CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 396



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET



Sesión núm. 32



celebrada el martes, 3 de marzo de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de los señores que se relacionan a continuación, para
informar sobre el proyecto de Ley del sector de hidrocarburos (Número de
expediente 121/000099) (Página 11658)



--Del señor consejero del departamento de Industria, Comercio y Turismo
de Cataluña (Subirá i Claus) (Número de expediente 212/001248) (Página 11658)



--Del señor presidente de Enagás (Brufau Niubó) (Número de expediente
212/001249) (Página 11662)



--Del señor secretario general de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal (Sánchez de Apellániz)
(Número de expediente 219/000334) (Página 11675)



--Del señor consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Comunidad
Valenciana (Such Pérez) (Número de expediente 212/001251) (Página 11677)



--Del señor consejero de Industria y Comercio de Galicia (Couceiro
Méndez) (Número de expediente 212/001254) (Página 11680)

Página 11658



--Del señor presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (Petitbó
Juan) (Número de expediente 212/001252) (Página 11685)



--Del señor presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico
(Fernández Ordóñez) (Número de expediente 212/001253) (Página 11691)



--Del señor presidente de Unidad Eléctrica, S. A., Unesa (De Oriol e
Ibarra) (Número de expediente 219/000335) (Página 11694)



--Del señor secretario de Estado de la Energía y Recursos Minerales
(Fernández-Cuesta Luca de Tena) (Número de expediente 212/001255) (Página 11698)



Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos.




COMPARECENCIA DE LOS SEÑORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, PARA
INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS (Número de
expediente 121/000099).




--DEL SEÑOR CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
DE CATALUÑA (SUBIRA I CLAUS) (Número de expediente 212/001248).




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión
de Industria, Energía y Turismo correspondiente al día de hoy. El
programa de comparecencias en relación con el proyecto de la ley del
sector de hidrocarburos es intenso.

Quiero dar la bienvenida al consejero de Industria de la Generalitat de
Catalunya, don Antoni Subirá i Claus. Bienvenido, señor consejero, a esta
Comisión de Industria, cuyo ámbito y materia de reflexión y actividad
parlamentaria es el mismo que el de responsabilidad ejecutiva en la
Administración autonómica de Cataluña. Es un placer poder tenerle en esta
ocasión con nosotros y poder contrastar sus opiniones y criterios acerca
de una ley que, sin duda, es emblemática en el ámbito industrial. Nos
será de gran interés conocer sus reflexiones para orientar nuestros
trabajos parlamentarios.

La comparecencia está establecida de la siguiente forma: habrá un turno
inicial de preguntas que formularán los distintos portavoces de los
grupos parlamentarios, a razón de tres minutos cada uno; a continuación,
daremos la palabra al consejero de Industria para que responda, durante
un tiempo aproximado de cinco minutos; y, finalmente, los portavoces que
lo deseen podrán volver a puntualizar y a plantear alguna cuestión en
relación con la intervención del compareciente; se cerrará la
comparecencia con un último turno del consejero de Industria de la
Generalitat de Catalunya.

Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Grupo Socialista, tiene
la palabra su portavoz para formalizar las preguntas que desee plantear.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: En primer lugar, quiero agradecer al
señor Subirá su comparecencia en esta Comisión y hacer constar, como lo
hemos hecho en otras ocasiones, que las peticiones de comparecencia que
hemos planteado desde el Grupo Socialista tienen por objeto conocer el
mayor número de opiniones, tanto de sectores como de comunidades
autónomas, que puedan verse afectados por esta nueva ley de
hidrocarburos, con el fin de conseguir la mejor ley posible para todos
estos sectores.

Respecto a la solicitud de comparecencia de consejeros de comunidades
autónomas, nos interesa conocer, en términos generales, cuál es la
valoración global que se hace del proyecto, tanto desde el punto de vista
del sector de derivados del petróleo como del sector del gas, si
consideran que este proyecto de ley es oportuno en estos momentos y si
los objetivos que persigue son los que realmente necesita ahora el sector
de la energía en España.

Quisiera que aclarara también qué es lo que piensa respecto a la
supresión de la consideración del sector del gas como servicio público,
pasando a ser un sector de interés general. También nos gustaría que
incidiera en los criterios de distribución competencial que se siguen en
este proyecto, que se declara de carácter básico.

En cuanto a los gases licuados, los GLP, nos preocupa la seguridad y
también el control en la distribución minorista de carburantes. Queremos
saber qué opina usted respecto a los consumidores cualificados; es decir,
qué nivel de consumo pueden alcanzar o qué sectores --independientemente
del nivel de consumo que alcancen-- pueden ser considerados como
consumidores cualificados mientras que hay otros que no pueden serlo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quiero agradecer al señor Subirá su
presencia ante esta Comisión y solicitarle que informe sobre las
siguientes cuestiones.




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Las preguntas que le voy a realizar son las siguientes: en primer lugar,
si considera suficientes las competencias reconocidas para las
comunidades autónomas en el artículo 3.3 del proyecto de ley de
hidrocarburos. En segundo lugar, qué opinión le merece que las
comunidades autónomas formen parte de los órganos de asesoramiento de la
Comisión Nacional de Energía y de los consejos consultivos de
electricidad e hidrocarburos. En tercer lugar, si considera correcto que
la planificación en hidrocarburos la haga el Estado en colaboración con
las comunidades autónoma. En cuarto lugar, si cree el señor consejero que
este proyecto de ley supone un avance en términos competenciales,
precios, mercados, etcétera, en relación con las leyes de otras épocas,
especialmente la de 1987, del gas, y la de 1992, sobre petróleos. En
quinto lugar, si considera suficiente el grado de liberalización que
otorga el proyecto de ley en lo relativo a los mercados de gases por
canalización. En sexto lugar, si a juicio del señor compareciente permite
el proyecto de ley el desarrollo de redes secundarias de transporte y
distribución con libertad para los agentes. En séptimo lugar, en qué
supuestos debería exigirse al Ministerio de Industria la obligación de
que proporcione información a las administraciones autonómicas con
competencias ejecutivas en el ámbito de hidrocarburos. Por último, cómo
pueden reforzarse las acciones de control en el mercado de la
distribución de minoristas de carburantes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
consejero de Industria de la Generalitat de Catalunya, señor Antoni
Subirá.

Al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió le gustaría saber cuál es
su opinión respecto a dos cuestiones de fondo que están planteadas en el
proyecto de ley de hidrocarburos. En primer lugar, cuál es su posición
acerca de la renuncia del Estado en relación al derecho de reversión que
establece el proyecto de ley, dada la anotación importante que está
establecida en el mismo, según la cual desaparece la concesión y se
establece la autorización; y, en segundo lugar, cómo entiende usted que
podría precisarse más aún en el proyecto de ley la participación de las
comunidades autónomas en la planificación de toda la cuestión relativa a
los hidrocarburos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero saludar, en nombre del
Grupo Parlamentario Vasco, al consejero catalán.

La mayoría de las preguntas en que este grupo parlamentario tenía
interés, con relación a los ámbitos competenciales y con relación a los
consumidores cualificados, han sido formuladas ya. Sin embargo, nos
gustaría conocer la opinión del conseller sobre la existencia de una
comisión nacional de la energía en la que se integren la del sector
eléctrico y la del sector de hidrocarburos. Y le formulo una última
pregunta en relación con la diversificación de los abastecimientos y la
potenciación de otras alternativas en el sector.




El señor PRESIDENTE: Señor Subirá, le corresponde a usted el turno de
intervención.




El señor CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE
CATALUÑA (Subirá i Claus): Señor presidente, señorías, en primer lugar,
es para mí un honor y un placer informar en esta Comisión. Es la primera
vez que pongo los pies oficialmente en esta casa e, insisto, es para mí
un honor y un placer.

Voy a pasar a responder a las preguntas, tal y como dispone el
Reglamento. Algunas de ellas se solapan, como habrán observado ustedes al
formularlas; sobre alguno de los temas se ha preguntado de distintas
formas, pero sustancialmente lo mismo.

La primera pregunta es interesante porque de hecho permite hacer una
valoración global del proyecto. Efectivamente, nosotros hacemos una
valoración positiva del proyecto, cuyos contenidos van orientados a
favorecer la competencia, a mejorar la garantía de suministro, y como
consecuencia especialmente del primer aspecto, seguramente provocarán una
reducción de costes para los operadores aguas abajo, que en el fundo son
la economía productiva y los hogares. Y lo valoramos positivamente
también en relación con la refundición que hace la modificación de la
legislación aplicable a hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos, que
está vigente aún y que está un poco dispersa en los tres textos que se
han mencionado en algunas de las preguntas: la Ley de 1974, relativa a
exploración e investigación de hidrocarburos líquidos y también gaseosos;
la de 1987, que hacía referencia básicamente a la ordenación del sector
gas natural, y la de 1992. Creo, además, que es bueno que se aproveche
esta oportunidad para poner en un solo texto todo lo relativo a
hidrocarburos y que se haga además en las líneas generales que se
contemplen. Por tanto, la valoración global que hacemos es positiva.

De todas maneras, déjenme hacer un inciso relativo al tema de precios,
porque tampoco podemos ser alegremente optimistas respecto a esto.

¿Debido a qué? Debido a que la situación actual en algunos aspectos como
los precios, específicamente en el tema del gas natural, no es mala;
evidentemente, puede mejorar, pero no es mala. En mi departamento hace
unos meses hicimos un ejercicio que consistió en valorar la situación
tarifaria en España comparada con nuestros vecinos europeos. Esto no es
nada fácil porque las estructuras de tarifas son complejas. El ejercicio
consistió en tomar la estructura industrial catalana --naturalmente, lo
hice con la estructura industrial de mi comunidad--, aplicarle los
sistemas tarifarios de otros países y ver qué resultaba. El resultado es
muy curioso. En enero de 1996, si valorábamos el coste para la estructura
industrial catalana en 100, nos encontrábamos con que solamente el Reino
Unido estaba por debajo en cuanto a



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coste; es decir, la estructura industrial catalana situada en la
estructura tarifaria del Reino Unido hubiera arrojado una cifra inferior.

En cambio, estábamos por debajo de Francia, de Finlandia, de Bélgica, de
Holanda, de Dinamarca, de Italia, de Luxemburgo y de Alemania. En
Alemania, que tiene una variedad de tarifas dependiendo de la zona del
país, es un 69 por ciento más caro; y en el länd alemán más barato, el de
Hamburgo, era un 40 por ciento más caro. Esta situación ha cambiado
ligeramente en 1997, y concretamente en enero de 1997 tenemos por detrás
--son más baratos-- a Dinamarca, Bélgica, Francia y Reino Unido, que ya
lo estaba; todos los demás continúan siendo más caros. Seguramente esto
es debido a la perspectiva de competencia en estos países, que nos han
superado en cuanto a menores costes. Por tanto, es necesaria la ley por
lo que he dicho y además es necesaria para continuar en esta situación de
unos precios relativamente más baratos que los de nuestros competidores,
porque si no introdujéramos una liberalización y, por tanto, un elemento
de competencia, probablemente perderíamos posiciones en este sentido.

Esto es por lo que hace referencia a la valoración en conjunto de la ley.

Se ha hablado, desde distintos puntos de vista, de la diferencia entre
servicio público o de interés general, tema que está relacionado con el
paso de un régimen de concesión a un régimen de autorización y además
está relacionado con el tema de las competencias de las comunidades
autónomas. Mientras estos suministros se consideren un servicio público,
y dada la estructura del bloque constitucional, es decir, estatutos y
Constitución, los titulares del servicio son las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas podrían, de hecho, dar el servicio ellas
mismas, pero la mayoría ha optado por dar concesiones administrativas con
un período concesional determinado y, al final del período, por una
reversión de los activos a la autoridad que tiene la competencia. Esto es
lo que se modifica más sustancialmente en el proyecto de ley, desde el
punto de vista al menos de estructura legal: se elimina el régimen
concesional. Como no se considera servicio público, se pasa a un régimen
de autorización de operadores. Esto significa, hasta cierto punto, una
desapoderación de las comunidades autónomas, y además hay que estudiar
con mucho cuidado lo que va a pasar con estas concesiones que hoy están
en vigor. Es decir, habría que establecer --pensamos-- un período
transitorio de entre diez y quince años que permitiera preservar el
equilibrio concesional, el equilibrio económico de estas concesiones y
además tener en cuenta de una manera muy cuidadosa qué pasa con las
reversiones que, hoy por hoy, cuando se acabara la concesión, irían a
parar a las respectivas comunidades autónomas. Es un problema que se
puede resolver, y nosotros pensamos que esto no nos ha de inhibir de dar
el paso positivo valorado globalmente que esta ley representa. Porque una
ley liberalizadora no significa necesariamente una ley desreguladora;
habrá que establecer las regulaciones necesarias para que la
liberalización produzca sus frutos y, en cambio, evitemos los
inconvenientes a los que me acabo de referir.

En cuanto a la distribución competencial, sobre la que también me han
preguntado distintos portavoces, aquí hay distintos aspectos que hay que
considerar. Creo que es necesario delimitar muy bien las competencias
desde el punto de vista de los territorios de cada comunidad autónoma y,
sobre todo, hay que preservar para las comunidades autónomas --y esto es
muy importante, desde nuestro punto de vista-- la capacidad
planificadora. Esto no queda claro en el texto de la ley. Puede darse una
interpretación al texto, por lo menos tal como yo lo he leído, según la
cual toda la planificación pasa a ser competencia del Estado, y esto
puede ser adecuado y válido, por ejemplo, por lo que hace referencia a la
red básica de gaseoductos, o puede ser necesario con respecto a los temas
de refino y la red básica de oleoductos, pero en cuanto entramos en la
cobertura del territorio y las prioridades en la cobertura del
territorio, aquí creo que las comunidades autónomas deberían preservar su
capacidad planificadora en todo lo que hace referencia a las prioridades.

Fíjense que especialmente en el tema del gas, si queremos conseguir un
equilibrio territorial adecuado desde el punto de vista económico, es
necesario que la red de gas alcance zonas que espontáneamente sería
difícil que fueran cubiertas, y ahí --insisto-- la capacidad de marcar
prioridades por parte de las comunidades autónomas creo que debe ser
preservada, admitiendo --insisto también-- que en temas de red básica la
competencia estatal también es clara.

Esto nos lleva de nuevo a lo que estaba comentando hace unos minutos con
respecto a un período transitorio de relativa longitud, y nos lleva
también a otra cuestión que, si no se me ha planteado, desde luego estaba
en el background de varias preguntas, que es la existencia en el proyecto
de ley de un operador de la red básica. Si no se actúa con la prudencia
adecuada en este tema, si se hace una liberalización brutal, una
liberalización más rápida incluso de lo que la directiva europea al
respecto seguramente planteará, nos podríamos encontrar con aquel
fenómeno que algunos economistas describen como el descremado del
mercado, es decir, sólo se proveen de infraestructura las zonas más
densamente pobladas, aquellas que tienen más actividad económica, y
entonces quedan marginadas zonas que estarían justo en la frontera en la
que se pueden hacer inversiones, donde es interesante hacer inversiones.

Si alargamos el período transitorio durante el cual el inversor recupera
la inversión que ha realizado, podemos conseguir que estas zonas a las
que es menos fácil proveer de infraestructuras por razones estrictamente
económicas, a corto plazo, puedan ser servidas adecuadamente. Quiero
decir con esto que, de hecho, es un tema de rentabilidad de las
inversiones a un plazo más largo o más corto; si la ley fuerza a que el
plazo de recuperación sea muy corto, porque no establece un período
transitorio, se dejarían de hacer inversiones que, por otra parte, pueden
ser convenientes para el desarrollo económico de las zonas posiblemente
afectadas por estas inversiones.

Hay un tema que está desconectado de lo que he dicho, que es el del
control de carburantes, por el que también han preguntado varios grupos
parlamentarios. El control de carburantes ahora está sobre la mesa debido
a lo que ha ocurrido recientemente en el suministro, en la venta al
detall de algunos carburantes líquidos. Creo que es necesaria



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la introducción de seriedad en el sector de la distribución de
carburantes líquidos para los automóviles. Es un sector en el que hay
grandes operadores que actúan o bien a través de puntos de venta propios
o bien a través de lo que se ha dado en llamar abanderados. Esta es una
situación parecida a la de las franquicias que se observan en otros
sectores de actividad económica. La normativa actual no da posibilidades
serias de control al operador al por mayor con relación a sus
abanderados. Conozco casos concretos en los que una gasolinera, un punto
de venta abanderado por un operador importante, lleva más de tres años
sin comprar un solo litro de gasolina o de gasoil al abanderador. Ante
esta situación, la indefensión del abanderador es enorme; no puede entrar
en la instalación del abanderado si no es con un mandamiento judicial. En
este sentido, la ley debería dar mayores posibilidades de control sobre
lo que hacen aquellos que manejan, de hecho, tu marca comercial;
posibilidades de control tanto en cuanto a la metodología como en cuanto
a la calidad del producto servido y su composición. Esto, naturalmente,
tendría una contrapartida. Si la ley da al abanderador mayores
posibilidades de controlar a su abanderado, deberíamos, como
contrapartida, responsabilizar al abanderador de la calidad de lo que se
está sirviendo, tanto en cantidad como en composición del producto. Creo
que esto puede introducir seriedad en este sector, además, por una razón
económica. Las inversiones que se hacen en promoción de marca comercial
son muy importantes, por tanto, está en el mejor interés económico del
abanderador que sea correcto el servicio que se preste en aquellos puntos
que distribuyen su marca, tanto desde el punto de vista de la cantidad
como de la calidad del producto. Creo que daríamos un paso adelante si la
ley contemplara estos aspectos.

En las preguntas que se han formulado también existe otra área de interés
--tengo la sensación de que las estoy respondiendo todas, si no el señor
presidente me lo recordará--, que es la que hace referencia a la
presencia de las comunidades autónomas en los órganos de asesoramiento y
en las comisiones que han de controlar este sistema. Creo que no está
suficientemente claro en la ley cómo se tiene que desarrollar esta
participación --toda precisión que se añada aquí creo que será
positiva--, sobre todo teniendo en cuenta, como he dicho antes, que se
desapodera a las comunidades autónomas por el hecho de cambiar el sistema
concesional a una simple autorización; dicho de otra manera, la no
consideración de servicio público y sí de interés general significa una
cierta desapoderación de las comunidades autónomas. Por tanto, en
compensación y para la eficacia del sistema sería necesario precisar muy
bien la presencia de las comunidades autónomas y su papel en los órganos
asesores y de gobierno.

Eso nos lleva a una segunda cuestión, que es: ¿una comisión o dos?,
pregunta que ha formulado el Grupo Vasco. La teoría puede ser --las
teorías están a veces muy alejadas de la realidad-- que el sistema
energético hay que contemplarlo en su conjunto, por tanto, hagamos una
sola comisión que controle todo el sistema energético. Esa es la teoría.

Pero en la realidad tenemos esencialmente dos sistemas: por un lado, el
eléctrico y, por otro, el de hidrocarburos. Tengo la sensación de que las
peculiaridades de estos dos sistemas son suficientemente importantes y
distintas --mutuamente distintas-- como para que sea recomendable hacer
dos comisiones. Por otra parte, la Comisión del sistema eléctrico ha
desarrollado ya en estos meses que lleva funcionando un buen know how,
una gran experiencia, y creo que simplemente lo que conseguiríamos sería
distraer la atención de la Comisión y no se haría mejor el trabajo.

Pienso que la gente que dirija y sea miembro de la comisión de
hidrocarburos tendrá una etapa inicial difícil, porque habrá que
establecer la práctica de su funcionamiento, cosa que es distinta de la
normativa; es verdad que se tiene que encajar en ella, pero hay que
desarrollar la práctica. Creo que sería disfuncional hacer una sola
comisión.

Los ingleses están pensando en hacer una sola comisión. Quizá éste ha
sido un argumento que algunos han podido utilizar para decir: Fíjense, si
los ingleses, que tenían dos comisiones, van a una sola, es señal de que
hay que ir por ahí. No, los procesos son los procesos. Seguramente
después de unos años se podría pensar en una sola comisión; en cambio, la
experiencia durante los años que han trabajado con dos comisiones ha sido
muy positiva. Insisto en que para nosotros es fundamental que haya dos
comisiones, la que existe para el sector eléctrico y que, en todo caso,
se cree una comisión nueva para el sector de hidrocarburos.

Tengo la sensación de que he tocado todos los temas que ustedes me han
planteado. También tengo la impresión de que quizá he abusado un poco del
tiempo, señor presidente; si es así, pido disculpas, y si me he dejado
algún tema en el tintero, en el turno de réplica ustedes me pueden exigir
que conteste.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso del turno de réplica?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, no es exactamente un
turno de réplica, es solamente para agradecer al señor Subirá su
contestación y para solicitarle, si puede, que nos pase el informe que ha
realizado la Generalitat respecto a la aplicación de las tarifas de otros
países europeos. Le estaríamos muy agradecidos.




El señor PRESIDENTE: Cuando disponga de ese informe, se remitirá a todas
las señorías.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Voy a hacer una única pregunta: cuál
sería, para el señor consejero, el plazo de los consumidores cualificados
que debería recogerse en la ley y que fuera acorde para regular el
mercado del gas en España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subirá.




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El señor CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE
CATALUÑA (Subirá i Claus): He hablado de plazo, de un período de
adaptación. De la misma manera que en la adaptación del sistema eléctrico
se ha dado un período transitorio de cierta importancia, he dicho que
puede ser de entre diez y quince años. Ustedes no podrán poner esto en la
ley, no les quedará más remedio que precisar, pero si yo tuviera que
expresar mi preferencia, diría que se acercara más a los quince que a los
diez. Por tanto, pongamos que diez sería un mínimo, quince me parecería
fantástico y cualquier cosa que esté en medio, razonablemente bien.

Usted, señor diputado, me había formulado otra pregunta a la que no he
contestado. Tal como ha empezado su pregunta, me ha sugerido el tema de
los consumidores cualificados que ahora paso a contestar.

El planteamiento que se hace de los consumidores cualificados es para mí
correcto. En todo caso, hay un aspecto que necesita aclaración --y en el
que también estoy en principio de acuerdo en cómo se plantea-- que es la
no consideración de consumidores cualificados a los cogeneradores por
debajo de un determinado consumo, que es importante y, si no recuerdo
mal, son 25.000.000 de metros cúbicos. Los que están por debajo, si son
cogeneradores acogidos al régimen de tarifa especial de los
cogeneradores, no pueden ser consumidores cualificados. Esto me parece
razonable precisamente por el hecho de que ya tienen una subvención en
forma de tarifa especial para la reventa de sus kilovatios; es decir,
este planteamiento tiene especificado su marco en la ley eléctrica,
aunque está pendiente de desarrollo reglamentario, está pendiente del
decreto de desarrollo. De todas maneras, ustedes conocen --porque la ley
también se discutió en esta Comisión--, que las ventajas que tienen los
cogeneradores no son injustificadas; de hecho, se derivan del interés que
tiene la cogeneración como sistema energético para el conjunto del país,
porque reduce el consumo energético en su conjunto. Nosotros consideramos
y defendimos el tema de los cogeneradores y vamos a continuar
defendiéndolo, pero pensamos que ya tienen su tratamiento específico y,
por tanto, no es necesario que además sean consumidores cualificados si
están por debajo de este consumo. Podrían ser consumidores cualificados
si renunciaran al régimen específico de tarifa para cogeneración o bien,
cuando se acabe el período transitorio --que también existe en este
tratamiento específico de la cogeneración desde el punto de vista de
tarifa eléctrica--, pasarán a ser unos usuarios normales, y si cumplen
las condiciones que contempla la ley podrán ser consumidores
cualificados.

Por tanto, este planteamiento me parece correcto, aunque naturalmente
siempre se puede matizar para arriba o para abajo y en lugar de
veinticinco podrían ser 22.000.000 de metros cúbicos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, si no hay más cuestiones, agradecemos al
consejero su presencia en esta Comisión de Industria y esperamos que no
sea la última vez que vuelva a poner los pies en esta casa. En cualquier
caso, podríamos ocuparnos de que esto no fuera así e invitarle en otras
ocasiones, en otros trámites y en otras iniciativas legislativas. Le
agradezco el hecho de que haya aceptado nuestra invitación para
comparecer en la sesión de esta mañana.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ENAGAS (BRUFAU NIUBO) (Número de expediente
212/001249).




El señor PRESIDENTE: Señorías, corresponde ahora atender la comparecencia
de Antoni Brufau, presidente de Enagás, a quien damos la bienvenida a
esta Comisión.

Creo que ya conoce el procedimiento de este comparecencia. En primer
lugar vamos a dar la palabra a los distintos portavoces para que le
formulen las preguntas, y a continuación tendrá usted oportunidad de
responderlas como mejor convenga en función de las que se le planteen.

Tiene la palabra el grupo que solicitó su comparecencia, para poder
formular las preguntas al señor Brufau.

Señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero agradecer al señor Brufau su
comparecencia ante esta Comisión, a petición del Grupo Parlamentario
Socialista y, por qué no decirlo, es una de las comparecencias quizás más
esperadas por todos, pues cuando venían los representantes de las
empresas de hidrocarburos líquidos y les preguntábamos por los mismos
todo el mundo hablaba del gas. Hemos tenido dos comparecencias de Gas
Asturias y Gas Euskadi, pero su comparecencia tiene cierta expectación
que creo no se le escapa a nadie.

Todos somos conscientes de que el gas natural constituye una alternativa
energética bastante importante en estos momentos, y que la dependencia
que ha habido del sector del gas y lo poco diversificado de los
aprovisionamientos ha llevado a una situación monopolística. Dentro de
este ámbito, deseo que nos haga una valoración respecto a la oportunidad
de este proyecto de ley y si cree que en estos momentos es necesario.

Dentro de esta valoración general, ¿piensa usted que el modelo que se
elige es el adecuado para los objetivos que se proponen en la ley? No
vamos a olvidar que los objetivos son la liberalización, por tanto una
mejora de la competitividad y también en los servicios a los
consumidores. Desde el punto de vista de lo que se pretende ¿va a
permitir este modelo que se elige que esto sea realmente así?
Otro tema sobre el que hemos preguntado en varias ocasiones es el
relativo al cambio de servicio público a servicio de interés general; es
decir, si pasar de una concesión administrativa a una autorización
permite que los requerimientos que se exigen a un servicio como es el
gas, pueda llegar a todos los ámbitos, se puedan o no seguir cumpliendo.

¿Es importante el cambio de servicio público a servicio de interés
general?
Otro tema que nos interesa es la regulación del acceso a terceros, en
todos los ámbitos. El que se pueda dar esa autorización o se pueda
denegar, las causas por las que se puede denegar o no el acceso a
terceros, que ese acceso a terceros pueda darse o no en buenas
condiciones. El núcleo



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fundamental de todo lo que rodea a las grandes inversiones que se han
hecho en estos últimos años va a ser el acceso a terceros porque aquí, en
términos generales, nadie se va a poner a construir unas conducciones
paralelas.

Otra cuestión que nos interesa es la de las tarifas y la liberalización
de precios. ¿Cómo va a afectar el tema de las tarifas? Antes ha habido
una intervención por parte del conseller de la Generalitat en la que nos
hablaba de un estudio comparativo sobre cómo afectaba la aplicación de
tarifas de otros países europeos a la estructura catalana. ¿Qué va a
pasar con las tarifas y con los precios?
Finalmente, rogamos información de todo lo que usted crea que se nos ha
olvidado en nuestras preguntas y pueda tener relación con este proyecto
de ley, porque no se nos escapa que su comparecencia nos puede dar muchas
claves.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, quiero agradecer al
presidente de Enagás, don Antonio Brufau, su comparecencia ante esta
Comisión y formularle las siguientes preguntas.

En primer lugar, desde el punto de vista de Enagás, cómo se ve el
proyecto de ley presentado; si considera que el proyecto de ley de
hidrocarburos avanza en la liberalización, introduce una mayor
competencia y, al final, se va a obtener una rebaja en los precios.

En segundo lugar, cómo ve la desaparición del concepto de concesión y el
establecimiento de autorización administrativa. Si considera necesaria la
libertad de establecimiento para crear infraestructura de la red básica,
completarla y ampliarla.

En tercer lugar, si ve posible en el momento actual, dado el problema de
suministro que tiene la nación, nuevos enlaces con Europa, y qué
considera razonable como peaje para acceder los terceros a la red básica.

En cuarto lugar, si considera que la figura de transportista debe de
estar separada de la compra y venta de gas.

En quinto lugar, si considera esencial que el gestor del sistema debe de
ser independiente y quién debería ser la figura del gestor.

En sexto lugar, si los contratos TOP no deben invocarse para rechazar el
acceso a terceros.

Y por último, dos preguntas fundamentales: qué opina del trato que se da
en el proyecto de ley de hidrocarburos a la diversificación y a la
reciprocidad; y respecto a los consumidores cualificados, si considera
correctos los plazos que se establecen para alcanzar la calificación de
cualificado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, quiero dar la bienvenida y
agradecer la comparecencia del presidente de Enagás, don Antonio Brufau,
ante la Comisión de Industria, para que nos pueda aclarar y contestar a
todas aquellas dudas que tenemos diferentes grupos parlamentarios acerca
de la importancia de un proyecto de ley como es el de hidrocarburos.

Nuestro grupo parlamentario va a plantear seis cuestiones: tres de ámbito
general y de fondo que afectan al citado proyecto de ley, y otras tres
consideraciones que si no las pudiera aclarar en esta comparecencia puede
enviarnos los datos, caso de que no los tuviera a mano, a través de un
escrito dirigido a la presidencia de la Comisión, pues son datos
básicamente orientados al desarrollo de inversiones de la compañía Gas
Natural.

En primer lugar, yendo directamente al primer bloque de cuestiones, a
nuestro grupo le gustaría saber cuál es la valoración que ustedes hacen
acerca de las diferencias existentes entre las previsiones de la
directiva comunitaria y las propuestas de dicho proyecto de ley.

En segundo lugar, nos gustaría conocer cuál es, según su criterio, la
importancia de las condiciones del suministro de cara a este desarrollo
legislativo a través de la modalidad del take or pay.

En tercer lugar, querríamos conocer en qué medida una legalización del
mercado que comporta la pluralidad de los compradores, puede influir en
los costes y precios del suministro de gas. Estas son las tres
consideraciones de carácter general.

Sobre las cuestiones de carácter particular respecto al gas natural, a
nuestro grupo le gustaría saber cuáles han sido aproximadamente las
inversiones realizadas por Gas Natural durante los años 1992 y 1997 y las
perspectivas de cara al futuro, en los próximos cinco años, en cuanto a
inversiones globales, todo ello ligado a la influencia que podría tener
el proyecto de ley sobre las posibilidades de aceleración de dicho
proceso inversor.

Asimismo, nos gustaría saber cómo pueden condicionar dichas inversiones,
en cuanto a la internacionalización de Gas Natural en dicho proceso
inversor, referido a los próximos cinco años.

En último lugar, nos gustaría conocer cómo contempla, en este caso, Gas
Natural, la adaptación del nuevo sistema de hidrocarburos --concretamente
el gas--, a dicho proyecto de ley cuando esté aprobado por las Cortes
Generales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, en primer lugar,
deseo saludar y agradecer su comparecencia al presidente de Enagás, en
nombre del Grupo Vasco (PNV).

En relación a las cuestiones que habría que formular en este turno,
quiero conocer la opinión de Enagás sobre la planificación recogida en el
proyecto de ley, artículo 4, en relación a la forma de plantear esa
planificación que realiza el proyecto de ley.

En segundo lugar, deseo conocer su opinión en relación a que exista una
sola comisión nacional de la energía o que



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haya dos consejos consultivos diferentes; cómo debería estructurarse
desde la perspectiva de Enagás este tipo de órganos para llegar a los
objetivos previstos en la ley.

En tercer lugar, saber su opinión sobre la forma en que están
estructurados el operador del sistema eléctrico, y ahora la gestión del
sistema gasista; a favor de qué concepto tendería la presidencia de
Enagás a la hora de redactar la ley y poner en vigor la misma.

