CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 375



INFRAESTRUCTURAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESUS POSADA MORENO



Sesión núm. 38



celebrada el jueves, 12 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Vacantes Mesa de la Comisión:



--Elección de Vicepresidente primero y Secretario primero (Número de
expediente 041/000021) (Página 11030)



Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de Ley
general de telecomunicaciones (Número de expediente 121/000072) (Página 11030)



Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre
el proyecto de Ley general de telecomunicaciones (Número de expediente
121/000072) (Página 11030)
*
*

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Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.




VACANTES MESA DE LA COMISION:



--ELECCION DE VICEPRESIDENTE PRIMERO Y SECRETARIO PRIMERO (Número de
expediente 041/000021).




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de la
Comisión.

Como primer punto del orden del día se va a proceder a la sustitución de
algunos miembros de la Mesa. En poder de este presidente está la renuncia
de don Víctor Morlán a la vicepresidencia primera y de doña María del
Carmen Heras Pablo a la secretaría primera de la Mesa.

Se propone como nuevos miembros de la Mesa, por el Grupo Socialista, a
doña María del Carmen Heras Pablo como vicepresidenta primera de la Mesa
y a don Francesc Xavier Sabaté Ibarz como secretario primero de la misma.

Si no hay otras candidaturas --que, por supuesto, siempre pueden
presentarse--, vamos a pasar a la votación de estos cargos. (Pausa.)
Comprobado que existe quórum, vamos a proceder a la votación. Por el
secretario segundo se irá llamando por orden, primero a portavoces, luego
a vocales y, finalmente, votará la Mesa. (Por el señor secretario segundo
de la Comisión, Carreño Rodríguez-Maribona, se procede al llamamiento de
los miembros de la Comisión que depositan su voto en la urna preparada al
efecto.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio de las papeletas para
la elección de vicepresidente primero de la Mesa.




Efectuado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: Han sido emitidos 25 votos, todos a favor de doña
Carmen Heras Pablo, que queda proclamada vicepresidente primera.

(Aplausos.)
Pasamos al escrutinio de las papeletas para la elección de secretario
primero de la Mesa.




Efectuado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: Han sido emitidos 25 votos, todos ellos a favor del
señor Francesc Xavier Sabaté Ibarz, que queda proclamado secretario
primero. (Aplausos.) Les ruego que ocupen sus puestos en la Mesa.

(Pausa.)
Antes de comenzar la Comisión quiero dar la bienvenida a la
vicepresidenta primera, María del Carmen Heras, que como secretaria ha
desempeñado una gran labor en la Mesa, y al señor Sabaté como secretario
primero. Despedimos a don Víctor Morlán, que también ha colaborado mucho
con esta Mesa y que ahora va a ser portavoz del Grupo Socialista.

Como conozco oficiosamente el tema, que no oficialmente, querría decir
unas breves palabras en relación con la persona que, aunque no ha
figurado, ha provocado estos cambios, don Jenaro García-Arreciado,
portavoz del Grupo Socialista, para agradecerle su labor en esta
Comisión. Le conocí en la anterior legislatura como veterano portavoz del
grupo que sostenía al Gobierno, siendo yo el portavoz del principal grupo
de la oposición. Debo decir que siempre defendió las posiciones del
Gobierno y de su grupo con firmeza, claridad, con un conocimiento
profundo de los temas y cuando se llegó a algún acuerdo --y en esa
legislatura hubo muchos--, lo cumplió escrupulosamente. Tenía, y tiene,
un gran sentido de la democracia y, por lo tanto, de lo que es el poder y
la oposición. En esta legislatura nos estamos rigiendo sustancialmente
con las mismas normas que se implantaron en la legislatura anterior.

Considero que expreso el parecer de todas SS. SS. agradeciéndole la
importante labor que ha realizado en esta Comisión, en la que ha
desempeñado un papel fundamental a lo largo de todos estos años.

Muchas gracias, señor García-Arreciado. (Aplausos.)



El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Si me permite, señor presidente,
quiero darle las gracias por estas palabras cariñosas que son el
producto, fundamentalmente, de la amistad.

Decía usted que tengo un importante sentido del poder. Debe ser verdad
porque me he dado cuenta que lo he perdido cuando hace escasos momentos
he ido a mi despacho y, por primera vez en muchos años, la luz roja del
teléfono indicaba que no tenía ningún mensaje pendiente. La información
ha corrido a una velocidad de vértigo y ésa ha sido la primera
visualización que he tenido de estar fuera de la pequeña estructura de
poder en la que ahora no voy a estar. En fin, sic tansit gloria mundi.

Muchísimas gracias por sus palabras. Creo que, como usted ha dicho, hemos
hecho entre todos cosas muy importantes, muchas de ellas por acuerdo y
otras, no. Una ley con la que particularmente estoy enfrentado ha tenido
un efecto beneficioso para este país, y es que yo pueda ser miembro del
consejo de administración de la Autoridad Portuaria en Huelva. (Risas.)



--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 121/000072).




El señor PRESIDENTE: Vamos ha comenzar el desarrollo de la Comisión.

El primer punto es la ratificación de la ponencia encargada de informar
el proyecto de ley general de telecomunicaciones.

¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada por asentimiento.




--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE EL PROYECTO DE LEY GENERAL DE



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TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 121/000072).




El señor PRESIDENTE: El segundo punto es la emisión del dictamen, a la
vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley general
de telecomunicaciones.

En un diálogo que hemos tenido la Mesa y los portavoces para establecer
el desarrollo del debate hemos llegado a la conclusión de que la fórmula
más apropiada es que haya un turno de intervenciones, que podrán utilizar
tanto los grupos que mantienen enmiendas como los que no. Los primeros,
pueden defenderlas en ese turno, durante el tiempo que consideren
oportuno, y posicionarse sobre el proyecto de ley en general. Aquellos
grupos que no mantienen emiendas deben utilizar su turno de intervención
para fijar su posición. Hemos acordado que no habrá limitación de tiempo
para que los grupos defiendan sus enmiendas. Como hay enmiendas que son
de mucho calado y es de suponer que va a haber réplicas e incluso
contrarréplicas y como, además, tenemos que preparar bien la votación
para que pueda efectuarse luego sin problemas, advierto ahora que no se
votará antes de las siete y media, lo cual no quiere decir que se pueda
votar después.

Las intervenciones de los grupos se harán de menor a mayor. En primer
lugar, están las del Grupo Mixto. Antes de dar la palabra a Manuel
Alcaraz, señalaré las enmiendas que mantiene cada uno. Las del señor
Rodríguez van de la número 150 a la 158; del señor Chiquillo, de la
número 273 a 310; del señor Saura, de la 352 a 370; y del señor Alcaraz,
de la 371 a la 418.

Para mantenerlas y expresar su posición sobre la ley, tiene la palabra el
señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ RAMOS: Intervengo, efectivamente, para defender --luego
haré una matización-- las enmiendas de todo el Grupo Mixto; no solamente
las de Nueva Izquierda Iniciativa per Catalunya --de las que la ponencia
ha tenido la gentileza de admitir una--, sino también las presentadas por
el señor Chiquillo y por el Bloque Nacionalista Galego. Esto implica,
como ha expresado el señor presidente, una gran cantidad de enmiendas.

Ante esta situación concreta en la que tratamos una ley
extraordinariamente compleja y dadas las características de nuestro grupo
sería pretencioso que yo tratata mínimamente de resumir los intereses --a
veces, incluso, contrapuestos-- de todas las fuerzas políticas. Por eso
imagino que SS. SS. estarán por una vez contentas con la posición del
Grupo Mixto, puesto que voy a hacer una intervención bastante breve, al
menos para que conste en el «Diario de Sesiones» que el Grupo Mixto --en
este caso Nueva Izquierda, Iniciativa per Catalunya, Unión Valenciana y
el Bloque Nacionalista Galego-- algo dijo en una ley tan compleja.

Reafirmo los argumentos que dimos ante el Pleno los diversos partidos que
conformamos el Grupo Mixto y que han sido mantenidos por parte del
representante del grupo en la ponencia. Son, fundamentalmente, cuatro
aspectos que, a nuestro modo de ver, no se han resuelto
satisfactoriamente con el informe que ahora se presenta y que nos lleva a
mantener todas nuestras enmiendas. En primer lugar, el desequilibrio que
continúa apareciendo --y que nos tememos aparecerá finalmente en la ley--
entre lo público y lo privado, con una preponderancia claramente nítida
de lo privado; es decir, un sesgo a favor de las telecomunicaciones como
un elemento básico de enriquecimiento y no --y entro así en el segundo
punto-- como servicio público. El redactado del artículo segundo, con ese
concepto de interés general que supone un retroceso respecto a anteriores
conceptualizaciones como servicio público, es, desde nuestro punto de
vista, muy criticable, tanto por lo que se va a deducir de efectos
jurídicos ulteriores como por la ideología subyacente a esta cuestión. En
tercer lugar --y ha sido resaltado también por otros compañeros del Grupo
Mixto en las diversas fases de la tramitación parlamentaria--, la falta
de una previsión adecuada y extensa de mayor participación de comunidades
autónomas e incluso, en algunos puntos donde era posible, del poder
local, básicamente de los ayuntamientos. En cuarto y último lugar,
hubiera sido nuestro deseo, pero tampoco se ha recogido, junto a otra
serie de temas menores, como diversas mejoras técnicas, etcétera, en las
que no insistiré, que se hubiera podido avanzar sustancialmente en la
defensa de los usuarios, lo que tampoco se hace. Por lo tanto, por estas
cuatro razones básicamente, a reserva de lo que cada portavoz desee
explicar a mayor abundamiento en el Pleno de la próxima semana, doy por
defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto, y con esto concluyo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rivero, portavoz del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria para la defensa de las enmiendas que
le queden y para posicionarse.




El señor RIVERO BAUTE: Señorías, cuando en noviembre del pasado año
tuvimos en Pleno el debate de totalidad de este proyecto de ley,
Coalición Canaria se opuso a las enmiendas presentadas, desde nuestro
compromiso en la gobernabilidad del Estado, pero en la esperanza de que
en su tramitación el proyecto de ley mejorara, fuera más ambicioso en la
regulación de las obligaciones de servicio público, diera cauce de
participación a las comunidades autónomas en la concurrencia de las
telecomunicaciones con sus competencias sectoriales y sirviera de verdad
a la realización de la cohesión territorial, económica y social que
programa en su artículo 3 como uno de sus objetivos. Dijimos entonces que
estábamos ante un buen texto en sentido técnico, pues se daba una eficaz
traslación de las directivas europeas. Hoy podemos afirmar que se han
producido avances significativos en lo político. Espero que esos avances
favorezcan la sinergia necesaria para lograr acuerdos en algún tema más
en el que hasta el momento no hemos encontrado el consenso necesario.

El informe de la ponencia mejora la regulación de los servicios de
autoprestación por las administraciones y organismos públicos. El régimen
de prestación de los servicios obligatorios también queda mejor definido
con la participación autonómica en el procedimiento de designación de los
operadores cuando los servicios no superen el



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ámbito geográfico de la correspondiente comunidad autónoma. Se produce
asimismo una mejora general en la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas diferenciándose la competencia estatal
sobre las telecomunicaciones respecto de la compartida en medios de
comunicación social y salvaguardando otras competencias autonómicas en
sectores materiales en los que inciden las telecomunicaciones. Sin duda
son grandes avances que tal como nos anunció el señor Recoder en el
debate plenario de totalidad, resultaban imprescindibles para acercar
posiciones con el Grupo Popular. No son ésos los únicos avances. Especial
relieve tienen para nosotros los canarios los acuerdos alcanzados sobre
distintos aspectos del título III de las obligaciones de servicio
público, con la posibilidad de que el Gobierno declare como obligatorios
aquellos servicios que no pudiendo ser garantizados por el mercado sean
necesarios por razones de interés general. Finalmente, valoramos como una
gran mejora que el Gobierno, previo informe de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, pueda imponer nuevas obligaciones de servicio
público sin que medie ninguna excepcionalidad, incorporando a los
criterios de defensa, seguridad, sanitarios y educativos, previstos en el
texto inicial, los culturales y de cohesión territorial. Creemos que con
ello la preocupación que manifestaba el Grupo Socialista en el debate de
totalidad sobre lo limitado del servicio universal puede estar al menos
mitigado con esa regulación.

No quiero, señorías, con ese positivo balance perder de vista lo que para
los nacionalistas canarios constituye un principio irrenunciable y un
signo distinto de nuestra acción política: que la política legislativa
del Estado contemple la singularidad de nuestro hecho diferencial,
geográfico, insular y ultraperiférico. En el debate general sobre el
estado de la Nación española del 13 de junio del pasado año, el Pleno de
la Cámara aprobó una resolución por la que instaba al Gobierno a tener en
cuenta ese hecho diferencial en su política legislativa y acción
ejecutiva en distintos sectores, entre ellos el de telecomunicaciones. Lo
que hoy tiene valor primario en el nuevo Tratado de la Unión Europea, que
reconoce el especial estatus de Canarias y la modulación de las políticas
comunes, no puede olvidarse en el derecho interno español. Nuestro REF
recoge asimismo distintas medidas de promoción económica en las que los
transportes y las telecomunicaciones son fundamentales. Por eso
manifestamos nuestra satisfacción respecto de los acuerdos
transaccionales a los que hemos llegado con las enmiendas 268 y 269, que
han supuesto la creación de la disposición adicional décima.

No podemos decir lo mismo de la negativa a constituir una subcomisión de
telecomunicaciones para el estudio y propuesta de la Comisión mixta del
REF de aquellas medidas necesarias para la ejecución de las
especificidades de los planes de telecomunicaciones que contribuyan a la
cohesión de las islas entre sí y de éstas con el territorio peninsular.

Quiero recordar a SS. SS., especialmente al Grupo Popular, que una
subcomisión semejante en materia de transportes, puertos y aeropuertos
fue creada en la reciente modificación de la Ley de puertos.

Para finalizar, además de la enmienda 270, que damos por defendida,
queremos llamar la atención sobre nuestras enmiendas 263 y 272. La
primera no es más que la manifestación de una voluntad política. Sabemos
que es la legislación sectorial ambiental la que en su caso establecerá
condiciones y límites a las instalaciones de telecomunicación, pero
creemos que es bueno que esta ley recoja esa orientación, aunque fuera
como disposición adicional, pues reconocemos que puede ser no idóneo que
se recoja en el articulado.

Por último, la enmienda 272 propone que un proyecto de ley como éste, que
recoge un anexo de definiciones, establezca lo que es la red digital de
servicios integrados, a la que se refiere en su artículo 40. No decimos
que nuestra definición sea la correcta; decimos que hay que determinar la
red digital de servicios integrados.

En resumen, señor presidente, señorías, retiramos todas las enmiendas que
no han sido objeto de transacción y mantenemos para la votación las
números 263, 270 y 272.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor
González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco
retiró en el trámite de ponencia todas las enmiendas que mantenía vivas a
este proyecto de ley de telecomunicaciones, y, en consecuencia, no me
cabe más que manifestar la satisfacción en nombre de dicho grupo por el
acuerdo político suscrito con el Grupo Parlamentario Popular en orden a
la defensa de los contenidos que en este momento el dictamen de la
ponencia recoge en este proyecto de ley.

Entendemos que se ha trabajado intensamente desde el mes de noviembre
hasta aquí en unos acuerdos que en principio parecían difíciles, en un
momento en que se está desarrollando el proceso de liberalización de las
telecomunicaciones. En definitiva, nos encontramos ante las nuevas reglas
de juego en un momento en que los segundos operadores en el conjunto del
Estado y en la comunidad autónoma vasca particularmente empiezan a
funcionar; era por lo tanto una coyuntura difícil por el inicio de estos
procesos para el establecimiento de unas nuevas reglas de juego y no
puedo más que agradecer al Grupo Parlamentario Popular y a los demás
grupos parlamentarios el trabajo y la consideración que las enmiendas del
Grupo Parlamentario Vasco han merecido en el trámite de ponencia. De cara
al futuro habrá que releer con detalle para los siguientes trámites en el
Senado el conjunto de enmiendas transaccionales que en la fase de
ponencia se han incorporado a este proyecto de ley, habida cuenta del
giro que se le ha dado al conjunto de la ley en ese empeño en establecer
unas reglas de juego limpias y transparentes suficientemente precisadas
en este proceso de liberalización de las telecomunicaciones.

En consecuencia, termino, señor presidente, agradeciendo a los grupos
parlamentarios la buena acogida de las posturas que el Grupo
Parlamentario Vasco ha mantenido en estos trámites en el seno de la
ponencia.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: De forma muy breve y como cuestión previa,
quisiera sumarme a sus palabras de alguna forma de despedida y afecto
hacia nuestro compañero don Jenaro García-Arreciado. Como la semana que
viene vamos a tener ocasión de debatir en el Pleno del Congreso esta ley,
espero entonces poderme despedir de una forma más personal de nuestro
querido compañero.

