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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 426, de 07/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 426
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 7 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación
(De Palacio del Valle-Lersundi), para informar sobre:
--Estado de situación de las reformas de la política agrícola común. A
petición propia (Número de expediente 214/000072).
--La modificación de la posición del Gobierno español ante la nueva
Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas. A solicitud
de los Grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Mixto (Número de
expediente 213/000076).
--Analizar el documento aprobado por el Colegio de comisarios de la
Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva y dar a conocer
la postura que va a mantener el Gobierno español en esta fase de debate.
A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000235).
--Explicar las medidas que piensa adoptar sobre el comportamiento de la
industria del tomate. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida (Número de expediente 213/000240).
--Posición del Gobierno español en el seno de la Unión Europea (UE), ante
la problemática presentada a los productores de plátano de Canarias. A
solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000251).
--Resultados para el sector olivarero tras la visita oficial del
comisario de Agricultura de la Unión Europea (UE) Franz Fischler. A
solicitud del Grupo anterior (Número de expediente 213/000259).
--Posición del Gobierno ante la propuesta del comisario de la Unión
Europea (UE) sobre la Organización Común de Mercado (OCM) del tabaco. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000333).
--Situación que presenta el sector algodonero. A solicitud del Grupo
anterior (Número de expediente 213/000340).
--Explicar el cambio de opinión de la ministra respecto a la inclusión de
la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva en la
denominada Agenda 2000. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 213/000395).
--Posturas que mantuvo su Ministerio en el Comité especial de Agricultura
que se celebró el día 4 de noviembre de 1997 sobre «Proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) numéro 2075/92 portant
organisation commune de marché de secteur du tabac brut». A solicitud del
Grupo anterior (Número de expediente 213/000408).
--Posturas que mantuvo su Ministerio en el Comité especial de Agricultura
que se celebró el día 4 de noviembre de 1997 sobre la Agenda 2000:
«Développement rural, Produits laitiers». A solicitud del mismo Grupo
parlamentario (Número de expediente 213/000409).
--Posturas que mantuvo su Ministerio en el Comité especial de Agricultura
que se celebró el día 4 de noviembre de 1997 sobre «Proposition de
règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) numéro 2262/84
prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive». A
solicitud del mismo Grupo parlamentario (Número de expediente
213/000410).
--Postura del Gobierno respecto de la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) del aceite de oliva en el momento actual del proceso. A
solicitud del mismo Grupo parlamentario (Número de expediente
213/000426).
--Causa de los cambios radicales producidos en los posicionamientos del
Gobierno en la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del
aceite de oliva. A solicitud del mismo Grupo parlamentario (Número de
expediente 213/000428).
--Estado de las negociaciones de los aspectos agrarios incluidos en la
Agenda 2000, así como posición del Gobierno sobre las mismas. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 213/000436).
--Datos que conozca la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM)
del aceite de oliva. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso
(Número de expediente 213/000471).
--Posición del Gobierno español ante la decisión del Colegio de
comisarios de la Unión Europea sobre las modificaciones propuestas al
Consejo de Ministros acerca de la Organización Común de Mercado (OCM) del
plátano. A solicitud del Grupo parlamentario anterior (Número de
expediente 213/000506).
--Medidas que adoptará el Gobierno ante la grave situación planteada por
la última propuesta del comisario de Agricultura de la Unión Europea (UE)
sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de
oliva. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
213/000520).
--Posición del Gobierno ante la propuesta del comisario de Agricultura de
la Unión Europea, relativa a la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) del aceite de oliva, y medidas que va a tomar para evitar
que pueda salir adelante la misma, que pondría en grave riesgo el futuro
del sector en España, con las gravísimas consecuencias sociales,
laborales y medioambientales que de ello se derivarían. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000521).
--Situación de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del
aciete de oliva. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida (Número de expediente 213/000523).
Se abre la sesión a las diez horas cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 27 de esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca con la comparecencia de la señora ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la cual damos la bienvenida a
esta Comisión. Figura en el orden del día una serie de comparecencias
relacionadas con la situación de la política agrícola común, la Agenda
2000 y todas las organizaciones comunes de mercado que afectan a la
política agraria comunitaria incluida en la Agenda 2000.
Como decía, damos la bienvenida a la señora ministra y, sin más
preámbulos, le damos la palabra para que pueda iniciar la exposición de
estas diecinueve comparecencias agrupadas, todas ellas relacionadas con
la política agrícola común de futuro.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Voy a empezar haciendo una exposición sobre cuál es la situación de los
aspectos agrarios de la Agenda 2000. Recordaré a SS. SS. que el pasado 18
de noviembre de 1997, en la reunión del Consejo de Ministros de
Agricultura que se celebró en Luxemburgo previo al Consejo Europeo donde
se iba a tratar por primera vez la Agenda 2000, la delegación española no
pudo votar favorablemente el proyecto de declaración que presentaba en
ese momento la Presidencia luxemburguesa. Señalamos que no respaldábamos
aquella declaración general en la cual habíamos participado de manera muy
importante aportando cuestiones relacionadas con la defensa de la
identidad europea en agricultura, el artículo 39 y siguientes del Tratado
de Roma y las especificidades de la agricultura europea, defendiendo un
mayor reequilibrio entre productos continentales y productos
mediterráneos dentro de la confección de la Agenda 2000 y planteando
cuestiones como la oportunidad de abrir en este momento unas
modificaciones de estas características en relación con la Organización
Mundial de Comercio. Fueron, sobre todo, cuestiones recogidas en aquel
documento, pero hubo un punto, el aspecto financiero de la cuestión, que
no fue contemplado por aquella declaración que impidió que la delegación
española respaldara el texto con el resto del cual coincidimos, e incluso
en cuya elaboración habíamos participado de manera muy activa. Señalamos
en aquel momento que no estábamos en condiciones de asociarnos a las
conclusiones de la Presidencia, especialmente porque ese texto no
precisaba que el mantenimiento de la línea directriz agrícola, en su
principio y en sus modalidades actuales de cálculo, debía ser aplicado de
cara al futuro en el marco de una comunidad a Quince y con una cobertura
limitada al campo de aplicación actual.
Insisto que entonces no pudimos respaldar aquel texto, y el tiempo
lamentablemente nos ha dado la razón porque el aspecto financiero y las
insuficiencias que nosotros denunciamos cada vez se hacen más patentes.
Por otra parte, las propuestas que el otro día planteó ante el Consejo de
Ministros el comisario de Agricultura en nombre de la Comisión, no han
recogido prácticamente nada de lo que entonces se decía en aquel proyecto
de declaración, que resultó ser declaración de la Presidencia como
consecuencia de los debates del Consejo de Ministros de Agricultura en
Luxemburgo en el mes de noviembre. Las propuestas que hay sobre la mesa
en este momento olvidan, en gran medida, los artículos 39 y siguientes
del Tratado de Roma pues no se concretan en distintos aspectos.
El Ministerio y el Gobierno estiman que la agricultura en Europa no ha
sido nunca entendida como una mera actividad económica, donde únicamente
las reglas de una pura compraventa de mercado sin más fueran las que
funcionaran, sino que, además de la agricultura y en torno a ella, hay
una realidad humana que es la realidad de nuestros agricultores. La
agricultura en Europa obedece a unas pautas culturales, a unas pautas de
estructura, a unas pautas de la realidad de la sociedad europea que nos
hacen diferentes de otros países que son grandes productores agrarios. De
alguna manera, Europa tiene el derecho a la diferencia, por decirlo así.
Tiene derecho a guardar sus gustos tradicionales por determinados
alimentos, producidos con arreglo a normas especiales que tienen que ver
con el bienestar de los animales y con la calidad, normas a veces
enraizadas en tradiciones y costumbres seculares. Además de todo eso, la
gricultura cumple unas funciones mediambientales, sociales y de
equilibrio territorial que no se pueden olvidar en ningún caso. El
mantener una población en el ámbito rural distribuida por el territorio
europeo con la garantía, a la vez, de unas rentas para esa población es
un elemento básico dentro de la producción agraria, además de producir
alimentos sanos, de calidad, con unos niveles sanitarios y con una forma
de producción adecuada.
Todo ello es lo que en el lenguaje de la Unión Europea conocemos como
multifuncionalidad. Es una cuestión de la cual hablamos muchísimo en los
últimos tiempos, pero que quizá, después de ver las propuestas de la
Comisión, ha sido olvidada. Todo eso en un año como éste que se llama al
año del empleo, año en el que --lo ha repetido reiteradamente no sólo el
Ministerio de Agricultura sino también el Ministerio de Trabajo e incluso
el propio presidente del Gobierno en distintas intervenciones-- no se
pueden hacer esfuerzos, presentar recursos para buscar ámbitos de
generación de empleo y, con unas políticas sectoriales concretas,
proceder a la destrucción de miles y miles de puestos de trabajo en
distintos puntos de la Unión Europea.
El planteamiento que subyace en las propuestas que contempla el capítulo
agrícola de la Agenda 2000 se basa fundamentalmente en dos cuestiones
que, en nuestra opinión, llevan a cabo una acción erosiva sobre las
estructuras del campo europeo y, por tanto, del español. Por un lado, las
limitaciones del aspecto financiero de la Agenda 2000 plantean enormes
problemas e incertidumbres. De poco sirve hacer unas declaraciones sobre
la multifuncionalidad de la agricultura europea y sobre su porvenir si
detrás no hay un respaldo financiero. Si no hay unos presupuestos que
avalen el empeño y la voluntad de desarrollar esas políticas,
difícilmente todo eso quedará más allá de meras declaraciones.
Además de ese problema que suscita la Agenda 2000, que se basa en un
crecimiento continuado del 2,5 hasta el año 2006, se plantea que con ese
crecimiento y con un crecimiento de la línea directriz agrícola, como es
hasta ahora del 0,75 del PIB, se pueden financiar los gastos no sólo de
las políticas actuales sino también los gastos de preadhesión de los
nuevos países y los gastos de adhesión de los que se vayan incorporando,
por no hablar de algunos aspectos hasta ahora financiados por el
Feoga-orientación que serían asumidos por el Feoga-garantía. No me voy a
extender más sobre este aspecto presupuestario de la línea directriz
agrícola, porque lo desarrollé de manera importante la otra vez que
informé sobre la Agenda 2000, por lo que lo único que quiero es constatar
que aquello que denunciamos en su momento sigue siendo válido por cuanto
no ha habido cambio alguno al respecto.
El segundo aspecto es la rebaja de los precios y, por tanto, de los
derechos de aduana para aumentar la competitividad internacional de
nuestros productos agrícolas con vistas a las futuras negociaciones en la
Organización Mundial del Comercio, en la que ya empieza a llamarse ronda
Singapur. Creo que es el otro gran eje que plantea enormes incógnitas
sobre la oportunidad de las modificaciones de la Agenda 2000. Tengo que
decir que cuando participé hace unas semanas en la reunión de ministros
de Agricultura de la OCDE en París pude comprobar en vivo y en directo,
ante las declaraciones e intervenciones del secretario de Estado de
Agricultura de Estados Unidos o de los ministros australiano, neozelandés
o canadiense cuál es el ánimo de todos estos países en las futuras
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y el espíritu con
que vienen en lo que se refiere al capítulo agrario. Lo tildaría casi de
voracidad. Las declaraciones e intervenciones que hicieron entonces
fueron de una insistencia, de una rotundidad y de una falta tan absoluta
de matices que se preven unas negociaciones muy complicadas y muy duras
de la Unión Europea (les recuerdo que es la titular para llevar a cabo
esas negociaciones) en la futura ronda Singapur.
Aquí surge uno de los puntos clave de la Agenda 2000, que ha vuelto a
aflorar en el debate de la semana pasada en Brusela. Por un lado, los
países que consideramos (España, Alemania, Francia y otros) que no se
pueden hacer por adelantado estas modificaciones, estas rebajas de
precios (al margen de que veamos luego cómo se compensan o no) previas a
las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio
porque ello nos va a obligar a pagar dos veces, por decirlo de alguna
manera, es decir, que después de estas modificaciones en nuestra política
agrícola común, cuando se inicien las negociaciones de la ronda Singapur
al final vamos a tener que hacer más concesiones, porque ni Estados
Unidos ni Nueva Zelanda ni Canadá van a aceptar esto como un punto de
llegada, sino como un punto de partida; y, por otro, aquellos que por el
contrario insisten en que, habiendo hecho por adelantado estas
modificaciones, llegamos con más fuerza de cara a esas negociaciones.
Este es el punto central de la discusión y, en mi opinión, uno de los
puntos clave del debate de la Agenda 2000, capítulo agrícola, es decir,
la oportunidad o no de rebajar por adelantado los precios, de facilitar
acceso a mercados, de llevar a cabo todas esas modificaciones, que es
obvio que nos las van a reclamar en una negociación en el seno de la
Organización Mundial de Comercio y, por tanto, si eso no nos va a llevar
a pagar dos veces. Una rebaja en los precios quiere decir un
desmantelamiento aduanero, una mayor facilidad de acceso a mercado y, por
consiguiente, una reducción todavía mayor de la denominada preferencia
comunitaria.
Las cuestiones generales son éstas, pero vamos a entrar ya en concreto en
la Agenda 2000, en las modificaciones que propone en el ámbito agrario.
Como he dicho, la filosofía es bajar precios, porque se entiende que
bajando precios se aumenta competitividad y, a partir de ahí, compensar
parcialmente los precios en aquellos casos en que se entiende que se
bajan precios sin más. No entra para nada, antes al contrario, sigue
manteniendo las limitaciones en cuanto a modos de producción;
limitaciones, como decía anteriormente, respecto del bienestar animal
como no utilizar hormonas, limitaciones en los fitosanitarios,
limitaciones en los abonos, etcétera, cuestiones básicas y garantía de un
desarrollo duradero y equilibrado. Plantea unos recortes generales en los
precios en los tres grandes capítulos sobre los cuales concentra toda su
atención la Agenda 2000, pero mantiene en la mayoría de ellos la
intervención (el sector lácteo y los precios de intervención); un precio
para el sector cárnico, aunque quiere ir sustituyendo el sistema de
intervención por otro de almacenamiento privado, y contempla una serie de
compensaciones.
En ese mismo parquete, que supone al final un aumento de gastos de varios
miles de millones de ecus, se prevé para los productos mediterráneos una
subida estrictamente cero; es más, en el caso de las frutas y hortalizas,
como saben muy bien SS. SS., incluso una pequeña disminución, que se
deduce del desarrollo sin tocar una coma de aquí al año 2006 de la actual
OCM en función de los umbrales máximos de retirada. Este es otro de los
gravísimos problemas con que nos encontramos cuando se profundiza en la
Agenda 2000. Pero hay algún producto (al que me referiré porque, además,
estaba solicitado de manera especial dentro de las distintas
comparecencias, del cual nos hemos ocupado reiteradamente, y que va a ser
objeto de un debate suplementario la próxima semana), cual es el aceite
de oliva, donde no es que se rebajen los precios sino que se suprime el
precio de intervención y, sin embargo, se plantea una exquisita
neutralidad presupuestaria.
Nosotros entendemos que ésta es una manera hemipléjica y desequilibradora
de construir la Unión Europea; que no se pueden hacer unas
discriminaciones de este calibre entre los tres grandes productos
(grasas, proteínas e hidratos, ése es, al final, el resumen de los
cereales, la carne de vacuno y el sector lácteo continentales) respecto a
los productos denominados mediterráneos (tabaco, frutas y hortalizas,
aceite de oliva, algodón, etcétera); todo ello queda con una neutralidad
presupuestaria, insisto, cuando no una pequeña reducción.
Hablando del aceite de oliva, quiero reiterar cuál fue mi posición. El
aceite de oliva es una cuestión absolutamente
esencial para los intereses de la agricultura española. Todos sabemos que
supone más de 2.250.000 hectáreas (lo sabremos con más precisión en los
próximos meses, por cuanto el ROE estará definitivamente elaborado y
espero que incluso tendremos los datos definitivos antes del verano; en
este momento está muy avanzado, pero podemos hablar de que estará próximo
a esa cifra) y unos 230 millones de árboles. Es un sector que tiene una
concentración fundamentalmente en la región andaluza, que afecta a 32
provincias españolas, que tiene importancia no sólo en esa zona andaluza
sino también en el resto de las zona donde se cultiva, siendo un elemento
enormemente social por incorporar una gran cantidad de mano de obra
respecto a su recogida y a su cuidado y que tiene unos aspectos
medioambientales clarísimos, al poderse desarrollar el olivo en zonas
donde difícilmente se puede dar otro tipo de cultivos o de árboles.
El Ministerio entiende que la propuesta de la Comisión es
desequilibradora porque, insisto, plantea la supresión del precio de
intervención, manteniendo una neutralidad presupuestaria absoluta; no
respeta el informe Jové del Parlamento Europeo, que solicitaba un aumento
muy superior al que se ha producido de cantidad máxima garantizada para
la Unión Europea, en torno a 1.800.000 toneladas; lleva a cabo una
distribución de esa cantidad máxima garantizada entre los distintos
países sobre la base de unas cifras que la propia Comisión reconoce como
no fiables; no contempla la prohibición, de una vez por todas, de la
utilización de mezclas y, por lo tanto, no apuesta claramente por la
calidad, pero, además, no contempla la ayuda a la aceituna de mesa, que,
caso de seguir en esta situación, terminará inevitablemente
convirtiéndose en aceituna de almazara y hace una propuesta que no es
suficiente en lo que se refiere a las nuevas plantaciones. Se pueden
mantener abiertas las nuevas plantaciones o se pueden prohibir, pero lo
que no se puede hacer es proponer una situación mixta que a lo único que
puede dar lugar es a que haya mayores conflictos en el futuro. Nosotros
hemos manifestado nuestra oposición a esta reforma, así como a que se
realice con una neutralidad presupuestaria que supone un desequilibrio
real frente a lo anteriormente dicho para otros cultivos en los que
cualquier reducción en los precios va a ir acompañada automáticamente de
un aumento en las ayudas.
Podemos insistir en la OCM del aceite y, por supuesto, a preguntas de SS.
SS., me extenderé luego sobre esta cuestión con más detenimiento, si lo
consideran oportuno, pero quiero hacer también un repaso de los otros
puntos que se recogen en la Agenda 2000. Si hablamos de los cultivos
herbáceos, nos encontramos con que, a pesar de que se aumenta de manera
muy sensible el gasto, el descenso de los precios propuestos no obtiene
la compensación total mediante un aumento de los pagos compensatorios.
Nos encontramos con que, salvo que el mercado se comporte al margen de
los precios con los que se pretende competir en el mercado internacional,
se va a producir una pérdida de renta efectiva de los agricultores, que
será todavía más dura de soportar en las zonas que tienen unos
rendimientos más bajos.
Además, España arrastra un problema, que es que en su día le fue asignado
un rendimiento histórico anormalmente bajo, porque las series que se
adoptaron fueron las correspondientes a dos años de sequía y sólo un año
normal, lo cual suponía una bajada clarísima de nuestros rendimientos
habituales o de los que se obtienen al haberse incorporado ya en España
la tecnología, la mecanización y la modernización del campo. Es más,
España tiene problemas especialmente agudos en cuanto al tratamiento que
se da a los herbáceos, concretamente a las oleaginosas, cuya ayuda se
iguala a la de los cereales. Eso puede suponer graves perjuicios para el
cultivo del girasol en amplias zonas de España, con especial incidencia
en algunas provincias, como puede ser la de Cuenca, donde el girasol es
el cultivo esencial. Tampoco se consolida la incorporación de las
leguminosas grano al esquema general de los cultivos herbáceos, y además
se propone la eliminación de la superficie de base para el maíz y de sus
rendimientos específicos, lo que puede ser un golpe duro para un cultivo
como el del maíz, en el que España es deficitaria.
Tenemos que añadir a todo esto que la Comisión ignora un aspecto que no
es menor, que es el carácter específico del regadío en España. Cuando ha
habido períodos de gravísima sequía se ha podido salir adelante gracias a
que se han pagado los rendimientos de regadío en los casos de abandono
voluntario de cultivos, pero lo que establece ahora la nueva resolución
es que, en caso de producirse abandono voluntario de cultivos en el
sector regadío, los rendimientos se pagarían no según el concepto de
regadío, sino según los rendimientos asignados a esa zona, al secano. Por
lo tanto, el sistema de regulación que ha permitido a nuestros
agricultores tener unas rentas razonables en período de sequía nos es, de
esta forma, hurtado.
Tenemos que decir, por otra parte, que al arroz no se le da una solución
especial en este paquete y que nosotros consideramos que debiera ser
considerado en el mismo sentido que los cultivos herbáceos, sobre todo en
lo que afecta al sistema de penalizaciones, que es desmesurado y puede
generar problemas gravísimos. Baste recordar a SS. SS. que este año hemos
rozado no sé si la catástrofe, pero sí una situación muy complicada, una
posible penalización de en torno al 25 por ciento en las ayudas para el
arroz, que hemos podido evitar gracias a que hemos conseguido al final
que se considerara una parte de las superficies, concretamente las
destinadas a siembra, como no computable en la superficie máxima
garantizada. Hemos podido conseguirlo este año, pero ya se nos ha dicho
que el año que viene no se computará de esta manera. Nosotros entendemos
que al arroz se le debe aplicar, en cuanto a las penalizaciones, un
tratamiento equivalente al que se da al resto de los cultivos herbáceos.
Si hablamos de la carne de vacuno, debemos manifestar que el Ministerio
no está de acuerdo con la discrecionalidad que se concede a los Estados
miembros en la distribución de una parte importante de las ayudas. El
planteamiento de la Agenda 2000 supone una renacionalización parcial de
la PAC que nosotros no podemos aceptar y estimamos que los criterios que
pretende introducir la Comisión para evitar precisamente esas
discriminaciones entre
los productores de los distintos Estados no son suficientes, por lo que
se produciría un aumento de distorsiones de la competencia y problemas de
competencia desleal entre unos países y otros.
Al incrementar proporcionalmente la prima al ternero macho por encima de
la prima a la vaca nodriza se estimula la producción de carne y se
penaliza el sistema más tradicional de producción más ligada a la tierra.
