CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 369



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 38



celebrada el jueves, 5 de febrero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Cardenal Fernández),
para informar sobre:



--Las amenazas dirigidas a los portavoces de las asociaciones de fiscales
por el ejercicio de su libertad de expresión. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto (Número de expediente 212/001199) (Página 10856)



--Criterios de la Fiscalía General del Estado en relación con las
actuaciones de la Fiscalía relativas a la persecución de posibles delitos
de genocidio, terrorismo y otros cometidos en el extranjero que vulneren
los derechos y libertades fundamentales de personas y asociaciones de
nacionalidad española. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (Número de expediente 212/001204) (Página 10869)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (CARDENAL FERNANDEZ),
PARA INFORMAR SOBRE:



--LAS AMENAZAS DIRIGIDAS A LOS PORTAVOCES DE LAS ASOCIACIONES DE FISCALES
POR EL EJERCICIO DE SU LIBERTAD DE EXPRESION. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/001199).




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se inicia la sesión. Les
ruego a los medios de comunicación, ya que han tenido la oportunidad de
tomar todas las instantáneas, que tengan la bondad de abandonar la sala.

Señorías, respecto al desarrollo de la sesión que acaba de iniciarse, en
la que se han solicitado dos comparecencias por dos grupos parlamentarios
en relación con el fiscal general del Estado, la Mesa de la Comisión, en
la reunión en la que acordó la celebración en el día de hoy de estas
comparecencias, resolvió que se celebraran por separado e
independientemente y por el orden por el que habían sido registradas en
la Cámara. Así pues, en primer lugar, vamos a desarrollar la
comparecencia del fiscal general del Estado para dar cuenta de las
amenazas dirigidas a los portavoces de las asociaciones de fiscales por
el ejercicio de su libertad de expresión, iniciativa planteada por el
Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso. Como en todas las ocasiones en
las que se trata de iniciativas sobre aspectos concretos en la
intervención de cualquier órgano o autoridad del Estado, no está de más
recordar que, naturalmente, estas comparecencias deben desarrollarse en
los términos calificados con arreglo a sus potestades reglamentarias por
la Mesa del Congreso, lo que quiere decir que el señor fiscal general del
Estado debe ser en este punto expresivo de aquellas cuestiones de
carácter general relacionadas con este acontecimiento concreto, más que
con lo que sería el análisis de una decisión específica, es decir, las
razones, los objetivos y quizá la política general en relación con las
asociaciones de fiscales en la carrera fiscal.

Para la primera intervención, en contestación a esta comparecencia a la
que acabo de referirme, tiene la palabra el señor fiscal general del
Estado.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Excelentísimo
señor presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de
los Diputados, excelentísimos señores diputados, como en ocasiones
anteriores, es para mí motivo de especial satisfacción y un indudable
honor comparecer ante SS. SS., representantes del pueblo, que, en
legítimo uso y ejercicio de sus facultades y deberes parlamentarios, han
recabado mi presencia hoy aquí para, según reza la convocatoria, explicar
o dar cuenta, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, de las amenazas
dirigidas a los portavoces de las asociaciones de fiscales por el
ejercicio de su libertad de expresión. Como siempre, quiero reiterar mi
inmejorable disposición para comparecer ante SS. SS. cuantas veces lo
consideren necesario, porque entiendo que ello es una elocuente muestra
de la necesaria coordinación entre todos los poderes del Estado y, en
este caso, añadiría que haciendo una interpretación flexible, tanto del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal como de las normas
correspondientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, en cuanto
a la materia que es objeto de esta primera comparecencia.

Los hechos, expuestos muy brevemente, fueron los siguientes. Tuve una
conversación con el inspector fiscal jefe en mi despacho en la que quería
darme cuenta de que le parecía que era oportuno iniciar unas diligencias
informativas por una noticia que aparecía ese día en los medios de
comunicación, el día 21 de enero. Yo, por mi parte, había visto también
en esa misma fecha otras noticias en algunos teletipos. En el primer
caso, se referían a unos determinados fiscales que valoraban y
enjuiciaban unas determinadas sanciones que se les habían impuesto en un
expediente disciplinario y que habían sido confirmadas, después de haber
interpuesto el correspondiente recurso, por la autoridad correspondiente,
en este caso, por la señora ministra de Justicia. Las otras declaraciones
que se referían a los portavoces de las asociaciones de fiscales habían
venido recogidas un día o dos antes y yo disponía de ellas, como decía
antes, por un teletipo. Al señor inspector le parecía que no eran
correctas las declaraciones que habían hecho estos fiscales en cuanto a
que las sanciones que se les habían impuesto y que habían sido
confirmadas en el recurso habían sido motivadas por razones políticas y
no profesionales. Por otra parte, la manifestaciones en relación con esas
mismas resoluciones y otras que afectaban a otros fiscales les parecían a
los portavoces de las asociaciones de fiscales como no propias, no
correctas, no justas, etcétera, de manera que, en aquel encuentro en mi
despacho, se produjo, por un lado, la expresión o manifestación de
voluntad del señor inspector de abrir esas diligencias informativas y,
por mi parte, la expresión del malestar por esas declaraciones, que tenía
delante en esos teletipos, que habían hecho los portavoces de las
asociaciones. Estuvimos cambiando impresiones sobre estos temas y, al
final de la conversación, quedó todo ello reducido a que le dije que yo
no iba a llamar a los portavoces de las asociaciones; les llamas tú --le
dije-- y les expresas este malestar, este enfado, esta incomodidad. Se
habían producido con anterioridad, en otras ocasiones, manifestaciones
más o menos críticas y no había expresado por mi parte ninguna
contrariedad, queja, enfado, nada, absolutamente nada, pero me parecía
que ya eran tantas que había, por lo menos, que poner de manifiesto ese
enfado porque me parecían excesivas; concretamente ésas me parecía que
pasaban de lo que podía ser una crítica sana o positiva.

Esta conversación fue transmitida a los portavoces de las asociaciones,
quienes el día 22 de enero dieron un comunicado a la prensa. La tarde del
día 22, cuando volví a mi despacho, lo vi y me pareció que no se ajustaba
literal o estrictamente a lo que había sido el conjunto de la
conversación



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y, sobre todo y en definitiva, a lo que se debía transmitir a estos
fiscales. Entonces, yo hice pública la nota en la que, saliendo un poco
al paso de este comunicado de las asociaciones, decía que no había tenido
ninguna comunicación directa con ellos, que con posterioridad al
comunicado sí había hablado con uno de los portavoces, porque él me había
llamado, y ya le había dado por teléfono una explicación, en el sentido
de que, por lo menos desde mi punto de vista o por mi parte, no había
ninguna intención, por supuesto no había ni coacción ni amenaza ni
conminación ni apertura de un expediente, ni siquiera de unas diligencias
informativas, sino que simplemente quería mostrar un poco mi malestar. Yo
creo que se pueden decir las cosas, pero sin esta carga de crítica, y no
por la crítica, sino por injusta, porque de lo que se trataba era de
hacerles llegar mi malestar, que nunca lo había hecho, y que si no lo
hice personalmente fue precisamente para quitarle importancia al asunto,
porque me parecía que era una cosa más propia del inspector que del
fiscal general del Estado, y por eso creí que era preferible que se lo
dijera el inspector.

Vino ese comunicado, vino esa nota mía diciendo que realmente no había
querido que en ningún momento se transmitiese ninguna amenaza, ninguna
coacción, sino un disgusto, una preocupación, una contrariedad, un
malestar, como se quiera llamar, porque esas declaraciones me parecían
--aunque no había hablado antes de ello-- injustas para mí y también para
el Gobierno, para la señora ministra de Justicia, por cuanto se referían
a las resoluciones de esos expedientes. Como es de todos conocido, SS.

SS. recordarán que hubo unas declaraciones, unas ruedas de prensa. Yo
traté de contrarrestar, por decirlo de alguna manera, con mi versión de
los hechos, este comunicado, y así lo hice a través de algunas emisoras
de radio. Al día siguiente se produjeron dos ruedas de prensa, una que
hicieron los portavoces de las asociaciones y otra que hice yo, en las
que más o menos nos mantuvimos, digámoslo así, cada uno en nuestras
posturas.

Con posterioridad a esto, ¿qué ha sucedido? Pues yo diría que realmente
nada. Yo he hablado con el inspector, hemos despachado con normalidad
como si no hubiera habido tal conversación, como si no hubiera habido
nada, nos hemos seguido viendo y hemos seguido hablando, y de hecho no se
le ha dado mayor trascendencia o mayor valor, como lo pone de manifiesto
el hecho de que ni siquiera en el Consejo Fiscal, que se celebró
anteayer, se mencionara para nada este tema. El día antes habíamos
hablado los dos de que si esto podría haber producido algún roce entre
nosotros preferíamos olvidarlo, porque no tenía más trascendencia. Y en
eso ha quedado el asunto hasta ahora. En todo caso, quiero que quede
claro que no quise transmitir más que esta molestia, ese estado de ánimo,
este malestar, pero en modo alguno se podía tomar aquello como una
coacción, una limitación a la libertad de expresión de los portavoces de
las asociaciones.

Nada más; muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: ¿El grupo autor de la iniciativa desea intervenir en
primer término? (Asentimiento.)
Entonces, por el Grupo Mixto, la señora Almeida tiene la palabra.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor fiscal, por su
comparecencia en la tarde de hoy. Es verdad que intervengo en nombre del
Grupo Mixto, pero en nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa per
Catalunya, por lo cual pido al presidente, si me escucha, que luego le dé
la palabra, dentro del Grupo Mixto, a doña Begoña Lasagabaster.




El señor PRESIDENTE: ¿De qué grupo dice su señoría?



La señora ALMEIDA CASTRO: Del grupo Mixto, pero en nombre de Nueva
Izquierda y de Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Había entendido, en mi nivel de inteligencia, que
hablaba usted del Grupo de Nueva Izquierda.




La señora ALMEIDA CASTRO: De eso he hablado, pero como usted no me está
escuchando, por eso le he dicho que le pedía, en esa enorme
condescendencia, que le diera luego la palabra a doña Begoña
Lasagabaster.




El señor PRESIDENTE: Verá S. S. por el «Diario de Sesiones» que lo que yo
había escuchado es lo que S. S. había dicho. Continúe, señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: En cualquier caso, lo que quería era compartir
el tiempo.

En primer lugar, quiero decirle que no hemos venido aquí para intentar
controlar, porque me ha dicho un compañero --y perdona que lo que me has
dicho off the record lo diga-- que a lo mejor era demasiado control
preguntarle por estas cosas --digo compañero para no decir el nombre--, y
no estamos aquí para controlarle en las cosas que no creemos que se deban
controlar, no queremos saber si usted riñe a los fiscales o no, pero sí
queremos controlar lo que nos parecen comportamientos no muy
democráticos, que ya lo hemos hecho otras veces, porque el fiscal general
del Estado no está para defender al Gobierno, está para defender a la
sociedad; ha sido nombrado por el Gobierno, pero para defender los
valores que comprende la sociedad democrática, como son la libertad de
reunión, la de asociación y la de expresión. En este caso concreto,
cuando se ha planteado un conflicto no se ha hecho por su potestad
sancionadora hacia los fiscales, sino por su intromisión en el ejercicio
del derecho de la libertad de expresión y de la libertad de
representación, si no no lo hubiéramos hecho; no vamos a venir aquí para
saber si usted llama la atención a un fiscal porque ha llegado tarde, a
no ser que hubiera otro fin ilícito.

En este caso, nosotros creemos que se ha producido una invasión de
derechos democráticos que ha trascendido a la sociedad, y en ese sentido
nos preocupa. Porque ahora, de su conversación --y se lo digo con todos
los respetos--



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parece que el que aquí quería sancionar a estos fiscales díscolos era el
inspector, señor Martínez Zato, que viene a verle y le dice: qué poco me
han gustado estas declaraciones. No, señor fiscal, eso no ha sido así.

Aquí ha habido una llamada suya al señor inspector jefe para decirle no
se sabe muy bien qué. Yo no le voy a decir lo que dicen los fiscales, que
usted ha hablado de diligencia abierta, de diligencia informativa o de
expediente; al final, ha dicho usted: póngalos firmes. Y el señor
Martínez Zato le ha dicho: no estoy yo para ponerles firmes, no creo que
sea cuestión de expediente, háblelo usted. Y ahí es donde se ha dado esa
intromisión. Usted dice que fue Martínez Zato quien le vino a contar lo
descontento que estaba de las declaraciones de los fiscales. A lo mejor
algún fiscal a título personal lo puede hacer, pero que una asociación
representante de fiscales no pueda dar su opinión sobre una resolución
--ha dicho usted-- confirmada por la ministra... No, señor fiscal,
precisamente lo que salía allí es que la señora ministra quita la sanción
que se le había impuesto --una sanción que, como dijo Fungairiño, parecía
de tráfico-- de 50.000 pesetas, en esa campaña que hicieron frente a los
fiscales indomables. La verdad es que nos resultaba un poco curioso que
se les fuera a domar con 50.000 pesetas de multa. Pero es que después de
un nombramiento impugnado, además no consultado, no aprobado por el
Consejo Fiscal, encima le quitan las 50.000 pesetas de multa que le
habían puesto al señor Fungairiño. Se las quitan también a la fiscal
Dolores Márquez, no se las quitan a otros que parece que no se habían
alineado, se las mantienen al señor Gordillo y a otros fiscales
indomables.

Si dos asociaciones representantes de fiscales no pueden salir en defensa
o en contra de una resolución que afecta a la Fiscalía, si no hablan en
esos momentos, menos van a hablar cuando suba el precio del pan, porque a
lo mejor ahí sería más lógico. Es decir, que hablar en nombre de la
representación que ejercen me parece que es un derecho, y a usted le
molesta que hablen, porque le molesta que critiquen a la ministra. Podría
haber dicho: es que insultan a los propios fiscales, pero no, es que
están criticando una resolución de un Gobierno, que le puede parecer
bien, no de una ministra, y tampoco le gustan las cosas que le dicen
usted. Yo creo que en esa expresión que se ha dado hacia la ciudadanía lo
que se ha dicho es: aquí como me toque al Gobierno, le voy a poner a
usted firme. Pues al Gobierno le puede tocar lo que quiera, con respeto,
pero defendiendo los intereses que representa. Lo que no se puede decir
es que yo, porque sea el subordinado del señor Cardenal, tengo que
defender al Gobierno del Partido Popular. Pues no, unas veces le
defenderé y otras le criticaré. Yo creo que aquí precisamente lo que le
ha sentado mal no es la crítica que hacen los fiscales, en uso además de
un derecho de representación, sino la crítica política que se deriva de
esa actuación, y creo que usted ha saltado por esa crítica política y no
por el contenido de fondo que tiene la Fiscalía. Y es ahí donde yo creo
que usted se ha equivocado y por lo que nosotros hemos pedido la
comparecencia, porque queremos que usted sea el fiscal de la sociedad y
no el fiscal del Gobierno. No nos gusta --ya habíamos dicho antes por qué
no nos gustaba-- no porque nos guste a nivel personal, porque yo le tengo
todo el respeto personal, sino porque no nos gustan los pensamientos que
ha deslizado públicamente, no los que usted tiene, que ésos ya ni los
adivinos, los que usted ha dicho públicamente. Ya cuando le nombraron
dijimos que era un equívoco, que usted había hecho manifestaciones
expresas que no nos parecían democráticas respecto a la democracia, al
divorcio, al aborto y a la homosexualidad. Le criticamos cuando nombró a
Fungairiño --y luego hablaremos de ello--, no nos gustó que intentaron
nombrar a otra serie de fiscales. Nosotros no lo hemos compartido, pero
en este caso no compartimos un acto concreto, que ha sido esa
intromisión.

Es verdad que ha hecho ruedas de prensa y que ha negado que quisiera
abrir expediente, pero si esto está en la sociedad cómo no va a estar en
el Parlamento que representa a los ciudadanos. En la comparecencia se ha
venido a preguntarle por qué se ha entrometido y por qué ha amenazado a
los que son representantes de los fiscales por una crítica legítima que
está en el respeto aunque está en el terreno de la discrepancia. La
discrepancia no es sancionable, el respeto a lo mejor sí. Como aquí ha
habido respeto, el ejercicio de una opinión y no se ha dado precisamente
la aquiescencia, nos parece que usted ha actuado de una forma personal
debido a que no le ha gustado la crítica que le han hecho al Gobierno, la
que implícitamente le han hecho a usted y el que hayan pedido su dimisión
por casos que no son de la Fiscalía, por actuaciones que tampoco han
compartido y que han salido a la luz. No les ha gustado que usted siga
manteniendo la doble vivienda, aunque eso no tiene nada que ver con el
PP, sino con usted. No les ha gustado nada que usted no haya convocado la
jefatura de la Fiscalía del País Vasco y también se lo han criticado
porque parece que está guardando el puesto. Esas cosas son criticables en
democracia y no es crítica por falta de respeto. Eso es suficiente para
demostrar que ese tipo de amenazas son una intromisión ilegítima de usted
en los actos democráticos de representación y defensa de la Fiscalía que
tienen hoy los representantes de esas asociaciones.

Porque no lleva bien la crítica, porque no lleva bien la diferencia que
hay entre ser fiscal general del Estado y ser fiscal del Gobierno del PP,
nosotros creemos que usted se ha equivocado. Se ha equivocado en más
cosas que luego diremos, porque hemos separado las comparecencias, pero
en esto usted se ha equivocado una vez más no respetando la crítica
democrática y confundiéndola con la defensa política de un Gobierno.

En base a esto, estimamos que ha dado otro paso para que no tengamos
tanta confianza en usted; creemos que tenemos derecho a tenerla, aunque
le haya nombrado el Gobierno del PP. Queremos que al fiscal general del
Estado lo elija el conjunto de la ciudadanía, por tanto, el Parlamento.

Como eso supondría una reforma constitucional, hemos presentado hace días
una proposición de ley para que por lo menos, antes de ser nombrado,
comparezcan ante la Cámara aquellas personas que tienen posibilidad de
ser nombradas fiscal general del Estado para que rindan cuentas de cuáles
son sus expresiones, su voluntad democrática, su proyecto en la Fiscalía
y no nos encontremos con que cuando la sociedad está criticando lo que
usted ha dicho



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antes de ser fiscal general del Estado, un Gobierno le nombre frente a la
convicción democrática que tiene la sociedad. Por eso vamos a actuar
mucho más allá.

En tanto se cambie la Constitución, hoy le decimos que se ha equivocado,
que nos parece que ha tenido una intromisión personal política, no
garantizada, como fiscal jefe del Estado y en contra de la Fiscalía. Es
otro dato para reiterar que la confianza que también tenemos derecho a
tener en usted se ha roto una vez más. Le hemos dicho ya a la ministra y
se los diremos en la siguiente comparecencia que hemos pedido su cese. En
cualquier caso queremos manifestar que esa confianza le debería hacer
dimitir.




El señor PRESIDENTE: Con la brevedad lógica del turno compartido, aunque
hay que reconocer que la señora Almeida ha hecho un uso breve de su
turno, tiene la palabra la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto también.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sabe usted que suelo ser breve y estar
normalmente dentro de los límites que me marca el Reglamento.

Le agradezco también al fiscal general su comparecencia aquí, tanto por
esta cuestión, que no había sido solicitada por Eusko Alkartasuna, y por
la que a continuación tendremos ocasión de debatir.

No quiero entrar en la descripción de los hechos por cuanto me sería muy
difícil determinar...




El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, le ruego que se acerque un poco
más al micrófono porque se capta mal su discurso.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Decía que no voy a entrar en la
descripción de lo sucedido por cuanto que sería absurdo al no haber
estado presente en la reunión que mantuvieron el compareciente y el
fiscal de la Inspección. Sin embargo, su explicación y los datos que
obran en los distintos medios de comunicación me llevan a realizar varias
reflexiones que creo que son importantes y, especialmente, si me lo
permite y con el debido respeto, porque llueve sobre mojado.

En primer lugar, existen una serie de indicios que permiten abonar la
tesis de que, por el interlocutor y por la manera que se realizó, no era
una mera conversación respecto a una valoración inocua y neutra de
determinadas manifestaciones de representantes de asociaciones de
fiscales.

En segundo lugar, hay una cuestión que usted ha reseñado hoy también en
esta comparecencia que sí me preocupa: la denominada sana crítica. Eso
es, en mi opinión y en la de Eusko Alkartasuna, el fondo de la cuestión.

Si unas asociaciones de fiscales, personas o colectivos tienen derecho a
opinar (y no parece que tuvieran problemas porque no estaban hablando de
actividades que tenían que desempeñar por el ejercicio de sus cargos) y
son asociaciones absolutamente legales, el problema está en hasta qué
punto se puede decir que determinadas opiniones exceden o no se ajustan a
la sana crítica; quién determina la sana crítica. Eso es para nosotros lo
más importante de esta cuestión porque, en el fondo, eso está supeditado
a determinado criterio subjetivo que no responde para nada a lo que tiene
que ser la libertad de expresión. Si en el ejercicio de unas
manifestaciones que nada tienen que ver con el principio jerárquico o con
el ejercicio de su cargo, que para eso tienen el propio estatuto fiscal,
hacen una crítica, no se puede determinar si es ajustada o excesiva. La
sana crítica suele ser muy peligrosa y creo que es una de las cuestiones
que tendríamos que determinar. Es lo que más me preocupa de su
comparecencia y de su actuación en este tema.

En tercer lugar, me gustaría saber si esa conversación, que no se sabe si
surge a iniciativa suya o de otra persona que intervino en la
conversación, algo tuvo que ver con alguna orden o instrucción que
hubiera podido recibir del Ministerio de Justicia. Porque me preocuparía
terriblemente que se excediera de lo que deben ser la libertad de
expresión y los límites normales.

Esas son las tres reflexiones que yo quiero realizar en este momento y
especialmente aquella de cómo se ajusta, cómo se excede, quién determina
qué es la sana crítica, que al final resultaría una cortapisa para la
libertad de expresión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Con mucha brevedad, comienzo por agradecer
aquí la información que nos ha dado el señor fiscal general del Estado
del incidente que trae razón de su comparecencia ante la Comisión de
Justicia e Interior del Congreso.

Señor presidente, usted ha dado una explicación y, en el peor de los
casos le otorgo el beneficio de la duda. Merece usted mi credibilidad.

Usted lo ha dicho aquí, en sede parlamentaria, para que quede reflejada
su explicación en el «Diario de Sesiones» de la Cámara.

Ante la postura de mi grupo de contribuir al prestigio de todas las
instituciones del estado democrático, siendo una de ellas el ministerio
fiscal, debemos tener todos la prudencia, la sensibilidad y el trato
exquisito con los asuntos que a ella se refiere. La realidad es que, con
respecto a la carrera fiscal, al ministerio fiscal y a sus distintos
órganos, venimos haciendo una suma de incidencias y de incidentes en los
últimos años, y yo diría que aquellos polvos nos traen estos lodos, lo
cual, no es bueno. No es bueno para el sistema democrático de las
instituciones ni es bueno para la justicia española, de la cual el
ministerio fiscal es uno de los instrumentos fundamentales para la
exigencia del principio de legalidad. No es bueno para el prestigio de la
carrera fiscal y, por tanto, no es bueno para nadie en un sistema
democrático.

No voy a hacer juicios de valor personalizados en su actuación, en la de
los portavoces de las asociaciones fiscales, en la del señor inspector o
en cualquiera de las personas que han tenido que ver en esta situación.

Lo que sí le digo, señor fiscal general, es que extreme la prudencia y el
celo en cualquier manifestación de crítica o de juicios de valor que
tenga que hacer sobre miembros de la carrera fiscal. Tengamos en cuenta
que no es una carrera colegiada,



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sino que tiene unas representaciones voluntarias de miembros de la
carrera fiscal, como la tienen los jueces que no son colegios
profesionales como el de abogados sino asociaciones, dentro del marco de
la ley de asociaciones, y que colectivamente ejercen como asociaciones
unas actuaciones profesionales que no están sometidas al principio de
jerarquía al que el fiscal está obligado por el estatuto del ministerio
fiscal, ya que es una institución jerarquizada.

Si usted entiende que es una institución jerarquizada habría que
dilucidar dónde encuentra usted el punto de apoyo para adoptar (me estoy
sujetando exclusivamente a su relato y al diálogo que se produce entre
usted y el señor inspector fiscal) un procedimiento informal, para, a
través de persona interpuesta como es el inspector fiscal, enviar una
especie de regañina o disgusto que se expresa mediante una amonestación
más bien de tipo colegial, transmitiendo así un malestar. No me refiero a
si este malestar es por juicio de valor que una asociación de fiscales
determinada ha hecho sobre la ministra de Justicia, sobre cualquier
sanción, nombramiento o retirada de miembros de la carrera fiscal. Señor
fiscal, hay que cuidar, con una gran sensibilidad y delicadeza el
procedimiento empleado.

Una de dos: o ejerce el principio jerárquico como fiscal general del
Estado y llama directamente, sin persona interpuesta, a los que entiende
autores de las declaraciones o juicios de valor (si estima que están
dentro de una actuación de tipo fiscal, aunque yo no lo considero así,
creo que son opiniones dentro del marco de una asociación) o no puede
hacer esta amonestación interna como si fuera el aviso que da un
presidente de una corrida de toros para que se cumplan determinados
aspectos del reglamento. Aquí no caben avisos ni sacar pañuelos de ningún
color: o se ejerce directamente la potestad jerárquica que usted tiene si
entiende que ha habido una conducta torcida o no se entra en esta
situación, porque, al final, señor fiscal general del Estado, se ha
producido algo que no deseo para ningún colectivo profesional y menos
para una institución como el ministerio y la carrera fiscales, una
situación de deterioro interno, de encono, de irritación, de tirios y
troyanos, de unos contra otros. Ninguna de esas posturas a favor o en
contra tienen que ser propiciadas precisamente por quien tiene la máxima
responsabilidad. Si fue una amonestación de disgusto, empléense otras
vías que no introduzcan un procedimiento más o menos formalista y
puramente verbal, donde usted no puede tener siquiera la seguridad --y
hablo a su favor por el beneficio de la duda-- de que el intermediario
verbal traduzca su pensamiento, al hacer esa indicación al señor
inspector fiscal para que la trasladara a los representantes de las dos
asociaciones profesionales de fiscales, expresando si debe haber o no
diligencias informativas. Creo que aquí ha habido posiblemente una
situación de inexperiencia y que lo que ha ocurrido estos días le ha
servido para saber lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer de otra
manera.

Nuestro grupo no quiere ahondar en esta situación que deja reducida a la
conducta futura del señor fiscal general del Estado en este tratamiento
con las asociaciones, porque hay que delimitar los campos en los que cabe
el ejercicio de la autoridad jerárquica que señala la legislación vigente
del ministerio fiscal, es decir, la potestad jerárquica y las
indicaciones estrictas en el ámbito profesional en el sentido de velar
por la legalidad vigente en cuanto al comportamiento de los fiscales
implicados. En un Estado democrático como el nuestro, en el que el
derecho de opinión está consagrado en la Constitución, el señor fiscal
general del Estado también está legitimado para expresar sus
sentimientos, pero por otra vía que no sea la puramente jerárquica,
porque, una de dos, o las declaraciones de los fiscales estaban
conculcando leyes que afectan a la conducta profesional del principio
jerárquico, estaban conculcando el principio jerárquico del ministerio
fiscal, estaban conculcando por omisión el principio de legalidad --cosa
que no parece que haya sucedido porque, si no, usted tenía que haber
procedido por otra vía--, o si se trataba de trasladar una amonestación
había que haberlo hecho en un ámbito mucho más íntimo, más doméstico, sin
ningún daño para el prestigio de la institución de la cual es usted en
este momento su máximo representante y cuyo prestigio nosotros queremos
mantener. Las cuestiones de opinión son libres para nuestro grupo y están
garantizadas en la Constitución mientras no menoscaben el principio
jerárquico de autoridad y el principio de legalidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor fiscal general del
Estado por su presencia.