En segundo lugar, también como cuestión previa, quiero expresar una
cierta frustración por tener que defender una vez más una ley que yo
personalmente y creo que los que somos miembros de esta Comisión
consideramos que tiene una gran trascendencia social, pero que por su
altísima especialidad y por su contenido técnico es una ley que casi
nadie entiende y, por lo tanto, es una ley que encuentra y va a encontrar
seguramente una gran dificultad para llegar a la opinión pública. Es
simplemente una manifestación y una constatación de algo que creo que es
totalmente inevitable.

Como decía, señor presidente, nosotros consideramos que ésta es una ley
muy importante. Se trata de un proyecto de ley anunciado y comprometido
por el Gobierno con las autoridades comunitarias. Es un proyecto que
traspone al ordenamiento español la normativa en materia de
telecomunicaciones de la Unión Europea y además actualiza y unifica los
principales textos de esta prolífica legislación que durante todos estos
años hemos ido preparando y aprobando sobre este tema con el horizonte de
disponer de este conglomerado de leyes para un entorno de competencia. Es
un proyecto que regula temas muy amplios, desde el régimen de
autorizaciones y licencias, a la interconexión, la numeración, las
obligaciones del servicio público, la ocupación del dominio público o
privado, el secreto de las comunicaciones, la gestión del dominio o la
inspección y el régimen sancionador, por citar los aspectos principales
del texto que planteó el Gobierno en su momento.

Como ya se ha dicho por los anteriores intervinientes, en ponencia
manifestamos que habíamos llegado a un acuerdo entre varios grupos
parlamentarios y entre nuestro grupo y el del Partido Popular después de
un largo debate previo que condujo a la inclusión de una serie de
enmiendas transaccionales en ese mismo trámite de ponencia y a la
retirada de todas nuestras enmiendas. Debo manifestar nuestra conformidad
con el conjunto de transaccionales, no sólo con aquellas entre el Grupo
Popular y nuestro grupo parlamentario, sino también con las
transaccionales que el propio Grupo Popular ha ofrecido al resto de los
grupos de la Cámara, cuya aceptación en algún caso, como es el de
Coalición Canaria o del Partido Popular, ya se ha manifestado con
anterioridad.

Voy a entrar, aunque sea de una forma sucinta, a hacer una valoración de
las enmiendas de nuestro grupo parlamentario que, de alguna forma, ya sea
directamente o en la mayoría de casos a través de transacciones, se han
incorporado en el dictamen de la ponencia.

En primer lugar, en el artículo 5, apartado 5, que trata de la asunción
excepcional por parte de la Administración general del Estado de la
gestión directa de determinados servicios o redes o su intervención para
garantizar la seguridad, defensa u obligaciones de servicio público, se
ha introducido, como fruto de esta transacción a la cual me refería, la
posibilidad de que dicha intervención se produzca a instancias de una
Administración distinta de la Administración general del Estado.

En cuanto al artículo 7.2.b) hemos introducido también una transacción
que matiza este precepto determinando la exclusión de la obligación de
obtener autorización o licencia en el caso de los servicios corporativos.

En este mismo artículo en el apartado 3 también hemos introducido una
enmienda transaccional, calificando la exclusión de la obligación de
obtener título habilitante para el caso de las redes públicas de
telecomunicaciones.

Asimismo hemos acordado una transaccional en el artículo 14, que
introduce la figura del silencio positivo, coincidente esta transaccional
con la demanda de otros grupos parlamentarios, en la prestación de nuevos
servicios.

Con la transaccional al artículo 24.2, que garantizaba determinadas
figuras o formas de acceso a las redes, en concordancia con enmiendas
anteriores, queda garantizado el acceso a las redes de los grupos
cerrados de usuarios, administraciones o sus entes públicos. En cuanto al
artículo 41, que trata de la prestación y de la financiación de los
servicios públicos obligatorios, a través de una enmienda acordada se
establece la intervención de las comunidades autónomas en la designación
de los operadores obligados a suministrar cada tipo de servicio en su
ámbito territorial. En cuanto a la enmienda transaccional introducida en
el apartado 2 del artículo 44, modifica las condiciones para la obtención
de la autorización de ocupación del dominio público. Al artículo 46 hemos
presentado dos enmiendas a los apartados 2 y 4, que son complementarias y
garantizan la intervención de las comunidades autónomas con competencias
en materia de ordenación del territorio en la aprobación de los proyectos
técnicos de instalación de redes de telecomunicaciones.

Asimismo, hemos introducido enmiendas transaccionales, de acuerdo con el
Grupo Popular, a los artículos 55.3 y 58 que hacen más transparente y
abierto el procedimiento de comprobación del cumplimiento de las
especificaciones técnicas por parte de los equipos y aparatos. En cuanto
a la transacción al artículo 62.2, planteamos que en los futuros planes
técnicos de radiodifusión y televisión resulte una oferta de frecuencias
equivalente para la cobertura estatal y para la autonómica y local, de
otra parte, para la televisión y la radio. En cuanto al artículo 65 se
salvaguardan a través de la enmienda transaccional las competencias
autonómicas en materia de medios de comunicación social en el control e
inspección del dominio público radioeléctrico.

En las disposiciones adicionales y transitorias tenemos una enmienda
transaccional a la disposición adicional undécima y a la disposición
transitoria séptima. Ambas tienen por objeto que los servicios portadores
soporte de servicios de difusión se puedan prestar en régimen de
competencia,



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con el objetivo de permitir que las redes que en este momento ya están
transportando la señal televisiva, concretamente en las comunidades
autónomas del País Vasco y de Cataluña, puedan hacerlo dentro de un
régimen de legalidad y no de alegalidad como venía sucediendo hasta el
momento.

Por último, señor presidente, en cuanto a las disposiciones transitorias,
hemos presentado también una transaccional a la transitoria primera,
aunque de hecho no es una transaccional, sino que es más bien la
introducción literal de una enmienda de este grupo parlamentario, que
recupera el espíritu de la Ley de telecomunicaciones por cable,
concretamente en aquello que se refiere a la moratoria que se establecía
en dicha ley para que Telefónica pudiera comenzar a operar en las
demarcaciones de cable, prestando el servicio de cable; moratoria que en
la citada Ley de telecomunicaciones creo recordar que se fijaba en 16
meses y excepcionalmente en 24 meses a petición de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y aprobado por el Gobierno. Esta
moratoria había desaparecido del texto del proyecto de ley y consideramos
que de haberse aprobado la ley tal como se preveía en el proyecto
inicial, hubiera supuesto un perjuicio importante para las redes
incipientes de cable que están empezando a desplegarse.

Desde este grupo parlamentario, señor presidente, siempre hemos mantenido
que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones no sólo es
altamente positivo sino también necesario para no perder el tren del
futuro. Buena prueba de ello, y lo hemos dicho reiteradamente y tuvimos
mucho interés en manifestarlo así en el debate de las enmiendas de
totalidad, es que los países que han avanzado más rápidamente en este
camino han experimentado una mejora muy importante de los servicios, una
reducción de los precios, diversidad de la oferta de productos y mayor
satisfacción de los usuarios, que son considerados y tratados como
clientes. La introducción de la competencia ha comportado, en los
sectores o países donde se ha aplicado, un impacto tremendamente positivo
sobre la competitividad de las estructuras empresariales, sean
industriales, comerciales o turísticas. Este conjunto de beneficios
pensamos que ha sido lo suficientemente importante como para que la Unión
Europea se decidiera en su momento a eliminar las barreras monopolísticas
y a impulsar con carácter general y de forma prioritaria esta
liberalización en todos los Estados miembros.

Nuestro grupo parlamentario está convencido de que con este proyecto de
ley avanzamos en este proceso en el que felizmente hoy ya estamos
plenamente embarcados, una vez superado aquello que hemos manifestado
también reiteradamente como errores del pasado, que condujeron a la
protección monopolística frente a la competencia tanto de nuevos
operadores internacionales --y léase la negociación de un período
transitorio de cinco años, es decir, hasta enero del año 2003, previa la
liberalización--, como de nuevos operadores domésticos --y léase el
intento de evitar que las redes de cable pudieran convertirse en la
puerta de entrada a la competencia telefónica o bien la imposición de una
fuerte prima al nuevo operador de telefonía móvil y la resistencia a la
liberalización de los servicios finales y portadores--, pero hoy estamos
ya a las puertas de disponer de una legislación muy similar a la que
impera en el resto de Europa y ello nos satisface enormemente. Creo que
estamos lo suficientemente maduros para hacer una apuesta clara por la
competencia, olvidando resistencias proteccionistas a las que habíamos
estado acostumbrados, y dirigir nuestros esfuerzos no a proteger el
mercado frente a las empresas foráneas, sino a proteger la competencia
frente a los abusos del poder dominante. Por ello, señor presidente,
señorías, termino manifestando que obviamente, siendo fieles al acuerdo
que llegamos en ponencia, vamos a votar favorablemente dicho informe y a
rechazar el resto de enmiendas que se puedan plantear en este trámite con
el convencimiento de que estaremos dando un paso positivo adelante.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene
la palabra, para la defensa de sus enmiendas y fijar la posición que
considere oportuna, tiene la palabra don Felipe Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Estamos debatiendo una ley que afecta a la vida
cotidiana de la gente, lo sepan o no en este momento, pero las
consecuencias sí las van a vivir acto continuo de que esta ley se termine
de aprobar. En la moderna sociedad de la información cada vez más
personas dependen de las telecomunicaciones, tanto en la vida privada
como en el trabajo. Las comunicaciones por medios modernos, ya sean
teléfonos, fax, correo electrónico u otros sistemas son una herramienta
muy importante para los ciudadanos y las empresas de hoy. En este
sentido, desde un principio la política de la Comisión Europea ha
perseguido evitar que la sociedad se fragmentara, que se dividiera entre
los que tendrían mayor facilidad en el acceso a las nuevas tecnologías o
posibilidades y aquellos que quedarían excluidos de sus beneficios. De
este modo, al establecer un régimen de competencia abierta en el mercado
de las telecomunicaciones, surgió la necesidad de asegurar unos servicios
telefónicos mínimos de calidad suficiente y a un precio razonable,
denominados éstos servicio universal. Por cierto que en los últimos
movimientos que se están dando en la Unión Europea se está detectando,
pese a lo que ha dicho el anterior portavoz, que el equilibrio entre el
operador dominante y los operadores emergentes parece que no se ha
establecido suficientemente bien, porque este nuevo equilibrio que
incluso se expresa en España está afectando a inversiones y a la
implantación de manera adecuada del servicio universal.

Pues bien, en función de todo esto, a nuestro juicio, señor presidente,
la propuesta de ley que se contiene en el informe de la ponencia supone
un giro involutivo muy serio con respecto a estas intenciones de la
Comisión Europea y de la Unión Europea en general y, ahora intentaré
demostrar, con respecto también a cómo se transcribe esta intención en
las distintas leyes nacionales y, por descontado, también un giro
involutivo con respecto al propio derecho nacional que hasta ahora
atravesaba la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones en función del
artículo 128 de la Constitución.




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A nuestro juicio es un giro que demuestra que es una ley poco avanzada en
lo que se refiere a las necesidades de este país y a los textos que se
han redactado en otros países socios de la Unión Europea. Crea una brecha
social y territorial que se puede agrandar de manera irreversible y, por
otra parte, da un enorme margen de discrecionalidad al Gobierno para que
aplique esta ley de una manera que nos tememos va a ser crecientemente
involutiva. O, dicho de otra manera, la quiebra importante del derecho
nacional al eliminar el concepto de servicio público se contiene al
principio de esta ley y supone la crítica que nosotros hacemos en la
primera enmienda, que después defenderé, concepto que pasa a ser
sustituido por el concepto de obligación de servicio público, un concepto
insuficientemente definido, con un contenido muy pobre, albergando en su
seno un concepto de servicio universal absolutamente raquítico. Al mismo
tiempo, hay una falta de concreción en la ley, que da lugar a un excesivo
intervencionismo y discrecionalidad del Gobierno en el desarrollo
reglamentario posterior de la ley.

Existe confusión en la delimitación de competencias entre los distintos
órganos y autoridades reguladoras (Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, Tribunal de Defensa de la Competencia y Ministerio de
Fomento). Hay una incorporación insuficiente, por ejemplo, en el tema del
servicio universal, y hay un intervencionismo también claro, por ejemplo
en el tema de licencias, con respecto a la legislación comunitaria, todo
lo cual supone, a nuestro juicio, una potenciación muy negativa de los
actuales desequilibrios sociales y territoriales.

En este marco, señor presidente, me propongo defender cien enmiendas,
aludiendo a las más importantes, a las que creo que resumen la posición
política y teórica del Grupo Federal de Izquierda Unida. Sobre la
enmienda número 50 al artículo número 2, nosotros creemos, tal como
dijimos a la hora de explicar nuestra enmienda de totalidad en el Pleno
de esta Cámara, que es imprescindible mantener el carácter de servicio
público esencial para esta serie de servicios en la ley general de
telecomunicaciones, tal como se hacía en la LOT, por ejemplo. Esto ha de
hacerse conforme al artículo 128 de la Constitución y con respecto al
tema de la titularidad estatal, debiendo en este sentido asegurarse de
manera suficiente la presencia del sector público en toda esta suerte de
servicios, cosa que no se hace y, a nuestro juicio, a partir de aquí va a
afectar de manera muy negativa a lo que son --así se contiene en la ley--
obligaciones de servicio público, al servicio universal y a otros
servicios obligatorios. Pensamos, tal como lo dijimos en su momento, que
en la redacción que se ha hecho del artículo 2 se contiene una quiebra
muy seria del derecho nacional, suponiendo ésta involución con respecto a
la Constitución que nosotros hemos denunciado al principio de esta
intervención; involución que también se traduce en cuanto a la voluntad y
a los textos concretos en que se plasma esta voluntad en la legislación
europea correspondiente, como vamos a ver, por ejemplo, en la enmienda
número 99 del Grupo de Izquierda Unida al artículo 35.2. A nuestro
juicio, en lo relativo a la no discriminación, hay que añadir una serie
de determinaciones. Por tanto, no se podrá establecer discriminación
geográfica en tarifas o en precios en la zona en que presten sus
servicios los titulares de licencia, y esto en absoluto está garantizado,
frente a la garantía que se establece en la legislación europea que está
sustituyendo en este momento a la anterior. Por ejemplo, en Francia, en
su ley de reglamentación de las telecomunicaciones de 1996, se ha
encontrado un modo original de asegurar la financiación del coste de la
estratificación o perecuación geográfica y, consiguientemente, de
garantizar la no discriminación geográfica. Este coste se incluye en la
cuota de interconexión abonada al operador dominante encargado del
servicio universal por los nuevos operadores y prestadores de servicios.

Incluso está previsto que en la ley el desequilibrio geográfico esté
anulado antes del 31 de diciembre del año 2000. A partir de entonces se
financiará de otra manera con cargo a un fondo nacional. En Holanda, por
ejemplo, y de acuerdo con el decreto de directiva general de
telecomunicaciones, los servicios obligatorios de telecomunicaciones no
se deberán prestar bajo tarifas y condiciones que no sean uniformes, y
esto afectando a todo el territorio holandés. Por tanto, tienen que ser
uniformes. La ley española va muy por detrás de todo esto, como ustedes
podrán comprobar.

Igualmente ocurre en el artículo 37.1, apartado d), al que nosotros
presentamos las enmiendas 100 y 101. Pensamos que hay que detallar el
alcance del servicio universal, desarrollando el concepto de usuarios con
necesidades sociales específicas y especiales. Por tanto, a nuestro
juicio, hay que incluir como beneficiarios de condiciones favorables a
los usuarios de bajos ingresos, a los pobres (tenemos en este país ocho
millones de pobres), a los parados, a los perceptores de pensiones
inferiores al salario mínimo interprofesional; hay que asegurarles un
precio asequible y esto en absoluto se contiene en una ley que va a
afectar a la vida cotidiana de esta gente, que es mayoría en este país en
el seno de las estadísticas de trabajadores o de jubilados. En Europa se
ha tenido mucha mayor sensibilidad. Algunos países aplican tarifas
especiales para usuarios con dificultades económicas. Por ejemplo, en
Austria los pensionistas, estudiantes y personas de bajo nivel de
ingresos están exentos de pagar la cuota mensual y tienen gratis el
importe equivalente a una hora de consumo local al mes. En Portugal
aparecen medidas similares, parecidas a las que anteriormente he
detallado. En Suecia, aunque es cierto que no existen obligaciones
formales, el operador principal, Telia, sigue ofreciendo un plan mini que
favorece a los abonados de bajo consumo. En Bélgica, unos 370.000
ancianos y discapacitados se benefician de unas tarifas telefónicas
sociales fijadas por el real decreto de servicio universal, es decir, que
se les ofrece un 70 por ciento de reducción en la cuota de conexión, un
50 por ciento en la cuota mensual y 50 unidades de tráfico gratuitas
durante dos meses.

Con respecto a Francia, hay que decir que se están elaborando en este
momento unas tarifas especiales para discapacitados y usuarios con bajos
ingresos. France Télécom ya ofrece acceso gratuito a determinados
usuarios para específicas llamadas locales como, por ejemplo, las que
existen para hablar con la oficina de empleo --aquí esto sería



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interesante-- y recibir el desempleo a través de llamadas gratuitas.

