CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 394



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCESC HOMS I FERRET



Sesión núm. 30



celebrada el miércoles, 25 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de los señores que se relacionan a continuación, para
informar sobre el proyecto de Ley del sector de hidrocarburos (Número de
expediente 121/000099) (Página 11612)



--Del señor presidente de la Compañía Española de Petróleos, S. A., Cepsa
(Pérez de Bricio Olariaga) (Número de expediente 219/000325) (Página 11612)



--Del señor presidente de B. P. Oil España, S. A. (Navarro Vigil) (Número
de expediente 219/000326) (Página 11617)



--Del señor secretario general de la Asociación Nacional de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP), Ayala Tomás (Número de expediente
219/000327) (Página 11621)



--Del señor consejero de Trabajo e Industria de Andalucía (Gutiérrez
Crespo) (Número de expediente 212/001231) (Página 11625)

Página 11612



--Del señor presidente de Gas de Asturias, S. A. (Urquiola Permisán)
(Número de expediente 219/000328) (Página 11629)



--Del señor presidente de Gas de Euskadi, S. A. (Lobo Morán) (Número de
expediente 212/001232) (Página 11632)



Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE LOS SEÑORES QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION, PARA
INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS (Número de
expediente 121/000099):



--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S. A.,
CEPSA, PEREZ DE BRICIO OLARIAGA (Número de expediente 219/000325).




El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo correspondiente al día de hoy. Vamos a tener una sesión
intensa, que continuará mañana por la tarde y finalizará el día 3 de
marzo por la tarde. Tenemos, como saben ustedes, un conjunto de
comparecencias, todas ellas en relación con la ley de hidrocarburos,
solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

La Mesa y Junta de Portavoces, por unanimidad, acordaron el siguiente
procedimiento. El grupo proponente va a tener tres minutos para
formalizar las preguntas que desea plantear; a continuación, a los demás
grupos que deseen también plantear alguna otra cuestión se les dará un
turno de duración equivalente, y a partir de este momento concederemos la
palabra al compareciente para que, en un plazo de unos 15 minutos, pueda
responder a todas estas cuestiones. Aquellas preguntas o aquellos temas
que se planteen que sean de difícil respuesta inmediata podrán ser
contestados por escrito en un plazo de 24 ó 48 horas. A continuación los
grupos tendrán, si lo desean, otro turno de aclaraciones con una duración
de un minuto. Y finalmente vamos a dar otra vez la palabra al
compareciente para que pueda terminar de puntualizar las respuestas a
estas cuestiones que se plantean por parte de los grupos. Este
procedimiento fue aprobado por unanimidad por todos los grupos
parlamentarios, por lo que me veo en la obligación de ceñirme a él con el
mayor rigor posible para poder cumplir con la programación que tenemos.

Sin más, vamos a comenzar. Tenemos ya con nosotros a don Carlos Pérez de
Bricio Olariaga, que es el presidente de la Compañía Española de
Petróleos (Cepsa). El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra
para que plantee las cuestiones que desee.

La señor MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quisiera dar las gracias al señor Pérez
de Bricio por su presencia en esta Comisión. Mi grupo ha considerado que
antes de entrar en el debate a fondo de una ley, como pueda ser la ley de
hidrocarburos, se han de conocer las opiniones de la gente que está
implicada en la remodelación del sector.

Paso a hacer las preguntas que a nosotros nos interesan. En primer lugar,
nos interesaría que nos hiciera usted una valoración general del
proyecto, ya que está encuadrado en la necesidad de entrar en lo que
puede ser el marco constitucional, en lo que puede ser la integración en
un mercado único de energía, en tratar de renovar, hacer una legislación
más abierta con una mayor liberalización, tener un mercado más
competitivo, en definitiva. Dentro de este marco quisiéramos saber cuál
es su valoración general y el modelo por el que se opta a la hora de
establecer este proyecto de ley. Esto en términos generales.

Luego nos gustaría, ya en términos más concretos, que desde su posición
--Cepsa es tenedor de un 25 por ciento de CLH-- nos diga qué piensa de
CLH como operador del sistema. Si el hecho de que CHH sea operador del
sistema dificulta que haya una mayor competencia, que haya una mayor
liberalización. En definitiva, que el operador pueda o no ser neutral
dentro del sistema.

Otro tema que nos gustaría que nos aclarara es el del acceso de terceros
a las instalaciones de transporte y almacenamiento. ¿Contribuye a que
haya una mayor competencia el procedimiento que se establece, es decir,
que sea un procedimiento negociado el acceso a terceros? ¿Eso contribuye
a que la competencia pueda ser mayor?
También dentro del acceso a terceros está el tema del cliente o del
consumidor cualificado. En el proyecto su determinación queda relegada a
una posterior reglamentación. Pero tenemos ahora en funcionamiento un
sistema de umbrales. De acuerdo con el último decreto, ¿usted cree que
estos umbrales son convenientes para poder ser cliente o consumidor
cualificado, debieran de ser mayores, debieran de ser menores? ¿Cuántos
clientes cualificados existen en este momento?
Otra última pregunta se refiere al tema de los GLP. Hasta ahora los GLP
han funcionado con un contrato de suministro, lo que implicaba que
tuviera un cierto control sobre las instalaciones y que las medidas de
seguridad fueran más rigurosas y la inspección y el control más fáciles.

Con el tema de la liberalización, de la compra de los GPL en grandes
superficies, y por tanto de la no existencia



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de un contrato de suministro, ¿cómo cree usted que debiera regularse una
nueva inspección, un nuevo control, para que la seguridad de los
ciudadanos no se viera en peligro?
En principio, con estas preguntas en nuestro primer turno estaríamos
satisfechos y esperamos su contestación.




El señor PRESIDENTE: Se ha ceñido usted a los tres minutos justos, con lo
cual veo que podremos realizar el propósito que tenemos. ¿Otros grupos
que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Canario, tiene la
palabra el señor Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: En primer lugar, para dar la bienvenida a don
Carlos Pérez de Bricio, presidente de Cepsa. Voy directamente a las
preguntas.

Primera, ¿cree usted que la nueva ley de hidrocarburos liberaliza el gas
en España o casi mantiene la situación actual?
Segunda, ¿qué opinión le merece la dependencia del Estado español de un
solo país en el suministro de gas por gasoducto?
Tercera, hablando de gasolineras y de los últimos sucesos acaecidos de
fraude, ¿qué pueden hacer las petroleras en defensa del consumidor?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Muchas gracias al señor Pérez de Bricio
por esta comparecencia que va a efectuar ante la Comisión de Industria.

Las preguntas que el Grupo Popular desea hacerle son las siguientes.

Primera, ¿considera necesaria la libertad de establecimiento para crear
infraestructuras de la red básica, completarla y ampliarla?
Segunda, ¿ve posible en el momento actual nuevos enlaces con Europa?
Tercera, ¿qué considera como peaje razonable para acceder los terceros a
la red básica?
Cuarta, ¿considera que la figura del transportista debe estar separada de
la compra y venta del gas?
Quinta, ¿considera esencial que el gestor del sistema debe ser
independiente?
Sexta, ¿quién debería formar el gestor?
Y por último, si considera el señor compareciente que con este proyecto
de ley de hidrocarburos se avanza en la liberalización, se introduce una
mayor competencia, y con todo ello se llega al fin principal, que es la
rebaja de los precios de los crudos y de los hidrocarburos.




El señor PRESIDENTE: Don Carlos Pérez de Bricio, tiene usted la palabra
para contestar estas preguntas.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S. A. (Pérez de
Bricio Olariaga): Perdónenme que vaya a tratar a veces de mezclar un poco
las respuestas, porque la pregunta primera de la señora Mendizábal ha
sido muy general, después se ha ido concretando por otros intervinientes
y por eso voy a tratar de ver cómo mezclo un poco todo ello.

En relación con la valoración general, creo que el proyecto era
necesario; era necesario poner al día la legislación en la materia. El
proyecto tiene indiscutiblemente un fin liberalizador. Ese fin
liberalizador a veces tiene sus peligros, porque se puede confundir un
poco liberalización con desregulación, y entonces puede ocurrir que se
liberalice por exceso y no se tomen las medidas oportunas para evitar los
fraudes que puedan producirse, debido quizás a un exceso de
liberalización. Dejando aparte este aspecto, que es puramente filosófico,
la valoración es positiva, si bien, como después veremos al entrar en el
tema del gas, esa liberalización no es tan contundente como lo que
aparentemente se dice.

En relación con el operador del sistema, yo creo que CLH está rindiendo
un buen servicio. Está rindiendo un buen servicio dentro de esa filosofía
que decía antes de liberalización, pero sin libertinaje. ¿Qué es lo que
está ocurriendo con CLH? CLH es una sociedad en la cual figuramos cuatro
socios. A través de los decretos del año pasado está abierta a todos,
todos tienen acceso a ella. Sin embargo, no es utilizada por operadores,
por importadores y no existe la más mínima discriminación. Las tarifas de
CLH son exactamente iguales tanto para el importador como para los
socios; y sin embargo, no es utilizada por muchos importadores. ¿Por qué?
Porque cuando se retira el producto de una terminal se devenga el
impuesto, y hay que pagar el impuesto especial. Cuando se transporta un
producto en CLH se exige al que quiere tener acceso que cumpla la
legislación en materia de stock estratégicos. Sin embargo, existen otras
posibilidades: una de ellas logística, paralela, a través de unas
terminales que existen en el país. Por medio de un sistema fiscal no
suficientemente adaptado a las circunstancias pasa a depósitos fiscales y
no devenga el impuesto, no se le exige la necesidad de financiar los
stock estratégicos y como consecuencia de ello no se utiliza conforme
debería hacerse. Es un sistema liberalizador que evita el fraude. No
pretendo en absoluto decir ante esta Cámara que los que no utilicen CLH
son defraudadores; lo único que digo es que no es utilizado por todos y
está abierto a todos en las mismas condiciones que a los socios. Creo que
el sistema funciona relativamente bien. Tengo que decir también que, como
toda sociedad anónima, es una sociedad en la que hay un accionista que
tiene el 60 por ciento y que muchas veces hay propuestas de los socios
minoritarios que no son recogidas. Este es un tema normal, como es
lógico, en toda sociedad anónima.

Entramos en el tema del gas. El tema del gas es un poco complejo. Don
Jesús Gómez, diputado por Coalición Canaria, se ha referido a si se
liberaliza o se mantiene la situación del gas. Este es un tema complejo
porque ocurren las dos cosas; es decir, se liberaliza y se mantiene. En
el sistema, la ley lo que ha pretendido, lo que ha hecho en muchos casos
es seguir la directiva europea. En Europa no se han atrevido a
liberalizar el mercado del gas. ¿Por qué? Porque existían unos operadores
que tenían las redes (concretamente el caso alemán, el caso francés, en
el caso español ocurre lo mismo), y entonces no se ha ido a una
liberalización



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del sistema del gas. Lo que se ha pretendido es ver cómo se liberalizaba
al máximo posible, pero manteniendo la situación existente. En España lo
que se ha hecho, conforme explicaré, es mantener esa situación de esa
empresa que tiene hoy día prácticamente toda la importación, la venta y
la red del gas y tratar de que haya un poco de liberalización. ¿Qué ha
ocurrido en la directiva europea? La directiva europea lo ha hecho a
través de establecer lo que llaman los clientes elegibles, los otros
clientes cualificados, y decir: estos clientes cualificados pueden tener
ocasión de comprarse ellos el gas y consumir el que ellos mismos
adquieran. Quitando esos clientes cualificados, el resto está sujeto al
sistema existente en cada uno de los países, y por ello es por lo que en
el proyecto de ley se dice que el transportista, el que tiene la red
básica, es el que debe atender a todos los distribuidores. Con arreglo a
la ley, en este momento todos los hogares españoles, como no son clientes
cualificados porque no consumen los 25 millones de metros cúbicos, tienen
que comprar el gas al transportista actual, al que existe, y por lo tanto
dependiendo de un mismo proveedor.

Eso en relación con este acceso a terceros, es decir, esos clientes
cualificados. Luego se ha puesto una figura un poquito más amplia, que es
la de comercializador. El comercializador es un ente que sólo puede
vender a clientes cualificados. Es lo mismo que el cliente cualificado.

Lo que pasa es que puede vender a varios clientes cualificados y este
comercializador puede tener acceso al sistema. Es lógico que el acceso al
sistema sea negociado y que únicamente la Administración intervenga
cuando no existan acuerdos, cuando se vea que existe una imposibilidad de
llegar a un acuerdo. Pero sí parece conveniente que sea un acceso
negociado, siempre dentro de unas reglas del juego normales. Por ejemplo,
uno de los temas planteados por el señor Landeta es el de los peajes. En
ese acceso al sistema lo que es fundamental es saber cuál es el peaje.

Ese peaje debe tener en cuenta los costes incurridos y el beneficio
normal de esos costes incurridos. La directiva comunitaria ha señalado
(creo que aquí en España no está, pero al decir costes incurridos se
referirá exclusivamente a los costes verdaderamente satisfechos por la
empresa propietaria de la red) que hay que suprimir todo tipo de
subvenciones que se hayan tenido, bien sean comunitarias, bien sean
nacionales. Según mis noticias --que no son absolutamente ciertas, porque
yo no soy el propietario de esa red--, yo calculo que dentro del coste
general del sistema un 40 por ciento habrá sido con subvenciones, y por
tanto no debería incluirse nunca en los peajes que se vayan a establecer.

En relación a si es excesiva o no la cantidad que se ha puesto para el
cliente cualificado, creo que para empezar digamos que es normal. La ley
prevé que se van a ir rebajando. Lo que está implícito dentro de todo el
sistema, es si efectivamente esto va a tener éxito o no. Es decir, no si
25 millones de metros cúbicos o 10 millones es mucho o poco. El problema
está en saber cómo ese cliente cualificado puede comprar el gas e
introducirlo en el sistema. Ese es otro tema al que me referiré después.

Me parece que en el momento actual la ley lo contempla normalmente.

Se ha expuesto un tema que para mí es primordial dentro de esta ley. En
esta ley se establece una red básica, se establece un transportista de la
red básica que es el que vende a todos los hogares españoles, se
establece un comercializador para esos casos sui generis de clientes
cualificados, y nos encontramos con una situación en la que no hay más
que una pequeña red en la zona norte, en Euskadi. El problema que se
presenta es si se quiere introducir un mínimo de liberalización, no
solamente a través de esos clientes cualificados, sino de una libertad de
establecimiento de la red básica. No podemos admitir que esa red sea la
única que vaya a tener el país. Podrá haber más, será más grande, porque
existen muchas zonas que no están cubiertas. Enlazando con una de las
preguntas que se han hecho, la red básica no tiene conexión por gasoducto
más que con Africa. No enlaza con Europa, por lo que estamos
absolutamente ausentes del problema que puede ocurrir. Hemos tenido un
pequeño ejemplo, pero puede ocurrir. En el momento en que España entra en
el consumo de gas de forma muy importante, no puede estar ligada por
tubería exclusivamente a un solo país. De ahí que sea absolutamente
fundamental que el que quiera crear más gasificadoras y unir gasoductos
con otros países tenga libertad para poderlo hacer. Dentro de esa
libertad, dentro de esa red básica, la unión con Europa es fundamental
para poder tener el gas del mar del Norte, o el gas ruso, o el gas de
donde sea y que España no esté solamente ligada a Argelia, como ocurre en
este momento y con unas limitaciones muy importantes que vienen del
acuerdo que en su día se firmó, donde se dice que Argelia puede dejar
salir por su gasoducto todo el gas que queramos, pero en el tramo
marroquí existe una concesión por 25 años exclusivamente a Enagás. Por lo
tanto, por la parte marroquí no puede pasar más gas del que suministre
Enagás. Eso quiere decir que no existe posibilidad de que nadie pueda
pasar por el gasoducto que viene desde Argelia. Por eso la conexión con
Europa estimo que es absolutamente fundamental.

El otro tema es el siguiente. Desde un punto de vista teórico, si se
pudiera partir desde cero a nivel europeo, parecería lógico separar la
figura del transportista de la figura del que compra y del que vende.

Pero como tenemos que partir de la base de algo existente (no podemos
decir que no existe Enagás en España, Gas de Francia en Francia o la red
alemana), no tenemos más remedio que ajustarnos a ello y tratar de
encontrar la liberalización no sólo por la vía de ese cliente
cualificado, sino por la vía de que pueda haber más elementos en esa red
básica. Por lo tanto, no entro a decir que debe separarse el
transportista de la compra y venta del gas. Lo único que digo es que en
las actuales circunstancias, si no existiera un incremento de la red
básica, todos los hogares españoles estarían suministrados exclusivamente
por Enagás o por Gas de Euskadi, en el caso de Euskadi. Por eso es por lo
que estimo que es conveniente ampliar al máximo esa red básica por parte
de quien tenga garantía financiera, que puedan ponerse más gasificadoras
y establecerse uniones con Europa.

Como digo, la ley prevé que se pueda ampliar la red básica. ¿Cuál es el
motivo que lo impide? Una figura absolutamente rara --y me van ustedes a
permitir que me manifieste



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con bastante fuerza--, que es la del gestor a que se ha hecho referencia
en una de las preguntas. El gestor del sistema no existe en la directiva
europea. Nunca se ha tratado en la directiva europea. Con el tiempo que
llevan discutiendo el tema del gas, jamás se ha hablado de un gestor.

Porque en el gas no hace falta gestor alguno. Es diferente en el tema
eléctrico, donde tienen que verificarse interconexiones, donde tienen que
pararse instalaciones, donde tienen que mantenerse los voltajes. Es
diferente que en el tema del gas, donde en definitiva son unas tuberías y
en el supuesto de que hubiera tres, cuatro elementos de la red básica al
final se encontrarían en algunos puntos de unión y simplemente hablando
entre sí se podrían arreglar los problemas técnicos que se produjesen.