He escuchado sus explicaciones sobre la supuesta última batalla de la
Fiscalía y he leído con atención el alegato de jefe de la inspección de
la Fiscalía General del Estado, don Juan José Martínez Zato, sobre un
submarino fantasma frente a la potente armada del poder. Aprecio en ambos
igual convicción y firmeza y como estamos hablando de acusaciones cuasi
penales y usted aparece como imputado, me acojo a las dudas razonables.

Sólo añadiré que le ruego, en primer lugar, a usted, como cabeza de la
Fiscalía General del Estado, a las asociaciones de fiscales y, por qué no
decirlo, también a nosotros representantes de los partidos políticos, que
renunciemos a la actitud de manipulación permanente de la justicia, de la
Fiscalía, en la que, nuestro juicio, coinciden o coincidimos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, quiero agradecer, en primer
lugar, la comparecencia del fiscal general del Estado, en este caso
comparecencia doble.

En primer lugar, querría manifestar la estupefacción de que tengamos que
vernos los ciudadanos, y desde luego también sus legítimos
representantes, abocados a discernir cuál es la versión más fidedigna de
una conversación o reunión entre el fiscal general del Estado y el
inspector fiscal. Mi grupo no quiere que nos veamos de nuevo en estas
situaciones que si en algo redundan es en el menoscabo del prestigio del
ministerio fiscal.




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Le voy a decir lo que ya han repetido otros portavoces: no tenemos el
menor motivo para otorgar mayor credibilidad al inspector fiscal que al
fiscal general del Estado o, dicho de otra manera, no tenemos el menor
motivo para atribuir menos credibilidad al fiscal general del Estado que
al inspector fiscal. Desde luego, nos damos cuenta de que las versiones
son diferentes.

Nos gustaría reflejar claramente nuestra posición en cuanto al problema
de fondo. Ciertamente la Constitución establece y garantiza el derecho de
asociación de jueces y fiscales. Creo recordar que el artículo 54 del
estatuto del ministerio fiscal también incontrovertidamente hace
referencia a ese derecho de asociación. Asimismo, el Tribunal
Constitucional ha manifestado que el derecho de asociación, igual que
algún otro derecho, no es más que un derecho instrumental, un cauce para
el ejercicio de otros y, concretamente, para los derechos de libertad de
pensamiento, expresión y de alguno más.

No basta reconocer el derecho de asociación si no se entiende, como decía
antes, que es precisamente ese cauce para el ejercicio de una libertad de
expresión. Mi grupo entiende también que el ámbito adecuado de actuación
de las asociaciones de fiscales, y por tanto de la libertad de expresión
de estas asociaciones, hace referencia a aspectos fundamentalmente
internos u organizativos de la Fiscalía tales como sanciones,
promociones, ascensos si tocan, remociones, lo que es la organización
interna de la Fiscalía. Desde esa perspectiva, la expresión libre de la
opinión de estas asociaciones en estos asuntos. Por entender que una
sanción es excesiva o insuficiente, que una remoción procede o no o que
un ascenso conviene, forma parte, obviamente, de su ámbito natural, sin
perjuicio de que estas expresiones puedan generar disenso y con las
cuales puede disentir cualquier persona y el fiscal general del Estado.

Señor fiscal general del Estado, si lo que manifestó fue el dolor, el
disentimiento o la contrariedad por lo que entendía una crítica injusta,
si acaso desacertada, desde luego, el vehículo no fue el procedente. La
Administración, en ejercicio de sus potestades administrativas, actúa a
través de cauces formales; si lo que pretendía era manifestar el disgusto
o el disenso ante esas expresiones y no estaba ejercitando una potestad
administrativa, tenía que haber hecho una manifestación puramente
privada. Entendemos que el inspector fiscal no es el cauce más adecuado
para trasladar a unas asociaciones de fiscales una manifestación privada
de disenso respecto de algunas críticas, de la misma manera que un
alcalde no envía a la policía municipal a decir a un ciudadano que
disiente del color del coche o de cómo conduce; lo hará, desde luego,
para otra cosa. Tenemos que manifestar que esa instrumentación formal, la
utilización del inspector jefe, no fue lo más adecuado y eso puede haber
contribuido a generar la situación que nos trae hoy aquí.

Quisiéramos añadir, en última instancia, otro criterio, y es la
conveniencia de repasar el estatuto del ministerio fiscal. Lo digo porque
el artículo 27 del estatuto del ministerio fiscal establece que el fiscal
que reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o
que por cualquier otro motivo estime improcedente se lo hará saber así,
mediante informe razonado, a su fiscal jefe. La pregunta que procede es
si el inspector fiscal, en el momento de recibir esa instrucción, esa
manifestación de poner firmes, la posibilidad de incoación de diligencias
informativas, puso en su conocimiento, mediante algún tipo de
razonamiento, el hecho de que esa orden o instrucción era contraria a las
leyes o más concretamente a la ley de leyes, que es la Constitución,
porque esto también tiene su importancia. Acabamos poniendo de
manifiesto, como decía antes, la conveniencia de repasar el estatuto
orgánico en todos sus artículos, en unos y otros, con lo cual seguro que
aumentará el prestigio y la ciudadanía entenderá que el ministerio fiscal
actúa en defensa de estos intereses y derechos de la sociedad y seguro
que poco a poco todos iremos haciendo mucho mejor las cosas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Para aquellos que puedan estar
presenciando la comparecencia en esta sesión, tiene que resultar
sorprendente --y en ello no le achaco la menor culpa, como es obvio, a
ninguno de los intervinientes-- que sea posible hacer comparecer al
fiscal general del Estado o al presidente del Consejo General del Poder
Judicial un día, a petición de cualquier grupo parlamentario, para un
tema como éste que, efectivamente, tiene su importancia, qué duda cabe,
en cuanto a lo que podemos llamar, si se quiere, un juego de dimes y
diretes y a lo mejor no sea posible hacer comparecer al fiscal general
del Estado para preguntarle claramente por qué el comportamiento de
determinados fiscales en determinados juicios desdice de lo que tiene que
ser el cumplimiento de su función. Son paradojas con las que nos
encontramos que no sé si algún día se resolverán.

En todo caso, nuestro grupo sí quiere, a través de este modesto portavoz,
poner de manifiesto una absoluta insatisfacción con su explicación. No
nos podemos dar por satisfechos. Quizá porque su prudencia, su cautela,
su sentido del respeto no le ha permitido ser más explícito, seguimos en
la misma nebulosa. Aquí lo único que hay cierto, porque nadie lo niega,
es que los portavoces de las asociaciones de fiscales recibieron, por
boca del señor Zato --llamémoslo como lo llamemos--, una conminación,
¿para qué? Para que acomodaran su libertad de expresión a los gustos de
usted. Esto parece que es absolutamente cierto. Y parece ser
absolutamente cierto que ésta fue la manifestación del señor Zato: que
los iban a poner firmes. Ahora nos coloca usted, con la explicación que
nos da, en el dilema de dar crédito a sus palabras o a las del señor
Zato. Sinceramente, tiene que haber un poco de seriedad. Diga usted
claramente si le dijo usted al señor Zato que dijera a las asociaciones
de fiscales que las iba a poner firmes porque ustedes no aceptaban las
expresiones que estaban vertiendo de crítica hacia su conducta o a la de
la ministra. Si por el contrario no dijo usted esto, diga claramente si
es el señor Zato el que miente, y vamos a dejarnos de este juego, porque
el asunto es demasiado serio. No sé



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si es que han llegado ustedes a un posterior acuerdo, porque resulta
absolutamente sorprendente que después de todo esto, si quiere usted, en
un terreno coloquial, de esta movida, se reúna el Consejo Fiscal y de
este tema ni se hable. Las dos asociaciones de fiscales están pidiendo el
cese de su jefe, del fiscal general del Estado, se están promoviendo
iniciativas parlamentarias y resulta que se reúne el Consejo Fiscal y
este tema, que es gravísimo, porque supone inestabilidad en el propio
cuerpo, ni lo tocan. ¿Han llegado ustedes a un acuerdo? ¿Han pensado que
podían ustedes compensar lo que dijo el uno con lo que el otro trasladó?
¿Qué está pasando aquí? Esto no es nada serio. Nosotros no queremos tener
que dar credibilidad ni a uno ni a otro; lo que queremos es que nos
cuenten de una vez lo que ha pasado, porque a la luz de ello, sin correr
el menor riesgo de extralimitación, podremos pensar si efectivamente hay
una falta de respeto a la libertad de expresión, hay una falta de respeto
a las que son las facultades inherentes a las asociaciones de fiscales o,
por el contrario, pura y sencillamente hay un intento --en ésta ya
cansada, fatigante pelea entre el PP y el PSOE de ver quién
instrumentaliza la Fiscalía-- de ver quién se lleva el gato al agua. Esto
lo queremos aclarar, porque es lo que está en el fondo.

No voy a hacer una intervención muy larga, dado que después hay una
comparecencia que quizá permita mayores digresiones en otros temas. Sólo
le voy a pedir, como tiene ahora ocasión, con esa firmeza que nos tiene
que caracterizar a todos, que nos diga qué le dijo al señor inspector
jefe, si lo que éste trasladó a las asociaciones de fiscales reflejaba su
pensamiento y, sobre todo, reflejaba estricta y terminológicamente lo que
usted le dijo, para que de una vez por todas sepamos qué es lo que está
pasando.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: En primer lugar, desde el punto de vista de
nuestro grupo, habrá que dejar claro que no hemos solicitado su
comparecencia, que ha sido pedida por otro grupo. En este caso y para
esta concreta comparecencia, no para la segunda, no teníamos mayor
inconveniente; para la segunda, le digo que votamos en contra de que
usted compareciera. Debe quedar clara la posición del Grupo Parlamentario
Socialista. No tiene nada que ver con su presencia esta tarde aquí.

A partir de ahí, y dado que la cortesía parlamentaria obliga a
intervenir, efectivamente se han planteado cosas de interés respecto de
las cuales el Grupo Socialista también tiene opinión, y vamos a tratar de
expresarla. Fundamentalmente, el tema de la libertad de expresión y los
miembros de la carrera fiscal, desde nuestra óptica tiene por lo menos
tres dimensiones distintas. La primera, sería la de los fiscales como
cuidadanos particulares que, como tales, y al margen del ejercicio de su
función, expresan unas u otras opiniones políticas. El segundo nivel
sería el de los miembros de la carrera fiscal cuando expresan opiniones,
criterios o críticas políticas en el ejercicio concreto de su función, en
particular --ya ha aludido a ello algún portavoz, el señor Castellano en
concreto-- cuando lo hacen en el acto de un juicio, en un informe, en un
escrito de acusación, en la fase final de ese juicio, en cualquier
momento en definitiva directamente vinculado con el ejercicio de su
profesión; y sólo en tercer lugar cuando actúan como representantes de
las asociaciones de fiscales. La respuesta no es tan simple como pudiera
parecer, puesto que nosotros creemos que los tres niveles requieren de
algunos matices.

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, dos cosas
están bastante claras. En el ejercicio de su función no pueden realizar
ninguna clase de crítica política, de ningún tipo, de suerte que cuando
la hacen sería no sólo un derecho sino un deber del fiscal general del
Estado incoar de manera inmediata un expediente disciplinario. No tienen
ningún derecho a expresar críticas u opiniones políticas en el ejercicio
de su función como fiscales. En el otro extremo, lo que para nosotros
también está claro es que precisamente los representantes de las
asociaciones tienen un ilimitado derecho para el ejercicio de la libertad
de expresión, más allá incluso de la tesis del señor Silva, que
compartimos en esa base, pero nos parece limitada, no sólo en lo
relativoalos temas del oficio o de la función --para eso están previstas
expresamente las asociaciones profesionales--, sino que en la
interpretación del Grupo Parlamentario Socialista, el artículo 127 de la
Constitución tiene un contenido que va más allá del propio Estatuto
orgánico. Trataré de explicar la posición de nuestro grupo, señor fiscal.

Nosotros pensamos que el artículo 127, cuando limita de manera expresa y
cuando prohíbe que los miembros de la carrera fiscal, y desde luego de la
carrera judicial, puedan formar parte de partidos políticos, establece el
único cauce constitucional posible para el ejercicio de la libertad de
expresión política a través, precisamente, de las asociaciones
profesionales. La asociación profesional es el único vínculo --dado que
en ningún artículo de la Constitución se prohíbe a los fiscales el
ejercicio de la libertad de expresión--, el único vehículo legítimo y
evidente para expresar sus opiniones sobre política judicial. Esta es
nuestra tesis. De ahí que el tema nos parezca importante. Si no
solicitábamos su comparecencia, no es porque creamos que el tema no tiene
importancia, que sí la tiene, sino porque creemos sinceramente que quien
debe comparecer es la ministra de Justicia para responder políticamente,
y no usted, señor fiscal, pero, en definitiva, estamos en este trámite y
expongo con claridad cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario.

No es constitucionalmente legítimo limitar de modo alguno la libertad de
expresión de los representantes de las asociaciones profesionales de
fiscales. Esa es nuestra posición. El caso más discutible en términos
jurídicos es el intermedio, el del fiscal que sin estar en el ejercicio
de su función --momento en que no puede expresar críticas políticas-- ni
estar en el ejercicio de sus derechos asociativos --momento en que puede
expresar toda clase de críticas políticas-- actúa simplemente como
ciudadano particular. Eso, jurídicamente hablando, creemos que es
discutible. La práctica política se ha traducido en



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algo muy claro: no ha habido expedientes a fiscales ni a jueces por
declaraciones realizadas como ciudadanos, y, ciertamente, ha habido
muchas y muy abundantes en los últimos años, algunas de ellas
probablemente poco útiles desde la óptica del prestigio de la carrera
judicial o fiscal, muy discutibles en el plano de la oportunidad
política, pero que no han dado lugar a actividad disciplinaria por parte
de ningún órgano, ni del Consejo General del Poder Judicial ni tampoco de
la Fiscalía General o del Ministerio de Justicia.

En definitiva, respecto al caso que hoy estamos tratando para nosotros no
hay ninguna duda. Es inconstitucional que el fiscal general del Estado
trate de limitar de cualquier modo la libertad de expresión de los
representantes de las asociaciones profesionales. Nuestra posición, por
tanto, es que usted una vez más ha violado la Constitución, señor fiscal,
una vez más; no es la primera y me temo que a lo mejor no será la última.

Para nosotros no hay ninguna otra posible interpretación jurídica ni
constitucional, y quiero dejar perfectamente claro que no vamos a entrar
en quién tiene razón, si el señor Zato o usted en sus versiones, no
porque tengamos dudas sobre la credibilidad de uno y otro --que no las
tenemos--, sino porque con sus simples declaraciones es bastante para
afirmar que usted ha vulnerado la Constitución, con las suyas (El señor
Ollero Tassara: ¡Qué disparate!), con las que acaba de hacer aquí mismo
cuando ha dicho que le transmitió al fiscal su queja o malestar por las
declaraciones que habían efectuado contra usted, contra el Gobierno y
contra la ministra de Justicia estos representantes. Eso ha dicho usted
aquí, es verdad, y ojalá conteste a la pregunta del señor Castellano y
diga si efectivamente fue cierta o no la frase de: ponles firmes. Con
todo, me parece un tema menor, porque el tema de fondo no es ése; el tema
de fondo es que en todo caso usted transmitió a través del inspector
fiscal su queja o malestar, según sus propias palabras. Sin necesidad de
entrar para nada en contradicciones o no contradicciones, según sus
propias palabras, usted transmitió su queja o malestar a través del
inspector fiscal jefe. Ciertamente, lo ha subrayado --y con acierto-- el
diputado señor Silva, no es un tema menor el vehículo que usted utilizó.

Podría haber sido una conversación política, a la que tiene usted tanto
derecho como los representantes de las asociaciones de fiscales, y podría
haber utilizado cualquier otra vía, usted directamente, a través de su
gabinete, pero no, utilizó precisamente la vía institucional de quien
tiene como función sancionar, expedientar y evitar comportamientos
irregulares dentro de la Fiscalía. Eligió usted en concreto la vía
específica de quien tiene la capacidad de iniciar expedientes y
sancionar. Por lo tanto, si a través de quien tiene esa función usted
transmite su queja o malestar, en su versión o en cualquier otra, usted
está tratando de limitar la libertad de expresión de los representantes
de las asociaciones de fiscales y, en consecuencia, sin necesidad de
ninguna otra comprobación, usted ha vulnerado los límites previstos en la
Constitución española respecto de la libertad de expresión. Ese es
nuestro punto de vista.

A estas alturas el tema tiene mayor gravedad. La diputada señora Almeida
recordaba cómo en su comparecencia inicial se hizo alusión a otras
ocasiones en que usted había realizado declaraciones que eran discutibles
desde la óptica constitucional. En concreto, la señora Almeida se refería
a cómo en la memoria del año 1995 mostraba su oposición, literalmente, al
divorcio, al reconocimiento de las parejas de homosexuales, a la
demandada posibilidad de que éstos puedan adoptar a menores, a la
despenalización en un futuro próximo o ampliación del aborto, a la
protección oficial a la difusión de anticonceptivos, a la libre
circulación de la industria pornográfica y a otras cosas del mismo
calibre, señalando --y esta frase nos parece especialmente grave--que
este clima de pluralismo sólo beneficia a los extremos viciosos o a la
media mediocre, además de otras afirmaciones que en su momento se
comentaron. Recordará, y si no ahí están las actas, que en aquel momento
el Grupo Parlamentario Socialista dejó claro que eran opiniones que había
manifestado en su memoria antes de ser fiscal general del Estado y que
confiábamos y esperábamos que este tipo de criterios personales no se
reflejaran en el ejercicio de su función ni en el ejercicio de su
trabajo. Con esas u otras palabras eso fue lo que en su momento le dijo
el Grupo Parlamentario Socialista, que tuviera usted la ideología que
tuviera, en términos personales y privados, confiábamos que en el
ejercicio de su función como fiscal general se atuviera exactamente a los
parámetros constitucionales. No lo ha hecho así y, por lo tanto, la
situación es grave. No lo ha hecho desde muy diversos puntos de vista,
porque nos consta que, según sus propias palabras, ha transmitido a
través del inspector malestar o queja. Sin embargo, no sabemos aún qué ha
hecho con el fiscal de Toledo, que en el ejercicio de su función
jurisdiccional o, mejor dicho, en el ejercicio de su función fiscal,
aunque de naturaleza jurisdicente, manifestó expresamente aberraciones
del tipo de que con el nuevo Código Penal resultaría que las penas --en
el caso de Anabel Segura-- eran tan benignas que era un escándalo. La
sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo ha tenido que aplicar el
viejo Código Penal porque era el más beneficioso para los reos. Frente a
ese tipo de afirmaciones, como las del fiscal de Toledo, nuestro grupo
espera que nos explique cómo va a limitar el ejercicio de actividades de
neto contenido crítico-político contra la actividad de esta casa, del
Parlamento, diciendo algo que es falso y que sólo puede obedecer a dos
cosas, o a una manifiesta incompetencia o ignorancia, cosa que no se
puede excluir porque terminó pidiendo trece años menos que los que ha
condenado el Tribunal (El señor Ollero Tassara: ¡Qué tiene que ver
esto!), en cuyo caso debería ser removido, o bien se debería, en caso
contrario, a pura deshonestidad, tratando de imputar a esta Cámara haber
realizado un Código Penal que posibilitaba, en un tema tan sensible como
el de Anabel Segura, que tuvieran un trato benigno los inculpados. Viene
mucho al caso --porque veo que se empiezan a poner nerviosos mis colegas
del Grupo Parlamentario Popular--, viene tanto al caso que demuestra
hasta qué punto ejerce de manera arbitraria su función, porque usted, que
no debió jamás transmitir queja ni protesta alguna contra el ejercicio de
la libertad de expresión de los representantes de las asociaciones
profesionales, tendría que haber



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abierto ya un expediente disciplinario contra el fiscal jefe de Toledo.

Si usted necesitaba poner firme a alguien, ponga firme a quien incumple
sus obligaciones.

Nada más, señor fiscal. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor fiscal general del Estado, en primer lugar
mi grupo se felicita de su presencia en esta Cámara y lo hace por un
doble motivo, en primer lugar, porque que sea usted quien comparece ya da
una idea de cuál es la situación actual de los problemas de nuestro país,
ya que si el problema más grave que éste tiene hoy en el ámbito de la
justicia es usted mismo, creo que se trata de una buena señal. Tomando
eso como punto de referencia, España no es que vaya bien, es que se sale.

(Risas.--El señor Villarrubia Mediavilla: Sí, sí.) En segundo lugar,
quiero felicitarle porque si todo el grave problema que usted plantea
ahora mismo es una conversación privada como la que ha descrito, la
verdad es que lo está haciendo de cine. Si todo lo que pueden echarle a
usted en cara son los chismes de los que venimos hablando --en contra del
prestigio de esta Cámara, dicho sea de paso-- más de una hora, usted lo
está haciendo mucho mejor de lo que yo pensaba, las cosas como son.

Yo recuerdo que hubo una época en que se pusieron de moda unos chistes,
porque en los chistes hay modas, hay momentos en que hay chistes de
determinados ministros, etcétera, y hubo una época en que se pusieron de
moda los chistes de ¿qué le dijo? Y hoy estamos aquí en este trance. ¿Qué
le dijo el fiscal general del Estado al inspector fiscal jefe? Ese es el
chiste de hoy. Y yo, en nombre de mi grupo, intentando llegar a lo más
profundo del calado político de esta comparecencia, le rogaría por favor
que nos aclarase una cosa que nos angustia profundamente, que es la
siguiente. Lo que usted le dijo al señor fiscal inspector jefe ¿se lo
dijo con retintín, sí o no?, porque nos parece decisivo para ver si
realmente esto tiene alguna importancia política, ya que de lo que hemos
oído sólo aparecen unas loables reflexiones sobre los derechos
constitucionales, en las que, por cierto, se han olvidado de uno, el
derecho de libertad de opinión que el fiscal general del Estado puede que
tenga dentro de su despacho, incluso cuando habla confiadamente con sus
presuntos colaboradores, que a lo mejor lo tiene también. Por lo visto la
Constitución dice --he debido leer mal el artículo 124-- que el fiscal
general del Estado debe ser una esfinge que ni siente ni padece y que no
tiene derecho a molestarse, y mucho menos a comentarlo con un presunto
colaborador. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Es una visión de la Constitución
sin duda novedosa, pero como el pluralismo es un valor superior según el
artículo 1.º, la acogemos con el máximo respeto y entusiasmo.

Por otra parte, nos felicitamos porque con todos estos juegos que tenemos
aquí montados usted va a adquirir bastante experiencia política, primero
porque este Gobierno va a durar bastante (El señor Belloch Julbe: El
fiscal general no tanto.), por lo que va a tener ocasión de visitarnos
con mucha frecuencia, a no ser que el Gobierno incurra en algún error que
haga que la oposición se ocupe de alguien que no sea usted, pero parece
que eso por el momento no va a ocurrir, con lo cual va a ser usted el que
venga otra vez y va a tener ocasión de adquirir una experiencia política
muy enriquecedora, cosa que le irá bien, porque usted es un espléndido
profesional, pero de política no sabía mucho, y es bueno en la vida,
porque yo tampoco sabía y he aprendido aquí muchas cosas interesantes,
por ejemplo, que papeles que usted, como profesional, escribía y no leía
nadie son leídos hasta tres veces en esta casa, con el intervalo de un
año, porque lo que se acaba de leer aquí es un papel que ya se leyó. Se
ve que no ha producido usted ningún otro papel escandaloso desde el
último año --y no se lo digo como reproche, es un hecho--, por lo que
aquí seguimos con los mismos papeles. Nos pasa lo que a estos profesores
que van a clase con una hoja amarillenta de lo que explicaron cuando
todavía estaban haciendo el doctorado. Aquí viene un portavoz con un
papel ya amarillento con lo que ya le contó a usted hace un año. Se ve
que usted no da pie para que le saquen otros papeles, salvo el trámite
posterior del que ya hablaremos.

Irá usted aprendiendo que en política la apariencia es muchas veces más
importante que la realidad. Por tanto no se limite sólo a que las cosas
sean realmente de una manera, cuide las apariencias, porque de lo
contrario vamos a tener juegos de éstos en cantidad. Tenga en cuenta que
en política la confianza hay que administrarla con somero cuidado, porque
usted se ha quejado de un cierto error en la transmisión, pero
reconózcame que a lo mejor ha pecado de ingenuo si ha utilizado como
paloma mensajera a un halcón. De cetrería yo no tengo ningún tipo de
experiencia, pero he visto algunas fotos y parece ser que los que se
dedican a eso suelen llevar un guante bastante potente para evitar que el
halcón se entretenga. Usted parece que no se ha puesto el guante y
lógicamente se ha llevado el picotazo, es elemental, pero, claro, confíe
usted en quien debe. Lo que no tiene ningún sentido es que haga ese
derroche de ingenuidad. Por otra parte, acostúmbrese a que en esta casa
practicamos el noble juego de la política y jugamos con lo que podemos.

También de pequeños, a veces, los aficionados al fútbol hemos jugado con
una pelota de trapo y con lo que se ponía por medio, porque tampoco
estábamos muy en condiciones de disponer de los elementos adecuados. No
se extrañe, por tanto, como muy bien se ha señalado, de que algo que el
Consejo Fiscal ha despreciado olímpicamente, entre otras cosas porque los
fiscales se conocen unos a otros y se saben los chismes de memoria --no
se van a reunir para discutir sus chismes, ¡estaría bueno!--, aquí lo
convirtamos en cuestión de Estado y hablemos incluso, sin siquiera
ponernos colorados, de violación de la Constitución. Tiene la cosa
pelendengues. De aquí puede salir un impeachment de un momento a otro,
tenga usted cuidado (El señor Belloch Julbe: Estaría muy bien.--El señor
diputado pronuncia otras palabras que no se perciben.)



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A lo mejor hay una proposición de ley para que exista (El señor Belloch
Julbe: Si la propone el PP, la apoyaremos.), porque el caso, dada su
extrema gravedad, puede llegar a requerirlo.




El señor PRESIDENTE: No polemice, señor Belloch.




El señor OLLERO TASSARA: Y henos aquí, señor Cardenal, hablando de los
chismes de la Fiscalía, de una conversación sin testigos sobre la que
alguien, que no es de mi partido, pero que por lo visto le conoce a
usted, mucho más que yo, sin duda y que además conoce perfectamente a los
que le atacan a usted y sabe perfectamente por qué le atacan, ha dicho
algo tan simple como lo siguiente: No veo yo al fiscal general amenazando
a nadie, no es su estilo. Si alguien me pone en un platillo la opinión de
Zato y la de Cardenal, me quedo con la de Cardenal. Es un hombre tan
absolutamente moderado que cualquiera que le conozca sabe que es incapaz
de amenazar ni a una mosca. Yo no sé si usted es capaz o no de amenazar a
una mosca, porque no le conozco, pero en todo caso me quedo con el
testimonio de alguien que ni siquiera es de mi partido.

Y esto es todo, que sigamos por esta vía, que siga usted triunfando
(Risas.), que le sigan sacando sus papeles de hace no sé cuántos años y
que sigamos hablando de sus conversaciones en su despacho con sus
presuntos colaboradores, porque será muy buena señal.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia de esta Comisión en reiteradas
ocasiones ha hecho patente su preocupación por el buen orden de los
debates, en el bien entendido de que, por supuesto, en el ejercicio de la
libertad de todos los señores portavoces y diputados que pudieran hacer
uso de la palabra en los mismos nunca va a coartar, limitar ni mediatizar
la libertad de fundamento, de alegato, de reflexión e incluso retórica,
si la estimaran oportuna, pero la tendencia reiterada a lo que son
comparecencias naturalmente para unas cuestiones que tienen una cierta
determinación aunque genéricas no puede abrirse a otras eventuales
posibles comparecencias que en la libertad de los grupos está plantear y
desarrollar después, con arreglo a los criterios de los órganos de la
Cámara en el momento oportuno. Por tanto, teniendo en cuenta lo que
indico, ruego al señor fiscal que proceda a dar respuesta a las
cuestiones planteadas por los señores portavoces en relación al caso
concreto que es objeto de la comparecencia e incluso, en una
interpretación creo que razonable, a exponer los criterios que pudiera
tener --lo digo a efectos meramente indicativos-- o el criterio del
fiscal general en sus relaciones con las asociaciones de fiscales. Es
algo razonable, porque entiendo y repito que me parece siempre oportuno
que cualquier señor portavoz utilice la cita de cualquier acontecimiento
relacionado con la Fiscalía para argumentar o fundamentar su exposición,
pero hay cuestiones que parece que debían ser objeto de otra
comparecencia, porque, sino, el fin de lo que es un acto parlamentario
como éste quedaría claramente desvirtuado.

