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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 416, de 25/03/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1998 VI Legislatura Núm. 416
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 25 de marzo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Proposiones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias que
agilicen los trámites para que la Administración haga efectivas las
prestaciones correspondientes al Fondo de Garantía Salarial. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 161/000831) (Página 12120)
--Sobre servicios a utilizar por los organismos públicos o dependientes
de los mismos para dotarse de recursos humanos temporalmente. Presentada
por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000753) (Página 12124)
--Relativa a la realización de las medidas que contempla el III Plan de
igualdad de oportunidades para la mujer. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000804)
(Página 12127)
--Por la que se insta al Gobierno a estudiar las medidas a adoptar que
faciliten el acceso de las personas discapacitadas al empleo público.
Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000821)
(Página 12131)
--Relativa a la necesidad de incluir en los pliegos que regularán la
ejecución de la próxima campaña del Programa de vacaciones tercera edad
1998-1999 una oferta experimental de 1.000 estancias/día para personas
mayores de 80 años, dependientes, que vivan en sus domicilios. Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000852)
(Página 12134)
--Relativa a la necesidad de promover en España el compromiso de las
empresas con el manifiesto europeo de las empresas contra la exclusión.
Presentada por el Grupo anterior (Número de expediente 161/000853)
(Página 12136)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
AGILICEN LOS TRAMITES PARA QUE LA ADMINISTRACION HAGA EFECTIVAS LAS
PRESTACIONES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE GARANTIA SALARIAL. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 161/000831).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado un cambio en el orden del
día, de forma que la proposición no de ley que ocupa el número 4 del
orden del día que tienen SS. SS. pasaría a ocupar el primer lugar y el
resto seguiría conforme a lo ordenado. Si no tienen inconveniente,
comenzamos por la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
adoptar las medidas necesarias que agilicen los trámites para que la
Administración haga efectivas las prestaciones correspondientes al Fondo
de Garantía Salarial, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Perdón, señor presidente, estaba distraído
comentando algún aspecto de las proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Es la proposición no de ley número 4, señor Vaquero,
que ha pasado a ocupar el primer lugar.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, el pasado día 19 de diciembre se
realizó una manifestación en Madrid de forma conjunta entre los
trabajadores de la empresa Helguera-Uniexpress y distintos sindicatos. La
causa una suspensión de pagos presentada por esta empresa, previo
expediente de regulación de empleo de 243 trabajadores, expediente que se
ha aprobado y cuyas indemnizaciones previstas estaban sin cobrar por
parte de los afectados.
En los últimos años han saltado a la luz pública diversas prácticas,
utilizadas sobre todo en el sector de transportes, prácticas que en gran
parte consisten en ofrecer trabajo por parte de las empresas de este
sector a profesionales autónomos que posean vehículo propio para realizar
entregas de paquetes u otros objetos por las distintas rutas que les
ofrecerá la empresa contratista. El problema radica en que muchos de
estos profesionales autónomos se endeudan considerablemente al tener que
comprar un vehículo para poder acceder a estos trabajos, ya que si la
empresa contratista, por distintas causas, deja de abonar los sueldos o
comisiones adeudados a estos trabajadores, éstos se ven abocados a un
callejón sin salida y con la amenaza adicional de un embargo y todo ello
aunque estos afectados en situaciones normales no hayan mostrado en
ningún momento negativa a hacer frente a todo tipo de pagos, desde las
letras que haya podido firmar por la compra de sus vehículos hasta los
impuestos o cotizaciones que tengan que hacer efectivos a Hacienda o a la
Seguridad Social.
Partiendo de la base de que los criterios del Gobierno en política de
empleo pasan por fomentar el autoempleo, sería necesario adoptar algún
tipo de medida adicional para intentar eliminar en lo posible las
externalidades negativas que se pudieran originar sobre estos
profesionales autónomos y causadas, entre otras, por la mala gestión de
las empresas contratistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta esta
proposición no de ley que diría lo siguiente. «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a: 1. Adoptar las medidas necesarias que
agilicen los trámites para que la Administración haga efectivas las
prestaciones correspondientes al Fondo de Garantía Salarial y, en su
caso, a las prestaciones por desempleo que correspondan a aquellos
trabajadores por cuenta propia o ajena, cuyos puestos de trabajo deriven
directamente de empresas subcontratistas pertenecientes al sector de
transportes y que se vean afectadas por procedimientos concursales. 2.
Actuar de acuerdo con la normativa tributaria en materia de aplazamiento
y fraccionamiento de pago de impuestos
en los supuestos de trabajadores por cuenta propia cuyos puestos de
trabajo deriven directamente de empresas subcontratistas pertenecientes
al sector del transporte y que se vean afectadas por procedimientos
concursales, haciendo uso de la facultad discrecional que le otorga la
legislación, de la forma más favorable a la situación socio-laboral
sufrida por este colectivo. 3. Proceder a las modificaciones legislativas
pertinentes para que aquellos empresarios o administradores de empresas
que de forma recurrente se hayan visto incursos en algún tipo de
procedimiento concursal, vean denegada cualquier solicitud dirigida a la
Administración que implique autorización, concesión de ayuda,
subvenciones, beneficios fiscales o cualquier licencia que faculte para
el ejercicio de la actividad mercantil en cualquier sector económico,
previa autorización administrativa.»
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Para
su defensa tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Desde el Grupo Socialista recibimos con
satisfacción la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pero tenemos que señalar
respetuosamente --y de hecho es el motivo de la presentación de la
enmienda-- tres aspectos uno de fondo y dos de forma debido a que con las
ganas de colaborar y ayudar a este colectivo la proposición no de ley
incurre en alguna precipitación. Una de ellas --y por eso presentamos la
enmienda-- la contemplamos en el primer apartado cuando dice instar al
Gobierno al objeto de que tanto el desempleo como el Fondo de Garantía
Salarial se agilice y sea abonado a los trabajadores por cuenta propia o
ajena. Ya nos gustaría, pero nos hallamos ante una imposibilidad material
en cuanto que está expresamente prohibido por la ley, y o cambiamos la
legislación o lamentablemente el colectivo de trabajadores autónomos no
tiene cobertura de desempleo ni de Fondo de Garantía Salarial en función
de lo recogido en el Real Decreto legislativo 1/1994, que aprueba el
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. El artículo 205
recoge a las personas que protege y son los trabajadores por cuenta ajena
incluidos en el Régimen General o bien en regímenes especiales. En cuanto
al desempleo los artículos 207 y 208 hacen referencia a los requisitos
cuando se está en situación legal de desempleo y nos encontramos abocados
a la misma conclusión. Esta es la observación que hacemos en la primera
parte de la enmienda. Apoyamos el fondo de la proposición, así como a
este colectivo, pero no puede ocurrir lo mismo respecto a los
trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Mantenemos, por no modificar el contenido de la proposición, el resto de
la redacción literal, si bien tendríamos alguna pequeña discrepancia.
¿Por qué sólo referente a empresas subcontratistas y pertenecientes al
sector del transporte? ¿Por qué no al resto de los trabajadores
autónomos? ¿Por qué no a empresas de servicios de agricultura o empresas
de la construcción donde lamentablemente se produce con frecuencia la
misma situación de fraude generalizado? Parece que en el caso que no
ocupa todo ello ocurre de manera vergonzosa, de ahí el número 4 de
nuestra enmienda, que consiste en una adición.
En la segunda parte de la enmienda suprimimos el aspecto que figura en la
proposición cuando hace referencia a los puestos de trabajo que deriven
directamente de empresas subcontratistas pertenecientes al sector del
transporte. Solicitamos la supresión porque sería un trato
discriminatorio respecto al régimen de los trabajadores autónomos.
Estaríamos de acuerdo con el punto 3 de la proposición no de ley en el
sentido de mantener la redacción tal y como figura. Simplemente quiero
indicar que sobre el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo,
realizado como consecuencia del expediente de regulación de empleo, creo
que hay un par de párrafos que convendría recordar, son muy breves, y por
ello planteamos también mediante esta enmienda la adición de un número 4.
El inspector dice que es evidente la grave situación que atraviesa la
empresa afectada en este expediente, aunque con la confusión patrimonial
de hecho, efectuada sin su adecuada formalización jurídica, es difícil
determinar de qué empresario estamos hablando. Transportes Helguera, S.
A., Uniexpress España S. A., la suma o los restos de ambos integrados en
lo que la memoria explicativa de este expediente llama nueva empresa, ¿o
es preciso también retrotraerse a T. N. Express España, S. A., y a su
segregación de patrimonio inmobiliario? Nos está describiendo el jaleo,
los artilugios, los fraudes que ya se han cometido --voy terminando
rápidamente-- y concluye el propio inspector en la consideración final
que se somete a la valoración de esa dirección general, por si a la vista
de la misma se considera la procedencia de su remisión al ministerio
fiscal, si de las transmisiones o cesiones en la titularidad de las
empresas afectadas, de las gestiones y confusiones patrimoniales
realizadas o de otras actuaciones, pudieran derivarse responsabilidades
en el orden penal, en cuyo caso pudiera resultar de aplicación lo
dispuesto en el artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores, en
relación a la sucesión de empresas, subrogación, etcétera.
Esta es la justificación por la que solicitamos que se incluya un número
4 en el sentido literal --que puede ser modificado--, de que se lleven a
cabo cuantas actuaciones sean necesarias para proceder a la depuración de
responsabilidades y a la protección y defensa de los intereses del
conjunto de los trabajadores, dando traslado de las conclusiones de la
actuación inspectora al ministerio fiscal.
Entendemos que con esto podríamos conseguir un doble objetivo: por un
lado, la depuración de unas irregularidades que parecen evidentes a la
vista del informe de la inspección, y por otro lado, la solución real al
problema de los trabajadores porque no encontramos otra vía --ojalá la
haya; si así afuera, por supuesto, la apoyaríamos-- para que puedan
cobrar el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial, salvo que en virtud
de la actuación inspectora se detecte que ahí ha habido fraude, que esos
trabajadores que son autónomos es una mera suposición, como ocurre en
miles y miles de casos, pero que si no lo declara un tribunal --en este
caso, un juzgado de lo social-- difícilmente
se puede proceder a dar el alta de oficio, además con los efectos
temporales desde que se determine el momento del fraude para que el
trabajador pueda tener el conjunto de derechos que aquí se pretende. Eso
es lo que en definitiva y en todo caso vamos a apoyar haga el grupo
proponente lo que haga, aunque yo creo que es conveniente asumir ese
involuntario error de que no podemos solicitar que los trabajadores
autónomos cobren el desempleo y el Fondo de Garantía Salarial porque
tiene sus mecanismos, su propia financiación, etcétera, y sugeriríamos,
si lo tiene a bien el grupo proponente, que se suprimiera sólo
relacionado con las empresas subcontratistas y además concretamente con
el sector del transporte porque si podemos dar cobertura en sentido
amplio al conjunto de situaciones que puedan producirse en el resto de
los sectores no conseguimos el efecto perverso de discriminar a unos
trabajadores autónomos con relación a otros.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muy brevemente para economizar argumentos ya
reiterados en este momento y en esta Comisión.
Mi grupo parlamentario comparte las objeciones que presenta el portavoz
del Partido Socialista y de la misma manera comparte la intencionalidad
de solucionar un problema, que ha motivado la intervención del señor
Vaquero por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Por tanto,
quede bien claro que somos sensibles a esta problemática, nos preocupa y
pensamos que hay que buscar vías de solución para estos colectivos, para
las personas afectadas que muchas veces ven todas sus deudas, por decirlo
de alguna manera, más que todo su patrimonio pendientes de unas
situaciones que no pueden controlar. Tal como ha dicho ya el portavoz
socialista, creemos que en este momento la voluntad de solucionar el
problema trasciende de lo que son las incompatibilidades que se dan en la
propia ley. Para intentar solucionarlo y con la voluntad de que
encontremos un consenso que pienso existe, porque probablemente todos los
grupos parlamentarios que estamos aquí representados compartimos la
inquietud por el problema, mi grupo parlamentario junto con el Grupo
Parlamentario Popular presentamos una enmienda a la Mesa en la que
proponemos que las modificaciones previstas de la Ley de ordenación de
los transportes terrestres y en la reforma del reglamento que la
desarrolla, el Gobierno estudie la problemática que afecta a las empresas
subcontratistas del sector de transportes. No tendría inconveniente mi
grupo parlamentario --no he podido hablarlo aún con el Grupo Popular--,
en que se obviase la particularidad de las empresas de transporte porque
coincidimos con lo que dice el Partido Socialista en cuanto a que se ven
afectadas las empresas del transporte y otras. Yo me brindo, si se estima
conveniente, a que podamos estudiar la posibilidad de ampliarlo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Comienzo por el final para clarificar
estas cuestiones sobre las enmiendas.
