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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 374, de 11/02/1998
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 374



ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO FERNANDEZ
DE TROCONIZ MARCOS



Sesión núm. 30



celebrada el 11 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de ley
por el que se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido (Número de expediente 121/000081) (Página 11018)



Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley por el que se modifica la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(procedente del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto) (Número de
expediente 121/000081) (Página 11018)



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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar esta
sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.

Antes de empezar con el estudio del orden del día para el cual ustedes
han sido convocados, referente a la ratificación de la ponencia y
dictamen, en su caso, en vista del informe de la ponencia, de
modificación de determinados aspectos de la Ley reguladora del Impuesto
sobre el Valor Añadido, esta Presidencia, en función de las atribuciones
y competencias establecidas en el artículo 68.2 del Reglamento, les
propone la alteración del orden del día de la Comisión a celebrar hoy,
para que en ella se debata y, en su caso, se vote aceptar o no la
celebración de determinadas comparecencias ante esta misma Comisión, los
días 16, 18 y 24 del mes de febrero y el día 4 de marzo. Las
comparecencias serían de los secretarios de Estado de Economía, Hacienda;
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, subsecretario de Economía
y Hacienda y ministro de Economía y Hacienda.

Por consiguiente, antes que nada, someto a la consideración de la
Comisión la posibilidad de alteración del orden del día. Como saben SS.

SS., para que éste se altere es necesario que todos ustedes den el visto
bueno. ¿Están ustedes de acuerdo en que procedamos a la alteración del
orden del día, incluyendo el punto de la celebración de las
comparecencias? (Asentimiento.)
Por asentimiento, queda aprobada la alteración del orden del día. Con
ello, pasamos, en primer lugar, a conocer del punto alterado, es decir,
la celebración de las comparecencias de los señores secretarios de Estado
de Hacienda, Economía; Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa y
subsecretario de Economía y Hacienda y ministro de Economía y Hacienda.

La comparecencia del secretario de Estado de Economía se celebraría el
día 16, a efectos de explicar la revisión del objetivo de inflación para
1997, anunciado por el Gobierno, que es su autor. Asimismo, para informar
sobre el dictamen emitido por la Dirección general de la Competencia,
vinculado a los incrementos tarifarios que las compañías aéreas españolas
Iberia, Aviaco, Air Europa y Spanair han aplicado desde el día 25 de
abril de 1997, comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Y también abordaría las materias propias de su competencia,
previa remisión del informe correspondiente; es la comparecencia
cuatrimestral que fue en su día aprobada por esta Comisión mediante la
adopción de una proposición no de ley.

La comparecencia del secretario de Estado de Hacienda sería para
presentar las conclusiones acordadas por la Comisión interministerial
para el estudio y propuesta de medidas sobre la fiscalidad de las
pequeñas y medianas empresas por las que, de acuerdo con la orden de 27
de noviembre de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, el Gobierno
debía rendir informe antes del día 31 de marzo de 1997; la propuesta es
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Asimismo, para
dar a conocer todo lo referente al abordaje producido por una lancha del
Servicio de Vigilancia Aduanera a una patera el día 26 de agosto de 1997,
a iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. También
para explicar el plan de modernización de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria e informaría sobre la sentencia del Tribunal
Supremo en relación con la interpretación del artículo 31, apartado 4,
del Reglamento general de Inspección, que se ha venido produciendo con
posterioridad al 27 de febrero de 1996, de la cual es autor, asimismo, el
Gobierno. Y para informar de las materias propias de su competencia y de
esta Comisión relativas al sistema tributario, previa remisión del
informe correspondiente, también acordada por esta misma Comisión
mediante adopción de proposición no de ley en su día acordada.

Por otra parte, la comparecencia del señor secretario de Estado de
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa sería para informar sobre
el resultado de la Expotecnia de Delhi 97, así como acerca de las
previsiones de organización de nuevos certámenes, a petición el Grupo
Socialista, y de los objetivos y resultados que se esperan obtener del
mes de España en Japón, que se celebrará en el mes de marzo de 1998 en
dicho país, por iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Así como para
informar de las materias propias de su competencia, previa remisión del
informe correspondiente; comparecencia cuatrimestral acordada por esta
Comisión mediante la adopción de la correspondiente proposición no de
ley.

La comparecencia del señor subsecretario de Economía y Hacienda el día 24
de febrero sería para responder las preguntas pendientes, tanto del
ministro como de este mismo señor subsecretario. Por otra parte, la
comparecencia del señor ministro de Economía y Hacienda el día 4 de marzo
sería a efectos de...

Señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: A efectos de comparecer para
informar sobre las medidas liberalizadoras adoptadas en el Consejo de
Ministros de 21 de febrero de 1997, solicitada por el PSOE; para informar
sobre la situación actual de las negociaciones con la Comisión Europea
relativas al Régimen Económico y Fiscal...




El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, ¿le importa pasarme el papel y lo leo
yo?
Comparecería para informar sobre las medidas liberalizadoras adoptadas en
el Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1997; para informar sobre la
situación actual de las negociaciones con la Comisión Europea, relativas
al Régimen Económico y Fiscal de Canarias; para explicar la política
general de su departamento; para informar de las medidas de política
económica que el Gobierno tenga intención de adoptar para fomentar el
descenso del desempleo en 1998. También informaría sobre la ejecución de
programas de convergencia económica, el plan de liberalización e impulso
de la actividad económica, aprobado en febrero de 1997, y la situación de
las negociaciones con la Comisión de la Unión Europea sobre el Régimen
Económico y Fiscal Canario.




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La primera de las comparecencias es a solicitud del Grupo Socialista, así
como también la relativa al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. A
petición del Grupo Socialista también está la comparecencia en relación
con la política general de su departamento. El Grupo Mixto pide la
comparecencia en lo referente a las medidas de política económica en
relación con el desempleo y, a petición del propio Gobierno, se informará
acerca de la ejecución del programa de convergencia económica.

Evidentemente la razón de traer a esta Comisión la celebración de estas
comparecencias es que, como saben SS. SS., para que la Mesa de la
Comisión pueda adoptar decisiones al respecto, por delegación de esta
misma Comisión, es necesario que se obtenga unanimidad de todos sus
miembros. No ha sido así en la reunión que tuvo la Mesa de esta Comisión
en el día de ayer y, por consiguiente, se traen al pleno de la Comisión
para que lo debata y, en su caso, vote acerca de la celebración de estas
comparecencias.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir para fijar su posición en
relación a estas comparecencias? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Como es notorio, porque ha sido explicitado en
la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces por el Grupo Parlamentario
Socialista, nuestro grupo parlamentario no comparte el criterio
mayoritario de los portavoces de los demás grupos, que proponen
establecer unos órdenes del día de las comparecencias de los diferentes
secretarios de estado en esta Comisión a partir de la semana que viene.

A nosotros nos preocupa, señor presidente, y lo decimos tranquilamente,
sin ningún rubor, que el funcionamiento de esta Comisión, desde el punto
de vista de sus reuniones de Mesa y Junta de Portavoces, se está
convirtiendo en bastante insólita por el funcionamiento, por las pautas
que se están estableciendo en la fijación del orden del día, en la toma
en consideración o no de las peticiones de comparecencia o iniciativas
parlamentarias de algunos grupos. Tengo la sensación de que sólo en la
Comisión de Economía es donde se están produciendo algunas circunstancias
que no nos gustan en el funcionamiento democrático de lo que es el libre
juego de la actividad política en el seno de las comisiones.

El Parlamento siempre ha sido lugar de encuentro, de acuerdo, de diálogo,
de discrepancia, pero fundamentalmente de respeto a las iniciativas
políticas y parlamentarias de los grupos. En esta Comisión, señor
presidente, tenemos la sensación de que por decisión del grupo
mayoritario, y no porque lo quiera --tengo constancia de ello-- la
voluntad del funcionamiento de esta Comisión, a través de su Mesa, por
una decisión del Grupo Parlamentario Popular que apoya el Gobierno y, en
algunos casos importantes, con el apoyo de los grupos parlamentarios que
apoyan también al Gobierno, siendo minoritarios, se está cercenando,
demorando las iniciativas políticas y parlamentarias del principal
partido de la oposición. Lo digo, señor presidente, desde la legitimidad,
que a veces se niega a nuestro grupo parlamentario de haber tenido
responsabilidades en la dirección de esta Comisión de Economía en otras
legislaturas respecto a cómo se tomaban las decisiones, cómo se buscaban
lugares de encuentro, cómo se trataba de vehicular y de articular las
iniciativas parlamentarias legítimas de los grupos de la oposición con
los grupos que apoyan al Gobierno.

Nos proponen en la alteración del orden del día la designación, la
aprobación de unas órdenes de esta Comisión para la próxima semana con la
comparecencia de los secretarios de estado del Ministerio de Economía,
Comercio y Hacienda. Es notorio que el Grupo Parlamentario Socialista
pretendía --y lo lleva pretendiendo desde hace tiempo-- que compareciera,
en primer lugar, el ministro de Economía y Hacienda en esta Comisión. En
ella no ha comparecido el ministro de Economía y Hacienda exactamente
desde el día 16 de abril de 1997. En 19 meses de funcionamiento de esta
Comisión el ministro de Economía y Hacienda sólo ha comparecido aquí en
dos ocasiones. La primera fue el 29 de mayo, lógicamente, como no podía
ser de otra forma, para explicar los proyectos del ministerio, y la
segunda el 16 de abril del año pasado para explicar e informar del
programa de convergencia, que también era notorio que este grupo
parlamentario quería que se hubiese realizado en el Pleno.

