CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1998 VI Legislatura Núm. 366



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCES HOMS I FERRET



Sesión núm. 27 (extraordinaria)



celebrada el martes, 27 de enero de 1998



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps)
para informar de la posición del Gobierno sobre las negociaciones en
relación con el Plan de la minería del carbón. A petición propia (Número
de expediente 214/000064).




Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, como saben, ha sido solicitada la
comparecencia del Gobierno, del señor ministro de Industria y Energía,
ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para informar de la
posición del Gobierno sobre las negociaciones en relación con el Plan de
la minería del carbón.

Entendida esta solicitud y dada la situación en que nos encontramos, el
presidente de la Cámara ha procedido a convocar, de acuerdo con el
Reglamento del Congreso, sesión extraordinaria de esta Comisión para
poder recibir del señor ministro de Industria las informaciones relativas
a las negociaciones con el Plan de la minería del carbón.

Vamos a proceder pues a esta comparecencia. Daremos la palabra al señor
ministro para que informe sobre el contenido

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de la solicitud de su comparecencia, a continuación, habrá un turno de
intervención de todos los grupos parlamentarios siguiendo, puesto que
esta comparecencia la ha solicitado el Gobierno, el orden de mayor a
menor, y cerrando el turno de intervenciones el Grupo Parlamentario
Popular.

Sin más, señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señor
presidente, señorías, comparezco a petición propia para informar sobre la
evolución y los resultados de las negociaciones que ha habido con todos
los agentes implicados en relación con el Plan de la minería y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras.

Antes de nada, procede justificar la urgencia de esta convocatoria por
varias razones: la primera es la preocupación con que desde el Ministerio
de Industria y desde el Gobierno, pero también desde la opinión pública,
se han seguido los conflictos que ha habido en Asturias desde que el
pasado día 26 de diciembre se convocó una huelga indefinida en la minería
pública.

También hay necesidad de explicar cuál ha sido la evolución y el estado
actual de las negociaciones en relación con el sector minero del carbón
y, sobre todo, la necesidad de clarificar algunas imputaciones que se han
lanzado en relación a supuestos incumplimientos de acuerdos alcanzados en
fases previas del proceso negociador.

Finalmente, quiero justificar la necesidad de esta comparecencia sobre la
base de la propia importancia de un sector que históricamente ha estado
sujeto a intensos ajustes no exentos de episodios conflictivos, lo que
contribuye a resaltar más si cabe la importancia del acuerdo que
finalmente se ha firmado esta misma mañana en Los Peñascales, entre el
Ministerio de Industria, la SEPI, la empresa Hunosa-Figaredo y las
federaciones de Comisiones Obreras y UGT.

¿Cuáles son los hechos más recientes? En la medida que las actuaciones
generales del Ministerio de Industria y Energía en el ámbito de la
minería del carbón han sido objeto de amplios debates en estas Cámaras a
través de las comparecencias de los altos cargos del Ministerio y del
propio ministro, quizá sea bueno empezar por los sucesos más recientes y
a partir de aquí tratar de enmarcarlos en el esquema más general de las
medidas puestas en marcha por el Gobierno para el sector de la minería
del carbón.

El primer día de conflicto, como ustedes saben perfectamente, fue el 26
de diciembre. Las organizaciones sindicales convocaron un paro y
movilizaciones subsiguientes para protestar por el pretendido
incumplimiento por parte del Gobierno del preacuerdo de 21 de mayo de
1997. Por consiguiente, quizá sea oportuno que analicemos el documento
firmado en la citada fecha.

En el documento mencionado había una referencia a los acuerdos alcanzados
con las variables básicas del acuerdo de empresa para el 2001, es decir
no se trataba de un acuerdo definitivo, sino de un preacuerdo sobre la
delimitación de algunas variables. En ese sentido quisiera recordar a SS.

SS. el apartado séptimo del citado preacuerdo que señala textualmente que
los acuerdos aquí recogidos no suponen que se vaya a alcanzar un acuerdo
definitivo sobre el plan de empresa y el correspondiente
contrato-programa y que, por tanto, las negociaciones proseguirán en los
próximos días.

En este sentido me parece importante recordar que han transcurrido más de
siete meses desde la firma del documento de referencia y que hasta ahora
no había sido posible alcanzar un acuerdo, entre otras, en tres
cuestiones básicas que no estaban incluidas en dicho documento. En primer
lugar, las condiciones económicas de las prejubilaciones; en segundo
lugar, la adscripción de las nuevas incorporaciones de personal a
actividades de diversificación; y, finalmente, en relación a las
condiciones salariales y en general a todo aquello que afecta al ámbito
de la negociación colectiva y del convenio colectivo.

La argumentación conducente a justificar el incumplimiento gubernamental,
pretendido incumplimiento gubernamental, se basaba en la remisión al
Gobierno español por parte de la Comisión Europea de una carta en la que,
entre otras cosas --porque al final se da la conformidad al plan
general--, se indicaba una objeción inicial a unos niveles de producción
objetivo para Hunosa y Figaredo de 2,1 millones de toneladas para el año
2001 y también una objeción a que se produjeran recolocaciones en la
empresa, lo que podría llegar a suponer de facto, si se producían las
aproximadamente 3.400 prejubilaciones estimadas, una plantilla final en
minería de 6.000 trabajadores frente a los 7.000 que están previstos en
el apartado primero del preacuerdo de 21 de mayo repetidamente citado.

A pesar de las reiteradas manifestaciones de SEPI y de la propia
Administración de que se asumía y ratificaba el acuerdo de 21 de mayo,
las organizaciones sindicales consideraron necesario mantener los paros y
las movilizaciones, ello a pesar de que las organizaciones sindicales
fueron informadas de que la negociación seguía abierta y de que la propia
Comisión Europea no consideraba la posición mantenida en su carta como
definitiva y, por tanto, estaba sujeta a revisión.

En resumen, a partir de una toma de posición inicial de la Comunidad
Europea se acusa al Gobierno de incumplir un acuerdo que fijaba variables
de referencia para el año 2001, pero las fijaba en un contexto abierto a
la negociación de otros aspectos no contemplados en el preacuerdo de mayo
ni en el plan general que finalmente se pacta para el sector y se firma
el pasado mes de junio.

Déjenme que aproveche esta referencia a la Comisión de la Unión Europea
para explicar el marco en el que se han desarrollado las negociaciones
con ese organismo comunitario, en relación a la regulación del sector de
la minería del carbón en España.

El marco legal comunitario básico de referencia para el otorgamiento de
las ayudas a la minería del carbón en cada Estado miembro es la Decisión
3632/93 de la CECA, de 28 de diciembre. En este marco el plan 1994-1997
de modernización, racionalización, reestructuración y/o reducción de
actividad considerado como primera fase del plan 1994-2002 cuya
presentación ante la Comisión se requiere en el artículo 8 de la decisión
antes mencionada, presentaba separadamente a las empresas con
contrato-programa de las



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empresas sin contrato-programa. Esta separación equivalía en la práctica
a clasificar las empresas con contrato-programa en empresas que recibían
ayudas en base al artículo 4, es decir a la reducción de actividad.

Este plan se presentó a la Comisión en octubre de 1994. En noviembre del
mismo año se contestaron una serie de preguntas aclaratorias de aquel
organismo, quedando tras esas respuestas clarificados perfectamente los
objetivos del plan, que eran los siguientes: para las empresas con
contrato-programa se fijaban unas reducciones de plantilla que debían
tener reflejo en la correspondiente reducción de producción, fijándose
las ayudas previstas para cada año de vigencia del plan. Para las
empresas sin contrato-programa se fijaba como objetivo en la comunicación
dirigida a la Comisión antes citadas, en noviembre, una reducción de 1,4
millones de toneladas de capacidad y, a su vez, una reducción de 3.800
empleos. En febrero de 1996 se firmaron los contratos-programas
correspondientes a Hunosa y Mina La Camocha --hago especial énfasis en
esa fecha--, sin previa petición de autorización de ayudas a la Comisión.

Esta petición se presentó a la Comisión el 22 de julio de 1996, poco
después de producirse, después del nuevo Gobierno, el relevo en la
Dirección General de Minas. La Comisión, en contestación a este escrito
del Gobierno español, solicitó información complementaria en otro de 31
de julio, reclamándola posteriormente en noviembre. El 23 de abril de
1997, solicitó informaciones complementarias por carta, publicando esta
misma carta en el boletín, en el DOCE, como una comunicación de la
comisión 97/C 137/06, con el objetivo de solicitar observaciones del
resto de Estados miembros y terceros países interesados en la cuestión,
mediante el procedimiento conocido como mise en demeure. El Gobierno
español envió la información el 23 de mayo. Como consecuencia de la
comunicación en el DOCE, se produjeron observaciones por parte de los
gobiernos británico y australiano, de la confederación empresarial
británica y del World Coal Institut. Estas observaciones se referían
fundamentalmente a la necesidad de que la Comisión asegurase un
funcionamiento transparente y no discriminatorio del mercado del carbón y
recordaban también el compromiso de dicha Comisión de proceder a una
reordenación del mercado comunitario a través de una progresiva reducción
de las capacidades. Como consecuencia de todo ello, en una nueva reunión
Comisión-Ministerio de Industria, en Madrid, el 26 de junio de 1997, la
Comisión Europea manifestó que estimaba necesario adoptar una decisión
por la que obligaría a Hunosa a devolver al Estado 21.872 millones de
pesetas, correspondientes a incrementos de costes del plan relativos a
1994, 1995 y 1996, no justificados, y con la siguiente argumentación: por
una parte, las explicaciones dadas por Hunosa no satisfacían el
incremento de las pérdidas; por otra, los llamados costes técnicos no
eran admitidos por la Comisión, puesto que no se habían cerrado los pozos
previstos en los planes y tales costes enmascaraban el mantenimiento sin
explotación de esos pozos no cerrados. Por último, la Comisión
manifestaba tener la sensación de haber sido engañada por España, puesto
que la reducción de actividad en estas empresas se conseguía mediante
prejubilaciones y, en realidad, en buena medida se sustituían los
trabajadores prejubilados por contratas externas que mantenían la
producción sin reducirla.

Tras la firma del Plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo
de las comarcas mineras, el 15 de julio del pasado año, se celebró otra
reunión el 8 de septiembre de 1997, en Bruselas, en la que la Comisión
fijó su posición definitiva.

Antes de entrar a tratar el Plan 1998/2005, debía ser resuelto con España
el contencioso Hunosa-Minas de Figaredo. Para ello, la Comisión imponía
tres condiciones para llegar a un arreglo. Primero, el cierre del pozo de
la antigua empresa Minas de Lieres, antes de marzo de 1998, o bien
devolución de 8.000 millones de pesetas, coste que estimaba aquel
organismo como mantenimiento desde 1993 a 1997 de ese pozo. En todo caso,
la Comisión manifestó que no autorizaría nuevas ayudas para ese pozo en
concreto.

En segundo lugar, la Comisión estimaba que el punto de partida de
capacidad de producción para el cómputo de reducciones correspondientes a
Hunosa y Minas de Figaredo no era de 3.000.000 de toneladas, que había
utilizado el Ministerio de Industria, sino de 2,6 millones de toneladas,
que había sido la producción real de 1996. Para ello, aplicando la misma
reducción que presentó España en el plan, de 3 a 2,1 millones de
toneladas, la Comisión exigía rebajar la producción a 1,5 millones de
toneladas anuales.

En tercer lugar, la Comisión, presionada fundamentalmente por el Reino
Unido, no renunciaba a la publicación de una decisión obligando a Hunosa
a devolver como mínimo 8.000 millones de pesetas al Gobierno español.

Además, en el caso de no llegar a un acuerdo sobre Hunosa, adoptarían una
decisión en la que obligaría a la devolución de los 21.872 millones de
pesetas a los que he hecho referencia anteriormente.