Efectivamente, mi grupo no tendría ningún inconveniente en aceptarlo;
pero respecto a la particularidad planteada por el Grupo Socialista en
este momento de que no solamente aparezcan las empresas del transporte,
pensamos que va a estar fuera de la filosofía de lo que en la proposición
no de ley se pretende esta mañana, es decir vamos a estar viendo una cosa
totalmente distinta pues, no es lo mismo que afecte a un solo sector,
como Izquierda Unida pretendía esta mañana. Podría retirarse o hacerse de
otra forma para que en el futuro entre otra iniciativa que se refiera a
todos los sectores, si lo hiciéramos hoy, alteraríamos un poco lo que es
el fundamento de lo que se ha planteado en la exposición de motivos de la
proposición no de ley. Ya digo que no tendríamos ningún inconveniente,
pero parece que no saldríamos del tema.
Efectivamente, como ha anunciado la portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), nosotros teníamos intención de que se presentase
esta enmienda transaccional a Izquierda Unida y a la enmienda que
presenta el PSOE por ser más general y porque ni en la proposición que
hace el PSOE ni en las enmiendas se dan los supuestos que se están
planteando.
Entro ahora en el fondo de la proposición de Izquierda Unida. En efecto
fue un error o fue una pretensión excesiva respecto a lo que es la
legislación. Todos sabemos que los trabajadores por cuenta propia, como
anunciaba el portavoz del PSOE, no están incluidos dentro de la
protección del artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores ni del
artículo 2 del real decreto que regula el Fondo de Garantía Salarial. Por
tanto, es una extensión no justificada --evidentemente, pensábamos votar
en contra--, y generaría un gasto presupuestario no previsto y además sin
justificación.
En lo que se refiere al aplazamiento y fraccionamiento de las deudas, que
es el número 2 de la proposición no de ley, pensamos igualmente no
admitirlo porque en los informes que la propia dirección tributaria está
haciendo nos dice que, efectivamente, se está cumpliendo con arreglo al
artículo 61 de la Ley General Tributaria, lo que ocurre es que se estudia
de forma individualizada, e incluso se está dispensando de garantía a los
deudores que carezcan de bienes suficientes cuando vaya a afectar a la
capacidad productiva y al nivel de empleo. Por tanto, nos parece que
instar al Gobierno a que cumpla algo que ya se está haciendo por la
propia Administración no es procedente y vamos a votar de forma negativa.
Respecto a las modificaciones legislativas, nos parece que a priori y de
forma generalizada no se puede dar este tratamiento, que habría que darlo
también de forma individualizada, y que además podría afectar incluso a
la filosofía de la ayuda, de la subvención, etcétera.
Por tanto, concluimos diciendo, por la economía procesal anunciada, que
mantenemos la enmienda transaccional que hemos planteado el Grupo Popular
y a Convergència de forma conjunta, que dice, repito, que en las futuras
modificaciones previstas en la Ley de ordenación de los transportes
terrestres y en su reglamento, el Gobierno estudie la problemática que
afecta a las empresas subcontratistas del sector de transportes. Aquí
podríamos quitar, con el permiso de la portavoz de Convergència i Unió,
que se estudie la problemática que afecta a los subcontratistas del
sector del transporte y poner que se estudie la problemática que afecta a
los subcontratistas en general, no solamente del transporte, y así
cumpliríamos con lo que todos queremos esta mañana.
Nada más, gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista que tenía presentada una
enmienda fija posición antes de dar la palabra al proponente respecto a
la transaccional presentada por los grupos Catalán y Popular.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Un minuto, señor presidente.
Entre la proposición inicial, las enmiendas correctoras presentadas por
el Grupo Socialista y lo que ahora se está comentando por el portavoz del
Partido Popular podemos estar liando un poquitín la madeja de forma no
querida. En definitiva, la posición de nuestro grupo --que además me da
la impresión de que es coincidente con el fondo de las intervenciones--
sería respetar el contenido de la proposición no de ley de Izquierda
Unida, con las modificaciones planteadas por la enmienda del Grupo
Socialista, que fundamentalmente son dos: una, corregirlo porque no puede
tener cobertura legal el aspecto de quitar a los trabajadores autónomos,
que parece además sería asumido por todos, y dos, no limitar los efectos
de esas medidas sólo al sector del transporte porque yo creo que también
es comúnmente admitido que sería una actuación discriminatoria en
relación al resto de trabajadores autónomos.
Con esas dos correcciones, más la de adición del Grupo Socialista que
creo no debiéramos retirarla porque pretende que se lleve a cabo la
actuación inspectora, que es el único mecanismo viable desde el punto de
vista jurídico para que los trabajadores, si el juzgado de lo social así
lo determina, pudieran cobrar esas prestaciones o, en su caso, esas
indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial, protegemos y defendemos
los derechos de este conjunto de trabajadores sin llevar a cabo ningún
otro tipo de pronunciamiento que pudiera chocar con lo que la ley
establece y con la filosofía y la voluntad de la proposición no de ley de
Izquierda Unida.
En resumen, yo creo que salvo matices se podría votar conjuntamente la
proposición no de ley de Izquierda Unida, en la que ya parece ser que su
portavoz admite las modificaciones planteadas por el Grupo Socialista, y
sugiero que el Grupo Popular asuma esta transacción, que sería una fusión
de ambas proposiciones, corregida la primera en función de las
modificaciones de la propuesta del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: El señor Vaquero tiene la palabra para fijar su
posición respecto a la enmienda transaccional y la enmienda socialista.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, creo que efectivamente hay aspectos
que sin duda alguna tenemos que asumir porque caen por su propio peso.
Obviamente la alusión en el punto 1 a derechos que no vienen contemplados
en la ley los trabajadores por cuenta propia tiene que ser suprimida; por
tanto, nosotros asumimos plenamente la corrección que hace la enmienda de
sustitución del Grupo Socialista. Por otro lado, también asumimos que no
se refiera exclusivamente a trabajadores autónomos del sector del
transporte, sino que se amplíe y se haga más genérica la alusión.
Finalmente, nos parece también correcta y muy asumible la adición de un
punto 4 que haga mención a la labor de la Inspección de Trabajo, porque
efectivamente puede ser un elemento coadyuvante a la consecución de los
fines que pretende la proposición no de ley.
Creo que en este sentido quedarían plenamente satisfechas las
preocupaciones que por parte del Grupo Popular se suscitaban y que han
dado lugar a una transaccional conjunta entre los grupos Catalán y
Popular. Sin embargo, parece que no es así por las manifestaciones que ha
hecho su portavoz, en el sentido de negar la posibilidad de consensuar
esta enmienda transaccional del Grupo Socialista. En todo caso, creo que
en el último intento transaccional convendría ver si todos los aspectos
negativos que puedan ver en el texto final se refieren al punto número 3,
que hubiera la posibilidad de votar separadamente ese punto del resto
para que finalmente resultara una propuesta que abordase la problemática
que a nosotros nos ha motivado la presentación de esta proposición no de
ley.
En cualquier caso, siempre tenemos la posibilidad de presentar otra
proposición no de ley, pero estamos aquí precisamente para urgir la
solución de los problemas y yo creo que ésta es una buena ocasión.
Pediría a los grupos Popular y Catalán que hicieran un esfuerzo de
consensuar esta proposición no de ley.
Finalmente me quedaría decir que incluso en el número 1 de la enmienda
transaccional del Grupo Socialista convendría también sacar aquella
alusión que hacen al sector del transporte. Por tanto, la transaccional
quedaría suprimiendo la frase que dice: «pertenecientes al sector del
transporte.» El resto sería tal cual la enmienda del Grupo Socialista,
que acepto.
El señor PRESIDENTE: Para saber en su momento qué se va a votar, quiero
aclarar, señor Vaquero, en primer lugar que la enmienda del Grupo
Socialista no es transaccional, conviene saber cómo queda la proposición
no de ley y, a su vez, si la enmienda transaccional se refiere a la
totalidad o sólo a los números 1 y 2. Así podríamos tener claro qué
votamos al final de la sesión.
Por el Grupo Popular, ¿el señor Ballesteros podría aclarárnoslo?
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Estoy dispuesto a aclarar todo lo que sea
necesario para que agilicemos el trámite de esta mañana.
Efectivamente lo que el Grupo Popular hace es presentar una enmienda
transaccional, que se puede aceptar o no, y que se puede votar al final
de la mañana, ni más ni menos. Todo lo demás es un galimatías
impresionante, y no vamos a llegar a ningún acuerdo porque quitamos un
punto aquí ponemos otro punto allí, y parece ser que va a ser muy difícil
llegar a un consenso de ese texto.
Aquí hay dos cuestiones. Una, lo que se está pidiendo por Izquierda
Unida, y lo ha anunciado este portavoz, es que además de lo que dice el
PSOE de los trabajadores por cuenta propia y que no está dentro de la
ley, hay otros requisitos que el Grupo Popular dice que están cumplidos.
Por ejemplo pide que se agilicen los trámites. Nosotros nos satisfacemos
de esa petición pero tenemos que decir, como hemos dicho en nuestra
intervención, que los trámites están agilizándose en el Ministerio, y de
hecho, por ejemplo, para el reconocimiento de las prestaciones que hace
el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social señalando el
plazo de 15 días, en los últimos datos de 1997 se ha demostrado que se
está reconociendo el derecho en nueve días. Eso es agilización del
reconocimiento de las prestaciones de desempleo.
Por tanto, no aceptamos lo que Izquierda Unida propone, y por eso
ofrecemos nuestra enmienda transaccional que también tiene dos partes:
una, la concreta referida a las empresas del transporte; cosa distinta es
lo que el PSOE está proponiendo de que se generalice a todas las empresas
subcontratistas, que también podríamos aceptar, pero con este texto: Que
el Gobierno estudie la problemática existente en las empresas
subcontratistas en general --no solamente las del transporte-- derivadas
de las insolvencias de las empresas contratistas; o si se quiere añadir
algo más. Esto es lo que nosotros estaríamos dispuestos a votar esta
mañana o a que aceptasen Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: El proponente debe indicar si se acepta la única
enmienda transaccional que se ha planteado por parte de los grupos
Popular y Catalán (Convergència i Unió).
Respecto a la posición de la enmienda socialista ya hemos conocido que la
acepta en sus diversos apartados.
El señor VAQUERO DEL POZO: Creo que el sentido de la proposición no de
ley queda muy desdibujado con la enmienda de los grupos Popular y Catalán
y, por tanto, no la aceptaría.
Ya me he pronunciado aceptando la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: La votación, al igual que el resto de las
proposiciones, se realizará a partir de las doce y media.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Con la venia, señor presidente, ¿ha
quedado constancia para la votación de cuál es nuestra enmienda?
El señor PRESIDENTE: Sí, el grupo proponente no ha aceptado la enmienda
transaccional y, en consecuencia, no se someterá a votación.
--SOBRE SERVICIOS A UTILIZAR POR LOS ORGANISMOS PUBLICOS O DEPENDIENTES
DE LOS MISMOS PARA DOTARSE DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALMENTE. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de
expediente 161/000753).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, que es
proposición no de ley sobre servicios a utilizar por los organismos
públicos o dependientes de los mismos para dotarse de recursos humanos
temporalmente, planteada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, se viene observando que en
determinados casos algunos organismos públicos y organismos dependientes
de los mismos han utilizado servicios de las empresas de trabajo temporal
para dotarse de recursos humanos.
Nosotros creemos, y por eso presentamos esta proposición no de ley, que
esta práctica de utilizar por parte de las administraciones públicas y
organismos dependientes de las mismas las empresas de trabajo temporal
para la contratación de trabajadores que coyunturalmente sean necesarios
no es conveniente por distintas razones. Primera, la norma que regula la
actividad de empresas de trabajo temporal ha tenido distintos cambios, ha
sido objeto de convenios colectivos, dos hasta la fecha, que han
mejorado, sin duda, las posibilidades y las condiciones de los
trabajadores de estas empresas de trabajo temporal, pero siguen
subsistiendo, pese a estos esfuerzos de los interlocutores sociales,
discriminaciones entre los trabajadores de las empresas de trabajo
temporal y el resto de los trabajadores que trabajen en los mismos
centros de trabajo y en los mismos sectores. Estas discriminaciones, que
afectan incluso al ámbito de lo salarial, son contrarias al espíritu de
la igualdad ante la ley recogido en nuestro texto constitucional y en la
normativa que lo desarrolla, el Estatuto de los Trabajadores. Es una
situación que tendrá que resolverse con el tiempo, pero que mientras se
produce convendría que las administraciones públicas manifestasen al
menos, de cara a la opinión pública y al conjunto de los trabajadores y
de los empresarios, que ellas no utilizan estos medios, pese a que la ley
se lo pueda permitir. Nosotros creemos que es reprobable la utilización
de las empresas de trabajo temporal por las administraciones públicas, y
por ello pensamos que dado que las administraciones deben dar ejemplo de
unas relaciones laborales dignas, tendría que suprimirse la utilización,
que es lo que pide la proposición no de ley.
