengan menos, con lo cual quedará garantizado
también el principio constitucional de igualdad de oportunidades y de
igualdad de acceso.
-- DE LA SEÑORA URAN GONZALEZ (GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA), SOBRE MEDIDAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 12 DEL CONVENIO
RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE
ADOPCION INTERNACIONAL (Número de expediente 181/001479).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, que formula la señora
Urán, en relación con la protección del niño en materia de adopción.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Pimentel, esta diputada le formula la
siguiente pregunta: ¿piensa el Gobierno adoptar alguna medida ante el
incumplimiento que se está efectuando por parte de alguna comunidad
autónoma, en cuanto entidad pública competente y lo que tiene que ver con
el artículo 12 del Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional que se hizo en La Haya
el 29 de mayo de 1993 y que se ratificó por España en 1995?
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, el
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, sobre la protección de menores
y la cooperación en materia de adopción internacional fue ratificado por
España por instrumento de 30 de junio de 1995. Su fin último es que las
adopciones internacionales tengan siempre lugar, en interés del menor y
conforme a sus derechos fundamentales reconocidos en los textos
internacionales, particularmente en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989. El citado
Convenio establece un amplio sistema de cooperación internacional entre
las autoridades centrales de los estados parte y entre estas y todas
aquellas autoridades u organismos intervinientes en los procedimientos o
expedientes de adopción, públicos o privados debidamente reconocidos,
desvelándose este sistema de cooperación internacional entre autoridades
como la pieza clave para el logro y cumplimiento de los objetivos
convencionales. Su artículo 12 en concreto, dispone: un organismo
acreditado en un Estado contratante sólo podrá actuar en otro Estado
contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de
ambos estados.
En nuestro país, las autoridades son los órganos administrativos con
competencia en materia de protección de menores de las respectivas
comunidades autónomas, las cuales se instituyen como autoridades
centrales a las que se refiere el citado convenio. En este sentido, los
decretos aprobados en las distintas comunidades autónomas, sobre
acreditación y funcionamiento de las entidades colaboradoras de adopción
internacional, recogen una serie de preceptos dirigidos a garantizar el
cumplimiento de lo establecido en el Convenio de 29 de mayo de 1993, en
particular en su artículo 12. Se establece en primer lugar que las
entidades colaboradoras de adopción internacional deben cumplir con el
requisito de estar autorizadas por las autoridades competentes del país
para el que han obtenido la habilitación, a fin de que ésta sea efectiva.
Se determina por otra parte la obligación de estas entidades
colaboradoras de informar al menos trimestralmente a la entidad
acreditadora, es decir organismos competentes en protección de menores de
las comunidades autónomas, de todas las incidencias que puedan surgir en
el ámbito de la acreditación. En tercer lugar se dispone la sujeción de
dichas entidades colaboradoras al control e inspección del órgano
habilitante, pudiendo ser revocada su acreditación si aquéllas
incumpliesen alguna norma legal o las condiciones y términos fijados por
el mismo órgano habilitante. Por último, y
dentro del marco de desarrollo de la cooperación y coordinación de
autoridades centrales del Convenio de La Haya, hay que tener en cuenta
como uno de los elementos importantes del mismo el intercambio de
información en lo concerniente a las irregularidades que se puedan
producir en su ejecución.
Por todo ello, puede afirmarse que existen hoy día los mecanismos
necesarios para que el incumplimiento que usted denuncia del artículo 12
del convenio no se produzca, y si llega a producirse, una vez que tenga
conocimiento el órgano competente en virtud de la normativa aplicable,
éste pueda actuar en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Lamento que conteste esta pregunta el secretario
general de Empleo porque más bien es una pregunta a la Secretaría General
de Asuntos Sociales, que es la que en principio atiende la adopción
internacional.
Tengo que asegurarle desde aquí que sí hay incumplimiento y ese
incumplimiento se está haciendo, al menos que nosotros sepamos, por parte
de una comunidad autónoma, y esa comunidad autónoma no es ni más ni menos
que la Comunidad Autónoma de Valencia. Tenemos documentación para poder
acreditarle que existe ese incumplimiento del artículo 12.
En el mes de julio del año pasado, la Comunidad Autónoma de Valencia, la
Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales remite un escrito de valoración
de idoneidad de una pareja que había solicitado adopción en Bolivia, le
dice textualmente que en la actualidad la entidad acreditada para
tramitar con Bolivia es Adecop y da el número de teléfono para el
contacto; es decir la Consellería, que es la entidad pública competente,
deriva a la familia hacia la entidad mediadora.
En respuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a una pregunta
parlamentaria de esta diputada, con fecha 27 de enero de 1998, de este
año --estamos hablando de julio de 1997 y enero de 1998-- dice que Adecop
no está acreditada en Bolivia; tiene la acreditación de nuestro Estado,
de nuestra comunidad autónoma, pero no tiene la acreditación del Estado
donde el niño o la niña tendría que ser adoptado. Hay un claro
incumplimiento del artículo 12, y además es la propia Administración la
que deriva a las familias hacia esta entidad para que haga la mediación
en la adopción internacional. Si ustedes dicen que esto no es
incumplimiento, no sé cómo llamaríamos a a los incumplimientos en este
país.
Si lo conoce el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha de suponerse
que la comunidad autónoma lo tiene que conocer mucho más. De ahí que
insista: ¿va a tomar el Gobierno alguna medida para evitar este tipo de
incumplimiento que además coloca en una situación terrible a las
familias? Están engañándolas. Hay incumplimiento no solamente del
convenio, sino de la propia legislación. La Ley de protección jurídica
del menor que se aprobó por esta Cámara plantea, en su artículo 25, que
corresponde a las entidades públicas la acreditación, el control, la
inspección y elaboración de las directrices de actuación de las entidades
que realicen funciones de mediación en su ámbito. Además, también se
incumple, al menos por parte de la comunidad valenciana, su propio
decreto de desarrollo, por el cual se toman las competencias en materia
de adopción internacional y se desarrollan las medidas de acreditación de
las entidades mediadoras y colaboradoras.
Hay incumplimiento general y quien tiene que dar cuenta de cómo se
cumplen los convenios que firma es el Estado, por tanto el Gobierno.
Nosotros insistimos: queremos saber qué medidas se van a adoptar porque
si a nosotros, a través de respuesta parlamentaria, nos han llegado los
datos que tiene en su poder el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
debemos suponer que el Ministerio de Trabajo y Asuntos también tiene
conocimiento de cómo se están produciendo las adopciones internacionales
en las diferentes comunidades autónomas; en otro caso, tendríamos que
llegar a la conclusión de que hay una total descoordinación y, por tanto,
un incumplimiento generalizado por lo menos de los derechos no solamente
de los menores, sino de las propias familias que recurren a entidades
mediadoras, que son derivadas desde la propia Administración a estas
entidades colaboradoras y que no cumplen los requisitos.
Es más, el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remite
documentación, más o menos por esas fechas, en la que se dice que Bolivia
no va a acreditar a ninguna entidad colaboradora más porque están
pendientes de la tramitación de la legislación pertinente en su país
sobre la materia de adopción internacional, y además no se prevé que se
pueda producir en un corto período de tiempo. ¿Qué medidas piensa tomar
el Ministerio y el Gobierno respecto a estos temas? Hay personas que
están esperando poder adoptar un niño desde Bolivia, desde la propia
Administración pública se les deriva y de ahí surgen responsabilidades.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señoría, como
en un caso anterior, hubiera ilustrado y probablemente permitido mayor
concreción en la respuesta conocer el supuesto por el cual S. S. se
preocupa en este caso. No puedo hablar del supuesto, porque no lo conozco
y sería imprudente o insensato por mi parte evaluar unos hechos que no
conozco en estos momentos.
Nada más quiero decirle que efectivamente le he trasladado la legislación
actual y la forma de funcionar, que conoce perfectamente según deduzco de
su intervención. Las entidades deben estar acreditadas y, por tanto, como
no conozco el ejemplo, no voy a a entrar a valorar ese supuesto concreto.
Por supuesto, el Gobierno, dentro de su marco competencial y de las
posibilidades jurídicas que tiene, que en este caso son un campo por lo
menos de funcionamiento, velará y está velando de hecho por el
incumplimiento de estos casos, sin que exista esa descoordinación que
usted anuncia; en este caso, sí le puedo tranquilizar.
Efectivamente no es mi competencia estricta el ámbito de protección del
menor en materia de adopción internacional; sí he despachado con la
secretaria general, que me ha trasladado todos estos enunciados que ahora
mismo le acabo de anticipar. Es una lástima, repito, que no hayamos
conocido este caso porque le hubiera dado mayor información sobre el
mismo de la que le puedo transmitir en este momento, que es de naturaleza
muy general. (La señora Urán González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ¿alguna aclaración?