En cuarto lugar, cómo plantea Enagás sus relaciones con las comunidades
autónomas y si los títulos competenciales que están aquí expuestos los
cree razonables o qué cambios se van a producir en relación a las
competencias que las comunidades autónomas van a disponer con el nuevo
proyecto de ley y, en todo caso, cómo ve Enagás sus relaciones con los
titulares de esas competencias y con los nuevos operadores que a partir
de ese proyecto de ley van a empezar a tener nuevas posibilidades de
actuación.

Para terminar, señor presidente, desearía conocer si en el planteamiento
por parte de Enagás y los contratos que en este momento mantiene en
vigor, sería posible si no una subrogación por parte de dichos contratos,
un aprovechamiento de su capacidad de compra, habida cuenta de que hasta
recientes fechas era ejercida esta actividad por el Estado; en
definitiva, cuál es la posición de Enagás para que esta ley sea efectiva
y, en consecuencia, se diversifiquen los abastecimientos y se potencien
esas alternativas que están recogidas como objetivos en este proyecto de
ley.




El señor PRESIDENTE: Don Antonio Brufau tiene la palabra para contestar a
todas las preguntas formuladas.




El señor PRESIDENTE DE ENAGAS (Brufau Niubó): Buenos días, señorías.

Hay una gran cantidad de preguntas, por lo que me parece que voy a hablar
muy rápido o me tendrán que dar un poco más de tiempo. Sin embargo, voy a
intentar responder a todo.

Si no les importa, porque hay muchas preguntas que responden a una
reflexión general del sector del gas, me gustaría hacerles perder cinco
minutos para reflexionar sobre cómo está el sector del gas en este
momento en España en comparación con otros sectores españoles que están
en proceso de liberalización y en comparación con Europa y con otros
países, donde también se están acometiendo estos procesos de
liberalización.

El sector del gas en el mundo tiene tres características básicas muy
importantes a la hora de interpretar posteriormente los procesos
liberalizadores y las actitudes que toman unos países respecto a otros.

En primer lugar es un sector intensivo en capital, es decir requiere de
grandes inversiones en infraestructuras, infraestructuras que normalmente
aportan poco valor añadido, lo que significa que son infraestructuras en
transporte, infraestructuras en tubos, no son grandes fábricas con
grandes generaciones de cash flow, sino que son temas que requieren de
una fuerte inversión, sobre todo a largo plazo. Cuando un operador de gas
español, o cualquiera, hace una inversión en infraestructuras, tiene que
estar dispuesto a recuperar sus inversiones en un horizonte no menor de
25 ó 30 años, y éste es un condicionante importante a la hora de efectuar
el desarrollo del gas, implícito en muchas de sus preguntas, para ver
cómo tiene que plantearse la apertura del mercado. Primera reflexión:
intensivo en capital.

Segunda reflexión, recuperación a largo plazo. Es un sector que también
opera en todos sus contratos en el concepto de largo plazo; es decir, los
contratos de aprovisionamiento son contratos a 25 años o 30 años y
creemos que lamentablemente --y digo lamentablemente porque esto funciona
así-- van a continuar siendo contratos a largo plazo. Los compromisos de
ventas que tienen los operadores en el mercado también son compromisos a
largo plazo; todo el mundo se posiciona a largo plazo, ya sean los
productores que tengan reservas para vender el gas a los señores que
compran las reservas, ya sean estos señores los que tengan capacidad de
compra para venderlo a sus clientes, normalmente es un proceso que tiene
una duración larga y, por tanto, también estable.

En tercer lugar, en el sector del gas en Europa se está produciendo un
oligopolio de oferta y un oligopolio de demanda. Europa, como ustedes
verán ahora tal como les explicaré, depende de las importaciones y
básicamente de tres compañías en tres países propietarios de las mismas:
Noruega, Rusia y Argelia; es decir, los grandes suministradores de gas al
sistema son tres compañías públicas de tres Estados; por tanto, tienen
una capacidad de negociación muy superior a la que puedan tener los
compradores.

En el lado de la compra también se produce un oligopolio de demanda
porque hoy por hoy en Europa, salvando el caso inglés, al cual me
referiré después para que ustedes interpreten un proceso de
liberalización que ya se ha producido, existen grandes grupos en cada uno
de los países, grupos que están integrados verticalmente. En nuestro
caso, en el caso español está el grupo Gas Natural, que compra
básicamente la totalidad del gas que entra al sistema; en el caso
italiano está Snam, que también es una compañía parecida, que tiene el
aprovisionamiento, el transporte y la distribución; en el caso francés es
Gas de France, que es exactamente lo mismo; en el caso alemán, Rhur Gas;
en el caso belga, Distrigaz; es decir, Europa está organizada en el
sector del gas igual que España. En el caso español hay dos grandes
compañías transportistas, una es el grupo Gas Natural y la otra, Gas de
Euskadi, pero básicamente en Europa los parámetros son aproximadamente
los mismos. Si ésta es la estructura del sector en Europa, veamos qué nos
pasa en España. Junto a estas variables clave europeas, en España se
producen otras características que son un poco diferentes a las que están
teniendo lugar en Europa. Estas características, que son muy importantes
para interpretar la valoración que nuestro grupo puede hacer de la ley y
que yo creo que les tienen que ayudar a ustedes también a reflexionar
sobre la misma, son de dos tipos. En primer lugar, en España la
dependencia de las importaciones es absoluta, es decir, nosotros no
tenemos gas; a diferencia de Europa, que más o menos todos los países
tienen cierto nivel de reservas de gas, en España tenemos cero nivel de
reservas de gas, con una excepción, que durante dos años delante de
Cádiz, en las marismas,



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habrá algo de producción de gas, pero --matizo-- absolutamente
irrelevante para el sistema.

Los países que componen la Unión Europea importan de estos tres Estados,
además de otros sitios más marginales, aproximadamente el 42 por ciento
de su consumo; es decir, Europa importa el 42 por ciento de su consumo de
tres países que no pertenecen a Europa y cuyas compañías o sociedades
exportadoras son propiedad de estos Estados. Este porcentaje del 42 por
ciento en 1997 puede ampliarse hasta tasas del 65/70 por ciento en el año
2010, consecuencia de la mayor demanda de gas que se va a producir
precisamente en el continente europeo. Por tanto, Europa es frágil a la
hora de determinar su capacidad de autoabastecimiento y la seguridad del
sistema. Si ésta es la situación de Europa, en España es del cien por
cien; es decir, todos los consumos de gas del año 1997 y anteriores, con
la matización que les he dicho antes de estas pequeñas reservas que
tenemos delante de Cádiz, se producen por compras a terceros países, y en
el año 2010 el consumo de gas, como también después tendré oportunidad de
explicarles, va a pasar de 12 bcm, que es la unidad de medida del consumo
de gas y es lo que estamos consumiendo en este momento, a aproximadamente
27,33 bcm, si la expectativa de consumo de gas se comporta tal como está
prevista; y también el cien por cien dependerá de importaciones. Por
tanto, nuestro sistema es evidentemente vulnerable si no le aplicamos las
medidas necesarias para corregir esta vulnerabilidad. Esta es la primera
condición.

¿Qué consecuencias tiene esto a efectos de interpretar la ley y a efectos
de comentar con ustedes la valoración que nuestro grupo pueda hacer? En
primer lugar, que si dependemos de las importaciones, el peso de la
materia prima es muy importante en la determinación del precio resultante
de la tarifa, sobre todo en el mercado industrial. Piensen ustedes que la
materia prima pesa aproximadamente el 70 por ciento del precio que paga
el cliente; por tanto, hay poco valor añadido desde el proceso de la
materia prima hasta el precio final. Este poco valor añadido viene
condicionado a su vez por cosas que no dependen de nosotros como es el
precio internacional de los crudos y la paridad peseta-dólar. Al mismo
tiempo también, al estar nosotros alejados de las fuentes de suministro
básicas --porque realmente estamos muy lejos de Noruega, estamos muy
lejos de Rusia y estamos relativamente lejos de Argelia--, teóricamente
nuestro gas --teóricamente, repito--, tiene que ser más caro porque ha de
tener procesos de transformación superiores a los de aquellos países que
tienen los yacimientos de gas relativamente cerca. Por tanto, bien a
través del gasoducto argelino, o bien a través de los procesos de
licuación, transformación y regasificación del gas, nuestro gas, el gas
que entra en la Península, sufre lamentablemente procesos de
transformación superiores a otros competidores nuestros europeos, pero,
como luego veremos y tendré oportunidad de explicarles, a pesar de esto
el gas en España, digan lo que digan determinados medios de opinión es el
20 por ciento más barato que la media comunitaria. Esto tiene unas
razones, que si luego tengo tiempo también se las explicaré. Entonces,
ésta es otra de las consecuencias.

Otra consecuencia de no tener gas es que sería una auténtica frivolidad
que el sistema no garantizase la seguridad del suministro; es decir, al
no tener gas nosotros hemos de tener varios aspectos diferenciales: En
primer lugar, una red cuyo mallado sea seguro. Nuestro grupo tiene como
objetivo que cada comunidad autónoma tenga dos entradas distintas al
sistema para que en el caso de que falle una de ellas, la comunidad pueda
ser suministrada por otro de los subsistemas. Por tanto, hay unas
inversiones importantes que necesariamente hay que hacer sobre todo por
el simple hecho de no disponer de gas.

Ustedes conocen perfectamente, y me parece que se ha hablado aquí, que
hay dos entradas al sistema por gasoducto, el que viene de Francia por
Larrau, el que viene de Argelia por Gibraltar, y tres plantas de
regasificación; en este momento se están estudiando dos plantas más, una
en el País Vasco y otra en Galicia. De las tres plantas que hay en este
momento en funcionamiento, la planta de Huelva está parada y sirve
exclusivamente de backup del sistema. En el caso de un fallo argelino, la
planta de Huelva entraría en funcionamiento y conectaría con el sistema
troncal que viene de Argelia. ¿Por qué?, porque en el hipotético caso de
que algo fallase en Argelia, en Marruecos o en el propio Estrecho
deberíamos ser capaces de suministrar el mismo tipo de gas de otras
procedencias, procesándolo a través de la planta de Huelva. Hoy la planta
de Huelva está parada y lo lógico para el sistema español es que continúe
parada siempre, que es la mejor señal de que el sistema está funcionando.

Otro aspecto que les expondría como infraestructuras de mallado de
seguridad es, por ejemplo, lo que se está iniciando con la Ruta de la
Plata. La Ruta de la Plata es un gasoducto que va desde Cáceres hasta
Asturias. ¿Qué finalidad tiene un gasoducto que va de Cáceres a Asturias,
pasando por una región relativamente pequeña demográficamente, y qué se
podía hacer con un gasoducto de tamaño menor? Las finalidades de esta
Ruta de la Plata son varias: primera, la seguridad para el área de
Galicia, porque la entrada la tendría a través de Portugal y a través
precisamente del gasoducto del norte; segunda, la seguridad para
Asturias. Asturias viene siendo nutrida básicamente por el gas que pueda
entra de Larrau y el gas que pueda venir de la planta de Barcelona o el
gas que pueda subir a través de Madrid desde Argelia; y, finalmente, la
propia seguridad del País Vasco, porque al estar el gasoducto troncal que
pasa por Madrid bastante saturado, la Ruta de la Plata podría dar una
opción alternativa en caso de fallo en los suministros que vienen siendo
habituales en el propio País Vasco. Les quiero decir con esto que el no
tener reservas nos obliga a mucho más que si dispusiésemos de fuentes de
autoabastecimientos propias.

Otra de las consecuencias, esto ha salido en alguna de las preguntas y
cuando le explique seguramente estaré respondiendo a esas preguntas, es
que hay una serie de obligaciones que si tuviésemos gas propio no
tendríamos, por ejemplo, la diversificación. Un país no puede tener una
dependencia energética cien por cien de un país productor, precisamente
porque pondría al sistema en una situación de inestabilidad continuada.

Entonces, el propio proyecto de ley marca que las compras a un propio
país no pueden



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superar el 60 por ciento de los aprovisionamientos totales. ¿Será el 60
por ciento? ¿Tiene que ser el 55 por ciento? ¿Tiene que ser el 65 por
ciento? Esto tiene la lógica fundamental de asegurar que en el caso de
que falle el mayor suministrador no quede en entredicho el sistema. Por
tanto, éste es un coste que el sistema tiene que pagar. Evidentemente, lo
lógico sería que nos aprovisionásemos del gas más barato, y el gas más
barato y el más eficiente es aquel que tenemos más cerca. Pero si nuestro
grupo o los nuevos comercializadores hacen esto, ponen en entredicho al
propio sistema, por tanto la necesidad de diversificación es un tema muy
importante.

Otra derivada de la falta de suministro es la necesidad de
almacenamiento. Piensen ustedes que al no tener gas, nuestra
responsabilidad, puesto que hasta ahora hemos sido los transportistas
básicos del sistema, ha sido crear condiciones suficientes para que en el
caso de que falle el suministro exterior tengamos gas en las propias
reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando reservas o
antiguos yacimientos de petróleo para inyectar gas en verano y extraerlo
en invierno, con lo cual existen unas reservas estratégicas y operativas
que evidentemente son muy costosas para el sistema, que las estamos
manteniendo y tenemos que continuar invirtiendo porque el sistema tiene
que tener la garantía de que existen equis días de gas en almacenamiento
para su uso en caso de emergencia. Evidentemente el proyecto de ley
contempla 35 días y tenemos que reflexionar sobre si tienen que ser 35
días, menos o más. Está claro que el tema relativo a la seguridad, como
luego verán en la reflexión que voy a hacer, tiene que ser asumido por
todo el que entre en el sistema, porque la seguridad no es únicamente
responsabilidad de los transportistas, es responsabilidad de todos los
agentes que a partir de ahora participen en el negocio.

Si he tratado el tema de las dependencias de las importaciones, otro
aspecto importante a destacar --que también está implícito en muchas de
sus preguntas-- es el escaso desarrollo del mercado de gas español. En
España hemos empezado la carrera del gas lamentablemente mucho más tarde
que la media europea. Ustedes conocerán perfectamente que el gas, como
energía primaria en España, pesa aproximadamente el 10,5 por ciento,
cuando en la media europea el gas pesa un 22 por ciento. Si trasladamos
estos datos a la estructura de consumos, lamentablemente les tengo que
decir que todavía hay dieciocho provincias que no tienen gas en España.

Este tema es grave, en mi opinión, y la ley debe tomarlo en consideración
de una u otra forma. Piensen que Cáceres, Salamanca, Zamora, León, Avila,
Segovia, Soria, Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Alicante, Málaga,
Granada, las comunidades de Baleares y Canarias, Almería y Cuenca, no
tienen gas. Seguramente los ciudadanos de las empresas de aquellas
comunidades tienen el mismo derecho que cualquier otra, las catalanas,
las madrileñas, etcétera, a disponer de gas. La ley tiene que proteger
una cuestión que no figura en la propia ley, pero sí está en la
directiva, que es lo mal llamado regiones emergentes. Hay que dar un
entorno favorable para que en aquellas áreas en donde la viabilidad
económica de los proyectos del gas no sea la más adecuada, tengan como
mínimo las tutelas y los incentivos suficientes para que los agentes que
participen desarrollen el gas. El gas es un derecho de todos los
ciudadanos, por tanto este tema es importante.

Para que ustedes conozcan el nivel de penetración, en Europa el 65 por
ciento de las viviendas hoy tienen gas; en España sólo el 22 por ciento
de las viviendas tienen gas. Esta cifra es absolutamente espectacular.

Sólo el 22 por ciento de las viviendas españolas tienen gas, el cien por
cien tienen electricidad y en Europa el 65 por ciento de los ciudadanos
tienen gas. Europa estima que dentro de quince años este 65 por ciento
podrá pasar al 70 por ciento, seguramente a no más del 70 por ciento
porque hay un problema de viabilidad económica de la dispersión
demográfica; sin embargo, en España, dentro de quince años, según
nuestras estimaciones y haciendo todos los esfuerzos previstos, podremos
llegar al 46 por ciento. Es decir, el límite de nuestro esfuerzo estará
en el 46 por ciento; pasamos del 22 al 46 por ciento, y tendremos que
continuar invirtiendo.

El escaso desarrollo del gas, ¿a qué nos lleva? A que, teóricamente, los
transportistas actuales, en este caso nuestro grupo y por ello puedo
hablar de nuestro grupo, todavía tienen unas grandes demandas y unas
grandes necesidades de inversiones. Piensen que la red española en este
momento está formada por 7.500 kilómetros de red en alta y
aproximadamente 16.000 kilómetros de red en media y baja. En cinco años
esta red de 7.000 kilómetros tendría que pasar a 9.500 kilómetros y estos
16.000 kilómetros de red media y baja tendría que pasar a 25.000
kilómetros, si queremos cumplir con nuestro objetivo, que es desarrollar
el gas de forma homogénea y uniforme en todo el territorio español.

¿A qué conlleva todo esto? Conlleva a la necesidad de que en nuestro
caso, puesto que hasta ahora estamos realizando esta función, queremos
continuar realizándola y estamos dispuestos a ello, las inversiones que
nuestro grupo tiene previstas hacer en el próximo quinquenio --y me
parece que figuraban en la pregunta formulada por Convergència i Unió--
para incrementar el mallado de la red, tanto en mallado propio directo
como en mallado de seguridad, pivotarán entre 550.000 y 600.000 millones
de pesetas. Enfocar un proceso de liberalización frente a unas
inversiones de este tipo requiere cuando menos una reflexión, que es la
que intento trasladarle en esta exposición.

Si esto es así y éste es el sector del gas, permítanme antes de entrar a
responder las preguntas que me han formulado hacer una reflexión sobre
nuestra posición como grupo Gas Natural, respecto al proyecto de ley de
hidrocarburos sobre el que ustedes me han interrogado. Me referiré
exclusivamente a gas canalizado, que es lo que yo conozco, no hablaré de
los otros temas porque creo que ustedes ya han tenido oportunidad de
hablar con los responsables respectivos. En primer lugar, quiero decirles
que nuestro grupo cree firmemente que este proyecto de ley en su
estructura básica es bueno, que permitirá la competencia y avanzará en la
liberalización del gas. Esta es una primera reflexión. La estructura
básica del proyecto de ley es razonable para acometer la liberalización y
se ampara básicamente, con matices que luego me permitiré comentar,
aunque son matices sustancialmente distintos en la directiva



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comunitaria, y en otras experiencias europeas, básicamente la inglesa.

Sin embargo, me gustaría trasladarles una serie de inquietudes que
nuestro grupo tiene, que considero importantes a la hora de reflexionar
sobre aquellos temas que en cierta medida podían ser valorados de forma
distinta en el tema de la ley.

En la ley sí vemos el principio de que la liberalización es buena, y
todos estamos de acuerdo; mejora la competitividad de las empresas, y
todos estamos de acuerdo, sin embargo, en todo Estado moderno, los
procesos de liberalización normalmente van después de los procesos de
desarrollo del sector que está siendo liberalizado. En este supuesto y
por lo que yo les estoy explicando, los procesos de liberalización van en
paralelo a los procesos de desarrollo del gas, en este caso del sector.

Nosotros no decimos que ello sea malo, ni muchísimo menos, creemos que
España tiene que acelerar su ritmo de reformas estructurales para
competir mejor con nuestros vecinos europeos y, por tanto, estamos de
acuerdo en ello. Simplemente lo único que hacemos es pedirles una
reflexión sobre el desarrollo del gas, de tal manera que el desarrollo
del gas, de una forma uniforme y homogénea, es tan importante como la
propia liberalización del sector y aceptando la liberalización, también
debe haber medidas que tiendan a desarrollar el gas de forma uniforme y
homogénea para que el gas sea un derecho de todos los ciudadanos, que
todos los ciudadanos tengan acceso al gas y recuerden las dieciocho
provincias que todavía hoy no tienen gas. ¿Qué implicaciones tiene todo
esto? Voy a intentar exponerlas después.

La segunda reflexión es la siguiente. La directiva comunitaria hace
referencia a unos niveles de apertura. El proyecto de ley que ustedes
tienen va más allá que la directiva comunitaria en diez o veinte puntos
porcentuales, es decir, los 25.000.000 de metros cúbicos suponen, en el
caso español, una apertura del 40 por ciento, cuando Europa establece que
lo razonable es el 30 por ciento. Los 15.000.000 de metros cúbicos a los
cinco años supone una apertura del 50 por ciento, cuando Europa establece
el 38 por ciento. Y los 5.000.000 de metros cúbicos de dentro de diez
años, suponen una apertura del 65 cuando Europa establece el 43 por
ciento. El proyecto de ley va mucho más lejos que la directiva
comunitaria cuando dice que a los quince años todos los consumidores,
tengan o no tengan tamaño, serán considerados cualificados; por tanto se
abre el mercado de acuerdo con el proyecto de ley, sin lugar a dudas tal
y como está el proyecto, a los quince años. La directiva comunitaria no
menciona ninguno de estos temas.

A nosotros la apertura del mercado nos parece bien. Nosotros no vamos a
discutir si tienen que ser más o menos años; SS. SS. tienen que decidir
si es una tasa razonable o no de apertura del mercado, en función de que
ese plazo tiene que ayudar a desarrollar dicho mercado. Por tanto,
nuestro grupo les pediría unas reflexiones y que, sobre todo, evitemos
las incertidumbres. Lo que tenemos que hacer los que estamos en este
sector, los agentes que en este momento están, es trabajar para
desarrollar el gas en un marco de certidumbre, no en un marco de
incertidumbre. Creemos que el apartado relativo a la apertura del gas,
somete a más incertidumbre que certidumbres, si bien hace referencia a
los porcentajes y niveles de consumo que yo he mencionado, también dice
que al menos será esto. Es decir, al día siguiente de publicarse la ley
sería lógico abrir el mercado al cien por cien. Esto somete a una
incertidumbre muy importante a los agentes que estamos en este momento en
el mercado, puesto que tenemos que reflexionar sobre si seremos capaces
de recuperar las inversiones que estamos haciendo, y sobre todo si
seremos capaces de recuperar las inversiones que vamos a hacer para
llevar a aquellos mercados que sustancialmente van a ser mucho menos
rentables que los anteriores. Evidentemente, el mercado de la Comunidad
de Madrid es muy rentable y también lo es el de la comunidad catalana,
pero hay otros --la prueba la tienen ustedes en que hay 18 provincias que
no han llegado-- que no son tan rentables. Por tanto, hay que buscar un
equilibrio. Nuestro grupo pediría certidumbre, es decir, que fijemos unas
reglas del juego que sean claras, porque, al final, las decisiones
empresariales las tomamos basadas en ellas.

Otro aspecto importante sobre el que me han preguntado ustedes es el paso
del régimen de concesiones a autorizaciones. Ustedes saben que los
concesionarios, en un régimen de concesiones, tienen el derecho a
mantener su equilibrio económico-financiero y su rentabilidad mientras
dure el proceso de concesiones. En el caso del gas estamos hablando de
concesiones por 75 años, y yo puedo hablar por nuestro grupo. Las
concesiones medias pendientes que tiene nuestro grupo son aproximadamente
50 años. ¿Y para qué son importantes las concesiones o para qué es
importante tener en cuenta que antes había un sistema de concesiones?
Nuestro grupo, así como los otros transportistas y las otras
distribuidoras, ha hecho inversiones muy importantes. El mercado --como
ustedes han visto-- todavía no ha madurado. Es decir, cuando estamos
hablando de una operación de un 4 por ciento de penetración en Andalucía,
de un 8 por ciento de penetración en Castilla-La Mancha, etcétera,
significa que en este momento hay un proceso de maduración en aquellos
sitios en los que los agentes tenían el derecho a recuperar su equilibrio
económico-financiero, un derecho a muy largo plazo, a 75 años, o en
nuestro caso a 50 años de media.

Por tanto, lo que decimos es que estamos al liberalizar, al abrir el
mercado, lo lógico es que desaparezca el concepto de servicio público,
que pase a ser un tema de interés público --no sé cómo lo han calificado
ustedes-- y no puedan o no deban existir las concesiones. Lo que tenemos
que hacer es adaptar este sistema, que era estructural y que permitía
mantener durante 50 ó 70 años un estado de cosas parecido al de hoy, a
una nueva situación mediante un período transitorio que permita abrir el
mercado --no estoy hablando de los clientes cualificados; los clientes
cualificados evidentemente no van a concesión y se abre el mercado mañana
mismo-- en aquellas áreas en las que se están haciendo inversiones en
distribución y, por tanto, en captación de mercados regulados --aquellos
mercados que van a tarifa--; que exista un período transitorio para que
todas las compañías que distribuyen gas y que hacen sus inversiones
puedan adaptarse de una situación de régimen concesional a una situación
de libre mercado.




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Ya les he anticipado que es importante la seguridad del sistema. Es
evidente que nuestro grupo está haciendo hoy inversiones muy importantes
para garantizar esa seguridad del sistema y continuará haciéndolas, pero
esto no está contemplado. En el proyecto de ley que ustedes tienen no hay
ninguna referencia a que hay que hacer inversiones de seguridad. Nosotros
lo que pedimos es una reflexión en la que se acepte este principio y un
principio mayor, que es que a partir de ahora todos aquellos agentes que
intervengan en el mercado participen de estos costes de la seguridad,
porque la seguridad es algo que no es delegable, sobre todo y
principalmente porque no tenemos gas y, por tanto, hay que hacer
inversiones que redunden, que sean excesivas, que no sean económicamente
rentables y que sean inactivas, que es la mejor prueba de que el sistema
está perfectamente bien calibrado.

Quería hacer una última reflexión sobre la duplicación de redes. En
algunas de las preguntas aparecía cuál era nuestra opinión sobre la
ampliación de las infraestructuras. Quiero decirles a ustedes que la red
que va a hacer el grupo Gas Natural, Enagas, y las inversiones
pendientes, posicionan las infraestructuras españolas al nivel de consumo
del año 2017. Es decir, que con muy pocas inversiones más --lo que
estamos haciendo hoy más los 500.000 millones de pesetas que les decía
que tenemos que invertir-- se permitirá no que transiten 12 sino que
transiten 30 por el sistema. Los tubos hay que hacerlos de la dimensión
que se espera que tenga el mercado en un horizonte a 30 años, con el
concepto de largo plazo.

¿Por qué es importante que yo les mencione esto? Es importante por varios
conceptos. Primero, porque la mayor razón para que las tarifas se
reduzcan en el futuro es que transite más gas por el sistema, a mayor
cantidad de gas transitado menor será la absorción de gastos fijos por
termia transitada y, en consecuencia, el cliente pagará menos en la
tarifa. Por tanto, es importante que transite por las redes actuales el
suficiente gas para trasladar al público las eficiencias que conlleva el
mayor volumen. Segundo, porque si el sistema está posicionado a costes de
reposición, ya que es un sistema con unas infraestructuras nuevas hoy
para el año 2017, sería muy bueno reflexionar sobre la oportunidad o no
de poner límites a la nuevas infraestructuras, siempre que éstas sean
redundantes. Evidentemente, si son estructuras no redundantes, cualquiera
tendría que estar capacitado para acometer cualquier tipo de desarrollo.

Por último, el gestor del sistema. Este es un tema muy controvertido,
sobre el que me parece importante reflexionar porque ha salido en varias
preguntas. El gestor del sistema, en el proyecto de ley de hidrocarburos,
es una trasposición lineal y exacta del gestor del sistema eléctrico, y
la ley eléctrica es una trasposición lineal y exacta de la directiva
comunitaria eléctrica. Por tanto, la directiva comunitaria eléctrica
establece un gestor del sistema y un gestor del mercado. Esto se traslada
a la ley eléctrica, y de la ley eléctrica se coge el gestor del sistema y
se le traslada a la ley de hidrocarburos. ¿Qué quiere decir todo esto? En
el sector eléctrico ustedes tienen aproximadamente cien centros de
producción, tienen competencia en la generación; tienen una compañía que,
de alguna forma, hora a hora, decide quién produce y quién no, qué
centrales abren y cuáles cierran, cómo se hace la planificación,
etcétera. Es decir, es un sistema absolutamente interactivo, que requiere
una única unidad de decisión porque afecta a todas las decisiones de los
distintos centros de producción, y al mismo tiempo existe un proceso de
producción, porque la electricidad se produce, y lo hace en estos 100 ó
120 puntos. Por tanto, el gestor del sistema eléctrico tiene una razón de
ser exacta y meridiana: garantizar o adecuar la fiabilidad del propio
sistema.

Traslademos todo esto que acabo de decir al gas. Aquí, lamentablemente,
no producimos nada, lo que hacemos es transportarlo. El gas sube por
cinco entradas al sistema y lo único que hacemos es, repito, en contratos
a largo plazo, tanto de compra como de venta, ir trasladándolo a los
clientes. Es cierto que cuando se produzca la liberalización y alguien
pida el acceso a la red, es decir, cuando algún cliente cualificado
demande entrar en la red, comprará gas a Argelia, a Abu Dhabi, o a
Nigeria con contratos a diez y quince años, y le dirá al transportista:
Quiero entrar en la red durante diez años con estas cantidades, con un
bcm cada año; tendrá su lista de clientes y dirá: Quiero que me coloque
usted este gas en tales puntos de venta, pero ése es el único proceso que
se produce. A partir de aquí, la figura de la independencia no es
necesaria, porque lo único que hay que hacer es tutelar que este proceso
sea fidedigno; la figura de la imparcialidad no es necesaria; la figura
de la capacidad no es necesaria, porque el sistema tiene absoluta
capacidad, y la directiva comunitaria reconoce que no es necesario. Es
decir, la directiva comunitaria sobre el gas en ningún caso habla del
gestor del sistema. Les leeré taxativa y puntualmente lo que dice la
directiva comunitaria: De acuerdo con la directiva europea del gas: a) A
los transportistas --que en este caso serían Gas de Euskadi y Enagas,
pero puede ser cualquier otro que construya sus propias redes--
corresponden todas las funciones relacionadas con la explotación,
mantenimiento y desarrollo de una red segura y eficaz, no discriminando a
los usuarios de la red y preservando el carácter confidencial de la
información recibida. Estas son las funciones que están expuestas en el
proyecto de ley como responsabilidad del gestor. Y añade: A los Estados
les corresponde establecer una planificación a largo plazo como medio
para imponer a las compañías de gas natural obligaciones de interés
económico general tales como: la seguridad del abastecimiento, la
regularidad, calidad y precio de los suministros, también son funciones
que se atribuyen al gestor del sistema.

¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo del gas la figura del gestor
del sistema no existe, porque el negocio del gas es muy distinto al
negocio eléctrico. Por tanto, si apelamos, por ejemplo, al proceso de
liberalización más avanzado, hasta el límite del que ya se ha acabado que
ha sido Inglaterra, la compañía British Gas, que era una compañía privada
que cubría todas las funciones del negocio vertical, igual que el grupo
Gas Natural o Gas Euskadi, fue la responsable, sin gestor del sistema, de
aprovisionarse, de transportar, de dar acceso a terceros, de distribuir,
etcétera. Y durante doce años, que fue el tiempo que duró la apertura del
mercado inglés, la única responsabilidad recayó



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sobre el operador, que en aquel momento era el transportista. En este
caso, la figura del gestor del sistema, si tiene que existir, es lógico
que esté delegada en los transportistas actuales, porque no se trata de
independencia, sino de operatividad, si no, sería hacer un sistema
absolutamente redundante. Nadie puede ser más responsable del
mantenimiento de la red, de la distribución, etcétera, que los propios
transportistas, que son los propietarios, y los temas importantes los
tiene que resolver el Estado, a través de su tutela, vigilando el
cumplimiento del acceso de terceros a la red o, a través de la
información suministrada por los transportistas, comprobando que este
acceso y estos mecanismos de apertura se están cumpliendo.

Si les parece, ahora voy a responder rápidamente a sus preguntas.

A la señora Mendizabal, y en cuanto a la diversificación, ya le he
comentado lo del 60 por ciento, que nos parece absolutamente lógico. En
cuanto a la oportunidad del proyecto, diré que normalmente la apertura de
los mercados se produce después del desarrollo de los mismos. Yo creo que
España tiene que correr un poco más en cuanto a las reformas
estructurales y, por tanto, la liberalización es buena, la apertura es
buena y cubre un déficit histórico de todas las energías; es muy difícil
no liberalizar el mercado del gas si se liberaliza el mercado eléctrico,
sobre todo en lo que se refiere a la producción eléctrica.

Dicho esto, creo que la reflexión es la siguiente: intentemos balancear
las medidas liberalizadoras, con las cuales estamos totalmente de acuerdo
--la apertura de los clientes cualificados, etcétera--, con aquellas
medidas que tiendan a desarrollar el gas de una forma armónica. Si el
modelo es adecuado, y sinceramente le digo que sí --evidentemente, tiene
que complementarse con el decreto de acceso de terceros a la red; sería
algo parecido a un reglamento de una ley--, todo el mundo podrá tener
acceso al gas, todo el mundo está capacitado para comprar, y como la
reserva de capacidad está a un tercio, es decir, como los sistemas están
funcionando a un tercio de su capacidad, es imposible que en el sistema
se produzca la denegación de acceso por razones técnicas. Otra cosa es si
la genta será capaz de comprar el gas de una forma más eficiente, pero
esto ya no nos corresponde a nosotros. Tendríamos que estar orgullosos si
se demuestra que la gente no es capaz de comprar el gas más barato, que
sería algo bueno para el sistema, no malo. Yo creo que el sistema abre
para cualquiera la capacidad de comprar gas, de entrar en el sistema, y
las tarifas --que es otra de sus preguntas-- permiten que este gas, si es
más eficiente, sea competitivo. Nosotros hemos hecho nuestros análisis y
trabajando a tarifa el gas sale más barato. No mucho más barato porque la
materia prima es el 70 por ciento del coste, pero en cuanto al 30 por
ciento restante, que es el coste de los peajes y cánones y de la
rentabilidad del que se supone que es el distribuidor o transportista, en
un sistema de acceso de terceros a la red verán que sale más barato
--hagan ustedes el ejercicio-- que la pura compra de gas a tarifa. Por
tanto, nosotros animaríamos a los clientes cualificados a intentar
comprar el gas fuera, porque también nos demostrarían a nosotros, a Gas
de Euskadi o a quien fuese el operador, que somos eficientes; ayudaría a
mejorar la eficiencia. Creo que esto va a funcionar.

También me preguntaban sobre las tarifas en relación con Europa. Nosotros
hemos dicho reiteradamente, y recientemente lo publicaba el Financial
Times, que las tarifas españolas son las más bajas de Europa; son las más
bajas respecto a países que tienen infraestructuras completadas hace 30
años. Las tarifas industriales son muy bajas y las tarifas
doméstico-comerciales, si eliminamos el componente consumo --en España se
consume menos gas--, también son un 30 por ciento más bajas que la media
europea; evidentemente, el consumo afecta por la parte del componente
fijo de la tarifa. Por tanto, en España, y a pesar de todas estas
necesidades de garantizar la seguridad, el gas es más barato.

¿Qué pasará con la liberalización? Subirán o bajarán los precios del gas?
Esto ya no se lo puedo asegurar. Si la liberalización comporta mayores
consumos creo que el gas bajará; si la liberalización produce una
excesiva atomización de la demanda de gas, ya no lo tengo tan claro; el
mercado lo dirá. Piensen que no es lo mismo que una o dos entidades
compren el gas en grandes cantidades que el que esa entidad se trocee en
50 que vayan a comprar el gas al mismo comprador, que continúa siendo el
Estado, con un oligopolio de oferta importante. Se puede producir un
desequilibrio entre demanda y oferta, pero esto lo dirá el mercado.

Teóricamente las tarifas no tienen porqué subir; las tarifas bajarán por
la eficiencia y, sobre todo, por el volumen.

Al señor Landeta le diré que nosotros no estamos, ni muchísimo menos, en
contra de este proyecto; creemos que es bueno, que mejorará la
competencia y reducirá los precios.

En cuanto a las concesiones, ya he hablado de ello. Pensamos que es
importante un período transitorio para adaptar las circunstancias
jurídicas de cada uno de nosotros.

La libertad en el establecimiento de infraestructura es una cosa que nos
preocupa por lo que les decía antes: a más infraestructuras redundantes,
menos capacidad de reducción de costes.

Los peajes creemos que son razonables, y cuando digo que son razonables
me refiero a que lo son para el que entra y no para Enagas, ya que a
nosotros nos gustaría que fueran más altos. Pero repito que estos peajes
son muy razonables y permiten el acceso de terceros a la red.

En cuanto a separar al transportista de la compraventa de gas, diré que
esto es más de una transitoria que del cuerpo de la ley. Es decir,
mientras dure el sistema de clientes a tarifa alguien tiene que ser el
responsable de vender a estos clientes, y hasta ahora lo ha venido
haciendo el transportista, llámese Gas de Euskadi, llámese Enagas. Por
tanto, esta situación debe continuar en tanto en cuanto haya clientes a
tarifa; en el momento en que todos los clientes puedan ser cualificados
desaparece la necesidad. Nosotros, repito, creemos que esto es más una
situación transitoria que una norma básica del cuerpo de la ley.

Sobre la gestión del sistema ya les he hablado de la no necesidad de un
gestor del sistema como tal. Si existe, supondrá una duplicidad de
funciones; evidentemente, la función debería ser del transportista.




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Diversificación y reciprocidad van implícitos en lo que les he explicado
de nuestra falta de reservas.

Respecto a los plazos para los consumidores cualificados, aceptamos que
en España seguramente es necesario un ritmo más acelerado de apertura del
mercado. Nos guste o no, esto va a ser bueno para el sector y, por tanto,
estamos de acuerdo. En todo caso, pedimos precisión en esta apertura del
mercado, porque nosotros todavía tenemos que invertir mucho dinero en las
infraestructuras básicas.

Referente a las preguntas hechas por el representante de Convergència i
Unió --ya he explicado la valoración--, diré que se ha hecho una cierta
demagogia conceptual sobre los contratos take or pay. Nuestro grupo tiene
obligaciones take or pay equivalentes al consumo actual, 12 bcm, de los
cuales la mitad son contratos take or pay del gas natural que procede de
Argelia y que hoy, jurídicamente, todavía tiene la SEPI; la SEPI tiene
todavía la garantía del cumplimiento de estos contratos. Los 12 bcm los
está consumiendo el español; por tanto, ya está el consumo hecho y no hay
ninguna responsabilidad más.

También quiero decirles que en el contrato de compraventa del 9 por
ciento de Enagas, firmado y aprobado por la Comisión de Privatizaciones,
nuestro grupo asumía y asume la responsabilidad de este take or pay. Por
tanto, la SEPI ya ha firmado el traslado de esta responsabilidad
subsidiaria del contrato de Argelia al grupo Enagas. Hoy podemos decir
que técnicamente todos los contratos take or pay pivotan sobre nuestras
cabezas. Lo que la garantía de los take or pay protege --y la directiva
comunitaria es muy prudente en esto-- no es para el operador actual; el
operador actual está protegido, pero también el operador futuro. En el
momento en que cualquier agente quiera comprar gas a largo plazo, en el
momento en que cualquier operador nuevo quiera comprar gas y le exijan un
compromiso a largo plazo, también está incluido en esta garantía de los
take or pay. Todo el mundo tiene la garantía de cumplimiento y ésta es
una causa simplemente de denegación de mayor acceso a la red por entradas
al sistema que el sistema no puede absorber, pero esto no es una
protección al transportista actual, sino a todos los agentes que
participen en el sector de gas en el futuro, sea Gas Natural, sea una
compañía extranjera, sea una compañía eléctrica, etcétera.

Las inversiones del año 1992 a 1997 no las sé, pero sí la de los cuatro
últimos años, de 1993 a 1997, que fueron aproximadamente 500.000
millones. Es decir, nuestro grupo lleva invertido en infraestructuras
básicas en el quinquenio de 1993 al 2002 alrededor de un billón de
pesetas.

Respecto a si afectará a la internalización, ésta es una estrategia de
nuestro grupo y creemos que podemos aportar valor a nuestro país y a
nuestra compañía internacionalizándonos. Todas las luchas internas que
haya para incrementar la competencia en nuestro territorio nos debilitan
un poco, pero estamos dispuestos a ser debilitados porque en conjunto es
bueno para el país, ya saldremos de ésta. Por tanto, no creemos que la
liberalización afecte a nuestra expansión futura.

Al señor González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tengo que decirle que no sé qué es lo que dice exactamente el artículo 4,
no recuerdo ahora.

El señor PRESIDENTE: Habla de la planificación en materia de
hidrocarburos. Trata de un informe que se puede hacer de común acuerdo
con las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE DE ENAGAS (Brufau Niubó): Si le parece, le contesto
después, porque no estaba preparado para hablar de temas que no fuesen de
gas canalizado.

En cuanto a la Comisión de energía, he escuchado la presentación del
anterior compareciente, el señor Subirá i Claus, y me parece que ha dicho
una cosa muy válida, es decir, en todo el mundo se hacen las comisiones
por separado. Por ejemplo, en Inglaterra se ha hecho una comisión de
electricidad y otra de hidrocarburos; en Argentina hay una comisión de
hidrocarburos y otras comisiones. Durante un proceso donde hay un sector
muy inmaduro y unos sectores que afrontan un proceso de liberalización
nueva, lo lógico es que haya grupos distintos --llámesele comisión o lo
que sea-- que entiendan de la naturaleza de los negocios de forma
distinta.

Desde un punto de vista egoísta tengo que decirles que competimos con el
sector eléctrico, porque el gas es una energía que compite con la
electricidad y por tanto es bueno separar las funciones competenciales.

Es decir, una comisión que tiene que estar muy equilibrada no puede
ocuparse de los dos temas, nos parece mejor separarlas en dos o en las
que se considere oportuno.

He hablado de los operadores del sistema eléctrico y del gestor del
sistema eléctrico en relación con el gestor del sistema. El tratamiento
que se da a la relación con las comunidades autónomas en el tema de
autorizaciones permite vincular perfectamente los planes de desarrollo
del gas, que son muy lícitos en cada una de las comunidades autónomas,
con los agentes que van a participar en ellas.

Respecto a los contratos de Enagas en vigor, le diría algo que he
intentado explicar antes con poca fortuna, es decir, los 12 bcm que
Enagas tiene suscritos con los distintos proveedores de gas ya están
siendo consumidos. Cuando crezca el mercado, todo el mundo tendrá que ir
a comprar a terceros, y estas posiciones, en el hipotético caso de que
fuesen de privilegio, que no lo son, de tener un gas más eficiente o más
barato, ya se están trasladando al consumidor último, porque en la forma
de determinación de las tarifas ustedes saben que al precio del gas se le
suman los componentes de costes de distribución y de transporte, y al
final, después de añadirle un margen de beneficios, se traslada a la
tarifa.

Imaginemos que el gas argelino fuese la mitad de caro, que no lo es, que
el gas noruego, todo el que está consumiendo gas en España en estos
momentos se está beneficiando de esta reducción de costes.

Consecuentemente, no ha lugar a segregar los contratos actuales, porque
todos se están consumiendo, y lo que les garantizo es que no se los queda
Enagas, sino el consumidor final. Luego a partir de ahora, si estamos en
un consumo de 12 bcm y tenemos que pasar en 15 años a 30 bcm, hay margen
para competir todo el mundo, gente que tendrá que entrar en el mercado, y
es bueno que entren, que va a comprar gas con las mismas capacidades



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y condiciones que lo pueda hacer Gas de Euskadi, Gas Natural, etcétera,
es decir, el margen es amplio y la ley lo permite.

No sé si me he dejado por contestar alguna de las preguntas, seguro que
sí, pero les pido disculpas en ese caso.




El señor PRESIDENTE: La verdad es que ha sido una intervención muy
interesante.

Pienso que SS. SS. han entendido la flexibilidad del presidente al
concederle este plus de tiempo y le pido disculpas por la tensión a la
que le hemos sometido al responder tantas cuestiones en tan poco tiempo,
lo que le ha hecho acelerarse en las contestaciones.

En cualquier caso, su exposición ha despertado nuestro interés y SS. SS.

tienen un turno para reformular algunas observaciones.

El señor Landeta, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quiero agradecer al señor Brufau su
extensa y concreta exposición, que nos ha hecho llegar al conocimiento de
que tiene una idea muy clara de lo que es el gas y cómo está en España.

Deseo hacerle dos preguntas. En primer lugar, parece que es idea de Gas
Natural el afrontar el mallado nacional de las dieciocho provincias. Si
es así, ¿en qué plazo?
En segundo lugar, me gustaría saber, respecto al consumo de gas en
España, cuál es el porcentaje de consumo industrial y de consumo
doméstico. Dado que el consumo industrial en este país representa tres o
cuatro veces el consumo doméstico, si es idea de gas natural entrar en el
sector eléctrico mediante la colocación de instalaciones de cogeneración.




El señor PRESIDENTE: Señor Brufau, tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE ENAGAS (Brufau Niubó): Respecto a las 18
provincias que le he mencionado, retomo su pregunta y le diré cuáles son
nuestros planes y la importancia de los períodos transitorios.

Les he hablado de que no llega el gas a la comunidad gallega, pero a
principios de este mes de marzo el gas va a estar disponible para esa
comunidad. Nosotros tenemos concesiones y habrá que reconvertirlas a
autorizaciones en todas las provincias gallegas. No obstante, el gas ya
está siendo comercializado a través de otros mecanismos como el del
propanado, etcétera, en aquella comunidad. En consecuencia, se puede
decir que la comunidad gallega va a tener gas en este año.

En Castilla-La Mancha pasa lo mismo. Estamos estudiando distintas
alternativas para acceder a Cuenca. En Almería no se dispone de gas y hay
varios proyectos que necesitan de una masa crítica para que sean
económicamente viables, y no sólo está estudiando esto Gas Natural, hay
otros grupos interesados en ello. Actualmente estamos trabajando en León
con aire propanado y estamos preparándonos para que el gas natural
llegue, ya que una forma de acceder a estos sitios es el uso de otras
energías, a la vez que se preparará toda la distribución para conectar el
gas en cuanto llegue. Ayer firmé con la Comunidad de Murcia el desarrollo
definitivo, a través de plantas de GNL, de una serie de distribuciones
para que el 4 por ciento de consumo de gas natural que hoy tiene Murcia,
que es básicamente la ciudad de Cartagena, se convierta a 32 municipios.

Por tanto, nosotros tenemos grandes intereses.

Un ejemplo, y lo enlazo con su pregunta, de cómo hay que gasificar es lo
que acordamos con la comunidad andaluza. Málaga es un municipio de gran
profusión y extensión, pero cálido en el doméstico comercial y de difícil
viabilidad económica. El acuerdo al que hemos llegado es construir y
producir electricidad con dos centrales de ciclo combinado, una en
Algeciras y otra en Málaga, para que el consumo de gas de estas dos
centrales justifiquen la masa crítica que necesitamos para construir un
gasoducto y a partir de aquí gasificar todo Málaga.

Quiero decirle que estas decisiones no son fáciles de tomar, gasificar
Málaga para nuestro grupo va a suponer 100.000 millones de pesetas y le
representa también entrar por necesidad en el negocio eléctrico. Pero no
tenemos voluntad --y lo he dicho reiteradas veces-- de competir con el
sector eléctrico. Queremos vehicular gas por nuestras instalaciones.

En relación al peso del consumo doméstico comercial y el industrial
--esta pregunta es importante--, en España, durante 1997, el consumo de
gas natural en el doméstico comercial fue del 16 por ciento del consumo
total de gas. El resto fue industrial y térmico --bastante consumo
térmico--. Es decir, centrales que produjeron electricidad con gas 17
contra el resto, el 83 por ciento.

En Europa, el consumo del doméstico comercial pesa el 50 por ciento del
mercado y el resto, industrial y térmico. Por tanto, cuando ustedes se
preguntan, y tienen toda la razón, ¿esta ley permitirá abrir el mercado?
Les digo, definitivamente sí. Piensen que, del consumo actual de mercado,
el 80 por ciento es industrial, donde el peso de los grandes consumidores
es muy relevante. Consecuentemente, nuestro mercado se abre de forma
importante por la aplicación de estos clientes cualificados. Insisto,
nuestro grupo nada tiene que objetar a esto. Les pedimos clarificación,
les pedimos gestionar con certeza, no bajo la incertidumbre. A mí me
parece que el artículo que trata de los clientes cualificados puede ser,
en cierta medida, mejorado para garantizar la certidumbre.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Brufau.




--DEL SEÑOR VICECONSEJERO DE ORDENACION Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL DEL
PAIS VASCO (ARAMBURU CRUZA).




El señor PRESIDENTE: Señorías, estaba prevista la comparecencia del
Consejero del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del País
Vasco, don Javier Retegui Ayastuy, que por razones personales ha tenido
que delegar



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su comparecencia en el viceconsejero de Ordenación y Administración
Industrial, don Javier Aramburu, que está en estos momentos con nosotros.

Bienvenido a la Comisión de Industria, señor Aramburu. Creo que ya ha
tenido oportunidad de conocer el procedimiento de estas comparecencias,
por lo que vamos a dar la palabra a los portavoces de los grupos para que
le formulen las preguntas que desean que conteste.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Arantxa Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero agradecer a Javier Aramburu su
presencia en esta Comisión, tanto porque mi grupo ha sido quien ha
solicitado estas comparecencias como porque en mi condición de vasca me
alegro de que esté aquí un representante de la Administración de Euskadi.

En primer lugar, quisiéramos, como en todos los demás casos, y si así lo
considera oportuno, que haga una valoración general respecto al proyecto
de ley, tanto desde la vertiente de los derivados del petróleo como desde
la del gas natural.

Lo que más nos interesaría, ya desde el punto de vista de una comunidad
autónoma --y una comunidad autónoma como la de Euskadi que, además, tiene
una empresa como Gas de Euskadi--, es que nos haga la valoración respecto
a lo que puede suponer el que desaparezca la consideración de servicio
público en el sector del gas y pasar a una consideración de sector de
interés general --el tema de las concesiones-- el pasar de una concesión
administrativa a una autorización.

Otro de los temas sobre el que ya hemos preguntado en anteriores
ocasiones es el de los criterios de distribución competencial que se
expresan en este proyecto, ya que está declarado de carácter básico. El
tema de la seguridad en el caso de los GLP y del control en el caso de
los carburantes. Finalmente, todo lo que pueda suponer el umbral de
consumidores cualificados o del acceso a red. Creo que se trata, en
términos generales, de cualquier apreciación que le interese hacer.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor presidente, quiero agradecer la
comparecencia del señor Aramburu y manifestarle que las preguntas que le
vamos a hacer son las siguientes. En primer lugar, si considera
suficiente, en el ámbito competencial de las comunidades, las reconocidas
en el artículo 3.3 el proyecto de ley para dichas comunidades autónomas.

En segundo lugar, qué opinión le merece que las comunidades autónomas
formen parte de los órganos de asesoramiento de la Comisión Nacional de
Energía en los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos.

En tercer lugar, si considera correcto que la planificación de
hidrocarburos la haga el Estado en colaboración con las comunidades
autónomas.

En cuarto lugar, si cree usted que el proyecto de ley supone un avance,
en términos de competencia, precios, mercados, etcétera, en relación con
las leyes de otras épocas, especialmente la de 1987 del gas y la de 1992
del petróleo.

Por último, si el proyecto permite que se puedan desarrollar redes
secundarias de transporte y distribución de gas por canalización con
libertad suficiente para los agentes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Unicamente para dar la bienvenida
al señor Aramburu.

Como comprenderá el señor presidente este grupo parlamentario conoce de
sobra las posiciones del Gobierno vasco al respecto, ya que fuimos
exhaustivamente informados por el presidente de Gas de Euskadi en
relación a estos temas, pero escucharemos con atención las posiciones o
preguntas que le han planteado los portavoces de los demás grupos
parlamentarios al señor Aramburu.




El señor PRESIDENTE: El señor Aramburu tiene la palabra.




El señor VICECONSEJERO DE ORDENACION Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL DEL PAIS
VASCO (Aramburu Cruza): Ante todo quiero disculpar la ausencia de mi
consejero y trasladar a todos ustedes que es un honor para mí poder
asistir a esta comparecencia y tratar de responder respecto a cuál es la
posición del Gobierno vasco en relación a la ley del sector de
hidrocarburos.

Una primera valoración me ha sido pedida por parte de la parlamentaria
señora Mendizabal, y puedo terminar muy rápidamente diciendo que desde el
punto de vista de nuestro Gobierno la ley nos parece necesaria y
oportuna. Necesaria porque realmente la legislación que hasta la fecha ha
existido en el sector, las tres leyes anteriores, tanto la referida al
sector de petróleos como la ley del sector del gas de 1987 y la ley de
explotación y exploración de hidrocarburos, si no han quedado obsoletas
sí han quedado sin desarrollar. Como consecuencia de toda la apertura y
de los movimientos que se han producido en el mercado, hay que considerar
que era absolutamente necesario un desarrollo legislativo de esas leyes o
bien la sustitución por una nueva. Por ello nos parece absolutamente
necesario --repito--, conveniente y oportuno.

Pero siendo positiva la valoración que hacemos del nuevo proyecto de ley,
sin embargo creemos que hay una serie de apartados en los cuales pensamos
que ésta puede ser mejorada, y esperamos que precisamente de su paso
tanto por el Congreso como por el Senado esta mejora sea palpable y
salgamos todos beneficiados.

Uno de los primeros puntos en lo que a posibilidades de mejora se refiere
creo que está en otro de los motivos que producen una pregunta por parte
de la parlamentaria señora Mendizabal, que es el tema competencial.

Lógicamente, nosotros entendemos que en lo que hace referencia a este
punto específico hay ocasiones en que el Gobierno,



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cuando elabora los proyectos de ley, parece que se olvida de que estamos
en un Estado de las autonomías, donde existe una Constitución y unos
estatutos que normalmente suelen ser coherentes con ella.

Hago referencia específicamente a todo lo que se centra en el artículo
3.3, que creo que era causa de una de las preguntas que nos hacía el
Grupo Popular, en lo que se refiere a las autorizaciones para los
permisos de exploración, los permisos de investigación y las concesiones
de explotación. Por nuestra parte, vamos a tratar de que estos apartados
sean corregidos, de manera que, al menos en lo que haga referencia a
terrenos que sean específicamente correspondientes a cada una de las
comunidades autónomas, las autorizaciones correspondan explícitamente a
éstas y no al Estado.

Otro de los apartados en los que nos parece que la ley es mejorable hace
referencia a los distintos registros que en la ley se crean, que creo
recordar que son cuatro. Uno de ellos, el de permisos de investigación;
otro, el de instalaciones al por menor; otro, el de instalaciones de
transportistas de gas y finalmente el de distribuidores,
comercializadores y consumidores cualificados. Entendemos que el registro
debe ser único, conforme también con sentencias recientes del Tribunal
Constitucional, aunque sea de llevanza descentralizada; es decir, no
creemos que se deba de fijar desde la Administración general del Estado
la manera en que cada una de las autonomías llevan los registros. Que el
registro será único y que corresponda al Ministro de Industria lo
aceptamos, pero la forma en que se lleve, se instrumente y se comunique a
la Administración central corresponde a cada una de las autonomías.

Antes de pasar a los aspectos técnicos, que pensamos que deben merecer
una reflexión en esta Comisión, me gustaría hablar, aunque sea
brevemente, del artículo 4, en lo que se refiere a la planificación,
planificación que, tal y como aparece, corresponde al Estado en
colaboración con las autonomías. Nosotros estamos de acuerdo con la
lectura que se hace de que la planificación sea indicativa, siempre que
sea así, por una parte y, por otra, siempre que se considere de criterios
mínimos. Realmente, como consecuencia de la liberalización que se está
pretendiendo realizar en el sector y después de haber leído el artículo
2, creo recordar, en el que se habla del cambio de servicio público por
actividades de interés económico general y la liberalización
correspondiente, que le fijen a uno cómo debe ser planificado nos parece
que es pasarse. Entendemos que sí se puede establecer la planificación,
pero siempre que corresponda al mínimo requerido. De forma que si hay
alguien que quiere libremente llevar a cabo las inversiones, aunque pueda
parecer redundantes, bajo su propia responsabilidad, porque considera que
económicamente puede ser rentable, desde nuestro punto de vista debe ser
aceptado.

Centrándome en aspectos técnicos y principalmente en lo que corresponde
al título IV, el de gases combustibles por canalización, me gustaría
también hacer una lectura rápida de lo que nosotros entendemos que se ha
producido por parte del redactor de la ley. Está claro que existe una
directiva de la Unión Europea, está claro también que ha sido
desarrollada y aprobada el 27 de noviembre la Ley del sector eléctrico y
entendemos que, siendo el redactor la misma persona, haya tendido a hacer
una trasposición de una ley para aprovechamiento de la misma en otro
sector. En nuestra opinión, la trasposición realizada es correcta, con
algunas salvedades o matices que, por un lado, voy a justificar, y, por
otro, también me gustaría tratar de corregir o puntualizar.

Con la Ley del sector eléctrico teníamos unos generadores, unos
transportistas, distribuidores, comercializadores, clientes cualificados,
operadores del sistema y operadores del mercado. En la ley del sector de
hidrocarburos siguen existiendo transportistas, comercializadores,
distribuidores y una gestión del sistema. Una de las modificaciones o
diferencias que se producen entre ambas leyes es que, en el caso del
sector eléctrico, los transportistas no generan energía. Sin embargo, en
el caso del sector de hidrocarburos, a los transportistas explícitamente
se les reconoce la capacidad de compra que tienen, tanto en el interior
como en el exterior, para poder suministrar a determinados clientes, que
son los distribuidores que cuelguen de su red para su venta a clientes a
tarifa.

En principio, y durante un período transitorio, estamos de acuerdo con
esta posibilidad. Nos parece correcto que sean los transportistas quienes
tengan esta capacidad de compra. En el caso de la Ley del sector
eléctrico existía un operador del mercado y un operador del sistema y en
la ley se recoge que el operador del sistema debe ser una sociedad
absolutamente independiente, en la que puedan tener participación tanto
socios privados como sociedades anónimas, siempre que la participación no
exceda, creo recordar, de un 10 por ciento y con una limitación
específica para los grupos del sector eléctrico, que era del 40 por
ciento. Dadas las características de la red de transporte en el sector de
hidrocarburos, pensamos que esta trasposición literal no es posible en el
sector de hidrocarburos, motivo por el cual, de la lectura que hacemos,
aunque procuraremos mejorarla, para que quede más claro, del proyecto de
ley, en relación con la gestión del sistema, nos parece correcta para el
sector de hidrocarburos la existencia de tantos gestores del sistema como
subsectores del transporte existen. Y nos lo parece porque en nuestra
comunidad existe una sociedad, que es Sociedad de Gas de Euskadi, que
funciona correctamente y utiliza una parte importante de la red básica,
que es propiedad de Enagás, como consecuencia del suministro del gas
combustible procedente de Argelia y del resto de lo que fue Unión
Soviética, más Noruega. Por ello entendemos que es posible gestionar el
sistema mediante la coordinación de los gestores de los subsectores de
transporte correspondiente. Aunque la redacción --insisto-- creemos que
es mejorable, con objeto de clarificar este planteamiento, nos parece
correcto el espíritu que existe en relación con la gestión del sistema
dentro de la ley del sector de hidrocarburos.

La comisión nacional de la energía. Algo que también es contradictorio o
por lo menos sufre una cierta controversia es si debe existir una única
comisión nacional de la energía o deben existir dos comisiones
nacionales, una del sector de hidrocarburos y otra del sector eléctrico.

En estos



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momentos, lo señalaba el anterior compareciente, el consumo en el Estado
español es de 12 bcm. Podemos esperar que dentro de diez años este
consumo se encuentre en una cifra de 22-25 bcm como consecuencia de la
utilización del gas combustible por parte de los generadores de energía
eléctrica principalmente. Por tanto, cualquier desarrollo regulador va a
ser más racional y va a encontrarse beneficiado si existe una única
comisión nacional de la energía, aunque cuente con la existencia de dos
consejos consultivos, o de tantos consejos consultivos como sea
necesario, en función de los sectores, hoy sector de hidrocarburos y
sector eléctrico. En la opinión de nuestro Gobierno, apostamos por la
existencia de una única Comisión Nacional de la Energía, con dos consejos
consultivos diferentes.

Creo que era el señor Landeta quien preguntaba mi opinión con respecto a
que se encuentren presentes en estos consejos consultivos los
representantes de las comunidades autónomas. Hasta la fecha, en la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico existe este consejo consultivo y
en él se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, los
representantes de las empresas eléctricas, de las empresas
distribuidoras, clientes, universidad, responsables de medio ambiente y
demás. En el caso concreto de mi comunidad, soy yo quien asiste a estos
consejos y considero que es importante e ineludible la presencia de las
comunidades autónomas en los mismos, entre otras cosas, porque
corresponde informar en la Comisión Nacional del Sector Eléctrico de
determinados aspectos, leyes y decretos, y de no ser así quedaría lejos
de las propias comunidades autónomas la posibilidad de conocer y opinar
al respecto antes de su publicación. Por tanto, en nuestra opinión, la
organización que se está previendo para los consejos consultivos dentro
de la Comisión Nacional de la Energía nos parece correcta y adecuada.

Se hacía una pregunta sobre la cantidad de suministro, los famosos 35
días de consumo que debe encontrarse almacenado, y se preguntaba cuál era
la opinión de nuestra comunidad. Entendemos que el trato que se da en la
ley, en cuanto a que quien no pueda almacenar estos gases sí pueda, por
decirlo de alguna manera, comprar esa garantía de suministro a quien
tenga capacidad de almacenar, es en nuestra opinión correcto. Sin
embargo, sí nos gustaría que en el proceso de introducción de enmiendas
en la ley se clarificase el concepto correspondiente a estos 35 días de
garantía de suministro, de manera que al final quien preste ese servicio
no duplique la cifra cuando negocie con el Ministerio específicamente las
tarifas. Creo que es el artículo 99 el que habla de estos 35 días; en el
punto 1 hace referencia a que será obligación de los transportistas y de
los comercializadores cubrir la garantía de esos 35 días, tanto su propia
responsabilidad como la que corresponda a los clientes a los que estén
suministrando; y en el punto 2 hace referencia a que los clientes
cualificados que tengan posibilidad de comprar directamente deberán
también cumplir con la garantía de los 35 días. No nos gustaría que,
después de que esos clientes cualificados están comprando libremente y
pagando la garantía correspondiente de los 35 días a algunos de los
transportistas, éstos, a la hora de negociar con el Ministerio el coste
correspondiente de las tarifas, lo estuviesen incluyendo dentro de sus
cuentas, de forma que se encontrase duplicado. Serían dos ingresos
diferentes y querríamos que quedase suficientemente diferenciado.

El artículo 100 es el famoso artículo en el que se hace referencia a las
limitaciones en cuanto a adquisición y compra de un determinado país,
limitando dichas adquisiciones a un 60 por ciento del total del consumo
del Estado. Creemos que es correcto y adecuado estratégicamente, pero
consideramos que existe una doble problemática. Por una parte, lleva a
exigir a los clientes cualificados que se mantenga la parte
correspondiente; entendemos que alguien debe velar para que la compra
realizada por los transportistas, por los clientes cualificados y por los
comercializadores no sobrepase ese 60 por ciento. No queda
suficientemente clara la redacción en el citado artículo 100 y, por
tanto, creemos que es algo que debe protegerse, bien por un desarrollo
posterior o bien a través de la comisión de seguimiento del sector
gasista o de la propia Comisión Nacional de la Energía.

Pensamos que la ley es absolutamente necesaria si pretendemos que exista
no solamente una liberalización en el sector gasista, sino también la
propia liberalización en el sector eléctrico --a la que aspiramos todos--
y la competitividad a través de la generación de energía eléctrica a unos
precios más económicos, y entendemos que para poder conseguirlo debería
existir una gran posibilidad de poder de compra, de capacidad de
negociación a la hora de comprar en el exterior.

Sobre los contratos que hasta la fecha existen con Argelia y los
contratos take or pay, que fueron en su momento negociados por parte del
Estado y posteriormente trasladados a Enagás, debería existir la
posibilidad, no recogida en la ley, de subrogarse esa parte de los
contratos o, si no, que quienes vayan a adquirir gas en el exterior
puedan disponer de las mismas condiciones o garantías que en estos
momentos tiene Enagás. Entendemos que ha existido para Enagás un tiempo
en el que se ha podido beneficiar de una experiencia, de unos
conocimientos, de unos mercados y de unas líneas de entrada en esos
mercados, y nos parece muy lícito que lo haya sabido utilizar y le haya
permitido posicionarse donde en estos momentos se encuentra, pero
realmente el objetivo final de esta ley es la liberalización del propio
mercado de hidrocarburos y en estas condiciones vemos difícil que alguien
pueda hacerle directamente la competencia. Volveremos a tener una especie
de monopolio, oligopolio o duopolio. Para poder lograrlo, debería
facilitarse tener una distribución, un acceso o una compatibilización, o
lo que fuera, de ese tipo de contratos por parte de Enagas.

Los consumidores cualificados. Lógicamente, nuestro Gobierno siempre ha
mantenido que cuanto más liberal sea una ley o más abierta sea más
redundará en beneficio del consumidor y del cliente final. Por tanto, el
texto que aparece recogido en la disposición transitoria sexta de la ley,
en relación a los consumidores cualificados, asumiendo que es más
avanzada que la que recoge la directiva de la Unión Europea, nos parece
correcta, la aceptamos y no vamos a presentar ningún tipo de enmienda.




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Otra pregunta que quedaba pendiente era la que hacía referencia a las
concesiones y a las autorizaciones. El cambio del servicio público por el
servicio de interés económico general y de la modificación de las
concesiones por el régimen de autorizaciones es desde nuestro punto de
vista correcto, siempre y cuando se garantice, y para ello vamos a
sugerir la introducción de alguna enmienda vía disposición transitoria,
la recuperación de las inversiones realizadas por los concesionarios que
hayan estado funcionando en un área determinada. Sugeriríamos que estos
concesionarios, siempre que hayan estado garantizando el suministro y
realizando su trabajo de una manera correcta, al menos tengan un período
en el que no se pueda conceder una autorización administrativa en ese
área geográfica. Insisto en que debe ser de una manera transitoria, que
el concesionario no debe perpetuarse, y entendemos que un período de 10
años puede ser suficiente, por lo menos para recuperar las inversiones
que haya tenido que realizar. A partir de ese momento, dentro del
espíritu de liberalización, si existe la posibilidad, porque hay alguien
que esté interesado en solicitar una autorización al objeto de
complementar la red o distribuir o prestar ese servicio, desde nuestro
punto de vista sería correcto.

Creo que he respondido a todas las preguntas que se me han realizado,
pero si quieren alguna otra aclaración, con mucho gusto lo haré.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Dada la trascendencia, indiscutiblemente
en España, para la realización de toda la red gasística, nos interesa
conocer la opinión y el estado en que se encuentra en los momentos
actuales la planta de gasificación en el País Vasco.




El señor PRESIDENTE: Señor Aramburu.




El señor VICECONSEJERO DE ORDENACION Y ADMINISTRACION INDUSTRIAL DEL PAIS
VASCO (Aramburu Cruza): En la anterior intervención, de la que he
escuchado una parte, cuando oía la disposición que existía por parte de
Enagás de llevar a cabo las nuevas inversiones --el gasoducto de la
Plata, la gasificación de las 18 provincias que quedaban pendientes de
gasificar, etcétera-- entendía que el planteamiento era correcto, pero a
mí me quedaba la duda de que, si no lo hace Enagás, quién lo puede hacer,
ya que, como consecuencia de la capacidad de compra y de los contratos
que tiene hoy, es el único transportista; es decir, hoy no veo a la
Sociedad de Gas de Euskadi gasificando un territorio que no sea el
nuestro, honestamente lo digo. Por tanto, lógicamente no puede ser otro
que Enagás el que pueda gasificar esas 18 provincias. Sin embargo, me ha
sorprendido oír que una de las justificaciones que daba para llevar a
cabo el gasoducto de la Plata y el incremento de la red básica era
garantizar el suministro a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Nosotros entendemos que el famoso artículo 4, que habla de la
gasificación, con el espíritu que nosotros transmitimos, que es una
planificación indicativa en el mínimo requerido, habilita la posibilidad
de que quien considere que puede poner en el mercado gas competitivo,
pueda tener capacidad para poder comprar en el exterior y servir a los
clientes a los cuales suministre, bien vía distribuidores, bien vía
clientes cualificado, lógicamente debe hacerlo. Con ese espíritu de
liberalización, nosotros nos pusimos a la búsqueda de la posibilidad de
encontrar a alguien que colaborase con nosotros en la puesta en marcha de
una planta de regasificación. El proyecto está en marcha. Nosotros lo que
no vamos a hacer es poner en marcha un proyecto que no sea competitivo,
para lo cual lo que siempre hemos trasladado ha sido que, si gente del
sector se encuentra en disposición de llevar a cabo esa planta de
regasificación, nosotros lo apoyaremos con las medidas que estén en
nuestras manos, sin tratar de saltarnos al Tribunal de la Competencia en
el Estado español y al comisario de la Competencia en Europa.

El proyecto en estos momentos está en fase de elaboración del plan de
viabilidad y debería presentarse en el primer trimestre --nosotros
todavía no hemos fallado--. Esperamos que el plan de viabilidad demuestre
que eso es posible y si al final los socios deciden seguir adelante con
el proyecto nosotros seguiremos y lo presentaremos. Desde nuestro punto
de vista, creemos que podremos anunciar antes del verano la puesta en
marcha de todo lo que es el proyecto con los acuerdos de participación y
demás.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aramburu, por su presencia en la
Comisión de Industria.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL (CONFEMETAL), SANCHEZ DE APELLANIZ
(Número de expediente 219/000334)



El señor PRESIDENTE: Doy la bienvenida a don Andrés Sánchez de Apellániz,
Secretario General de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales del Metal.

Me parece, que conoce usted ya el procedimiento de esta comparecencia.

Daré en primer lugar la palabra a los portavoces para que le formulen las
preguntas y luego usted tendrá un turno para contestar lo que estime más
oportuno.

Tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero dar la bienvenida, en primer
lugar, al señor Sánchez de Apellániz a esta Comisión.`
Y a mi grupo le interesaría conocer la valoración general que hace usted
respecto a este proyecto de ley, desde el punto de vista del cumplimiento
de los objetivos que persigue, liberalización y mayor competencia, y si
quiere comentarnos algún aspecto más concreto, tanto por lo que se
refiere al sector de hidrocarburos líquidos como al sector de gas, le
estaríamos muy agradecidos.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Primero, agradezco al señor Sánchez de
Apellániz, representante de Confemetal, su presencia ante esta Comisión.

Seguidamente paso a formular las siguientes preguntas: ¿Cree usted que el
proyecto de ley de hidrocarburos tiene potencial para mejorar los costes
energéticos de las empresas y, por tanto, su competitividad futura?
Segunda, ¿cómo valoran los empresarios la mayor libertad de elección de
suministrador que va a permitir esta ley y que complementa, junto con la
Ley Eléctrica, un nuevo mercado energético que instaura la libertad de
elección?
Tercera, ¿cree el compareciente que con esta ley se incentiva un
empresariado nacional más competitivo?
Por último, ¿cree que este proyecto permite la aparición de nuevos
competidores y un enriquecimiento del panorama empresarial nacional, así
como un mayor interés por estar aquí por parte de los empresarios
extranjeros?



El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, le corresponde dar una respuesta a
las cuestiones que le han planteado.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL (Sánchez de Apellániz): En primer
lugar, he de darles las gracias por ofrecernos la posibilidad de decir lo
que pensamos de la ley de hidrocarburos.

Antes de contestar a sus preguntas, quiero explicar un poco lo que
representa Confemetal, aunque me figuro que lo sabrán.

Confemetal es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
del Metal, que encuadra entre 70.000 y 80.000 empresas y da trabajo
aproximadamente a un millón de trabajadores. Estas empresas están
integradas en los sectores más diversos del metal, desde la siderurgia
integral, pasando por la metalurgia, bienes de equipo, automóvil, hasta
los talleres de reparación de automóviles o fontaneros; es decir, en
nuestro sector hay tanto grandes consumidores de productos, recogidos en
esta ley, como pequeños consumidores. Abarcaría todo el panorama de los
consumidores.

Una vez hecha esta introducción para explicar lo que somos, contesto la
pregunta que me hacía la diputada Mendizabal, y también me sirve para
contestar la del señor Landeta, diciendo que la valoración sobre la ley
en términos generales es positiva en su conjunto. El proyecto es
encomiable y oportuno para actualizar la normativa existente y aunar toda
la que ya existe. Sobre todo, porque pretende dos cosas fundamentales
para el desarrollo de las empresas españolas, que son liberalización y
competitividad dentro del mercado único y de un mercado interior europeo
energético.

Tenemos algunas pegas respecto a la ley, quizás más desde el punto de
vista del gas que del petróleo. Del gas, por todo lo que se crea dentro
del suministro. Desde nuestro punto de vista, son novedades importantes,
como la de los consumidores cualificados, recogidos también en otras
disposiciones y legislaciones europeas, y la de los comercializadores.

Sin embargo, pensamos que puede ser susceptible de mejora. Me explico.

Son tres los apartados en los que tendríamos algún problema. El primero,
el gestor del sistema, porque entendemos que, en aras de una mayor
liberalización y competencia, éste debería ser lo más independiente
posible; en todo caso, que fuera la propia Administración la que llevara
esta gestión del sistema de gas. En el proyecto actual, el gestor es juez
y parte, puesto que acapara las actividades de transporte y
comercialización, por mucho que éstas estén separadas. Hay que intentar
desmonopolizar por todos los medios la gestión del gas. El gestor debería
estar formado por los transportistas actuales y los nuevos actores que
alquilen la red básica al actual propietario. De haber sólo un
transportista, como en la actualidad, el comité de seguimiento que
establece el artículo 66 del proyecto de ley debería tener una comisión
ejecutiva de control y gestión que velara por ese control y gestión del
gestor del sistema. También entendemos que el transportista sólo debe ser
transportista y no estar involucrado en la compraventa del gas, aunque
creemos que eso es difícil tal y como está actualmente la situación en
España. Se podría ampliar la red básica. Esta actividad de transportista
debería pasar a los comercializadores, que, según el proyecto de ley,
sólo venden a los clientes cualificados. Según nuestra postura, los
comercializadores venderían a los clientes cualificados y a los
distribuidores, y así a los pequeños consumidores. Eso en cuanto al
gestor del sistema.

Otro de los puntos que nos afectaría sería el peaje. Desde el punto de
vista de los clientes cualificados, el acceso a la red básica debe estar
marcado por unos peajes que tienen que ser razonables. Un tema que nos
preocupa bastante es el de los famosos contratos TOP, los take or pay,
que se invocarían para rechazar propuestas de terceros de acceso a esa
red. Esos contratos TOP en ningún caso deberían ser causa de rechazo,
puesto que los compromisos podrían repartirse entre los distintos
comercializadores. Además, esos contratos están avalados por la propia
Administración.

Finalmente, quizá el tema que más nos preocupe como consumidores sería el
de los consumidores cualificados. Grandes empresas muy importantes (en
estos momentos Aceralia o empresas del sector siderometalúrgico).

Nosotros vemos algunas pegas. En primer lugar, quiero aclarar que se
trata de una consideración opcional, pudiendo acogerse, quien así lo
desee, al sistema de tarifas. Aunque gastase más de los 25 millones de
metros cúbicos, podría estar dentro del sistema de tarifas y no ser
considerado un consumidor cualificado. En segundo lugar, se trataría no
sólo de consumidores cualificados individuales, sino también asociados o
agrupados. La figura del agregador de demandas debería ser tenida en
cuenta en su conjunto: un grupo de empresas que se asocian y juntas
gastan más de esos 25 millones de metros cúbicos, que en este momento
establece el proyecto de ley. La ley dice también que una empresa



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tiene que gastar los 25 millones de metros cúbicos en distintos puntos.

Esto debería cambiarse y que fuera el conjunto de la empresa la que gasta
los 25 millones de metros cúbicos en todos sus centros de producción.

En cuanto a los 25 millones de metros cúbicos, creemos que es una
cantidad algo excesiva. Aunque el proyecto de ley recoge una gradación de
los años, a la hora del gasto de ese consumo, 25 millones de metros
cúbicos nos parece algo excesivo, así como que haya que comprar el 60 por
ciento de ese gasto a un solo país. Eso es bastante difícil y habría que
modificarlo; que pudiera ser, no el 60 por ciento, sino un porcentaje
inferior, con lo cual distribuiríamos la compra entre distintos países
(Argelia y Europa). Así termino con las preguntas de la señora
Mendizabal.

Sobre las preguntas del señor Landeta, como decía al principio, la ley en
su conjunto potencia la competencia y la liberalización. En términos
generales, nosotros estamos contentos con esta nueva disposición. También
es más competitivo, porque lo que pretende es una liberalización.

Consecuencia de esa competencia, probablemente sea una inversión de
compañías extranjeras en nuestro país. La ley lo que hace es equipararnos
de alguna forma al resto de los países comunitarios. Como nuestra
situación en otros aspectos industriales es buena, mano de obra o costes
salariales, al estar equiparados en materia de distribución de
hidrocarburos con el resto de países comunitarios, va a suponer un
incentivo más a la inversión de otras compañías extranjeras en España,
bien sean americanas, alemanas o incluso de la Unión Europea.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quería solicitar una aclaración. En su
intervención ha dicho que pueden existir consumidores que tengan la
calificación de cualificados al alcanzar un consumo superior a los 25
millones, que, sin embargo, no quieren obtener el título de cualificados
y querrían estar sujetos a tarifa. ¿Cuál es ese razonamiento?
En segundo lugar, me interesaría conocer su opinión sobre el nuevo
consejo nacional de energía y la representación que van a tener en el
mismo asociaciones empresariales.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL (Sánchez de Apellániz): En cuanto
a la primera pregunta, al ser un tercero el que tiene que acceder fuera a
la compra de unas cantidades de gas, a lo mejor no le interesa por el
propio coste que le supone, en cuanto a inversión, acceder a esas
cantidades y le sigue interesando estar dentro de la tarifa normal que se
establezca. Ese sería nuestro razonamiento. Se ofrece una posibilidad
importante, que la mayoría de los grandes consumidores la acogerán, pero
que a otros, al hacer sus números al hacer su escandallo no les salen las
cuentas. Este sería un razonamiento bastante simple.

En cuanto al consejo nacional, entiendo que es positiva la participación
de las organizaciones empresariales; creo que las organizaciones
empresariales; creo que las organizaciones empresariales --yo represento
a alguna-- debemos participar cada vez más en ese tipo de consejos, sobre
todo en lo que hace referencia a la economía y en este caso a la
industria. Este tipo de actividades y de propuestas de cualquier partido,
incluso elaborando una ley, nos parece verdaderamente positivo.




El señor PRESIDENTE: No habiendo más cuestiones, le agradecemos su
presencia en la Comisión, señor Sánchez. Muchas gracias, por su
presencia.




--DEL SEÑOR CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (SUCH PEREZ) (Número de expediente 212/001251).




El señor PRESIDENTE: Ruego que se incorpore a la Mesa don Diego Such
Pérez, consejero de Empleo, Industria y Comercio de la Comunidad
Valenciana.

Bienvenido, señor consejero. Es para nosotros una satisfacción tenerlo en
esta Comisión de Industria y poder conocer sus criterios y opiniones
acerca de la ley del sector de hidrocarburos.

La comparecencia va a tener una primera fase de preguntas que le
plantearán los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y luego
tendrá usted el turno para responder ampliamente a todas ellas.

La señora Mendizabal iniciará el turno de preguntas, por el Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene usted la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, quiero dar la
bienvenida al señor Such, aunque no sé si tengo que dársela o él debe
agradecer al Grupo Socialista que le permita volver de nuevo a esta casa,
en la que ha estado durante una serie de años y a la que me imagino que
estará encantado de retornar para ver a sus viejas amistades y a
transmitirnos en este caso la opinión de su comunidad respecto al
proyecto de ley que hoy queremos valorar.

Desde la Comunidad Valenciana nos interesa conocer su opinión, tanto
desde una valoración general como teniendo en cuenta que allí hay una
fuerte industria, como es la de la cerámica y el azulejo, que utiliza
bastante el gas en su input y, por tanto, está interesada en el
procedimiento y en todo lo que va a ocurrir con este proyecto de ley.

Aparte de la valoración general que quiera hacer, me gustaría que diera
su opinión respecto a la supresión de la consideración de servicio
público en el sector del gas y su transformación en un sector de interés
general y lo que pudiera tener que ver con la concesión administrativa o
la autorización.

También quería que nos hiciera una evaluación respecto a los criterios de
distribución competencial que se siguen en este proyecto que se declara
de carácter básico. Aquí ha habido algunas otras intervenciones de
diversos consejeros sobre la distribución competencial y la planificación
en concreto.




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Nos gustaría que usted nos explicara cuál es su actitud respecto al tema
de la seguridad, que a nosotros nos ha preocupado, y así lo hemos hecho
constar en las comparecencias de las asociaciones de consumidores, sobre
todo en el caso de los butanos, de los GLP, ya que al desaparecer el
contrato de suministro el tema de la seguridad no queda expresamente
clarificado dentro del proyecto de ley. Por tanto, habría que buscar
alguna fórmula de inspección, de control para evitar los problemas que
pudieran surgir de esa falta de control por la no existencia del contrato
de suministro.

Esto es en términos generales lo que nos gustaría que nos contestara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Landeta por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, doy la bienvenida al
señor Such y agradezco su comparecencia ante esta Comisión de Industria.

Las preguntas que le vamos a formular son las siguientes. En primer
lugar, si considera suficiente en el ámbito competencial de las
comunidades las reconocidas en el artículo 3.º 3 para las comunidades
autónomas.

En segundo lugar, qué opinión le merece que las comunidades autónomas
formen parte de los órganos de asesoramiento de la comisión nacional de
energía en los consejos consultivos de electricidad e hidrocarburos.

En tercer lugar, si considera correcto que la planificación en
hidrocarburos la haga el Estado en colaboración con las comunidades
autónomas.

En cuarto lugar, si cree que el proyecto de ley beneficia a los
consumidores de hidrocarburos de forma general.

En quinto lugar, si considera que con esta ley se pueden obtener
ganancias de competitividad basadas en menores costos y mayor capacidad
exportadora para aquellas industrias intensivas en energía, especialmente
el sector de transformados no metálicos, entre los cuales está la
fabricación de materiales de construcción.

En último lugar, si cree que el proyecto de ley permite que se puedan
desarrollar redes secundarias de transporte y distribución de gas por
canalización con la libertad suficiente para los agentes.




El señor PRESIDENTE: Señor Such, tiene la palabra para contestar a todas
estas preguntas.




El señor CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (Such Pérez): En primer lugar, cómo no, agradecer la
posibilidad que me permite el Grupo Socialista de volver a esta casa con
una perspectiva quizá diferente, con la de una comunidad autónoma en la
que la elaboración de esta ley de hidrocarburos es básica y fundamental.

Me pide la señora Mendizabal que, en primer lugar, le haga una valoración
general respecto a la ley que ustedes están discutiendo. Le diría dos
cosas fundamentales. Primero, que es muy oportuna; es una ley que
nosotros consideramos que es oportuna por el tiempo en que se está
elaborando. Pensemos que cada vez más estamos en una economía
globalizada, en una economía muy internacionalizada que está cambiando
continua y permanentemente. Por tanto, adecuar la ley de hidrocarburos y
todo lo referente a la energía respecto a todos estos temas que están
cambiando me parece muy oportuno en el tiempo.

Por otro lado, le diría que me parece una ley muy positiva, sobre todo
por la dirección que desde nuestro punto de vista está tomando el
proyecto de ley para ir consiguiendo grados de libertad, de
competitividad dentro del propio sector. Por tanto, todo lo que vaya en
esa dirección desde la Comunidad Valenciana lo vemos muy positivo y muy
acertado. Lo es porque efectivamente tenemos sectores muy importantes
directamente relacionados con esta ley y sectores que para su buen
funcionamiento es importantísimo que vayan ganando competitividad, que
aparezcan nuevos operadores que, en definitiva, permitan que los costes
energéticos sean lo más bajos posibles y que vayan disminuyendo, lo cual
indudablemente hará que nuestras empresas puedan competir mejor a nivel
internacional.

Por tanto, concluyendo, diría que la valoración es que se trata de una
ley oportuna y positiva en el sentido que le he dicho.

Me preguntaba también por el servicio público, interés general,
concesiones, autorizaciones. En este punto, me gustaría ser muy claro y
muy conciso, porque, si bien entendemos que la ley va por buen camino,
nuestro interés como comunidad autónoma queda claramente reflejado en que
el paso de la concesión a la autorización es algo tan importante para
nosotros, hasta tal punto, que nos gustaría que no hubiera períodos
transitorios, sino que directamente tuviera efectos desde la entrada en
vigor de la ley. Para nosotros, todo lo que sea avanzar en esta
dirección, nos parece vital.

Tenemos unos sectores, como el azulejero o el textil, que utilizan
muchísimo el gas y, por tanto, todo lo que suponga introducir nuevos
elementos de competitividad, nuevos grados de libertad, nos parece bien.

Por consiguiente, el tema fundamental es que la variación entre servicio
público e interés general no significa que no vaya a tener efectos sobre
todo el territorio geográfico. Se va demostrando cada vez más que, cuando
se introducen elementos de competitividad, las cosas se hacen mejor y a
un coste más razonable que cuando se defienden posiciones propias de
otros tiempos, con criterios quizás excesivamente decimonónicos. Le diría
que ése no es un planteamiento que nos afecte mucho; al contrario,
consideramos que, en la medida en que se vayan introduciendo esas
teorías, se irá cubriendo más posibilidades y, en definitiva, toda una
serie de posiciones que nos pueden asegurar todos los planteamientos que
estamos defendiendo.

Pasando a contestar directamente a las preguntas que me ha hecho el señor
Landeta, preguntas muy concretas, aprovecharía para plantear aspectos que
desde mi punto de vista nos interesan muchísimo, viendo esta ley desde la
propia comunidad autónoma.

Quiero contestar a su primera pregunta, que sí, que nos resulta un tema
claramente favorable y que valoramos muchísimo que en una ley como ésta
las opiniones de las comunidades



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autónomas puedan ser oídas por el Congreso de los Diputados. El hecho de
que se esté elaborando con la visión propia del Estado y de las
comunidades autónomas en su conjunto, nos parece muy positivo y puede
enriquecer los planteamientos que de aquí salgan, así como los criterios
que vayan generándose.

Ganancias de competitividad; indudablemente. En la medida en que esta ley
permita cambiar esquemas y planteamientos que vienen de períodos
anteriores y que, por tanto, están siendo absorbidos y ganados por la
experiencia y de los propios resultados, entendemos que se va a ganar
muchísimo en competitividad. De hecho, se está demostrando que, en
aquellos sectores tradicionales de la economía española donde se va
introduciendo la competencia, hay menores costes y perspectivas de
crecimiento mucho más amplias a medio y largo plazo.

Hay algunas cuestiones que nos preocupan bastante y que, por nuestra
posición, me gustaría resaltar, y así lo queremos decir para que SS. SS.

puedan discutirlas y razonarlas. Para nosotros es muy importante la
fijación de los peajes y cánones de transporte que deben de garantizar el
libre acceso a la red del gas, que estén inspirados en el principio de la
competencia y en que no se pueden plantear barreras infranqueables.

Creemos que una de las maneras de avanzar sería, en la medida de sus
posibilidades, que la fijación de peajes y cánones no significara unas
barreras infranqueables a la hora de poder introducir nuevos operadores
en el mercado.

Por otro lado, quiero manifestar también que, si bien el proyecto de ley
recoge el límite de consumo de los 25 millones de metros cúbicos para ser
considerado como cliente cualificado, nos gustaría poder contemplar algún
planteamiento dentro de la propia ley que avanzara un poco más y
permitiera la agrupación de consumidores, para posibilitar, mediante un
consumo mínimo individual que estuviera alrededor de los dos millones de
metros cúbicos, un mayor grado de libertad dentro del propio proyecto.

En resumen, y después de haber contestado a cada una de las preguntas que
me han hecho, diría que la valoración es tremendamente positiva.

Entendemos que es oportuno llevar adelante este proyecto de ley, pero
nuestra posición es la de que cualquier avance en él para introducir
mayores grados de libertad y de competencia sería bien visto por la
Comunidad Autónoma Valenciana. (El señor Landeta Alvarez-Valdés pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, tiene la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor presidente, quiero agradecer el
señor Such su comparecencia y hacerle un par de preguntas.

En primer lugar, cómo se encuentra el mallado gasístico dentro de la
Comunidad Valenciana en el momento actual.

En segundo lugar, cómo se ve en la Comunidad Valenciana la deslimitación
de distancias en el establecimiento de gasolineras, que es una de las
iniciativas del proyecto; si ven todavía capacidad de instalación de
nuevas gasolineras o ya se ha cubierto.




El señor PRESIDENTE: El señor Such tiene la palabra.




El señor CONSEJERO DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (Such Pérez): Señor presidente, la construcción de la red por
donde transita el gas en la Comunidad Valenciana en muy poco tiempo ha
avanzado muchísimo. Se han hecho enormes esfuerzos para resolver
problemas que habían tenido efectos muy perniciosos para la propia
economía valenciana. Como usted bien sabe, hay un gasoducto que viene
desde Cataluña hasta la región de Murcia, y el haber acabado ese
gasoducto y tener dos entradas significa un mayor grado de seguridad para
la propia empresa. Hemos iniciado ya el establecimiento de la red
posterior para llevar a las distintas poblaciones de la Comunidad
Valenciana redes más pequeñas. En este sentido, quiero decirles que no
estamos totalmente satisfechos con la actuación de la empresa que tenía
que llevar adelante el proyecto. Los resultados del año 1997 no han sido
los esperados, habiendo manifestado a la empresa, a Gas Natural
fundamentalmente, que debería esforzarse un poco más para continuar
invirtiendo en la construcción de ese mallado gasístico, importantísimo
para la Comunidad Valenciana. Asimismo, he de decirle que hemos recibido
buenas y alentadoras palabras de la propia empresa, por lo que, en el
momento en que planteamos alguna queja, inmediatamente hubo una reacción
buena. Creo que es mucho lo que se ha hecho, pero queda mucho por hacer.

En definitiva, puede avanzarse mucho en ese terreno.

Sobre la instalación de nuevas gasolineras entendemos que en la Comunidad
Valenciana aún hay espacios y, de hecho, creo que están surgiendo grupos
de empresarios importantes dentro de la propia comunidad que están
empezando a cubrir esos huecos. Nos parece que todo lo que vaya en esta
dirección es positivo, porque coadyuva a que el suministro de energía,
sea cual sea, vaya mejorando.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay más cuestiones, señorías? (Pausa.)
Le agradecemos su presencia en esta Comisión de Industria y le invitamos
a que vuelva usted cuando lo desee, no en condición de compareciente sino
de ex diputado. Esperamos que pueda estar con nosotros nuevamente en
otras relaciones que podamos mantener en un futuro inmediato.

En cualquier caso, le deseamos todos los aciertos en la gestión que está
realizando en estos momentos al frente del departamento de Industria de
la Comunidad Autónoma Valenciana, no solamente en el ámbito de los
hidrocarburos sino en todos los de la actividad industrial y económica de
su comunidad.

Vamos a hacer un receso.




Se suspende la sesión.




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Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE GALICIA (COUCEIRO
MENDEZ) (Número de expediente 212/001254).




El señor PRESIDENTE: Señorías, reemprendemos la Comisión.

Nos acompaña en estos momentos ya el consejero de Industria y Comercio de
Galicia, don Antonio Couceiro Méndez. Bienvenido a la Comisión. Es para
nosotros una satisfacción tenerle aquí y poderle formular las cuestiones
que SS. SS. estimen en relación con el proyecto de ley de hidrocarburos.

La comparecencia va a organizarse, en una primera fase, con las
intervenciones de los portavoces que le van a hacer distintas preguntas.

A continuación, usted responderá a todas ellas.

Damos la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, la diputada
Mendizabal, para que le plantee las preguntas que desee su grupo
parlamentario.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero agradecer al señor Couceiro su
presencia en esta Comisión a requerimiento del Grupo Parlamentario
Socialista. Le rogaríamos hiciera una valoración general de la ley
respecto a su oportunidad o a si consigue los objetivos que en ella se
proponen e incidiera de manera más específica en aquello que pueda tener
relación con la comunidades autónomas, como es el referente a los
criterios de distribución competencial que se siguen en este texto. ¿Cuál
es su opinión respecto a la planificación, que ha sido formulada ya por
alguno de los consejeros de otras comunidades autónomas? ¿Qué piensa
respecto a la supresión de la consideración de servicio público en el
sector del gas y su paso a un sistema de interés general y cómo se van a
respetar en su comunidad los derechos de los consumidores y usuarios?
Respecto a la seguridad en el caso de los GLP de suministro doméstico, al
desaparecer el contrato de suministro, parece que quedan ciertas lagunas
sobre la seguridad, tanto en la seguridad vial como en el propio
domicilio. ¿Cómo piensa que se puede superar ese problema en su
comunidad? Finalmente, le agradecería hiciera alguna consideración de
tipo general respecto al acceso a la red, a los consumidores
cualificados, o a cualquier otro tema.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Muchas gracias, señor consejero, por su
comparecencia ante esta Comisión.

Voy a formularle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, las
siguientes preguntas: En primer lugar, ¿considera suficiente en el ámbito
competencial de las comunidades las reconocidas en el artículo 3.3 para
las comunidades autónomas? En segundo lugar, ¿qué opinión le merece que
las comunidades autónomas formen parte de los órganos de asesoramiento de
la Comisión Nacional de Energía en los consejos consultivos de
electricidad y de hidrocarburos? En tercer lugar, ¿considera correcto que
la planificación de hidrocarburos la haga el Estado en colaboración
directa con las comunidades autónomas? En cuarto lugar, ¿cómo ve la
refundición de las normas existentes en el momento actual sobre el
petróleo y el gas en un solo proyecto? En quinto lugar, ¿cree usted que
el proyecto de ley supone un avance en términos competenciales
precios-mercado en relación con otras épocas, especialmente con la ley
del gas de 1987 y la ley del petróleo de 1992? Por último, si cree usted
que, con este proyecto de ley, se facilita que el pueblo gallego pueda
acceder finalmente a todas las fuentes energéticas disponibles en
condiciones de competencia y libertad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Como gallego, quiero celebrar la presencia en
esta Comisión del señor conselleiro de Industria y Energía de la Xunta de
Galicia. Realizaré las siguientes preguntas.

¿Cómo piensa el señor conselleiro que puede afectar la ley a la
posibilidad de establecer una planta de regasificación en Ferrol, en el
sentido de que, una vez que la ley desmantela prácticamente la presencia
del Estado en lo que fue hasta ahora un servicio público, deja todo en
manos de un órgano regulador que es la Comisión Nacional de Energía? ¿Le
parece positiva o negativa la dialéctica empresarial frente a la
dialéctica pública? Segundo. ¿Cómo puede afectar a Gas Galicia y a la
participación pública en esta empresa el proceso total de liberalización
que establece la ley? Tercero. Si considera el señor conselleiro
fundamental la planta regasificadora de Ferrol para mantener la cuota
porcentual de producción de energía eléctrica de Galicia dentro del
Estado, una vez agotados sus lignitos de As Pontes y de Meirama, e
incluso si no sería necesaria para mantener estas centrales en ciclo
combinado.

En cuarto lugar, si no le parece excesivamente reductora la ley de
competencias de las comunidades autónomas, más particularmente, si no
afecta gravemente a uno de los artículos del Estatuto de Autonomía de
Galicia, que le dota de competencias plenas, en ejecución de la
legislación del Estado, en materia de minas y de energía.

En quinto lugar, si la Comisión Nacional de la Energía, que va a ser
conformada, se dice, con personas de reconocida capacidad profesional y
técnica, pero nombrada directamente por el Gobierno, no debía estar
conformada, por lo menos, por las comunidades autónomas que tuvieran
competencias como las que se señalan en el Estatuto de Autonomía de
Galicia.

En sexto lugar, qué piensa de la disposición de la ley de no hacer
obligatorio el transporte de bombonas de butano a los hogares,
precisamente en nombre de esta liberalización que la ley propone; si no
le parece que va a ser un claro golpe a los hogares más modestos y,
además, si no se hace para imponer una aceleración de la introducción del
gas ciudad.




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En último lugar, si le parece bien resuelta la problemática de la venta
de hidrocarburos por las gasolineras actuales y si quedan bien
delimitados los derechos de venta de hidrocarburos y gasolinas por las
gasolineras y por aquellas instituciones de carácter privado que destinen
estos hidrocarburos a consumo propio.




El señor PRESIDENTE: Señor conselleiro, tiene la palabra.




El señor CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE GALICIA (Couceiro Méndez):
Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero
agradecer al Congreso de los Diputados y a SS. SS. la oportunidad que me
brindan para exponer en esta Comisión de Industria, Turismo y Energía el
punto de vista de la Xunta de Galicia, muy concretamente de la
Consellería de Industria que me honro en dirigir, en un tema de tanta
trascendencia para nuestro país, en concreto para nuestra comunidad
autónoma. No entiendan esto como una cuestión protocolaria, sino que es
un agradecimiento sincero por un consejero de Industria, y además
parlamentario gallego, por lo que ello representa en lo político, en lo
social y en lo económico para nosotros.

Dicho esto y entrando en el motivo de nuestra comparecencia e intentando
contestar a la mayor parte de las cuestiones que los tres grupos me han
planteado, algunas de ellas repetidas, trataré de hacer una exposición
general y, luego, muy concretamente, intentaré responder puntualmente a
aquellas cuestiones que no haya contemplado en el texto general de la
comparecencia.

Me gustaría señalar que, en principio y a nuestro parecer, el enfoque
general del proyecto de ley de hidrocarburos parece correcto y oportuno,
al ser su objetivo tratar de forma integrada un sector industrial
articulado verticalmente, con diferentes grados de liberalización y una
legislación fraccionada en el tiempo que conviene homogeneizar. A la vez,
se pretende poner al día el marco regulatorio, teniendo en cuenta los
cambios producidos en el escenario externo, provenientes de la Unión
Europea, así como la maduración de la situación interna, al haberse
perfeccionado la infraestructura gasista española con las conexiones
internacionales y un desarrollo no del todo completo del sistema de
transporte interior. También hace necesarios ciertos cambios la recién
entrada en vigor de la ley del sector eléctrico, que afecta y es afectada
por la legislación del sector gasista.

Desde el punto de vista de la política energética de la Comunidad
Autónoma de Galicia, y entrando ya en el análisis concreto del texto,
poco hay que matizar sobre la primera parte, títulos de disposiciones
generales de hidrocarburos, salvo una breve referencia al establecimiento
de controles de calidad y medida por los suministradores sobre los
productos petrolíferos despachados por las gasolineras. Aun compartiendo
esta propuesta, entendemos que estas actuaciones no deben ser
sustitutivas de las facultades inspectoras encomendadas a las comunidades
autónomas, sino en todo caso complementarias y de carácter privado,
pudiendo ser realizadas en comisión de servicio, autorizadas por la
respectiva comunidad, por determinados suministradores que cumplan con
determinadas acreditaciones, siempre bajo un procedimiento reglamentado
que deje a cubierto las garantías jurídicas para todos los
intervinientes, muy especialmente para los usuarios.

Nuestro punto de vista respecto al desarrollo del título IV, gases
combustibles por canalización, ordenación del suministro, es el de una
comunidad autónoma que precisa el desarrollo, todavía no realizado, del
gas natural como factor de competitividad industrial y mejora de la
calidad de vida de sus ciudadanos.

En primer lugar, hay que decir que la intención de la ley es introducir
factores de competencia, lo cual es una mejora respecto al monopolio, de
facto, llevado a cabo en la actualidad por Enagás, en las compras y
recepción de gas natural en España y en el transporte y venta a
distribuidoras, si exceptuamos la parcela del territorio suministrada por
Gas de Euskadi. Esa liberalización, como expondré, puede calificarse de
una mejora del sistema, pero no se trata de una desregulación en la plena
acepción del término, ya que se mantiene gran parte del statu quo de los
protagonistas actuales. Esta propuesta de ley es insuficiente para las
necesidades de la Comunidad Autónoma de Galicia que, al día de hoy, sufre
la discriminación de ser la única comunidad que no dispone de suministro
de gas natural, cuando las comunidades vecinas lo tienen desde hace más
de diez años.

¿Por qué ha tenido lugar este retraso? Claramente, el desarrollo del
sistema de recepción y transporte de gas natural en España se ha
producido de una forma irregular, dependiente de condicionantes y
políticas energéticas de cada momento. Así, las tres terminales de gas
natural existentes en la actualidad, operativas las dos últimas desde
hace diez años, están emplazadas en la costa mediterránea y en la sur; de
los dos gasoductos, uno se sitúa también en el extremo sur de la
Península y el otro, claramente insuficiente para la importación de gas
europeo, en los Pirineos. Estas deficiencias trataron de ser superadas en
el Plan Energético Nacional de 1991, que recogía la construcción de una
cuarta terminal nacional en Ferrol para abastecer el cuadrante noroeste.

Su realización se retrasó sine die por falta de garantías de
abastecimiento a largo plazo y por el replanteamiento de la red ibérica
de gasoductos que mejoraba la integración de Galicia en la misma.

La propuesta de ley de hidrocarburos consagra que el propietario de los
contratos de gas, de las terminales, gasoductos internacionales, sistema
primario de transporte y buena parte del secundario y de las redes de
distribución industrial, va a ser el gestor del sistema y, a la vez, la
entidad que tiene que proponer la creación de nueva infraestructura. Ante
el conflicto de intereses que se le plantea entre sus propias necesidades
comerciales y las del sistema gasista, ¿por cuál se va a inclinar?
Creemos que existe una fácil solución a este grave problema: la
separación de las funciones de transportista, distribuidor y
comercializador de la gestión técnica del sistema de gas natural,
encargada esta última a una nueva entidad gestora del sistema, de modo
análogo a lo realizado en el sector del petróleo con CLH y, más
recientemente, de forma modélica en la ley del



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sector eléctrico con red eléctrica española. Esta entidad gestora del
sistema tendría unas limitaciones en cuanto a la participación de los
distintos agentes del sistema gasista que garantizasen su independencia.

Otro desarrollo necesario de la ley es propiciar las iniciativas de los
agentes para la construcción de aquella infraestructura que juzgasen
necesaria a su riesgo y ventura, pero siempre con un gestor del sistema
independiente y con un sistema de acceso de terceros a las instalaciones
completo, transparente y no discriminatorio.

La necesidad de estos perfeccionamientos de la ley hay que verla desde la
óptica de los condicionantes externos del mercado de gas natural. Para
contratar suministros de gas en el exterior se precisa tener un mercado
interno de grandes volúmenes, en general superiores a los 10.000 millones
de termias/año --1.000 millones de metros cúbicos/año--, con contratos a
largo plazo y duración superior a 15 años y el compromiso firme de
retirar las cantidades contratadas, el contrato conocido de take or pay.

Estos condicionantes son una formidable barrera para que en España se
cree un mercado efectivo que pueda afrontarlos con ciertas perspectivas
de éxito.

Para que surja un mercado no cautivo de estas características, es
necesario --pero no suficiente-- que se introduzcan exclusivamente
algunas mejoras al presente marco jurídico de la ley básica del gas
10/1987, como el acceso a las instalaciones de gas de un reducido número
de consumidores. Más bien, es preciso que se facilite la agregación de
estos consumidores y que los nuevos entrantes en las actividades
reguladas --transporte y distribución-- y las no reguladas
--comercialización-- puedan competir en condiciones no discriminatorias
con el transportista actual, que mantendrá su posición de dominio del
mercado al ser, a la vez, el suministrador a las distribuidoras y
comercializador para la mayoría del mercado industrial presente. En
definitiva, es preciso crear un mercado interior del gas, y para ello no
es suficiente la mejora del sistema actual, sino plantear otro nuevo con
la mayor desregulación posible. Por otro lado, como se parte de una
situación histórica que obliga a respetar determinados intereses
legítimos de las empresas gasistas actuales, se propone una actuación
posibilista, enriqueciendo el proyecto de ley en determinados aspectos.

En primer lugar, el gestor del sistema deberá ser una entidad
independiente, cuya misión sea velar por el interés general de los
diferentes actores en el mercado del gas y, para ello, deberá promover
las mejoras en infraestructura de recepción, almacenamiento, transporte y
distribución, necesarias para eliminar las restricciones a una correcta
operación del sistema sin caer en contradicción con los propios
intereses, como sucedería si el gestor actual fuera el transportista. La
infraestructura gasista española --existente por motivos históricos-- es
incompleta y desigual, y claramente insuficiente para alcanzar el
objetivo de que el mercado de gas en España llegue a unos niveles
análogos a los de la Unión Europea. Como todos ustedes saben, el gas
natural representa en estos momentos el 20 por ciento del total del mix
de energía primaria en los diferentes países de la Unión Europea. En
España representa el 10 por ciento --es decir, la mitad-- y la tendencia
en Europa es ir acercándose al 25 por ciento. Por tanto, una cuarta parte
del mercado europeo en lo referente a la energía primaria va a ser gas
natural en un plazo máximo de cinco/ocho años. Pues bien, en España
tenemos una cuota del 10 por ciento y debe crecer de forma importante.

Por ello, si en el futuro su desarrollo va a ser realizado por la
iniciativa privada, será preciso instaurar un marco regulatorio que
propicie la aparición de nuevas entidades transportistas que acometan la
creación de esas infraestructuras necesarias. Esto sólo será posible si
en el nuevo marco pueden competir en condiciones no discriminatorias con
el único transportista existente en la actualidad, tarea no fácil de
conseguir dadas las ventajas monopolistas que disfruta tanto en el
aprovisionamiento como en el transporte. Los nuevos entrantes en las
actividades reguladas y en la comercialización precisan que se amplíe el
número y composición de los consumidores cualificados, para que su
mercado alcance una masa crítica que les permita contratar en precio y
condiciones de suministro competitivas en el mercado internacional del
gas, y así tener algún incentivo para construir la infraestructura
inexistente o inadecuada para muchos de los potenciales consumidores de
gas. Para ello es preciso que las entidades comercializadoras puedan
vender a los distribuidores y que se permita la asociación de
consumidores por sectores y comunidades autónomas o, en su defecto, por
provincias, para ser cualificados, dando origen así a una demanda
significativa que les permita contratar realmente el gas. La afirmación
de que con los cualificados permitidos en el real decreto de acceso de
terceras partes, el real decreto TP --son menos de 30--, se liberaliza el
40 por ciento del mercado industrial no se corresponde con la realidad.

De ese colectivo hay que desagregar el consumo para amoniaco, que tiene
un precio primado, y el eléctrico, que ha supuesto más de la mitad del
consumo elegible en 1997. Los resultantes consumidores cualificados
tienen consumos comprendidos entre 25 y 50 millones de metros
cúbicos/año, están dispersos geográficamente y, salvo excepciones
puntuales, es inviable que puedan adquirir gas en el exterior, en base
firme y a largo plazo, ya que, con esos condicionantes y la exigüidad de
su demanda, carecen de interés para cualquier suministrador.

Otra barrera adicional a la liberalización es que los peajes publicados
son, en general, muy elevados y restringen la elección del modo de
suministro --gas natural licuado o tubería-- si existe, a menos de 500
kilómetros del consumo, un punto de entrada al sistema. Podría, incluso,
llegar a darse el caso de un consumidor que tuviese que pagar un peaje de
1.600 kilómetros para suministrarse por gasoducto, teniendo una terminal
de gas natural licuado al lado. Se estima que los precios de los peajes
son muy superiores a los costes reales del transportista. No se han
tenido en cuenta la reducción de la inversión por subvenciones, lo
amortizado, el fondo de reposición e incluso los trazados inadecuados, lo
que hace necesario encontrar en el exterior un gas mucho más barato que
el actual para cantidades, además, más pequeñas.

En definitiva, el cálculo de peajes debería establecerse en función de
los costes reales netos para el transportista y



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sin que el tercero que acceda a las instalaciones tenga que pagar
sobrecostes por las deficiencias de diseño, dimensionamiento y trazado
del sistema de transporte, donde se dan casos en que la distancia entre
el punto de entrada del gas al sistema y el del consumo es más del doble
que la distancia geográfica, amén de existir restricciones que impidan el
envío de gas físico entre ambos puntos. También debería ser eliminada la
obligatoriedad de tener que pagar un almacenamiento de seguridad en los
casos en que éste es innecesario por la naturaleza del consumo,
interrumpible o con posibilidad de sustitución por otros combustibles; o
porque ya existe, como en el caso de generación eléctrica, en forma de
almacenes por combustible nuclear, carbón, otros hidrocarburos o reservas
hídricas. De no hacerlo, se está generando una redundancia que, de hecho,
dará lugar a una subvención cruzada del sector que no lo precisa a los
restantes usuarios.

En definitiva, las propuestas se resumen en: primero, que el gestor sea
una entidad independiente de nueva creación, con un modelo similar al del
operador de la red eléctrica; segundo, creación de un marco, no
discriminatorio para los nuevos entrantes, que facilite la construcción
de una nueva infraestructura gasista, necesaria para el desarrollo del
gas; tercero, permitir la asociación de consumidores y la venta a los
distribuidores, para contribuir a la creación del mercado gasista;
cuarto, reducir las tarifas de los peajes a sus costes netos y,
finalmente, eliminar la necesidad de financiar un almacenamiento, cuando
éste no sea preciso, para la utilización que se le dé al gas.

Con esto, digamos que remato mi exposición general, que ya contesta a
muchas de las preguntas que me han formulado, pero voy a intentar hacer
un repaso de sus cuestiones, porque considero que algunas de ellas no
están contestadas en esta exposición. Respecto al Partido Socialista,
creo que hay dos temas sobre los que me ha preguntado que no estaban
recogidos. En cuanto a cómo compatibilizar el servicio público con el
interés general, pasando de un régimen regulado a un régimen de
competencia, puedo decir que, evidentemente, Galicia tiene una
preocupación por esta cuestión, puesto que Galicia, al día de hoy,
todavía no cuenta físicamente con el gas natural y esperamos que --yo
diría que en pocos días-- el gas natural llegue ya a los primeros
consumidores de Galicia. Para que nuestro mercado de gas natural crezca,
es importante que se pueda lograr cuanto antes el mayor número de
inversiones; por supuesto, integrando en esas inversiones la planta de
gas de Ferrol, a la que luego haré referencia. Yo entiendo que con la
infraestructura actualmente existente y con los complementos que el
propio proyecto de ley --con los cambios que he propuesto-- podría
propiciar, el servicio público y el interés general quedarían
perfectamente compatibilizados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Respecto de la seguridad del suministro de los GLP, yo supongo que esta
cuestión también enlaza con el tema de la bombona de butano, comentado
por el diputado don Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego.

Nosotros entendemos que el mercado de suministro de los gases licuados
del petróleo, de los GLP, está hoy suficientemente maduro como para que
el régimen de competencia pueda garantizar el servicio y el suministro.

No tenemos dudas de que antes, cuando sólo existía un suministrador que
tenía el monopolio, era necesario obligarle a que llevara esa bombona de
butano a la casa del cliente. Como a partir de la aplicación del proyecto
de ley y con la liberalización entendemos que no sólo va a haber uno,
sino que va a haber muchos dispuestos a ello, pensamos que serán ya el
régimen de competencia y el mercado los que van a garantizar el servicio
en todos sus ámbitos.

Respecto a las aportaciones o preguntas del Partido Popular, en cuanto al
tema competencial ya se ha hecho alguna referencia al asunto de las
gasolineras y a que los propios suministradores puedan hacer las
inspecciones, siempre que esto no suponga un menoscabo de las
competencias de la comunidad autónoma y siempre que sean complementarias
al plan de inspecciones que la comunidad autónoma ya está haciendo y que,
por supuesto, va a intensificar. Por otra parte, entendemos que pasar del
concepto de servicio público a interés general sólo va a suponer, en lo
referente a las competencias, pasar de un régimen de concesiones
administrativas a un régimen de autorizaciones, pero el proyecto de ley
es perfectamente respetuoso respecto a las competencias que ya la
comunidad autónoma tenía en el tema de concesiones, y simplemente se
trata de trasladar el concepto de concesión al de autorización
administrativa.

Respecto de la presencia de las comunidades autónomas en los órganos de
asesoramiento, nos parece muy positivo, de hecho ya estábamos presentes
en la comisión consultiva de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional,
y entendemos que toda comisión de asesoramiento relacionada con el
sistema eléctrico debe contar con la opinión de las comunidades autónomas
antes de evacuar definitivamente sus dictámenes.

Respecto a la refundición de normas, he comentado ya que consideraba muy
positivo refundir toda la normativa dispersa que afecta a un sistema tan
complejo como es el sistema energético, y en cuanto a las mejoras
competenciales yo creo que no hay un incremento, pero tampoco una merma
de las cuestiones competenciales, salvo que se pasa de una situación de
autorizaciones administrativas a un régimen de competencia, pero respecto
de las cuestiones en las que la comunidad autónoma debe seguir
manteniendo su competencia entendemos que no hay ningún menoscabo.

Se hace referencia también a si este proyecto de ley, tal como está
concebido, facilita el desarrollo del mercado del gas. Yo creo que lo
facilita, pero de forma todavía insuficiente. Yo pienso que en mi
intervención claramente traslado que consideramos positivas la redacción
y la aprobación de la norma, pero entendemos que debería irse más allá.

Entendemos que cuestiones tan importantes para nosotros como la planta de
Ferrol, como luego comentaré --y ya enlazo con la intervención del
diputado del Bloque Nacionalista Galego--, hoy por hoy no serían posibles
sin este real decreto. Es decir, si no se evolucionara hacia una
liberalización, a una desregulación del sistema energético gasista, no
sería posible plantear la planta de Ferrol, puesto que hoy por hoy a
quien detenta el monopolio no le interesa, no



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tiene incentivos para él sacar adelante la planta de Ferrol, y tan sólo
por la vía de incremento de la competencia y de la liberalización del
mercado la planta de Ferrol sería posible. Eso no quiere decir que la
planta de Ferrol no ganara en viabilidad si se adoptara alguna de las
cuestiones que he planteado, como puede ser que no exista monopolio de
suministro a los distribuidores, como así se mantiene en el decreto, es
decir, que el distribuidor pueda también formar parte de los clientes
cualificados que entrarían a formar parte del mercado liberado. Entonces
se sumaría el consumo de los clientes cualificados, así considerados por
el proyecto de ley, a aquellos mercados de distribución que lo consideren
oportuno y que pudieran sumar una masa crítica de mercado que
incentivaría en mayor forma las inversiones, no sólo en la planta de
Ferrol, sino también en la construcción de ciertos ramales del gasoducto,
que sería muy importante que pudiera llegar a un mayor número de
consumidores, tanto en el ámbito industrial como en el residencial.

Por tanto, resumo que sí creo que facilita, sí creo que posibilita un
desarrollo del gas en Galicia, pero que es necesario profundizar en los
aspectos de liberalización del decreto, precisamente para generar un
incentivo para que por parte de la iniciativa privada se lleven a cabo
las inversiones necesarias para que el mercado de gas en Galicia pueda
madurar a la mayor velocidad posible.

Respecto de una pregunta muy concreta, que casi es más de Parlamento
gallego que de Parlamento nacional, sobre la participación de la Xunta en
Gas Galicia, he de decir que esa participación fue considerada como
estratégica. El gran objetivo de la presencia de la Xunta de Galicia en
Gas Galicia era intentar asegurar que las inversiones de Gas Galicia se
hiciesen no sólo para los fines previstos, sino que se extendieran al
mayor número de municipios de Galicia, y, en principio, nuestra idea es
mantener esa participación el tiempo preciso para que el mercado gallego
adquiera la madurez necesaria no sólo respecto de la situación española,
sino de la europea.

Por supuesto, ya hemos comentado en muchas ocasiones la necesidad de la
planta de Ferrol. En mi propia intervención he recordado que las cinco
entradas al sistema están en la zona mediterránea o pirenaica. A medio
plazo es muy importante para Galicia disponer de esa planta de Ferrol,
puesto que, tarde o temprano, estar alejado de las entradas del sistema
va a suponer un sobrecoste en el precio del gas, fundamentalmente para
las industrias, puesto que en el consumo doméstico hay tarifa unificada
por lo menos en un plazo, que ya se nos escapa, de diez o quince años,
pero estamos hablando de la competitividad industrial a medio y largo
plazo. Por tanto, consideramos que la planta de Ferrol es necesaria,
precisamente para poder contar con gas a precio competitivo a medio y
largo plazo.

Entendemos que no hay una reducción de competencias, salvo las que la
propia ley reduce al Estado y a las comunidades autónomas por concepción,
es decir, estamos pasando, como bien se decía, de un sistema regulado de
servicio público a un sistema de interés general, donde se trata de que
la competencia asegure esos niveles de servicio, por supuesto con las
intervenciones necesarias por parte de las administraciones.

Y respecto de la comisión nacional de la energía, el nuevo ente regulador
del sistema, entendemos que debe ser un órgano independiente, y en cuanto
que es un órgano independiente ni las empresas privadas ni las
administraciones deben estar presentes en él. Se trata precisamente de
buscar personas que cumplan las condiciones necesarias que aseguren el
arbitraje de la forma más transparente y objetiva y menos discriminatoria
para el conjunto del sistema.Yo me he referido al transporte de bombonas
de butano, y respecto del tema de las gasolineras respaldamos la
propuesta que se hace en el proyecto de ley de que las suministradoras,
es decir, las abanderadoras de las gasolineras, tengan la posibilidad de
hacer las inspecciones. Nosotros entendemos que cuando un consumidor va a
poner gasolina a una determinada gasolinera tiene muy en cuenta la
empresa que está abanderando esa gasolinera. Por tanto, no se les puede
eximir de responsabilidad, por una parte, ni negarles la facultad, por
otra parte, de poder hacer las inspecciones y los controles necesarios
para saber si su propio franquiciado, es decir, su propio abanderado,
está cumpliendo las condiciones de su contrato. Por consiguiente,
entendemos como muy positivo que se les permita a los suministradores
poder hacer este tipo de controles, pero, como decía en mi intervención
inicial, que estos controles no se hagan de forma paralela y desconocida
para la Administración, sino de forma absolutamente coordinada, con
permiso de la Administración y de manera subsidiaria y complementaria a
las inspecciones que la propia Administración puede y debe hacer, como de
hecho está haciendo ya.

En principio, yo daría por contestada esta primera ronda, señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente, quiero señalar que las
palabras del señor Couceiro no nos tranquilizan, porque yo creo que, a
pesar de ser miembro de un Gobierno que pertenece al partido que elabora
el proyecto de ley, hay luces rojas interesantes en su información. Por
ejemplo, el hecho de que ustedes digan que satisface las competencias de
las comunidades autónomas. Yo creo que hay un dato que usted dio que es
alarmante. El hecho de que pida que las inspecciones a determinado tipo
de comercializadores de hidrocarburos las pueda hacer también la
Administración pública indica hasta qué extremo la ley es deficiente y
deja excesivo número de competencias que son de interés público en manos
privadas, porque hay que tener en cuenta que todo esto va a quedar en
manos privadas exclusivamente, y no debería ser una posibilidad
complementaria, la posibilidad fundamental debería ser de la
Administración pública.

Tampoco me parece de recibo que los registros de todas las empresas
comercializadoras, las de transportes, sean fundamental y exclusivamente
del Estado, que la ley no clarifique para nada la competencia autonómica
en ese aspecto, más bien la reduzca respecto al statu quo actual. Son
cosas que indican que ustedes son conscientes de que no es



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un regalo para las comunidades autónomas, y que, además, es
contradictorio, porque si se desregula un mercado y se privatiza, desde
el punto de vista administrativo, lo que no tiene sentido es que se
centralice después lo poco que queda. Hay una contradicción que se deja
entrever de sus propias palabras, igual que se deja entrever en el hecho
de que haga tanto hincapié para el futuro armónico del Estado español, y
en concreto para la gasificación de Galicia, de la necesidad de una
entidad gestora del sistema independiente, así como en una cosa que es
gravísima para nosotros, que son los precios de los peajes. Es lógica la
preocupación por la desregulación en el caso gallego, porque no creo que
vaya a ser positiva. En todo caso, será la continuidad del pasado, pero
con menos capacidad política de influir directamente en las decisiones.




El señor PRESIDENTE: Señor Couceiro, tiene usted la palabra.




El señor CONSEJERO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE GALICIA (Couceiro Méndez):
Respecto al tema de las gasolineras, quizá no me he explicado bien. El
proyecto de ley lo que establece es la posibilidad, que no tenían, de
facultar a los suministradores para hacer las inspecciones, lo cual no
quiere decir que se mermen las competencias, ni del Estado ni de la
comunidad autónoma, que ya existen y están recogidas en otra normativa
reglamentaria. La inspección no cambia para las Administraciones, que
pueden y deben hacer las inspecciones oportunas, como de hecho se están
haciendo, pero se abre la posibilidad de que las empresas suministradoras
puedan contratar a los que han abanderado, cosa que no podían hacer hasta
ahora. Son unas inspecciones que se hacen aparte de lo que la
Administración está haciendo ya. Lo único que pedimos nosotros es que
haya una coordinación, que esas inspecciones que se hacen por parte de
las compañías suministradoras sean programadas conjuntamente con la
comunidad autónoma y que los resultados sean conocidos por ésta. El
proyecto de ley está reforzando la posibilidad de que el franquiciador
pueda controlar al franquiciado, de que el abanderador pueda controlar al
abanderado, pero, en absoluto, menoscaba las competencias ya existentes
en materia de inspección de las gasolineras en cuanto a la calidad y
cantidad del combustible. Por tanto, no se deja en manos privadas; al
contrario, existían manos públicas, éstas siguen existiendo y, además, se
da la posibilidad de que el responsable del abanderamiento, es decir, el
que pone el nombre que da garantía y confianza al cliente, pueda
controlar el contrato que tiene con el dueño de la gasolinera.

En cuanto al tema del registro, creo que la situación no cambia para nada
respecto de la situación actual; es decir, no hay diferencias entre la
normativa existente y las disposiciones de este real decreto. Habla de
centralización. No hay tal centralización, lo que antes eran concesiones
administrativas hoy se convierten en autorizaciones administrativas, y
concesiones administrativas que antes daba la Administración central por
cumplir una serie de requisitos, las sigue dando la Administración
central como autorización; y concesiones que daba la comunidad autónoma
por cumplir ciertos requisitos, ahora son autorizaciones que da la misma,
pero no hay ninguna diferencia de marco competencial, lo que hay es una
gran diferencia conceptual en el fondo respecto de lo que se pretende
para el sistema gasista.

Finalmente, quiero decir que estoy de acuerdo con el tema de la entidad
independiente y del alto coste de los peajes.

El señor PRESIDENTE: Si no hay más cuestiones, señorías, suspendemos la
sesión, que la reemprenderemos a las cuatro de la tarde.

Se suspende la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PETITBO
JUAN) (Número de expediente 212/001252).




El señor PRESIDENTE: Señores diputados, reemprendemos las comparecencias
en relación con el proyecto de ley de hidrocarburos. Quiero dar la
bienvenida a Amadeo Petitbó, presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Buenas tardes, bienvenido a la Comisión de Industria.

Vamos a iniciar esta última fase de comparecencias en torno al proyecto
de ley de hidrocarburos. Las dos sesiones que ya hemos realizado han sido
realmente interesantes; vamos a consumir esta tarde las cuatro últimas
comparecencias, sin duda todas ellas de gran interés, y comenzamos con el
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Antes de comenzar con las cuestiones que los distintos portavoces van a
plantearle, quería decirles que he recibido un escrito del Grupo
Parlamentario Socialista en que me instaba, como presidente de la
Comisión de Industria, a considerar la necesaria solicitud del presidente
del Tribunal de Defensa de la Competencia para que emita informe en
relación con el proyecto de ley de hidrocarburos. Quiero manifestar que
siempre está bien que nos expresemos y pidamos al presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia sus opiniones sobre todas las iniciativas
legislativas que haga esta Cámara, pero en principio y como presidente de
la Comisión de Industria no me corresponde interferir en los procesos de
consulta previa del Gobierno. Me alegro de que tengamos oportunidad de
tener al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia con
nosotros para que cada grupo parlamentario pueda plantearle las opiniones
en todo lo relativo a este tema, si bien creo que no exime que si el
Tribunal de Defensa de la Competencia, por las normas legales hoy
existentes, debe pronunciarse en torno a una determinada modificación
normativa, si ha realizado informes en torno a este proyecto de ley



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creo que esta Comisión estaría muy agradecida de poder conocer estos
informes y si existen, tanto los que pueda hacer el Tribunal de Defensa
de la Competencia como otros organismos relacionados con el ámbito que
hoy estamos tratando, si nos los remiten, a través de la presidencia de
la Comisión los haremos llegar a todos los portavoces de los grupos
parlamentarios.

No obstante, señorías, me parece que esta solicitud del Grupo Socialista
la hacía un poco también a raíz de que hoy mismo terminaba el plazo de
enmiendas del proyecto de ley y creo que esta tarde la Mesa de la Cámara
considerará la oportunidad o no de prorrogar un poco más ese plazo para
dar más tiempo a la elaboración de las enmiendas que los grupos quieran
hacer y quizás tendremos posibilidad de conocer entonces estos posibles
documentos o informes de los organismos que se pudieran pronunciar sobre
este proyecto de ley. Lo digo para dar respuesta a la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista que he recibido y que he comentado en esos
términos.

Vamos a comenzar con las preguntas que los distintos grupos quieran
plantear, y al finalizar este turno de preguntas que van a hacer los
distintos portavoces va a tener oportunidad de dar la respuesta
globalmente y en detalle a todas ellas.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente, por haber
hecho expresa la solicitud de amparo del Grupo Socialista, pero yo la
quiero reiterar porque no es que hagamos una solicitud, sino que es
petición de amparo por un derecho que creemos tenemos y que es recibir el
informe preceptivo del Tribunal de Defensa de la Competencia; por tanto
requerimos que se nos remita el informe si existe y si no existe que tal
informe se haga inmediatamente porque es preceptivo y lo exigimos. La
solicitud era de amparo.

Dicho esto quiero agradecer la presencia en esta Comisión del señor
Petitbó y nos gustaría que hiciera en principio una valoración general
sobre la oportunidad de la ley, sobre cómo esta ley se atiene a los
objetivos que propugna, que teóricamente son los de mejora de la
competitividad y dar mejores servicios a los usuarios y consumidores, y
si realmente el modelo que la ley aplica sirve a esos objetivos de
liberalización para una mejor competencia y un mejor servicio al
consumidor.

Entendemos que las grandes inversiones que hay en infraestructuras hacen
difícil que pueda haber alternativas y, por tanto, uno de los temas en
los que más nos interesa su opinión es respecto al acceso de terceros a
la red sobre si este acceso debe ser regulado, debe ser negociado; cómo
puede denegarse el acceso a la red; si considera que el procedimiento es
adecuado, es decir si la denegación, de acuerdo con los contratos
obligatorios, puede hacerse de manera unilateral; también el tema de la
reciprocidad.

Nos interesa conocer su opinión, ya que el Tribunal de Defensa de la
Competencia debe velar por lo que podríamos llamar comisiones
reguladoras, sobre cómo en el proyecto de ley se trata el tema de la
comisión energética que aparece en una adicional, parece más que nada un
añadido de la ley y las funciones que a esta comisión se le asignan,
porque aparte de las de vigilancia de la competencia puede haber otra
serie de funciones, como el establecimiento de tarifas o peajes, la
concesión de determinadas licencias, incluso también podría intervenir en
el tema de acceso a la red; es decir, qué piensan de cómo está la
comisión energética dentro del proyecto.

Finalmente y respecto a la desaparición de los precios máximos, si
considera que eso va a ser beneficioso para mejorar los servicios y los
precios para los consumidores y usuarios.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, agradecer a don Amadeo
Petitbó, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, su
comparecencia ante esta Comisión, con el fin de informar sobre el
proyecto de hidrocarburos y hacerle las siguientes preguntas: En primer
lugar, si considera que el proyecto de ley mejora o empeora la situación
de los consumidores españoles respecto a los hidrocarburos. En segundo
lugar, si cree usted que el proyecto de ley reduce o elimina algunas de
las barreras de entrada existentes en los distintos mercados de
hidrocarburos. En tercer lugar, si considera que el proyecto de ley
permite aumentar la competencia en los distintos mercados que componen
los mercados del petróleo, GLP y gases por canalización. En cuarto lugar,
si considera conveniente la eliminación de los precios máximos de la
gasolina, a fin de que éstos sean libres. En quinto lugar, si considera
correctas las medidas contempladas para la planificación urbanística,
territorial y de carreteras que aparecen reflejadas en el contexto de la
ley. Por último, qué opinión le merece que dentro de los organismos que
se establecen en la ley, los órganos de asesoramiento de la Comisión
Nacional de Energía, en los consejos consultivos de electricidad y de
hidrocarburos, estén presentes las asociaciones empresariales y las que
tienen realmente la representación del consumidor en España.




El señor PRESIDENTE: Para responder a estas preguntas, tiene la palabra
el señor Petitbó.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Petitbó
Juan): Gracias y buenas tardes.

Agradezco a la Comisión de Industria esta posibilidad que me ofrece de
poder responder a preguntas que, sin ningún tipo de duda, son importantes
a efectos del debate que ustedes llevan a cabo en relación con el
proyecto de ley que afecta a productos básicos de nuestra economía,
entendiendo como productos básicos aquellos que tienen efectos directos o
indirectos sobre una buena parte de sectores económicos.

Voy a intentar recoger --y es difícil-- las preguntas e intentaré también
proceder a responder de la forma más concisa posible, centrándome
fundamentalmente en aquellas



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cuestiones que están relacionadas con la competencia, porque sobre otras
cuestiones tengo mayores dificultades para pronunciarme y, en todo caso,
estas otras cuestiones raramente son objeto de debate en el pleno del
Tribunal. Cuando analizamos, desgajamos y opinamos sobre un proyecto de
ley o un proyecto de norma nos autolimitamos y nos referimos
exclusivamente a aquellas cuestiones que tienen que ver con la
competencia, porque éste es el encargo que nos hace nuestra ley.

Quiero empezar por la primera cuestión, la referida a la solicitud de
amparo, diciendo que en la programación de informes que tenía el Tribunal
de Defensa de la Competencia figuraba un informe sobre el sector del gas
que era continuación de otros informes que habíamos realizado sobre
diversas actividades del sector energético y que antecede a un informe
que en su día, con toda seguridad, haremos sobre el sector del agua.

Teníamos un proyecto de informe prácticamente terminado cuando se iban
sucediendo distintos textos de anteproyectos de ley de hidrocarburos; por
razones de tiempo y premura terminamos un informe sobre el sector del
gas, con algunas referencias a lo que estaba incluido en el proyecto de
ley de hidrocarburos, uno o dos días después del día de Navidad --no creo
equivocarme demasiado en la fecha--. Dicho informe fue remitido al
Gobierno, como está previsto en la Ley de Defensa de la Competencia, y
sólo es necesario por parte de todos los que están habilitados para ello
--los grupos parlamentarios de las Cortes se incluyen dentro de esta
categoría de entidades que pueden pedir el informe-- pedir el informe y
está a su disposición siempre que lo quieran. El Tribunal, respondiendo a
esta solicitud, mañana remitirá al presidente de la Comisión un ejemplar
del informe que en su día el Tribunal remitió al Gobierno exclusivamente
sobre el sector del gas. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Valoración general sobre la oportunidad de la ley. El
Tribunal, como digo, cuando discutió el informe debatió sobre el
anteproyecto de ley de hidrocarburos y llegó a la conclusión de que una
valoración global tenía que ser forzosamente una valoración positiva,
porque desde la perspectiva de la competencia el objeto del anteproyecto
era incrementar, por una parte, la competencia en el sector de
hidrocarburos; para ello, en el texto examinado se hacía una regulación
que iba dirigida, fundamentalmente, a la promoción de la libre iniciativa
empresarial, permitiendo a los operadores económicos que pudieran actuar
en actividades que hasta aquellos momentos estaban reservadas al Estado.

Por otra parte, nos pareció que el anteproyecto permitía actualizar y
reunir en una sola norma toda la regulación básica sobre el conjunto de
hidrocarburos, líquidos y gaseosos que hasta aquel momento estaba
desagregada o comprendida en diversas leyes.

Evidentemente, desde el punto de vista de la competencia, el análisis de
los distintos textos que examinamos y del texto que salió del Consejo de
Ministros permite realzar algunas cuestiones positivas y permite señalar
también algunos elementos susceptibles de mejora desde la perspectiva de
la defensa de la competencia. Voy a referirme a todos aquellos que han
sido citados, distinguiendo entre cuestiones positivas y negativas y
distinguiendo entre los productos derivados del petróleo, hidrocarburos
líquidos y GLP, y gas natural y gases canalizados. Fijémonos, por
ejemplo, en que en el caso de los combustibles las autorizaciones
administrativas --y ésta es una cuestión relevante-- para el desarrollo
de una actividad solamente son requeridas para aquellas actividades
relacionadas con el comercio al por mayor y ello, además, está
relacionado con lo que se contempla en el texto sobre el mantenimiento de
existencias mínimas por razones de seguridad. Para el resto de las
actividades, concretamente el refino de petróleo, transporte,
almacenamiento, distribución y comercialización, solamente se requiere la
autorización administrativa para las instalaciones que afectan a una
actividad.

Nos parece bien también, y esto tiene que ver con la mejora de los
intereses de los consumidores, que se suprima la obligatoriedad de
distribuir a domicilio gases licuados de petróleo envasados, porque ello
permite a los consumidores elegir entre la recepción en el domicilio o
poder acudir a los centros de distribución de este tipo de gases; y yo
añadiría que estas dos posibilidades deberían ir acompañadas de precios
distintos, porque distintos son los servicios ofrecidos.

Nos parece positiva la liberalización de los precios de los productos
derivados del petróleo, pero, como ha señalado reiteradamente el
Tribunal, para que esta liberalización produzca efectos positivos para
los consumidores es necesario que exista competencia suficiente en el
mercado. La liberalización de precios sin competencia suficiente supone,
como mínimo, el riesgo de que los precios no tiendan a la baja, cosa que
sí ocurriría, con toda seguridad, si la competencia fuera suficiente.

Nos parece positivo también permitir el acceso de terceros a las
instalaciones de transporte y almacenamiento negociando la aplicación de
precios, que deberán ser precios públicos, y parece positiva también la
posibilidad de que el Gobierno establezca peajes para las zonas del
territorio donde no exista una infraestructura alternativa. En todo caso,
la cuestión que se plantea siempre es aquella referida a la determinación
de los peajes porque entendemos que el peaje, por una parte, debe ser
suficiente para compensar las inversiones efectuadas con un beneficio
razonable, pero, por otra parte, no debe ser tan alto como para
constituir una barrera de entrada que impida que otros operadores puedan
actuar libremente en el mercado.

En cuanto al gas natural, entendemos que resulta positiva también, como
en el caso anterior, la supresión de la consideración de servicio
público, que permite pasar del régimen de concesión al régimen de
autorización administrativa. Asimismo, entendemos que el acceso a las
redes de transporte y distribución de los comercializadores y clientes
cualificados para poderse suministrar ellos mismos es algo conveniente;
nos parece bien la reducción de la cantidad mínima de consumo para poder
acceder a la red, es decir, lo que está contemplado en la ley, en el
sentido de ser considerado un cliente cualificado; nos parece oportuna la
separación jurídica para el desarrollo de la comercialización y
entendemos que es mejor la separación jurídica que la separación contable
y es mejor la separación contable que ningún tipo de separación.




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Pero al lado de esas cuestiones claramente positivas, desde el punto de
vista de la competencia hay otras cuestiones que deberían ser objeto de
reflexión o, si se quiere, hay todavía otros espacios en los cuales sería
posible introducir mayor competencia; en el caso de los combustibles me
refiero al suministro de queroseno para aviación o al suministro de
carburantes para la navegación. En el caso de los productos derivados del
petróleo existe la red CLH, que es propiedad de los principales
operadores, pero lo que hay que evitar es que esta red se constituya como
una barrera de acceso, como en algunas ocasiones se ha puesto de
manifiesto en el Tribunal por parte de determinados operadores del
sector.

En relación con el gas natural, los aspectos que desde el punto de vista
de defensa de la competencia podrían ser objeto de reflexión serían el
acceso a la red de transporte por parte de los distribuidores. El hecho
de que la separación jurídica solamente se exija para la actividad de
comercialización, mientras que no se exige separación jurídica para las
actividades de adquisición de gasificación, transporte y distribución
--en este caso sólo se pide separación contable-- indicaría que, en una
situación peculiar y singular como es la de Gas Natural, esta empresa
puede desempeñar todas las actividades afectas al servicio de gas excepto
la comercialización.

En relación con las autoridades de regulación, el Tribunal ha venido
defendiendo desde siempre el hecho de que los órganos reguladores deben
ser órganos absolutamente independientes, órganos que puedan llevar a
cabo sus funciones de forma independiente del poder político; ahí reside
la grandeza de los órganos reguladores, y ésta es una cuestión que, en
cualquier caso y en cualquier propuesta de modificación de este tipo de
comisiones, debe ser absolutamente respetada. El poder político tiene sus
funciones, los órganos independientes tienen las suyas, y ambas deben
articularse procurando, por una parte, que los sectores económicos operen
sobre la base de la competencia y, por otra parte, que los operadores
económicos operen sobre la base de la eficiencia.

Con relación a si los precios deben ser regulados o negociados, nosotros
hemos creído siempre que los precios deben ser determinados por un
organismo independiente para evitar que el poder de dominio que se deriva
del hecho de la existencia de una empresa con poder de dominio pueda
extenderse a otro tipo de actividades.

En lo relativo a la desaparición de precios máximos, debo remitirme a lo
que he dicho hace unos momentos. Los topes máximos han tenido como
función evitar que los precios, en una situación de competencia
insuficiente, se elevaran por encima de niveles que pueden ser
considerados razonables. La desaparición de precios máximos tiene que ir
forzosamente acompañada de la introducción de competencia porque será
justamente la interacción competitiva entre distintas unidades económicas
lo que impedirá que los precios asciendan por encima de aquellos niveles
puramente competitivos, beneficiando forzosamente a los consumidores.

No sé si he contestado a todas las preguntas pero, en cualquier caso,
estoy a su disposición para responder a aquello que no haya sido
observado en mi respuesta.

El señor PRESIDENTE: ¿Desean los grupos formalizar alguna pregunta o
alguna cuestión adicional? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: En primer lugar, voy a aclarar el tema
del informe, que ha sido motivo de polémica al inicio de esta sesión. Por
lo que ha dicho el señor Petitbó, parece que lo que hay es un informe
sobre el sector del gas (que debe de ser éste), pero este informe sobre
el sector del gas corresponde a unas funciones que tiene el Tribunal
encomendadas en el punto 3 del artículo 26. Nosotros nos estamos
refiriendo al preceptivo informe que debe emitir ese Tribunal de acuerdo
con el artículo 26.1 en el que dice que compete al Tribunal informar los
anteproyectos de normas con rango de ley que afecten a la competencia; b)
Dirigir informes a cualquier poder u órgano del Estado. Por tanto,
estamos seguros de tener derecho a exigir un informe del Tribunal de
Defensa de la Competencia sobre el anteproyecto de ley que se ha
presentado a esta Cámara relativo al sector de hidrocarburos, y creo que
hay obligación de hacerlo por parte del Tribunal de Defensa de la
Competencia.




El señor PRESIDENTE: Señora Mendizabal, si me permite, puesto que tenemos
tiempo, y me imagino que algún otro portavoz deseará intervenir sobre
esta cuestión, quisiera informarles que efectivamente hay un mandato de
informes preceptivos para aquellas normas que afectan a las relaciones de
competencias del tribunal --es cierto que la ley así lo establece-- pero
es para emitir informe de los anteproyectos. La fase de elaboración de
los anteproyectos no se hace a instancias del Congreso de los Diputados,
se hace en las fases previas, en la acción del Gobierno. Cuando el
Congreso de los Diputados tuvo conocimiento de su petición, ya la Mesa de
la Cámara remitió un escrito al Gobierno solicitándole que remitiera el
informe correspondiente que, en su momento, el Tribunal debió remitir al
Gobierno; pero no corresponde a esta Comisión ni a los diputados de la
misma instar, requerir o solicitar; nos corresponde solicitarlo al
Gobierno --que es lo que se ha hecho por parte de la Mesa del Congreso de
los Diputados--, y cuando el Gobierno responda veremos el documento y se
lo remitiremos a los grupos. No obstante, si don Javier Peón desea
intervenir para aclarar esta cuestión, tiene la palabra.




El señor PEON TORRE: En mi condición de portavoz del Grupo Parlamentario
Popular no quería intervenir porque no queremos hacer el juego, en este
caso, al Grupo Socialista, que pretende hacer de esto una cuestión de
fondo cuando no lo es. (El señor Hernández Moltó: ¡Qué tontería!) Desde
nuestro punto de vista, el informe no tiene, en la medida en que el
propio Grupo Socialista manifiesta conocerlo, ninguna virtualidad de
contenido que haga de esto objeto de polémica. No hemos querido
intervenir en la primera manifestación de la representante del Grupo
Socialista cuando decía que era preceptivo porque, desde nuestro punto de
vista y del de mi grupo parlamentario, no



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es preceptiva la emisión de tal informe. Lo ha aclarado el presidente y,
en cualquier caso, nos sumamos a las explicaciones que él ha dado en el
sentido de que, en primer lugar, todos los diputados de esta Cámara
tienen a su disposición los cauces reglamentarios pertinentes para
solicitar no sólo este informe, sino cualquier otro informe que
consideren que es de interés para el debate que se produce en esta
Cámara, puesto que hay un cauce previsto y, desde luego, hacer de ello
una cuestión polémica cuando el propio presidente está manifestando que
no es preceptiva la emisión del informe en lo que se refiere al trámite
parlamentario del proyecto de ley, creemos que es querer hacer polémica
de una cuestión que no tiene ninguna relación con el objeto de estas
comparecencias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón. (El señor Hernández Moltó: ¿Me
permite, señor presidente, para una cuestión de orden?)
Si es de orden, sí, señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, quiero salir al paso del,
supongo, sentido peyorativo de la manifestación del portavoz del Grupo
Popular cuando ha dicho lo de hacerle el juego al Grupo Socialista. El
Grupo Socialista no está haciendo ningún juego de esto; está haciendo un
ejercicio parlamentario de derecho democrático que es el de exigir el
cumplimiento de unas normas y, por cierto, señor presidente, creo que
usted no se ha ajustado a la realidad. Una cosa es un informe y otra cosa
es lo que ha dicho, que es el informe de un anteproyecto que, desde luego
si existe no ha sido remitido a esta Cámara y, por tanto, los informes
sobre el gas no tienen nada que ver sobre los informes de los
anteproyectos; y esto no es un juego, esto no es hacer el juego a ningún
grupo, repito: simplemente es una puntualización que creo que era
necesaria.

Supongo que no sería la intención del señor Peón darle un sentido
peyorativo, pero, por si lo fuera, desde luego quiero señalar la
obligación de las instituciones a cumplir las leyes y el derecho del
grupo parlamentario a exigir que se cumplan.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señorías, si les parece bien, retomamos ya el objeto de la presencia del
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y entiendo que
ustedes la aprovechen para recordarle lo que les convenga.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, espero que lo aprovechemos
nosotros y usted, como presidente de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: No, no. Yo ya he intervenido y me he expresado en el
sentido de que creo que corresponde al Gobierno que nos remitan los
informes que procedan. A nosotros no nos corresponde ni hacer de
intermediarios en este proceso de emisión de informes. Los informes, si
existen y se han emitido, se habrán remitido al Gobierno y nos
corresponde a nosotros solicitarlos al Gobierno. Esto se ha hecho por la
Cámara, ya lo he manifestado, y estamos a la espera de recibir esos
documentos, y punto. Cuando los recibamos, los distribuiremos. (El señor
Peón Torre pide la palabra.)
¿Señor Peón?



El señor PEON TORRE: Señor presidente, queremos dejar constancia expresa
de que no ha habido intención peyorativa, y, en segundo lugar, que ni al
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia ni al Tribunal de la
Competencia ni al Gobierno les corresponde decidir lo que debe remitirse
preceptivamente a la Cámara. Son los órganos de esta Cámara los que
tienen que determinarlo.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, las cosas sí que tienen un
límite. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Le ruego que no alarguemos más esta polémica.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No, no, señor presidente. Es que hemos hecho de
esto una cuestión formal y una cuestión de fondo. ¿Cómo que no
corresponde a esta Cámara ni al Gobierno mandar la información? La
información está reglada, legislada. El Tribunal de Defensa de la
Competencia tiene obligación de pronunciarse sobre leyes que afectan a la
competencia. Señor Petitbó, no sé si se le habrá olvidado: obligación de
remitirla, desde luego, a los órganos del Estado. Aquí se ha dicho que
había un informe sectorial, poderes del Estado; el informe no es
sectorial. No sé si es que antes no era costumbre en esta Casa. Está
escrito y, por tanto, es su obligación cumplir las leyes, el reglamento,
el procedimiento y los elementos que acompañan a una ley: el informe del
Consejo de Estado, el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia,
el informe de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional..., ¿o es que
esto simplemente es una cuestión formal?



El señor PRESIDENTE: Señorías, el presidente del Tribunal de Defensa de
la Competencia ya ha tomado nota de sus opiniones, de sus expresiones y
de sus consideraciones y deberíamos ahora retomar el hilo en donde lo
habíamos dejado, que es el proyecto de ley de hidrocarburos y las
preguntas que ustedes quisieran formular. (El señor Peón Torre pide la
palabra.)
¿Señor Peón?



El señor PEON TORRE: Señor presidente, por respeto al compareciente y por
respeto a los demás grupos de la Cámara, quiero reiterar, por lo que se
refiere a la posición de este grupo, que esta Cámara ya tiene los cauces
y los procedimientos reglamentarios suficientes para que, cuando ocurre
una situación que puede ser susceptible de interpretación, sean esos
órganos competentes los que determinen cómo se ha de proceder. Insisto,
señoría, que no es nuestra intención hacer de esto una polémica que, en
el fondo, no tiene ninguna virtualidad.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: ¿Puedo volver al uso de la palabra?



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El señor PRESIDENTE: Puede continuar en el uso de la palabra para hacer
las observaciones que desee.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Además, usted siempre nos defenderá,
usted que siempre es tan partidario de que las cosas salgan bien, y para
eso es mejor que conozcamos todos los informes y...




El señor PRESIDENTE: Sepa que cualquiera de las personas que están en
esta sala desean que las cosas salgan bien. Si hay alguien que no desea
que las cosas salgan bien, que lo diga.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Cuanta más información, mejor.




El señor PRESIDENTE: Pero no es ésta la cuestión. Creo, señorías, que no
se deben apasionar más en torno a estos temas. La Mesa de la Cámara ha
solicitado al Gobierno los informes en relación con este proyecto de ley
y el Gobierno nos los remitirá, y punto. No alarguen más esta cuestión,
por favor. Vamos a estar a la espera de esos documentos.

Señora Mendizabal, intervenga ahora en turno de réplica.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente. Voy a hacer
dos preguntas al señor Petitbó.

Primero, quisiera conocer el resultado de una investigación que fue
anunciada por su vicepresidente respecto a los precios de los
combustibles, que siempre concedían. ¿Hay cártel o no hay cártel? ¿A qué
resultados ha llegado esa investigación?
Ha comentado también la existencia de algunas denuncias contra CLH por el
tema del acceso. ¿Se han investigado? ¿Se han estudiado estas denuncias?
¿A qué conclusiones ha llegado el Tribunal de Defensa de la Competencia?
¿Existe competencia o no existe competencia?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor presidente, brevemente tomo la
palabra para hacer una pregunta, en el sentido de que se le había
solicitado su opinión sobre la Comisión Nacional de Energía, y me parece
que en su intervención no ha manifestado nada sobre ella.




El señor PRESIDENTE: El señor Petitbó tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Petitbó
Juan): Quería intervenir para hacer una pequeña matización en relación
con lo que se ha manifestado respecto del informe que hizo el Tribunal.

El Tribunal se pronunció fundamentalmente sobre el sector del gas porque,
como dice el propio informe en su introducción, ya se había manifestado
suficientemente con anterioridad en relación con el sector eléctrico y
con otros sectores energéticos.

En consecuencia, dado que lo que nos quedaba por cumplir era el sector
del gas, nos dedicamos durante bastante tiempo a estudiarlo. Pero como en
el proceso de redacción tuvimos conocimiento de los distintos textos, lo
que hicimos fue algo atípico consistente en mantener un informe con la
estructura característica de un informe sectorial que terminaba con un
análisis de los distintos anteproyectos. Quiero decir que esto se terminó
con una cierta premura, porque la última versión que recibimos fue del
día 18 de diciembre y creo que el texto fue aprobado en el Consejo de
Ministros pocos días después. Esto es lo que ocurre cuando los textos
observan modificaciones, y tuvimos que hacer un esfuerzo considerable por
detectar tales modificaciones y esto está incluido en este informe.

Segunda cuestión: el vicepresidente del Tribunal debía manifestar el
interés del Tribunal por conocer la conducta de los precios en el sector.

Es algo que no hemos hecho y es algo acerca de lo cual tenemos
dificultades para poder llevarlo a cabo, dificultades que se explican
fundamentalmente por los recursos que tiene en estos momentos el
Tribunal. Con unas tasas de crecimiento de asuntos resueltos del orden
del 50 ó 60 por ciento anuales, es difícil, dados los medios disponibles,
que podamos hacer un ejercicio que, en cualquier caso, tiene interés para
conocer cómo se comporta el mercado desde la perspectiva de los precios.

¿Hay cártel o no lo hay? Esto no lo contestaría nunca aquí; lo contestará
el Tribunal cuando tenga una denuncia y se pronunciará en el marco de un
expediente. Hacer otra cosa significaría prejuzgar. Si hubiera analizado
esta cuestión, aportaría la correspondiente resolución. Son las
limitaciones que nos impone la ley, pero en cualquier caso quiero señalar
que se trata de una cuestión relevante.

Me parece que no he hablado de denuncias sobre CLH, sino sobre que en el
marco de la documentación que maneja el Tribunal se han hecho referencias
y en el marco de las conversaciones que el presidente del Tribunal tiene
regularmente con operadores económicos se hacen manifestaciones acerca
del papel que en algunas ocasiones puede jugar CLH como barrera de
entrada. El problema que hemos tenido para abordar esta cuestión es que
no ha habido denuncia al respecto, con lo cual el asunto se limita a una
pura manifestación verbal, que para nosotros no tiene más interés que el
de recoger un hecho manifestado por algún interesado. Digo lo mismo de
antes, si hubiera una denuncia al respecto, esto se traduciría en su
momento en una resolución que yo aportaría, por supuesto --son públicas
por otra parte--, sin ningún tipo de problema y, a la inversa, no puedo
manifestarme sobre algo que no conozco y sobre lo cual el Tribunal no se
ha pronunciado, porque en caso contrario los interesados dirán que
prejuzgo y seré debidamente recusado en el marco de un expediente.

La pregunta que queda por responder se refiere a la Comisión Nacional de
Energía. Aquí puede surgir un debate sobre si una o dos comisiones, pero
yo no voy a entrar en esta cuestión, no creo que me corresponda. Lo que
es cierto es que en sectores en los cuales hay una estructura



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esencialmente oligopolística tiene sentido la existencia de comisiones
reguladoras, de comisiones de vigilancia, y mucho más que se unifiquen,
como tenía sentido que durante un período transitorio hubiera dos
comisiones. Esto es algo sobre lo que se puede reflexionar y algo sobre
lo que se pueden remitir respuestas diversas.

No me atrevo a contestar con precisión porque no conozco con el
suficiente detalle cuáles son las actividades que la Comisión del sector
eléctrico lleva a cabo en estos momentos. Conozco las publicaciones,
conozco mucho de la Comisión, pero no con el detalle suficiente como para
poder pronunciarme de forma segura e inequívoca sobre temas tan delicados
como éste. En cambio, sobre lo que no me cabe ningún tipo de duda es
sobre la necesidad de mantener la independencia de estos órganos, porque
solamente esta independencia ofrece, por una parte, seguridad jurídica a
los operadores económicos y, por otra, que las opiniones de este tipo de
comisiones sean el resultado del análisis y no el resultado de otro tipo
de intenciones o de otro tipo de preocupaciones. En esto, como en otras
cuestiones, debe haber una división de funciones suficientemente clara.

Al Poder Legislativo le corresponden unas actividades, al Poder Ejecutivo
le corresponden otras y a las comisiones independientes, incluido dentro
de ellas, si se quiere, el Tribunal de Defensa de la Competencia, nos
corresponden otras. A mí siempre me ha dado la sensación, ya incluso
cuando estudiaba estas cuestiones como universitario, que justamente de
esta interacción libre y creativa salen buenos resultados, y cualquier
dejación de funciones en este sentido daba resultados peores que los que
salgan del ejercicio de las libertades, de las funciones y obligaciones
correspondientes a cada uno de estos poderes.




El señor PRESIDENTE: No habiendo más cuestiones, señor Petitbó, le
agradecemos su presencia y damos paso a la siguiente comparecencia.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA ELECTRICO
(FERNANDEZ ORDOÑEZ) (Número de expediente 212/001253).




El señor PRESIDENTE: Doy la bienvenida al presidente de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico, Miguel Angel Fernández Ordóñez, por su
presencia en la Comisión de Industria. Creo recoger un sentimiento
colectivo de todos los diputados de los distintos grupos al decir que
siempre es un honor y un placer tenerle en esta Comisión y poder
contrastar con usted los asuntos que son de nuestra competencia, en este
caso el contenido del proyecto de ley de hidrocarburos.

Quisiera manifestar a los distintos portavoces que el presidente de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico nos ha remitido, como es
habitual, el correspondiente informe de la memoria de actividades de la
Comisión, que ha sido repartido a todos los grupos. También quisiera
transmitirles que en la carta de remisión de dicha memoria el presidente
se ponía a la disposición de todos los grupos y de la Comisión en su
conjunto para tener con SS. SS. un intercambio, ya sea formal o ya sea,
como otras veces hemos hecho, en una reunión de trabajo o un intercambio
directo en la propia Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.

Solamente tengo que decirle, señor Fernández Ordóñez, que en la próxima
reunión de Mesa y portavoces vamos a considerar su ofrecimiento y veremos
cómo le damos forma a esta propuesta que nos ha hecho, bien vía presencia
suya en la Comisión o bien vía otra fórmula.

Quiero también informarles a ustedes, señorías, de la petición que me ha
dirigido el portavoz del Partido Socialista mediante carta, en la que me
solicita que intervenga en la reclamación del informe correspondiente de
la Comisión sobre este proyecto de ley. Tengo que decirle al respecto que
en este caso, puesto que la carta me la dirigía a mí personalmente,
conduzca uste la petición formal a través de los mecanismos
reglamentarios para que se les pueda conceder dicho informe. No obstante,
tomo conciencia de la sugerencia e imagino que el propio presidente de la
Comisión también. En cualquier caso, deben ustedes conducir la petición
de informe, repito, mediante el procedimiento que el Reglamento
establece.

Sin más, vamos a dar paso a las intervenciones de los portavoces para
hacerle las preguntas en torno al proyecto de ley de hidrocarburos.

Señora Mendizabal, tiene usted la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero agradecer al señor Miguel Angel
Fernández Ordóñez su comparecencia en esta Comisión a solicitud del Grupo
Socialista, y también le diré al presidente que vamos a realizar
formalmente la petición a que se refería. No sé si le gustan o no le
gustan las peticiones de amparo, pero formalmente queremos decir que, de
acuerdo con la Ley del sector eléctrico, se establece que hay un informe
de carácter preceptivo de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en
relación con todas las funciones que vayan interrelacionadas con el tema
de la energía. Por tanto, solicitamos formalmente que dicho informe sea
enviado, y confiamos en la diligencia del señor Fernández Ordóñez. Ya que
hemos visto que ha presentado la memoria tan rápidamente, esperamos que
ese informe también constará rápidamente en la Cámara.

Aparte de estos temas puramente formales, quisiéramos conocer cuál es la
valoración general que sobre este proyecto de ley hace el presidente de
la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, ya que la energía de los
hidrocarburos está perfectamente interrelacionada con el sector de la
Comisión eléctrica, y sobre todo qué opina respecto a la creación de una
única comisión nacional de energía, sobre cómo está abordada su creación
dentro del proyecto de ley en una adicional pero que luego no aparece
para nada en todo el texto de la ley --es como un órgano ahí pegado-- y
sobre las funciones que esta Comisión debe tener, si realmente están
recogidas en el proyecto de ley. Se supone que esta comisión reguladora
debía tener asignadas una serie de funciones aparte de las de vigilancia
de la competencia, que deben ser funciones de la misma. Hay, repito, una
serie de funciones adicionales que podrían tener cabida



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dentro de la ley, como es la intervención en el tema de tarifas o de
peajes, en el tema de autorización o concesión de determinadas licencias
o incluso en el tema de acceso de terceros a la red.

En esto es en lo que queremos que incida más, pero nos gustaría saber si
tiene alguna opinión más respecto al tema de los clientes o de los
consumidores cualificados, del umbral que deben tener para serlo o no y
cómo ve el modelo por el que opta este proyecto de ley, si realmente es
un modelo que persigue o que puede alcanzar el objetivo que expresa en su
exposición de motivos, que es el de la liberalización y el de la
competencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Landeta tiene la
palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero dar la
bienvenida a Miguel Angel Fernández Ordóñez, como presidente de la
Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, y agradecerle la exposición que
va a realizar.

Quisiera formularle las siguientes preguntas. En primer lugar, si cree
que el proyecto de ley de hidrocarburos mejora en términos competenciales
los existentes en el momento actual en todo lo relacionado con
hidrocarburos.

En segundo lugar, si considera que el proyecto de ley beneficia al
mercado de fuentes primarias de energía.

En tercer lugar, si cree usted que el beneficio en las condiciones de
competencia del gas favorecerá a los mercados eléctricos en términos de
competidores y precio.

En cuarto lugar, si considera necesaria la libertad de establecimiento
para crear infraestructuras de la red básica, completarla y ampliarla.

En quinto lugar, si considera que la figura del transportista debe estar
separada de la compra y venta del gas.

En sexto lugar, si considera esencial que el gestor del sistema debe ser
independiente.

Por último, cuál es su opinión respecto a la Comisión Nacional de
Energía, cuyo fin es vigilar para que se den las condiciones efectivas de
competencia y transparencia en el mercado de productos energéticos. Si
cree correcta su composición de un presidente y ocho vocales y el período
establecido de seis años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Miguel Angel Fernández Ordóñez.




El señor PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA ELECTRICO
(Fernández Ordóñez): Muchas gracias a todos por sus amables palabras.

Dado el telegráfico tiempo que me dan, querría contestar fundamentalmente
a tres temas: el tema de la comisión planteado por los dos diputados, el
tema de la reestructuración o separación de actividades y el tema de la
elegibilidad.

En cuanto a la primera valoración que me pedían los dos intervinientes,
creo que la ley es sin duda un avance, evidentemente da un paso y en mi
opinión lo que permite es hacer lo que se está haciendo hoy, que es
hablar de este tema y poder perfeccionarlo. No obstante, creo que el
proyecto de ley merece perfeccionamiento. Es un paso positivo, pero sería
una lástima no dar dos o tres pasos más que la convertirían en una ley
realmente importante. Sin duda, insisto, es un paso respecto a lo que se
está haciendo en Europa. Se puede comparar con el proyecto de directiva
del gas, pero creo que ésa es una mala guía para lo que debemos hacer los
españoles. Es mejor lo que han hecho los ingleses durante mucho tiempo,
que es preguntarse qué es bueno para Inglaterra y no qué están haciendo
los europeos. La pregunta adecuada es qué es bueno para España en gas y
no qué es lo que la directiva está diciendo, porque si quince minutos se
reúnen defendiendo a sus quince monopolios, lo normal es que saquen una
directiva que no defienda la competencia sino que defienda catorce o
quince monopolios. Creo que en el caso inglés se ha demostrado que abrir
a la competencia empresas como British Airways o como British Telecom
--que eran monopolistas-- ha dado empresas más fuertes y más buenas. Como
valoración general me detengo ahí.

En el tema de la comisión, que me parece que es el que más nos afecta,
creo que en la ley hay aspectos positivos, un aspecto negativo --que
querría recordar-- y aspectos a mejorar. El aspecto positivo es que
someter el gas a una reguladora independiente me parece un paso. Frente a
los decretos anteriores que lo dejaban en manos del Gobierno, creo que la
resolución de conflictos debe quedar en manos de un órgano independiente,
y pienso --todo esto lo hemos discutido con los colegas, no ha habido una
reunión formal-- que hay razones de coste para defender la idea de una
comisión frente a varias comisiones. La idea que hay en el proyecto de
ley de una comisión fundamentalmente tiene razones de coste. La comisión
que tenemos ahora está compuesta de 80 personas, con 10 ó 20 más para el
gas; tener dos comisiones significaría tener otro gerente, otro asesor
jurídico, otro portero, etcétera.

Sin embargo, la ley tiene un aspecto negativo, y es que afecta a la
independencia de la comisión, y esto sí me parece un tema importante. La
ley corta el mandato que justamente este Parlamento había reconocido en
la ley anterior del sistema eléctrico. Yo creo --como decía y he podido
oír al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia-- que los
órganos independientes lo son fundamentalmente de las empresas, obligando
a sus miembros a que no trabajemos en el sector durante un cierto tiempo,
e independientes del Gobierno ¿de qué forma? Porque no nos pueden cesar.

Esta es la independencia que le permite a uno hablar con tranquilidad. Es
evidente que la ley recoge que el Gobierno no pueda cesar, pero se
produciría un cese de la comisión vía Parlamento, vía mayoría
parlamentaria. Ustedes y el Parlamento están en el perfecto derecho de
hacerlo, no hay nada que lo impida, pero creo que ése es un mal uso.

En estos últimos diez años estamos creando un tipo de instituciones que
tienen una larga tradición en Estados Unidos: la primera fue la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, creada en el año 1988; el Tribunal de
Defensa de la Competencia, creado en 1989 --aunque había algo que venía
de 1963--; la Comisión Nacional de Electricidad; la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones. El



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que ahora surgiera un uso del Parlamento según el cual, por el motivo que
fuera, se limitaran los mandatos, sería malo, porque haríamos comisiones
de obedientes políticos, de gente que estaría preocupada por lo que
piensa el Gobierno a través de la mayoría parlamentaria. Siento decirlo,
pero esto no me parece bueno. En ese sentido, la idea de las dos
comisiones que respetan la independencia mantiene, por lo menos, la
independencia y me parece positivo. No obstante, creo que se puede llegar
a algún tipo de solución en la que haya una comisión y se respeten los
mandatos. En esto de las instituciones, los que estamos al frente de
ellas, porque ustedes nos han puesto, tenemos la obligación de demostrar
la independencia, hacerlo bien, etcétera, y pienso sinceramente que el
Parlamento debería instituir un uso por el que no se utilicen las leyes
para cambiar a los órganos independientes. Este me parece un tema
fundamental. Por tanto, éstos son los aspectos positivos y los aspectos
negativos.

Aspectos a mejorar, en línea con lo que señalaba la interviniente del
grupo socialista, creo que si los habría. Ustedes, con la ley eléctrica,
dieron algún paso con la comisión: nos dieron un poder de resolución de
conflictos no revisable por el Ministerio sino yendo a los tribunales;
dieron ustedes el paso en la información --nos dieron circulares-- que
fue muy importante. Creo que aquí debería pensarse en dar algunos pasos
para mejorar una comisión que es lógico que haya nacido con pocas
competencias, porque esto es prudente y razonable. Yo veo áreas en las
que sí se podría avanzar. Fijar tarifas sin que el Gobierno diga nada es
lo que hacen todas las comisiones del mundo, pero a lo mejor en España es
excesivo. Podíamos dar el paso de que en vez de informe fuera propuesta
de la comisión y que el Gobierno tuviera un cierto derecho de veto. Es
decir, ahí hay algunas vías para avanzar.

Otro tema importante me parecen las multa coercitivas. En este momento,
si una comisión como la mía toma una resolución y le dice a un
monopolista que haga alguna cosa, no hay forma de que lo cumpla. Lo
cumple porque debe cumplirlo, pero no hay otra forma. Creo que las multas
coercitivas son elementales para que aquel al que se le dice que haga
algo deba hacerlo.

El tema de ATR. Sin duda la resolución de conflictos de ATR es una de las
razones de estas comisiones. Otra cosa es que la ATR esté bien regulada,
pero las que deben vigilar este tema son las comisiones. Un pasito para
acercar estas comisiones a las del resto del mundo creo que es bueno
darlo. La comisión eléctrica que presido yo, de todas las que conozco
--la israelita, la portuguesa, etcétera-- es la única que no fija
tarifas. Creo que se puede avanzar en el sentido de que no sea el
Gobierno --cosa que no sucede en ningún lugar del mundo-- el que las
fije.

El señor Landeta ha planteado el tema del gestor, la separación y el
transporte. Yo creo que aquí es una pena que la ley no dé un paso
importante en algo que es una reestructuración vertical. Todos estos
negocios de redes (telefonía, electricidad, gas, tráfico aéreo) se han
podido liberalizar cuando al que controlaba la operación del sistema se
le ha sacado. Aquí no ha habido tráfico aéreo libre mientras los slots
los daban las compañías aéreas, porque entonces Iberia se lo daba a
Iberia o British Airways a British Airways. El que haya independencia,
como han hecho ustedes en la ley eléctrica, me parece crucial.

Yo sinceramente no entiendo de la ley que el transportista y gestor del
sistema pueda comprar y vender. La clave de la liberalización es separar
los negocios regulados de los no regulados. ¿Cómo? Yo no soy quién para
decirlo. Los ingleses han dicho: dos compañías distintas y se acabó, y he
visto propuestas de otros que dicen: gestores independientes. Lo
importante es que el árbitro no sea de un equipo, y en esto de las redes
el gestor del sistema, el de los slots, es el árbitro, y éste yo creo que
es el punto flaco desde el punto de vista de la competencia, y se lo dice
quien ha estudiado liberalización de sectores de redes. Hay que separar
eso. ¿Cómo? Hay, repito, diversas formas: se pueden tener dos compañías;
se puede, como se ha hecho en la red eléctrica, que no tenga una empresa
más que un porcentaje determinado; se puede montar un operador del
sistema que esté bien regulado y que sea independiente, etcétera. Las
formas pueden ser distintas, pero yo creo que si no hay eso no habrá
competencia en el sector eléctrico.

La experiencia inglesa es muy interesante. Yo les dejo aquí este folleto,
All you need to know about gas competition, que es divertidísimo, donde
todo el mundo puede elegir ya compañía de gas. Los ingleses hicieron lo
mismo que se está haciendo en esta ley: acceso de terceros a la red, pero
no separaron las empresas hasta el año 1996, no hubo competencia. ¿Hubo
baja de tarifas? Sí, porque hubo una reguladora, excelente mujer, que
consiguió bajar las tarifas a cañonazos al 40 por ciento, pero con dos
años de competencia ha bajado un 20. No hay mejor regulador que el que
haya competencia, y la competencia en un sector de redes sólo existe si
hay separación, eso sí que lo tengo claro.

En la separación horizontal saben ustedes que quizá nosotros la única
discrepancia importante que en este momento tenemos con el Ministerio,
porque estamos encantados con la ley que ha salido adelante y con cómo
está desarrollándose el tema de electricidad, es que hay pocos
operadores, dos empresas eléctricas tienen el 80 por ciento. Esto, que
creo que es crucial en el sector eléctrico y que debería reglarse,
probablemente no es tan importante con el sector de gas. ¿Por qué? Porque
es un mercado en expansión y por tanto no hace falta aquí, como han hecho
los ingleses, coger a Gas Natural y decir: usted ahora cede el 20 o el 30
por ciento del mercado; simplemente con quitar las barreras puede haber
campo para que otros entren. Yo en la electricidad lo veo claramente, es
un mercado cerrado, quince millones de hogares tienen electricidad, lo
que yo te quito se lo doy a otro, pero aquí no, aquí estamos un poco como
en la telefonía móvil, puede salir otro si le dejen salir, cinco años de
telefonía móvil de Telefónica dan 500.000 abonados y dos años de
competencia han dado cinco millones. Se va a crear el mercado si
realmente dejamos que haya competencia, y sólo la habrá si hay
separación, de eso estoy convencido, se haga ahora o, como han hecho los
ingleses, se haga en dos veces, primero una ley y luego otra. Ese es un
tema que ustedes podrán elegir.

Sobre la elegibilidad, que señalaba la señora Mendizabal, a mí me
sorprende que todo el mundo dice: ¿A usted



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qué le parece, diez, cinco, cuatro años? Pero nadie pregunta por qué
diez, por qué cinco. Yo creo que esto no es sólo lo que uno piense, sino
por qué lo piensa. En esto lo que habría que preguntar es por qué hay que
negarle a la gente el derecho a elegir; antes de negar uno el derecho a
elegir le debe temblar la mano.

Yo sólo veo dos razones para frenar el proceso de elegibilidad: una de
ellas en el gas y otra no. Una de ellas es la práctica, la de poner en
orden el mercado, que eso no se hace en dos días, hay que tener
computadores, poder cambiar de cliente, etcétera, y eso puede llevar
dieciocho meses o dos años; tres años les ha llevado a los ingleses, no
más, el montar un sistema razonable para que todo el mundo pueda elegir.

La otra razón importante es la de proteger al monopolista anterior, que
es un poco la que se ha utilizado en el sector eléctrico. Pero en el
sector eléctrico, en mi opinión, puede tener sentido más protección
monopolista porque están vendiendo al doble lo que deberían vender a la
mitad. Ustedes mismos han aprobado una ley de poder llegar a pagar hasta
dos millones para ayudar a unas empresas que son nuestras y que no
queremos verlas caer. Yo en Gas Natural no veo esto. Se habla de pagar
las infraestructuras, pues ponga usted unas buenas tarifas, unas tarifas
que retribuyan adecuadamente las inversiones hechas. Si han separado
usted bien la competencia y no competencia, pongan unas tarifas que fije
el regulador independiente, que apruebe el Gobierno y que sean
razonables. En consecuencia, no me diga usted que no va a tener dinero,
porque lo que está es mal hecha la tarifa.

Desde el punto de vista de los contratos que tenga Gas Natural, yo he
oído aquí y he leído en la prensa que son magníficos, y además me lo
creo. Gas Natural ha sido una empresa eficiente y tiene unos contratos
excelentes. Por tanto, no veo ninguna razón para retrasar la
elegibilidad, porque no hay que pagarle nada a nadie. Si la retrasamos,
lo que estamos dando es un poder monopólico durante algún tiempo a una
compañía que lo que va a hacer es reblandecerse. Yo no veo que haya que
frenar la elegibilidad más allá de tres, cuatro, cinco años y no porque
yo lo piense. ¿Cuál es la razón? No se encuentra, no la hay.

Además, es muy importante la elegibilidad en este negocio, porque a
diferencia de la electricidad, que se puede poner en España una fábrica
de 70 megawatios planta, aquí las negociaciones van a ser de grandes
paquetes. Los grandes suministradores son Siberia, Argelia y Noruega;
aquí no se puede llegar y comprar cuatro termias. Si no dejamos a las
comercializadoras que tengan una base importante no van a poder negociar,
va a poder negociar uno. Por tanto, la elegibilidad es fundamental para
que haya una base suficiente y yo vaya con un grupo de clientes y pueda
negociar. Si no hay separación y no hay una elegibilidad rápida, un
mensaje --porque esto son mensajes a las empresas, a Gas Natural-- de que
usted va a tener que competir, yo, con todas las buenas intenciones del
proyecto de ley, creo que no se va a conseguir nada.

El tema de la separación me parece más importante que el de la
elegibilidad, porque en la elegibilidad debería hacerse lo que se ha
hecho en la ley eléctrica, que lo graduara el Gobierno. A mí me ha
sorprendido la diferencia con que se trata la elegibilidad en el sector
eléctrico y en el gas, porque en el eléctrico es decirle al Gobierno: un
calendario mínimo de que usted liberalice, y si usted quiere lo adelanta,
cosa buena, porque si hay condiciones, el Gobierno, con su prudencia,
podrá adelantar. Lo que están haciendo en este proyecto de ley es
limitarle al Gobierno la posibilidad de elegir. Yo creo que el
planteamiento es que el Parlamento le dice a usted lo que tiene que
liberalizar, y si quiere usted no liberalizar venga al Parlamento, y si
quiere usted dar más libertad, hágalo. No estoy diciendo nada más que lo
que dijimos en el informe de defensa de la competencia hace cuatro años,
que creo que ésta es la relación Parlamento-Gobierno en un sistema
democrático y liberal. Lo que yo le limito como Parlamento es lo que
usted puede limitar, y no vaya usted más allá.

En mi opinión, la redacción que se ha hecho en la red eléctrica es la que
se podría hacer en el gas: fijar un calendario, el que sea, yo creo que
el menos tiempo posible, tres, cuatro, cinco años, me da igual, aunque
sean más, y dejarle al Gobierno la posibilidad de, con prudencia,
adelantar eso. Me parece que la ley eléctrica en esto ha sido buena,
probablemente porque hemos tenido dos leyes, una Losen y otra, se ha
hecho en dos etapas. Pero sería una pena que esto fuera la Losen, y no
digo que sea mala, la Losen crea la Comisión eléctrica, abre el acceso de
terceros a la red y crea mecanismos de competencia; la Losen fue un paso
adelante importantísimo, pero ha habido que dar otro paso. ¿Vamos a hacer
una cosa que luego requiere otro paso?
Sólo hay cuatro o cinco cosas marginales. Decía usted las barreras, señor
Landeta, y yo creo que hay algunas otras cosas en la ley que pueden ser
barreras y que habría que mirarlas con cuidado: la diversificación está
hecha casi para que sólo pueda comprar uno; la reciprocidad es un
principio magnífico, y debería usarse para que a un país que no nos deja
establecer empresas, no le dejemos establecer las suyas aquí. En fin, yo
creo que hay una serie de pequeñas cosas en la ley que son barreras a los
nuevos entrantes. Insisto, no creo que se deba llegar, como han hecho los
ingleses, hasta el extremo de obligar a Gas Natural a ceder mercado;
basta con que no se pongan barreras a los demás.

Señor presidente, creo que con esto he contestado a lo esencial.




El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿desean hacer uso de un segundo turno?
(Pausa.)
Muchas gracias, señor Fernández Ordóñez, por la comparecencia de esta
tarde. Me remito a una segunda oportunidad --espero que dispongamos de
ella-- para tener un intercambio de criterios en torno a las funciones
que está desarrollando la Comisión.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE UNIDAD ELECTRICA, S. A. (UNESA) (DE ORIOL E
IBARRA) (Número de expediente 219/000335).




El señor PRESIDENTE: Ruego la incorporación a la Mesa del don Iñigo de
Oriol.




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Doy la bienvenida al presidente de la empresa de Unidad Eléctrica, S. A.,
Unesa, don Iñigo de Oriol e Ibarra. Esta es la última comparecencia de un
operador del sector antes de escuchar la intervención del secretario de
Estado. Quisiera destacar la iniciativa del Grupo Socialista y el acuerdo
que en su día tomó la Mesa, porque acertamos en el proceso de abrir esta
etapa de comparecencias de distintas personalidades relacionadas con la
actividad de hidrocarburos. Creo que esta etapa de información previa
está siendo realmente útil e interesante.

Vamos a formalizar las preguntas por parte de los grupos. Empezaremos por
el grupo proponente, en cuyo nombre tiene la palabra la señora
Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quiero agradecer la comparecencia del
señor De Oriol en esta Comisión. Mi grupo ha solicitado esta
comparecencia porque nos interesa conocer su opinión, dado que el sector
eléctrico está directamente vinculado al consumo del gas. La sustitución
de otros combustibles por el combustible gas puede contribuir a minimizar
los costes de generación de energía eléctrica, y desde ese punto de vista
parece ser que la liberalización puede contribuir a que existan unos
mejores precios y, por tanto, su opinión nos interesa en este aspecto.

Quisiéramos que hiciera una valoración, si quiere de tipo general, del
proyecto de ley de hidrocarburos en lo que se refiere a los hidrocarburos
líquidos y al gas, aunque nos interesa más conocer su opinión respecto al
sector del gas. Concretamente, si el modelo le parece el adecuado en aras
a la liberalización y a la libre competencia, así como cualquier otro
comentario más específico que quiera hacer sobre el proyecto.




El señor PRESIDENTE: El señor Landeta, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Antes de empezar, quiero dar la
bienvenida a esta Comisión a don Iñigo Oriol, presidente de Unesa, y
hacerle las siguientes preguntas.

En primer lugar, desearíamos que hiciera una valoración global del
proyecto de hidrocarburos y si considera que este proyecto avanza en la
liberalización e introduce mayor competencia, obteniendo --que es el fin
principal y el que nos guía-- una rebaja en los precios a los
consumidores.

En segundo lugar, si cree que las leyes que liberalizan los mercados
permiten aumentar el bienestar de los ciudadanos y fuerzan a las empresas
a ser más eficaces.

En tercer lugar, si está interesado el sector eléctrico, dado que Unesa
representa prácticamente a todo el sector eléctrico, en incrementar la
libertad de los mercados de hidrocarburos y cuál sería la razón.

En cuarto lugar, si considera que el sector eléctrico se puede beneficiar
con la aplicación del proyecto de ley de hidrocarburos y en qué aspectos
concretos cree que va a residir esa mejora.

Por último, si considera positivo estar más coordinados y que todos los
sectores energéticos reciban igual tratamiento a partir de la puesta en
funcionamiento de la nueva comisión nacional de la energía.




El señor PRESIDENTE: El señor Oriol tiene la palabra.




El señor PRESIDENTE DE UNIDAD ELECTRICA (UNESA) (De Oriol e Ibarra):
Señor presidente, señores diputados, permítanme que mis primeras palabras
sean para reflejar el honor y la emoción que para mí representa hablar en
este Parlamento, en este alto foro, el más importante de este país;
créanme que lo siento, sobre todo viendo la labor legislativa que ustedes
han hecho en la democracia y lo que ha mejorado este país, y eso se debe
a muchos debates, a muchos trabajos de ustedes en esta Cámara. Por eso,
mi agradecimiento como ciudadano español y mi agradecimiento también por
la representación que ostento, que era lo otro que quería decir. Me cabe
el honor de representar al sector eléctrico. Unesa hoy representa el 92
por ciento del sector eléctrico nacional, y es un honor ser el portavoz
en estos momentos del sector eléctrico.

Dicho esto, señores diputados, en primer lugar, quisiera dar las gracias
por la bienvenida que me dan; en segundo lugar, voy a ver si puedo
contestar a las preguntas, pero antes quería hacer una reflexión sobre la
oportunidad de esta ley. Y permítanme también, porque hace muy poco
tiempo que aprobaban ustedes la ley eléctrica, que haga una referencia a
la misma porque me parece obligada.

El 11 de diciembre de 1996 firmábamos el protocolo del sector eléctrico
en el Ministerio de Industria y Energía, y hay que darse cuenta que lo
firmábamos una semana después de aprobarse la directiva eléctrica en
Bruselas. Evidentemente, el sector eléctrico ya venía trabajando con el
anterior Gobierno, se aprobó la Losen, que era un antecedente de lo que
va a ser la nueva ley eléctrica, y así hay que reconocerlo, pero nos
poníamos a disposición de lo que venía después, de la liberalización del
sector eléctrico, en coherencia con la directiva, y dábamos un paso
adelante que demuestra el esfuerzo del sector eléctrico, aceptando, sin
conocer y sin ser profetas, lo que iba a pasar en este país: un desmonte
de la tarifa de tres, dos, uno y uno, que ha sido superado después por la
realidad. Creo que éste es un esfuerzo que han detectado todos los
consumidores con su tarifa eléctrica, y quiero hacer un breve resumen de
ello. Lo que sí quiero decir --y con esto contesto a algunas de las
preguntas que me han hecho-- es que el esfuerzo que han hecho el sector
eléctrico y todos los operadores, el operador del sistema, el operador
del mercado, el operador de red, la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional, por supuesto, el Gobierno y ustedes aprobando la ley, ha sido
más que importante para conseguir el resultado que se está obteniendo en
estos momentos en el país.

Antes de entrar aquí he visto que salía don Migue Angel Fernández
Ordóñez. No he oído su intervención, pero quiero decir que muchas veces
en sus intervenciones ha puesto como modelo a California. Si hay un país
adelantado en el mundo es evidente que no hacen falta muchas
demostraciones para afirmar que ese país es Estados Unidos, y, dentro de
Estados Unidos, el Estado tecnológicamente



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más avanzado es el de California. Dénse ustedes cuenta de que California,
teniendo previsto entrar a operar el 1 de enero, lo ha pospuesto hasta
marzo y vamos a ver si en marzo lo pone en marcha. En España, un mes
después de la aprobación de la ley, se ha puesto en marcha con el
resultado eficiente y positivo que ustedes conocen porque siguen la
marcha de la economía del país y de sectores tan importantes.

Dicho esto, otra afirmación que quería hacer es que el sector de la
energía, que es uno de los sectores más importantes de la economía de un
país, junto con el financiero --porque la tarifa es un componente de todo
producto transformado y del consumo y del bienestar de los ciudadanos--,
hay que considerarlo unitariamente. No se puede analizar la electricidad
por un lado, el gas por otro y los hidrocarburos por otro; de alguna
manera tiene que haber una política coordinada.

Paso ya a analizar uno de los temas. Es evidente, como se ha dicho, que
el consumo del gas va a minimizar los costes a futuro, pero hay que saber
el coste del gas en ese momento. También hay que tener en cuenta la
capacidad ociosa, lo que se deja de producir en el sector eléctrico, y
hay que darse cuenta de que al sector eléctrico se le han echado encima
muchos temas --que no es el momento de juzgarlos, pero que ahí están y
están aprobados-- como son la cogeneración o el carbón, temas todos que
gravitan sobre el sector eléctrico. Pero el sector eléctrico tiene unas
espaldas importantes y lo demuestra no sólo con su crédito en España,
sino con las operaciones y la presencia que ya hoy tiene
internacionalmente; creo que es el sector, junto con el financiero, que
tiene la presencia internacional más importante de España. Por otro lado,
el tema del gas nos preocupa mucho, y hay que juzgarlo unitariamente.

Me pregunta la señora Mendizabal por la valoración que hacemos del
proyecto de ley de hidrocarburos y si lo consideramos un modelo adecuado.

Es evidente que el Gobierno, presentando esta ley al Parlamento, y
ustedes trayéndola a debate, demuestra coherencia, porque sería
impensable que un Gobierno no presentase una ley de hidrocarburos después
de presentar la ley eléctrica, máxime si estamos en puertas --y esto lo
saben ustedes mejor que yo-- de que en Bruselas se apruebe la directiva
sobre el gas.

Dicho esto, creo que la ley que se nos ha presentado hoy es un avance muy
importante, porque es un modelo que proporciona una cierta apertura a la
competencia, fundamentalmente a través de los consumidores cualificados,
y que introduce mayor flexibilidad por la nueva figura de los
comercializadores. Pero es evidente que una liberalización lo que crea es
alternativas, de esas alternativas surge la competencia, de la
competencia surge la reducción de costes y de la reducción de costes
surge la menor tarifa y el mejor de los consumidores. Esto es lo que se
ha aplicado en la ley eléctrica. Este modelo de ley, que ya digo que es
positiva, que es coherente, que es oportuna por el momento en que se
envía, creo que es claramente mejorable, creo que debe hacerse un
esfuerzo de apertura de la misma y que no debe crearse un modelo cerrado,
integrado y consolidado. Tampoco se debe mezclar la energía con el gas,
porque la energía eléctrica y el gas tienen características distintas.

Aquí quisiera hacer otra afirmación importante. Como empresarios --y
algunas veces luchamos los empresarios por esto--, todos queremos la
fortaleza de nuestra empresa, porque la fortaleza de nuestras empresas va
a representar un beneficio para este país, para disminuir el paro, que es
el tema capital de este país, para aumentar la potencialidad de este país
internacionalmente. Luego cuando nosotros defendemos posturas de empresas
del sector eléctrico, que voy a decir ahora mismo, no nos enfrentamos con
ninguna empresa que pueda representar al gas; todo lo contrario, lo que
queremos es potenciar al máximo el gas, pero vamos a ver --y esto
corresponde en gran medida a ustedes y al Gobierno-- si se pueden
coordinar todos los intereses.

Hecha esta afirmación, es evidente que la ley abre nuevas posibilidades
al sector eléctrico en la línea que decía la señora diputada, en el campo
gasista, como consumidores cualificados, a través de la creación de
sociedades de comercialización. No obstante, la explotación plena de las
posibilidades de acción que da el nuevo modelo creemos que pueden ser
mejoradas sustancialmente, y aquí voy a exponer el resumen, que ustedes
conocen, de la tesis mantenida y del mandato que tengo yo de Unesa.

Creo que es fundamental lograr una separación de la gestión del sistema,
colocándola en una sociedad independiente del suministrador actual. No
quiero comparar, lo he dicho antes, todos los agentes que intervienen en
el nuevo mercado del sistema eléctrico, pero quiero destacar que en su
día nosotros aportados toda nuestra red eléctrica, una red mallada que
cubría toda la geografía española, mucho más adelantada de lo que puede
ser hoy la red del gas. La nacionalización de la red es del año 1982, y
evidentemente se ha completado desde el año 1982 hasta ahora, pero cuando
nosotros entregamos la red eléctrica nacional era una red mallada que
interconectaba todos los sistemas españoles. Hoy la red del gas no es tan
completa como la red eléctrica y creo que esto habría que tomarlo en
consideración antes de dejar que se desarrolle todo a través de una sola
empresa. Démonos cuenta también de que el sector eléctrico tenía la
mayoría del capital de la red eléctrica y que, de acuerdo con la ley que
han aprobado ustedes, sólo podemos tener hasta un máximo del 40 por
ciento. Estoy diciendo que creo que aquí se puede mejorar, y creo que hay
que hacerlo de forma positiva, en estos momentos, antes de que se
desarrolle toda la red. En cualquier caso, he dejado patente la postura
del sector eléctrico.

Otro de los temas importantes --y aquí pido una excepción para el sector
eléctrico que creo que ustedes comprenderán-- es que habría que revisar
en la ley las exigencias de existencias mínimas y de diversificación de
suministros, estableciendo un régimen de excepción para las empresas
eléctricas. ¿Por qué? En atención a su nivel de reservas energéticas y a
la gran flexibilidad de variar el mix de generación entre las distintas
energías. Es evidente que el sector eléctrico --muy importante y que
garantiza el servicio eléctrico, es el único que lo garantiza en España--
tiene unas reservas y un mix de energía que es modélico en



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Europa. Esto está basado en todo lo que ha hecho en su historia, y está
funcionando eficazmente desde que se ha abierto el mercado, funcionando
en la casación de ofertas, etcétera, de forma ejemplar. Además, ha
coincidido con una época de gran hidraulicidad. Todo esto hace
innecesario, si tenemos las reservas que tenemos, el disponer de unas
instalaciones que encarecerían el producto final, porque fuera necesario
almacenar el gas que íbamos a consumir. Creo que se podría hacer esta
excepción en la ley en función de las características de la formación del
sector eléctrico, de cómo están constituidas estas empresas y de lo que
ofrecen hoy al país.

Por último, el otro análisis general que quería hacer se refiere a la
obtención de información precisa sobre los compromisos actuales del take
or pay, en relación con las demandas previstas y las garantías de una
gran prudencia en la adquisición de nuevos compromisos por el
suministrador actual. Adicionalmente, la no discriminación entre
compromisos take or pay, independientemente de quien los adquiera.

Asimismo, parece necesario limitar el alcance de los mismos sobre el
mercado gasista en el futuro, para que no anule los efectos que la ley
persigue.

Es evidente que el Gobierno anterior estableció, absolutamente dentro de
su poder reglamentario, estatutario y de su soberanía, unos contratos
take or pay --sobre los que dimos nuestra opinión en su día, aunque no se
nos pidió-- que eran perfectamente legítimos y en los que se ha subrogado
este Gobierno, como era natural. Y eso da una especificidad al consumo
del gas a futuro, en los años que cubren estos gastos. Pero tenemos que
medir mucho esos take or pay a futuro para que no se produzcan excesos de
gas, que haya hueco para su utilización y que haya un precio que, al
final, es el que va a definir qué es lo que puede y qué es lo que no
puede entrar. Porque el sector eléctrico para el año 2007 --y el 2007 es
pasado mañana-- hay que darse cuenta de que va a estar todo liberalizado,
menos lo poco que quede por regularizar, porque la tarifa está
liberalizada. Es decir, tendremos el gas en el precio que entre en el
hueco. Por eso, nosotros, que hoy no somos los grandes consumidores pero
que evidentemente lo vamos a ser en un próximo futuro, pedimos
transparencia absoluta en este tipo de contratos.

Creo que he hecho una valoración de la ley eléctrica y he hablado de los
objetivos que a nosotros nos gustaría que se modificasen en la ley. En
cuanto a las otras preguntas que me ha hecho el diputado señor Landeta,
de que las leyes que liberalizan hacen empresas eficaces, le tengo que
decir que creo que esto es evidente. Permítanme que hable --aunque no
estoy en representación de ella-- de la empresa que directamente presido,
de Iberdrola, para ponerla como ejemplo, aunque podría decir lo mismo de
las demás empresas eléctricas. Iberdrola, desde el mismo momento en que
nace, predica la liberalización del sector eléctrico y desde ese momento
está preparándose para la liberalización del sector eléctrico. Iberdrola,
desde el momento en que se le solucionan una serie de problemas que
gravitaban sobre ella, fundamentalmente --y lo destaco-- la moratoria
nuclear (tema que ha pasado por este Parlamento y quiero agradecer la
solución que se le dio en la ley de acompañamiento de la ley de
presupuestos del año que no hubo presupuestos y que fue sustancial para
el cambio de esta sociedad), esta sociedad, que representa el 40 por
ciento de la distribución en España, que son ocho millones y medio de
clientes, en estos momentos --y han pasado nada más que dos años y
medio-- tiene cerca de cuatro millones de clientes fuera de España. O
sea, hemos desarrollado una empresa internacional precisamente basándonos
en la liberalización que nos venía. A pesar del esfuerzo gigantesco que
se ha hecho --y ustedes tendrán sus opiniones sobre los costes de
transición, etcétera, pero no voy a entrar en este tema--, el sector
eléctrico ha dado un paso al frente, está preparado, está compitiendo
internacionalmente; ahí está el ejemplo de Endesa, de Iberdrola, de Unión
Fenosa, y de la otra empresa que evidentemente está haciendo esfuerzos
muy grandes y que es más pequeña, Hidroeléctrica del Cantábrico.