Por lo que respecta a las empresas sin contrato-programa, la Comisión
Europea, en un escrito del 23 de abril del año pasado, había comunicado
al Gobierno español que en la resolución de la Secretaría de Estado de la
Energía y Recursos Minerales, del 27 de diciembre de 1996, aparecían como
producción prevista 17,7 millones de toneladas anuales y que en un
borrador del Plan 1998/2005 esa cantidad se elevaba a 18,1 millones de
toneladas.

La Comisión argumentaba que estas producciones incumplían los objetivos
del Plan 1994/1997, fijados en una reducción de 1,45 millones de
toneladas y 3.800 empleos y que de haberse producido estas reducciones no
existirían las producciones del Plan 1998/2005. Tampoco se había
producido --alegaba la Comisión-- la reducción de plantilla propuesta en
el plan.

En la reunión citada anteriormente, del 26 de junio de 1997, funcionarios
de la Comisión manifestaron por primera vez verbalmente, la pretensión de
este organismo de pedir a España la reducción de capacidad de estas
empresas, de modo que quedara establecida la producción en 12 millones de
toneladas para el año 2002.

Como ya he señalado, el 15 de julio de 1997 se firmó con las centrales
sindicales mayoritarias y el Ministerio de Industria el Plan de la
minería del carbón y desarrollo alternativo



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de las comarcas mineras, cuyos principios generales son los siguientes:
en primer lugar, se establece el principio de libertad de contratación
entre las empresas mineras y las eléctricas. Esto significa que se cambia
el sistema actualmente vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado,
en el que la Administración fijaba simultáneamente los precios del carbón
y las cantidades para cada empresa minera. A partir de ahí, lo cierto es
que se establece el principio de libertad de contratación, pero también
unos compromisos mínimos anuales de compra por parte de la industria
eléctrica, con un perfil de reducción progresiva desde 18 millones de
toneladas en 1997, hasta 13 millones de toneladas en el año 2005.

En lo que se refiere al ajuste de plantillas, se prevé una reducción, a
través de medidas no traumáticas, de 7.000 puestos de trabajo. En
general, habría cuatro ingresos en plantilla fija por cada 11 bajas por
jubilación o prejubilación, pero siempre atendiendo prioritariamente a
recolocar a los trabajadores excedentes de empresas mineras que hayan
sufrido cierres o reducciones de plantilla. Y, en lo que se refiere a las
ayudas, se prevé que la minería del carbón reciba las ayudas previstas en
la decisión 3632/93 de la CECA, que, por tanto, deben ser regresivas y
compatibles con la liberalización del mercado. Estas ayudas se dividen en
ayudas al funcionamiento --artículo 3 de la decisión-- destinadas a
cubrir la diferencia entre el coste de producción y el precio de venta
libremente acordado por las partes contratantes, teniendo en cuenta las
condiciones que prevalezcan en el mercado mundial. Se calcula un nivel de
ayudas de referencia, que es el del año 1997, y se define un mecanismo de
reducción global progresiva a partir de 1998, tanto para la minería de
cielo abierto como para la minería subterránea.

El segundo capítulo de ayudas es el de las ayudas a la reducción de
actividad, artículo 4 de la decisión, para aquellas empresas que no
puedan mantener su actividad inalterada en un marco de ayudas
decrecientes. Y, finalmente, las ayudas para cargas excepcionales
--artículo 5, orientadas a apoyar la reestructuración y racionalización
del sector minero, que se mantendrán hasta el año 2001. Inclusive destaca
especialmente el conjunto de medidas incluidas en el plan, destinadas a
facilitar la reestructuración laboral a través del sistema de
prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y recolocaciones. Hay que decir
que adicionalmente también se contemplan ayudas para la financiación de
stocks y trasvases de carbón y para medidas de seguridad e higiene en las
minas.

Pero una parte muy importante del plan es la que se refiere a las medidas
orientadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras. El objetivo
es claro: la creación de puestos de trabajo y diversificación del tejido
empresarial en las comarcas mineras. Los principios son los siguientes:
la integración y coordinación de esfuerzos de todas las administraciones,
la agilidad en la ejecución de los programas, la participación activa de
los actores de la reactivación y el aprovechamiento de los recursos
endógenos. Para ello, se definen tres tipos de actuaciones: la primera,
el desarrollo de infraestructuras prioritarias, con un importe máximo en
los Presupuestos Generales del Estado de 50.000 millones de pesetas por
año; la mejora de los niveles educativos y de formación de la población
dependiente de la minería, hasta 5.000 millones de pesetas por año, y el
apoyo a proyectos empresariales generadores de empleo, hasta 10.000
millones de pesetas por año. Para instrumentar este conjunto de apoyos,
se crea un instituto estatal de ayudas a la industria del carbón,
adscrito al Ministerio de Industria y Energía para apoyar, entre otras
funciones, el desarrollo, seguimiento y control de las medidas previstas
en este plan.

En todo caso, en el punto séptimo, y cuando se habla de la aprobación del
plan, se estipula que las partes consideran que el plan suscrito está en
el marco de la normativa comunitaria vigente, que su desarrollo se
efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 del Tratado CECA y
que implica el compromiso de los firmantes del Tratado de cumplir
decisiones y normas de la Comisión y de no ejecutar acciones contra el
Mercado Común. En definitiva, la adopción al artículo citado del Tratado
obliga a que cualquier acuerdo firmado por el Gobierno español deba ser
después aprobado por la Comisión.

El 15 de octubre de 1997 el Gobierno español presentó a este organismo el
Plan de modernización, racionalización, reestructuración y reducción de
actividad 1998-2002, derivado del Plan 1998-2005 de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

En escrito del 14 de noviembre de 1997 la Comisión Europea comunicó a
España lo siguiente: primero, que encontraba en el plan elementos
favorables a la aplicación del principio de reducción de los costes y de
las capacidades de producción que deberían garantizar el carácter
decreciente de las ayudas; segundo, que ofrecía garantías de
transparencia porque estaba prevista la consignación de ayudas en los
presupuestos públicos; tercero, que para paliar efectos socio-regionales
de la reestructuración el plan preveía medidas de reconversión industrial
en las comarcas mineras a las que no objetaba, pero realizaba algunas
observaciones para las empresas con contrato-programa y para las empresas
sin contrato-programa. En particular, la Comisión consideraba que la
reducción de capacidad a efectuar debía ser superior a la prevista (hablo
ahora de las empresas con contrato-programa), debiéndose alcanzar en el
año 2001 una capacidad de 1,5 millones de toneladas anuales; que las
pérdidas máximas debían ser de 45.000 millones en el 2001; que debía
procederse a una reducción de la plantilla, incluidas las subcontratas;
que los nuevos ingresos previstos en el plan no eran compatibles con el
objetivo que inspiraba estas ayudas, admitiéndose solamente ingresos en
base a razones de seguridad minera (ingresos de plantilla, se refiere);
que debía procederse al cierre del pozo de la antigua empresa Minas de
Lieres, a la que ya he hecho referencia con anterioridad. Yendo ya a las
empresas sin contrato-programa, esa comunicación de la Comisión estimaba
que la actual capacidad de 14,9 millones de toneladas debía reducirse en
el año 2001 a 12,2, es decir, el 18,3 por ciento de reducción, y que el
establecimiento de coeficientes indiscriminados entre las nuevas
incorporaciones y prejubilaciones en empresas con ayudas al
funcionamiento no era necesariamente compatible con



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la consecución del objetivo de alcanzar la viabilidad económica de las
empresas y la reducción tendencial de costes.

Tras distintas reuniones y contactos, el Gobierno español, en escrito de
17 de diciembre de 1997, se comprometió a conseguir una reducción neta de
capacidad de 1,9 millones de toneladas en el período 1998-2002, de
acuerdo con las reducciones previstas por las propias empresas. Además,
aceptando el principio de reducción tendencial de costes de la decisión
3632/93 CECA, entregaría a la Comisión los costes reales empresa por
empresa de los años 1994, 1995 y 1996 y, una vez auditados, los de 1997
para que aquel organismo estudiase la reducción tendencial de dichos
costes. Se aceptó asimismo, la introducción de mecanismos rigurosos de
control que permitieran el seguimiento anual del cumplimiento de los
objetivos. En relación a las empresas con contrato-programa y en base a
las razones sociales y regionales, en particular de Asturias, el Gobierno
español proponía mantener la posición inicial del Plan del carbón. La
Comisión finalmente, en su escrito de 22 de diciembre de 1997, aceptó el
Plan general y, en concreto, el Plan para la minería privada del carbón,
al considerar que los objetivos generales y específicos de la decisión
3632/93 CECA podrían cumplirse en el caso de las empresas que reciben
ayudas al funcionamiento (artículo 3 de la decisión citada) y advertía
que seguiría con particular atención la revisión de la clasificación de
las empresas notificadas por España en 1994 en el artículo 3. Ello ha
permitido poner en marcha el Plan del carbón, el plan general, a partir
del 1.º de enero del presente año. Hace unas pocas sesiones el Consejo de
Ministros aprobó el paquete de ayudas a la explotación y a la
reestructuración del conjunto del sector y hay que decir que en estos
momentos el sector está funcionando con plena normalidad y de acuerdo con
lo pactado el pasado mes de julio.

En relación a las empresas Hunosa, Minas de Figaredo y Mina La Camocha, a
pesar de conocer la situación económica de la cuenca central asturiana,
la Comisión europea mantenía la posición inicial de su escrito del 14 de
noviembre. Esta negociación con la Comisión, por tanto, se encuentra
pendiente, estando previsto que se realice en las próximas semanas.

Déjenme que antes de seguir con esa línea argumental dedique unos cuantos
minutos a una explicación respecto a cuál es la situación de
Hunosa-Figaredo, que es ya una unidad desde el punto de vista productivo.

De acuerdo con la última previsión disponible, los datos del ejercicio
1997 arrojan estos parámetros básicos. Una producción superior a 2,6
millones de toneladas, una plantilla final algo por encima de las 9.400
personas (sin contar las contratas; después hablaremos de ese tema) y con
una cuenta de resultados cuyos elementos fundamentales serían los
siguientes: los ingresos totales, incluidas subvenciones, ascienden a
41.000 millones; los costes superan los 77.000, por tanto el cash-flow de
explotación es superior a 36.000 millones de pesetas negativos, a los que
si se añade el vale del carbón, la externalización de los costes de
prejubilaciones, otros costes técnicos del pasado y las amortizaciones
tanto normales como las de deudas acumuladas anteriores, llevan a una
necesidad financiera total para Hunosa-Figaredo, en el año 1997, algo
superior a los 100.000 millones de pesetas. Sin ánimo de introducir
elementos coloquiales en una sesión de estas características, eso
implica, para que todo el mundo pueda tener una idea cabal de la magnitud
de lo que eso representa, 3.200 pesetas cada segundo que pasa, un millón
de pesetas cada cinco minutos.

De las cifras expuestas cabe extraer las siguientes conclusiones: el
resultado de explotación antes de subvenciones de Hunosa-Figaredo ha
supuesto en 1997 más de 45.000 millones de pesetas negativos. En términos
relativos las pérdidas son del orden de cinco millones de pesetas por
trabajador, además del salario; del orden de 17.000 pesetas por tonelada
producida y del orden de 200 millones de pesetas por día trabajado. Por
consiguiente, cabe decir que esa cifra es el ahorro que se genera a la
empresa por cada día que no tiene actividad. El coste de producción por
tonelada ha ascendido a 27.241 pesetas sin incluir los costes
financieros, más del doble, por tanto, del coste medio de producción de
carbón en España y cuatro veces más que el precio del carbón de
importación ya situado en puerto español. Si se considera que el 8,4 por
ciento del coste de personal y el 80 por ciento de los gastos externos
son variables, que dependen de la producción, se concluye que los
ingresos por ventas, que son algo más de 21.000 millones de pesetas, son
muy similares a los costes variables y, por tanto, no existe ninguna
solución a la cobertura de los costes fijos, que suponen más del 70 por
ciento de los costes totales. Además, Hunosa y Figaredo arrastran unas
cargas del pasado cuyo coste en 1997 ha ascendido a 37.250 millones de
pesetas, que se distribuyen entre gastos financieros, el vale de carbón
de los pasivos, la amortización de deuda y otros costes técnicos del
pasado.