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para aclarar al señor secretario general de Empleo que no
es un caso supuesto; he citado un ejemplo. Es una situación que se da en
todas las personas declaradas idóneas y que son derivadas por parte de la
Comunidad Autónoma Valenciana a la misma entidad mediadora, porque es la
única que tiene la acreditación. Por tanto no es una sola familia, sino
todas las familias que han solicitado la adopción en esta entidad y con
este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES)
PARA INFORMAR SOBRE:
--EL EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO DE TABACALERA. A SOLICITUD DEL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/001162).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el apartado de comparecencias. En primer
lugar, la comparecencia, solicitada por el Grupo Socialista, para
explicar el expediente de regulación de empleo de Tabacalera.
El señor Pimentel tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor presidente,
trataré de exponer con brevedad cuál es la situación que entendemos se
deriva de esta solicitud de comparecencia.
La empresa Tabacalera, S. A., regula en la actualidad sus condiciones de
trabajo y sus relaciones laborales por un convenio colectivo suscrito el
pasado día 18 de marzo y que extiende sus efectos hasta el 31 de
diciembre de 1998.
En la actualidad, no se ha presentado por esta empresa para su resolución
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales expediente de regulación
de empleo, por lo que no existe constancia --y la constancia que yo puedo
tener es la oficial--, de que vayan a producirse ajustes en el nivel de
empleo de esta empresa.
Tenemos conocimiento de la huelga del día 31 de marzo, convocada por el
comité intercentros de Tabacalera, como consecuencia del proceso de
privatización anunciado de esta empresa, y ello por entender que en el
mismo se pone en peligro la estabilidad en el empleo y la supervivencia
de la empresa. Cómo se vé, la huelga no se plantea por una medida
concreta o decisión de la empresa con incidencia directa con el empleo,
como podría ser la presentación de un expediente de regulación de empleo,
sino por las expectativas de que la anunciada privatización pueda afectar
al empleo.
A día de hoy, es lo que puedo comentar y de lo que tengo constancia
oficial sobre la situación de empleo en Tabacalera.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar interviene el grupo solicitante de
la comparecencia.
Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Usted sabe perfectamente, señor Pimentel, el contexto en que se presentó
el expediente de regulación de empleo y el momento en que se planteó. El
contexto en que estamos viviendo en estos momentos las declaraciones del
señor Aznar, hace muy poco tiempo en el Círculo de Empresarios, diciendo
que no le temblará el pulso al abordar cualquier tipo de reformas en la
empresa pública; la semana que hemos vivido aquí en el Parlamento, con el
planteamiento de la interpelación y la correspondiente moción así como
las proposiciones no de ley de los distintos grupos solicitando que el
Estado conserve un porcentaje de las acciones; incluso las declaraciones
de algunos ministros en cuanto al proceso de liberalización, porque como
sabe muy bien no es el mismo proceso el que se está abordando en todas
las empresas públicas; no hay más que recordar ahora aquí el caso del
gas. Conocemos el expediente que se paralizó, y por tanto la situación en
la que este expediente se ha planteado.
Las declaraciones del señor Alierta. (Rumores.) Lo siento señor Pimentel,
ya sé que usted no quiere hablar de este asunto pero a los trabajadores
de Tabacalera les afecta mucho, conoce usted que afecta sobre todo a los
trabajadores de la provincia de Cádiz, y creo que tendrá alguna
preocupación por los trabajadores de la provincia de Cádiz; por tanto,
creo que me dejarán intervenir con tranquilidad y no tendrá ningún
inconveniente en que explique cuáles han sido las declaraciones del señor
Alierta. A pesar de que usted ahora dice que no hay ninguna perspectiva
de ajuste en la empresa de Tabacalera, yo quiero recordarle que hace poco
tiempo, en los medios de comunicación, el señor Alierta hablaba de la
reducción del 25 por ciento de la plantilla. (El señor Hernando Fraile:
Señor presidente, para una cuestión de orden.)
El señor PRESIDENTE: Enseguida se la daré, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, sé que estoy interrumpiendo a
quien tiene la palabra, pero me gustaría aclarar... (Rumores.--Varios
señores diputados: No puede.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, una cosa es que usted quiera
intervenir y otra cosa es una cuestión de orden, más bien de desorden.
El señor HERNANDO FRAILE: Si fuera posible que me diera la palabra...
El señor PRESIDENTE: ¿En qué consiste el desorden?
El señor HERNANDO FRAILE: El desorden consiste, señor presidente, en que
la comparecencia del secretario general de empleo es para explicar el
expediente de regulación de empleo de Tabacalera, no declaraciones de
otros directivos de la empresa o de otros responsables, pues creo que
puede realizarse una comparecencia expresamente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, no le doy la palabra. (Continúan los
rumores.) Estamos hablando del expediente o del temor o preocupación en
torno a la empresa, cosa que parece cierta.
El señor HERNANDO FRAILE: No, es del expediente, no del temor; es del
expediente. (Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, quien solicitó la comparecencia está
haciendo uso de su derecho a pedir una mayor información del secretario
general, o confirmar que no hay razón para los temores. (Rumores.)
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, no es sólo temor, es que
oficialmente, en diciembre, la empresa ha dicho que va a iniciar un nuevo
expediente de regulación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Alcaraz.
Volvamos al turno en el que está haciendo uso de la palabra la señora
Romero.
Por favor, continúe, señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: El Grupo Popular no tiene mucho interés en que
hablemos; lo siento. Creo que no es solamente cuestión del señor
Pimentel, sino que tampoco el Grupo Popular tiene mucho interés en que
sigamos hablando de este tema. Por lo visto no están muy contentos con su
posición respecto a esta materia.
Queremos decir que los gestores de este Gobierno, cuando la empresa
planteó el anterior expediente de regulación de empleo, no han tenido la
más mínima voluntad de entrar en ese expediente de regulación. Ustedes lo
usaron como amenaza, sabiendo que el segundo paso era la privatización
salvaje de la empresa, y el tercer paso es lo que ustedes, grandes
paladines de la ley, llaman el cumplimiento estricto de la legalidad.
Hay muchas maneras de abordar un expediente de regulación de empleo
cuando se es empresa pública, y usted está aquí ahora no como secretario
general de Empleo, de quien depende la Dirección General de Trabajo que
tiene que resolver el expediente, sino como miembro de un Gobierno que
adopta decisiones colegiadas, y colegiadamente decide las privatizaciones
y el alcance de las mismas.
El cuadro de este expediente no es, por tanto, el de una empresa en
pérdidas. El Gobierno socialista, en el caso de empresas en pérdidas,
intentó negociar esos expedientes y los negoció (Rumores.); incluso con
empresas como Tabacalera negoció los anteriores expedientes de
regulación.
Los gestores de su Gobierno, con las instrucciones que les han dado, no
tuvieron voluntad de negociar una salida social en el caso de Tabacalera.
Ustedes están mostrando el verdadero rostro, que es el de la amenaza.
Respecto a la plantilla se pavonean de que van a desprenderse del 25 por
ciento, a pesar de que usted, aquí y ahora dice que la empresa no piensa
hacer ningún ajuste de plantillas. Presumen de ser eficaces porque no les
temblará el pulso, pero la lógica ha sido la del máximo beneficio,
despreciando el capital humano. No les importa el tejido industrial, no
les importa el empleo fijo en la provincia de Cádiz. Pueden ustedes
aprobar mociones en los plenos que encabezan sus grupos, pueden ustedes
encabezar manifestaciones, pero la realidad es la del máximo beneficio;
ni el factor humano ni el factor Cádiz les importa a ustedes.
En respuesta a esta diputada, ustedes han hablado de los beneficios
empresariales; han hablado de la inversión del Gobierno, me han
respondido de la inversión del Gobierno socialista en la defensa de
Tabacalera de Cádiz, que ha sido casi la mitad de la inversión del resto
en las otras factorías, y el número de trabajadores a los que afectaría
el anterior expediente de regulación de empleo cuando la empresa no había
iniciado el proceso de privatización.
Como diputada por Cádiz pienso que ustedes podían haber rentabilizado la
inversión que el Gobierno socialista hizo para crear empleo en la
provincia de Cádiz. ¿Cree que la empresa privada tiene a Cádiz como
prioridad? (Rumores.) ¿Tiene como prioridad otras localidades donde
exista ese monocultivo? Ustedes conocen los 830 empleos fijos en Cádiz,
la mayor planta que tiene ahora mismo en España; ustedes saben que todo
lo que dicen sobre el empleo fijo en Cádiz es falso. El escasísimo empleo
que se ha creado es precario en el 90 por ciento, con respuestas que
ustedes también han dado a los parlamentarios. ¿Usted cree que la empresa
privada tiene como prioridad crear empleo fijo? Ustedes saben que con los
planes de la Forcem se podían haber abordado los reciclajes necesarios
para el futuro de la empresa. Si tienen imaginación, los planes de
expansión de la empresa podrían haberse negociado con movilidad funcional
y no con movilidad geográfica. ¿Usted cree que a la empresa privada le
importa realmente la cifra de desempleo de Cádiz?