También proporciona gratuitamente a los sordos el equipamiento especial
--y aquí en este país hay más sordos de los que parece, señor
presidente-- para subsanar su handicap, su rémora. Las personas mayores
de 65 años no pagan por el derecho de conexión.

Pasa lo mismo en el tema de la asequibilidad, que aparece en el artículo
37, párrafo 1, letra d), sin una definición clara y en absoluto
aceptable. Nosotros hemos interpuesto la enmienda número 102. Hay que
concretar en qué consiste exactamente la asequibilidad y creemos que
consiste en la no discriminación geográfica por tarifa, consumo o precio
para cada operador, en la fijación de tarifas máximas y en las llamadas
gratuitas, por ejemplo, a los números de urgencia; la consulta gratis con
respecto a ciertos temas desde teléfonos públicos, como la guía, y en la
no desconexión por impago y posibilidad de hacer llamadas de urgencia y
recibir cualquier llamada. En Francia, se ha tenido mucha mayor
sensibilidad, y estoy citando países con nivel de vida mucho más alto que
el que tenemos aquí, excepto Portugal, país que he citado sólo una vez,
aunque lo voy a volver a citar. Por ejemplo, varios países europeos
tienen medidas de desconexión blanda por impago; esto significa que no se
corta la línea de la noche a la mañana por impago. En Francia, dentro de
las obligaciones del servicio universal, en caso de impago se mantiene
durante un año un servicio restringido, que permite recibir llamadas y
enviar llamadas al servicio gratuito y de emergencia durante un año. En
Italia, se permite la realización de llamadas de urgencia en caso de
impago. La nueva regulación del servicio público de telecomunicaciones de
Portugal, por ejemplo, incluye la obligación de asegurar la desconexión
blanda, cosa que en absoluto aparece en el texto que nosotros estamos
analizando en este momento, texto que tampoco aclara en absoluto, y por
eso presentamos la enmienda número 102, el nivel mínimo de calidad, en
qué consiste el nivel mínimo de calidad que no aparece definido en
absoluto en el artículo 37, apartado 1, letra d). El nivel exigido debe
ser el mismo en las zonas rurales que en las urbanas. Pensamos que se
deberían poder recibir llamadas desde los teléfonos públicos de pago, que
siempre sea posible obtener la facturación detallada y que la velocidad
de transmisión de datos sea la apropiada, tal como mantiene el Partido
Socialista en su enmienda, incluso por encima de nuestra propuesta.

Obtener la facturación detallada es cosa corriente, por ejemplo, en una
serie de países de la Unión Europea, como Portugal, también, que está por
debajo de nosotros en la media de nivel de vida, y Suecia, donde además
es gratuito.

Con esta misma filosofía, pensamos que hay que cambiar la disposición
adicional décima, e introducimos la enmienda número 143, con respecto al
plan de extensión de la infraestructura de telecomunicaciones. Hay que
permitir el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas redes y servicios
dentro del concepto de servicio universal. Desde este punto de vista,
pensamos que hay que garantizar, de forma prioritaria, los servicios de
telemedicina en todos los centros sanitarios públicos, y que debe hacerse
y asegurarse la conexión de todos los centros públicos de enseñanza y
bibliotecas públicas a redes de banda ancha, así como la interconexión de
todas las administraciones públicas, embajadas y consulados, para un
mejor servicio a los ciudadanos.

Con respecto a la nueva disposición transitoria decimotercera, respecto
al plazo para la extensión de las infraestructuras de telecomunicación,
concretamos cómo debe contemplarse este plazo a través de la enmienda
número 149. A nuestro juicio, el primer plan de extensión de las
infraestructuras de telecomunicaciones deberá estar elaborado antes de un
año, y los plazos para cumplir todos los objetivos de este plan no deben
superar el límite temporal del año 2003.

De otra parte, también entramos --y en este resumen que estoy haciendo
voy a recoger también la enmienda número 103-- en la posibilidad de
cambiar de operador titular a la hora de prestar el servicio universal si
éste se puede hacer a un coste más bajo por otro operador. Pensamos que
esto es posible --y se viene haciendo en otros sitios; hay un caso muy
interesante como es, por ejemplo, la República Federal Alemana, que
incluso va más allá al buscar el coste cero del servicio universal. Ahí
se postula que las necesidades del servicio universal deben satisfacerse
mediante el mercado en competencia, lo que presupone que el operador
dominante debe aportar este nivel satisfactorio de servicio universal.

Una serie de condiciones determinan que esto se realice de manera
adecuada, cosa que aquí en absoluto se ha tenido en cuenta.

También tenemos en cuenta, en la enmienda número 104, la necesidad de una
periodicidad anual en el cálculo del coste ocasionado, basándose el coste
neto del servicio universal en el coste neto ocasionado al operador u
operadores que presten este servicio, tal como se hace en Francia y en
algún otro país de la Unión Europea.

En la enmienda número 105, señor presidente, enmienda al artículo 39,
apartado 1, ampliamos y modificamos, mejorándola, la función otorgada al
Consejo asesor de telecomunicaciones, la necesidad de la consulta acerca
de los criterios utilizados para evaluar los costes del servicio
universal y el derecho del Consejo asesor a la hora de consultar los
resultados de la auditoría de costes. En este orden de cosas --enmienda
número 106-- pensamos que el servicio universal debe ser financiado,
además de por todos los operadores que exploten redes públicas, también
por los prestadores de servicios telefónicos disponibles al público y por
todos los prestadores de servicios que se beneficien de esta situación.

No me alargo más, señor presidente, simplemente voy a referirme, para
terminar, a las enmiendas números 108 y 109 al artículo 42. Pensamos que
hay que concretar las otras obligaciones de servicio público y,
lógicamente, suprimir la expresión que aparece en el artículo 42 de caso
extraordinario. No sólo aparece constantemente esa discrecionalidad de
que «el Gobierno reglamentariamente dispondrá con posterioridad...» o una
redacción similar, sino que, al mismo tiempo, aparecen expresiones en
artículos fundamentales, como esta de «caso extraordinario», que aumenta
muchísimo la discrecionalidad con respecto a temas de enorme interés. En
este sentido, hay que incluir en



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estas otras obligaciones de servicio público el servicio móvil marítimo,
por razones de seguridad, y que sea financiado por el fondo de servicio
universal. Pensamos que es necesario incluir aquí la oferta de acceso a
multiservicios de banda ancha, redes digitales a servicio integrado, a
los centros públicos de enseñanza, sanidad y Administración, y
facilidades consecuentes de acceso para el servicio al público en general
con cargo, de nuevo, al fondo nacional de servicio universal.

Termino por donde empecé, señor presidente. Hay una involución con
respecto al Derecho nacional, al artículo 128 de la Constitución. Aquí se
está haciendo la liberalización sin aprovechar el margen de tiempo que se
nos dio. Es cierto que en otros países --depende de su nivel de vida--
termina la liberalización el 1 de enero de 1998, y en nuestro caso el 1
de diciembre de 1998. Pero se está demostrando sobre los hechos que esta
liberalización tendría que haber aprovechado todo el margen que se nos
daba, por entrar en la lógica de los que creen en Maastricht y en estas
cosas. Desde nuestra lógica, no se tendría que haber liberalizado nunca
ese nivel. Se está demostrando que esa liberalización en general es mala,
y hecha deprisa y corriendo antes del 1 de diciembre de 1998; es
absolutamente funesta y negativa, máxime cuando va acompañada de la
privatización total y absoluta de todo. Nos parece que tiene
consecuencias gravísimas sobre la vida cotidiana de la gente. Si a esto
le sumamos que la ley general de telecomunicaciones va a la cola de la
legislación europea, y acabo de demostrarlo con las referencias que he
hecho, nos encontramos ante una ley absolutamente inaceptable, que va a
tener consecuencias muy serias en un tema fundamental, que nos va
dividir, de nuevo, en personas y territorios pobres que no accederán de
la misma manera al servicio de información de esta sociedad denominada de
la información, y a los menos pobres que accederán de otra manera a
servicios fundamentales, entre ellos el de telefonía o las redes de banda
ancha.

Por lo tanto, nos hemos opuesto en el Pleno a lo largo del trámite de la
enmienda a la totalidad y nos oponemos aquí formalmente en la defensa de
estas 100 enmiendas. En el trámite de la confección de esta ley, a pesar
de lo que se dijo en un principio, no hemos tenido la oportunidad de
comparecer en ningún terreno de juego donde se estuviera jugando
previamente el partido a las reuniones de la ponencia. Nos hemos
encontrado con algunas transaccionales que con respecto a Izquierda Unida
son absolutamente formales y superficiales. Primero, nos parece una ley
mal hecha y, en segundo lugar, muy retrasada y con pocos socios
parlamentarios. Una ley de esta categoría no debe tener tan pocos socios
parlamentarios a nivel de número de votos. A la velocidad que van las
cosas, a nuestro juicio va a durar muy poco, teniendo en cuenta los
nuevos movimientos que ya se están dando a la hora de ver los equilibrios
entre los operadores dominantes y el resto de operadores emergentes en
las consecuencias que todo esto está teniendo. Se me podrá decir que esta
ley va a durar mucho porque todo se va a desarrollar a nivel de
reglamento. Esto me pone los pelos de punta, señor presidente, porque es
de una discrecionalidad absoluta y extraparlamentaria, residenciada
exclusivamente en el área del Ejecutivo.

Por todas estas razones, señor presidente, votaremos algunas enmiendas
del Grupo Socialista al título III y algunas del Grupo Mixto. Votaremos a
favor de las enmiendas 263 y 272 del Grupo de Coalición Canaria, nos
abstendremos en la número 270 y... pajaricos con la madre, señor
presidente. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz, por su intervención que,
dado el número de enmiendas, le agradezco mucho cómo ha resumido en las
que consideraba más importantes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar,
el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Antes de iniciar la defensa de las enmiendas del
Grupo Socialista, quisiera hacer un par de comentarios sobre el día de
hoy, porque yo soy uno de los afectados por este día y tengo sentimientos
contradictorios. A la vez que estoy muy agradecido al respeto que hemos
tenido en la Mesa de la Comisión al buen hacer que hemos llevado a cabo y
a la forma de entendernos y de dialogar los temas, también tengo el
sentimiento contradictorio de ver cómo un compañero mío nos abandona. El
compañero es don Jenaro García-Arreciado al que debo respeto,
consideración y mucho agradecimiento porque durante este tiempo me ha
ayudado mucho en mi labor parlamentaria.

Si hay que empezar este monólogo, y no lo digo porque vaya a hablar yo
solo, sino porque hablas y parece que lo haces con las paredes, diría que
en el debate de este proyecto de ley que hoy discutimos --que tiene un
calado tan profundo y tan poca atención-- espero que los diputados que
estamos en esta sala aguantemos oír hablar de un proyecto de ley cuyo
tratamiento ya está bastante perfilado. Porque el juego de los acuerdos y
pactos políticos va en una dirección que impide, como es lógico --no lo
critico, sino que simplemente lo constato--, que determinados
planteamientos que hagamos otros grupos de la oposición no sean recibidos
con buen talante y con buen tono por parte del grupo que sostiene al
Gobierno. Y a pesar de esas enmiendas transaccionales que nos han puesto
encima de la mesa, a las que haré referencia, lo que es el meollo del
marco jurídico de las telecomunicaciones en España queda muy en
entredicho.

Cuando presentamos la enmienda de totalidad la justificábamos, si se
acuerdan y han tenido la atención de leer nuestra enmienda, en que la
Compañía Telefónica, al haberse desprendido de todo su accionariado,
situaba al primer operador nacional en unas condiciones absolutamente
distintas a las que podía haber si por parte del Estado hubiera algún
tipo de control, por mínimo que fuera, del funcionamiento de esa
compañía, en beneficio de un conjunto de sectores sociales que iban a
verse afectados por los servicios de telecomunicación que se gestionaban
a través de la misma. (Coincido con una apreciación que ha hecho hace un
momento el señor Alcaraz.) Lo que puede producir esta situación es una
discriminación y una dualidad social



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que sería bueno que se corrigiera. Nuestras enmiendas van encaminadas, a
través de todos los mecanismos que hemos incorporado en las mismas, a que
esa dualidad social no se produzca y a que esa grieta insuperable que
puede plantearse entre quienes van a tener la posibilidad de acceder a
los servicios de telecomunicación y a los que no la van a tener, no se
produzca.

Nosotros pensamos que este proyecto de ley no evita esa dualidad.

Pensamos que el servicio universal, del que luego hablará mi compañero el
señor García-Arreciado, excluye la prestación de servicios que hoy día
deben considerarse básicos y garantizados por el Estado. Vemos que este
proyecto no reúne las condiciones mínimas para que el Partido Socialista
lo acepte en su conjunto. Las enmiendas que hemos presentado, con nuestro
mejor interés y buena intención, intentan mejorar el proyecto en esa
dirección, intentan que aquellos comportamientos que puedan producirse en
este sector de las telecomunicaciones tengan alguna salida en beneficio
de los usuarios.

En la defensa de nuestras enmiendas yo voy a hacerlo con relación a los
títulos I, II, VI, VII y VIII y a algunas disposiciones transitorias y
finales, y el señor García-Arreciado hará referencia a los títulos III,
IV, V y a algunas disposiciones transitorias y finales.

Respecto al título I, el Grupo Socialista presenta varias enmiendas
porque entiende que esta primera parte del proyecto de ley, que habla de
disposiciones generales y en la que se pretende definir no sólo el objeto
de la ley, que recoge su artículo 1, sino también establecer cuáles son
los objetivos que la misma persigue y el tratamiento que se da a los
servicios de telecomunicación para la defensa y la protección civil, y
pensamos que no están bien tratados, que faltan algunas mejoras que
entendemos sustanciales y que planteamos en nuestras enmiendas recogidas
en la documentación que se ha entregado a la Cámara.

Con nuestras enmiendas queremos introducir una serie de modificaciones
encaminadas a adecuar, de un lado, lo que son los objetivos que la ley
plantea, formulando nuestro deseo de que la ley no debe asegurar sólo las
condiciones para la libre competencia entre los operadores de redes y
prestadores de servicios, sino que también debe, antes que asegurar,
promover y garantizar esas condiciones que todavía no existen, en la
medida que se desprende del propio tratamiento del proyecto. De otro
lado, queremos modificar el artículo 5 del proyecto de ley, dándole sus
apartados 4 y 5, aunque en el apartado 4 ya se nos ha dicho por parte del
Grupo Popular que se iba a aceptar la redacción que le damos, cosa de la
que nos alegramos, porque, aunque es una aceptación de carácter técnico,
está bien que alguna de las cosas que planteamos se nos acepte.

Pretendemos que tenga una redacción más clara y más comprensible, ya que
el tratamiento de los servicios de telecomunicaciones para la defensa
nacional y para la protección civil no ha de provocar ninguna duda, ni su
interpretación debe plantear divergencias, circunstancia que sí se da,
desde nuestro punto de vista, caso de mantenerse los textos que figuran
en el proyecto.

El título II hace referencia a uno de los aspectos más destacados o
importantes de este proyecto de ley, junto con el de los servicios
universales. Me estoy refiriendo a la gestión de la prestación de
servicios y al establecimiento y explotación de redes de telecomunicación
en régimen de libre competencia. A pesar de este rimbombante título, que
para el lego en la materia puede suponer cierta duda en cuanto a qué se
pretende con el mismo, sí que es cierto que en los apartados que lo
configuran las cosas están bastante más claras. Hay una percepción mejor
de cuál es el significado de esta denominación. Se habla de los títulos
habilitantes y de los registros especiales de los titulares de
autorizaciones generales y de licencias individuales. Se habla también de
la interconexión y de acceso a redes de la numeración, de la separación
de cuentas. Es decir, se habla de un conjunto de medidas que se van a
adoptar en el desarrollo de las telecomunicaciones que hay que prever, de
acuerdo con las directivas europeas, porque, si se compara lo que está
sucediendo en otros países, en España tenemos que acometer este tipo de
trasposiciones legislativas a la velocidad adecuada y aprovechar un marco
legislativo como éste para no dejar en el tintero algunos de los aspectos
importantes de esta traslación de directivas.

