CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 414



PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCIS SERRA I SERRA



Sesión núm. 21



celebrada el martes, 24 de marzo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor subsecretario de Economía y Hacienda (Díez
Moreno) para explicar el programa de Gobierno para la ejecución de una
política de compras públicas y el plan de austeridad de gastos corrientes
de la Administración General del Estado. A petición propia (Número de
expediente 212/000735) (Página 12060)



Ratificar la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley sobre
concesión de un crédito extraordinario, por importe de 5.647.019.074
pesetas, para atender el déficit de explotación de las líneas de
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio 1995
(Número de expediente 121/000100) (Página 12074)



Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, el proyecto
de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
5.647.019.074 pesetas, para atender el déficit de explotación de las
líneas de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), producido en el ejercicio
de 1995 (Número de expediente 121/000100) (Página 12074)

Página 12060



Ratificar la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley por el que
se conceden créditos extraordinarios, por importe total de 13.205.257.360
pesetas, para atender compensaciones de tasas universitarias y otros
gastos (procedente del Real Decreto-Ley 22/1997, de 5 de diciembre)
(Número de expediente 121/000095) (Página 12074)



Dictaminar, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, el proyecto
de Ley por el que se conceden créditos extraordinarios, por importe total
de 13.205.257.360 pesetas, para atender compensaciones de tasas
universitarias y otros gastos (procedente del Real Decreto-Ley 22/1997,
de 5 de diciembre) (Número de expediente 121/000095) (Página 12074)



Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (DIEZ
MORENO) PARA EXPLICAR EL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA LA EJECUCION DE UNA
POLITICA DE COMPRAS PUBLICAS Y EL PLAN DE AUSTERIDAD DE GASTOS CORRIENTES
DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. A PETICION PROPIA (Número de
expediente 212/000735).




El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la Comisión convocada para el
día de hoy con el primer punto del orden del día, comparecencia del señor
subsecretario de Economía y Hacienda para explicar el programa del
Gobierno para la ejecución de una política de compras públicas y el plan
de austeridad de gastos corrientes de la Administración general del
Estado. Agradezco al señor Díez su comparecencia y le doy la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Muchas
gracias, señor presidente, por su bienvenida y sus palabras de acogida.

Señorías, el motivo de la comparecencia que solicita el Gobierno es, como
acaba de señalarse, para informar de los planes de austeridad del
Gobierno, de los planes de optimización inmobiliaria, así como del
programa de política de compras. Por tanto, la primera consideración que
quería dejar planteada es la delimitación del objeto de la comparecencia,
que es algo más extenso que una interpretación en sentido estricto de lo
que es austeridad. Cuando el Gobierno se plantea aplicar una política de
tal naturaleza no sólo piensa en la austeridad en sentido estricto, sino
también en que dichas medidas, que se refieren a algunos conceptos, no a
todos, del capítulo 2 de los presupuestos, deben ir acompañadas, por una
parte, de decisiones para mejorar y optimizar el uso del patrimonio
inmobiliario del Estado, con las consiguientes repercusiones en edificios
en propiedad o en edificios en arrendamiento, y, por otra, de un
programa, que se denomina política de compras, donde se contienen algunas
otras medidas que posteriormente explicaré. Por consiguiente, si les
parece, querría referirme a estos tres bloques de cuestiones, todos los
cuales pueden tener un denominador común, que es el concepto de
austeridad, pero el término no necesariamente coincide con el ámbito de
la exposición.

En primer lugar, paso a referirme al plan de optimización del patrimonio
inmobiliario. Fue un acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de
1996, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el 1 de
noviembre, el que preveía unas medidas para racionalizar, mejorar la
gestión y optimizar el patrimonio inmobiliario. Muy brevemente, me
permito recordar a SS. SS. que el objetivo de este plan era modernizar la
gestión patrimonial (no se olvide que en el patrimonio del Estado están
inventariados más de 3.000 bienes inmuebles urbanos y más de 11.000
inmuebles rústicos), así como optimizar el uso y aprovechamiento del
patrimonio inmobiliario perteneciente no solamente a la Administración
general del Estado sino también a organismos autónomos y entes públicos.

Con ello se pretendía reducir al máximo posible los arrendamientos, por
entender que es posible reconducir los servicios públicos sin mengua de
su calidad y atención al administrado a los edificios en propiedad de la
Administración. Ello implicaba que salvo casos excepcionales y
debidamente justificados no se autorizarían nuevos arrendamientos y que,
en todo caso, había que renegociar a la baja, dadas las condiciones del
mercado, las rentas de los arrendamientos existentes. Se pretendía, por
tanto, concentrar los servicios públicos o administrativos en los
edificios en propiedad y dar salida al mercado a los edificios excedentes
no utilizados. Ello implicaba una serie de medidas en planes urbanísticos
cuya introducción hemos conseguido ya en unos casos y en otros lo haremos
en posibles convenios con administraciones locales. Se trata de que
cuando abandonamos por ejemplo un edificio que está calificado como uso
de oficina conviene, para darle salida al mercado, su cambio de
calificación y que pueda recibir la del entorno de la zona donde se
encuentra, con lo cual y previo convenio con el ayuntamiento
correspondiente obtenemos esa recalificación que mejora las condiciones
económicas de su salida al mercado.

Para ejecutar este plan se repartió por la junta coordinadora de
edificios administrativos una aplicación informática a toda la
Administración para actualizar la información



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de los edificios ocupados, especialmente para conocer su nivel de
ocupación. Era importante saber cuántos metros cuadrados utilizaba cada
funcionario o cada cargo directivo de las diversas oficinas públicas. En
este caso, la junta coordinadora contó con la colaboración de la sociedad
estatal Segipsa, experta en estas cuestiones y cuya actividad es
conocida. Como consecuencia de la distribución de estas aplicaciones
informáticas se ha venido recibiendo una información precisa que ha
servido no solamente para la ejecución de los planes de optimización
inmobiliaria sino también para la actualización del inventario de los
bienes inmuebles del Estado y, especialmente, para conocer cuál es este
nivel de ocupación. Se constituyó el correspondiente grupo de trabajo,
como es lógico, para analizar y canalizar toda la información y se
realizaron propuestas a la comisión permanente de la junta consultiva, de
manera que a fecha de hoy tenemos aprobados los planes de reubicación
correspondientes a edificios de ocho ministerios en la Administración
central y están en estudio y en avanzado nivel de aprobación otros seis
planes para otros seis departamentos ministeriales, que esperemos que en
las próximas semanas puedan aprobarse. Como es lógico, una vez que
terminemos con estos planes respecto a la Administración central,
entraremos a analizar lo que es la Administración periférica. En estos
planes para cada departamento se contiene una propuesta de uso de cada
uno de esos edificios y se propone la liberalización de los que no sean
necesarios, así como, en su caso, la puesta a disposición para su posible
enajenación. Como consecuencia de estos trabajos, me permito aportar a
SS. SS. algunos datos.

En lo que se refiere a la Administración general del Estado, ámbito
distinto, como luego diré, de organismos autónomos y entes públicos, se
han analizado en Madrid 547 edificios y en el resto del territorio
nacional otros 3.462, así como 15 en el extranjero. Por lo que se refiere
a organismos autónomos y entes públicos, se han analizado 456 edificios
en Madrid, 3.545 en el resto de España y 34 en el extranjero. La suma de
estas dos cantidades se eleva a 8.059 edificios. Como resultado de los
planes de reubicación aprobados, puedo decirles en resumen que se han
liberado o está prevista la liberalización durante 1998 y 1999 de 16
edificios, que suman una superficie de 50.000 metros cuadrados; estos
edificios tienen un valor aproximado en el mercado de 15.000 millones de
pesetas. Se han cancelado, extinguido o están en período de extinción, 34
arrendamientos, que suponen también una superficie aproximada a los
50.000 metros cuadrados, con una renta ahorrada según valor de mercado de
1.373 millones de pesetas. Estas son las cifras globales resultado del
plan de optimización, pero me permito ponerle algunos ejemplos en
departamentos concretos.

Por lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores, tenía antes
del plan 9 edificios en propiedad y 19 en arrendamiento. Como
consecuencia del plan, este Ministerio quedará solamente con 4 edificios
en propiedad y ningún arrendamiento, es decir, se han cancelado 19
arrendamientos. En el Ministerio de Agricultura existían antes del plan
11 edificios en propiedad y 5 en arrendamiento; como consecuencia de la
aplicación del plan quedarán solamente 4 o en su caso 5 edificios en
propiedad y se han cancelado 5 arrendamientos. En el Ministerio de
Economía y Hacienda existen 22 edificios en propiedad y 23
arrendamientos, de los que se integrarán en Patrimonio como
liberalización 2 edificios y se han resuelto 14 arrendamientos.

Como es lógico, los edificios que se liberan y que no son precisos para
otros usos de la Administración --como antes anticipé-- son puestos en el
mercado y en el día de hoy, 24 de marzo, está prevista una subasta de
tres lotes de bienes inmuebles, no solamente edificios sino también
solares, por importe de 7.000 millones de pesetas, y esperamos que a lo
largo del año se celebren subastas de bienes inmuebles hasta un
importante de 20.000 millones de pesetas. Estos son, señorías, los
resultados más importantes de la ejecución del plan de optimización del
patrimonio inmobiliario.

Paso a continuación al segundo grupo de cuestiones al que antes me
refería, el relativo al plan de austeridad en sentido estricto. Fue un
acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997 el que aprobó un
plan de austeridad para toda la Administración, que debía ser
desarrollado por un plan específico y adaptado a las características de
cada uno de los departamentos. Así, a partir de esta fecha, todos y cada
uno de los departamentos ministeriales han aprobado su propio plan de
austeridad y se han publicado en el «Boletín Oficial del Estado», salvo
el Ministerio de la Presidencia, que entendió que le era suficiente el
plan general aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, cada
departamento tiene su propio plan de austeridad aprobado por la
correspondiente resolución de la Subsecretaría y publicado en el «Boletín
Oficial del Estado».

Soy consciente de que sobre la austeridad se pueden suscitar ironías,
bromas e interpretaciones si uno se fija únicamente en aspectos concretos
o en cuestiones anecdóticas. El plan de austeridad que aprobó el Gobierno
no sólo tenía una finalidad de ahorro en determinados conceptos del
capítulo 2 --primera precisión, no confundir plan de austeridad con
capítulo 2, gastos corrientes; los gastos corrientes son más amplios que
los conceptos a los que se refiere el plan de austeridad--, sino también
una pretensión de que se alterasen los hábitos de los funcionarios en
cuanto que en ellos pudiera haber algo de despilfarro en el manejo de
dinero ajeno. En definitiva, en el capítulo 2, lo mismo que en cualquier
otro capítulo del presupuesto de gasto, se juega con el dinero del
contribuyente, y el dinero de éste, aunque sólo sea una peseta, merece
todo el respeto de cara a su uso y aplicación. En consecuencia, ironías
aparte, la pretensión del plan de austeridad es, en lo que quepa, ahorro,
y en lo que no quepa, cambio de hábitos en la actuación de la
Administración.

Como es lógico, el plan de reducción de gastos tiene una límite inferior
o un suelo. No se puede estar ahorrando permanentemente en gastos
corrientes ni se puede estar ahorrando permanentemente en cuanto a lo que
es austeridad. Cuando se hace un esfuerzo de ahorro tiene sus
limitaciones, aunque tiene la ventaja de poder trasladarse a ejercicios
futuros. Como el capítulo 2 de gasto corriente ya sufrió una importante
reducción en 1995, estos esfuerzos tienden a ser decrecientes en 1996, en
1997 y en 1998. Aun



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así, me permito informar resumidamente de los conceptos que integran este
plan de austeridad y de los resultados económicos obtenidos hasta el
momento. Quiero decir también que un plan de austeridad no es solamente
cuestión de un ejercicio; es una cuestión en el tiempo, porque lo que se
pretende --como digo-- es instalar unos hábitos que produzcan resultados
en unos ejercicios y en otros. Por otra parte, como el plan de austeridad
fue aprobado prácticamente a mitad del año 1997, sería poco exacto
referirnos exclusivamente al ejercicio completo, cuando el plan no se
empieza a aplicar hasta mediados de año.

Dentro del capítulo 2, son ocho los conceptos que consideramos
susceptibles de ser incluidos en el plan de austeridad: Uno,
comunicaciones, fundamentalmente las telefónicas y las postales. Dos,
contratación externa, fundamentalmente los contratos en materia de
seguridad y asistencias técnicas. Tres, edificios, arrendamientos --aquí
existe conexión con el plan de optimización inmobiliaria--, pero también
conservación y suministros. Cuatro, publicaciones, en materia de prensa,
libros, gastos de edición de libros oficiales y su distribución. Cinco,
adquisición de material, fundamentalmente material no inventariable.