Con esa indicación que, repito, no implica en absoluto limitación al
debate parlamentario sino orden en el desarrollo de las sesiones, el
señor fiscal general del Estado tiene la palabra para contestar las
cuestiones planteadas y suscitadas por los señores portavoces.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Con la venia,
señor presidente.

Voy a contestar, en primer lugar, a doña Cristina Almeida. Dice que el
fiscal general del Estado no está para defender al Gobierno sino a la
sociedad. Muchas gracias por habérmelo recordado una vez más, pero ésa
era mi convicción y sigue siéndola. El fiscal general del Estado, como
los demás fiscales, no está para defender al Gobierno, aunque le nombre
el Gobierno, sino para defender a la sociedad, como se pone de manifiesto
todos los días.

Me habla también de invasión del derecho fundamental a la libertad de
expresión. Esta es un poco la idea matriz, fundamental y básica en torno
a la cual se han hecho las demás intervenciones del resto de los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Nunca se me pasó a mí
por la mente que con esta conversación pudiese invadir ni de cerca ni de
lejos el derecho fundamental a la libertad de expresión de los fiscales,
ni como ciudadanos sin más, ni como fiscales fuera de una asociación, ni
como fiscales dentro de una asociación. Habría que leer las palabras que
recoge ese texto, que fueron las que motivaron mi llamada, que, por
decirlo de alguna manera, se cruzó con la intención o la salida casi del
inspector hacia mi despacho, porque cuando le llamo me dice: quería
hablar contigo y bajo ahora mismo. Lo primero que me dice cuando entra en
el despacho es: ¿has visto estas declaraciones? Sí --le contesto--. Pues
mira, voy a abrir de oficio unas diligencias. Yo le dije: sí, sí, espera
un momento, que yo te voy a leer otras. Las que le leí fueron éstas:
«Carlos Castresana considera» --es un despacho de Europa Press, fechado
en Madrid el día 16-- «que la solución final que ha dado Margarita
Mariscal de Gante a los expedientes demuestra, como ya veníamos viendo
por los últimos acontecimientos, que éstos son los fiscales que gozan de
la confianza del Gobierno.» Es una crítica... «El representante de la UPF
asegura que las sanciones que han permanecido son ridículas en relación
con la gravedad de los hechos...» --supongo yo que no esperaría este
señor una reformatio in peius, es decir que la señora ministra impusiera
unas sanciones mayores todavía que las que se habían puesto, que habían
sido recurridas naturalmente por los sancionados; en cualquier caso, esta
crítica la hubiera merecido el que impuso las sanciones, no quien las
confirma-- «... y supone la consecuencia del desembarco de la intromisión
del Gobierno en el funcionamiento del ministerio fiscal...»
--naturalmente, si esto no se explica, da a entender que quien manda o
quien decide dentro del ministerio fiscal es el Gobierno; es una crítica,
efectivamente--. Pero a continuación dice: «... además de una
desautorización absolutamente injusta de las instituciones del ministerio
fiscal». ¿De qué instituciones? ¿Del Consejo Fiscal, de la Inspección, de
la Secretaría Técnica, de la Junta de Fiscales de Sala? ¿De qué
instituciones? ¿Del fiscal general del Estado?, porque quien impuso esas
sanciones fue el fiscal general



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del Estado. Si la señora ministra en este caso --el ministro de Justicia,
como dice el Estatuto-- es la autoridad llamada a resolver estos
recursos, no hay ninguna intromisión; lo que hay es el cumplimiento de un
deber, si quieren ustedes, el ejercicio de un derecho, es un
derecho-deber. En cualquier caso, no vamos a admitir que la señora
ministra se pone a resolver por las buenas y porque le parece bien,
porque le gustan o no le gustan unos recursos; lo hace en el cumplimiento
de su obligación, así lo dispone la ley. Entonces, decir que esto es una
intromisión del Gobierno en el ministerio fiscal o que es un desembarco,
pues mire usted, es el cumplimiento de un deber. Cambien ustedes la ley,
pero mientras la ley esté así, el no resolverlo sí que habría sido una
intromisión, en su aspecto negativo, en el funcionamiento del ministerio
fiscal. Hubiera dicho: no lo resuelvo. Que lo resuelva otro.

A continuación añade Castresana: «Suponemos que esa decisión de la
ministra cuenta con el respaldo del fiscal general del Estado» --bueno,
supone-- «porque éste» --el fiscal general del Estado-- «hizo un informe
preceptivo porque la ministra se lo pidió» --sí-- «y cuyo contenido se
negó a revelar...» --que diga en qué precepto del Estatuto o del
Reglamento, en los artículos que estén vigentes, está previsto o
establecido que el fiscal general del Estado, cuando le piden un informe
en los recursos de unos expedientes, tiene que hacer públicos esos
informes-- «con lo que demuestra que Cardenal no pertenece a la carrera
fiscal sino al Gobierno». Esto es algo más que una crítica. Yo llevo 38
años en la carrera fiscal. Que me haya nombrado el Gobierno, así lo
establece la Constitución, pero eso no quiere decir sin más que yo esté
en el Gobierno. Yo soy el fiscal general del Estado. Es más, estoy
seguro, y esto es clarísimo, que si me ha nombrado fiscal general del
Estado es precisamente porque soy fiscal en activo o era fiscal en activo
cuando me nombraron; si no, no me hubieran nombrado, y si algo he sido en
mi vida ha sido fiscal. Lo habré hecho mejor o peor, pero he sido fiscal.

Decir que ya no soy fiscal, sino un miembro, un elemento o una parte del
Gobierno... Dice: «No es el máximo representante del ministerio fiscal
frente al Gobierno, sino el mínimo representante del Gobierno frente al
ministerio fiscal.» Esto es una crítica, evidentemente, pero que va más
allá de lo que yo entendía que es una crítica razonable.

Ahí está todo, es decir, que no se coarta la libertad de expresión. ¿Cómo
se fundamenta esto? ¿Porque ha resuelto unos expedientes? (La señora
Almeida Castro pronuncia palabras que no se perciben.) Es que tiene que
resolverlos.




El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, contenga sus comentarios. Luego
tendrá oportunidad de intervenir.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): ¿Que las
sanciones no nos gustan, las que ha impuesto o las que ha levantado? Para
eso están los recursos. Si hubiera que confirmar sin más las resoluciones
recurridas, sobrarían los recursos, eso es obvio. Si hay recursos es
porque el legislador le da al justiciable esa garantía, una segunda
instancia, digámoslo así, para que una autoridad superior a la que ha
impuesto la sanción pueda revisarlos. Esto es elemental.

Estas eran las manifestaciones que estaba leyendo o acababa de leer, y,
claro está, estas otras de don Ignacio Gordillo y las de los otros dos
fiscales cuyas sanciones se confirmaron y que dijeron que esas
resoluciones no eran jurídicas sino políticas, también eran una crítica,
pero si éstas merecían para el inspector iniciar de oficio unas
diligencias informativas, a mí me parecía que aquéllas también eran al
menos para llamar a estos señores y decirles: bueno, está bien, hay un
derecho de crítica. Sobre todo, de alguna forma, estaba midiendo, por
decirlo de la manera más clara, la proporción de mi reacción a través de
los criterios del propio inspector. Entonces me atengo a los criterios
del propio inspector y tenemos esa conversación: ¿esto no es una falta
grave? Pues no lo es. ¿Esto no es para expediente? Pues no lo es. ¿Esto
no es para unas diligencias informativas? Pues no lo es. Pues por lo
menos llámales por teléfono y diles que yo creo que aquí se han pasado un
poco. Esto es algo más que una crítica, porque aquí se hacen
imputaciones, dentro, lógicamente, de su libertad de expresión. Como se
decía por alguno de los señores parlamentarios aquí presentes, si uno, el
fiscal general del Estado, no puede tener una confidencia de esta clase
con quien a estos efectos es o tiene que ser su confidente --no
confidente en un sentido negativo, sino en el del órgano a través del
cual tiene que transmitir a los demás fiscales, porque para eso es la
inspección; si no se lo podría haber encargado al teniente fiscal o al
jefe de la Secretaría Técnica--, con quien uno cambia impresiones en su
despacho, si esto no se puede hacer, pues saquen ustedes las
conclusiones.

Realmente a esto se redujo todo, porque, en definitiva, en lo que se
quedó que se iba a decir era que moderasen un poco --y que no iba a haber
más, por supuesto-- sus manifestaciones, porque en este caso a mí me
parecía que se habían pasado, pero, sobre todo, le hacía ver al inspector
que si él considerara que había que iniciar de oficio unas diligencias
por aquéllas y las estaba iniciando, éstas me parecían mucho más graves;
si aquello merecía unas diligencias informativas, que se han tramitado,
en cambio, respecto a los portavoces no se ha tramitado ninguna clase de
diligencia, ninguna. Aquéllas sí se han tramitado y se incoaron, y ahora
valoren ustedes y comparen los juicios de unos y los juicios de otros, la
valoración de uno y la valoración de otro. Esto es lo que motiva en
definitiva la actuación, pero, repito, en ningún caso se le dijo al
inspector que no podían criticar o que no podían manifestarse libremente,
en absoluto.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, con la brevedad que exige el orden
del día que aún nos queda.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muy brevemente. Solamente quería decir una
cosa. Cuando he oído al señor Ollero hablar de los chismes o de los
chistes, la verdad es que a una le entra la duda de si estaba para contar
chistes, aunque usted mucha cara de chiste tampoco tiene. Yo creo



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que está usted aquí en una comparecencia reglamentaria. Y si al principio
de su actuación teníamos alguna duda, después de su contestación ya no
tenemos ninguna. Es claro que a usted le sentó fatal lo que leyó. Yo ya
no sé quién se adelantó, si el uno para decirle que el malo era Gordillo
o el otro para decirle que los malos eran Castresana y el otro portavoz,
pero los dos se juntaron.

Me parecen más graves las críticas al señor Gordillo, y que conste que
comprendo que siendo todo indomable en un principio, a dos los hayan
domado por el nombramiento que usted hace del señor Fungairiño, que
parece que ya está domado, y a los otros se les siga poniendo la sanción
porque parece que siguen siendo indomables. Comprendo que esos otros dos
indomables critiquen, pero además lo hacen a título personal y a lo mejor
incluso, como decía el señor Belloch, dentro de la carrera fiscal hay que
tener cuidado en cómo se dice, como lo dice el señor de Toledo, porque a
lo mejor en la calle pueden decir que por un Código Penal salen a los
cuatro días, o que un juez pone a la gente en la puerta de la calle y,
sin embargo, no lo podemos decir en un ámbito parlamentario ni en un
ámbito de Fiscalía, porque no es verdad.

Que a usted le sentó mal, está claro; pero no me venga usted a decir con
esa vocecita: dígales algo, que se han portado mal. (Risas.) ¡Hombre! No
está usted hablando con un confidente, sino con el inspector de la
Fiscalía, al que le transmite órdenes, no confidencias. Usted le dice:
transmítales al menos que se han portado mal. ¿Se va a callar el
inspector jefe? Dirá: que os he librado de la sanción, que no he puesto
el expediente, pero me han dicho que os ponga firmes, y los otros dicen:
¿Qué nos va a poner firmes? Sí, señor, en uso de su derecho. Que usted no
tenga conciencia de haber invadido, tampoco me extraña, porque aquí
parece que la libertad de expresión es eso. ¿Qué a usted le sienta mal
que digan que no es fiscal? ¿Cómo no van a saber los fiscales que lleva
usted 34 años? Pero usted ha propuesto a Fungairiño con los votos en
contra de todo el Consejo Fiscal, con cero votos en cuanto a poderle
ascender a fiscal jefe de Sala, para poderle nombrar luego fiscal de la
Audiencia Nacional, cuando eso no se votaba ya allí porque habían
decidido cero votos. Usted dice: vamos a tantear, que se vote en el
Consejo Fiscal para ver qué opinan para la Audiencia Nacional, y también
sale cero votos. Usted se lo propone a la ministra y le nombra, ¿cómo le
van a ver como representante de la Fiscalía si le han dado cero votos en
el Consejo Fiscal? Deben pensar que puede más el poder del Gobierno que
la voz de la Fiscalía.

Yo creo que eso es lo que de verdad hay detrás de todo esto. A usted a lo
mejor no le gusta ser del Gobierno, pero lo aparenta. Yo comprendo que
usted ha sido más tiempo fiscal que del Gobierno, pero es que al Gobierno
no se llega con toda posibilidad, hay muchos fiscales que no van a llegar
nunca, pero usted que ha llegado resulta que lo ha interpretado mal, y
creo que se ha apuntado más a ser del Gobierno y de la ministra, por
mucho que le suene a chiste. Y aunque se diga que vigilar estos
comportamientos es porque España va muy bien, porque no tenemos otra cosa
que hacer, la invasión en los derechos democráticos y en las libertades
es lo que peor puede ir para España y nos parece que en este momento hay
una gran invasión en los derechos y en las libertades, y estaremos
dispuestos a denunciarlo por mucho que le cause risa al señor Ollero,
porque creemos que representamos valores mucho más importantes que el
saber si le gustan o no al señor fiscal las críticas que le hacen.




El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Simplemente para decir que la segunda
intervención me ha parecido incluso menos ajustada, digámoslo así, a lo
que yo entiendo que debe ser. Quizá es que tenemos una interpretación
diferente usted y yo de lo que es la libertad de expresión. A mí hay
muchas críticas que no me gustan, pero si las personas las hacen dentro
de la libertad que tienen para hacerlas, me tengo que aguantar. Quiero
decir con ello que si realmente estaban legitimados para emitir unas
manifestaciones, y al parecer lo estaban, yo comprendo, y a lo mejor
hasta le doy el pésame, que le sentarán mal, pero creo que no es como
para iniciar ningún tipo de conversación, confidencia o demás
actuaciones.

Me ha parecido que en la segunda intervención su actuación ha sido, desde
nuestro punto de vista, menos acorde con lo que tenía que haber sido, y
desde luego lo lamentamos profundamente.




El señor PRESIDENTE: Señor fiscal. (El señor Belloch Julbe pide la
palabra.)
Perdón, no le había visto.




EL señor BELLOCH JULBE: Muy brevemente.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Si hay turno de réplica entiendo que
debe ser generalizado, no excepcional y discriminatorio.




El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, no ha administrado la Presidencia
ningún tipo de limitación en este breve turno de los grupos; lo que
parece también lógico es que, sin poner con ello en tela de juicio la
atención de S. S., no parece razonable que se produzca por arrastre,
porque yo he mirado a ver si alguna de SS. SS. hacía algún gesto y he
visto la complacencia en el silencio, al menos de los que estaban en la
dirección más recta desde donde la Presidencia se encuentra.

Si S. S. quiere tomar la palabra, la tiene, como siempre que la pide en
esta Comisión.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente, pero
sólo faltaría que cuando estaban hablando otros compañeros este portavoz
hubiera empezado a hacer gestos desaforados, que alguien hubiera podido
interpretar de desatención o de disconformidad con lo que estaban
pronunciando. (Risas.) A mí siempre me verá usted en el mismo tono:
escuchando respetuosamente y pidiéndole a la providencia que me dé cada
día más humildad.




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Ahora bien, es evidente que en este turno tengo que volver a insistir,
señor fiscal, con todo el respeto y con toda la cordialidad. Sigue usted
empeñado en no aclararme si le dijo usted textual y terminológicamente al
señor Zato que hablara con los portavoces, cuyas críticas a usted le
parecían desmesuradas e injustas, y les dijera que les iba a poner
firmes. Yo no quiero saber más que esto, porque éste es el nudo
fundamental de la cuestión, y todos sabemos, por profesionalidad, lo que
significan las palabras y qué interpretación podemos hacer de ellas. Por
tanto, no me gusta esta actitud de carácter oscurantista o ambigua. Yo le
pido, por favor, que me diga simplemente: Y entonces le dije al señor
Zato, inspector jefe, dígales usted a los dos portavoces de asociaciones
que, porque no me gustan sus manifestaciones, que me han producido un
enorme desasosiego o disgusto, les voy a poner firmes.

¿Le dijo usted esto al señor Zato? No quiero saber más.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano, por su
intervención y por su orden siempre.

Señor Belloch.




EL señor BELLOCH JULBE: Muy brevemente. Sólo quiero decir que compartimos
la sensación de la señora Lasagabaster respecto a que en la réplica ha
sido más preocupante que en la intervención inicial, porque ha decidido
exponer con todo detalle lo que usted entiende por la sana crítica,
expresión ésta de la sana crítica que creo que también ha sorprendido a
la diputada Lasagabaster, sin duda por su extrema juventud. En mi
juventud era notable --antes y durante el Gobierno Arias Navarro ésa era
la forma de definir al ejercicio de la crítica-- y se distinguía entre la
sana crítica y la no crítica sana. Ese segundo aspecto normalmente te
llevaba a prisión pero, en definitiva, es un concepto que ya sonaba a
camp en mi juventud. Comprendo, pues, que algún diputado o diputada no
pueda comprender el alcance de esa expresión. Usted lo ha explicado con
detalle y, por tanto, la situación es todavía más grave. Usted esta vez
ha decidido emplear que se pasaron un poco. Lo verdaderamente grave,
señor fiscal, es que usted no tiene conciencia en absoluto de haber
actuado mal, eso es lo peor; creo que ése es un pecado especial que es el
que no tiene absolución, cuando uno pierde la conciencia de haber pecado,
pero en fin, de ese tema sabe usted más que yo, señor fiscal.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: A nuestro grupo, señor fiscal general, tampoco
le ha contestado usted si lo que le dijo al señor inspector se lo dijo
con retintín o sin él (Risas.), y para nosotros es un aspecto decisivo
dentro de la altura de este debate. Por tanto, le rogaría que aclare ese
extremo.

No se extrañe si dentro del juego político nos encontramos con que
alguien que abre diligencias por las expresiones de unos fiscales no
viola la Constitución y usted que hace un comentario con un presunto
colaborador, sí. No se preocupe porque el juego aquí llega hasta ahí.

El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Señor
presidente, con la venia.

Contestando a la diputada señora Almeida, le diré que tiene una cierta
obsesión con el tema de Fungairiño, que no tuvo ningún voto y que le
propuse y le nombré. Mire, señora Almeida, pocos años antes se había
producido algo mucho más grave, porque eran dos candidatos, los dos muy
cualificados; uno no obtuvo ningún voto, el otro obtuvo diez. ¿Sabe a
quién propusieron? Al que obtuvo cero votos. Ya existe un precedente
mucho más grave que el que usted menciona. Creo que con eso sobran
comentarios.

Señora Lasagabaster, es muy difícil, a priori, establecer la línea
divisoria; hay que ver caso por caso. A mí, en este caso concreto, me
parecía que iba un poco más allá de lo que es razonable. Vamos a quitar
eso de la sana crítica, que a algún portavoz le rememora tiempos pasados;
razonable. Hay que ver caso por caso y no le voy a decir yo hasta ahí es
razonable y hasta ahí no. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional a propósito de la libertad de expresión cuando entra en
colisión con otros derechos u otras libertades? Ha dado preferencia,
normalmente, a la libertad de expresión, pero no ha dejado de considerar
que hay que ver cada caso, cada circunstancia concreta, porque las
libertades en ningún caso son absolutas. Me ha parecido que en este caso
trazar una línea divisoria, y más en este orden de cosas...; desconozco
si hay jurisprudencia. Se cita alguna jurisprudencia o alguna resolución
del Consejo General del Poder Judicial que podría ser aplicable al caso,
incluso reciente. Un juez se permitió hablar y decir de la justicia que
era lacaya, genuflexa, etcétera, y del Consejo General del Poder Judicial
dijo: entra dentro de la libertad de expresión. Bien, es un ejemplo
reciente. Sin embargo, no es exactamente lo mismo, porque el juez en
cuestión no mentaba ninguna persona, hablaba de la justicia. Aquí se
mienta expresamente a doña Margarita Mariscal de Gante, ministra de
Justicia, y al fiscal general del Estado, Cardenal; alguna diferencia
hay.

En cuanto al señor Castellano, dice que se queda satisfecho con que le
diga si les dije: póngales firmes. No recuerdo que dijera estas palabras
pero, en todo caso, el tono no era ése de póngales usted firmes, cuando
habitualmente se utiliza este término casi con un sentido militar; no, en
absoluto. Que les llamara la atención, que les dijera algo, bien, pero
emplear esta expresión no lo recuerdo. En todo caso, el tono no era ése
ni lo fue nunca.

Por lo que se refiere a don Juan Alberto Belloch, es verdad que la
expresión de sana crítica rememora épocas pasadas, pero no tiene ese
sentido. Es un poco crítica a lo que se considera razonable, que era la
expresión que yo utilizaba contestando a la pregunta de la señora
Lasagabaster.

Por fin, respondiendo a la pregunta de don Andrés Ollero, portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, no hubo retintín. ¿Qué le dijo? Ya he dicho
lo que le dijo, pero sin retintín.

Nada más, señor presidente.




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--CRITERIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN RELACION CON LAS
ACTUACIONES DE LA FISCALIA RELATIVAS A LA PERSECUCION DE POSIBLES DELITOS
DE GENOCIDIO, TERRORISMO Y OTROS COMETIDOS EN EL EXTRANJERO QUE VULNEREN
LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE PERSONAS Y ASOCIACIONES DE
NACIONALIDAD ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 212/001204).




El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta iniciativa, tal como
anunciaba al comienzo de la sesión, vamos a abordar lo que constituye el
segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del propio señor
fiscal general del Estado, a petición del Grupo Popular, para que
explique los criterios de la Fiscalía General del Estado en relación a
las actuaciones de la Fiscalía, relativas a la persecución de posibles
delitos de genocidio, terrorismo y otros cometidos en el extranjero, que
vulneren los derechos y libertades fundamentales de personas y
asociaciones de nacionalidad española.

Señor fiscal general del Estado.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Con la venia.

Una vez más tengo que decir, señor presidente y señores diputados, como
en ocasiones anteriores, que es un motivo de especial satisfacción el que
pidan esta comparecencia del fiscal general del Estado que, muy
complacido y muy honrado, comparece para hablar de estos temas que son
objeto de la comparecencia, como lo vamos a hacer ahora, en relación con
este otro tema, es decir, con la persecución o con los criterios de la
Fiscalía General del Estado en relación con la persecución de posibles
delitos de genocidio, terrorismo y otros cometidos en el extranjero que
vulneren los derechos y libertades fundamentales de personas y
asociaciones de nacionalidad española. (El señor vicepresidente,
Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.) No me voy a extender demasiado
en esta exposición, pues creo que la postura del fiscal general del
Estado y del ministerio fiscal se puede explicitar con breves palabras,
sin perjuicio de que, posteriormente, como siempre, quede a plena
disposición de SS. SS. para hacer cuantas aclaraciones o explicaciones
reclamen y esté en mi mano hacer.

Como es notorio, existen dos procedimientos penales abiertos en sendos
juzgados centrales de instrucción, que versan, respectivamente, sobre los
crímenes perpetrados en las naciones de Argentina y Chile, con motivo de
los golpes de Estado llevados a cabo por militares. Los procedimientos se
abrieron en virtud de denuncias y están en fase de instrucción. Pues
bien, aunque se trata de un asunto que está sometido en la actualidad al
criterio de la autoridad judicial, entiendo que no existe obstáculo
alguno legal para informar a SS. SS. que el ministerio fiscal considera
en principio que la jurisdicción española, con arreglo a la legislación
vigente, constituida básicamente por el artículo 23 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, sin perjuicio de los tratados internacionales
aplicables, carece de jurisdicción para perseguir tales hechos. La
nacionalidad de las víctimas es un dato que la legislación no toma en
consideración para afirmar o negar esa jurisdicción. Este criterio del
ministerio fiscal se ha formado tras recabar el informe de la Junta de
fiscales de Sala, que mayoritariamente se ha pronunciado en tal sentido,
coincidente, por otra parte, con un dictamen elaborado en el seno de la
Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

No creo que sea este el momento de desgranar los razonamientos jurídicos
que sirven de basamento a esa posición procesal del fiscal. El debate
debe realizarse en el seno de los procedimientos abiertos, donde el
fiscal hará valer esos argumentos sin perjuicio de reconocer, esto es
obvio, que la decisión definitiva corresponde a los tribunales, y a ese
criterio habrá de atenerse. Entiendo que no era intención del grupo que
reclamó mi comparecencia entrar a debatir en este foro una cuestión que
han de resolver los tribunales y no el poder legislativo; por ese motivo
entiendo que debo eludir ahora entrar en esas cuestiones jurídicas. Sí
debe quedar bien claro y nítido que esa posición del ministerio fiscal
obedece, exclusivamente, a razones de tipo técnico-jurídico, y en ella no
influyen, en modo alguno, otras motivaciones que son ajenas a los
principios de legalidad e imparcialidad a los que se debe el fiscal.

Igualmente debe quedar bien claro y nítido que negar la competencia de la
jurisdicción española para enjuiciar penalmente esos hechos,
tremendamente reprobables, es perfectamente compatible con la repulsa que
como fiscal general del Estado me merecen los crímenes cometidos en esas
naciones hermanas bajo las dictaduras militares que padecieron y que
nunca he dudado en condenar, como no tengo inconveniente en proclamarlo
de nuevo. En ningún momento he justificado ni intentaré justificar unos
crímenes que son injustificables, que no merecen disculpa alguna, y que
representan un atentado hacia derechos básicos de las personas. Pero, al
igual que otros graves atentados contra los derechos humanos,
constitutivos también de graves crímenes contra las personas, no son
perseguibles por nuestros tribunales, el fiscal entiende que tampoco
éstos lo son con arreglo a nuestra legislación. Si alguien ha
interpretado algunas de mis manifestaciones públicas, por la posición
procesal del ministerio fiscal, en alguna medida en clave de minusvalorar
la gravedad de esos crímenes, las ha interpretado mal, pues nunca ha sido
ése mi pensamiento, como expondré a continuación.

Para el debate en la Junta de Fiscales de Sala se aportó diversa
documentación, y entre ella un informe sobre esta cuestión, elaborado por
el excelentísimo señor fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Si algo en
ese informe pudiese ser entendido o interpretado en un sentido distinto
al que se deriva de mis palabras anteriores y de mi rotunda condena de
los atentados contra las libertades y derechos humanos llevados a cabo
bajo esas dictaduras, desde luego que no lo comparto, sin perjuicio de
coincidir con la tesis jurídica de la incompetencia de la jurisdicción
española. En todo caso, pienso que no respondería plenamente a la razón
de esta comparecencia si no explicitase mi informe, en el que doy



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explicación del sentido que debe darse al párrafo de la nota de don
Eduardo Fungairiño sobre las dictaduras militares de Argentina y Chile.