Evidentemente, liberalización, pero una liberalización que cree
alternativas, como decía antes, que cree competencia, que cree reducción
de costes y que cree empresas. Una liberalización así produce unas
empresas mucho más eficaces y, lo que es más importante, un servicio
mejor --podría contarles, pero no les quiero cansar, la mejora
espectacular del TOP en los últimos años en España--, y produce unas
empresas que dan un servicio mejor a un precio más bajo. Eso lo estamos
viendo y lo están viendo ustedes permanentemente.

El incremento de la libertad es importante en las empresas. Creo
absolutamente que sí, la libertad es competencia, es mercado, es
desaparición de muchos desfases que, cuando no existe el mercado, pueden
existir --no quiero recordar palabras que están en la mente de todos--;
la libertad, en definitiva, es transparencia. Por eso yo, como
empresario, defiendo absolutamente la libertad y creo que no nos movemos
en un mundo, el de la globalización, que, en definitiva, al final, es
libertad. Lo que pasa es que sería fundamental que la libertad fuese para
todos, pero éste es otro debate.

¿Se puede mejorar la ley? Señor diputado, creo que he expuesto antes en
los términos en que creo que se puede mejorar la ley desde el punto de
vista del sector eléctrico.

Por último, me hace una pregunta sobre qué me parece la comisión nacional
de la energía desarrollada en esta ley de hidrocarburos y que viene a
superar a la antigua Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Decía que
la energía la consideraba unitariamente, que no se podía considerar la
energía en trozos, parcialmente, entre otras cosas porque muchas están
solapadas con las otras, unas son materias primas del producto
transformado que producen otras. Entonces, creo que es absolutamente
fundamental y perfectamente coherente que en esta ley de hidrocarburos se
plantee una comisión nacional de la energía. ¿Por qué lo creo? Porque va
a velar mucho más por todo lo que hemos estado hablando, por lo que he
querido aclararle de alguna forma, porque podrá ser una institución
básica para marcar el equilibrio que tiene que existir en todos estos
sectores, tanto en la liberalización como en los planteamientos.

Quisiera terminar esta mi primera intervención diciendo que la ley es
positiva, que es el momento oportuno de plantearla en el Parlamento, que
es mejorable y que tienen



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ustedes una responsabilidad, como siempre, muy importante con el
Gobierno. Es muy importante que todo lo que he dicho no se interprete
como que quiero atacar al gas, todo lo contrario, quiero unas empresas
fortalecidas en el gas, porque serán fundamentales para el desarrollo
futuro de este país.




El señor PRESIDENTE: No habiendo petición de ningún turno más, quiero
agradecerle sus iniciales palabras de reconocimiento a la labor de los
miembros de eta Cámara a lo largo de todo el proceso democrático. Se lo
agradezco. Sin duda ésta y otras muchas cosas más nos estimulan a
continuar trabajando en la misma dirección en el futuro. Espero que
hagamos una buena ley de hidrocarburos y que de ella salga lo que todos
pretendemos: un sector sometido en mayor medida a unas relaciones de
competencia que permitan que los ciudadanos puedan utilizar esos
servicios a un mejor coste, a un mejor precio. Muchas gracias por su
presencia en esta sesión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA) (Número de expediente 212/001255).




El señor PRESIDENTE: Señorías, doy la bienvenida a esta Comisión al
secretario de Estado de la Energía y Recursos Minerales, don Nemesio
Fernández-Cuesta. Esta es la última comparecencia de una larga lista que
hemos tenido en la sesión de esta Comisión en torno a la ley de
hidrocarburos. Vamos a concluir esta fase informativa antes del plazo de
presentación de enmiendas. Creo que ha sido interesante y positiva.

Señorías, con la presencia del secretario de Estado deberíamos aprovechar
esta última posibilidad que tenemos de ilustrarnos en torno al contenido
del proyecto de ley. Creo que el propósito que tenemos no es utilizar la
comparecencia para analizar otros aspectos --que seguro que S. S.

tendrían interés en plantear--, sino circunscribirnos estrictamente al
tema motivo de su presencia en esta Comisión y formularle este paquete de
preguntas y cuestiones sobre las que tienen interés los grupos
parlamentarios.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor presidente, resulta difícil
preguntar al representante del Gobierno qué opinión le merece el proyecto
de ley que ha presentado a la Cámara. Se supone cuál va a ser la opinión
del Gobierno y, por tanto, en ese aspecto dejaría el tema un poco abierto
para que el señor secretario de Estado incida en él. Estoy segura de que
conocerá las opiniones que se han vertido en las comparecencias habidas
ante esta Comisión durante estos días y, por tanto, creo que él sabrá
cuáles son los temas sobre los que los grupos parlamentarios tenemos
interés en conocer su opinión, a la vista de todas las opiniones que
hemos estado recibiendo estos días.

Quisiera preguntar sobre un tema muy concreto, que es el relativo a los
informes preceptivos respecto al proyecto de ley, a los que no hemos
tenido acceso los grupos parlamentarios de esta Comisión. No sé si es
competencia del señor secretario de Estado; en cualquier caso sí es
competencia, en muchos casos, del Gobierno. Por tanto, le preguntaría si
se ha solicitado, si el secretario de Estado tiene el informe del
Tribunal de Defensa de la Competencia, el informe preceptivo del Consejo
de Estado, que tampoco conocemos, y el informe de la Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico. Quisiera saber si se han solicitado por parte del
Gobierno, si a usted le consta la existencia de los informes. Por
supuesto, los grupos parlamentarios queremos acceder a esos informes y,
por tanto, si están en su poder creemos que nos los debe enviar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Buenas tardes. En primer lugar, quiero
dar la bienvenida a esta Comisión al excelentísimo señor don Nemesio
Fernández-Cuesta, secretario de Estado de la Energía y Recursos
Minerales.

A lo largo de diferentes sesiones hemos conocido, en intervención
directa, la opinión de las empresas, las comunidades autónomas, las
asociaciones y los organismos vinculados con el sector, que han puesto de
relieve que la ley tiene un eminente carácter liberalizador y
competencial y que incluso en sus planteamientos no estamos adelantando a
los de la Unión Europa. Es más, el sentir general de todos los
comparecientes --y es una idea clara-- es que es una ley positiva y
mejorable. Por esto quiero hacer cuatro preguntas muy concretas al
representante del Gobierno, que son las siguientes. En primer lugar, por
qué en este momento el Gobierno pone en marcha una reforma del marco
legal de los mercados energéticos y, en concreto, de los mercados de
hidrocarburos. En segundo lugar, en términos de mejora de la competencia,
qué elementos añade este proyecto de ley a la realidad legislativa actual
de los hidrocarburos. En tercer lugar, en qué forma se van a beneficiar
con esta ley los consumidores españoles. Y por último, si esta ley
favorece una mejora de la calidad ambiental.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Fernández-Cuesta Luca de Tena): Señor presidente, en mi intervención
trataré, siguiendo el orden en el que he sido preguntado, de contestar en
dos líneas, no tanto sobre mi opinión en relación al proyecto de ley, que
evidentemente es positiva, sino sobre los temas que entiendo que han sido
suscitados por SS. SS. y sobre los que los distintos comparecientes a lo
largo de estas sesiones han ido fijando posiciones; posiciones que en
unos casos coinciden con el proyecto de ley, en otros casos no y en otros
casos sería matizable la opinión. Por tanto, procuraré, en la medida en
que



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tengo cierta información, fijar la posición del Ministerio sobre algunos
de los temas aquí suscitados, que entiendo que es lo que puede ser más
útil a estas alturas del debate parlamentario.

Respecto a los informes, puedo precisar en estos momentos que el informe
del Consejo de Estado no era preceptivo. El informe del Consejo de Estado
es preceptivo cuando se trata de trasponer una directiva. En estos
momentos no hay directiva que vaya a ser traspuesta porque en materia de
gas lo único que existe es una posición común del Consejo de Ministro.

Como el procedimiento en el caso del gas es de codecisión, tiene que ir
al Parlamento Europeo, éste procederá a suscitar las enmiendas que
considere y después habrá que entrar, caso de que haya enmiendas
aprobadas por el Parlamento Europeo, en el proceso de conciliación entre
el Consejo, en este caso, y el Parlamento. Por tanto, no hay directiva
todavía que haya que trasponer y, por consiguiente, el informe del
Consejo de Estado no es preceptivo. Estamos hablando de una posición
común y no de una directiva.

El informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico entendemos que
no es pertinente porque no estamos afectando al sistema eléctrico y, por
tanto, no se solicitó en su momento.

El informe del Tribunal de Defensa de la Competencia tampoco era
preceptivo porque, de acuerdo con la Ley de Defensa de la Competencia, el
Tribunal deberá conocer los proyectos de ley o los proyectos de norma que
vayan a propiciar la creación de monopolios u oligopolios. En este caso
no se trata de ese proceso de ida sino que se trata de un proceso de
vuelta, de una situación de monopolio se avanza hacia una situación de
liberalización. No obstante, lo que sí puedo apuntar a S. S. es que el
Tribunal de Defensa de la Competencia emitió un informe sobre el sector
del gas --no sobre el proyecto de ley-- en cuyo proceso de elaboración
conoció de los trabajos de elaboración del proyecto de ley. Tengo este
informe sobre el sector del gas y se lo entrego al presidente para que lo
ponga en conocimiento de la Comisión y creo que también la Cámara tendrá
oficialmente conocimiento de él. Por otra parte, en su momento se
solicitó informe del Consejo Económico y Social, que también obra en
poder de la Cámara. Por tanto, los dos informes que hay serían el del
Consejo Económico y Social y el informe sobre el sector del gas, con
conocimiento del proyecto de ley, que obra también en poder de la
Comisión y que entiendo que obrará en poder de la Cámara. Por tanto,
sobre este punto de los informes --que ha sido el único punto concreto--
esto es lo que en estos momentos estoy en condiciones de contestar.

Como decía al principio de mi intervención, sobre las distintas opiniones
y temas suscitados por los distintos comparecientes, intentaré hacer una
síntesis por los distintos subsectores energéticos. En el ámbito del
sector petrolero, los dos temas que han podido ser suscitados son la
participación de las petroleras en el control de la calidad y cantidad de
los productos suministrados en las estaciones de servicio y el desarrollo
de las cooperativas. Nuestra posición es relativamente clara. Entiendo
que el proyecto de ley pudiera ser mejorable en este aspecto. Es decir,
hasta cierto punto resulta chocante que cuando nosotros, como
consumidores, entramos en una estación de servicio que tiene marca por
todas partes resulta que la empresa propietaria de esa marca no responde
de la cantidad ni de la calidad de los productos suministrados. Creo que
podría aceptarse una evolución del proyecto de ley en esa dirección, pero
desde nuestro punto de vista sería necesario condicionar esa capacidad
inspectora o matizarla de acuerdo con los siguientes principios. En
primer lugar, deberíamos estar hablando de contratos de distribución en
exclusiva. Es decir, cuando se firma un contrato de distribución en
exclusiva es cuando cabría entender que las petroleras pudieran tener una
cierta capacidad de inspección de cantidad y calidad; sólo en el marco de
un contrato de distribución en exclusiva, no en un contrato de
compraventa mercantil normal. Es decir que dentro de la distribución de
productos petrolíferos puede producirse ese contrato de distribución en
exclusiva y en ese caso sí cabría considerarlo porque entendemos que la
marca va asociada a esos contratos de distribución en exclusiva. En
segundo lugar, esa capacidad debe ir asociada al mismo tiempo a una
responsabilidad y a una tipificación de infracción, y por consiguiente de
sanción, en el caso de las petroleras que tengan esa facultad no la
pongan en conocimiento de la autoridad pertinente en esa materia. Por
consiguiente, la mayor capacidad de inspección debe ir acompañada de una
tipificación de la infracción y de una tipificación de la sanción. Por
último, la tercera matización que a nuestro juicio sería importante hacer
es que la autoridad competente sigue siendo la autoridad competente. No
se trata de sustituir a la Administración competente --en este caso las
distintas comunidades autónomas-- sino de coadyuvar a su tarea bajo la
colaboración entre la propia petrolera y la Administración competente,
que sería la que seguiría debiendo mantener toda la competencia. Creo que
podría aceptarse una evolución del texto remitido por el Gobierno a la
Cámara y, por consiguiente, mi posición personal --que es como estoy
hablando en estos momentos-- pudiera ser favorable a la introducción de
enmiendas en esa sentido. No obstante, SS. SS. son los competentes en
este momento procedimental y por tanto harán lo que consideren oportuno.

Respecto a las cooperativas de transporte nuestra posición siempre ha
sido favorable. Hay un artículo que dice explícitamente que toda persona
física o jurídica puede acceder a la comercialización de productos
petrolíferos. Como las cooperativas son personas jurídicas como tal
pueden acceder. Lo único que nosotros mantenemos es que la normativa
técnica y de seguridad debe ser igual para todos. Es decir, el elemento
diferencial de la normativa técnica debe ser el tipo de servicio que se
presta, en este caso el suministro a vehículos, y no el tipo de entidad
jurídica de que estemos hablando en cada momento.

En relación con los gases licuados del petróleo, entiendo que la
discusión ha versado sobre la obligación de llevar a los domicilios las
bombonas. Nuestra reflexión es que esa obligación constituye una de las
barreras de entrada más evidentes a nuevos competidores en el mercado.

Sólo un competidor que controla el 95 por ciento del mercado puede tener
una estructura de costes suficiente como



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para ganar dinero llevando las bombonas a las casas. Por tanto, el
mantenimiento de ese requisito legal como tal es una de las razones que
está impidiendo el desarrollo de la competencia en este subsector de los
gases licuados del petróleo. En ese sentido, me interesa recordar que la
normativa actual prevé la distribución de gases licuados del petróleo en
todo el territorio nacional y llevando las bombonas a los domicilios.

Esos dos requisitos constituyen las barreras de entrada más evidentes al
desarrollo de la competencia en los GLP. Por tanto, lo que hemos
procurado en este proyecto de ley es suprimir esos requisitos y, además,
introducir el criterio de que no se pueden hacer contratos de
distribución en exclusiva entre los operadores al por mayor y los
comercializadores. Existen en España 700 empresas distribuidoras de gases
licuados del petróleo y lo que consideramos oportuno es que esas empresas
puedan ser el germen de una mayor competencia poniendo a disposición de
otros operadores una estructura de coste y un conocimiento del mercado ya
establecido. Esa es la línea que hemos seguido. Creemos que el requisito
de llevar las bombonas a sus casas --cuestión que está muy bien sobre el
papel-- en la realidad es dudoso que sea así, en estos momentos, en todo
el territorio nacional. Es sabido que el camión de las bombonas pasa
determinados días por determinados barrios o por determinadas poblaciones
y, por tanto, no está claro que ese requisito se esté cumpliendo en estos
momentos. Por esa última razón, pero sobre todo por la razón de eliminar
una barrera de entrada a la competencia, creemos que es correcto eliminar
la obligación de llevar las bombonas a las casas. Otra cuestión es que
las compañías que comercializan gases licuados del petróleo puedan
perfectamente seguir ofreciendo esa posibilidad a sus clientes como una
ventaja comercial, como algo que se les ofrece.

El tema más controvertido del actual proyecto de ley es el del gas y creo
que es conveniente que centre en él mis reflexiones. En primer lugar, me
gustaría señalar que uno de los primeros problemas es la gestión técnica
del sistema. Nos parece que la gestión técnica del sistema es algo
necesario. Es decir, en un proceso de desarrollo de la infraestructura
gasista, en un momento determinado en el tiempo, nos encontraremos con
que probablemente hay distintas instalaciones de trasporte, distintos
transportistas. El proyecto de ley fija la libertad de establecimiento
para instalaciones de gas. Es decir, estamos hablando de que se suprimen
las concesiones y se pasa a un régimen de autorización reglada. Por
tanto, en el futuro estaremos hablando de distintas infraestructuras
gasistas por las cuales --de acuerdo con el principio del derecho de
terceros de acceder a esas redes, que también se consagran en el proyecto
de ley, y el principio de libertad de establecimiento-- tendremos en
España distintos sistemas de transporte de gas por los que pasará gas
propiedad de cuatro o cinco compañías. En este sentido, además del
principio de libertad de establecimiento y del principio del derecho de
terceros conviene también recordar el artículo 63, que habla de la
separación de actividades. Es decir, transcurrido un período transitorio,
los transportistas sólo pueden transportar gas, no pueden comprar y
vender. La comercialización se declara en el artículo 63 una actividad
incompatible con el transporte. Por tanto, nos vamos a encontrar dentro
de unos años con un esquema en el que, como digo, hay varios sistemas de
transportes o hay gasoductos de transporte que son propiedad de distintas
compañías. Por esos gasoductos de transporte propiedad de distintas
compañías pasa gas propiedad de distintos comercializadores o distintos
clientes cualificados que no tienen por qué coincidir con las compañías
propietarias de los gasoductos de transporte dentro de unas determinadas
estructuras empresariales. Por otro lado tenemos la separación de
actividades. En ese marco, lo que nos parece importante es que haya una
gestión técnica, y subrayo el carácter de técnico. Es decir, tiene que
haber unas normas procedimentales que especifiquen cómo se va a operar en
un sistema en el que pasa gas propiedad de distintas empresas por tubos
propiedad de distintas empresas, vinculadas o no a las comercializadoras,
y ése es el papel de la gestión técnica del sistema.

Con toda sinceridad, analizado el proyecto de ley con un cierto
distanciamiento, creo que ésa es una parte perfectible del proyecto de
ley. Conviene rebajar la importancia que el propio proyecto de ley, en su
redacción actual, da a esa gestión técnica al calificarla como una de las
actividades del sistema. La gestión técnica hay que enfocarla hacia un
mayor carácter técnico, más coordinación, más normas procedimentales y,
en todo caso, garantizar la transparencia y objetividad a partir de la
comisión nacional de la energía, que es una entidad que se crea en el
propio proyecto de ley, como SS. SS. conocen, a través del comité de
seguimiento del mercado y de la propia Administración, como pudiera ser
el Ministerio de Industria y Energía en este caso. En ese sentido creo
--y es una opinión personal, ya he señalado al principio de mi
intervención que hablaba desde esa perspectiva-- que analizado el
proyecto de ley con una cierta distancia y no en el fragor de la
redacción última puede precisarse algo más y subrayar el carácter de
técnico, que es lo que corresponde a esa gestión. Hay que coordinar las
previsiones, las cantidades de gas, de manera que la calidad del servicio
esté en todo momento garantizada. Crear una sociedad que gestione el
sistema no es necesario. Discrepo de aquellos comparecientes que han
señalado que ésa es una línea correcta. Me parece que en cierto modo se
hace un paralelismo demasiado automático entre el sistema eléctrico y el
sistema gasista, y no creo que ese paralelismo deba ser tan automático.

Otro punto es que la operación del sistema requiere tener activos. Es
decir, no me parece que sea factible tener una sociedad que gestione el
sistema y que no tiene activos, que no tiene tubos. ¿Qué va a gestionar?
El que gestione el sistema tendrá que tener tubos por los que se pase el
gas, si no es así no tiene nada que gestionar, si no estamos hablando de
la comisión nacional de la energía, del comité de seguimiento del mercado
o de la Administración en sus distintas facetas. Si de lo que se trata es
de que haya unas normas procedimentales de gestión del sistema, no es
necesario que haya una sociedad con varios accionistas para que las
elabore. Crear una sociedad que gestione el sistema me parece que no es
de aplicación. Otra cosa es



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que el proyecto de ley pueda subrayarse, como he dicho, ese carácter
técnico de la gestión del sistema, pueda darse más competencias a la
comisión nacional de la energía sobre la transparencia y la objetividad
de la aplicación por parte de los dueños de los gasoductos de trasporte
de todas las normas procedimentales. Creo que ésta sería una línea
correcta y no la de creación de una sociedad específica que gestione esos
tubos.

Respecto a si es más o menos acelerado el proceso de liberalización, creo
que la redacción actual del proyecto de ley establece unos hitos
precedidos por la expresión al menos; es decir, que deja en manos del
Gobierno la aceleración del proceso de liberalización. Nosotros nos
sentimos cómodos con esa redacción y creemos que es la más correcta. Se
establecen unos hitos mínimos de liberalización que pueden corregirse si
los porcentajes de apertura del mercado resultan altos, pero en cualquier
caso son hitos mínimos de liberalización. Con la redacción actual del
proyecto de ley el Gobierno está capacitado para acelerar ese proceso de
liberalización. Por tanto, creo que la redacción actual es suficiente.

Ahora bien, si SS. SS. estiman que es necesario precisar ya esa
aceleración o que, como entiendo que ha podido decir el presidente de
Enagás, quieren más seguridad jurídica en cuanto a los ritmos de
liberalización, como he dicho anteriormente SS. SS. tiene la palabra. Nos
parece que la liberalización, como hitos mínimos, está contenida en el
proyecto de ley, va más allá de lo que la posición común adoptada en el
Consejo de Ministros de la Unión Europea establece y, por tanto, estamos
manteniendo uno de nuestros principios, es decir, que los procesos de
liberalización en materia energética vayan a un ritmo más acelerado que
lo que establece la directiva en el caso eléctrico, posición común en el
caso del gas, de la Unión Europea.

Otro tema conflictivo en alguna comparecencia es el de la
diversificación, el exigir un cumplimiento de unas determinadas cuotas de
diversificación. Creo que la redacción del proyecto de ley es correcta.

Llamo la atención de SS. SS. sobre que la redacción del artículo 100
utiliza la expresión «en la suma de todos ellos». Es decir, que el 60 por
ciento es en la suma de todos los suministros; no significa que cada
suministro tenga que tener un 60 por ciento sino que, al menos, en la
suma de todos los suministros no se pueda superar una única procedencia
en más de un 60 por ciento. Eso queda al desarrollo reglamentario, pero
me interesa destacar que en modo alguno la voluntad del proyecto de ley
es establecer la obligación para cada cliente cualificado o para cada
comercializador de traerse su gas de dos orígenes. Lo que sí se establece
en el proyecto de ley es que la suma de todos los abastecimientos no debe
superar, en el caso de un origen concreto más del 60 por ciento de la
estructura global. Ese es el sentido de la expresión «en la suma de todos
ellos», que está contenida en el artículo 100.

Los demás temas que han sido suscitados en las distintas comparecencias
sobre la liberalización en el sector del gas, creo que SS. SS. me podrán
informar mejor porque no tenga información fidedigna, por ejemplo, de
todas las comparecencias que se han suscitado a lo largo del día de hoy.

Mi información procede fundamentalmente de las comparecencias celebradas
la semana pasada y, por tanto, puedo en este caso omitir algún tema, por
lo que me ofrezco a SS. SS. para completar cualquiera de los anteriores.

Creo que hay una cuestión sobre la que es necesario reflexionar con
carácter general: el hecho de que todavía en el caso del gas, aparte de
la liberalización, una de las prioridades tiene que ser que la
gasificación llegue a todos los rincones de nuestro territorio y, por
consiguiente, asegurar la rentabilidad de las inversiones en materia de
infraestructura de transporte y distribución de gas debe seguir siendo
una prioridad. Ese es uno de los aspectos que diferencia el gas de la
electricidad y por el que creo que no es aplicable una simetría
automática entre los dos subsectores energéticos. En el caso de la
electricidad estamos hablando de un suministro que llega al cien por cien
de la población; en el caso del gas estamos hablando de un suministro que
apenas llega todavía al 30 por ciento de la población y, por tanto, sigue
habiendo una prioridad que es la de garantizar la rentabilidad de las
inversiones en este sector que permita al mismo tiempo que unos
consumidores se beneficien de un proceso de liberalización se sigan
beneficiando del acercamiento de unas infraestructuras que posibilitan el
acceso a una fuente energética de futuro.

Creo haber cubierto, de acuerdo con la información que tengo, los puntos
más importantes de los tratados por los distintos comparecientes, pero
reitero mi ofrecimiento a SS. SS. para completar mi opinión en algunos
otros aspectos que haya podido omitir.

Respecto a las preguntas concretas del portavoz del Partido Popular, me
interesa resaltar la relativa a por qué la liberalización del sector de
hidrocarburos en este momento. La respuesta más inmediata es porque ya
hemos terminado con la electricidad y la liberalización debe llegar a
todos los sectores energéticos. Queda todavía materia importante por
desarrollar de la liberalización eléctrica, pero dentro de los trabajos
que nos hemos marcado para esta Administración la liberalización del
conjunto de los subsectores energéticos es uno de nuestros objetivos
prioritarios. Después de la electricidad, vienen los hidrocarburos,
dentro de ellos lo más importante es la liberalización del gas, y en
segundo lugar la liberalización de los gases licuados del petróleo. En el
caso del petróleo estamos hablando de una desburocratización y de la
liberalización de los precios. Yo creo que ése es un aspecto que no he
tratado, pero la liberalización de los precios es importante; sobre todo
que las compañías petroleras dejen de tener la coartada y la referencia
de un precio fijado administrativamente para sus productos, que en estos
momentos me parece que se ha convertido la fórmula de precios máximos.

¿Qué añade este proyecto de ley? Lo que estoy señalando. La
liberalización del gas, la liberalización de los gases licuados del
petróleo, la desburocratización y liberalización final de los
hidrocarburos y la adaptación de lo que es la fase de exploración y
producción de hidrocarburos, cuya ley es del año 1973, por tanto estamos
hablando de una ley preconstitucional que conviene adaptar a nuestro
ordenamiento jurídico.




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¿De qué forma los consumidores se van a beneficiar? Creo y soy un firme
convencido de que todo proceso de liberalización redunda en beneficio de
los consumidores. La facultad de elegir, la facultad de propiciar mayor
competencia y mayor enfrentamiento en los distintos oferentes de bienes y
servicios redunda siempre en una mejora de la calidad, en una reducción
del precio y, en definitiva, en una mejora de la oferta.

Respecto de la calidad ambiental, a mí me interesa quizá destacar dos
aspectos fundamentales: uno, por lo que se refiere a la explotación y
producción de hidrocarburos, en el cual se establece por primera vez la
obligación de desmantelamiento de las instalaciones. En la redacción de
la actual legislación todos los activos quedaban como propiedad del
Estado al revertir la concesión y el Estado se podía encontrar con que
una plataforma petrolífera anclada a cincuenta y tantas milas de la costa
de Tarragona quedaba de su propiedad y ser atribuida al Estado la
obligación de desmantelamiento. Yo creo que ése es uno de los temas que
cambian en el proyecto de ley y me parece importante.

Quizá otro segundo factor importante son los temas de gestión de la
demanda en gas. Habiendo un precedente en el sector eléctrico, es la
primera vez que se habla de gestión de la demanda en el sector gasista,
que también creo es importante. En definitiva, hemos procurado a lo largo
de todo el proyecto de ley, al igual que en el sector eléctrico, ser
cuidadosos con el medio ambiente, fomentar todo lo que pueda ser un mejor
uso racional de esta energía y prever la recomposición de terrenos o
instalaciones que puedan en su desarrollo habitual perjudicar al medio
ambiente. En ese sentido, ésa ha sido una de nuestras preocupaciones
constantes, pero entendemos que todo es perfectible y seguramente SS. SS.

podrán encontrar algún aspecto de mejora en esta línea medioambiental.

(La señora Mendizabal Gorostiaga pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Mendizabal, tiene usted la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Intervengo únicamente para discrepar con
el señor secretario de Estado, que lo ha dicho con mucha seguridad,
respecto al informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y al
informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Creemos que la ley
así lo dice y que, por tanto, los informes en ambos casos son
preceptivos. En cualquier caso, nos parece un poco absurdo por parte del
Gobierno que existiendo un órgano como el Tribunal de Defensa de la
Competencia, en un momento que estamos legislando sobre un monopolio y
estamos hablando de liberalización, se evite pedir un informe sobre ese
tema. Si estamos diciendo aquí, como nos estamos hartando de manifestar
en esta Comisión, que se trata de legislar de la mejor manera posible,
creemos que todos los informes deben ser bien recibidos. Nosotros creemos
que los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional son preceptivos porque así lo
dice la Ley del Sistema Eléctrico.

Respecto al informe del Consejo de Estado, efectivamente nosotros no
hemos hecho una petición expresa en ese aspecto porque no existe una
directiva comunitaria, pero le vuelvo a decir exactamente lo mismo:
existe una posición común, va a haber una directiva comunitaria y, por
tanto, si está el Consejo de Estado, no sé por qué no se va a emitir
informe.

Respecto a las preguntas concretas formuladas, no ha dicho nada sobre el
tema de los consumidores cualificados, que han estado aquí en debate, ni
de los niveles de legibilidad, que ha sido un tema planteado por varios
comparecientes; quisiera conocer su opinión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Landeta. (Pausa.)
Pues señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
(Fernández-Cuesta Luca de Tena): Respecto a los informes ya he
explicitado mi posición y, por tanto, lo único que puedo añadir es que
como ustedes conocen por su experiencia y dentro de lo que es la
tramitación normal administrativa del anteproyecto de ley, el Ministerio
de la Presidencia ya se ocupa de que todos los informes preceptivos sean
solicitados. En este caso concreto, dentro de lo que son los informes
previos en la elaboración del anteproyecto de ley, el Ministerio de la
Presidencia no informó a este respecto; lo único que puedo añadir es que
la opinión personal que he expresado en esta instancia en ese sentido
viene avalada por lo que es una opinión más institucionalizada. En
cualquier caso, yo creo que el informe del Tribunal de Defensa de la
Competencia sobre el sector del gas está a su disposición y considero que
SS. SS. pueden leerlo e informarse a la hora de proponer las enmiendas
que consideren oportunas.

Como dice S. S., hay que legislar de la mejor manera posible, y en ese
sentido sólo me queda ofrecer los servicios modestos del Ministerio a su
grupo parlamentario por si en algún momento consideran oportuno tener en
cuenta... (Risas.) Bueno, hay algunas cosas que se descuentan y otras
cosas que no se descuentan y, en ese sentido de que no se descuentan lo
quiero señalar.

Respecto a los consumidores cualificados mi opinión es la siguiente:
nosotros estamos hablando, como decía, de al menos en cinco o diez años
de los 10.000.000 de metros cúbicos y los 5.000.000 de metros cúbicos,
que son los ritmos establecidos por esa posición común. Por tanto, ésa es
la posición del anteproyecto de ley. ¿Es posible avanzar más rápido?
Quizá sea posible, sin embargo yo creo que si se avanza más rápido sí
sería conveniente reforzar las garantías a la rentabilidad de las
inversiones establecidas, fundamentalmente en distribución; es decir, en
otro orden de cosas y si usted quiere una opinión personal, habría que
garantizar de mejor medida la rentabilidad de las inversiones en
distribución --que está por debajo de los 16 bares de acuerdo con el
proyecto de ley-- y, a cambio, si se quiere introducir una liberalización
algo más acelerada, yo creo que sería posible. El equilibrio entre la
rentabilidad de



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las inversiones y asegurar que el gas llega a todas las unidades que
puedan demandarlo, tanto industriales como comerciales, hay que
mantenerlo con el ritmo de liberalización. Si se quiere acelerar el ritmo
de liberalización, mi opinión personal es que habría que proveer de
alguna garantía adicional a la rentabilidad de las inversiones, sobre
todo en distribución. Si me permite el anglicismo, creo que ése es un
poco el trade-off que desde mi punto de vista personal se podría plantear
en el trámite de enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado; queremos
agradecerle su comparecencia.

Señorías, ahora tienen ustedes la palabra. Creo que el plazo de enmiendas
se ha ampliado unos días más y vamos a conocer finalmente cuáles son sus
posiciones en torno al proyecto de ley.

Nada más. Se levanta la sesión.




Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.