Seis, utilización de fotocopiadoras, instrumento indispensable para el
trabajo de hoy día. Siete, representación institucional, es decir, gastos
en atenciones protocolarias y representativas. Ocho, viajes,
fundamentalmente, forma de viajar e indemnizaciones por razones de
servicio. Pues bien, estos ocho conceptos, teniendo en cuenta que les
hablo exclusivamente de los departamentos ministeriales --posteriormente
me referiré a la aplicación del plan de austeridad en organismos
autónomos y entes públicos--, han producido los siguientes ahorros. En
materia de comunicaciones, 755 millones de pesetas; en contratación
externa, 432 millones de pesetas; en materia de edificios, 3.392 millones
de pesetas; en publicaciones, 773 millones de pesetas; en adquisición de
material, 2.139 millones de pesetas; en fotocopiadoras, 225 millones de
pesetas; en representación institucional, 191 millones de pesetas, y en
viajes, 1.558 millones de pesetas. En total, la aportación que el plan de
austeridad ha producido como ahorro a este capítulo 2 en la mitad del
ejercicio 1997 ha sido de 9.468 millones de pesetas.

Les decía que en estos datos y en estas cifras no están computados el
esfuerzo y el plan de austeridad que también es aplicable como novedad a
los organismos autónomos y empresas públicas. Estamos a la espera de
recibir estos datos que por el momento no tenemos. Hablamos de empresas
públicas del Ministerio de Industria, de Defensa, de Agricultura y de
Fomento, además de la de Patrimonio del Estado. Sí tengo un avance de la
Dirección General de Patrimonio del Estado, que me indica que el ahorro
real en las 24 empresas que en este momento tienen capacidad para este
presupuesto y para este esfuerzo de austeridad se eleva a 2.210 millones
de pesetas, de manera que en este momento puedo informar que el esfuerzo
de austeridad, sumadas estas dos cantidades, la anterior de los
ministerios o departamentos centrales, 9.468, y la de 2.210, se eleva a
la cifra de 11.678 millones de pesetas. Este es el esfuerzo que se hace
en el segundo de los planes o programas, el de austeridad.

Paso a continuación al tercero de los grupos normativos a los que antes
me he referido y que se conoce bajo la denominación genérica de programa
de compras públicas. Es evidente que el Estado, es decir, la
Administración central, es un buen cliente y además un cliente solvente.

En los presupuestos de gastos, con variaciones pequeñas --podemos tomar
la serie desde 1994ó 1995 hasta la actualidad--, prácticamente la
Administración compra por importe de un billón de pesetas --me estoy
refiriendo a compras del capítulo 2 y del capítulo 6--; por tanto, el
Estado tiene que hacer valer esta condición de buen cliente y de cliente
solvente. Con vistas precisamente a aprovecharnos de esta situación y a
optimizarla se aprobó por el Gobierno, por resolución de 17 de junio de
1997, por tanto también a mitad del ejercicio, un programa de política de
compras cuyo objetivo fundamental, en síntesis, es la mejora de los
procedimientos para la adquisición de los bienes que implican estas
inversiones a través de una regulación completa de los procedimientos de
compra y de una estructura administrativa especializada, habida cuenta de
la importancia que supone para la Administración este volumen tan ingente
de dinero; asimismo se fijaron unos objetivos de ahorro, pero sobre todo
un mejor uso de los bienes y una optimización del procedimiento y,
finalmente, la puesta en común de las experiencias de la Administración
central para las administraciones autonómicas y las administraciones
locales. Estos son los objetivos que se quieren conseguir con el programa
de política de compras.

¿Qué instrumentos se quieren utilizar para conseguir estos objetivos?
Fundamentalmente son actuaciones encaminadas a la disminución del consumo
en dos ámbitos, por una parte, elaborando un plan de adquisición de
bienes y servicios anual, es decir, cada departamento elaboraría un plan
anual a principios de año, que fuese conocido por todas las empresas
suministradoras, lo que daría una enorme seguridad al mercado, y, por
otra, dentro de estas actuaciones estaría el plan de austeridad, que
conecta con el plan que acabo de exponer. Un segundo grupo de
instrumentos comprendería la modificación de la Ley de contratos --a la
que también me referiré--, la potenciación de la junta de contratación y
las modificaciones en el procedimiento de adquisición centralizada de
bienes. A estas tres cuestiones quiero aludir dentro del programa de
política de compras, en primer lugar, a la actuación de las juntas de
contratación, en segundo lugar, a las modificaciones introducidas en el
servicio centralizado de compras y, por último, al estado en el que se
encuentra el estudio para la modificación de la Ley de contratos del
Estado, que forma una parte muy importante de este programa de compras
públicas.

Por lo que se refiere al Ministerio de Economía y en ejecución de una
previsión que ya contiene la vigente Ley de contratos del Estado, por una
orden de 30 de mayo de 1997 se ha constituido la junta de contratación,
que preside el subsecretario, vicepreside el secretario general técnico y
de la que forman parte dos representantes, dos vocales de cada Secretaría
de Estado y de la Subsecretaría. Esta junta de contratación tiene como
funciones fundamentales racionalizar y deducir el gasto derivado de la
contratación, actuar como órgano de contratación del Ministerio, con
independencia



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de las funciones y actuación de la mesa de contratación, realizar el
seguimiento y control de la programación, elaborar las directrices de
contratación para el departamento, informar los convenios de
colaboración, normalizar modelos para facilitar a las empresas la
participación en los concursos y evaluar los resultados de la
contratación. Hasta el momento y teniendo en cuenta que de hecho la junta
de contratación comenzó a trabajar en los meses de septiembre u octubre,
la junta ha examinado 144 expedientes, de los cuales 78 se encuentran en
fase de ejecución, y se han tramitado 28 expedientes de convenios de
colaboración con entidades públicas con un resultado de 86 convenios. Lo
importante de esta experiencia es que se ha conseguido acortar los plazos
de duración del procedimiento contractual, primer resultado relevante de
la implantación de la junta de contratación. En segundo lugar, durante
este tiempo, la junta ha trabajado en la elaboración de modelos
normalizados de documentación a presentar por las empresas para su
participación en los concursos. En tercer lugar, ha aprobado una
instrucción para la tramitación de expedientes, lo cual ha proporcionado
una gran seguridad a las empresas, y finalmente, y tal vez para mí lo más
importante, ha aprobado la programación general de los contratos del
Ministerio de Economía y Hacienda para 1998. Este documento, en el que
por primera vez se contienen de manera informatizada todos los contratos
que piensan realizar los centros directivos del departamento con
capacidad contractual, constituye sin duda un extraordinario e importante
avance, no solamente para ahorro de gastos en la Administración sino
también para ahorro en las empresas, en cuanto que facilita y les permite
planificar su producción o su participación en los concursos como tales.

Con este programa se racionalizan los procesos de contratación
equilibrando el calendario y la utilización de los recursos dentro del
Ministerio, se eliminan posibles duplicidades de gastos al poder
confrontar los bienes que se quieren adquirir por unos centros de
contratación y otros, se concentran las adquisiciones permitiendo las
correspondientes economías de escala, se disminuyen las incertidumbres en
los licitadores, se permite un análisis crítico de las contrataciones
sectoriales y se mejora el control presupuestario.

Les facilitaré algunos datos relativos a este programa de contratación.

Los contratos que son competencia de la junta de contratación se van a
realizar durante este ejercicio por un importe aproximado de 4.800
millones de pesetas, de los que los contratos de material y suministro
del capítulo 2 ascienden aproximadamente a 2.000 millones; los contratos
de limpieza serán aproximadamente de 500 millones; los de publicidad, 470
millones; los de seguridad física, 334, y material de oficina, 154. Para
inversiones en inmovilizado material se van a dotar unos 1.800 millones
de pesetas y para contratos de reparaciones y conservación unos 770
millones. Esta programación permite conocer además cuáles son los
contratos que se van a llevar a través del servicio central de
suministros y cuáles son los que no son competencia de la junta o son
contratos menores y, por tanto, pueden realizarse directamente. Por
consiguiente, este documento constituye un elemento fundamental de
información, de planificación, de racionalización y, en consecuencia, de
ahorro. El primer aspecto del programa de compras es, pues, la actuación
que ha llevado a cabo ya la junta de contratación y las consecuencias
derivadas de esta potenciación.

Un segundo aspecto de la política de compras lo constituyen las
modificaciones introducidas en el sistema de adquisición centralizada.

Ustedes conocen perfectamente que este sistema que se lleva a cabo en la
Dirección General de Patrimonio del Estado permite la adquisición con
este carácter centralizado de los bienes necesarios para el
funcionamiento de la Administración y que por sus características pueden
considerarse que son comunes a todos los ministerios. El servicio o
sistema de adquisición centralizado permite normalizar los bienes a
adquirir, optimizar y unificar criterios en los procedimientos de
contratación reduciendo el número de concursos --esto es muy importante y
después daré algunas cifras--, obtener mejores condiciones en la
adquisición de dichos bienes tanto económicas como de calidad
--utilizando la condición de buen cliente que tiene la Administración--,
y, finalmente, introducir una mayor transparencia en el sistema de
adquisiciones. Estamos hablando, en resumen y en términos distintos, de
una central de compras que tiene las mismas ventajas de cualquiera. Este
servicio es de uso obligado por parte de la Administración general del
Estado, los organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, aunque con un plazo transitorio, y las
demás entidades de derecho público, pero también permite a las
comunidades autónomas y corporaciones locales incorporarse al sistema.

¿Qué es lo que se ha hecho como consecuencia de la aplicación del plan o
programa de compras públicas? En primer lugar, se amplía el ámbito de
aplicación del servicio o del sistema precisamente a aquellas comunidades
autónomas o corporaciones locales que no lo tienen. De hecho, en 1997 la
Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y
la Diputación de Barcelona se han incorporado al sistema centralizado de
compras y estamos en trámites muy avanzados de acuerdo con el
Ayuntamiento de Barcelona y para la incorporación definitiva de las
entidades de la Seguridad Social.

En segundo lugar, como es lógico y es el fin propio del sistema
centralizado de compras, se ha impulsado un ahorro de los costes. En este
sentido, puedo informarles de que a través del servicio o sistema
centralizado de compras se han realizado operaciones en 1997 por importe
de 53.139 millones de pesetas, con un ahorro o descuento equivalente al
9,28 por ciento, que totaliza unos 4.930 millones de pesetas, esto como
media general en los productos adquiridos, pero en algunos productos
concretos y específicos como pueden ser los informáticos, en materia de
ordenadores, se ha obtenido un descuento de hasta el 21,14 por ciento.

Por tanto, el servicio ha cumplido con suficiencia su función de comprar
al por mayor y obtener los consecuentes ahorros sin merma de la calidad
del producto adquirido.

En tercer lugar, el servicio optimiza asimismo sus procedimientos. Como
les decía antes, a través del servicio



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central de adquisiciones se han tramitado 15.349 expedientes de
contratación. Los 53.000 millones de pesetas a que antes me he referido
tienen su desglose en estos 15.349 expedientes. Como de estos 15.000
expedientes, 5.055 tienen un importe de más de 2 millones de pesetas,
tendrían que haber salido al correspondiente concurso si no se hubiesen
tramitado a través del sistema centralizado. Habernos ahorrado la
convocatoria de 5.055 concursos lleva a los siguientes datos. Normalmente
hay una media de participación de cinco empresas por concurso y el coste
de dicha participación oscila entre 50.000 y100.000 pesetas. Quiere
decirse que para las empresas el hecho de haberse evitado tener que
participar en un concurso les ha supuesto unos ahorros en una banda de
entre 1.250 y 2.500 millones de pesetas, y a la Administración le ha
ahorrado tener que convocar veinte concursos diarios para la adquisición
de estos bienes que se hace a través del sistema centralizado.

En cuarto lugar y dentro de las actuaciones que realiza el sistema de
adquisición centralizada hay que poner de relieve algo muy importante y
es la introducción de nuevas tecnologías en la gestión, concretamente el
catálogo de más de 80.000 productos, que necesita permanente
actualización --porque los productos se van incorporando
paulatinamente--, que implicaba una descomposición en 19 catálogos y que
se distribuía a 2.500 organismos y empresas con una tirada de 13.000
ejemplares. Este catálogo está en este momento incluido en Internet, de
manera que cualquier empresa con acceso a la red puede consultarlo
instantáneamente en tiempo virtual, y las modificaciones o productos a
introducir en el catálogo se pueden hacer también de un día para otro.

Supone un extraordinario avance tanto en ahorro de costes para la
Administración como para las propias empresas.

En resumen, y como consecuencia de las modificaciones introducidas en el
sistema de adquisición centralizada, podemos decir que se han obtenido
unos descuentos directos por importe de 4.930 millones de pesetas; que se
han obtenido unos descuentos derivados de la obtención de precios por
debajo de los existentes en el mercado, que es difícil de cuantificar,
aunque hay algunos productos en que estos descuentos alcanzan entre 750 y
1.300 millones de pesetas; que se producen ahorros importantes al
unificar los contratos en un solo organismo, el sistema centralizado, de
manera que se evita la convocatoria de concursos y el coste para las
empresas de su participación en estos concursos y que pueden calcularse
en una banda entre 1.250 y 2.500 millones; y la incorporación de nuevas
tecnologías, que es imposible valorar pero que tiene unos efectos
económicos muy beneficiosos, tanto en la optimización de procedimientos,
como en el manejo del catálogo.