Los gestores de su Gobierno, con instrucciones del propio Gobierno, las
instrucciones que ustedes les dieron, no han querido negociar el
expediente de regulación de empleo que presentó la empresa; lo han usado
como una amenaza y sin voluntad de acuerdos. No han aceptado la posición
de los grupos para que el Estado conserve un porcentaje importante. Han
hecho caso omiso de los acuerdos de pleno de ayuntamientos y diputaciones
y, además, hacen
declaraciones temerarias, incluidas las del presidente del Gobierno.
Cuando se juega fuerte también hay que saber valorar las consecuencias y
yo apelo aquí a las abundantes declaraciones que hizo en mi
circunscripción, en la provincia de Cádiz, su ministro de Trabajo; usted
recordará bien todas aquellas frases de que en la Bahía de Cádiz no
sobraba ningún trabajador y que la culpa era de los malos gestores.
Ahora, cuando los buenos gestores tienen instrucciones de su Gobierno,
los trabajadores sobran.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Tras lo oído hasta el momento tenemos que
felicitarnos por las declaraciones a esta Comisión del secretario general
de Empleo, en las que dice que no va a haber un expediente de regulación
de empleo.
En el Congreso de los Diputados se ha manifestado esta semana la
preocupación de los distintos grupos por que el proceso de privatización
total de Tabacalera no afecte al volumen de empleo. Varios grupos de esta
Cámara nos hemos opuesto a que esa privatización sea total y,
conjuntamente con los sindicatos del sector, hemos dicho que sería mucho
más conveniente una privatización parcial, un proceso ordenado de
privatización que mantuviera en manos del Estado un porcentaje de la
empresa. Como dice la propia publicidad de la oferta de acciones, se
trata de una empresa líder en el sector, que tiene grandes beneficios, y
nosotros pensamos, señor secretario general, que esos beneficios no los
han hecho solamente los gestores, sino una plantilla estable, una
plantilla que hace mucho tiempo que está en Tabacalera y a la que no se
puede poner en almoneda.
En un proceso en el que Tabacalera pasase a manos privados debería
existir previamente un plan de viabilidad que garantizase la permanencia
de los puestos de trabajo y de los centros, que en muchos territorios son
un núcleo importante de tejido industrial. Nosotros pensamos que ése
debería ser un objetivo prioritario del Gobierno al que usted pertenece.
Para usted, como secretario general de Empleo, la permanencia de la
plantilla y de los centros de trabajo debería ser una preocupación
prioritaria. No podemos caer en la paradoja de, por una parte, hacer
grandes planes de empleo, intentar sintonizar en Luxemburgo con una
Europa que tenga más contenido social y, por otra parte, que no nos
importe nada lo que pueda pasar con una empresa como Tabacalera. A mí no
me preocupa lo que vaya a pasar con Tabacalera, ya que estoy convencida
de que saldrá adelante, lo que quiero es que, igual que dice la
publicidad «ponga rumbo a un gran valor», los trabajadores de Tabacalera
estén realmente en un rumbo seguro y tengan oportunidad de permanecer en
la empresa con un empleo estable garantizado. Usted, señor secretario
general, dice que no hay ningún proyecto de expediente de regulación. Lo
acaba de decir en sede parlamentaria y yo espero que lo que ha dicho se
cumpla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Felipe Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Pimentel, saludo su participación en los
debates de esta Comisión del Congreso de los Diputados.
Ayer mismo hubo una gran manifestación en Sevilla, como las que ha habido
en otras capitales, y el asunto fundamental era el rechazo social y
sindical a las privatizaciones, a los procesos de privatización. Usted
conoce muy bien --hemos coincidido muchísimas veces en el Parlamento
andaluz y en algún otro foro-- que estas empresas, además de, como en
este caso, tener rentabilidad económica, tienen una gran rentabilidad
social y sirven a la cohesión social de manera nítida, de manera clara.
Cádiz capital tiene un 40 por ciento de paro y hay barrios que están
todavía en los años cincuenta; Sevilla capital tiene un 35 ó 36 por
ciento de paro, y Málaga también tiene un paro muy importante en la
capital, y si citamos Gijón, Extremadura u otros sitios veremos que en
Tabacalera no sólo hay rentabilidad económica, sino que tiene una
importancia radical de cara a la cohesión social. Yo creo que se están
equivocando de manera clara; que podían haber retenido una parte
importante de las acciones, cosa que se está haciendo en muchos países de
la Unión Europea. No sé a qué viene esta orgía de privatizaciones, que se
corresponde con la etapa de la Thatcher y con la política que ella
alimentaba, pero ella hizo las privatizaciones a lo largo de siete u ocho
años, no en el horizonte de dos años y de manera drástica teniendo en
cuenta la estructura de empleo que hay en este país, que afecta y castiga
de manera singular a distintas zonas del Estado.
Además, están haciendo esta limpia en una etapa alcista de la economía,
cuando ya han entrado en la primera velocidad del euro. Ahora no tiene
ninguna justificación no quedarseconnada.Cuandovengauna etapa recesiva
--dentro de poco; las bolsas ya están anunciando algo--, teniendo en
cuenta que, además, por la nueva regulación del IRPF van a
dejardeingresar unos 600.000 millones --ése es el 11 por ciento del total
y no 400.000 millones, como se ha dicho--, no sé qué va a pasar. Yo creo
que en este país se está empezando a generar --ustedes ya lo comprueban
al ir a Cardiff con la maleta vacía-- una confrontación social muy seria
a medio plazo y ayer ya vimos algo. La falta de consenso que están
logrando en relación con el empleo, en el estudio que llevan a Cardiff y
en cuanto al resto de los asuntos que están poniendo sobre la mesa y en
los que demuestran un decantamiento excesivo hacia los intereses de los
empresarios, les va a hacer rular --perdónenme la expresión-- hacia una
confrontación social bastante seria. Pero no es cierto que lo hagan por
coherencia ideológica. Acaban de pactar que Gas Natural, en Cataluña, no
esté totalmente liberalizada ni tenga totales competencias hasta el año
2013. Tienen que mantener el sillón de la Moncloa y rompenconstantemente
la línea ideológica.
Descendiendo a Tabacalera, diré que desde el año 1990 ha habido dos
expedientes de regulación de empleo y que se ha perdido aproximadamente
el 22 por ciento de los empleados.
Esta reducción se ha realizado a través de acuerdos con los sindicatos y,
por lo tanto, ha sido una reducción basada en jubilaciones anticipadas y
bajas incentivadas. El pasado mes de diciembre, de forma clara, de manera
formal, la dirección de Tabacalera informó de su intención de poner en
marcha un nuevo ERE que podía afectar al 7 u 8 por ciento de la
plantilla. Lo han anunciado así y han dicho que quieren contactos
sindicales de cara a este nuevo expediente de regulación de empleo, que
consistiría en jubilaciones anticipadas a partir de los 55 años y bajas
incentivadas, y cuyo alcance, en función de lo que se ha presentado por
la dirección de Tabacalera en el informe dirigido a los analistas e
inversores, puede llegar al 25 por ciento del total de la plantilla. Por
tanto, sí estamos en un debate real, en un debate que afecta a la
posición que va a tener el Gobierno cuando se inicie este expediente de
regulación de empleo, según tenga o no acuerdo de los sindicatos. Ahí sí
interviene de manera directa la política del Gobierno.
Algunos sindicatos --aquí radica nuestra especial preocupación--,
concretamente Comisiones Obreras, han analizado de manera rigurosa las
pirámides de edades de todos los centros y grupos laborales de Tabacalera
y ha podido constatar que el ERE, que ahora tiene la posibilidad, según
insinuó la dirección de Tabacalera, de ser de carácter forzoso para
determinados centros o colectivos, puede afectar en sus consecuencias
--tenga o no condición de forzoso-- de forma preocupante a determinados
centros, ya que supone una descapitalización de la estructura laboral, de
la mano de obra, y, a nuestro juicio, plantea serias dudas sobre la
supervivencia de la actividad en una serie de centros. En estos estudios
de Santander Investmen o de Salomon Brothers se ha hablado de la
reducción del 25 por ciento de los 47 centros existentes de Tabacalera.