Desde entonces ocho comparecencias pedidas por el Grupo Parlamentario
Socialista del ministro de Economía y Hacienda no se han podido celebrar;
él no ha asistido, o no ha podido acudir, por unas razones o por otras, a
esta Comisión. Nos da la sensación, señor presidente, de que el ministro
de Economía y Hacienda le tiene alergia a esta Comisión y se ha
convertido en una especie de prófugo político, porque estamos demandando
permanentemente el que el ministro acuda y no comparece.

Por el contrario, se plantea que antes de la comparecencia del ministro
acudan los secretarios de estado de Economía y de Hacienda. Esto se ha
solicitado y, si la votación se lleva en sus justos términos, como parece
que el buen orden parlamentario así lo confirma, comparecerán la próxima
semana. Lo harán, señor presidente, de una forma, creemos, atropellada
para cumplir, concretamente el miércoles día 18 en una sesión de mañana,
dos comparecencias importantes de dos secretarios de estado. Les
advierto, señores que van a votar que sí, que vengan bien desayunados
porque no sé si van a tener tiempo de comer, ya que el Pleno comenzará el
miércoles a las cuatro de la tarde y no sé si habrá podido concluir el
orden del día. Pero esto no es lo preocupante, señor presidente. La
sensación que tiene el Grupo Parlamentario Socialista es que los
secretarios de estado, que vienen a hacer una labor posiblemente de
desbroce, de aliño para que el ministro pueda llegar el día 4 con el toro
ya desbravado, casi toreado, comparecen porque les interesa a los
secretarios de estado y fundamentalmente al Gobierno.

Señor presidente, hay unas comparecencias establecidas, aprobadas por
esta Comisión, como consecuencia de una proposición no de ley aprobada
por unanimidad de los grupos parlamentarios, para que los secretarios de
Estado acudan con carácter cuatrimestral para informar de las



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cuestiones referidas a sus respectivos departamentos. El secretario de
Estado de Hacienda no ha comparecido en esta Comisión desde el día 12 de
febrero de 1997, es decir, hace un año. Llevando en sus justos términos
la aprobación y el dictamen de la proposición no de ley de comparecencia
cuatrimestral, el secretario de Estado de Hacienda tenía que haber
comparecido de una forma habitual en esta Comisión allá por el mes de
junio y después en el de noviembre o diciembre. El secretario de Estado
de Comercio, también acogido a la comparecencia con carácter
cuatrimestral, estuvo la última vez en esta Comisión el día 5 de marzo
del año pasado, teniendo que haber comparecido otras dos veces antes de
la que se va a proponer para la semana que viene. Y lo mismo ocurre,
señor presidente, con el secretario de Estado de Economía, que no ha
acudido a esta Comisión desde el día 5 de febrero de 1997. Ahora, de
repente, a los secretarios de Estado les toca en parte, motu proprio, por
su iniciativa, apoyada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular,
comparecer deprisa y corriendo, si se aprueba la modificación y la
votación del punto que estamos discutiendo, la próxima semana.

Señor presidente, creemos que ésa no es una buena forma de trabajar en
esta Comisión. Creemos que no es una buena forma de practicar el diálogo,
el acuerdo y el consenso por lo menos con el Grupo Parlamentario
Socialista, que ha reclamado desde hace bastante tiempo la comparecencia
del señor ministro de Economía y Hacienda.

Por estas razones, señor presidente, y por otras muchas más, que obvio a
SS. SS. en aras a terminar ya, nosotros no podemos aprobar la
articulación del orden del día que se propone para la próxima semana,
porque es bien notorio y sabido que nosotros quisiéramos empezar de una
forma lógica el trabajo parlamentario en este nuevo período de sesiones
con la comparecencia del ministro y no con la de los secretarios de
Estado.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Al margen de la valoración y la objetivación que
se quiera ofrecer, intentar establecer dentro de esta Comisión un
procedimiento similar al que se hace en la propuesta presupuestaria, que
es empezar por secretarios de Estado y terminar por el ministro en el
Pleno, no nos parece oportuno en esta rentrée política que significa
iniciar el período ordinario. Nos parece más razonable iniciar el período
ordinario con la comparecencia del ministro, que hablaría de la política
general, de la política de empleo, del plan y programa de convergencia;
de lo general, de la globabilidad podríamos pasar después a temas
puntuales, a los que podría responder el secretario de Estado, máxime
cuando el ministro debería estar a disposición del control y del
funcionamiento de la Cámara como una de sus obligaciones ligadas al
salario. Una cosa es gobernar y otra cosa es gobernar de forma
transparente y rindiendo cuentas ante el Congreso.

Como las fechas --los meses se me pierden-- de la última comparecencia en
esta Comisión están bastante distantes, nos inclinamos por que la primera
comparecencia que se haga sea la del ministro. Además recuerdo que en
diciembre se nos advirtió que vendría en plenas fechas navideñas --el 23
ó 29 de diciembre, no recuerdo bien las fechas--, porque era él quien
quería comparecer y ésa era la fecha libre que tenía. No se pudo hacer
porque después él mismo tampoco pudo comparecer. Como él tenía prisa por
venir antes de que finalizara el período ordinario, nos parece bien que
se haga en esta fecha y siendo la primera comparecencia, sin menosprecio
de las otras que se puedan hacer después de los distintos secretarios de
Estado o subsecretarios. Por tanto, nos vamos a inclinar por el criterio,
parece ser, minoritario en la Mesa y Junta de Portavoces, esperando que
la Comisión pueda corregir ese desequilibrio, que además sería para bien
del trabajo del Parlamento y para bien del trabajo de la Comisión, así
como también de los grupos parlamentarios. En una actividad como la
nuestra se prima siempre que la oposición sea la que marque criterios de
control del Gobierno. Malo es que los criterios de control del Gobierno
los marque el propio Gobierno, porque la tendencia innata es a no
controlarse, y eso no es bueno.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, muy brevemente quiero
manifestar que nuestro grupo puede compartir con otros la necesidad de
instar al Gobierno a que comparezca con más celeridad en esta Comisión de
Economía. Nos parece razonable el que insistamos en que el ministro de
Economía comparezca y se atiendan las iniciativas del principal grupo de
la oposición y en ese sentido nuestro grupo siempre apoyará el que las
reglas democráticas que nos hemos dado puedan conducir a esa voluntad
política de presencia del ministro de Economía a petición de cualquier
grupo de la Comisión; pero también vemos razonable, para salir al paso de
esta exigencia, la propuesta que nos ha hecho de que comparezca el día 4.

Si, después de tantos meses, dentro de veinte días vamos a poder tener al
ministro de Economía, nos parece razonable. Si una semana antes vienen o
no vienen los secretarios de Estado, nos parece una cuestión trivial. La
economía y los contenidos que hay que discutir son mucho más importantes.

El que venga una semana antes o una semana después el secretario de
Estado o el ministro de Economía consideramos que son aspectos de menos
trascendencia, aunque sí estamos de acuerdo en que tiene que venir el
ministro de Economía y, por eso, vamos a apoyar que el día 4 esté en esta
Comisión.

Señor presidente, ésta es nuestra posición. Por tanto, comprendiendo la
motivación que el Grupo Socialista expresa, porque la entendemos y además
deberíamos hacer todos un esfuerzo para poder mejorar en este período de
sesiones estas cuestiones, y creo que se puede hacer, mi grupo quisiera
relativizar esas propuestas y valorar positivamente que en tres semanas
vamos a tener a todo el equipo económico del Gobierno en esta Comisión;
vamos a poder discutir con todos los secretarios de Estado y con



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el propio ministro, y el que venga antes o después el ministro nos parece
que es una cuestión secundaria. Por tanto, vamos a dar apoyo a esa
propuesta que se nos ha planteado, para que puedan estar en esa Comisión
los secretarios de Estado en primer lugar y el día 4 el ministro de
Economía.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Cámara.




El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: En primer lugar, y para fijar
nuestra posición sobre la cuestión planteada, quisiéramos despejar
algunas de las preferencias que ha esgrimido el portavoz del Grupo
Socialista y que ayer se pusieron de manifiesto también en la Mesa y
Junta de Portavoces, celebrada sobre la comparecencia del señor
Norniella, que se produciría, según lo hablado ayer y manifestado por el
portavoz del Grupo Socialista, en la mañana del miércoles día 18, por
entender que la densidad de la comparecencia en primer lugar del señor
secretario de Estado de Hacienda haría preferible y conveniente que se
hiciese en otro momento. Nosotros propondríamos, saliendo al paso de esa
preferencia del Grupo Socialista, que entendemos razonable, el día 24,
junto con la comparecencia del subsecretario, para responder a las
preguntas que quedan en el estocaje de la Comisión. Señor presidente,
ésta es la primera de las consideraciones que quería hacer.