Con ello cierro este capítulo dentro del programa de compras públicas
relativo a las modificaciones en el sistema centralizado de compras y
paso a referirme al tercero de los anunciados que es la situación en que
se encuentra el estudio para modificación de la Ley de contratos.

El propio programa de compras públicas prevé la modificación de la Ley de
contratos administrativos o contratos de las administraciones públicas, e
incluso introduce algunas sugerencias o algunas propuestas de
modificación. Además de ello, una proposición no de ley aprobada por el
Congreso el 11 de noviembre de 1997, instó al Gobierno a que antes del 30
de junio del presente ejercicio se presentase al Parlamento una
modificación de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Por
último, la disposición transitoria número 18 de la Ley de medidas que
acompañan a la de Presupuestos Generales del Estado, preveía también la
presentación al Parlamento de una modificación de la Ley de contratos,
antes de la indicada fecha. Se ha constituido un grupo de trabajo
pluridisciplinal, es decir están representados no solamente los
ministerios que más utilizan los contratos, como pueden ser los
Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento, sino otros ministerios como
el de Defensa, con importantes cuestiones a plantear en lo que es la
contratación de material de defensa, y al que han tenido también acceso
las propuestas realizadas tanto por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, como por los servicios jurídicos de los departamentos,
los sectores interesados e incluso las propuestas contenidas en los
proyectos de ley de medidas que no llegaron a aprobarse, o las propuestas
que para la elaboración de esta ley de medidas se habían estudiado por el
Gobierno. Se trata de un grupo de trabajo que tiene el proyecto en
avanzado estado de elaboración. Esperamos cumplir el plazo del 30 de
junio para enviarlo al Parlamento, y una vez aprobado en el seno del
Ministerio de Economía, que es el ponente en la elaboración de esta
modificación, pensamos consultarlo con los sectores y hacer un trámite de
audiencia pública antes de remitirlo al Parlamento. La modificación es de
importante envergadura. Prácticamente en este momento se llevan
estudiadas más de 200 modificaciones a la vigente Ley de contratos, y
como sería imposible explicar a SS. SS. el contenido de cada una de estas
modificaciones, me permito resumirlas y clasificarlas en seis grandes
conceptos.

En primer lugar, las modificaciones que van a afectar al rigor
contractual. Se estudia que la libertad de pactos que existe en este
momento sea matizada por el cumplimiento de los requisitos básicos de
todos los contratos; se estudia que las prohibiciones para contratar
tengan la definición de sus efectos y no queden indefinidas estas
consecuencias; se estudia, asimismo, el plazo de duración de las uniones
temporales de empresas que concurren a los concursos; se quieren
introducir limitaciones para evitar irregularidades en los contratos
menores, por ejemplo que no puedan superar más de un ejercicio, que no
puedan ser susceptibles de prórroga y que no puedan ser susceptibles de
revisión de precios --me estoy refiriendo a los contratos menores--;
asimismo se estudia introducir limitaciones a las modificaciones de los
contratos de obra, el modificado es una de las grandes irregularidades de
los contratos de obra; se estudia tener en cuenta que el objeto de los
contratos no puede ser modificado o fraccionado artificialmente para
evitar solapar o excluir los umbrales; se estudia en los contratos
cofinanciados que exista un único órgano de contratación; se quieren
introducir limitaciones a la tramitación de emergencia desde el punto de
vista presupuestario, conectándolo así con las medidas de disciplina
presupuestaria



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contenidas en las modificaciones de la Ley General Presupuestaria, así,
por ejemplo, en la tramitación de un expediente de emergencia deberá
acompañarse siempre y en todo caso el documento acreditativo de la
retención del crédito, del inicio del expediente del crédito
extraordinario o de modificación de crédito. Asimismo, se está estudiando
y regulando el tratamiento de las bajas temerarias; se está estudiando el
tratamiento de las revisiones de precio, especialmente las fórmulas a
aplicar y los índices que estas fórmulas contienen, y se está estudiando
la posibilidad de desdoblar en dos ejercicios el pago de los contratos de
obra, cuando presupuestariamente no existe saldo suficiente, con el fin
de facilitar la liquidación del contrato en cuestión. Estas propuestas
que están en estudio avanzado, como antes he dicho, forman parte del
primer grupo de medidas, grupo que calificaríamos como medidas de rigor
en la contratación.

Un segundo grupo, el más numeroso sin duda y al que me voy a referir
rápidamente, son las medidas técnicas que conviene introducir cuando se
aborda una modificación de esta naturaleza y que son consecuencia de la
práctica en la contratación y de los problemas que plantea esta práctica.

En ese punto voy a citar, en primer lugar, la calificación de los
contratos bancarios, de seguros, de esparcimiento, los contratos
culturales o deportivos con arreglo a su verdadera naturaleza jurídica,
es decir considerarlos como contratos de derecho privado, aunque
sometidos en su procedimiento a la ley de contratos administrativos. En
segundo lugar, hay que regular y concretar el régimen jurídico de los
contratos administrativos llamados especiales. En tercer lugar, hay que
precisar lo que son las fuentes normativas de los contratos privados,
además introducir el requisito de la solvencia en los empresarios (los
empresarios no solamente han de tener capacidad para contratar, sino que
tienen que tener también solvencia) y unificar las competencias de los
ministerios que tengan varios centros de contratación.

En los contratos de arrendamiento financiero, que es una de las novedades
que introduce esta ley y a los que posteriormente me referiré, existirán
unos límites a partir de los cuales la autorización de estos contratos
debe hacerse por el Consejo de Ministros. La inscripción de las
escrituras y documentos de las empresas se hará no solamente en los
registros mercantiles que sea exigible por aplicación de la legislación
mercantil, sino también en otros registros oficiales de carácter público
administrativo. Finalmente, y con un largo etcétera, el estudio de
cuestiones como el replanteo de las obras que a veces se demora
extraordinariamente a consecuencia de la falta de definición de lo que es
disponibilidad de terreno. Todas estas medidas son de carácter técnico y
están aconsejadas por la experiencia en la contratación.

Un tercer grupo de medidas, y con ello voy terminando señor presidente,
se refiere a la mejora en la tramitación de los contratos. Hay que
extender, como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto anteriormente,
las competencias de las juntas de contratación en todos los ministerios,
porque de ello se deriva un importante beneficio tanto en los plazos como
en la racionalización; hay que volver a regular el registro de
contratistas, limitando umbrales y niveles y agilizando el reconocimiento
y clasificación; estamos modificando las garantías provisionales, las
definitivas, las especiales y las complementarias; consideramos que no es
exigible el dictamen del Consejo de Estado en determinadas resoluciones
contractuales y en este punto lo vamos a poner así. En cuanto al
expediente de contratación se regula sistemática y exhaustivamente lo que
es el contenido documental de estos expedientes, y en cuanto al
expediente de gasto se establecen las necesarias exigencias a cumplir
para conectarlo con las exigencias de la Ley General Presupuestaria; se
regulan las prórrogas, etcétera.

Como novedades más importantes en materia de procedimiento puedo citar
que no es necesario que para participar en un concurso se acredite estar
al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad
Social; esta exigencia solamente se aplicará al que resulte adjudicatario
en este concurso, lo cual facilitará grandemente la participación de las
empresas. Asimismo, en cuanto a la demora por parte del contratista se va
a modificar el complejo sistema existente actualmente de sanciones
administrativas. Se quiere abordar la situación de los subcontratistas y
suministradores; en este punto estamos recibiendo muchas sugerencias de
los sectores afectados. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante
y es evitar que el contrato privado, como puede ser el contrato entre un
contratista adjudicatario y un suministrador o un subcontratista, si es
contrato privado la Administración no puede intervenir en ese contrato
porque la intervención de la Administración daría lugar a consecuencias
indeseables, pero también hay que intentar que las demoras que se puedan
producir en el pago al contratista principal no tengan mayores
consecuencias o plazos en lo que es el pago de este contratista principal
a los subcontratistas o a los suministradores. Finalmente, como garantía
a subcontratistas y suministradores, se establece la posibilidad de
embargo de las certificaciones del contratista principal, cuestión que
hasta ahora solamente era posible para el pago de salarios y de cuotas
sociales. Esta posibilidad de inembargabilidad se amplía actualmente a lo
que son las deudas del contratista principal con los subcontratistas o
suministradores.

Estas son, sin agotar por supuesto, algunas novedades que estamos
estudiando para introducir este conjunto de medidas bajo la rúbrica de
mejora en la tramitación procedimental o contractual.

Hay otras medidas que vienen exigidas por la aplicación de una reciente
Directiva 97/52, por tanto pura incorporación de esta directiva en
materia de plazos y publicación. Otro conjunto de medidas, respecto a las
que espero que la participación parlamentaria sea importante, se refiere
a que estimamos conveniente la elevación de los umbrales de los contratos
para aplicar el procedimiento negociado, tanto en los contratos de obra
como en los de servicios públicos, y en los de suministro. En este
momento, queremos pasar de un umbral de 5.000.000 a 25.000.000 en los
contratos de obras; queremos pasar de un umbral de 3.000.000 a 5.000.000
en los contratos de gestión de servicios públicos; y queremos pasar de un
umbral de 5.000.000 a 8.000.000 en los contratos de suministro a



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efectos de poder aplicarles el procedimiento negociado sin publicidad.

¿Por qué queremos elevar estos umbrales? Hay varias razones. En primer
lugar, y como SS. SS. conocen, hemos potenciado las funciones de la
Intervención General de la Administración del Estado y consecuentemente
de las intervenciones delegadas. Se aprobó, en junio del año pasado, un
acuerdo de Consejo de Ministros para potenciar las funciones de
fiscalización previa, y recientemente, hace unas semanas, se ha aprobado
un real decreto que potencia las funciones de control a posteriori o de
auditoría de la Intervención General. Queremos, y creemos, que la
intervención está fiscalizando de nuevo los contratos, y podemos tener la
seguridad de que es posible la elevación del umbral para facilitar la
gestión de estos contratos negociados.

Por otra parte, el examen del Derecho comparado nos lleva también a
elevar estas cifras, para no poner en peor condición a nuestros
contratistas, así como creemos que las estadísticas acumuladas con la
aplicación de estos umbrales nos permiten dar este salto que, en todo
caso y dado que es enormemente discutible cuál sea el nivel del umbral,
entiendo que la aportación del Parlamento será especialmente
significativa.

Termino, en cuanto a las modificaciones que estamos estudiando para
introducir en la Ley de contratos, haciendo mención de dos novedades. Por
una parte se va a introducir, como antes anticipé, el contrato de
arrendamiento financiero y con opción de compra, si este contrato tiene
una duración superior a cinco años, será preciso que se autorice por el
Consejo de Ministros, y, por el contrario, se va a suprimir el contrato
de trabajos específicos y concretos no habituales. Entendemos que este
tipo de contrato está perfectamente subsumido en el contrato de
consultoría y asistencia técnica, por una parte; por otra parte, tiene
carácter residual y su utilización ha dado lugar a frecuentes
irregularidades que queremos cortar de raíz. Por tanto, en la nueva Ley
de contratos no se incluirá este tipo de contrato denominado trabajos
específicos y concretos no habituales.

Termino, señor presidente, haciendo un breve resumen cuantitativo de lo
que, a mi juicio, ha supuesto la aplicación en sentido amplio de los
planes de austeridad aprobados por el Gobierno, sentido amplio que
incluye el programa de optimización del patrimonio inmobiliario, el
programa o plan específico de austeridad y el programa de compras
públicas del que a su vez, como he tenido ocasión de exponer, he
analizado tres aspectos concretos: las juntas de contratación, la
actuación a través del servicio de compras centralizadas y las
modificaciones a introducir en la Ley de contratos.

La liberación de edificios en propiedad supone aproximadamente 15.000
millones de pesetas en valor de mercado; las rentas ahorradas por
cancelación de arrendamientos alcanzan la cifra de 1.373 millones de
pesetas; la posible enajenación de los edificios liberados que no sean
precisos para otros usos administrativos puede suponer, en 1998, unos
ingresos cercanos a los 20.000 millones de pesetas; el plan de
austeridad, incluyendo la Administración central, los ocho conceptos que
expuse del capítulo 2, más las empresas de Patrimonio del Estado, han
supuesto un ahorro de 11.678 millones de pesetas. La aplicación del
sistema centralizado de compras, es decir los descuentos por economías de
escala, ha supuesto una cifra de 4.930 millones de pesetas, como tuve
ocasión de exponer. Hemos calculado que una media de ahorro para las
empresas puede alcanzar la cifra de 2.000 millones de pesetas, que una
media en la obtención de precios por debajo de los normales de mercado
también pueden ser 1.000 millones de pesetas y que la mejora de los
procedimientos en cuanto a plazos puede suponer asimismo un ahorro de
1.000 millones de pesetas.

Es imposible cuantificar las mejoras que se introducen como consecuencia
de la aplicación de técnicas informáticas, concretamente la inclusión del
catálogo en Internet o Infovía, así como otras mejoras tecnológicas en el
funcionamiento del servicio centralizado de compras, pero en todo caso
estas cantidades suman --y es una suma que no supone ahorro en
presupuesto-- 56.981 millones de pesetas.