En segundo lugar, hay otra razón y es que la introducción de modelos de
gestión de los recursos humanos, hasta
ahora ajenos al ámbito de la función pública en el seno de la misma, ha
producido una multiplicación de ocasiones en las que se ha priorizado la
emulación o la obtención de los objetivos de productividad y el logro de
los programas con los recursos financieros tasados por las previsiones
presupuestarias. Ello ha generado la tendencia a la utilización de
modelos de contratación más propios del sector privado, como es el de la
contratación de personal a través de estas empresas de trabajo temporal.
Si esto es así, obviamente es ajeno al modelo de función pública
profesionalizado que todos decimos perseguir y que todos manifestamos
respetar, desde el ámbito mismo de las leyes que hasta ahora han regulado
la función pública, e incluso hasta los borradores del Estatuto de la
Función Pública que en un próximo futuro se debatirán en esta Cámara.
Por otro lado, parece lógico que el sector público, a la hora de
contratar, utilice el Instituto Nacional de Empleo, una de cuyas
competencias sigue siendo, pese a su desmantelamiento parcial, la
intermediación del mercado de trabajo. Estas razones han motivado que
algunos parlamentos autonómicos, en concreto el vasco, aprueben
proposiciones que van en el mismo sentido que la que nosotros planteamos.
La proposición no de ley dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que emita instrucciones a las administraciones
central y periférica del Estado, sus organismos autónomos, las entidades
gestoras de la Seguridad Social, así como las empresas públicas y
concertadas de unos y otras dependientes, a fin de que se abstengan de
utilizar las empresas de trabajo temporal como agente contratador del
personal temporal que requieran, instándoles asimismo a emplear los
servicios del Inem para las contrataciones temporales que debieran
realizar.
El señor PRESIDENTE: Hay presentadas dos enmiendas, una por el Grupo
Popular y otra por el Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda
del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: En relación a la proposición que plantea
Izquierda Unida, nosotros hacemos una lectura en sentido positivo. No
creemos que en este trámite se deba plantear un debate stricto sensu en
relación con la bondad, la capacidad de creación de empleo o las
correcciones que deban merecer las ETT en su caso, sino que en el ámbito
de la Administración pública se adopten medidas tendentes a regular la
contratación del personal temporal de una forma adecuada y utilizando los
instrumentos a su disposición. En ese sentido y consideramos que vamos a
llegar a un acuerdo, creemos que nuestra enmienda reúne unas condiciones
más favorables que el texto inicial. Me explicaré.
Hemos formulado una enmienda cuyo tenor literal dice que el Congreso de
los Diputados inste al Gobierno a que emita instrucciones a la
Administración central y periférica del Estado, sus organismos autónomos,
las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como las empresas
públicas y concertadas de unos y otras dependientes, a fin de que empleen
los servicios del Inem para las contrataciones temporales de carácter
estacional, becas, campañas contra incendios, etcétera, que debieran
realizar.
La primera cuestión es que consideramos positivo el quehacer de la
Administración en esta materia, es decir, que utilice el recurso al Inem
para efectuar este tipo de contratación. La segunda cuestión, también
importante, es el respeto al marco legal vigente, en el sentido de que no
todas las personas que resultan contratadas temporalmente por la
Administración pueden serlo exclusivamente a través del Inem. Recuerdo
que el artículo 35.1, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el reglamento general de ingreso de personal al servicio
de la Administración general del Estado y provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
general del Estado, establece para aquel personal laboral no permanente
que su contratación se debe verificar con absoluto respeto a los
principios de mérito y capacidad. Por lo tanto, aunque tenga unas
connotaciones de flexibilidad respecto a los funcionarios, por ejemplo,
en el sentido de que no se deben publicar estas convocatorias en el BOE,
sino publicarlas en la forma que establezcan los respectivos convenios
colectivos, hay una vía que debemos respetar, ineludiblemente, que es la
que nos señala el artículo 35.1 del real decreto que acabo de referir.
Entendemos que la enmienda de sustitución que planteamos da una
satisfacción a la preocupación manifestada por el Grupo de Izquierda
Unida, intenta resolver en sentido positivo la pretensión que se plantea,
distingue dos tipos de situaciones diferenciadas y, como se pretende
también por el proponente, persigue una más eficaz y amplia utilización
de los servicios del Instituto Nacional de Empleo como oficina de
contratación.
Sin perjuicio de que haya podido existir algún caso determinado en cuanto
a la utilización concreta de las empresas de trabajo temporal para la
contratación de este tipo de personal por alguna administración,
políticamente no es una postura en la que creamos, ni pensamos que haya
sido una situación generalizada. Por lo tanto, el planteamiento que hace
nuestra enmienda no es que reconozca, como se puede deducir del preámbulo
de la proposición no de ley, que se ha venido haciendo de un forma
desaforada. Lo que pretendemos es que este tipo de personal, cuando pueda
ser contratado por el Inem, lo sea, y cuando no, lo sea con respeto al
real decreto que he mencionado, por entender que es lo más adecuado a su
tipicidad y a la buena utilización de los recursos públicos ya
existentes.
Hemos comentado extramuros con los diversos grupos, antes de este
parlamento en Comisión, una preocupación que ya ha expuesto el señor
Vaquero. Con el fin de facilitar un acuerdo unánime en la materia,
estaríamos dispuestos a hacer una transacción con nuestra enmienda, que
consistiría en una apostilla al concluir la misma en el sentido de que se
deje claro algo cuya voluntad política ya he manifestado, y es añadir:
«excluyéndose la utilización de las empresas de trabajo temporal». De
esta forma podríamos aunar las voluntades de los diversos grupos aquí
representados y llegar a un acuerdo que dé satisfacción a la pretensión
planteada en términos que políticamente son más razonables y que son los
que hemos expuesto ahora.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, para seguir en el mismo tono
que el portavoz del Partido Popular, estoy de acuerdo en que es bueno
poner esta proposición no de ley en positivo. Es más, yo soy de las
convencidas de que la vida hay que mirarla desde el lado positivo, aunque
para mí, que me muevo en el mundo sindical, en el mundo de las empresas,
es muy difícil hablar de algo positivo cuando hablamos de las ETT. Creo
que los grupos parlamentarios que apoyaron la ley de las ETT con buena
intención definieron y sacaron una ley que es buena en su contenido, pero
que ha dejado demasiadas puertas abiertas para la picaresca de nuestro
país, la picaresca de los empresarios. Se está haciendo una mala
utilización de esta ley que está teniendo efectos negativos en el
conjunto de las empresas: trabajadores que hacen el mismo trabajo cobran
hasta el 50 por ciento menos.
Tengo confianza plena en que las negociaciones entre los agentes sociales
y la Administración para regular el uso de la utilización de las empresas
de trabajo temporal lleguen a un buen acuerdo que se refleje en un cambio
de la ley que creo imprescindible para el buen uso del conjunto de la
sociedad.
La iniciativa me parece positiva también porque creo que es bueno
reseñar, en cualquier oportunidad, que tenemos un Inem que es una empresa
pública. Hay que recordar que las empresas públicas, de entrada, dan
mucho más contenido de solidaridad en su uso a sus objetivos y, por
tanto, creo que es positivo. Nosotros hemos hecho una enmienda para
clarificar un poco más la proposición no de ley, pero, dentro del
espíritu de que hablaba al principio, estamos de acuerdo con la enmienda
del partido Popular con el añadido que ha hecho. Sin embargo, quiero
señalar, no ya en nombre de mi grupo, sino a título personal, como Isabel
López, que mantengo un pie en la utopía --y esa utopía es que desaparezca
la ley actual de las ETT-- y el otro pie en la realidad, pensando que lo
posible y lo real hoy es apoyar la enmienda del Grupo Popular porque, por
lo menos, es avanzar algo aunque no resuelve el problema.
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, de sus últimas palabras se
deduce que el Grupo Socialista retira su enmienda. (Asentimiento.) Muchas
gracias.
¿Grupos que deseen fijar posiciones? (Pausa.
Por el Grupo Vasco, el señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, intervengo muy brevemente para
decir que el Grupo Vasco (EAJ-PNV) está de acuerdo con el fondo de la
proposición no de ley presentada; como ya ha señalado el señor Vaquero,
el Parlamento vasco ha aprobado recientemente un acuerdo similar.
Finalmente, quiero decir que, en aras del consenso más amplio, estamos
dispuestos a apoyar una enmienda transaccional que se nos ha presentado
por parte del Grupo Popular que, además, tiene un carácter positivo y más
amplio quizá que lo presentado, respetando la voluntad y el espíritu de
la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós i Sans.
La señora AMOROS I SANS: La proposición tema de debate tiene su razón de
ser en una loable intención de protección a las trabajadoras y
trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal, en este caso a
las empresas de ámbito público.
Evidentemente, y al igual que ya explicitamos en la intervención del 27
de mayo de 1997 en esta misma Comisión y con referencia a este mismo
tema, tenemos que decir que para la contratación entre las partes está
vigente la ley 14/1994, que regula las empresas de trabajo temporal, y,
además, un segundo convenio de ámbito estatal cuya resolución se publicó
el 12 de febrero de 1997. En este convenio quedan patentes las
reflexiones de las partes implicadas y la disposición de paliar al máximo
las diferencias de derechos laborales de trabajadoras y trabajadores de
las empresas de trabajo temporal.
De todos modos, señorías, hay que tener en cuenta la realidad con la que
nos encontramos, pues una modalidad de cobertura de empleo temporal de
puestos de trabajo puntuales se ha convertido en una forma normalizada de
empleo para muchos ciudadanos y ciudadanas hoy por hoy. Como pueden
suponer, el Grupo Parlamentario Catalán no puede apoyar ninguna forma de
discriminación, más teniendo en cuenta que los usuarios demandantes de
empleo en estas empresas de trabajo son en su mayoría los colectivos de
jóvenes y, en mucho más porcentaje, el colectivo de mujeres demandantes
de empleo, pero tampoco podemos obviar la existencia de una ley
reguladora de estas empresas y un convenio.
Sería conveniente una revisión de la ley vigente, dado el uso inadecuado
de las empresas de trabajo temporal por las empresas usuarias. En este
caso, creemos que no es acertada en su forma la propuesta del Grupo
Federal de Izquierda Unida y por este motivo esperamos la aceptación de
la enmienda presentada por el Grupo Popular para emitir nuestro voto,
puesto que aunque estemos de acuerdo en el fondo de la proposición no
podemos estarlo en su forma.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere fijar su posición el grupo proponente,
respecto a la enmienda transaccional?
El señor VAQUERO DEL POZO: Aceptamos la enmienda transaccional en su
forma y en su fondo y entendemos que lleva la referencia a las empresas
de trabajo temporal que el mismo proponente de la transaccional del Grupo
Popular ha incluido.
El señor PRESIDENTE: Concluimos así la proposición no de ley debatida.
--RELATIVA A LA REALIZACION DE LAS MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL III PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000804).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tres del orden del día: proposición
no de ley relativa a la realización de las medidas que contempla el III
Plan de igualdad de oportunidades para la mujer, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: El motivo de presentar el Grupo Popular esta
proposición no de ley relativa a la realización de las medidas que
contempla el III Plan de igualdad de oportunidades para la mujer,
aprobado en el Consejo de Ministros de 7 de marzo de 1997, tiene como
objetivo la puesta en marcha de la estrategia por el empleo tal como se
acordó en el reciente Consejo europeo de Luxemburgo sobre el empleo, el
cual aconsejaba abordar cuanto antes las propuestas que contempla el IV
Programa de Igualdad Europeo en relación con las mujeres españolas en el
ámbito laboral.
El nuevo plan para el empleo que se está diseñando tendrá que llevar un
apartado específico que afectará a las mujeres de una manera muy
importante, y se derivará no sólo de las disposiciones específicas para
ellas contenidas en el cuarto pilar, sino también de su peso específico
dentro de los colectivos que han de ser objeto de las políticas activas
de empleo que constituyen el primer pilar y que, como SS. SS. saben,
comprenden a jóvenes, parados de larga duración y parados mayores de 45
años; por desgracia, a las mujeres les afecta de alguna manera alguno de
estos apartados.