En segundo lugar, con respecto a las críticas vertidas por el portavoz
socialista, y entendiendo las razones por las que se formulan del modo
que se hace, quisiéramos hacer alguna consideración. De algún modo se ha
venido a decir por el portavoz socialista que las comparecencias se
celebran por capricho y tan sólo cuando le conviene a los secretarios de
Estado, y eso no es así, señor Martínez Sanjuán. Las comparecencias se
van a producir previsiblemente, si es que se adopta esa decisión por la
Comisión, el día 16 de febrero, lunes por la tarde. Fundamentalmente
viene a explicar la política de la Secretaría de Estado, lo que sería la
comparecencia cuatrimestral, y sobre todo para informar sobre el dictamen
emitido de la Dirección General de la Competencia, vinculado a los
incrementos tarifarios de las compañías aéreas españolas Iberia, Aviaco,
Air Europa y Spanair, que solicitó el Grupo socialista. Por tanto,
responde a algunas de las solicitudes presentadas por el Partido
Socialista.

Exactamente igual ocurre con la comparecencia que se producirá, si se
toma el acuerdo según el calendario expuesto y con la modificación
presentada por nuestro grupo, del señor Norniella, por cuanto que una de
las comparecencias solicitadas es para informar sobre los resultados de
Expotecnia Delhi 97, así como de las previsiones acerca de la
organización de nuevos certámenes, solicitada también por el Grupo
Socialista.

El señor Costa comparecerá asimismo, tampoco por capricho, y no en el
momento que le venga bien al secretario de Estado, para dar cumplida
respuesta a la solicitud de información sobre las conclusiones acordadas
en la Comisión interministerial para el estudio y propuesta de medidas
sobre fiscalidad para la pequeña y mediana empresa, solicitada por el
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió), y para dar a conocer
todo lo referente al abordaje efectuado por una lancha del Servicio de
Vigilancia a una patera el día 26 de agosto de 1997, solicitado por
Izquierda Unida. Asimismo se va a producir la comparecencia de carácter
cuatrimestral y la solicitada también por el propio Gobierno para
explicar el plan de modernización de la Agencia Estatal de la
Administración.

Respecto a las comparecencias solicitadas por el Grupo Socialista para
que acudiera el vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de
Economía, se van a producir para informar sobre medidas legalizadoras
adoptadas en el Consejo de Ministros para explicar la situación actual de
las negociaciones con la Comisión Europea relativas al Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, así como la política general de su departamento.

Para finalizar, señor presidente, quiero decir que, si alguien merece
algún reconocimiento, diferente al de pronosticar sobre su conducta con
esta Comisión --esa manifestación que hizo S. S. sobre la alergia que le
podría producir al vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de
Economía acudir a esta Comisión--, usted, que es antiguo en esta plaza
--más que yo sin ninguna duda-- y con mayor experiencia, sabe que es
justo lo contrario y que si a algo no tiene alergia el señor
vicepresidente del Gobierno es a asistir a esta sede parlamentaria para
responder a cuantas cuestiones se le plantean. Tendrá oportunidad de
hacerlo el próximo día 4 de marzo, si así lo considera esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, solamente quiero decir que,
si es verdad ese refrán que dice que la cara es el espejo del alma o de
los sentimientos, tengo la sensación de que este grupo parlamentario
tiene absoluta razón en los planteamientos que ha defendido, va a
defender y va a votar cuando los portavoces, incluso de los demás grupos
parlamentarios, dicen lo que dicen y votan lo que votan, porque en el
fondo, cuando se habla de estas cuestiones cerca de ellos, la cara no
puede ocultar lo que verdaderamente sienten en su interior.




El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo SS. SS. en que agrupemos las
votaciones, en lugar de votar cada una de las comparecencias por
separado? (Pausa.)
Voy a enumerar las comparecencias futuras que tendría lugar de la
siguiente forma. El día 16 comparecería el secretario de Estado de
Economía; el día 18, el secretario de Estado de Hacienda; el día 24, el
secretario de Estado de Comercio y subsecretario, y el día 4 de marzo, el
ministro de Economía y Hacienda. ¿Dejan SS. SS. que sea el presidente el
que fije la hora? (Risas.)
Muchas gracias, señoras y señores diputados.

Si les parece, señorías, votamos conjuntamente las comparecencias y la
contestación de las preguntas formuladas al señor secretario de Estado de
Economía y Hacienda.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las comparecencias a celebrar de
estos altos cargos, así como también la presencia en esta Comisión del
señor subsecretario de Economía y Hacienda para contestar a las preguntas
que están pendientes de respuesta.




RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY
POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO
SOBRE EL VALOR AÑADIDO (Número de expediente 121/000081).




El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto que estaba
incorporado al orden del día a celebrar en el día de hoy, consistente, en
primer lugar, en la ratificación de la ponencia designada para informar
de las siguientes iniciativas legislativas: el proyecto de ley por el que
se modifica la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. ¿Se ratifica la ponencia, señoras y señores diputados?
(Asentimiento.)
Queda ratificada por asentimiento.




APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 14/1997, DE 29 DE AGOSTO) (Número de
expediente 121/000081).




El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir las enmiendas
formuladas en la ponencia que permanecen vivas. Quiero comunicar a SS.

SS. que la votación la celebraremos posiblemente a la una de la tarde,
nunca antes.

Pasamos, por consiguiente, al debate y votación de las enmiendas. Antes
quiero sugerir a los señores diputados que se formulen las siguientes
enmiendas de viva voz. En la exposición de motivos, en el párrafo octavo,
suprimir la expresión «a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Real Decreto-ley», en la medida en que ha perdido toda vigencia
dicha expresión. Asimismo, en la disposición transitoria primera, que se
sustituya la expresión «del presente Real Decreto-ley» por «el Real
Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto». En la disposición transitoria
segunda, donde se dice: «del presente Real Decreto-ley», deberá decir:
«del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto». A continuación cuando se
dice: «este Real Decreto-ley», deberá decir, sin embargo: «el Real
Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto». (Se utiliza esta alocución en dos
momentos.) Por último, cuando se dice: «el presente Real Decreto-ley»,
deberá decir: «el Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto». Asimismo,
en la disposición transitoria tercer apartado 1, cuando se dice: «el
presente Real Decreto-ley» deberá decir: «el Real Decreto-ley 14/1997, de
29 de agosto».

Por último, en lo referente a la disposición derogatoria, la expresión
«única», deberá sustituirse por «uno», en la medida que se deberá
incorporar una segunda disposición derogatoria. Y donde esta disposición
derogatoria, ahora uno, dice: «del presente Real Decreto-ley», deberá
decir, sin embargo lo siguiente: «el Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de
agosto». Y, asimismo, deberá incorporarse un apartado dos a la
disposición derogatoria que diría: se deroga el Real decreto-ley 14/1997,
de 29 de agosto.

¿Están de acuerdo las señoras y señores diputados en que queden
incorporadas estas enmiendas de viva voz?
Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La disposición final también debería variar.




El señor PRESIDENTE: La disposición final quedaría suprimida porque no
sabemos el día que esta ley va a ser aprobada. Entraría, lógicamente, en
vigor a los veinte días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial
del Estado. No hace falta que la norma supletoria venga incluida en la
Ley.




El señor ALVAREZ GOMEZ: La ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación. Es la norma que últimamente estamos siguiendo.




El señor PRESIDENTE: ¿Por qué al día siguiente? Según el Código Civil es
los veinte días. ¿No les parece a ustedes mucho más elegante remitirnos
al Derecho supletorio?



El señor ALVAREZ GOMEZ: Es el hábito parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Perdónenme; el hábito parlamentario, no; el hábito
no hace al monje; el hábito no hace leyes. ¿Qué prefieren ustedes: que
digamos al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado o que adoptemos la rama supletoria del Código Civil? (El señor
Ortiz González pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Yo creo que ambas opciones son válidas. Lo que
sucede es que es lógico que un decreto-ley entre en vigor al día
siguiente; un proyecto de ley no es tan urgente. El decreto-ley por una
razón de urgencia entra en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOE. Pero una ley, cuando además existe un decreto-ley y está en vigor,
no es tan urgente. Que decidan los grupos, pero me inclinaría por la
fórmula del Código Civil; el tema es irrelevante.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Es indiferente, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, entonces aplicamos la legislación vigente,
puesto que es indiferente, y



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aplicaremos la legislación supletoria que es el Código Civil.

Por consiguiente, suprimiríamos íntegramente la disposición final del
proyecto de ley. Los servicios de la Cámara toman nota oportuna y buena a
los efectos de que quede suficiente constancia de lo que acabamos de
expresar.

A continuación, para la defensa de las enmiendas formuladas por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alvarez Gómez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Es bien conocido de esta Comisión y de todas SS.

SS. que la razón fundamental por la que se derogó la Ley 30/1985, de 2 de
agosto, que estableció en España el Impuesto sobre el Valor Añadido,
según se expresa en la exposición de motivos de la Ley vigente, la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, fue la supresión de las fronteras fiscales
como instrumento básico para la creación efectiva del mercado interior.

Esta supresión exige, tal y como estableció en su preámbulo la Directiva
92/77 del Consejo, de 19 de octubre de 1992, una base uniforme del
Impuesto, un determinado número de tipos de gravamen, suficientemente
aproximados para evitar distorsiones en el citado mercado. Por tanto, con
esta norma hemos fijado de forma nítida y clara la tributación por el
Impuesto sobre el Valor Añadido y esta misma Cámara aprobó la redacción
del artículo 91.1, número 2, a tenor del cual se aplicaba el tipo del 7
por ciento a diversas prestaciones de servicios, entre éstas las de
transportes de viajeros y sus equipajes. El concepto, pues, a nuestro
juicio, está claro y reproduce literalmente el apartado 5 del anexo H de
la Directiva 92/77 antes citada, esto es, el servicio de transporte de
viajeros y de sus equipajes se somete al tipo reducido. Para que haya un
servicio de transporte, alguien ha de ser el transportista, el empresario
que traslada de un lugar a otro a un viajero y/o los equipajes. Estas
obviedades son las que merecen la consideración del servicio de
transporte. No habría que añadir nada más porque está suficientemente
claro a nuestro juicio. La carretera y las vías de comunicación son
medios que se utilizan para realizar los servicios de transporte, de la
misma manera que el mar o el aire son medios que soportan servicios de
transporte. Otra cosa bien diferente de la prestación de un servicio de
transporte es la utilización de un bien demanial sujeto a concesión
administrativa como medio de trasladarse alguna persona de un lugar a
otro o para otras finalidades. El primer concepto, el de la prestación de
servicios de transporte, fue el que se incorporó en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido a nuestro ordenamiento jurídico en las
leyes antes referidas. Asimilar ahora estos dos conceptos tan dispares es
casar churras y merinas. Esto es lo que ha hecho el Real Decreto-ley
14/1997, de 29 de agosto, y es lo que se reproduce en este proyecto de
ley. Si se utiliza esta misma vía, la de la asimilación en conceptos tan
distintos, se están aplicando torpe y conscientemente los criterios de
interpretación de las normas jurídicas con la clara finalidad de, al
menos, bordear su cumplimiento.

En todo caso, la confusión que trata de introducir el Gobierno en nuestro
derecho es vana porque los conceptos jurídicos son claros y nítidos.

Todos los textos de los tratados de la Unión Europea, tanto de los
constitutivos como de los de derecho derivado cuando tratan del
transporte se refieren siempre a actividades económico-empresariales y
por ello nunca es posible incluir dentro del régimen jurídico de los
transportistas a las personas que viajan en sus propios vehículos. Una
cosa es el transporte y otra el viaje. Transporte siempre es actividad
económico-empresarial, prestación del servicio de transporte. Cuando
realizamos un viaje en nuestro vehículo no hay actividad económica de
transporte. Cualquier estudiante de segundo de derecho sabe que su padre
no es un transportista cuando le traslada de la universidad a su
domicilio, como tampoco realiza una actividad de transporte un coche
patrulla de la Policía Nacional que transita por la autopista ni un
camión militar. Todo ello es confundir uso con finalidad. El uso de la
autopista puede tener múltiples finalidades, entre ellas la de realizar
un servicio de vigilancia policial o militar o una actividad sanitaria,
pero no todas las actividades que se realizan en la autopista son
actividades de transporte. Por ello, frecuente y reiteradamente hablamos
de usuarios de las autopistas y no hablamos de transportistas de las
autopistas.

En el debate de convalidación el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco,
señor Zabalía, se refería a los servicios de utilización de las
autopistas, y en la intervención en el Pleno el ministro de Economía
utilizaba la expresión de servicios de transporte; vienen a reconocer
ambos que estamos en presencia de la rebaja del tipo de gravamen en el
Impuesto sobre el Valor Añadido a la actividad o al servicio de
transporte. Esta es la confusión que es imposible trasladar a nuestro
derecho por mucho que una norma de tipo fiscal como la que trae el
Gobierno a esta Cámara, luego de que fuera aprobado en el Pleno del
Congreso, trate de asimilar conceptos que son tan dispares.

El portavoz del Grupo Popular en el Pleno, señor Ortiz, hablaba de que el
Gobierno había utilizado argumentos admisibles en defensa de esta medida
tributaria de reducir el tipo de gravamen del IVA. Sin duda, señor Ortiz,
son argumentos admisibles, pero cuando de un argumento predicamos
solamente su admisibilidad nos estamos situando en una posición extrema
de debilidad. Los argumentos además de ser admisibles, debieran ser
sólidos, contundentes y si es posible irrebatibles, y en el Pleno no
hemos tenido ocasión de escuchar estos argumentos. Sólo hemos oído hablar
en palabras del portavoz popular de los argumentos admisibles.

El Grupo Socialista está dispuesto a encontrar argumentos que avalen la
posición del Gobierno, pero hay que exponerlos y razonarlos. No le quepa
ninguna duda ni al Gobierno ni a los grupos que le apoyan de que
votaríamos a favor, puesto que ya hemos dicho en el debate de Pleno que
estamos claramente a favor de que se baje el peaje en las autopistas. El
problema es encontrar la solución a este tema, una solución equilibrada,
razonable y sobre todo pacífica, y la vía que ha encontrado el Gobierno
puede ser calificada de simple, pero no es ni equilibrada, ni pacífica,
ni razonable. Cuando la Comisión ha abierto ya un procedimiento de
infracción por la aprobación de la norma a la que nos estamos refiriendo,
esto es el artículo único, apartado



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seis del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, lógico es comprender
que el Grupo Popular tendría que argumentar sólidamente su posición en
este debate para salir un poco airoso del conflicto en el que el Gobierno
nos ha metido. Nuestro grupo cree que es posible rebajar el peaje de las
autopistas con una solución más razonable. Ya lo hemos citado en el
debate de convalidación. Las empresas concesionarias están incrementando
notablemente sus beneficios debido al aumento de actividad y de sus
ingresos totales y al descenso de los costes de explotación, básicamente
porque los costes financieros han bajado considerablemente y constituyen
el grueso de sus gastos.

¿Qué razones encuentra el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno para
exigirle a los bancos que renegocien sus préstamos hipotecarios a la baja
en beneficio de sus clientes --los adquirentes de vivienda básicamente--
y en perjuicio de sus cuentas de explotación, puesto que el precio del
dinero ha descendido notablemente, y no exigir el mismo comportamiento a
las empresas concesionarias de autopistas? ¿Cuáles son los obstáculos que
en definitiva le impiden al Gobierno ver una solución más razonable,
equilibrada y pacífica, empeñándose terca y tozudamente en entrar en un
conflicto del que vamos a salir malparados? Tiene que haber razones
poderosas, pero es posible que concluyamos este debate sin que
explícitamente se haya citado una sola, y a ello invitamos al Grupo
Parlamentario Popular, a que nos convenza con su razonamiento y no
dudaríamos en apoyar esa solución. Si tiene argumentos admisibles y
sólidos o al menos de cierta solvencia, expréselos en este debate, señor
Ortiz.

Por ello, damos por defendidas ya las enmiendas de nuestro grupo que
giraban en torno a esta cuestión y anunciamos nuestro voto en contra de
las enmiendas números 15 y 16 de Convergència i Unió por iguales razones,
y votaremos a favor de la número 6, de Izquierda Unida, que es
coincidente prácticamente con la que plantea nuestro grupo. También
votaremos a favor de la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Vasco,
de las números 9, 10, 11 y 12 del Grupo Parlamentario Popular y de la
número 13 del Grupo Parlamentario Catalán. Las enmiendas que vamos a
votar a favor son todas enmiendas técnicas que vienen a mejorar la
redacción del proyecto de ley y por esta razón las apoyaremos.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar defender las tres enmiendas que
Izquierda Unida presentó al trámite como proyecto de ley de este Real
Decreto-ley, fundamentalmente por entender que en el punto de la
incorporación en el apartado seis del artículo único lo que estamos
haciendo a sabiendas es actuar en contra de lo que está ya funcionando en
Europa.

Hay expedientes de la Unión Europea a cinco países por la infracción de
la directiva sobre IVA y nuestra decisión aquí está siendo idéntica a
ella; es más, la Comisión ha abierto un expediente por esta decisión del
decreto que en su día se aprobó y entró en vigor. Desde un punto de vista
de justicia tributaria y no de relación con Europa, no entendemos que al
hablar de la financiación del transporte o de desplazamiento por
autopista de determinados ciudadanos, el peaje sea la única forma el
plantearse una política de gasto fiscal. El gasto fiscal es un
instrumento que tiene el Gobierno o el país para potenciar fiscalmente
políticas protegidas o las políticas activas que quiere fomentar. No
entendemos que tenga que aplicarse el IVA superreducido, que es el mismo
que aplicamos a los productos de primera necesidad y el primero que
aplicamos como política de consumo favorecedora para la gente que tiene
que usar esos productos en altos porcentajes. No apoyamos que se
introduzca para el peaje de las autopistas, máxime cuando hay
instrumentos en manos del Gobierno para hacer más barata esa actuación e
incluso se pueden buscar fórmulas de compensación. Por tanto, estamos en
contra de esa reducción, porque no hay justicia tributaria y más bien
obedece a una concesión a lo que se pueden llamar demandas de las fuerzas
políticas que apoyan al Gobierno --fundamentalmente Convergència i
Unió--, que le planteaban dos caminos para lograr este efecto, uno
reducir la tarifa y otro reducir el IVA. Una de las medidas, la de
reducir la tarifa, sería compensando con subvenciones esa reducción; no
entramos en cuáles son las condiciones que en su momento se plantearon,
pero pensamos que el Gobierno ha elegido el peor de los caminos. La
reducción del IVA significa menos ingresos del interés general, que es la
recaudación del erario público, pretendidamente para dar un trato
favorable a los ciudadanos que usan las autopistas hoy en porcentaje
importante, en unas zonas en las que tienen mayor presencia que en otras
partes del territorio, pero no es el camino más adecuado. En todo caso,
la segunda de nuestras enmiendas lo que pretende sería destinar ese IVA
reducido hacia el transporte colectivo, por dos razones, porque favorece
dicho transporte, el transporte de viajeros, y porque desde el punto de
vista medioambiental es positivo, puesto que reduciría el uso del
vehículo individual.

Por último, hemos presentado una enmienda a la disposición adicional
cuando habla de la regulación de los agentes de aduanas. Proponemos
suprimir la regla segunda de esta disposición adicional única porque
consideramos que es, cuando menos, un estiramiento de la obligación de lo
que pudiéramos llamar interés general representado por la propia Hacienda
pública. No debe ocurrir que la mala relación comercial que existe entre
el agente de aduanas y el importador termine después de dos años con un
pago o con una compensación por parte del Estado y, por tanto, del erario
público. Me da la impresión de que esa morosidad no sucede en otras
partes de la actuación comercial. Además hay fórmulas legales para poder
arbitrarla que funcionan en el mercado hoy, funcionan para los préstamos,
para la actuación comercial y para cualquier relación --incluso hasta
para la judicial--, y son los avales. Si lo que existe es una mala
relación contractual entre el agente de aduanas y el importador, se puede
exigir, previamente a la realización de un servicio una entrega a cuenta
o un aval que después se recuperará en función de que el importador pague
ese impuesto, pero establecer como fórmula que hay dos años



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para que el agente recaude y que si a los dos años de hacer gestiones
--incluso utilizando el cobrador del frac-- no lo ingresa, entonces esa
morosidad va a ser cubierta por el propio Estado para que se pueda
recuperar esa deuda tributaria a nosotros nos parece insuficiente e
injusto. Por eso proponemos la supresión de esta regla número dos de esta
disposición adicional.

En todo caso, señor presidente, si en el trámite de ponencia hubiéramos
entrado en mayor detalle, podríamos haber incorporado alguna de las
enmiendas, como las del Grupo Vasco, porque, al final, todos los
preceptos, excepto los de la autopistas y las que estaba mencionando, son
trasposiciones de directivas comunitarias. Lo que hace aquí la enmienda
del Grupo Vasco es dejar fuera lo que no funciona en otros Estados de la
Unión, lo que nos parece aceptable. Las tres enmiendas del Grupo
Socialista, relativas a la disposición transitoria, la exposición de
motivos y a la supresión de este apartado seis --que además obedecen al
mismo objetivo-- las vamos a votar también afirmativamente.

Sobre las enmiendas del Grupo Popular, coincidentes con las del Grupo de
Convergència i Unió, nos posicionaremos a lo largo del debate en función
de la argumentación. En principio, si mejoran el texto, habría sido útil
la tramitación del decreto como proyecto de ley y avalaría la posibilidad
no solamente de controvertir y discutir con la propuesta del Gobierno
sino de mejorarla con estas enmiendas, en cuyo caso nosotros las
apoyaríamos.

Las dos últimas enmiendas de Convergència i Unió, las números 15 y 16,
relativas a la disposición transitoria primera y al apartado seis,
relativo al transporte de viajeros y equipajes, en la que se hace una
precisión, no las vamos a votar afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, quisiera indicar, señor
presidente, que no creo que tengamos ahora que repetir los argumentos y
las motivaciones que impulsaron en su momento a mi grupo a dar su apoyo
al Gobierno en el debate de convalidación del Real Decreto-ley. Esta es
una decisión positiva cuyos destinatarios no son, como se dice, las
compañías concesionarias sino los ciudadanos que utilizan estas
infraestructuras, y si desde que se tomó esa decisión hasta la fecha se
ha observado que la actividad de estas concesionarias ha ido mejorando y
acumulando mejores resultados, les aseguro que no es debido a esa
decisión, sino a la buena conducción que se tiene de la situación
económica y del resultado de expansión y de crecimiento que está
experimentado la economía española y la sociedad en general; no vayamos
ahora a resumir que la buena evolución económica de las compañías
concesionarias es consecuencia de esa decisión, porque no es cierto.

Respeto las posiciones de los restantes grupos que han intervenido con
anterioridad, pero creemos que ésta es una medida que equilibra y aporta
más equidad a la aplicación de la imposición indirecta en el uso de estos
servicios y es en sí misma más justa que la que hoy mantenemos, ya que en
otras infraestructuras no se aporta ningún recurso en el momento en que
se utilizan y en las autopistas se aportan excesivamente. Señorías,
estamos diciendo simplemente que se rebaja el Impuesto sobre el Valor
Añadido; no estamos planteando su supresión ni su eliminación. Se trata
de reducir puntualmente el coste de utilización de estas infraestructuras
para acercarlo a un planteamiento más equilibrado en todo el territorio
español.

Señor presidente, las enmiendas que planteamos son de carácter muy
técnico y vienen a establecer tres materias distintas a las que voy a
hacer una breve referencia. La primera, que coincide con la de los grupos
parlamentarios Popular y Nacionalista Vasco, viene a proponer una mejor
redacción de todo el procedimiento de liquidación del Impuesto del Valor
Añadido en las operaciones de salida y abandono de las áreas o regímenes
comprendidos en los artículos 23 y 24 de la ley, que hacen referencia a
operaciones de mercancías de metales en áreas nacionales y también a
operaciones relacionadas con otros países de la Unión Europea. Señorías,
ésta es una modificación que se plantea como conveniencia de adaptar
nuestra norma interna a las normas de los demás países para que en el
momento en que entremos en la unión económica y monetaria, tengamos los
mismos marcos normativos que los que tienen hoy en estos momentos otras
áreas y otras zonas de almacenamiento de metales en el mercado europeo.

Por lo tanto, señor presidente, se trata simplemente de plantear esa
mejor redacción técnica, que coincide con la presentada por otros grupos.

La otra cuestión es la relativa a un plazo para el mecanismo de
compensación que se fija para los agentes de aduanas, y es que quizá no
se ha comprendido el efecto que podía tener el plazo que se establece en
estos momentos en el Real Decreto-ley. La ley ahora, cuando el importador
es moroso y no hace efectivo sus pagos al agente de aduanas que ha
anticipado el IVA, establece un mecanismo por el que se puede solicitar
la correspondiente devolución, pero este mecanismo, señorías, va parejo a
una intervención directa de la Agencia Tributaria, que se dirigirá
directamente entonces al importador para instarle su pago. La cuestión es
que si mantenemos un período tan largo de dos años, se trata de mucho
tiempo para que la Agencia Tributaria pueda instar directamente al
importador que no ha hecho el pago. Por eso creemos que, al pasar de dos
a un año, permitimos una actuación más directa de la Agencia Tributaria,
no teniendo que esperar tanto tiempo cuando no se ha pagado este IVA para
exigir al titular de la importación que haga abono del impuesto. Nosotros
proponemos un período de un año para darle más fuerza al procedimiento y
permitir la acción directa de la Agencia Tributaria sobre el importador,
porque dos años podía ser demasiado tiempo, hasta el punto de que, en
algunas circunstancias, podría ser hasta imposible buscar y detectar al
titular de esta importación que ha tenido una actuación de fraude o de
impago de sus obligaciones tributarias.

La tercera cuestión que planteamos, señorías, es también una cuestión
técnica. Yo entiendo que la materia nos insta de nuevo a discutir sobre
la medida, pero la literalidad de nuestras dos enmiendas es absolutamente
técnica y



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de mejora del texto, porque, señorías, si ustedes leen el texto del Real
Decreto-ley, hoy, transcurrido ya el tiempo, en el momento en el que
estamos analizando su contenido, no tiene sentido hablar de la
transitoria primera en los términos que se redacta, porque la transitoria
tenía su justificación cuando se aprobó el Real Decreto-ley por el
Gobierno y tenía su período y tenían su sentido las fechas que se
establecían, pero ahora, pasado ya el 15 de octubre, tampoco tiene
sentido mantener como disposición transitoria primera esa literalidad y
esa redacción. Nosotros creemos que en lugar de mantener esa redacción
que establece la transitoria primera, que determina un período que ha
concluido, que era hasta el 15 de octubre, es más interesante proponer
una redacción que inste al Gobierno a un desarrollo reglamentario, que
serviría para poder clarificar algunas cuestiones que ha expuesto el
portavoz socialista en cuanto al uso, la característica y tipología del
transporte en la utilización de las autopistas.

Señor presidente, nosotros proponemos como disposición transitoria
primera una redacción que dice que el Gobierno dictará las disposiciones
pertinentes para adaptar lo dispuesto en el apartado seis del artículo
único de la presente ley a las categorías tarifarias de las empresas
concesionarias de las autopistas de peaje y que hasta tanto no entren en
vigor las expresas disposiciones administrativas, los vehículos ligeros
de dos ejes y cuatro ruedas se asimilarán a los vehículos de turismo, que
es ya lo que dice en estos momentos el texto del Real Decreto-ley. La
propuesta que hacemos transaccionalmente, señor presidente, para poder
matizar esa redacción es que al final de esa frase se añada lo siguiente:
siempre que no transporten mercancías, porque el propósito que tiene
nuestro grupo es que esta asimilación de los vehículos de dos ejes y
cuatro ruedas tenga la garantía de que en ningún momento pueda
interpretarse o derivarse hacia una fórmula indirecta de poder aplicar la
rebaja a vehículos que por tener dos ejes y cuatro ruedas estuvieran
realizando transporte de mercancías. Por lo tanto, proponemos añadir a la
redacción de nuestra enmienda la siguiente frase: siempre que no
transporten mercancías. A lo mejor esta transaccional que hacemos puede
permitir ya a los grupos que han expresado su disconformidad una mayor
tranquilidad, porque el propósito nuestro no es extender la rebaja a
aquellos vehículos ni a aquellas actividades que estén vinculadas al
transporte de mercancías. Como consecuencia de ese ajuste, proponemos
también en la enmienda que planteamos al punto seis del texto del Real
Decreto añadir lo siguiente a la última frase de nuestra enmienda:
siempre que no transporten mercancías, es decir, cuando se establece la
asimilación de vehículos de turismo a aquellos vehículos ligeros de dos
ejes y cuatro ruedas, proponemos que se añada que no transporten
mercancías, para una mayor clarificación y que no pueda dar pie a
interpretaciones confusas, porque la rebaja se hace sólo y exclusivamente
para vehículos de turismo.

Señor presidente, nuestras enmiendas vienen a ser de carácter muy
técnico. Hoy hay un problema real de clasificación de los vehículos a su
paso por las instalaciones de peaje, porque muchas veces el hecho de ser
un vehículo de dos ejes y cuatro ruedas no determina cuál es la carga de
este vehículo ni cuál es el elemento que pudiera contener dicho vehículo
haciendo funciones de transporte. Por eso nos parece que para establecer
esa clarificación de la redacción, al asimilar a vehículos de turismo
todos aquellos que son vehículos ligeros de dos ejes y cuatro ruedas, se
debe añadir también la especificación de que no transporten mercancías.

Con ello, señor presidente, creo que lo único que estamos haciendo es
mejorar la redacción en el ámbito de la voluntad que tiene el legislador,
que tuvo el Gobierno y que mi grupo apoya, y a lo mejor esas dos
enmiendas de transacción que proponemos nos pueden ayudar a clarificar
algunas de las expresiones o motivaciones que había expresado el portavoz
socialista, en el bien entendido que han dicho que no estaban en
desacuerdo con la voluntad de rebajar, pero sí tenían algunas
complicaciones interpretativas. Tal vez estas redacciones transaccionales
puedan ayudar a dicho consenso.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Mi grupo parlamentario, como recordarán SS.

SS., apoyó la tramitación del Real Decreto-ley 14/1997 como proyecto de
ley. Ya dijimos que lo hacíamos porque ello permitía, por una parte,
introducir enmiendas tanto de mi grupo parlamentario como de otros grupos
con el fin de mejorar la redacción del texto, y, por otra, porque
entendíamos, y seguimos insistiendo en ello, que era excesiva la
utilización de los reales decretos para modificaciones legislativas que
no corresponden a casos para los que son y los que están previstos: casos
excepcionales o de urgente necesidad. Por ello, como digo, ratificamos
nuestro apoyo a esta tramitación como proyecto de ley, lo cual no quiere
decir que hayamos hecho excesivas modificaciones, porque entendemos que
tal y como estaban planteados algunos de los aspectos recogidos en el
Real Decreto-ley, no necesitaban ninguna modificación. Me refiero a la
localización de los servicios de telecomunicaciones, a la unificación del
tratamiento fiscal de los servicios de transporte de viajeros y a la
recuperación del IVA a través de los agentes de aduanas por cuenta de los
importadores. Estimamos que en la redacción del proyecto de ley está
suficientemente bien recogido, por lo que no hemos sido partidarios de
modificarlo, lo cual no quiere decir que no apoyemos algunas enmiendas de
otros grupos parlamentarios que puedan, a nuestro entender, mejorar
todavía más este texto. (El señor vicepresidente, Martínez Sanjuán, ocupa
la Presidencia.)
Por lo que se refiere a mi grupo parlamentario, hemos hecho dos
enmiendas, la primera, que además coincide con la presentada por otros
grupos parlamentarios, como Convergència i Unió y el Grupo Popular, yo
creo que va a tener suficiente respaldo, y no hace falta una excesiva
defensa de la misma, aunque es importante matizar algunos aspectos que no
estaban suficientemente claros, como es el mismo tratamiento o la
equiparación que tienen que tener los regímenes aduaneros y las áreas
aduaneras; es decir,



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son dos regímenes, uno burocrático y otro físico, que deben tener el
mismo trato dentro de esta regulación. Nos parecía que era importante
esta clarificación y así ha quedado expuesta en nuestra primera enmienda,
que es al número 5.º del artículo 19.

Hay otra enmienda de nuestro grupo parlamentario que propugna la
supresión de responsabilidades solidarias de los titulares de los
depósitos aduaneros. Nos parece que es excesivo por parte de la
Administración querer trasladar la responsabilidad de una obligación
tributaria a un tercero que no ha intervenido directamente en la propia
transacción, como son los depósitos aduaneros.

Los depósitos aduaneros, para que lo conozcan SS. SS. en breves palabras,
significan el alquiler de unos locales dentro del depósito aduanero donde
hay una empresa que traslada los metales, en este caso, que están
depositados ahí un tiempo, durante el cual, hasta que no se venden
definitivamente, entran en una bolsa de valores en la que cotizan, con la
compra y venta de esos valores, de esas propiedades, de esos metales.

Finalmente, hay un comprador que es el que saca la mercancía de ese
depósito y es el que tiene que pagar el IVA, que, normalmente, se
compensa en la misma liquidación porque está exento, salvo que tenga un
régimen especial de tributación el comprador y que, por diferencia, tenga
que tributar una parte de ese IVA. Pero el hacer responsable al
propietario del depósito de que si no paga el IVA ese comprador de los
metales tenga que ser él subsidiariamente el que tenga que pagar nos
parece que es una fórmula excesiva de la propia Administración, que es la
que tiene que hacer responsable a la propia empresa que tiene que
liquidar, al propio liquidador del IVA. Por lo tanto, el párrafo 3.º de
este artículo nos parecía que debía de ser suprimido.

De todas formas, dado que ha habido un ofrecimiento por parte del Grupo
Popular para estudiar una redacción en la que quede mejor determinado lo
que estamos proponiendo, y dado que todavía de aquí al trámite final en
el Senado hay tiempo para pensar ello, nuestro grupo parlamentario, si
ese ofrecimiento sigue siendo válido y así lo manifiesta el Grupo
Popular, estaría dispuesto a retirar esta enmienda con el fin de mejorar
un texto para incorporarlo en el trámite del Senado.




El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sanjuán): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Ortiz González.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Es obvio que el real decreto-ley y por tanto el
proyecto de ley que debatimos no se limita a reducir el IVA de las
autopistas sino que va más allá, abordando cuatro cuestiones diferentes.

(El señor presidente ocupa la Presidencia.) Primera, la localización a
efectos de IVA de las prestaciones de servicios de telecomunicaciones;
segunda, la recuperación del IVA a la importación por los agentes de
aduanas; tercera, la simplificación del régimen de depósitos no
aduaneros, en relación con determinados metales que se cotizan en bolsas
extranjeras; y, finalmente, la unificación del tratamiento fiscal de los
transportes de viajeros.

No se trata, ni mucho menos, de reproducir el debate en Pleno, con
ocasión del trámite de convalidación, pero sí de recordar muy
sucintamente los cuatro aspectos a que se refiere el proyecto, aunque
obviamente el más significativo, el más llamativo, es el que concierne a
la reducción del IVA correspondiente al peaje de las autopistas.

La localización de los servicios de telecomunicaciones no es más que la
incorporación de una decisión del Consejo de la Unión Europea que permite
localizar los servicios de telecomunicación en el lugar donde radica la
sede, establecimiento permanente o domicilio del destinatario de los
servicios, o en el lugar donde se utilicen efectivamente los mismos,
salvo que el prestador esté establecido en la Comunidad y el destinatario
no tenga la condición de empresario profesional y esté domiciliado
también en la Comunidad, en cuyo caso el servicio seguirá localizándose
en origen. En definitiva, de lo que se trata es de salir al paso de la
pérdida de ingresos para la Comunidad como consecuencia del punto donde
se localiza el devengo del impuesto. Por otra parte, este renglón del
decreto-ley, y ahora del proyecto de ley, no tiene enmiendas y se
entiende que se mantiene en sus propios términos.

En lo que concierne a los agentes de aduanas, la normativa del impuesto
establece la responsabilidad solidaria o subsidiaria, según los casos, de
los agentes de aduanas en el pago de tributos devengados por las
importaciones que intervienen, avalando con su garantía individual o
colegiada ese pago, y quedando en una clara situación de indefensión
cuando el importador dispone de las mercancías importadas y no le
reembolsa el impuesto que ha satisfecho por su cuenta. El proyecto de ley
ahora, como el decreto-ley del que trae causa, atiende esta situación
estableciendo un procedimiento especial que permite a los agentes
recuperar el impuesto previo cumplimiento de ciertos requisitos que
garantizan los intereses de la Hacienda pública.

En este punto se han producido las enmiendas números 8 y 14. La enmienda
número 14 es la formulada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que entiende que el plazo de un año es el
correcto, en lugar del plazo de dos años, para que el agente de aduanas
pueda solicitar de la Administración tributaria el reembolso de las
cuotas impagadas por sus clientes. Las razones que ha aducido su portavoz
nos parecen convincentes y, en consecuencia, vamos a aceptar esta
modificación del plazo de dos años a uno.

En cambio, la enmienda número 8, formulada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, sugiriendo la supresión del apartado correspondiente, no
podemos aceptarla, ya que se trata de una medida que viene a resolver
situaciones que causan distorsiones importantes en la actuación de los
agentes de aduanas. Entendemos que la medida no perjudica a la Hacienda
pública, en tanto que los importes que se reembolsan los agentes son los
que habrían sido deducidos por el deudor, dado que sólo se reconoce la
posibilidad de obtener el reembolso cuando el deudor hubiere tenido
derecho a deducir la totalidad del impuesto satisfecho a la importación.

En cuanto al renglón relativo al régimen de los depósitos no aduaneros,
recuerdo a SS. SS. que se trata de resolver



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los problemas que se creaban en los procedimientos de liquidación que se
aplicaban a las operaciones por la que determinados bienes abandonaban el
régimen de depósito fiscal, sustituyéndose por otros más flexibles
utilizados en otros Estados miembros de la Comunidad, concretamente se
trata de operaciones relativas a metales que cotizan en bolsas
extranjeras y que se colocan al amparo del régimen fiscal suspensivo del
IVA previsto en la legislación procedente para las operaciones de
abandono del repetido régimen fiscal, lo que producía unos costes
financieros que impedían el asentamiento de empresarios extranjeros que
operaban con estos metales en detrimento del desarrollo, en definitiva,
de nuestra economía. Creemos que decreto-ley, y ahora el proyecto de ley,
resuelve este problema.

Se han formulado por nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, las
enmiendas 9, 10, 11 y 12, y en la misma línea se produce la enmienda
número 13, de CIU, y las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Parlamentario
Vasco.

Las razones de las modificaciones que se proponen, a nuestro juicio, son
claras y van en la línea de que el régimen simplificado y ciertamente
innovador que se aplica ahora no se refiera sólo a los depósitos no
aduaneros, sino a todos los regímenes específicos a que hacen referencia
los artículos 23 y 24 de la ley del impuesto; en definitiva, a las zonas
francas, a los depósitos francos y, en general, a todo tipo de depósitos
de carácter aduanero y, por tanto, no sólo circunscribiéndose a los
depósitos no aduaneros, como estaba en el proyecto originario.

Con respecto a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco, el
Grupo Parlamentario Popular es sensible a las razones aducidas por el
portavoz de dicho grupo; puede ser excesivo el planteamiento de una
responsabilidad solidaria o subsidiaria del dueño del almacén o, en
definitiva, del depósito, y que parecería más correcta una nueva
normativa en la línea de exigir, para el abandono del depósito, el pago
del impuesto al último titular de dicho depósito, en definitiva, al
último comprador de unas mercancías, como son estos metales, que están
sometidas a una multiplicidad sucesiva de transacciones sin que se sepa,
hasta el último momento, cuál es el comprador final y, en definitiva,
cuál será el responsable del pago del IVA. Creemos que se puede trabajar
en la línea de que se impida el abandono del depósito aduanero sin la
acreditación del pago del IVA, y esta fórmula --lo adelanto ya-- nos
parece mejor que la que figura en el proyecto. Agradezco la retirada que
ofrece el Grupo Parlamentario Vasco y no tenga duda de que en el trámite
en el Senado, y de acuerdo con el ministerio responsable, se procederá a
estudiar si esta línea de solución que él abona y que yo suscribo es la
que procede.

Como decía al principio, la reforma más significativa es la que se
refiere a la modificación del tratamiento fiscal de los servicios de
transporte de viajeros, unificando, por una parte, el tratamiento de los
transportes terrestres, marítimos y aéreos, que es uno de los objetivos
que persigue esta modificación, aunque no oculto que de lo que se trata
es, ciertamente, de dar cumplimiento a lo que figuraba en la ley de
acompañamiento para el año 1996.

Como decíamos en el debate en el Pleno, en la convalidación del real
decreto-ley, nos sorprendía la actitud del Partido Socialista, que era
incoherente con el hecho de haber votado favorablemente, en el debate de
la ley de acompañamiento, esta disposición adicional, que obligaba a los
Gobiernos a reducir el precio final del peaje de las autopistas en torno
al 7,7 por ciento, bien por aplicación del tipo reducido del IVA del 7, o
mediante el otorgamiento de subvenciones, que era la alternativa que se
ofrecía al Gobierno. Que el Gobierno haya optado por la vía de la rebaja
del IVA y no por la línea de las subvenciones, nos parece que no era
motivo suficiente para su posición. Celebro que ahora el portavoz en este
acto, señor Alvarez Gómez, diga que está de acuerdo con la rebaja del
peaje de las autopistas y que lo único que no encuentra suficientemente
razonado es el instrumento elegido, es decir, la reducción del impuesto.

Ahorro a SS. SS. las razones que abonan esta vía mejor que la de
subvenciones, y paso a referirme a aquellos argumentos admisibles que ha
utilizado el señor Alvarez Gómez, refiriéndose a mi propia intervención
con ocasión del debate de convalidación. La verdad es que después de la
lección magistral sobre la distinción entre lo que es el contrato de
transporte y lo que es el servicio de las autopistas, uno no tendría sino
que estar de acuerdo con esa argumentación jurídica. Es obvia la
distinción entre el contrato de transporte, pero no es menos obvio que la
interpretación que ha hecho el Gobierno es razonable y, sobre todo,
práctica. En definitiva, el derecho --y no voy a darle yo lecciones al
señor Alvarez Gómez, como él me ha querido dar a mí-- es un mundo que
está para el servicio de la comunidad. Y en esta materia caben
interpretaciones distintas, una de ellas es la que ha utilizado el señor
Alvarez Gómez, otra es la que ha utilizado el Gobierno. En definitiva,
estamos en presencia de un supuesto de una interpretación jurídica al
servicio de un objetivo económico. El derecho es lo bastante flexible
como para que pueda ser utilizada una interpretación razonable. El
moverse en un purismo jurídico considerando el derecho como un mundo
separado y desmembrado de la sociedad a la que pretende servir, no me
parece que sea algo seriamente invocable, cuando no tengo empacho en
reconocer que estamos en presencia de una asimilación. Evidentemente, el
servicio de peaje de autopistas no es un contrato de transportes, es
obvio; pero lo que hay que cuestionarse no es la identidad de conceptos
jurídicos, sino la licitud y la lógica de la asimilación. Quiero
recordarle al señor Alvarez Gómez que en la normativa tanto comunitaria
como española en materia de IVA hay multiplicidad de asimilaciones y, si
se quiere, se utilizan argumentos jurídicos al servicio de objetivos
económicos. Le recuerdo el caso de la autofactura. En la mecánica del IVA
hay supuestos de autofactura donde el sujeto pasivo es, al propio tiempo,
el que se fabrica su propia factura, como sucede en los casos de
disparidad de residencias. En consecuencia, estamos en presencia de una
asimilación, no tengo empacho en reconocerlo, pero de una asimilación
absolutamente lógica y, desde luego, al servicio de un objetivo
claramente práctico, que es tener en cuenta cuál es el panorama del IVA
de las autopistas en los



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países de la Unión Europea, que recordamos en el Pleno y que recuerdo
ahora, para que se ponga en evidencia que el objetivo a perseguir y a
lograr no es distinto del que está presente en la normativa de los
diferentes países. La tributación de las autopistas de peaje en el seno
de la Comunidad Económica Europea es muy diferente, como sabe el señor
Alvarez Gómez, de unos Estados miembros a otros. Solamente Italia,
Portugal y Suecia aplican el tipo general, mientras que los once Estados
miembros restantes establecen que dichos servicios o están sujetos al
IVA, en nueve países, o sometidos al tipo cero, caso de dos países,
concretamente Grecia e Irlanda. La aplicación, por tanto, no es pacífica,
existiendo opiniones muy diferentes, según reflejan las normativas
particulares de los diferentes Estados miembros. En todo caso, es
evidente que la situación actual genera discriminaciones injustificadas
de unos Estados miembros a otros y, ante ello, el Gobierno español ha
optado por una solución nueva, más acorde con la inclinación de la
mayoría de los países que, o aplican el tipo reducido, o van a la fórmula
de no sujeción, fórmula ésta que es más gravosa para la Comunidad
Económica Europea al perder recursos propios para el presupuesto
comunitario.