En relación con la persecución en España de posibles delitos de
genocidio, terrorismo y otros cometidos en el extranjero, que vulneren
derechos y libertades fundamentales de sujetos jurídicos de nacionalidad
española, el fiscal general no sustenta ni podría sustentar otros
criterios que los contenidos en las normas legales aplicables,
sustancialmente --como acabo de decirles-- en el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. No me parece que la finalidad de esta
comparecencia sea tratar de las normas aplicables --ya lo hemos dicho-- a
este asunto, con una exposición técnico-jurídica exhaustiva. Me parece
que mi intervención ha de moverse en el plano que corresponde a la
justicia y a la necesidad de dar, meridianamente clara, una actitud de
fondo de este fiscal general del Estado en relación con ciertos crímenes
y respecto de la norma fundamental del Estado. Saben bien SS. SS. que
toda labor de aplicación de la legalidad comporta interpretación de las
normas, y el resultado de la interpretación, con su exposición previa,
puede parecer mejor o peor o, con otras palabras, es susceptible de mayor
o menor crítica en cuanto a la forma, es decir, al modo de expresar la
ratio jurídica, y en cuanto al fondo, es decir, en cuanto a lo que
resuelve o, en nuestro caso, el de los fiscales, se dictamina. Ningún ser
humano con experiencia y un mínimo de sensatez pretenderá que su trabajo
es perfecto y que toda crítica que se le dirija es errónea. Este fiscal
general del Estado se guardará, por tanto, de pretender que son
perfectos, y por consiguiente inmejorables, tanto la nota sobre la
jurisdicción de los tribunales españoles, de 2 de octubre de 1997,
elaborada, como decíamos antes, por el excelentísimo señor fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, como el informe sobre el presunto apoyo a la
actuación de la Junta Militar respecto de la citada nota, hecho por mí.

Pero lo que sí puede pretender este fiscal general del Estado, con la
tranquila conciencia de quien dice toda la verdad, es afirmar ante SS.

SS. tres puntos que, con carácter general, expresan otras tantas
convicciones mías.

Primero. El fiscal general del Estado no abriga la menor comprensión ni
el más pequeño ápice de indulgencia respecto de los delitos de genocidio,
de terrorismo o cualesquiera otros que menoscaben o lesionen los derechos
humanos, los derechos fundamentales, cualesquiera que sea el lugar en que
se cometan y la nacionalidad de las víctimas.

Segundo. El fiscal general del Estado no ha tenido ni tiene ni tendrá la
menor inclinación a fomentar o tolerar que criterios no jurídicos de
cualquier naturaleza tuerzan la interpretación jurídica, de manera que
queden en la impunidad cualesquiera delitos, y mucho más los
especialmente reprobados que nos ocupan. Y a la inversa, quien tiene el
honor de dirigirse a SS. SS. no siente inclinación alguna a tergiversar
cualquier elemento jurídico con el fin de que se sancione lo que en
general no sea punible, o lo que, en un caso concreto, esté amparado por
la presunción de inocencia en todos sus aspectos.

Tercero. Este fiscal general del Estado nunca ha abrigado, ni en su ya
dilatado ejercicio profesional como miembro del ministerio fiscal, ni en
el desempeño de su cargo actual, la menor reserva hacia la vigente
Constitución española. Decir o insinuar lo contrario carece de toda
justificación y constituye para quien les habla una injusta, infundada y
muy grave y malintencionada difamación. La rechazo como carente de todo
fundamento racional y justo.

Permítanme SS. SS. que glose, con brevedad, estos tres puntos. El
genocidio es el fruto de una de las mayores aberraciones intelectuales y
morales que pueden imaginarse. El terrorismo es, para este fiscal general
del Estado, una primerísima preocupación de intensidad y constancia
máximas, y abomino terminantemente de los denominados crímenes de Estado.

Uno de los más nefastos extravíos de la política es, a mi parecer, el
intento de justificar o excusar de alguna manera los delitos
pretendidamente cometidos por la llamada razón de Estado o en pretendido
interés o beneficio del Estado y de la sociedad. Señorías, no creo que el
fin justifique los medios. Por añadidura, este fiscal general del Estado
no considera que exista justificación alguna para que intereses y
conveniencias económicas o políticas, por grandes o enormes que parezcan,
interfieran la labor de aplicación e interpretación del Derecho. Este
fiscal general del Estado ha creído siempre y sigue creyendo que la
adhesión al Estado de Derecho, con todos sus principios y garantías, es
radicalmente incompatible con pretendidas razones de Estado y presuntos
imperativos políticos. Para este fiscal general del Estado, porque cree
firmemente en que su cometido es servir a la legalidad, no tiene
justificación alguna plegarse, en la aplicación de la ley o en el uso de
sus atribuciones legales, a ningún criterio de oportunidad política,
económica o social. Servir a la legalidad es desentrañar los criterios de
oportunidad que la ley puede encerrar, pero sin inventarse ni uno solo.

Al impulsar la acción de la justicia, lo mismo que al juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, el fiscal, como el juez, no debe sustituir al
legislador, aunque desde luego nunca sea un servidor ciego de la norma ni
una fría y automática voz de la ley. La labor de dictamen y de
enjuiciamiento con arreglo a la ley es creadora, pero nunca suplantadora
de la ley o tergiversadora de su contenido.

En cuanto al tercer punto, quiero decir a SS. SS. que ciertamente este
fiscal general del Estado puede desempeñar su cargo de manera que no
merezca el parecer favorable de sus señorías. Que cualquiera de SS. SS.

discrepe y se pronuncie congruentemente es algo normal y aceptado de
antemano por mí de buen grado. Saben SS. SS. que nunca dejaré de atender,
con el máximo y más sincero interés, cualquier crítica, y no quisiera,
tras tantos años de trabajo promoviendo la acción de la justicia, rehuir
ninguna responsabilidad. Sin embargo, que a base de la discrepancia sobre
el mayor o menor acierto de un par de frases se afirme mi alergia ala
Constitución o se diga que me resisto a aceptar o a acatar sus principios
y normas, me causa --lo digo con el mayor respeto personal a todos-- gran
extrañeza y pesar, porque tengo a la Constitución vigente como norma
primera y fundamental y porque la crítica y la censura, esencia de la
democracia y emanación de las libertades de pensamiento y de expresión,
se corrompen



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cuando son manifiestamente infundadas y buscan a toda costa la
descalificación personal.

Sentado todo lo anterior, y congruentemente con las convicciones que
acabo de expresar, quiero manifestar a SS. SS. que mi informe sobre el
sentido de la nota del excelentísimo señor fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, señor Fungairiño, no es, ni ha pretendido ser, un exhaustivo
estudio jurídico, y menos aún histórico-político, del problema de la
jurisdicción de los tribunales españoles sobre ciertos crímenes de Estado
cometidos en la República Argentina. Mi informe es exactamente lo que
acabo de decir, lo que entiendo que es el verdadero sentido de dicha nota
y cómo esa nota, salvo extraer o aislar violentamente una frase de su
claro contexto, no debe y no puede en modo alguno entenderse como
justificación de unos crímenes de Estado o como apoyo, comprensión o
disculpa hacia quienes los cometieron.

Señorías, que una frase no merezca la complacencia general, o que sea
menos afortunada o desafortunada --así lo pensé y lo dije en su
momento--, no significa que su autor comprenda, disculpe o apoye las
dictaduras o que su pensamiento sea autoritario o fascista. La referencia
al inicio de las actuaciones represoras de las fuerzas armadas argentinas
pudo no ser afortunada, pero en toda la nota del señor Fungairiño, y en
el texto inmediatamente posterior a la aludida frase, está claro como la
luz del sol que los crímenes fueron crímenes y que no cabe excusa alguna
para la funesta actuación de los militares. Ese era y es el pensamiento
del señor Fungairiño y es también el mío.

En cualquier caso, y para despejar todas las dudas que puedan albergarse
al respecto, quiero manifestar a SS. SS. lo siguiente. Primero, que este
fiscal general del Estado no siente ni ha sentido nunca la menor simpatía
hacia los regímenes dictatoriales, ni hacia los de Chile y Argentina ni
hacia ningún otro, sino que, por el contrario, rechazo con toda firmeza
cualquier forma de organización política que no se base en el
reconocimiento de los valores democráticos y en el respeto y protección
de los derechos humanos.

Segundo, que rechazo, y he rechazado siempre de la manera más
contundente, la actuación de las fuerzas armadas argentinas y chilenas
durante los períodos de dictadura militar y, especialmente, los horrendos
crímenes a que se refieren los informes cuya explicación constituye el
objeto de esta comparecencia.

Tercero, que considero que la actuación de los militares argentinos y
chilenos constituyó un directo e injustificable ataque contra el orden
constitucional de sus respectivos países, mediante la implantación de
regímenes políticos dictatoriales que suprimieron ilegítimamente las
instituciones democráticas e instauraron una forma de ejercicio del poder
basada en el terror y en el más absoluto desprecio a los derechos
humanos.

Cuarto, que con independencia de cuáles fueran las razones que los
militares golpistas adujeran para tratar de justificar su injustificable
proceder, lo cierto es que en ningún momento la actuación de las fuerzas
armadas argentinas y chilenas estuvo amparada por la legalidad. En
particular, esa actuación no podía ampararse en disposiciones sobre
estados excepcionales que son normales en un Estado democrático. Las
disposiciones sobre estados excepcionales están dirigidas precisamente a
proteger la democracia en situaciones especialmente delicadas y, por
tanto, nunca pueden amparar ni los golpes de Estado militares, que lejos
de proteger la democracia lo que hacen es eliminarla, ni la violación
sistemática y masiva de los derechos humanos, en la medida en que el
respeto a los derechos humanos constituye la base misma sobre la que se
construye la democracia.

Quinto, creo que ninguno de los informes cuya explicación motiva esta
comparecencia contiene frases o expresiones que contradigan lo que acabo
de exponer. No obstante, si alguno de los pasajes de esos informes
pudiera entenderse en sentido distinto a lo que he manifestado en esta
comparecencia, entiéndanlos SS. SS. rectificados a tenor de lo que en
este momento he afirmado. Tengan SS. SS. la seguridad de que si tanto el
señor Fungairiño, como yo mismo, hemos podido incurrir en alguna
deficiencia de expresión, nuestro pensamiento es, y ha sido siempre, el
que he resumido en los puntos anteriores.

Quiero finalmente subrayar que las consideraciones que acabo de efectuar
son independientes de la cuestión sobre la jurisdicción de los tribunales
españoles en un determinado caso, como he dicho ya al comienzo de esta
actuación. Nadie ha dudado nunca del terrorismo de Estado practicado en
Chile y Argentina, pero la determinación de la competencia de los
tribunales españoles para enjuiciar tan reprobables hechos es una
cuestión estrictamente jurídica que ha de resolverse mediante la
interpretación y aplicación de los preceptos legales vigentes, que
determinan el alcance de la competencia internacional de nuestros
tribunales, como ya mencioné al comienzo de esta intervención.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): La práctica habitual sería
dar en estos momentos la palabra al portavoz del Grupo Popular, pero ha
renunciado al uso de la misma ahora --si no he entendido mal al señor
portavoz--, interviniendo en el turno de grupos posteriormente.

¿Grupos que desean intervenir en este momento? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, la diputada señora Almeida tiene la palabra.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor fiscal general del
Estado.

La verdad es que si le tuviéramos que decir algo, más cuando esta
comparecencia se ha hecho a petición del Grupo Popular --antes podría
parecerle que estábamos de chismes--, debo manifestar que después de
escucharle me ha dado un poco pena. Me ha parecido que le han traído aquí
para que nos diga que es usted un demócrata, para que nos tenga que leer
su confesión democrática por escrito, para que venga a decirnos que está
en contra de algunas cosas. La verdad, me ha dado un poco pena porque es
como ponerlo en duda, es como decir: le vamos a traer aquí para que lo
diga. Nuestro grupo ha presentado una proposición precisamente para que
venga a explicarlo cuando sea citado, para que nos hable y para que todos
participemos



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un poco de ese sentido. Esta comparecencia, a petición del Grupo Popular,
me ha parecido un examen de democracia del fiscal general del Estado y a
mí me ha dado pena. Lo quiero decir así porque nosotros no le habríamos
traído.

Usted recordará que dos diputados de nuestro grupo, la que está en el uso
de la palabra y Joan Saura, le escribimos una carta preocupados por el
documento del señor Fungairiño. En ella le pedíamos que usted, en uso de
sus facultades, cesara al señor Fungairiño. Lo hacíamos en base a las
razones del escrito que había formulado. Usted nos remitió un informe.

Cuando lo recibimos nos quedamos peor todavía de lo que estábamos, porque
en su informe encontramos absolutas atrocidades que nosotros no
compartimos ni como demócratas ni como juristas. Quizá lo de juristas es
lo menos importante, pero como demócratas, que es de lo que se trata
ahora, no lo compartíamos y nos parecía gravísimo que eso nos viniera por
escrito desde la Fiscalía General del Estado y que, además, se aplicara a
un hecho.

Aquí podríamos hacer un debate de competencias; eso lo puedo hacer como
jurista, pero no aquí. Aunque usted tenga razón en si es competente o no,
no es el trámite del señor Fungairiño diciendo las cosas que dice y,
sobre todo, esto requiere una explicación política porque no son
solamente jurídicas las opciones. La Fiscalía ha actuado en contradicción
en estos casos, ha apoyado la investigación hasta un determinado momento;
un determinado momento que creo que obedece a presiones políticas y no a
que le haya venido la revelación divina jurídica. Por eso estamos
preocupados.

Por supuesto que los militares no son una banda terrorista organizada;
solamente cuando dejan de ser militares al servicio de la soberanía
nacional y al servicio de los ciudadanos se pueden convertir en unos
delincuentes armados y armados hasta los dientes. Eso pudo pasar en
Argentina al coger a los ciudadanos y tirarlos desde los aviones, o a la
propia presidenta que los tenía bajo sus órdenes. Es decir, que no me voy
a meter en la discusión de lo que entienden por subvertir el orden de
forma definitiva o de forma temporal; definitiva es hasta que los deje la
lucha democrática, porque si no a lo mejor estarían de forma definitiva.

Pero lo que sí es cierto es que en este caso la actitud de la Fiscalía ha
sido dilatada y contradictoria y, además, la suya propia, porque cuando
se hace la investigación, y se requiere el inicio de estas actuaciones
hay un primer informe de la Fiscalía contrario a la competencia de los
tribunales en el año 1996; pero después, cuando el propio juez asume la
competencia, la Fiscalía, precisamente por la crítica que se hace, no
recurre y la admite. Incluso usted en la memoria de la Fiscalía --no sé
si lo recuerda--, en la página 306, donde se hace un informe sobre los
casos que se siguen, uno de los asuntos penales que merecen destacarse
precisamente es la persecución de los asuntos en Chile, y dice: también,
tras dictamen favorable de la Fiscalía, se inició la instrucción de
diligencias previas 142/1996 contra el general Augusto Pinochet y otros
por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura habida
desde 1973. Es decir, este asunto lo saca usted como un mérito para
darnos cuenta los españoles de las cosas a destacar en su memoria y nos
dice que se está siguiendo con ese informe.

La verdad es que no ha sido apoyada esta acción por mucha gente. Pero de
repente se produce un cambio y aparece el informe del señor Fungairiño.

Yo no es que tenga manía al señor Fungairiño, he trabajado con él también
en la Audiencia Nacional, pero cuando se trata de una crítica política no
es una cuestión de amistad. Yo también le tengo a usted respeto como
fiscal. Sin embargo, tengo que hacer, como se dice vulgarmente, una
crítica sana, razonable y respetuosa, pero no por ello menos crítica,
para decirle lo que no comparto. Precisamente después de que vienen aquí
determinados militares, que ocurren casos políticos también importantes,
que el señor Fungairiño va a comer con el embajador de Chile, que viene
además alguno a declarar, que creo que usted mismo se va a comer con el
embajador de Chile (no voy a hacer de investigadora, pero creo que lo ha
comentado usted), alguna duda tendremos. No me importa con quién come,
pero cuando viene el jefe de las SIDE aquí, cuando viene el señor Hugo
Anzorregui (lo siento, señor Ollero, pero sale en toda la prensa que al
parecer esos servicios apoyan la campaña del PP), cuando ocurren este
montón de cosas y cambia el criterio de la Fiscalía, al menos alguna duda
nos queda.

Cuando se ponen por escrito determinadas dudas nos preocupa, aunque usted
ha hecho hoy esa confesión de respeto democrático. Vamos a tomarla del
acta de la sesión porque nos parece increíblemente buena y la vamos a
tener para los anales de la historia de la democracia. Eso no lo tenía
que haber hecho usted aquí, sino que debería estar reflejado en los
documentos anteriores, en unos documentos que han tenido los errores
suficientes para que no nos quede tan claro su apoyo democrático.

Es verdad que nos sentimos tranquilos aquí porque figuran esos valores
por escrito, pero lo que sí le digo es que no son los que hay y que el
señor Fungairiño tuvo una actuación puramente política y, además,
contraria a derechos humanos importantes, vulnerando la ansiedad
democrática de este país, que también se debe reflejar en que se persigan
las acciones cometidas contra los españoles, como por ejemplo la cantidad
de niños que todavía viven secuestrados y de los que no se habla nunca
por el señor Fungairiño.

Creemos que el no seguir con el asunto puede ser una cuestión de
competencia, pero el justificarlo, como se ha hecho, no es democrático y
por eso pedimos que cesara al fiscal. Cuando recibimos su carta nos
dirigimos a la ministra para que le cesara a usted, pero ya no sé a quién
tendremos que escribir. Yo de esta comparecencia no escribiría nada
porque me quiero dar por satisfecha de la confesión democrática que ha
hecho aquí. Me parecería feo mostrar incredulidad, pero le digo que a mí
me preocupan más los hechos que se reflejan respecto a la sociedad que
los que se vienen a decir, al traerle el Grupo Popular aquí para hacer
confesión democrática de lo que ha quedado en duda a través de sus
documentos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Insisto en que no es una valoración democrática lo que usted ha hecho y
creo que hay una intervención política



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que no se refleja tanto por la actuación legal, sino por el apoyo a lo
que usted parece que no quiere reconocer, que es atender más a ser fiscal
del Gobierno que de la democracia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: También agradezco al fiscal general su
comparecencia en esta Casa, aunque tardía ciertamente, para hacer esa
explicación y esa declaración, como decía mi compañera Almeida, tan
profusa y tan completa de apoyo a la democracia.




El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, perdone que interrumpa un
momento.

Sólo quisiera para mayor ilustración, creo que siempre es bueno, en
función de lo que S. S. indicaba, recordarle que el fiscal general del
Estado carece de la posibilidad de solicitar la comparecencia.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Conozco el reglamento, señor Presidente.

De todas maneras también se pueden articular --iba a decirlo
posteriormente, pero ya que usted ha hecho alusión lo digo ahora--, como
se ha hecho en este momento, posibilidades para que en temas de
trascendencia y de relevancia social --y éste creo que es uno de estos
temas-- el fiscal general pueda venir a explicar lo que considere
oportuno. Sin ir más lejos, también presenté una solicitud de
comparecencia en su momento tras la aparición en la prensa del informe o
carta escrita del señor Cardenal, en la que indicaba que podría ser
factible su comparecencia. Conozco el reglamento, pero tal y como ha
sucedido hoy podía haber sucedido anteriormente si el señor fiscal
general hubiera tenido el deseo de venir a explicar al parecer alguna
cuestión errónea.




El señor PRESIDENTE: La Presidencia no quiere establecer --ya lo sabe S.

S.-- ninguna polémica con ninguno de los miembros de la Comisión y mucho
menos con S. S.; ni quiere ni puede. Como en alguna ocasión se ha
comentado por algún portavoz, e incluso creo que por el anterior fiscal
general del Estado, la posibilidad de comparecer el fiscal a iniciativa
de él mismo, por apurar ese debate me he permitido hacerle ese puro
recordatorio.

Continúe S. S. en el uso de la palabra.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: El señor Ollero me decía que lo hubiera
pedido yo. Tengo que decirle que ciertamente lo pedí y curiosamente no
fue admitido a trámite por la Mesa de la Cámara. O sea que esfuerzos hice
para que tuviéramos esta explicación.

En cualquier caso, yendo al fondo del asunto, quiero señalar que no se
trata en este debate de determinar si los tribunales españoles tienen o
no competencia para el conocimiento de determinados asuntos. Creo que no
es el objeto de esta comparecencia, ni debiera serlo, porque responde a
una cuestión técnica y en la cual no tenemos competencia. Doctores tiene
la santa madre Iglesia y probablemente el Derecho, como todo, es
interpretable. Pero ciertamente no es tampoco desdeñable que el tema del
genocidio y de las múltiples violaciones acaecidas en esos dos países
tiene una trascendencia muy importante en el Estado español. Ha sido
recordado en la sociedad a través de múltiples organizaciones. Debo
señalar también que esto fue objeto de una resolución en el Parlamento
vasco en mayo de este año, en la que se solicitaba al Gobierno del Estado
que prestase todo el apoyo diplomático y todo el apoyo que pudiera para
tratar de conseguir el esclarecimiento y posterior cumplimiento de las
responsabilidades que fuesen determinadas. Es decir, que hay respecto de
esta cuestión un interés manifiesto, una gran preocupación por cuanto que
hacemos referencia a delitos, como nos ha señalado el fiscal general, de
terrible magnitud en cuanto a las violaciones de derechos humanos.

Además, creo que es justo reseñar que en las dos últimas comparecencias
que usted ha realizado en esta Cámara, una de las cuestiones
reiteradamente presentadas en este foro por algún compañero, en concreto
por el señor Castellano, era este tema; es decir, sabía que había un gran
interés --y que lo respaldábamos una serie de compañeros-- por parte de
los representantes de los ciudadanos, por parte de la sociedad en general
y por parte de muchos colectivos en que, respetando la competencia,
respetando el ordenamiento jurídico, se hiciera todo aquello que
estuviera en la mano de los tribunales, todo aquello que estuviera en la
mano del Gobierno en cuanto a la vía diplomática y, por supuesto, todo
aquello que estuviese en nuestra mano, dentro de nuestras competencias,
para esclarecer y establecer las responsabilidades pertinentes.

Dicho todo ello, quiero centrarme en lo que es el objeto de la
comparecencia, en cuanto a las manifestaciones efectuadas en un escrito
por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, señor Fungairiño, y
posteriormente ratificadas por su persona, también en escrito y, además,
con una serie de adiciones que realmente nos preocuparon y nos siguen
preocupando. Ha señalado usted que quizá ha habido un error, no sé si
llamarlo así, una no correcta interpretación de sus palabras, que hubiera
podido llevar al pensamiento de que usted no comparte, no defiende o que
no está a favor, digámoslo así, de los principios constitucionales. Yo no
voy a señalar el error o la interpretación; simplemente creo que leyendo
tales manifestaciones, tanto las del señor Fungairiño, como las suyas
propias, dicho con el mayor respeto posible respecto a las personas, me
parecen aberrantes. Lo digo sinceramente. Las manifestaciones en sí,
respetando, por supuesto, a las personas que las realizaron, son
aberrantes.

Decía el señor Fungairiño --tengo que leerlo, porque parece que son
cuestiones que han sido erróneas o malinterpretadas--, en cuanto a la
finalidad del exterminio de la disidencia política, que fuera de la
subversión del orden constitucional no cabe olvidar que la junta militar
no pretendía sino la sustitución temporal del orden constitucional,
establecido mediante acta institucional, que tenía por objeto
precisamente subsanar las deficiencias de que ese orden constitucional
adolecía para mantener la paz pública;



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yo no sé qué interpretación hay que darle, pero, desde luego, si leo esto
sé perfectamente que no corresponde a lo que yo pienso de lo que debe
ser, por supuesto, un funcionamiento institucional ni unos supuestos
excepcionales que posteriormente usted señalaba.

No le voy a citar, porque usted la conoce mejor que yo, la carta que
envía a mis dos compañeros del Grupo Mixto, pero realmente hacer una
analogía de la situación ocurrida en aquel momento con el artículo 55.1
de la Constitución creo que no es ni oportuno ni conveniente ni
razonable. Cuando leí sus manifestaciones pensé que alguna cuestión tenía
que haber para que usted las hubiera efectuado, algo tenía que existir en
esa interpretación que yo no conocía. He procedido a leer todo el debate
constitucional del artículo 55.1 Por supuesto, tenía claro que un golpe
de Estado no es amparable ni análogo a un supuesto de estado de excepción
o estado de sitio. Pero si uno lee los debates constitucionales, si lee
cuáles son los objetivos, el principio de proporcionalidad, el principio
de legalidad, llegando a ver cómo determinadas enmiendas prosperan, hasta
aquellas que determinan la necesidad de que incluso en el estado de
excepción los detenidos tengan un abogado, tengan una defensa, realmente
yo no sé qué es lo que quería decir con estas manifestaciones. Lo digo
con toda la sinceridad que puedo.

Por ello, en su momento creímos que a lo mejor --en esta vida todos
cometemos errores-- podría ser un error, pero lamentamos que haya pasado
tanto tiempo sin que tales errores o tales manifestaciones, no
especialmente afortunadas, no hayan sido objeto de una reconducción, como
se ha hecho en este momento. Creo que ésta es una cuestión muy grave, al
menos desde el punto de vista de la formación política de los ciudadanos
a los que represento; hablar de estos temas, en los que pudiera existir
una mínima duda o una mínima posibilidad de malinterpretar qué
actuaciones puedan ser amparadas por un Estado de Derecho o cuáles no
deben ser amparadas por un Estado de Derecho, creo que es una cuestión
vital.

Por eso, admitiéndole que a lo mejor no eran especialmente afortunadas,
admitiéndole las manifestaciones que ha hecho hoy, realmente considero
que tales manifestaciones realizadas al día de hoy debieron haber sido
realizadas mucho antes. En cualquier caso, yo no sé si leo mal, pero lo
que dice es lo que dice. Desde luego, desde nuestro punto de vista, un
golpe de Estado jamás puede ser análogo a los supuestos de excepción que
establece nuestro artículo 55.1 de la Constitución.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor fiscal general del Estado, yo no sé si
abonarme a una posición, digámoslo, más congratulante en este momento de
que nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque hoy se ha hecho en sede
parlamentaria de una manera concreta y, a mi juicio, satisfactoria, me
hubiera gustado que se hubiera hecho también ante la opinión pública esta
aclaración. Hubiera sido también deseable, en su momento, una explicación
in extenso, concreta, muy similar a la que hoy ha hecho el señor fiscal
general del Estado, ejemplar, como bien ha señalado la señora Almeida.

Hubiera sido oportuno, después de aquellas desafortunadas y rechazables
frases o juicios de interpretación que se hicieron en el informe del
fiscal de la Audiencia Nacional señor Fungairiño, y después también de
sus intervenciones, señor fiscal general, por la polvareda escandalosa y
el revuelo que se levantó no solamente en las fuerzas políticas
democráticas españolas, sino también ante la opinión pública.

Dicho esto, paso a hacer las siguientes reflexiones. Señor fiscal general
del Estado, en una democracia formal como es la española, en un Estado de
Derecho, las formalidades rituales tienen un valor intrínseco en sí mismo
y también trascendente; es decir, la propia fórmula de acatamiento a la
Constitución que se exige en nuestro ordenamiento jurídico para los
cargos públicos o de representación (como usted ha hecho, y como hemos
hecho nosotros los parlamentarios, de jurar o prometer el acatamiento a
la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución española como
norma fundamental del Estado) nos obliga a que eso no sea un puro
formulismo verbal, sino a que eso implique una sensibilidad en todos los
órdenes de nuestras respectivas responsabilidades y competencias con
arreglo a los valores fundamentales que están allí. Esto implica
sensibilidad con esos valores.

Por eso, en esa manera de pensar de este diputado, chocaron aquellas
frases del informe del señor Fungairiño. Además, usted ha tenido el
acierto de venir a decir que si hay pasajes que se han prestado a una
interpretación o lectura que pudiera inducir a equívoco, a escándalo, a
rechazo, como ha sido el caso de muchos de nosotros, quedan plenamente
rectificados. Creo que esta vez, ante la tormenta que ha habido, usted ha
tenido la responsabilidad y el sentido común de venir aquí con esa
respuesta por escrito, para no tener lagunas de memoria o para no olvidar
nada, para no tener cualquier otra posición que no sea explícita y
concretamente la redactada, dejando fuera lo que era también obligación
suya de que lo que podía ser una opinión personal no es ni hubiera podido
se nunca una posición procesal del ministerio fiscal para interpretar
casos como éste. Hasta ahí podíamos haber llegado, a que se hubiera
dejado la sombra de la duda de que la posición procesal del ministerio
fiscal, teniendo cualquier fiscal cualquier idea al respecto de sistemas
democráticos, de golpes de Estado, de conculcación o no de derechos
humanos, de valoración del genocidio o del terrorismo de Estado, pudiera
eso transmitirse como doctrina en un sistema democrático. Verdaderamente
pernicioso.