Por eso la figura del gestor, a mi modo de ver, no tiene razón de ser. Y
conforme figura en el proyecto de ley mucho menos, porque no es un gestor
técnico, que es lo único que podría tener un poco sentido, sino que es un
gestor político. Propone la ampliación de la red básica al Ministerio,
pero es el que determina las conexiones internacionales. Es decir, la
Administración propone y el gestor es el que determina. Son cuestiones
políticas que en absoluto pueden depender de un gestor que, además, tal y
como está redactada la ley, tiene que ser un transportista de la red y
teniendo en cuenta su implantación en la red básica. Como en este momento
no hay nada más que dos --uno pequeño y otro más grande--, aunque en el
proyecto de ley se haya quitado lo que en el borrador primero se decía
que el gestor sería Enagás, está dicho de una forma implícita cuál va a
ser ese gestor. En la directiva jamás se ha contemplado el tema del
gestor, puesto que no hay razones técnicas. En el caso de que las
hubiere, tendría que limitarse a ese tema exclusivamente técnico.

Ya he explicado el tema al que se refería el diputado de Coalición
Canaria sobre que exista un solo país en el suministro de gas. Se me
podrá decir que tenemos un gasoducto en Aragón, pero en realidad es muy
pequeño. Lo que realmente necesita España es un gasoducto importante que
una con el mar del Norte y con Rusia en su momento y que estemos
asegurados en cuanto a los suministros.

En cuanto al tema de los clientes cualificados, lo que me preocupa es
cómo van a poder comprar el gas, porque además existe otro aspecto en la
ley que ya es verdaderamente curioso, que es el tema de la
diversificación. Si se impone a los nuevos una diversificación de manera
que no puedan pasar de un 60 por ciento de un país determinado, díganme
lo que le puede ocurrir al que vaya a comprar 25 millones de metros
cúbicos, tenga que pasarlo en proporcionalidades y no lo pueda comprar en
un solo país porque la ley se lo impide. Esto me parece que no tiene
razón de ser. Ese es un punto que también debería limitarse.

Respecto al tema de contrato de suministro, creo que todos recordarán la
época en que existía la empresa Butano, que era un monopolio del Estado y
a quien se le encomendó la labor de inspección de las instalaciones.

Cuando ya no estamos hablando de un monopolio, sino de sociedades (la
verdad es que ha continuado siendo un monopolio, hemos seguido con una
sociedad privada que tiene todo el suministro en este país), parece
lógico que esas funciones, que son más bien de tipo administrativo,
correspondan a la Administración central, a la autonómica, y sea quien
deba inspeccionar la seguridad. Por otra parte, estamos viendo los
continuos accidentes que se producen. Además, hay que tener en cuenta lo
que es la práctica. En la práctica, sobre todo en los sitios de veraneo,
son los maridos los que van a comprar el gas a las distribuidoras, meten
la botella en un automóvil donde va echada porque no cabe de pie. La
botella no cumple las condiciones necesarias porque la válvula va al
descubierto y se pueden producir accidentes por todos los sitios. Creo
que aquí hay que hacer lo que en Europa. En Europa se vende en las
estaciones de servicio, en los supermercados, se considera como un
artículo normal. En el momento en que existiera competencia habría
vendedores que asegurarían el transporte, mantendrían el transporte a
domicilio si lo quiere el cliente y todo lo demás. En cualquier caso no
debería ser objeto de una obligación de una empresa suministradora.

El tema del fraude de las gasolineras es complejo. Podemos dividir las
gasolineras fundamentalmente en dos partes: las que son propiedad de las
petroleras y las que son propiedad de entidades privadas. Con esas
entidades privadas existen unos contratos de suministro que en su momento
fueron aprobados por Bruselas cuando se terminó el monopolio, pero donde
las facultades de las compañías petroleras se limitan a dar la imagen, a
suministrar en exclusiva el producto, pero no tenemos facultades para
poder entrar en su contabilidad. No podemos entrar más que en señalar los
precios que se pongan. En este momento quiero decir a SS. SS. que en el
caso concreto de Cepsa, dentro de ese conjunto de compañías que no son de
su propiedad, sino de entidades independientes, tenemos en este momento
72 pleitos presentados en 72 juzgados españoles, porque no cumplen la
condición fundamental de suministro exclusivo, ya que compran a quien
pueden, a quien les ofrece, porque nosotros no podemos garantizar que el
producto corresponde a la calidad de nuestra marca y tampoco saber si
cometen fraude. De ahí que hayamos propuesto una modificación. Estamos
tratando de presentar una enmienda al proyecto en el sentido de que se
nos faculte a las empresas petroleras para, en todos esos contratos,
poder investigar sobre la calidad, sobre el origen. Simplemente que
lleven un libro para saber de dónde traen la gasolina, a quién la
compran, y al mismo tiempo tratar de intervenir las bombas de los
surtidores para ver si pueden o no cometer fraude. En este momento no
podemos garantizarlo porque no tenemos poderes en todo ese conjunto, que
supone aproximadamente un tercio de las gasolineras del país, que se
conocen como los abanderados.

Volviendo al tema del gestor, parto de la base de que no debe existir.

Ahora bien, si hay un gestor del sistema del gas, tiene que ser
independiente. Y mejor si es la Administración. El que sea, pero desde
luego no una parte, no alguien que interviene en el sistema. Creo que no
debe haberlo. Pero si lo hay, que sea un gestor absolutamente
independiente o la propia Administración la que tenga a su cargo esas
funciones que se atribuyen al gestor. ¿Se avanza en la liberalización? Sí
se avanza, pero teniendo en cuenta una situación preexistente. Si yo
estuviera en el



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Gobierno, quizá la tendría en cuenta. No puedo coger y partir de cero, de
aquí no hay nada de nada y entonces monto mis sistemas, mi transportista,
mi comercializador, mi distribuidor, etcétera. Aquí no he tenido, como ha
ocurrido en la directiva europea, que abrir huecos de liberalización por
la vía de los clientes cualificados o, en el caso que yo creo que es
fundamental, abrirla por la vía de que la red básica pueda estar no
solamente llevada por uno, sino que todo lo que se necesite de ampliación
y sobre todo de conexiones con el resto de Europa se pueda hacer por
otras.

No sé si he contestado, señorías, a todas sus preguntas.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que quiera hacer alguna
puntualización, alguna pregunta? Señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Tengo que decir que no le había
preguntado sobre el sector del gas, dado que Cepsa no se dedica al gas
canalizado. Veo que usted ha contestado a muchos temas del gas, donde
tiene intereses Cepsa. Me parece bien, pero entonces le habría hecho más
preguntas. Mis preguntas han estado referidas únicamente al sector de
derivados del petróleo. Respecto al cliente cualificado, respecto al
cumplimiento de umbrales, me refería al decreto ley que está en estos
momentos vigente dentro del tema de derivados del petróleo. Usted ha
dicho que los importadores no entran, más por problemas fiscales que por
otra cosa. Yo quisiera saber si realmente sólo es por problemas fiscales
o es por problemas de umbral también, porque el umbral está excesivamente
alto.

Respecto al tema del acceso a la red por parte de terceros, también me
estaba refiriendo a los derivados del petróleo, que es donde se negocia,
porque en el tema del gas el acceso es regulado. Lo que nos parece raro
en el proyecto de ley es que en un caso sea negociado y en otro caso
regulado. Por eso quisiera que me aclarara un poco el tema. Me hubiera
gustado saber también qué es lo que pensaba usted sobre los contratos
obligatorios, los take or pay, etcétera, un montón de cosas sobre el
aprovisionamiento, la diversificación. Yo he pretendido ceñirme a lo que
en estos momentos su empresa está dedicada, que es el gas no canalizado y
a los productos derivados del petróleo.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quiero agradecer al señor Pérez de
Bricio sus sinceras manifestaciones y la aportación de sus experiencias y
conocimientos en todo el sector de hidrocarburos.

Después de su exposición llegamos al criterio de que con el proyecto de
ley se avanza en la dirección de Europa y se avanza en la liberalización.

Yo quisiera hacerle una única pregunta, que es la siguiente: ¿qué
consideración le merecen al señor compareciente los llamados
biocombustibles?



El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Bricio.

El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S. A. (Pérez de
Bricio Olariaga): En relación con el tema del acceso a terceros, en el
caso de CLH no es una negociación propiamente dicha. ¿Por qué no es una
negociación? Porque las tarifas están aprobadas por el Ministerio. No se
discute el tema de las tarifas. No es un tema de lo que cueste
transportar o almacenar. Lo único que se discute con el posible
transportista es si hay o no encaje, si hay o no capacidad. Es otro tipo
de negociación, no es en el sentido general, porque repito que las
tarifas están fijadas por el Ministerio. La verdad es que yo no llevo
CLH, pero por la sensación que tengo de estar en su consejo no creo que
se haya producido hasta el momento problemas. Podrían producirse, no lo
discuto, porque siempre puede decir CLH que no da ese almacenamiento
porque no hay cabida. Hasta el momento no ha habido problemas.

En lo que se refiere a las tarifas, repito que no hay negociación porque
es el Ministerio el que las establece.

Usted ha sido la única que se ha referido al tema famoso de los take or
pay. Aquí se ha producido una situación que es absolutamente distinta a
la que ocurre en el resto de Europa. En el resto de Europa el tema del
take or pay figura en la directiva. Por cierto, quiero decirles a SS. SS.

que anteayer ha salido la directiva del gas en español. Por lo tanto,
siempre es más fácil. El take or pay en Europa figura en la directiva de
forma tal que no pueda ser abstáculo para el acceso de terceros a la red.

Lo que ocurre es que en Europa los take or pay son más caros que las
compras de Spot. Y en España da la casualidad de que el take or pay es lo
más barato. En España el tema del take or pay en el momento actual no
puede esgrimirse para eliminar el acceso, porque es al revés. Lo que
quizá resolvería el tema, pensando en la situación actual o en la del
futuro, sería que los take or pay hay que cumplirlos sobre todo mientras
el Estado siga siendo la garantía (que la sigue teniendo) y que se
reparta, si es que hay daños, entre todos los que vayan a quitar un poco
del take or pay.

En el tema de los biocombustibles pasa un poco como con la energía
eólica. En el tema de los biocombustibles hay dos sistemas que en este
momento están comenzando en el mundo. Uno de ellos es el de sustituir el
metanol por etanol en el producto MTB u OETB. Este producto, el MTB, es
un aditivo básico para que las gasolinas tengan el octanaje necesario. La
sustitución de metanol por etanol (elemento obtenido a partir de los
productos agrícolas) es mucho menos contaminante, mucho menos tóxico. Se
está pensando su utilización, que depende en gran escala del precio que
tenga el etanol y del precio que tenga el metanol, porque el producto
final puede servir de la misma forma. ¿En qué cuantía se emplea esto? En
una cuantía que aproximadamente viene a ser entre el 8, el 9, el 10 por
ciento del total de las gasolinas. Quiere decirse que ese producto, como
aditivo de la gasolina, produce el octanaje necesario. El problema reside
en que el etanol cuesta mucho más que el metanol, y la única forma que
existe de poderlo utilizar es que no pague impuestos; es decir, que ese 8
ó 9 por ciento que se introduce en la gasolina no pague impuestos, y que
el impuesto de la gasolina sea solamente



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sobre el 90 por ciento de la totalidad. Ese es un punto básico porque si
no no se puede emplear el etanol en ese caso.

Luego existe otra segunda parte, otra segunda posibilidad que es utilizar
el etanol no en ese 9 por ciento en las gasolinas, sino en el 30 por
ciento en el gasoil. Es decir, que en el gasoil se pueda utilizar un
bioetanol con un 30 por ciento de proporción. El problema es exactamente
igual. El problema se ha estado estudiando y lo estamos estudiando,
porque por un lado supone que los cultivos que la Comunidad obliga a
quitar puedan sustituirse por colza o por cebada para este uso, con lo
cual quedan fuera de la política agrícola; es decir, se pueden utilizar
cultivos que si no quedarían en barbecho. El que esto se pueda hacer
solamente depende de que ese 30 por ciento no pague el impuesto del
gasoil. De la misma forma que en el otro caso, el del MTB o ETB, no pague
el impuesto de la gasolina. Así es como está la situación, pero los
proyectos los tenemos, los estamos estudiando y no sólo a nivel español,
sino a nivel europeo. El que se puedan emplear depende exclusivamente de
un tema fiscal. Qué duda cabe que un gasoil en el cual se introduzca un
25 o un 30 por ciento de ese bioetanol es menos contaminante que el que
no lo tiene. Lo que pasa es que se deja de recaudar el 30 por ciento del
impuesto sobre el gasóleo.




El señor PRESIDENTE: Ha sido muy interesante esta última reflexión. Es
una invitación a todas SS. SS. Sin duda habrán tomado nota, porque de SS.

SS. depende esa decisión.

Don Carlos Pérez de Bricio, muchas gracias por sus explicaciones. Le
rogamos que comprenda que el tiempo lo hemos tenido que administrar con
mucho rigor. Seguramente nos contaría otras muchas cosas. Le agradecemos
su presencia. Si quiere usted seguir la sesión, le invitamos a hacerlo
hasta el final, pero estoy seguro de que tendrá usted muchas otras más
cosas que hacer que estar escuchándonos.




El señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S. A. (Pérez de
Bricio Olariaga): Muchísimas gracias por sus atenciones. Espero que haya
logrado expresarme sobre lo que yo pienso acerca de este tema, por lo
menos lo he tratado.




-- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE B. P. OIL ESPAÑA, S. A., NAVARRO VIGIL (Número
de expediente 219/000326).




El señor PRESIDENTE: Corresponde atender la comparecencia de don Luis
Javier Navarro Vigil, que es presidente de B. P. Oil España. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Quisiera agradecerle su comparecencia en
esta Comisión.

No sé si en este caso, como en el anterior, existe interés en entrar en
la valoración del sector del gas, pero desde mi grupo también estaremos
encantados de oírle. Por ello le solicito que haga una valoración general
del proyecto, de todas sus partes. Incluso si quiere hacer una valoración
de la primera parte respecto a la exploración, investigación y
explotación. En cualquiera de las partes del proyecto, usted haga la
valoración general que le merece.

Respecto a las preguntas, nos vamos a centrar también de manera más
concreta en las referentes a los productos derivados del petróleo. En
este caso, su participación dentro de CLH es menor que en el anterior y
por lo tanto nos interesa conocer su postura respecto a CLH como operador
del sistema; si usted en este caso también piensa que la existencia de un
operador del sistema como CLH contribuye a que haya una mayor
neutralidad, una mayor transparencia, una mayor libertad y una mayor
competencia dentro del propio sistema.

También quisiéramos conocer, como en el caso anterior, aunque sea
propietario de parte de CLH, qué piensa del acceso a terceros de
transportes y almacenamientos. Y si tenemos más éxito que en el caso
anterior, nos pueda decir usted si los clientes cualificados, los
consumidores cualificados, los umbrales que están actualmente
establecidos son demasiado altos; considera que son suficientes o no
acceden a la red, como se nos ha explicado en el caso anterior,
únicamente por problemas fiscales.

Esas serían las preguntas concretas que nos gustaría que nos contestara.




El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, por el Grupo de Coalición Canaria.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias por la comparecencia del señor
presidente de B. P. Oil España.

Mis preguntas van a ser muy concretas: ¿cree usted que la ley de
hidrocarburos es liberalizadora en todos los aspectos y en toda clase de
hidrocarburos?
Hablando de gasolineras y de los últimos sucesos acaecidos de fraude,
¿qué pueden hacer las petroleras en defensa del consumidor?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el
señor Santiso del Valle tiene la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: Como lógicamente me imagino que va a hacer
una valoración global de los contenidos del proyecto de ley, voy a
centrarme solamente en un par de aspectos. El primero: ¿usted no cree que
la ley puede propiciar el pase del actual sistema de monopolio a
potenciar en su caso un oligopolio? Es decir, al ser muy pocos los
operadores que funcionan, ¿cree usted que la ley protege lo
suficientemente el sistema para evitar estos posibles acuerdos entre los
escasos operadores que pueden actuar por el volumen de recursos que se
manejan, las dificultades de convertirse en operador?
Y en segundo lugar, y directamente relacionado con el fraude (el anterior
compareciente ya expuso también alguna de sus opiniones), ¿cree usted que
la ley facilita mecanismos para que los operadores puedan vigilar el
hecho



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de que sus abanderados o compañías concertadas mediante contratos
garanticen que esa publicidad institucional o de marca que se hace
corresponda realmente con lo que el usuario recibe? ¿Cuáles serían en su
caso las medidas que ustedes consideran oportunas?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Landeta
tiene usted la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero agradecer a don
Luis Javier Navarro su comparecencia como presidente de B. P. Oil España
en esta Comisión y formularle las siguientes preguntas.

Primera, ¿cómo resumiría la presencia de BP en los mercados españoles de
hidrocarburos en los últimos 25 años a la luz de la legislación vigente
en cada momento?
Segunda, ¿encuentra en el proyecto de ley actual algún obstáculo a la
producción de derivados de petróleo?
Tercero, desde el punto de vista del presidente B. P. Oil España, ¿el
proyecto de ley de hidrocarburos sintoniza con lo mejor de la experiencia
internacional o, al contrario, incurre en los errores cometidos en otros
países de nivel de desarrollo económico similar al español?
Cuarto, ¿cree usted que el actual proyecto de ley incentiva las
inversiones de las compañías petroleras o, muy al contrario, supone una
regresión y una incertidumbre para las mismas?



El señor PRESIDENTE: Señor Navarro.




El señor PRESIDENTE DE B. P. OIL ESPAÑA, S. A. (Navarro Vigil): En primer
lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de comparecer hoy ante
ustedes.

Quisiera empezar, porque creo que va a ser práctico, por una precisión
que está relacionada con la pregunta inicial sobre si quería entrar en el
tema del gas. Quiero empezar por dejar claro que sí es mi deseo entrar en
este tema y que la compañía que represento, el grupo BP, es uno de los
principales suministradores y operadores de gas en la Unión Europea. Y en
esa calidad quisiera entrar en las preguntas relacionadas con el gas.

Hecha esa precisión, voy a empezar a tratar, como el presidente me
sugería, de contestar a las preguntas de una manera global dentro del
limitado tiempo que tengo. Diría que lo mejor sería que empezara quizás
por una valoración global del proyecto de ley, como se me ha pedido en la
primera pregunta.