Sabemos también que entre los demandantes de empleo no ocupados que
figuran en los registros del Inem el 55 por ciento son mujeres, pero su
peso relativo es mayor entre los que alcanzan o corren el riesgo de
alcanzar el paro de larga duración. En enero hubo 1.144.328 mujeres
paradas, pero también hay que resaltar que fueron 46.000 menos que el año
anterior. Respecto a la contratación, hubo contratos indefinidos y
temporales, pero también es mayor la diferencia respecto al año anterior
en el caso de los indefinidos, ya que ha habido un incremento de un 78
por ciento. También me gustaría citar, si me lo permiten SS. SS., que los
contratos indefinidos acogidos a la nueva reforma laboral suman un total
de 42.440.
¿Puede todo esto autocomplacernos? No, porque desde el Grupo
Parlamentario Popular somos conscientes de que, aun con estas cifras que
les he querido dar, existe todavía desgraciadamente en España un 29,5 por
ciento de paro femenino. Eso nos preocupa, y mucho, al Grupo
Parlamentario Popular; tanto, que lo demostramos trayendo aquí esta
proposición no de ley.
Pese a la igualdad de derechos y a la aplicación de determinadas medidas,
tenemos que reconocer que la situación laboral de las mujeres españolas
no han sufrido cambios significativos y persisten las diferencias entre
la tasa de ocupación masculina y femenina.
Entrando de lleno en el análisis de los tres puntos del petitum de la
proposición no de ley objeto de este debate, creo que todos los grupos
deberíamos, de manera unánime, instar el Gobierno para que defina y
concrete las condiciones necesarias destinadas a promover la mayor
presencia de mujeres en los órganos de decisión de los interlocutores
sociales. Aquí parece obligado abrir un paréntesis para trasladar la
felicitación de mi grupo parlamentario a la Unión General de
Trabajadores, que en su reciente congreso, al renovar sus órganos
directivos, ha elegido a tres mujeres para que formen parte de ellos,
cuestión que porcentualmente significa un 25 por ciento de participación
femenina. Si bien es cierto que esto es un avance del que todos tenemos
que congratularnos, no es menos cierto que todavía queda un trecho hasta
que la participación sea equitativa e igualitaria.
Es una necesidad urgente la presencia de mujeres en los órganos de
decisión para participar en la discusión y negociación de los temas que
les afectan y les atañen, sobre todo en el más significativo, como es la
fijación de salarios mediante convenio colectivo para erradicar las
discriminaciones laborales que, de hecho, sufren las mujeres. Es urgente
y necesario que las mujeres tengan presencia en los órganos de decisión
para que sean la voz directamente implicada que resuelva estas
discriminaciones salariales que se producen en la práctica cuando se
realizan trabajos de igual valor, desempeñando las mismas tareas a la
perfección y asumiendo iguales responsabilidades que los hombres, aunque
éstas no se trasladen a los órganos de funcionamiento de tantas y tantas
empresas, organismos y un largo etcétera que es preciso erradicar.
Más allá de la plataforma de acción de Pekín y del IV Programa de acción
comunitario, tenemos unos compromisos que nos obligan, a partir de las
conclusiones de la presidencia del Consejo europeo de empleo de
Luxemburgo, de los días 20 y 21 de noviembre, que deben trasladarse con
medidas muy concretas a la próxima cumbre sobre el empleo de Cardiff de
junio de este año 1998. Por eso, entre las conclusiones del Consejo, es
obligado traer a este debate el cuarto pilar que consiste, como saben SS.
SS., en reforzar la política de igualdad de oportunidades. Pero ¿cómo
podemos hacerlo? A través de vías prioritarias y bastante concretas; y
permítanme que les lea textualmente el punto 75 de estas conclusiones del
Consejo de Luxemburgo: Los estados miembros se esforzarán por reducir la
desigualdad entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres, para lo
cual apoyarán activamente el aumento de empleo de las mujeres y
combatirán la infrarrepresentación de la mujer en ciertos sectores de
actividad y profesiones, y sucesiva representación en otras. En este
punto a nuestro país hay que reconocer que le queda mucho camino por
recorrer, y por eso reclamo que aunemos fuerzas para salir de esta
situación entre todos y todas.
El Gobierno del Partido Popular, a través del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, como saben SS. SS., ha dado pasos importantes en pro de
una estrategia coordinada para el empleo, para que exista un paralelismo
entre
la convergencia económica y la política de empleo; entre ellos cabe
destacar la bonificación de un 60 por ciento de las cuotas empresariales
a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante dos años, para
incentivar la contratación de mujeres en sectores de actividad en los que
éstas están subrepresentadas. Tendríamos que pedir a los interlocutores
sociales que se esforzaran, pero con plena libertad, en estimular a las
mujeres a una mayor participación en las organizaciones sindicales y
empresariales. Entre las propuestas cabe destacar las que se refieren al
desarrollo de todo el potencial femenino y al impulso de la participación
de las mujeres en todos los niveles de la vida pública y económica, para
lo cual se requieren actuaciones en diversos frentes, entre los que
destacaríamos la búsqueda de un mayor equilibrio entre hombres y mujeres
en el proceso de toma de decisiones; en segundo lugar, la eliminación de
la segregación en el mercado de trabajo y mejor acceso a las
posibilidades de formación; y, en tercer lugar, la implantación de
medidas para armonizar la vida familiar y profesional; y, permítame que
le señale, señor presidente, que al redactar esta proposición no de ley
recogí sus sabias matizaciones respecto a poner armonización --como usted
me había corregido en una sesión-- pero tengo que decir que en el punto
76 de la cumbre sobre el empleo de Luxemburgo textualmente se indica:
conciliar vida laboral con familiar. Esto se pide a los estados miembros
para que se esfuercen en incrementar las actuaciones ahí donde las
necesidades no estén satisfechas, así como la posibilidad de acceso a
servicios de guardería y asistencias.
Por tanto, pedimos la colaboración de todos y la participación de todas
las administraciones, especialmente de aquellas comunidades autónomas que
han asumido las competencias en servicios sociales y familia, para que
creen las condiciones necesarias de manera que el cuarto pilar sustente
en los hechos una estrategia coordinada de empleo y, en políticas de
igualdad de oportunidades, podamos situarnos entre los países de cabeza
de la Unión Europea.
Viendo las enmiendas del Partido Socialista tendría que decir que es
fácil venir a esta Cámara y criticar las medidas de un Gobierno estando
en la oposición, lo complicado --bajo mi punto de vista-- es, desde el
grupo que sustenta al Gobierno, en este caso el Grupo Popular, tener
ideas originales, comprometidas, positivas, en favor de colectivos como
el de las mujeres, que no han estado lo suficientemente protegidas. El
Grupo Popular manifiesta su orgullo de que un Gobierno que preside José
María Aznar esté dispuesto a que desde su grupo parlamentario se inste al
Gobierno para poner en marcha medidas que favorezcan, e incluso hagan
realidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que,
logrando esta igualdad de oportunidades, fomenten su incorporación al
mercado laboral en igualdad de condiciones.
El objetivo de esta iniciativa parlamentaria es la promoción de las
condiciones idóneas para que las mujeres trabajen y convivan en igualdad.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley en la
que se pide definir medidas y acciones destinadas a promover la presencia
de mujeres en los órganos de decisión de los interlocutores sociales, así
como su participación en el proceso de fijación de salarios mediante
convenio colectivo. En segundo lugar, elaborar, en el plazo más breve
posible, el código de prácticas correctas en relación con la aplicación
de la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor, con el fin
de eliminar la discriminación salarial, directa e indirecta, entre
hombres y mujeres. Y, en tercer lugar, negociar con los interlocutores
sociales una propuesta marco sobre la armonización del mercado de trabajo
con la vida profesional y familiar, con el objetivo de introducir modelos
nuevos y flexibles que fomenten en la práctica la igualdad de
oportunidades y el acceso de las mujeres al mercado laboral.
Por todo ello, espero el apoyo de todos los grupos, ya que esta
proposición no de ley está redactada en positivo y con un sentimiento
profundamente social. En cualquier caso, señorías, quienes ganarán con el
apoyo del resto de las fuerzas políticas serán las mujeres que, en gran
medida, son protagonistas de la historia de nuestro país, que es España.
Respecto a las enmiendas del Partido Socialista para clarificar el tema,
les diré que los puntos segundo y tercero se pueden asumir porque,
efectivamente, en el tercero se recoge puntualmente el punto 77 de la
cumbre de Luxemburgo, pero me parece que en aras a la libertad --como
bien dicen aquí-- de patronal y sindicatos creo que es mejor recomendar,
impulsar, pero no cuantificar medidas y acciones, por lo que el Partido
Popular rechazaría el primer punto.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Alvarez Gayol.
La señora ALVAREZ GAYOL: En primer lugar, quiero plantear que en el
segundo punto no se ha transcrito --y no sé cómo afecta al reglamento--
lo que se quería decir por parte del Grupo Socialista. Hay un error, ya
que dice: «en el marco del próximo plan de acción para el empleo incluir
códigos prácticos» y realmente es «incluir el código práctico sobre la
aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un
trabajo de igual valor de la Comisión de las comunidades europeas.
Bruselas, 17 de julio de 1996». Ese es el título exacto y hay una
transcripción errónea sobre códigos prácticos y sobre la realización de
un mismo trabajo de la Comisión; eso está mal. Supongo que se podrá
aceptar porque ése era exactamente el sentido que se le quería dar.
Entrando en materia, cuando ha empezado a hablar la señora Pardo para
presentar su proposición no de ley yo he tenido la impresión de que
estaba hablando de otra distinta, una proposición no de ley que trata
sobre el paro de las mujeres. Y yo creo realmente que esta proposición
tiene tres temas fundamentales, agradeciendo indudablemente que asuma los
puntos segundo y tercero, porque son clavados literalmente a lo que marca
la Comunidad Europea en estos temas.
El contenido de la proposición no de ley del Grupo Popular es exactamente
el mismo que el de la intervención
que ha realizado la señora Pardo; es decir, se trata de insinuación y
propaganda pero nada concreto. Y la realidad es que ya no estamos bajo el
Tratado de Roma, donde se marcaba el tema de igual salario por igual
trabajo, ni tan siquiera estamos bajo el Tratado de Maastricht, sino que
estamos bajo el de Amsterdam y las cosas han cambiado bastante en este
tiempo, han cambiado con lo de Luxemburgo y con lo de Bruselas, y todo
esto, en el caso de Bruselas --me refiero al código-- cuando gobernaba ya
el Partido Popular.
Ustedes, cuando eran oposición --se acordará la señora Pardo, ya que
estaba también en esta Comisión--, nos venían planteando, por ejemplo
sobre el tema del memorándum, que era anterior, grandes cosas que después
no se concretan en nada en la proposición no de ley. ¿Qué marco ha
cambiado? Ha cambiado el marco de que, según la Comunidad Europea, hay
que establecer directrices y objetivos y que los objetivos hay que
ponerlos en planes de acción nacionales, de empleo y de otro tipo, que
hay que cuantificarlos, hay que marcar plazos y hay que rendir cuentas.
Yo estoy encantada con que asuman los puntos segundo y tercero y, sobre
todo, con lo de rendir cuentas, porque me parece importante.
Ahora bien, la señora Pardo ha felicitado a UGT, y yo también quiero
felicitarla, porque creo que es un avance; sin embargo, no hemos dicho
nada del congreso de la CEOE, donde, de 100 miembros, la CEOE, con
800.000 mujeres, bien autoempleadoras o bien autónomas que emplean gente,
resulta que ha conseguido dos, esto es, el 2 por ciento. Eso sí que es un
avance.
Lo que yo planteo en concreto a las mujeres del Partido Popular, que son
las que están gobernando --me refiero a que están dentro del Gobierno--,
es que hagan lo mismo que hicimos nosotras cuando gobernamos. Nosotras
hicimos que demandas y luchas de las mujeres durante muchos años se
fueran concretando bien a través de Carlota Bustelo, de Matilde
Fernández, o de Pepa Pardo. Así pues, que las concreten ustedes y que no
nos vengan con una de propaganda permanente, porque es muy doloroso el
paro, pero tratemos en concreto (no en ésta, que no lo hemos hecho, y los
tres puntos los ha dicho usted perfectamente) del tema de poder decidir
las mujeres, de las retribuciones iguales y de conciliar la vida
profesional y familiar en estos asuntos. Ustedes tendrán que hacer alguna
vez algo y que se vea, porque no puede ser solamente el que metan cuatro
ministras y no sé cuántas alcaldesas y que ya esté todo arreglado para
que después no haya nada de política concreta de las mujeres que podamos
disfrutar. Tienen ustedes que avanzar, porque para eso gobiernan, y no
vale remitirse al pasado, a lo que ustedes no han hecho, etcétera. Dos
años de gobierno dan para gobernar, para concretar y no para hacer
propaganda y traernos permanentemente proposiciones no de ley que no
sirven para nada y no solamente es que no sirvan, sino que se retrocede
con arreglo a la realidad. Yo creo que sería bueno que cambiáramos de
táctica, que dejáramos la propaganda y que nos trajeran cosas concretas
para que realmente viéramos que ustedes están haciendo algo y, si no, no
hagan estas proposiciones no de ley, no las hagan, aguántense un poquito
y no sigan ustedes en la oposición, no sigan con la propaganda pura y
dura y digan que quieren avanzar y que concretaremos algo.