Usted ha traído aquí tres puntos de convicciones democráticas como
declaración de principios. Yo diría que si se cometió alguna falta de
ortografía, como nos aplicaron a algunos en determinados sistemas
pedagógicos, cien veces usted y quinientas el señor Fungairiño, para que
esto verdaderamente calara, tendrían que escribir correcta y
ortodoxamente los valores de sensibilidad democrática consagrados en
nuestra Constitución.

Señor fiscal general del Estado, celebro que a la fecha de hoy usted haya
traído aquí de manera concreta, rotunda



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y explícita esta declaración de principios de sus convicciones --como
usted ha dicho--, lo cual me tranquiliza y me sosiega en la medida en que
declara usted explícitamente que no hay indulgencia con los delitos de
genocidio, terrorismo y de conculcación de derechos humanos; que hay que
establecer unas garantías jurídicas en todos los órdenes para que esto
sea una realidad fáctica en el derecho y en la democracia; que no va a
tolerar criterios supuestamente jurídicos ni extrajurídicos para que
quede en la impunidad cualquiera de las figuras delictivas que en los
códigos penales españoles, en el espíritu de nuestra Constitución o de
cualquier otro orden jurisdiccional se puedan realizar; y que usted nunca
en su ejercicio profesional, público o privado, ha abrigado reservas
sobre nuestra Constitución. Esto es, sencillamente, centrar el problema
en un sistema democrático y cualquiera de las figuras responsables de las
instituciones del Estado, como la que usted representa y nosotros también
como parlamentarios, estamos obligados a cumplir y también a hacer
cumplir la Constitución, no solamente en nuestro ámbito más profesional,
íntimo y estrecho, sino ante quienes tenemos la obligación de ejercer
funciones de control.

Por tanto, me congratulo de su declaración de principios o convicciones y
de que usted pueda decir que si hubo frases que no producían complacencia
(qué duda cabe, ya ha visto usted la que se ha organizado),
desafortunadas y por tanto rechazables, quedan rectificadas porque no
fueron deficiencias de expresión suyas o del señor Fungairiño. Si esto se
hubiera hecho con la meditación con la que posiblemente usted ha
redactado el escrito que hoy nos ha traído aquí, a esta Comisión, y que
ha leído para que no falte ni una coma que pudiera entrar en un matiz de
grises, de solapamientos o de dudas de la sensibilidad de los principios
democráticos, hubiéramos podido evitar el deterioro de una situación que
lamentablemente cae sobre personas muy significativas --sin entrar ahora
en juicios personales de estas cuestiones-- en el ministerio fiscal; es
decir, en usted y en el señor Fungairiño, fundamentalmente en el fiscal
general del Estado como institución y en el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, a los que se ha encomendado por nuestras leyes constitucionales
y su estatuto de velar por el principio de legalidad. Esos juicios dichos
por el portavoz de cualquier entidad política extraparlamentaria no
tendrían mayor trascendencia porque esas personas no tendrían encomendada
la responsabilidad constitucional de velar por el ordenamiento
constitucional y no tendrían, sobre todo, el noble principio de exigencia
de velar por la legalidad. Esto es lo que no puede olvidar nunca un
fiscal y menos los que están ocupando estas posiciones de relieve, cuyas
declaraciones son las que producen, por la magnitud de su reverberación
ante la opinión pública y ante las fuerzas políticas democráticas, las
situaciones de rechazo y de escándalo por esta exigencia de sensibilidad.

Con lo que usted ha dicho quedan rectificadas todas esas llamadas
deficiencias de expresión, muy graves en un sistema democrático, pero si
ésa es la convicción que usted ha expresado en esos tres puntos --y me
basta con su simple y sola escritura por una sola vez-- que quede en el
«Diario de Sesiones» que el sistema democrático español que nos dimos a
través de nuestra Constitución mantiene en todas sus personas e
instituciones los principios de sensibilidad. Este portavoz no quiere
añadir ninguna otra cuestión sino que el ministerio fiscal traslade esta
imagen de seguridad jurídica, de sensibilidad constitucional y de
convicciones democráticas, para que nuestro Estado siga funcionando
perfectamente en ese orden de ideas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor fiscal general del Estado, como nota
incidental quiero hacer constar a la Comisión que ésta es la primera vez
que mi grupo manifiesta su criterio sobre el fondo de este asunto, del
asunto que hoy nos trae, ya que en la sesión de la Diputación Permanente
se debatía --y así lo entendimos-- si procedía o no convocarse un Pleno
extraordinario.

Todo empieza en este asunto con si la justicia española tiene
jurisdicción para conocer de los asesinatos, secuestros y desapariciones
masivas ocurridos en Argentina y en Chile durante los años sesenta, tras
la feroz represión desatada por ambas dictaduras militares, ya que los
jueces Garzón y García-Castellón abrieron en su día diligencias
sumariales, entendiendo que procedían. Lo que debía ser una cuestión
técnico-jurídica, centrada en una interpretación del artículo 23 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, resuelta dentro de los
respectivos procesos ya iniciados, ha pasado a dirimirse en la plaza
pública y no sin culpa por su parte, señor fiscal general del Estado. Lo
que debió ser un trámite procesal, todo lo complejo y debatido que se
quiera, se tuerce al analizarse el problema en la Junta de Fiscales de
Sala donde aparece el documento del señor Fungairiño y, a partir de él,
las connotaciones ideológicas y políticas de la polémica se hacen
evidentes. Se lleva el informe para apoyar la tesis negativa a la
competencia y en él se incluye la famosa frase que hace alusión a la
sustitución temporal del orden constitucional. Es una afirmación
gravísima, creemos, que parece justificar las dictaduras militares y la
suspensión de derechos si es con el pretexto de restaurar la democracia,
y no es así. Es gravísima, aunque en el propio informe, como usted ha
indicado, se hable además con claridad de asesinatos o de secuestros, de
aniquilamiento sistemático de la población o incluso de crímenes. A
nuestro juicio, la frase por sí sola se las trae y permite que una piense
que en algunos casos se apoya y se justifican las dictaduras.

En respuesta a la carta que le dirigen los diputados, señora Almeida y
señor Saura, elabora usted un informe explicativo que gozó de amplísima
difusión. En ese informe usted apoya al señor Fungairiño y complica la
cuestión --centro mi atención a este respecto-- en el singular
paralelismo que se sostiene entre el derecho de excepción español y las
medidas tomadas por la Junta Militar argentina para subsanar las
deficiencias del orden constitucional de este país. Parece una obviedad
recordar a este respecto que la declaración constitucional de una
situación de excepción no puede implicar ruptura del Estado de Derecho,



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sino más bien lo contrario. Citaré a un clásico. El profesor
Pérez-Serrano dice que a una situación de excepción se entra con arreglo
a derecho, con arreglo a derecho se actúa en ella y con arreglo a derecho
se liquidan las consecuencias después de ella, incluso exigiendo
responsabilidades a los órganos que se hubiesen extralimitado. No fue eso
lo que pasó en Argentina, ni lo que supimos que iba a pasar
indefectiblemente cuando el 11 de septiembre de 1973 oímos en directo,
junto a los bombardeos de la Casa de la Moneda, el bando militar
derogando preceptos constitucionales.

Señor fiscal general del Estado, me va a permitir que le diga que tiene
usted el arte de embrollarse. Cierto es que el informe habla de crímenes,
pero tardó todavía unos días en reconocer que en el informe del señor
Fungairiño había una frase desafortunada --muy desafortunada le digo
yo--, aunque hay ahí --debo reconocérselo-- ya un atisbo de
rectificación. El señor Martínez Zato, a quien cito mucho (él también se
prodiga mucho en los medios), en el artículo titulado El Ministerio
Fiscal entre Chile y Argentina, manifestaba que sostenella y no
enmendalla revela una falta de sensibilidad preocupante y contribuye a
sembrar confusión. Se supone, por tanto, que su tímido reconocimiento de
entonces de la torpeza de la frase y las exculpaciones de hoy actuarán en
el sentido contrario. Denotarán, creemos, sensibilidad y aclararán algo,
aunque nos hubiese gustado --se lo manifiesto-- un arrepentimiento más
espontáneo.

Cuando se produjo su nombramiento como fiscal general del Estado, en esta
misma Comisión le manifesté a la señora ministra que en usted se cumplían
los requisitos constitucionales e incluso los legales, ya que es obvio y
nadie niega que es usted un jurista de reconocido prestigio, con más de
quince años de ejercicio profesional; le manifestaba por tanto mi respeto
y mi aprecio por el nombrado. Puse, sin embargo, un pero que ahora repito
y es el referido a las famosas manifestaciones a las que han aludido
varias diputadas en la memoria de la Fiscalía vasca del año 1994; en
concreto me refería a las críticas que se hacían a los males del
pluralismo político. Literalmente manifesté --y así está en el «Diario de
Sesiones» del día 20 de mayo-- que el Gobierno expresa su ideología en
este nombramiento, y ello nos parece respetable, pero en este punto mi
grupo no lo comparte.

En todo caso, señor Cardenal, aceptamos ahora sus exculpaciones o las
explicaciones exculpatorias tan completas a las que se han referido los
diputados que me han precedido. Conocemos su ideología conservadora y sus
postulados ideológicos, políticos o religiosos, pero nos permitimos
rogarles, exhortarle a que en su actividad política se atenga al respeto
del pluralismo consagrado en la Constitución. De todas formas, su labor
será juzgada por sus obras y no por sus convicciones íntimas, y su obra
de hoy compareciendo a dar explicaciones se la apuntaremos en el haber,
de igual forma que su anterior actitud en todo este asunto se lo tenemos
anotado en el debe.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.

El señor SILVA SANCHEZ: Gracias al señor fiscal general del Estado por su
comparecencia, sobre todo por las explicaciones y por la rectificación,
si cabe, aunque tardía, pero no cabe duda, como acaba de indicar la
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, de que eso se lo tenemos que
anotar en su haber, y así hay que decirlo.

Ciertamente la famosa nota sobre la jurisdicción de los tribunales
españoles, elaborada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
contenía y contiene algunas líneas tremendamente preocupantes. Parece
contraponer la subversión del orden constitucional a la sustitución
temporal del orden constitucional, con la finalidad de subsanar
insuficiencias de ese orden, de cara a mantener la paz pública. Parece
atribuir una cierta relevancia a la declaración de estado de sitio en
Argentina el 6 de noviembre de 1974 y utiliza un concepto, para nosotros
también preocupante, que es el de extralimitación, tanto en lo operativo
--como se indica-- como en lo político. Reconocemos, sin lugar a dudas,
que en otros extremos del escrito se pronuncia contundentemente sobre el
carácter criminal de estas actuaciones, pero esas líneas nos dejaron
tremendamente preocupados. Cuando posteriormente apareció el informe
sobre el presunto apoyo a la actuación de la Junta Militar Argentina, en
una nota elaborada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tengo que
indicarle también, señor fiscal general del Estado, y así ha sido dicho,
que ese informe lo enmarcamos en aquellas expresiones de Las mocedades
del Cid, de Guillén de Castro: Procure siempre acertalla el honrado y
principal; pero si la acierta mal, sostenella, y no enmendalla. Desde ese
punto de vista lo enmarcamos en ese planteamiento y por eso mismo
reconocemos y agradecemos lo que ha tenido lugar aquí esta tarde.

No podemos desconocer la crítica y la repulsa que aquellas afirmaciones
generaron en los grupos parlamentarios. No sé si ha tenido ocasión de
leer el «Diario de Sesiones» de la Diputación Permanente para comprobar
que desde el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario
Mixto se efectuaba una crítica importante; también desde Coalición
Canaria había una crítica y un rechazo a los juicios del señor
Fungairiño; desde el Grupo Vasco se hablaba de frase realmente
escandalosa, de afirmaciones y tesis reprobables y graves; por parte de
mi grupo parlamentario se hablaba de reprobables y de absolutamente
inadmisibles; y de gravísimas manifestaciones se calificaban desde
Izquierda Unida. El Grupo Parlamentario Popular, haciendo uso de la
metáfora, decía que el señor Fungairiño se metió en un jardín porque no
se sabe muy bien a dónde va y manifestó un distanciamiento con esas
afirmaciones, indicando que no compartía esa postura, que nunca hubo
legitimidad de origen ni de ejercicio. Por cierto, ayer el señor
Fungairiño hizo esa misma manifestación de falta de legitimación no ya de
ejercicio, sino también de origen, de las juntas militares y así lo hemos
constatado a través de diversas notas de prensa. Sin embargo, esa crítica
o ese desconcierto no se limitó a los grupos parlamentarios sino que
alcanzó a la globalidad de los ciudadanos y, si vale de muestra, un
diario de amplia circulación en Cataluña y también últimamente en Madrid
publicaba una encuesta sobre la base de mil entrevistas en



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las que se ponía de manifiesto, ni más ni menos, que había un 46 por
ciento de ciudadanos que no contestaba --no sabe, no contesta-- respecto
a esas afirmaciones. A la pregunta de ¿comparte usted la acusación de que
Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño han justificado las dictaduras?, un
46,4 por ciento no sabe, no contesta; manifestaban que sí entendían que
se habían justificado esas dictaduras un 22,2 por ciento y decían que no
un 31,4 por ciento. En cualquier caso, el 41 por ciento de los ciudadanos
que contestaba entendía que se habían justificado las dictaduras chilenas
y argentinas. Por tanto, repito, el desconcierto y la alarma han sido
tremendamente importantes. De ahí que mi grupo, aceptando su
rectificación y congratulándose por ella, sí quiere dejar algunas cosas
claras.

No sabemos si es muy sugerente --y quizá ésa era la intención del fiscal
Fungairiño-- distinguir entre golpes de Estado y revoluciones, entre
dictaduras reaccionarias y dictaduras marxistas, o entre aquellas
dictaduras con una pretendida vocación de temporalidad, que duran 40
años, y aquello del Reich de los mil años, que duró bastante menos de
esos 40. Pero lo que sí nos parece es que introducir matices en estos
temas es absolutamente peligroso; introducir matices ante el mal absoluto
--y las dictaduras y los golpes de Estado son males absolutos-- reitero,
es peligroso. No hay dictaduras mejores que otras o no me gustaría
entrar, al menos, en esa discusión. Por eso mismo queremos señalar --y
entendemos que así ha sido manifestado por el señor fiscal general del
Estado en esta tarde-- una afirmación clarísima, y es que las juntas
militares argentinas y chilenas lo que pretendieron y lograron fue una
auténtica derogación o abrogación del orden constitucional, se mire como
se mire. Y por tomar el caso de Argentina, cuando el 24 de marzo de 1976
se da el golpe de Estado y se dictan el acta, el estatuto y el reglamento
del proceso de reorganización nacional, no se hace ni más ni menos que
asumir el Poder Ejecutivo por parte de las juntas militares, se disuelve
el Congreso, se cesa a la Corte Suprema militar, se sitúan en comisión
absolutamente a todos los miembros del Poder Judicial hasta que juren
lealtad al proceso de reorganización nacional, por lo que el golpe de
Estado y la abrogación o subversión de toda la parte orgánica de la
Constitución argentina se produjo sin lugar a dudas. La propia
Constitución se declara supletoria al acta, al reglamento y al estatuto
del proceso de reorganización nacional. ¿Y qué decir de los derechos y
garantías fundamentales? Desde luego, la violación absolutamente
sistemática de todos ellos. Los secuestros que no detenciones, los
tormentos, la eliminación física y las desapariciones lo ponen de
manifiesto, y por lo demás, la suspensión de otros derechos como podían
ser el de asociación, tanto laboral como política, el de huelga y otros
más.

Por tanto, todo lo que no sea esa manifestación contundente de que esto
es una auténtica abrogación, derogación o como quiera llamarse del orden
constitucional suena a matices que no podían, en modo alguno, ser
admitidos. Sin embargo, también tenemos que decir, señor fiscal general
del Estado, que nos preocupó esa referencia que se contiene en el informe
del señor fiscal jefe de la Audiencia Nacional al estado de sitio que se
declaró en 1974, antes del golpe de Estado. Y lo decimos porque si hay
algo que queda claro --y desde luego queda claro en el informe que
formuló la comisión nacional sobre la desaparición de personas, el famoso
informe Sábato-- es que 600 desapariciones se produjeron antes del golpe
de Estado y que, por tanto, en modo alguno estaban justificadas por la
famosa declaración del estado de sitio. Porque ya antes --y así lo
reconoce también la Comisión interamericana de derechos humanos que
formuló un informe en 1979--, un año antes del golpe de Estado se habían
producido secuestros, se habían instrumentado centros de detención para
civiles en manos de los militares, se había producido la tortura y se
había producido esa eliminación física. Por lo demás, es algo
absolutamente evidente. Y por si fuera poco, hay que señalar que la
propia Corte Suprema de Argentina, en su sentencia de 30 de septiembre de
1986 que condenó a los miembros de la Junta Militar, establece y afirma
que el método no convencional de lucha contra la subversión se utilizó a
partir del 15 de enero de 1975. Por tanto, ese matiz de que hasta el 24
de marzo de 1976 hay una cosa y antes hay otra tampoco es, desde esa
perspectiva, especialmente admisible.

Del mismo modo queremos decir que la palabra extralimitación nos vuelve a
preocupar. No se produjo un exceso, los militares no se extralimitaron,
no se excedieron; los militares delinquieron, dieron un golpe de Estado,
abrogaron absolutamente el orden constitucional. Tenemos que manifestar
nuestra extrañeza por la utilización del concepto extralimitación cuando,
precisamente en la sentencia que condenó a los miembros de las juntas
militares, uno de los aspectos que se valoró fue el del exceso, si se
había producido acaso un exceso en una causa de justificación en una
legítima defensa, en un Estado de necesidad o en un ejercicio de un
derecho. Y ahí la Cámara Federal de Apelación, y después confirmado por
la Corte Suprema, dice también con absoluta claridad que las acciones que
se juzgan fueron ab initio abusivas, desde que lejos de trasponer los
límites inicialmente ilícitos fueron una respuesta al margen de todo
derecho. No hubo intensificación de medios originariamente adecuados,
sino instrumentos ilícitos, y rechaza absolutamente el planteamiento del
exceso. De ahí que tengamos que indicarle que esas afirmaciones que se
contenían en el informe, esa oposición entre subversión del orden
constitucional y la sustitución temporal del mismo, ese recursoal estado
de sitio de 1974 y ese planteamiento de la extralimitación, a nosotros
nos dejaron gravemente preocupados. Tenemos que decir, en cualquier caso,
que de sus palabras de hoy salimos muy confortados.

Por hacer referencia a la segunda de las notas, entiende también mi grupo
que, desde luego, las medidas de excepción que pudieran estar previstas
en la Constitución y en la legislación argentina y las que derivan de la
Constitución española, por no decir ya aquellas medidas de excepción
sobre la excepción que fueron acordadas por las juntas militares, son de
todo punto incomparables y no merecían en modo alguno el situarse ni
siquiera unas punto y seguido de las otras. Desde luego, y lo digo con
sumo respeto, el artículo 23 de la Constitución argentina de 1853 no
tiene nada que ver con el artículo 55 de la Constitución española,



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aunque sólo sea porque las separan 125 años. En segundo lugar, incluso en
el propio estado de sitio o dentro del gobierno constitucional, en
aquellos momentos en manos de Isabel Martínez de Perón, se produjeron
decretos o actas institucionales que en modo alguno podrían producirse al
amparo de la Constitución española. Así, cuando en el acta de 5 de
febrero de 1975, firmada obviamente por la presidenta, se autoriza al
comando general del ejército a ejecutar operaciones militares que sean
necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los
elementos subversivos, yo quiero pensar que un decreto de estas
características, con esa expresión de aniquilar, jamás podría producirse
al amparo de la legislación española. Si eso decimos de ese decreto, si
nos situamos ya en las famosas órdenes secretas antisubversivas de 7 de
diciembre de 1976, donde el verbo aniquilar no se refería al accionar
subversivo sino al sujeto, al llamado delincuente subversivo, o se
permitía, textualmente, que tiradores especiales podrán ser empleados
para batir cabecillas de turbas o muchedumbres, pues menos todavía. Por
tanto, entendemos que en modo alguno podían ser ni son comparables unas
medidas de excepción con las otras.

Por consiguiente, tenemos que manifestar, señor fiscal general del
Estado, como decía antes, nuestra satisfacción por su comparecencia,
nuestra satisfacción por los términos en que ha producido una
rectificación respecto de estos párrafos. Hemos de lamentar, y así lo
debemos decir, que si bien no puede comparecer de motu proprio ante el
Congreso de los Diputados, podía haber hecho uso de otros medios para
difundir, quizá no a sus representantes legítimos pero sí a los
ciudadanos, la desaprobación, la rectificación o al menos las expresiones
contundentes de cuál era la posición y la opinión de la Fiscalía General
del Estado en relación a estos hechos tan absolutamente lamentables. En
cualquier caso, y quizá porque eso es lo importante en el día de hoy,
tenemos que manifestar nuestra safisfacción por la contundencia con la
que se ha pronunciado, nuestra satisfacción por que aquel sostenella y no
enmendalla ha dado paso a un valor que quizá no sea constitucional pero
produce efectos prácticos importantes, y es el valor de la humildad.

Desde esa perspectiva, como decía antes, queremos agradecer su
intervención y felicitarnos por la misma. No obstante, sí queremos decir
una cosa. Entendemos que estamos en un Estado y amparados por una
Constitución que nos permiten trasladar esa frase que precisamente en el
prólogo del informe Sábato se pone en boca del general Della Chiesa, y es
que el régimen puede permitirse que Aldo Moro sea asesinado; lo que no
puede permitirse el régimen es que existan torturas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, nuestro grupo
manifiesta también, como es lógico, la satisfacción por su presencia esta
tarde aquí y con este motivo, coherentemente con lo que expusimos en la
Diputación Permanente cuando dimos nuestro voto a favor para que se
celebrara una sesión extraordinaria a fin de que hubiera ocasión de
aclarar una situación que afecta no sólo al fiscal general del Estado,
sino que afecta a toda la institución, porque es obvio que su presencia
hoy aquí --y luego me referiré a ello-- no obedece pura y exclusivamente
al hecho de que se hayan producido unas manifestaciones en todo momento
rechazables y que pudieran dar lugar a una interpretación, con respecto
al pensamiento de sus autores, de poco talante democrático. Creemos
sinceramente que le ha tocado a usted --y tendrá que reconocer que usted
ha contribuido a ello con una inhabilidad digna de mejor causa-- ser
protagonista de un largo proceso de intento, repito, de
instrumentalización del ministerio público, y lógicamente en ese contexto
hay que colocar también su comparecencia. Pero como nosotros tenemos la
ventaja de no estar en ninguna operación de acoso y derribo del fiscal
general del Estado ni del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo que
tenemos es una preocupación muy profunda por la situación de la Fiscalía
y todavía mucho más profunda incluso por la forma en que se configura
esta institución, porque nos está dando el tiempo la razón en cuanto a la
necesidad inmediata de reformar el estatuto del ministerio público para
que quede perfectamente clara su independencia del Gobierno, y
lógicamente agradecemos toda ocasión que se produzca para poder mantener
nuestras tesis.

Evidentemente éste no es el ámbito para que hagamos una disquisición
técnico-jurídica acerca de si es competente o no la Audiencia Nacional.

Será absolutamente respetable el criterio de los fiscales de sala y el
informe de la Secretaría General Técnica, tan respetable y tan discutible
como cualquier otro criterio. Ahora bien, lo que es evidente, señor
fiscal general del Estado, es que la expresión crímenes de Estado no es
muy apropiada, porque Estado como tal no es una abstracción; exige, como
le ha dicho el señor Silva, de una legitimidad de origen, de una
legitimidad de ejercicio, de una legitimidad de fines. Cuando no se dan
estas tres circunstancias, sean muchos o pocos los militares que se
apoderan del mismo, estamos hablando de una banda armada que desde el
Estado comete crímenes. A algunos les cuesta mucho trabajo aceptar esto
quizá porque en nuestro ánimo pesa nuestra propia historia, cuando
precisamente aquellos militares que defendieron el Estado, con
legitimidad de origen, de ejercicio y de fines, que era la República,
fueron fusilados y tildados de ejército sedicioso y rebelde, y los que se
alzaron contra ellos se apropiaron ni más ni menos que del Estado y de
una pretendida legitimidad que luego, eso sí, no faltó ningún catedrático
que viniera a justificarla como la legitimidad de hecho, porque de todo
ha habido. Desde la posición de los que no hemos tenido nada que ver
jamás, ni siquiera con el menor de los gestos, con esa historia anterior,
ni hemos jurado los Principios Fundamentales del Movimiento y a lo largo
de muchos años también hemos condenado otras expresiones en las cuales la
libertad no salía bien parada, desde esa posición yo me podría permitir
ahora el lujo o la arrogancia, que no sería disculpable, de querer dar
lecciones de democracia. Yo no le voy a dar a usted ni una sola lección
de democracia, señor fiscal general del Estado, ni le voy a expedir ni
una sola patente. Es un tema en que cada uno ha de



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tener el derecho a su propia administración. Lo que sí le digo es que
además de las palabras que en un momento pueden ser contundentes hay que
tener mucho cuidado con los hechos, porque se pueden estar haciendo
protestas firmes de democracia y de sometimiento a la Constitución y
luego estar amparando actuaciones del Cesid de intromisión en la vida
ajena o se pueden estar realizando otra clase de actividades, aun
habiendo jurado formalmente y con toda clase de liturgias la Constitución
española. Es un terreno sinceramente tan peligroso que no quiero hacerle
a usted ningún examen de democracia. Lo que sí le quiero decir es que en
estos momentos su comparecencia está absolutamente incardinada en esta
pelea lamentable que se está desarrollando entre el Gobierno y el partido
del Gobierno, en que el partido del Gobierno ha decidido hacer suya la
frase de: ahora me toca a mí, y cuando ha tenido ocasión de nombrar un
fiscal general del Estado, por mucho que dijera en su día que le bastaba
con que tuviera la cualidad de ser miembro de la carrera fiscal, es obvio
y evidente que no ha quitado la mano de la institución y eso se nota a
todas luces; y se nota, señor fiscal general del Estado, cuando, como se
ha puesto de manifiesto en una intervención anterior, la Fiscalía
mantenía un criterio en cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional
que, qué casualidad, ha variado en cuanto las presiones internacionales y
las relaciones diplomáticas se han puesto en marcha, e incluso diría que
en el momento mismo en que han aparecido en el horizonte determinadas
operaciones comerciales con material bélico. Esto ya es más que
preocupante.

Quizá lo menos importante aquí, señor fiscal general del Estado, sean sus
protestas respecto a la democracia, yo no diría ni siquiera sus
rectificaciones, sino sus explicaciones, porque no quiero pensar nunca
que en anteriores manifestaciones haya tenido usted el menor deliz hacia
otros planteamientos. Lo que es importante hoy aquí, y vamos a volver a
tratarlo el próximo martes, es que de una vez por todas seamos capaces
de, de verdad, volver a configurar un ministerio público del que se pueda
decir que es independiente, imparcial y que está sometido al imperio del
derecho de la ley y está sólo al servicio de la legalidad.

Es evidente que le puedo decir esto con toda firmeza y si quiere usted
con rotundidad, porque lo he dicho antes. No soy de los que antes
justificó una determinada posición y ahora cambia de criterio. ¿Por qué?
Porque el fiscal general del Estado no lo nombro yo. Por eso incluso me
ha producido cierto pudor hablar de la libertad de expresión del fiscal
general del Estado, de las asociaciones, y olvidar, por ejemplo, una
dichosa circular de un fiscal general del Estado en la que se pedía a los
fiscales, no que vigilaran el cumplimiento de la legalidad, sino que
llevaran hasta sus últimas consecuencias la persecución de los insumisos;
fiscal, por cierto, que el Tribunal Supremo declaró ilegalmente nombrado.