Por otra parte, está en vigor un programa de prejubilaciones para todos
aquellos trabajadores que hayan cumplido 55 años de edad equivalente, que
son aproximadamente 46 años de edad física media, con un coste unitario
estimado de 58,1 millones de pesetas por trabajador prejubilado en el
Plan 1994-97, lo que supone unos pagos en el año 1997 superiores a los
33.000 millones de pesetas.

Analizada, aunque sea en rasgos muy generales, la situación general de
Hunosa-Figaredo, déjenme que entre ahora en el análisis de las
condiciones económicas de las prejubilaciones, para después analizar el
acuerdo alcanzado y firmado esta misma mañana. Empezando por las
condiciones económicas de las prejubilaciones, hay que señalar que en la
actualidad existen dos regímenes distintos dentro de la minería del
carbón. Por un lado, está el régimen de la minería pública; por otro, el
régimen de la minería privada, cuyas condiciones se explicitan en el Plan
de la minería del carbón. Para la minería privada las magnitudes de
referencia son las siguientes: existe una pensión máxima de jubilación
del sistema de Seguridad Social, ejercicio de 1998 que, como ustedes
saben, es de 290.166 pesetas al mes, por 14 pagas o, lo que es lo mismo,
algo más de cuatro millones de pesetas brutas en cómputo anual. En
términos netos eso implicaría, repartido en 12 pagas, una pensión de
jubilación máxima del sistema público en torno a las 270.000 pesetas.




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Yendo ya a las condiciones de prejubilación en la minería privada del
carbón, diría que en líneas generales son las siguientes: en primer
lugar, se percibe el 78 por ciento del salario ordinario bruto de
referencia. Debido a las peculiaridades del sistema retributivo en
minería del carbón y el elevado absentismo de ese sector
--aproximadamente el 14 por ciento--, el salario bruto de referencia se
calcula a partir de los últimos seis meses en los que el trabajador haya
efectivamente trabajado al menos 19 días. Se calcula un salario medio
mensual que se multiplica por 12 para obtener el salario anual y se
aplican los siguientes límites: en primer lugar, el salario bruto de
referencia no podrá ser superior al 108 por ciento del salario bruto
efectivamente percibido en los doce meses anteriores al período sobre el
que se calcula dicho salario bruto de referencia; y, en segundo lugar, la
cantidad percibida no podrá ser superior a la base máxima de cotización
del sistema de Seguridad Social por contingencias de accidentes, que para
1998 asciende a 392.700 pesetas al mes o, lo que es lo mismo, 4.712.400
pesetas brutas en cómputo anual. Esto, en términos netos, viene a suponer
del orden de unas 307.000/308.000 pesetas mensuales después de impuestos.

Pasemos a describir cuáles han sido hasta ahora las condiciones de
prejubilación de la minería pública del carbón vigentes hasta el 31 de
diciembre de 1997. En primer lugar, se percibe el cien por cien del
salario ordinario y extraordinario neto de referencia, lo que supone
consolidar retribuciones por horas extraordinarias, trabajo en días
festivos, nocturnidad, etcétera. El salario neto de referencia se
calcula, en este caso, a partir del salario medio diario de los últimos
seis meses en los que se haya trabajado al menos 19 días; dicho salario
medio diario se eleva a anual, suponiendo 25 días trabajados por mes,
pese a que el absentismo de Hunosa se sitúa en el 21 por ciento.

Finalmente, no se aplica ningún límite cuantitativo a esa tensión de
prejubilación.

Con este procedimiento de cálculo las prejubilaciones se producen
garantizando a la empresa, como mínimo, un 115 por ciento del salario
efectivamente percibido en el año anterior al de la prejubilación. La
prejubilación máxima puede alcanzar, para el personal incluido en
convenio, 475.000 pesetas netas por mes, equivalentes a unas 630.000
pesetas brutas por mes. El 52 por ciento de las pensiones del personal
que podría acceder a la prejubilación en 1998 superarían, por lo tanto,
el límite máximo de las 392.700 pesetas brutas por mes de la minería
privada. Si no se modificara ese sistema, el coste medio de las
prejubilaciones a partir de 1998 sería de 63,54 millones de pesetas por
prejubilado, actualizadas en valor presente, estando previstas 3.397
prejubilaciones en el período 1998-2001, lo que daría un resultado
actualizado global cercano a los 216.000 millones de pesetas.

En cuanto a las prejubilaciones, quiero finalmente añadir que tanto el
régimen de la minería pública como el de la privada se hallan claramente
por encima de las condiciones que ofrece, en materia de jubilación, el
Régimen General de la Seguridad Social. En dicho régimen, que se aplica a
todos los jubilados que no están en este régimen especial, la base de
referencia se calcula sobre la cotización efectiva media de los últimos
nueve años, y a esa base se le aplica un porcentaje, del cien por cien si
se han cotizado 35 años, pero que va descendiendo con los años de
cotización hasta llegar al 50 por ciento cuando sólo se han cotizado 15
años y, como antes he mencionado, hay un tope a la pensión máxima que es,
para este año 1998, de 290.000 pesetas por catorce pagas.

Vayamos al acuerdo sobre el plan de empresa y convenio colectivo
1998-2001 de Hunosa firmado esta mañana. ¿Cuáles son los referentes del
acuerdo? Los referentes del acuerdo son, por una parte, el Plan 1998-2005
de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, firmado el pasado 15 de julio de 1997; el segundo referente del
acuerdo es el preacuerdo de 21 de mayo de 1997, al que he hecho repetida
referencia. Quiero resaltar aquí que en el acuerdo final que hemos
alcanzado esta mañana se reconoce explícitamente que ese preacuerdo de
mayo pasado constituye un hito relevante del proceso negociador,
dejándose claro de esta forma que en ningún caso ha habido una ruptura o
una modificación de los preacuerdos iniciales, sino que, por el
contrario, ha sido un proceso negociador continuo en el que, según las
previsiones, se han ido quemando distintas etapas.

¿Cuáles son los compromisos del acuerdo? En primer lugar, hay unas
medidas organizativas, por ejemplo, en readecuar la planificación de la
compañía en su conjunto y unidad por unidad de forma que se asegure su
viabilidad y estabilidad; poner en marcha las actuaciones conducentes a
la reordenación jurídica de la compañía en base a tres sociedades
diferentes dedicadas respectivamente a concentrar las unidades
productivas, concentrar el resto de activos, bienes y derechos, así como
compromisos y cargas del pasado y, finalmente, otra compañía que sería
holding de nuevas empresas y proyectos de diversificación.

Dentro de las medidas de inversión existe el compromiso de dedicar 500
millones de pesetas en 1998 y otros 500 en 1999 para la capitalización de
Sodeco y mantener la colaboración con Fucomi. Al mismo tiempo, se
destinan 20.000 millones de pesetas durante el período a inversiones en
diversificación, al margen de los fondos procedentes del Plan de
reactivación de las cuencas mineras.

En lo que se refiere a las prejubilaciones, durante el período 1998-2001
se estima un volumen de prejubilaciones que asciende a 3.397
trabajadores. Al mismo tiempo, tendrá lugar un número estimado de 736
incorporaciones en minería, de las que 436 se producirían durante este
ejercicio y después 100 incorporaciones en cada uno de los años
sucesivos. Estas incorporaciones tienen que venir a partir de excedentes
de planes de reordenación anteriores o afectados por reestructuraciones
de empresas mineras del carbón, y desde ese punto de vista podemos decir
que esta estimación es máxima. Por último, también se estiman 325
incorporaciones en actividades de diversificación y adicionalmente --me
parece que es bueno resaltarlo-- se establece un programa de bajas
incentivadas. A este programa se podrán acoger los trabajadores que no
estén directamente relacionados con la producción o la extracción del
carbón. En todo caso, la plantilla en minería a 31 de diciembre del año
2001 deberá estar en los 6.500 trabajadores.




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Por lo que respecta a la diversificación, hay que subrayar que todas las
empresas europeas productoras de carbón han simultaneado sus procesos de
reconversión con actuaciones importantes en otros ámbitos. En nuestro
caso, además, contamos con una importante fuente de financiación derivada
del Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que supondrá
un volumen de inversiones en el Principado de Asturias que podría llegar
estimativamente a los 200.000 millones de pesetas en los ocho años de
referencia. Al mismo tiempo, se revisan las condiciones económicas de las
prejubilaciones con un objetivo, que es el de aproximarlas a las que
actualmente se aplican en la minería privada. Así, el cálculo del salario
base de referencia se realizará a partir de la retribución salarial
ordinaria del trabajador, es decir excluyendo los conceptos
extraordinarios, horas extras, trabajos en días festivos, etcétera, que
se incluían hasta ahora. Además, dicho salario no podrá superar el 108
por ciento del salario percibido en los últimos 12 meses anteriores al
período en que se realiza el cálculo del mismo, por lo tanto también con
igualdad al sistema existente en la minería privada. Se mantiene el 100
por cien en el porcentaje aplicado sobre el salario base de referencia en
términos netos, pero por primera vez se añade un tope máximo que se fija
en términos netos en 101,85 por ciento de la base máxima de cotización
por contingencias de accidentes de trabajo del Régimen General de la
Seguridad Social vigente en la fecha en que se extinga la relación
laboral. Dicho de otra manera, se establece como tope, con una pequeña
corrección, el mismo que existía en la minería privada; la diferencia es
que en el caso de la minería pública se aplica todavía, para ese período,
en términos netos y no en términos brutos.

Déjenme que haga aquí una pequeña digresión, porque en estos temas es
relativamente fácil que se puedan utilizar argumentos demagógicos desde
diversos puntos de vista. Es verdad que estamos hablando de condiciones
de prejubilación que son realmente excepcionales y extraordinarias en el
contexto industrial en el que normalmente se mueven las empresas de
nuestro país sometidas a procesos de reestructuración. Piensen ustedes
que, por una serie de circunstancias, en la minería se aplica un
coeficiente corrector que hace que se pueda acceder a la prejubilación y
a su vez a la jubilación antes, en términos de edad física, que el resto
de los ciudadanos; por ejemplo, aplicando condiciones de prejubilación a
partir de los 52 años mineros, la edad física en la que normalmente en
promedio se puede prejubilar un minero está en los 44 años, incluso antes
en algunos casos. Personalmente creo que ésa es una condición
perfectamente aceptable por las condiciones de extraordinaria dureza que
comporta el trabajo en la minería del carbón; por tanto, me parece
absolutamente respetable que en ese sector existan unas condiciones de
prejubilación distintas a las que normalmente existen en otros sectores.

También tengo que decir que esas cantidades pueden contrastar, y en
algunas ocasiones incluso escandalizar, si se comparan con las existentes
para los pensionistas normales. Antes hemos mencionado que la pensión
máxima del sistema público de la Seguridad Social está en 270.000 pesetas
netas, si lo ponemos en términos homogéneos, pero ustedes saben que la
pensión promedio del sistema está muy por debajo de esa cifra. Conviene
compararlo en términos homogéneos y decir que los trabajadores de la
minería pública o privada cuando se jubilan --y se jubilan a los 65 años
de edad minera, que son cincuenta y pico de edad física-- pasan a
percibir la pensión del sistema público y, por lo tanto, a partir de ese
momento sus condiciones son iguales que las de los demás. Por tanto, esa
referencia es correcta pero tiene su justificación, que a mí me parece
obvia.