Las enmiendas que formulamos a los artículos 6 al 33, que hacen
referencia a este título II, tienen por finalidad dar un tratamiento,
desde nuestro punto de vista, más correcto y en consonancia con las
directivas europeas, como ya he dicho, a esta parte de un proyecto de
ley. Uno de los aspectos más importantes a destacar en el mismo, desde
luego, es algo que nos hace diferir del Grupo Popular, y es el papel que
tiene que jugar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Partiendo de que para nosotros, y para el resto de los países europeos,
es necesario que la autoridad reguladora o la autoridad nacional de
reglamentación, de la que habla nuestra enmienda número 191 al artículo
25 --en España la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones--, ha de
ser un órgano independiente, con poderes y con atribuciones claros, con
capacidad para tomar decisiones que regulen las relaciones entre
operadores y con los operadores, nos encontramos con un escollo
especialmente fuerte, cual es la escasa voluntad política que hoy tiene
el Gobierno y el Partido Popular de que la misma funcione como lo hacen
las autoridades reguladoras en Gran Bretaña o en otros países de la Unión
Europea, en los que da gusto ver cómo su independencia, su capacidad, su
autoridad sobre los operadores prima sin estar sometida a ningún tipo de
vaivén, de presión o de insinuación de la dirección del Gobierno. Para
nosotros es positivo y necesario que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones fomente y garantice una interconexión adecuada entre
todos los usuarios, que se produzca una interconexión correcta entre las
redes nacionales y de la Unión Europea, que haya un desarrollo adecuado
de la interoperabilidad de los servicios, así como del acceso a dichas
redes y servicios. De la misma manera, también es necesario que la ley,
desde nuestro punto de vista, recoja como competencias de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones el contenido de las condiciones previas
de interconexión, la posibilidad de propiciar que en los acuerdos de
interconexión se incluyan aspectos como la localización de los puntos de
interconexión, las condiciones



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de pago, las redes técnicas de interconexión o los ensayos de
interoperabilidad, los derechos de propiedad intelectual, la formación
del personal, etc.

Son un conjunto de medidas que vienen comprendidas en nuestras enmiendas
y que, si se han tomado la molestia de leerlas, verán que es un esfuerzo
que hace el Grupo Socialista --concretamente en la enmienda 191 al
artículo 95-- para hacer un planteamiento global de cuál tiene que ser el
funcionamiento de esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Si ustedes ven también las enmiendas 192 y 193, a los artículos 26 y 27,
podrán darse cuenta de que para nosotros este proyecto de ley es la base
de un futuro instrumento legal, en el que debe quedar perfectamente claro
y concreto cuál es el papel que cada institución o responsable en materia
de telecomunicaciones debe jugar a partir de ahora en este sector en
nuestro país. El ser miembros de la Unión Europea ha de servir también
para que sus acuerdos, vía directivas comunitarias o vía otro tipo de
resoluciones, sean respetados igualmente por este Gobierno, y si se
elaboran directivas sobre interconexión, o sobre procesos de numeración,
o sobre organización, funcionamiento y competencias del órgano regulador,
lo lógico es que cuando se hagan las reformas legislativas --ya lo he
comentado hace un momento--, al menos se aproveche para trasponer
fielmente esas directivas, y en este sector concreto será homologar
nuestra legislación a la del resto de nuestros socios. Por ello las
enmiendas que presentamos en estos puntos no son sino el firme deseo de
que España responda a lo que es el sentir de la Comunidad europea, que
España responda a que aquello que se elabora en Bruselas, que nos hemos
comprometido a respetar y a trasladar o trasponer a nuestro Derecho
interno, se cumpla. Y curiosamente en este proyecto de ley lo que sí es
cierto es que hay un déficit importante de las trasposiciones de las
directivas en materia de interconexión o en materia de numeración, o en
otros aspectos que después comentará mi compañero, el señor
García-Arreciado.

Con las enmiendas a los artículos 6 al 9 pretendemos mejorar el texto del
proyecto; de un lado, planteando limitaciones a la capacidad de
intervención de los poderes públicos, especificando cuáles van a ser
éstos para evitar cualquier tipo de dudas y, por otro lado también,
determinando de manera más clara qué tipo de autorizaciones y licencias
quedan excluidas de su consideración como redes y servicios de
telecomunicaciones y también presidenciando en la CMT, a la que queremos
potenciar, con la intención de fortalecer y consolidar su funcionamiento,
tanto la obligación de poner en su conocimiento previo la prestación del
servicio correspondiente, o explotación y establecimiento de red, como su
competencia para establecer la forma, plazo y condiciones de la
ventanilla única que, tal y como viene recogido en el artículo
correspondiente, nos parece que no es la fórmula más adecuada de hacer el
tratamiento de esta estructura administrativa que se pretende.

En cuanto a las autorizaciones generales y a las licencias individuales,
además de propiciar una mejor definición sobre qué ha de entenderse como
autorización general, seguimos incidiendo en fortalecer las competencias
de la Comisión, tanto en su intervención en cuanto a las condiciones para
la prestación de nuevos servicios en régimen de autorización general como
en cuanto a las condiciones que deben establecerse en las licencias
individuales y respecto a la actuación de la Comisión en los casos de
concentración de empresas o de la toma de posición preeminente de una o
varias de ellas. Tampoco nos gusta en el proyecto de ley que las faltas
de resolución expresa supongan considerar desestimada la solicitud, y por
ello entendemos que opera en servicio positivo en los artículos 14 y 18.

Algún paso se ha dado en algunas enmiendas transaccionales que ha
planteado el Grupo Popular, pero indudablemente ésta tendría que ser la
tónica general y no establecer algún nivel de excepción, como se plantea
con la admisión solamente de uno de esos aspectos y no de los dos.

Para nosotros, señorías, otro de los retos que este proyecto de ley
plantea es el conseguir una buena definición y regulación de la
interconexión y el acceso a redes, fortaleciendo --como ya he indicado
anteriormente-- las competencias de la Comisión, y lo digo porque quiero
dejar muy claro que el Grupo Socialista entiende que tiene que ser la
Comisión, y que nos dejemos del Ministerio de Fomento. El Ministerio de
Fomento tiene otro tipo de atribuciones y, desde luego, muy pocas debería
tener en relación con lo que planteamos respecto a la interconexión y el
acceso a redes. Como ya he indicado anteriormente, hay que homologar
nuestra legislación con la que va a existir en el resto de la Unión
Europea. Ello nos ha movido a presentar varias enmiendas, desde la 181 a
la 198, en las que planteamos la trasposición de la directiva 97/33 de la
Comunidad, y en ellas señalamos las diversas circunstancias que se pueden
plantear en los acuerdos de interconexión, cuál debe ser la actitud de la
CMT, definiendo sus competencias, cómo quedan las condiciones de
transparencia y la discriminación en los acuerdos de interconexión, cómo
se definen y configuran las cuotas de interconexión, en qué ha de
consistir la separación contable y el papel que debe jugar la CMT en
garantizar el acceso a la descripción del sistema de contabilidad de
costes a los distintos operadores, etcétera. Es decir, se trata de
regular, de la manera más precisa posible, uno de los aspectos más
destacados y de mayor complejidad en el mundo de las telecomunicaciones.

Las enmiendas que presentamos en relación con el capítulo V, numeración,
pretenden consolidar y atribuir el control, la administración y la
gestión del dominio público de numeración a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, con independencia de los operadores de red y de
los servicios de telecomunicaciones, a la vez que completamos las
características y condiciones de los planes nacionales de numeración y la
posición de los operadores de red y de servicios.

Con respecto a los títulos VI, VII y VIII, el Grupo Socialista presenta
enmiendas que hacen referencia a la Administración de las
telecomunicaciones, al abono de tasas en materia de telecomunicaciones y
a todo el proceso de infracciones, sanciones y órganos de la
Administración competente en su imposición. Estando de acuerdo con las



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competencias de la Administración general del Estado en esta materia de
las telecomunicaciones, tal y como viene recogido en el artículo 66 del
proyecto, queremos con nuestras enmiendas, y especialmente con la número
222, definir cuáles son las facultades del Gobierno y más concretamente
del Ministerio de Fomento, eliminando cualquier regulación que suponga
indefinición respecto a qué competencias están atribuidas o no a la CMT.

Queremos eliminar cualquier duda que suponga actuar con discrecionalidad
por parte del Gobierno o del Ministerio de Fomento y que vaya en
detrimento de las competencias que tiene atribuidas la CMT, que queremos
aumentar, ratificar y consolidar de acuerdo con las directivas
comunitarias y no por un simple capricho nuestro. No se trata de que a
nosotros nos guste más la CMT que el Ministerio de Fomento o el Gobierno,
no es ése el tema, señorías. Nosotros queremos darle a la Comisión, que
al fin y al cabo es la autoridad nacional reguladora, la dimensión,
capacidad y competencia que le corresponde como órgano independiente,
dirimidor de conflictos entre operadores, inspector y vigilante del
cumplimiento de las normas que afectan a este sector, y por ello tiene
que quedar bien claro qué puede y debe hacer el Ministerio de Fomento y
qué puede y debe hacer la Comisión.

Igualmente, señorías, si tenemos que afrontar el desarrollo de la nueva
sociedad de información, es conveniente que su promoción, su desarrollo,
su difusión ante la sociedad, la generación de las mejores condiciones
para un desarrollo económico, social y cultural adecuado se lleven a cabo
con una certera y nítida redacción del artículo que la regula, que es el
68, y con un mayor grado de compromiso del Gobierno para su implantación
y desarrollo. Lo que pretendemos es que el modelo de sociedad de
información en el que estamos entrando no sea la hermanita pobre del
Gobierno; el Gobierno no debe dejar su desarrollo al puro y duro mercado.

El Estado debe ser agente activo de su implantación y no mero observador
descuidado. Nuestra enmienda 223 al artículo 68 va en esa dirección y nos
gustaría que por parte de los otros grupos hubiera la sensibilidad
suficiente para aceptar su tramitación y su aprobación, con la finalidad
de evitar esas dudas que nos plantea la interposición de la misma.

Nuestra enmienda número 225 va encaminada a darle una nueva redacción al
artículo regulador del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, fijando
sus competencias y atribuciones para evitar que se produzcan posibles
fricciones con la CMT, que al fin y al cabo también tiene la
consideración de órgano asesor del Gobierno a través de sus informes y
resoluciones elaborados o dictados en función, igualmente, de sus propias
competencias y atribuciones.

Señorías, hay un principio fundamental que basa nuestros criterios sobre
la condición, fijación y percepción de las tasas en materia de
telecomunicaciones que supone una variación fundamental sobre los
criterios del Gobierno expuestos a través de este proyecto de ley. El
Grupo Socialista, con independencia de esa disminución de la tasa anual
que planteamos del 2 por mil de los ingresos brutos al 1 por mil de los
mismos, pretende con sus enmiendas números 227, 228 y 229 que las
diferentes tasas por autorizaciones generales, licencias individuales,
tasas por reservas del dominio público radioeléctrico y tasas de
telecomunicaciones tengan una finalidad específica y clara, cual es la de
su atribución a la CMT para atender a todos sus cometidos y funciones.

(El señor vicepresidente, Companys i Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
Una muestra de por dónde va la voluntad política de cada grupo respecto
al nivel de independencia que tiene que tener la CMT como órgano
regulador de las telecomunicaciones se hace patente por la forma de
financiación que debe tener la misma. Hay que definir si la Comisión es
capaz de recaudar sus ingresos, sus tasas y si es capaz o no de elaborar
sus propios presupuestos de funcionamiento, con independencia de la
fuerza que tenga respecto a Hacienda para obtener más recursos, tal y
como recogen nuestras enmiendas, o si, por el contrario, tiene que seguir
dependiendo de las disponibilidades que les concedan cada año en el
reparto de la tarta presupuestaria. Esta disyuntiva es la que nos
encontramos con el texto del Gobierno y con nuestras enmiendas. Optar por
la finalidad perseguida por nuestras enmiendas es optar por la existencia
de un órgano regulador fuerte, independiente, capaz de afrontar sin
ningún problema sus labores de mediación o arbitraje entre operadores y
sin estar sometido a posibles presiones por el Gobierno en defensa de
unas u otras tesis.

Las enmiendas al título VIII pretenden clarificar algunos de los aspectos
sobre sanciones e infracciones, reconociendo que el conjunto del título
no ofrece una especial dificultad. Desde luego, agradecemos la aceptación
por parte del Grupo Popular de la enmienda número 234, que hace
referencia a las atribuciones del secretario general de Comunicaciones.

Respecto a las enmiendas presentadas tanto a las disposiciones
adicionales como a las transitorias, van en la línea que hemos mantenido
en muchos aspectos del proyecto relacionados con la posición de la
Comisión, ya que pretendemos que la CMT, en todo lo relacionado con el
sector de las telecomunicaciones, sea considerada como el órgano de
defensa de la competencia, por encima del propio Tribunal de Defensa de
la Competencia. Consideramos que es necesario residenciar en un solo
órgano todas las materias relacionadas con las telecomunicaciones, a fin
de que haya uniformidad de criterios y no haya dispersión de
interpretaciones.

Con nuestra enmienda número 238 pretendemos que el principio de
publicidad de las resoluciones de la CMT sea una realidad recogida en
este proyecto de ley, para conocer en todo momento los actos,
resoluciones e informes elaborados por la propia Comisión.

Nuestras enmiendas a las disposiciones transitorias pretenden, por un
lado, aportar una mayor precisión mejorando su redacción, tal y como
decimos en las enmiendas números 240, 241 y 242, y, por otro, planteamos
que aquellos servicios que se venían prestando en régimen de libre
competencia, como los de valor añadido, no tienen por qué revalidar su
autorización.

Señorías, este cúmulo de enmiendas (la verdad es que el volumen es tan
importante que es muy complicado ir defendiéndolas



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una a una, y si ustedes han llevado a cabo su mera lectura entenderán
perfectamente cuál es la posición del Grupo Socialista) dan pie a pensar
que el planteamiento del Grupo Socialista difiere en muchos grados del
planteamiento del Gobierno. Lo que nosotros pretendemos es elaborar un
marco legal de las telecomunicaciones que resuelva muchos problemas,
porque, si no, los tendremos que resolver dentro de muy poco tiempo como
se mantenga la posición del Grupo Popular y la de sus socios en estos
momentos respecto al conjunto del proyecto de ley. De todas formas,
desearíamos que de aquí al próximo Pleno, en el que se va a seguir
discutiendo este proyecto de ley, hubiera alguna variación en estas
apreciaciones por parte de los grupos que apoyan al Gobierno y que se
mejorara el texto en la dirección que se plantea en las enmiendas del
Grupo Socialista.

Por último, quiero referirme a dos aspectos. Uno de ellos es el
relacionado con el informe que nos ha facilitado el letrado respecto a
algunas enmiendas, que hace referencia a protección de datos de carácter
personal y al tema de infracciones. Nos gustaría que este informe o las
modificaciones que puedan derivarse de este informe se llevaran al Pleno,
porque, indudablemente, no ha habido tiempo material de conocerlo y
estudiarlo. Espero que no haya ningún problema por parte de ningún grupo
para que estos temas se incorporen en el próximo Pleno de la Cámara.

Finalmente, en relación con las enmiendas transaccionales que nos ha
ofrecido el Grupo Popular, estamos de acuerdo con la que nos ofrece a
nuestra enmienda número 159, artículo 3, apartado a). A pesar de que está
incorporada en ponencia, mantenemos la enmienda número 160, que se nos
había ofrecido como transacción al artículo 3.c). Le agradecemos que se
nos acepte, como he indicado anteriormente, la enmienda número 161 al
artículo 5, apartado 4. No estamos de acuerdo con la transacción que se
nos ofrece a la enmienda 163, pero, como ha sido una transacción
incorporada en ponencia porque hacía referencia a la número 3, del
Partido Nacionalista Vasco, nosotros mantenemos nuestra enmienda para su
votación. Estamos de acuerdo con la transacción que se nos ofrece al
artículo 7, apartado 1. La verdad es que no supone ninguna variación
especial, pero la mejora que se supone se plantea con esta transacción es
aceptable, bajo nuestro punto de vista, y por ello la aceptamos. No
estamos de acuerdo con la transaccional ofrecida a nuestra enmienda 165
que ha sido incorporada en ponencia, ya que deviene de otra transacción
con la enmienda 313, de Convergència i Unió, y, por tanto, mantenemos
para votación la citada enmienda 165. Estamos de acuerdo con la
transaccional que ofrece el Grupo Popular a varios grupos, entre ellos al
Socialista, respecto al artículo 14. Asimismo, estamos de acuerdo con la
enmienda transaccional que se nos ofrece al artículo 184, que tiene una
trascendencia relativa aunque, indudablemente, sería bueno que por parte
de la portavoz del Grupo Popular se nos aclarara ese pequeño galimatías
que se ha organizado con las tres últimas líneas. Yo creo que ha habido
un error, que falta alguna palabra o algún término, porque no se entiende
muy bien. Es la transacción a la enmienda 184 al artículo 22.3. Se dice,
y la leo textualmente para que se vea dónde está el error: «Del mismo
modo, cuando los titulares de las redes citados en el apartado 1 del
presente artículo no hubieran interconectado sus redes, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones podrá, en última instancia, exigir que
se haga efectiva la interconexión y, cuando proceda, establecer las
condiciones de la misma, previa audiencia de las partes y a solicitud de
los usuarios o, en su caso, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, deberá ser la estrictamente necesaria para conseguir
alcanzar el objetivo de proteger los intereses públicos.» Cuando habla la
segunda vez de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, da la
impresión de que faltan ahí varias palabras, como «cuya actuación deberá
ser». Yo no sé si ése es el término que ustedes querían utilizar pero,
indudablemente, sí que sería bueno que se aclararan esas tres últimas
líneas.