Por tanto, como algunos tenemos esa situación de ventaja (a lo mejor es
una desventaja porque no hemos alcanzado el poder ni lo vamos a alcanzar
jamás) quiero, sin ninguna autoridad más que la de mi propia opinión,
decir que a ver si de una vez somos capaces de cambiar esta situación.

Repito que el próximo martes nos pronunciaremos, y se lo adelanto porque
no tengo ningún reparo en ello, no para pedir su cese y la remoción del
señor Fungairiño, sino para pedirle a usted y al señor Fungairiño que
asuman seriamente si están ustedes en condiciones de cumplir con sus
obligaciones o, por el contrario, son piedra de escándalo o piedra de
toque en una situación que está exigiendo a todas luces un cambio muy
serio de orientación para que el instituto del ministerio fiscal recupere
el papel que debe representar en nuestro país.

Insistimos en que el problema no está en usted sino en la estructura del
propio ministerio fiscal. Esa ambigua declaración de que el ministerio
fiscal se incardina en el poder judicial, o ese eufemismo de que el
fiscal general del Estado puede ser independiente cuando lo nombra un
Gobierno que es el que lo cesa, sinceramente exige ya el que de una vez
por todas acabemos con toda esta clase de juegos terminológicos y seamos
capaces, si fuera incluso necesario modificando la Constitución, de
ponernos a otra tarea.

Por ello, sinceramente, yo no es que le vaya a agradecer o no agradecer
sus manifestaciones en cuanto a su servicio a la democracia, porque si no
es usted sincero en ellas, allá usted, ése será su problema, y si es
usted sincero supongo yo que lo pondría de manifiesto cuando juró y acató
la Constitución. Yo lo que sí le agradecería es que hasta tanto seamos
capaces de recuperar el prestigio del ministerio público, porque creo que
no encontrará usted como situación confortable el tener un Consejo Fiscal
que está permanentemente contradiciéndole o viendo a ver en qué medida
merma su prestigio, o al mismo tiempo haya unas asociaciones de fiscales
que ponen en duda incluso su capacidad, hasta que eso se produzca,
repito, haga usted todo lo posible porque de verdad quede por lo menos
claro el que no es usted objeto de ninguna instrumentalización. Sabemos
que con ello no vamos a conseguir que esta situación en que los fiscales
son el arma arrojadiza desaparezca, porque parece ser que está en la
dinámica política, pero por lo menos no queremos que se silencie nuestra
voz denunciando algo que nos parece al menos tan grave como puedan ser
ciertas manifestaciones y conductas, porque en hechos concretos trae ni
más ni menos que el pisoteamiento de la Constitución.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Vamos a ser muy breves en nuestra intervención,
porque el Grupo Parlamentario Socialista ya tuvo la ocasión de
intervenir, no sólo en cuanto a la forma sino en cuanto al fondo, en la
Diputación Permanente que se convocó al efecto hace pocos días. Por
tanto, la posición de fondo ya quedó clara en aquel acto y no me parece
necesario reiterar los términos de aquella comparecencia.

Decía en mi primera intervención que, efectivamente, votamos en contra de
que usted compareciera hoy aquí, y



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lo hicimos porque pensábamos que iba a ser una comparecencia inútil e
incluso muy negativa desde el punto de vista del prestigio del ministerio
fiscal. Pensábamos que sus declaraciones en este tema, desde nuestro
punto de vista, carecían de credibilidad y, lo que era más grave, podían
perjudicar a la credibilidad misma de la institución. Por eso votamos en
contra.

Después de lo que ha ocurrido a lo largo de la sesión he de reconocer,
sin embargo, que ha habido algún aspecto positivo, por lo menos, desde
nuestro punto de vista, dos aspectos positivos. El primero que, en esta
ocasión, cuando ya no había cuestiones de procedimiento, hemos podido ver
de manera clara la posición de todos los grupos parlamentarios que hasta
este momento han intervenido, y de todos ellos se desprende --y eso es
muy positivo para la salud del sistema democrático-- una expresa, rotunda
y clara reprobación política de su comportamiento y del comportamiento
del señor Fungairiño con ocasión de estos temas.

Eso en sí mismo es muy positivo, pero realmente, señor fiscal, le
deberían hacer meditar, porque ciertamente no es el único incidente, sino
que hay otros muchos, y todos ellos juntos deberían hacerle reflexionar
sobre si es más lógico que usted siga al frente de la Fiscalía o si sería
más razonable que presentara su dimisión antes de que un mal día
cualquiera el Gobierno actual le cese. Debería pensarse en serio si es
razonable que siga después de la serie de acontecimientos que han
jalonado su corta trayectoria como fiscal general.

Ha dicho, en una excelente intervención, si me permite, la señora Uría,
que se podría hablar de un cierto arrepentimiento, pero que no era muy
espontáneo. Efectivamente, esa figura podríamos recorrerla con un poco de
detalle, ya que usted es penalista, yo también, por cierto, y muy próximo
a este tipo de conceptos.

Efectivamente, en el viejo Código Penal, no en el actual, se recogía el
arrepentimiento espontáneo, se recogía, por cierto, como atenuante no
como eximente de responsabilidad, pero realmente el requisito previo es
que fuera espontáneo, y su comparecencia es lo menos espontáneo del
mundo, no hay nada menos espontáneo. Ocurrió que Convergència i Unió (por
cierto, también asumo íntegramente la intervención de su representante en
este acto) hizo una proposición no de ley de un determinado contenido;
minutos después, pero minutos, el representante del Partido Popular
acudió en rueda de prensa a solicitar su comparecencia, que se ha
tramitado con evidente urgencia y que nos ha permitido estar aquí.

Un análisis estrictamente político de lo ocurrido permite razonablemente
pensar que usted está aquí porque Convergència i Unió, y otros grupos
nacionalistas, han expuesto con claridad al Gobierno y al grupo
parlamentario del Partido Popular que no podían soportar la situación si
usted no rectificaba, que no la podían soportar desde muy diversos puntos
de vista, sobre todo, en mi opinión, desde el punto de vista de su
contrastada sensibilidad democrática.

Por eso está usted aquí. Hasta que Convergència i Unió no hizo esa
proposición no de ley, el Grupo Popular no consideró oportuno llamarlo ni
usted consideró oportuno aprovechar las muchas oportunidades que tuvo de
dirigirse a la opinión pública para aclararlo. Usted no ha venido aquí,
en definitiva, por la vía del arrepentimiento espontáneo, ha venido por
otra vía, una eximente también del viejo Código Penal hoy suprimida.

Usted ha venido por obediencia debida, que es distinto. Y ése es el
motivo de que nos pareciera su presencia aquí un acto fallido, desde el
punto de vista del prestigio de la institución. Actuaron como actuaron
usted y el señor Fungairiño, por obediencia debida al presidente del
Gobierno, señor Aznar, tal y como tuve ocasión de manifestar en la
Diputación Permanente, en la que no tuvo el más mínimo recato en expresar
que la opinión del fiscal llevaba implícita la posición del Gobierno. Por
si no hubiera duda, muy recientemente --la fecha creo que es el 5 de
febrero--, el ministro de Exteriores ha dicho que un tribunal español no
puede ser competente sobre los crímenes que se han cometido en Chile,
aunque afecten a españoles, aseveró. Me parece más razonable la postura
que, en general, tratamos de sostener de que quizá los grupos políticos
no deberíamos entrar en el debate de la competencia; lo estamos limitando
todos por respeto a los tribunales, aunque todos tengamos nuestra
posición. Pero si eso es recomendable desde el punto de vista de los
grupos parlamentarios, desde el punto de vista del Gobierno de la Nación
es obligado, y el Gobierno de la Nación, a través del señor Aznar y del
señor Matutes, actúan justo en sentido contrario, y casualmente en la
misma dirección que actuaron usted y el señor Fungairiño. Por tanto,
usted y el señor Fungairiño actuaron por obediencia debida al señor
Aznar, y hoy ha actuado por obediencia debida a los grupos nacionalistas
que sirven de sostén al Gobierno de la Nación. A ellos, el Grupo
Parlamentario Socialista les agradece vivamente su posición, porque sin
ella hubiera sido imposible que usted declarara en este acto lo que ha
declarado. Ese es otro de los aspectos positivos de lo ocurrido, en la
modesta opinión de este grupo, esta tarde.

El texto que usted ha leído es excelente y, por tanto, mi felicitación al
autor. Fuera de eso, el problema no es la excelencia del texto, sino por
qué se ha hecho ese texto y cuándo se ha hecho ese texto. No prestigia a
la Fiscalía, ni entonces ni ahora, actuar por obediencia debida, aunque
en este último caso el mandato era legítimo, sino con el ejemplo del
Derecho penal. Sabe el señor fiscal que la jurisprudencia del Supremo
interpretaba la obediencia debida como eximente, siempre y cuando el
mandato fuera legítimo, es decir, siempre que se hiciera dentro del marco
de la ley y del marco de la Constitución. Pues bien, el mandato legítimo
de los grupos nacionalistas ha existido, la anterior toma de posición del
Gobierno no fue realizada dentro del marco de un mandato legítimo y, por
tanto, su primera conducta encajaba ampliamente en el marco de excederse
de los límites constitucionales, me da igual la expresión que utilicemos
en concreto. Esa es la situación. Hoy nos debemos felicitar de que el
Partido Popular no tenga mayoría absoluta, si no, usted no hubiera venido
aquí jamás. Hoy nos debemos felicitar de la sensibilidad democrática de
Convergència i Unió, del Grupo Nacionalista



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Vasco, de Coalición Canaria, porque si sólo nos hubiéramos opuesto
Izquierda Unida, el PSOE y otros representantes del Grupo Mixto, la
verdad es que no hubiera sido posible este acto. Y ello, visto en su
conjunto, no nos da un resultado positivo, señor fiscal; al revés,
deteriora más su posición personal, deteriora más gravemente la posición
institucional de la Fiscalía General del Estado, ya sabe que me cuesta
mucho llamarle a usted fiscal general del Estado.

Concluyendo, le anuncio que el martes, en el debate realmente lógico, no
con usted delante, no contribuyendo a deteriorar el prestigio de la
institución, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá su posición, que
será la de pedirle a usted que dimita, pedirle al señor Fungairiño que
dimita y, si no es así, que se proceda a la remoción del señor Fungairiño
y al cese del señor Cardenal. Esa va a ser nuestra posición política que
defenderemos el martes con toda una serie de argumentos, de los cuales
hoy hemos visto dos, pero la verdad es que la lista es larga, profunda y
compleja. Es difícil imaginar tal cúmulo de errores políticos en tan poco
tiempo.

Señor Cardenal, si aún no le han cesado, si no le ha cesado el Gobierno,
no lo dude, es simplemente porque es muy difícil decir políticamente que
van cuatro fiscales en menos de dos años. Sólo por eso no le han cesado.

Lo harán en el momento en que eso se pueda vestir de alguna manera, en el
momento mismo en que, en definitiva, no tengan que hacer caso a lo que
opina la oposición, porque hay un tic --ya que el señor Ollero siempre
hace referencias al funcionamiento de la vida política, yo me voy a
permitir esa misma licencia-- según el cual el Gobierno no debe hacer
caso a la oposición aun cuando, como en este caso, tengamos
manifiestamente toda la razón. Es un tic que forma parte de la vida
política ordinaria. Dimita, señor Cardenal, se lo digo con respeto y
hasta con afecto. Dimita antes de que le cesen de una manera indigna para
usted y para la carrera fiscal.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: En Santa Gadea de Burgos, donde juran los
hijosdalgo, allí le toma la jura el Cid al rey castellano.

Mire, señor fiscal general, no he podido evitar recordar ese romance que
aprendí en mi mocedad, cuando el bachillerato parece que andaba más
fuerte de humanidades que en la actualidad. (El señor Belloch Julbe: Era
en el régimen de Franco, indudablemente.)



El señor PRESIDENTE: Señor Belloch, le ruego silencio.




El señor OLLERO TASSARA: Y recuerdo la crudeza de los términos en que se
planteaba ese curioso episodio. Recuerdo que se le decía a Alfonso VI:
Mátente con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos
cachicuernos, no con puñales labrados.

A usted hoy aquí le han agredido con armas más urbanas, pero creo que no
menos crueles en ocasiones. Además, el Cid era un caballero, y después de
la jura pensó que ya el trámite estaba evacuado y las cosas quedaron en
su sitio. Mi grupo tiene alguna duda sobre si eso ocurrirá también en
este caso y por alguno de los anuncios que ya se han hecho parece dudoso.

Estoy de acuerdo --y con frecuencia lo estoy-- con la diputada Cristina
Almeida cuando ha dicho que le parecía penosa esta situación. Yo lo tenía
así apuntado en mi breve guión: situación penosa y no sólo para usted.

Creo, en efecto, que es penoso traer a un fiscal general del Estado a
esta Cámara para hacer una declaración que ha debido hacer sin fundamento
real alguno. (El señor Sanjuán de la Rocha: No haberla pedido. La habéis
pedido vosotros.) Y si mi grupo lo ha hecho es porque es consciente de
algunos principios elementales, por lo menos en el ámbito de los derechos
de los ciudadanos --pienso en el artículo 24 de la Constitución--,
principios tan elementales como el evitar la indefensión o el procurar
que en los trámites procesales --y esto, al fin y al cabo, tiene mucho de
procedimental-- se respete el llamado principio de igualdad de armas.

El Reglamento de esta casa dice, por ejemplo, que cualquier miembro del
Gobierno, cualquier ministro, por el sólo hecho de serlo, aunque no sea
diputado ni senador, tiene derecho a asistir a cualquier Comisión, no ya
al Pleno, que se celebre en esta casa. Sin embargo, para que usted
viniera aquí, ha sido necesario que un grupo, el nuestro, haya recabado
su presencia, si no, no hubiera podido venir. La figura del fiscal
general se ha convertido, desde hace tiempo, en un instrumento de
desahogo político. Parece que se ha impuesto la consigna de leña al
fiscal que es de goma, y nosotros creemos que no es de goma, no solamente
don Jesús Cardenal, sino la institución como tal. Por ejemplo, en esa
misma encuesta a la que se ha aludido no deja de ser significativo que el
46 por ciento, casi la mitad de los encuestados, no sepan de lo que les
están hablando, pero me preocupa que haya un 30 por ciento en el que ha
calado una apariencia repetidamente reiterada, pero pura apariencia,
porque quienes han ido haciendo afirmaciones, poniendo en duda algo tan
serio como el respeto a los valores democráticos de usted o del señor
fiscal jefe de la Audiencia Nacional, creo que han leído el informe,
aunque cuando hablan de él a veces uno lo duda, porque se ha vuelto a
hablar aquí de Chile y ni en su dictamen ni en el informe del señor
Fungairiño se habla de Chile para nada. Lo he vuelto a leer, porque es
que a veces tengo que frotarme los ojos y aguzar los oídos para ver si
hablamos de lo mismo. Sólo en un informe de la Secretaría Técnica se
habla de Argentina y Chile, en los demás se habla sólo de Argentina. Esos
ciudadanos a los que se les ha encuestado no han leído, por supuesto, el
informe, pero han oído a políticos que a ellos les merecen seriedad, que
afirman y repiten que el señor Fungairiño ha defendido la dictadura
chilena y argentina, aunque de la chilena ni ha hablado, pero es igual,
da igual, leña al fiscal que es de goma, y llega un momento en que se lo
creen. Nos preocupa realmente esta situación y por eso hemos recurrido a
este



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trámite, penoso no sólo para usted, yo creo que también para las
instituciones en general, para facilitarle que se defienda y evitar que
proliferen iniciativas parlamentarias consistentes en proposiciones de
ley para pedirle al Gobierno que le diga al fiscal general... No, traemos
al fiscal general y cada cual que diga lo que quiera, como ha ocurrido
hoy, y sobre todo que él se pueda defender y que pueda dejar --como ha
dejado aquí-- bien dicho que, además, el fiscal general es un ser humano
y entiende que llamarle fascista es un insulto, y que entiende que poner
en duda sus respetos a los valores democráticos es un insulto no como
fiscal, como persona. No hay que olvidar que si a veces nos falta la
mesura en nuestro debate político, es siempre porque partimos del
principio de igualdad de armas, y sabemos que a la judiada que le digamos
al de enfrente, él puede responder con otra, pero el señor fiscal general
no puede responder, y no tiene sentido decirle que conteste en los medios
de comunicación, porque el señor Fungairiño dice que ocho veces ha dicho
que no pone en duda los valores democráticos, y eso no ha evitado que el
30 por ciento de mil encuestados crea que los ha justificado. Esta es la
situación, y quizás, dentro de esa invitación a la reflexión y a la
seriedad que ha hecho el señor Castellano, nos deberíamos plantear si no
ha llegado el momento de dejar esa postura oportunista de desigualdad de
armas, de dejar de convertir al fiscal general en la percha de todos los
palos porque no se puede defender, y establecer el debate político como
debe hacerse, cada cual planteando sus argumentos, a poder ser incluso
con alguna coherencia, cosa que, como ahora señalaremos, no siempre
ocurre.

Parece obvio --y ya en el debate de la Diputación Permanente el señor
Belloch aludió a ello-- que no es lo mismo un discurso jurídico que un
discurso político. Pero yo creo que aquí se están enreversando ambos de
manera claramente interesada. Yo niego que se pueda decir --y ya lo dije,
en nombre de mi grupo, en la reunión de la Diputación Permanente-- que la
conducta y las intervenciones llevadas a cabo por los militares
argentinos pudieran ser jurídicamente justificables. Por tanto, si en el
informe del señor Fungairiño, en términos jurídicos, se dice eso,
nosotros no lo compartimos en absoluto. Ahora, lo que no hacemos es en un
informe donde catorce veces se llama asesinos a esos señores, montar una
operación inquisitorial y un juicio de intenciones para decidir que el
señor Fungairiño, porque su posible actividad futura interese a las
posturas políticas que uno defiende, es un fascista y niega la
democracia. Eso no lo haremos nunca. Discreparemos de su discurso
jurídico, porque entendemos que no se mantiene, pero jamás haremos
inquisición, y sobre todo cuando está desmentida por el mismo texto, por
tanto, forzando de manera torticera el texto.

Igualmente, señor fiscal general, le debo decir que, respecto a su
informe posterior, creo que probablemente por un exceso en su intento de
defender a una persona que entendía que merecía defensa, tampoco
compartimos el discurso jurídico que ahí se contiene respecto a los
estados de excepción. Yo no sé si lo que usted ha querido decir ahí es
que, dado el marco constitucional argentino y al no haber elementos como
el estado de excepción de nuestra Constitución, se podía entender que el
recado que la señora presidenta le da a los militares puede cumplir esa
función. No lo sé, pero, desde luego, leyendo el papel no es eso lo que
se entiende y, en todo caso, eso no cambia la situación, simplemente
establece el debate, hoy día puramente histórico, de si la señora
presidenta era o no también golpista, pero nada más. Por tanto, no
creemos que eso arregle nada. Pero ése es el discurso jurídico. Se puede
discutir si jurídicamente tiene o no sentido considerar justificada esa
conducta. Lo que no tiene sentido es montar un auto de fe como el que se
está montando, con el que hemos querido acabar precisamente con esta
comparecencia, para que al menos, a diferencia de lo que ocurría en la
Inquisición, el acusado se pueda defender y pueda decir claramente qué es
lo que piensa, aunque al capirote de fascista le hayan traído el capirote
de farsante, y ya le hayan dicho aquí que diga lo que diga no le van a
crecer; incluso un columnista orgánico del Partido Socialista publicó
hace unos días una columna que se titulaba: una rectificación que va a
ser una farsa. Porque la inquisición llega a esto, no ya a ignorar la
presunción de inocencia, no ya a pedir explicaciones, sino a establecer
por adelantado que si se dan, serán mentirosas. Eso es la inquisición y
ahí estamos, y a lo mejor conviene que estemos ahí, a lo mejor ése es el
tipo de política que hay que hacer en nuestro país, aunque lo dudamos. Es
muy legítimo aspirar a recuperar el poder, sobre todo cuando se ha
saboreado tan ampliamente como ustedes, algunos con dos ministerios, pero
estimamos que hay que tener un cierto sentido de la mesura.

Yo quería preguntarle al señor fiscal general si no hay precedentes
anteriores a su llegada al cargo de pronunciamientos de la Fiscalía sobre
si era jurídicamente posible el perseguir por nuestros tribunales estos
delitos. Incluso quisiera saber si la Junta de Fiscales se pronunció
sobre el particular y con qué resultado, porque sería interesante ver qué
dijeron los fiscales más autorizados de la carrera sobre ese particular,
porque algunos piensan que aquí el primero que ha dicho que eso no es
posible es el señor Fungairiño, y a lo mejor resulta que no es el
primero, ni siquiera ha estado en minoría. (El señor Belloch Julbe: No
estamos discutiendo eso.) Yo sí.

Queríamos disipar ese ambiente inquisitorial que se ha montado y, por
eso, nos alegra que haya tenido ocasión de reiterar su absoluto respeto a
los valores democráticos, porque, como ya se ha dicho muy bien antes,
aquí no hay nada que rectificar. Aquí lo que hay es un montaje con el que
acabar de una vez, un montaje que tiene una explicación muy fácil y,
además, basta remitirse a tres o cuatro fechas para ver cuál es el hilo
de los acontecimientos. El 8 de octubre de 1997 un teletipo de una
agencia dice: la oposición no perdonó hoy al fiscal general del Estado,
Jesús Cardenal, el nombramiento de Eduardo Fungairiño --se refería sin
duda al Partido Socialista--. Su portavoz, el señor Belloch, tras alabar
el historial como fiscal de Cardenal, afirmó que ese nombramiento ha
desprestigiado su imagen, la de Cardenal. Por tanto, no olvide usted,
señor Cardenal, que su problema es que usted ha nombrado al señor
Fungairiño. Ese es su problema, se lo dijeron bastante



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claro. El nombramiento de Fungairiño --dijo el señor Belloch-- pone bajo
sospecha cualquier actuación que emprenda el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional y el propio fiscal general. La amenaza se ha cumplido; usted
estaba bajo sospecha y ha bastado la mínima ocasión, cinco párrafos en un
documento donde catorce veces se llama asesinos a los militares
argentinos, para que le monten el cirio que le han montado. Esa es la
realidad y, al estar bajo sospecha, me da la sensación de que se ha
puesto en marcha un mecanismo que a veces irónicamente se llama de
pedagogía activa, y es ese mecanismo muy típico de padres de familia muy
demócratas ellos, que cuando llegan a su casa lo primero que hacen es
darles un capón a su hijo, y cuando éste le dice: pero si no he hecho
nada, el padre contesta: algo habrás hecho. Algo habrán hecho ustedes,
señor Cardenal, señor Fungairiño, cuando el Gobierno les ha nombrado, no
se hagan los tontos, porque la oposición no es tonta. Por tanto, capones,
por lo visto, tienen que recibir porque algo habrán hecho. Luego, ya
buscarán si hay supuesto de hecho o no, pero como la oposición no parece
que quiera el discurso jurídico --eso dijo el señor Belloch el otro
día--, parece que la calificación jurídica del posible supuesto de hecho
es cosa de ustedes. Ustedes recibirán el capón y luego tendrán que ver a
qué conducta real cabe remitirlo, porque por lo visto aquí funciona así
la presunción de inocencia. El nombramiento de Fungairiño era
imperdonable, usted quedó bajo sospecha y a partir de entonces empiezan a
llover las acusaciones. Ya el 10 de mayo también había profetizado el
señor Belloch que usted crearía conflictos sociales importantes, aunque
bien es verdad que él no sabía muy bien por qué, porque decía que se iban
a crear esos conflictos en los puntos que afecten a la moral y las buenas
costumbres --iba por otra vía--, dada su mentalidad ultramontana. Se ve
que no acertó en la profecía, porque resulta que luego lo que ocurre es
que usted no es demócrata. Esta es la cuestión. En efecto, el 26 de enero
de este año nos encontramos con que el señor Cardenal no parece que en
esos meses haya dicho nada sobre moral y buenas costumbres; no ha
dirigido ninguna encíclica al país, que se sepa, ahora, eso sí, ya está
fuera de los límites de la Constitución, de los límites democráticos. La
amenaza se sigue cumpliendo, aunque ha cambiado el discurso por
exigencias obvias del guión. En todo caso, de la excomunión late
sentencia y no le libra nadie, como puede ver, lo cual, al fin y al cabo,
es algo muy ajustado a su propio apellido.

Al final, lo que no acabo de entender muy bien es la situación en la que
en estos momentos nos encontramos. Resulta que, sin ir más lejos
anteayer, el señor Almunia se entrevista con el presidente chileno Frei;
entrevista que supongo se produce en términos políticos --no creo que
hicieran un seminario sobre las posibilidades de la jurisdicción
española-- y el señor Almunia le dice al señor Frei que se deben respetar
las leyes del país sobre el que se producen esas investigaciones, que es
Chile; le dice eso así de claro. Incluso respecto a un español con nombre
y apellidos, don Carmelo Soria, asesinado en 1976, dice algo tan
absolutamente avanzado como lo siguiente: En algún momento se llegue a
una solución que ofrezca una reparación suficiente a algo tan irreparable
como es un asesinato. En esos términos se pronuncia políticamente el
señor Almunia. Pues bien, el señor Almunia se pronuncia políticamente en
esos términos y eso es irreprochable. El señor Fungairiño instrumenta
jurídicamente un obligado razonamiento dentro de nuestro ordenamiento
jurídico y es un fascista y desconoce el sistema democrático. Yo en este
momento tengo la sensación de estar asistiendo a un espectáculo de
ventrílocuo. No sé si el señor Almunia tiene un muñeco en su mano que es
el señor Belloch, o si el señor Belloch tiene un muñeco en su mano que es
el señor Almunia. Lo que sí veo es que hay dos voces que no coinciden y
que pertenecen a dos discursos absolutamente distintos.

Había llegado ya el momento de acabar con este espectáculo, aunque
algunos parece que quieren prolongarlo y piden el bis, y por eso nuestro
grupo le ha hecho comparecer aquí. Le agradece extremadamente su
presencia porque, como digo, para nosotros la situación ha sido
claramente penosa, pero estimamos que con ello hemos hecho un servicio al
ministerio fiscal, a las instituciones de nuestro país y quizá también
una llamada a la reflexión de si el debate político no tiene también
algunos límites, sobre todo con personas que por razón de su cargo no
están en condiciones de defenderse en el auténtico ágora público que es
esta casa.




El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Con la venia,
señor presidente.

Quisiera empezar por esta última afirmación que ha hecho el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, a quien doy las gracias porque,
efectivamente, ha interpretado lo que yo creo que ha sido y es la
realidad. Lo que he visto en algunos de los portavoces es una postura
realmente maniquea. Yo no sé si el fiscal es poco político o es poco
fiscal. Para algunos es muy poco fiscal, tiene que ser más político y, de
hecho, este debate ha sido puramente político. Realmente aquí no se ha
hablado de la actuación propia y específica del fiscal general del Estado
y de los fiscales, que es una actuación guiada fundamentalmente por los
principios de legalidad e imparcialidad, que quiere decir la ley pura y
simplemente; no la conveniencia, no la oportunidad, no cualquier otra
cosa que sea predicable o aceptable en política pero que no lo es en
absoluto ante los tribunales de justicia. Estoy totalmente de acuerdo con
usted, señor Ollero, porque de aquí sale uno con esa grave confusión:
¿soy o debo ser un político, soy o debo ser un fiscal? Alguna vez, cuando
se ha planteado esta cuestión he dicho que el señor presidente del
Gobierno, en su discurso de investidura, apostó en este orden de cosas
muy fuerte porque dijo: En adelante el fiscal general del Estado será un
fiscal. Sabía perfectamente lo que decía, es decir, un funcionario que ha
actuado más o menos años, pero guiado por estos principios de legalidad e
imparcialidad. Si se afirma esto en un acto tan solemne como éste en el
que de alguna manera se ponen los pilares de la actuación de ese
Gobierno, parece que cualquier observación, cualquier reparo, puede
resultar



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apriorísticamente cuando menos un error. Muchas veces no es sólo error,
es una falta consciente a la verdad, es decir, es una mentira. Y si se
afirma algo distinto hay que probarlo porque, en cualquier caso, padece
la institución, padece el fiscal, padece la justicia y padecemos todos
por afirmaciones alegres y absolutamente inmotivadas.