Otro comentario que quisiera hacer es que parece difícil de justificar
que para la misma actividad existan unas condiciones de prejubilación
distintas. Estamos hablando de diferencias entre los mineros de las
empresas públicas y los mineros de las empresas privadas, empresas
privadas que están en otras cuencas distintas de las asturianas, pero que
a veces también, como ustedes saben bien, están en la propia Asturias,
por ejemplo, en la cuenca del Narcea. Eso es, desde el punto de vista del
Gobierno y el mío personal, lo que tiene peor justificación, porque no
parece razonable que, por las mismas condiciones, haya gente que, en
virtud de la titularidad pública de su empresa y en virtud de que no
tiene que dar cuenta de su cuenta de resultados, o que por lo menos lo
puede hacer pero en base a los recursos públicos que pagamos entre todos
los contribuyentes, se cristalicen unas condiciones distintas. Eso es lo
que ha pretendido la empresa Hunosa y Figaredo en estas circunstancias y
lo que ha buscado también el Gobierno impulsando esa posición de la
empresa, es decir, aceptando que es justificable que existan unas
condiciones diferenciales para los trabajadores de la minería del carbón
y reduciendo esas discriminaciones que, desde mi punto de vista, no
tienen justificación entre los mineros de la minería pública y los
mineros de la minería privada. Obviamente, existen unas expectativas, una
especie de derechos implícitos adquiridos que hacen que una adecuación de
una sola vez de las condiciones de prejubilación constituya un proceso
muy traumático. El Gobierno ha procurado ser sensible a ese tema,
instruyendo a Hunosa para que buscara un mecanismo de adecuación en el
tiempo, para que se produzca esta igualación de las condiciones de
prejubilación entre los mineros públicos y los mineros privados. De ahí,
buscar como referencia la misma base, pero establecer para el período de
cuatro años esa diferencia entre términos netos y términos brutos para
dar tiempo a que los trabajadores de Hunosa y Figaredo puedan ir
asumiendo que no tienen por qué recibir unas condiciones de prejubilación
sustancialmente distintas y muy superiores a las que perciben los
trabajadores de la minería privada.

Quisiera también hacer ahora una referencia a las condiciones salariales
que se han pactado y se han firmado esta mañana. Se han establecido unas
condiciones que para los salarios suponen un incremento del 70 por ciento
del IPC para el año 1998, de un 80 por ciento del IPC para el año 1999,
de un 90 por ciento en el 2000 y el 100 por cien en el año 2001. Hay que
decir que se incluyen algunas mejoras parciales para que esa pérdida de
poder adquisitivo no sea muy grande, a través de pequeñas mejoras en las
retribuciones



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extraordinarias, que por otra parte son de pequeña dimensión, o
determinado tratamiento de los pluses se asistencia, etcétera.

En resumen, quisiera decir que el acuerdo firmado esta mañana supone un
punto de inflexión importante respecto al pasado. Por primera vez se
avanza en un acercamiento a las condiciones de la minería privada que nos
parece absolutamente imprescindible, y eso se hace a través de un cómputo
de los salarios de referencia, que es sin duda más justo, y también a
través de la introducción de topes en las percepciones dinerarias de los
prejubilados.

Habrán visto ustedes en algunos medios de comunicación que se ha hecho
una cuantificación respecto al ahorro que eso supone, y, en función de
diversos parámetros, podemos estimar que los ahorros para el
contribuyente español de todas estas medidas contenidas en el acuerdo de
esta mañana puede alcanzar los 50.000 millones de pesetas. Pero quisiera
decirles con toda rotundidad que desde el punto de vista del Gobierno
éste no es el aspecto importante. El aspecto importante es, por una
parte, que vayamos corrigiendo situaciones de discriminación no
explicables, y, por otra, que entre todos, a través de esas medidas de
racionalización, vayamos introduciendo un concepto que me parece a estas
alturas absolutamente imprescindible.

No se puede entender el problema de la minería del carbón en España ni de
la minería ni de la minería pública del carbón en España si no se parte
de la base de que Hunosa no es una empresa. Si se me permite una pequeña
digresión, quizá impropia de este foro, Hunosa es como una especie de
mecanismo redistribuidor ad hoc de la renta. No es una empresa, porque,
desde el punto de vista de los parámetros empresariales, todo lo que
hemos estado mencionando y los datos que hemos estado repasando, nos
llevarían a la conclusión inmediata de que Hunosa debería estar cerrada
desde hace mucho tiempo; pero el problema no se puede situar aquí, no se
puede situar en ese ámbito, y el Gobierno desde luego no lo sitúa en ese
terreno, porque debe incluirlo en un contexto muchísimo más amplio, en un
contexto muchísimo más rico, que es el de proporcionar expectativas de
futuro, esperanza de futuro para los asturianos.

Creo que desde la entrada del nuevo Gobierno se han hecho bastantes cosas
en el sector de la minería del carbón; se ha ido poco a poco enderezando
nuestra situación en Bruselas, que estaba francamente en falso, y se ha
llegado a unos pactos con los sindicatos que significan un punto de
inflexión respecto a nuestra trayectoria pasada. El Gobierno es
consciente de la particular situación del sector del carbón en nuestro
país y por lo tanto de la necesidad de introducir cambios sustanciales en
su funcionamiento. En todo caso, en la introducción de estos cambios debe
prevalecer la defensa del interés general, el respeto del interés
general, y por supuesto no el amparo de determinadas situaciones de
privilegio acumuladas en circunstancias históricas distintas.

Creo que con los cambios introducidos y con el plan de desarrollo
alternativo de las comarcas mineras éstas disponen de una oportunidad
única para asentar su futuro sobre unas bases de crecimiento distintas
que permitan una diversificación de sus economías y que propicien así una
salida del declive en que la explotación de la minería del carbón les ha
sumido en las últimas tres décadas y a las que haré referencia dentro de
muy poco al final de mi intervención.

Como síntesis, creo que por primera vez se ha conseguido un acuerdo que
incluye simultáneamente no sólo reducciones de producción, que finalmente
además no se cumplían en buena medida, no sólo reducciones de plantilla,
sino que incluye también sacrificios importantes económicos para la
plantilla, tanto la que sale por la vía de prejubilaciones como para la
que se queda.

El sistema de bajas incentivadas también hay que decir que constituye una
novedad importante. Entendemos que va a suponer, además, un ahorro para
las arcas del Estado, porque la cifra tope, que puede parecer escandalosa
en determinados ámbitos, me gustaría compararla con el coste real de las
prejubilaciones al que antes me he referido. Se establece una baja
incentivada con un máximo de cuatro anualidades y 30 millones de pesetas,
que obviamente parece una cantidad muy elevada, pero que hay que comparar
con los aproximadamente 60 millones de pesetas que viene a suponer el
coste real de cada prejubilación.

Creemos que con ello se abre una nueva vía efectiva para ir reduciendo la
plantilla, para ir reduciendo la producción y por lo tanto también para
seguir acotando el problema, seguir transformando a Hunosa en la
dirección de acabar siendo una empresa y por tanto seguir reduciendo el
alto coste que supone la minería pública para los bolsillos de todos
nosotros.

En cuanto al convenio colectivo, el pacto alcanzado supone un avance
notable para ir adecuando el nivel salarial a la realidad empresarial de
Hunosa, a lo que conviene añadir otra consideración.

Yo ruego a SS. SS. que disculpen un poco el carácter a lo mejor
desordenado de mi exposición, pero que pretende también, si me permiten
la petulancia, tener un cierto componente pedagógico.

Antes hemos mencionado que se prevé una reducción de la plantilla, desde
los aproximadamente 9.400 trabajadores actuales a 6.500 trabajadores en
el año 2001, pero, al mismo tiempo, quisiera recordar algo que muchos de
ustedes sabrán, aunque sea de forma implícita, y es que esa sustitución,
esa reducción de plantilla en los últimos años no ha ido acompasada con
una reducción de la producción en la misma proporción, en buena medida
porque se han ido introduciendo contratas y subcontratas. En estos
momentos, los trabajadores en contratas y subcontratas de Hunosa y
Figaredo son más de 1.400, con lo cual estamos hablando de un nivel
efectivo de empleo cercano a los 11.000 trabajadores. Además de esas
subcontratas y contratas, una buena parte se dedica exclusivamente a las
labores de arranque de carbón. Creemos que ésa no es una situación
sostenible, y por tanto les anticipo la decisión de la empresa de ir
sustituyendo progresivamente, a medida que venzan los contratos, todas
esas contratas y subcontratas para que en el año 2001 la plantilla de
Hunosa, directa o indirecta, sea efectivamente de 6.500 personas.




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Quisiera también comentar que con esa reducción de plantilla la
producción de carbón, que vendrá a representar la minería pública, va a
estar por debajo del 12 por ciento de la producción total del carbón en
España en el año 2001. Creo también que puedo afirmar que el acuerdo está
en la dirección de lo que demanda Bruselas, lo que demanda la Comisión
Europea, porque incrementa el rigor en los ajustes, y el objetivo es que
pronto haya un pronunciamiento de las autoridades comunitarias en sentido
positivo. Creo que puedo decir que estoy seguro de que esto va a ser así.

Finalmente, quisiera también valorar el esfuerzo de los sindicatos, su
responsabilidad por comprender que el sector del carbón no es, ni puede
ser, el futuro de Asturias, que se debe reducir su peso, a la vez que
todos tenemos la responsabilidad de ir poniendo las bases para crear
alternativas que den una salida a los asturianos y, en particular, a sus
jóvenes. Hunosa y Figaredo representan un lastre económico muy importante
para todos nosotros, pero también es cierto que la minería es, en buena
medida, la única actividad básica en muchas zonas y hemos intentado
buscar un equilibrio entre esas dos realidades. Con el acuerdo se
pretende reducir el tamaño y el coste de la minería pública, por tanto,
reducir el problema, ahorrando importantes sumas a los españoles, pero
también realizar esfuerzos para crear nuevas actividades en las zonas
mineras. Históricamente se viene demandando que la reducción del peso de
la minería venga acompañada de la creación de alternativas para las
comarcas mineras.

Al margen de actuaciones aisladas, creo que se puede afirmar que no ha
habido hasta ahora un compromiso real para posibilitar la aparición de
estas alternativas. Por primera vez, con el Plan del carbón se han puesto
en marcha los mecanismos que deben impulsar el desarrollo de las cuencas.

Como antes he dicho, el Gobierno va a destinar, y está en los
presupuestos, importantes ayudas a la creación de infraestructuras,
formación del capital humano, apoyo a nuevos proyectos empresariales en
las cuencas mineras durante los próximos ocho años. Se dispone para ello
de un máximo de algo más de medio billón de pesetas para apoyar aquellos
proyectos que vayan surgiendo y que contribuyan fundamentalmente a la
creación de empleo en las zonas afectadas por las reconversiones. De todo
ello el Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Energía, y el
ministro personalmente, vamos a hacer un seguimiento regular y
exhaustivo. Vamos, entre todos, a conseguir que Hunosa y Figaredo tengan
un comportamiento cada vez más parecido al de una empresa normal. Creo,
con toda convicción, que eso es lo que conviene a Asturias y lo que nos
conviene a todos, y creo también que hemos aprendido bien la lección. No
puede basarse el futuro de una región como Asturias ni en la minería
pública ni en el sector público. Asturias ha perdido 35 puntos en
relación al promedio español en los últimos 35 años, si hablamos de
producción per cápita. Es cierto que la reducción de la renta per cápita
sólo ha sido del 7 por ciento, lo que refleja grandes transferencias de
recursos desde el conjunto de los españoles, manifestando, por tanto, su
solidaridad con los asturianos, pero no parece que ésa sea una buena base
para garantizar el futuro. Queremos que Asturias se enganche
definitivamente al progreso, al crecimiento económico y a la creación de
trabajo, y eso sólo se consigue si se crea trabajo competitivo y estable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Javier Fernández.




El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor ministro, por su, yo diría,
inmediata comparecencia, una vez que ha concluido el acuerdo con las
organizaciones sindicales. Sabe usted que la pasada semana en la
Diputación Permanente se pidió su comparecencia por este grupo
parlamentario y por otros grupos y entonces no tenía usted tanta prisa
por venir. Hoy lo hace, y lo hace seguramente para colgarse las medallas
del acuerdo y, además, haciendo una intervención, al margen de lo que
usted ha firmado hoy, que es el plan de Hunosa, en relación al marco
general de la minería que firmaron en julio, que ya nos lo ha explicado
el secretario de Estado de la Energía en esta misma Cámara y que hoy no
tocaba hablar de ello, como tampoco tocaba hoy hablar de las
compensaciones territoriales que, por cierto, cuando toque, le
explicaremos cuáles son las insuficiencias y los incumplimientos que ya
se empiezan a detectar en este primer año de aplicación, algunos en
cuestiones tan sensibles como los fondos destinados a la seguridad
minera.