Esa es nuestra preocupación, que, en este sentido, va paralela a la
reducción de mano de obra. Los sindicatos han planteado que hay que
empezar a hablar de cara a este expediente de regulación de empleo que la
empresa puso sobre la mesa en este próximo pasado mes de diciembre. Los
sindicatos lo que piden es que, con carácter previo a cualquier
expediente de regulación de empleo, se establezca un proceso de
negociación que analice rigurosamente la situación del empleo en función
de los datos que he dado anteriormente y del proyecto de la empresa y de
los gestores que va a tener en el marco de la privatización, que es la
reducción del 25 por ciento en tres o cuatro años tanto de los
trabajadores como de los centros de trabajo.
Por tanto, urge hacer un análisis centro a centro y sector a sector,
estableciendo las garantías necesarias para la supervivencia de los
mismos y planificando a medio plazo el comportamiento de las plantillas.
Usted me dirá: como ya es privada, que se haga. Pero es que, en función
de la política que ustedes mantengan a partir de ahora, se hará de una
manera o de otra. De ustedes depende en gran parte, sea o no privada. Por
ejemplo, yo le hago preguntas concretas y espero que se me contesten
porque son preguntas que caracterizan su política laboral a partir de
ahora y que van a caracterizar la posibilidad de recuperar ese diálogo
que ustedes han roto en estos últimos momentos.
Ante el posible desacuerdo con los sindicatos en este expediente de
regulación de empleo que se anuncia y que afectaría a unas 700 u 800
personas, que puede llegar al final a 1.600 ó 1.700, teniendo en cuenta
que pudiera haber desacuerdos, le pregunto: ¿tiene previsto el Gobierno
autorizar la puesta en marcha del expediente por resolución
administrativa si hay desacuerdo con los sindicatos? Es una pregunta
absolutamente concreta. Supongamos que no hay acuerdo, ¿ustedes admiten
ese expediente de regulación de empleo? Segunda pregunta: ¿tiene previsto
la Administración autorizar la movilidad geográfica forzosa? Porque, en
el marco de lo que le he dicho anteriormente, o hay una gran inversión
tecnológica con respecto a distintos centros o tendrán que autorizar una
gran movilidad geográfica en el próximo período. Por tanto, ¿tiene
previsto autorizar esa movilidad geográfica forzosa, teniendo en cuenta
que puede no haber acuerdo con los sindicatos? Parto siempre de esa base.
Ustedes quieren ser garantes de un acuerdo constante y permanente en su
diálogo con los sindicatos. Si no hay acuerdo, ¿ustedes autorizarían esta
movilidad forzosa máxima que puede darse en el seno de la empresa? Le
formulo alguna pregunta más, señor Pimentel. ¿Conoce la Administración
--lo digo de cara a este próximo futuro y a la política que ustedes
puedan evacuar en este tema--, que, a pesar de la intención que tiene la
empresa de reducir plantilla, hasta un 25 por ciento en los próximos tres
o cuatro años, en este momento se mantiene el funcionamiento de un tercer
turno de noche, con personal eventual que llega casi a las 400 personas?
¿Conoce la Administración que este personal eventual --unas 360 ó 370
personas-- está contratado con la modalidad de por obra o servicio
determinado, cuando la actividad que desarrollan es la ordinaria de la
empresa? ¿Conoce el Gobierno ese dato?
Le ruego que nos aclare estas preguntas, si afectan a los dirigentes y a
los responsables del Gobierno. Queremos saber cuál va a ser su política
laboral y cómo va a afectar, en el caso de que no haya acuerdo con los
sindicatos, en el seno de la empresa Tabacalera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: En principio, teníamos la duda de que hubiera
habido alguna regulación fantasma. Está claro que no ha habido ninguna
regulación, que no existe. Cuando no hay muchas cosas de las que hablar y
poder criticar, hay que inventárselas, hacer política ficción. La
intervención de la señora Romero demuestra que poco conocía del tema de
Tabacalera, debe ser porque en Cádiz hay que buscarse alguna excusa para
salir, ya que no le encuentro sentido. Además, hace algunas afirmaciones
que son bastante atrevidas.
Nosotros tenemos que hablar, como siempre, con hechos. Cuando estamos
creando empleo precisamente en el sector industrial, cuando en dos años
ha bajado el paro en un 50 por ciento en dicho sector, ¿cómo puede venir
aquí a decirme eso? (La señora Romero López: En Cádiz, no.) Perdone,
déjeme intervenir, pero si quiere entramos en un debate y hablamos de
Cádiz, donde precisamente si tenemos
una diferenciación en la creación de empleo estable es por la política
socialista de la Junta de Andalucía que la distingue del resto,
incentivando el empleo eventual. Entonces, no casa mucho ni es muy
coherente.
Intentando no entrar en el debate que se ha creado sobre la filosofía de
toda la política de un Gobierno cuando se pide la comparecencia para una
regulación concreta inexistente --repito-- inexistente, creo que si hay
confrontación social es labor de la oposición incentivarla, pero no
responde a la realidad de lo que es la creación de empleo ni a la
creación de empleo estable. Tabacalera, como todas las empresas públicas,
siendo pública ha perdido empleo y ha sido con el Gobierno socialista,
porque ha estado ahí, con el que ha bajado ese 22 por ciento que han
mencionado. Ahora no existe ninguna regulación. ¿Cómo vamos a hablar y
cómo podemos analizar nosotros esa regulación de empleo y esa
movilización geográfica, con qué datos, cuando todavía no se sabe si va a
haber regulación, no se sabe si va a haber acuerdo o no, no se sabe en
qué van a consistir las medidas que se quieren tomar? Tendríamos que
hacer una previsión con el infinito como tamaño si de todos los temas
empezamos a especular en función de las carencias o las creencias de cada
cual. Parece que al final se limitan todas las comparecencias a hablar o
repetir si es bueno o no privatizar. Ese es un tema político,
evidentemente, y respetamos, como siempre, que haya posiciones que digan
que no. Nosotros decimos que con esta política económica se está creando
empleo y se está teniendo una economía con crecimiento estable y con una
relación de crecimiento y creación de empleo superior a la que jamás se
haya dado en este país. Estamos convencidos de ello y vamos a seguir.
Se cuestiona el momento de la privatización. Decir que éste no es un buen
momento para privatizar, cuando hay una demanda de dinero en el mercado
tremenda, me parece bastante absurdo, desde el punto de vista económico.
Está claro que, siendo públicas, las empresas no han garantizado el
empleo. Y si en ese análisis hiciera una correspondencia, verá que donde
más intervención pública hay y más se ha querido forzar la empresa
pública es donde más alto nivel de desempleo hay. El hecho de que las
empresas sean competitivas y funcionen, al final, significa más empleo.
Está claro que hay un distanciamiento ideológico y económico en el
planteamiento, pero eso no tiene nada que ver con lo que es inventarse
una regulación para buscarse una intervención de cara a la galería.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, el
portavoz del Grupo Popular ha denunciado algunos calificativos, en
concreto de la intervención de la portavoz socialista que, siendo
bondadoso, ha sido cuando menos errática, difusa y, desde luego,
demagógica y, aunque no es propio de usted, que en otras intervenciones
le reconozco que ha venido bien documentada y con conocimiento de causa,
en este caso con un desconocimiento de la realidad.
No hay expediente de regulación presentado. Esta Secretaría General no
tiene constatación de ello; no existe en este momento. Ha habido otro
portavoz de otro grupo que ya ha puesto las cosas en su sitio: se teme
que existe y, si existiera, ¿qué se haría? El Gobierno tendrá que
responder qué haría y ahora lo diré, pero, desde luego, no existe ese
expediente de regulación presentado.
He de decirle a la señora diputada que lógica y legítimamente puede hacer
el uso demagógico que entienda de sus propuestas, pero por respeto a esta
Cámara y a los gaditanos se les exigiría un mínimo conocimiento de la
situación de la empresa, que en teoría parece interesarla aunque en la
práctica demuestra no conocerla. Por otro lado, miraré la hemeroteca con
detenimiento para ver si en las regulaciones de empleo que hizo la
empresa Tabacalera bajo Gobierno socialista, que supusieron una reducción
del 22 por ciento no teórica, no potencial, sino real, tuvo usted el
mismo interés. (La señora Romero López: Fueron negociadas.)
Siguiendo con su demagogia, no quisiera entrar a comparar continuamente
porque es nuestra tierra, yo mismo soy de allí, de Algodonales, un pueblo
humilde de la sierra, pero nosotros nos conocemos no por nuestras
intenciones, no por nuestras palabras, que, como dijo el poeta, se las
lleva el viento, sino por los hechos.