Otra observación de carácter general es que me da la impresión --y lo
digo con todo respeto-- de que SS. SS. no se han leído al menos todos los
papeles que hay sobre esto. Se da la circunstancia de que yo ocupo la
Fiscalía General del Estado desde el día 19 de mayo del año 1997 y esto
está en los juzgados desde un año antes, desde marzo o abril --desde
luego, abril-- de 1996. De manera que podría decir: Señores, pregunten lo
que ha ocurrido antes del 19 de mayo de 1997 a los Gobiernos anteriores o
a los fiscales generales anteriores, porque yo no he tenido arte ni
parte. Me da la impresión de que no tienen absolutamente ningún
conocimiento de esos papeles. No sé si habrán llegado a sus manos, pero
me he dado cuenta de que no tienen ningún conocimiento.

¿Por qué digo esto? Porque hay aquí una comunicación del fiscal general
del Estado, de 18 de abril de 1996, que voy a leer porque no tiene
desperdicio. Dice: Excelentísimo señor --va dirigida al fiscal jefe de la
Audiencia Nacional--, en contestación al escrito de fecha 11 de los
corrientes en el que solicitaba instrucciones en relación con la posición
de mantener por el ministerio fiscal en las diligencias previas 148/1996
incoadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5, adjunto remito a
V. E. dictamen sobre tal cuestión elaborado en la Secretaría Técnica de
esta Fiscalía General. Compartiéndose íntegramente los razonamientos
desplegados en tal informe, el fiscal deberá interesar que se dicte auto
declarando la incompetencia de la jurisdicción nacional para conocer de
los hechos objeto de denuncia y el consiguiente archivo de las
actuaciones.

Señores diputados, al hablar de este tema lo menos que podían haber hecho
era haber tomado conciencia de estos antecedentes. Yo he heredado una
determinada situación. El fiscal general anterior a mí no, el anterior al
anterior, dirige, con fecha 18 de abril, esta comunicación al fiscal jefe
de la Audiencia Nacional y le pide el archivo de las actuaciones
dirigidas respecto a la guerra sucia, las juntas militares, los
asesinatos, secuestros, raptos, lo que quieran ustedes, de Argentina, que
son las diligencias previas 148/1996 que se siguen en el Juzgado de
Instrucción número 5. Ahora que me digan que el fiscal general del Estado
ha cambiado de opinión. Pero, ¿de qué opinión y respecto a qué asunto ha
cambiado? Esta es la opinión. Este asunto se lleva a junta y se celebra
una junta. Lógicamente, no les voy a leer aquí todo lo que se dice en la
misma, pero sí les puedo asegurar que de los catorce asistentes no hay
más de tres que se decidan claramente por la competencia de los
tribunales españoles. De manera que si el fiscal general hubiera querido
seguir --no está vinculado-- la decisión de la mayoría de la Junta de
Fiscales de Sala hubiera tenido que ordenar, como ya había ordenado
--porque la junta se celebra unos días después--, el archivo de esa
causa. El archivo de la causa o el cambio de opinión no es de este fiscal
general, es del primer fiscal general que conoce de estos hechos. Repito
que no voy a dar aquí nombres porque no viene al caso pero, salvo tres,
los demás se pronunciaron en contra de la competencia de España para
conocer de esos hechos. Dijeron --eso sí, hay que decirlo todo--: Son
hechos tan graves que, al menos por nuestra parte, tenemos que hacer un
gesto y no nos vamos a oponer o no vamos a recurrir el auto de incoación.

Un gesto cara a la sociedad, cara a la galería, cara a lo que quieran,
pero jurídicamente no le ven consistencia a la actuación de los órganos
judiciales españoles. Esto es de abril del año 1996. Por tanto, esta
decisión estaba tomada.

Rebrota este asunto --voy a hacer un poco de historia-- a últimos de
1997, porque un fiscal de Sala --y si me pregunta alguien quién era lo
diré-- preguntó a otro fiscal de Sala de qué iban unas determinadas
declaraciones que había hecho un periódico chileno. Por tanto, el asunto
Argentina quedaba orillado. Se dijo allí: De este asunto ya se trató en
una junta el año pasado. Yo no estaba en la Fiscalía General ni en esa
junta. Entonces dije: Me parece que lo más objetivo es en una próxima
junta de fiscales de Sala traer el acta de esa junta, aparte de otra
documentación, para ver qué se dijo allí. Se celebró esa junta y por ser
honrado, por guiarme por los principios de legalidad e imparcialidad y no
por criterios políticos, no obstante haberse ceñido inicialmente al tema
en esa Junta de Fiscales de Sala pura y exclusivamente a ver qué se había
dicho y qué postura se había adoptado, se admitió el debate general
respecto de aquella que estaba zanjada, repito, y respecto del asunto de
Chile, porque las declaraciones se habían hecho a un periódico de Chile.

Después de oír el debate sobre este tema pedí el parecer ya
individualizado de cada uno de los fiscales y, como saben todos porque lo
publicaron los medios de comunicación el mismo día, de los catorce
fiscales siete dijeron: no son competentes los tribunales españoles. Eso
respecto a Chile, cuatro se abstuvieron porque dijeron que había que
aclarar algunos asuntos, y únicamente tres, los mismos que habían votado
a favor de la continuación del procedimiento en el caso de Argentina,
votaron a favor de la continuación del procedimiento en Chile.

El fiscal general del Estado interesó de la Secretaría Técnica un
informe, que fue facilitado y se entregó --no es obligatorio-- a cada uno
de los fiscales de Sala y a todos los medios de comunicación. Es claro,
preciso y da por reproducido el informe que había hecho la Secretaría
Técnica anterior en cuanto a Argentina. Hace algunas precisiones y luego
se dedica a la posible competencia respecto de Chile.

Hago estas aclaraciones porque había bastantes cosas antes de que yo
llegase a la Fiscalía General. No he cambiado ni he hecho cambiar de
criterio. El asunto Argentina estaba zanjado y en cuanto a Chile, aunque
en esa junta la mayoría dijo que no éramos competentes, no hubo
instrucción alguna al fiscal de la Audiencia Nacional para que dejase de
actuar.

Es cierto que en ese asunto hay un informe del fiscal adscrito, pero no
sabemos, porque no hay constancia escrita, de quién dio la orden o quién
autorizó que el informe se hiciera en esos términos. No hay constancia
escrita,



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aunque se pudo dar de palabra. Tampoco se ha negado la validez del
informe en el sentido de que está incorporado y está firmado por un
fiscal. Tengo que añadir que respecto de Chile, aparte de que deja
perfectamente la puerta abierta dentro de unos determinados límites y
condicionantes el extraordinario informe que ha hecho la Secretaría
Técnica, el fiscal está colaborando. No hace más de quince días el fiscal
adscrito a ese Juzgado que lleva esa causa, que es el número 6, ha estado
en Nueva York llevando a cabo una comisión rogatoria al lado del juez.

Conviene que lo sepan SS. SS. El fiscal ha pedido el secreto de esa pieza
para que se consigan los mejores frutos de esa comisión rogatoria, que es
prometedora, a cambio de ese absoluto secreto. El fiscal no se ha
opuesto, simplemente se ha planteado si es o no competente el órgano
judicial español para conocer de ese asunto. Les remito a ustedes a ese
informe que es muy detallado, muy preciso y muy técnico. Por lo visto,
ustedes no me han convocado aquí para hablar de este asunto desde el
punto de vista jurídico, que es por donde he empezado, sino desde el
punto de vista político. Se me han hecho los ojos cuadros cuando he oído,
por un lado, que tengo que ser político, que soy un político y, por otro,
que no soy político y que no puedo serlo. ¿En qué quedamos?
Sigo con alguna otra precisión. El diputado don Juan Alberto Belloch
dice: Dimita antes de que le cesen por usted, por la institución y por su
prestigio. Señoría, me pueden haber elegido fiscal general por mi
prestigio y le agradezco en el alma que se preocupe tanto de él --digo
tanto porque es la tercera vez que me lo dice--, pero voy a añadir que
también estoy preocupado por el de usted. Le pido que lo cuide, porque en
este país hay muchos ciudadanos que se están olvidando de si usted lo
tuvo alguna vez. (Rumores.) Dice que he comparecido por obediencia
debida. ¡Pues, claro! Es una obviedad y no empleo otro término por
respeto al lugar en el que estamos. Si no piden mi comparecencia, no
puedo comparecer. Yo le preguntaría a S. S.: Si piden mi comparecencia y
no comparezco, ¿qué pasaría? Quisiera una contestación. ¿Puedo negarme?
(El señor Sanjuán de la Rocha: ¡No tiene usted remedio!)
Ha dicho antes también que he venido aquí por arrepentimiento, no de
forma espontánea. A S. S. le parece que por arrepentimiento; a lo mejor,
no. Ha comparecido no porque se haya tenido que arrepentir de nada
porque, como se ha dicho hasta la saciedad, no se ha cambiado ningún
criterio desde el punto de vista jurídico, que es el nuestro. Ha venido
porque le han pedido que venga, pero no viene arrepentido de nada. Ha
tenido que hacer un discurso más político que jurídico, pero porque se lo
han exigido SS. SS. El discurso jurídico nuestro, el de la Fiscalía
General del Estado, está bien claro, está perfectamente definido. Ha
empezado diciendo que la comparecencia luego ha sido útil. Dice que se
han puesto de acuerdo los grupos para decir que el fiscal general del
Estado ya no tiene credibilidad y que han adoptado una posición de
reprobación política. Pues enhorabuena porque si no debo ser político y
me han reprobado políticamente, quiere decir que estoy en mi sitio.

Acertaban el presidente Aznar y el Gobierno cuando elegían a un fiscal de
carrera y a un fiscal en ejercicio.

El señor Castellano hacía una serie de consideraciones que no voy a
desmenuzar porque, de alguna manera, ya las he dicho anteriormente.

Conocemos, por otra parte, cuál es la teoría o la doctrina del señor
Castellano respecto del nombramiento y la naturaleza del fiscal. Hemos
hablado de ello más de una vez en este lugar. Sabemos y respetamos su
parecer de que el fiscal sea parlamentario. Estaría perfectamente bien
visto y serían normales esta comparecencia y cien más, porque si fuera un
fiscal parlamentario estaría en lo suyo. Pero se da la circunstancia de
que nuestra Constitución --vamos a ver si la respetamos todos-- por el
momento no ha querido que el fiscal sea parlamentario, ha querido que el
fiscal sea nombrado por el Rey a propuesta del Poder Ejecutivo, oído el
Consejo Fiscal y así se ha hecho. ¿Qué quieren ustedes, legisladores,
otro sistema? Pongan en funcionamiento otro sistema. El fiscal general
del Estado no ha inventado éste ni tiene ninguna consideración especial
--por lo menos, no lo ha manifestado-- por éste o por el de más allá,
porque hay otros más. ¿Que hay que reformar el estatuto? Muy bien, ya lo
hemos oído. Tiene usted muchísimas razones, muy respetables. En aquella
iniciativa suya se pronunciaron todos los grupos y, como usted pudo ver,
unos dijeron que sí, otros que no, otros que sí pero que no, con absoluta
libertad.

Habla usted de la impropiedad de crímenes de Estado. Seguramente tiene
razón. No es una frase afortunada, pero la hemos empleado porque se suele
utilizar por ahí. En cuanto a dar lecciones de democracia, no he venido
aquí a dar lecciones de democracia. Esa no es mi finalidad, no es mi
objetivo, no me ha configurado para eso el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. He venido a exponer lo que he pensado que querían
oírme, y era ese rechazo total, absoluto, tajante, pleno y desde siempre
a las dictaduras, la de Chile y la de Argentina. Si hay una frase
desafortunada, mal redactada en la nota del señor Fungairiño y luego en
mi informe, les quiero repetir algo que he dicho con mis palabras: No
estoy haciendo un discurso histórico, ni siquiera histórico-político o
jurídico-político de Argentina. Conviene que lo tengan ustedes presente,
porque cuando hacemos ese informe no estamos haciendo historia. Ya
vendrán los historiadores, ya vendrán los constitucionalistas diciéndonos
que ocurrió y qué valor tenía aquello. No lo estábamos valorando,
podíamos haber hecho una valoración política o jurídica, pero no lo
estábamos valorando. Desde luego, tampoco estábamos escribiendo una
historia. Por tanto, ¿qué ocurrió? Pudo haber ocurrido algo completamente
distinto. No sentamos una tesis histórica.

Es posible que a ustedes se les haya pasado algo, y es que la situación
de Argentina, cuando se produjeron estos hechos, era realmente muy mala.

Como pueden dudar del origen de esta afirmación, les remito, si quieren
comprobarlo, a los informes de Amnistía Internacional de los años 1976 y
1977 respecto de Argentina, en los que se describía un estado de cosas
similar al que se entrevé de esas palabras del señor Fungairiño.

Distingamos la constatación de unos hechos y la valoración de esos
hechos. Constata unos hechos como los constata Amnistía Internacional y
ninguno de los que estamos aquí presentes nos hubiéramos atrevido a decir
que Amnistía Internacional defendía o toleraba



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los crímenes que se estaban cometido en los regímenes políticos de Chile
y Argentina. Si no se lo hubiéramos dicho a Amnistía Internacional
tampoco se lo podemos decir al informe del señor Fungairiño, porque esa
frase está rezumando ese estado de cosas. Hace no mucho tiempo un amigo
me ponía un ejemplo que es ilustrativo: el que digamos que Hitler llegó
al poder de forma democrática no quiere decir que estemos dando el visto
bueno a los enormes crímenes contra la humanidad que se cometieron
durante su mandato.

Señor Castellano, en cuanto al Cesid, tengo que recordarle lo que le dije
en la comparecencia anterior. Se ha procesado a los que se entiende
responsables; a los trabajadores, a los que estaban en aquel departamento
y estaban haciendo su labor, como la podían hacer en cualquier otro
sitio, no se les ha procesado y no se les acusa, al menos por el fiscal,
pero el asunto sigue adelante en cuanto a los que se entiende
responsables. Dice usted también que, de hecho, me están haciendo
político. Quizá sí (también lo ha dicho don Andrés Ollero), a fuerza de
venir por aquí, de tener que intervenir en este tono y de manejarme con
estos conceptos tan ajenos y tan extraños a mi carrera, me tendré que
hacer político; a lo mejor no hace falta. Por fin, aboga usted por un
fiscal independiente. Creo que eso no lo pone nadie en tela de juicio. El
problema es cómo conseguimos ese fiscal independiente, porque lo quieren
todas las sociedades y todos los gobiernos, salvo que estatutariamente o
en su Constitución esté establecida otra cosa. Tienen que ponerse de
acuerdo ustedes, los políticos, para conseguirlo.

Al señor Silva le tengo que agradecer que haya admitido como buenas mis
explicaciones y que haya creído mi rectitud y mi sinceridad con las
afirmaciones, los párrafos y los puntos concretos a los que me he
referido. Si esa nota del señor Fungairiño y mi informe posterior
tratando de aclararla lo que han hecho ha sido confundirla, rectifico;
rectifico en la medida en que se haya podido entender de forma distinta a
como estoy diciendo ahora. Se lo agradezco, lo mismo que le agradezco al
señor Mardones que también haya hecho una larga exposición que, en
definitiva, ha sido una larga aprobación de la actitud y del
comportamiento del fiscal en este acto. Tengo que decir --no sé si para
S. S. o para otros-- que si el fiscal no ha venido antes y no ha dado una
explicación es porque no se lo han pedido, porque aquí no puede
comparecer el fiscal espontáneamente; viene por obediencia debida; no por
arrepentimiento espontáneo, por obediencia debida.

A título de ejemplo les puedo decir que en el programa Los desayunos de
TVE del día 11 de diciembre contesté de una forma tajante y terminante a
estas mismas preguntas. Se reprueban, se han reprobado y se reprobarán
absolutamente, totalmente, las dictaduras militares de Argentina y Chile.

Me lo volvieron a preguntar y lo volví a ratificar. El día 18 de
diciembre, en un programa de televisión, que luego difundieron varias
televisiones --fue un reportaje que hizo Europa Press Televisión--, el
señor Fungairiño dijo lo mismo, pero multiplicado por tres, por cuatro o
por diez. Lo dijo ayer, ahí están los teletipos, y lo dirá cuantas veces
se lo pregunten. Estoy muy agradecido porque haya comprendido y admitido
que nunca es tarde si la dicha es buena, como dice el refrán. Aquí está
la rectificación en la medida en que fuera necesaria o en que haya podido
haber un malentendido en nuestras expresiones. Repito que una cosa es
constatar unos hechos tremendos y otra cosa aprobarlos. Insisto en que no
leo esos párrafos, pero con que se tomen la molestia de leer los informes
de Amnistía Internacional de 1976 y 1977, referidos a Argentina, verán
que dicen esto.

En cuanto a la crítica, la repulsa y demás por no haber venido antes, a
la que se ha referido el señor Silva, diré que efectivamente nos hubiera
gustado que al día siguiente de hacerse público todo este barullo --digo
barullo porque, aunque en la Fiscalía no lo hemos tenido nunca, en los
medios de comunicación ha habido noticias, contranoticias, afirmaciones y
contraafirmaciones-- se nos hubiera pedido una comparecencia en estos
términos; lo hubiéramos hecho, porque no teníamos nada que ocultar. Bien
entendido que nos hubiera gustado mucho más, porque es más propio
nuestro, hacerla en términos jurídicos, porque ése es nuestro papel.

Doña Margarita Uría, del Grupo Parlamentario Vasco, dice que es la
primera vez que me pronuncio así. Es la primera vez aquí. Acabo de citar
esta ocasión que me han dado, porque si me hubieran dado otras, hubiera
buscado otras. Tampoco es cosa de ir buscando en los periódicos: voy a
decir esto. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una junta, en unos
informes --la Junta de Fiscales de Sala, unos informes de la Secretaría
Técnica--, pero no estamos pensando en crear un estado de opinión que no
va con nuestro planteamiento jurídico. Nosotros estamos con la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Lo otro no es que no nos importe, lo que
pasa es que no se nos ha planteado como algo urgente, algo necesitado de
aclaración inmediata, porque en ese caso lo hubiéramos hecho.

¿Cómo empezó esto? Creo que ya he descrito cómo comenzó. Primero fue una
denuncia, luego una querella y luego otra denuncia y otra querella.

Primero, respecto de Argentina ya he dicho cuál fue la postura del fiscal
general; luego, unos meses después, para Chile. También he dicho que hay
un informe favorable del fiscal de la Audiencia Nacional, pero que no
sabemos cuáles fueron las instrucciones que le dio el fiscal general del
Estado y, en todo caso, que yo me he encontrado con esto hecho. Ya he
explicado lo que ha pasado después de llegar yo a la Fiscalía General.

Quizá no haya sido suficiente porque aquí no tiene uno la posibilidad de
hacerlo con el orden y la sistemática que este tema requiere ya que es
evidentemente complejo y tiene muchas facetas.

En cuanto a las otras frases o a la frase conflictiva, ya he repetido que
rectificamos en la medida en que se haya podido entender que viene un
poco condicionada por ese estado de cosas, estado de cosas que no lo
describe o lo entrevé sólo el señor Fungairiño; es Amnistía Internacional
la que está diciendo que hay secuestros y detenidos. (Rumores.)
Hemos contestado ya al señor Mardones y le agradecemos que haya aceptado
nuestra explicación.




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Por el Grupo Mixto, dice doña Begoña Lasagabaster que existe una
preocupación social enorme por estos hechos, como ya se vio en el
Parlamento vasco en el mes de diciembre pasado. Nosotros no tenemos nada
en contra, nos parece bien. Los hechos son tremendos y que haya una
preocupación social, aunque no sea más que para evitar que remotamente
cualquier circunstancia pueda dar lugar a que se repita algo parecido,
nos parecerá siempre y en todo caso muy bien.

Dice también que en mi escrito aclaratorio hay manifestaciones
aberrantes. Ya hemos dicho que en la medida en que excedan o no se
interpreten en la forma o con los límites que hemos señalado aquí,
rectificamos. No hemos querido, no yo, el señor Fungairiño, que ha hecho
el informe, y yo, que lo he ratificado en esa parte, sino reflejar un
estado de cosas, pero no dar una justificación a las mismas. Y fue un
golpe de Estado, efectivamente, lo fue, desde el principio, o por lo
menos eso es lo que se está esclareciendo o se está viendo, pero no hemos
tenido nunca nada para afirmar desde el primer momento que hubiera sido
un golpe de Estado, que no estamos haciendo historia ni estamos haciendo
constitucionalismo argentino.

En cuanto a doña Cristina Almeida, dice que le causa pena. ¡Qué le vamos
a hacer! Dice S. S. que vengo aquí para convencerles, sobre todo, de que
soy constitucionalista, respetuoso con los derechos humanos, etcétera.

Pues no. Me he criado en un ambiente en el que los ha respetado la
inmensa mayoría de las personas con las que yo he convivido; algunos no,
¡qué le vamos a hacer! Entonces no he tenido que venir naturalmente a dar
aquí lecciones de nada, sino simplemente a expresarme tal cual soy, y,
por supuesto, no a darles lecciones a ustedes, ¡faltaría más! Yo he
venido aquí porque me han pedido que venga a explicar lo que me han
solicitado, no para decirles a ustedes cómo tienen que hacer las cosas.

Dicen que se ha investigado hasta un determinado momento. Se ha llegado
hasta donde se ha llegado. A lo mejor se puede llegar a más, sobre todo
en el tema de Chile, pero no olviden que nosotros tenemos una vertiente
jurídica y es la competencia de los tribunales y ahí está el artículo 23.

Ojalá pudiésemos remontarnos a otros tiempos, pero eso no depende ni de
usted ni de mí. Ahí tenemos una ley y, además, como usted sabe, el fuero
en este caso penal no es prorrogable, o sea, que no se puede decir me
declaro competente o incompetente; es improrrogable, somos competentes o
no lo somos.

Por nuestra parte no tenemos más explicaciones que dar.




El señor PRESIDENTE: ¿Desean intervenir en un segundo turno? (Pausa.)
La señora Almeida tiene la palabra.




La señora ALMEIDA CASTRO: Señor fiscal, cuando le hemos dicho que no
venimos a un debate jurídico es porque aunque efectivamente usted pueda
mantener la competencia o no de los tribunales --a lo mejor, si yo fuera
la acusación, diría que sí la tienen--, los que resuelven son los jueces.

Nosotros no estamos aquí para resolver el tema de la competencia, ni
usted, ni yo, ni la acusación, ni la defensa, ni nadie; lo resolverán los
jueces. Por tanto, no le hemos traído a ese debate porque aquí no vamos a
resolverlo. Para lo que le hemos traído, para que le quede clarito
--aparte que le ha traído el PP, porque no quisieron aceptar
mayoritariamente traerle entre todos antes, en la Diputación Permanente,
y ahora le ha traído el portavoz del Grupo Popular o el Grupo Popular--,
es para que nos cuente lo que piensa de todo esto. ¿Por qué? Aunque usted
lo piense, de verdad, a mí no me da pena personal, ¡por Dios!, ni lo tome
usted en cuenta; me da pena política que le hayan tenido que traer a que
nos cuente lo que antes podía haber sido una comparecencia, a que nos
traiga usted ese escrito que quedará en las actas diciendo que es
demócrata, que renuncia a Satanás, a lo de Chile, a lo de Argentina y a
todo. Usted empezó y es usted el que ha creado el problema. Lo creó el
señor Fungairiño, a quien se le ocurrió decir por escrito las cosas. Está
usted aquí porque, a nuestro entender, metió la pata y dijo por escrito
cosas que contradicen lo que hoy se ha manifestado como decálogo. Por eso
le hemos traído, para que nos lo explique. Y no nos riña, porque es que
en su intervención nos riñe porque no hemos leído los papeles. ¿Quiere
que se los diga todos? Todos: cómo empezó el asunto de Chile, cómo cuando
se hace la denuncia de Argentina en marzo de 1996 efectivamente hay un
informe de la Fiscalía en el que dice que no se es competente; se ha
armado un follón con ese informe --que lo hizo el señor Aranda, para dar
nombres-- y yo recuerdo que hasta en La Vanguardia se publicó un artículo
sobre esto diciendo que era vergonzoso. Al final hubo además más
vergüenza por una razón, porque decían que no era del señor Aranda, que
no era un informe pedido, sino una orden dada por la Fiscalía General.

Incluso pusieron al señor Granados --que no era usted, ya lo sabemos--
verde precisamente por eso. ¿Qué pasó? Que la Fiscalía actuó, según usted
lo ha calificado --me parece que de una forma frívola--, con un gesto a
la galería, para que se callaran. No señor, se trató de inanición fiscal,
porque usted no recurrió ningún informe de competencia cuando el señor
Garzón lo llevó adelante; ni usted ni la Fiscalía lo recurrieron y cuando
se hace la denuncia por el asunto de Chile, el señor Balaguer, que era el
fiscal, informa favorablemente la competencia. No sabemos todas las
fechas, pero es que aquí no estamos hablando de eso, y no porque no
queramos hablar, sino porque lo que nos preocupa es qué ha pasado en ese
procedimiento para que criterios jurídicos de repente hayan resultado
otra cosa. Que hoy nos quiera usted citar, como ha hecho, a Amnistía
Internacional significa que casi la va a hacer responsable del golpe
porque denunciaba las injustificas de allí. ¡Pero si lo que estaba
denunciando Amnistía Internacional precisamente eran las fuerzas
paramilitares, las expulsiones del Gobierno y no lo que hacía el
Gobierno! También está denunciando al Estado español y a ustedes,
precisamente porque hay presos políticos, los insumisos, aunque ahora,
gracias a Convergència i Unió, al haber votado en contra, los van a sacar
de la cárcel. Es decir, Amnistía Internacional abarca muchas cosas y no
las vamos a sacar.




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De lo que aquí estamos hablando es de otra cosa, es de su informe, del
que no se admitía esa credibilidad democrática que usted nos ha hecho
hoy, aunque se haya reunido toda su vida con gente que tiene respeto a
los derechos humanos. Que eso se haga por escrito es lo que le estamos
reprochando. Me da igual que sea arrepentimiento espontáneo u obediencia
debida. Lo que no se debía haber hecho es lo que hizo el señor
Fungairiño, por mucho que ayer --y ya se dice que viene a arroparlo--
diga que ni la de Castro, ni la de Pinochet --y tendríamos que hacer una
retahíla de dictaduras que han gozado del beneplácito de todo el mundo--.

A mí no me importa que hagan esas confesiones; lo que me importa es lo
que ha salido de su propio escrito, lo que usted me ha contestado, usted,
que yo no me lo he inventado ni quiero hacer ninguna controversia.

A lo mejor no le da importancia a la Fiscalía. Pues mire, nosotros sí se
la damos. Usted dice éste no es un problema de la Fiscalía, es de
ustedes. Es que usted está ahí no para ser político --nosotros estamos en
la política--, usted ejerce también una función de defensa de la
sociedad, y hablará como político, del PP o de lo que quiera, hablará
mejor o peor, pero no lo elude diciendo déjenme estudiar en mi Fiscalía.

No señor. Usted es el fiscal general del Estado, tiene que representar
esos derechos y no lo ha hecho. Yo me alegro de que usted lo quiera
reconocer como error. Si ha venido aquí ha sido por su error, no por
nuestras ganas de traerle en este caso, porque nosotros hubiéramos pasado
de esto y habríamos hablado de otras cosas de las que también vamos a
seguir tratando. Aquí ha venido por su error, por haber apoyado y querer
justificar lo que no tenía justificación en el señor Fungairiño y haberlo
hecho, además, de la peor manera, obligándonos a que también nos
metiéramos con usted, con lo que no era el señor Fungairiño. No me he
querido meter en muchas más manifestaciones del señor Fungairiño, no
porque le tenga manía, sino porque a mí lo que me importa es la expresión
escrita de lo que transmite a la sociedad. El pensamiento lo respeto, la
libertad de conciencia la respeto, pero cuando eso se traslada a la
sociedad y no es democrático tengo el deber de denunciarlo. Esa es la
denuncia y ése es su error.