Dicho esto, le tengo que admitir que ha hecho usted una sibilina
intervención de destrucción de la imagen pública de la minería en general
y de la minería pública en particular. Ha exhibido las cifras de Hunosa,
que son notorias y conocidas por todos, y viene usted a dar la razón a
este grupo parlamentario, a este partido, cuando desde el Partido Popular
durante todos estos años se decía que el problema de Hunosa era un
problema de gestión. Ahora lo que usted nos dice aquí es que es un
problema estructural, lo que es absolutamente cierto. Luego ha cargado
usted el tema con la palabra orgiástica, que tanto utiliza (podría usted
hablar también de orgiásticas prejubilaciones, en este caso, o asiáticas)
por las connotaciones que tiene respecto a la posición de los sindicatos
que, como usted sabe perfectamente, a lo largo de este conflicto han
debatido con usted otras cuestiones también y más en profundidad que la
de las propias prejubilaciones. Por cierto, el coste de las
prejubilaciones es alto, pero ahora el período máximo de prejubilación
que puede estar un minero en el sistema es de 13 años, mientras que antes
estaba solamente 10 años. Esto lo sabe usted perfectamente. Luego, en
términos específicos, probablemente usted haya aumentado el coste de las
prejubilaciones con estas medidas que han adoptado.

Señor ministro, a mí me parece que lo sustancial es que usted ha cerrado
un acuerdo que, en los términos en los que lo ha expresado, me parece un
acuerdo razonable. A este grupo parlamentario le parece bien que ustedes
cierren acuerdos con los interlocutores, en este caso, con los sindicatos
mineros asturianos. Lo que no nos parece nada bien, lo que nos parece muy
mal, es que usted negocie lo que ya estaba negociado y acuerde lo que ya
estaba acordado, porque esa ruptura de los acuerdos que usted ha hecho es
lo



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que ha generado en Asturias la crispación, la tensión social, la imagen
negativa de la región y todo ello envuelto en esos tintes dramáticos de
las desgracias personales que han ocurrido, de las que no voy a
culpabilizar a nadie. Lo cierto es que ustedes ya habían pactado y habían
pactado, además, el plan de empresa, es decir, la producción en cuanto a
los excedentes laborales, las incorporaciones, la plantilla de aquí al
año 2001; habían pactado la productividad, las inversiones, las ayudas,
lo habían pactado todo, señor ministro, y quedaba, al margen de lo que
era el plan de empresa, el convenio colectivo y la diversificación. Y no
solamente esto estaba pactado, sino que estaba publicitado por usted, por
miembros del Gobierno, por miembros del Partido Popular en Asturias, que
vendían este acuerdo como algo inédito, como algo sin precedentes. Estaba
pactado y usted se bajó del acuerdo. Usted ha establecido, además, un
gravísimo precedente en lo que son las relaciones laborales, porque esas
relaciones laborales deben estar basadas en la confianza mutua, sobre
todo cuando uno de los interlocutores es el Gobierno, que es el garante,
muchas veces, de los acuerdos que se establecen entre otras partes. ¿Cómo
no va a haber una quiebra de esa confianza cuando es precisamente el
Gobierno el que no hace honor a su compromiso y el que no cumple lo
pactado?
Lo que pasa es que usted no tuvo la gallardía y la dignidad, señor
ministro, de decir que se bajaba del acuerdo, que se apeaba y que quería
renegociar y prefirió culpar a terceros, eso que se denomina en términos
coloquiales, si me lo permite, pasar el paquete, y en este caso ¿a quién?
A la Dirección General 17, a Bruselas, y, sobre todo, si se podía
culpabilizar a los gobiernos socialistas, muchísimo mejor.

Así, en esta misma Comisión, el secretario general de la Energía, en
octubre de este año, poco antes de la famosa carta del señor Benavides,
respondía a una pregunta mía que ya lo habían negociado (durante diez
meses negociando con los sindicatos hubiera sido una irresponsabilidad y
una frivolidad no haber negociado con Bruselas) y que no había problemas
--ahí está el «Diario de Sesiones»--, sino únicamente los problemas
derivados de la memoria de elefante de Bruselas por las desviaciones de
los planes anteriores, algo que usted en el hemiciclo a mí mismo me
contestó en su día. Lo plantean como si Bruselas negara la virtualidad
del plan sencillamente porque está en una posición vengativa y rencorosa
por los incumplimientos de los gobiernos socialistas.

Señor ministro, usted antes manejaba la Decisión 3632/93 CECA y decía que
Hunosa y Figaredo están inscritas en el marco del artículo 4 de esa
decisión. Es cierto. Pues léase usted ese artículo 4 y mire a ver si hay
una sola frase en la que se diga que las ayudas a Hunosa y Figaredo, en
las ayudas a las empresas que están inscritas en ese marco del artículo
4, deben reducirse. No lo dice, porque para esas empresas lo esencial no
es la reducción de ayudas, sino la reducción de actividad. Dice:
reducción significativa de actividad. Con ello toda la ambigüedad
significativa del término queda ahí, porque si usted repasa la propia
decisión y además todo el proceso verbal que la acompaña, se dice que el
Consejo y la Comisión acuerdan que la noción de disminución de capacidad
significativa debe ser abordada caso por caso y con flexibilidad,
teniendo en cuenta las circunstancias sociales y territoriales, y
desgraciadamente las circunstancias sociales y territoriales de la cuenca
central asturiana son las que usted perfectamente conoce a través de los
indicadores más clarificadores en ese sentido. Por tanto, ustedes tenían
una posición muy sencilla respecto a la Unión Europea, señor ministro,
porque Hunosa y Figaredo cumplieron exactamente en lo que se les pedía,
en reducción de actividad, y hubo desviaciones en las ayudas, cosa que no
se les pide en el artículo 4. Y a mí me choca por qué el señor Benavides
dice que 3.400 empleos menos en Hunosa y Figaredo al año 2001 son
significativos, y sin embargo 2.339 no se lo parecen. Con la carga de
subjetividad que tiene el término ustedes podían haber defendido esto
perfectamente. Esto me recuerda la defensa beligerante, la defensa
intensa, la defensa recia que hicieron incluso defendiendo cosas que no
eran defendibles. Recuerde usted la normativa sobre la televisión
digital. Sin embargo, en este caso es la tibieza, el sometimiento y la
aceptación resignada de lo que les remite el señor Benavides, la
respuesta que se da desde el Ministerio de Industria, y lo hace porque,
señor ministro, está en clara connivencia con la Dirección General 17, y
además le puedo dar las razones que avalan esta argumentación. Usted, que
exhibía antes la Decisión 3632, conoce --y si no ahí la tiene-- el
artículo 2, apartado 2 de esa decisión, que dice sencillamente que a
partir del año 1997 todas las ayudas deben estar incluidas en
presupuestos públicos o en mecanismos estrictamente equivalentes; y
fíjese que no se consideraba un mecanismo estrictamente equivalente, a
efectos de la transparencia de las ayudas, el que viniera reflejado en el
recibo de la electricidad. Pues para el año 1998 tienen ustedes
consignados como ayudas a la explotación de Hunosa y Figaredo 61.054
millones, según el anexo correspondiente del famoso Plan de la minería
del carbón 1998/2005. ¿Sabe usted cuánto tiene en Presupuestos Generales
del Estado? Pues tiene 19.674 millones; es decir, el resto, el 58 por
ciento está sumergido, señor ministro, como está sumergido el resto de
las ayudas por el tratamiento de excedentes o las desviaciones de los
planes anteriores a través de ese proceloso cauce, tan opaco como no hay
ningún otro, que es el de las privatizaciones vía SEPI. Y a eso el señor
Benavides, tan minucioso, no dice nada, cuando eso es algo que aparece de
una manera objetiva, taxativa, terminante en la propia Decisión 3632.

Entonces, explíqueme usted cómo se es tan quisquilloso, por decirlo de
alguna forma, en el tema de aplicar un concepto tan relativo, tan
subjetivo como el de una reducción significativa, y sin embargo se deja
pasar esta otra cuestión en la que no habría ningún margen de maniobra.

Pues se deja pasar porque eso afectaría a la centrifugación del déficit
que están haciendo ustedes y al objetivo de déficit del Gobierno español.

Por tanto, yo creo que la connivencia con la Dirección General 17 y con
el señor Benavides, esa fluida relación epistolar que ustedes tienen,
está más que demostrada, señor ministro, pero es que incluso últimamente
la habían olvidado ustedes, y recurrieron a otro argumento que
ciertamente



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a mí me parecía más sólido, ese acta famosa que usted nos ha leído hace
un momento, el acta de 21 de mayo, donde se dice en su punto séptimo: Los
acuerdos aquí recogidos --usted nos lo leyó y yo se lo voy a leer
también-- no suponen que se vaya necesariamente a alcanzar un acuerdo
definitivo sobre el plan de empresa y el correspondiente
contrato-programa. Cierto, pero esto es de 21 de mayo. Yo no voy a hacer
una interpretación, la que pueda tener yo o el grupo parlamentario al que
represento, ni la interpretación de las organizaciones sindicales, voy a
hacer su interpretación, la interpretación de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, porque esto es del 21 de mayo, y continúa
diciendo: Las negociaciones proseguirán en los próximos días. Sí,
prosiguieron, y prosiguieron sin pausa alguna, prosiguieron hasta tal
punto que hay una propuesta de la sociedad estatal de 28 de mayo, donde
aparece la evolución de las ayudas, la evolución de plantillas, la de
resultados, el plan de inversiones, las reservas; y no me negará que esto
no es algo esquemático y embrionario que haya que desarrollar después.

Pero es que si además abre usted por cualquier parte, aparecen, por
ejemplo, pérdidas de explotación en el pozo María Luisa en pesetas
constantes; es decir, está todo especificado pozo por pozo, las pérdidas,
las inversiones, absolutamente todo, la plantilla, todo. Le voy a citar
un cuadro concreto sobre la plantilla, que dice: La plantilla por pozo
será la siguiente: pozo Aller, 1.260 trabajadores (estoy hablando del año
2001); Figaredo, 374 trabajadores, etcétera. Es decir, se refiere a todos
esos nombres que a usted le suenan tanto cuando se levanta con esa duda
tan hamletiana suya sobre si lo cierra o no lo cierra. Pues todos ésos
están aquí con la plantilla del año 2001, y el total son 7.156
trabajadores. Le sonará esa cifra porque fue la que usted remitió a
Bruselas y la que al señor Benavides le pareció excesiva. Y si quiere
más, hay otro cuadro, una curva donde aparece la evolución de plantillas,
decalaje y contrataciones de seis meses dentro del año, donde aparece
cómo se van incorporando los trabajadores en el tiempo a medida que se
producen los excedentes, con 1.061 trabajadores. También recordará usted
perfectamente esa cifra porque es otra que usted le remite al señor
Benavides y a él le parece desde luego también excesiva.

Por tanto, señor ministro, había una propuesta. Esta fue la propuesta que
usted hizo a los sindicatos, la propuesta que esos sindicatos le
aceptaron, la propuesta que usted remitió a Bruselas y la propuesta de la
que usted se apeó, cuya consecuencia es todo este problema que hemos
tenido en Asturias y cuya responsabilidad en último término, señor
ministro, debe ser absolutamente suya.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor ministro por su
comparecencia, a pesar de que nos gustaría que estas comparecencias se
realizaran en los momentos en que se producen los conflictos. En todo
caso, bienvenido sea, puesto que también es cierto que en otras áreas del
Gobierno no se producen con esta misma asiduidad.