Esta es la valoración que yo hago en este momento, resumiendo conceptos
muy heterogéneos entre sí y otros que no están absolutamente perfilados
ya que la materia sobre la que recaen tampoco lo permite.

Gracias, señorías, por su atención.




El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir ahora el turno de intervenciones,
puesto que la comparecencia era a solicitud del propio Gobierno.

Empezaremos por los grupos de mayor a menor, terminando el grupo del
Partido Popular. (La señora Fernández González pide la palabra.)
Doña Mercedes Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor presidente, me permito hacer una
sugerencia a la Presidencia y a la Mesa. Creo que sería de utilidad
mantener el mecanismo tradicional, es decir, puesto que la comparecencia
es a petición propia del señor subsecretario, que las intervenciones se
produzcan de menor a mayor y, por tanto, que cierre el grupo mayoritario
que es el Popular.




El señor PRESIDENTE: Por descontado, eso ya lo he dicho. Vamos a empezar
de mayor a menor, cerrando siempre el Grupo Popular.

En cualquier caso, por los que estamos aquí presentes en la Comisión, voy
a dar la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a don
José Luis Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quiero agradecer la comparecencia del señor
subsecretario, que se produce a petición propia, aunque bien es verdad,
no nos vamos a engañar en términos políticos, que la comparecencia está
empujada como consecuencia del conocimiento de la liquidación del
presupuesto de 1997, muy en especial en lo que afecta al capítulo 2, por
alguna iniciativa parlamentaria, concretamente del Grupo Socialista, no
sólo mediante una interpelación planteada por el portavoz de esta
Comisión



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sino de una pregunta al señor ministro, donde ya formalmente anunció que
usted comparecería en esta Comisión. Bien es verdad también que el
contenido de la misma y las palabras que usted ha expuesto aquí no pueden
provocar más que la sorpresa enorme a este interviniente, sobre todo por
el divorcio de la reflexión y el balance que su ministro reconoció tanto
en la interpelación como en la pregunta que yo le formulé directamente en
torno a cómo había ido la aplicación y el resultado del plan de
austeridad en lo que afecta al capítulo 2, que es prácticamente todo, y
la intervención que usted ha tenido hoy aquí, porque ciertamente esa
conclusión final que ha elevado del ahorro de 56.000 millones, y le he
querido entender en su último inciso que no afectaba al presupuesto,
supongo que tendrá alguna explicación por usted posteriormente, porque el
Gobierno, la Intervención General del Estado ha presentado la liquidación
del presupuesto de 1997 y lo cierto es que el capítulo 2 ha tenido una
desviación de 90.000 millones de pesetas, es decir el 30 por ciento de lo
que supone el gasto corriente en relación con el presupuesto aprobado por
esta Cámara.

Es verdad que ustedes aprobaron un plan de austeridad y de compras
públicas. Usted se ha referido aquí a otros muchos aspectos ciertamente
colaterales, y tendrá que reconocer que la densidad de algunas de las
cosas que ha planteado hace casi imposible una intervención que abarque
todo lo que usted ha formulado, pero creo que la esencia y el tenor
literal de su comparecencia está referida básicamente al programa de
compras públicas y al plan de austeridad del Gobierno; plan formulado o
por lo menos publicitado inicialmente en el «Boletín Oficial del Estado»
a través de una resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, firmada
por el subsecretario, que curiosamente --y ésta es la primera anécdota
que nos ha formulado-- puede dar lugar a un contenido irónico. En primer
lugar me voy a referir a la técnica jurídica, y es que una resolución,
como usted bien sabe, no es una disposición general y en el «Boletín
Oficial del Estado» aparece como disposición general. El plan de cada
Ministerio ha tenido luego una tipicidad entre comillas diferente, unos
son resoluciones, otros instrucciones, y yo creo que se ha cuidado poco
el rigor; tanto es así que una resolución anuncia o compromete
modificaciones legislativas. Por cierto, no deja de sorprender que
ustedes hayan dedicado tanto tiempo a escribir en el BOE letanía similar
de unos ministerios a otros, con planes muy inspirados en la propaganda,
muy poco pensados, con muy poco rigor, y el resultado es el que es.

Usted decía al principio que hay que tener en cuenta que no sólo afecta
al capítulo 2 lo que era el plan de austeridad y el plan de compras
públicas, pero su propia circular lo desmiente. Quiero recordarle que en
las conclusiones de la circular, en la página 19.302 de esa resolución de
23 de junio de 1997 su Ministerio formula que tanto el plan de austeridad
como el de compras públicas afecta en el 99 por ciento al capítulo 2 de
los Presupuestos Generales del Estado. Además está extraordinariamente
explicitado y le puedo asegurar que ha sido una enorme guía para hacer la
tarea de control parlamentario que corresponde al Grupo Socialista; tanto
es así que de ese billón 78.000 millones de pesetas que abarca el
capítulo 2 y que estaría en relación con los dos planes, solamente habría
unos 66.000 millones más correspondientes al capítulo 6 que podrían estar
afectados por el plan; por tanto, estamos hablando del capítulo 2 de los
Presupuestos Generales del Estado.

Ustedes aprobaron este plan en junio, quiero recordarle que con gran
despliegue publicitario en el acuerdo del Consejo de Ministros --no hay
más que volver a tener encima de la mesa la referencia de ese día del
Consejo de Ministros--, y sorprendentemente, a pesar de haber ocupado más
de cien páginas en el «Boletín Oficial del Estado», en una discutible
técnica normativa --como le decía--, normativa también entre comillas,
ustedes no lo explicaron en el Parlamento, y usted no estaría hoy aquí
explicándolo si no se hubiera producido la acción parlamentaria de
denunciar lo que en su día fue una acción que el Grupo Socialista ha
calificado de propaganda pura y dura, más allá de las anécdotas de lo que
contienen algunas circulares sobre la actitud de los funcionarios, los
compromisos a que se llegaba, las recomendaciones por parte de los altos
cargos de lectura de un solo periódico, o la casi imposibilidad de que
los funcionarios viajaran de dos en dos o más de uno en sus
desplazamientos correspondientes a la función del servicio público. Lo
cierto es que ustedes en junio, a mitad del ejercicio presupuestario,
ponen en marcha este plan de austeridad; además, la introducción del
anexo 1 de la propia resolución es muy significativa, dice: Los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 han sido elaborados con
criterios de austeridad, ahorro, rigor y control del gasto público y
estiman, bien es verdad que de una manera indefinida en el tiempo, que
los planes, tanto el de austeridad como el de compras públicas,
producirían un ahorro del 3 al 6 por ciento en el ámbito de la
Administración general del Estado, lo que aplicado al subsector Estado,
que es básicamente el que estamos analizando hoy porque como usted ha
reconocido los datos de empresas públicas aún no están en disposición de
esta Cámara, debería haber supuesto entre 6.000 y 9.000 millones de
pesetas, y cuando hemos visto la liquidación del presupuesto comprobamos
que ustedes se han gastado 90.000 millones de pesetas más.

La reflexión es bastante obvia, o el plan de austeridad es un cuento o ha
fracasado estrepitosamente en los primeros seis meses de su ejecución y
en relación con el presupuesto de 1997. Podríamos pensar que se haría
pensando en el presupuesto de 1998 y que ahí habría una medida de ahorro
del 3 al 6 por ciento del capítulo 2, pero como usted sabe muy bien el
presupuesto de 1998 en el capítulo 2 aumenta el 3,6 por ciento en
relación con el del año 1997, y ya veremos en su día cómo queda la
liquidación definitiva. Por tanto, es difícil comprender cuál es el
resultado que usted nos ha presentado aquí, con unas cifras que
ciertamente no se corresponden con lo que globalmente la Intervención
General de la Administración del Estado ha puesto en esta Cámara, aunque
usted no ha dado cifras globales. Me extrañaría que negara ahora lo que
ha reconocido el señor Rato, que además, alabó que la oposición
denunciara el incumplimiento del capítulo 2, hay que reconocérselo, pero
se compadece estraordinariamente poco con el contenido general de su
discurso, y algún dato concreto creo que sí se



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puede comentar. Usted ha dado aquí cifras de los diversos conceptos que
atañen al capítulo 2, de comunicaciones, de arrendamientos, etcétera,
pero según la Intervención General del Estado en todo estos conceptos hay
una desviación presupuestaria, no un ahorro, ni siquiera en el de los
arrendamientos. Entonces, o usted aquí ha dado unos datos contrarios a
los de la Intervención General del Estado, o tiene que comprender que en
estas condiciones la tarea parlamentaria se hace difícil para saber quién
está presentando los datos reales.

Quiero recordarle que en el concepto de arrendamiento y cánones, según la
Intervención General del Estado hay una desviación de 491 millones de
pesetas; que en el de material, suministros y otros, que afecta muy
directamente al de compras públicas, hay una desviación de 56.174
millones de pesetas; o que en el de indemnizaciones por razón del
servicio, dietas y desplazamientos, que usted ha citado aquí también, hay
una desviación de más 5.628 millones de pesetas. Sólo he citado tres
ejemplos del conjunto que acabarán sumando, porque desglosados sólo los
tenemos a previsión del mes de noviembre, esos 90.000 millones como cifra
global que ya se ha producido. Sin embargo, las desviaciones no sólo
afectan al subsector Estado, en otros ámbitos de la Administración
general del Estado también son extraordinariamente notorias. Por ejemplo,
señor subsecretario, en los entes públicos, ¿es correcto el dato que la
Intervención General del Estado ha dado de que en el capítulo 2 el
crédito inicial era de 24.940 millones de pesetas y el crédito total es
de 37.565 millones de pesetas, lo que supone una desviación del 50 por
ciento, nada más y nada menos, en gasto corriente? Me refiero a entes
públicos. También hay desviación en organismos autónomos administrativos,
concretamente del 2 por ciento, así como hay desviación en organismos
autónomos comerciales, concretamente del 18,3 por ciento, insisto según
el avance de liquidación del presupuesto de 1997, con datos de septiembre
de dicho año, que son los últimos de que disponemos en el Parlamento.

Tanto es así que en este año, con ese gran plan de austeridad, la
desviación global del capítulo 2 en la Administración general del Estado
es de las mayores de los últimos años, el 30 por ciento; en otros años,
1994 ó 1995, fueron del 17 o del 14 por ciento, según las liquidaciones
de la Intervención General del Estado.

Lo único que ha podido poner usted encima de la mesa es la venta de
edificios públicos, pero no sé si eso podría ser una política de
austeridad o de ahorro. Podría ser una política de liquidación del
patrimonio inmobiliario del sector público, en la que ustedes son unos
expertos consagrados pues incluso van más allá en sus propias políticas o
compromisos a tenor del volumen de privatizaciones de empresas públicas
que han desarrollado, pero ciertamente creo que se compadece poco con una
política que tenga que ver con la austeridad.

En definitiva, señor subsecretario, si admitimos como su propia
resolución establece, que el plan de austeridad y el plan de compras
públicas era un plan pensado para el ahorro presupuestario en un 99 por
ciento dentro del capítulo 2 del presupuesto de la Administración general
del Estado en los seis meses hasta junio --se supone porque las
resoluciones no contemplan un marco temporal--, y los resultados que
tenemos del año 1997 son los que ha dado la Intervención General del
Estado y ha reconocido su propio ministro, si en el año 1998 el
presupuesto volvía a aumentar el 3,6 en el presupuesto inicial del
capítulo 2, frente a ese compromiso o anuncio de ahorro del 3 al 6 por
ciento que en términos generales contenía su llamado plan de austeridad,
tendremos que elevar a definitivas determinadas conclusiones en el
terreno político.