Me gusta el decálogo. Me ha dado pena porque me parece que no se pedían
excusas --excusatio non petita..., no sé muy bien cómo es, yo nunca lo
digo en latín--. Por tanto, explicación no pedida, no dada, pero es
verdad que aquí le han traído para que usted explique que es demócrata,
porque ése es el sentido de la comparecencia. Nosotros habíamos pedido
una reunión de la Diputación Permanente para que usted nos explicara cuál
era la polémica que había surgido. Dijeron que no y ahora le han traído
para que explique su convicción democrática. Me doy por enterada, pero
preferiría que en la carta que nos dirigió al señor Saura y a esta
diputada no hubiera usted hecho valer las cosas que hizo valer. ¿Que ha
sido mal interpretada? De verdad, leemos lo mejor posible, hemos hecho la
carrera y leemos lo que tenemos delante. Yo no me quiero equivocar en las
cosas, pero cuando me equivoco por lo menos me pregunto y creo que todos
los grupos le hemos querido preguntar si estamos todos equivocados o si
el equivocado es usted. Creo que ahí se equivocó; si eso le vale para
rectificar, bienvenida la rectificación, pero hágala como proceso de
enmienda, no como obediencia debida, porque nos preocupa que piense que
dar esta explicación es una obediencia debida.




El señor PRESIDENTE: Por el buen orden del desarrollo de la sesión, creo
que toda Presidencia de un órgano parlamentario que apele a la cortesía
parlamentaria siempre actúa bien, aunque pudiera ser un exceso por su
parte, y ya en trance de concluir este debate, creo que siempre es bueno
que yo apele a la cortesía parlamentaria de todas sus señorías, que sé
que es grande, y apele también al señor fiscal en esa consideración, en
el deseo de que esta comparecencia termine en el buen orden en que se ha
desarrollado.

También desde un punto de vista de aclaración a la posible contestación
del señor fiscal, aunque no dudo, como sucedía con la señora
Lasagabaster, de su gran conocimiento del Reglamento, quiero decirle a la
señora Almeida que, como ella también sabrá, ninguna autoridad puede
comparecer ante la Diputación Permanente de la Cámara. La Diputación
Permanente puede decidir convocar un órgano de la Cámara en una sesión
extraordinaria fuera del período de sesiones. Se lo digo porque acaso
pudiera en ese sentido entenderse un dato que confundiera al
compareciente, y con ese solo deseo de mayor abundamiento en el orden del
debate, me permito hacer esa consideración.




La señora ALMEIDA CASTRO: Perdón, señor presidente, pero es que me ha
pedido la compañera Begoña Lasagabaster que le disculpe ante el señor
fiscal general por haberse tenido que marchar.

Por supuesto, no me refería a la comparecencia en la Diputación
Permanente sino que la reunión de ésta era para convocar un Pleno en el
que el señor fiscal general del Estado compareciera. (El señor Ollero
Tassara: ¡Cómo va a comparecer en un Pleno!-- Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.) En un Pleno o en la Comisión,
donde quisiera. Esa era la discusión y no me enseñe el Reglamento, señor
Ollero, que sé leer.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida, no está en el uso de
la palabra.

Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.

(La señora Uría Echevarría pide la palabra.)
Perdón, señor Castellano, no había visto a la señora Uría.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Faltaría más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Señor fiscal general del Estado, ya le he
indicado que en la primera parte sus explicaciones me han parecido
satisfactorias y me ha gustado



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cómo ha expresado el sentir de la Fiscalía, pero en esta segunda parte es
la primera vez que en los dos años que llevo como diputada me he sentido
reñida en la Cámara. Nos reprocha usted a los diputados que no sepamos
distinguir lo jurídico de lo político, pero sólo quiero recordarle que el
origen de este embrollo es una frase de contenido marcadamente político
en un informe, y no hubiese pasado nada si se hubiese ceñido al contenido
del informe, que debía ser jurídico.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: También con mucha brevedad, señor presidente.

Yo reconozco las dificultades quizá del fiscal general del Estado, sobre
todo por lo complicadas que son las comparecencias de dicho cargo ante la
Comisión de Justicia, porque seguro que el Reglamento debiera
modificarse, porque seguro que el Estatuto del ministerio fiscal también,
porque debiera comparecer en virtud de su propia solicitud, y por muchas
circunstancias. Quiero manifestarle mi comprensión, de un lado, pero
también otras dos cosas.

El ministerio fiscal se rige por los principios de legalidad y de
imparcialidad, no de generalidad. El señor fiscal general del Estado ha
efectuado una afirmación absolutamente general, imputando a los diputados
el desconocimiento de una serie de procesos, y tengo que decir que al
menos mi grupo parlamentario jamás ha caído en la irresponsabilidad de no
conocerlos, de no conocerlos hace ya tiempo y de no conocerlos en el mes
de diciembre. Por tanto y por lo que hace referencia a mi grupo, en
relación a esa imputación, tengo que manifestar que no ha sido así, me
consta y le consta al señor fiscal general del Estado.

En segundo lugar, tengo que decir que esa distinción que pretende hacer
entre lo jurídico, lo político, la historia y el derecho no es tan
nítida, ni muchísimo menos, como pretende, porque el derecho se aplica a
los hechos y los hechos son la historia, y desde luego aquí la historia
es la noticia criminis o es, en última instancia, las circunstancias que
luego deben ser valoradas jurídicamente y de donde debe determinarse si
entra o no en un tipo de subversión o no del orden constitucional y si
hay causas de justificación o no. El principio de calificación es eso, es
acotar un determinado sector de la realidad social que, a partir de ser
acotado y sometido a las normas, se convierte en realidad jurídica. Por
tanto, ya no se trata de que éste sea un órgano de naturaleza
fundamentalmente política, sino de que en el informe al que se ha hecho
anteriormente referencia se acotan unos hechos, se seleccionan, se
interpretan y valoran jurídicamente, que es lo que hemos hecho aquí, y
hemos apreciado satisfactoriamente una diferente valoración en sus
expresiones y en las que contenía el informe originario; expresiones que
creo además son coincidentes con la valoración jurídica que se efectúa
desde mi grupo.

Por tanto quiero manifestar, en primer lugar, como he dicho, la
comprensión por la dificultad de un trámite que no está especialmente
previsto. En una primera comparecencia fue difundido e incluso generó
algún reproche del portavoz del Grupo Socialista un informe del letrado
sobre cuál era el alcance de las comparecencias del fiscal general del
Estado. Por eso, si hay que agradecer la comparecencia de cualquier
personalidad, la del fiscal general del Estado, más, porque con el
Reglamento en la mano parece que sólo puede venir aquí a explicar la
memoria. Por tanto, quiero manifestarle ese agradecimiento. En segundo
lugar quiero señalar que no hemos hablado de competencia, al menos mi
grupo en ningún momento ha tratado estrictamente el tema de la
competencia, y lo que sí ha manifestado es la preocupación por la
valoración de determinados hechos, porque la misma es relevante a efectos
de la aplicación de las normas.




El señor PRESIDENTE: Ahora sí tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con toda brevedad, señor presidente.

Podría parecer ingenioso ese juego de tiene usted que ser político, y
cuando es político le dicen que tiene que ser jurídico, y cuando se
coloca usted en plan jurídico le dicen que tiene que ser político; podría
serlo, pero no lo es, no es ingenioso. Además, usted sabe de sobra que en
el organigrama político, que no significa de partida ni alineado en
ninguna posición parcial, están cargos como el suyo, el del presidente
del Tribunal Constitucional, el del presidente del Consejo General del
Poder Judicial... Claro que son cargos políticos y evidentemente esta
Cámara está para examinar políticamente determinadas actuaciones y
determinados comportamientos y no está para entrar en disquisiciones
jurídicas, que efectivamente tienen su importancia en este caso, pero que
no son hoy objeto de tratamiento. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, en cuanto a esos términos jurídicos, alguna posibilidad
habrá de que se pueda mantener la tesis de la competencia de nuestros
juzgados y tribunales cuando da la casualidad de que la primera denuncia
a la que usted ha hecho referencia no es de un particular, no es de un
partido político que pudiera tener alguna afinidad con otras fuerzas; es,
ni más ni menos, que del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia y al mismo tiempo presidente de una asociación de fiscales. Por
tanto, en el propio cuerpo fiscal hay legítimamente quien mantiene esa
interpretación, con la que algunos coincidimos, y respetamos a los que no
coinciden en la medida en que su no coincidencia se base estrictamente en
criterios jurídicos, pero da la pequeña casualidad, querido señor fiscal
general del Estado, que en el informe del señor Fungairiño no sólo hay
criterios jurídicos, hay valoraciones políticas, y unas valoraciones
políticas que, lógicamente, pueden y deben ser contestadas; valoraciones
políticas que, por cierto, son absolutamente innecesarias, y habrá que
empezar a tratar de poner un minimum de comportamiento común, porque
entre el abuso permanente de sus queridos colaboradores en el ministerio
de la palabra «visto», a lo que yo suelo decir en plan de broma que
tampoco pasaría nada porque pusieran alrededor «y leído», que suele ser
bueno, o este conjunto de informes que efectivamente quieren dar



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lecciones de valoración histórica, a lo mejor resulta que se pueden
realizar unos informes, repito, que estén bien hechos y que sirvan para
fundamentar las pretensiones y, a lo mejor, por no caer en esas
explanaciones, se evitarían estos peligros.

En todo caso, y acabo, le invito a que lea usted el «Diario de Sesiones»
--que supongo que lo hará-- para que vea que yo no le he imputado que
usted quiera dar lecciones en democracia. Ha sido al revés, le he dicho
que yo no las iba a dar; por lo tanto, yo no le he hecho esa imputación y
tampoco le he imputado a usted ninguna actuación en lo que se refiere al
asunto del Cesid. He dicho que cuando alguien o algunos o quienes fueren
en el asunto del Cesid han mantenido una determinada complacencia
lógicamente deben tener cuidado al hablar de los derechos humanos cuando
no ven la viga en el ojo propio y a lo mejor ven la paja en el ojo ajeno.

Cuando usted repase el «Diario de Sesiones» verá que esas manifestaciones
no iban dirigidas a usted. Lo que ocurre es que, quizá, por ir tomando
usted nota de lo que se iba diciendo, lógicamente ha creído que todo iba
hoy contra usted, pero, no, sinceramente, no iba contra usted y le
reitero que por nuestra parte ha sido muy útil esta comparecencia y que
entendemos sus explicaciones y aclaraciones, que no rectificaciones, como
útiles para el buen prestigio de la institución y, sinceramente,
esperamos que sirvan para encontrar efectivamente un terreno de discusión
en el tema del ministerio fiscal y de sus necesarias reformas que escape
ya a esta utilización del ministerio como arma arrojadiza.




El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: También muy brevemente.

La verdad es que la réplica no se la han escrito, la réplica ha sido
suya, y, claro, la diferencia ha sido abismal. Ha destruido usted el
efecto positivo de un texto bien escrito, evidentemente por otra mano
--quien escribe el anterior texto no puede tener un discurso tan
incoherente, enfadado, agrio e impreciso--. Seguramente ha entendido que
las críticas no encajaban en lo que usted entiende por sana crítica.

Bueno, qué le vamos a hacer.

Realmente al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa
extraordinariamente cómo ha tratado usted a su representante y a todos
los demás grupos parlamentarios dando lecciones. Si trata usted así a los
legítimos representantes de la soberanía popular, ¡pobres fiscales! Ahora
comprendo también perfectamente el contenido de la conversación y lo que
usted entendía por póngales firmes. ¡Si lo ha pretendido con los grupos
parlamentarios de esta Cámara! Muy discretamente ha dicho la señora Uría
que en dos años no había oído nada parecido. No lo hemos oído nadie. Es
una intervención verdaderamente lamentable que le coloca a usted en su
nivel real, no en el del texto que le habían escrito para su primera
intervención.

En realidad es ilustrativo, sin embargo, desde otro punto de vista.

Demuestra otro rasgo de su carácter y de su ideología que hasta ahora no
habíamos tenido ocasión de conocer, o quizá sí aunque tal vez hoy se ha
planteado con más claridad, que es su espíritu profundamente autoritario
y, consiguientemente, su desprecio por todo lo que sea la política y lo
político. Ese es uno de los rasgos que caracterizan el pensamiento
autoritario. Cuando usted citaba lo político y la política era para
menospreciarlo, despreciarlo al lado de lo jurídico y lo que se supone
sería el valor superior. Ese es un rasgo definidor de la ideología
autoritaria, otro más que usted pone encima de la mesa. A todo esto, por
cierto, que yo sepa, aquí no se ha utilizado la palabra fascista, señor
Ollero. Sí que se ha dicho que las frases de ese dictamen se
correspondían a una ideología autoritaria. (El señor Ollero Tassara:
Setecientas veces.) La palabra fascista en esta Cámara, digo en esta
Cámara, no se ha dicho. (El señor Ollero Tassara: Setecientas veces.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, no establezcan aquí un diálogo entre
ustedes.




El señor BELLOCH JULBE: Señor presidente, que se lean las actas, a ver
quién ha empleado la palabra fascista. (El señor Ollero Tassara: Fuera de
aquí, setecientas veces.)



El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Belloch, en el uso de la palabra y
no establezca polémicas, señor Ollero.




El señor BELLOCH JULBE: Aquí, en esta Cámara, insisto, no se ha empleado
esa expresión. Reitero que sí se ha dicho que determinadas expresiones
contenidas en los dictámenes, tanto en el suyo como en el del señor
Fungairiño, eran expresivas de una determinada ideología autoritaria,
puesto que --y así lo hemos entendido todos los grupos parlamentarios,
fíjese, todos los grupos parlamentarios-- no era un error de expresión,
no --por eso no nos hubiéramos preocupado todos los grupos--, era indicar
manifiestamente la ideología justificadora de los golpes de Estado, con
las mismas frases y con las mismas palabras utilizadas por las defensas
de los golpistas en los juicios que se celebraron allá. Esa frase
--parágrafo, no voy a discutir eso-- implicaba eso y representaba
exactamente el contenido argumental empleado por las defensas de los
torturadores y de los genocidas de esas dictaduras. Eso es lo que hemos
dicho. No le hemos llamado en esta Cámara fascista, y, desde luego, me
parece un insulto gravísimo y si se lo hubiera llamado, lógicamente,
comprendería su ofensa o que se sintiera ofendido. Simplemente hemos
dicho que esos párrafos son expresión de una determinada ideología
justificadora de los golpes; eso hemos dicho.

Por otra parte, convendrá aclarar algo, en este caso también para el
señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular --lo han dicho otros
intervinientes anteriormente, pero quisiera añadir algo en este tema--.

¡Claro que no queremos entrar en lo jurídico!, pero ¿por qué? Porque
queremos tener respeto a la actuación de los tribunales, no porque no nos
hayamos estudiado los papeles o no sepamos tanto derecho como pueda saber
usted --no más pero tampoco menos--, sino simplemente porque consideramos
que discutir sobre el tema de la competencia supone perturbar



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a los tribunales que tendrán que decidir sobre ello. No es por ninguna
otra razón. En cualquier otro foro, si no estuvieran los tribunales
pendientes de decisión, con mucho gusto podríamos discutir sobre el tema
de la competencia. Nadie le reprocha a usted --que yo sepa en esta Cámara
no lo ha dicho nadie, desde luego el Grupo Parlamentario Socialista no--
que sea partidario de la incompetencia, nadie le ha reprochado eso,
aunque otros puedan o podamos opinar otra cosa, pero no es ese el
objetivo de la acusación, porque realmente sí le hemos acusado. Le hemos
acusado de haber sostenido una serie de planteamientos en su escrito, a
su vez ratificando el de Fungairiño, que eran contrarios a los límites
constitucionales; de eso le hemos acusado. No le hemos acusado de que
usted opine una cosa u otra. Le hemos acusado, sí, de que actúa por
obediencia debida, y la verdad es que a lo largo de su última
intervención nunca ha sido más obvio que es usted el fiscal del Partido
Popular, nunca ha sido más obvio, en todas sus expresiones, en su forma
de comportarse con el resto de los grupos, en el pensamiento profundo que
revela todas y cada una de sus manifestaciones. De verdad, señor fiscal,
es patético lo que usted ha hecho hoy en esta réplica. Estoy convencido
que a estas alturas --lógicamente no lo van a reconocer-- el Grupo
Parlamentario Popular está arrepentido de haberle traído. Saben que lo
que deben hacer con usted es esconderle.




El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: La verdad es que llega a ser un poco preocupante
alguna de las cuestiones que se oyen aquí, porque podemos dar una imagen
que no sé si es justa. Podemos dar la sensación de que aquí hablamos
mucho y leemos poco, porque, claro, que no nos hayamos leído los
informes, tal como se ha dado en algún caso, pase, pero que no nos leamos
el Reglamento ya es el colmo. Aquí nadie ha intentado traerle entre
todos. Sepa usted que el Reglamento no contempla la comparecencia del
fiscal general en Pleno, ése es un disparate que sólo puede sugerir
alguien que no haya leído el Reglamento en su vida. Por tanto, eso le
puede servir de consuelo en el sentido de que no sólo sus informes no se
leen, sino que el Reglamento tampoco, en algún caso. Por tanto, quédese
tranquilo, no es una discriminación; simplemente es que hay quien lee más
y quien lee menos. Entonces lo que ha habido aquí es una propuesta de un
Pleno extraordinario en el mes de enero, que es un mes no hábil a efectos
parlamentarios, para que montáramos el bonito juego de que los grupos
parlamentarios, algunos, le pidieran al Gobierno que le dijeran a usted
que si no rectificaba sería cesado, todo un tinglado en el que se
mantenía la desigualdad de armas a la que antes me he referido y en el
que usted no hubiera podido decir ni una palabra, ni escrita ni oral, sin
más. Ese era el juego y ése es el juego que hoy se ha acabado. Usted ha
venido aquí y ha intentado defenderse de ataques anteriores.

Me ha alegrado mucho que haya expuesto con gran delicadeza, porque no lo
ha nombrado, pero se le ha nombrado luego, cómo el señor Granados ya
estableció una misma línea que con frecuencia se ha criticado estos días.

A mí me ha alegrado sobre todo porque el señor Belloch, que entonces era
ministro de Justicia y de Interior y que era un hombre escrupulosamente
respetuoso de la independencia del fiscal, seguro que no lo sabía, y por
eso es bueno que hoy haya tenido noticia de que el señor Granados informó
en esos términos, porque él, muy celoso de la independencia, no lo sabía.

(El señor Belloch Julbe pide la palabra.) Es bueno, por tanto, que eso
haya ocurrido.

Se ha dicho aquí que al señor Granados le pusieron verde. Yo no sé dónde
ni quién le puso verde, desde luego en el Partido Socialista nadie le
puso verde por decir eso, y de algunos otros portavoces que se han
pronunciado aquí yo no recuerdo pero ni la mínima crítica a lo que hizo
el señor Granados, y, desde luego, no alcanzó el nivel orquestal que ha
habido que soportar, por ejemplo, durante el último mes, eso sin duda
ninguna, es un hecho histórico. Lo que pasa es que hay algunos (El señor
Belloch Julbe: Nadie acusa de eso a nadie.) que creen que hablando y
hablando y hablando tienen una gran confianza en lo que llaman los
expertos la capacidad performativa del lenguaje. Se creen que con
palabras se hacen cosas y llegan a convencerse de que lo que ellos dicen
se convierte en verdad por el simple hecho de que lo dicen, en una
especie de valencia demiúrgica del lenguaje. Hay otros que tienen una
ideología que les lleva a escribir la historia a su gusto y antojo y se
creen realmente que la historia es como ellos la escriben, y la historia
no es así. No es verdad que entre todos se haya querido traerle; no es
verdad que usted pueda comparecer en Pleno; no es verdad que pusieran
verde al señor Granados; nada de eso es verdad, y aunque se repita cien
veces seguirá siendo falso. Lo sabemos todos los que leemos los
periódicos.

Por tanto, es algo enormemente desproporcionado, y sobre todo lo que me
parece que es algo absolutamente rechazable es el juego que aquí se
mantiene, primero, de una reacción absolutamente desproporcionada
respecto al contenido de los textos, desproporcionada en el caso del
señor Fungairiño porque el texto rezuma condenas continuas y reiteradas
de los militares, cosa que no ocurre con el informe de la secretaría
técnica de los tiempos del señor Granados, que era enormemente aséptico.

Es cierto, el informe del señor Fungairiño tiene muchos elementos
políticos, todas sus condenas de la dictadura son elementos políticos,
todas; tiene más elementos políticos que jurídicos en ese sentido, porque
en ninguna de sus expresiones (exterminio, liquidación, asesinos) está
utilizando términos jurídicos, eso es así.

En cuanto a su escrito, su única referencia a los estados de excepción se
pierde ahí de una manera confusa en medio del escrito y no justifica una
reacción como la que se ha producido en esos días. Es una auténtica falta
de sentido de la proporcionalidad, y el colmo ya es que encima se diga
que lo suyo es una excusatio non petita, que así se dice en latín. Aquí
le parten a uno la cara y si se rasca resulta que es una excusatio non
petita; es lo que faltaba.

Yo quiero recordar algo que se ha dicho aquí. Hay un informe, que no en
vano los servicios jurídicos de esta Cámara, ajenos a la batalla
política, por algo hacen las cosas, que lo que en el fondo ya preveía era
este espectáculo, el



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espectáculo de que usted aquí viene a ser cazado, porque si a usted le
dicen que se desprestigia, el señor Belloch es un sano demócrata, ahora,
si usted dice al señor Belloch que se desprestigia él, usted es un
autoritario. Así se entiende la igualdad de armas en esta casa. Si
quieren ustedes, en vez de hacer una comparecencia informativa, montar
como lo hacen un debate político, aguanten también embestidas. No sean
cínicos. (El señor Belloch Julbe: Estamos encantados, demuestra quién
es.) No sean oportunistas, ¿por qué va a renunciar él a entrar en un
debate cuanto aquí se le insulta desde que pisa esta casa? ¿Por qué, por
qué? (El señor Belloch Julbe: Nos parece magnífico. Demuestra quién es.)
Ese es el modo de entender el debate político de los autoritarios, los
que quieren que no puedan ser respondidos, los que se quejan de ser
reñidos cuando insultan. Esa es la realidad y con eso hay que acabar.

Quizá sería razonable plantearse de una vez cuál es el auténtico alcance
informativo de las comparecencias de un fiscal general. (El señor Belloch
Julbe pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos, señor Belloch?



El señor BELLOCH JULBE: A rectificar un error de hecho, si me lo permite.




El señor PRESIDENTE: Señor Belloch, yo creo que el debate se ha producido
en los términos en que se ha producido. Señor Belloch, S. S. ha hecho
valoraciones de acontecimientos y el señor Ollero los ha hecho también.

Yo he estado muy atento a que hubiese alguna alusión realmente personal.

Creo que la única que ha hecho, que pudiera entender una expresión
referida a S. S., es la de que cuando usted ocupaba la cartera de
Justicia había tenido una determinada actuación con el ministerio fiscal.

Si S. S., a ese solo efecto, desea hacer alguna aclaración, con mucho
gusto la Presidencia le da la palabra.




El señor BELLOCH JULBE: Literalmente, lo que la Presidencia desee. Si
quiere que sólo conteste a esa alusión, sólo contesto a esa alusión. La
verdad es que no ha parado de hacerlas, y no sólo con respecto a mí sino
con respecto a todos.




El señor PRESIDENTE: Señor Belloch, es la única que yo puedo entender
personal, el resto creo que ha sido ni más ni menos que el curso del
debate. Su señoría ha establecido sus criterios, sus valoraciones en la
forma que ha entendido procedente, y naturalmente el portavoz del Grupo
Popular también se ha pronunciado. Creo que ésa es la lógica del debate,
tal como ha discurrido, con iguales planteamientos.

Creo que lo razonable y justo, señor Belloch, es que si desea hacer
alguna precisión sobre su ejercicio como ministro de Justicia en relación
con el ministerio público la haga. Tiene usted la palabra por tres
minutos, a esos solos efectos.




El señor BELLOCH JULBE: Incluso menos.

En cualquier caso, no dudamos de la rectitud del ejercicio de su
Presidencia. Respeto y acato su criterio.

En el tema de Granados, al que me debo concretar, quizá se ha olvidado un
dato, o se ha dicho de una manera muy confusa en la intervención, lo cual
a su vez puede determinar el error del señor Ollero. Fue Carlos Granados
quien ordenó no recurrir el auto en función del cual se consideraba
competente la Audiencia Nacional para instruir estos asuntos. Esos son
los hechos. Fue el fiscal Carlos Granados el que lo ordenó, y por eso no
se recurrió.

Por tanto, claro que hay un cambio de criterio, naturalmente que hay un
cambio de criterio muy claro. Pero lo importante no es eso, lo importante
--y a esos efectos quería intervenir-- es que constantemente está el
señor Ollero, y también el señor fiscal, en una perfecta, como no podía
ser de otro modo, sintonía, tratando de decirnos que le reprochamos al
señor fiscal cuál sea su criterio jurídico en torno a la competencia o no
competencia. Ni un solo reproche a ese respecto ha formulado mi grupo, ni
uno solo. Por tanto, se está produciendo un debate en el vacío. Nadie le
reprocha que jurídicamente sostenga una posición. Tendré que aclarar una
vez más, a ver si ya con ésta es suficiente, que le reprochamos los
textos, la argumentación, la fundamentación jurídica conforme a la cual
se ha sostenido esa tesis. Esa fundamentación supone alegatos netamente
políticos y además de una ideología netamente autoritaria.




El señor PRESIDENTE: Señor fiscal general.




El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Cardenal Fernández): Yo quisiera
expresar a todas SS. SS. mi pesar por haber dado una contestación no
acorde con el tono que se observa en sus intervenciones. Por tanto, les
pido disculpas, pues quizá acalorado pierde uno el equilibrio o la
serenidad. De manera que prácticamente lo único que deseo es esto.

Reconozco que efectivamente no he utilizado el tono y los términos que,
por otra parte, son habituales en mí. Les pido disculpas, y en particular
se las pido a don Juan Alberto, entre otras razones porque hemos sido
compañeros y amigos durante muchos años en Bilbao, y nos conocemos
demasiado como para venir aquí a herirnos. De manera que, don Juan
Alberto, discúlpeme las referencias que he hecho a su persona, a su honor
o reputación o, como ha dicho S. S. respecto de mí, al prestigio
profesional. Ese prestigio profesional S. S. lo tiene y sin duda alguna
irá en aumento, y aunque esté usted ahora en otras lides distintas no por
eso va a perder las cualidades que le han adornado siempre en este orden
de cosas. Eso sí, mantengo que efectivamente si somos juristas, y lo
somos, por lo menos S. S. magistrado, yo fiscal, no me parecían de recibo
las comparaciones que ha hecho a mi comparecencia aquí como casos de
obediencia debida o de arrepentimiento espontáneo, pero al reprochar esa
inexactitud no he sido correcto, así que pido disculpas.

Respecto de los demás, ratifico lo mismo, que no estaba en mi ánimo.

En cuanto al contenido, en la línea y la idea básica me remito a lo que
he expuesto anteriormente. Es decir, que



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ha podido existir alguna formulación que ha dado lugar a esa
interpretación o a esa inteligencia equívoca, y si eso nos es imputable,
y en cuanto nos sea imputable tanto al señor Fungairiño como a mí, valga
esta rectificación solemne que he hecho aquí, pública y claramente una y
otra vez. (El señor Belloch Julbe pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Simplemente 30 segundos para aceptar y agradecer
la intervención final del señor fiscal general del Estado. Sabe que en
términos personales y profesionales ninguna intervención política
modifica la opinión que tengo sobre S. S. en ese ámbito.




El señor PRESIDENTE: Agradezco mucho a SS. SS. esa disposición.

Antes de levantar la sesión ruego a los portavoces y a los miembros de la
Mesa que se encuentran todavía presentes en la sesión que se acerquen un
momento para una cuestión reglamentaria.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor fiscal.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.