En mi opinión, lo sorprendente de toda esta historia es que éste era un
conflicto evitable. Hemos sufrido en Asturias casi un mes de huelga,
desgraciadamente para dos personas con consecuencias irreversibles, como
es el fallecimiento de Lorenzo Gallardo, picador en una barricada,
atropellado por un vehículo, o la pérdida de un ojo de José Antonio
González Fernández, sociólogo, director de la Agencia Comarcal de
Desarrollo, y que además no participaba en las movilizaciones, sino que
simplemente pasaba por la calle. Quiero hacer una pequeña mención, por lo
menos como pequeño homenaje también a aquellas personas que han sufrido
las graves consecuencias, desgraciadamente irreversibles.

Usted ha citado precisamente en su información que en el acuerdo del Plan
del carbón del mes de mayo se fijaban las grandes cifras referentes a
Hunosa y Figaredo. Es verdad que quedaba abierta lógicamente la
negociación del convenio colectivo, así como matizar o concretar aspectos
de prejubilaciones, etcétera, pero sí se daban cuatro números, es decir
se hablaba en el 2001 de 7.000 trabajadores, se hablaba de 1.061
contrataciones, de 20.000 millones de ayudas y 2,1 millones de toneladas;
es decir, en ese acuerdo del mes de mayo sí estaban fijadas las grandes
cifras para Hunosa-Figaredo. Hoy, en la lectura del acuerdo firmado esta
misma mañana, hemos visto que, efectivamente, el acuerdo ha sido posible
con pequeñas modificaciones, que se pueden entender en un pulso entre el
Ministerio y los sindicatos; ustedes por matizar esas grandes cifras,
reconducirlas a una situación más favorable para los intereses del propio
Ministerio, del propio Gobierno, y los sindicatos en un esfuerzo de
responsabilidad por encontrar también una salida al conflicto; y si no
comparémoslos. Es decir, en cuanto a los 7.000 trabajadores, ustedes han
conseguido un objetivo, que es poder alcanzar una cifra de 6.500 a base
de no computar aquellos acuerdos puntuales que se puedan alcanzar con
trabajadores no de producción de minería, sino administrativos, miembros
de la gerencia, etcétera, con el acuerdo que ustedes establecen con un
límite de 30 años. Al mismo tiempo, las 1.061 contrataciones las
distribuyen en dos paquetes: 736 que irían a la minería, 436 para 1998 y
325 ingresos en diversificación, estando además comprometidos una parte
de los 736 por distintos precedentes de cierres de las explotaciones,
como son los casos de Minascar de Teverga, conflicto Duro-Felguera,
etcétera, que en definitiva vienen a paliar también socialmente una serie
de problemas que estaban encima de la mesa.

Parece que la recta final ha sido un tira y afloja, un discutir los topes
de las prejubilaciones y racanear un poco para ver si se podía, con este
discurso que usted ha reiterado aquí, intentar presentar ante la opinión
pública a los mineros como una especie de depredadores, con unas
prejubilaciones elevadísimas y en condiciones de privilegio frente a los
trabajadores de la minería privada o los trabajadores en general.

Su discurso ha tenido dos partes: una en la que efectivamente --en mi
opinión-- se les demonizaba, y que además



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coincide con artículos que están saliendo en la prensa hoy mismo --tengo
alguno por aquí--, en los que fuentes de Hunosa o fuentes del Ministerio
hablan de los datos; desgraciadamente sólo hablan de una parte de ellos,
igual que usted ha hecho en la primera intervención, que después ha
compensado exhaustivamente en la segunda exponiendo las causas, o una
parte de las mismas, de la situación de Hunosa-Figaredo.

En primer lugar, quiero decir que las cuantías de las prejubilaciones
vienen predeterminadas por dos razones fundamentales, unas históricas,
fruto de la normativa que atañe a la explotación minera --como usted muy
bien ha citado-- por su peligrosidad, no solamente directa con más de 25
ó 30 muertos en muchos años en el sector de la minería, sino también por
la gravedad de las consecuencias de las enfermedades profesionales como
la silicosis y, en muchos casos, el acortamiento de la vida de los
trabajadores implicados directamente en la explotación. Esto si lo
traducimos en costes supone desgraciadamente que un minero en explotación
directa durante más de diez años tiene unas prestaciones bastante
menores, puesto que desgraciadamente vive menos tiempo. Creo que a la
hora de dar datos conviene darlos todos, y conocer las circunstancias.

Los trabajadores de otros sectores han tenido históricamente coeficientes
de reducción que en algunos casos han ido modificando las sucesivas
reformas de la Ley de la Seguridad Social. Por citar sólo alguno, los
propios trabajadores del transporte del sector ferroviario que ingresaron
antes de 1967 tienen coeficientes de reducción como consecuencia de los
regímenes especiales correspondientes. Al mismo tiempo, esas
prejubilaciones se corresponden con cotizaciones efectuadas durante los
años que han trabajado. Lógicamente las prejubilaciones están en relación
directa con la cotización, con lo que aporta al sistema cada trabajador
durante el tiempo que trabaja. Es verdad que, fruto de una mayor presión
a la negociación colectiva o a una mayor capacidad de movilización del
movimiento sindical en determinadas empresas públicas, puede que hayan
conseguido unas ventajas más importantes que otros sectores, pero nadie
ha regalado nada sino que, en general, ha sido fruto del esfuerzo, de la
lucha sindical, de muchos días de huelga y de muchos sacrificios. Me
parece que ésas son las condiciones.

A partir de ahí hay que decir que ustedes, en el mes de mayo, calificaron
a los sindicatos mineros asturianos como muy responsables, y ahora que
han firmado los han vuelto a calificar en los mismos términos. Quiero
recordar que el comienzo de la negociación del Plan del carbón se produce
a raíz de la conflictividad desencadenada en la cuenca minera,
fundamentalmente privada, de Castilla y León, y después de importantes
movilizaciones en las que la minería asturiana no se movilizó sino que
actuó en la mesa de negociaciones --no entro a evaluarlo, pero ésos son
los hechos reales--, e intentaron por la vía de la negociación y del
diálogo sacar adelante un plan del carbón, en un ejercicio de
responsabilidad que ustedes valoraron en su momento. Una de las razones
por las que se desata este conflicto es que no hay peor cuestión en esta
vida, a veces, que las personas moderadas cuando se cabrean o cuando se
sienten engañadas. Es decir, los sindicatos mineros en aquel momento
creyeron que el compromiso adquirido en ese plan del carbón, al menos con
estas cuatro grandes cifras situadas dentro del plan, no iba a hacer
necesario sino seguir negociando y profundizando. La sorpresa salta
cuando el Ministerio --al menos en la interpretación inicial de los
sindicatos--, apoyándose en la carta al señor Benavides, pretende
renegociar a la baja algunas de las condiciones, sobre todo del acuerdo
marco fundamental. Esta es la razón de que estalle la conflictividad en
el sector minero, porque se había hecho un esfuerzo importantísimo de
negociación. No hay que olvidar, cuando se dibuja este panorama histórico
de la minería, que en este acuerdo los sindicatos están aceptando una
reducción que puede llegar a 3.000 puestos de trabajo en la propia
Hunosa, con lo que eso supone para unas comarcas mineras ya afectadas
directamente por la crisis.

Usted ha anunciado indirectamente otra cuestión, y es que va a haber una
reducción o, al menos, un intento de reducción de empleo en el sector de
la subcontratación en Hunosa. Usted habla de que esos 6.500 que pueden
quedar tienen que ser también como consecuencia de la desaparición
paulatina de la subcontratación en Hunosa. Yo eso lo veo muy complejo,
sobre todo, insisto, por la parte social que tiene ese aspecto. Nuestro
grupo siempre ha sido reticente o bastante contrario a la práctica de la
subcontratación, y lo sigue siendo. Ahora bien, somos consciente de que
dada la situación del empleo en esas comarcas hay que tener mucho cuidado
a la hora de tocar números o movimientos importantes en ese mercado de
trabajo que, desgraciadamente, es el que tenemos. Yo ponía un ejemplo
hace poco: evaluemos en millones de pesetas qué tipo de empresas sería
necesario montar para crear solamente los 1.061 puestos de trabajo nuevos
que aparecen en este plan para los próximos cuatro años; comparemos por
ejemplo las inversiones de Dupont en Asturias, para crear inicialmente
ciento y pocos puestos de trabajo; traduzcámoslo en millones de pesetas y
veremos que probablemente es mucho más rentable buscar este tipo de
medidas mientras aparecen otras de diversificación, u otros yacimientos
de empleo que hagan posible la revitalización del tejido social y del
empleo en la propia Asturias. Mientras tanto es imprescindible continuar
con estas medidas de apoyo para no producir una situación todavía más
grave. Por eso no creo que para los sindicatos haya sido una satisfacción
convocar o participar en un mes de movilizaciones. En una lectura
empresarial usted ha dicho, entre comillas, algo que tiene otra lectura.

Es verdad, si lo plantea usted así, que en términos económicos un mes de
huelga supone un ahorro económico para la empresa; si usted evalúa, como
ha hecho, que se pierden equis millones de pesetas por hora, lógicamente
no hay que olvidar que quienes más pierden en este conflicto en términos
económicos son los mineros, que van a perder la nómina de un mes, en una
economía ya muy precaria, con bastantes cargas familiares en muchos
casos. Por tanto los conflictos no son deseables para ninguna de las
partes, pero seguro que menos para el minero, que este mes va a ver que
prácticamente no tiene una nómina para cobrar. Creo que hay que evaluar
también que



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era un conflicto --en mi opinión-- perfectamente evitable; al menos
deberían haberse agotado las posibilidades para evitarlo.

Hay otra fase del conflicto en la que --en mi opinión-- se alarga en una
semana la negociación de forma innecesaria. Yo evalúo que vistos los
términos del Plan de mayo de 1997 y las consecuencias finales, era un
conflicto perfectamente evitable. Los sindicatos --en mi opinión y por lo
que he hablado con algunos de sus miembros-- se sintieron sinceramente
engañados, ya que después de haber hecho un esfuerzo se encontraban en
aquel momento en una situación imprevista, teniendo que presentarse ante
sus compañeros en los pozos a explicar que lo que habían firmado había
que volver a discutirlo y a negociarlo. Esas son las consecuencias.

Por último, termino diciendo que los mineros hacen también un esfuerzo en
las condiciones laborales y económicas pactadas --como usted ha dicho en
el punto sexto--, ya que para el año 1998 solamente van a sufrir un
incremento directo del 70 por ciento del IPC, en 1999 del 80 por ciento,
en el 2000 del 90 por ciento y en el 2001 alcanzarían el cien por cien
del IPC. Es decir, en principio pueden perder poder adquisitivo, aunque
es verdad que también se incrementan algunas gratificaciones de manera
lineal, por decirlo así, para el año 1998. Por tanto estamos ante unos
sindicatos que han hecho un ejercicio de responsabilidad y, en mi
opinión, el Ministerio tenía que haber evitado esta especie de intento,
apoyándose en una realidad, que es una carga de la Unión Europea que no
tenía base suficiente; al menos hay precedentes anteriores de que es
discutible, que se puede pelear y que no era una decisión cerrada, que
era un conflicto perfectamente evitable. Espero que no se vuelvan a
producir en los sectores industriales este tipo de situaciones en las que
a los interlocutores sociales se les intenta hurtar una negociación ya
realizada y, desgraciadamente, con consecuencias en el plano humano muy
graves.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra don Josep Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Quiero agradecer, en primer lugar, la
comparecencia del señor ministro ante la Comisión de Industria para
explicarnos el acuerdo firmado esta mañana entre representantes de los
sindicatos, la SEPI y la Dirección General de Minas, relacionado con el
reciente conflicto de las minas de Figaredo y Hunosa, en el que,
lamentablemente, después de unos incidentes, costaron la vida de una
persona. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) celebra que
finalmente este acuerdo se haya podido cerrar, tal como nos ha explicado
esta tarde en su exposición el señor ministro, en base al preacuerdo
firmado en mayo de 1997 que, desde nuestra perspectiva, tiene como
objetivos fundamentales las prejubilaciones. Sobre esto nos gustaría
hacer un comentario positivo.