En primer lugar, la primera conclusión es que ustedes, perdón a lo mejor
no usted pero desde luego sí el partido político que sustenta a este
Gobierno, durante años estuvieron acusando al Gobierno anterior de una
mala administración de los recursos públicos, de un despilfarro notorio,
de un elevado capítulo 2. No le quiero recordar a usted lo que dijo aquí
durante tantas intervenciones parlamentarias por ejemplo de lo que es el
Ministerio de la Presidencia, La Moncloa en su conjunto, sede del
presidente del Gobierno, las cosas que se dijeron del volumen de
presupuesto que había en el capítulo 2, que ahora vamos conociendo que se
eleva el 20 por ciento sobre sus previsiones iniciales cada vez que hacen
un presupuesto y cuando liquidan exactamente igual, muy especialmente
--según los datos que obran en nuestro poder-- en lo que afecta a las
dietas o a los gastos por viajes, que era por cierto una de las cosas que
más se criticaba. Si elevamos esa conclusión a definitiva, como primer
punto habrá que determinar, señor subsecretario, que el partido que
ejercía antes la oposición y ahora el Gobierno desconocía profundamente
la Administración del Estado. Usted ha tenido un leve reconocimiento, que
hay que agradecer, diciendo que la política de ahorro tiene unos límites,
que ya se había iniciado de manera muy evidente en los años 1994 y 1995 y
ustedes se han encontrado con que no era posible mayor ahorro y han
gastado 90.000 millones más. Como el afán de propaganda demagógica de su
Gobierno yo creo que tiene escasos límites, lo digo sinceramente (he
seguido este tema porque vi en televisión al portavoz del Gobierno el día
que se aprobó este plan y las cosas que formuló en términos políticos de
que iba a suponer un gran ahorro a la Administración general del Estado),
ustedes están corriendo el riesgo, y yo creo que en este tema ya de
manera muy concreta, de quedar con una política en evidencia, una
política que en sus resultados pone de manifiesto todo lo contrario a sus
propósitos. No quiero entrar en la parcela --que ha insinuado de pasada--
de que el plan tenía también el objetivo de evitar que los funcionarios
pudieran incurrir en el despilfarro. Sinceramente esto no lo debía decir,
además es usted funcionario, porque no creo que se pueda tener esa
percepción sobre el uso que hacen los funcionarios de los bienes públicos
en este país. Usted sabe --y yo no he querido entrar en ello-- que
algunas recomendaciones que han incluido en ese plan han sido objeto de
ironía, y sinceramente creo que algunos de los redactores de esas
circulares o instrucciones, en el afán de vender propaganda hasta en el
«Boletín Oficial del Estado», han llegado en efecto y como se ha dicho a
la ridiculez más estrepitosa. A mí personalmente me ha hecho mucha gracia
que todo esto lo hayan trasladado con tanta voluntad al «Boletín Oficial



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del Estado» en el capítulo de disposiciones generales del Estado. No
obstante, como usted conoce muy bien, la propia resolución establece la
obligación de que trimestralmente la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos conozca los resultados de la aplicación del plan. También
conoce que cada centro directivo tiene que elaborar una serie de
programas de actuación en aplicación de ese plan y que se lo voy a
requerir en este acto para ahorrarme el trámite de petición
parlamentaria, nos gustaría conocer cómo se ha llevado a cabo tanto la
evaluación trimestral --lógicamente, nos gustaría que nos la pudiera
remitir--, como lo que cada centro directivo ha tenido que hacer en
aplicación de este plan. Nuestro objetivo es ése. Es bueno, por supuesto,
ahorrar en la Administración general del Estado, es bueno que la
austeridad impregne todas las políticas que gestionan los recursos
públicos. También hay que reconocer que la Administración general del
Estado ha de contar con los medios necesarios para funcionar; pero lo que
es nefasto en términos políticos y también en términos de imprimir un
estilo de gobierno, es hacer tanta demagogia y tanta propaganda barata,
incluso en el «Boletín Oficial del Estado».




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Echániz.




El señor ECHANIZ SALGADO: Señor presidente, en primer lugar quiero
mostrar mi agradecimiento al subsecretario del Ministerio de Economía y
Hacienda por su comparecencia para explicar el programa del Gobierno para
la ejecución de una política de compras públicas y de austeridad de
gastos corrientes de la Administración, solicitada a instancias del
propio Gobierno en junio de 1997 --por tanto, hace nueve meses-- y que, a
nuestro juicio, pone de manifiesto una nítida, una clara voluntad de
transparencia y de seriedad en el ámbito presupuestario.

Quisiera mostrar mi satisfacción por lo que a mi juicio ha sido un
trabajo riguroso y solvente del Gobierno en ésta y otras materias
mediante la confección de planes y de programas. Ya lo hemos visto en
meses pasados respecto de planes, por ejemplo, contra las listas de
espera en Sanidad, planes de inversiones, de humanidades, el plan
estratégico del Insalud --bien reciente--; planes, en definitiva, como
éste de austeridad y de compras. Entendemos, precisamente, que la única
forma de trabajar con rigor, de trabajar con esfuerzo, es basarse en
objetivos ambiciosos, en retos políticos y de gobierno, es basarse, en
definitiva, en metas para alcanzarlo. Creemos que ésa es la forma en que
hay que trabajar, que ésa es la manera de gobernar, que es la manera de
avanzar. Por eso quiero mostrar, como decía, satisfacción por el diseño,
satisfacción por la concreción de esos planes, de esos programas, que
están permitiendo alcanzar hitos importantes en los últimos tiempos.

Lamentablemente, hemos estado demasiado acostumbrados en los últimos años
a muchas chapuzas, a demasiado tapar agujeros y a demasiados arreglos
temporales, a maquillaje y demagogia --se decía hoy aquí--, efectos
decorado, a mucho bombo y mucho platillo y a poca elaboración de
partituras serias como suponen estos planes que se deben inscribir y se
deben interpretar, que en definitiva se deben mejorar. Hemos estado
demasiado acostumbrados a improvisación y a irresponsabilidad, a mi
juicio como consecuencia de todo lo que he dicho.

Por tanto es motivo de satisfacción, decía, que se expliquen aquí los
programas, que se expliquen los planes y que se explique su evolución y
sus resultados y cómo algunas cosas funcionaron bien y otras no tan bien
para poderlas corregir de cara al futuro.

Pero permítanme que, en cualquier caso, comience estas palabras con una
felicitación por el esfuerzo en un ámbito que a la sociedad española le
urge que es, en definitiva, la austeridad y el control del gasto,
especialmente como decía después de los últimos años en los que
desafortunadamente, nuestro país recorrió un camino inverso, un camino en
sentido contrario.

Bien es cierto que los planes y programas son los que son, que no son
leyes, que por tanto son objetivos, son retos, son tendencias que
impulsan su logro y que a veces no es posible su consecución en la
totalidad. Eso ocurrió con el plan del Gobierno de listas de espera en
Sanidad; se avaló un plan de mediados de 1996 que tenía como objetivo
hacer desaparecer de las listas un número muy importante de personas que
esperaban más de un año y es cierto que no se pudo cumplir en su
integridad --dado el volumen que tenían--, pero también es cierto que a
finales del año 1996, a 31 de diciembre de aquel año, se alcanzó el 95
por ciento del plan, lo cual a mi juicio es un magnífico resultado en
cualquier caso. Ese plan, cerrado en 1996, sirvió para elaborar el del
año 1997, que aún fue mejor y éste de 1998 está siguiendo las mismas
líneas, y por tanto en pleno vigor. Lo cierto, señor Rodríguez Zapatero,
es que, a pesar de haber cubierto el plan en 1996 sólo en un 95 por
ciento, hoy se ha reducido la lista media en nuestro país de 230 días a
poco más de 100, y aún hay que continuar los planes, los objetivos y los
programas para seguir esforzándose en el logro de estos retos. Y eso
mismo ha ocurrido con el plan de austeridad. Es la primera vez que un
Gobierno responsable se compromete por escrito, públicamente, a un reto;
es la primera vez que un Gobierno afronta con rigor, con un plan de estas
características, las compras de las administraciones, el gasto corriente
de la Administración, y lo demás es, desde luego, a nuestro juicio,
querer hacer ruido y no valorar lo que de positivo tiene. Quizá se pueda
decir que es insuficiente; quizá se puede decir que, a pesar de los
buenos resultados, no es suficiente y que el plan comprometía a más, se
puede decir, quizá, todo lo contrario: que es demasiado ambicioso o
demasiado difícil de cumplir, pero lo que no es menos cierto, señorías,
es que el salto cualitativo que se ha dado con este plan de austeridad
es, a nuestro juicio, excepcional, y que además supone cambiar la
tendencia cronificada de los últimos años de aumento irresponsable en el
gasto corriente y falta de rigor en las compras públicas, y tienen
ustedes los resultados ya encima de la mesa desde esta mañana. Se ha
elaborado una ficha de situación de más de 8.000 inmuebles de la
Administración general, organismos autónomos y entes públicos, se ha
aprobado un plan de reubicación de ocho ministerios y se está trabajando
en los restantes; se ha visto afectado



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por este estudio un importante número de inmuebles, con una superficie
liberada aún más importante y con un valor de mercado que supera los
15.000 millones de pesetas, y se han analizado contratos de arrendamiento
con una superficie liberada del mismo tenor y con un ahorro producido de
más de 1.370 millones de pesetas.

En el ámbito del programa para la ejecución de la política de compras
públicas se ha hecho un avance muy importante en la renovación del nuevo
texto de la Ley de Contratos para simplificar los procedimientos, para
adaptarlos a la nueva directiva europea, para suprimir algunas figuras e
introducir otras muy interesantes para la Administración, como el leasing
y el renting, y para la corrección de algunas deficiencias. Y aunque gran
parte de las medidas de reforma de esta Ley de Contratos podían haberse
llevado a cabo --esto hay que decirlo claramente-- por el Consejo de
Ministros, se ha aprovechado el cauce de la norma legal para no hurtar a
este Parlamento su pronunciamiento sobre estos extremos.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha creado en 1997 una junta de
contratación que ha permitido claramente programar la contratación con
anticipación, elaborar modelos normalizados, disminuir el plazo total
--antes de hasta ocho meses-- de proceso de contratación y, desde luego,
aprobar una instrucción para la tramitación de expedientes de
contratación y de gastos.

Se ha ampliado el ámbito de actuación del sistema de adquisición
centralizada de bienes de utilización común que ha impulsado ahorros en
los costes por aplicación de políticas de descuentos de más de 5.000
millones de pesetas, con una media del 9,28 por ciento, que ha llegado en
algunos casos hasta el 22 por ciento. Se han optimizado además los
procedimientos, ahorrando a la Administración la convocatoria de más de
20 concursos diarios y a las empresas mucho dinero, que supera en algunos
casos en su montante global los 2.000 millones de pesetas. Además, se han
incorporado esos catálogos de productos, enormemente farragosos, en los
mecanismos tecnológicos que permiten también ahorrar en ese sentido.

En el ámbito del plan de austeridad, entiendo perfectamente que las
medidas de ahorro en comunicaciones, en fax y en teléfono, en
arrendamientos, en fotocopias, en viajes, en distribución gratuita de
publicaciones, en gastos de representación, en comidas y en protocolo les
produzca a ustedes hilaridad, incluso puedo entender que les parezca que
algún funcionario irresponsable tira con pólvora del rey, y entiendo que
les produzca cierta risa, porque desde luego han sido ustedes, hasta hace
20 meses, los reyes de la indisciplina presupuestaria, los reyes del
despilfarro y del salto en mystère para ver corridas de toros. Hablarles
de austeridad es hablarles en un idioma que no conocen desde luego;
hablarles, sin embargo, de déficit, de desviaciones, es como hablarle a
Noé de la lluvia, y por ello siento sinceramente que les produzca
hilaridad este tipo de medidas de ahorro, porque estoy seguro de que no
produce hilaridad alguna al resto de los ciudadanos de este país que se
introduzca un objetivo de austeridad como éste, con el dinero que pagan
al Estado con sus impuestos; ninguna hilaridad, señor Rodríguez Zapatero,
se lo puedo asegurar. Por eso es la primera vez que una medida de
austeridad de estas características es aplicable no sólo a la
Administración general del Estado propiamente dicha, sino también a las
entidades públicas empresariales y a las empresas públicas adscritas a
ella. En esta dirección, saben ustedes que la liquidación del capítulo 2,
en el ejercicio de 1996, ascendió a 432.000 millones de pesetas; por
tanto, 50.000 millones más que en 1997. Eso supone, señor Rodríguez
Zapatero, un 14,16 por ciento más que en el año 1996. Bien es cierto que
fue porque el ejercicio de 1996 se vio afectado por los 52.600 millones
del capítulo 2, correspondientes a los 721.000 millones que ustedes nos
dejaron como regalo de bienvenida al asumir la responsabilidad de
gobierno, 721.000 millones de pesetas en facturas guardadas en cajones,
de las que en el ejercicio de 1997 se han pagado más del 90 por ciento.

¿Quiere saber, señor Rodríguez Zapatero, cuántas modificaciones
realizaron sólo en el capítulo 2 en los ejercicios presupuestarios que
van desde 1986 a 1995? Se lo voy a decir: más de 764.600 millones de
pesetas. Por tanto, creo sinceramente que deben guardarse para otro
momento este ejercicio farisaico de venir aquí a rasgarse las vestiduras
en público.

Las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 de los Presupuestos
Generales del Estado para 1997 disminuyó en un 12 por ciento, fueron
383.000 millones, lo que supone una ejecución de las más altas de los
últimos años, del 97,2 por ciento. Dicho de otra manera, únicamente
aumentaron un 0,5 por ciento si no tenemos en cuenta la parte
correspondiente de los 721.000 millones de sus alegrías, que tuvimos que
digerir en 1996, además, en un entorno de crecimiento de las obligaciones
reconocidas del presupuesto del 2,4 por ciento. Dicho también de otra
manera, señor Rodríguez Zapatero, el volumen de los gastos corrientes de
los bienes y servicios en los pagos no financieros ha experimentado una
reducción del 2,1 por ciento; los 94.300 son abonos de obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre del año 1996. Dicho de otra manera
también, señor Rodríguez Zapatero, eso es un esfuerzo de ahorro, eso es
austeridad, eso es un ejercicio más que saludable para la sociedad
española y es así como vamos a continuar y es así como debemos seguir
trabajando en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Para responder a las dos intervenciones, tiene la
palabra el señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): En primer
lugar, respondo al señor Rodríguez Zapatero. Con todos los respetos,
señoría, si se empeña en identificar capítulo 2 y planes de austeridad,
en el amplio sentido que yo he intentado exponer aquí esta mañana, es
imposible que lleguemos a coincidir prácticamente en nada. El capítulo 2
y sus posibles desviaciones fueron explicadas por el vicepresidente
segundo del Gobierno y entiendo que lo van a ser en una próxima
comparecencia por el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. El
capítulo 2 tiene su mecánica; yo podía extenderme en mi contestación,
añadiendo a lo que ha expresado el representante del Grupo Popular una
serie



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de cifras, evoluciones y cuadros, pero entiendo que este tema fue tratado
por el vicepresidente en su momento y no merece la pena que ahora
mezclemos lo que son planes y programas que, como su nombre indica, no
tienen la condición de norma jurídica y, por tanto vinculante, sino que
exigen una ejecución y aplicación del Gobierno y que en cada caso
exigirán una norma jurídica o no; por ejemplo, si el plan o programa
prevé la modificación de la Ley de Contratos, habrá que presentar el
correspondiente proyecto --y en ello estamos-- de modificación de la Ley
de Contratos. Pero, en principio, el programa o el plan no tiene el
rango, el carácter y la naturaleza de norma jurídica y obliga, en lo que
se pueda cumplir, a trasladarse, en su caso, a la norma jurídica
correspondiente. No digo que no tenga nada que ver, digo que una cosa es
el capítulo 2 y otra cosa son los planes de optimización inmobiliaria,
los planes de austeridad en sentido estricto o los programas de compras
que afectan a servicios de compras centralizadas, a juntas de
contratación, a modificaciones procedimentales, etcétera. Esta
imposibilidad de mezclar capítulo 2 con planes de austeridad he intentado
exponerla en mi exposición. Es decir, cuando he tenido la honestidad de
resumir, al final de la misma, cuál era la valoración económica de cada
una de las actuaciones incluidas en estos planes en sentido amplio, puedo
repasarlas, para que vea S. S. qué poca conexión tienen algunas con el
capítulo 2. Le he dicho que, como consecuencia de una optimización
inmobiliaria, hemos liberado más de 50.000 metros cuadrados de superficie
en terrenos propiedad del Estado. Dichos terrenos, liberados, una de dos:
o se ponen al servicio de otras necesidades o se dan al mercado porque
ése es el destino de un plan de optimización inmobiliaria. Optimizar una
propiedad es rentabilizarla en un sentido o en otro. O se usa o se vende,
si no es preciso su uso. Pues bien, la valoración de esta superficie le
he dicho que alcanza 15.000 millones de pesetas. Esa partida no la
encontrará usted, por mucho que se empeñe, en el capítulo 2. Le he dicho
también que hemos cancelado arrendamientos y ahí están. Hay 34
arrendamientos que estaban ocupados por oficinas públicas y que ahora no
lo están, han sido cancelados, y con ello nos hemos ahorrado 1.373
millones de pesetas. Tampoco encontrará esa cifra en el capítulo 2. Le he
dicho que es posible que vendamos inmuebles por importe de 20.000
millones. Es posible que los vendamos por 20.000, que no los vendamos o
que los vendamos por menos, pero no es una previsión de gasto corriente
del capítulo 2. Le he dicho que efectivamente se han producido ahorros en
plan de austeridad en los ocho conceptos que he mencionado en los
diversos departamentos ministeriales más las empresas de patrimonio del
Estado por importe de 11.668 millones. Esos ahorros están ahí, surgen de
una explicación pormenorizada de cada uno de los departamentos
ministeriales a través de sus oficinas presupuestarias que hemos
consolidado en la Subsecretaría de Economía y Hacienda para poder
establecer una cifra global. Tampoco encontrará en el capítulo 2 los
ahorros que hemos tenido al realizar las compras a través del servicio
centralizado de adquisición de bienes, que han sido 4.930 millones. No
podemos contabilizar en el capítulo 2 los ahorros --que hemos calculado
en unos 2.000 millones-- de las empresas que se han visto con la
facilidad de comprar, de suministrar directamente un bien centralizado y
no tener que participar en 5.055 concursos, con los gastos que ello
supone.

Por tanto, señoría, es otra cosa. En el capítulo 2, la comparación del
gasto reconocido con el gasto previsto, las causas del aumento del
capítulo 2, la generación de créditos que dan origen a que se pueda
aumentar el gasto sin atentar contra el déficit, que es lo importante del
capítulo 2, poder asumir una serie de gastos sobrevenidos --gastos por
créditos ampliables autorizados por las leyes de presupuestos, gastos por
operaciones internacionales, gastos por otra serie de motivos--, poder
aceptarlos en su momento con generación de crédito, no es incurrir en
mayor déficit. Creo que eso quedó suficientemente explicado en la
intervención del vicepresidente y espero que el secretario de Estado de
Presupuestos lo termine de aclarar. Pero ése no es el asunto, sino los
tres programas distintos que actúan intentando un ahorro en gasto, pero
que es ahorro en ocho conceptos y que necesariamente es mínimo, porque no
se puede avanzar progresivamente, puesto que se va llegando a los límites
de gasto, que se iniciaron mucho antes de llegar nosotros al Gobierno.

Lo quiera entender o no S. S., ya no es mi problema, yo únicamente
intentaré que la reproducción de mi intervención en el «Diario de
Sesiones» permita dar una visión general --tal vez, como usted ha dicho,
ha sido un poco densa; eran muchos temas y he intentado resumirlos-- de
lo que es la austeridad en sentido amplio, de los ámbitos a los que
afecta y de las consecuencias económicas, algunas de las cuales tienen
que ver con el capítulo 2, pero la mayor parte no.

En cuanto a su última petición sobre información en la comisión delegada,
remitiré al señor diputado el informe que presentaré a dicha comisión
delegada, aun cuando ya he venido informando verbalmente, y así consta en
las actas de la comisión, de la evolución de estos planes y programas.

Estoy preparando un informe escrito extenso y entiendo que profundo sobre
estos tres ámbitos y, una vez presentado y expuesto ante la comisión
delegada, lo haré llegar a S. S. con mucho gusto.

Por lo que se refiere al señor Echániz, quiero agradecerle su
intervención. Coincido con él en que no es suficiente, en que no se
termina nunca de ser austero. Entiendo que la austeridad es una virtud
que se tiene o se pierde, pero, si se tiene, no se acaba el 31 de
diciembre. La austeridad hay que aplicarla permanentemente, como hay que
seguir aplicando mejoras en los planes de adquisición centralizada,
mejoras en las juntas de contratación, mejoras en la Ley de Contratos del
Estado --en lo que estamos-- y en los conceptos de austeridad hasta que
podamos y, cuando no podamos, ese concepto se habrá acabado, pero
seguirán otros. Por tanto, le agradezco sus palabras, que han venido a
completar, a dar una visión política de la que las mías carecían.




El señor PRESIDENTE: Se pide un segundo turno de intervención. Vamos a
darlo, por lo que tiene la palabra el



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señor Rodríguez Zapatero, a quien ruego que no se extienda más de cinco
minutos.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor subsecretario, comprenderá que o
estamos hablando en lenguajes extraordinariamente diferentes, o su lógica
conduce al absurdo, o la propia resolución de 23 de junio del Ministerio
de Economía y Hacienda es ininteligible, porque le voy a leer
textualmente lo que establece dicha resolución. Después de explicar los
dos planes dice: Ambito presupuestario. La magnitud económica del ámbito
de la actuación que se propone expresada en términos de la dotación
inicial del presupuesto de gastos del Estado para 1997 asciende a: gastos
corrientes, 1 billón 12.000 millones; inversión
--capítulo 6--, 66.000 millones de pesetas. Es decir, la plasmación
de su plan en la resolución dice que el plan de austeridad y el de
compras públicas afecta en el 99 por ciento al capítulo 2, no lo está
diciendo este diputado ni este grupo. La resultante es que en el capítulo
2 ha habido 90.000 millones más de gasto, por las causas que apuntó el
vicepresidente o por las que sean. Pero no venga a decir usted ahora que
la austeridad, en ese plan o en otro (y la lógica y el sentido común nos
lleva a pensar que la austeridad en la Administración general del Estado
está referenciada esencialmente en el capítulo 2), se refería a otra
cosa. Es lo que usted ha escrito aquí y además lo ha cuantificado
expresamente.

Comprenda usted que sea difícilmente inteligible cuál es la lógica que
viene a plantear aquí y dónde se ha producido el ahorro. Porque si el
plan está dirigido al capítulo 2 en el 98 por ciento y el capítulo 2 da
el resultante que da, el plan estaba mal pensado, ha fracasado o era, lo
que desde nuestra perspectiva sostenemos, pura propaganda política.

En segundo lugar, usted se ha referido a los ahorros en arrendamientos,
pero (y piense sólo en el subsector Estado, porque es el único dato del
que disponemos, no tenemos datos de otros arrendamientos) los 400
millones más que hay en la liquidación del presupuesto sobre la previsión
inicial ¿a qué corresponden y cómo se casan con la cifra que usted ha
puesto aquí sobre la mesa de un ahorro de 1.300 ó 1.400 millones de
pesetas? ¿Quiere decir que han ahorrado en unos y han impedido nuevos
contratos de arrendamientos? La suma global es la que es, es la única
interpretación que puede uno hacer por el sentido común, porque si dice
que han ahorrado 1.300 millones en arrendamientos y la Intervención
General de la Administración del Estado habla de 400 millones más --estoy
refiriéndome al subsector Estado--, no hay quien entienda nada, y el
problema no es que no hay quien entienda, el problema es que usted ha
venido aquí en una actitud distinta a la que tuvo su ministro, que
reconoció implícitamente el fracaso del plan de austeridad y de compras
públicas. Usted no lo ha reconocido y eso me parece que debería haber
inducido a otra reflexión política que hubiéramos comprendido mucho
mejor, porque usted se sabe bien la resolución, las cifras que ha
expresado ahí y a qué ámbito se referían. Ya le dije que me había
sorprendido incluso cómo habían detallado tanto y la explicitación y el
compromiso, que lo había, de un ahorro de un porcentaje en el capítulo 2,
que todos sabemos es muy difícil, pero el resultante es el que ha sido.

Respecto a las modificaciones presupuestarias, ya para terminar --y no
voy a entrar en ninguna de las lindezas que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ha dirigido en su debate confundiendo una vez más
que estamos ahora en la tarea de oposición a este Gobierno y la tarea de
oposición al Gobierno anterior llegó hasta el 6 de marzo y ya pasó,
aunque parece que algunos sólo pueden vivir de la historia, desconociendo
lógicamente el futuro--, le he dado los datos y usted ha citado el de las
modificaciones globales desde 1982 a 1993. Por referirnos a los últimos,
en el capítulo 2 hubo una desviación del 35 por ciento, en 1993; en 1994,
el 17 por ciento; en 1995, el 14 y en 1997, el 30 por ciento. Por tanto,
no presuman de lo que carecen, porque la ejecución de su presupuesto ha
tenido un paquete de modificaciones superior a la media de las
modificaciones de los ejercicios presupuestarios del Gobierno socialista.

No presuman de lo que carecen, porque eso es siempre un error craso en
política, ya lo dice Barea.




El señor PRESIDENTE: El señor Echániz tiene la palabra, en nombre del
Grupo Popular.




El señor ECHANIZ SALGADO: Siento enormemente, como ya dije antes, que
este tipo de medidas usted las haya calificado textualmente como
ridículas o que le produzcan ironía. Sinceramente, creo que esa posición
es la que probablemente hizo que ustedes nunca cumplieran sus deberes en
materia económica ni en materia presupuestaria, y probablemente es la que
hizo que fueran incapaces de cumplir ninguno de los requisitos de
incorporación a la Unión Monetaria Europea que hoy califican todos los
medios como sobresaliente.

Sinceramente tengo que decirle que en el debate de los presupuestos del
año pasado, de 1997, ustedes dijeron, en primer lugar, que no se iba a
cumplir el crecimiento; después, que no se iba a cumplir la recaudación;
después, que no se iba a cumplir el empleo; y, para terminar, que no se
iba a cumplir el déficit, y todas sus previsiones, señor Rodríguez
Zapatero, tengo que decirlo, las de su grupo, han fracasado, han fallado,
y por tanto me puedo permitir en estos momentos decir que ustedes no son
unos buenos futurólogos, me puedo permitir el lujo de decir que ustedes
no se podrían ganar bien la vida adivinando el futuro. Claro que quizá lo
pudiéramos entender en la medida en que, mientras ustedes tuvieron
responsabilidades de gobierno, nunca cumplieron sus propias previsiones,
y por tanto es lógico que no se puedan creer las de los demás. Lo más
grave no es que no se las crean, ni siquiera cuando ya se han cumplido,
lo cual parece bastante más grave, porque evidencia ya no sólo un estado
de incredulidad, sino un estado de manifiesta miopía, y todo ello a pesar
de que, como he dicho antes, el déficit público se sitúa en términos de
contabilidad nacional en estos momentos, señor Rodríguez Zapatero, en el
2,6 por ciento del producto interior bruto, lo que hace absolutamente
imposibles sus argumentaciones. Todo ello también a pesar de que la
Comisión



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Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Nacional
de Estadística, y distintos organismos o institutos de opinión pública
dicen exactamente lo contrario y ponen en evidencia, con datos reales
desde luego, su absoluta ceguera, y no hay mayor ciego, señor Rodríguez
Zapatero, que el que no quiere ver.

Uno tiene la sensación de que no les gusta demasiado que las cosas vayan
bien, a juzgar por estos pregones que hacen permanentemente, y eso,
créame, con todo mi afecto se lo digo, no es bueno para este país. Ya le
han explicado a usted que las medidas de autoridad no sólo contemplan el
plan de gastos, capítulo 2, de la Administración general del Estado, que
introduce además medidas en ocho conceptos de ese capítulo 2, que
comprende además el plan de racionalización inmobiliaria y desde luego la
política de compras públicas, con sus tres líneas de actuación, la junta
de contratación, la modificación del Servicio Central de Suministros y la
modificación de la Ley de Contratos del Estado. Pero no las confundan
ustedes. A pesar, señor Rodríguez Zapatero, de que se publicaron en el
mismo «Boletín Oficial del Estado» no son lo mismo. El Gobierno nunca
cuantificó el ahorro que podía conseguirse con la aplicación del plan de
austeridad, porque, como usted sabe, hay programas, como el de los gastos
corrientes, que tienen sus límites, y ni siquiera el de racionalización
inmobiliaria, a pesar de que va a conseguir ahorros superiores a los
11.000 millones de pesetas.

Lo que hizo el Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, fue cuantificar el
plan de compras entre un 3 y un 6 por ciento, y ya hay resultados
positivos. Le han explicado también que se ha producido un ahorro de
forma global de casi 57.000 millones de pesetas, amén de los ahorros
producidos a empresas que concursan, de la reducción de los plazos y de
la simplificación de los procedimientos, que desde luego suponen otros
cuantos miles de millones más.

En este sentido, quiero aprovechar para hacer una solicitud al
subsecretario, si me permite, en nombre de mi grupo parlamentario,
referente a las relaciones entre contratistas y subcontratistas, y es
que, respetando el ámbito de la jurisdicción civil, en el caso de los
contratos privados, y de la jurisdicción administrativa, en lo referente
al contrato administrativo, que se contemplen mecanismos para que, una
vez que el contratista ha cobrado, también los subcontratistas, también
los suministradores puedan cobrar. Queremos solicitarlo públicamente para
que se busquen cauces de garantía, cauces de rapidez, sin invertir los
ámbitos de jurisdicción.

Quiero reiterar también claramente que las modificaciones realizadas
durante el ejercicio pasado suponen un 29,3 por ciento respecto al
crédito inicial, frente a la media del 36 por ciento correspondiente al
período 1982-1995, y que el gasto realizado en 1997, en obligaciones
reconocidas, en términos homogéneos y por tanto teniendo en cuenta el
Real Decreto-ley 12/1996, es un 14,19 por ciento inferior, lo que
representa desde 1995 un ahorro de 64.000 millones, algo que no se
conocía desde hace muchos años, y que el año 1997 ha sido el año más bajo
desde el año 1993 en obligaciones reconocidas, con la única excepción de
1996.

Y quiero subrayar que estamos en estos momentos inmersos en un importante
proceso de saneamiento de las cuentas públicas, y que este Gobierno ha
sido austero en el gasto de funcionamiento de la Administración y
generoso en el gasto social. Prueba de ello son las últimas medidas en
pensiones, el acuerdo de política fiscal y financiera para la sanidad, en
educación o en las políticas activas sociales y de empleo. Se han
alcanzado además importantes logros en el control del gasto en bienes y
servicios que permitirá ir bajando los impuestos y mejorando los
servicios y las prestaciones públicas que es, en definitiva, señor
Rodríguez Zapatero, lo que demandan los ciudadanos.

Al Grupo Socialista le solicitamos y le imploramos que sigan controlando
al Gobierno, como es su obligación, pero desde luego que no hagan en
estos casos un debate demagógico. Gracias a estos planes y a estos
programas (y también a los funcionarios --cómo no--) se está consiguiendo
disminuir el gasto público y mejorar la imagen --que eso es muy
importante-- de la Administración y concienciar a todos de la necesidad
de un uso racional de los recursos públicos. A quienes han ironizado con
estas medidas quiero decirles que el ahorro material es muy importante,
pero que es mucho más importante cambiar la actitud y la mentalidad, que
es mucho más importante racionalizar el gasto en virtud del coste de
oportunidad, que es importante cambiar las tendencias y esa cultura
derrochadora que ha imperado tantos años.

En definitiva, es necesario que el Estado aproveche su condición de
cliente que efectúa un volumen de compras enormemente importante y que lo
esencial son las tendencias y la evolución. El año próximo --ténganlo
ustedes por seguro-- obtendremos todavía mejores resultados. Hay que dar
importancia, señorías, a la peseta, sobre todo cuando el dinero es de las
familias españolas, de los españoles, porque quien despilfarra en lo
pequeño también despilfarra en lo grande.




El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario de Economía y Hacienda tiene
la palabra, si lo desea, para cerrar la comparecencia.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Díez Moreno): Intervengo
muy brevemente, señor presidente.

Señorías, señor Rodríguez Zapatero, yo no soy quién para darle ningún
tipo de consejos, pero me gustaría hacerle una sugerencia y es que al
abordar este tema, no el del capítulo 2, sino el de los planes y
programas de austeridad presentados por el Gobierno, tenga una visión de
conjunto de todos los programas y planes, no se limite a extraer
consecuencias de un plan o de un reflejo. En primer lugar, una visión del
conjunto de los planes en la intención que yo he presentado esta mañana
y, en segundo lugar, que no los limite a un ejercicio. He dicho también
que ni la austeridad, ni la optimización inmobiliaria, ni la modificación
de la Ley de Contratos termina el 31 de diciembre de 1997; estamos
hablando de planes y de programas en el tiempo. Por tanto, lo único que
se puede



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cuantificar son los resultados que se van consiguiendo dentro de esa
visión global.

En relación con la intervención del señor Echániz, se la agradezco
nuevamente y tomo buena nota de su preocupación con respecto a la
regulación de las relaciones contratistas, subcontratistas y
suministradores que, como también he tenido ocasión de exponer,
constituye uno de los puntos más complejos en la modificación de la Ley
de Contratos que estamos elaborando.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia.

Suspendemos la Comisión durante cinco minutos, y seguidamente entraremos
en el debate y votación de los dos créditos extraordinarios. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reemprendemos los trabajos de la Comisión.




--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 5.647.019.074
PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LAS LINEAS DE
FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), PRODUCIDO EN EL EJERCICIO 1995
(Número de expediente 121/000100).




El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en los cuatro siguientes puntos del
orden del día. El primero de ellos es el de ratificar la ponencia
encargada de informar el proyecto de ley sobre la concesión de un crédito
extraordinario para atender el déficit de explotación de las líneas de
Ferrocarriles de Vía Estrecha.

Vamos a votar la ratificación de la ponencia, ¿o podemos dar por aprobada
dicha ponencia por unanimidad? (Asentimiento.) Se aprueba por unanimidad.




--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE
5.647.019.074 PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LAS
LINEAS DE FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), PRODUCIDO EN EL EJERCICIO
1995 (Número de expediente 121/000100).




El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, entramos en el dictamen emitido
por la ponencia relativo a los Ferrocarriles de Vía Estrecha.

Antes de votarlo, ¿quiere algún grupo hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Votamos el dictamen de la ponencia.




Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad.




--RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR EL
QUE SE CONCEDEN CREDITOS EXTRAOR-DINARIOS, POR IMPORTE TOTAL DE
13.205.257.360 PESETAS, PARA ATENDER COMPENSACIONES DE TASAS
UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 22/1997,
DE 5 DE DICIEMBRE (Número de expediente 121/000095).




El señor PRESIDENTE: Creo que también podemos aprobar la ratificación de
la ponencia correspondiente al siguiente punto del orden del día, el de
las compensaciones de tasas universitarias.

¿Se ratifica la ponencia por unanimidad. (Asentimiento.)
De acuerdo, señorías.




--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY POR EL QUE SE CONCEDEN CREDITOS EXTRAORDINARIOS, POR IMPORTE TOTAL
DE 13.205.257.360 PESETAS, PARA ATENDER COMPENSACIONES DE TASAS
UNIVERSITARIAS Y OTROS GASTOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 22/1997,
DE 5 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000095).




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora a votar el dictamen de la
ponencia. Para ello, el letrado va a leer el resultado del debate de la
ponencia y, por lo tanto, las propuestas de transacción en relación a las
enmiendas presentadas.




El señor LETRADO: El nuevo artículo 1 queda redactado de la siguiente
manera: Para atender obligaciones de ejercicios anteriores, se conceden
créditos extraordinarios por importe de 20.425.257.360 pesetas en el
vigente presupuesto de la Sección 18, Ministerio de Educación y Cultura,
con el detalle que se recoge en el Anexo I. Anexo I: Concesión de
créditos extraordinarios. Se propone la inclusión de los siguientes
créditos extraordinarios. Servicio 07, Dirección General de Enseñanza
Superior. Programa 422.D. Enseñanzas universitarias. Artículo 44, a
empresas públicas y otros entes públicos. Concepto 449. Aportación
complementaria a las universidades para el desarrollo del programa
comunitario Erasmus, curso 1996-1997, 220 millones de pesetas. Servicio
11, Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa.

Programa 423.A, becas y ayudas a estudiantes, artículo 48, a familias e
instituciones sin fines de lucro. Concepto 489.2, compensación a las
universidades públicas por la disminución de ingresos producida por la
aplicación de la disposición



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final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, previa justificación
del derecho individual de cada beneficiario, 7.000 millones de pesetas.

Nueva disposición adicional. En los cursos 1998, 1999 y siguientes, el
Gobierno preverá en los Presupuestos Generales del Estado para 1999 y
siguientes las correspondientes partidas presupuestarias para compensar a
las universidades públicas por la pérdida de ingresos derivados de la
reducción de tasas universitarias a las familias con tres hijos a causa
de su consideración como familias numerosas. Nuevo párrafo en la
exposición de motivos: En el Ministerio... el citado Artículo 63. Dichas
obligaciones derivan de compensaciones a las universidades por exención
de tasas académicas por importe de 7.674.135.583 pesetas y por reducción
de tasas académicas a familias numerosas con tres hijos por importe de
7.000 millones de pesetas, correspondientes a cursos anteriores. (El
señor Homs i Ferret pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Homs, tiene la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Rogaría al letrado que volviera a leer la
referencia a la ley de la disposición adicional, porque no sé si es
correcta esa referencia.




El señor PRESIDENTE: Vamos a volver a leerla.




El señor LETRADO: Debe ser en el título del concepto, porque en la
disposición adicional no hay referencias a la ley.

Concepto 489.2, compensación a las universidades públicas por la
disminución de ingresos producida por la aplicación de la disposición
final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, previa justificación
del derecho individual de cada beneficiario.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra solicitud de aclaración? (Pausa.)
El señor Alcaraz tiene la palabra.




El señor ALCARAZ RAMOS: Más que aclaración quiero indicar que yo he
dejado constancia en la ponencia del mantenimiento de la enmienda número
1. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, entiendo esta propuesta de
transacción en base a unas enmiendas que han presentado los grupos
Popular y Convergència i Unió. Sin embargo, se mantienen fuera del
informe las enmiendas que los grupos parlamentarios hemos presentado, que
serán defendidas cuando vayamos a discutir el dictamen. (El señor
Martínez-Pujalte pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, sólo quería confirmar
que nosotros, en el trámite de ponencia, hemos presentado una enmienda
transaccional a unas enmiendas de Convergència i Unió. Nos hubiera
gustado presentar esas mismas transacciones a las enmiendas del Grupo
Socialista, pero no estaba en ponencia, y quiero hacerlo en este trámite,
porque es el mismo concepto y distinta cantidad.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, tomo la palabra en
nombre del Grupo Socialista para decir que aceptamos la enmienda
transaccional.




El señor PRESIDENTE: Entonces, señora Mendizabal, ¿tengo que deducir que
se retiran las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista en beneficio de la transaccional ofrecida por el Partido
Popular?



La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Sí, señor presidente. Las enmiendas
números 3 y 4, del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las
enmiendas que mantienen los grupos parlamentarios, pregunto a los
portavoces asistentes si quieren hacer uso de un breve turno de palabra
para justificar su posición o su voto.

¿Grupos que quieren hacer uso de la palabra? (Pausa.)



El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, no sé si se va a hacer un turno
de fijación de posición o si se va a hacer la defensa de las enmiendas y
después la fijación de posición.




El señor PRESIDENTE: Le ruego a S. S. que haga las dos tareas en su
intervención. No vamos a hacer dos turnos.