Igualmente, aceptamos la transacción que se nos ofrece a la enmienda 186
al artículo 23.1, no así la que se nos ofrece a la enmienda 187, que
afecta a un artículo 23.bis propuesto por el Grupo Socialista y que hace
referencia a los artículos 22.4 y 28. Agradecemos que se nos acepte la
enmienda 192 al artículo 26. No aceptamos la transaccional a la enmienda
195, que hace referencia a nuestro artículo 27 y, según ustedes, al
artículo 34.1, que tiene dos párrafos. Sí aceptamos la transaccional a la
enmienda 200 al artículo 30.3. Y, por último --el resto de las
transacciones las comentará mi compañero el señor García-Arreciado--, sí
aceptamos la transacción a la enmienda 234, que hace referencia a las
competencias del secretario general de Comunicaciones, artículo 84.2.c).

No aceptamos la transacción a la enmienda 235, que ustedes trasladan a
una disposición transitoria y que hace referencia al artículo 85, y
agradecemos la inclusión en ponencia de la enmienda 250, que propone la
inclusión de una disposición final nueva.

Con ello, señor presidente, cedo la palabra al señor García-Arreciado
para que defienda las enmiendas al resto de los títulos de este proyecto
de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Companys i Sanfeliu): Para completar la
intervención en defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor
García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Comentaba el señor Recoder al
principio de su intervención su opinión acertada, en mi criterio, de que
la complejidad del proyecto de ley que estamos discutiendo, por las
materias a que se refiere, introduce un cierto desánimo entre quienes nos
dedicamos a esta función legislativa y viene a suponer una cierta
dificultad en la capacidad de trasladar a la sociedad la importancia que
para un futuro más próximo que lejano tienen los contenidos establecidos
en esta ley. Su opinión creo que es correcta y yo, como les digo, tengo
una gran coincidencia con ella; pero, a pesar del carácter complejo,
abstruso, muchas veces difícil de entender, de los asuntos que se debaten
en torno a estas materias --que, por si fuera poco, están continuamente
sometidas a un proceso explosivo de crecimiento e innovación--, a mí me
parece que hay tres lugares comunes en los que todos podemos



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estar de acuerdo a la hora de analizar la ley en general y, en
particular, el servicio universal.

El primero de ellos es que nos encontramos con una legislación que es
fruto de un movimiento internacional o cuasi mundial en el que un
conjunto de servicios que hasta ahora han tenido la calificación de
derechos y cuya prestación ha estado prácticamente encomendada al Estado
en régimen de monopolio --en algunos sitios en gestión directa, en casi
todos en gestión indirecta--, vamos a transformarlos nada más y nada
menos que en un entorno de competencia, donde la definición de servicio
público en general y de servicio universal en particular queda
restringida a unos servicios concretos y a unas actuaciones muy
específicas. Estas materias quedan, por tanto, fuera del ámbito protector
y redistributivo del Estado y sometidas a unas leyes del mercado que son
las que son, las que deben ser, leyes comerciales, leyes de beneficio
económico.

El segundo aspecto en el que podemos estar de acuerdo es la importancia,
más que decisiva yo diría crítica, que para el desarrollo de muchos
países y muchas regiones tiene, como se ha resaltado antes, el hecho de
disponer o no de redes adecuadas y de servicios avanzados que permitan la
incorporación de estos territorios a la sociedad de la información y a
todos los cambios sociales, unos venturosos otros menos deseables, que se
van a producir con absoluta certeza en el futuro.

Y el tercero es que a ese carácter crítico que tienen las
telecomunicaciones, las redes y los servicios avanzados para el
desarrollo, se une el peligro más que cierto de que un conjunto de
tecnologías que en principio, como todas las tecnologías, deben suponer
avances en la calidad de vida y procesos de igualdad entre todos los
ciudadanos se traduzcan en un nuevo elemento de ruptura social, de
fragmentación social, como consecuencia de la disponibilidad o no de esas
redes, del acceso o no a esos servicios y, como digo, al conjunto de
transformaciones que de ello se derivan.

Este escenario nos plantea, en definitiva, una cuestión política de
enorme trascendencia que marca el posicionamiento de mi grupo en la
discusión de los contenidos de servicio público y de servicio universal,
en particular. ¿Estamos en el pleno mercado y, por tanto, las
telecomunicaciones son una mercancía más que queda plenamente sometida a
las leyes del mercado? ¿O nos encontramos con un conjunto de servicios
que, además de ser mercancía, que lo son --no lo discuto-- tienen un
cierto contenido de derecho y, usando una frase quizá exagerada, forman
parte de lo que se pudiera entender como Estado del bienestar en un
sentido laxo?
Las virtualidades de desarrollo de las personas y de los colectivos, que
se derivan, como digo, de la disponibilidad y del acceso a estos nuevos
servicios y a estas nuevas tecnologías, establecen o condicionan de una
manera tan radical el futuro que mi grupo parlamentario se niega a la
consideración que subyace en toda la ley de las telecomunicaciones como
una estricta mercancía sometida al juego de la competencia y a esa
supuesta mano invisible que ordena el mercado, pero que lo ordena siempre
en un sentido unidireccional.

En España el problema es especialmente grave y distinto al resto de los
países de nuestro entorno. No nos asusta la liberalización de los
servicios. Tenemos la bandera de esta nueva actividad completamente
asumida y no nos sonroja en absoluto defender y participar de la
necesidad de liberalizar los mercados, y éstos en concreto. En ese
aspecto nuestra línea de apoyo al Gobierno ha sido evidente. Discrepamos
de algo que no es liberalización, que es privatización. Como antes decía,
la mayoría de los países de nuestro entorno han tenido la sabiduría de
liberalizar pero no de privatizar por completo, con lo cual al Estado le
queda un ámbito de influencia no para dirigir, sino para participar en el
desarrollo de las redes y de los servicios, al menos en lo que respecta
al servicio universal.

No son, por tanto, mercancías, como descarnadamente se desprende de la
ley; sobre todo por la definición raquítica y pobre que hace del servicio
universal, de las pocas garantías que dan del cumplimiento de siquiera
esas definiciones tan raquíticas que el proyecto nos ofrece. Tampoco
estamos ni podemos estar ya en un escenario de derechos garantizados por
el Estado en régimen de prestación. Y ese conflicto entre mercancías,
consecuencia de la liberalización de los mercados y derechos que se
deriva de la trascendencia e importancia de las redes y servicios que por
ellos circulen, se conjuga en el servicio universal, que viene a ser como
una isla donde quienes necesitan del Estado --la mayoría de los
ciudadanos de este país-- tienen que encontrar cabida y refugio al
respeto a unos derechos de participar de los beneficios y de los bienes
que se derivan --como digo-- de las nuevas tecnologías y del desarrollo
de la sociedad de la información. Esto no lo hace el proyecto de ley. No
lo hace ni en la definición del servicio universal, porque a pesar de lo
que se predica en la exposición de motivos de que es la ley del siglo
XXI, nos va a meter en dicho siglo con los mismos contenidos de servicio
universal que en la actualidad; no añade nada nuevo ni incorpora ninguna
nueva prestación o tecnología disponible para el público a ese servicio
universal, por la extraordinaria discrecionalidad que se reserva el
Gobierno en la definición de las características de ese servicio, por la
insuficiencia de las garantías de financiación del mismo, por la vaciedad
absoluta de conceptos rimbombantes como calidad adecuada o precio
asequible, que si no se llenan de contenido sólo son bellas palabras y
pueden vaciar el carácter universal que se predica de estas nuevas
prestaciones.

Nosotros creemos que el servicio universal tiene un gran valor político;
es un elemento de redistribución de progreso, de riqueza y de perecuación
de las desigualdades en el territorio y en las personas y, por tanto,
merece un tratamiento más audaz del que le proporciona este proyecto de
ley. Es cierto, como he hecho mención anteriormente, que el carácter
explosivo de los cambios que se producen en este sector obliga a hacer
una definición de servicio universal flexible, que no necesite de
constantes retoques y que prevea los sistemas flexibles de modificación
tanto del contenido de los servicios como del ámbito de aplicación y
características de los mismos. A solventar estas grandes



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carencias de la definición de servicio que se hace el proyecto de ley van
dirigidas nuestras enmiendas.

En primer lugar, creemos, en coincidencia con algunos otros grupos, que
la asignación de servicio universal dada por el Gobierno a un operador
específico no es una buena manera de resolver esta cuestión. En el
mercado hay operadores potentísimos que se vanaglorian de que el servicio
universal no tiene por qué costar dinero; es decir, que no hay un déficit
de explotación en suministrar algunos servicios, mientras que otros
sostienen que sí, que suministrar esos servicios origina unos déficit de
explotación que son externalidades al proceso económico y que, por tanto,
deben ser financiadas por mecanismos que no operen sobre los sistemas de
formación de precios. Nosotros proponemos que el sistema inicial de
asignación de obligaciones de servicio universal a un operador se haga
por un proceso de licitación; que se saque a licitación en determinados
ámbitos geográficos o de servicio el correspondiente proceso para que los
interesados en prestar ese servicio, si los hubiere, concurran y obtengan
las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la explotación del
servicio. En el supuesto de que el concurso quedara desierto es cuando el
Gobierno, que de ninguna manera puede consentir que esos servicios no se
presten, debe recurrir al procedimiento de asignar el operador
responsable de la prestación de esos servicios. El operador responsable
de la prestación de esos servicios no debe de ser aquel operador que en
el proyecto de ley se define como el operador dominante, siendo tal el
que tenga un 25 por ciento del volumen bruto de ingresos en el total del
mercado nacional, porque ésa es una situación que condenaría a Telefónica
de España a prestar permanentemente el servicio universal y a pagarse a
sí misma, como prestadora y operador dominante que financia luego el
fondo del servicio universal, el coste de esos servicios. Nosotros
creemos que se deben declarar operadores dominantes en determinados
servicios a aquellos que en cualquier ámbito geográfico o que en un
determinado servicio tengan un 25 por ciento del volumen de ingresos
brutos en ese ámbito territorial o servicio concreto. Un ejemplo que
ilustra de manera clara lo que acabo de decir de forma un poco confusa es
el siguiente: Airtel ni llega ni llegará nunca a tener el 25 por ciento
de los ingresos brutos generados en el mercado de las telecomunicaciones
en el país, pero en el servicio concreto de la telefonía móvil ya lo creo
que llega e incluso lo supera. La definición de la ley le deja fuera del
carácter de operador dominante y nuestra definición le incluiría como
operador dominante en el segmento del mercado referido a la telefonía
móvil. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La segunda gran diferencia con el Gobierno se refiere al extraordinario
margen de discrecionalidad que se reserva el Gobierno. Aquí todo es una
maraña de órdenes ministeriales, de reales decretos que destejen lo que
han tejido con un carácter previo, que pueden variar no sólo la manera de
financiación del servicio público universal sino las características de
los propios servicios. Nosotros creemos que en la ley deben estar
claramente definidas las características técnicas de cada uno de los
servicios; sus características especiales, los compromisos de
implantación y ampliación del mismo, sus sistemas de renovación y los
sistemas de garantías para los usuarios, o en su caso para el Estado, que
se deriven del incumplimiento de las obligaciones de servicio público que
le sean impuestas en las licencias otorgadas. En la ley queda todo eso
sometido a la discrecionalidad del Gobierno. Y no lo decimos sólo por
desconfianza en una excesiva discrecionalidad del Gobierno, sino porque
mercados donde se están moviendo centenares de miles de millones de
pesetas --y así ocurrirá durante muchos años-- tienen que tener unas
certezas y unas garantías jurídicas que están completamente ausentes de
la ley. Sostiene el Gobierno, sin razón, que cinco o seis reglamentos son
los precisos para desarrollar esta ley. Pero si lo contamos veremos que,
entre reglamentos y reales decretos de importancia, llegan casi al
centenar. Supuesto un ataque de stajanovismo en el Gobierno, y en
particular en el Ministerio, y un reglamento o real decreto por Consejo
de Ministros, sólo en desarrollar el entramado básico de la ley
tardaríamos del orden de dos años. Este es un tiempo que no tenemos, que
no está disponible y que se solventa muy fácilmente incluyendo en el
proyecto de ley cuestiones que no necesitan ser remitidas ni a
reglamentos ni a reales decretos ni a órdenes ministeriales, recogiendo
al menos en el proyecto de ley los aspectos sustantivos, los criterios
básicos desde los cuales se tiene que producir el desarrollo normativo en
reglamentos, decretos u órdenes ministeriales.

El tercer elemento de discrepancia importante nuestro con el servicio
universal se refiere a la pobreza de sus contenidos que, como he dicho
antes, se ajustan estrictamente a lo conseguido actualmente y no
incorporan nada nuevo. Proponemos una ampliación de los contenidos del
servicio a algo respecto de lo cual el Gobierno español, las Cortes
Generales, esta ley no puede mirar para otro lado ni lo puede mantener
relegado a la categoría jurídica de otros servicios obligatorios, por así
decir, la división regional de las categorías dentro del servicio
público. Nosotros queremos ponerlo en primera división. Nosotros queremos
que los servicios de información en línea, lo que se llama Internet, sean
derechos garantizados por el Estado a los usuarios y a las pequeñas
empresas y, especialmente, la disponibilidad y el acceso del servicio a
los centros escolares con más de ocho unidades en primaria, que ya indica
un cierto número de población correspondiente; desde luego a todos los de
secundaria, a la universidad, a los centros de salud, a los hospitales y
a los centros administrativos públicos. No es concebible que un fenómeno
como el de Internet, que ha llevado el consumo de las telecomunicaciones
en este país de nueve minutos por abonado y día a casi trece minutos, es
decir, que ha impulsado casi en un 40 por ciento el consumo telefónico,
bien es cierto que con una tarifa plana Infovía que le beneficia
especialmente, nos es posible, digo, que un fenómeno que con
independencia de su coste está manifestando un deseo social de utilizar
esos servicios quede marginado de la primera división, es decir, de los
contenidos iniciales del servicio universal y quede reducido a otras
obligaciones de servicio público que poco menos que en caso de guerra
pudiera ser considerado, y sólo para la sanidad y la enseñanza un
servicio universal.




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¿Mercado? Si la sociedad ha incrementado en un 40 por ciento su consumo
de telecomunicaciones precisamente por la utilización de Internet, vamos
a escuchar esa voz del mercado. No podemos escuchar las voces del mercado
cuando nos interese y cuando no nos interesan miramos para otro lado. Es
una realidad social y económica y debe ser recogida en el ámbito de las
prestaciones iniciales del servicio universal. ¿Decimos esto para el
próximo año? No, ni para los cinco próximos ni siquiera para la siguiente
década. Pero como objetivo político de este país (de lo económico ya se
encargan los gestores de las empresas) el Congreso de los Diputados hará
un flaco servicio al efecto ilusionante que esta ley debe crear en los
amplísimos sectores de la sociedad que utiliza estos servicios si no
reconoce que es un derecho de los ciudadanos garantizado por el Estado.

¿Todos van a tener Internet? No, como no todos tienen vivienda y como no
todos tienen trabajo. Pero hay que definir como objetivo en la ley la
incorporación al contenido inicial del servicio de esta nueva facilidad,
como digo, en un plazo que será resultado de un conjunto de enmiendas que
hemos presentado que vienen a decir que el Gobierno debe de hacer un
libro blanco que recoja la infinidad de actuaciones dispersas que hay en
el terreno de las telecomunicaciones actualmente en este país. Fundesco,
ahora malherida y que anda por ahí; Autel anda por otra parte; las
comunidades autónomas, municipios que han establecido ya Internet,
etcétera. Hay una serie de actividades dispersas, referidas todas a un
aspecto sustancial del desarrollo del futuro de nuestra sociedad, y el
Estado debiera recogerlo en un libro blanco que ponga en común todas esas
experiencias. Como consecuencia de ese libro blanco debería redactarse
--también está en una enmienda nuestra-- una especie de plan director de
la implantación de la sociedad de la información en España, para que este
fenómeno que crece y se multiplica a diario no lo haga con más caos del
que ya tiene y para que haya una cierta función planificadora, no
dirigista. Que el Estado, el Gobierno, los españoles, igual que saben a
dónde se dirigen en carreteras o en política sanitaria, sepan cuál es el
horizonte de referencia para los próximos años y que el nacimiento y
desarrollo de esa sociedad de la información se produzca de una manera
armónica que equilibre la mercancía con el derecho, iguale el territorio
y no suponga ese nuevo elemento de fractura social que puede conllevar un
crecimiento exclusivamente económico de la sociedad de la información.