Teniendo en cuenta que es un acuerdo de futuro y de una duración de cinco
años, quizá por primera vez, y dentro de las negociaciones que han
existido, se ha producido una baja considerable en las prejubilaciones
respecto a los acuerdos que existían de anteriores convenios firmados con
los sindicatos, lo que representa una parte importante de cara a la
prevención del déficit público que pueda existir en este sentido,
acuerdos que han tenido como objetivos básicos las propuestas de bajas
incentivadas, la revisión de los nuevos convenios salariales, y las
inversiones en infraestructuras de cara al desarrollo de nuevos proyectos
industriales y empresariales en industria. Pensamos que éste va a ser el
punto de partida más importante para poder afrontar los nuevos retos
económicos que comportará la entrada de España en la Unión Europea.

También consideramos muy importante la consolidación de los 6.500 empleos
en la minería a partir del año 2001. Por este motivo, nuestro grupo
parlamentario se congratula de dicho acuerdo. También quiere trasladar la
felicitación a las parte implicadas por haberlo conseguido, tal como nos
ha expresado el ministro en su exposición: a los sindicatos, a los
representantes de la SEPI, a los representantes de la Dirección General
de Minas. Al mismo tiempo, desde Convergència i Unió queremos
solidarizarnos con una comunidad autónoma como la asturiana que, a través
de un problema estructural tan importante como el de la minería, se ha
visto castigada a lo largo de los últimos años con una pérdida de peso
económico muy importante, dentro de la configuración económica del Estado
español, con la consiguiente pérdida de empleo, significándose en este
aspecto un alto porcentaje de paro, uno de los problemas fundamentales,
no sólo de España, pero sí básicamente de una comunidad autónoma como la
asturiana. Desde esta perspectiva, creemos que hay que ser objetivos y
mirar al futuro, porque el pasado es historia. Pero hemos de recoger las
partes más positivas y los puntos débiles de este pasado para que esta
situación no vuelva a producirse en el sector de la minería, y
concretamente en la Comunidad Autónoma de Asturias.

Con los nuevos planteamientos de inversiones en infraestructuras, con los
planteamientos de nuevos proyectos empresariales a desarrollar en la
misma y teniendo en cuenta la experiencia de las reestructuraciones que
han existido en el resto de Europa en un sector tan importante como la
minería, hay que aprender la lección de estos países que han ido más
rápidos que el nuestro en cuanto a la liberalización de los mismos, y
pensar en desarrollar nuevos proyectos empresariales. Y aquí haríamos la
pregunta que nuestro grupo parlamentario quiere plantear al señor
ministro para que nos informe respecto a las experiencias de
reestructuraciones que ha padecido el sector minero en otros países de la
Unión Europea, en qué campos estratégicos se pueden desarrollar nuevos
proyectos industriales, concretamente en Asturias, a fin de que esta
situación no vuelva a repetirse y se produzca un crecimiento importante
en otros campos industriales y comerciales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, y cerrando ya el
turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
doña Mercedes Fernández.




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La señora FERNANDEZ GONZALEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Popular
queremos comenzar por agradecer la comparecencia que a solicitud propia
habilita que esta tarde se celebre una sesión en la Comisión de Industria
y el titular del departamento comparezca hoy ante los señores diputados
para explicar la política del Gobierno en las negociaciones en materia de
carbón. Quiero recordar, también, que en la celebración de la Diputación
Permanente de la semana pasada hubo dos iniciativas y, por tanto, dos
posibilidades de actuación. Una, la que solicitó el propio ministro de
Industria, y otra la que solicitaron otros grupos parlamentarios. Hay que
ser finalistas y objetivos y convenir que la prontitud con la que ha
comparecido el ministro de Industria, desde el punto de visita del Grupo
Parlamentario Popular, es no sólo digno de gratitud sino también de
elogio.

Si se me permite, queremos empezar por el final. Esta misma mañana se ha
producido la firma de un acuerdo importante para el Ministerio, para los
sindicatos y para el futuro de la minería del carbón en España, y en
particular en Asturias. A renglón seguido quiero decir, porque se ha
barajado en los días precedentes, que a juicio del Grupo Parlamentario
Popular no ha habido --y lo digo con toda rotundidad y con toda certeza--
ningún incumplimiento por parte del Gobierno de la nación ni del titular
del departamento.

Como han hecho referencia algunos portavoces parlamentarios, es cierto
que el pasado 21 de mayo de 1997 se había procedido a un acuerdo que no
estaba cerrado, en el que se establecía de forma específica, en el
apartado séptimo del mismo, que los acuerdos aquí recogidos (se refería a
los precedentes y a los posteriores) no suponen que vaya a alcanzarse
necesariamente un acuerdo definitivo sobre el plan de empresa y el
correspondiente contrato programa. Y seguía: Las negociaciones
proseguirán en los próximos días. Por tanto, señorías, si queremos hacer
un relato fidedigno, y sobre todo veraz, de los hechos y de los
acontecimientos, tenemos que convenir que había unas bases previamente
diseñadas y firmadas responsablemente, no sólo por el Gobierno de la
nación, sino por los propios sindicatos firmantes del acuerdo, donde se
establecía, de forma nítida y meridiana, que se firmaban unas bases y que
no se hipotecaban unas posibles negociaciones que, por otro lado, eran
necesarias para redondear las negociaciones del futuro del carbón.

Se ha dicho también por parte de algunos portavoces en otros foros, no
esta tarde --y quiero incidir sobre este particular--, que se pretendía
la liquidación de la minería. Quiero recordar, una vez más, la prontitud
que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, ha tenido el Gobierno en
su actuación, prontitud y sensibilidad social innegable. Prontitud
publicando en el «Boletín Oficial del Estado», el 30 de diciembre de
1997, el real decreto por el que se establece el régimen de ayudas para
la minería del carbón y el desarrollo alternativo de las comarcas
mineras; y, a renglón seguido, prontitud cuando el 16 de enero de 1998 es
el propio Consejo de Ministros el que aprueba las ayudas a la minería del
carbón, afectando a 77 empresas y superando los 85.000 millones de
pesetas.

Pero hay dos debates que, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, ni
queremos ni entendemos que se deben disociar. Me estoy refiriendo a los
aspectos salariales, a los aspectos de recolocaciones, a los aspectos de
bajas incentivadas, a los aspectos de convenio colectivo en definitiva y,
de otro lado, al nuevo Plan de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras. En este sentido queremos decir, por lo que se refiere a este
aspecto, que estamos ante un acuerdo histórico sin precedentes conocidos
en nuestro país. El Plan de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras va a aportar la diversificación y los empleos alternativos que
tanto necesitamos en el Principado de Asturias y en otras autonomías
afectadas por la industria del carbón. En este Plan de desarrollo
alternativo de las comarcas mineras hay dos presidentes de comunidades
autónomas que han firmado el protocolo de desarrollo y el marco
procedimental adecuado para su seguimiento y cumplimiento. Me estoy
refiriendo al presidente de Castilla y León y al presidente del
Principado de Asturias, que ayer mismo firmaba, con el ministro Piqué, el
protocolo de acuerdo, por lo que al Principado de Asturias se refiere.

Este desarrollo alternativo de las comarcas mineras traslada esperanza y
futuro a la comunidad autónoma asturiana y al resto de las comunidades
autónomas afectadas por la reducción de un producto que claramente está
en crisis desde hace no pocos años. Nosotros valoramos muy
significativamente que haya dotaciones presupuestarias --insisto y
remarco presupuestarias-- con transparencia, que facilitan el
conocimiento y la disponibilidad de los dineros que aprueban las Cámaras,
el Congreso y el Senado, que haya una buena dotación y desarrollo de
infraestructuras, con aportación de hasta 50.000 millones de pesetas/año
durante los ocho años de vigencia del convenio; que haya también una
aportación de hasta 5.000 millones de pesetas para enseñanza y formación
profesional durante los ocho años de vigencia del plan con un máximo de
40.000 millones de pesetas y que haya, finalmente, una aportación de
10.000 millones de pesetas anuales durante los ocho años de vigencia del
plan, con un total de 80.000 millones, para financiar proyectos
empresariales generadores de empleo alternativo en las cuencas mineras
asturianas y otras comunidades autónomas.

No se puede ni se debe escatimar reconocimientos a un acuerdo y a un plan
alternativo que manifiesta bien a las claras la sensibilidad social que
ha demostrado el Gobierno de la nación con las comarcas afectadas por la
producción de carbón. Se han hecho algunas afirmaciones referidas a la
situación actual de la minería del carbón. Quiero recordar que desde hace
tiempo se cerraban año tras año bastantes pozos en la empresa pública de
Hunosa; por tanto, el proceso de reducción y reconversión, aunque no de
forma clara ni de forma transparente, no la ha iniciado, a nuestro juicio
ni a juicio de la verdad, el Gobierno del Partido Popular. Lo que sí ha
iniciado el Gobierno del Partido Popular es una apuesta por el futuro sin
precedentes y una profesionalización en la gestión y en la gerencia de
las empresas. Quiero hacer referencia específicamente al gran profesional
que está al frente de la empresa pública Hunosa, que ha demostrado no
solamente conocer el sector,



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sino gestionarlo con acierto y sensibilidad. No son los precedentes que
había al frente de la gerencia de Hunosa y SS. SS. lo saben, lo recuerdan
y lo conocen igual que yo. Desde el Partido Popular se siguen haciendo
votos por esa profesionalización y nos parecen acertadísimas las palabras
del ministro Piqué cuando decía que los datos, la cuenta de resultados de
Hunosa, no avala que Hunosa sea una empresa. Con carácter previo a la
celebración de la Comisión de Industria, le decía a él y a otros miembros
de esta Comisión que no sólo hay que estar al tanto de la cuenta de
resultados, sino también --permítaseme la expresión-- de los resultados
sociales y, por tanto, del saldo social que esta operación implica. Sé y
sabemos que ésta es la preocupación del Ministerio, que ha puesto todo su
empeño en firmar un buen plan, que ha logrado un acuerdo con los
sindicatos sin demasiados precedentes conocidos y, por supuesto,
hubiésemos hecho votos para que se hubiese negociado todo alrededor de la
Mesa.

En Asturias hemos vivido quince días de una importante convulsión social
y desde el Grupo Parlamentario Popular no apoyamos aquellos mecanismos
digamos colaterales de negociación. Dijimos allí y aquí que la
negociación, tal como establecía el acuerdo firmado en mayo, debería
seguir y continuar alrededor de la mesa de negociación. Celebramos el
acuerdo firmado hoy con los sindicatos y que, con el impulso del
Ministerio de Industria, se haya logrado un excelente acuerdo para la
minería del carbón. Específicamente, si me lo permiten SS. SS. por mi
condición de diputada por Asturias, es algo que se valora de forma
extraordinaria en el Principado de Asturias, donde hay una satisfacción
yo diría que generalizada; voy a matizar, casi generalizada. De todas
maneras, todos valoramos y celebramos el acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra para un turno de
réplica.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): En primer
lugar, quiero expresar mi agradecimiento por todas las intervenciones,
por el tono en que se han producido, absolutamente coherente con la
relevancia del tema que hoy se trata.

A lo largo de mi intervención he intentado dejar claro que no se trata de
un problema ni de una cuestión que se pueda exponer ni plantear en
términos simples y que tampoco tiene soluciones simples, sino que es un
problema extremadamente complejo, que tiene unas raíces muy profundas,
históricamente hablando, desde su punto de vista temporal y en las
propias mentalidades y comportamientos que se han ido cristalizando en un
largo período de tiempo. Por consiguiente, para aquellas opiniones que a
veces se manifiestan, en particular desde ámbitos que utilizan
estrictamente argumentos economicistas, el problema está suficientemente
claro desde el punto de vista económico y la única solución posible sea
una solución de estricta racionalidad económica. He dado suficientes
argumentos, y han ido saliendo otros a lo largo de las intervenciones de
los diferentes portavoces, que justifican que, en la aproximación a toda
esta cuestión, se requiere responsabilidad, complejidad y tener en cuenta
todos los elementos en presencia.