Ustedes han hecho una política que ha tenido un coste en empleo
industrial tremendo, terrible, no hay otro calificativo para el balance
global de la política industrial del Partido Socialista. No tiene usted,
como portavoz socialista --legitimidad, toda-- la autoridad moral para
reprender una política industrial que hasta ahora va creando riqueza, va
creando empleo, mientras su Gobierno la hundió. ¿Recuerda lo que hizo su
Gobierno en la industria estrella, Astilleros? El Grupo Socialista y el
Gobierno socialista hicieron cerrar Astilleros. ¿Cómo está Astilleros
ahora, en parte por la gestión actual? Está con carga de trabajo. Usted
se confunde y dice que hay un expediente de regulación de empleo, que
después se matiza porque no existe, es un supuesto anuncio de unos
directivos que lo van a presentar, que a efectos jurídicos no es un
expediente de regulación de empleo, y construye esa intervención
demagógica y barroca en la que no merece la pena que me entretenga. Le
deseo mayor fortuna en posteriores intervenciones, hace un flaco favor a
la política andaluza y gaditana, y me centraré en las intervenciones que,
por lo menos, plantean aspectos que sí han ocurrido y en los que sí
existe polémica.
Don Felipe Alcaraz plantea una visión, que no comparto, sobre el momento
económico del país y percibe en el ambiente unos negros nubarrones, donde
parece que el ciclo económico se va a invertir --según su propuesta-- y
ve indicios en la evolución de la Bolsa. Es complicado ser augur en estos
temas, y no lo voy a pretender, pero parece, y yo así lo creo, que
estamos en un ciclo económico estable que se va a prolongar, no sentimos
temor a un cambio brusco de ciclo económico y además estamos convencidos
de que esta estabilidad va a tener efectos beneficiosos, no sólo en el
crecimiento económico, sino en el empleo. En todo caso, al fin y al cabo
es una comparecencia, no quiero
hablar de un expediente inexistente de regulación de empleo en
Tabacalera. Pero su intervención sí plantea correctamente el asunto. En
caso de que se presentara, ¿cuál sería el comportamiento de la
Administración? Esto ya tiene otro tipo de respuesta. Yo, lógicamente, no
puedo prejuzgar si va a haber acuerdo o no, no debo hacerlo, hablo en
nombre de la Administración, jamás haría un solo comentario y una sola
intervención que pudiera prejuzgar o no un acuerdo, cualquier
intervención en esta línea podría tener una incidencia directísima y me
tengo que limitar a desear, en el supuesto caso --que no conozco porque
no tengo constancia oficial de ese inicio de contactos-- ese acuerdo. En
caso de un hipotético expediente de regulación de empleo presentado
administrativamente de forma correcta, el Gobierno actuará en función de
los planteamientos y siempre con el Estatuto de los Trabajadores y la ley
en la mano.
No quiero entrar en el debate profundo --algo ha anticipado el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, señor Caneda-- en torno a la bondad o no
de una política económica, de una política de liberalizaciones, de una
política de privatizaciones porque, modestamente, soy secretario general
de Empleo y me debo ceñir a la comparecencia. Yo le diría que nos
sentimos --podemos estar equivocados o no, hay que ser humildes y
modestos en la vida-- profundamente orgullosos de los resultados que se
están obteniendo con la política económica que se practica. Que el país
está creciendo no lo discute nadie; que el ritmo de crecimiento de empleo
--superior al 3 por ciento y que en un primer trimestre va a ser
francamente positivo-- está siendo beneficioso para el país no lo discute
nadie y, por tanto, modestamente, estamos orgullosos de los resultados.
También desde esta modestia, no sé si esta política, que hasta ahora ha
dado unos resultados brillantes, podrá mantener o no esos resultados a
medio plazo. Modestamente, no lo sé; yo creo que sí. Pero lo que sí sé
con certeza, con convicción, porque está en la memoria histórica, es cuál
ha sido el resultado económico, de empleo y en política industrial de
otro tipo de política económica que se ha desarrollado durante doce años
en este país bajo el frontispicio de la política socialista. ¿Sabe usted
cuál fue en materia de empleo? Un millón doscientos mil desempleos más.
La señora ROMERO LOPEZ: Señor presidente, quiero acogerme al artículo
72.2 del Reglamento del Congreso, que dice que cualquier diputado puede
pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o
documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia. La
petición de esta comparecencia se ha hecho basándome en la respuesta a
una pregunta sobre un expediente de regulación de empleo que me dio el
secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes. Aquí se está
hablando de un expediente de regulación fantasma, se ha dicho que no
merece la pena hablar del expediente de regulación de empleo. Yo ruego al
presidente que lea ese documento.
El señor PRESIDENTE: Se trata de una pregunta escrita formulada por doña
Carmen Romero. Asunto: expediente de regulación de empleo de Tabacalera.
Tiene la misma fecha de registro de salida del Ministerio de la
Presidencia que la que figura en el Registro general del Congreso de los
Diputados, el 20 de febrero de 1998. Está firmado por el Secretario de
Estado para las Relaciones con las Cortes.
Dice así: Asunto: expediente de regulación de empleo. Punto 3. Se
desconoce el número de trabajadores que finalmente podrían acogerse al
expediente de regulación de empleo, dado que el mismo se ha planteado con
carácter voluntario para el trabajador, si bien debe tenerse en cuenta
que el número total de trabajadores de este centro, que durante el
presente año de 1998 reúne las condiciones exigidas para acogerse a la
modalidad de prejubilación --tener una edad comprendida entre los 55 y
los 63 años-- asciende a 94. Punto 4. Como ya se ha indicado
anteriormente, el expediente de regulación de empleo se ha planteado con
carácter voluntario para el trabajador, no sólo en la modalidad de
prejubilación a la que antes se ha hecho referencia sino también en la
modalidad de bajas incentivadas, no siendo por tanto posible determinar
el número de trabajadores que optarán por solicitar la baja en la
empresa. Madrid, 17 de febrero.
Esta es la respuesta del Ministerio de la Presidencia. Con esto damos por
concluido el tema.
La señora ROMERO LOPEZ: Este es el expediente fantasma. (Rumores.)
El señor CERCAS ALONSO: No insulten a la señora diputada. Es una
respuesta de la Secretaría.
El señor CANEDA MORALES: No es un expediente, luego se lo explico.
El señor ALCARAZ MASATS: Está anunciado. No seáis cabezotas.
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
--MEDIDAS PREVISTAS A DESARROLLAR EN EL DENOMINADO TERCER SECTOR PARA
CREAR OCUPACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de expediente 212/001138).
El señor PRESIDENTE: Punto último del orden del día: Comparecencia, a
solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para
informar acerca de las medidas previstas a desarrollar en el denominado
tercer sector para crear ocupación.
Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): El tercer sector
presenta un perfil de múltiples caras, con desarrollo creciente y
diversificado que hace difícil la identificación de su ámbito de
actuación.
Para algunos expertos es una prolongación del sector de servicios
sociales, canalizado a través de las instituciones sin ánimo de lucro de
carácter no gubernamental. Sin duda, esta percepción de carácter
histórico correspondía a la evolución de los años setenta y principio de
los ochenta. Sin embargo, los cambios sobrevenidos en una sociedad civil,
progresivamente más compleja y con un marco institucional cada vez más
amplio y heterogéneo, nos hace pensar que en su área de actuación debe
incorporarse el espacio intermedio entre lo público y lo privado,
respondiendo por tanto como alternativa con personalidad propia frente al
sector público y privado.
Como rasgo definitorio de este tercer sector podríamos destacar lo
siguiente. Desde el punto de vista de su marco institucional, la
estructura del tercer sector implica el voluntariado, la cooperación
social y el asociacionismo. Diversas normas hasta ahora han dado
cobertura jurídica a este marco institucional, como es el caso de la Ley
de fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general o de la Ley del Voluntariado. Asimismo, la
Ley de Sociedades Laborales y la próxima presentación de un proyecto de
ley de cooperativas --en esta Cámara ya está tramitándose a todos los
efectos-- dotarán de mayor flexibilidad las fórmulas de economía social e
inserción laboral. A su vez, se encuentra en estudio la posibilidad de
una ley reguladora de las empresas de inserción que recoja el espíritu de
la proposición aprobada por el Congreso de los Diputados de 1995 en este
sentido.
Desde el punto de vista económico y financiero, se trata de actividades
en las que conviven el trabajo voluntario y sin retribuciones con el de
asalariados con remuneración. Los beneficios que se generan están
destinados imperativamente a financiar las actividades o, dicho de otra
forma, a ser distribuidos entre sus beneficiarios. Desde este marco de la
financiación, el principal problema que se plantea es la dependencia del
tercer sector de las ayudas públicas en mayor medida que de las
donaciones o de la venta de servicios.