Tampoco nos gusta la manera cicatera y, como digo, discrecional en la que
el Gobierno regula la facultad que se reserva de modificar los contenidos
del servicio universal. Aparte de por razones de interés general, que
constan en nuestra enmienda, que se deriven de la normativa de la
Comunidad europea, hay también un elemento de mercado que proponemos que
se tenga en cuenta. Cuando cualquier servicio se implante en la sociedad
en un 30 por ciento en el mercado residencial o de pequeñas empresas o en
un 50 por ciento en el mercado residencial en número de usuarios del
servicio por cien usuarios de las telecomunicaciones, es decir, cuando el
mercado esté diciendo que un producto emergente se ha introducido en ese
mercado --por supuesto empieza por meterse en la parte más cremosa--, con
una capacidad de penetración del 50 por ciento en línea por cien
habitantes, parece que está lanzando una clara señal de por dónde van las
cosas, de que ese servicio es importante, de que ese servicio es
demandado por los ciudadanos, y aquellos que no vivan en los grandes
corredores de las telecomunicaciones donde el crecimiento de todo esto
será espectacular y sin necesidad de ningún apoyo, los que necesitan
muletas para el desarrollo de este servicio que se implante al
importantísimo nivel del 50 por ciento, automáticamente demandarán que
ese servicio sea incluido entre el servicio universal.

Nos aleja también del Gobierno, por la vaciedad del concepto, la
expresión calidad adecuada. Tendríamos que definir en la ley qué es lo
que se entiende por calidad adecuada. En eso también existe una serie de
enmiendas nuestras que regulan los criterios que deben de conformar esa
calidad, y en el caso concreto de la velocidad de acceso, que es una de
las características importantes de la calidad, la establecen como
horizonte en 36.000 bits por segundo.

En cuanto al precio asequible, ¿qué es precio asequible? ¿Es el mismo
para todos? ¿No es el mismo para todos? ¿Qué se entiende por precio
asequible? Escuchemos otra vez al mercado y digamos que precio asequible
es aquel que sea igual o inferior al 125 por ciento de los precios de los
operadores dominantes en las veinte ciudades más pobladas del país.

Cuando la lucha de la competencia en las veinte ciudades más pobladas del
país establezca un precio, la media de los precios de esos servicios en
las veinte ciudades más pobladas está lanzando lo que es un precio
competitivo de ese servicio, un precio que lo hace atractivo a los
ciudadanos. Ese es el momento de establecer cuál es el precio asequible
del correspondiente servicio dentro del servicio universal, o cualquier
otra definición. Nosotros hemos hecho la propuesta de que en las 20
ciudades más pobladas del país los precios medios, hasta un 125 por
ciento más, son los precios asequibles. Alguna definición tenemos que dar
a precio asequible, porque si se dice precio asequible y calidad
asequible, sin contenido concreto, el mismo contenido del servicio
universal no iría más allá de una mera declaración de principios.

En cuanto a las garantías de los usuarios, no se recogen en ninguna parte
del proyecto de ley, salvo en una desafortunada redacción del artículo
54, cuáles son, qué instrumentos pone este Congreso a disposición de los
usuarios para defenderse en una maraña de informaciones técnicas y de
servicios complejísimos, la mayoría de los cuales no los comprenden los
ciudadanos y no saben muy bien en qué mundo se mueven. No costaría mucho
trabajo presentar una enmienda relativa a la necesidad de establecer una
guía del usuario, con sus derechos básicos, con los procesos de
desconexión de la línea, con la introducción de las desconexiones
activas, que se puedan recibir llamadas telefónicas y, en todo caso,
hacerlas a los números de emergencia. ¿Que quieren ustedes que ese número
sólo sea el 112? Pues que lo sea, pero que haya esa posibilidad. Les
interesa también a los operadores, porque es consumo telefónico, hacer
llamadas a números que supongan la prestación



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de un servicio público importante como el de los bomberos, policías,
sanitarios, etcétera.

Si no se hace esto el servicio quedará descafeinado, no supondrá un reto
ni un objetivo importante para la sociedad española. Muchos ciudadanos
que viven lejos de las áreas de rendimiento económico de las
telecomunicaciones quedarán desconectados del proceso de incorporación a
esa nueva sociedad y, como han reiterado ya otros intervinientes, serán
objeto de una nueva discriminación territorial y social, que no es bueno
para el futuro del país.

Sé que el grupo parlamentario que apoya al Gobierno está muy cerrado en
esta cuestión. Nos ofrece algunas enmiendas que no justifican, de ninguna
manera, su aceptación si ello significa que el Grupo Parlamentario
Socialista firma el contenido del servicio universal de la ley. No sé si
pueden ir más allá de donde han ido, pero hasta donde han llegado queda
todavía tan extraordinariamente lejos de nuestras posiciones que no
podemos aceptar esas enmiendas y nos vamos a manifestar en contra.

Estos son los aspectos fundamentales de las enmiendas --que no he
relatado una por una, ya que deben ser conocidas por los miembros de esta
Comisión--, cuyo objetivo final es garantizar que el servicio público en
general, y el universal en particular, suponen todavía un interés del
Gobierno y del Estado por aquellos ciudadanos que, sometidos al puro
juego del mercado, ni pueden acceder a esos servicios ni pueden
beneficiarse de las ventajas formativas, culturales o educativas que esto
supone y que van a quedar de nuevo relegados de un proceso de
transformación social sobre cuya extraordinaria capacidad y potencia no
creo que tenga dudas ningún miembro de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las enmiendas y presentar las
suyas, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Señorías, voy a hacer un esfuerzo de síntesis
--seguramente me lo agradecerán todas SS. SS.-- para intentar cumplir el
horario que está previsto, aunque corro el riesgo de olvidarme de alguna
de las enmiendas planteadas por algún grupo y de no contestar
adecuadamente a cada una de ellas. Es cierto que esta ley ha tenido un
número muy elevado de enmiendas, por lo que tampoco es fácil referirme,
una por una, a todas. En cualquier caso, espero contestar a todas las
cuestiones que se han suscitado en esta Comisión.

En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo a todos los grupos
parlamentarios, a aquellos con los que al final hemos llegado a acuerdos
y a aquellos con los que no ha sido posible lograrlos, el esfuerzo que
han realizado en llevar adelante este proyecto de ley, proyecto de ley
que está en la Cámara desde finales de junio --fue publicado el 30 de
junio-- y en el que se ha trabajado durante siete largos meses. Quiero
dejarlo bien claro porque no es un proyecto que se haya improvisado, ni
que haya estado parado en esta Cámara, sino que ha estado en permanente
estado de negociación y al que se han presentado sugerencias por parte de
todos los grupos parlamentarios. Quiero agradecer especialmente a los
grupos parlamentarios Vasco, de Convergència i Unió y de Coalición
Canaria los esfuerzos que han realizado para que, al final, pudiéramos
llegar a un texto que podemos asumir y que recoge, en líneas generales,
nuestros proyectos en materia de liberalización de las telecomunicaciones
y, en concreto, de la ley general de telecomunicaciones.

Me han llamado muchas cosas en la vida, pero nunca pared. Precisamente
los que estamos hoy en esta Comisión hemos demostrado un talante abierto
y dialogante con todos los grupos durante estos meses, el mismo talante
que hemos tenido con el señor García-Arreciado que ha sido el portavoz
hasta hoy del Partido Socialista. Aprovecho esta ocasión para desearle
los mejores éxitos en los puestos de responsabilidad que está llamado a
llevar a cabo y ofrecerle mi más sincera colaboración para el futuro.

Pero reitero que nuestro grupo nunca ha sido una pared, sino todo lo
contrario, ha sido muy receptivo a cualquier opinión o sugerencia de
cualquier grupo parlamentario. Cosa distinta es que no hayamos compartido
el mismo criterio ni hayamos aceptado sus sugerencias, pero eso no tiene
nada que ver con que hayamos hecho oídos sordos a todo lo que nos han
planteado que, además, consideramos es muy útil, necesario y beneficia al
conjunto del proyecto.

Dejando el apartado de los agradecimientos, quería hacer una referencia
especial al proyecto tal y como ha salido de la ponencia. El proyecto de
ley ha incorporado unas enmiendas transaccionales que ofreció el grupo
parlamentario no solamente a los grupos que al final han asumido esas
enmiendas, sino a todos los grupos de esta Cámara. Estas enmiendas han
mejorado, a mi modo de ver, el texto del proyecto de ley que estamos
ahora debatiendo. Se han incorporado algunas cuestiones relativas al
reparto competencial entre las comunidades autónomas y el Estado, reparto
competencial que, por supuesto, no tiene que ver con el tema de las
telecomunicaciones que, como todo el mundo sabe, es una competencia
exclusiva del Estado, pero sí tiene que ver con otras cuestiones que
afectan a las comunidades autónomas y que tienen especial relevancia
cuando se habla de un proyecto de ley general de telecomunicaciones, como
podría ser la seguridad pública, que se ve afectada por el proyecto; la
industria, que corresponde a las comunidades autónomas a efectos de
conformidad de equipos; el dominio público, el urbanismo o la ordenación
del territorio. Todas estas cuestiones se han ido introduciendo en la ley
porque parece que en algunas ocasiones podía no quedar claro ese reparto
competencial y, en respeto a la Constitución Española y al estatuto de
autonomía, se han incorporado. También es verdad que ha habido otras
enmiendas relativas a las administraciones públicas, a la posibilidad de
autoprestación de servicios, a la designación de laboratorios --estoy
diciendo las más generales-- y al desarrollo reglamentario de planes
técnicos para la utilización del espectro radioeléctrico. Todas esas
materias son muy técnicas. Como se ha dicho en esta sesión, esta ley es
muy necesaria pero muy técnica y, sin ninguna duda, al final recoge las
expectativas de los grupos parlamentarios, que no son otras que las de
los ciudadanos



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españoles que han otorgado su voto y su confianza a estos grupos
parlamentarios.

Quería decir también --y lo recalco especialmente porque está ya
incorporado en el informe de la ponencia, sin perjuicio de la votación
que se producirá a continuación y porque lo han planteado algunos grupos
hoy-- que en el artículo 14 ya se ha introducido el silencio positivo.

Creo que es una buena noticia para todos.

Antes de seguir adelante con el texto quería decir, en relación con la
enmienda transaccional que hemos presentado al Grupo Parlamentario
Socialista, cuyo portavoz comentaba que no estaba bien redactada, que
tiene razón el señor Morlán. Falta un pequeño párrafo, que es el inicio.

Quiero corregirlo ahora no sea que al final, ya entrando en el debate, se
nos olvide. La primera parte del artículo 22.3 dice igual que el proyecto
de ley. Leo: «Del mismo modo, cuando los titulares de las redes citadas
en el apartado 1 de este artículo no hayan interconectado sus redes, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrá, en última
instancia, exigir que se haga efectiva la interconexión y, cuando
proceda, establecer las condiciones de la misma, previa audiencia de las
partes y a solicitud de los usuarios o, en su caso, de oficio, cuando el
objeto sea proteger los intereses públicos.» Ahí habría un punto y se
introduciría el siguiente texto, que diría: «La intervención en este caso
de la Comisión del mercado de las telecomunicaciones deberá ser la
estrictamente necesaria para conseguir alcanzar el objetivo de proteger
los intereses públicos.» Lamento esta errata en la enmienda
transaccional, que creo queda corregida con este texto que acabo de leer.

Como primera reflexión, ya entrando en el debate y lamentando que, al
final, parece que no va a haber consenso en la aprobación de esta ley,
quería destacar que esta ley se ha debatido hasta la extenuación. Es
verdad que llevamos mucho tiempo hablando de telecomunicaciones, de
Telefónica, de todo lo que tiene que ver con el futuro de las
telecomunicaciones. Hay una dificultad objetiva para llegar a un acuerdo,
pero no creo que ello se deba a que no ha habido un especial talante
dialogante en esta ley. Me gustaría que quedara constancia de ello y de
que sigue abierto ese talante. A ello se deben las enmiendas
transaccionales, y agradezco al Grupo Socialista que haya aceptado
algunas porque creo que mejoran el texto y es bueno que se acepten.

También lamento que, en relación al servicio universal --del que luego
hablaremos más detalladamente--, el Grupo Socialista haya decidido no
aceptar las enmiendas transaccionales que han sido presentadas por
nuestro grupo porque, sin ninguna duda, mejorarían el texto en la línea
que todos estamos buscando.

Como primera reflexión conviene destacar que esta ley tiene un carácter
eminentemente técnico, como han dicho los portavoces del Grupo Socialista
y de Convergència i Unió. En gran medida, se limita a incorporar a
nuestro ordenamiento jurídico los principios contenidos en las diferentes
directivas comunitarias sobre armonización de la regulación y
liberalización de las telecomunicaciones recientemente aprobadas en
Europa. Estas directivas, que se encuentran recogidas en el preámbulo de
este proyecto de ley, establecen expresamente la obligación de los
Estados miembros de adoptar las disposiciones administrativas legales
reglamentarias necesarias para su cumplimiento. En muchos casos, los
plazos para la incorporación de las directivas son muy reducidos y por
eso también se han tenido que incorporar, aunque no con prisas. Señor
Alcaraz, yo no creo que esta ley se haya redactado con prisas sino que lo
ha hecho con celeridad para adecuarse a la situación en la que vivimos.

En ningún caso creo que la prisa haya influido para que la ley se haya
presentado de mejor o peor manera. El proyecto de ley que presentó el
Gobierno era un buen proyecto y creo que de esta Comisión saldrá un
proyecto mucho mejor, avalado por los grupos parlamentarios y en el que
se han introducido modificaciones de otros grupos que a lo mejor al final
no lo apoyan en su totalidad.

Es necesario señalar que con este proyecto de ley se están cumpliendo las
obligaciones de España como Estado miembro de la Unión Europea mediante
un texto que, como digo --porque es importante destacarlo--, se limita a
transcribir de una forma casi literal el contenido de las directivas
comunitarias en materia de telecomunicaciones.

Nuestro grupo comparte plenamente la preocupación de algunos grupos
parlamentarios que se han manifestado esta tarde sobre la calidad del
servicio que se presta a los ciudadanos por los factores de cohesión
social y por el interés público que caracteriza a los servicios de
telecomunicaciones. Creo que todos --no se puede decir de otra manera--
compartimos ese criterio. Sin embargo, no debe olvidarse que estamos en
un proceso de liberalización y que hay muchas maneras de conseguir esos
criterios que todos compartimos.

Con este proyecto de ley intentamos garantizar la protección del interés
público en un entorno liberalizado. Para ello la ley ha introducido un
artículo 3, del que hablaremos detalladamente a la hora de analizar las
enmiendas, sobre obligaciones de servicio público, imponiendo éstas a los
explotadores de redes públicas y prestadores de servicio de
telecomunicaciones accesibles al público. Estas obligaciones incluyen la
exigencia de utilización compartida de infraestructuras para reducir al
mínimo los impactos urbanísticos y medioambientales. Hago referencia
expresamente a los impactos urbanísticos y medioambientales porque hay
enmiendas de algunos grupos políticos que se mantienen en la línea de
defender el medio ambiente. Esta ley ya recoge en su artículo 16 la
defensa del medio ambiente. Siempre viene bien recordar esa sugerencia,
pero en este caso ya estaba recogida en la ley.

Merece especial atención, como digo, la regulación del denominado
servicio universal de telecomunicaciones, que se define como un conjunto
de servicios de telecomunicación con una calidad determinada, accesibles
a todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica y a
un precio asequible. Me refiero también a lo de la independencia de
localización geográfica porque se ha dejado entrever esta tarde en la
Comisión que en España podría haber distintas prestaciones de servicios
según los ámbitos territoriales en que se viva. En España, al final,
todos los ciudadanos van a ser iguales, solamente va a haber ciudadanos



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de primera, todos de primera, porque esta norma ampara a todos los
ciudadanos de España por igual.

Es posible que haya servicios avanzados muy concretos --permítanme que me
refiera a la sanidad y a la educación-- que dependerán en el futuro de
las conversaciones, de las negociaciones, de los acuerdos de los poderes
públicos con los distintos operadores. Es importante destacar (porque al
hablar del servicio universal se ha hablado de la obligación de Internet,
de otros servicios abiertos y de los servicios on line) que todos esos
servicios se pueden prestar a través del acceso a la red. Otra cosa
distinta es que las comunidades autónomas, que también son competentes en
materias como educación y sanidad, puedan instar a que haya convenios. Si
me preguntan les diré que sin ninguna duda estamos de acuerdo en que hay
que hacer esos convenios, en que hay que hacer todos los movimientos
necesarios para que llegue Internet a las escuelas, para que Telemedicina
--como decía el señor Alcaraz-- llegue a los hospitales y al final la
tecnología de la comunicación se implante lo más rápidamente posible.

Este concepto de servicio universal es el que está recogido en las
directivas, es un servicio universal que permite garantizar de forma
suficiente el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de
telecomunicaciones considerados básicos, pero también somos conscientes
--y lo ha comentado el señor García-Arreciado-- de que las necesidades
sociales evolucionan con el tiempo y el abanico de posibilidades o de
servicios que pueden ser considerados esenciales puede modificarse. Por
esa misma razón el Gobierno en este proyecto de ley ya ha previsto la
posibilidad de revisar y ampliar reglamentariamente los servicios
incluidos en el servicio universal en función de la evolución tecnológica
de la demanda o de consideraciones de política social y territorial.

Decía el señor García-Arreciado que podía parecer en el proyecto de ley
que algunos servicios solamente se podían declarar de interés general
para los ciudadanos en situaciones de catástrofe. Es verdad que eso podía
parecer así según el texto del proyecto de ley, pero también es verdad
que las enmiendas transaccionales que se han presentado (unas ya
incorporadas al informe de la ponencia y otras no porque son enmiendas
transaccionales a enmiendas del Grupo Socialista) mejoran esta parte del
servicio universal y garantizan que cuando los servicios sean
considerados esenciales para los ciudadanos se vayan incorporando al
servicio universal.

Ya que seguimos hablando del servicio universal --aunque luego
retrocedamos para ver el resto de las enmiendas--, quería decirle que
este concepto viene expresamente definido en las directivas, es un
servicio que se financia por el resto de los operadores y que, por tanto,
tiene una vía de financiación concreta. La definición de la directiva es
exactamente la que se ha recogido en el proyecto de ley, pero el Gobierno
español ha querido ir más lejos. Señor García-Arreciado, de su
disertación de esta tarde podría parecer que el Partido Popular,
Convergència i Unió, el PNV, Coalición Canaria y todos los que estamos
apoyando esta ley, con las modificaciones que se han presentado, no
estamos de acuerdo en que el servicio universal sea lo más amplio posible
y eso no es así, en absoluto, sino todo lo contrario. Yo comparto
absolutamente todo lo que usted ha dicho sobre el servicio universal, lo
que no comparto es que con este proyecto de ley que estamos debatiendo
hoy no se puedan conseguir esas propuestas que usted dice. Lo que pasa es
que no es imprescindible que se constaten como servicio universal esas
prestaciones, en primer lugar, porque no sería posible, ya que las
directivas europeas tienen un concepto tasado del servicio universal, y,
en segundo lugar, como usted bien sabe --aunque esta tarde no se ha
hablado mucho de ello--, porque el Gobierno español ha buscado una
fórmula para que, dentro del servicio universal, sin incumplir el
concepto de la directiva, se puedan incorporar otros servicios. Es un
concepto dinámico y que por otras dos vías que se han ampliado con las
enmiendas transaccionales permite que se incorporen muchos servicios para
uso de los ciudadanos. Esto se hace a través de las obligaciones de
servicio público y de otros servicios que se pueden prestar. Esta vía de
escape que ha buscado el Gobierno, que es una vía que se ha utilizado en
otros países, creo que es la adecuada para llevar adelante lo que todos
buscamos y queremos, que cada vez haya más servicios a disposición de los
ciudadanos sin ninguna discriminación por ningún motivo, ni económico, ni
lingüístico, ni geográfico, ni de ninguna otra clase. Por tanto, señor
García-Arreciado y señor Alcaraz, es verdad que en cuanto hablamos de
servicio universal, todos estamos de acuerdo. Las fórmulas pueden ser
diferentes. Por ejemplo, tenemos una diferencia de modelo muy clara con
algunos grupos de la Cámara y con el señor Alcaraz. Nosotros apostamos
por la liberalización de las telecomunicaciones, por que las
telecomunicaciones no sean un servicio público universal de titularidad
estatal, sino que sean un servicio de interés general. Está claro que es
un modelo diferente; los dos son respetables aunque incompatibles.

Nosotros hemos apostado por un modelo diferente, que son las
telecomunicaciones como servicio de interés general, pero con un servicio
universal y con unas obligaciones de servicio público que tienen que
cumplir los operadores para que al final los servicios de
telecomunicaciones lleguen al máximo posible de hogares.

En cuanto a la financiación de los fondos, es verdad que ha habido
numerosas enmiendas. Nuestro grupo ha intentado recoger la mayoría de las
sugerencias que se han presentado al proyecto. Muchas de las enmiendas
que se han presentado, al ser un proyecto eminentemente técnico,
sobrepasan las posibilidades de explicación en esta Cámara y, por tanto,
tampoco voy a entrar en ellas, sin perjuicio de que los temas que
contienen los hemos debatido en numerosas ocasiones y que se ha hablado
muchas veces sobre ellos. Hay cuestiones que son eminentemente técnicas y
que son traducción literal de las directivas que no podemos modificar y
no las vamos a modificar; por tanto, hay enmiendas que no se pueden
aceptar. Todas las enmiendas que son de contenido social, todas las que
afectan a los usuarios, las que afectan a garantías y que prevén mayores
garantías para los usuarios para recibir mejores servicios, todas las
propuestas que afectan a la calidad y al precio a pagar por los
ciudadanos son enmiendas que hemos estudiado



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y debatido, y yo creo que a través de las enmiendas transaccionales se ha
intentado mejorar el texto para que al final llegáramos a un consenso. Es
cierto que las transaccionales que se han presentado no recogen al cien
por cien todo lo que plantean algunos grupos parlamentarios, pero no es
menos cierto que éste es un proyecto del Gobierno que el grupo que lo
apoya considera satisfactorio y, por tanto, en algunos planteamientos no
sería lógico que aceptásemos todas las enmiendas al cien por cien de los
grupos, pero sí es verdad que se ha hecho un esfuerzo enorme de
acercamiento.

Se ha hablado mucho del precio asequible y de la calidad. La ley --y
permítame que se lo diga-- tiene un precedente, que es el de la Ley de
Ordenación de las Telecomunicaciones, una ley que quedó obsoleta
prácticamente nada más aprobarse y que ha sufrido muchísimas
modificaciones en su corta vida. Yo lo achaco fundamentalmente a que era
una ley excesivamente amplia y reglamentista. Vivimos en un mundo que
todos los portavoces han reconocido que avanza muy rápidamente, en un
mundo en que la tecnología cambia día tras día, en que nadie esta tarde
me podría decir qué va a pasar el año que viene respecto a los servicios
de telecomunicaciones y qué servicios son los que el año que viene los
ciudadanos van a demandar. Hoy por hoy no lo podemos saber; el año que
viene, probablemente, habrá unos servicios que hoy ni siquiera conocemos
o que hoy son utilizados por sectores muy pequeños y que, sin embargo,
serán los que se reclamen por los ciudadanos. Por tanto, creo que en un
mundo de estas características que estoy describiendo, lo lógico es que
el desarrollo se haga por vía reglamentaria y no se incluya en el
proyecto de ley. Hemos creído que era más conveniente no hacer un
proyecto de ley reglamentista, sino que los reglamentos fueran los que lo
desarrollen, y quítense todos los temores porque los reglamentos que van
a desarrollar la ley no quedan a disposición del Gobierno. El Gobierno no
tiene las manos abiertas para hacer lo que quiera, porque hay unas
directivas --y el Grupo Socialista en algunos casos, como en la directiva
de interconexión, pretende a través de sus enmiendas que la incorporemos
al cien por cien y no se ha incorporado-- que prevén por dónde tiene que
ir el desarrollo reglamentario. Por tanto, tenemos que cumplir unas
directivas y unos reglamentos europeos de los que luego hay que rendir
cuentas. Por ello el Gobierno tendrá que desarrollar las leyes de acuerdo
con la normativa europea que lo que trata es que, al final, todos los
ciudadanos europeos, no sólo los españoles, tengamos el mismo nivel de
calidad de servicios y la misma oferta o una similar de servicios de
telecomunicaciones. En ese caso, y creo que es bueno reconocerlo, no
vamos a estar solos, España no va a estar sola ni aislada de otros
países, sino que se trata de llegar a una media europea para que todos
los países tengan unos servicios de telecomunicaciones más o menos
comparables y compatibles entre todos.

Voy a entrar de lleno en las enmiendas de los grupos parlamentarios. Las
del Bloque Nacionalista Gallego, Iniciativa Los Verdes, de Nueva
Izquierda, del Grupo Mixto en definitiva, son unas enmiendas que en la
mayoría de los casos no hemos podido aceptar. Muchas de ellas se refieren
en algunos casos al modelo, un modelo diferente al que nosotros
definimos, y en otros casos son cuestiones especialmente autonómicas, de
competencias, y como las competencias sobre telecomunicaciones son
exclusivas del Estado, tampoco hemos podido aceptarlas, pero tendremos
ocasión de volverlas a debatir en el Pleno, ya que han quedado vivas.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, como
he dicho antes, nuestro grupo ha aceptado todas las enmiendas de ambos
grupos que podían mejorar el texto de este proyecto de ley, tanto en su
formulación técnica como en algunas otras cuestiones que nuestro grupo ha
considerado interesante incorporar al proyecto. Es verdad que en algunos
casos y en relación con algún grupo no se han podido aceptar tantas como
nos hubiera gustado y como le hubiera gustado al propio grupo, pero no
estaba de nuestra mano aceptar algunas cuestiones debido a que eran unos
cambios sustanciales.

En cuanto a las enmiendas de los grupos y por hacer una relación lo más
breve posible sobre las mismas, diría que hay tres bloques, y que me
perdonen los señores portavoces si no hago referencia a todas las
enmiendas que se han presentado. En un bloque de enmiendas se plantea, en
la mayoría de los casos, que la ley sea más reglamentista y las
remisiones a reglamentos y órdenes ministeriales se recojan como
artículos de proyecto de ley. Como he dicho y por las razones que antes
he explicado, nosotros no hemos considerado conveniente hacer eso. Otro
conjunto de enmiendas se refieren a las competencias de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. En este punto, quería dejar claro lo
siguiente. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se
constituyó por acuerdo de todos los grupos de esta Cámara en la Ley de
Liberalización de las Telecomunicaciones, una ley en la que participamos
todos los grupos parlamentarios, que se aprobó por consenso, consenso
difícil de esta Cámara porque desgraciadamente algunas veces no podemos
ponernos de acuerdo, pero en el tema de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, órgano independiente que sirve para controlar y para
dirigir el mercado de las telecomunicaciones, conseguimos un consenso de
todos los grupos políticos, tanto en cuanto a sus competencias como a su
composición. Creo que es bueno y lo digo esta tarde porque es importante
que se haya creado un consenso en torno a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. No creo que sea el momento adecuado de modificar las
competencias de esa Comisión, que lleva un año escaso de funcionamiento,
que tiene unas competencias claras, y este proyecto de ley no ha
pretendido tocar esas competencias. Por tanto, en relación con todas las
enmiendas sobre la modificación de ese estatus de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones para quitar las competencias al Ministerio de
Fomento y pasarlas a la Comisión no creemos que sea adecuado hacerlo en
este momento, en primer lugar, porque las competencias se han otorgado
hace poco tiempo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y
porque creemos que esas competencias de momento tienen que mantenerse en
el Ministerio de Fomento hasta



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que se produzca la liberalización total de las telecomunicaciones.

Ya he comentado el tema de la interconexión. Ustedes pretenden hacer una
ley más normativa, meter muchas más normas de la directiva de
interconexión. Por ejemplo, se comentaba en esta Cámara por el señor
Morlán que habría que incorporar la localización de los puntos de
interconexión y las normas técnicas de interconexión. Creo que no es en
una ley general, como de la que estamos hablando, donde se tienen que
incorporar todas esas cosas, sino que tiene que ser un reglamento el que
desarrolle todos esos aspectos y por tanto no hemos podido aceptar las
enmiendas.

En cuanto a las demás cuestiones que plantean, como podría ser la gestión
de las tasas en materia de telecomunicaciones, el proyecto establece que
la gestión de las tasas corresponde a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones --y volvemos al tema de la Comisión-- cuando éstas
integren sus recursos propios. El modelo que propone el Grupo Socialista,
que es distinto del nuestro, se dirige a asignar todas las tasas que en
este proyecto se regulan a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Nosotros creemos que la Comisión tiene suficientes
ingresos para financiar sus necesidades y por lo tanto no creemos que sea
necesario atribuirle mayores tasas. También comentaba el señor Morlán el
régimen sancionador del título VIII. Ustedes proponen que la Comisión
ejerza sus funciones en base a determinados principios, distintos de los
que establece el proyecto, donde se dice que reglamentariamente se
establecerá el procedimiento. Al final seguimos en lo mismo. Hay dos
grupos de enmiendas, unas que quieren que la ley sea más reglamentista y
que no haya tantos reglamentos y otras que se refieren a la Comisión.

Son muchos los aspectos técnicos que se recogen en este proyecto de ley.

Si algún portavoz quiere que hablemos sobre alguna enmienda específica
que no hayamos tocado y que tenga especial interés en que le aclare
alguna cuestión, puedo referirme a ella.

Después de la intervención del señor García-Arreciado y también de la del
señor Alcaraz, no me gustaría que quedara ninguna duda sobre el tema de
las obligaciones de servicio público y del servicio universal al que le
he dedicado una buena parte de mi intervención. El Grupo Socialista ha
presentado una serie de enmiendas en las que aportaba una redacción nueva
en algunos artículos, expresamente del 35 y del 41, que son los que se
refieren al servicio universal. Supone un modelo distinto regulatorio en
cuanto a estructura y contenidos. Hay una serie de propuestas, reiteradas
en todo el capítulo, que no se pueden admitir por las siguientes razones,
y creo que me he referido a algunas de ellas: atribución de las
competencias en todas las materias a la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones; desarrollos de carácter reglamentario previstos en la
ley que se trasladen al articulado de la ley; delimitación del servicio
universal introduciendo aspectos sobre velocidad de transmisión, acceso a
Internet, posibilidad de ampliación de las prestaciones del servicio
universal por parte del Gobierno. Como he dicho, el Gobierno puede
ampliar estos conceptos de obligaciones de servicio público. En cuanto a
la financiación de los servicios obligatorios exclusivamente con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado que proponía el Grupo Socialista,
nosotros creemos que pueden existir otras alternativas para la prestación
de servicios obligatorios, como pueden ser la del establecimiento de
obligaciones de servicio público a todos los operadores sin ninguna
discriminación entre ellos.

Hay otra serie de contenidos que nos proponían las enmiendas del Grupo
Socialista, que hemos tratado de integrar en el proyecto de ley y que los
hemos presentado como transaccionales, como establecer que los servicios
obligatorios no son un número cerrado, como se recogía en estos momentos
en el artículo 40; establecer un período de consulta pública previo a la
delimitación de si existe un coste de servicio universal o de servicio
público, a efectos de poder incluir las obligaciones en las licencias sin
necesidad de financiación en caso contrario; la posibilidad de fijación
de un contrato tipo para todos los servicios que se establecen en el
servicio universal y la fijación para los servicios obligatorios cuando
se financien con fondos públicos de un sistema de designación de operador
similar al de determinación de servicio universal. Algunas de estas
cuestiones se han planteado en las enmiendas transaccionales. Le pido al
señor García-Arreciado que vuelvan a estudiarlas para ver la posibilidad
de aprobarlas, porque creo que mejorarían el texto recogiendo algunas de
las ideas que ustedes tienen y sería bueno que todos los grupos
parlamentarios participáramos en la aprobación de esta ley general de
telecomunicaciones, que va a ser la ley básica para los próximos años en
lo que se refiere a un mercado liberalizado de telecomunicaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Quiero recordarle a la señora Mato que al Grupo
Federal de Izquierda Unida no se le ha admitido ni una sola enmienda. Se
nos ha incluido en algún bloque de transacción, pero no se ha colado
ninguna de nuestras enmiendas, pero le voy a proponer una enmienda in
voce que a lo mejor me acepta en este momento. La redacción que han hecho
es improvisada en muchos de sus aspectos respecto a la forma de recoger
las directivas europeas. Hay una cosa que se recoge en todas las
directivas y que ustedes no recogen en el artículo 72, es casi un error
técnico el que han tenido, porque a la hora de hablar de las tasas por
numeración debieran recoger las tasas por asignación de dominio, tanto en
el epígrafe como en el texto del artículo, cosa que se hace a este nivel
de equiparación en todas las directivas europeas, porque si no quedaría
fuera el tema de las tasas de asignación de dominio. Es algo que le
sugiero sobre la marcha para que, si lo tienen a bien, lo introduzcan.

Por un lado, mantenemos proyectos y problemáticas diferentes, pero por
otro, el tema de fondo es que analizando el artículo 128 de la
Constitución lo que detectamos es que se está produciendo una reforma
encubierta de la Carta Magna. Ya hay teóricos que hablan, con muchísima
razón, de que a la hora de aplicar Maastricht en España se está



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produciendo una reforma de la Constitución. Es uno de los aspectos
fundamentales que tendremos ocasión de explayar de manera más detenida en
el Pleno del próximo jueves.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Señora Mato, no se preocupe, que nunca se me
ocurriría compararla con una pared. Tenga bien claro que nunca osaría
hacer semejante comparación.

Entre ustedes y nosotros hay diferencias fundamentales en este proyecto
de ley y usted las ha ido reconociendo poco a poco en la definición que
ha hecho de sus posiciones y en la crítica hacia lo que nosotros
planteábamos respecto a algunas de las enmiendas que hemos formulado. Sí
se nos han aceptado dos o tres enmiendas y se nos han ofrecido algunas
transacciones, pero en esto de las transacciones hay algo parecido a lo
de los golpes de boxeo, amagar y no dar. Se acerca uno con la
transacción. Si tiene suerte, la oferta la puedes coger, porque viene
bien y tienes ganas de que así sea, pues hay voluntad de decir que hemos
llegado a algún tipo de acuerdo, pero hay otros aspectos en los que la
transacción se ofrece con muy poca voluntad de que ese acuerdo llegue. En
varias de las transacciones que se nos han ofrecido, tanto en la parte
que he defendido yo como en la del señor García-Arreciado, han picoteado
en algunos aspectos que podían enriquecer su propio proyecto, no lo
discuto, pero desdibujaban cuál es nuestra oferta respecto a lo que tiene
que ser el marco jurídico de las telecomunicaciones.

Coincidimos en que es una ley eminentemente técnica, pero, por serlo, no
podemos olvidar el gran calado político que tiene, pues, nos guste o no,
lo que se haga con su desarrollo va a afectar a todos los ciudadanos
españoles, en mayor o menor medida todos van a verse afectados y, como es
lógico, cuando hablamos de una ley eminentemente técnica, de que una ley
sea reglamentista o no y de una ley que derive hacia la capacidad del
Gobierno para elaborar normas a su antojo, las discrepancias son fuertes.

No voy a hacer referencia a muchos aspectos concretos, pero nosotros
observamos que no somos los únicos que criticamos cuando hablamos de
reglamentar o no o de conceder esa posibilidad al Gobierno para que
desarrolle determinadas estipulaciones que se establecen en la propia
ley. Hay informes en los que se pone de manifiesto que hay una excesiva
remisión reglamentaria para un futuro. Ha hecho referencia a ello el
señor García-Arreciado. Cuando uno lee qué es lo que se va a desarrollar
a través de esa capacidad reglamentaria que se le concede al Gobierno se
lleva las manos a la cabeza. El hecho de que queramos hacer una ley en la
que a la hora de la interconexión se pongan de manifiesto todas las
condiciones que tienen que darse en la interconexión o en el acceso a
redes, que planteemos una ley en la que quede perfectamente definido y
nítido el servicio universal, cuáles son sus características, sus
condiciones, su ampliación, cómo van a funcionar los operadores, qué va a
pasar con los operadores dominantes, todo ese tipo de aspectos, o el
hecho de que hablemos de la numeración y que queramos que se regule
adecuadamente en el propio proyecto de ley no significa que estemos
hablando de una ley más o menos reglamentista; estamos estableciendo en
una ley de estas características unas condiciones objetivas u
objetivables con las que la Comisión, desde nuestro punto de vista, y el
Ministerio desde el suyo tienen que funcionar a partir de ahora en un
mercado liberalizado, pero en un mercado en competencia y en un mercado
en el que los operadores privados van a tener que tener una autoridad que
imponga racionalidad y raciocinio en sus debates, que elimine cualquier
nivel de crispación y que plantee que tiene que haber acuerdos y
entendimientos entre los mismos para sacar adelante la prestación de los
servicios o un desarrollo ordenado de las redes.

Con el esquema que hemos planteado en nuestras enmiendas en todos los
títulos del proyecto de ley indudablemente sí que somos diferentes a
ustedes y lamentamos muchísimo que las cosas se puedan resolver tal y
como va a acabar sucediendo en el debate y discusión de este proyecto de
ley tanto en esta Comisión como en el próximo Pleno, así como en el
Senado, pero los elementos que nos distancian son fundamentales. La
atención que damos a la prestación del servicio universal no tiene nada
que ver con lo que ustedes reconocen. La ambigüedad que ustedes
introducen en la definición del servicio universal tampoco tiene nada que
ver con lo que nosotros pretendemos que se recoja. Decía mi compañero
señor García-Arreciado que la definición de servicio universal es pobre y
raquítica. Desde luego, por lo que yo he observado en las enmiendas
transaccionales que se han planteado, seguimos manteniendo el mismo
criterio, porque no ha variado un ápice esa percepción ni desde luego se
ha plasmado esa voluntad política de que lo que se recogiera en el
servicio universal nos diera garantías de que en un futuro las cosas iban
a ir mejor de lo que han ido hasta este momento o mejor de como han
estado planteadas en este debate.

Hacía usted referencia también, señora Mato, al tema de las tasas. La
financiación de la Comisión, la independencia que tiene que adquirir la
Comisión en la forma cómo recaude las tasas es un elemento importante de
ver hasta qué punto tiene la capacidad suficiente de independencia para
no verse sometida a ningún tipo de presión. Desde luego, si nosotros
pensamos que la Comisión tiene que tener su oficina recaudadora y que
tiene que tener un capítulo de ingresos, es porque queremos que se vea
auténticamente libre de cualquier tipo de vinculación, de insinuación o
de planteamiento que se pueda hacer desde esferas del Gobierno. El
sometimiento al presupuesto general del Estado y a que las tasas que se
paguen por la prestación de esos servicios o por autorizaciones o por las
licencias se ingresen en las oficinas de Hacienda lo único que está
haciendo es llevar al saco común una serie de cantidades de dinero que
indudablemente después es posible que no reviertan a la Comisión. Por
tanto, se sigue manteniendo una vinculación económica que desde luego es
de las más fuertes que existen a la hora de limitar y de decidir cuál
tiene que ser la política que ha de llevar a cabo esa Comisión y decidir
sobre los posibles conflictos o los posibles



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problemas que existan en el desarrollo de este proyecto de ley y de las
normas que se van a ir publicando poco a poco e incluso de las normas que
van a venir de las directivas comunitarias.

Usted ha planteado que había una transcripción literal de las directivas.

No es cierto, porque usted después se ha contradicho y ha reconocido que
lo que nosotros hacíamos en interconexión y en servicio universal era una
traslación exacta y precisa de las directivas comunitarias a la
alternativa que planteábamos al proyecto de ley. Yo creo que debemos
ajustar un poco la terminología. Ustedes tienen perfecto derecho a decir
que trasponen tres artículos, cuatro artículos o dos conceptos, pero no
vengan diciendo que lo están trasponiendo todo, porque lo que están
haciendo es sacar de esas directivas lo que a ustedes les pueda
interesar, y en estos momentos lo que les interesa es que el Gobierno
siga manteniendo los ejes y la dirección política de cuál tiene que ser
el desarrollo de las telecomunicaciones. Por eso, como decíamos antes, no
se trata de liberalizar, sino de mantener un control y una intervención
excesivamente fuerte sobre cuál tiene que ser el desarrollo de las
telecomunicaciones, circunstancia que va en contra de sus propios
planteamientos.

Señor presidente, efectivamente es una ley con muchas enmiendas, ir una
por una nos llevaría muchísimo tiempo, porque entraríamos en debate en
cada una de ellas, pero creo que no es necesario, porque indudablemente
se ve cuál es la voluntad de buscar apoyos a la hora de sacar esta ley
adelante, se ve cuál es la voluntad de poner de manifiesto que existen
dos modelos en el tratamiento de este proyecto de ley y creo que sería
bueno que por parte del Grupo Popular se hiciera un esfuerzo de
comprensión hacia aspectos concretos de más contenido y de más calado del
que se ha planteado hasta este momento en las enmiendas transaccionales y
que se hiciera el esfuerzo para que esta ley recuperara el tono que debe
tener de incorporación y de traslación de directivas comunitarias, que es
lo único que pretendemos, que del derecho comunitario se incorporen al
proyecto de ley. Eso sería bueno para todos y garantizaría la seguridad
de la prestación de los servicios que vienen recogidos en este proyecto.




El señor PRESIDENTE: El señor García-Arreciado tiene la palabra.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy a ser muy breve. Yo creo que
nuestro rechazo a las enmiendas que nos propone el Grupo Popular no debe
impedir que lo que ellos consideran que son mejoras importantes de la
ley, si están convencidos de ellas, salgan para adelante. Tienen una
mayoría absoluta en el Senado y estoy seguro de que volverán a presentar
como suyos los textos de transacción que nosotros rechazamos porque no
queremos aparecer en esta ley como el adorno final de una concepción
mercantilista del servicio universal, que no compartimos en absoluto.

También hay que decir que las directivas europeas no pueden utilizarse
como argumento de rechazo de nuestras enmiendas. No consigo entender qué
impedimento legislativo europeo hay para la inclusión en la ley del
compromiso de redactar un código de los usuarios donde se recojan sus
derechos, los derechos de los operadores, cómo se gestionan las
situaciones de conflicto que puedan surgir entre ellos y que van a surgir
con toda seguridad, donde se regulen aspectos como el de las llamadas a
los servicios de urgencia, el corte de líneas activo, que permita recibir
líneas, etcétera; ni veo qué impedimento puede haber en que haya un
debate en esta Cámara sobre un libro blanco elaborado por el Gobierno, de
resultas del cual pudiera salir un plan director, que como todo plan
director es una planificación estratégica, orientativa para el Gobierno,
que no tiene fuerza vinculante, pero que serviría para pintar hacia dónde
deben dirigirse los esfuerzos para que el sentido diferente de cada uno
de ellos no dé una resultante cero; ni veo ningún impedimento en definir,
mucho más como lo hacemos nosotros, que es en función del propio mercado,
qué se debe entender por un precio asequible, esta definición u otra, me
da igual, pero no veo ningún impedimento.

En todo caso, las directivas, como cualquier normativa, son suelos que no
se pueden rebajar, pero nunca son techos que no se pueden subir. Ustedes
se conforman con no caerse y nosotros creemos que esta ley debe darle al
país la oportunidad de saltar hacia un futuro muy marcado por el
desarrollo de estas redes y servicios y en el que la parte más débil de
la sociedad no tiene más garantía frente a las BT, Telefónica, WorldCom,
que el servicio universal, y ustedes van por el contenido mínimo de este
servicio universal, y creemos que no sólo es posible, sino que es bueno
para el país y exigible para sus legisladores ofrecer algo más que el
mínimo que hace falta para que la sociedad no se desmembre en fragmentos
absolutamente insoldables. Esa es la diferencia, que es una diferencia de
hondísimo contenido político, que nos impide, como ha dicho el señor
Morlán, por algunos tímidos acercamientos, sentirnos copartícipes de una
definición mercantilista, como digo, que no compartimos.




El señor PRESIDENTE: La señora Mato tiene la palabra.




La señora MATO ADROVER: También con mucha brevedad.

Quiero agradecer sus nuevas aportaciones a los grupos parlamentarios,
nuevas porque las han vuelto a hacer, pero no porque introduzcan ningún
elemento novedoso, pues se trata de argumentos conocidos y que en la
mayoría de los casos no puedo compartir.

Estoy de acuerdo en que éste es un proyecto del Gobierno, pero ya es un
proyecto de todos, una vez que llega a esta Cámara es un proyecto de
todos porque a todos nos incumbe hacer una buena ley general de
telecomunicaciones y los parlamentarios somos todos responsables de hacer
una buena ley. Por tanto, cualquier mejora que se le haga al texto, que
se introduzca por parte de algún grupo parlamentario, bienvenida sea.

Nosotros siempre estaremos en disposición de aceptar cualquier sugerencia
de algún grupo parlamentario; ahora bien, tampoco podemos entender a un
grupo que, porque no se adapten todas sus



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sugerencias, decida no aceptar las propuestas de nuestro grupo. Así pues,
nosotros, sin ninguna duda, seguiremos intentando mejorar el texto a su
paso por el Senado, de manera que, al final, la ley que salga de estas
Cortes sea la mejor para los ciudadanos. No será la ley del Gobierno,
sino la del Parlamento para todos los ciudadanos.

Quería hablar de dos cuestiones. En cuanto al tema de las tasas, que es
un tema al que ha aludido el señor Morlán, yo no lo hubiera mencionado en
circunstancias normales, pero sí lo hago porque usted ha cuestionado la
independencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por su
presupuesto. Sepa usted que, de admitirse su esquema, el que ustedes
plantean, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tendría una
notoria capacidad excedentaria de ingresos, ya que sólo la tasa de
dominio público radioeléctrico, a la que se refería antes el señor
Alcaraz, que sí que está incluida ya, multiplica por cuatro las
necesidades de financiación de la Comisión. Por otra parte, el proyecto,
como usted sabe, es respetuoso con el modelo que implanta la directiva de
licencias, el cual prevé dos tipos de gravámenes, uno destinado a
financiar el coste de las tramitaciones de vigencia y autorizaciones y
que se destina en este proyecto a la Comisión, y otro que tiene su origen
en un precio de mercado de unos recursos escasos y que puede originar
ingresos para el Tesoro por la adjudicación de este bien. Por tanto,
señor Morlán, está recogida perfectamente su sugerencia de que la
Comisión se autofinancie y, además, los recursos excedentarios son los
que se dedicarían para otras cuestiones.

El señor García-Arreciado y usted hacían referencia a las directivas. Es
verdad que este texto incorpora las directivas, unas directivas que no se
incorporan en su totalidad. ¿Por qué no se incorporan en su totalidad? En
este texto pretendemos, y es nuestro modelo, recoger los principios
generales, principios generales que luego serán desarrollados en
reglamentos. El señor García-Arreciado ponía el ejemplo del precio
asequible. ¿Por qué no se define el precio asequible? Se lo voy a decir.

Yo creo que no hay una fórmula adecuada para definir el precio asequible,
sino que éste dependerá del momento económico, de la situación económica
y del momento social que se atraviese en este caso en España. Por tanto,
yo creo que es más razonable que el precio asequible se fije conforme a
situaciones y no se fije en una ley que, a lo mejor dentro de un año, de
seis meses o de tres, con las mejoras que está teniendo la economía en
estos momentos en España, probablemente ese precio asequible tenga que
ser distinto en unos momentos que en otros de nuestra vida económica y
social española.

Por último, y ya para finalizar, diré que es verdad que esta ley es una
ley muy importante. Es una ley muy técnica, pero muy importante; una ley
que, como decía el señor Morlán, tiene un gran calado político; una ley
que, como decía el señor García-Arreciado, tiene un buen componente
político. Por supuesto que lo tiene, pero ¿sabe por qué tiene un calado y
un componente político? Porque la situación en España en
telecomunicaciones se ha modificado sustancialmente, porque en estos
momentos tenemos un mercado liberalizado de telecomunicaciones, porque en
estos momentos tenemos competencia en telefonía, porque en estos momentos
existe ya un órgano independiente, que es la Comisión de Mercado de las
Telecomunicaciones. Por todo eso tiene mucho calado político esta ley,
porque recoge todo lo que se ha venido haciendo durante este año y medio
de Gobierno en materia de telecomunicaciones.




El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión durante 10 ó 15 minutos
para elaborar el cuaderno de votaciones.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Vamos a proceder a las votaciones, que no son demasiado numerosas pero en
cada una de ellas hay un número elevado de enmiendas. Por lo tanto, ruego
silencio a sus señorías.

Empezamos votando en un bloque las enmiendas del Grupo Mixto números 152,
156, 290, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308,
309, 310, 380, 384, 386, 387, 389, 404, 410, 412, 277, 288, 289 y 367.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 31;
abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora las enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar,
la enmienda número 263.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 17; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 270, del Grupo de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 17; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de Coalición Canaria número 272.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 17; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la
enmienda 161, con el añadido «y servicios de telecomunicaciones».




Efectuada la votación, dijo:



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Vamos a votar ahora la enmienda 192.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Siguiente bloque de enmiendas del Grupo Socialista: 160, 163, 167, 172 a
178, 197, 199, 207, 211, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 226,
230, 231, 232, 233, 235, 238, 239, 246 y 250.




El señor MORLAN GRACIA: Me parece que la enmienda número 250 estaba
aceptada por el Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, la enmienda 250 no está incluida en
esta votación.

Establecido el grupo de enmiendas, procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación el siguiente bloque de enmiendas del Grupo
Socialista números 171, 191, 201, 203, 206, 208, 212, 213, 221, 222, 225,
228, 229, 236, 237, 240, 241, 242, 243, 248 y 249.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista, teniendo en cuenta que hay
algunas que serán votadas luego como transaccionales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos seguidamente las enmiendas de Izquierda Unida. El primer bloque
de enmiendas está compuesto por las números 50 a 55, 58, 59, 60 a 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 70 a 81, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 95 a 99, 101, 102,
105, 109 a 114, 116, 117, 118, 120, 127, 128, 141, 142, 144, 145, 146,
148 y 86.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida números 56, 84 y 107.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 31.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Popular, de la 419 a la 432.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votaremos a continuación las transaccionales a las enmiendas 159, 164,
184, 186, 200, 216, referida al artículo 50, y 234.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos a votar el proyecto resultante del informe de la ponencia y de
las enmiendas anteriormente aprobadas.

Un primer bloque es el siguiente: artículos 4, 19, 32, 43, 48, 49, 56,
63, 64, 66, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83; disposiciones adicionales
primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava; transitorias segunda,
tercera, cuarta, quinta, séptima, octava y novena; disposición
derogatoria y disposiciones finales.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

El siguiente bloque es: artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 22 a 31, 33 a 42, 45 a 47, 51 a 54, 67 a 73, 77, 84, 85;
disposiciones adicionales segunda y séptima y transitorias primera,
sexta, décima y undécima.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Restantes artículos y disposiciones, si hay alguna, del proyecto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votación de la exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 11.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y veinte minutos de la noche.