Yo estoy de acuerdo en que lo de cuantificar medidas y acciones no
significa decir que tiene que ser solamente tal porcentaje. Ahora bien,
tendremos que dar un toque a la CEOE, a la vez que felicitamos a la UGT,
y tendremos que decirle a la CEOE que ya está bien, y las mujeres del
Partido Popular juegan un papel en esto, puesto que muchas de ellas son
empresarias --también el PSOE las tiene, pero son muchísimas menos--. Lo
que quiero decir es que ustedes tendrán que dar alguna batallita y no
venir, como siempre, a felicitar a los que damos el callo y a los que
trabajamos y conseguimos cosas y arrogarse y seguir chupando del bote,
porque eso no puede ser.
Como creo que es importante, agradezco profundamente los dos puntos que
asume, ya que no asumirlos sería realmente un error, y sobre el otro, en
concreto, yo creo que podemos negociar una transacción. Ahora bien,
tienen que hacer algo para que podamos entrar a decidir y, si no lo
quieren hacer ahora, reconózcanlo, así como que no quieren dar el callo.
Termino recabando, como es lógico, el apoyo de los otros grupos buscando
las fórmulas que queramos, con flexibilidad, pero de forma que no sea una
de autopropaganda del Partido Popular, sino que sea realmente un
beneficio para todas las mujeres.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: En nombre de mi grupo parlamentario, y además, si
me permite la Presidencia, como diputada, quisiera felicitar con plena
satisfacción a la portavoz del Partido Popular y a la del partido
Socialista y decirles que mi grupo se congratula de verdad de que tanto
el Gobierno anterior como el actual sigan tan preocupados por la igualdad
de oportunidades de la mujer. No tengo ningún reparo en felicitar los
esfuerzos, las voluntades y las políticas que el Gobierno anterior y el
actual sin duda impulsaron, consiguiendo a veces implantarlas con éxito y
otras a precario o de manera, digamos, por debajo de las expectativas que
hubieran sido razonables, pero no dudamos de que en este Gobierno y en el
anterior ha existido voluntad de ir solucionando un problema que sigue
siendo el problema de la mujer.
En este sentido, yo quisiera reconducir la conversación que ha habido
hasta ahora, tanto la apología de la preocupación del Gobierno que ha
hecho la portavoz del Partido Popular como la crítica acérrima que ha
hecho la portavoz del Partido Socialista. Sinceramente, pienso que por
estos berenjenales no vamos a avanzar mucho y que, si seguimos así,
probablemente las diputadas que sustituyan a las que ahora estamos en
esta Cámara seguirán discutiendo de los mismos temas y seguiremos
poniéndonos medallas y reivindicando floreros de cosas en las que, por
mucho que se hable, no hemos avanzado ni pizca en buscar soluciones.
Sería bueno que, al margen de que cada uno se apadrine de lo que piensa
que se ha hecho bien, que esto es legítimo, nos dominara la sensatez y
fuéramos capaces de consensuar, primero, qué debe hacerse y, segundo,
cómo debe hacerse; porque, claro, puestos a ponernos medallas, puedo
salir yo y decir que mi Gobierno en Cataluña y que el Institut Català de
la Dona se han preocupado muchísimo por la promoción y la igualdad de
oportunidades de la mujer; pero después de decir esto y de afirmarlo con
cierto orgullo probablemente estaremos en el mismo sitio.
Dicho esto, quisiera dejar claro que en este momento todas las mujeres,
todos los ciudadanos de este país, todos los representantes políticos me
parece que somos conscientes de que, donde aún hay desigualdad, la mujer
la sufre más, donde hay precariedad laboral, la mujer la sufre más, y
donde hay discriminación, la mujer la sufre más. Pero esto no obsta para
reconocer el gran camino que se ha recorrido, lo que se ha avanzado y
admitir también la mayor sensibilidad por parte de la sociedad en general
y de los que tienen responsabilidades políticas para solucionar la
problemática de la mujer. Ahora bien, no nos engañemos, en los órganos de
decisión tanto de partidos políticos como de sindicatos como de entidades
de fomento del trabajo, aún están representados mayoritariamente los
hombres y todavía las decisiones que se toman se hacen bajo el punto de
vista muchas veces masculino. Se ha avanzado, pero estamos lejos aún de
la paridad. Aunque esta proposición no de ley del grupo proponente no
deja de ser una recopilación --por decirlo de alguna manera y no lo digo
ni mucho menos en sentido negativo, al contrario, muy positivo-- de las
directrices que emanan del Consejo de Europa y estando de acuerdo mi
grupo parlamentario en los tres puntos que aquí se definen, pienso que el
paso verdaderamente importante no debe ser simplemente el dar apoyo a
estas directrices, sino la capacidad que tengamos y que tenga el
Gobierno, en este caso, de concretarlas y de plasmarlas en acciones muy
concretas.
Hoy en día la mujer sigue discriminada en el ámbito laboral. Los trabajos
que realiza, a pesar de que la ley le reconozca igualdad de derechos y de
oportunidades, siguen considerándose muchas veces de segunda categoría, y
esto incluye los trabajos profesionales de alto nivel. Si hablamos de un
tema donde el trabajo está feminizado, como puede ser la educación, nos
tiene que hacer reflexionar que, por ejemplo, en la enseñanza primaria o
infantil haya un alto porcentaje de mujeres profesoras o maestras, y sin
embargo, al hablar de estudios superiores, comprobemos que la
representatividad de la mujer no llega al 30 por ciento, cuando en
educación de primaria la representación de la mujer en el profesorado
supera el 90 por ciento. Esto, entre otras cosas, significa que no hay un
criterio unánime ni asumido por la sociedad de que educar a los niños es
un problema de hombres y de mujeres, no sólo de mujeres. Este hecho se
observa en la enseñanza.
Cuando estamos hablando de compatibilizar o de armonizar --me da igual la
expresión-- la vida de trabajo con la familiar, es un decreto de
intenciones que todos seguramente compartimos, pero luego hay que
materializarlo con políticas concretas. Hay que favorecer que los hombres
también se responsabilicen de criar a los hijos y de hacer trabajos que
tradicionalmente en la familia o en el ámbito de pareja realizan las
mujeres. Esto es así y no lo vamos a solucionar reivindicando quién ha
hecho más para la mujer. Seamos conscientes de cuáles son los problemas,
trabajemos con políticas concretas, promovamos medidas que tienen que
arbitrarse dentro --pienso yo-- de un ámbito de consenso, y probablemente
de esta manera conseguiremos que dentro de unos años el plan de igualdad
de la mujer, la paridad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad
esté por encima de lo que está ahora.
No obstante, con el ánimo positivo de no hacer trifulca de una
proposición no de ley que no tiene por qué ser polémica, nuestro grupo va
apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, ¿quiere intervenir para que no sea
sólo un problema de mujeres. (Risas.)
El señor VAQUERO DEL POZO: Creo que esta ocasión que nos brinda la
proposición no de ley de encomiar desde distintos puntos de vista la
necesidad de que haya una igualdad efectiva en el empleo para la mujer y
para el hombre es siempre necesario asumirla y retomarla. Se aportan en
la enmienda que plantea el Grupo Socialista elementos que convendría
tener en cuenta, pero la proposición no de ley es, en sí misma, asumible
porque introduce esa problemática y pretende darle respuesta; una
respuesta que quizá sea siempre insuficiente, pero que, en la medida en
que se impulsa desde la representación popular que significa el Congreso
de los Diputados, puede servir para la acción gubernamental, y de eso se
trata.
En cualquier caso, a nosotros nos gustaría que hubiera un entendimiento
para que este tema fuera consensuado por todos los grupos de esta Cámara,
porque sin duda alguna el consenso va a contribuir más a que las medidas
que es necesario adoptar se pongan en práctica en el futuro.
El señor PRESIDENTE: El grupo proponente, el Grupo Popular, según pude
comprender de su intervención acepta los apartados 2 y 3 de la enmienda
del Grupo Socialista. ¿Es así?
La señora PARDO RAGA: Sí, señor presidente. Aceptamos como adición los
apartados 2 y 3.
Pero quisiera recordarle a la señora Alvarez, si usted me lo permite, que
creo que ha estado demasiado crispada en su exposición, lo cual no es
bueno para el colectivo de mujeres que todos los diputados y diputadas,
no sólo las diputadas, debemos defender; ha estado demasiado crispada,
repito, no ha tenido ocasión de escucharme. Es verdad que yo he hecho
alabanza de mi Gobierno, puesto que no es habitual que el propio Gobierno
acepte que el grupo parlamentario que lo sustenta presente iniciativas
para forzarle a cumplir la cumbre de Luxemburgo, pero también vea --y
supongo que lo hará cuando tenga tiempo y lea el «Diario de Sesiones»--
que hay medidas concretas como las que he citado, y es la bonificación de
un 60 por ciento
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes durante dos años para incentivar la contratación de mujeres en
sectores de actividad en los que están subrepresentadas, y eso es algo
que creo que la señora Alvarez no ha vuelto a escuchar.
La señora Alvarez me ha recordado muy bien una Comisión en la que
efectivamente estábamos las dos, el 27 de septiembre del año 1995; allí
yo presenté una proposición no de ley en la que en uno de sus puntos
decía: Aconsejar la presencia de mujeres en los órganos de decisión. Y la
representante del Grupo Socialista en aquellos momentos me rechazó el
punto porque decía que la solicitud de incluir mujeres en los órganos de
decisión atenta a la libertad sindical, y eso es algo que no se puede
aceptar desde el Grupo Parlamentario Socialista. Ese punto fue rechazado,
y parece mentira que la señora Alvarez, que también estaba en esta
Comisión, haya caído en esa trampa, ya el «Diario de Sesiones» consta
para todos. Yo mantengo la postura y creo que, como ha resaltado la
compareciente de CIU, debemos estar aunados en bien de las mujeres.
Es verdad, y lo he dicho al principio de mi exposición, que aunque se
haya avanzado en la contratación de mujeres, el Gobierno y el Grupo
Popular no está satisfecho y por eso trae aquí esta proposición no de
ley, lo cual no quiere decir que nadie nos pongamos las medallas. Creo
que debe haber un consenso y no crispaciones; por eso, en aras del
consenso le admito los dos puntos de su enmienda, porque en realidad las
que ganan o pierden en estos debates nuestros son las mujeres, y todos y
todas debemos trabajar por y para ellas.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que es sustitución, no adición, como ha
dicho S. S. del párrafo segundo y tercero conforme a la redacción de la
enmienda socialista, a su vez corregida en una expresión incorrecta según
expresó su portavoz.
Concluye así el debate de la proposición no de ley.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTUDIAR LAS MEDIDAS A ADOPTAR QUE
FACILITEN EL ACCESO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS AL EMPLEO PUBLICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 161/000821).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a estudiar las
medidas a adoptar que faciliten el acceso de las personas discapacitadas
al empleo público, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa, tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Señorías, tomo la palabra en esta Comisión
para presentar y someter a consideración de la misma una proposición no
de ley que presentamos en la Cámara en el mes de enero de 1998 que, como
el presidente ha leído, pretende que el Gobierno estudie y adopte medidas
que favorezcan el acceso de personas discapacitadas al empleo público.
No es la primera vez que mi grupo trata esta cuestión, y fui yo
precisamente el que hace unos meses formuló en esta Comisión a la
secretaria de Asuntos Sociales dos preguntas sobre este asunto, porque
ocupa un lugar importante entre nuestras preocupaciones. En aquel momento
tuvimos ocasión de comprobar cómo la secretaria general de Asuntos
Sociales compartía nuestros análisis y era sensible al tema,
comprometiéndose a hacer todo lo posible, desde el ámbito de sus
responsabilidades, por conseguir una solución a este problema, que ya
tiene demasiados años de vigencia en nuestra sociedad.