En definitiva, el real decreto-ley y el proyecto de ley dan una solución
razonable, puesto que se apoyan en un argumento admisible, que es la
asimilación, no la identidad de conceptos, para dar beneficio al
destinatario final, que es el usuario de nuestras autopistas.

Por otra parte, quiero recordar a S. S. que la Unión Europea no produce
normas de derecho divino, y aunque los intereses de los Estados miembros,
como demuestran muchos años ya de historia de la Comunidad Europea, ahora
Unión Europea, han dado lugar a conflictos, estos conflictos no son
especialmente preocupantes, sino que son fruto del juego de intereses que
se produce en toda comunidad.

Lo que está claro, y reitero lo que dijimos en el debate en Pleno, es que
la fórmula que parece que sigue postulando el Grupo Parlamentario
Socialista de que se llame al orden a las concesionarias de autopistas de
peaje, no sólo es ingenua --si me permite el adjetivo--, sino que es
absolutamente inviable. En primer lugar, las sociedades concesionarias de
autopistas pagan ya su impuesto sobre beneficios al 35 por ciento, como
el resto de las actividades económicas del país. En segundo lugar, un
recorte, no se sabe bien a través de qué norma, ope legis de los
beneficios sería incurrir en una auténtica confiscación. Y en tercer
lugar, como sabe el señor Alvarez Gómez, la normativa reguladora de las
autopistas de peaje establece una vía jurídica de concesión que postula
el equilibrio económico financiero de la concesión; y es doctrina
jurídica elemental y, además, incorporada al derecho positivo, que
cualquier alteración en el equilibrio económico financiero de la
concesión generaría, por parte del Estado, un deber inmediato --y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo es contundente al respecto-- de
compensación o de indemnización.

Por todas estas razones, naturalmente no podemos aceptar las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista en lo que se refiere a este tema de la
rebaja del peaje de las autopistas. Sí aceptamos, en cambio, en los
términos que ha propuesto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), las enmiendas finales, me parece que son las números 15 y 16, en
los términos de la transacción que supone la incorporación al final de
los textos de la disposición transitoria primera y del artículo único
--el número 1 del apartado 1.2 del artículo 91-- de «siempre que no se
transporten mercancías». En definitiva, de lo que se trata es de
incorporar a este régimen especial de IVA a los vehículos de cuatro
ruedas y dos ejes siempre que no se dediquen al transporte de mercancías,
con lo cual se infringiría el derecho comunitario en cuyo anejo h) se
incorporan ahora en los términos que he explicado los servicios de
autopista, asimilándose al transporte de viajeros; de viajeros,
evidentemente, pero no de mercancías.

Con esto acabo, señor presidente. Entiendo que el decreto-ley era
razonable, el proyecto de ley es razonable en este punto de la rebaja del
peaje de las autopistas, y quiero dar las gracias al señor Alvarez Gómez
porque no ha utilizado argumentos tópicos y manidos como el de que
estamos haciendo un regalo a las autopistas de peaje o que, al propio
tiempo que se produce una baja del IVA, se ha producido un incremento de
las tarifas. Como él no ha entrado en estos temas, yo me limito
simplemente a felicitarle porque no los haya utilizado como argumento.




El señor PRESIDENTE: Defendidas las enmiendas formuladas por los
diferentes grupos parlamentarios, quiero también sugerir, por indicación
de los servicios de la Cámara, una enmienda de viva voz consistente en la
supresión del último párrafo de la exposición de motivos que se refiere a
la extraordinaria y urgente necesidad del real decreto-ley. También
quiero recordar a SS. SS. que, evidentemente, el debate de hoy pone de
manifiesto una vez más la importancia enorme del artículo 82 de la
Constitución referente a las leyes de bases.

Si les parece, para ir ordenando el debate, ¿algún grupo desea solicitar
votación separada de alguna de las enmiendas formuladas? (Pausa.)
Señor Alvarez Gómez, por favor.




El señor ALVAREZ GOMEZ: En relación con las enmiendas, señor presidente,
desearíamos votación separada de los siguientes bloques: las números 1,
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 en un bloque, por un lado. Por otro
lado, en otro bloque, la 7 y la 8. Y, por otro lado, tercer bloque, las
transaccionales que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, junto con la 15 y la 16 de este mismo grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez Gómez, la 15 y la 16 han sido objeto
de modificación por parte del grupo proponente a efectos de llegar a un
acuerdo con los grupos parlamentarios y su redacción quedaría de la
siguiente forma. En la número 15 se añadiría: siempre que no transporten
mercancías --después de turismo y punto final--, y en la número 16 se
añadiría, al final, después del punto final: que no transporten
mercancías, asimismo.




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El señor ALVAREZ GOMEZ: Por tanto, las transaccionales en otro bloque.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, es para demandar información.

¿La votación se hará por enmiendas de grupos en lugar de por número?



El señor PRESIDENTE: Me da igual.




El señor RIOS MARTINEZ: No, lo que digo es: la enmienda número 2 se ha
retirado por parte del PNV. Entonces, en un bloque yo pediría votar
solamente la que queda viva del PNV y, luego, de Convergència i Unió, por
separado, imagino retiradas las enmiendas números 15 y 16, puesto que se
tramitarán las transaccionales. En otro bloque, por tanto, las enmiendas
transaccionales a los números 15 y 16.




El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias, señor Ríos.

Señor Zabalía, por favor.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Dado que todos los grupos dan por hecho que yo
retiro la segunda enmienda, intervengo para ratificar que la retiro;
hasta ahora no la había retirado, la había dejado pendiente de la
contestación que me iba a dar el portavoz del Partido Popular. Como me
satisface la contestación que ha dado, en este momento es cuando retiro
la segunda enmienda de mi grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía, por su corta
alocución para decir simplemente que retiraba la enmienda número 2.

Señor Homs, ¿usted solicita votación separada de alguna de las enmiendas
formuladas a este proyecto de ley?



El señor HOMS I FERRET: De mis enmiendas, no, señor presidente; de las
demás, tampoco. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Muy bien, perfecto.

Señor Zabalía, ¿solicita usted votación separada de alguna enmienda?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: No, señor presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, mi grupo solicita votación
separada por grupos parlamentarios y, dentro de ella, la votación
separada que proceda. Es decir, que se voten separadamente las enmiendas
de cada grupo sucesivamente y, luego a su vez, dentro de cada grupo, con
la votación que proceda.

El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, como el que interpreta soy yo y no le
he entendido, vamos a votar separadamente cada una de las enmiendas.

Pasamos a la votación.

Enmienda número 1.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la enmienda número 1.

Enmiendas 3, 4 y 5, del Grupo Socialista, ya que ha sido objeto de
retirada la enmienda número 2.

Enmienda número 3.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 3.

Enmienda número 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 4.

Enmienda número 5.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, rechazada la enmienda
número 5.

Enmienda número 6, del Grupo Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 6, del Grupo de
Izquierda Unida.

Enmienda número 7, del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en
contra, 21, abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 7.

Enmienda número 8.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en
contra, 21, abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 8.

Enmiendas del Grupo Popular. Como el señor Ortiz pidió votación separada
de las enmiendas de los demás grupos, pero no de las propias, las votamos
todas conjuntamente.

Enmiendas del Grupo Popular números 9, 10, 11 y 12.




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Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las enmiendas
números 9, 10, 11 y 12.

Enmienda número 13, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda número 14.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmienda número 15, en los términos que han sido objeto de la redacción
transaccional por el señor Homs.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 16, en el sentido en que ha sido redactada por el señor
Homs.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a continuación a la votación del texto del proyecto de ley.

¿Algún grupo desea votación separada de alguna parte del mismo?
Señor Alvarez Gómez.




El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor presidente, solicitamos votación separada
de la exposición de motivos; del artículo único, apartado seis, del
proyecto de ley; de la transitoria primera; de la derogatoria, primero, y
el resto en otro bloque.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Como ya se ha separado el apartado 6 del artículo
único, pido la votación separada de la disposición adicional única, regla
segunda.




El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a proceder, antes de votar el
texto del proyecto de ley, a votar las enmiendas de viva voz que han sido
formuladas y que han sido aceptadas por todos los grupos parlamentarios.

¿Están todos ustedes de acuerdo en aceptarlas? (Asentimiento.) Quedan
aceptadas las enmiendas que han sido formuladas de viva voz, sugeridas
por la Presidencia y aceptadas por los grupos parlamentarios.

Vamos a votar el texto del proyecto de ley, comenzando por el artículo
único, apartado seis.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a votar la disposición adicional única, apartado segundo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Disposición transitoria primera.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, uno, abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Disposición derogatoria, uno, porque como ustedes saben se han
introducido dos apartados en esta disposición, el uno y el dos. Esta
votación se refiere al uno.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto del proyecto de ley, con excepción de la exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley, con
excepción de la exposición de motivos.

Exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra 1; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.

Por consiguiente, queda aprobado el proyecto de ley por el que se
modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en el sentido adoptado como consecuencia de las enmiendas que
han sido objeto de aprobación. A continuación, este proyecto de ley
aprobado por la Comisión, se remitirá al Senado.

Se levanta la sesión.




Era la una y cincuenta minutos de la tarde.