En España tenemos el problema de la insuficiencia de primas, que, aunque
hemos conseguido una sensible mejora en estos dos años, sigue creando
tensiones en el sector. Aunque hayamos conseguido un aumento del 10 por
ciento en el número de primas asignadas a España cuando al resto de los
países se le rebajaban, y vamos a conseguir previsiblemente un segundo
tramo de aumento en los próximos meses, seguimos estando por debajo del
porcentaje de primas con relación a sacrificios si nos comparamos con la
mayoría de los países de la Unión Europea. Al aumentar la parte de renta
que percibe el ganado en función de la prima respecto a lo que percibe en
función del mercado, en el futuro aumentará todavía más la dificultad de
nuestros ganaderos frente a los de otros países.
Si hablamos del sector lácteo tengo que decir que, al margen del aumento
de la cuota, lo que nos parece bien por romper el tabú de la inamovilidad
de la cuota para toda la Unión Europea, se suscitan grandes problemas con
las propuestas de la Comisión. El cálculo de los derechos a prima que
propone la Comisión, basados en la famosa vaca virtual, beneficia
claramente a las explotaciones con mayores rendimientos lecheros y va
incluso en contra de lo que reclamaría el principio de cohesión. Aunque
luego se corrija parcialmente en función de ese otro tramo de ayudas,
donde se tiene en cuenta lo que son las vacas reales, eso no es una
compensación suficiente de cara a lo que es la realidad productiva y la
estructura de producción de nuestro país comparado con los otros. Porque,
señorías, en el sector lácteo lo que seguimos teniendo es un déficit de
cuota, lo que tenemos que conseguir es un aumento sensible de la cuota
asignada a España. Como saben SS. SS., lo que pedimos es un millón de
toneladas más para conseguir un reequilibrio verdadero y la posibilidad
de llevar a cabo una adecuada reestructuración del sector de cara al
futuro. Nosotros entendemos que es una losa que pesa sobre el sector
lácteo desde hace muchos años, que viene generando tensiones dentro del
sector y que hace falta darle una respuesta desde la Unión Europea. Se
plantea un aumento de la cuota. Si bien nos parece que los criterios de
distribución para el aumento de la cuota pueden tener aspectos positivos
--es decir, considerar no sólo como factor a los jóvenes agricultores,
sino a las zonas de montaña--, entendemos que habría que tener en cuenta
criterios suplementarios y, sobre todo, habría que dar respuesta al
problema que tiene España planteado sobre la insuficiencia de cuota en
porcentaje respecto a otros países.
Aunque es bueno que a España se le dé casi el 10 por ciento del aumento
de cuota que se plantea en este momento en la Unión Europea, según los
papeles que están sobre la mesa, resulta insuficiente por cuanto que esas
doscientas y pico mil toneladas, que es una cifra muy importante, no
llegan a ese millón de toneladas, que es lo que consideramos necesario
para conseguir un equilibrio dentro de nuestro sector.
Respecto al Feoga-garantía, donde se incorpora la financiación de medidas
de estructuras, entendemos que las propuestas no son las adecuadas.
Nosotros entendemos que en el Feoga-garantía sólo se debe dar cabida a
las medidas de apoyo a las rentas, es decir, a las medidas de
acompañamiento actuales y a las indemnizaciones compensatorias de
montaña, que son las que hay en este momento. Por lo tanto, rechazamos
que se incorporen otro tipo de cuestiones a financiar por el
Feoga-garantía, por ejemplo asuntos relacionados con correcciones fuera
del Objetivo 1, que ahora contempla y financia el Feoga-orientación,
pasen a ser financiados por el Feoga-garantía.
Asimismo nos oponemos a la eliminación de la ilegibilidad de las medidas
de sanidad veterinaria, investigación y promoción, y consideramos
necesario mantener la financiación aplicable a las agrupaciones y uniones
de agricultores, a la agricultura ecológica, a las razas autóctonas en
peligro de extinción, al mantenimiento de tierras abandonadas y a otras
de carácter ecológico y medioambiental. Consideramos también importante
que, al hilo de esta Agenda 2000, se debiera desarrollar algo que hemos
reiterado en nuestras peticiones en distintas ocasiones en el ámbito del
Consejo de Ministros de Agricultura. Lamentablemente, de vez en cuando,
en distintos países --en España, desde luego, pero no sólo en España, en
otros países también sucede-- nos enfrentamos a situaciones climáticas
excepcionales --ya sea por sequía, ya sea por inundaciones-- que generan
grandes catástrofes y grandes problemas al sector agrario de un país
concreto. Nosotros entendemos que habría que arbitrar, mediante un
reglamento, la posibilidad de que la Comisión ante esas situaciones pueda
hacer, por ejemplo, una aplicación flexible de las penalizaciones
respecto a determinados cultivos que pueden convertirse en un momento
dado en cultivos refugio. Pero además de ese tipo de cuestiones, nosotros
entendemos que se debiera constituir un fondo de catástrofes que
permitiera compensar las rentas de esos agricultores, que permitiera
además hacer frente a parte de los daños ocasionados en algún país en un
momento dado cuando se producen este tipo de situaciones límites. Esa
especie de aseguramiento por catástrofes de tipo general, que no
individualizado, sería una muestra de cohesión y de solidaridad en el
ámbito de la Unión Europea, que debiera ser contemplado al hilo de una
revisión global como es la Agenda 2000.
Como decía al principio, lo que es el marco financiero en el que se
encuadra la Agenda 2000 resulta insuficiente y desequilibrado.
Aumentando, como lo vamos a hacer, el gasto en política agrícola común, y
con la dependencia de los agricultores del sector vacuno, del sector del
cereal, del sector lácteo hacia ese tipo de ayudas, nos podemos encontrar
con una doble situación: por un lado, que no somos capaces de garantizar
las rentas de esos agricultores porque las compensaciones son
insuficientes y, por otro, que tengamos una situación de insuficiencia
presupuestaria clara. Mientras tanto podemos estar
agrandando las diferencias entre distintos tipos de cultivos y
agricultores --también países y zonas-- al plantear simultáneamente esa
neutralidad presupuestaria para cierto tipo de políticas y de sectores,
que si partimos de la base de una inflación en torno al 2 por ciento de
cara a los próximos años, hasta el 2006, va a suponer de facto una
pérdida de ingresos por ese concepto respecto a esos agricultores nada
desdeñable, que podemos calcular en torno al 16 ó 17 por ciento.
Estas cuestiones están sobre la mesa y hay que tenerlas muy claras a la
hora de plantear la Agenda 2000. Los Estados miembros deben tener la
posibilidad de modular el sector del vacuno, rechazando lo que nosotros
entendemos como renacionalización de la política agraria y los
desequilibrios entre distintas regiones y entre distintas zonas. Por
tanto, amén de la cuestión de oportunidad del momento en que se hace esta
reforma a la que me he referido al principio, nosotros entendemos que hay
un problema de incertidumbre en cuanto a la suficiencia presupuestaria de
los fondos asignados a la política agrícola común de cara al futuro; un
problema de desequilibrio entre lo que son producciones mediterráneas y
producciones continentales y un problema de insuficiencias ya en lo que
es lo concreto de las modificaciones que hacen que la Agenda 2000, en
nuestra opinión, deba ser objeto de grandes discusiones antes de su
aprobación para que no se convierta en un grave riesgo de cara al sector
agrario.
Además de estas cuestiones, hay preguntas muy concretas sobre aspectos
agrarios, a las cuales quiero dar contestación en mi intervención, como
puede ser respecto al sector del tomate, planteada por alguno de los
grupos, concretamente por Izquierda Unida. Tengo que señalar, respecto a
la petición de Izquierda Unida, que sorprende un poco su planteamiento en
lo que se refiere a la industria, ya que el año pasado planteó una
cuestión parecida y el resultado fue que los contratos preliminares
alcanzaron la cifra de 1.078.362 toneladas cuando el contingente para
España era de 1.066.000 toneladas. Cabe añadir, además, que las
circunstancias que se dieron en dicha campaña eran menos favorables que
las que se han dado en la actual a los efectos que nos ocupa y que se
trataba del primer año de aplicación de la nueva organización común de
mercado. El mercado de tomate en conserva atravesaba una profunda crisis
debido a una caída del 25 por ciento en los precios que, gracias a
distintas situaciones, se ha recuperado para estas fechas. Por lo tanto,
al existir un precio mínimo de compra al agricultor, que viene teniendo
unos niveles aceptables, lo único que se puede producir es un interés
importante por parte de un cultivo, que al final puede encontrarse con
limitaciones en cuanto a la posibilidad de absorber toda la producción.
Como factor que limita al crecimiento del cultivo existe un régimen de
contingentes nacionales que son administrados por las industrias a través
de las cuotas que les corresponden, de acuerdo con las cantidades
transformadas entre las tres campañas precedentes, como bien saben SS.
SS. Por tanto, es comprensible que se planteen tensiones cuando hay un
exceso de oferta respecto a la contratación de tomate para conservar, ya
que las industrias contratan umbrales para lo que tienen contingentes y
para lo que entienden pueda tener finalmente un precio aceptable.
Desde el Ministerio entendemos que el modelo de contrato de compraventa
que se ha homologado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, publicado en el BOE el 14 de febrero de 1998, permite que
haya menos tensiones. La fecha límite de celebración de contratos se fijó
en el 16 de marzo. Por tanto, entendemos que ha existido un plazo
superior a un mes para que transformadores y productores plasmen sus
acuerdos y concreten la cantidad. El precio mínimo y la ayuda a la
producción, aunque se viene fijando por la Comisión Europea en el mes de
junio, no presentará variaciones significativas respecto a campañas
precedentes. Dicho precio es fijado en posición de salida de explotación
del productor y por ello no tienen por qué negociarse condiciones que se
señalan, como son el transporte y la recogida. El cupo correspondiente a
cada empresa les ha sido comunicado por la Secretaría General de
Agricultura, Pesca y Alimentación el 12 de febrero de 1998, es decir, con
antelación suficiente a la fecha límite de celebración de contratos, que
tuvo lugar el 16 de marzo, como he dicho anteriormente.
La campaña precedente, 1997/1998, ha alcanzado unos niveles de producción
aceptables, a excepción de lo que se ha producido en el Valle del Ebro,
donde debido a la climatología ha habido una cosecha más reducida que en
otras zonas. En Extremadura las industrias absorbieron y transformaron
cantidades por encima de sus cuotas, como viene siendo habitual, y los
niveles de stock son normales debido a que la campaña de comercialización
se ha desarrollado en un marco favorable, con subidas de precios, como he
señalado antes.
Sí es importante señalar que la campaña que comienza ahora, la de
1998/1999, será la segunda de las cinco que dura el período transitorio
de la nueva organización común de mercado, en la que a las industrias se
les reduce la ayuda si contratan con agricultores individuales más del 65
por ciento de la transformación total de la campaña. Saben SS. SS, que la
organización común de mercado de frutas y hortalizas se basa en impulsar
la organización de productores para permitir concentrar la oferta, así
como una mejor organización por parte de los productores. Por tanto,
coherentes con ese criterio, se plantea que haya una reducción, si es que
no se contrata la mayoría a través de esas organizaciones de productores.
Los agricultores asociados a organizaciones de productores se ven,
obviamente, favorecidos frente a aquellos que van a título individual.
Esto es discutible. En su momento, como saben SS. SS., fue muy
cuestionado. Pero si lo que se pretende es fortalecer la estructuración y
la vertebración del sector, es obvio que se consigue a través del impulso
de esas organizaciones de productores. La reglamentación comunitaria, que
favorece precisamente esta integración durante este período, entiende que
si un productor individual se asocia a una organización de productores en
el período de tres o cuatro meses que median entre la celebración del
contrato preliminar y la del contrato de transformación, los derechos
derivados de aquél serán transferidos a la organización de productores y,
además, computará, a la hora de penalizaciones o no,
como si desde el principio hubiera pertenecido a una organización de
productores y con ello se incentiva esta cuestión.
Respecto a las preguntas relativas al sector del plátano, saben SS. SS.
que se aprobó en el mes de enero una reforma de la organización común de
mercado por parte del Colegio de Comisarios. Esta propuesta se está
debatiendo en grupos de trabajo en el comité especial de agricultura.
Además, he de decir que en este momento la reforma que está sobre la mesa
consiste en mantener todo lo que se refería a la OCM anterior, planteando
únicamente modificaciones en lo relativo a los aspectos impugnados por el
panel de la Organización Mundial de Comercio.
A la fecha las discusiones se centran fundamentalmente en dos aspectos.
Uno es el relacionado con el segundo contingente de 350.000 toneladas.
Los países productores entienden que no se puede contemplar esta cantidad
como el mínimo de ese segundo contingente. Entendemos que ese contingente
debe ser utilizado como un elemento de regulación del mercado de la Unión
Europea para evitar tensiones entre oferta y demanda y que puede ser
aumentado, y también disminuido, por lo menos hasta una cifra de 100.000
toneladas. Este es uno de los aspectos que estamos discutiendo.
Frente a la posición de los países productores, la de los países nórdicos
fundamentalmente y Alemania es que los aranceles asociados a ese
contingente, que como bien saben SS. SS. son superiores a los que
corresponden al otro contingente, son excesivos y deben disminuir. Estas
son las dos posiciones; la de los países productores y la de los países
nórdicos. Alguno de estos últimos países lo que pretende es que no haya
contingente de ningún tipo y que haya un entrada libre y absoluta de
plátano al mercado europeo.
El segundo gran eje de debate en este momento es el relativo al aumento
del ingreso global de referencia. Los países productores entendemos que
la desaparición del sistema de partenariado puede crear dificultades a la
hora de comercializar la producción europea. Como quiera que ese ingreso
global de referencia, que es un complemento esencial para garantizar la
renta de los productores europeos, sólo se percibe cuando se lleva a cabo
la comercialización del plátano, se entiende que es necesario proceder a
un aumento global de referencia, no sólo porque haya habido un aumento de
los costes a lo largo de estos años de aplicación de la OCM del plátano,
sino también y de manera esencial porque a través de ese aumento se
entiende que se podrá facilitar mejor la comercialización real del
plátano europeo, que es la preocupación básica de los productores.
Respecto a esta cuestión, España tiene una posición semejante a la de
Francia o Portugal. Se sigue discutiendo sobre estos puntos, ha habido
distintas reuniones, como saben SS. SS., y esperamos que al final se
llegue a una solución adecuada.
Respecto al sector del tabaco, tras el documento de reflexión de 18 de
diciembre de 1996, el Colegio de Comisarios aprobó, el 28 de enero de
1998, la propuesta de reforma de la OCM del tabaco, que fue discutida
después de la presentación, el día 17 de febrero, en el ámbito del
Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Esta propuesta,
igual que la del tabaco, se está debatiendo ahora en grupos de trabajo
que dependen del Consejo y para la campaña actual ha sido prorrogado el
régimen de primas y de cuotas vigentes.
Quiero señalar que la postura que está defendiendo el Ministerio ha sido
consensuada con los grupos productores, con el sector productor, con las
organizaciones profesionales agrarias, con la Confederación de
Cooperativas Agrarias, con las empresas de primera transformación, así
como con las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas
donde el tabaco tiene una relevancia clara.
Para resumir, la postura española, respecto a las distintas cuestiones
que ahora se están discutiendo, es la siguiente. En lo que se refiere a
la modulación de la prima por calidad, siempre nos hemos mostrado
favorables a primar la calidad que debería aplicarse mediante unas normas
técnicas y objetivas que establezcan las diferentes categorías de tabaco.
El criterio que plantea la propuesta de OCM, que es sencillamente basar
la calidad en lo que es el precio, entendemos que no es objetivo, ya que
éste está sometido a vaivenes de lo que es la situación del mercado en
general. Además, la Comisión propone modular una parte de la prima, entre
el 35 y el 45 por ciento, en función de la calidad del tabaco. Ese
porcentaje es excesivo y habría que modular una parte menor de esa prima,
si bien entendemos que es razonable que haya una parte que se module en
función de la calidad, pero sobre criterios objetivos, como he dicho, y
no sobre un elemento totalmente ajeno a la cuestión de la calidad, como
puede ser el precio.
El segundo gran punto de dificultad en la discusión entre la propuesta de
la Comisión y lo que planteamos los países productores es la salida
voluntaria del sector. Señorías, hay que recordar que el 84 por ciento de
la producción española de tabaco se concentra en una región como es
Extremadura, una zona donde hay grandes índices de paro y donde el
cultivo del tabaco es enormemente social que absorbe gran mano de obra.
Por tanto, nos oponemos a la desaparición del cultivo del tabaco. Desde
el punto de vista individual de los perceptores de esas compensaciones e
indemnizaciones podría ser favorable y beneficiosa porque sería una
desaparición y lo que plantea la Comisión es acogerse a ese tipo de
medidas de manera voluntaria por parte de los agricultores, por distintas
razones. Primero, porque entendemos que debiera dejarse a cada Estado el
carácter facultativo para que se aplique el abandono o no. Caso de
aplicarse dicho abandono, se tendría que integrar en una reserva
nacional, de forma que se permita que hay una futura incorporación de
nuevos agricultores en este cultivo. Entendemos que el abandono del
cultivo del tabaco supondría aumentar las hectáreas de regadío de segunda
categoría, o con dificultades en un momento dado, en ciertas zonas donde
el cupo que tienen asignado de cultivos alternativos está ya superado,
como puede ser el maíz o el tomate. Además, la diferencia que existe de
producción y de mano de obra asociada a una hectárea de tabaco respecto a
otro tipo de cultivos es tan importante que, incluso, aunque hubiera la
posibilidad de incorporar otro tipo de cultivos a esas superficies, lo
que en cualquier caso perderíamos serían
jornales, mano de obra asociada, actividad asociada a esas hectáreas en
unas zonas muy castigadas por el problema del paro.
La postura española en cuanto a la flexibilización del régimen de
transferencias de cuotas es mantener el actual sistema por arrendamiento,
venta, herencia y cesión de cuota entre productores. Entendemos que no se
debe flexibilizar más la actual reglamentación, ya que ello podría llevar
aparejado la desaparición de los pequeños cultivadores, que es el aspecto
más social de este cultivo. Insisto, ese aspecto social que tiene el
cultivo de estabilidad de población rural es lo que más justifica el
mantenimiento de todo el sistema.
En cuanto a la simplificación de la gestión, parece oportuna la propuesta
de la Comisión de que se distribuyan las cuotas cada tres años en lugar
de hacerlo anualmente, como ocurre ahora, lo que simplificaría de manera
importante la gestión del régimen, ya que en este momento existen en
torno a 8.000 resoluciones de cuota.
Rechazamos el incremento del 1 al 2 por ciento de la retención de la
ayuda para el fondo de investigación y formación, por la sencilla razón
de que no se ha gastado el 1 por ciento de esa retención de ayuda y
todavía se quiere aumentar. Entendemos que hay que mantener la retención
de ese 1 por ciento y se deben ampliar las acciones susceptibles de ser
financiadas con este fondo, así como debe ampliarse a investigaciones
cuyos resultados beneficien más directamente al agricultor y que, al
mismo tiempo, representa una mejora desde el punto de vista
medioambiental como, por ejemplo, la investigación de variedades que
requiera una menor utilización de abonos, fitosanitarios y demás.
Con respecto al reforzamiento de controles, estamos totalmente de acuerdo
en que resulta conveniente. Entendemos que todo lo que sea luchar contra
el fraude es la mejor garantía de la política agrícola, no sólo en este
sector, sino en cualquier otro. El establecimiento de un sistema de
subasta de contratos entendemos que es un mecanismo que puede
distorsionar la planificación y organización de las empresas de primera
transformación. No está claro cómo quiere la Comisión poner en marcha
esta idea, que no se ajusta en absoluto al modelo de Estados Unidos,
donde se subasta el producto al finalizar la campaña. Entendemos que no
sería bueno que, una vez que una empresa haya firmado un contrato con un
cultivador, otra empresa pueda ofertar un precio mayor para poder hacerse
con ese contrato. En resumen, como no está muy claro qué es lo que se
pretende con esta propuesta que ha sido únicamente enunciada, estamos
pidiendo mayor ampliación pero, en principio, rechazamos esta cuestión.
En cuanto a la reserva nacional de cuotas, lo mismo que con el sistema de
subasta de contratos, las propuestas de la Comisión son simplemente
enunciados, sin que exista ninguna explicación ni profundización por
parte de la misma al respecto, y estamos pidiendo que nos den más datos
para, eventualmente, ver si al final de verdad se justifican o no dichas
propuestas de la Comisión.
En lo que se refiere a la situación que presenta el sector algodonero,
cuestión que ha sido ya planteada, sus antecedentes son que en las
últimas campañas España ha sufrido, primero, un período de extrema
sequía, que tuvo consecuencias muy negativas en el sector a lo largo de
las campañas 1993/1994 y 1995/1996, donde las superficies cultivadas se
redujeron considerablemente hasta alcanzar 30.000, 40.000 hectáreas,
respectivamente. En campañas anteriores, nomales desde el punto de vista
hídrico, las superficies cultivadas estaban en torno a las 80.000
hectáreas. En la campaña 1996/1997, primera donde se rompe el ciclo de
sequía que veníamos arrastrando, se vuelve a cultivar 79.000 hectáreas
con una producción de 300.000 toneladas, que resultó superior en un 20
por ciento a la cantidad nacional garantizada de 249.000; como
consecuencia, el precio objetivo en España resultó penalizado en un 10
por ciento. En la campaña 1997/1998, que es la última, se han producido
nuevamente circunstancias meteorológicas excepcionales. En esta ocasión,
lluvias, inundaciones, principalmente en la región de Andalucía, donde se
cultiva más del 95 por ciento del algodón español. Estas inundaciones se
prolongaron durante los meses finales de 1996 y los primeros de 1997, lo
que provocó la imposibilidad de llevar a cabo ciertas siembras como
cereales, remolacha, colza, etcétera. Cuando ya se normalizó la
situación, el algodón se convirtió, en parte, en un cultivo refugio.
Estas circunstancias, sumadas al propio efecto mercado producido por los
altos precios pagados en la campaña anterior por la industria a los
cultivadores, provocaron que la superficie en el año 1997 se disparase
hasta las 113.580 hectáreas, según las declaraciones de superficies
sembradas, lo que representó un incremento de 34.663 hectáreas con
relación a la campaña anterior 1996/1997 y 33.000 hectáreas de las 80.000
que en principio se contemplaban.