La iniciativa presentada por mi grupo hoy trae causa del importante
índice de desempleo que afecta al grupo de minusválidos físicos y
sensoriales, en donde, según algunas fuentes que han aparecido recogidas
en medios de comunicación, la media de discapacitados en paro supera tres
veces y media a la nacional, que ya es muy importante, la más alta de los
países de nuestro entorno europeo, lo que significa que aproximadamente
tres de cada cuatro minusválidos se encuentran en situación de desempleo.
Estoy seguro de que los demás grupos parlamentarios conocen, exactamente
igual que todos nosotros, que el ordenamiento jurídico español contempla
este problema y aporta determinadas cautelas o determinados mandatos para
intentar atajarlo. Así, por ejemplo, la Constitución española, que
establece en su artículo 35 el derecho y el deber de trabajar de todos
los ciudadanos, reconoce en su artículo 49 que los poderes públicos deben
adoptar aquellas medidas que garanticen para el colectivo de disminuidos
físicos, psíquicos o sensoriales los mismos derechos que al resto de los
ciudadanos, es decir, también este colectivo tiene derecho a un puesto
retribuido. Posteriormente, en 1982, la Ley de Integración Social del
Minusválido, en su artículo 38, establecía, además de las condiciones de
igualdad en el acceso, que en las empresas públicas y privadas con más de
cincuenta personas en plantilla se debería reservar al menos un 2 por
ciento de la misma para que fuera ocupada por personas discapacitadas.
Más tarde, en 1988 --se sigue dando pasos en la misma dirección--, la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en su disposición
adicional decimonovena, establece que en las ofertas de empleo público el
3 por ciento debe reservarse a personas con minusvalías, de tal forma que
en el transcurso de unos determinados años se pueda llegar a alcanzar el
2 por ciento total de efectivos ocupados por personas de estas
características.
Además de intentar con esta iniciativa el cumplimiento de la legislación
vigente e inspirados en la necesidad de ser absolutamente justos y
rigurosos con el respeto a los derechos de este colectivo, creemos que es
imprescindible, sin embargo, atajar el problema por dos razones, de las
que quiero que quede constancia en el «Diario de Sesiones», y hacer
partícipe de mi reflexión al resto de los miembros de la Comisión.
Nosotros entendemos que la incorporación al mundo de trabajo de este
grupo de personas significa para ellos una plena realización personal y
contribuye de forma
muy notable a su autoestima. También entendemos que la incorporación a un
puesto de trabajo retribuido en muchas ocasiones significa despejar una
incógnita muy preocupante para las familias y el entorno más próximo a
las personas afectadas por una minusvalía, que es la inseguridad
económica en el momento en que faltan los cabezas de familia.
Nosotros creemos que las reflexiones que he hecho anteriormente pueden
ser compartidas por todos, estoy seguro de que el objetivo también lo es,
y espero contar con la sensibilidad de la Comisión, así como cuento con
la sensibilidad del Gobierno.
Todos los mandatos de carácter legal, como las razones que antes he
invocado, que son reflexiones personales y asumidas por mi grupo
parlamentario, sin embargo contrastan negativamente con la realidad.
Según algunos datos facilitados a mi grupo parlamentario por asociaciones
de discapacitados, de la oferta de empleo público en 1995, de un total de
2.411, se cubrieron con disminuidos exclusivamente 11 plazas, es decir,
el 0,45 por ciento, muy lejos del objetivo marcado por la legalidad.
Como decía antes, el Gobierno, a través de distintas iniciativas
presentadas por mi grupo en estos dos años de mandato, ha demostrado
sensibilidad de sobra por este problema, sensibilidad que nosotros
pretendemos que se concrete en la culminación de determinados objetivos
que en conjunto mejoren las condiciones de integración del colectivo, que
hasta este momento no tiene un grado de integración satisfactorio, ni
para ellos ni para el resto de la sociedad. El ministro de Trabajo, desde
su departamento, ha puesto en marcha un plan de formación y de promoción
del empleo entre grupos de discapacitados, y en el ámbito de sus
competencias ha impulsado acuerdos con las comunidades autónomas para
favorecer la adquisición de aparatos de telefonía, de comunicación
interpersonal para acceso de sordos, ofreciendo unas líneas de
financiación especial, y ha fomentado la instalación de teléfonos para
este colectivo.
La ministra de Educación y Cultura, en respuesta a una pregunta oral
formulada por mí en el Pleno, hacía públicos y daba detalles sobre
acuerdos firmados con la ONCE y con otras organizaciones de disminuidos
para ofrecer profesores de apoyo, de tal forma que el rendimiento en las
distintas fases de formación sea el adecuado para que la gratuidad y el
derecho a la enseñanza fuera realmente un derecho completamente
garantizado, y también me es grato señalar que en la propia Comisión de
Control de Radiotelevisión en muchas ocasiones hemos debatido
proposiciones no de ley relacionadas con el aumento de horas de emisión
subtituladas para el colectivo de los sordos, que era una vieja
reivindicación del colectivo, y el director general ha tomado medidas
para aumentar los medios materiales y humanos, haciendo posible un
incremento muy sustancial, en torno al 200 por ciento, de las horas de
emisión subtitulada para este colectivo, que tiene como uno de los
inconvenientes fundamentales para su integración las barreras de
comunicación.
Yo creo que, si la iniciativa prospera, y espero que así sea, el Gobierno
puede perfectamente poner en marcha un conjunto de medidas, como podían
ser facilitar la promoción interna de los minusválidos que hoy ocupan un
puesto en el sector público e impulsar procesos de formación, pues parece
que la formación es un punto fundamental para lograr la adecuada
capacitación de este colectivo y ponerles en mayores condiciones de
igualdad para poder acceder al empleo.
Parece también necesario tomar medidas tendentes a informar a las
unidades administrativas que en su momento podrían contratar a personas
disminuidas de la importancia que para el colectivo, para la sociedad y
para el cumplimiento de la legalidad vigente tiene la contratación de
personas con estas características. Entendemos que es importante informar
el colectivo de las medidas anteriormente señaladas a los efectos de que
conozcan cuáles son sus derechos y las oportunidades de acceder a un
empleo.
La iniciativa en cuestión ataja un problema pendiente en esta sociedad
desde hace muchos años. Hemos podido demostrar la sensibilidad del
Gobierno y espero contar con el apoyo de la Comisión y de esta forma dar
un paso todos juntos hacia la consecución de la integración social del
minusválido a través de su incorporación al mercado de trabajo, que creo
que es un requisito fundamental.
He visto con detalle y he valorado las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, y en base a
ellas, en base a mi intervención y al texto que ha presentado el Grupo
Popular en la Cámara, ofrezco una transaccional que pasaré a la Mesa y
que ya he negociado con los otros grupos.
El señor PRESIDENTE: Hay presentadas dos enmiendas, una del Grupo
Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para la defensa de la primera tiene la palabra doña Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quería decir que
bienvenidas sean todas las iniciativas que intenten mejorar las
condiciones de accesibilidad al empleo de los discapacitados, pero hay un
tema importante, y es que a mí me parece que al Gobierno no se le mide
sólo por la sensibilidad que presente hacia los problemas, sino por las
acciones, por los programas, por todas las actuaciones que acomete. Ya
digo que para nosotros la sensibilidad está muy bien, pero cuando se lee
el texto de la proposición no de ley presentada por el grupo que sustenta
al Gobierno le entran a uno muchas dudas sobre qué se quiere hacer.
En concreto, el texto decía: ... estudie las posibles medidas a adoptar.
Un Gobierno tiene que tener ya medidas, y me estoy refiriendo
específicamente al acuerdo que se firmó para el plan de inserción laboral
de los discapacitados con el Cermi y el Gobierno en el año 1997 y que
recoge una serie de medidas que son importantes. En este mismo texto se
decía, en el punto de la formación, que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales debería trasladar a las organizaciones empresariales y
sindicales, en el plazo de tres meses, una propuesta para estudiar cuáles
eran los perfiles de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados
por discapacitados. Esto se firmó en octubre y estamos
en marzo, con lo cual medidas hay, y muchas todavía por hacer.
En la intervención que le he escuchado detenidamente y con atención al
señor De Luis tengo que decir que todo lo que nos ha relatado son medidas
que están puestas en marcha por el Gobierno socialista. Bienvenido fuera
que alguna de estas actuaciones tuviese un carácter de mayor rigor, yo
diría que más innovador y algo que nos pueda permitir poner en marcha
nuevas condiciones.
Mi grupo parlamentario ha presentado la enmienda porque creemos que el
texto, como digo --estudiar posibles medidas--, es no decir nada, es
hacer un canto al sol, y por otra parte, en la situación actual, después
de que desde el año 1982 tenemos la Lismi y desde el año 1984 la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, que obligaba a la reserva
de un porcentaje de empleo de discapacitados en el sector público,
creemos que es muy importante, y no se ha aceptado en la transaccional,
conseguir conocer cuál es el porcentaje real de discapacitados que están
hoy en día prestando sus servicios en la Administración. No digo que vaya
a incrementarse este número con la incorporación del señor
Alvarez-Cascos, vicepresidente primero del Gobierno, por su situación
actual, sino que realmente se estudie cuál es el personal que tiene toda
la Función Pública y cuáles de ellos tienen una determinada discapacidad.
Nosotros vamos a aceptar la enmienda transaccional que ha presentado el
grupo proponente de esta iniciativa y también avanzamos ya que
presentaremos una nueva iniciativa parlamentaria para que el estudio real
del porcentaje que está ocupando hoy el empleo de discapacitados, dentro
de la Función Pública, sea conocido y nos permita tomar medidas y llevar
a cabo acciones que favorezcan la incorporación de las personas con
discapacidad al sector público.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, Izquierda Unida ha presentado una
enmienda que pretende dar un desarrollo más adecuado a lo que era la
proposición no de ley, puesto que ésta dejaba las cosas muy en el aire.
Obviamente, el instar al Gobierno a que adopte medidas, las posibles
medidas, etcétera, sin duda alguna era una proposición no de ley que
invitaba a completar su desarrollo, porque, si no, podía pasar por esta
Cámara una buena intención, pero suponía dejar al Gobierno el trabajo que
nos corresponde hacer a nosotros. En este sentido, para plantear
directrices de la acción gubernamental desde el Legislativo, nosotros
exponíamos cuatro puntos que consideramos fundamentales y que constituyen
el contenido de nuestra enmienda.
En primer lugar, pretendemos que se realice un catálogo que reseñe las
principales características y requisitos de los puestos de trabajo,
dentro de las administraciones públicas, a fin de facilitar la labor
formativa y de definir los cupos de reserva según los campos
profesionales en los que existen mayores y mejores posibilidades de
adaptación. Sin un conocimiento de la realidad de los distintos puestos
de trabajo de las administraciones públicas, no va a ser posible adecuar
el empleo de los discapacitados y, por tanto, va a ser un canto al sol,
pura demagogia todo lo que se diga de las buenas voluntades de impulsar
el empleo público para los discapacitados.
En segundo lugar, creemos que es necesario controlar el efectivo
cumplimiento de la normativa de cupos vigente en la Administración
pública, que se cumpla la cuota del 3 por ciento, actualmente de reserva,
de puestos en las administraciones públicas para los discapacitados. Es
una vergüenza que se tenga que impulsar el cumplimiento de la ley, pero
lo cierto y verdad es que ya ha habido en esta Cámara proposiciones no de
ley en el sentido del cumplimiento de este requisito que no han
prosperado. Por tanto, nosotros creemos que insistir en este tema es
fundamental.
En tercer lugar, planteamos que se active el cumplimiento de aquellas
medidas aprobadas a través del Plan de medidas urgentes para la promoción
de empleo de las personas con discapacidad, promovido por un acuerdo
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi, de octubre
de 1997, consideradas como medidas de formación, aunque no
exclusivamente. Finalmente, planteamos la remoción de obstáculos que
limiten, desanimen o impidan una normalización vital, tanto en las
edificaciones nuevas como en las mejoras de edificios antiguos de las
distintas administraciones. Creemos que son puntos concretos, elementos
que hay que impulsar.
Se nos ofrece una transaccional que nosotros consideramos que deja las
cosas todavía muy en el aire. Quisiéramos una mayor precisión a la hora
de orientar la acción gubernamental. Si hoy los límites de nuestra acción
parlamentaria están ahí señalados, no queremos ser nosotros los que
rompamos un consenso respecto a una directriz genérica de impulso de
determinadas líneas de trabajo del Gobierno, pero en cualquier caso
creemos que faltan muchas cosas por decir, no renunciamos a aquellos
puntos que nosotros consideramos fundamentales de nuestra enmienda. Y
tendremos que reconvertirla para el futuro en las proposiciones que
correspondan. Anunciamos que la aceptación de la transaccional que se nos
ofrece es una aceptación a regañadientes, porque nunca sobra sensibilidad
en este tema. Por tanto, nosotros vamos a aceptar esta transaccional,
repito, pero decimos y también que haremos las proposiciones que
correspondan para seguir impulsando aquellos puntos que hoy se quedan en
el tintero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: El trabajo es un factor de integración para
cualquier persona adulta, y por consiguiente también para las personas
con discapacidad. De aquí la necesidad de elevar el nivel de ocupación
del colectivo de discapacitados para facilitar su integración social. Hoy
ya nadie discute el derecho de toda persona a un trabajo digno, y las
personas con discapacidad no son una
excepción. Pero el problema lo tenemos cuando se plantea pasar de la
teoría a la práctica, de los principios a la realidad.
El elevado nivel de paro --tres veces y media más que el resto de la
población activa-- debe hacernos reflexionar y evaluar si estamos
haciendo todo lo posible para paliar, en lo máximo, el alto porcentaje de
desempleo que padece este colectivo. El pasado l7 de abril de 1997, en
esta Comisión, también debatimos una proposición no de ley referente a la
integración laboral de personas con discapacidad. En aquella ocasión el
debate se centró en impulsar un estudio encaminado a actualizar las
estadísticas para elaborar las actuaciones necesarias destinadas a
fomentar el empleo de personas con discapacidad.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que el
desarrollo de la capacidad de las personas con minusvalía para
desarrollar un trabajo remunerado es uno de los pilares principales del
proceso de normalización de este colectivo. Señorías, el objetivo de esta
iniciativa ha sido integrar al colectivo de discapacitados, pero no en
programas de ayuda, que en ocasiones son indispensables, sino por la vía
de la autosuficiencia necesaria para la plena integración social. La
promoción de las personas con minusvalías supone, principalmente,
aportarles los recursos necesarios para valerse con la mayor
independencia posible en la sociedad. Garantizar la posibilidad de
incorporación al empleo en el sector público de las personas con
discapacidad es simplemente una obligación, puesto que el artículo 38 de
la Ley de Integración Social de los Minusválidos, aprobada en esta Cámara
el día 7 de abril de 1982, lo especifica claramente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar esta
proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, porque compartimos
plenamente el objetivo de que se cumpla la ley de integración social en
relación con el empleo público.
Esperamos, señorías, que, como dice mi compañera Isabel López, teniendo
el corazón y el sentimiento en la utopía, usemos la eficacia para cambiar
la realidad.
El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional propuesta por el Grupo
Popular ha sido aceptada por todos los grupos.
Tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Señor presidente, chistes fáciles aparte, que
yo no voy a entrar a valorar porque el objetivo de mi grupo es no crear
polémica e intentar que todos vayamos juntos para conseguir atajar un
problema que el Gobierno actual ha heredado por falta de sensibilidad,
quizá, o por falta de recursos de gobiernos anteriores, sí quiero decir
que naturalmente el Gobierno ha adoptado medidas, como también se ha
hecho en los ámbitos de responsabilidad de la Administración pública
Quiero recordar a la portavoz del Grupo Socialista que siendo yo diputado
en la legislatura anterior tuve ocasión de formularle preguntas al
entonces director general de Radiotelevisión en relación con los
problemas para eliminar las barreras de comunicación que sufrían los
sordos para el seguimiento de las programaciones de Televisión Española
concretamente. El señor García Candau jamás hizo el más mínimo movimiento
para contribuir a la solución del problema. Siempre me invocó y consta en
el «Diario de Sesiones» problemas de carácter técnico para conseguir el
incremento de las horas de programación subtitulada, que ahora, por
cierto, es un reclamo del Grupo Socialista cuando está en la oposición.
Por otra parte, tengo que decir que estamos dando pasos en pro de la
integración de este colectivo. El acuerdo firmado por la ministra
Esperanza Aguirre con las asociaciones de ciegos y con la Confederación
Nacional de Sordos para profesores de apoyo es una prueba de ello. El
plan de formación y el plan de promoción de empleo entre el colectivo de
discapacitados también ha sido iniciativa del ministro de Trabajo, don
Javier Arenas.
Por tanto, agradezco el apoyo a la enmienda transaccional que presentamos
y animo a que los demás grupos puedan presentar, naturalmente en el
ejercicio de sus derechos y de acuerdo con el Reglamento, cuantas
iniciativas vayan en pro del objetivo que nos anima, pero la realidad es
que hoy esta Comisión trata este asunto por iniciativa del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Concluye así del debate del punto 4 del orden del
día.
--RELATIVA A LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LOS PLIEGOS QUE REGULARAN LA
EJECUCION DE LA PROXIMA CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE VACACIONES TERCERA EDAD
1998-1999, UNA OFERTA EXPERIMENTAL DE 1.000 ESTANCIAS/DIA PARA PERSONAS
MAYORES DE 80 AÑOS, DEPENDIENTES, QUE VIVAN EN SUS DOMICILIOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000852).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 5 del orden del
día, proposición no de ley relativa a la necesidad de incluir en los
pliegos que regularán la ejecución de la próxima campaña del programa de
vacaciones de tercera edad 1998-1999 una oferta experimental de 1.000
estancias/día para personas mayores de 80 años dependientes que vivan en
sus domicilios. Ha sido presentada por el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra doña Elvira Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Presentamos esta iniciativa por varias
razones. En primer lugar, porque creemos que el programa de vacaciones
para la tercera edad que se inició en el año 1985-1986, con un programa
experimental, ha dado unos resultados francamente satisfactorios y es una
de las ejecuciones de las que los socialistas nos sentimos altamente
gratificados.
Tenemos que ver y evaluar también que los objetivos iniciales provenían
de dos elementos: por un lado, facilitar
a las personas mayores el acceso al turismo, que hasta entonces no tenía
una significación ni una demanda por parte de este colectivo, y, por
otro, el mantenimiento y la creación de empleo en el sector turístico,
con un paro estacionario que generaba altas cotas de desempleo al sistema
de la Seguridad Social. Creo que aquí supimos aunar varios intereses por
parte del colectivo de las personas mayores, por parte de las
organizaciones sindicales, por parte de las empresas del sector turístico
y por parte de las empresas hoteleras, con lo cual se puede decir que el
programa, y a los hechos y resultados me remito, ha sido altamente
satisfactorio. Sin embargo, nunca debemos olvidar que este proyecto
surgió con un carácter inicialmente turístico y asistencial, porque
permitió a un colectivo muy importante de personas salir por primera vez
de sus hogares y conocer lo que era un hotel. Yo recuerdo todavía cómo en
la primera campaña llegaban a las salas del comedor personas en bata, en
zapatillas y hasta con los rulos puestos en la cabeza, y hoy en día uno
va por las zonas turísticas y realmente nuestras personas mayores
mantienen unos comportamientos absolutamente normalizados, valoran
muchísimo el programa, les ha permitido ampliar sus expectativas de vida
y les ha permitido también a mucha gente conocer el mar.
¿Cuál es el elemento clave de este proyecto? Nosotros presentamos esta
iniciativa porque somos conscientes de que ya hay organizaciones no
gubernamentales que están haciendo el programa vía subvenciones, pero a
nuestro grupo, que tiene bastante relación con todas las organizaciones
de la tercera edad --con Acote y con la Unión Democrática de
Pensionistas, que engloba a 800.000 asociados--, nos plantean siempre que
el programa está perdiendo su carácter asistencial y va por unos
derroteros más turísticos. En concreto, se han puesto en marcha circuitos
culturales, se han puesto en marcha programas para los españoles
emigrantes residentes en países europeos y el último, el de este año, que
es de carácter más novedoso, es el turismo trasnacional con Portugal, sin
embargo, el aspecto asistencial está quedando bastante relegado.
La propuesta yo diría que es tímida y que se hace con carácter
experimental. ¿Por qué? Porque no se puede comparar la capacidad que
tiene una organización no gubernamental a la hora de divulgar el
proyecto, a la hora de coordinar demandas de otras organizaciones con lo
que puede hacer la propia Función Pública, con lo que puede hacer el
programa del turismo social, que tiene sedes para venta y para
divulgación del producto y del programa que no tienen parangón con otras
instituciones de carácter privado, aunque bienvenido sea todo lo que se
haga en este sentido. Creemos que hay que perder el respeto a las
empresas turísticas que hoy en día manejan y gestionan con eficacia y con
alta calidad este proyecto y este programa y que tienen que empezar a
asumir determinadas cotas asistenciales, que son lo que hoy demanda el
colectivo de las personas mayores, no nos lo estamos inventando. El plan
gerontológico establecía que hace falta la creación de proyectos y
programas de respiro para familias que viven con personas mayores
discapacitadas o dependientes y que ésta tiene que ser una nueva línea a
incluir en el programa de vacaciones tercera edad, sin oponernos a que
estos proyectos también se ejecuten y sean complementados por actuaciones
que lleven a cabo organizaciones no gubernamentales.
Por eso, porque creemos que es un proyecto experimental, tímido en
función del volumen que se presenta y que se demanda, esperamos poder
contar con el apoyo y la colaboración de todos los grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: No hay presentada ninguna enmienda. En consecuencia,
¿grupos que quieran fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Evidentemente, casi todos coincidimos o estamos de
acuerdo en que los programas de vacaciones del Inserso posibilitaron a
muchos jubilados y jubiladas del Estado español la primera oportunidad de
su vida de tener alguna compensación por lo que había sido, en muchos
casos, una vida muy dura, muy precaria y con penosidades, como puede ser
haber conocido una guerra y haber tenido problemáticas económicas muy
grandes. Sin duda, los viajes del Inserso posibilitaron que muchos de
nuestros mayores tuviesen a su alcance un sueño que quizá no se atrevían
ni a plantear. Esto es así, fue un logro social importante por el que
pienso que todos nos felicitamos y que ojalá seamos capaces de mantenerlo
en el tiempo y de mejorarlo. No obstante, señora Cortajarena, yo pienso
que la propuesta que ustedes hacen, sin dejar de ser interesante e
incluso me atrevería a decir sin dejar de ser deseable, en este momento
quizá tendría que ponderarse sí, además de esto, es posible, porque
hablamos de personas mayores de 80 años y de personas dependientes. Casi
todos nosotros conocemos o tenemos algún familiar, algún abuelo o alguna
abuela que podría estar dentro de estos parámetros, y desgraciadamente
muchos de ellos, cuando llegan a estas edades, las necesidades de
dependencia que tienen son muy altas, tanto que quizá en algunos casos
estemos llegando demasiado tarde para que puedan realizar estos viajes,
que, repito, serían deseables y que a todos nos gustaría que se pudieran
llevar a cabo.
En este sentido, mi grupo no va a apoyar la proposición, y sé que es
difícil expresar lo que quiero decir, y es que compartimos el deseo, pero
pensamos que, antes de plasmarlo en una proposición no de ley, tenemos
que ver qué está pasando con colectivos de personas también dependientes
pero de menor edad, porque hay personas con disminuciones importantes,
que dependen de terceros, y que tienen 60 ó 65 años, en los que el
problema se agrava muchísimo porque junto a la problemática de ser mayor,
que de por sí solo ya comporta ciertas dificultades, está la de ser mayor
dependiente. Pensamos que quizá esta experiencia tiene que realizarse en
grupos más reducidos, incluso del número de 1.000 estancias que ustedes
proponen, y que sería conveniente antes estudiarlo en personas que no
alcancen los 80 años, pero que, por edad, puedan ser candidatos y
candidatas a realizar con más facilidad estos programas. No obstante,
quiero dejar bien claro que si se demuestra que estas experiencias son
positivas y que pueden
extrapolarse a personas de mayor edad, nuestro grupo estaría a favor de
la propuesta.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Martínez-Villaseñor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor presidente, señorías, me
atrevería a decir que nos encontramos con una iniciativa parlamentaria
singular. La oposición plantea, mediante una proposición no de ley, que
el Congreso inste al Gobierno un plan experimental que el Gobierno ya ha
puesto en marcha.
La postura del Grupo Popular en esta materia no puede ser más favorable
con la pretensión de que las personas mayores dependientes, y en la línea
que manifestaba la anterior interviniente, nuestra compañera de
Convergència i Unió, las que por razones de edad y discapacidad padecen
limitaciones, puedan beneficiarse de programas de vacaciones.
El Gobierno que preside el señor Aznar, el Gobierno del Partido Popular,
no ha necesitado ni muchos años ni ser requerido por la oposición para
mostrarse sensible a la conveniencia de extender a las personas mayores
dependientes el acceso a los bienes de la cultura, el ocio y el turismo.
De esta actividad se beneficiarán, en primer término, esas personas
mayores, y también, como manifestaba nuestra compañera de Convergència i
Unió, aquellas familias que tienen miembros en esas condiciones que
conviven con ellos.
Como este Gobierno tiene acreditada con hechos su atención a los mayores
es por lo que ha puesto en marcha un programa específico dirigido
precisamente a las personas mayores dependientes cuya primera
realización, con carácter experimental, se está realizando en estos
momentos en colaboración con la organización no gubernamental ANDE.
Esperamos que las actuaciones de este programa permitan extraer las
conclusiones necesarias para ajustar las pautas e indicadores de gestión
y su progresiva generalización en el menor plazo de tiempo posible.
Tras esta experiencia, estamos seguros de que el Ministerio de Trabajo,
que no necesita acreditar su vocación social, prepara actuaciones que
permitan al Gobierno poner en marcha programas eficaces al servicio de
estos mayores dependientes, y si se demorara más allá de lo deseable
--cosa que estoy seguro no se producirá-- sería el propio Grupo Popular
el que plantearía una iniciativa parlamentaria más completa que la que
debatimos, más en sintonía con las aspiraciones manifestadas por algún
otro grupo interviniente en esta Cámara, concretamente por CiU, a la luz
de las experiencias que se extraigan del programa experimental que ya
está en ejecución.
Siendo esto así, teniendo un gobierno que se ha anticipado a la
iniciativa de la oposición, creo que no sería mucho pedir que el Grupo
Socialista retirara la proposición. Ante la realidad en la que nos
encontramos, y aunque la oposición no estaría en condiciones de aceptar,
lo procedente sería proponer una felicitación al Gobierno por parte del
Congreso de los Diputados por la puesta en marcha del programa ya en
vigor, que en definitiva cumple más ampliamente el petitum de la
proposición planteada.
Por ello mi Grupo no puede sino plantear al Grupo Socialista que, si le
parece oportuno, retire la proposición. Esperemos que la experiencia
puesta en marcha con el plan experimental, que está funcionando ya en
marzo de este año, dé buenos resultados y aconseje una actuación seria y
responsable en esta materia.
--RELATIVA A LA NECESIDAD DE PROMOVER EN ESPAÑA EL COMPROMISO DE LAS
EMPRESAS CON EL MANIFIESTO EUROPEO DE LAS EMPRESAS CONTRA LA EXCLUSION.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000853).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, y
último, proposición no de ley relativa a la necesidad de promover en
España el compromiso de las empresas con el manifiesto europeo de las
empresas contra la exclusión, presentada por el Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una iniciativa encaminada a promover el compromiso de las
empresas con el manifiesto europeo de las empresas contra la exclusión.
Creo que esta iniciativa también viene avalada por la reunión que tuvimos
ayer con Foesa --algunos miembros de esta Comisión estuvimos presentes--,
en la que se nos dieron una serie de datos que me parece que argumentan
suficientemente la presentación de esta iniciativa. Es decir, si la
pobreza ha sido y es poliédrica, realmente se están dando varios efectos
importantes. En primer lugar, que la pobreza en el año 1984, que fue
cuando se realizó el primer estudio, presentaba una cara anciana, una
cara vieja. Sin embargo, en el año 1996 la pobreza presenta una cara
joven, muy joven, excesivamente joven. Estamos hablando de que el 80 por
ciento de los pobres hoy en día son jóvenes y de que hay otra
característica que es la feminización de la pobreza.
En concreto, 1996 fue declarado año europeo de lucha contra la exclusión
social, y una de las iniciativas que se tomaron fue la de abordar un
estudio con directores de recursos humanos y representantes de empresas y
grupos de empresas de toda la Unión Europea para hacer algún tipo de
iniciativa que permitiera sensibilizar, comprometer y motivar a las
empresas en el campo de la exclusión social.
Los datos eran realmente alarmantes. El manifiesto en su exposición dice
que hay más de 17 millones de parados; 53 millones de personas están por
debajo del umbral de la pobreza; más de 5 millones de personas mal
alojadas. Estas cifras, que presentan varias organizaciones e
instituciones europeas, bastan para resaltar la amplitud de las
situaciones de exclusión y pobreza que existen en la Unión Europea.
A partir de los datos disponibles, principalmente a través de las
organizaciones e instituciones, resulta evidente que la exclusión afecta
al mismo tiempo a ámbitos de la vivienda,
de la salud, de la educación, del acceso a los servicios, del derecho a
la justicia, y se presentan bajo formas múltiples: en barrios, en
suburbios, en crisis, la marginación de los parados de larga duración, el
desarraigo de los jóvenes poco cualificados, la persistencia de barreras
a la integración de los emigrantes y de las minorías, el hundimiento de
la pobreza en familias que ya están endeudadas y el número creciente de
personas sin hogar.
La exclusión es un reto fundamental para la Unión Europea, para sus
Estados miembros y para el conjunto de sus ciudadanos. Debe ser combatida
mediante aplicación de valores y prácticas de solidaridad, de justicia,
de responsabilidad. No desaparecerá de golpe cuando se recupere el
crecimiento económico.
Para prevenir la exclusión y luchar contra ella hay que contar con el
esfuerzo y la movilización de todos: las propias personas afectadas; las
autoridades nacionales, regionales y locales; las asociaciones de
solidaridad; las organizaciones no gubernamentales; los interlocutores
sociales y las empresas.
Numerosas empresas estaban participando ya en la lucha contra la
exclusión y en su prevención. Esta participación responde a motivos
económicos y políticos, ya que la exclusión constituye un derroche de
recursos humanos y pone en peligro la cohesión social; contribuye,
además, al aumento de los costes colectivos y, por tanto, de los costes
financieros que repercuten sobre las empresas; responde también a razones
éticas y en particular tiene su origen en los valores del progreso y de
la responsabilidad.
Mediante el manifiesto, las empresas signatarias expresaron su voluntad
de participar en el esfuerzo común necesario para prevenir la exclusión y
luchar contra ella, con el fin de ayudar a las empresas a definir, en
función de sus prioridades y de sus medios, las actividades que desean
realizar, y adjuntaban el manifiesto.
Cuatro son las acciones que quieren iniciar las empresas para una acción
global contra la exclusión: favorecer la integración en el mercado de
trabajo a través de una serie de medidas; colaborar en la mejora de la
formación profesional y, sobre todo, en la mejora de los colectivos
designados como excluidos; evitar la exclusión en las empresas y prevenir
los despidos o proveer de las medidas adecuadas cuando éstos sean
evitables; y promover la creación de puestos de trabajo en las empresas
para personas excluidas.
Como conclusión podemos decir que, mediante la movilización de empresas,
pero también de los agentes del desarrollo económico y social y del
conjunto de los ciudadanos, las empresas pretenden contribuir a poner de
manifiesto el reto que plantea la exclusión; es decir, a favorecer en
particular la integración económica y social de las personas excluidas
del mercado de trabajo, y de forma más amplia la posibilidad de que cada
persona contribuya de manera positiva al bienestar común.
Cada una de las empresas, en función de sus características y de sus
medios, deberá determinar las formas más adaptadas a la puesta en
práctica de su responsabilidad respecto a la lucha contra la exclusión y
a su prevención. Por ello creemos que el conocimiento del manifiesto y la
iniciativa que hemos aportado de que el Congreso inste al Gobierno a
tomar medidas oportunas para facilitar, a través del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la difusión del manifiesto europeo de las
empresas contra la exclusión, su divulgación y posterior firma por parte
de las empresas interesadas en asumirlo, será un elemento que pueda
coadyuvar a evitar lo que en España implica la situación de una pobreza
relativa que abarca el 19,4 por ciento de la población, con 2.192.000
hogares y con 8.090.000 personas afectadas.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean hacer uso de la palabra. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: El concepto de pobreza ha evolucionado y hoy en
día se trabaja con la premisa de que no sólo la razón de ser pobre es la
falta de recursos económicos, sino que siendo una parte fundamental la
falta de estos recursos, también forma parte de la exclusión social por
motivos culturales, sociales y familiares. Este período de crisis de la
industrialización ha generado un alto índice de paro, acompañado de un
concepto materialista de la sociedad y de una crisis de valores, lo que
ha derivado en una desprotección familiar y la exclusión social para
demasiados ciudadanos y ciudadanas.
Todas las iniciativas dirigidas a paliar y a erradicar todo tipo de
explosión y a fomentar los principios de igualdad serán bien recibidas
por este grupo parlamentario. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa del
Grupo Socialista, esperando que sea un paso al frente para conseguir una
real igualdad de oportunidades entre todas las mujeres y hombres, sin
discriminación alguna, y más teniendo en cuenta que, desgraciadamente, la
pobreza, según los informes elaborados por diferentes instituciones, va
tomando, cada día más, nombre de mujer.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: El neoliberalismo es una forma de pensar, una
filosofía dogmática de la economía, que ha generado una inversión de
valores sociales, entre los cuales se encuentra la entronización del
criterio de la competitividad por encima de otros valores. Esa inversión
se produce en la medida en que la economía es para la economía misma, y
el hombre queda desplazado del centro del valor de esa economía.
Iniciativas como la que hoy es objeto de esta proposición no de ley,
presentada por el Grupo Socialista, tienen la virtualidad de corregir esa
inversión de los valores sociales, de intentar, al menos, dar un mentís a
lo que se acepta como algo normal, y es que los empresarios tienen que
perseguir, por encima de cualquier otra consideración, la competitividad
sin mirar hacia los lados, caiga quien caiga.
Iniciativas de este tipo plantean una humanización de los criterios
económicos que es necesario impulsar, y el Gobierno es el primero que
tiene la responsabilidad de hacerlo. Por tanto, saludamos con
satisfacción esta iniciativa y vamos a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Damián
Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Está muy reciente el acuerdo que se aprobó por
unanimidad el día 11 de noviembre en la subcomisión creada para promover
el compromiso de las empresas contra la exclusión. Una línea de actuación
que se recogía era implicar a las empresas, como una parte fundamental de
la sociedad en que vivimos, en los cambios que han sido mencionados por
anteriores intervinientes: la familia, el desarrollo urbano en sí. Como
no podía ser de otra manera, todos los grupos estamos de acuerdo en que
esto tiene que ser así. Cualquier medida que vaya dirigida a incrementar
la sensibilidad de la sociedad en general, y en este caso de la empresa
en particular, tiene que ser apoyada y muy extendida. Nosotros entendemos
que es así. Está recogido en los programas que sigue toda la Unión
Europea en la lucha contra la exclusión. La empresa tiene que implicarse
y ver por qué degenera esta exclusión y por qué un porcentaje de la
población no se integra laboralmente, ya que es la forma por excelencia
en el 2000 y en la época moderna.
En consecuencia, apoyamos esta iniciativa en la que se insta al Gobierno
a dar publicidad a este manifiesto para que las empresas lo conozcan, se
comprometan y coadyuven a la sensibilización general de toda la sociedad
en el problema de la exclusión social.
El señor PRESIDENTE: Concluye el debate del último punto del orden del
día. Vamos a interrumpir durante quince minutos para continuar y proceder
a la votación, conforme señalamos, a partir de las doce y media. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las
proposiciones no de ley.
Se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias que agilicen los trámites para que la Administración haga
efectivas las prestaciones correspondientes al Fondo de Garantía
Salarial. Habiéndose aceptado la enmienda socialista, se somete a
votación la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Sometemos a votación la proposición no de ley sobre servicios a utilizar
por los organismos públicos o dependientes de los mismos para dotarse de
recursos humanos temporalmente, presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida. Ha sido aceptada la enmienda del Grupo Popular,
añadiendo una frase a sugerencia del Grupo Socialista y como tal la
sometemos a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a la realización
de las medidas que contempla el III Plan de igualdad de oportunidades
para la mujer.
La señora LOPEZ Y CHAMOSA: Pedimos votación separada del primer punto.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el primer punto de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el párrafo primero de la proposición
no de ley.
Se someten a votación los párrafos segundo y tercero de la misma
proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Popular por la
que se insta al Gobierno a estudiar las medidas a adoptar que faciliten
el acceso de las personas discapacitadas al empleo público, conforme a la
enmienda transaccional que ha sido aceptada por todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista
relativa a la necesidad de incluir en los pliegos que regularán la
ejecución de la próxima campaña del programa de vacaciones tercera edad
1998-1999, una oferta experimental de 1.000 estancias/día para personas
mayores de 80 años dependientes, que vivan en sus domicilios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Por último, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista relativa a la necesidad de promover en España el compromiso de
las empresas con el manifiesto europeo de las empresas contra la
exclusión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.