La nueva ley de hidrocarburos en mi opinión se inscribe dentro de la
línea de esfuerzos para liberalizar la economía española y en concreto
los sectores energéticos, en los cuales convergen la mayoría de estos
esfuerzos. Es por lo tanto, en mi opinión, un empeño positivo que
compartimos y apoyamos decididamente.

Si continuamos en este ámbito de valoración global, y refiriéndome quizá
más específicamente al sector gasista, diría que el proyecto de ley no
está planteando una desregulación del sector gasista, sino una nueva
regulación que permita pasar de forma ordenada de una situación de
monopolio de hecho a un régimen de competencia. El objetivo último de la
ley es lograr una mayor competitividad de la industria y de toda la
economía española a través de una reducción de los costes energéticos. Me
gustaría ilustrar la importancia que en nuestra opinión tiene el hecho de
que la contribución del gas al consumo de energías primarias de este país
se doblará entre ahora y el año 2005 de acuerdo con nuestras previsiones,
y pasará a representar el 20 por ciento del consumo de las energías
primarias de nuestro país. Por lo tanto, el impacto que tendrá sobre los
costes empresariales será muy significativo y, desde luego, merece toda
la atención que veo que SS. SS. están dando a este proyecto de ley.

El objetivo inmediato en el tema del gas es introducir transparencia,
objetividad, competencia y no discriminación en el funcionamiento del
sistema gasista en España. Estos son los criterios con los que se confía
se permita pasar de la situación actual a la de un mercado libre y
competitivo. Esta sería la valoración global que yo haría del proyecto de
ley con incidencia especial sobre el tema gasista. Pero como alguna de
las preguntas que se me han formulado en concreto tienen que ver con el
mercado de productos petrolíferos, voy a empezar por comentar alguna de
ellas, diciendo que el proyecto de ley en el mercado de gases licuados
del petróleo toca el tema de los productos petrolíferos, pero como SS.

SS. saben muy bien, sobre todo se dirige al tema gasista en más de sus
dos terceras partes.

Sobre el mercado de productos petrolíferos, se me ha hecho la pregunta
sobre el papel que CLH como operador del sistema representa, y mi
valoración es positiva, señorías. Llevamos ya seis años de experiencia,
desde el año 1992, con lo cual se puede tener una opinión razonable,
cuando la ley liberalizó el mercado de productos petrolíferos. Y aunque
la composición del accionariado de CLH da la mayoría absoluta a uno de
los accionistas, en este caso al grupo Repsol, es mi experiencia
personal, como consejero que soy de CLH, en representación de las
acciones del grupo BP, que el funcionamiento es satisfactorio en una
valoración global, y que, como decía S. S., el sistema opera de una forma
neutral y transparente.

El acceso a terceros a ese sistema está garantizado y establecido de
forma que no hay inseguridad respecto a qué condiciones se cumplen para
dicho acceso, y además, en el tema de los umbrales, creo que en estos
momentos, como queda demostrado, la totalidad de los operadores en el
mercado de productos petrolíferos tienen vocación de estabilidad y
servicio en este mercado, han realizado cuantiosas inversiones en él (de
nuevo, digo, que para servir a los consumidores españoles) y tienen
acceso a la red sin incertidumbre respecto a los peajes, que son
públicos, transparentes y conocidos por todos.

Pasaría a comentar, dentro también de esto, y en este caso saltándome una
pregunta que me ha hecho S. S. en representación del Grupo Canario, el
tema del fraude en las gasolineras, que ha sido causa de considerable
alarma social y ha estado en los medios de comunicación. Es algo que nos
preocupa profundamente. Durante la elaboración del borrador del proyecto
de ley hemos tenido ocasión de participar con nuestros comentarios en el
citado proceso a



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través de la AOP, que es la Asociación de Compañías Petrolíferas de
España, y algunas de nuestras sugerencias están ya incorporadas en el
borrador que se ha presentado a esta cámara. Sin embargo, hemos hecho
otras sugerencias adicionales recientemente, como consecuencia de los
acontecimientos a los que S. S. ha hecho mención, y voy a ser muy
concreto en lo que pedimos. Lo que pedimos es que en caso de
instalaciones de gasolineras que tengan un contrato de suministro en
exclusiva con imagen de marca implantada en dichas gasolineras, se
faculte a las compañías petrolíferas para inspeccionar y controlar que el
consumidor recibe el producto que, buscando esas marcas, considera
garantizado en lo referente a su origen, al volumen que se le entrega y a
su calidad. Creemos que de esa manera se respondería a los casos que
recientemente han aparecido en los medios de comunicación y hemos
presentado propuesta concreta al articulado del proyecto de ley sobre
este tema.

La otra consideración que creemos que vale la pena hacer a la parte de
productos petrolíferos del proyecto de ley tiene que ver con que, en un
sector plenamente liberalizado como es éste, en nuestra opinión es
innecesario que se le incorpore un órgano de intervención administrativa
como la Comisión Nacional de la Energía. Las competencias que se
atribuyen a la Comisión Nacional de la Energía, en lo referente al
mercado de productos petrolíferos, están totalmente cubiertas por las
administraciones públicas, tanto la Administración autonómica como la
Administración central, como los órganos de defensa de la competencia.

Por tanto, insisto en que consideramos innecesaria la intervención de la
Comisión, y también, señorías, desde una perspectiva empresarial que
comprenderán que yo debo tener, los costes se nos atribuyen a nosotros y
es difícil, desde el mundo empresarial, aceptar incurrir en costes
adicionales si no se puede encontrar un beneficio asociado con dichos
costes.

Voy a entrar ahora a contestar a las preguntas de SS. SS. Una creo que la
he respondido, la segunda, por la vía de los mecanismos que la nueva ley
puede favorecer para que no se produzcan dichos fraudes y, como he dicho,
además hemos presentado una propuesta detallada al articulado sobre ese
tema.

La otra era sobre si la ley podía potenciar la presencia de oligopolios
debido a la limitación en el número de operadores que podrían participar.

Yo entiendo que SS. SS. se referían en este caso a la parte del gas,
puesto que la ley no modifica la situación presente en los productos
petrolíferos. Cuando entre en lo que serían nuestras propuestas para
modificaciones del proyecto de ley observarán que van en la dirección de
evitar precisamente lo que S. S. dice. Si la liberalización es tímida y
si los mecanismos establecidos dan continuidad a la situación presente,
ocurrirá que habrá muy pocos actores en el mercado, de hecho, ahora sólo
hay uno. Por tanto, si los monopolios de carácter público no son
deseables desde el punto de vista estrictamente económico --es una opción
política absolutamente respetable--, ciertamente los monopolios de
carácter privado no son deseables desde ningún punto de vista. De alguna
forma creo que el espíritu liberalizador que la ley tiene en el tema del
gas va en la línea de evitar que eso ocurra, y cuando entre mis
comentarios más concretos insisto en que ya verán que van en la dirección
de que eso sea una realidad relativamente pronto, siempre sin ignorar
que, como dice ese refrán nuestro tan bueno, de que lo mejor es enemigo
de lo bueno, partimos de una posición y sabemos que tenemos que hacer un
viaje largo, pero lo que tiene que estar claro es cuál es el objetivo, a
dónde vamos, precisamente para que haya suficientes actores en el mercado
para garantizar un suministro competitivo y transparente. En definitiva,
dado el gran papel del gas en la economía española, va a redundar ni más
ni menos que en una mayor competitividad de la economía española, por
tanto, en una mejora en el conjunto de dicho tejido empresarial.

Y voy a las preguntas finales. Se me ha preguntado cuál era la opinión de
BP desde el punto de vista de la presencia de la compañía en los mercados
internacionales, y si el proyecto de ley de hidrocarburos es homologable
con otros escenarios. El grupo BP está en España desde el año 1954, luego
no somos nuevos en esta escena y hemos vivido los procesos de
liberalización, por ejemplo, del mercado de productos petrolíferos, en
los cuales fuimos actores y donde creo que se ha llegado a un grado de
liberalización y de competencia globalmente satisfactorio. Esa es mi
primera valoración de lo que se ha hecho hasta ahora.

Como he dicho anteriormente, el grupo BP es uno de los mayores
suministradores de gas en los mercados mundiales, y en concreto el de la
Unión Europea, teniendo acceso a las mayores reservas de gas en el mar
del Norte, es decir, gas que vendría del norte de Europa, y a su vez
teniendo acceso a las mayores reservas de gas en Argelia.

Desde la perspectiva de presencia en los mercados internacionales y de
fuentes de suministro que pueden garantizar el abastecimiento del mercado
español, yo diría que las observaciones concretas que me parece haría al
proyecto de ley de hidrocarburos serían esencialmente tres, pero las
tres, en mi opinión, importantes y desde la perspectiva de poder mejorar
lo que el proyecto de ley ya tiene de elementos liberalizadores que desde
el primer momento estaban claros en los objetivos. Esas tres son las
siguientes.

En primer lugar, no es suficiente hablar del volumen que liberaliza la
ley, sino de cómo lo liberaliza, cuántos clientes entran en la parte
liberalizada. Porque lo que hay que tener en cuenta es que si
liberalizamos un volumen de cien pero ese cien lo consumen entre tres
clientes, partiendo de un monopolio de hecho como tenemos en estas
circunstancias será difícil convencer a esos clientes que vayan con
nuevos operadores, y si hay muy poquitos clientes, difícilmente habrá
muchos operadores, tal como decía S. S. anteriormente. Luego lo primero
es, en nuestra opinión, cambiar la limitación que se establece en el
articulado en dos puntos: uno, hay que permitir que los distribuidores,
que son los que llegan a los clientes finales, puedan comprar libremente
a los comercializadores, por tanto, entren en la parte liberalizada del
mercado, no tengan obligatoriamente que comprar al operador del sistema,
tal y como está en la propuesta; la segunda, complementaria de



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ésta, es que los clientes cualificados no sean los únicos posibles
compradores, que se permita, bajo ciertas condiciones por supuesto, el
que haya agrupaciones de empresas que puedan actuar como compradores en
la parte liberalizada del sistema. Esas dos cosas complementariamente
tienen un único objetivo.

El objetivo es que haya mayor número de clientes potenciales de la parte
liberalizada, al haber más clientes, habrá más suministradores y habrá un
espíritu de liberalización práctico. En caso contrario, hay volumen
liberalizado con pocos clientes y en realidad eso no lleva a la
liberalización del sistema. Eso es fácilmente asumible y desde luego está
dentro del espíritu de la propuesta.

El segundo punto importantísimo tiene que ver con la figura del gestor
del sistema, y ahí sí que tenemos experiencia en otros mercados
internacionales, tanto en el modelo muy liberalizado del Reino Unido como
en el menos liberalizado del mercado alemán, que es un mercado
continental perfectamente homologable para nosotros y donde el grupo que
represento tiene la participación más grande en el accionariado de
Ruhrgas, que es la compañía que opera el sistema en Alemania. Hay que
segregar las funciones técnicas estrictamente ligadas a la gestión del
sistema de cualquier otra función comercial; en nuestra opinión es
totalmente incompatible con cualquier función de compra y venta de gas.

No se puede a la vez hacer ambas cosas. Por ello, nosotros
recomendaríamos que se encomendara la gestión del sistema a una entidad
independiente, desligada totalmente de cualquier actividad en la que
pueda estar en competencia con otros actores en el mercado. La
transparencia y la objetividad del sistema exigen que ocurra esa
circunstancia y además hay un buen ejemplo de algo que está en
funcionamiento en el mercado de productos petrolíferos, que es el sistema
de CLH, perfectamente homologable. Esto es muy fácilmente incorporable y
lo sugerimos como un perfeccionamiento a un texto que ya de hecho aborda
la liberalización del sistema.

Y el punto final tiene que ver con la diversificación. Es un tema
importante en la ley. Desde el punto de vista de seguridad de suministros
al mercado nacional lo considero indudablemente un objetivo. Lo único que
diría es que se tiene que ejercer con flexibilidad, y hay en concreto
algún punto que nos preocupa, y es que desde una perspectiva claramente
empresarial, uno de los gases de suministro más barato para el mercado
español, y que por tanto hará el mercado español más competitivo, es el
que tiene el origen en Argelia, si ese origen ya está en el 60 por ciento
que requiere la ley en manos de un solo operador, no va a ser posible a
otros operadores traer gas de ese origen. Luego esa cláusula debe ser
interpretada con flexibilidad sin entrar en detalles, porque entiendo que
eso ya iría más allá de lo que a SS. SS. les interesa.

También quisiera señalar que puede haber suministradores --y es cierto
que en este caso estoy pensando en la compañía que represento porque se
califica para este caso-- que pueden suministrar de varios orígenes, y
desde el punto de vista de la seguridad del suministro no importa de
dónde se suministre físicamente, pero desde la lógica económica se debe
suministrar siempre desde el punto más barato para beneficio del mercado
español. Sin embargo, para evitar el problema de que en caso de crisis el
abastecimiento no estuviera garantizado, estas compañías que pueden
suministrar del norte y del sur garantizarían que ese suministro vendría
físicamente del norte, pero no necesariamente hay que obligar a que
ocurra durante el período en que no se produce ninguna crisis, cuando el
mercado se puede beneficiar del punto de suministro más barato. Esa
limitación debe ser interpretada, en nuestra opinión, dentro de los
conceptos de lógica económica y de flexibilidad. Hay suministradores, que
es lo que quería decir, que pueden garantizar un suministro estable, pero
al mismo tiempo el suministro más barato, si la ley, si el marco lo
permiten.

Quiero terminar, señor presidente, diciendo que quisiera poner a
disposición de SS. SS. mi colaboración y la de la compañía que represento
para cuanto necesiten durante el proceso de trámite parlamentario de este
proyecto de ley, ya que considero que es un tema complejo, pero
importantísimo para este mercado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Javier Navarro, por su
ofrecimiento.

¿Grupos que quisieran puntualizar? (Pausa.) Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Me alegro de que mi grupo coincida con
toda la última parte de su exposición en términos generales sobre lo que
el proyecto de ley necesita. Y ya que usted ha ofrecido sus servicios, yo
también le ofrezco los de mi grupo, y ya que usted hablaba de propuestas
desde su empresa, me gustaría que pudiéramos tener acceso a esas
propuestas, porque veo que coinciden en bastante con lo que mi grupo está
trabajando.

Aquí hay mucho interés en el tema del gas, y usted nos ha hecho un
esquema claro de lo que piensa respecto al aprovisionamiento, a la
diversificación, pero ya que usted pertenece a una empresa que, como ha
dicho, es uno de los mayores operadores de gas en la Unión Europea, y
teniendo en cuenta, en cualquier caso, que el mercado de la energía
también es un mercado único, o debe serlo la Unión Europea, me gustaría
que me dijera qué piensa de cómo está regulado el tema de la reciprocidad
en los accesos a terceros como fórmula de denegación de esos accesos, si
en este ámbito de la reciprocidad no puede haber un cierto campo --dentro
de la discrecionalidad por supuesto-- pero que diera lugar a una
arbitrariedad. Quisiera que me aclarara ese tema. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, tiene la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Muy brevemente, para agradecer al señor
Navarro las manifestaciones que ha vertido en este acto y decirle que
realmente la idea que sacamos después de su intervención es que estamos
siguiendo las directrices europeas. Lo que está claro es que con este
proyecto se avanza un paso más en la liberalización de todos los
hidrocarburos.




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El señor PRESIDENTE: Señor Navarro, tiene usted la palabra para un turno
de respuesta a las cuestiones que le ha planteado la señora Mendizabal.




El señor PRESIDENTE DE B. P. OIL ESPAÑA, S. A. (Navarro Vigil): En el
tema de la reciprocidad, creo que puedo aportar un par de
consideraciones, pero ciertamente no admite una única definición. Es
razonable que el mercado español esté defendido de acceso de operadores
externos, que a su vez no permiten a los operadores españoles trabajar en
sus mercados. Como concepto me parece razonable. Si se ejerce la
discrecionalidad en esa línea, y yo no tengo razón alguna para pensar que
ése no es el espíritu, más bien lo contrario de la lectura del proyecto
de ley llego a la conclusión de que ése es precisamente el espíritu, no
debe dar lugar a discriminaciones que impidan la liberalización del
mercado. Ese es el objetivo, de forma que no veo razones para estar
preocupado por ello.

La segunda observación respecto a si el proceso es homologable con la
dirección en que se va en los mercados europeos, yo creo que se va por
delante de lo que se está haciendo en algunos de esos mercados europeos.

De hecho, este proyecto de ley se ha adelantado a la directiva
comunitaria, como es evidente, y además va más allá del grado de
liberalización que exige dicha directiva. Esto es algo muy importante a
tener en cuenta. Los volúmenes liberalizados por el proyecto de ley van
muy por delante, repito, de las exigencias de la directiva comunitaria.

Luego es homologable y va por delante de lo que se requiere. Por tanto,
si se atienden algunas de las sugerencias de perfeccionamientos que se
dicen basadas en la experiencia de la operación de otros mercados, sin
ninguna duda el resultado final será el de una ley reguladora en el
mercado español que irá ciertamente entre las primeras de lo que se está
produciendo en los otros mercados comunitarios.




El señor PRESIDENTE: Don Luis Javier Navarro, le damos las gracias por su
comparecencia. Estas reflexiones y estas propuestas que nos ha
transmitido, que son muy interesantes, estamos encantados de recibirlas.

Si quieren ustedes comunicárnoslas por escrito, las remitiremos a todos
los grupos para que las conozcan. Espero que esa oferta u ofrecimiento no
sea simplemente una oferta, sino que pueda ser una realidad con los
distintos grupos parlamentarios.

Muchas gracias por su presencia.




--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS (AOP), AYALA TOMAS (Número de expediente
219/000327).




El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a don Aurelio Ayala Tomás,
secretario general de la Asociación Nacional de Operadores de Productos
Petrolíferos (AOP).

La señora Mendizabal, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra para plantear las preguntas que desee.

La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Puesto que hemos oído ya el punto de
vista de dos empresas, como es el caso de Cepsa y de BP, quizás usted nos
pueda hacer una valoración más general desde el punto de vista de la
asociación de los operadores.