En aplicación del régimen comunitario de ayudas al algodón, una vez
aflorada la cosecha, se estableció una producción estimada de algodón
para España de 375.000 toneladas, que conllevará, en caso de que coincida
con la producción definitiva, una reducción del precio objetivo del 25
por ciento. Esta estimación sirvió de referencia para fijar en 124
pesetas/kilo el precio mínimo a percibir por el agricultor para la
calidad tipo de algodón comunitario. La industria desmotadora, haciendo
uso de la cautela del 15 por ciento contemplada en la reglamentación
comunitaria, tenía que pagar al agricultor un precio mínimo provisional
de 104.000 pesetas. Este reducido monto del anticipo, junto con la
previsible elevada penalización que experimentaría el precio definitivo a
percibir, fue uno de los motivos que desencadenó de forma reiterada
distintas protestas y manifestaciones que recordarán SS. SS.
En el ánimo de resolver esta situación desde el primer momento, el
Departamento de Agricultura mantuvo distintos contactos con las
organizaciones profesionales agrarias y la industria transformadora,
contactos que en muchas ocasiones desarrollé yo personalmente. Así se
estableció la necesidad de concertar una serie de cuestiones para
racionalizar el cultivo del algodón en España con el fin de evitar, de
cara al futuro, que se produzcan situaciones semejantes. Las medidas para
racionalizar el cultivo del algodón de cara al futuro podemos
sintetizarlas de la siguiente forma. Es necesario la puesta en
funcionamiento de un
plan de fomento de calidad y control a través de programas operativos que
debe llevar a cabo la organización interprofesional, para lo cual
previamente hay que constituir una interprofesional del sector
algodonero, así como mejorar los sistemas de control desde una
colaboración y una coordinación de la interprofesional con el sector
algodonero.
A lo largo de este tiempo, cuando ya está prácticamente terminada la
campaña, cuando al final va a haber unas cifras que van a suponer, junto
con la entrada previsiblemente del segundo mecanismo, el pago de entre
128 y 132 pesetas/kilo, puesto que el precio internacional está en 35,5
ecus/kilo, entendemos que se va a solventar adecuada y razonablemente
para los productores todo lo que es la pasada campaña algodonera. De cara
a la campaña que ya está en marcha en este momento, la que va a abarcar
este año, nosotros entendemos que, aunque ha habido lluvias, no hay una
situación tan extremosa como la que se produjo el año pasado en distintas
zonas. Esperamos que la superficie de siembra sea inferior a la que hubo
el año pasado y que no se produzcan tensiones tan acuciadas como las
últimas. En cualquier caso, nosotros entendemos que en el sector
algodonero urge la creación de una interprofesional, cuestión en la cual
estamos trabajando, habiendo urgido a los distintos sectores de la misma
(desmotadoras, así como organizaciones profesionales agrarias afectadas)
para evitar que, si no en este año, en años futuros se vean aquejados una
vez más por penalizaciones que puedan generar graves tensiones en el
sector.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de formulación de preguntas tendrán la
palabra, en primer lugar, los portavoces de los grupos que han solicitado
comparecencia, iniciándolo el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la
palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señora ministra, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista y, en primer lugar, debo decir que mi grupo se
ha visto obligado a elevar una queja ante la Mesa del Congreso de los
Diputados para que, en el ejercicio de sus funciones, haga posible la
presencia de la ministra y de altos cargos del Ministerio en esta
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, habilitando los medios
necesarios para la celebración de las sesiones. ¿Por qué digo esto?
Porque en la Comisión que se celebra hoy vamos a tratar 20 solicitudes de
comparecencia: 19 de los grupos parlamentarios, entre ellas 12 del Grupo
Socialista, y una que solicitó la ministra a petición propia sólo cinco
días antes de la adopción del acuerdo el pasado 10 de marzo con el
epígrafe: Estado de situación de las reformas de la política agraria
común. Este título tan genérico ha sido un eufemismo que ha servido como
disculpa para acumular actuaciones parlamentarias solicitadas desde mucho
tiempo atrás, desde junio de 1996, iniciativas que se orientaban a
residenciar en sede parlamentaria el previo debate y conocimiento de la
postura que la ministra tenía que plantear en determinadas negociaciones,
como por ejemplo en la del aceite de oliva, y que vistas un año después
resultan tan peregrinas como la información acerca de los resultados que
para el sector olivarero significó la visita del comisario Fischler a
España, que como todos ustedes recordarán hace ya más de un año que se
produjo.
Junto a la problemática del olivar español, se acumula en esta misma
sesión la del plátano de Canarias, la del sector algodonero, la del
tabaco, la de productor lácteos, las frutas, las hortalizas, etc. El
estado de situación de la política agraria común permite a la ministra
abordar cuestiones tan ajenas a dichas negociaciones como la relativa al
comportamiento de la industria del tomate.
Por otra parte, qué posición argumentada sobre cada uno de estos temas
vamos a tener y qué información contrastada cabe esperar del debate de
esta Comisión si en el transcurso de la misma a cada uno de los grupos
parlamentarios, por mucha flexibilidad que se tenga, se nos ha asignado
un total del 15 minutos para el debate. Además no habrá turnos para los
grupos, cuando después de la exposición de la ministra a todos nos
interesaría poder entrar en un prolongado debate que probablemente nos
podía tener ocupados todo el día de hoy en esta Comisión.
Señor presidente, casi no tenemos ni un minuto por tema. Por eso y por
respeto a los mismos, a los temas tan importantes que estamos tratando
hoy aquí, el Grupo Parlamentario Socialista va a continuar en esta
sesión, viéndonos obligados, yo concretamente como portavoz, a centrar mi
intervención prácticamente en el debate de la Agenda 2000.
Solamente le voy a decir dos cosas con respecto a la acumulación de
solicitudes de comparecencia que ha hecho mi grupo relativas al plátano y
al tabaco, y voy a ser muy breve. Estamos en Semana Santa, vamos a pedir
en ambos casos: virgencita, que me quede como estoy. Ese es el mandato
que queremos hacerle a usted para que, como miembro del Consejo de
Ministros de la Unión Europea, pueda llevar a buen puerto a ambos
sectores dentro de la agricultura española.
Si nos centramos ya en la Agenda 2000, los dos primeros aspectos que
usted nos ha descrito intensamente han sido presupuestos y ronda
Singapur. Con respecto a presupuestos le voy a decir una cosa. El
presidente Aznar llamaba continuamente pedigüeño al anterior presidente
del Gobierno, Felipe González, cuando éste defendía ardientemente los
fondos de cohesión para España. Nosotros, ministra, no le vamos a llamar
ni a usted ni al presidente pedigüeño. Sólo queremos que solucionen los
temas que afectan a la agricultura española. Pero tampoco queremos que
esa forma de solucionar los temas cree conflictos con la Unión Europea y
con el resto de sus colegas. Por tanto, centrándome en lo que es la
Agenda 2000, me parecía fundamental decirle que en estos dos temas
fundamentales tendrá nuestro apoyo, pero negocie correctamente.
Las reformas se presentaron, como todos sabemos, en julio de 1997,
después de un amplio y prolongado debate. A partir de ese momento se ha
iniciado un proceso previo a los dictámenes del Parlamento Europeo y a
las negociaciones formales en los consejos de ministros de la Unión
Europea. Desde esa fecha hasta la reciente del 18 de marzo ha habido vía
libre para los debates en los diferentes países miembros. Ministra, con
usted nada hemos podido debatir.
En este Parlamento español no ha habido debate sobre la Agenda 2000. Los
diputados hemos tenido que seguir las negociaciones por la prensa
especializada. Desde aquí quiero dar las gracias por la buena información
que ha dado la prensa especializada. Esto ha sucedido en un período
decisivo para el desarrollo rural y el sector agrario en nuestro país.
El pasado 18 de marzo aprobó la Comisión Europea las propuestas de
desarrollo de la citada Agenda 2000, que marcarán el futuro; un proceso
excepcional, similar al que se desarrolló con motivo de la entrada de
España en la CEE en 1986 o con motivo de la modificación de sectores
importantes que afectaron a la reforma de la política agraria común en
1992. En aquellos momentos, el Parlamento español --y no hay más que
remitirse al «Diario de Sesiones»-- debatió con gran intensidad el estado
de las negociaciones. Ahora se ha hurtado el debate a este Parlamento y,
en opinión de mi grupo, ha ocurrido algo que es mucho más grave, la
ministra no ha participado en los debates que se han ido produciendo
estos meses en el seno de la Unión Europea.
Le dio cierta envidia a mi grupo parlamentario saber, por ejemplo, que en
el caso de Holanda, con su ministro a la cabeza, todos los negociadores
se trasladaron a Bruselas a participar, a negociar y ejercer de Gobierno,
tanto en Holanda como en Bruselas. En España es evidente que hay una
clara pérdida de peso político en Bruselas. Una clara pérdida de peso
político en Bruselas. Sin embargo, de la ministra y de su equipo político
del Ministerio sólo hemos oído un catálogo de reivindicaciones
sectoriales españolas, igual que lo que nos ha contado en esta
comparecencia de hoy, como si usted fuera un miembro del COPA o del
Cogeca, y no un miembro del Gobierno español y un miembro del Gobierno de
la Unión Europea. Nos parece que eso es evidente.
Veintitrés meses perdidos. Usted ha practicado una política de gestos
para ganar imagen en España, pero ha sacrificado al sector agrario
español en Bruselas. Sus negociaciones con la Comisión y sus colegas de
la Unión Europea han sido nefastas, ministra. Usted ha encabezado
manifestaciones, se ha sumado a las concentraciones, ha amenazado con
vetar los acuerdos del Consejo que han de aprobarse por unanimidad, ha
entregado firmas, incluida la suya, al comisario, contra lo que debería
haber sido su propia negociación, y ha llegado incluso a amenazar
veladamente con la posibilidad de un referéndum para que España salga de
la Unión Europea.
Cambie ya, ministra, cambie ya. Usted mueve la cabeza, pero esto es
exactamente lo que usted ha hecho en estos meses de negociación. Y el
Grupo Socialista le pide que cambie de actitud, que cambie de
procedimiento negociador. ¡Qué difícil punto de partida este en el que
nos ha colocado para negociar el numeroso paquete que afecta a la
agricultura y al desarrollo rural español! Han sobrado gestos y han
faltado criterios, criterios que la ministra y su equipo negociador
deberían haber introducido a lo largo de las negociaciones.
Usted no nos ha dicho si considera necesaria la reforma o no. El sector
agrario en general está de acuerdo con la PAC, ya que en líneas generales
se han cumplido sus objetivos, a pesar de los defectos detectados, que
habrá que corregir, y habrá que aprovechar esta reforma para corregir
esos defectos. Hay argumentos favorables a la reforma, no sólo por la
propia política agraria común, sino por los cambios internos que se han
derivado de la unión política y económica y por la ampliación de los
países del centro y del este de Europa.
Ministra, el 18 de marzo se aprobaron, según todos sabíamos ya, las
propuestas de reformas de los reglamentos de los fondos estructurales y
de cohesión, el Feder, el Fondo Social Europeo, el Feoga-orientación, los
reglamentos para la revisión de las organizaciones comunes de los
mercados agrícolas de aceite de oliva, de cultivos herbáceos, de leche,
de vacuno de carne y reglamentos sobre desarrollo rural, medidas
medioambientales, medidas sobre subsidiariedad o modulación de las
ayudas; asimismo se aprobaron las previsiones de las perspectivas
financieras desde 1999 hasta el 2006. Voy a intentar pasar, en cada uno
de estos aspectos, por las deficiencias de las que he ido tomando nota a
lo largo de su intervención, por las cuestiones que yo esperaba que nos
dijera y de las que en absoluto nos ha hablado.
Con respecto a los fondos estructurales, ¿usted considera preocupante la
pérdida de peso de la agricultura y la ganadería en los objetivos
programados? Nosotros, sí. En la propuesta desaparecen los actuales
objetivos 5a y 5b. El 5a cubría todo el territorio europeo en lo que
afecta a mejora estructural de la agricultura, y el 5b, un fondo
regionalizado, era específico para el desarrollo del medio rural. Ahora,
el antiguo 5b pasa a englobar el nuevo 2, dirigido fundamentalmente a
zonas con problemas de reestructuración, industriales, urbanas, de pesca,
o rurales. Perdemos cuatro puntos en la protección de la población. ¿Qué
es lo que usted opina de este nuevo fondo objetivo 2 rural?
Usted nos ha hablado de los fondos de catástrofes. Negocie correctamente
con otros países mediterráneos y, como le parece importante --a nosotros
también nos lo parece--, la apoyaremos para que consiga este aspecto en
la negociación. ¿Dónde están las políticas de cohesión para las regiones
con atrasos estructurales de modernización agraria, como muchas zonas
rurales españolas, pueblos pequeños o medianos que quedarán fuera de los
objetivos 1 y 2?
El Feoga-orientación va a perder en el futuro el protagonismo en las
políticas estructurales y de modernización de las estructuras agrarias y
de desarrollo rural en favor del Feoga-garantía. ¿Qué va a hacer usted
para que no salga esta propuesta? Estos cambios entre los Feoga van a
traer, según la propuesta, políticas de cofinanciación nacional de las
ayudas de la PAC y, como consecuencia, algo que mi grupo viene
denunciando desde el primer día que usted está en el Gobierno: una
renacionalización de la política agraria común. La caída del peso
político de la agricultura se traduce también en los presupuestos, ya que
pasarán del 51 por ciento actual al 45 por ciento en el año 2006.
Me gustaría preguntarle una cosa. ¿Qué estudios ha elaborado el MAPA para
conocer las repercusiones que estos aspectos traerán al panorama agrario
español? ¿Qué regiones
deberán abandonar el Objetivo 1? ¿Cuáles entrarían en el 2 rural y cuáles
no entrarían en ninguno? ¿Cómo se va a actuar, con qué apoyos, en las
zonas de agricultura y ganadería que dejen de ser Objetivo 1 y 5b? En el
reglamento de modificación de los fondos hay demasiados interrogantes y
usted no nos da respuesta a ninguno, ni siquiera nos dice cuáles son sus
planteamientos.
Hay también otros aspectos preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta el
bajo cumplimiento actual de los programas cofinanciados entre el
Ministerio de Agricultura y la Unión Europea, y este aspecto nos preocupa
mucho, ministra. Se propone para un 10 por ciento de los fondos una
discrecionalidad hacia aquellos países que hayan resultado eficientes en
la aplicación de los programas. ¿Qué posición va a mantener el MAPA ante
esta propuesta? En los dos últimos presupuestos que se han aprobado cada
vez hay menos dinero para las políticas de cofinanciación con la Unión
Europea y eso supone que es más el dinero que dejan de percibir el sector
agrario y el desarrollo rural español. Los recursos cada vez son más
ajustados y escasos. Mi grupo, por tanto, ve inaceptable la intención de
la Comisión de eliminar los requisitos de agricultor profesional y a
título principal. Usted no nos ha dicho absolutamente nada de todo esto.
Nos parece inaceptable desde el punto de vista social, económico y de
cohesión. Hay que primar al verdadero agricultor que vive y trabaja por y
para el campo.
Y cuidado con la simplificación de los requisitos para acceder a las
distintas ayudas, que usted misma en su primera comparecencia nos decía
que tenía mucho interés en conseguir. La intención puede ser buena, pero
también puede resultar contraproducente para el sector agrario español.
Lo mismo sucede con definir los productos que tengan o no salida en los
mercados. ¿Tiene ya el Ministerio algún criterio sobre estos aspectos?
¿Por qué no se insiste? En las actas de la Comisión, en las actas del
Consejo de Ministros de la Unión Europea, no la vemos defender los
productos de calidad de España.
En los fondos hay una política que el Grupo Socialista tiene muy en
cuenta y por cuyo cumplimiento pide a la ministra que vele. Usted lo
decía en su exposición. Me refiero a las políticas de cohesión de la
Unión Europea que se definen en el Tratado de Adhesión, en el artículo
130a. La Unión Europea desarrollará y proseguirá su acción encaminada a
reforzar su cohesión económica y social. La Comunidad se propondrá, en
particular, reducir las diferencias entre los distintos niveles de
desarrollo de diversas regiones y el retraso de las regiones menos
favorecidas, incluidas las zonas rurales. Por tanto, ministra, los
principios de cohesión tienen que seguir en estas nuevas reformas.
Cohesión entre hombres y mujeres dedicados al sector agrario o ganadero y
el resto de los sectores de la actividad agraria, entre producciones
continentales y producciones mediterráneas, entre territorios del norte y
territorios del sur de Europa.
En relación con la reforma de los mercados, no nos ha dicho cuál es su
valoración, tanto de los objetivos como del contenido de dichas
propuestas, y cómo repercutirán en nuestra agricultura y en nuestra
ganadería. ¿Va usted a fijar un techo en España inferior al de la Unión
Europea? No nos ha hablado tampoco nada de esto, ministra. Cómo se va a
aplicar el margen nacional para la distribución de las ayudas de
compensación; quién va a limitar su cuantía; si las va a centrar en el
agricultor con actividad principal o va a ir a toda la actividad de la
producción agraria, independientemente de que el titular sea profesional
o no; cómo vamos a velar para que no se produzcan escisiones de
explotaciones agrarias que superen el techo comunitario. Hay muchos
aspectos que no se han tratado. Podrían surgir agravios entre los
agricultores y ganaderos de unos Estados con los de otros limítrofes. Nos
encontramos de nuevo con la renacionalización de la política agraria
común. Y lo más importante, ¿cómo van a beneficiar estos cambios al
pequeño y mediano agricultor español, europeo y a la agricultura
familiar?
La Comisión Europea plantea en sus propuestas una nueva reforma que no
garantiza los objetivos de cohesión, abre la puerta a una
renacionalización de la política agraria común y margina a las
producciones mediterráneas, tanto en sistemas de regulación y apoyo como
a nivel presupuestario. Hay otros aspectos que no contempla, como
criterios a favor del empleo, y propone una reducción general de los
precios de intervención pública, cuando no desaparecen, sustituyéndolos
por ayudas que son insuficientes para que el sector agrario mejore su
eficiencia y, por tanto, su competitividad. No se llega, en algunos
casos, ni a cubrir los costes de explotación, con lo que se
desincentivaría la producción y se acentuarían los riesgos de desempleo y
de deterioro medioambiental.
En cuanto a las propuestas de la Comisión, en algunos aspectos se percibe
un claro favoritismo, o quizá lo que sucede es que España no ha negociado
lo suficiente. Se ven claramente beneficiados los países centroeuropeos,
a los que se otorga mejor financiación en función de mejores rendimientos
--como puede ser en cultivos herbáceos--, en base a cupos con países
terceros, o cuotas del sector lácteo. Esta diferencia se acentuará porque
agricultores y ganaderos no podrán recibir la compensación o lo harán en
menor cuantía por falta de cupo, mientras que el descenso de precios lo
sufrirían íntegramente. Por tanto, se verán afectados por una pérdida de
competitividad frente a otros países de la Unión Europea. Es usted quien
tiene que solucionar esto que está describiendo. Es usted. Usted es quien
se sienta en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y no me cansaré
de repetirlo, ministra, porque usted todavía no se lo cree.
En el sector de cultivos herbáceos, además de la fuerte pérdida de renta
ocasionada por el descenso del precio de intervención en un 20 por
ciento, no compensado con el incremento de los pagos compensatorios,
resalta el enorme daño que se causará al sector del girasol, ya que
igualar los precios del cereal ocasionaría en nuestro país una pérdida de
unos 17.000 millones de pesetas y de unas 500.000 hectáreas, que irían a
parar a cereales o a retirada; esto significaría la práctica desaparición
de este cultivo y de la industria en numerosas comarcas.
El maíz también corre un gran peligro al eliminarse la posibilidad de
separar su superficie y rendimiento específico
con respecto al resto de cereales. La propuesta congela el rendimiento
histórico de España de 2,64, frente a la reiterada petición de incremento
de 3 toneladas por hectárea. Ministra, tiene usted la oportunidad ahora
de cumplir lo que tantas veces prometió su partido en la última campaña
electoral. Negocie. Consiga el incremento tan prometido. No tome falsos
atajos, como el desaguisado que usted organizó con las modificaciones
unilaterales que introdujo en el plan de regionalización y que prometió
que se iba a variar si no se conseguía un incremento de rendimiento; lo
prometió en una conferencia sectorial. Por tanto, tiene que salvar con
sus gestiones al girasol y al maíz y tendrá que cumplir su palabra de ese
incremento de rendimientos.
En el sector lácteo, es totalmente inaceptable el descenso del precio de
intervención propuesto de un 15 por ciento a cambio del incremento de la
cuota en un 2 por ciento, tanto porque este incremento es totalmente
insuficiente considerando las peticiones del sector español como porque
el reparto propuesto es proporcional, ignorando la utilización de otros
parámetros que puedan reflejar la urgente necesidad de cuota en
determinadas situaciones en las cuales la oferta es menor que la demanda,
como sucede en España. El reparto, tal y como está propuesto, conllevaría
una pérdida importante de competitividad de nuestros ganaderos frente al
resto de la Unión Europea. También provoca pérdida de competitividad el
hecho de que en una explotación cobren la prima a la vaca lechera los
animales que resulten de dividir la cuota entre el rendimiento medio
europeo. Esto significa --usted lo ha dicho también-- que países como
España, en los que el rendimiento es inferior a la media europea, se vean
discriminados en la cuantía total de percepción de las primas frente a
los principales países productores de la Unión Europea. En este sentido,
parece más adecuado que la prima se distribuya en función del número real
de cabezas y no con vacas virtuales. Esto es lo que le estamos pidiendo,
que haga gestiones para que la prima se distribuya así. No nos quiera
vender como bueno o como importante el incremento propuesto de 200.000
toneladas. Usted ha reconocido siempre, y en este momento también, que
faltan un millón de toneladas. Esta es la necesidad de España, porque el
incremento e precios, a raíz de la aplicación de la cuota de los últimos
años, ha hecho aumentar la producción. Crítica sí, puede criticar usted
lo que quiera, pero tiene que resolverlo ahora.
En el vacuno de carne se produce una bajada de precios del 30 por ciento.
La propuesta de reforma no satisface las necesidades de nuestro país en
el número de animales con derecho a prima especial de ternero. Propone un
ligero aumento que no supone la equiparación de las condiciones de
partida de nuestro país con las del resto de los socios europeos. Esto
supone pérdida de competitividad y que se sigan produciendo
penalizaciones en el importe de la prima. Se mantiene en la propuesta el
sistema actual de tramo de pago a partir de los 10 meses de edad, con lo
que no se tiene en cuenta la estructura productiva dominante en muchas
regiones españolas en este momento. Asimismo es inaceptable para nosotros
el cheque para que alrededor del 30 por ciento de las primas en el sector
lácteo y de carne de vacuno sea establecido con criterios de los Estados
miembros. Además de criticarlo, ¿cuáles han sido sus propuestas? Este
mecanismo llevaría a una futura renacionalización aquí también y sería
muy difícil retomar la comunitarización, tanto en la aplicación de
medidas como en la financiación de todos estos sectores. Además, lo más
importante, los pequeños productores serían los más perjudicados.
Con respecto al aceite de oliva, éste, ministra, es un caso claro de
inadecuado manejo de la negociación en la política comunitaria, y usted
ha sido la principal protagonista. Mucho se ha hablado ya en esta Cámara
y son ocho las solicitudes de comparecencia que hoy asumimos sobre este
tema, sólo del Grupo Socialista. Además, habrá un debate en el Pleno de
la próxima semana y por ello permítame, ministra, que le haga sólo unas
breves pero importantes preguntas. Sobre las nuevas plantaciones, me
gustaría saber si usted estima conveniente que la reforma plantee una
situación mixta, que no es aceptable, se prohíban o no se prohíban. Usted
todavía no ha dicho nada de esto. ¿Qué postura tiene usted sobre este
tema, que es clave para el futuro de la reforma? No nos ha dicho nada en
todo el procedimiento. También quiero que me diga cuál es su calendario
de negociación. En el aceite de oliva, usted ha estado como un péndulo.
Ha tenido tantos vaivenes que ya no sabemos cuál es su idea en este
momento. Italia quiere que se apruebe ya; la Comisión ha pedido la vía de
urgencia. ¿Comparte usted estas propuestas? ¿En qué estado se encuentran
las negociaciones con el comisario? Usted ha pasado revista a una serie
de iniciativas y de peticiones de comparecencias que hoy traíamos los
grupos, pero ha ignorado la mayoría de las del Grupo Socialista. ¿Qué se
está negociando, si se está negociando algo, con sus colegas, los
ministros que votarán con usted en el Consejo? Aclárenos estos aspectos,
ministra.
Nosotros ya hemos manifestado en numerosas ocasiones nuestra opinión y
quiero dejarla clara ahora. Se necesita un millón de toneladas para
España, pero no queremos un cupo por países. Queremos un cupo único para
la Unión Europea y queremos sistemas de intervención pública para toda la
producción, ayuda a la aceituna de mesa y que se prohíban las mezclas. No
voy a entrar en otros aspectos que por parte de nuestro grupo ya se han
tratado y que se seguirán tratando en esta Cámara en otros momentos. Y sí
nos gustaría saber qué táctica va a llevar usted en las negociaciones
para conseguir todos estos objetivos.
En los presupuestos entre el año 1999 y el 2006 las ayudas a los
productores españoles mediterráneos se ven congeladas en el caso del
vino, del aceite de oliva, del tabaco, e incluso disminuyen un 2,6 por
ciento en el caso de las hortalizas. Pero usted va por la vida como si
nada de esto estuviera ocurriendo. Yo no sé si esto, lo que nos ha
contado, es de verdad lo que les ha dicho a los agricultores; no sé si
usted les está dando todas esas explicaciones a los agricultores o les
está diciendo que España va bien. Porque usted va ayer a Huelva y les
dice a los productores de fresa que no se preocupen que en la próxima
reforma va a entrar la fresa; va usted a las cooperativas que constituyen
organizaciones de productores de frutas y hortalizas y dice usted
que el sector agrario ha recibido ya 8.000 millones de los fondos
operativos. Y el sector agrario no está viendo una peseta, está teniendo
todas las dificultades del mundo para poder llevar a cabo los fondos
operativos. Además, usted es la máxima responsable de que la fresa no se
incluyera en la última reforma, que usted aprobó con su voto, la reforma
del Mercado Común de frutas y hortalizas que se aprobó el primer verano
después de que usted llegó al Gobierno.
En esta reforma, permítame decirle, ministra, que para usted el concepto
de cohesión brilla por su ausencia. A usted no le gusta hablar de
cohesión. ¿Le suena acaso a socialismo? Pues mi grupo le recomienda que
vele por mantener las políticas de cohesión con las políticas agrarias,
tanto de estructuras como de mercados. Para el Grupo Parlamentario
Socialista es importante contemplar todas las modificaciones en un
paquete global --ya lo dijimos hace tiempo--, aunque sólo sea para velar
por los intereses de nuestros sectores claves, como son el aceite de
oliva y el vino; que no vaya uno por delante y otro por detrás. Plantee
usted medidas globales. Cuidado. No permita que se aprueben las reformas
del aceite antes que el resto, ni antes de tener datos definitivos. Y ni
siquiera nos sirve ese período transitorio. Queremos que se apruebe una
reforma del aceite de oliva, y también lo queremos para el resto de las
reformas, que no sea lesiva para los intereses del sector productor
español.
Deseamos dejar claro que el Grupo Socialista no acepta el diferente
tratamiento de los productos continentales y los productos mediterráneos.
El artículo 39 del Tratado de Roma garantiza un nivel de vida equitativo
a la población agraria y el Consejo de Ministros de la Unión Europea de
1994 aprobó una declaración que decía que las reformas de la OCM
mediterráneas pendientes, frutas y hortalizas, aceite de oliva, tabaco,
arroz y vino se realizarían con un tratamiento equivalente a las OCM
continentales. Ahora, ministra, le toca a usted velar por el cumplimiento
de estos dos aspectos.
En las otras propuestas de reglamentos también nos surgen interrogantes a
los que usted no nos ha dado respuesta en su intervención. Se habla de
reducciones del 20 y del 25 por ciento a partir de 100.000 ecus por
explotación. ¿Qué opinión tiene el MAPA de estas reducciones? ¿Cómo va a
decidir el MAPA la reducción de los montantes? Cuando se dice que se
tendrán que introducir criterios de valoración de la eficacia de las
medidas con respecto a los objetivos, ¿cuáles serán esos criterios? ¿Qué
opinión le merecen a usted? ¿Qué medidas agroambientales van a poner en
marcha para supeditar las ayudas?
Del desarrollo rural, ministra, no nos ha hablado nada, prácticamente
nada. Queremos que vuelvan a introducirse criterios agroambientales, que
priman sobre otras funciones del medio rural. ¿Cuál es su opinión? A
nosotros nos parece peligroso que se liguen las ayudas a las zonas
desfavorecidas al cumplimiento de criterios de otro carácter, el
medioambiental. ¿Cómo piensa relacionarlos? Su Ministerio tendrá que
tener avanzado el diseño de los nuevos criterios de los fondos; habría
que ser flexibles en relación con la población y ampliar las zonas
rurales, porque si no se verá mermado el despegue del desarrollo rural en
todos los pueblos de España; en todos, ministra. Si hablamos de
modulación nacional, nada nos ha dicho. No sabemos qué ideas tiene el
Gobierno al respecto. Y le voy a hacer una observación: no es posible
pagar a escote una política agraria común a la carta. Tengo esto muy
claro. La aplicación externa de la subsidiariedad acarrea, a corto o
medio plazo, la ruptura de la solidaridad financiera y la generalización
de la discriminación entre agricultores. Mal aplicada --y usted puede ser
la responsable-- puede ser una bomba de relojería. Dicho esto, el Grupo
Socialista es partidario de unos criterios de modulación con propuestas
serias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, debatidas a
poder ser con consenso, con el sector agrario español, con el sector
ganadero español, con todos sus representantes y con los representantes
del pueblo español en esta Comisión de Agricultura del Congreso de los
Diputados.
¿Qué espera el Grupo Socialista del Gobierno y de la ministra de
Agricultura? Esperamos conocer la posición oficial, porque todavía no la
sabemos. Llámelo libro blanco, llámelo libro verde, llámelo folios de su
exposición o debates más intensos en este Parlamento, porque hasta ahora
usted no nos ha ofrecido nada. Hasta ahora no conocemos nada, y ya
estamos en pleno debate. Esperamos también que se deje ayudar; ministra,
esperamos que se deje ayudar, que no escucha; no se deja ayudar, como
tampoco quiere escuchar. Ha ignorado la mano que se le ha tendido.
Negocie. No nos interesan bravatas, sino buenos acuerdos para el sector
agrario y ganadero y para el desarrollo armónico del medio rural español.
Nosotros queremos que en la sociedad española haya una pedagogía
europeísta (El señor Pascual Monzó: ... haya una pedagogía europeísta, no
cruzadas contra Europa...), no cruzadas contra Europa.
El señor PRESIDENTE. ¡Silencio, señorías!, para escuchar a la portavoz
socialista.
La señora LEIVA DIEZ: Que defienda usted la PAC. Estoy encantada de que
al Grupo Popular le interesen los documentos que nosotros hemos
presentado también a la sociedad española. Queremos que usted defienda la
política agraria común, que no pretenda liderar el antieuropeísmo.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor, vamos a escuchar con
respeto a la portavoz del Grupo Socialista.
La señora LEIVA DIEZ: Repito, ministra, que nosotros queremos en la
sociedad española una pedagogía europeísta, que no queremos cruzadas
contra Europa, que defienda usted la política agraria común, que no
pretenda liderar el antieuropeísmo, que negocie, que la agricultura
española necesita hábiles negociadores. Puede usted engañar a una parte
de la sociedad española, pero los agricultores y ganaderos saben que
difícilmente podríamos, con nuestros
recursos, financiar el billón de pesetas anuales de ayudas al campo
español que recibimos. Son dos pesetas del Feoga por cada peseta que
aportamos, ese 16 por ciento del que usted hablaba en su exposición en
cuanto a las ayudas a las rentas. A los ciudadanos españoles les costaría
40.000 pesetas más por familia si tuviéramos que financiar con fondos
propios lo que la actual PAC nos aporta.
Ministra, ahora la toca a usted, ahora la toca a usted negociar y
conseguir buenos resultados para el sector agrario y ganadero, así como
el desarrollo armónico del medio rural español.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra su portavoz, señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señora ministra, esta sesión
que celebramos hoy podía haber sido un elemento positivo para nuestra
agricultura, podía haber sido una oportunidad para el compromiso, hoy
podría haber sido un día en el que demostrásemos al sector agrario
español que los grupos parlamentarios y el Gobierno saben estar a la
altura de las circunstancias y que todos estábamos dispuestos a formar un
bloque en defensa de los intereses comunes de nuestra agricultura. En
cambio, hoy será un día más de división, hoy será un día que no pasará a
la historia de los intereses agrarios españoles y lo será porque tenemos
que denunciar que ha existido una actuación provocadora del Partido
Popular, una actuación que ha desvirtuado su comparecencia. Quizás usted
no tenga culpa, pero la realidad es que agrupar en esta sesión su
petición de comparecencia propia con otras veinte comparecencias
--nosotros ya lo dijimos en la Junta de Portavoces-- nos parece una
verdadera tomadura de pelo, nos parece que se hace un flaco favor al
Parlamento, pero, sobre todo, nos parece que sitúa a esta Comisión ante
la inutilidad de alcanzar acuerdos concretos. Nosotros habíamos
solicitado una serie de comparecencias concretas, donde podríamos
discutir a fondo. Sin embargo, la realidad y la dinámica de la Comisión
al final nos va a obligar a que, más que hablar del debate general sobre
la política agraria comunitaria, tengamos que presentar, una por una, de
nuevo, en el Registro, la petición de las comparecencias que hoy el Grupo
Popular ha pretendido pasar de soslayo.
Nosotros pretendíamos hacer debates sectoriales. Cuando se hace una
petición de comparecencia, se intenta dar cauce a un problema concreto, a
una realidad concreta, hacer un debate monográfico sobre el mismo. No
sabemos si el Grupo Popular ha actuado en estos momentos al dictado del
Gobierno o si ha tenido una actitud más papista que el Papa, pero la
realidad es que, tratando de hacerle un favor, al final le ha causado un
serio perjuicio, porque ha quedado en evidencia, con su actitud, que la
ministra no acude al Parlamento, que la ministra no comparece ante la
Comisión de Agricultura, que en asuntos tan concretos por ejemplo como el
de la OCM del aceite de oliva, donde existen acuerdos que obligaban a la
ministra a comparecer, solamente ha acudido al Parlamento cuando se la ha
obligado. No se ha producido en el último año ni una sola comparecencia a
petición de la ministra. Usted ha celebrado comidas con los grupos
políticos, ha convocado reuniones con el sector, ha intentado asistir a
manifestaciones, pero al Parlamento, señora ministra, solamente acude
cuando se la obliga, solamente acude cuando los grupos parlamentarios la
obligamos, repito, a pesar de haber acuerdos parlamentarios que la
obligarían en sentido contrario.
Igual tenemos que denunciar otros temas de tanta importancia como el de
la situación del algodón, pues no dude que los problemas del pasado año
se pueden repetir este año.
Por todo ello, reitero a la Mesa que vamos a volver a presentar una por
una las peticiones de comparecencia que hoy se han pretendido liquidar
por el Partido Popular.
Vamos a hacer una intervención global, pero no queremos ni podemos
renunciar, aunque sea brevemente, a hablar de la situación de la reforma
de la OCM del aceite de oliva. Y no podemos dejar de hacerlo porque las
circunstancias y su propio comportamiento nos obligan a ello. Sabemos que
la semana próxima comparecerá el presidente del Gobierno, no, por cierto,
a petición propia, sino también obligado por este grupo. No comparecerá a
petición propia, a pesar de que debería haberlo hecho hace ya meses,
pero, repito, al Gobierno hay que obligarle a venir al Parlamento.
No puedo dejar de comentar su comportamiento respecto a la OCM del aceite
de oliva, según he dicho antes, porque usted, ayer, en Andalucía, intentó
jugar un papel que no es el que la corresponde, intentó jugar el papel de
revientahuelgas, que, con toda sinceridad, no corresponde ni a la
ministra ni al Gobierno. Ya intentó usted desactivar las manifestaciones
del día 27, aunque luego, sobre la marcha, se dio cuenta de su error y se
situó en la misma onda. Estoy convencido de que, al final, usted también
se tendrá que situar en la onda de la huelga general. Uno puede
comprender que en su cultura, en su formación, incluso en su práctica, en
la práctica de la ministra, la huelga general la pueda sonar a
catástrofe, pero en estos momentos la realidad es otra; en estos
momentos, la celebración de un paro general es una muestra de civismo, es
una muestra de responsabilidad, que no va contra nadie, que va solamente
en favor de nuestro olivar; no va contra nadie que no se sitúe, desde
ahora, como ha hecho la ministra, en contra de la huelga. Por ello,
señora ministra, nosotros vemos muy grave que intente dividir a la
población, que intente insinuar que la huelga general sería contra la
población, una población a la que tantas veces se ha pedido ayuda. Es
evidente que usted, que ha viajado bastante a nuestra tierra, no lo ha
llegado a comprender, que usted no comprende la situación actual que se
vive en nuestra tierra, una situación en la que que la lucha por el
olivar no es la lucha de unos pocos afectados, sino una lucha por el
olivar en defensa de nuestra tierra. Por tanto, hoy, ni usted ni nadie
tiene derecho a decir a los trabajadores de astilleros, a los
trabajadores de Santana Motor o a los de la hostelería malagueña que el
asunto no va con ellos; ni usted ni nadie puede decir a las amas de casa
o a los estudiantes de la universidad y los institutos que el tema no va
con ellos, porque todos llevamos juntos defendiendo muchas horas nuestros
intereses
y defendiendo el olivar, no solamente como una industria, sino como una
cultura y una forma de vivir.
Por todo lo anterior, señora ministra, señores del Partido Popular, el
paso ya está dado. No se equivoquen. La huelga general va a ser una
realidad, es inevitable, y a usted, como Gobierno, a ustedes, señores del
Partido Popular, les corresponderá situarse a favor de la huelga general
o situarse, de nuevo, una vez más, contra su pueblo y a favor de quienes
están intentando hundir el olivar. Pero tengan claro que, como el 28 de
febrero de 1980, nuestro pueblo tiene buena memoria y nuestro pueblo
exigirá a cada uno que esté a la altura de las circunstancias. Y digo
esto porque la huelga general es inevitable no porque nos guste a
nosotros. Nosotros sabemos muy bien quién es al final el que acaba
pagando estos esfuerzos, pero también sabemos quién es el que más se
juega, y por eso, en estos momentos, es inevitable, porque la situación
merece una respuesta, una respuesta contundente, para que la Unión
Europea entienda que es todo un pueblo el que rechaza esta OCM que se
intenta imponer. Y también es inevitable porque la sociedad andaluza,
extremeña y de otras muchas zonas del Estado, no se ve respaldada por un
presidente, que se niega a asumir que estamos ante una cuestión de Estado
y que se niega a involucrarse personal y directamente en la solución del
conflicto.
Teniendo en cuenta todo esto y a pesar de sus intentos de ayer, hoy la
huelga general toma cuerpo; hoy, la huelga general aparece como un acto
pacífico, solidario, del campo y de la ciudad, como un acto solidario de
la industria y de la universidad, pero también como una huelga y una
actuación contundentes que nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Esto,
señora ministra, debería haber sido motivo de un debate más amplio, pero
le repito que el Partido Popular no ha querido que sea así. De todas
formas, veremos la próxima semana, con la comparecencia del presidente
del Gobierno, qué posición adoptan los distintos grupos.
Hoy no hemos querido dejar pasar la ocasión y hemos querido, sobre todo,
censurar su comportamiento en el día de ayer, en Andalucía. Vamos a
plantear, sin embargo, algunas valoraciones de carácter general,
emplazando, como dije antes, al Gobierno a la presentación de nueva
solicitud de comparecencia de carácter sectorial.
Queremos repetir una vez más que no estamos satisfechos con las
perspectivas de la actual política agraria común, que está siendo
negativa para los intereses españoles en concreto y para los intereses
mediterráneos en general. Estamos de acuerdo con quienes denuncian que
las propuestas no garantizan recursos suficientes para los productos
mediterráneos, que están siendo marginados, y lo están siendo tanto en
sistemas de regulación y apoyo como a nivel presupuestario. De esta
forma, denunciamos que los criterios de cohesión, tanto sociales como
económicos, siguen ausentes en la política agraria común. Se sigue
apostando por una agricultura intensiva, aumentando la base territorial y
disminuyendo el empleo, sin plantear posibilidades de ayuda para que los
agricultores y ganaderos puedan mejorar su eficacia. En este sentido es
tan evidente como cínico que la propuesta de la Comisión margina los
cultivos mediterráneos, proponiendo compensaciones a otros cultivos del
norte de Europa. La agricultura mediterránea supone, según datos
oficiales, el 20 por ciento de la producción final agraria y representa
el 50 por ciento del empleo agrícola, pero, frente a esta realidad, la
propuesta presentada por la Comisión supone renunciar a un modelo de
desarrollo agrícola europeo justo y equilibrado. La propuesta, más allá
del regateo de las cifras, constituye un intento de liquidación de la
agricultura mediterránea como sector económico y nosotros creemos que hay
unas intenciones no solamente económicas sino también eminentemente
políticas. Por eso repetimos una vez más que no estamos de acuerdo con
esta construcción de la Unión Europea que ahora la sufre la economía de
nuestros agricultores y ganaderos. Las consecuencias para nuestro país
van a ser duras si tenemos en cuenta el millón de ocupados en el sector
agrario y la situación de abandono de muchas zonas rurales. Asimismo, la
bajada de precios va más allá de lo razonable y va a dejar a los
agricultores europeos desprotegidos y sin garantías de renta para su
familia, obligándoles de nuevo en muchos casos a vender por debajo del
coste de la producción. Por lo tanto, seguimos criticando la política
agraria común y seguimos criticando este modelo de Europa. No podemos
decir que estamos de acuerdo con Europa en teoría y luego comprobar que
la construcción de Europa se hace a costa de los intereses de nuestros
agricultores. Lo decimos con toda claridad, no estamos de acuerdo con la
política agraria común. Ha podido haber elementos positivos, pero
nuestros agricultores saben --y es a quienes ponemos por testigo, más
allá de pronunciamientos teóricos-- que la política agraria comunitaria
tiene muchas más desventajas que ventajas. Existe una desigualdad
inaceptable en la percepción de la ayuda y recordamos una vez más que las
cifras indican que el 30 por ciento de los agricultores absorbe el 80 por
ciento de la ayuda a grandes cultivos.
La política agraria comunitaria es también negativa porque no contempla
el problema del empleo como eje de sus actuaciones. Tenemos que repetir
que se ha reducido en un millón el número de ocupados agrarios y que el
paro en el sector se ha incrementado del 11 al 18 por ciento. Es decir,
la gran aportación de fondos a la PAC no solamente no sirve para crear
empleo, sino que ni siquiera es capaz de mantener el existente. Por
tanto, esta política no evita el éxodo del mundo rural y sigue fomentando
un despoblamiento general que resulta especialmente alarmante en las
zonas periféricas de la Unión Europea. Podríamos seguir denunciando esta
política, que no introduce criterios sociales ni medioambientales ni de
calidad, que no introduce los criterios que tendrían que formar parte de
una política agraria del siglo XXI en una Europa solidaria y plenamente
desarrollada. Es una política que no ha sido capaz tampoco de avanzar
suficientemente en la cohesión económica y social de las regiones más
desfavorecidas. Las regiones más pobres, que son las del Objetivo 1, sólo
han aumentado las tasas de su renta en poco más de dos puntos; pobre
resultado para una política que se presentaba como la panacea de esta
zona.
Seguiríamos señalando situaciones mil veces denunciadas, pero no hemos
venido a esta Comisión a escuchar estas denuncias ni a que nos informen
sobre una política de negociación y regateo. No se trata de conseguir una
tonelada más o menos ni un éxito más o menos valorable en toneladas, sino
que se trata --y quien no lo comprenda sí que está equivocado y gobiernos
anteriores han pagado por ello-- de que estamos ante la necesidad de
cambiar un modelo de política agraria común y de que solamente cambiando
el modelo de desarrollo de la Unión Europea podrá tener sentido nuestra
agricultura. Quien no entienda esto, en el fondo, por muchas posturas
contrarias y por mucho radicalismo verbal que manifieste, se sitúa en la
realidad como cómplice de la política agraria que están intentando
imponernos y que, repito, tiene intereses más políticos que económicos,
tiene el interés de situar a la agricultura mediterránea como elemento de
cambio para garantizar la estabilidad en zonas de Africa, porque a
Europa, en estos momentos, por desgracia para nuestro país, le interesa
mucho más mantener la estabilidad en el Magreb y evitar las emigraciones
masivas de la zona que dar una solución a la política agraria
comunitaria, y, evidentemente, los productos agrarios aparecen como
elemento compensatorio para esta zona, aun a costa de sacrificar la
agricultura de nuestro país.
Este es nuestro diagnóstico. Sentimos no haber escuchado aquí más que
lamentos por parte de la ministra. Nosotros nos hacemos solamente una
pregunta. ¿Cómo piensa actuar ante la complicada situación que nos ha
planteado la ministra? Porque lo que a nosotros nos preocupa en estos
momentos es hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en la defensa
de nuestros intereses. ¿Está dispuesto el Gobierno a replantear de verdad
un modelo de desarrollo con el que no se está de acuerdo, o, más allá del
radicalismo verbal, sacrificará al final a nuestra agricultura y a
nuestra ganadería en función de esa Europa que nadie sabe dónde nos va a
llevar?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió, tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señora ministra, señoras y señores diputados,
doy en primer lugar la bienvenida a la señora ministra a esta sesión de
la Comisión de Agricultura.
Nuestro Grupo Parlamentario no va a entrar en este momento en la
valoración de la OCM del aceite, ya que ese tema lo podemos abordar el
miércoles de la semana que viene, no sé si con usted o con el presidente
del Gobierno, pero en todo caso en el Pleno del Congreso; tampoco
entraremos a debatir punto por punto todas las modificaciones que la
Agenda 2000 va a proponer, porque nos perderíamos y además nos llevaría
demasiado tiempo, pero sí vamos a intentar hacer una valoración de la
situación actual.
Hemos seguido de una forma especial durante los últimos tiempos la
evolución de las diferentes propuestas que se han presentado y estamos
preocupados por la forma que está tomando la normativa que definirá la
aplicación de lo que ha venido en llamarse Agenda 2000 en lo que se
refiere al apartado agrario y por la redacción de los reglamentos, que
son los elementos que van a definir la política agraria en el próximo
futuro. Estamos preocupados y, si me permite decirlo, también
maravillados por los esfuerzos que el sector está haciendo para adaptarse
a la inestabilidad y a la poca fidelidad de las políticas agrarias
comunitarias y por cómo lo está consiguiendo. Hay que recordar que en los
últimos trece años el sector ha tenido que adaptarse, primero, a la
apertura de los mercados; a la PAC, la política agraria comunitaria,
después, en 1985; a la reforma de la PAC, en 1992, y ahora, en 1998, a la
reforma de la reforma de la política agraria comunitaria.
Estamos preocupados porque exigimos a nuestros agricultores la
modernización y la competitividad de sus empresas sobre la base de una
normativa que nadie conoce con suficiente garantía, pero sobre la que de
entrada se avisa que lo primero que habrá que hacer es competir con un
mercado abierto, con unos precios que estarán claramente por debajo de
los precios de producción y en un entorno en el que lo que va a
predominar es el dumping social, el dumping medioambiental y el dumping
fiscal. Y tendremos que competir a pesar de contar con una estructura
productiva y con unos tamaños de parcelas que nada tienen que ver con los
de nuestros más directos competidores. Esas exigencias van dirigidas a un
sector cuyas previsiones, por sus características, tienen que ser
forzosamente a largo plazo, obligándole a dar continuamente saltos en el
vacío, piruetas en las que suelen salir malparados los más emprendedores.
Yo he repetido en diferentes ocasiones que hay distintas maneras de
arruinarse, pero que seguramente la más triste es arruinarse trabajando,
como le puede pasar a alguna parte del sector productivo que no acierte
en las inversiones o que las haga y luego la política comunitaria, que
está dando tantos vaivenes, modifique las previsiones de futuro y ponga
por tanto a esa parte del sector productivo en una situación difícil.
Señora ministra, ¿qué haría usted si se le presentara un joven ganadero
que realmente quiere vivir de su oficio y que, por lo tanto, para vivir
dignamente, debe modernizar su explotación y debe crecer, y le
preguntara, como me sucedió a mí hace unos días, qué le aconsejaría, si
tendría que pedir un crédito para modernizar su explotación y comprar
unas cuantas cuotas adicionales? Yo le dije que dependía de si prosperara
la tesis de los italianos, la de los ingleses, la de los suecos o la de
los daneses y entrábamos por lo tanto en un proceso de desmantelamiento
del sistema, en cuyo caso se podría asegurar cuatro o cinco años el
sistema de cuotas, pero que en todo caso era difícil ir más allá.
Entonces, ¿qué tiene que hacer ese señor? ¿Cómo va a pedir un crédito a
15 años y comprar unas cuotas que nadie le asegura que más allá de tres,
cuatro o cinco años van a tener continuidad? ¿Cuál va a ser el modelo de
explotación agraria europea? ¿Vamos a apostar claramente por una
explotación agraria de carácter familiar o el futuro pasa por
explotaciones agrarias tipo americano, de 400 hectáreas? Habrá que
definirse en esos temas. Desde luego, nuestro grupo lo tiene clarísimo,
pero también va a depender de lo
que digan los ingleses y los alemanes, y en función de lo que digan esos
países, tendremos un modelo u otro. ¿Se considerarán los pagos por
superficie, los pagos por cabeza, las primas especiales, las
compensaciones por pérdida de renta o los pagos de beneficios a las
grandes sociedades agrarias? ¿Habrá modulación de la ayuda en el futuro?
¿Habrá limitaciones a ayudas por explotación? ¿Habrá modulaciones, por
ejemplo, en el aceite de oliva o no habrá modulaciones y se va a
favorecer a las grandes explotaciones? A la vista de los acuerdos a los
que se llegue tendremos un modelo de explotación agraria u otro y
seguramente serán modelos muy alejados de lo que nosotros necesitamos. Yo
creo que esto produce un desconcierto importante, incluso a aquellas
personas como los diputados y portavoces de la Comisión de Agricultura
que tenemos la obligación de estar al corriente de cómo funcionan la
cocina de la Unión Europea; en consecuencia, nos es difícil a nosotros
mismos asesorar a nuestros propios productores, a nuestros ganaderos y
agricultores cuando nos vienen a preguntar qué es lo que tienen que hacer
de cara al futuro.
Nuestro grupo parlamentario, señora ministra, cree que seguramente es
necesaria una nueva lectura de la política agraria actual. Lo que no nos
parece lógico es que se tire adelante con los cambios que se pretenden
hacer sin antes haber acabado de aplicar la reforma del año 1992 y, sobre
todo, sin hacer un análisis detallado de los efectos que han producido
las diferentes políticas agrarias y cuáles hay que seguir potenciando en
el futuro. Además los cambios que en este momento se quieren hacer, a
nuestro entender, no son el resultado de una negociación a priori con la
Organización Mundial del Comercio y ello nos coloca en una situación
difícil porque estamos haciendo concesiones antes de comenzar a negociar
en serio con los que van a ser nuestros grandes competidores de cara al
futuro. De hecho, cinco años después de la aplicación de la reforma de la
PAC observamos que ésta no se ha desarrollado adecuadamente y quedan
sectores importantes aún pendientes de reforma o con reformas inacabadas.
La normativa que se ha aplicado no es homogénea y muchas veces los
criterios que se siguen no se toman desde el punto de vista de una
agricultura lógica, sino que más bien son resultado de la presión de los
diferentes países afectados. El informe MacSharry, en el que se basó la
reforma de la PAC del año 1992, decía que el 20 por ciento de los
agricultores recibían el 80 por ciento de las ayudas del presupuesto
comunitario. Hemos comprobado que cinco años después el 20 por ciento
consume el 75 por ciento del presupuesto de la Unión Europea, que en el
caso del Estado español el 1 por ciento de los beneficiarios obtiene el
20 por ciento de las ayudas y en el caso de Inglaterra la reina Isabel II
continúa siendo la mayor perceptora de fondos comunitarios en materia
agraria. Por lo tanto, seguramente será necesaria una adaptación de la
política, pero lo que se propone en este momento, a nuestro entender, es
un cambio radical que desprecia en muchos casos las ventajas de salida
que nos asisten en este momento frente a los grandes competidores, que
son los que están detrás de la Organización Mundial del Comercio.
Renunciamos sin que nadie nos lo pida de momento a la preferencia
comunitaria, que es uno de los pilares fundamentales de la política
agraria de la Unión Europea del Tratado de Roma. Iniciamos un proceso de
reformas para adaptarnos a las exigencias de la Organización Mundial del
Comercio y renunciamos a la cláusula de paz y, por lo tanto, nos
adelantamos en propuestas antes de que hayamos comenzado a negociar. Eso
no lo hace ningún negociador que esté en su sano juicio. Entramos en un
proceso de liberalización de los precios que puede afectar de una forma
definitiva a la agricultura europea sin antes haber definido de una forma
clara el papel que va a jugar esa misma agricultura en el conjunto de la
Unión Europea. Exigimos competitividad al sector, precios mundiales y,
paralelamente, nos obligamos a sobrecostos que no soporta ninguna de las
agriculturas con las que nosotros tendremos que competir. Nuestras
estructuras, como he dicho antes, no son las mismas que las de los países
como Australia o Estados Unidos. Los impuestos, la sensibilidad social de
la agricultura europea y la sensibilidad medioambiental no son acordes
con esos mismos parámetros de otras agriculturas que en este momento son
las que están empujando la Organización Mundial del Comercio. Así pues,
estamos en una situación de complejidad y aceptamos el inicio de la
reforma sin que se haya concluido, como decía antes, la reforma del año
1992 y, por tanto, sin que se hayan hecho efectivos los acuerdos Jumbo en
los cuales se decía claramente que la modificación de las OCM pendientes
del año 1993 se adecuaría siguiendo los mismos criterios. Eso no ha sido
posible ni se ha hecho así.
Estamos acostumbrados a las dobles varas de medir, una para los productos
atlánticos y otra, especial, para los productos de carácter mediterráneo.
En consecuencia, señora ministra, usted tiene un mal documento encima de
la mesa, documento que yo creo que tiene que modificarse bastante. Queda
claro a nuestro entender que, en principio, no hay financiación
adicional. Los propios alemanes ya han dicho de una forma clara que no
van a poner un marco más. El hecho de la incorporación de los PECO es una
realidad y, por lo tanto, su financiación posiblemente va a salir de los
fondos agrarios. Se asegura en parte quizá, no al cien por cien, la
financiación de la agricultura atlántica a través de la OCM de los
cereales, de las carnes y de la leche, pero, sobre todo, se asegura en
las zonas donde los rendimientos por hectárea son muy elevados --por
tanto, se hace una discriminación también hacia las OCM de los países
mediterráneos-- y no queda previsto de ninguna forma cómo se van a
financiar las OCM de carácter mediterráneo. Claramente sabemos cómo se
usan las varas de medir y realmente estamos preocupados a la vista de
cómo se nos ha tratado, así como del incumplimiento del Consejo jumbo. De
hecho, a nuestro grupo le cuesta entender la bondad de una propuesta que
aboga por la neutralidad financiera en producciones mediterráneas frente
a un aumento del gasto previsto para cultivos herbáceos, carne y leche de
la agricultura atlántica en más de 3.000 millones de ecus. Por
consiguiente, esa neutralidad financiera que se quiere aplicar a los
países del sur parece que no tiene
tanto eco en el momento de modificar las organizaciones comunes de
mercado de los países del norte.
En ese fragor de reformas nos queda aún por ver cómo se va a cerrar el
tema de la OCM del aceite, si se van a tener en cuenta las propuestas de
los países productores y si la Unión Europea va a ser sensible respecto a
este tema desde el punto de vista de los puestos de trabajo y desde el
punto de vista medioambiental o si realmente el señor Fischler ya ha
cerrado el tema con los italianos y nosotros nos vamos a quedar a dos
velas. El tema está abierto. En la OCM del vino hasta mitad de año no
sabremos qué propuesta tendremos. En todo caso, el tema está congelado y
las expectativas son las que son y habrá que trabajarlo bien. Tenemos la
OCM del tabaco, la modificación del arroz, del ovino, del caprino y
seguramente también la adecuación de la OCM de frutas y verduras con la
potenciación de las asociaciones de productores.
Señora ministra, se nos abre un futuro complicado, nosotros somos
conscientes de ello, y, por tanto, las negociaciones que tendremos en el
futuro no van a ser fáciles. Creo que sus palabras textuales han sido que
han abierto la política agraria comunitaria en canal. Realmente han
abierto muchos frentes a la vez y va a ser difícil que el Estado español
termine siendo en el futuro el mayor perceptor de las ayudas de los
fondos comunitarios y que además seamos capaces de sacar las OCM que
hagan que nuestros productos sean competitivos. No me quiero extender en
el tema, pero tengo que decir que nos preocupa. Seguiremos atentos a las
negociaciones y creo que es importante lograr un frente de producciones
mediterráneas --y cuando digo frente no es para ir contra nadie-- para
resaltar que la agricultura mediterránea necesita ayuda y que este
posicionamiento prematuro de apertura o de inicio de las negociaciones
frente a la Organización Mundial del Comercio no va a ser beneficioso
para nuestra agricultura, y, sobre todo, la incorporación de los PECO y
la falta de financiación nos puede perjudicar muchísimo.
Señora ministra, queremos dejar constancia de esa preocupación, creo que
compartida por todos los grupos parlamentarios, y esperemos que en el
futuro la sensibilidad hacia la agricultura mediterránea sea más patente
y que todos seamos capaces de lograr unas modificaciones de esa política
acordes con las necesidades de nuestros productores.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: En nombre de Iniciativa per Catalunya-Els
Verds y Nueva Izquierda, pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto,
quiero en primer lugar agradecer la presencia de la ministra en esta
Comisión de Agricultura, pero inmediatamente después quiero decir que
esta comparecencia adolece de defectos gravísimos de forma, al concentrar
tantos temas en esta sesión de hoy, al tener entre las manos problemas
muy importantes. El tema del aceite es uno, pero todo el paquete de la
Agenda 2000 es un problema gravísimo, como de la exposición de la
ministra hemos podido deducir.
Me ha dado la impresión que la señora ministra comparecía con un tono
bajo, como si le aburriese hablar de este tema, cuando justamente estamos
en sus comienzos. Efectivamente tenemos muchos frentes abiertos, como
usted ha dicho, y a nosotros nos gustaría encararlos, en primer lugar,
con una postura clara por parte del Gobierno español, explicitada por
escrito, para ver cuál y es cómo la va a defender ante las instancias
europeas, y, en segundo lugar, nos hubiese gustado que el documento
aprobado el día 18 de marzo estuviese a disposición de los diputados y
diputadas de esta Comisión. No lo tenemos y estamos trabajando con
documentos extraídos de la prensa y con otros anteriores, pero no tenemos
el de reciente aprobación.
Quiero decirle, señora ministra, que yo creo que todos somos conscientes
de que nos la jugamos. Tenemos que resolver unos temas importantísimos,
nos la estamos jugando y es esencial acertar. Nosotros, desde Iniciativa
per Catalunya, sí que hacemos una apuesta por una política agraria
comunitaria que tenga como objetivos el equilibrio territorial, la
garantía de la renta de los agricultores, la suficiencia alimentaria para
la Unión Europea y un marco de competencia que nos sea favorable. Por
todo ello de esta reforma nos sorprenden varias cuestiones.
Nos sorprende, en primer lugar, que prácticamente nadie esté de acuerdo.
He estado examinando documentos que se han presentado y entre los
distintos extractos que he leído, Alemania, por ejemplo, no está de
acuerdo ni con la bajada de precios ni con la modulación de las ayudas ni
tampoco con que la política de desarrollo rural se incluya en el
Feoga-garantía. Me gustaría saber quién está de acuerdo. Según los datos
que tenemos, deberían estar de acuerdo aquellos países cuyas producciones
son de carácter continental y experimentan un incremento del 30 por
ciento y deberíamos estar en desacuerdo fundamentalmente los países
mediterráneos, cuyas ayudas experimentan un decrecimiento del 1 por
ciento. De entrada, este punto ya me sorprende.
He dicho que debemos acertar porque también tenemos la impresión de que
de ahora en adelante la política de la Unión Europea puede desplazarse
muy bien hacia el Este, y como ha dicho el compañero Ramón Companys, de
Convergència i Unió, estamos entrando en una reforma en la que se prevé
la adhesión inmediata de cinco países de la Europa del Este cuando
todavía no tenemos cumplidos los compromisos del acuerdo Jumbo de unas
reformas de las OCM mediterráneas con los mismos criterios y parámetros
con los que fueron realizadas las de las producciones continentales. Me
da la impresión de que se intenta conseguir la cuadratura del círculo. Es
imposible que con una financiación del 1,27 por ciento del producto
interior bruto se intente dar salida a estas reformas y a la adhesión de
los PECO. Por lo tanto, creo que la apuesta actual no es la de crecer en
Unión Europea, sino la de decrecer o, por lo menos, quedarse como estaba,
con lo cual, a nuestro entender, la apuesta europeísta no avanza.
Quisiera preguntarle qué justifica, qué relaciones de fuerza pueden
justificar este gran desequilibrio en el tratamiento de las distintas
producciones. Algo tendrán que decir. ¿Es que en España nos vamos a
quedar con los fondos
estructurales y ellos se quedan con la política agrícola? Pues bien,
respecto a los fondos estructurales tendremos que decir que vemos cómo
las previsiones que hay desde 1999 al 2006 decrecen de 32.731 millones de
euros a 28.430. Debemos prever que si en una parte del territorio se
aplica el criterio del 75 por ciento de la renta --y veremos cómo se
aplica, si entrando o no los PECO--, habrá una parte que quedará fuera de
los fondos estructurales, con lo cual tendríamos menos todavía. El
tratamiento de este tema pone en evidencia la falta de consideración y de
democracia de la construcción europea, y me voy a permitir un pequeño
comentario filosófico-político. Hemos realizado una pésima pedagogía
política escenificando en un señor, en el comisario Fischler, todos los
avatares de nuestros males. Si resulta que a un comisario austriaco le
hacemos responsable de la debacle que se puede producir en nuestro
territorio, flaco favor estamos haciendo a los que realmente son
partidarios de una construcción europea. Por tanto, debemos ir más al
fondo y ver que estos mecanismos de construcción no son suficientes.
Tenemos un Parlamento Europeo que sintoniza con esta voluntad de
equilibrio territorial y tenemos una Comisión Europea que realmente no
sintoniza.
Nuestro grupo, Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda, se
ha mantenido siempre en un criterio unitario y lo seguirá haciendo, pero
vamos a empezar ya a matizar. Si realmente la reforma que se va a
realizar se va a quedar en esta situación o no mejora muy
sustancialmente, deberemos entender que tenemos que ir hacia políticas de
modulación y que las ayudas las perciban los que realmente las necesitan.
Estamos hablando de ayudas y, por tanto, son para los que las necesitan.
No son para don Mario Conde, que ha puesto explotaciones de olivos
recientemente, ni son para la reina de Inglaterra; son para aquellos
agricultores profesionales que viven de la agricultura y cuyo objetivo es
continuar en nuestros pueblos y garantizar el equilibrio territorial. Por
tanto, tendremos que hacer énfasis en esta cuestión.
Voy terminando, pero me interesa mucho, señora ministra, que, en primer
lugar, nos prometa que va a traer un documento en el que se diga cuál es
la postura española en los distintos sectores, cómo prevemos que va a
repercutir y qué medidas tenemos para contrarrestar los efectos negativos
que se puedan producir. Todo ello me parece absolutamente indispensable.
En segundo lugar, creo que haríamos bien --y ayudaría al sector a tener
confianza en sí mismo-- en saber que tenemos una política propia, que no
somos un barco que está a la deriva de decisiones de otros, decisiones
que efectivamente nos van a influir. Es necesrio saber qué mecanismos de
negociación va a utilizar, señora ministra, con quién vamos a hacer
frente común para contrarrestar estas políticas que, de momento, son
tremendamente lesivas. También creo que ayudaría al planteamiento de la
necesidad de mantener los fondos estructurales y los fondos de cohesión
el hecho de que el Gobierno español realizara una valoración sobre cómo
han repercutido estos fondos estructurales en nuestro territorio. Habría
que hacer también un propósito de enmienda, no solamente el Gobierno
estatal, la Administración central, sino también las comunidades
autónomas en el sentido de hacer unos programas que realmente puedan
convencer a nuestros socios comunitarios de que para el equilibrio
territorial y para el equilibrio de la construcción europea se necesitan
estos fondos, porque tenemos programas que queremos llevar a cabo y
estamos dispuestos a realizar el esfuerzo de cofinanciación suficiente
como para que esas políticas sean en beneficio del conjunto del
territorio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Como cuestión previa, quisiera anunciar a la
Presidencia que mi intervención será muy breve y que voy a compartir el
tiempo con el señor Pascual, como portavoz principal de esta Comisión, en
este acto en el que lo primero que hace mi grupo, por obligada cortesía,
es dar la bienvenida a la señora ministra y agradecer la información
suministrada, que mi grupo entiende que es adecuada, más que suficiente y
satisfactoria.
En líneas generales, constato la prevención, si no el desacuerdo en
algunos casos, de cómo en los consejos de ministros de la Unión Europea
se están haciendo cesiones a las exigencias que desde el documento de
Marrakech hace la Organización Mundial del Comercio, no aprovechándonos
de la cláusula de paz que en dicho documento se contiene y, sin embargo,
ofreciendo como posiciones de partida lo que podían ser posiciones de
llegada; es decir, quizá gratuitamente, desde los documentos de la
Comisión Europea --y esperemos que no desde el Consejo de Ministros-- se
están haciendo concesiones sobre las que nos parece adecuado que, cuando
menos, la postura española sea de prevención, puesto que en adelante
estamos seguros de que en todos los temas importantes sobre los que hoy
nos ha informado la postura española, representada en el capítulo agrario
por la señora ministra, será de firmeza razonada y de una negociación
inteligente.
Me gustaría hablar exclusivamente del tema de la OCM del aceite de oliva,
si bien a lo largo del debate, señor presidente, se han suscitado algunas
cuestiones que mi grupo quisiera matizar. Por parte del Grupo Socialista
se nos eleva una queja en cuanto a la participación de los tiempos, que
no sé si es que se me van endureciendo los oídos, pero no había oído por
parte de la Presidencia una acotación tan importante de los tiempos a 15
minutos cuando quien la ha suscitado ha superado los 45. Cuando se
triplica el tiempo que uno mismo formula entiendo que es un argumento
sustancial para el resto de las cosas que se han dicho. Si estamos
limitados a 15 minutos, le ruego al señor presidente que nos lo recuerde.
Al señor Centella, en nombre de Izquierda Unida, debo decirle que el
Grupo Popular no ha tenido en este caso una actuación provocadora; no la
ha tenido nunca, ni ha tomado el pelo a nadie ni se lo tomará nunca.
Realmente llama la atención que haya diecinueve comparecencias
solicitadas, que se corresponden al mismo número de puntos en el orden
del día, y que diez versen sobre la misma materia, el aceite de oliva.
¿Es que piensa el señor Centella que puede haber diez comparecencias
distintas para el
mismo tema y en fechas que no sabemos de dónde saldrían? Cuando nos
reunimos Mesa y portavoces también tenemos que contar con el calendario
de la propia Cámara. En cualquier caso, señor Centella, tenga por seguro
que el Grupo Popular ni ahora ni nunca actúa al dictado de nadie. Hay que
ser responsable a la hora de hacer aquí, en sede parlamentaria, esas
acusaciones gratuitas.
Tampoco es cierto --y no voy a desarrollar una labor pedagógica ahora
tratando de demostrar lo contrario-- que la señora ministra no haya
venido aquí nunca a petición propia. Además de ahora, en este acto, ya le
diré en cuántas ocasiones y en qué momento ha venido anteriormente
también a petición propia, porque la palabra «obligada» implica un
concepto, cuyo calificativo me reservo, de lo que es la labor del
Gobierno, del Parlamento y, en general, de la esencia de la democracia.
Cuando se dice que la señora ministra comparece poco o mucho ante la
Comisión o ante el Parlamento, los términos poco o mucho son siempre
relativos y, efectivamente, cuando se dice poco da lugar a que se eleve
una queja, como la señora portavoz del Grupo Socialista nos ha recordado,
dentro del Parlamento. Mi grupo no va a entrar en lo que es poco o mucho;
simplemente quiero recordar a SS. SS. que solamente las comparecencias en
Comisión
--porque en el Pleno del Congreso y del Senado ya van 109
iniciativas, entre preguntas orales e interpelaciones, que ha
desarrollado la señora ministra--, con la de hoy, superan ya en una a las
que tuvo cada uno de los ministros del Grupo Socialista, de los cuales el
que más veces compareció fue el señor Romero, que a lo largo de ocho años
lo hizo diecinueve veces en el Parlamento español, y la señora ministra
en estos momentos alcanza el número de veinte comparecencias en Comisión.
Luego cuando se dice poco o mucho habrá que especificar en relación a
qué. Si es en relación a lo que han comparecido los ministros
socialistas, el que más lo hizo fue diecinueve veces. Su señoría hoy
cumple 20. Por tanto queda perfectamente claro con cifras, datos y fechas
que puedo aportar a la Mesa. Además, es facilísimo. Los datos se los han
proporcionado a mi grupo los servicios de la Cámara.
Siempre es así, faltando a la verdad, porque cuando se dice que no se ha
participado en los debates europeos, señora ministra, me gustaría que nos
dijera si ha faltado a un solo Consejo de Ministros por causa mayor,
menor o mediopensionista. A mi grupo le gustaría saber si ha faltado a un
solo Consejo de Ministros. (La señora Leiva Díez: ¡Faltaría más!) Luego
cuando se dice que no se ha participado se está haciendo, cuando menos,
una afirmación gratuita. Además, se le pide al Gobierno que venga aquí a
dar los argumentos que va a expresar mañana en la Mesa del Consejo de
Ministros. Su señoría, señora ministra, no necesita consejos de nadie. Yo
tampoco se los voy a dar, pero, si me permite una recomendación, no caiga
en esa tentación. Seguramente serán utilizados ladinamente en contra de
los intereses de España, como a continuación demostraré que en algún
momento ha ocurrido.
No es cierto --y esto alcanza ya la categoría de mentira clamorosa--
cuando se acusa a la señora ministra, el otro día en Pleno y hoy en
Comisión, de que se está promoviendo un referéndum para la salida de
España de la Unión Europea. Una tontería de ese calibre es difícil
escuchar y menos en un día de Semana Santa, en que incluso se apela a una
virgencita, y yo, que no soy de especiales advocaciones marianas, lo que
sí solicito es que, en momentos de penitencia como los que vivimos, se
pida al mismo tiempo perdón por las faltas a la verdad que se comenten
cuando además se afirma sin ningún rubor que son menores los recursos que
se destinan por este Gobierno para la cofinanciación de los fondos
europeos --ahí están los Presupuestos Generales del Estado, que el Grupo
Socialista votó en contra--, que no se defienden los productos de calidad
o que no se hace caso del artículo 39 del Tratado de Roma. Este artículo
y el 130 de la Constitución entiende mi grupo que este Gobierno los tiene
muy presentes a la hora de actuar, dentro de su tarea ejecutiva, en favor
del campo español.
Ciñéndome exclusivamente a la OCM del aceite de oliva, quisiera decir, en
primer lugar, que si ayer algunos ya teníamos bastante claro --al menos
mi grupo sí lo tenía-- que se había iniciado un punto de inflexión en las
actuaciones de los distintos sectores implicados en el tema, hoy la
constatación ha sido evidente. Después de una soflama más o menos
gloriosa, Izquierda Unida nos anuncia su deseo de una huelga general y
además parece que nos hace una admonición a los que no estamos de acuerdo
con esa huelga. Pues con admonición o sin ella, mi grupo dice que es
bastante absurdo pedir el apoyo de la sociedad a la vez que montamos una
huelga general, cuando menos, molesta para esa sociedad a quien pedimos
su apoyo y comprensión. Con el escrupuloso respeto a los derechos
sindicales, profesionales y políticos de todos los sectores, el
posicionamiento de mi Grupo es así de claro: no nos parece oportuna una
huelga general.
En el tema del aceite de oliva, según están las cosas, mi grupo ha vuelto
a oír los reiterados mensajes de la señora ministra de que la propuesta
de la Comisión, repito, de la Comisión, sigue siendo insatisfactoria.
Falta una garantía en el sistema de intervención, falta un aumento en la
cantidad máxima garantizada, falta el cupo de aceituna de mesa y una
referencia expresa a la prohibición de mezclas. Ello quiere decir que el
documento que la Comisión presenta al Consejo de Ministros es
insatisfactorio para la postura española. Digo que la propuesta sigue
siendo de la Comisión porque es evidente que quien tiene la capacidad de
proponer es la Comisión, pero lo que el Grupo Socialista está vendiendo
es que la ministra lo ha hecho mal. Veremos si lo ha hecho mal, si lo ha
hecho mejor o lo ha hecho peor, pero el papel no lo ha hecho la señora
ministra, el papel no lo ha hecho ningún Gobierno de los Estados
miembros, el papel lo ha hecho la Comisión; tampoco un comisario, sino el
Colegio de Comisarios.
Parece ser que ya se nos ha olvidado algo importantísimo que hace un año
nos tenía preocupados, la médula del debate entonces, y es que lo que era
una auténtica ruina para el sector, una auténtica catástrofe para el
aceite de oliva y para los olivareros era la propuesta inicial que se
había hecho en el sentido de ayudar al árbol y no a la producción real.
Eso que es esencial se ha conseguido cambiar
y no precisamente por casualidad. Hay una trayectoria, unos trabajos y,
se quiera reconocer o no, el Gobierno español, con apoyo de todo el
sector y de buena parte de los grupos políticos, no precisamente del
Grupo Socialista, ha conseguido cambiar eso que es sustancial y esencial
para que se pueda negociar sobre otras bases que no sean la ayuda al
árbol sino a la producción real. Se puede seguir vendiendo catastrofismo,
pero lo mejor es negociar. Son numerosísimas las iniciativas del
Parlamento andaluz, del Parlamento nacional --constan en el «Diario de
Sesiones»-- y del Parlamento europeo, a propuesta de Izquierda Unida o
del Grupo Popular que al final cuentan con el apoyo de todos los grupos
excepto el del Grupo Socialista --¡curiosa manera de ayudar!--, además de
que existe una hemeroteca completísima de cómo se hacen declaraciones
absolutamente inoportunas en vísperas de una negociación crucial. Eso es
un hecho. Y puesto que aquí empezamos todos a quitarnos las caretas,
vamos a decir las cosas claras.
Señora ministra, a mi grupo le interesaría saber si cuando hace dos años
escasos toma posesión en el Ministerio había algún documento en el que se
advertía de lo que se nos venía encima, es decir, de que cambiaba la OCM
del aceite de oliva, las ayudas en favor del árbol y no de la producción.
A las pocas semanas de que S. S. tomara posesión nos encontramos con ese
papel, que era absolutamente demoledor para el sector. Nadie tiene
conocimiento de que hubiera anteriores negociaciones, ni siquiera
amenazas veladas de que eso se nos venía encima. Un papel de ese tipo,
elaborado por los servicios de la Comisión y hecho público por el
comisario, no nace como las setas, de noche y con humedad, eso requiere
un período de gestación y nos gustaría saber si su antecesor en el cargo
conocía las cosas y se calló, lo cual sería grave, o si no se enteraba de
lo que estaba ocurriendo, lo cual sería mucho más grave. En cualquier
caso, nos gustaría saber si el Ministerio de Agricultura español tenía
conocimiento de lo que se nos venía encima con la ayuda al árbol y no a
la producción.
Por otra parte, conviene que se sepa en esta Comisión --se ha dicho en
Pleno, se va a decir aquí y se va a repetir hasta la saciedad-- que los
salvadores de la patria nos dicen lo que tenemos que hacer, pero es que
esos salvadores del Grupo Socialista hace un año y unos meses pedían
exactamente 600.000 toneladas en el Parlamento andaluz. Aquí está el
documento que avala lo que digo, es una proposición no de ley en un pleno
celebrado al efecto. ¿Qué pasa, que queremos hacer un revival de mayo del
68, ser sensatos y pedir lo imposible? Cuando vemos que es posible
conseguir esas 600.000 toneladas, entonces pedimos un millón. Curiosa
manera de ayudar a las negociaciones españolas. Pero es que además
conviene que se sepa aquí también que durante el período transitorio
España ha perdido no menos de 300.000 millones de pesetas; si yo fuera
economista tendría que emplear las palabras exactas, que serían lucro
cesante, hablando en términos empresariales. Si se hubiera negociado la
OCM del olivar en los mismos términos en los que los consiguió Grecia,
nuestro período transitorio hubiera sido otro y hubiéramos obtenido
300.000 millones más de lo que así obtuvimos. Llámesele pérdidas,
llámesele lucro cesante, lo que está claro es que fue un desastre de
negociación y ahora tenemos que remediar los desastres anteriores.
Señor presidente, señorías, cuando se está sembrando catastrofismo en el
campo español y particularmente en el andaluz, conviene por lo menos un
mensaje de realismo, de sensatez y ya no digo de serenidad. Hablando de
producciones, ¿hay algún documento de gobiernos anteriores advirtiendo a
la Unión Europea que eran producciones en período de baja producción por
una intensa sequía? Tampoco lo conocemos, señora ministra, y si existe
nos gustaría conocerlo, entre otras cosas para que no quede ninguna duda.
En ese mensaje de tranquilidad al campo español y en particular al
andaluz, y partiendo de la base de que es una propuesta insatisfactoria,
las 625.000 toneladas que ofrece la Comisión, multiplicado por el número
de pesetas/kilo que significa la ayuda, dan unos 150.000 millones de
pesetas.
A la vista del período transitorio y ya con la integración plena del
olivar, con su OCM correspondiente, en los sistemas de financiación de la
Unión Europea, en los años que gobernó el Partido Socialista, el año que
más dinero se obtuvo en el olivar fue en la campaña 94/95, 120.000
millones de pesetas. Luego la pésima oferta del señor Fischler, la mala
propuesta de la Comisión Europea, la insatisfactoria propuesta que nos
hace la Comisión en el Consejo de Ministros, según datos proporcionados
por el Ministerio de Agricultura y por la Comisión Europea, es 30.000
millones de pesetas superior a la cifra máxima que se cobró durante la
época socialista.
Señora ministra, cuando hay una propuesta de la Comisión encima de la
mesa, cuando nos consta que es insatisfactoria --y nos lo ha ratificado
la postura española expresada por S. S. y no por nadie más--, cuando
partimos de una base que no es buena y estamos seguros de que algo se
logrará mejorar, no sembremos catastrofismo, hablemos con realismo y
mejoremos posiciones. ¿Que se quiere utilizar políticamente, faltando a
la verdad e incluso llegar a las últimas consecuencias, a una huelga
general? Cada grupo es muy libre de hacer lo que quiera; cada grupo
político, sindical, social o económico puede hacer lo que la legislación
le permita dentro del marco de libertades que tenemos, pero la postura
está bien clara y está claro también que el sector del olivar ahora no va
a quedar peor que entonces y esperemos que quede bastante mejor.
Por mi parte nada más, señor presidente. Me gustaría que continuara la
intervención el señor Pascual.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Quisiera, en primer lugar, ratificar mi
agradecimiento por la comparecencia de la ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación en esta Comisión de Agricultura.
En la línea que ha expuesto mi compañero y portavoz del grupo, señor
Madero, la ministra ha hecho una exposición bastante amplia de su
actuación en la Unión Europea respecto a los distintos puntos que piden
las comparecencias
solicitadas en el día de hoy. En este grupo que sustenta al Gobierno hay
una enorme satisfacción por las intervenciones y actuaciones de la
ministra, tanto en la Unión Europea, en Bruselas, como en el territorio
nacional. Esta opinión no es sólo del Grupo Parlamentario Popular sino
que existe en general entre los agricultores españoles y en la sociedad
española.
El tema principal de la comparecencia, en teoría, era la Agenda 2000. Yo
creo que la ministra ha hecho una buena exposición con la que coincidimos
en la mayoría de los temas. En cuanto a los herbáceos, estamos de acuerdo
en que la disminución de los precios no va a compensar el aumento de la
subvención, en que va a haber una pérdida de renta de los agricultores
--en ese asunto está haciendo una gran defensa la ministra y posiblemente
se pueda solucionar-- y en que va a suponer una disminución de la renta
sobre todo en zonas de rendimientos bajos, que es la mayoría de la
superficie española. Hay que dejar claro que si tenemos rendimientos
bajos no es por culpa del actual Gobierno, sino que se negociaron en su
momento con el Tratado de Adhesión en 1986, que luego modificó, por lo
que se ve no con resultados excesivamente buenos, el ministro Atienza y
con los que estuvo de acuerdo entonces, porque era consejera de
agricultura de una comunidad autónoma, la señora portavoz del PSOE, por
lo que no entendemos que critiquen ahora unos rendimientos que en su
momento negociaron y apoyaron.
En cuanto a las oleaginosas, estamos de acuerdo en que esa nivelación de
ayudas a los cereales va a suponer la desaparición del girasol en grandes
zonas de España, por tanto, la medida tampoco es positiva para España. Lo
mismo ocurre con el maíz, del que España es un país deficitario. Tenemos
que defenderlo porque es un cultivo necesario para nuestro futuro. En
cuanto al arroz, estamos de acuerdo en que hay unas penalizaciones
desmesuradas. Yo tengo que decir que este humilde diputado denunció
cuando estaba en la oposición y se reformó la OCM del arroz que el
alcanzar las 105.000 hectáreas, que para el entonces ministro Atienza era
un logro espectacular, no lo era, ni mucho menos, porque en el momento en
que desapareciera la sequía en España y hubiera una pluviometría normal,
como ha sucedido este año pasado, las íbamos a superar con facilidad, y
mientras en el cereal la penalización es uno por uno, en el arroz hemos
caído en el uno por cinco. Los demás países de la Unión Europea
productores de arroz se pusieron unas superficies máximas garantizadas
muy superiores a su superficie de producción normal, pero España se puso
la superficie de producción normal, con lo cual mientras ellos no caen en
penalización, nuestro país se ve sometido a unas penalizaciones
altísimas. A mí se me tachó entonces de demagogo, de ir en contra de los
logros del Gobierno, pero efectivamente, cuando se razona y se argumenta,
el tiempo da la razón, como ha pasado en el arroz. Hay que evitar caer en
la renacionalización porque va en contra de la política de la Unión
Europea, que es la convergencia de Europa y del euro, y no podemos coger
un camino que va en un sentido totalmente contrario.
En cuanto al vacuno lácteo, estamos de acuerdo con lo que S. S. ha dicho
sobre la vaca virtual. En lo que se refiere a las cuotas en el programa
del Partido Popular figura que España aspira a alcanzar un millón más de
toneladas de producción, y en esa lucha estamos. Aparte de la cuota que
ustedes firmaron por la que hubo que sacrificar miles de vacas en este
país y por la que tenemos que seguir importando un litro de cada tres de
los que consumimos, yo me acuerdo de que el ministro Romero dijo en una
ocasión que lo importante era entrar en la entonces Comunidad Económica
Europea y que luego se negociaría y se conseguirían cosas. En diez años
ustedes han conseguido un aumento de algo más de 100.000 toneladas y
nosotros, en apenas dos años, hemos conseguido más de 200.000. (La señora
Leiva Díez: ¡Eso es falso!)
Cuando usted le dice a la señora ministra que negocie y que consiga
cosas, quizá debería mirar un poco atrás y ver lo que han hecho sus
compañeros, dado que, además, usted tenía responsabilidades de Gobierno
en una comunidad autónoma. (La señora Leiva Díez: ¡Gracias por
recordarlo!) Es que es bueno recordar. Cuando uno habla hay que recordar
el pasado para por lo menos no contradecirse continuamente, como suele
hacer usted.
Por lo que se refiere al tabaco, estamos de acuerdo en que hay que primar
la calidad. Estamos en un mundo cada vez más competitivo y para poder
luchar en él hay que primar la calidad. Hay otro grupo que propone que
estemos cerrados, con unas economías protegidas, subvencionadas, que al
final terminan cayendo, como se ha demostrado con los países del Este.
Nosotros propugnamos la economía libre de mercado para ser competitivos,
y para eso hay que primar la calidad y el interés por ofrecer mejores
productos al mercado.
Efectivamente, la mayor parte de nuestra producción, el 84 por ciento, se
concentra en Extremadura. Es un cultivo social en una zona de paro, como
muy bien ha definido la ministra, y por tanto hay que defenderlo a capa y
espada, porque cumple una misión económica y social importantísima en las
zonas de España donde se produce. Estamos de acuerdo también en que el
abandono tiene que tener un carácter voluntario de cada Estado, en hacer
una reserva nacional para que no se pierdan esas cuotas de producción que
tenemos y crear al mismo tiempo excedentes en otros cultivos en los que
ya estamos rozando las superficies máximas garantizadas.
Compartimos el rechazo de las subastas de contratos. Ese es un modelo,
como usted ha dicho, de otros países, y por la idiosincrasia de España y
de estas zonas no creo que encajara. Siguiendo con esa política de
profetas de los desastres a la que nos tiene acostumbrados el Partido
Socialista, como muy bien definió el presidente del Gobierno la semana
pasada en el Pleno, hemos escuchado en cuanto al tabaco, igual que en
otros temas, la referencia a las grandes catástrofes, no climatológicas
sino políticas, ocasionadas por las intervenciones de este Gobierno y de
la ministra.
En esta Comisión de Agricultura compareció el presidente de una entidad
productora de tabaco, Cetarsa, que preside un ex compañero y querido
amigo nuestro, don Isidoro Hernández-Sito, y entonces vimos cómo el
entonces portavoz del PSOE hablaba del adelgazamiento de Cetarsa, de que
si se privatizaba Tabacalera iba a desaparecer
Cetarsa y que ello iba a suponer el final de las producciones de tabaco,
principalmente en Extremadura. Pues bien, señorías, nada más lejos de la
realidad. Ayer por la tarde, en la comparecencia del presidente de
Tabacalera sobre la privatización de la compañía, tuvimos ocasión de
hablar precisamente de este tema. Efectivamente, el pasado día 10 de
marzo firmaron un acuerdo el presidente de Tabacalera y el presidente de
Cetarsa por el cual Tabacalera se compromete a comprar entre el 40 y el
50 por ciento de la producción de Cetarsa durante un período de cinco
años. Vemos cómo el Gobierno del Partido Popular sigue haciendo las cosas
con sentido común, con razón, con argumentos, y las cosas van saliendo
bien. Hay otros a los que les duele mucho, que quisieran que fuera un
desastre, que las cosas fueran distintas, pero como no tienen argumentos
que esgrimir tienen que dedicarse a la catástrofe. (Rumores.)