Señorías, les pido que defiendan sus enmiendas y fijen su posición en un
solo turno.

Vamos a dar la palabra, en primer lugar, al señor Alcaraz, en nombre del
Grupo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.




El señor ALCARAZ RAMOS: En Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya
reconocemos que la transaccional supone un interesante avance respecto
del texto que ha llegado. En ese sentido, incluso felicitaríamos
particularmente al Grupo Catalán (Convergència i Unió) por el esfuerzo
hecho y por lo que se ha conseguido. Sin embargo, entendemos que, tanto
en la plasmación final que puede resultar como en relación con algunos de
los problemas reales con los que se encuentran las universidades
españolas, esta ley no va a dar una solución perfecta ni completamente
adecuada, pese a los avances que incluye la transaccional.

Habría sido aconsejable que el proyecto hubiera venido acompañado con un
informe económico que nos permitiera cuantificar y conocer cuáles son
realmente los ingresos que la universidad española ha dejado de percibir
en estos años por la transformación del concepto de familia numerosa, que
sin duda alguna son muy superiores a los



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que hoy vamos a aprobar para años anteriores. Ello puede dar lugar a una
situación conflictiva, porque si bien es cierto que algunos de los
problemas más acuciantes se pueden resolver, no sabemos muy bien --ya que
la cantidad de 7.000 millones no va a poder satisfacer todo lo que se
adeuda a las universidades por ejercicios anteriores-- cómo se va a
producir ese reparto. No sabemos si va a ser algo así como que el que
antes llegue es el que se va a poder llevar la compensación. Nos podemos
encontrar con una situación de agravio comparativo y discriminación,
porque si la evaluación que se hace para un año está en 7.000 millones y
ahora aprobamos 7.000 millones para los tres ejercicios anteriores, hay
aquí una cierta contradicción. Por tanto, vamos a mantener nuestra
enmienda. Había otras que han sido retiradas que hacían una evaluación,
incluso superior para cada año a los 7.000 millones de pesetas. Pero
nosotros nos reservamos el plantear en el Pleno esta contradicción que se
suma a la gravísima situación de financiación de la universidad española.

En un momento en el que se podía haber dado un paso para, al menos,
resarcir de daños anteriores, no se da con la suficiente contundencia,
aunque insisto en que se ha avanzado algo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra don Jesús Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Con toda brevedad, para decir que nuestro grupo
va a apoyar las enmiendas transaccionales.

Consideramos que fue importante la ley de acompañamiento de 1994 porque
supuso una gran protección para las familias numerosas, pero
lamentablemente los siguientes presupuestos del Estado no resgistraron
las dotaciones necesarias para que esta ley aprobada en Cortes tuviese
una realidad en la vida de las familias numerosas.

Ahora se trae una cifra de 7.000 millones de pesetas. No tenemos la
relación, por lo que estimamos que es posible que no sea suficiente para
la cobertura de los tres ejercicios, pero como supone un avance y es la
primera vez que se dota para hacer frente a este déficit de ingresos que
han tenido las universidades españolas, nosotros vamos a votar
favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: La posición de nuestro grupo es aceptar estas
enmiendas transaccionales que se han conformado en el trámite de ponencia
de este proyecto de ley.

Nuestro grupo valora como positivas esas enmiendas porque constituyen un
avance en relación con lo que en estos momentos existe para poder
compensar esos gastos ocasionados a las universidades como consecuencia
de las rebajas por las tasas académicas a las familias numerosas que
tienen derecho a ellas.

No obstante, quisiera indicar, señor presidente, que nuestro grupo
proponía un conjunto de enmiendas que todas ellas venían a conformar una
solución completa del problema que hoy tenemos, pero la solución que se
ha adoptado mediante las transaccionales nos permite asegurar que en el
curso 1998-1999 y en el futuro se van a compensar esas minoraciones en
los ingresos como consecuencia de la reducción a las familias numerosas
que tengan derecho a ella en sus tasas académicas, y habilitamos al
Gobierno para conceder un mayor crédito extraordinario por razón de 7.000
millones de pesetas para que los destine a compensar los gastos
correspondientes a estos ejercicios anteriores. No especificamos el curso
al cual deben dedicarse esas cantidades, pero sí autorizamos al Gobierno,
repito, a que pueda utilizar 7.000 millones de pesetas para compensar por
esta finalidad a las universidades, y hacemos relación en la exposición
de motivos a los cursos anteriores al vigente.

Con ello, señorías, quizá no se resuelve plenamente el tema, pero como ha
dicho también el portavoz de Nueva Izquierda hemos conocido con precisión
la problemática pero no hemos podido saber con detalle absoluto las
cuantías exactas y las correspondientes a los cursos concretos.

Seguramente el Gobierno va a tener, como consecuencia de esa habilitación
que aprobamos ahora, una reclamación por cantidades superiores. En tal
caso, y cuando eso se materialice formalmente, ya nos planteará el
Gobierno cuál es la solución que propone para atender esos gastos
soportados por las universidades, y si es posible se habilitarán las
medidas presupuestarias correspondientes.

Mi grupo hubiera deseado hacer una autorización más elevada, pero no es
posible por razones de limitaciones presupuestarias. Tengan ustedes en
cuenta que ese mayor crédito extraordinario que habilitamos se financia
con emisión de deuda pública, con lo cual las cautelas del Gobierno para
no extender la emisión de esa deuda pública más allá de lo razonable
también son comprensibles y aceptables por mi grupo atendiendo al momento
en que nos encontramos de valoración del país para una decisión superior
de incorporación plena a la Unión Económica y Monetaria.

Con ello, estimo que las enmiendas que se han adoptado son un paso muy
sustantivo, primero, porque se resuelve el presente y el futuro y,
segundo, porque se permite compensar el pasado, aunque no plenamente, sin
restringir la posibilidad de que en su momento se pueda atender a gastos
adicionales que hoy no se podría con esta cifra que aprobamos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo, si fuese Gobierno, me alegraría por el
trámite que sigue esta propuesta. El Gobierno nos dice en un decreto-ley
que necesita 13.000 millones de pesetas para algo que no tenía previsto,
y la Cámara le dice: te voy a dar 20.000, y le vamos a dar 20.000
millones de pesetas. Si yo fuese el Gobierno, repito, estaría contento
hoy.




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Si esto obedeciese a una decisión política añadida, yo lo compartiría,
pero no comparto la filosofía que se está defendiendo. Primero, dicen las
enmiendas que acabamos de aprobar, le damos 220 millones de pesetas para
una aportación en el programa comunitario Erasmus del curso 1996-1997.

¿Es que el Gobierno, cuando presentó los presupuestos, no sabía que había
un programa Erasmus y que debía complementar esa previsión de 220
millones de pesetas? Pues lo hacemos por créditos extraordinarios. Y
dicen ahora, en la proposición siguiente: le vamos a dar 7.000 millones
de pesetas. Si usted contempla la ley del año 1994 es lógico que los
presupuestos de 1995 no recogieran esta previsión, así como los de 1996
porque fueron prorrogados, pero los presupuestos de 1997, ¿cómo es que no
recogieron una previsión legal del año 1994, de dotar unas partidas
presupuestarias para hacer frente a las exenciones que les estábamos
dando a los universitarios por ser familia numerosa? Esa imprevisión del
Gobierno para el presupuesto de 1997 es la que corregimos aquí, y también
las de los años 1994, 1995 y 1996; estoy de acuerdo. Y decimos: para
1997, 1998 y los futuros, también. Pero lo tendrá que hacer el
presupuesto; cuando se haga el presupuesto de 1999, que se ponga la
partida presupuestaria y que no se haga en un crédito extraordinario, y
no darle el dinero ya para que lo puedan hacer. Permítanme SS. SS., pero
jamás he visto una fórmula presupuestaria como ésta. No la entiendo y no
la comparto.

Aprovechando que hablábamos de tasas dice el Gobierno: para la educación
en el exterior, indemnizaciones por razón de servicio para traslados, 900
millones de pesetas. Y además dice: para museos, y para el museo del
Prado nosotros le damos 700 y pico millones de pesetas, y para
bibliotecas, para las dietas de desplazamiento y la energía eléctrica.

Eso no estaba previsto en los presupuestos. Señorías, no comparto esta
fórmula de meter todas las previsiones en el capítulo 2, en el capítulo
de inversiones nuevas, aprovechando que hablamos de tasas y de
compensaciones. Por eso, y con esto termino, nuestras enmiendas iban a
reducir todo a que el crédito extraordinario esté cifrado en lo que la
ley modificó y obligó a cumplir a las universidades; que las tasas iban a
tener unas exenciones que no tenían previstas. No comparto que se meta en
este crédito extraordinario esa imprevisión del Gobierno y esa falta de
programa. Señor presidente, mantenemos nuestras enmiendas y no
compartimos las que introducen otras actuaciones aprovechando que
hablamos de tasas. Cuando vengan los presupuestos, los grupos
parlamentarios pueden enmendar y hacer previsiones para que consten, así
no habrá problema. Pero no dramaticemos las cosas, estamos cubriendo lo
que se debe, lo que no se ha pagado por los defectos que hemos tenido, y
para el futuro, que el Gobierno lo corrija, si no, lo harán los propios
grupos parlamentarios. Por eso no vamos a apoyar la enmienda
transaccional que se ha presentado ni el crédito extraordinario, aun
compartiendo la filosofía de haber aportado solamente para algunas
universidades, porque otras en 1997 ya corrigieron este problema buscando
otras tasas y aportaciones, incluso estando de acuerdo en que se debe
incrementar una previsión.

Señor presidente, cuando hay un crédito extraordinario se aporta una
memoria económica y se dice: de este año tanto, tantas personas lo han
pedido, tantos por universidad: así es como funcionan los créditos
extraordinarios. Aquí dicen: yo tengo la información y más o menos son
7.000 ó 10.000 millones, o lo hacemos abierto. No comparto esa fórmula de
presupuestar, es una innovación revolucionaria. Con esto de la economía
creativa en los presupuestos estamos dispuestos a estudiar y a aprender,
pero no por el camino de autorizar así.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Arancha Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quería comentar que hemos aceptado la
enmienda transaccional en el espíritu que se ha explicado ya en esta
Comisión de lo que supone mejorar la financiación de las universidades
que se han encontrado con esa minusvalía en sus ingresos por las
exenciones y las reducciones de tasas, y también porque lo que se debe de
años anteriores está sujeto a una valoración que se haga exacta, por
parte de las universidades, de los ingresos que han dejado de percibir
por exenciones en las tasas universitarias. En ese espíritu, y con el
interés de que este año y en próximos ejercicios se corrija, es por lo
que aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy brevemente, como los anteriores
oradores.

No creo que el señor Ríos tenga que estudiar y aprender mucho, pero sí me
gustaría dejar claro que el proyecto de ley que vamos a aprobar propone
unos créditos para partidas de años anteriores. De acuerdo con la
modificación que mi grupo parlamentario aprobó el año pasado, con el
resto de los grupos coaligados, en la ley de medidas de disciplina
presupuestaria, nos comprometimos a que obras, servicios, adquisiciones y
demás prestaciones o gastos en general de ejercicios anteriores no se
podían meter en el presupuesto del año en curso. Por tanto, no podíamos
haberlo aprobado en el presupuesto para 1998 y lo hacemos ahora como
crédito extraordinario. Es una precisión que hago al señor Ríos.

En la partida de 7.000 millones de pesetas para becas y ayudas a
estudiantes para compensar tasas universitarias correspondientes al curso
1995-1996 hemos presentado una enmienda para añadir otros 7.000 millones.

Después de aprobar la ley de ampliación del concepto de familia numerosa
se incluye ahora por primera vez el concepto de compensación a las
universidades. Se pudo hacer en el momento en que se aprobó el concepto y
hubiera sido más ordenado, pero no lo hizo entonces el grupo que apoyaba
al Gobierno. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1997
encargamos que se hiciera una evaluación del coste, que es
aproximadamente de 7.000 millones de pesetas, y en la enmienda que hemos
presentado se precisa que



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el pago será previa justificación del derecho individual de cada
beneficiario, por eso no se puede detallar al céntimo qué cantidad será.

Cada universidad deberá justificar sus derechos, pero nos parece que
7.000 millones son suficientes, y mi grupo ha presentado esta enmienda
transaccional que han aceptado el resto de los grupos, cosa que
agradecemos porque supone un importante avance. En el futuro, y así se
hace constar en una disposición adicional, se seguirán contemplando en
los presupuestos cantidades suplentarias.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas que
subsisten. Si no estoy errado, son la número 1, del Grupo Mixto, y las
números 5 a 13, ambas inclusive, de Izquierda Unida.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, firmada por don Manuel
Alcaraz, del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, votamos las enmiendas 5 a 13, de Izquierda Unida.

Señor Ríos ¿quiere que se voten por separado o se pueden votar en bloque?



El señor RIOS MARTINEZ: Como no me han surgido dudas en mi voto sobre
cada una de ellas, las puede someter a votación en su conjunto.




El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente las enmiendas números 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar el informe de la ponencia, con la enmienda transaccional
incorporada a dicho informe.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.