Lo primero, como he dicho en casos anteriores, es que hiciera una
valoración general de la ley. Desde nuestro punto de vista quisiéramos
que se ciñera más al tema de los derivados del petróleo, pero si usted
tiene interés también en entrar en el tema del sector del gas, pues
estaríamos encantados de que así lo hiciera.

Las preguntas concretas a las que nos interesa que nos responda es la
valoración que se pueda hacer desde su asociación respecto a la
existencia de CLH como operador dentro del sistema, y si eso contribuye
al cumplimiento de lo que puedan ser los objetivos de la ley de una mayor
liberalización, de una mayor neutralidad, en definitiva, en el propio
sistema.

Otro tema es el del acceso a terceros a la red. Nos interesaba, como he
dicho, en el caso de los derivados del petróleo, pero si quiere hacer el
comentario en términos generales también lo admitiremos. Si ese sistema
de acceso a la red debe ser negociado o debe ser regulado, qué contribuye
más a que haya una cierta independencia a la hora de tomar una decisión.

Y, relacionado con esto, el tema de los clientes o consumidores
cualificados y los umbrales que en estos momentos existen, de acuerdo con
el real decreto, si contribuye a que haya posibilidad de entrada de esos
clientes en el ámbito liberalizado o si esos umbrales son excesivamente
altos.

Estas serían las preguntas que nos interesaría que nos contestara.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra don Jesús Gómez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Bienvenido, señor secretario general de la AOP.

Mis preguntas son muy concretas. Primero, una visión general, su opinión
sobre la ley de hidrocarburos en sus aspectos, si es realmente una norma
liberalizadora.

En cuanto al gas, me gustaría saber su opinión sobre la figura del
gestor, si es necesaria o no es necesaria. Con ello y con las preguntas
que hacen los demás grupos he terminado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, señor
Santiso, tiene usted la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor secretario general, por
su presencia, teniendo en cuenta, además, que nuestro grupo ha tenido la
oportunidad de charlar con usted detenidamente sobre la opinión de su
asociación respecto al proyecto de ley. Por tanto, más que
consideraciones generales, una vez más nuestro grupo quiere reiterar
algunas preguntas y dudas sobre aspectos bastante concretos,
relacionados, en primer lugar, con la competencia. Aunque todo el mundo
en estas comparecencias, y el propio Gobierno al presentar la ley, dice
que es



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una ley que profundiza la liberalización, a mí me gustaría saber si los
usuarios usted cree que algún día van a visualizar esa competencia en
diferentes precios, por ejemplo, en los puestos de venta, en las
gasolineras. Llevamos seis años de experiencia y lo cierto y verdad es
que, salvo cosas muy parciales, y sin llegar a otro tipo de operaciones
comerciales, hipermercados, etcétera, la competencia se viene dando
exclusivamente por un mejor o peor servicio, por una atención mejor o
peor al cliente, pero nos encontramos con un sistema de precios donde no
hay realmente competencia para que el usuario pueda elegir un precio
mejor entre productos.

Si a esto le añadimos la preocupación por los últimos acontecimientos de
fraude, y con algunas de las cuestiones que en la primera comparecencia
ya se expresaron relativas a que hay más de 70 pleitos entre las grandes
compañías y sus suministradas, en definitiva intermediarios con el
cliente, desde luego el panorama para el usuario es bastante preocupante,
puesto que no tiene garantías ni siquiera en este momento de que, cuando
suministra gasóleo, gasolina o productos petrolíferos, realmente esté
sirviéndose un producto ni siquiera ofrecido por la compañía que aparece
en el frontispicio de la propia gasolinera.

Ustedes han hecho algunas propuestas que nos parecen interesantes, pero
también opinamos que sus empresas asociadas podrían hacer algo más. A mí
se me ocurre que al usuario también se le pueden trasladar los datos de
estas empresas que no se dejan fiscalizar o que no hay garantías de que
el producto que ofrecen esté protegido por la imagen de marca, porque el
usuario, al fin y al cabo, percibe el impacto de la publicidad de
determinadas compañías de bandera, y sin embargo éstas nos trasladan que
no tienen posibilidades de ofrecer esa garantía que diga ¿van ustedes a
tomar alguna media adicional, aparte de las que sugieren para la propia
ley?
Y por último, me gustaría conocer su valoración de los medios de que
dispone hay la Administración autonómica para detectar el fraude, e
incluso el tipo de inspección que se hace, si es adecuada a esa situación
de fraude. Qué otras medidas complementarias sugeriría o si cree que son
suficientes las que marca la ley para que las comunidades autónomas se
vean obligadas a dotarse de más medios de inspección técnica, y al mismo
tiempo de unificar criterios y sistemas de inspección.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quisiéramos agradecer en este acto la
presencia del señor Ayala. Le vamos a hacer unas preguntas muy concretas.

En primer lugar, nos interesaría que hiciera una valoración global del
proyecto de ley, y si a su juicio con éste se avanza en la
liberalización, se introduce mayor competencia y como conclusión de todo
ello se llega a la rebaja de precios.

Nos interesaría también conocer qué opinión le merece al compareciente la
refundición que se hace en el proyecto de ley respecto a las normas sobre
el petróleo y el gas. También si cree que el proyecto de ley de
hidrocarburos asegura la competencia en la distribución y
comercialización de hidrocarburos líquidos.

Y por último, si cree que el actual proyecto de ley incentiva las
inversiones de las compañías petroleras, o muy al contrario supone una
regresión o una incertidumbre para las mismas.




El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene usted ahora la palabra para
responder durante un tiempo de 15 minutos las preguntas que le han
planteado.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS (Ayala Tomás): Señor presidente, señorías,
muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida, y muchísimas gracias
por haber tenido la deferencia de invitar a la Asociación Española de
Operadores de Productos Petrolíferos a comparecer aquí.

A pesar de la brevedad del tiempo, no puedo dejar de pasar la ocasión de
mostrar mi profunda emoción y agradecimiento por estar en esta casa que
representa al pueblo español, ya que es la primera oportunidad que tengo,
sobre todo en un mes en que se conmemoran acontecimientos que ese pueblo
español vivió con una profunda emoción y que supusieron, en definitiva,
la reafirmación de las libertades democráticas en nuestro país.

Atendiendo a las preguntas de SS. SS., la valoración general de la ley es
que nos parece positiva. Este es un proceso largo y bien hecho por los
representantes del pueblo español en las Cortes y por los Gobiernos que
ha tenido la nación desde 1986. Es un proceso altamente valorado en
Europa y que, comparado con otros procesos nacionales, ha sido mucho más
rápido y más creíble en el sentido de que tanto los gobiernos como el
Parlamento español han dado pasos inequívocos y transparentes. Puedo
decir, por circunstancias personales, que este proceso ha sido incluso
más valorado fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestro propio
país, y que ha sido puesto de ejemplo en no pocas ocasiones en las
instituciones internacionales.

Mi asociación tiene un ámbito limitado de competencias en lo que
concierne a la ley. Nosotros nos ocupamos solamente de los combustibles
líquidos, y excluimos de nuestro ámbito de competencias los GLPs, es
decir, los gases licuados del petróleo y el gas natural. No podemos
opinar sobre estos aspectos porque carecemos de legitimación para
hacerlo.

En cuanto a la logística, por la que se interesaba su señoría, en nuestra
asociación conviven dos clases de compañías: las que tienen parte del
accionariado de CLH y las que no son accionistas de CLH. Pero la mayoría
de ellas, o casi la totalidad, utilizan el sistema logístico de CLH y
utilizan también otros sistemas logísticos alternativos. En ese aspecto
debe señalarse una valoración positiva del funcionamiento de esos
sistemas.

Por talante, y por la propia filosofía que inspira una asociación que
nace al día siguiente de la liquidación del monopolio de petróleos y que
es inequívocamente defensora de las libertades económicas, nosotros somos
partidarios



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de que el acceso de los terceros a las redes logísticas sea un acceso
negociado, en donde la Administración no tenga más intervención que la
estrictamente imprescindible, pero en ningún caso en cuanto a las
condiciones económicas. Ello porque creemos en la virtualidad de la
negociación entre partes privadas y al mismo tiempo porque pensamos que
existen hoy día en el panorama español instituciones como el Servicio de
la Competencia o como el Tribunal de Defensa de la Competencia que no van
a consentir ninguna actuación en la que se produzca un abuso de posición
dominante. No lo consiente ni el ordenamiento jurídico español ni tampoco
lo consiente el ordenamiento comunitario. No sé si he satisfecho
suficientemente el interés de su señoría.

Respecto a las preguntas hechas por el diputado don Jesús Gómez, de
Coalición Canaria, insisto en que vemos el proyecto de ley como un
proyecto de vocación liberalizadora, con algunas rectificaciones de
naturaleza técnica que tenemos que hacer. Pero sobre todo es un proyecto
en un proceso, repito, ya muy maduro de liberalización, cuyo hito
fundamental lo constituye la Ley 34/1992, de Ordenación del Sector de
Hidrocarburos, en donde frente a las posibilidades que se le ofrecían al
Gobierno español en aquel momento de adaptar o liquidar el monopolio de
petróleos, asume el reto de la libertad, liquida el monopolio de
petróleos y establece un bien ordenado sistema de libertad orientado por
principios como son la seguridad del suministro, la seguridad de las
instalaciones y la minimización del impacto medioambiental. Es decir, una
serie de principios que pudiéramos decir mínimos de orden público pero en
donde predomina claramente la libertad de actuaciones.

Esta ley, en la parte que a mí me concierne --porque sé que es mucho más
innovadora en otras partes que no me conciernen, como son el gas natural
o los gases licuados del petróleo--, pero en lo que a mí me concierne,
repito, creo que la ley viene a establecer el hito final de ese largo
proceso --yo diría que no tan largo-- de liberalización, en cualquier
caso muy brillante, con la libertad total de precios, que me parece
enormemente positiva como ahora comentaré, y también dando oportunidad a
que algunos pequeños defectos o desfases que se han visto evidenciados en
la ejecución de la Ley 34/1992 haya oportunidad de rectificarlos. Estos
dos aspectos fundamentalmente tienen que ver con las preguntas que ha
hecho don Mariano Santiso y que intentaré responder a continuación.

La competencia en España es acentuada. Los problemas de percepción, de
visualización, son siempre problemas serios; las percepciones del público
a nosotros nos importan muchísimo, pero tienen también una dimensión
subjetiva. Nosotros partíamos de una situación de precio único en España,
igual en todo el territorio nacional, y el cambio de esa situación a una
de precios diferenciados es un cambio que se ha hecho de una manera
paulatina pero que existe realmente. En nuestras estadísticas, que
facilitamos a las autoridades españolas, especialmente a las autoridades
del Ministerio de Industria y a las autoridades de la competencia, se ve
con toda claridad una dispersión de precios. El pricing, es decir la
política de precios, es uno de los aspectos más difíciles que tienen los
operadores en el mercado de productos petrolíferos. Y esta
diferenciación, que tiene por causa circunstancias objetivas --los
diferentes costes del transporte, las economías de escala, la rupturas de
carga, en definitiva, una serie de elementos técnicos--, se tiene que
introducir teniendo en cuenta esa existencia previa de una cultura del
precio único, para evitar que regiones, provincias o clientes se sientan
discriminados. Esto es una potestad soberana de cada operador, de cada
empresario, de cada compañía, siempre que se ajuste a la legislación
sobre la competencia y no abuse de posiciones dominantes.

El fraude al que ha hecho alusión su señoría nos preocupa enormemente. Es
sorprendente la desproporción que existe entre las oportunidades de
fraude objetivas que se han producido como consecuencia de un proceso de
cambio rápido del monopolio a la completa liberalización, con la
aparición de cientos de operadores que no existían en el mercado de
productos petrolíferos, con la aparición de cientos de lugares de
almacenamiento y de recepción de productos que existen en el territorio y
que no existían antes, y sobre todo con el número de agentes que hay en
estos momentos. Es un fenómeno realmente sorprendente, porque esto ha
coincidido con una serie de circunstancias desfavorables que, en
principio, coadyuvarían a una acentuación del fraude. Esas circunstancias
han sido la apertura de las fronteras al tráfico de mercancías en régimen
de suspensión de impuestos especiales, cual ha sido la aplicación de las
directivas comunitarias a partir de 1 de enero de 1993, y el hecho de que
ha habido una transferencia masiva a las comunidades autónomas de
competencias que antes eran ejercidas por el Estado, normalmente a través
de la Delegación del Gobierno en Campsa. Todas estas circunstancias
hubieran dado lugar a un fraude realmente importante puesto que eran un
cambio, un giro copernicano en el mercado español de productos
petrolíferos.

Mi convicción moral es que si ese fraude no se ha producido ha sido por
el papel fundamental que han desempeñado las compañías petrolíferas,
sobre todo las compañías integradas que han hecho inversiones masivas,
una de cuyas inversiones más importantes es el prestigio de sus marcas y
el celo que han desplegado en ello. La gran mayoría de las estaciones de
servicio que se han creado en España, que prácticamente se han duplicado,
son abanderadas por las compañías petrolíferas de la asociación que yo
tengo el honor de representar aquí.

Naturalmente necesitamos perfeccionar los medios que existen, porque si
fallan los medios estrictamente privados nos encontramos en situaciones
complejas, difíciles, como las que hemos tenido que sufrir recientemente
con gran zozobra para nosotros, puesto que nuestras marcas pueden verse
en entredicho; nosotros creemos que la marca es la principal garantía con
que cuenta el consumidor. Esperamos de SS. SS. que tenga a bien
considerar la posibilidad de facilitar a esas marcas medios de
cooperación más eficaces con las autoridades autonómicas, que son, en
definitiva, las que tienen la competencia en materia de consumo y de
ejecución, o incluso de elaboración de la política industrial en la fase
minorista. Esas medidas las concretamos en dos: mayores facultades de
control de la compañía



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abanderada sobre la que el cliente ha elegido su opción de marca,
admitiendo una correlativa corresponsabilidad, y al mismo tiempo la
creación en las comunidades autónomas de registros en donde los
consumidores y usuarios puedan verificar que las instalaciones que han
sido autorizadas por esa comunidad autónoma disponen efectivamente de
dichas autorizaciones, están adecuadamente registradas y haciendo la
labor para la cual han sido creadas. Con esos dos retoques básicos se
cerraría un proceso de garantías para el consumidor que nos preocupa yo
diría que casi tanto como a sus señorías.




El señor PRESIDENTE: La señora Mendizabal tiene la palabra para una
puntualización.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias por sus explicaciones,
pero hemos estado hablando tanto del fraude que, si no le importa, me
gustaría hacerle una pregunta más. Desde nuestro punto de vista, el
proyecto --haciendo un análisis claro-- suaviza el régimen sancionador
aplicable a las empresas suministradoras, es decir, que algo que en la
ley del petróleo se establece como una infracción administrativa grave,
que se puede elevar a muy grave y que puede situarse en una multa entre
50 y 100 millones y además puede llevar aparejada la revocación de las
autorizaciones en algunos de los casos, con esta nueva ley de
hidrocarburos el régimen, insisto, se suaviza mucho más. Si la diferencia
es entre el 5 y el 15 por ciento puede llegar a ser la falta leve.

En definitiva, si esta suavización de infracciones y de sanciones que
lleva aparejada la ley no resulta, desde el punto de vista de la
asociación, para mantener su integridad como tal, en cierto aspecto algo
perjudicial.




El señor PRESIDENTE: El señor Ayala tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS (Ayala Tomás): Señoría, en esta materia el sentir
de nuestra asociación es que ha habido un cierto período en que se han
privilegiado los aspectos expansivos, positivos de la libertad y al mismo
tiempo una cierta tolerancia con las conductas desviantes. En ese sentido
somos partidarios del máximo rigor, compatible con la proporcionalidad de
las sanciones. Y como en el aspecto disciplinario yo creo que SS. SS.

tienen más amplia experiencia que la que pueda tener el representante de
una asociación, creo que la labor de esta Comisión de Industria será
decisiva a la hora de tasar las respuestas que la sociedad española tiene
que dar a las conductas desviantes. Nosotros, desde luego, no somos
partidarios de actitudes de condescendencia, a sabiendas de que asumimos
unos riesgos, pero a pesar de eso somos partidarios de que se acabe con
un cierto período que ha habido de euforia y de creer que todo el mundo
era bueno.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, disculpe, tenía usted antes el turno.

Puede intervenir.

El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quería hacerle dos preguntas muy
concretas, señor Ayala. En primer lugar, si considera el compareciente
que ha sido muy importante, en el proceso de liberalización, la
eliminación de los precios máximos de la gasolina.

En segundo lugar, en su intervención nos ha hablado de la posibilidad de
existencia de un registro, y yo le pregunto si cree que el registro de
comercialización al por menor, que se crea precisamente en la ley, es
correcto y en él puede haber constancia de todas las gasolineras, si
realmente esa vigilancia que se ofrece puede hacerse sobre ese registro
dado que tiene vinculación directa.

Por otra parte, si cree que la vigilancia de estas cuestiones es
competencia autonómica o debe ser competencia del Estado, dado que la
autonomía está mucho más cercana, podemos decir, al propio
establecimiento expedidor del producto.

Por último, quisiera decir si considera, como establece el proyecto de
ley en el artículo 113, que es baja una sanción por una infracción leve
donde la multa puede llegar a diez millones de pesetas.




El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene usted la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE OPERADORES DE
PRODUCTOS PETROLIFEROS (Ayala Tomás): Señoría, le contesto a las
preguntas con un gran sentimiento de culpa, porque he tenido que luchar
entre el tiempo que me daba el señor presidente y las preguntas que S. S.

me había formulado, y tengo clara conciencia de que no he respondido
satisfactoriamente a las cuestiones que me habían sido expresadas.

Contesto ahora ya con más precisión y con más preocupación por satisfacer
el legítimo interés de su señoría.

El proceso de liberalización de los precios de los gasóleos ha sido
cubierto a satisfacción, en el sentido de que en estos momentos, si se
comparan los precios que todavía siguen regulados, que son los de las
gasolinas, con los precios que ya están liberalizados, que son los de los
gasóleos, SS. SS. tienen la oportunidad de comprobar --y nosotros
facilitaremos toda clase de instrumentos estadísticos-- que ese proceso
ha hecho que los gasóleos españoles estén siempre por debajo del precio
teórico que habría correspondido de haber seguido siendo regulados, y son
hoy día, antes de impuestos, los segundos más baratos de Europa, de lo
cual se benefician ampliamente los transportistas españoles. Pero digamos
que ésos son los precios formales, los precios de poste, podríamos decir,
porque, de verdad, después se producen una serie de mecanismos de
descuentos que hacen que todavía esos precios sean más baratos. Por eso
nosotros fervientemente deseamos la liberalización de las gasolinas, que
está contemplada en el proyecto de ley y que cerraría ya el proceso
completo de liberalización del mercado de productos petrolíferos. Además,
tendría un efecto, que sería dejar de indicar al mercado que el precio es
uno, el que sea, con lo cual la competencia a escala regional, local,
funcional, qué duda cabe que se haría



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más amplia, satisfaciendo así un poco la preocupación que había mostrado
S. S. por la visualización de esas diferencias en los precios.

En cuanto al registro, el proyecto de ley prevé un registro en el
Ministerio de Industria y Energía, que mucho nos tememos que es un
registro más de naturaleza estadística y nosotros solicitaríamos a SS.

SS. que se contemplara de otra forma. Pueden ser perfectamente
compatibles un registro de esas características en el Ministerio de
Industria y Energía con registros en cada autonomía que sí trendrían una
mayor importancia, porque serían registros que garantizarían a los
consumidores y usuarios que las instalaciones que se crean, de
conformidad con las competencias que los gobiernos autonómicos tienen
atribuidas en esta materia, efectivamente se corresponden con el
contenido de las licencias y autorizaciones para las instalaciones.

Creemos que la competencia básica en esta materia está del lado de los
gobiernos autonómicos, pero el Estado sigue reteniendo competencias en
determinados aspectos o asuntos, como las existencias mínimas de
seguridad.




El señor PRESIDENTE: No habiendo más preguntas, le agradezco en nombre de
la Comisión su presencia, toda vez que nos ha dicho que ha sido la
primera, y nos ha hecho usted una pequeña introducción de naturaleza,
digamos, política. Le agradecemos, repito, sus palabras y ojalá tengamos
oportunidad de estar otra vez con usted y con toda su asociación, sin
perjuicio de que creo que los grupos parlamentarios están a su
disposición para poder mantener los contactos con su entidad para poder
hacer una mejor faena legislativa.




--DEL SEÑOR CONSEJERO DE TRABAJO E INDUSTRIA DE ANDALUCIA (GUTIERREZ
CRESPO (Número de expediente 212/001231).




El señor PRESIDENTE: Ruego que se incorpore a la mesa don Guillermo
Gutiérrez Crespo, consejero de Trabajo e Industria de Andalucía.

Señorías, tomen asiento, por favor. Doy la bienvenida a la Comisión al
excelentísimo señor don Guillermo Gutiérrez Crespo, consejero de Trabajo
e Industria de Andalucía, bienvenido, don Guillermo Gutiérrez.

La sesión va a tener lugar de la forma siguiente. Vamos a conceder la
palabra a los distintos portavoces de los grupos para que le planteen las
preguntas correspondientes en un plazo muy breve, y luego usted tendrá la
oportunidad, durante unos quince minutos, de responder conjuntamente a
todas estas preguntas. Después daremos unos breves turnos de réplica con
un cierre final para que usted pueda también responder a lo que crea
procedente.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Mendizabal.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Deseo agradecer al consejero de Trabado
e Industria de Andalucía su comparecencia en esta Comisión de Industria.

Hasta ahora hemos tenido una serie de comparecencias de las empresas
implicadas en la llamada ley de hidrocarburos que nos han dado su visión,
quizá más técnica o más sectorial. Yo quisiera, ya que usted es un
representante político de una comunidad autónoma, que, aparte de la
valoración general que quiera hacer respecto al proyecto de ley de
hidrocarburos, nos dé la visión desde su comunidad autónoma, porque
tampoco es cualquier comunidad autónoma; es la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con un sistema de infraestructuras en hidrocarburos importante
y a la que esta ley, la apertura, la liberalización, puede, desde el
punto de vista de las propias infraestucturas, desde el punto de vista
del propio crecimiento económico, alterar o reportar algunos beneficios.

Y también que hiciera alguna referencia a la coordinación administrativa
que puede haber en el caso de este proyecto de ley, dado que hay ciertas
competencias administrativas del Gobierno, de la Administración General
del Estado y de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Landeta, ya que el señor Santiso no quiere hacer uso de la
palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quiero agradecer la comparecencia del
consejero de Trabajo e Industria de Andalucía y hacerle dos preguntas muy
concretas.

En primer lugar, si entiende que el proyecto de ley de hidrocarburos en
el momento actual avanza en la liberalización e introduce mayores
competencias, llevando con ello la rebaja de los precios de los
hidrocarburos para el futuro a la nación española.

Y, en segundo lugar, si considera que las atribuciones que se encomiendan
en esta ley, en al artículo tercero, competencias administrativas,
párrafo tercero, a las comunidades autónomas, avanzan en el proceso de
transferencias de competencias a las diferentes comunidades.




El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, tiene usted ahora la palabra
durante quince minutos. Puede hacer usted el uso que crea conveniente de
ese tiempo para contestar todas estas cuestiones.




El señor CONSEJERO DE TRABAJO E INDUSTRIA DE ANDALUCIA (Gutiérrez
Crespo): Permítanme, señorías, que les agradezca en principio la
invitación que han hecho a la comunidad autónoma para que comparezcamos y
demos nuestro punto de vista sobre el proyecto de ley de hidrocarburos,
espero sinceramente no defraudarles y que les quede claro cuál es la
posición de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante este proyecto de ley.

Intentaré responder a las preguntas que han hecho, añadiendo algunas
cosas, si no les importa, de mi propia intención.

Señorías, me parece que la ley, a menos en su exposición de motivos así
lo plantea, pretende introducir la competencia, liberalizar el mercado, e
incluso tiene otro criterio, que a mí me parece también correcto,
homogeneizar



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los distintos sistemas energéticos. Por lo tanto, en lo que podríamos
decir declaración de intenciones de la ley, en general, la Comunidad
Autónoma de Andalucía estaría de acuerdo. Analizada la ley, probablemente
tengamos algunas pegas que ponerle o algunas objeciones.

El criterio --dice-- de la ley es homogeneizar los distintos sistemas. En
principio, a nosotros nos parece que no termina de homogeneizar los
sistemas o al menos no consigue dar al sistema energético del gas un
tratamiento similar, homogéneo, al que se da en la electricidad.

Claramente se produce un tratamiento discriminatorio, probablemente con
más competencias y más libertad para las empresas privadas en el gas y
con menos control del Estado y consecuentemente con menos defensa de los
derechos de los consumidores y de los derechos públicos en el sistema del
gas que el que se establece en el sistema energético.

Dice la ley que quiere homogeneizar y me van a permitir que hable de sus
cuatro o cinco puntos más importantes. En cuanto al operador del sistema,
señorías, podrán comprobar que en el proyecto de ley tiene un tratamiento
bastante distinto. El operador del sistema que se establece para el gas
no es parecido ni tiene los controles públicos que tiene el operador del
sistema para la electricidad. Desde nuestro punto de vista, tiene
probablemente excesivas competencias y, dicho en términos más fáciles, es
excesivamente protector con el sistema actual y con las empresas que en
este momento operan en ese mercado.

Igual podríamos decir en lo que se refiere a hidrocarburos, donde
prácticamente no se establece operador del sistema ni se establece
ninguna intervención de la Administración en ningún control en general.

Incluso podrán observar SS. SS. que ni siquiera la Comisión Nacional de
Energía que se crea en la ley tiene competencias sobre el mercado de
hidrocarburos, de manera que pueda regularlo o defender los intereses
colectivos o los intereses públicos.

En cuanto al operador de mercado, como SS. SS. conocen bien, en la ley de
electricidad existe un operador de mercado con cierta garantía y con
cierta defensa de los intereses colectivos y no se establece así en el
gas. Comprendo que establecer un operador de mercado en el gas es
realmente muy difícil, pero al menos se podría haber intentado dividir lo
que es el transporte de lo que es el suministro, de lo que es la
distribución, haber hecho alguna diferencia en el mercado, que permitiera
introducir la competencia, que es el objetivo que yo creo que todos
perseguimos y con el que yo también estoy de acuerdo. Introducir
competencia, para conseguir al final abaratar los precios al consumo. Y
ésta era la pregunta que hacía el señor representante del Grupo Popular.

Yo estoy de acuerdo con ese objetivo final, como digo, pero para
garantizar la competencia hay que garantizar también que haya una
competencia real en lo que es la distribución, adquisición,
comercialización y distribución del gas y de los hidrocarburos. La propia
ley, como SS. SS. saben, autoriza al propio transportista a adquirir gas
para después venderlo también, cosa que en el sistema eléctrico no es
así. El transportista transporta y adquiere la electricidad otra entidad.

Y en los hidrocarburos no se hace prácticamente ninguna regulación en la
legislación.

Sobre el acceso de los terceros a la red, quedaba claro en la
electricidad cómo se hacía y se establecía un peaje que daba una
transparencia al mercado. En el gas, también se establece un peaje en el
proyecto de ley, que da transparencia al mercado, aunque ya he dicho el
déficit que desde mi punto de vista tiene. Sin embargo, en el transporte
de hidrocarburos, en los oleoductos y almacenajes, etcétera, no se
establece ningún tipo de peaje, se mantiene el sistema actual de
negociación entre las partes, de negociación entre las empresas, con lo
cual no se introduce la suficiente transparencia en el mercado y no queda
claro el costo de transportar productos derivados del petróleo a través
de las redes que existen. Sería conveniente probablemente, en el sistema
de almacenaje y de oleoductos, establecer un peaje que clarificara, que
diera transparencia al mercado y que permitiera una real competencia.

En relación a las tasas o los precios, tampoco homogeneiza los sistemas.

En la electricidad el Gobierno fija unos precios al consumidor al final,
con una cierta garantía para los consumidores; en el gas se fijan unos
precios máximos también, con una garantía al final al consumidor,
mientras que en los productos derivados del petróleo, en general, no se
fija ningún precio, se liberaliza --dice la ley que se pretende
liberalizar más los hidrocarburos--, de tal manera que no se establecen
precios máximos de ninguna manera. Ya no existían en el gasóleo, se
quitan en la gasolina, se quitan en el butano, en el propano, en todos
esos servicios domésticos.

Eso, teóricamente, puede ser bienvenido y puede ser aceptado en la medida
que puede facilitar la competencia, pero la facilitará si el acceso al
sistema realmente es competitivo, es decir, si quien suministra al final
al ciudadano o al consumidor tiene capacidad de comprar en diversas
fuentes, pero como en el sistema que en este momento tenemos no es
posible todavía comprar en distintas fuentes, difícilmente eso va a
garantizar un precio al final. Y tenemos una prueba yo creo que clara:
hay un precio máximo para la gasolina, establecido hace algún tiempo en
España y hemos observado cómo todos los distribuidores, al final, en la
venta directa al consumidor, han estado muy cerca del precio máximo con
un acuerdo entre las partes; ha llegado prácticamente todo el mundo al
precio máximo. Luego si no hay precio máximo, y tenemos el precedente de
que es posible el acuerdo para fijar un precio alto, al quitar el precio
máximo puede ser que no haya una garantía suficiente a los consumidores.

Desde nuestro punto de vista, sería razonable, hasta que se consiga
introducir competencia de manera definitiva en el mercado, que es el
objetivo que compartimos, mantener también precios máximos en las
gasolinas y en los gases licuados del petróleo.

Y me gustaría hablar de un tema que me preocupa desde el punto de vista
de los consumidores. En el adelanto de la liberalización que dice la ley,
o de introducir competencia en los hidrocarburos, se facilita la venta de
hidrocarburos envasados. Del butano, para que nos entendamos, es más
fácil; prácticamente se liberaliza la venta del butano envasado. Sin
embargo, la ley elimina la obligatoriedad



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de distribuirlo a domicilio. Nosotros creemos que esto va a producir dos
efectos negativos. Socialmente, el primero, no toda la población va a
tener la capacidad de ir a adquirirlo a algún sitio; la garantía de
suministro a domicilio, con ese coste del transporte repartido entre
todos, al final, es una garantía social de la seguridad del
abastecimiento. La supresión de la garantía de suministro a domicilio
conllevará probablemente que aquellas personas que puedan desplazarse a
adquirirlo a otro sitio tendrán un precio más barato, sin lugar a dudas,
porque ya no tendrá el coste del transporte, pero las personas que tengan
que recibirlo en su casa o que tengan que pedirlo a domicilio tendrán un
precio mucho más caro, porque el precio del transporte lo pagarán sólo
aquellos que lo requieran a su domicilio y no se repartirá de manera
equitativa entre toda la sociedad. Esa es una idea que, desde nuestro
punto de vista, va a castigar a un sector de la sociedad más débil y va a
favorecer a un sector de la sociedad que tendrá la posibilidad de
desplazarse. Esto independientemente de los problemas de seguridad vial
que puedan existir en la falta de seguridad que pueda existir en el
transporte de los gases licuados envasados, que también es algo que habrá
que analizar. Por lo tanto, nuestra posición sería que la ley no quitara
la obligación de distribución de los gases licuados envasados a
domicilio, como garantía de atención fundamentalmente al sector de la
sociedad más débil.

Otro aspecto de la ley que nos parecería también necesario modificar
sería el período de introducción de la competencia en el gas. Se
establece un período de quince años, que a nuestro juicio es muy largo.

Sería razonable acortarlo e incluso sería razonable, a nuestro juicio,
acortar el tope que se establece para la designación de consumidor
cualificado, que, como saben SS. SS., se establece en 25 millones. Sería
razonable para ir acortando el tiempo de la introducción de la
competencia, porque ya he dicho que compartimos la tesis de introducir la
competencia en todo el sistema energético.

En cuanto al período de vigencia de la comisión del sistema eléctrico,
que la ley elimina, quiero decir que estamos de acuerdo en que al final
se constituya una comisión eléctrica nacional, una sola comisión que
intervenga en todos los sectores energéticos, pero probablemente hasta
que haya una garantía de entrada en competencia del gas sería
conveniente, desde nuestro punto de vista, mantener una situación
transitoria de vigencia, que podría ser el tiempo que se estipulara, dos,
tres años; una vigencia transitoria hasta que hubiera una igualdad de
situaciones entre la electricidad y el gas que permitiera ya que una
comisión nacional controlara todo el sistema energético.

Y hay un tema que no alcanzamos a entender, y supongo que tendrá su
razón, que es la parte de la ley en que el Estado renuncia a los derechos
de reversión, fundamentalmente en las infraestructuras gasísticas. Sin
lugar a dudas, tiene que haber una razón de fondo, y estoy convencido de
que el Ministerio de Industria la tiene para hacer esta renuncia, pero
sería probablemente conveniente que estuviera más explicada y más
justificada. Porque, en la medida en que no lo está, podría llevar a
malos entendidos. Luego sería conveniente, si hay razones, que seguro que
las habrá, con toda seguridad, que hubiera una justificación más amplia.

Y sobre las comunidades autónomas, que me ha preguntado la señora
Mendizabal, sobre la coordinación administrativa entre las dos, nosotros,
en principio, podemos valorar positivamente cómo se recogen las
competencias de las comunidades autónomas. Y con eso contesto al señor
Landeta y a la señora Mendizabal. Nos parece bien cómo se recogen las
competencias. Tengo que aclararle, señor Landeta, que no hay
transferencias; la ley no da transferencias a las comunidades autónomas,
simplemente reconoce los derechos que ya tenemos. No hay una
transferencia nueva, ni nos da ninguna capacidad nueva. La ley reconoce
sólo los derechos que ya tenemos las comunidades autónomas, en materia de
hidrocarburos o de energía en general. Yo creo que están bien recogidas,
pero habría que aclarar algunas cosas desde el punto de vista autonómico.

Y permítanme SS. SS. que plantee un tema autonómico, pues estoy en
representación de una comunidad autónoma y obviamente, aparte de hacer
una intervención general sobre la ley, tengo que hablar algo de la
comunidad autónoma.

Le ley define la planificación de los hidrocarburos como una competencia
de la Administración central. Y eso, desde nuestro punto de vista, es
razonable. Sin embargo, habría que articular claramente la participación
de las comunidades autónomas. Porque la ley dice: «participarán las
comunidades autónomas», pero no sabemos en qué nivel lo harán en la
planificación de los hidrocarburos. Y puede haber comunidades autónomas
que tengan infraestructuras de hidrocarburos exclusivamente en el
territorio de su comunidad. Luego lo sensato en que se establezca en la
ley, desde nuestro punto de vista, una participación más definida de las
comunidades autónomas en la planificación de los hidrocarburos.

Otro aspecto que se reserva la Administración del Estado son los
programas de la gestión de la demanda. Nos parece razonable que el Estado
se los reserve, pero convendrán SS. SS. conmigo que quien más puede
intervenir en la gestión de la demanda, desde el punto de vista del
ahorro energético, que es lo que nos interesa, de la eficiencia del
sistema y del ahorro energético, son las comunidades autónomas, por estar
más cerca del uso y del territorio. Probablemente, en los programas de
gestión de la demanda debían tener un papel más relevante las comunidades
autónomas, si lo que se busca es la eficiencia y fundamentalmente el
ahorro energético, porque pretendemos ahorrar energía en todo su sentido
pero también pretendemos hacer un ahorro energético en la demanda.

Creemos nosotros que una Administración más cercana a los demandantes
haría mejor los programas de gestión de la demanda. Ya digo, me parece
bien que se mantengan como competencia de la Administración del Estado,
pero con una participación mucho más activa de las comunidades autónomas.

Como SS. SS. saben, el proyecto de ley sólo prevé un informe de la
comunidad autónoma para los programas de gestión de la demanda.




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Después, el proyecto de ley establece la comisión nacional, establece
consejos consultivos o comisiones consultivas y una permanente de los
consejos consultivos. A nosotros nos parecería razonable que, en la
permanente de los consejos consultivos, la ley garantizara la presencia
de las comunidades autónomas, que no lo garantiza. Se supone que se
dejará para un posterior desarrollo reglamentario, pero sería razonable,
desde nuestro punto de vista, que la propia ley garantizara la presencia
de las comunidades autónomas en las comisiones permanentes de los
consejos consultivos.

Y, por último, también en el tema de las comunidades autónomas, la ley
establece un flujo de información muy importante desde las comunidades
autónomas hacia la Administración central o hacia el Ministerio, que nos
parece correcto y que además debe ser así, pero también, como
contrapartida, sería razonable que la ley estableciera el flujo de
información en sentido contrario. Es decir, de la misma manera que las
administraciones autónomas daremos una información a la Administración
central, es razonable que las comunidades autónomas la recibamos.

Esta sería la posición, en líneas generales, de la comunidad autónoma, en
esta ley. Yo creo que he contestado a las tres preguntas de la señora
Mendizabal y a las dos preguntas del señor Landeta, del Grupo Popular. No
obstante, si no lo he hecho volvería a intervenir.




El señor PRESIDENTE: Yo creo que sí, que efectivamente, las ha
contestado, y lo ha hecho con precisión y ciñéndose al corto tiempo. Han
sido muy interesantes todas las reflexiones que nos ha transmitido.

¿Hay algún grupo que quisiera hacer alguna puntualización?
Señora Mendizabal, tiene usted la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Simplemente quiero hacer una
puntualización.

Agradezco la información que nos ha dado el señor Gutiérrez Crespo de la
visión desde una comunidad autónoma. He visto que estaba preocupado por
los derechos de los consumidores y usuarios respecto a los GLP, al butano
en concreto; ha citado de pasada el tema del suministro a domicilio y ha
dicho algo sobre la de seguridad. Pero quisiera que nos diera su opinión
sobre el siguiente aspecto: antes había un contrato de suministro y la
empresa suministradora, con el contrato, era quien aseguraba la
inspección de las instalaciones; había un control de seguridad más o
menos asegurado, valga la redundancia. ¿Debería ser la Administración o
las comunidades autónomas quien llevara el control de seguridad en
butano?



El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, ¿quiere usted hacer alguna
puntualización?



El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: No, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra para entrar
en ese otro tema que le plantea el Grupo Socialista.

El señor CONSEJERO DE TRABAJO E INDUSTRIA DE ANDALUCIA (Gutiérrez
Crespo): Yo he hablado de lo que es el suministro de gases licuados a
domicilio. Si me lo permiten SS. SS., hablo de butano, que es lo que todo
el mundo entendemos.

He dicho que, como la ley elimina la obligación al distribuidor de
llevarlo a domicilio, se genera un problema social que es difícil de
atender. Tendremos que imaginarnos los núcleos rurales diseminados, habrá
que imaginarse cómo puede llegar el gas licuado a esos sitios, y
tendremos que imaginarnos aquella parte de la población que no tiene
medios de transporte propios para adquirir y llevar a su casa una bombona
de butano. A ese sector de la población hay que atenderle.

Eso, desde nuestro punto de vista, llevaría a no quitar la obligación de
la distribución domiciliaria, sólo en aquellos casos de contrato en
firme. Se podría realizar con la empresa distribuidora un contrato en
firme y correría por cuenta, como dice la ley en otros aspectos, de la
empresa distribuidora la inspección de seguridad de las instalaciones en
domicilio. Se puede mantener y la propia ley así lo establece.

Y cuando hablaba del problema de seguridad, no sólo me refería al
problema de seguridad en los domicilios, señora Mendizabal; planteaba un
problema de seguridad vial inclusive. Me imaginaba, en una gran ciudad,
como puede ser Madrid, Barcelona o Sevilla, a los usuarios y los
consumidores yendo a una gran superficie a comprar bombonas de butano,
transportándolas en su coche y llevándolas a su domicilio. Y esos coches
circulando por las grandes ciudades.

Creo que ése es un tema que hay que regular antes de hacer una
liberalización excesiva. ¿Por qué? Porque la liberalización excesiva va a
llevar a castigar, desde mi punto de vista, a un sector débil de la
población y además a poner en riesgo, por materia de seguridad, a un
sector importante de la población; y la seguridad en domicilio es
perfectamente factible obligársela a la empresa distribuidora, que sería
la que tendría que hacerlo y la propia ley lo reconoce, con inspección
secundaria, para entendernos, de las comunidades autónomas otra vez, de
las distintas direcciones generales de industria y energía que hay en
cada comunidad autónoma.




El señor PRESIDENTE: Gracias por su presencia. Su intervención ha sido
breve pero concisa e interesante. Con sus reflexiones nos ha abierto
usted una dimensión distinta de las que hemos tenido esta mañana y creo
que los portavoces habrán tomado suficientemente nota.

Le agradecemos que haya tenido usted la amabilidad de trasladarse hasta
aquí y someterse a estas puntuales preguntas.




El señor CONSEJERO DE TRABAJO E INDUSTRIA DE ANDALUCIA (Gutiérrez
Crespo): Muchas gracias, presidente. Para mí ha sido un honor venir a
comparecer.




El señor PRESIDENTE: Espero que tengamos otra oportunidad de tener un
contacto con usted.




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--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE GAS DE ASTURIAS (URQUIOLA PERMISAN) (Número de
expediente 219/000328).




El señor PRESIDENTE: Señorías, doy la bienvenida a Juan María Urquiola,
presidente de Gas de Asturias. Le he comentado ya la forma en que tenemos
establecida la comparecencia.

Doy ya la palabra a la señora Mendizabal, para que le haga las preguntas
que desee, en nombre del Grupo Socialista, que es el grupo proponente de
su comparecencia.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Deseo primero agradecer a don Juan María
Urquiola que esté en esta Comisión para informarnos del proyecto de ley
de hidrocarburos, a requerimiento de la Cámara. El interés de mi grupo en
estas comparecencias es precisamente poder tener una visión más global y
más general y que todos los sectores implicados nos puedan dar la opinión
que el proyecto les merece, para que en esta Cámara podamos trabajar con
más conocimiento de causa, no sólo desde nuestro grupo parlamentario,
sino desde todos los grupos parlamentarios.

Mi pregunta iría hacia una valoración general del tema. Así se lo he
planteado al resto de los comparecientes. Viniendo del sector de
derivados del petróleo, les he querido quizás encauzar más en el ámbito
de la segunda parte de la ley, pero todos han entrado sobre todo en el
sistema gasista, y en este caso pienso que debemos ir directamente al
grano, porque parece que es el núcleo fundamental y que a todos interesa.

Si quiere hacer una valoración general del proyecto de ley, yo estaré muy
agradecida, pero lo que nos interesa conocer, ya más dentro del sector
del gas, es la opinión que le merece el modelo general, es decir, la
situación de lo que puede ser el gestor del sistema o cómo debe ser el
gestor del sistema.

Otro tema que nos preocupa son los contratos obligatorios, que están ya
en manos de una determinada empresa. Si tienen ustedes alguna opinión
desde una empresa más pequeña, como puede ser Gas de Asturias.

La diversificación de proveedores también es otro de los temas que puede
afectar al tamaño de sus empresas y del que, por tanto, nos interesaría
conocer su opinión. Sobre la garantía del suministro, que se mantiene
casi en los mismos umbrales para todos los operadores del sistema,
querríamos saber si cree que sería más conveniente que esta garantía de
suministro fuera enfocada desde algún otro punto de vista. El tema del
perfil del cliente cualificado, establecido en las transitorias, nos
parece asimismo que puede ser uno de los temas en los que su opinión
resulte importante.

Y, por último, respecto al acceso de terceros a la red y la denegación
del acceso, qué opinión le merece la denegación por la existencia de los
take or pay y la denegación o posible denegación de acceso a la red
aplicando lo que se llama la reciprocidad.

Estas son, en términos generales, las preguntas que queríamos hacerle.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Santiso
tiene la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias por su comparecencia. Como
asturiano también, es verdad que para nosotros en Asturias supone una
tremenda preocupación el marco gasístico que se está prefigurando y
tenemos algunas dudas que quizás no solamente atañen a la ley sino a la
propia red ya existente. Tenemos algunas preocupaciones con el desarrollo
futuro de la implantación de la red de gas, sobre todo en el
norte-noroeste, por estar tan alejada de la red principal existente, del
eje Barcelona-Huelva, pero me gustaría simplemente, dado el escaso tiempo
que tenemos, que nos pudiera hacer alguna reflexión sobre tres
cuestiones.

Una, su opinión sobre la consideración que hace la ley de los grandes
consumidores. Nosotros creemos que debería tenerse en cuenta esta figura,
no en cuanto al suministro en un punto, sino una valoración global del
gran cliente, porque puede tener otras instalaciones. Un poco lo que nos
pasaba en el sistema eléctrico con grandes consumidores inicialmente,
como Renfe y otros similares. En este caso creemos que puede perjudicar
la competencia, al medirse de esta forma.

Dos, expresamos nuestra preocupación, aunque en este caso ustedes formen
parte del sistema, en cuanto que la ley habla de la dualidad entre el
gestor del sistema, que a la vez puede ser, y será, distribuidor o
suministrador. ¿No le parece a usted que para garantizar mejor la ruptura
del monopolio de hecho actual sería conveniente ir a un sistema
independiente, en el cual a su vez participaran o pudieran participar el
accionariado de ese ente independiente, pero siempre como una empresa o
un sistema independiente, igual que se ha hecho en el sistema eléctrico?
Y tres, si usted cree que veremos pronto gasificada Asturias, aunque sea
una pregunta colateral a la propia ley.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene usted la palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Quiero empezar mi intervención
agradeciendo al señor Urquiola su presencia ante esta Comisión para dar
su informe o su parecer sobre el proyecto de ley de hidrocarburos. Y voy
a hacerle las siguientes preguntas.

Primera, valoración global que le ofrece el proyecto y si avanza en la
liberalización e introduce una mayor competencia, lo cual
indiscutiblemente rendudaría en un menor precio al consumidor.

Segunda, si considera conveniente mantener un único operador del sistema
para el mercado nacional de gas.

Tercera, si tiene Gas de Asturias asegurada una oferta de suministro
competitiva a la que recurrir para distribuir gas en su zona de
influencia comercial.

Y, por último, ¿cuáles son las trabas más significativas que encuentra en
la extensión y alcance del mallado gasístico, tanto a nivel del mercado
nacional como de su mercado regional?



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El señor PRESIDENTE: ¿Puede repetir la última pregunta?



El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: ¿Cuáles son las trabas más
significativas que encuentra en la extensión y alcance del mallado
gasístico, tanto a nivel del mercado nacional como de su mercado
regional?



El señor PRESIDENTE: Señor Urquiola, tiene usted la palabra para
responder a todas estas preguntas de forma global.




El señor PRESIDENTE DE GAS DE ASTURIAS, S. A. (Urquiola Permisán):
Respecto al gestor del sistema, como indica el proyecto de ley, se va a
elegir entre los propietarios de los subsistemas de transporte. Mi
opinión es que el transporte debería ser absolutamente neutro o
completamente diferenciado de las funciones de compra y de venta.

Don Nemesio Fernández Cuesta, hace unos 20 días, indicaba que había dos
posibilidades: utilizar el gestor del sistema de forma neutra, como
ocurrió en la parte eléctrica, o, por el contrario, utilizar los
subsistemas, como se está diciendo ahora, porque son los que tienen
activos y el otro verdaderamente no los tiene.

A mí no me parece lógico que quien tenga el transporte, la compra y luego
la venta, sea la misma persona, porque se encontrará con muchos problemas
cualquier otro que quiera tener acceso a la red. Me parecería mucho más
lógico que hubiese un gestor independiente y que toda la cuestión de
tubos, tanto de red primaria, de redes secundarias y de distribución,
sean sistemas que, con los diferentes peajes, puedan ser utilizados por
cualquiera. Eso en el caso de que vayamos a llegar a un sistema como se
pretende en la Unión Europea.

Me ha preguntado mi valoración sobre la ley. A mí la ley me parece muy
positiva, en el sentido de que mejora mucho lo que había anteriormente, y
creo además que se está siguiendo lo que se pretende en la Unión Europea.

Hay algunas lagunas que habrá que discutir, ésta es una de ellas, y
ustedes han puesto el dedo en la llaga, porque prácticamente son estos
puntos los mismos que nosotros nos hemos planteado.

Volviendo al tema del gestor del sistema, en mi opinión, debería ser
nuestro por completo y que el sistema de transporte sea absolutamente
independiente, con unas normas muy claras, como han hecho los ingleses,
un reglamento de red, para saber cuáles son exactamente los valores de
peajes, para todo el mundo igual y para cualquiera que quiera tener
acceso a la red, ya que estamos hablando de un problema que va tener
mucha importancia en un futuro. Hoy día esto va a tener muy poca
relevancia pero es la puerta que de verdad se abre a otros grupos que
quieran intervenir en la gasificación de España.

Respecto a loscontratos obligatorios take or pay, en realidad existen y
obligatoriamente han tenido que existir porque los compromisos cuando uno
hace una inversión importante en red primaria son inversiones a medio y
largo plazo, y, cuando se contrata gas a un señor que ha abierto a su vez
su pozo y tiene unos gastos importantes, el que vende gas quiere tener
asegurado que no se le puedan echar atrás en compromisos con los que él
cuenta para a su vez financiar su propia perforación de pozos. Yo pienso
que los take or pay tienen que estar muy claros (cuáles son, qué
cantidades abarcan) para que luego no se pueda utilizar como disculpa
para entrada de terceros en la red.

Por otro lado, vuelvo a repetir que, en esta última reunión, don Nemesio
Fernández Cuesta indicó que los contratos take or pay no iban a dar
ningún problema porque todos los pedidos que tenemos hoy día son muy
pequeños, comparados con los que todavía hay que hacer, y que en lo
sucesivo estos pedidos de take or pay tendrán que pasar por la
Administración antes de poder ser denegados. Y luego indicó una cosa que
yo no sabía, que la formulación del take or pay no es de Enagás, porque
Enagás vendió el 91 por ciento de las acciones y Gas Natural lo compró
sin las cláusulas del take or pay, con las que se quedó la SEPI.

Las fórmulas del take or pay parece que en un principio pueden ser unas
causas de denegación, pero yo creo que, tal como vamos, a la velocidad
que queremos ir, y sobre todo pensando ya en las nuevas centrales que se
están proyectando para utilización de gas natural de ciclos combinados,
van a quedar muy pequeñas. Lo que sí habrá que tener muy en cuenta serán
los nuevos contratos de take or pay, ésos sí, y que esos contratos de
take or pay no sean los que puedan dar lugar a denegaciones de otros
terceros en la red. Pero yo pienso que los actuales no, porque no causan
el llenado, como si dijésemos, de la tubería.

Diversificación de proveedores. No he entendido si lo que se pretende es
si se puede o se debería tener. Indudablemente, para todos los que
estamos en el mundo del gas, el ideal es tener una diversificación de
proveedores. Tener un proveedor único que a su vez es un suministrador
que suministra al 92 por ciento del mercado es estar en sus manos
absolutamente. El acceso de terceros a la red hay que intentar primarlo,
incrementarlo o mejorarlo; es lo lógico, que cada uno pueda tener la
posibilidad de que le oferten 2 ó 3 ó 4. Se está tomando como ejemplo
Inglaterra, pero en Inglaterra ocurre un problema completamente distinto,
que es que allí hay 50 ó 60 ó 70 suministradores, porque hay cantidad de
dueños de pozos que están alrededor de la isla, y estos últimos, de los
que además un 10 por ciento que no los puede contratar British Gas,
quieren sacar el gas como sea y hacen contratos a la baja, comparados con
los que tiene British Gas. A nosotros, tal como tenemos la situación, el
gas del Magreb nos entra por la tubería última que se hizo entrando por
Tarifa. Las tres estaciones de gasificación y la tubería que tenemos de
unión con Francia, como no venga del Magreb, en Francia está
absolutamente colapsada, no cabe, y tiene unas grandes dificultades para
atravesar Francia, porque el Gobierno francés pone toda clase de trabas o
unos precios desmedidos para cualquier traída de más cantidad de la que
se está trayendo; esto aparte de que no cabe.

La única manera para mí que habría de solucionar esto sería intentando
hacer un gaseoducto que uniese, por ejemplo, Barcelona con Foix, que es
un punto de entronque muy importante con los otros gaseoductos europeos.

Esto



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costará, pero creo que entraría dentro del marco de las previsiones que
puede tener la Unión Europea. De esta manera, si nosotros estuviéramos
entroncados con Foix, podríamos tener el gas del Magreb y luego podría
venir gas noruego o gas siberiano.

En resumidas cuentas, va a haber tres orígenes de gas en un futuro no muy
lejano: Noruega, Siberia y la parte de Argelia. Y no sé si Irán o Iraq,
que, aunque tienen mucho gas, todavía no lo tienen ni proyectado ni
canalizado; no sé cómo será. Pero nosotros debíamos estar en conexión con
el sistema de gas europeo para poder tener otros suministradores, y lo
digo porque hoy en día, si por Francia no puede entrar, si por el Magreb
hay que discutir con Enagás, que es el dueño de la tubería, y con
Sonatrach, que está al otro lado y que está en conexión con Enagás, y
luego con las regasificadoras, que son muy limitadas y que lo único que
puede hacerse son contratos en stop porque las necesidades que puede
tener una distribuidora como nosotros o las otras dos que puede haber son
muy pequeñas yo lo veo muy difícil. El ideal sería que tuviésemos una
conexión con el sistema europeo y poder tener, a través de la misma, la
posibilidad de que vengan otros proveedores, que no sean solamente los
argelinos.

Garantía de suministro. Me supongo que querrá decir los tantos por ciento
de garantía de suministro. Aquí exigen 35 días. Ahí no me puedo
pronunciar. No lo sé, no sé si es mucho o es poco. Lo que sí veo es que
quieren poner a todos los que suministren en las mismas condiciones que
lo que están haciendo en la actualidad, forzándoles a que si viene un
tercero a la red tenga que pagar los derechos de almacenamiento y de
seguridad, que hoy día tienen Enagás o Gas Natural.

Lo de los 35 días no sé si es necesario o no. Me supongo que si en 35 día
no se ha podido resolver un problema importante, como puede ser
suministros a empresas, estamos perdidos. Supongo que eso tendría que ser
como máximo, aunque esto se podría reducir.

Perfil de clientes cualificados. Se ha puesto un perfil que son las
eléctricas, que son las cogeneradoras, siempre que intervenga su
producción en el sistema eléctrico, y están también los consumidores
mayores de 25 millones de metros cúbicos, 250 millones de termias,
durante los 5 primeros años; 15, en otros 5 años, y 10, a los 10 años. A
mí me parece alto, porque clientes de 250 millones de termias,
industriales, están todos en manos de Enagás, todos. A nosotros
concretamente no nos han dejado más que clientes inferiores a 10 millones
de termias. A mí me parece que es alto para que haya ganas de venir, como
si dijéramos, a nuestro mercado. En lo que a nosotros nos toca como
distribuidores, prácticamente nada, porque nosotros sí estamos debajo de
lo que puede ser dentro de 10 años, el cliente de 10 millones. Podemos
tener 2 ó 3 clientes de 14 ó 15 millones de casualidad, pero todos los
clientes nuestros son de entre 1 y 5 ó 6 millones de termias.

Si verdaderamente Gas Natural quiere ver la posibilidad de poder abrirse,
no lo sé, pero el Gobierno sí debía exigir, a mi juicio, que hubiese una
rebaja de la cuantía del cliente cualificado, porque eso es lo que sí
haría que la entrada de terceros a la red fuera a más velocidad.

Las denegaciones del acceso yo creo que ha quedado claro con lo que he
dicho antes.

Y el tema de la reciprocidad, a mí me parece justo. Porque si no te dejan
pasar a través de un país determinado, no me parece justo que una empresa
de ese país, que a su vez están medio nacionalizadas, pueda venir aquí
con toda tranquilidad. Yo creo que la reciprocidad en la Unión Europea
está admitida por todos y aquí no veo por qué no vamos a tener lo mismo.

Esto va a dar lugar a que se anulen algunas que en principio podrían
venir, como Elf, por ejemplo, que son franceses; si ellos no nos dejan
pasar, ellos tampoco pueden venir. Pero yo creo que hay otras muchas
casas americanas e inglesas que pueden venir tranquilamente. La
reciprocidad está admitida en los proyectos de ley de la Unión Europea y
a mí me parece que es normal.

Preocupación por el desarrollo futuro, suministros agrupados; por qué no
pueden ser varios suministros agrupados. Es una pregunta muy capciosa.

Vamos a ver. Si la agrupación es de una empresa, si yo, como empresa,
tengo empresas mías, es una cosa; si se agrupan varias empresas a través
de un holding, pero cada una de ellas funciona libremente luego, son
independientes, para obtener un precio más bajo, esto no me parece
presentable. Es lo que han hecho, por ejemplo, en Valencia, para temas
eléctricos o para temas de gas, y los azulejeros. Se juntan y cuando son
un grupo grande piden una tarifa.

Si un señor tiene 15 ó 20 azulejeras, 15 ó 20 centros del grupo, de la
empresa, y pide una rebaja, me parece absolutamente normal. Pero lo otro,
no, porque puede tener unas connotaciones en todos los campos. Por
ejemplo, todas las panaderías; se juntan y piden lo mismo. Y todos los
talleres y todos los bares. Es distinto si El Corte Inglés dice que todos
sus centros funcionen como un peticionario. Eso sí me parece lógico, pero
lo otro, no.

El gestor, sistema independiente. Vuelvo a decir que creo que el gestor
debería ser independiente, que la compra y la venta deben ser
independientes del transporte.

Y, por último, la gasificación de Asturias. En este momento, nosotros
estamos llegando a Noreña, Berrón, Pola de Siero, por un lado; estamos
haciendo por otro lado Mieres, Ujo, hasta Pola de Laviana, Luanco,
Candás; estamos preparando también la zona de Llanes, Ribadesella, y
también la zona de Luarca. O sea, que prácticamente nosotros vamos a la
gasificación completa de Asturias, a excepción de 2 ó 3 sitios, como
pueden ser Cangas de Narcea. Hay butano y tienen muchas más facilidades
que nosotros, debido a la distancia y debido al tramo de gaseoducto que
habría que hacer hasta allá.

Yo veo que ésta podría ser una primera fase y, una vez que aquello tenga
una infraestructura, indudablemente podemos pactar o podemos comprar a
Butano su parte para llegar allá con gas natural. Lo que sí se les ha
pedido es que, si ellos gasifican allá, porque tienen mejores precios y
están en mejores condiciones que nosotros, las instalaciones sean válidas
para un gas y para otro. Por lo demás, yo creo que estamos bastante
avanzados, estamos más avanzados que en cualquier otra zona española,
quitando el País



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Vasco, que están haciendo lo mismo que nosotros. Y en Cataluña, que están
queriendo hacerlo, pero que les falta mucho por gasificar.

Valoración global del proyecto. Vuelvo a repetir que me parece que el
proyecto de ley se acopla bien al proyecto de ley que tiene la Unión
Europea. Yo creo que incluso estamos queriendo avanzar a más velocidad de
la que en realidad podemos, porque a nosotros nos falta todavía hacer
alrededor de un 60 por ciento de estructura, sobre todo en la parte más
árida, en todo el oeste de España. Nos toca toda la zona de Galicia, la
zona de Salamanca, Zamora, Extremadura, donde no hay mucha población,
falta industria, es muy cara. Eso hay que hacerlo, desde luego. Yo creo
que se va a tardar y la ley tendrá que considerar estas segundas partes
con un retraso con relación a todo el resto de España. Por lo demás, la
valoración del proyecto para mí es que ha habido un avance importante y
lo ha hecho muy rápido.

Respecto a un operador, ya he sido muy claro. Lo que sí puede haber es un
gestor en el cual puedan intervenir los que compran o venden gas y que,
independientemente del comprador principal, puedan entrar, dentro de este
mismo gestor, personas que puedan a su vez ofertar o traer gas en
cantidad a España, y luego algunas distribuidoras importantes o unas
comercializadoras importantes.

Que si Gas Asturias tiene otra oferta. No. Nos han venido por parte de
BP, por parte de otras empresas, ofreciendo, pero muy deslavazadas, sin
ninguna cosa seria. Y por otro lado no sé cómo, porque a mí si me dicen
«Yo le pongo usted el gas en Gijón a tanto, el peaje mío es tanto y a
usted le cuesta tanto», yo encantado de la vida, pero una oferta de ésas
no hemos tenido. No.

Yo creo que en la actualidad no podemos contar más que con uno, y lo que
sí tendremos que planificar muy claro es la posibilidad de que entren
otros. Ver si esto se puede hacer con una estación de regasificación,
como plantean en el País Vasco, o pedirles una posibilidad de entrar con
ellos, qué sé yo, otras posibilidades de poder traer gas de otro lado. En
lo demás, nosotros estamos condenados a coger siempre de Enagás, y con
unas distancias grandes; estamos más lejos de 500 kilómetros de todos los
lados.

Las trabas más significativas para el alcance del mallado. Yo no creo que
las hay. En Asturias sí hay una traba importante, el tubo que llega a
Asturias es muy pequeño, pero ahora va a llegar por Galicia y luego por
León tiene que llegar otro. Si eso se cumple así, no podríamos quejarnos,
porque en ese caso habría casi, casi, gas en el sentido contrario, que
iría de Asturias hacia el otro lado. El mallado siempre es un problema
del mercado. A medida que va creciendo, es cuando se hace el mallado.

Ahora nosotros estamos haciendo este gaseoducto de transporte a 16 kilos
a Pola de Laviana, a Pola de Siero, estamos preparando a Luanco y Candás;
luego tendremos que preparar también salida hasta Villaviciosa. Esos son
gaseoductos de 16 kilos.




El señor PRESIDENTE: Señor Urquiola, muchas gracias, creo que las
respuestas han sido muy exhaustivas.

¿Hay alguna cuestión más? Yo creo que no, porque ha hecho usted un uso de
la palabra muy exhaustivo y muy detallado para contestar las preguntas
que le han planteado.

Yo le agradezco su presencia. Si usted quiere continuar en la sala, le
invitamos a ello, y, si no tiene usted nada más que decir, vamos a dar
paso a la siguiente comparecencia.




--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE GAS DE EUSKADI, S. A. (LOBO MORAN) (Número de
expediente 212/001232).




El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la última comparecencia de esta
mañana. Doy la bienvenida a don Jacinto Lobo Morán, presidente de Gas de
Euskadi. Les agradezco que hayan utilizado los turnos tal como acordamos.

Les felicito porque han hecho uso del tiempo de forma muy rigurosa y
eficaz. Se ha distribuido la Directiva comunitaria para que todas SS. SS.

la tengan. Todavía hay algunos ejemplares, por lo que si algún diputado
tiene interés que la solicite.

Sin más, voy a dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, que es
el proponente de la comparecencia, para que plantee a don Jacinto Lobo
las preguntas que desee hacerle. Luego intervendrán los demás grupos para
formularle sus preguntas y posteriormente tendrá usted un turno de 15
minutos para responder a todas ellas.

La señora Mendizabal tiene la palabra.




La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: No sé cómo duda el señor presidente de
la mesura de los portavoces de nuestro grupo parlamentario, sobre todo de
esta portavoz. Nunca me paso. A lo mejor es que se le han olvidado al
señor presidente intervenciones de otros tiempos. (Risas.)
Dicho esto, y vista la contradicción que tenemos, un portavoz de Gas
Asturias que es vasco y un portavoz de Gas Euskadi que es asturiano, en
la primera fila me parece que todos somos vascos y asturianos en este
momento (el control del norte) y el señor presidente que está por encima
de todas estas cosas, muy por encima de todas estas cosas. (Risas.),
agradezco al señor Lobo su presencia en esta Cámara. Puesto que he visto
que estaba ya presente en la anterior comparecencia y tenemos aquí muchos
medios tecnológicos para que nos explique las cosas, lo único que le voy
a decir es que a mí me interesan las mismas preguntas hechas al anterior
compareciente y que estoy segura de que en su exposición aportará datos
que no hemos preguntado y que nos interesan. Por tanto, dejo en sus manos
que nos hagan la valoración de la ley que considere oportuna.




El señor PRESIDENTE: El señor Santiso, por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, como asturiano también
quiero darle la bienvenida. Intentaré no ser exhaustivo. Espero que nos
dé su visión general, que es el objeto de la comparecencia. En todo caso,
quiero señalar dos aspectos. Uno ya lo he preguntado antes a otro
compareciente, y es su opinión sobre la gestión del sistema, que a
nosotros nos parece --seguimos insistiendo-- que debe ser una entidad
autónoma, sin connotaciones



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con los comercializadores o transportistas. También me gustaría saber su
opinión sobre otra cosa que no tengo claro en la propia ley (de hecho el
informe del CES es contradictorio con lo que parecería deducirse del
artículo 95.3 de la ley respecto a tarifas, peajes, etcétera) y es la
interpretación que ustedes hacen del peaje único que establece el
artículo 95 cuando hasta ahora, sobre todo para el norte, tiene una gran
importancia el alejamiento de la red principal y, por tanto, sus posibles
repercusiones, en este momento vigentes, por la distancia que tenemos con
el eje de suministro principal entre Barcelona y Huelva. Simplemente
quiero señalar estas dos cuestiones añadidas.




El señor PRESIDENTE: El señor Landeta, por el Grupo Popular, tiene la
palabra.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Agradezco en este acto la presencia del
señor Lobo y tengo la seguridad de que sus explicaciones nos van a
servir, dado que hoy día el País Vasco y Cataluña son las grandes
regiones españolas donde realmente parece que tiene potencialidad y
futuro el gas. Le solicito que haga una valoración global del proyecto y
la única pregunta que le voy a hacer es si cree realmente que este
proyecto de ley, que estamos ahora en trámite de discusión en el
Parlamento, avanza en la liberalización e introduce una mayor
competitividad, que indiscutiblemente lo único que trae al fin es una
rebaja de los precios al consumidor.




El señor PRESIDENTE: Señor Lobo, tiene la palabra para responder a todas
estas cuestiones.




El señor PRESIDENTE DE GAS DE EUSKADI, S. A. (Lobo Morán): Señor
presidente, señorías, como me están pidiendo una valoración global, que
seguramente es lo más positivo, y como no sabía exactamente cómo
funcionaba esta Comisión de Industria, yo me había preparado un pequeño
guión que no pretendo leer, pero si les quiero decir que por el
conocimiento detallado que tenemos del desarrollo de la ley y del
negocio, y queriendo enmarcar la cuestión conociendo exactamente lo que
significa el gas en España en el resto de las estructuras de energías
primarias, la juventud del gas en España, la valoración global en
principio es positiva y es apoyada por nosotros decididamente para
llevarla adelante.

El gas forma parte de la estructura de la energía de España. Es una
energía joven, una energía que participa solamente en el 9 por ciento en
la estructura, en la cesta de la demanda de energía primaria; por tanto,
es una energía todavía incipiente. Hay que recordar que la media de los
países europeos está en el 21 por ciento, concretamente en nuestra
comunidad estamos en el 17 por ciento, prácticamente el 18, lo cual
significa que el estado de gasificación del País Vasco es, por supuesto,
muy superior a la media española y muy próximo a la media europea,
estando alejados como estamos de las fuentes o de los aprovisionamientos.

Como digo, la valoración del proyecto no se puede desmarcar de lo que es
la estructura del mercado, un mercado joven, incipiente, un mercado en el
que la cadena de valor, desde la producción en los pozos hasta el consumo
en el cliente final, está desequilibrada porque, por ejemplo, en
aprovisionamientos, en importaciones está en manos de una sola compañía;
en transporte está en manos de dos compañías, una con el 90 por ciento; y
la distribución está realizada por una pléyade de compañías en las cuales
un grupo tiene prácticamente el 90 por ciento del poder de todas ellas.

Por tanto, una fuerte concentración en todos los elementos de la cadena
de valor. Un tercer elemento es la nueva ley eléctrica, la Ley 54/1997,
que recogiendo las iniciativas de la Unión Europea, del año 1990, de
participación del gas en la generación eléctrica (hasta 1990 el gas
natural estaba prohibido en Europa, curiosamente, para utilización en
generación eléctrica) favorecerá sin duda un mayor consumo. Es decir,
estamos hablando de un mercado joven, en fuerte crecimiento --más del 20
por ciento anual--, una fuerte concentración en un grupo de todos los
elementos de la cadena de valor, los importantes, y un elemento
energético importante en la diversificación de la estructura de la cesta
de energías primarias. Hay que recordar que el petróleo sigue estando
todavía prácticamente al 60 por ciento, 15 puntos por encima de la media
europea, 12 puntos todavía por encima del nivel del País Vasco, donde la
diversificación con el gas natural ha hecho que la cesta esté un poquito
más equilibrada, lo que comporta, evidentemente, riesgos importantes de
cara a las situaciones que todo el mundo conoce de los países
productores.

En el año 1982 el Gobierno vasco, consciente de la precaria situación
energética española con una dependencia superior al 60 por ciento de
productos petrolíferos, hizo un diagnóstico y tomó la decisión de crear
el Ente Vasco de la Energía como unidad autónoma dependiente del Gobierno
vasco, del departamento de Industria, para propiciar todos los elementos
importantes de desarrollo y planificación energética (el gas natural ya
se vio en aquel momento como un elemento clave de diversificación) y se
llegó a un acuerdo con el Gobierno central para crear la sociedad Gas de
Euskadi.

La sociedad Gas de Euskadi se crea en el año 1982 y 15 años después ha
conseguido una penetración del gas natural del 17 por ciento en la
estructura de la demanda de energía primaria --hay que recordarlo--
frente al 8,5 por ciento de España, y con un alcance a todos los sectores
tanto industriales como domésticos comerciales. El 85 por ciento de esa
estructura es el sector industrial, es el gran consumidor, es el gran
tractor también en España. El gran tractor del gas natural siempre es la
industria, nunca es el sector doméstico comercial. El sector doméstico
comercial en España supone aproximadamente el 15 por ciento. La
climatología del sur de Europa hace que las estructuras de los sectores
domésticos comerciales no sean similares a las del norte de Europa, donde
puede llegar incluso hasta el 40 por ciento, como es el caso de varios
países. En España y el País Vasco el sector industrial es el tractor, y
en el sector industrial de la comunidad autónoma Gas de Euskadi
suministra el 85 por ciento de esa energía. Gas de Euskadi está
distribuyendo, transportando en este momento, como digo, al sector
industrial y doméstico comercial, aproximadamente



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un bcm, 1.000 millones de metros cúbicos, 10.000 millones de termias, que
suponen prácticamente el 10 por ciento de toda la demanda estatal. El 10
por ciento de toda la demanda estatal es transportada y distribuida por
Gas de Euskadi, con un solo proveedor de la materia prima que es Enagás.

Como decíamos antes, en ese elemento de la cadena el monopolio es total y
absoluto.

He estado indicando antes la situación exacta del mercado: mercado joven,
fuerte concentración de los elementos de la cadena de valor en algunas
compañías, concretamente aprovisionamientos, importaciones, solamente
una, que por cierto en este momento es privada (el señor Urquiola ha
hecho referencia antes a ello), lo cual hace que el asunto sea todavía un
poco, si cabe, más delicado. En esta situación nos encontramos con un
proyecto de ley de hidrocarburos. También hay que recordar un poco la
historia legislativa que ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo.

En el año 1985 se firma un protocolo entre el Ministerio de Industria y
Energía y algunos de los agentes participantes en el sector. Fruto del
mismo es la Ley 10/1987, una ley que no ha sido desarrollada y que dejaba
las cosas bastante indefinidas. En este momento estamos ante un nuevo
proyecto que sustituiría a la citada ley y por eso es importante que
salga adelante. Es importante que salga adelante porque el Estado se
encuentra ante una coyuntura fundamental en cuanto a que el gas es un
elemento clave de la competitividad de un país. Por ser un elemento joven
todavía, con un crecimiento potencial importante, si llegamos a niveles
no voy a decir similares a la media europea pero sí del mismo orden, de
entre el 20 y el 25 por ciento, quiere esto decir que el gas tiene que
duplicar su demanda en los próximos 10 años. Luego a pesar de tener un
monopolio de facto, estamos en el momento más oportuno para poder
realizar una adecuada liberalización. El mercado todavía no está saturado
y, por tanto, existe todavía margen con los crecimientos que estamos
esperando en el futuro. Por eso creo que debemos entre todos, los
legisladores, los operadores y, por qué no decirlo, los clientes actuales
y potenciales, que son precisamente la clave de la competitividad --y las
leyes deberían estar contemplando tal posibilidad--, trabajar con
inteligencia para, de forma progresiva, sin lesionar intereses privados,
producir una cierta reestructuración que sin duda sería beneficiosa para
los clientes finales es lo que pretendemos, es y debe ser el objetivo
fundamental y por tanto para la competitividad global del país. Por ello,
nosotros hemos manifestado, y ahora lo hago ante ustedes, varios aspectos
positivos del proyecto en los que por vocación creemos.

El artículo 2 se refiere a la libre iniciativa empresarial y abolición de
las servidumbres de servicio público. Nosotros creemos que los servidores
públicos tienen que ser pocos y buenos. Por lo demás, es mejor que
existan empresarios y además creativos.

El artículo 4 habla de una planificación de carácter indicativa. También
nosotros creemos en ella. No creemos en las planificaciones
deterministas, obligatorias; creemos en planificaciones de carácter
indicativo. La planificación a largo plazo tiene que tener en cuenta los
avatares que están sucediendo en el mundo y, por tanto, no podemos estar
obligando a los empresarios a decir que hay que hacer esta instalación
aquí o hay que hacer esta instalación allá. Hay que dejar que el mercado
funcione. La planificación tiene que ser indicativa y en cualquier caso
garantista de mínimos, nunca de máximos. Si alguien quiere, por
iniciativa empresarial (artículo 2), montar algo, hacer un gasoducto,
montar una planta de regasificación, que lo haga. Otro aspecto importante
y que en este caso sirve para resolver todas las indefiniciones de la Ley
10/1987 es la identificación clara, por primera vez, de los sujetos y del
carácter del funcionamiento. Así, estamos hablando en el artículo 58 de
la definición de transportistas con carácter regulado en la actividad; de
los distribuidores con carácter regulado en su actividad; de los
comercializadores, figura nueva muy interesante; de la libre competencia,
imaginación, el mercado de nuevo va a ser aquí la clave; de los clientes
cualificados, y es importante hablar de ellos y no, como se comentaba en
los inicios de la directiva eléctrica, hace 10 años, de clientes
elegibles, son los clientes los que tienen que elegir a los
suministradores y no al revés, por eso es mejor hablar de clientes
cualificados; de la libre competencia, la progresividad y la apertura a
partir de unos niveles relativamente razonables, aunque evidentemente
tiene razón el señor Urquiola que para algunas pequeñas compañías pueden
ser superiores a, por supuesto, su mayor cliente; y de gestores del
sistema, también regulado.

El acceso regulado de terceros a la red está en los artículos 71 y 77,
tanto red de transporte como distribución, para lo cual ya existen en
este momento tres reales decretos, uno realmente válido, el 1.914 (los
dos anteriores no han sido válidos), actualmente vigente, que es un
ensayo. El acceso de terceros a la red es algo difícil porque existen
acuerdos a largo plazo que algunas veces tienen cláusulas take por pay
otras veces no. El mundo del gas, incluso donde existe mucho gas, todavía
sigue trabajando con contratos a largo plazo. En Inglaterra, donde existe
gas en costa, en playa, muy próximo, el 85 por ciento de los contratos
actualmente son a largo plazo. Pero los contratos a largo plazo no
significa que tengan cláusulas take por pay absolutamente draconianas por
las cuales si no consumes tienes que pagar, y si no consumes determinadas
cantidades mínimas tienes que pagar, cosa que le ha supuesto al Estado
español, y no a la compañía, innumerables quebrantos a lo largo de los
años anteriores, porque, como bien decía el señor Urquiola, cuando el
Estado vende su participación en la sociedad al grupo Gas Natural se
queda con los riesgos de los contratos. Eso ha supuesto quebrantos
importantes al Estado en cuanto a las cláusulas take por pay, con Argelia
fundamentalmente. Por tanto, el acceso regulado a terceros a la red es
algo que tendremos que ir desarrollando, experimentando. No es una cosa
fácil, no es una cosa sencilla. Hay compañías que están empezando a
funcionar en Europa --de ella estamos hablando--, porque en Estados
Unidos funciona bien el acceso a terceros desde hace años pero es un
mundo totalmente distinto.

La definición del sistema gasista del artículo 59 es otro aspecto
interesante porque en la anterior ley, la Ley 10/1987, el sistema estaba
bastante indefinido. El proceso de adquisición de gas está más abierto
que anteriormente y



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en este momento definido para los transportistas, para su cesión (con
precios de cesión regulados a distribuidores que estén conectados a sus
redes), para los comercializadores (la nueva figura que aparece en el
texto del proyecto de ley) y para los clientes cualificados, como digo,
con aperturas progresivas a partir de 250 millones de termias de consumo
anual, que nosotros estamos proponiendo que sean por agregación de
demanda o por multicentro, lo mismo que propusimos en la ley eléctrica, y
queremos, que en los decretos, a pesar de las interpretaciones que parece
que ha habido, si un empresario tiene multicentros, queremos que todos
los multicentros se agreguen en cuanto a demanda, incluso que varios
clientes puedan agregar demanda. Este es un asunto que está funcionando
en Europa, están empezando a funcionar los sistemas de swaps,
intercambios de gas, y por tanto es posible en este momento, por
agregación de demanda, tener más capacidad de compra, porque al final el
problema de la ley y el de la desregulación o de la re-regulación es cómo
reestructurar, como decía al principio, la situación al cien por cien
dependiente de la importación respecto a una sola compañía, una sola
compañía que le pasa lo mismo que a British gas cuando era sociedad
pública, que probablemente es la compañía que está comprando más gas de
Europa en este momento y por tanto tiene mejores posibilidades de
conseguir los mejores precios, pero nosotros creemos claramente que es
posible realizar una cierta distribución de esas importaciones puesto
que, como decimos, el mercado todavía está en crecimiento.

El régimen de autorizaciones para las actuales concesiones --la
disposición adicional sexta-- es interesante, es importante, y es un
cambio yo diría radical respecto a la situación de la Ley 10/1987 y las
leyes de bases del Régimen Local.

La Comisión Nacional de Energía es otro aspecto importante. Yo he dicho
claramente que creo en esta ley. Nosotros queremos apoyar esta ley,
queremos que vaya adelante, que se desarrolle luego reglamentariamente, o
sea, que no quede en ley exclusivamente, pero queremos que exista un
organismo potente que sea capaz de vigilar las carencias que esta ley va
a tener debidas a la situación de mercado que hemos comentado
anteriormente.

Otro aspecto importante es la separación contable de actividades que
puede facilitar, que puede dar transparencia a esta situación, vamos a
decir de compañía, que puede estar en muchos de los elementos de la
cadena de valor. En resumen, la valoración global que yo puedo dar de la
ley es positiva y hay que ir adelante con ella, teniendo en cuenta una
serie de aspectos que pienso deberíamos cuidar, aspectos que nos
preocupan y que les querría también mencionar. Debido a su propia
naturaleza, el mercado gasista está en manos de muy pocos operadores; hay
un monopolio de oferta importante. En este sentido traigo algunas
transparencias en las que me gustaría enseñar a SS. SS. las redes tanto
europeas como del País Vasco para que vean a qué me estoy refiriendo.

(Pausa.)
Aquí se ve Europa, Asia, el norte de Africa y la península Ibérica. En
este momento la Unión Europea, con un consumo de 374 miles de millones de
metros cúbicos --la unidad es bcm-- está importando fundamentalmente el
gas de tres zonas: de la antigua Unión Soviética, prácticamente de Rusia,
de Noruega y del norte de Africa, del Magreb, Argelia. Argelia está
suministrando del orden de 38.000 millones de metros cúbicos a través de
los dos gasoductos que tiene: el del Mediterráneo, que va a Italia, y el
del Magreb a Europa, que llega hasta Córdoba. Rusia está suministrando
por estos dos gasoductos que llegan a la frontera checa y se está
desarrollando, en este momento, el famoso proyecto Yamal-Europa que
llegaría al norte de Alemania e intentaría llegar hasta Zeebrugge para
poder conectar con el interconector, que es un proyecto que se está
desarrollando en este momento desde Gazprom, la compañía que es dueña de
estos yacimientos, que tiene participación societaria. Gazprom está
pensando que cuando se acabe esta gas, en el año 2005 o en el 2010
aproximadamente, Inglaterra va a necesitar gas procedente de Rusia; el
problema es el precio al cual los rusos van a lograr poner gas en
frontera. Argelia, que es un suministrador importante del sur de Europa
(Italia y península Ibérica van a tener dificultades de suministro a
otros países), lo hace por dos vías: gas natural a través de los
gasoductos, como digo, y gas natural licuado a través de sus plantas de
licuefacción que están en Arzaw y en Skikda. Fundamentalmente está
enviando el gas natural licuado a las tres plantas españolas, las de
Barcelona, Cartagena y Huelva, y a la de Fos, que está en el puerto de
Marsella, más un poco que está enviando a la Spèzia, en Italia. Libia ha
dejado de ser un gran suministrador porque, debido al embargo, su planta
de Marsá al Brega está prácticamente desmontada y están utilizando
solamente un tren, dejando los otros tres trenes que tienen como
repuestos para resolver su problema de embargo. No va a ser en el futuro
un potencial suministrador.

El grueso de las líneas está indicando el tamaño de las redes. El
problema que tenemos en la península Ibérica es estar alejados de estas
redes y con pasos a través de dos líneas de menos de 24 pulgadas por
Francia. Por tanto, el paso por Francia, por muchas subsidiariedades que
podamos establecer, va a ser complicado porque físicamente es muy difícil
pasar por Francia cantidades importantes de gas. Esas son las
limitaciones que tiene el gasoducto de Lacal, el que viene hasta
Calahorra pasando por Larrau, que tiene grandes dificultades, y nosotros
estamos intentando conectarnos con Gaz du Sud-ouest a través de la
frontera de Irún, cuya red ahora mismo les voy a enseñar.

Esta es la red básica de gasoductos de la península Ibérica. Aquí se ven
los gasoductos que están operativos y los que están en construcción. Este
es el gasoducto del Magreb que llega hasta Córdoba y el gasoducto
antiguamente construido que llega hasta Madrid. Esto es un cuello de
botella importante porque Madrid es un gran consumidor y, por tanto, este
gas nunca puede pasar hacia aquí hasta que no se construya este by-pass.

El gasoducto de la Ruta de la Plata, que llegará hasta Asturias, es el
que permitirá que el gas de Argelia pueda llegar hasta aquí. La operación
del sistema --y es gestión del sistema de lo que se está hablando-- es
una cosa importante. Nosotros como Gas de Euskadi somos gestores de este
sistema. Tenemos un despacho



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donde estamos regulando nuestro sistema e interrelacionándonos con el
despacho de Gas Natural. Pero la operación es importante porque en este
momento, por ejemplo, la planta de Huelva no puede meter gas en el
gasoducto porque la presión del gas del Magreb es más alta que la suya.

Por tanto, la planta de Huelva en este momento está prácticamente
inutilizada y por eso se está pensando venderla a Portugal para que
Portugal logre tener también un suministro de GNL, en lugar de tener el
cien por cien como tiene en este momento, a través de este gasoducto del
Magreb. Ellos también están preocupados por su diversificación.

Lo que aparece en rojo es nuestra red de Gas de Euskadi hasta la frontera
de Irún. Estos son gasoductos de transporte a 76 bares. Nosotros estamos
haciendo un ATR negociando desde hace muchos años, sin que haya habido
ninguna ley que lo haya recogido, porque estamos suministrando el gas a
Lesaka y a Castro-Urdiales por un acuerdo que tenemos con Enagás,
cobrándoles un peaje razonable. Esta es nuestra red de transporte. Las
redes de distribución llegan en este momento al 85 por ciento de la
población, distribuyendo nuestra sociedad prácticamente un bcm, es decir,
el 10 por ciento de toda la demanda del Estado. Ese es el gasoducto que
viene desde la antigua producción de Gaviota, que en este momento es
almacenamiento estratégico, y éste es el gasoducto que conecta con el
gasoducto de Barcelona, al que viene desde la planta de GNL de Barcelona.

Por tanto, como antes decía, la ley del gas tiene que contemplar la
realidad de esta red, que es todavía muy pequeña. Pensemos que éstos son
todavía proyectos y, por tanto, estos proyectos deberían permitir la
liberalización en cuanto a que cualquiera pudiera construir, salvando
alguna transición a la competencia razonable.

Presupuestar a los sujetos a los que me refería antes, las importaciones
y la producción nacional, hay que considerar que ésta es escasa; en este
momento prácticamente el cien por cien del gas natural que se consume en
España es importado. La Comisión Nacional de Energía es un ente
importante que tendría que ser potenciado para vigilar que estas
deficiencias que el mercado por propia naturaleza va a tener, sobre todo
en los primeros años, se pudieran salvar. El comité de seguimiento del
sistema agrupará a los gestores del sistema, transportistas,
distribuidores, comercializadores, clientes cualificados y clientes a
tarifa, que son los que en teoría al cabo de 15 años podrían tener la
opción de pasar a ser todos clientes cualificados.

Por tanto, la valoración global es seguir adelante con la ley. Hay
asuntos de la ley que concretamente a nosotros nos están afectando en
estos momentos de forma importante. El artículo 92 (régimen económico)
contempla que se reglamentará debidamente no sólo la propia tarifa de
gas, para los clientes a tarifa evidentemente, sino también todos los
servicios asociados a la puesta en gas de las instalaciones de nuestros
clientes, es decir, todo lo que son los servicios asociados a la
inspección previa al alta de gas. Puesto que la Ley 10/1987 no ha sido
desarrollada, esto nos está provocando en este momento problemas
importantes en el País Vasco en cuanto a demandas, porque no existe
desarrollo legislativo que haya podido cubrir tal actividad, siendo una
actividad que había sido perfectamente anticipada en el protocolo del gas
del año 1985. Por tanto, hay que cuidar aspectos pero ir adelante con la
ley rápidamente.

En cuanto a las preguntas del señor Santiso, he pretendido darles una
visión general de lo que es el proyecto de ley pero enmarcado,
evidentemente, en un mercado que, como digo, es joven todavía.

Respecto a la gestión del sistema, por su propia naturaleza, estamos
continuamente en nuestro despacho de maniobra operando nuestras
estaciones de regulación y medida, tanto en la entrada de gas natural
procedente de la compañía a la que compramos como en las estaciones que
están regulando las entradas a nuestras pequeñas distribuidoras en las
ciudades. Es una regulación que requiere una operación técnica
específica.

En cuanto a las tarifas y peajes, como decía, el decreto que en este
momento existe puede ser una prueba (vamos a ver cómo funciona) de cómo
podríamos regular --ya que España ha optado por el acceso regulado-- cómo
podríamos optar a un peaje que fuese razonable, que permitiese a las
instalaciones actuales ser utilizadas por cualquiera, pero que no
impidiese que nuevas instalaciones se pudiesen montar, porque las
instalaciones que están en este momento en servicio, nacidas en
situaciones de monopolio, han sido amortizadas y por tanto tienen unas
ventajas competitivas, al menos iniciales, importantes. En ese sentido
nosotros, si montamos unidades nuevas, por ejemplo una planta de
regasificación en Bilbao que estamos en este momento estudiando, tenemos
que asumir todos los costes desde el principio. Las plantas que están en
este momento montadas, ya amortizadas, tienen evidentemente unos costes
inferiores. Esta situación hay que cuidarla.

Respondiendo a la pregunta del señor Landeta, el objetivo final tiene que
ser una rebaja de los precios a los consumidores; si no es así haríamos
mal. Otra cosa es si eso es posible a medio plazo. Yo creo que a medio
plazo no va a ser posible. Nosotros llevamos cinco o seis años trabajando
intensamente con un mercado pequeño pero relativamente grande
(prácticamente 10.000 millones de termias), intentando comprar gas a
otros que no sean el que nos suministra en este momento. La verdad es que
es complicado y es difícil. Tenemos en este momento encima de la mesa
precios de gas en frontera, precios en playa, y la verdad es que no veo a
corto o medio plazo que el gas pueda bajar, pero si somos capaces de
desarrollar las infraestructuras, de sugerirle a Francia que también
facilite el aumento de sus infraestructuras para que exista más
intercomunicación, existan más vasos comunicantes, creo que a largo plazo
el gas va a tener un precio inferior.




El señor PRESIDENTE: Don Jacinto Lobo, ha sido una intervención muy
ilustrativa. La verdad es que la posición de su entidad la ha
complementado usted con unas informaciones gráficas de la estructura de
la red de distribución que creo que habrá interesado a SS. SS. Le
agradezco la iniciativa y el esfuerzo que ha hecho al estar presente hoy
aquí.




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Señorías, yo creo que hemos agotado los ánimos, los deseos, las
curiosidades y todas las cuestiones que queríamos plantear hoy a los
comparecientes. Doy las gracias a SS. SS. por la forma en que han
administrado la sesión de esta mañana y les recuerdo que a partir de hoy
se abre el plazo para presentar resoluciones al Consejo de Seguridad
Nuclear; hay 10 días hábiles para ello. Les recuerdo también que mañana
por la tarde continuaremos las comparecencias con tres que ya están
previstas, y el día 3, en sesión de mañana y tarde, con un conjunto de
comparecencias que cerrará esta fase de información previa a la
presentación de enmiendas al proyecto de ley de hidrocarburos.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta minutos de la mañana.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, del miércoles, 25 de febrero de 1998, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.