Siguiendo con el algodón, efectivamente ha sido un año malísimo para los
productores de algodón por la climatología, aunque esperamos que esta
situación mejore. Hay que potenciar el plan de fomento de calidad y este
grupo parlamentario cree que es necesaria esa interprofesional del
algodón, Aprovecho la ocasión para felicitar a la señora ministra. Es un
hecho más que quizá moleste al grupo principal de la oposición, pero
mientras ellos sacaron una ley de interprofesionales a la que no se
acogió nadie porque era una ley en principio muy aceptable pero que al
final, con las enmiendas del Senado, echaron a perder, lo primero que
hizo el Gobierno del Partido Popular fue modificar esta ley de
interprofesionales en la ley de acompañamiento, y, aunque no es el
momento oportuno para hablar de esto, ahí están las interprofesionales
que ya se han aprobado y las que están a punto de aprobarse, de entre las
que destaco como totalmente necesaria la del algodón. Es una política de
hechos, de realidades, que va en beneficio de quien tiene que ir, del
sector agrario español, de los agricultores y de los intereses generales
del Estado.
En su última comparecencia en esta Comisión, señora ministra --supongo
que usted y los demás diputados también lo recordarán y, si no, lean el
«Diario de Sesiones»-- que usted se había quedado sola a la hora de no
firmar un acuerdo del Consejo de Ministros sobre la Agenda 2000. En
concreto, usted dijo que no estaba dispuesta a apoyar --no lo apoyó y por
tanto no hubo acuerdo-- la financiación de la futura PAC y la ampliación
a terceros países, a lo pecos, mientras no se cambiara la línea directriz
agraria, mientras no se modificara la financiación. Pues bien, yo
recuerdo los exabruptos, las descalificaciones hacia la ministra
--¡señora ministra, se ha quedado usted sola!-- de la portavoz
socialista: No sabe usted negociar, no sabe usted conseguir acuerdos, no
sabe encontrar el respaldo de otros ministros... Una vez más, al final,
la razón y el sentido común prevalecen y hemos observado cómo en el
último Consejo de Ministros, no es que usted no haya estado sola, es que
han quedado cuatro ministros solamente --los de Dinamarca; Inglaterra,
con ciertos reparos; Suecia y Finlandia-- que aceptan la Agenda 2000, y
once ministros, usted más diez ministros de la Unión Europea, que han ido
a su posición anterior, que es la de rechazar la Agenda 2000. Si eso,
señores socialistas, no es saber negociar, si eso no es imponer un
criterio desde el principio, mantenerlo y ver cómo los demás ministros le
dan la razón a la ministra de Agricultura, no sé lo que ustedes quieren.
Yo no sé lo que quiere el Partido Socialista, señorías. Usted, señora
portavoz socialista, dice que está de acuerdo con la pretensión de la
Agenda 2000. Lo dijo usted aquí, en la pasada Comisión de Agricultura.
(Rumores.) Estaba usted de acuerdo con la financiación que propone la
Agenda 2000, en que se financie el futuro de la PAC del año 2000 al 2006
y, al mismo tiempo, en que paguemos la adhesión de los demás países. (La
señora Leiva Díez: Yo no dije eso.) Usted dijo eso y, si no, léase el
«Diario de Sesiones»; no me extraña que tenga la memoria tan corta porque
se contradice constantemente. Y no solamente se contradice usted, sino
que, pocos días después de esta comparecencia de la ministra y de esta
intervención de la señora Leiva... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, para que se pueda escuchar al
señor portavoz del Grupo Popular.
El señor PASCUAL MONZO: El señor portavoz del Grupo Socialista en la
Comisión Mixta para la Unión Europea, pocos días después, ante la
comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, señor Matutes, y sobre
el mismo tema, la Agencia 2000, el señor Costa dice que no está de
acuerdo con que se financien con esta propuesta tanto el futuro de la PAC
como la adhesión. Pónganse ustedes de acuerdo. ¿Quién tiene razón dentro
del Grupo Socialista, la señora portavoz de Agricultura o el señor
portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea? Pónganse ustedes de
acuerdo y que haya una sola voz y no que cada uno diga lo que le
convenga, allá donde esté, según sus intereses, que es su práctica
bastante normal. (El señor Madrid López: Estamos en las primarias.) Sí,
desde luego, y creo que se retira uno de los candidatos porque no le
dejan intervenir.
Están ustedes haciendo, señores socialistas, una oposición totalmente
sectaria, oponerse por oponerse y sacan las cosas de quicio en contra de
los interses de la agricultura, pero, gracias a Dios, el agricultor
español, el campo, se está dando cuenta de quién defiende sus intereses y
quién viene sólo a usarlos a ellos. (Varios señores diputados: ¡Sí,
sí!--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor, para que vaya
finalizando el señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Señora ministra, otro de sus argumentos en contra
de la Agenda 2000, que usted ha usado de forma reiterada, es el ejemplo
que usted ha puesto antes refiriéndose al secretario de Estado de
Agricultura de los Estados Unidos. No se puede entrar en una negociación
cediendo terreno antes de la misma. Si aplicamos ya lo que dice la Agenda
2000 reduciendo nuestros propios precios, imponiéndonos un corsé, en la
próxima negociación de la Organización Mundial de Comercio vamos
a tener que reducir otra vez nuestras subvenciones. Creo que es de un mal
negociador empezar rebajando uno mismo su propia posición porque luego la
va a tener que volver a rebajar. Hay que ir con toda nuestra carga, con
nuestra situación actual y, a partir de ahí, habrá que negociar y ceder,
siempre y cuando los demás países cedan. Habrá que recordar que ya con la
reforma de la PAC de 1992 hubo que hacer grandes concesiones porque
estábamos ante la negociación del GATT, tema que después abordaré
también.
Hay más, señorías. Se ha criticado aquí la visita --creo que se ha
llamado peregrina-- del comisario Fischler; no sé si lo de peregrina será
porque visitó varios puntos del territorio español.
De algo han servido la visita del comisario Fischler y de algunos
ministros de Agricultura --lo ha recalcado mi compañero del señor
Madero-- porque la gran lucha era la ayuda al árbol o a la producción ¡Ya
se nos ha olvidado que hemos conseguido la ayuda a la producción! Yo me
acuerdo de cuando vino el señor Fischler anteriormente, invitado por el
amigo de la señora portavoz del Grupo Socialista, que trajo al señor
Fischler en helicóptero; no puso el pie en tierra en España y todos nos
quedamos extrañados preguntándonos a qué había venido el señor Fischler.
Todavía no nos lo explicamos porque no se consiguió nada.
Se han criticado aquí las palabras del presidente del Gobierno, señor
Aznar, cuando, en un momento determinado de la negociación de Maastricht,
acusó al señor González de pedigüeño. Habría que recordar, señorías, que,
con la política que estaba aplicando el Partido Socialista cuando estaba
en el Gobierno, íbamos camino de convertirnos en un país de servicios.
Hace tres o cuatro años, cuando debatíamos el tema en este país,
estábamos abocados a ser un país de servicios, a acoger a los jubilados
de otros países, a los que quisieran venir aquí a cazar, etcétera. Frente
a esa política socialista de repartir pobreza, de repartir subvención,
que es lo que propugna el Partido Socialista, el Partido Popular propone
crear riqueza. Ahí está, señorías, la forma diferente en que se pretendía
entrar en la convergencia económica, en el euro. Mientras el Partido
Socialista esperaba, porque no cumplía ninguna condición, entrar en una
negociación política, teniendo que agradecer los favores prestados por la
Unión Europea a cambio de otras cosas, España, con el Gobierno de José
María Aznar, con el Gobierno del Partido Popular, ha cumplido todos sus
deberes, cumple todos los criterios y va a entrar de pleno derecho sin
tener que agradecer nada a nadie sino simplemente al esfuerzo del pueblo
español.
Se le acusa a usted, señora ministra, de ir a la Unión Europea, a
Bruselas, a hacer un catálogo de reivindicaciones y yo preguntaría a la
señora portavoz socialista --no se lo puedo preguntar porque no está
aquí-- qué cree que tiene que hacer la ministra o el representante
español en Bruselas; que nos diga qué quiere que haga. Critica pero no
ofrece ninguna solución. Todo es criticar, desacreditar y luego decir que
tendemos la mano. Es la estrategia de todas las comparecencias del Grupo
Socialista. ¿Qué quiere? ¿Agenda 2000 sí o Agenda 2000 no? ¿Quieren que
la rechacemos o quieren que la apoyemos? Nunca nos dicen lo que quieren.
Defínanse. ¿Qué tiene que hacer un ministro en Bruselas? Yo todavía no
comprendo lo que quiere la señora Leiva que hagamos. Critica la política
de gestos de la ministra. En la democracia, señora diputada, los gestos
son importantísimos.
Dicen que se ha sacrificado al sector agrario. Ustedes nos vienen a
hablar de sacrificios cuando sacrificaron la agricultura española con el
Tratado de Adhesión, ¿o es que ya se les ha olvidado? Con los datos de
producción... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pascual.
Señorías, creo que ha habido un respeto en la intervención de todos los
portavoces. Se les ha escuchado atentamente por el resto de los grupos
políticos. Yo les pediría, para finalizar esta sesión, que fuesen
respetuosos con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, señor Pascual. Muchas gracias, señorías.
Tiene la palabra, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: O con los datos que dieron ustedes de producción
en España y así ahora nos las vemos y nos las deseamos para poder salir
adelante por culpa de la sequía, porque fueron ustedes incapaces. Dicen
SS. SS. que eso viene de atrás. Claro que viene de atrás, pero es que lo
estamos viviendo y sufriendo ahora y ustedes se lo están echando en cara
a la ministra de Agricultura. Es culpa de ustedes y de lo que negociaron
en su momento. Hay que recordarlo para que sepamos situarnos y saber
dónde estamos. O con la venta que hicieron ustedes de la agricultura
mediterránea con el Consejo jumbo. Lo que su ministro del PSOE aprobó y
apoyó en su momento lo ha pagado la agricultura mediterránea porque no se
ha cumplido el Consejo jumbo y ustedes vendieron dejando la agricultura
mediterránea y sabiendo que luego no se iba a hacer nada. ¿Que no les
gusta? Pues no les gusta. Y encabezar manifestaciones de la ministra.
Como miembro de una organización agraria he ido a muchas manifestaciones
y tengo que decirles que se me ha caído el alma a los pies al ver la
falta de respaldo y la falta de educación de los anteriores ministros de
Agricultura del PSOE, porque en ninguna de las que ha habido en este país
han tenido la delicadeza de dar respaldo a las reivindicaciones de los
agricultores, no sólo no encabezando alguna de ellas, sino ni siquiera
recibiendo en su despacho a una delegación de los mismos. Por tanto, el
hecho de que la señora ministra esté al lado de los agricultores me
parece maravilloso; como agricultor que soy me parece sensacional y es su
obligación, lo que ustedes no cumplieron en ninguno de sus trece años de
gobierno.
Señora ministra, le dicen que cambie su forma de actuar. Yo le digo que
no cambie. Le digo que siga como va, porque como agricultores estamos
satisfechos. Se conseguirán más o menos cosas, porque Bruselas es muy
difícil de negociar, pero de lo que sí estamos satisfechos es de que
usted da la cara y defiende la agricultura, cosa que se ha echado de
menos durante los anteriores gobiernos.
Quizá la que tiene que cambiar, como usted dijo en el pasado Pleno, es la
interlocutora del Grupo Socialista en
temas de agricultura porque así no se puede ir a ningún sitio. Usted sí
que es la que tiene que cambiar. (La señora Leiva Díez: La ministra es la
que tiene que cambiar.)
Voy a ir terminando, señor presidente. Quiero decirle, señora ministra,
que la sociedad española está reconociendo su labor. No es una cosa que
me invente yo, son datos y están en las encuestas de valoración de los
ministros. Por primera vez en la historia de la democracia española un
ministro de Agricultura está valorado en los primeros lugares, y no sólo
en opinión de su sector, los agricultores y ganaderos, sino de la
sociedad española. Y saben cómo se llama. Si se pregunta por los
anteriores ministros de Agricultura posiblemente no se acuerden de nadie
y del nombre de la ministra se acordarán. Se acordarán por la labor que
está haciendo y porque está consiguiendo una cosa, que en esta sociedad
española la agricultura se empiece a valorar por primera vez; que en esta
sociedad española la agricultura no esté como la han tenido ustedes
anteriormente, arrinconada, apartada, olvidada, en el trastero y que
cuando menos se hablara de ella mejor.
Porque durante trece años, todo su mandato como presidente del Gobierno
de este país, el señor González apenas --por no decir nada-- ha hablado
ni ha tenido intervenciones en temas de agricultura. Cuando dejó su casa
y la vaquería que en ella tenía fue la última vez que el señor González
se acordó de la agricultura (La señora Leiva Díez: Ya vale.) Y el
presidente del Gobierno, señor Aznar, se está mojando en los temas de
agricultura (La señora Leiva Díez: Se está pasando, se está
desacreditando totalmente.) Ya sé que no les gusta, porque es la
realidad. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La señora LEIVA DIEZ: Señor presidente, quiero que el Grupo Popular se
atenga a los motivos de esta comparecencia. Le ruego que así sea porque,
si no, el Grupo Socialista inmediatamente abandonará esta sala.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Leiva. (Rumores.)
Por favor, señor Pascual, le rogaría que se atuviese a la cuestión objeto
de la comparecencia.
El señor PASCUAL MONZO: Me atendré a la cuestión y recortaré mi derecho a
la libre expresión. (Risas.)
Hay que reconocer que, con diferencia, es usted la ministra que más
trabaja. Se han dado aquí datos por parte de mi compañero y se ha
criticado por parte del PSOE que usted no viene aquí a hablar de la
Agenda 2000, que parece que no quiera venir a hacerlo. Si hoy leemos
todas las peticiones de comparecencias, sólo hay dos sobre la Agenda
2000. Una genérica, que pide CiU, y otra que pide el Grupo Socialista,
pero sólo para hablar de dos pequeños apartados de dicha Agenda 2000, que
son los productos lácteos y el desarrollo rural. (La señora Leiva Díez:
No tiene ni idea.) Tampoco será tan importante la Agenda 2000 cuando el
propio Grupo Socialista no ha pedido una comparecencia genérica sobre la
misma.
Se le critica a usted que no comparece en esta Comisión, señora ministra,
pero aparte de los datos que ha aportado mi compañero señor Madero, tengo
que decir que el señor Romero en la I Legislatura, que duró cuatro años,
compareció en esta Comisión ocho veces y en el Senado dos. Y lo que es
más importante, cuando se debatía el Tratado de Adhesión de España, en
1985, que nos jugábamos el futuro de la agricultura española --creo que
ha sido el hecho agrícola mástrascendental de la historia española--, el
señor Romero compareció una vez en esta Comisión. Supongo que no habría
mucho que explicar del Tratado de Adhesión. En el año 1986 compareció
otra vez en esta Comisión, una sola. En el Senado, en el año 1985,
compareció una vez y en el año 1986 ninguna. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, silencio.
Continúe, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: En total, en esa legislatura compareció ocho
veces en la Comisión de Agricultura y dos en el Senado. En la II
Legislatura compareció otras ocho veces ante esta Comisión y una en el
Senado. Sólo una vez en el Senado en toda la legislatura.
El señor Solbes, en tres años que estuvo de ministro, compareció nueve
veces en esta Comisión y tres en el Senado. (La señora Leiva Díez: Se
está repitiendo.) Es que si se ponen en entredicho sus comparecencias
habrá que ver si son muchas o pocas. Quizá habrá que compararlas con las
de anteriores ministros, porque habrá que decir si son pocas o muchas
respecto a algo. No podemos decir si es mucho o poco sin saber con
respecto a qué. ¿Que no les guste? Estamos de acuerdo, porque son datos y
ahí están.
El señor Albero en dos años compareció tres veces en esta Comisión y dos
en el Senado.
El señor Atienza compareció en algo más de dos años diez veces en esta
Comisión y tres en el Senado.
Y la señora ministra, en menos de dos años, porque todavía no los ha
cumplido de ministra, ya lleva compareciendo siete veces en esta Comisión
y once en el Senado.
Por tanto, no hablemos de quién comparece más o menos. Además no se trata
de comparecencias porque sí. Aparte de los años 1985/1986 con el Tratado
de Adhesión, ha habido temas vitales para la agricultura española, como
la reforma de la PAC de 1992, las negociaciones del GATT o las OCM del
vino, de frutas y hortalizas o del arroz. Quiere esto decir que ha habido
temas vitales para el futuro de la agricultura española y no veo que
ministro alguno anterior haya comparecido más que la ministra de
Agricultura actual; en general, han comparecido bastante menos.
Respecto a si hay tantas comparecencias juntas, si ustedes se leen los
«Diarios de Sesiones» de anteriores legislaturas verán que era normal
agrupar varias de ellas en una. No es una práctica ni una modalidad nueva
el que se haga actualmente así.
Señora ministra, siga defendiendo los intereses agrarios españoles como
lo está haciendo, porque es una ventaja
que no tenga miedo al avión, siempre viene bien. Siga defendiendo los
intereses agrarios españoles frente a esa postura anterior --hay que
decirlo para que los agricultores sepan a quién tienen que votar y quién
lo hace de una forma y quién interviene de otra-- en que todo era
aceptable para España. Antes las propuestas de Bruselas eran aceptables
para España, se mejoraban al final un poquito y con eso vivíamos,
pasábamos. Ahora plantamos cara a Bruselas; usted llega y consigue
mejorar fundamentalmente la OCM de frutas y hortalizas, que ya había sido
aceptable para España según el ex ministro señor Atienza; usted consigue
parar el golpe en el aceite de oliva en la ayuda a la producción o ayuda
al árbol, que posiblemente con el Gobierno socialista hubiera sido
aceptable para España la ayuda al árbol. Pero nosotros vamos más allá,
estamos ya en la ayuda a la producción, por lo que vamos un paso más
adelante.
Señora ministra, es usted quien más se está recorriendo la geografía
española. Es usted quien está visitando más provincias en España. Es
usted quien está visitando más cooperativas, más industrias, más campo
español. Y eso me consta. (La señora Leiva Díez: Y habla el Partido del
Gobierno.)
Perdone, mientras se esté poniendo en entredicho la actuación de la
ministra yo tengo perfecto derecho, a no ser que ustedes me quieran tapar
la boca, a defender mi punto de vista y el de mi grupo parlamentario con
respecto a la actuación de la señora ministra.
Yo sé que les duele, y a quien le pica ajos come...
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, le rogaría que se atuviese a la
cuestión.
El señor PASCUAL MONZO: Es usted la ministra que más abierto tiene su
despacho, no solamente el Ministerio, a todo el mundo: a las
organizaciones agrarias, a las cooperativas, a las industrias agrarias, a
las instituciones agrarias, incluso a la oposición, aunque luego saben
hacer un mal uso de ello.
Es usted también, señora ministra, como ha quedado demostrado, la que más
comparece en el Parlamento español y, como he dicho antes, en las
encuestas, es la más conocida y la más valorada por la sociedad.
(Rumores.)
Yo he visto cómo, cuando va a los pueblos, la gente sencilla, la gente
llana, el agricultor, la trata y se acerca a usted con cariño, porque
valora el esfuerzo que está haciendo. Se conseguirá más o menos, pero es
innegable que usted está defendiendo, y eso le está llegando al campo
español, con toda su fuerza los intereses agrarios españoles. (Risas.)
Esperemos que se siga cumpliendo como hasta ahora; que a todas esas
profecías, a esos augurios de desastres, de catástrofes, a esa
desacreditación de sus intervenciones, no las haga usted el menor caso,
señora ministra, porque obedecen principalmente a un grupo de la
oposición, pero, en general, la sociedad y el campo españoles están con
usted.
Quiero pedir perdón al señor presidente, antes de terminar, por haber
estado leyendo antes la intervención de la portavoz socialista cuando
estaba en el uso de la palabra, pero era la nota que, por lo visto, se va
a publicar mañana y que ya la podemos leer antes de que tenga lugar esta
comparecencia. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio, señorías, para escuchar la
contestación de la señora ministra.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor presidente, aquí se han dicho muchas cosas;
algunas las considero aportaciones positivas; en otras, como es un
ritornello reiterativo, ni voy a entrar. Sencillamente, para qué. Ya lo
sabemos. Es como cuando cae agua y llueve, se moja el suelo. Sabemos que
venimos aquí. Yo ya sé que voy a tener que oír una serie de frases, que
ni tan siquiera tiene el detalle la persona responsable de este tipo de
frases de, por lo menos, renovarse un poco, porque, por lo menos,
aportaría algo más de movimiento a la reunión.
Vamos a entrar en el asunto que nos trae hoy aquí, que es hablar sobre la
política agrícola común, de la Agenda 2000 y de distintos sectores.
Tengo que decir que no es hoy el primer día que hablamos de la Agenda
2000. Recordarán SS. SS. que hemos hablado ya en otra ocasión en esta
Comisión, en la que fui acusada de haberme quedado sola, cómo no, y donde
se dijo, por parte del portavoz socialista --y está en las actas--, y lo
recalqué, que no se quería un aumento de la línea directriz agrícola y
que no tenía sentido alguno pedir aumento en esa línea ni para las nuevas
adhesiones ni para nada. Eso es un hecho. Un hecho también es que, unas
semanas después, en la Comisión Mixta, el otro portavoz socialista decía
otra cosa. Decía que había que plantear, alineándose con lo que no son
las tesis del Gobierno español, un presupuesto específico diferenciado
para la financiación de las nuevas adhesiones y de los nuevos países. Las
divisiones internas del Grupo y del Partido Socialista, las idas y
venidas, los vaivenes, los cambios de opinión, lamentablemente, y lo digo
con toda la realidad, es algo que se reproducen con demasiada frecuencia;
y digo lamentablemente porque tengo que decir, y lo he reiterado como
ministra del Gobierno, que creo que sería bueno disponer, por parte del
principal partido de la oposición, de una postura más clara, más nítida,
la cual permitiera llegar a acuerdos y a entendimientos, aunque, al
final, son imposibles debido a ese tipo de actuaciones que contribuyen
poco a lo que debe ser nuestro objetivo, que es, ni más ni menos, lo
mejor para el sector agrario.
Hay cosas a las que no voy a contestar. Sobre lo del sacrificio del
sector agrario en Europa, lo han contestado suficientemente los
portavoces del Grupo Popular. Sin embargo, más importante es que se hable
de los principios de cohesión. Señoría, la palabra cohesión me gusta y si
se coge mi intervención verán que la he utilizado. La cohesión no se hace
consiguiendo una cuota al sector lácteo español, que supone menos del 80
por ciento de nuestra producción; ni se consigue la cohesión obteniendo
los rendimientos históricos más bajos en el sector de cereales de toda la
Unión Europea o las cuotas de los terneros macho,
que cubren apenas el 70 por ciento de lo que es nuestra producción real,
que así es como ha entendido la cohesión el PSOE durante estos años
atrás. Eso no es la cohesión. La cohesión es mucho más que eso y, por
supuesto, mucho más que unos fondos concretos destinados a la cohesión.
La cohesión se consigue creando riqueza, crecimiento, empleo, acortando
distancias y, por tanto, disminuyendo las diferencias entre los distintos
países europeos, y en eso es en lo que cree el Partido Popular. No se
trata sólo del sector servicios, sino del sector industrial. Provocando
un crecimiento del sector industrial se consigue cohesión; y se consigue
cohesión teniendo un crecimiento en general en otra serie de sectores,
consiguiendo unas cuotas adecuadas de producción y de participación en el
sector productivo para el sector agrario. Eso es de lo que se trata y por
eso es por lo que estamos luchando. Léase, señoría, las actas y verá que
yo he utilizado la palabra cohesión, lo mismo que la defensa de la
calidad. Ese es uno de los objetivos que claramente debemos perseguir.
Con competitividad en el ámbito de la Unión Europea, en el mercado
europeo o en unos mercados más abiertos, pero, en cualquier caso, en el
seno de la propia Unión Europea, nuestros productores sólo podrán seguir
manteniendo sus producciones si apuestan claramente por la calidad. Ahí
es donde nos diferenciamos. Si nuestros productores de fresas --y hablaba
alguna de SS. SS. de que yo ayer estaba viendo las producciones de fresas
en Huelva-- son capaces de conquistar mercados en el ámbito de la Unión
Europea y fuera ella es porque producen mejor, porque producen con más
calidad, porque son capaces de tener unas variedades que tienen mejor
presencia, mejor sabor, mejor calidad que otros y, además, los producen
antes que otros y a unos mejores precios. Por tanto, dentro de todo esto,
cuestión básica es la calidad. No basta hoy día sólo con los precios.
Además de los precios tiene que haber calidad. Es más, donde puede
competir de verdad, mucho más que en otras cosas, nuestra agricultura
europea es en la calidad, porque en muchas de sus producciones nos va a
ser absolutamente imposible competir por precios, cosa normal, por la
sencilla razón de que tenemos unos costes sociales que es bueno que los
tengamos, porque obedecen a una sociedad desarrollada, donde no se puede
obligar ni tener a nadie --y ésa creo que es una conquista de una
sociedad desarrollada como la nuestra-- trabajando por un sueldo de
miseria o por un puñado de arroz, como sucede, lamentablemente, en
algunos países del mundo. Nosotros donde tenemos que apostar es en la
calidad, en el desarrollo tecnológico, en la mecanización, en la
capacidad, en la mejor formación de nuestros propios agricultores; por
eso es por lo que hay que apostar. Y todo lo demás es equivocarnos de
medio a medio.
He dicho muy claro que estoy en contra de la renacionalización y he
denunciado los problemas que puede plantear, por ejemplo, en el sector de
vacuno, esa modulación en la aplicación de las cuotas y de los
suplementos. Pero hay cosas que parecen incomprensibles, como decir que
desde el primer día en que llegó este Gobierno se empezó a ver la
renacionalización. Cuando se plantea un discurso que no es racional, sino
demagógico, se puede caer en cuestiones que no tienen que ver con la
realidad, por lo que el discurso, por su propia inverosimilitud, pierde
toda eficacia.
Hoy he hablado aquí del aceite de oliva y el miércoles vamos a tener otro
debate en el Congreso de los Diputados, entre el Gobierno y los distintos
grupos parlamentarios, y ésa será una ocasión complementaria para hablar
de esta cuestión, pero es lo cierto y verdad que se han conseguido ya
para estas fechas muchas cosas, y cosas básicas. Se ha conseguido
mantener el sistema de la ayuda a la producción real y aparcar la ayuda
al árbol. Yo comprendo que a algún grupo político, que obviamente es el
grupo del PSOE, que no tiene las ideas muy claras y que ha sido bastante
contradictorio se le pueden generar problemas internos. Portavoces muy
cualificados --algunos me han precedido en el cargo-- han contestado a
entrevistas o han escrito artículos en los que claramente tomaban postura
por el árbol. El Gobierno, desde luego, no ha tenido ninguna duda, y esto
se habló y se consensuó con el sector, con las administraciones y con las
comunidades autónomas. Tengo que decir una vez más que hubo comunidades
autónomas que mostraron una solidaridad muy especial con la comunidad
autónoma que en principio se ve más claramente favorecida por esta
situación; una solidaridad del resto de las comunidades autónomas con
Andalucía, que es la comunidad autónoma a la que más importa la ayuda a
la producción real. Tengo que decir que no se puede jugar con cuestiones
como ésta; no se puede pedir, por un lado, la solidaridad de todas las
comunidades autónomas y que se plantee una posición de este tipo y, por
otro lado, tener posturas contradictorias que no favorecen ni facilitan
la labor del Gobierno en estas cuestiones.
Dije el otro día en el Consejo de Ministros, y lo he reiterado en
distintas ocasiones, que nosotros entendemos que la reforma del sector
del aceite no puede ir por procedimientos extraordinarios, pero otra cosa
es que no sea necesaria una reforma del sector aceitero; son cosas
distintas. El sector de la aceituna de mesa no puede estar mucho más
tiempo sin recibir una ayuda directa y diferenciada. Es un sector que
tiene ya dificultades muy graves, que está superando, y está
manteniéndose pensando que ya le llega ese apoyo y que, gracias a eso, va
a poder salir adelante. El sector de la aceituna de mesa es uno de los
más sociales del olivar, no llegando a tener, obviamente, la importancia
ni la trascendencia del aceite en el sentido de cantidad de jornales, ya
que son 46 frente a 7 millones, pero tiene tanta trascendencia y tanta
importancia como el aceite por cuanto, como saben SS. SS., la recogida
tiene que hacerse por el sistema que se llama de ordeño, es decir, de
recogida a mano. Estamos hablando de cosas que no se pueden seguir
retrasando sine die, porque el sector de la oliva de mesa reclama
soluciones y tiene que verlas en un tiempo razonable.
No entiendo, señorías, que por un lado se diga que quieren un millón de
toneladas para España y, por otro, que no haya cupo; porque ésta es la
máxima contradicción, que hemos escuchado además hace un momento. Tengo
que decir que, frente a otros grupos políticos y otras personas que se
han empeñado en dar cifras, yo sistemáticamente lo
he rechazado, porque la cosecha del año pasado no estaba disponible.
Siempre he hablado de porcentajes y de que la producción de aceite de
España supone cerca del 50 por ciento de la Unión Europea. Son otros los
que han hablado de 600.000 toneladas. Yo me he resistido siempre a hablar
de cifras concretas porque entiendo que todo está en función de cómo se
compone la cifra y de las realidades de la Unión Europea.
Estamos discutiendo la posibilidad de que se haga una distribución por
países cuando se carece de cifras fiables, según la definición de la
Comisión de la Unión Europea. Eso es lo que estamos planteando, pero
también hay que saber cuál es la situación. Y la situación es que ésa es
nuestra postura, pero todos los demás países productores tienen la
postura contraria en este aspecto. Y hay que saber también por qué:
porque quienes de repente han pegado un salto de producción que hace que
hayamos tenido 200.000 toneladas más de las que había tenido antes en sus
producciones, y no solamente en un año, sino por dos años consecutivos,
hemos sido los españoles. Eso no quiere decir, ni mucho menos --y eso es
lo que hemos dicho en Bruselas--, que sea responsabilidad de los
agricultores españoles. Es la propia Comisión la que en su momento
levantó la prohibición de nuevas plantaciones en el sector del olivar en
1988 y, conforme a la buena fe, nuestros agricultores han plantado
aquello que les estaba permitido; conforme a la buena fe, han
desarrollado y han mejorado sus capacidades de cultivo en las
explotaciones tradicionales; conforme a la búsqueda de competitividad,
han incorporado técnicas como el riego, en el cultivo del olivar,
cuestión que hasta hace bien poco era absolutamente desconocida. Pero
éste también es un dato del problema, y vamos a tenerlo en cuenta.
Señorías, quiero agradecer las intervenciones de todos los portavoces y
decir al señor Centella que no comparto su planteamiento. Señoría, yo
respeto los derechos institucionales de todo el mundo, como he dicho hace
un momento y como dije ayer en todas las declaraciones, pero pido también
que se respete el derecho de los demás a discrepar. Yo respeto el derecho
de cuatro organizaciones a convocar una huelga general; lo que pido es
que se respete el derecho de la gente que dice que no es la huelga
general el camino. Yo no he descalificado a nadie por convocar esa huelga
general. Pido, sencillamente, que no se descalifique a quien discrepa de
las formas de defender mejor la OCM del aceite de oliva. Es algo bastante
razonable pedir una actuación de este tipo, si queremos tener el respeto
que creo que debemos tener entre nosotros por la diversidad de opiniones,
porque eso es la esencia de la democracia.
Lamento, señoría, que no estén de acuerdo con la PAC. Creo que la
política agrícola común puede y debe mejorarse, que en el sector de los
productos mediterráneos hay que incorporar mejoras, que España no es, ni
mucho menos, el país mejor colocado, sino que más bien tiene serias
dificultades en muchos sectores, que ésta no es una cuestión de hoy, sino
que viene de atrás y que es muy difícil corregir y reconducir, y que en
eso es en lo que estamos trabajando. Pero porque nosotros tengamos una
posición incómoda y difícil, porque en su momento no se consiguieron las
cuotas adecuadas ni se negociaron los rendimientos ni los números
adecuados, no podemos impugnar la globalidad de la política agrícola
común porque no tendríamos razón. La política agrícola común es básica
para el mantenimiento de un sector agrario en el ámbito de la Unión
Europea, precisamente por la multifuncionalidad que supone no sólo hacer
posible disponer de una garantía de abastecimiento de alimentos sanos,
sino también facilitar todas las funciones de equilibrio territorial,
asentamiento de la población y protección del medio ambiente y
mantenimiento del territorio. Todo eso está ahí, y lo estamos
consiguiendo en unas sociedades como las nuestras gracias a que hay unos
apoyos y unos respaldos a nuestros agricultores que pueden hacerse vía
compensación directa de rentas o vía precios, como muy bien sabe su
señoría.
Tengo que dar las gracias al portavoz de Convergència i Unió, que además
ha hablado de cuestiones clave. Tiene toda la razón. Uno de los dramas
que atraviesan nuestros agricultores es la sensación de inseguridad, la
sensación de inestabilidad que se produce porque, después de haber
sufrido las grandes modificaciones del año 1992, no han transcurrido
todavía ni cinco años y ya estamos planteando, no retoques, que tendría
todo el sentido en función de cómo se desarrolla, sino unos cambios
radicales que vuelven a poner todo en tela de juicio. Esa misma pregunta
relativa a la cuota láctea me la han hecho a mí, y preguntas de este tipo
se las formulan lamentablemente nuestros agricultores con bastante
frecuencia.
Yo tengo la teoría de que obviamente ya está garantizado el año 2006, con
las modificaciones que sean, y que después Europa no puede renunciar a
mantener una agricultura al margen de otra serie de cuestiones. Para
Europa, la agricultura es absolutamente esencial, precisamente por esas
razones que he dicho, no ya por el abastecimiento de productos. Hemos
visto lo que sucedió hace bien poco en el Oriente Medio, hace unos años,
por un problema de control de pozos de petróleo, de energías. Cuando
estamos hablando del alimento, de la energía de los seres humanos,
estamos hablando de cosas todavía más importantes. Pero no es sólo eso,
sino que son todos los otros aspectos del equilibrio territorial,
desarrollo del territorio, mantenimiento de la población y gestión física
del territorio, para mantener un medio ambiente, un paisaje, etcétera,
que están también en juego, y Europa no puede renunciar a eso. Y no sólo
compete a España, es algo que nos compete a todos.
Señorías, estoy totalmente de acuerdo con el dumping social y todo este
tipo de problemas a los que nos enfrentamos. Es obvio que una de las
razones por las cuales se plantea la modulación es como respuesta a una
pretensión de recorte de los fondos; eso está clarísimo. Ahí hay
dificultades. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver cómo nos afecta
a España y también socialmente. Eso tiene unas consecuencias complicadas,
aunque, en principio, la propuesta de modulación que hay sobre la mesa,
la de los 100.000 ecus --cien por cien y a partir de ahí, 80 y 75--,
tampoco es una modulación tan brutal, ni mucho menos, como para que no
pueda ser asumida por los sectores.
En cuanto al hecho de pagar dos veces, le diré que es el gran meollo. Lo
asombroso del otro día, y así contesto a algo que se ha dicho antes y al
portavoz del Grupo Popular, señor Pascual, cuya intervención agradezco,
es que fuimos 11 los países que hicimos una enmienda a la totalidad a la
Agenda 2000, por distintas razones. Las posturas alemanas, francesas, la
misma española, tenían una serie de puntos de coincidencia y estaba,
entre otras, esa cuestión esencial que es si tiene sentido que hagamos la
reforma a priori para que nos hagan pagar dos veces. Francamente, yo creo
que no, que no tiene ningún sentido, que estratégicamente es un error.
Pero lo que hay que ver es si esas declaraciones de los 11 países se
mantienen de verdad hasta el final, si estamos dispuestos los 11 países a
retrasar esas modificaciones a después de que se inicien las nuevas
negociaciones y, por lo tanto, estamos dispuestos a aprovechar al máximo,
como ya se ha dicho, la cláusula de paz que tenemos en este momento
vigente. Por parte de la delegación española tengo que decir que sí que
estamos dispuestos, pero hay que ver, y en eso estamos, hasta qué punto
lo están otros países, porque lo que tampoco podemos hacer es quedarnos
nosotros manteniendo esa postura mientras otros se desmarcan.
Que a veces parece que no hay unos criterios de racionalidad, sino de
presión de los distintos países. Pues a veces sucede. Y respecto a la
preferencia comunitaria, estoy totalmente de acuerdo.
En cuanto a lo del Consejo jumbo, que ha sido reiteradamente señalado por
alguna de SS. SS., les voy a leer textualmente lo que decía: Para los
sectores cuyas organizaciones comunes de mercado no han sido modificadas
todavía, el Consejo y la Comisión se comprometen a adoptar las
disposiciones necesarias para garantizar las rentas agrarias y la
preferencia comunitaria. Se tendrán en cuenta en estos sectores las
condiciones y principios agrícolas y financieros que se han aplicado para
el conjunto del sector agrícola.
Obviamente, esto lo recordé el otro día en la discusión de la Agenda 2000
en el ámbito del Consejo de Agricultura, lo mismo que lo había hecho en
el mes de noviembre en Luxemburgo. Es una cuestión que evidentemente
obtiene el respaldo de los otros países mediterráneos y el silencio
clamoroso de los que no lo son. Pero, en fin, hay que saber que están así
las cuestiones y que ése es uno de los problemas más graves que, en mi
opinión, plantea la Agenda 2000, tal como está concebida. No hay nada más
que coger la hoja que se refiere a incidencias financieras de la reforma.
Pone cero, cero, cero, en cuanto se trata de productos mediterráneos y,
en los otros, unas diferencias de varios miles de millones de pesetas. Se
da un trato diferenciado para discriminar al sur, para discriminar a los
productos mediterráneos. Hay cuestiones pendientes además. En el mes de
mayo o junio se ha comprometido el comisario a traernos el vino. Esa es
otra de las grandísimas reformas muy importantes para España, por lo que
afecta a grandes superficies de nuestro territorio; en algunos casos,
afecta a zonas donde el único verde es precisamente el vino, cuando no el
olivar, y además es un cultivo enormemente social, con una incorporación
de mano de obra muy importante.
Contesto al señor Companys y a parte de las cuestiones que ha expuesto la
señora Rivadulla, cuya intervención agradezco también por las
interesantes aportaciones que una vez más hace a esta Comisión, en cuanto
a la financiación. El problema es que se pretende financiar las nuevas
adhesiones con el 1,27, que Alemania ha dicho que no quiere poner un duro
más. Ahí estamos. Frente a eso, el Gobierno español ha planteado muy
claramente y de forma sistemática, no yo desde el Ministerio de
Agricultura, sino desde donde se hace la negociación global de todas las
líneas directrices, incluida la agraria, globalmente, que es necesario
contar con unos fondos suplementarios. Se dice que pasando del 1,21, que
ha sido la realidad hasta ahora, al 1,27 es suficiente. Nosotros
entendemos que no, salvo que se planteen unos períodos transitorios tan
dilatados en el tiempo que al final sea posible, pero, incluso así vemos
muy difícil la suficiencia en cuanto a la financiación con la línea
directriz de que se habla. Esta es una de las graves cuestiones que hay
sobre la mesa. Es verdad que hubo productos y sectores para los cuales se
plantearon para España períodos transitorios de adhesión de 17 años y
teníamos más cercanía en todos los terrenos a lo que es una mayor
homogeneidad o una menor divergencia respecto a lo que era el conjunto de
los países europeos.
Señora Rivadulla, por supuesto que es importante acertar; yo coincido con
usted y eso es lo que se intenta. Ya la he dicho que, efectivamente, nada
más que 11 países estábamos en contra, lo cual me parece una mayoría más
que sobrada, pero habrá que ver hasta qué punto eso se mantiene en el
tiempo o si es nada más que una posición estratégica. Si estamos en
posiciones estratégicas, todos lo podemos estar. Eso también hay que
saberlo a la hora de seguir adelante.
La política propia. Existe, pero tenemos unos ámbitos de política propia.
La política propia es impulsar un sistema de seguros agrarios más
equilibrado financieramente, más dinámico, más dotado
presupuestariamente, etcétera; en eso estamos. La política propia es
impulsar la vertebración del sector, impulsar las interprofesionales, las
organizaciones de productores, etcétera. La política propia es impulsar
acciones de comercialización, todo este tipo de cuestiones y otras que
quedan, pero sepamos muy claramente que las políticas de mercado nos las
marcan allí; los márgenes de la política propia son los que tenemos, en
ellos estamos jugando, en ellos estamos trabajando, evidentemente dentro
de lo que son los márgenes presupuestarios de los que disponemos, que
también son un marco de referencia.
Pregunta S. S. por la evaluación de la utilización de los fondos
estructurales. Es un trabajo que se está haciendo. Tan pronto como esté,
enviaré copia, lo mismo que le digo que hoy mismo se remitirá al
presidente de la Comisión lo que son todas las propuestas de reglamento,
que yo, discúlpeme, pero pensé que estaban en manos de todos los
integrantes de la Comisión.
Quiero agradecer la intervención del señor Madero, como no podía ser de
otra manera. Y ya he dado mi opinión
sobre la cláusula de paz y sobre la calidad. Quiero decirle también que
yo no he fallado a ningún Consejo de Ministros de Agricultura en la Unión
Europea; he ido a todos. Aunque tengo que decir que tampoco es que me
haga mucha ilusión el avión, me gusta más donde pisa el buey. (Risas.)
Pero ésa es otra historia. Ya he comentado hace un momento las cifras de
las cantidades máximas y no voy a insistir.
Presupuestos generales y fondos europeos. Señorías, quiero decir que en
este último año, pero también en el anterior, se ha hecho un esfuerzo muy
importante en los presupuestos generales para dotar de la suficiente
cofinanciación a los posibles fondos provenientes de la Unión Europea.
Tengo que decir que los programas competencia del Ministerio, compartida
con las comunidades autónomas, porque, como bien saben SS. SS., en lo que
son fondos estructurales hay unos programas que son de competencia plena
de las comunidades autónomas, que cofinancian las comunidades autónomas y
que desarrollan ellas plenamente, y otros en los que participa el
Ministerio, con una cofinanciación del Ministerio y de las comunidades
autónomas, pero que indudablemente hay que desarrollar en colaboración
con las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera.
En general, quiero decir a SS. SS. que yo preveo que al final del período
se haya utilizado el cien por cien, tal y como va el desarrollo de la
utilización de los fondos estructurales, en cuanto a lo que es
responsabilidad del Ministerio. No puedo decir lo mismo en cuanto a la
responsabilidad de alguna comunidad autónoma, que, si sigue tal y como
va, me temo que va a dejar de utilizar parte de los fondos que tiene de
Bruselas para cofinanciar, lo cual nos puede generar serios problemas a
la hora de negociar la dotación, la disponibilidad de fondos de cara al
próximo período, por cuanto se va a tener en cuenta el grado de ejecución
de los distintos países a la hora de hacer las distintas asignaciones.
Respecto al arroz, señorías, he hablado muy claro y quiero agradecer su
intervención a don José Ramón Pascual. Sólo me resta decir que no se
trata de hacer aquí catastrofismo, no conduce a nada, generando
ansiedades y angustias que no se corresponden con la realidad, como se
hace algunas veces desde algún grupo. Se trata de mejorar la PAC, de
mejorar la posición de España dentro de la política agrícola común, de
ayudar a crear riqueza, de defender lo mejor posible nuestro sector
agrario. Es cierto que en algunos sectores tenemos una situación muy
incómoda, muy complicada y muy difícil, y precisamente por ello tenemos
que aplicarnos con redoblados esfuerzos para intentar corregir esos
desequilibrios y para intentar mejorar nuestras posiciones, partiendo de
la base de que obviamente no es fácil, pero en ello estamos trabajando y
creo que, poco a poco --como de hecho ya se está consiguiendo en algunos
sectores--, lo lograremos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos su presencia en esta Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca y la animamos a usted personalmente, así
como a su Ministerio, a seguir trabajando en la defensa del sector
agrario en estas difíciles negociaciones que mantiene y que de alguna
manera pondrán fin a la Agenda 2000 para su aplicación en los años
2000/2006.
Insisto en que agradecemos su presencia y levantamos la sesión en este
momento, recordando a los señores portavoces que tenemos a continuación
Mesa y Junta de Portavoces.
Eran las dos de la tarde.