Por último, desde el punto de vista estrictamente funcional, podría
definirse como la emergencia de la sociedad cívica que crea capital
social y trabajo remunerado y voluntario, ocupando un espacio situado
entre lo público y lo privado. Se nutre, en general, de unidades de
pequeño tamaño con un alto grado de descentralización local y de
iniciativa popular articulada en redes, que ofrece un enorme potencial de
creación de empleo y actividad. Su campo de actuación es muy amplio,
pudiendo abarcar los servicios sociales, la economía social, los nuevos
servicios a la comunidad, la mejora del medio ambiente, la ayuda al
desarrollo, la atención al colectivo con riesgo de exclusión o
marginación, etcétera, ofreciendo una respuesta a los retos del cambio
demográfico y social, a las nuevas necesidades del Estado de bienestar y
a las exigencias de participación de la población en la vida económica y
social a través del empleo.
En España, las diferentes áreas de este tercer sector han tenido un
desarrollo menor que en otros países europeos y una incidencia muy
desigual, ya que mientras ha sido elevada en el ámbito de los servicios
sociales y de la cooperación del desarrollo, lo ha sido mucho menor en el
resto de ellas. En los últimos años, sin embargo, se está produciendo un
crecimiento continuado de la actividad de cultura y ocio, educación e
investigación, salud, medio ambiente, desarrollo y vivienda, servicios
legales y políticos, etcétera, mostrando un dinamismo de gran
importancia. Nos hallamos, por tanto, ante una nueva configuración de
gran vitalidad en los próximos años para el fomento del empleo y la
prevención del desempleo, que requiere nuevas e imaginativas estrategias
de actuación y todo el apoyo que podamos darle.
Entendemos que hay dos agentes claves en este proceso de desarrollo: por
una parte, el sector público, que tiene un papel importante que cumplir
en estas materias, que le corresponde actuar como agente estimulador y
financiero en su caso; y, por otro lado, la iniciativa privada, a través
del tercer sector, a iniciativa de los ciudadanos y las ciudadanas de
este país, que actúa en la puesta en marcha de los programas para dar
respuesta a la demanda de servicios sociales, no cubierta por los
sectores tradicionales de la economía, ni tampoco por el Estado.
Podríamos describir distintas medidas en los diferentes planes de empleo,
dentro de incentivación de contratación de desempleados en actividades
del tercer sector, incentivación a la contratación; personal de
plantillas en las ONG; potenciación de la financiación privada sin ánimo
de lucro en actividades de interés general; fomento de la economía
social; medidas específicas para el colectivo de mayores de 40 años;
programas de integración laboral de discapacitados; programa de atención
a amenazados de exclusión, siempre con fórmulas laborales en el ámbito
del tercer sector; plan de reinserción laboral de toxicómanos; máximo
aprovechamiento del Fondo Social Europeo, cuya importancia hay que
resaltar, como financiador de múltiples iniciativas. Dentro de estos
ámbitos y como medidas novedosas vamos a desarrollar todo lo vinculado a
nuevos yacimientos de empleo en el ámbito local, entre ellos una medida
concreta: los talleres de empleo que permitirán a desempleados mayores de
25 años, que no pueden acogerse a las fórmulas de escuela-taller,
acogerse a esa fórmula mixta de empleo-formación que consideramos muy
importante.
Actualmente nos encontramos en una coyuntura muy adecuada para impulsar
mucho este sector, que ya está en marcha, aunque podemos incrementarlo e
incentivarlo, en muchos casos por iniciativa propia y en otros por
demanda de la sociedad.
Creemos que la Ley de cooperativas potenciará la cooperativa de inserción
social, que puede tener efectos positivos en este ámbito. Una posible ley
de empresas de inserción podría constituir otro elemento, otro mecanismo
de canalización de estas acciones hacia el futuro.
Como orientaciones específicas a considerar en el futuro podríamos
señalar: la potenciación del sector, favoreciendo su extensión en
términos, tanto cuantitativos como cualitativos, con fijación de
principios, como orientación de las actividades que permitan identificar
los resultados alcanzados, estándares de calidad a conseguir, etcétera;
promoción de los sistemas de captación de recursos estables,
no dependientes en exclusividad de las subvenciones del Estado,
estableciendo criterios de eficacia en función del resultado, con impulso
de las acciones de mecenazgo que posibiliten contribuciones al desarrollo
del tercer sector desde la iniciativa privada; potenciación de la
vertebración de la sociedad civil, cuyo desarrollo es aún incipiente,
favoreciendo la información y reconocimiento social de este tipo de
instituciones, como aplicación de la nueva ley de voluntariado; apoyo a
la diversificación del sector, posibilitando el nacimiento de
organizaciones que se orienten hacia la cultura, el medio ambiente, los
servicios de proximidad, entre otros, con fijación de formaciones
específicas que permitan la profesionalización y certificación de las
ocupaciones a desempeñar. Estos servicios técnicos deben ir dirigidos
también a los órganos rectores de las instituciones. Por último,
consideración inequívoca, sin duda, del tercer sector como fuente de
creación de empleo y de prevención de la exclusión, a partir de programas
de impulso de actividad independiente, y creación de microempresas; todo
ello vinculado, en el ámbito novedoso y dentro de la gestión de las
comunidades autónomas, al campo local donde creemos que por sus
características este tercer sector y este yacimiento de empleo pueden
desarrollarse con mayor intensidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante, Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO Y CANADES: Señor presidente, en la intimidad de esta
fase final de la Comisión de Política Social, voy a exponer la posición
del Grupo Parlamentario Catalán.
Creo que todos los grupos podemos compartir la descripción que el señor
Pimentel ha hecho de lo que se entiende por tercer sector por aspectos
que configuran su personalidad, por sus virtudes para el conjunto de la
sociedad. Me permitiría añadirle tres elementos más a esa descripción: su
profundo carácter democrático, su alternativa en un momento de
redefinición en muchos aspectos del funcionamiento del Estado del
bienestar y el papel que ese tercer sector puede generar en determinadas
demandas sociales. Y, como digo, hay un tercer elemento que para mí es el
más sugerente de todos. En muchísimas ocasiones, en esta Comisión, en
debates en el Congreso sobre el empleo, hemos planteado la necesidad de
avanzar hacia una nueva cultura del trabajo. Es evidente que la manera de
organizarse y de formarse del tercer sector va ligado también a esas
necesidades que esta nueva cultura del trabajo, en el medio y largo
plazo, va a empezar a introducir. Estos son elementos suficientemente
sugerentes para que desde los poderes públicos se desarrollen políticas
específicas para este sector. Todos estaríamos de acuerdo en los grandes
ejes del discurso que ha expresado el secretario general.
Me gustaría poner encima de la mesa algunos datos muy escasos,
indicativos de la importancia de lo que estamos hablando y también
hacerle una petición al secretario general. Quiero recordar que un
reciente estudio de la Fundación del BBV afirma que este tercer sector
representa el 7 por ciento del PIB del Estado español; por tanto, no es
tan sólo que estemos hablando de iniciativas altruistas, caritativas,
sino que estamos hablando de iniciativas que crean riqueza y empleo y
que, además, introducen ese valor añadido de su carácter democrático, de
su función de dar solución a demandas sociales y de premonición de por
dónde van a ir los tiempos futuros. Además, en ese mismo estudio de la
Función del BBV se habla de que cerca de un 40 por ciento de los
ciudadanos españoles tienen algún tipo de vinculación con esas
realidades. Y desde una nación como Cataluña, donde el tejido social de
estas características es potente y exigente, es evidente que nuestro
grupo parlamentario debe plantear al Gobierno necesariamente que se ha de
hacer un mayor esfuerzo de concreción, de iniciativas que faciliten
efectivamente que este sector cree empleo.
En el documento del Plan de empleo, presentado recientemente en Cardiff,
hay un apartado que habla de la economía social. Es evidente que desde
hace años, desde la Unión Europea se está lanzando el mensaje de los
nuevos yacimientos de empleo, todos ellos relacionados profundamente con
el mundo de la organizaciones no gubernamentales. Pero el contenido del
propio plan --en la intervención que hice en el debate de la semana
pasada así lo manifesté-- creo que es excesivamente genérico de manera
destacada en ese tema. El Plan aporta estrictamente como novedades la Ley
de cooperativas. El secretario general sabe que acerca del texto que yo
conozco mantenemos importancias discrepancias sobre el ámbito de
aplicación de esta nueva ley y, por otro lado, hay una cuestión pendiente
que es la necesidad de regular también por ley las empresas de inserción
laboral. Nos parece que debemos avanzar diseñar un plan global del
Gobierno que contemple medidas fiscales específicas para este sector. La
Ley de fundaciones a la que usted ha hecho referencia, elaborada en la
anterior etapa e impulsada por nuestro grupo es claramente insuficiente.
También tenemos que ser capaces de establecer medidas de tipo laboral que
tengan en cuenta las características propias de este sector.
Antes de entrar en la Comisión la diputada del Grupo Popular, que es la
compañera que va a intervenir, me recordaba que es un sector nuevo, que
es normal que en muchos de estos temas aún se haya avanzado poco. Eso es
absolutamente cierto. La fortaleza del conjunto de nuestras sociedades
civiles no la podemos poner en relación con las de otros Estados de la
Unión Europea. Sin embargo, creo que hoy existen condiciones --y usted lo
ha dicho-- que pueden permitir generar un diálogo social a fondo con este
mundo para encontrar medidas que realmente favorezcan esta creación de
empleo. Evidentemente, eso no nos lo vamos a encontrar ni en el mundo
empresarial ni en el de los sindicatos. Seguramente el mundo de la
economía social en general, y más en concreto el mundo del tercer sector,
hoy no se encuentran ubicados en una situación estratégica que les
permita convertirse en elementos condicionantes de nuestra agenda
política; la agenda política en materia social y laboral la están
marcando las asociaciones empresariales y los sindicatos.
Este tercer sector necesita de estas políticas específicas seguramente
con menor capacidad de impacto en los medios
de comunicación, con menor capacidad de movilización social en las
calles, como aparentemente pueden tener otros agentes. Por eso, nosotros,
a través de esta comparecencia, lo que planteamos al Gobierno es la
necesidad de avanzar sobre estas cuestiones que usted nos ha mencionado y
buscar líneas de actuación específicas, más allá de esas dos iniciativas
legislativas que supongo vamos a poder debatir bien pronto en este
Congreso.
Este es un sector de futuro, éste es un sector que puede crear ocupación,
éste es un sector que puede crear riqueza, y para que eso se produzca
tenemos que situarlo como elemento prioritario en nuestras agendas en las
agendas políticas de todos. Intuyendo que eso hoy no va a salir de
aquellos a quienes atribuimos prioritariamente la representación del
mundo social, entendemos que es bueno que el Congreso avance.
Me comentaban que hoy mismo la secretaria general de Asuntos Sociales
tiene una reunión en el ministerio con un grupo importante de ONG que se
dedican a estas cuestiones, precisamente para explicarles el Plan de
empleo. Algunas de estas organizaciones, que son catalanas y que llevan
muchísimo tiempo creando empleo, seguramente le van a proponer a la
secretaria general medidas imaginativas que hoy están funcionando en
otros Estados de la Unión Europea y que pueden resolver problemas
concretos que hoy este mundo tiene para poder crear empleo. Queremos
pedir al Gobierno que sea sensible a esa realidad y, evidentemente, desde
Convergència i Unió vamos a impulsar, esperamos que con su colaboración,
medidas que permitan conseguir esos objetivos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Matilde Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: El Grupo Socialista es consciente de la hora en
la que estamos, de la jornada tan intensa que el secretario general de
Empleo ha tenido en esta Comisión y también de que sobre política de
empleo hemos hablado recientemente, en la comparecencia el jueves pasado
del ministro de Trabajo, donde nos posicionamos todos los grupos. Por
tanto esta diputada va a obviar, y espero que nadie lo considere una
falta de cortesía, el marco de la política de empleo del Grupo
Socialista, dándola por conocida por el ministerio, por el secretario
general de Empleo y por todos los que formamos parte de esta Comisión.
La oportunidad que nos muestra esta solicitud de comparecencia nos
permite, aunque sea telegráficamente, hacer dos o tres reflexiones. La
primera de ellas es que el empleo ha sido prioridad del Grupo Socialista
cuando gobernaba y ahora que está en la oposición, y lo es por algo tan
claro como son los datos. Tenemos el doble de paro que el entorno europeo
del que formamos parte, las mujeres tienen el doble de paro que los
hombres, los jóvenes tienen el doble de paro que el conjunto de la
población parada española. Este es el resultado incluso después de vivir
globalmente algo sobre lo que espero que no haya opinión discrepante, y
es que, desde el inicio de nuestra democracia, nuestro país ha sido capaz
a la vez de crecer por encima de la media europea, recuperar atrasos y
acortar distancias.
A veces aquí nos arrojamos cifras, nos arrojamos parados, y a mí me
produce perplejidad, porque los análisis, en lo que afectan a paro y a
desempleo, se tienen que hacer teniendo en cuenta las realidades. ¡Qué
suerte tiene el Gobierno actual y, si quieren, qué suerte tuvo el
Gobierno socialista que se encontró ya resultados mejores con lo que hizo
el Gobierno de UCD! ¡Qué duro debió de ser la situación del Gobierno de
UCD en el inicio de la democracia! ¡Qué duro ha sido ver cómo nuestro
país tenía que modernizarse y tenía que ajustar el empleo agrícola a las
medias europeas y convertirlo en empleo alternativo en el sector
industrial, ajustar la obsolescencia del sector industrial en la década
de los 80, e incluso potenciar el sector servicios! Por supuesto que le
queda mucho por hacer al Gobierno actual; pero arrojar aquí las cifras y
hablar de datos sin tener en cuenta las transformaciones serias,
profundas, realizadas en este país no me parece riguroso.
La segunda reflexión es que el Grupo Socialista estima que hemos de
llevar a cabo esta lucha contra el paro, esta lucha por el empleo
consolidando el modelo social europeo de crecimiento económico, empleo y
redistribución de la riqueza. Por suerte, hoy ya tenemos organismos
internacionales que antes no nos acompañaban en este discurso de tono
progresista. Hoy, el Banco Mundial, la OCDE, la OIT, el informe de
desarrollo humano de Naciones Unidas, todos, empiezan a decir que los
modelos neoliberales de desarrollo económico están llamados al fracaso;
que los que creen que el mercado lo puede hacer todo nos conducen al
fracaso y que los modelos económicos tienen que ir acompañados del
objetivo de la prioridad por la creación de empleo y, a la vez, la
redistribución de la riqueza. Ahí enmarco yo la comparecencia de
Convergència i Unió, la intervención del secretario general de Empleo y
el marco de la directriz número 10 del Plan de acción para el empleo del
Reino de España, que nuestro Gobierno nos ha presentado recientemente. A
esa directriz número 10, esta diputada, en nombre de su grupo, desea
decir: para potenciar el empleo local, señor secretario general de
Empleo, es necesario la lealtad entre las administraciones, entre la
Administración del Estado, la autonómica y la local. Voy a poner un
ejemplo del esfuerzo que todavía tenemos que hacer en esa dirección.
Hoy ha habido Comisión de Agricultura. Esta diputada tiene en su
circunscripción dos Programas Leader y pidió a la Comisión de Agricultura
que se analizara este tema. Cuando hablo de lealtad lo hago de seriedad y
de rigor. Con ayuda comunitaria, tenemos en España 130 programas Leader;
es una iniciativa de desarrollo de empleo y de economía social. El
Ministerio de Agricultura sí cubre la financiación que debe, pero el
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía son dos ministerios que
llevan mucho tiempo de silencio administrativo --de ahí una iniciativa
hoy mismo en la Comisión de Agricultura--, originando un problema
financiero muy importante a las corporaciones locales, a las rurales.
Por lo tanto, primera reflexión con un ejemplo --los ejemplos no sirven
nada más que como tales, no para extrapolar--: reclamar del Gobierno el
esfuerzo constante que hemos de realizar entre todos, pero que supone la
lealtad, el pacto, el acuerdo y el respeto de las reglas del juego entre
las administraciones.
Segunda reflexión ante el fenómeno de los nuevos yacimientos que el
secretario de Empleo ha comentado. Para que podamos potenciar los nuevos
yacimientos de empleo que este país puso en marcha por ideas sugeridas
por los sindicatos de clase de nuestro país y de un Gobierno --el
autonómico de Baleares, que lo veía--, empezamos a hablar de yacimientos
de empleo antes de que Delors los llamara así y los escribiera en su
libro blanco. El programa de vacaciones de la tercera edad y el programa
de termalismo es precursor de la reflexión del libro blanco de Delors.
Para que eso naciera fue necesario poner un fondo económico que
administraba el Gobierno de la nación. Fue fruto de los acuerdos. En
aquella época yo era sindicalista, pero en este momento, señor secretario
general de Empleo, no recuerdo si fue el AMI, el AES o el ANE, pero fue
uno de esos acuerdos el que posibilitó recursos para esos yacimientos de
empleo, como ahora los llamamos. Pediríamos la reflexión al Gobierno
acerca de que para potenciar yacimientos de empleo hay que disponer de
recursos.
Tercera idea, aunque creo que la ha apuntado el señor Pimentel. Si son
tan importantes, y comparto que lo son, las estructuras para potenciar
los agentes de desarrollo local y los mecanismos de asesoramiento a
corporaciones y ONG y de evaluación de estas iniciativas, esto implica
organigramas y recursos económicos bien dibujados para dotarlos de
aquellos servidores del Estado, de aquellos funcionarios que se
superespecialicen y se reciclen constantemente para ser creadores y
estimuladores de estas iniciativas en el ámbito local y en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por último, pediría al conjunto de la dirección del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales una reflexión para que se recoja en este apartado 10
el Plan concertado, la red básica de servicios sociales. Puede ser su
diseño de política de bienestar. Desde el diseño de los socialistas, la
red básica de servicios sociales formaba parte de la primera red de
protección del Estado del bienestar español. Pretendíamos que se
universalizara como la educación, la sanidad y las pensiones. Se tenía
que hacer de otra manera, en parte por las reivindicaciones constantes de
los nacionalismos.
En los primeros acuerdos con Convergència i Unió, ya en la época de UCD,
se transfirieron lo que iban a ser los servicios sociales sin tener una
ley marco, incluso sin habernos puesto a trabajar en los contenidos y con
recursos económicos precisos. Eso se hizo a posteriori, y se fue tejiendo
con mimo en el pacto entre las tres administraciones. Pero el Grupo
Socialista y esta diputada piensan que la red básica de servicios
sociales debería seguir siendo, en el esquema buscador de consenso en la
sociedad española, una política más a universalizar, sumándola a la
protección de desempleo, las pensiones y la sanidad.
Terminaría diciendo que desde el Grupo Socialista habrá iniciativas, cómo
no, habrá apoyo a las iniciativas que plantee el Gobierno y habrá otras
complementarias para seguir mostrando a la sociedad española que la
creación de empleo es la prioridad número uno de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor secretario general de Empleo, dada la
hora voy a ser muy breve.
Señora Fernández, nosotros no discutimos su preocupación por el empleo en
la época del Gobierno socialista, pero sí tengo que decirle que el
Gobierno del Partido Popular está creando empleo, y estable. A los datos
me remito.
Ciñéndome a la comparecencia, voy a obviar todo lo que tenía preparado
porque ya lo ha explicado claramente el secretario general de Empleo. Sí
quiero decirle al portavoz de CiU que vamos a seguir actuando en esta
línea. Como le comenté antes, es un sector no novísimo, pero sí nuevo. El
Gobierno está adoptando en esta materia una serie de medidas que ya se
han plasmado, tanto en el programa plurianual de empleo como en el Plan
nacional de empleo.
Quiero recordarles que en el Programa plurianual de empleo de 12 de
septiembre de 1997 se consideraba este sector como un potencial elevado
en términos de generación de nuevas ocupaciones. El objetivo principal
era fomentar los servicios de proximidad, creando las condiciones
adecuadas para que parte de los servicios sociales pudieran ser
comercializados en el libre mercado con criterios de eficiencia
económica, como son los servicios domiciliarios, asistencia a personas
mayores, cuidado de niños, ayudas técnicas y teletrabajo para
discapacitados y servicios de inserción laboral. Y, sobre todo, deseo
recalcar la importancia que tiene en esta materia el sector público y las
organizaciones no gubernamentales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): También con
brevedad, quiero agradecer las intervenciones de los tres grupos que
reflejan el interés compartido por los nuevos yacimientos de empleo y por
el desarrollo de ese sector. Mi única duda conceptual, cuando
cuantificamos excesivamente estos nuevos yacimientos de empleo, es que la
sociedad es rica y profusa. En función del documento Delors, hemos
decidido clasificarlo muchas veces en cuatro grupos con 17 áreas, cuando
la realidad es mucho más rica. Sería un error, y así lo estamos
considerando, pretender que sean aquellas que se desarrollan bajo unos
epígrafes.
Recojo el guante que nos lanza el portavoz de CiU como propuesta. No
hemos debatido --no la conozco-- la diferencia fundamental con su grupo
en el proyecto de ley de cooperativas; lo estudiaremos en su momento. Se
hace con el ánimo de modernizar la legislación y sabe usted que el ámbito
nacional corresponde a cooperativas que actúan en más de una comunidad
autónoma y en aquellas que no
tienen ley propia y, por tanto, no afectaría a las cooperativas amparadas
en las leyes autonómicas que tienen plena vigencia jurídica. Sí le
confirmo que estamos trabajando no sólo la Secretaría de Asuntos
Sociales, sino también la Secretaría de Empleo, en una posible ley de
empresas de inserción. Consideramos que sería oportuna, conveniente y
también que, una vez vinculada esa ley --dando respuesta, anticipándome
al punto segundo que planteaba la portavoz socialista--, una vez creada
esa vía, el Gobierno es consciente de que tiene que poner recursos para
poder desarrollar estas empresas, que tienen, si lo hacemos con
inteligencia, unas necesidades financieras no elevadas, dentro del
volumen de lo que es un presupuesto y, desde luego, la inversión que se
haga se recupera con inteligencia. Ese es el caso --y no me duele
decirlo; lo he dicho en cualquier foro-- de iniciativas del anterior
Gobierno --hay cosas que criticamos y otras que ponderamos--, como el
programa de termalismo y viajes de tercera edad, que nos parece una
medida inteligente, que se mantiene, que se desarrolla y que ha dado
lugar no sólo a un beneficio social innegable --que lo tiene-- porque es
una protección, un beneficio social más que el Estado aporta a sus
ciudadanos y ciudadanas, sino que además ha tenido rendimiento económico
y de empleo. Por tanto, es un sistema que permite lo que viene a
denominarse popularmente la cuadratura del círculo, y merece todo el
apoyo y todo el esfuerzo.
Sería bueno que tuviéramos agendas compartidas para estos compromisos. El
Gobierno no tiene principios neoliberales en esta materia, no los
planteamos, no lo somos y le hablo desde el ámbito responsable. Entiende
que en una participación pública debe haber intervención pública desde
normas que la incentiven y, desde luego, con presupuestos. En esa línea
estaríamos encantados de cualquier aportación que desde su grupo y desde
cualquier otro se pudiera hacer no sólo para el contenido de normas, sino
para planes específicos con programas y calendarios.
No entraré en la intervención de la portavoz socialista porque coincido
con ella y también con la reflexión que ha hecho la portavoz del Grupo
Popular; no sería bueno entrar en este momento en guerra de cifras acerca
de esta valoración. También coincido con ella en su segundo planteamiento
importante: que hay que consolidar un modelo de crecimiento económico,
que podemos llamar occidental, que está ya muy acreditado, donde la
libertad de empresa es un pilar fundamental, pero sin caer en tentaciones
neoliberales. Creo que la libertad de empresa debe ser el motor básico;
los agentes personales deben tener ese protagonismo pero, una vez dicho
eso, el Estado tiene un papel importantísimo que cumplir garantizando
determinados derechos y, además, es beneficioso. Este Gobierno no postula
la escuela neoliberal y, desde luego, este secretario tampoco lo hace.
Por tanto, dentro de ese principio, y dando protagonismo a la sociedad
civil, entraría la directriz 10.
También coincido en la necesidad de lealtad entre administraciones; no
voy a entrar en polémica. No conozco --y eso sí que me ha preocupado--
que el Ministerio de Trabajo no haya aportado los fondos al Programa
Leader; a estas alturas no lo conozco. Si es así, vamos a profundizar
porque personalmente me jacto de llevar bastante a rajatabla estas
cuestiones. Estudiaré si hay algún tipo de problema, porque no se lo
puedo decir en este momento. Si lo hubiera, quedará resuelto
inmediatamente.
Coincido en la necesidad de profesionalizar y hacer el organigrama
adecuado. No conozco en profundidad, algo me ha comentado la secretaria
de Asuntos Sociales, la situación del plan concertado que usted anuncia.
El postulado básico de su intervención me parece correcto; no puedo
profundizar porque no lo conozco y no quisiera decir ninguna
inconveniencia.
En cuanto a la intervención del Grupo Popular, tengo una coincidencia
absoluta con sus planteamientos.Agradezco el apoyo a la línea iniciada.
Me atrevería a decir a los tres grupos proponentes que, en este campo,
donde hay mucha materia novedosa, donde el libro está por escribir, donde
creo que hay voluntad de todos para incentivarlo, porque hay fondos --los
va a haber--, la presentación de iniciativas sería extraordinariamente
positiva. El Gobierno contrae el compromiso de estudiarlas y analizarlas
y haremos lo que podamos. Estamos en un momento particularmente adecuado,
ahora que la economía y el empleo van --no voy a entrar en
calificaciones-- razonablemente bien, que nos permite dedicar fondos a
políticas activas derivadas no sólo del crecimiento del empleo, para
proponer este tipo de iniciativas.
Reitero mi agradecimiento al aspecto constructivo y profundo que han
tenido sus intervenciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel.
Muchas gracias a todos. Aunque somos pocos, creo que hemos demostrado
capacidad de resistencia en esta larga sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cinco de la tarde.