Voy a referirme a algunas de las cosas que se han dicho y, empezando por
la intervención de la diputada señora Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular, debo decir que ha resumido de manera muy precisa todo aquello
que está en el trasfondo de la actuación del Gobierno en relación con el
problema de la minería del carbón y, en particular, en Asturias. Se trata
de poner énfasis en el futuro, de hacer una apuesta por el futuro, y no
seguir con estrategias defensivas de lo existente, que al final se han
mostrado claramente insuficientes para dotar de expectativas positivas,
esperanzadoras y de futuro a los ciudadanos y, en particular, a los
asturianos. A ese convencimiento hemos llegado todos al final, incluidos
los trabajadores de la minería del carbón y los sindicatos que los
representan. Sabemos que no se puede basar el futuro de Asturias ni el de
las comarcas mineras, aunque sólo sea eso, en la minería del carbón. Hay
que hacer un esfuerzo para buscar alternativas y para ir generando otras
iniciativas empresariales, que vayan permitiendo asumir adecuadamente, de
manera razonable, lo que es el declive inevitable del sector del carbón.

Para eso hay que buscar bien los tiempos, hay que precisarlos y hay que
comprometerse. Porque ha habido un discurso habitual, que es el de que
hay que ir ajustando el sector del carbón y hay que ir buscando
alternativas, pero hay que poner los instrumentos reales, efectivos,
objetivos, para que esas alternativas nazcan. Y hasta ahora el ajuste en
el sector del carbón sólo se ha hecho, practicamente, en el empleo. Se
han perdido miles de puestos de trabajo en los últimos años en ese sector
y ello no ha ido asociado a unas disminuciones de producción coherentes
ni a una creación de alternativas empresariales, de alternativas
económicas, con una mínima consistencia.

Creo que ésa es la apuesta del momento, que no es una apuesta fácil.

Antes, el diputado representante de Convergència Unió, señor Sánchez i
Llibre, nos hablaba de otras experiencias sobre la diversificación del
sector del carbón que ha podido haber en Europa. Supongo que no se trata
en esta sesión de explicitarlas, pero he de decir que ha habido
experiencias positivas en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania; también
ha habido alguna experiencia positiva concreta en nuestro país, en
relación con la reestructuración del sector de pequeñas comarcas
asociadas a la minería del carbón, por lo que hay que estar en esa línea,
pero lo más importante, desde mi punto de vista, además de aprovechar
estas experiencias y no perder de vista este camino, es generar las
condiciones necesarias para que surjan nuevas iniciativas. Por eso, es
vital centrar el esfuerzo en la creación de infraestructuras que mejoren
las comunicaciones, que mejoren el urbanismo de esas zonas, que mejoren
una situación en general de aislamiento. No hace falta visitar las
cuencas mineras asturianas para darse cuenta de los límites físicos que
para el desarrollo suponen, desde el punto de vista geográfico; hace
falta hacer un esfuerzo en formar el capital humano y en dar a los
jóvenes unas expectativas distintas a intentar buscar empleo en un sector
que nunca más lo va a crear o que lo va a crear, en términos netos, en
cifras muy negativas y, al mismo



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tiempo, seguir apoyando proyectos empresariales. Esa es la gran apuesta
que está haciendo el Gobierno. No es garantía de éxito, porque el éxito
no tiene que venir de la creación de condiciones necesarias, que eso sí
es responsabilidad del Gobierno, sino que depende de la propia vitalidad
de las sociedades a las cuales se dirigen esas medidas; pero yo creo que
podemos tener confianza en que la sociedad asturiana efectivamente
aproveche esta oportunidad, que es una oportunidad --el adjetivo se suele
utilizar demasiado a menudo-- realmente histórica para dar la vuelta a un
proceso que en los últimos años ha sido claramente decadente; poco a poco
iremos estando en condiciones de hacerlo.

Es cierto también que todos lamentamos que, cuando se producen conflictos
de las características de los de las últimas semanas, haya afectados y en
concreto lamentamos el fallecimiento de una persona que fue atropellada
accidentalmente cuando participaba en la puesta en marcha de una
barricada. Y es cierto también que después ha habido un herido de
consideración, con la pérdida del globo ocular, y una serie de heridos.

Obviamente, desde el punto de vista de la oposición, lo lógico es que se
responsabilice del conflicto al Gobierno y que se diga que lo podría
haber evitado, pero también es verdad que se puede hacer otro tipo de
comentarios. Permítanme que les haga los siguientes. Les reto a que
busquen ustedes alguna declaración del Gobierno --les reto sin ánimo de
provocar, simplemente desde un punto de vista intelectual-- en la que se
diga que no se van a respetar los preacuerdos de mayo. El Gobierno
siempre ha dicho --y este ministro en concreto-- que el Gobierno va a
defender los preacuerdos de mayo, en el contexto del Plan general del
carbón y en el contexto de la Unión Europea, como es natural, porque otra
cosa sería irresponsable. Cuando antes el portavoz socialista, señor
Fernández, hacía referencia a este tipo de cuestiones, casi nos invitaba
a que pasásemos de la Unión Europea. No lo hemos hecho nunca, ni lo
estamos haciendo, ni lo vamos a hacer, pero es verdad que en la Comisión
Europea, sus miembros, sus comisarios, sus funcionarios, tanto de nivel
alto como de nivel medio, todos, son personas de una altísima
profesionalidad. Por tanto, es, como mínimo, arriesgado hacer
atribuciones de connivencia con altos funcionarios de la Comisión
Europea. Como mínimo, repito, arriesgado. Yo creo que ése no es un camino
adecuado, porque, además, en este caso concreto, yo doy fe de la
excelente profesionalidad, del rigor y también de la flexibilidad en
atender las circunstancias concretas del caso que nos afecta. Hay un
pronunciamiento inicial de la Comisión; como es lógico, siempre es un
pronunciamiento de máximos, que después se va adaptando a la realidad de
una negociación, que necesariamente tenía que abrirse cuando todos
tuviéramos un conocimiento mínimamente preciso de los costes de la
reestructuración y del ajuste. Y eso sólo era posible saberlo cuando se
pueden saber los costes asociados a las prejubilaciones, los costes
asociados a la evolución del convenio colectivo, los costes asociados a
la evolución de la planificación de la producción. Por ello, la posición
del Gobierno fue muy clara desde el principio, y la de Hunosa y la de la
SEPI, en el sentido de no levantarse nunca de la mesa de negociación. La
mesa de negociación ha estado siempre abierta, siempre, y no deja de
resultar peculiar que, estando todos sentados en una mesa de negociación,
se convoquen movilizaciones. Las movilizaciones se convocan normalmente
para pedir la negociación o cuando la negociación está estancada, pero no
cuando se está iniciando la misma. Y creo que todo el mundo puede
entender que había aspectos por negociar, que se han estado negociando
estos días, que, lógicamente, después tienen que trasladarse a la
Comisión Europea y que desde luego las fechas entre el 25 de diciembre y
el 7 de enero no parecían las más apropiadas.

Tengo que decir también que conviene matizar la naturaleza de las
movilizaciones que se han producido. Antes hacía referencia el señor
Santiso a que, desde un punto de vista estrictamente economicista, las
huelgas de Hunosa no constituyen una presión para la empresa, no
constituyen el tradicional elemento de presión para cualquier empresa
normal, y que, al final, los perjudicados por no cobrar el salario
correspondiente a las tres semanas últimas son los trabajadores. Yo,
desde luego, lo lamento, insisto, lo lamento, pero formular una
movilización sabiendo que en sí misma no es elemento de presión, hacerla
cuando está la mesa de negociación en marcha y abierta a discutir,
sabiendo además que no se pueden transmitir las conclusiones a la
Comisión Europea hasta pasados unos día, lleva a que algunos crean que el
elemento fundamental de presión es el desorden público. Y la
responsabilidad del desorden público es de quien lo provoca, en términos
objetivos.

Déjenme que les haga a todos ustedes una pequeña matización respecto a lo
que ha sucedido desde el día 26 de diciembre, porque es verdad que hay
una primera fase en la que el protagonismo de las movilizaciones y, por
tanto, también de las alteraciones de orden público corre a cargo de las
centrales sindicales y de los trabajadores de Hunosa y Figaredo. Es un
movilización no virulenta, que lo que hace es impedir la entrada en los
pozos; hay desplazamientos a la capital de Asturias, hay manifestaciones,
se realizan cortes de tráfico, etcétera; pero hay una segunda fase, en la
que el conflicto se radicaliza, como consecuencia de la participación en
el mismo de personas más radicales ajenas a la minería: estudiantes,
parados o pertenecientes a corrientes sindicales minoristas. Las acciones
se inician en la madrugada, colocando barricadas a las que se prende
fuego; se utilizan tirachinas cargados con rodamientos de acero y se
lanzan piedras, cascotes y a veces incluso proyectiles con líquidos
corrosivos. Esto ha generado unos cuantos heridos, entre ellos policías,
por supuesto, estudiantes, el sociólogo que lamentablemente sufre la
pérdida del globo ocular, un estudiante de 16 años, que formaba parte de
un piquete en el interior del pozo María Luisa e iba encapuchado.

Finalmente, tengo que decir también que, en virtud de la responsabilidad
que ha ejercido el delegado del Gobierno, que ha cumplido muy bien su
trabajo, se han realizado varias detenciones; menos de la mitad
corresponden a trabajadores de Hunosa y Figaredo.

Todos debemos ser muy conscientes de la realidad del fenómeno y, a partir
de ahí, procurar un ejercicio de futuro,



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como reclamaba la señora Fernández. En una anterior interpelación en el
Parlamento, el señor Fernández nos comentó que procurásemos entre todos
no mirar el retrovisor, y yo se lo acepté en aquel momento. Yo le digo
que voy a cumplir con lo que dije entonces y no voy a mirar por el
retrovisor, voy a procurar mirar hacia el futuro. Por lo tanto, no me
pararé en pretendidos incumplimientos, porque a mí me parece que ése es
un debate que no nos interesa ni a los partidos de la oposición, ni a los
partidos que dan apoyo al Gobierno, ni al propio Gobierno, pero que en
primer lugar no interesa a la sociedad asturiana. Vamos a dejarlo, vamos
a ver cuál es la situación y vamos a ver si entre todos apostamos para
que este futuro que tenemos delante sepamos aprovecharlo. De ahí la
relevancia de algo que ha mencionado la señora Fernández y que firmamos
ayer para el caso de Asturias y el pasado viernes para el caso de
Castilla y León y que en las próximas semanas se irá firmando para todas
las comunidades autónomas afectadas por el proceso de reestructuración
del carbón.

Hay que poner el énfasis en los proyectos, en la creación de empleo, en
las nuevas alternativas empresariales, en las nuevas alternativas
económicas y, desde luego, hay que poner el énfasis en que los acuerdos
se cumplan y se cumplan de verdad en su totalidad a través de un
seguimiento, como antes decía, exhaustivo, preciso, regular, que poco a
poco vaya transformando un sector que hasta ahora no se movía por
componentes empresariales hacia un sector que, si quiere sobrevivir, y
desde luego el Gobierno así lo desea, tiene que basarse cada vez más en
la eficiencia y en la competitividad. Esa es la apuesta del Gobierno. El
Gobierno no tiene el menor interés en profundizar en la polémica respecto
a la responsabilidad de las movilizaciones, y he dado mis opiniones; creo
que eso no resulta de utilidad ni probablemente tenga un contenido
positivo. Lo que tiene un contenido positivo es que hemos conseguido y
estamos consiguiendo constantemente acuerdos, difíciles, complicados, con
las organizaciones sindicales, que generan, además, al margen de los
disturbios de los últimos días, un clima de tranquilidad social, de paz
social, que, es el único posible si de verdad queremos que vayan
surgiendo otras posibilidades económicas y de futuro para las zonas
afectadas. Esa es la posición del Gobierno y de esa posición no le va a
mover nadie.




El señor PRESIDENTE: Señorías, no habiendo más asuntos que tratar en la
sesión de esta tarde, levanto la sesión y ruego a los portavoces que se
acerquen un momento a la mesa.




Eran las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde.