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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 364, de 18/12/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 364



INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, VICEPRESIDENTE
PRIMERO



Sesión núm. 26



celebrada el jueves, 18 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps)
para informar sobre:



--Situación de los astilleros de la DCN después de los acuerdos con
Bruselas sobre el sector naval español y perspectivas de futuro de
Astilleros y Talleres del Noroeste, Sociedad Anónima (ASTANO). A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente
212/000546).




--Política industrial del Gobierno relativa al sector textil. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de
expediente 213/000318).




--Proceso de privatización de productos tubulares. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
213/000347).




--Situación de las empresas Babcock Wilcox y Astilleros Españoles. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de
expediente 213/000356).




--Situación de las empresas Babcock Wilcox y Astilleros Españoles. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de
expediente 213/000460).




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--En relación con las declaraciones públicas del presidente del Gobierno
en Tokio sobre la privatización del sector público en los próximos años.

A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente
213/000390).




--El reciente acuerdo entre Aceralia, Arbed y Usinor, respecto a las
inversiones de futuro en las plantas de Sidmed y Galmed en Puerto de
Sagunto (Valencia). A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 213/000400).




--Estado en que se encuentra el proceso de privatización de Aceralia, así
como valoración global del mismo. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso (Número de expediente 213/000459).

Preguntas:



--Del señor Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas que contempla el Plan de la Dirección General de
Industria en relación con Astilleros Españoles (Número de expediente
181/000402).




--Del señor Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre ofrecimiento al Gobierno vasco de transferirle la factoría
de Astilleros Españoles en Sestao (Número de expediente 181/000848).




--Del señor Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de
Competitividad del sector naval (Número de expediente 181/001068).




Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez de Armendrail): Buenas tardes, señorías.

Se abre la sesión con la comparecencia del ministro de Industria, al que
damos la bienvenida a esta su Comisión. Todas sus comparecencias son
bienvenidas y especialmente en días como hoy, en que estamos
prácticamente en Navidad. Le deseamos en nombre de la Comisión unas muy
felices fiestas.

Después de hablar creo que con todos los portavoces --no sé si me ha
faltado alguno-- hemos tomado el acuerdo de que se van a tramitar
conjuntamente todos los puntos del 1 al 8 y las preguntas 9, 10 y 11, de
tal forma que el ministro hará una exposición conjunta de todos los temas
y posteriormente intervendrán los grupos. Saben SS. SS. que es una
comparecencia especialmente amplia, por lo que ruego a todos los
portavoces pongan un especial interés en la síntesis de sus
intervenciones, a los efectos de poder terminar a una hora razonable y
SS. SS. no tengan que cambiar la hora de los aviones y los trenes.

Sin más preámbulos, doy la palabra al señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señor
presidente, señores miembros de la Comisión, quiero agradecer los deseos
de felicidad de estas fiestas, deseos que transmito al presidente y a
todos los presentes.

Comparezco gustoso ante SS. SS. para atender lo que es una nutrida
relación de solicitudes de información y de preguntas que se han incluido
en el orden del día de esta sesión y que, al margen de la solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política
industrial del Gobierno para el sector textil, se centra en una serie de
empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI). Intentaré, por tanto, ir dando una respuesta global
a cada una de las comparecencias solicitadas y a cada una de las
preguntas, en el bien entendido de que por supuesto, como no puede ser de
otra manera, estoy a disposición de SS. SS. para ampliar, aclarar o
entrar en cualquier tema que consideren pertinente.

Empezando por el sector que quizá merece mayor atención desde el punto de
vista de la comparecencia de hoy, la División de Construcción Naval de la
SEPI, como todos ustedes saben, las actuaciones que se desarrollan en la
división son las previstas en el plan estratégico de competitividad, el
llamado PEC, suscrito en octubre de 1995 y que prevé el mantenimiento en
actividad de todos los centros existentes a la fecha de su suscripción,
pero con un adecuado dimensionamiento para su posible carga de trabajo y
con una especialización flexible de los astilleros en función del tipo de
productos. En mi comparecencia ante esta Comisión del pasado 6 de mayo
expuse exhaustivamente la actualización de objetivos y la revisión de
medidas en el desarrollo del PEC, que se presentó a la Comisión Europea
en el mes de febrero y que permitió la aprobación de las ayudas totales
vinculadas o relacionadas con el programa de reestructuración de los
astilleros públicos por el Consejo de Ministros de Industria del pasado
24 de abril. En líneas generales, puede decirse que se está consiguiendo
que el PEC se cumpla razonablemente bien en el



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conjunto de los astilleros públicos encuadrados en la División de
Construcción Naval. Es de destacar el incremento de la actividad de la
división y su importante cartera de pedidos actual que, salvo en el caso
de Astano, al que más adelante me referiré y que ha sido objeto de
atención de alguna de SS. SS., supone una cobertura prácticamente total
de la capacidad de los astilleros en 1997, del orden del 92 por ciento, y
durante los próximos dos años, 1998 y 1999, cercana al cien por cien.

También es muy positiva la situación en cuanto al cumplimiento de la
reducción de plantillas prevista que, junto con el aumento de la cartera
de pedidos y consecuentemente de la actividad y la implantación de los
nuevos procedimientos de producción y de gestión, están propiciando
valores de la productividad cercanos a los objetivos del plan, lo que se
traducirá en el cumplimiento de los resultados económicos previstos. Por
otra parte, en este año 1997 se ha alcanzado un acuerdo de vital
trascendencia para la división. El día 13 de marzo y tras un intenso
proceso de negociación, las centrales sindicales, la División de
Construcción Naval y la desaparecida Agencia Industrial del Estado en mi
presencia firmaron el convenio colectivo único de la División de
Construcción Naval previsto en el plan estratégico de competitividad como
una de las medidas imprescindibles para alcanzar los objetivos en él
señalados y de obligada disposición a uno de enero de 1996, lo que
evidentemente no se había cumplido. Aunque la aplicación del convenio
está resultando laboriosa merece una valoración positiva, pues contiene
un conjunto de medidas que están contribuyendo a dinamizar las relaciones
laborales y a la consecución de los objetivos económicos previstos en el
PEC. El convenio se está aplicando con carácter general en toda la
división, con la excepción significativa del astillero de Sestao, en el
que esperamos que prevalezca el sentido común y que el convenio pueda ser
aplicado próximamente, y sólo existen ciertas diferencias con la
representación sindical respecto a la regularización general de los
atrasos derivados de la aplicación del convenio correspondiente a 1997.

Paralelamente a la aplicación de las medidas previstas en el plan
estratégico de competitividad y en línea con los objetivos de
reorganización, y de acuerdo con una de las preguntas orales formuladas
por el Grupo de Izquierda Unida, el grupo Astilleros Españoles ha
acometido una reestructuración societaria que ha afectado a las
sociedades y centros de trabajo que la componen. Es el proceso que hemos
dado en llamar filialización. El grupo Astilleros Españoles, sociedad
anónima, AESA, se componía de varios centros de trabajo sometidos a un
doble régimen jurídico. Algunos de los centros estaban constituidos como
sociedades mercantiles participadas por AESA, era el caso de Astander,
Juliana y Manises-Diesel, mientras que otros astilleros se integraban
directamente en AESA sin constituir entidades mercantiles autónomas. Era
la situación de los centros de Sestao, Sevilla, Cádiz y Puerto Real que,
no obstante, constituyen centros de trabajo capaces de funcionar por sí
mismos. Por eso, aplicando criterios de racionalidad y de eficacia de
gestión, se llegó a la conclusión de que resultaba imprescindible
otorgarles también autonomía jurídica. Adicionalmente, la decisión de la
Comisión de la Unión Europea sobre las ayudas a la reestructuración de
los astilleros públicos españoles determina como uno de los elementos
clave del plan de reestructuración, sobre el cual se han autorizado las
ayudas, la reorganización de la estructura societaria de los astilleros,
de modo que cada uno sea tratado como entidad independiente. Por ello, el
consejo de administración de la desaparecida Agencia Industrial del
Estado aprobó el 28 en julio de este año la reorganización de AESA, que
fue autorizada por el Consejo de Ministros del día 1 de agosto. A partir
de ahí, Astilleros Españoles, sociedad anónima, inició el proceso de
constitución de sociedades con personalidad jurídica independiente, cuyo
patrimonio ha quedado conformado por los bienes adscritos a cada centro
de trabajo, permaneciendo por tanto en la cabecera del grupo la totalidad
del patrimonio accionarial de las empresas creadas. Actualmente están
constituidas ya todas las sociedades, habiéndose finalizado los trámites
administrativos y registrales y estando prevista la utilización de
cuentas separadas a partir del próximo ejercicio.

Para que puedan disponer de una visión general del cumplimiento de los
objetivos de la División de Construcción Naval y de su situación global
actual, creo que lo más apropiado es dar un repaso a la situación de cada
uno de los centros indicándoles sus aspectos más destacables. Empezaré
por Astano, que ha sido objeto de solicitud de comparecencia por parte
del Grupo del Bloque Nacionalista Galego y también ha sido atendida en
diferentes preguntas orales en el Pleno del Congreso. Como ustedes saben,
es un astillero que constituye una prioridad tanto para el Ministerio de
Industria como para la SEPI y el grupo AESA en estos momentos. Astano, a
diferencia del resto de astilleros de la división, es el único que no
dispone en estos momentos de suficiente cartera de pedidos para drenar su
capacidad productiva el próximo año y siguientes. En la actualidad sólo
tiene una unidad de offshore en construcción, que se finalizará antes de
mediados del próximo año, en principio en torno al mes de mayo. Como les
acabo de indicar, Astano es para todos nosotros objeto de atención
preferente, pues su futuro industrial depende de la evolución que
presente el mercado de construcción de plataformas petrolíferas, de
unidades flotantes para actividades llamadas offshore, esto es, para la
exploración y explotación de yacimientos petrolíferos y de gas natural
submarinos que en el futuro puede extenderse también a otros recursos
minerales energéticos marinos. La evolución reciente y las previsiones
inmediatas de la demanda de dicho mercado son prometedoras, pero, como
fruto de esta mejora de la demanda, también se ha producido un incremento
de la oferta, habiéndose ampliado notablemente el número de astilleros
que construyen o desean construir todo tipo de unidades flotantes de
offshore. Es el caso de los astilleros de Extremo Oriente y, en
particular, de Corea, Japón y Singapur. Esta dura competencia ha hecho
que el mercado offshore haya pasado de tener como factor competitivo
clave la tecnología, en la que Astano realmente es puntera, a que ahora
sea el precio el factor determinante para la consecución



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de nuevos contratos. Por ello, la División de Construcción Naval está
llevando a cabo una intensa actividad comercial para tratar de conseguir
contratos de unidades offshore, plataformas o unidades flotantes de otro
tipo en el mercado de las construcciones offshore. Al mismo tiempo se
siguen aplicando las medidas de reducción de costes previstas en el PEC.

Asimismo, se avanza en las negociaciones con la Comisión Europea para
garantizar que Astano pueda seguir produciendo todo tipo de plataformas
offshore y se la libere de las trabas que hasta ahora tenía para
asegurarle la misma igualdad de oportunidades que tiene el conjunto de
los astilleros en Europa para seguir compitiendo. Tengo que decir en este
punto que tenemos unas magníficas expectativas. Creemos que estas líneas
de actuación permitirán a Astano obtener nuevos contratos en el mercado
internacional de las construcciones offshore, consolidando así su
actividad para los próximos años.

Pasando a los astilleros andaluces, los astilleros de Puerto Real y
Sevilla, dedicados a las nuevas construcciones, tienen actualmente una
cartera de pedidos que asegura su plena ocupación también durante 1998,
así como casi la totalidad de 1999 a Puerto Real y la mitad de ese año en
el caso de Sevilla. El astillero de Cádiz, que está dedicado, como
ustedes saben, a las transformaciones y reparaciones, actividades en las
que los encargos de trabajo se renuevan con mayor frecuencia que en el
caso de las nuevas construcciones, tiene también un elevado grado de
ocupación durante el presente año y buenas perspectivas para el próximo,
dado el prestigio que ha adquirido en la realización de obras de
transformación de buques petroleros en modernas unidades flotantes para
la producción, almacenamiento y descarga, conocidas como unidades FPSO,
de los crecientes yacimientos petrolíferos submarinos.

El astillero de Sestao dispone también de una importante cartera de
pedidos que ha permitido la plena ocupación del astillero en el año 1997
y se la asegura también para los próximos años 1998 y 1999. Gracias a
esta carga de trabajo, junto con la positiva marcha de la reducción de
plantilla y la ejecución de las inversiones previstas en el PEC, que
mejorará notablemente la disposición y el flujo de materiales en el
astillero y las consiguientes reducciones de tiempos improductivos y
costes de producción, se espera obtener en 1998 resultados equilibrados
en el astillero, si bien en 1997 seguirán siendo negativos.

Respecto al posible ofrecimiento de este astillero al Gobierno vasco, que
responde a una de las preguntas orales del Grupo de Izquierda Unida, he
de decir que con carácter general el Ministerio de Industria y la SEPI, y
antes la Agencia Industrial del Estado, quieren mostrar y ofrecer un
talante negociador y habitualmente intercambian información y criterios
con los organismos interesados, y, por supuesto, con los gobiernos de las
comunidades autónomas que puedan estar interesadas o verse afectadas por
alguna de sus decisiones. En el caso del astillero de Sestao, es cierto
que se mantuvieron contactos con el Gobierno vasco para analizar la
posibilidad de encontrar una solución conjunta al centro. No obstante,
tengo que decir que estos contactos no dieron ningún fruto concreto y que
no se han vuelto a iniciar.

He dejado para el final a Astander y Barreras, astilleros en los que ya
se han puesto en marcha los procesos destinados a su privatización. Como
todos ustedes saben, Astander ha cesado temporalmente en la actividad de
transformaciones que venía realizando junto con la de reparaciones de
buques, como consecuencia de la aplicación de lo previsto en el
Reglamento de la CE número 1.013/97 del Consejo de la Unión Europea de 2
de junio de 1997, y de la decisión de la Comisión Europea sobre la
reestructuración de los astilleros públicos de la División de
Construcción Naval, caso de ayudas de Estado C-56/95, DOCE/354, de 21 de
noviembre de 1997, por la que se aprobaron las ayudas vinculadas o
relacionadas con el plan estratégico de competitividad. Este cese de los
trabajos de transformaciones de Astander, que representaba
aproximadamente un 25 por ciento de su actividad global y que no le ha
supuesto en el presente año merma en sus ingresos ni disminución en sus
resultados, que se esperan cercanos al punto de equilibrio, está
vinculado a la permanencia de Astander como astillero público. Cuando se
privatice, Astander podrá realizar de nuevo transformaciones de buques.

Consecuentemente, el proceso de privatización de Astander se ha abierto
recientemente, habiendo recibido hasta el momento el Ministerio de
Industria y Energía, a través de la SEPI, una oferta en firme de la
compañía Italmar, que está siendo estudiada y pendiente de examinar por
el consejo de administración de SEPI, pero sobre la que ya les manifiesto
que ofrece interés tanto para la propia Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales como para el Ministerio de Industria.

Proceso similar se inició también recientemente en Barreras, astillero
destacado entre los de la División de Construcción Naval por su cartera
de pedidos y por mejorar hacia el deseable equilibrio económico y
financiero. En estos momentos, Barreras dispone de una cartera de pedidos
que le asegura plena carga de trabajo hasta mediados de 1999 y las
previsiones apuntan al cumplimiento satisfactorio de los resultados
previstos en el PEC, que ya en el primer semestre del año en curso han
alcanzado valores que poco a poco se van acercando al punto de
equilibrio. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha
recibido varias ofertas de adquisición de Barreras, que, después de
estudiadas y examinadas por el consejo da administración de Sepi, ha
elegido la más idónea para los intereses del grupo y el astillero, que
consiste fundamentalmente en una oferta formulada en los siguientes
términos. Un 50 por ciento del astillero a adquirir por el grupo Odiel,
un 10 por ciento a adquirir por el grupo Albacora, un 10 por ciento a
adquirir por el grupo García Costas y un 30 por ciento a adquirir por el
grupo directivo del astillero formado por más de veinte personas. Es
intención de este grupo directivo ofertar un 10 por ciento de
participación a la plantilla del astillero. Los aspectos más destacados
de la oferta son los siguientes: un compromiso de mantenimiento de la
plantilla, estando excluidos de la operación los terrenos, muebles y
naves ociosas, que son conservados por SEPI; un pago de 750 millones de
pesetas por el astillero; el compromiso de



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no reducir el capital ni repartir dividendo en cinco años y hacer una
ampliación de capital por un importe de 450 millones de pesetas. La
oferta por Barreras está garantizada por Caixa Vigo, que ha prestado aval
para garantizar el cumplimiento de los compromisos.

Estos son los dos únicos procesos de privatización de astilleros públicos
actualmente iniciados. Las ofertas seleccionadas, en cualquier caso,
deben ofrecer, como es el caso de Barreras, un compromiso claro con el
futuro de los astilleros y no implicar en ningún momento ajustes no
negociados de plantilla. El objetivo es dotar a los astilleros de un
futuro sólido en el nuevo marco de competencia de la Unión Europea,
dentro del cual ningún astillero público podrá recibir ayudas públicas a
efectos de reestructuración a partir del próximo año, además de
salvaguardar los puestos de trabajo de un sector que durante los últimos
años y bajo la tutela pública ha sufrido la pérdida masiva de empleos.

En este contexto, y respondo también a uno de los intereses reflejados a
través de las peticiones de los grupos, el Ministerio de Industria y
Energía está preparando para el sector de la construcción naval un nuevo
marco de actuación que mejore la competitividad de los astilleros
españoles, garantice sus niveles de empleo y sustituya el tradicional
sistema de ayudas sectoriales directas. La decisión de sustituir el
sistema de primas a la construcción naval se debe a la constatación de
que el enorme esfuerzo económico que ha supuesto para los Presupuestos
Generales del Estado la concesión de estas ayudas en los últimos años,
cercano al billón de pesetas, no se ha traducido ni del mantenimiento del
empleo ni de la producción del sector, que debe ser precisamente la
finalidad de cualquier sistema de ayudas. Las ayudas que se han otorgado
a la construcción naval durante los últimos años han sido de dos tipos.

Por un lado, las de carácter sectorial, en forma de primas a la
construcción naval, subvenciones de intereses, ayudas del fondo de
reestructuración, etcétera, cuyo coste anual aproximado ha sido de 28.000
millones de pesetas desde 1984. Por otra parte, están las ayudas a las
empresas de titularidad pública, adicionales a las anteriores, y que se
han elevado en el período de 1984 a 1997 a 624.673 millones de pesetas.

Sin embargo, a pesar de reducir este importante volumen de dinero público
cercano al billón de pesetas, las plantillas se han reducido en un 77 por
ciento, es decir, de 43.473 personas en 1984 a 10.272 en 1996, y la
producción también ha experimentado una fuerte disminución, de una
posición de 1.000.000 de toneladas de registro bruto en 1984 a 352.000 en
1996, lo que representa, por tanto, un descenso de dos terceras partes.

Por añadidura, en lo que se refiere a los astilleros de titularidad
pública, el pasado mes de abril el Consejo de Ministros de la Unión
Europea aprobó el último paquete de ayudas de 330.000 millones de
pesetas, incluidos en la cifra antes indicada, con la condición de que se
cumplieran estrictamente los acuerdos del plan estratégico de
competitividad suscritos entre la dirección de Astilleros Españoles y las
centrales sindicales, es decir, que ninguna factoría de Astilleros
Españoles podrá recibir aportaciones públicas especiales a partir del 31
de diciembre de 1998. Por todo ello, el Ministerio de Industria se
propone articular un conjunto de nuevas medidas eficaces para
instrumentar mecanismos de apoyo que garanticen la supervivencia
competitiva del sector, en un horizonte de ayudas que la Unión Europea
acepta, en principio, hasta el año 2000, a través de la prórroga de la
vigente VII Directiva y con el objetivo de sostener el nivel de empleo en
el sector.

El nuevo marco de actuación en el sector de la construcción naval se
diseñará conforme a los siguientes postulados. Se potenciarán los
sistemas de garantías que permiten a los astilleros españoles ofrecer
soluciones más ventajosas a los armadores para la construcción de buques
en nuestro país. Esta iniciativa se vehiculará, fundamentalmente, a
través de un nuevo sistema de garantías en la Compañía Española de
Seguros y Créditos a la Exportación, aprobado el 22 de mayo de 1997, y
por medio del fondo patrimonial de garantías de Pimar, que cuenta en la
actualidad con una dotación cercana a los 18.000 millones de pesetas. Se
utilizarán los fondos de reestructuración del sector naval, 50.000
millones de pesetas, para impulsar en los astilleros programas de
competitividad que permitan su mejora en torno a un 15 por ciento en un
período de tres años. Se mantendrá la subvención a los tipos de interés
de los créditos solicitados por los armadores para construir buques en
España. Se utilizarán los recursos disponibles del Fondo Social Europeo
para aplicar un intenso programa de formación de los trabajadores del
sector y de su industria auxiliar. Y se instrumentarán apoyos a la
inversión alternativos al sistema de primas, con especial hincapié a la
inversión en buques construidos en España. El Gobierno adoptará este
sistema durante el primer semestre de 1998, tal como se recoge en la Ley
de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1998. Con
este nuevo planteamiento, el Gobierno garantiza que el sector de la
construcción naval español va a poder ofrecer las condiciones que le
permitan competir en términos de igualdad con el resto de astilleros de
la Unión Europea. El Ministerio de Industria confía en que este nuevo
esfuerzo que se va a realizar en favor de los astilleros españoles,
sustentado en estos postulados, permita consolidar la buena situación
actual del sector, que disfruta en la actualidad de una cartera de
pedidos de 1.300.000 toneladas, lo que representa su máximo histórico, y
sirva, por tanto, para configurar definitivamente un sector competitivo a
nivel internacional. Creo que con esto les he dado una visión global del
grupo Astilleros Españoles en la actualidad y he pretendido dar respuesta
a las inquietudes formuladas por SS. SS. en sus diferentes iniciativas.

Pasaré ahora a informarles de los aspectos por los que SS. SS. se han
interesado con respecto a otras tres empresas de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, objeto de esta comparecencia. En primer
lugar Babcock Wilcox, empresa dedicada al diseño, fabricación, suministro
e instalación de bienes de equipo, cuya estrategia consiste en consolidar
su papel de contratista principal en los mercados internacionales para la
construcción llave en mano de centrales térmicas e instalaciones
industriales complejas. A diferencia del mercado doméstico, en el que en
principio el exceso de capacidad de generación eléctrica,



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heredada de los planes de expansión puestos en marcha en el pasado, ha
supuesto un cierto estancamiento de la demanda previsible de bienes de
equipo eléctrico en nuestro país, aunque hay que decir que la nueva Ley
del Sector Eléctrico abre la puerta a la aceleración de nuevos planes de
inversión, principalmente de ciclo combinado a partir del gas natural
importado del Magreb, lo cierto es que la demanda extracomunitaria de
nuevo equipamiento de generación de energía eléctrica se caracteriza
--digo que a diferencia del mercado doméstico-- por una enorme
potencialidad de crecimiento, especialmente en los países emergentes de
Asia y de la América Latina, que para la próxima década se cifran en
70.000 megavatios. Pero la competencia de dichos mercados se ha
endurecido sustancialmente en los factores tradicionales: precio,
capacidad tecnológica, calidad y plazo de ejecución, incorporándose
además, como factor de competitividad, la oferta financiera. Como
reacción a los cambios del mercado, existe una tendencia generalizada
hacia la concentración, al objeto de aumentar la capacidad financiera y
tecnológica, ahorrar costes y hacer frente a proyectos de investigación
más ambiciosos. Babcock Wilcox y SEPI han examinado la situación de la
empresa en el contexto que les acabo de describir y han llegado a la
conclusión de que puede ser una empresa competitiva y rentable, siempre
que sea capaz de adaptarse a un posicionamiento en el mercado más
ajustado. En efecto, Babcock Wilcox parte de unas premisas previas que
identifican su actual implantación en el mercado. Por señalar sólo
algunas de las más destacables cabe mencionar, en primer lugar, su
capacidad de gestión de proyectos complejos, sobradamente demostrada y
reconocida a través de su experiencia como llavemanista, entre comillas.

En segundo lugar, ha desarrollado su propia tecnología en una parte de
sus productos. Tiene licencias de prestigio y capacidad de asimilación
tecnológica, así como flexibilidad para alianzas coyunturales en zonas o
mercados concretos con distintos tecnólogos e ingenierías, como lo
demuestra su participación en programas de desarrollo tecnológico con
algunos de los principales líderes del sector, por ejemplo, la central
térmica de Escatrón, con ABB, y la de La Pereda, con Foster Wheeler.

Tiene, además, un gran margen de expansión en los mercados emergentes y
una presencia significativa en el mercado latinoamericano. En América
Latina es la única empresa española con referencia llavemanista en
centrales térmicas de carbón y actualmente está construyendo un ciclo
combinado de elevada potencia, el llamado Dock-Sud, en Argentina.

Por último, dispone de capacidad de fabricación de componentes de alto
valor añadido, cuya calidad y fiabilidad es reconocida a nivel mundial.

No obstante, somos conscientes de que la empresa padece un
sobredimensionamiento estructural, que hace que sus costes no sean
competitivos en aquellos componentes de menor valor añadido, aunque sí lo
son en los de mayor complejidad tecnológica, además de su dependencia
tecnológica y su limitada capacidad financiera derivada de su tamaño.

Por ello, para poner en marcha el planteamiento estratégico adoptado,
Babcock Wilcox y la SEPI han acordado un programa de reestructuración
industrial que permitirá a la compañía recuperar en un corto plazo de
tiempo su rentabilidad, posicionarla competitivamente en el mercado y
facilitar su posterior privatización. La compañía ha iniciado ya algunas
actuaciones, entre las que se encuentran las siguientes. El acuerdo
alcanzado por la parte social para ajustar la capacidad a las
expectativas de mercado, que ha supuesto la prejubilación de 423 personas
en este ejercicio, habiéndose externalizado los derechos pasivos
devengados por este personal por una cuantía de 11.000 millones de
pesetas. Adicionalmente, el acuerdo contempla la contención de costes,
mejoras de productividad, de organización del trabajo y de comunicación,
así como de las condiciones de seguridad en el trabajo. La optimización
de los procesos de compras, a través de una política de control de los
costes externos, y una nueva organización de compras, que ha favorecido
el diálogo y comunicación entre las divisiones, redundando en mejoras de
plazos, calidad y menores costes. También la reorganización orgánica y
funcional de la dirección y de la estructura de la empresa. La
implantación de un plan de control y actuación en relación con las
filiales. La desinversión de activos ociosos. Y, por último, un
importante esfuerzo comercial con la presentación de 42 ofertas en el
ejercicio, que permitirá situar la cartera de contrataciones en 70.000
millones de pesetas al finalizar este año.

Entre los principales contratos conseguidos en el año, cabe destacar el
del suministro, llave en mano, de la central térmica Itabo 3, en Santo
Domingo, consolidando la presencia de la empresa en este país; el
contrato de suministros de recipientes a presión en la compañía
Pritchard, de Arabia Saudí, o el contrato llave en mano firmado con la
compañía Samaria Electricidad, de Colombia, para una planta incineradora
de residuos urbanos. Consecuencia directa de la actividad de Babcock
Wilcox es la subcontratación que está favoreciendo a más de un centenar
de empresas y talleres, fundamentalmente en el País Vasco.

No quiero terminar mi información sobre Babcock Wilcox sin referirme a su
privatización. En este sentido, puedo decirles que el consejo de
administración de SEPI inició este proceso el pasado 14 de noviembre,
aprobando los criterios de selección de la entidad asesora y la lista de
instituciones que participarán en este concurso, con lo que queda
formalmente abierto dicho proceso.

Pasando a Productos Tubulares, que también ha sido objeto de atención por
SS. SS., es una empresa que en fecha muy próxima dejará de pertenecer al
sector público en aplicación de los acuerdos suscritos en octubre de
1994. Quiero dejar claro esto desde el principio porque la actuación del
Ministerio de Industria y Energía y de la desaparecida Agencia Industrial
del Estado en esta empresa se ha centrado en el cumplimiento de esos
acuerdos, lo que para nosotros suponía un compromiso desde que asumimos
la responsabilidad de gobierno. Si no recuerdo mal, una de mis primeras
comparecencias en las Cámaras fue para informar sobre Productos
Tubulares. Ya en aquella ocasión, muy reciente mi nombramiento, informé
de nuestra voluntad de cumplir los acuerdos de octubre de 1994,
llevándolos a buen puerto. Pues bien, el denominado protocolo para la
culminación de los acuerdos sectoriales de tubos sin soldadura



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entre Productos Tubulares y Tubos Reunidos, suscrito el pasado día 3 de
octubre entre Tubos Reunidos, Productos Tubulares, la SEPI y el Gobierno
vasco, supone la culminación del proceso negociador, desarrollado en
cumplimiento de los acuerdos previamente suscritos y, por tanto, es el
documento general que pretende hacer efectivos definitivamente dichos
acuerdos.

Creo que se impone hacer un poco de historia, aunque breve, que permita
explicar la evolución y el desarrollo del proceso de negociación que ha
culminado en este protocolo.

La fabricación de tubos de acero sin soldadura es una industria
implantada en nuestro país con una larga tradición, a la que se dedican
tres sociedades ubicadas en Vizcaya y en un área geográfica muy próxima:
Productos Tubulares, S. A., empresa de accionariado totalmente público,
perteneciente a la Agencia Industrial del Estado, ahora la SEPI; Tubos
Reunidos, S. A., empresa de accionariado compartido, mitad público
--Productos Tubulares-- y mitad privado --Tubos Forjados, S. A.--; y
Tubacex, empresa de accionariado privado con capital muy repartido. En
1993, la situación económica y financiera de estas tres empresas
presentaba graves dificultades, por lo que se elaboró un plan estratégico
que definía las líneas de futuro de las tres compañías y las actuaciones
que debían acometer para facilitar la integración y reordenación del
sector, centradas fundamentalmente en lo siguiente: El saneamiento y
fortalecimiento de Tubos Reunidos, para que pudiera asumir el liderazgo
en el proceso de reordenación; el saneamiento de Productos Tubulares,
para su posterior integración en Tubos Reunidos; y la culminación del
saneamiento de Tubacex, iniciado ya con las ampliaciones de capital
realizadas en la aportación de las ayudas públicas previstas.

Posteriormente, y tras la presentación del plan estratégico al Gobierno
vasco y al antiguo INI, el 7 de octubre de 1994 se firma la denominada
acta de compromiso para la alianza estratégica del sector de tubos sin
soldaduras y un anexo suscrito por Productos Tubulares, Tubos Reunidos y
Tubacex, que establecía la integración de Productos Tubulares en Tubos
Reunidos, así como una serie de medidas de reordenación industrial y
saneamiento financiero.

El plazo inicial previsto por la integración vencía el 7 de octubre de
1996, por lo que la desaparecida Agencia Industrial del Estado se dirigió
a Tubos Reunidos y al Gobierno vasco, manifestando que consideraba
realizadas todas las actuaciones previstas en Productos Tubulares, siendo
los resultados equilibrados (de hecho en 1996 los resultados fueron ya
positivos en 151 millones de pesetas), quedando pendiente de realizar
únicamente el ajuste de plantilla desde 370 hasta 336 trabajadores, cifra
prevista en el plan estratégico, para lo que se dotaría la oportuna
provisión de fondos.

Llegados a la fecha clave, octubre de 1996, las posturas de las dos
empresas estaban muy alejadas, y la firma del acuerdo en las condiciones
pactadas inicialmente no pudo realizarse, por lo que con objeto de
respaldar las respectivas posiciones negociadoras y objetivar las
demandas de cada parte, se contrataron los servicios de asesores externos
independientes. Las empresas seleccionadas fueron Dresdner Kleinwort
Bengson, por parte de la Agencia Industrial del Estado, y J. H. Schroeder
y J. P. Calmes, por parte de Tubos Reunidos. En septiembre de este año,
el viceconsejero de Ordenación y Administración del Gobierno vasco,
próxima la finalización del plazo de tres años previsto en los acuerdos
de 1994, presenta una propuesta a las dos empresas para el cierre del
proceso, que SEPI acepta como única vía para que el acuerdo pueda
culminar. El resultado de dicha propuesta del Gobierno vasco es la firma,
el pasado día 3 de octubre de 1997, de un protocolo por el que las partes
involucradas aceptan el contenido de la propuesta, que es el siguiente.

Tubos Reunidos integra a Productos Tubulares en su negocio con su acería
en funcionamiento, su actividad de botellas y una plantilla de 370
personas. Puesto que los acuerdos de octubre de 1994 contemplaban la
integración de Productos Tubulares, con una plantilla de 336 empleados,
la SEPI acepta provisionar, como contrapartida de esta diferencia --34
empleos-- un importe que se cifra en 1.500 millones de pesetas. Productos
Tubulares tiene pendiente de aportar a la compañía aseguradora, que
garantiza los acuerdos con el personal excedente procedente de ajustes
anteriores, un importe de 300 millones de pesetas que la SEPI acepta
atender. Productos Tubulares cede a Tubos Reunidos el 50 por ciento del
capital que posee Tubos Reunidos, así como la totalidad de las acciones
(25 por ciento del capital) de la que es propietaria Almesa, previo su
adecuado tratamiento contable en Productos Tubulares y por el precio y
condiciones ya pactadas en octubre de 1994. Productos Tubulares
continuará en su ubicación e instalaciones actuales, sin traslados ni
modificación del esquema industrial hoy existente. El suministro de
materia prima para Productos Tubulares continuará sin cambios con la
utilización de la actual acería, hasta que pueda ser reemplazada por otra
vía que contribuya a fortalecer y mejorar la competitividad de Productos
Tubulares.

Jurídicamente, al final, la integración de Productos Tubulares en Tubos
Reunidos se materializará mediante la adquisición por esta compañía del
cien por cien de las acciones de la primera, hoy propiedad de la SEPI, al
precio simbólico de una peseta. Todo el proceso de reordenación y
negociación ha sido tutelado por la Agencia Industrial del Estado, ahora
la SEPI, y el Gobierno vasco, quien desde el primer momento ha mostrado
el máximo interés en el cumplimiento de los compromisos previstos,
alcanzando para ello acuerdos que gozarán del máximo consenso, como así
ha sido.

A lo largo de todas las negociaciones, los representantes de los
trabajadores han tenido conocimiento permanente y puntual del proceso,
habiéndose mantenido múltiples reuniones en las que se les ha informado
del estado en que se encontraba el desarrollo de los acuerdos pactados.

El protocolo pone en marcha la definitiva integración de Productos
Tubulares en Tubos Reunidos, que era uno de los principales objetivos que
se diseñaron ahora hace tres años. En estos momentos, el acuerdo
definitivo está pendiente del dictamen del Consejo consultivo de
privatizaciones tras la propuesta efectuada por el consejo de
administración



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de SEPI, el 31 de octubre de este mismo año, para su posterior aprobación
definitiva, en su caso, por el Consejo de Ministros.

Por último, me referiré a los aspectos que han suscitado el interés de
SS. SS. en relación a Aceralia, corporación siderúrgica. En primer lugar,
me referiré al proceso de privatización de Aceralia, del que hemos
informado puntual y exhaustivamente a esta Cámara y que ha culminado con
éxito.

Como el Gobierno ha informado y declarado en repetidas ocasiones, ha
impulsado, dentro de su política industrial, el programa de modernización
del sector público empresarial del Estado, que fue aprobado por acuerdo
del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, del cual la SEPI es un
instrumento clave. Con esta breve referencia quisiera también dar una
primera respuesta a la solicitud de comparecencia del Grupo Socialista,
relativa a las declaraciones públicas del presidente del Gobierno en
Tokio, en relación a la globalidad del proceso privatizador emprendido.

La SEPI se plantea como líneas básicas de actuación el saneamiento de las
empresas con el objetivo de que dejen de depender definitivamente de los
Presupuestos Generales del Estado; su consolidación, dotándolas de
capacidad competitiva; y, finalmente, su privatización, actuando, por
tanto, como agente privatizador dentro de un programa que tiene una clara
vocación de globalidad. Es decir, todas las empresas son susceptibles de
privatización, siempre teniendo en cuenta su situación y características,
para lo que se acometen los procesos de liberalización, reforma y
reestructuración previos que sean precisos.

Las privatizaciones puestas en marcha por el actual Gobierno pretenden,
como objetivo prioritario, garantizar el futuro de todas las empresas y,
fundamentalmente, sus variables más sensibles: empleo, producción,
estructura, etcétera. Este es el eje conductor de todos los procesos de
privatización y, por supuesto, también el de Aceralia, con el que hemos
pretendido preservar y conservar la compañía en sus actuales coordenadas
financieras y productivas, manteniendo su estructura e implantación
territorial y protegiendo su unidad empresarial.

Es cierto que Aceralia es en la actualidad una empresa saneada, viable,
competitiva y capaz de subsistir sin ningún tipo de ayuda pública. Pero
también es un dato indiscutible, en mi opinión, que su competitividad
sólo es sostenible en el futuro en el sector privado y que, de no ser
privatizada, estaría condenada a tener una supervivencia difícil. Con
eso, el cumplimiento de ese objetivo de mannimiento de la compañía en su
estructura y coordenadas actuales ha presidido el proceso de
privatización definido por la desaparecida Agencia Industrial del Estado
para su desarrollo en tres fases: la primera fase consistió en la
incorporación al accionariado de un socio tecnológico, seleccionado entre
las principales compañías siderúrgicas del mundo, que adquiere el 35 por
ciento de las acciones y debe presentar un plan industrial a cinco años.

Esta primera fase se completó en agosto de este año al aprobar el Consejo
de Ministros del día 1 de ese mes, a propuesta de la Agencia Industrial
del Estado, hoy SEPI, la incorporación como socio estratégico de Aceralia
de la compañía Arbed. Se culminó así un laborioso proceso en el que
previamente se había contactado e invitado a participar a las principales
siderúrgicas del mundo occidental. No me extenderé más sobre esta fase,
suficientemente explicada y comentada en esta Comisión, y simplemente
añadiré que la incorporación de Arbed a Aceralia se efectúa mediante una
ampliación de capital de Aceralia, que emitió nuevas acciones suscritas
íntegramente por Arbed, que pasó así a ser titular del 35 por ciento del
capital una vez ampliado. Después de esta operación, la posición
financiera de Aceralia la sitúa como siderúrgica saneada y con liquidez,
lo que garantiza las inversiones comprometidas y la retribución de los
accionistas que puedan incorporarse. Paralelamente a esta incorporación,
Aceralia adquiere un paquete accionarial del 9,5 por ciento en Arbed y en
diversas compañías del grupo, consolidando una verdadera alianza
estratégica entre ambos grupos.

El elemento tomado en cuenta prioritariamente para elegir a Arbed como
socio tecnológico de Aceralia ha sido el contenido del plan industrial y,
fundamentalmente, los parámetros de volumen de inversiones y de empleo,
compromiso de no segregación, fusión o modificación de la estructura
empresarial y de no cesión de ninguna actividad. Sin duda, el plan
industrial de Arbed es el que, en nuestra opinión, ofrece mayores
garantías de futuro para Aceralia. Incluso, el plan industrial va más
allá del simple mantenimiento del nivel de empleo actual de la compañía,
pues Arbed ha asumido el compromiso de no aplicar los planes de reducción
de plantilla previstos por el equipo anterior para Aceralia, que
consistían en reducir 1.776 puestos de trabajo. Así pues, afirmo que la
decisión sobre la elección del socio de Aceralia se fundamenta en el plan
industrial, que además conecta con un sistema de garantías diseñado para
asegurar que, efectivamente, los compromisos contenidos en el plan
industrial van a ser una realidad tangible. Ha sido, por tanto, éste el
aspecto más relevante y también creemos que el más innovador en un
proceso de esta naturaleza.

La segunda fase ha sido la selección e incorporación de los otros socios
de acompañamiento, empresarios que añadan valor y se comprometan con el
plan industrial definido. Esta segunda fase del proceso ha culminado en
noviembre de este año con la incorporación al accionariado de Aceralia de
dos importantes grupos siderúrgicos españoles. El primero de ellos,
Aristrain, primer productor de estructurales de España, tercero en Europa
y poseedor de una amplia red comercial dentro y fuera de España. El grupo
Aristrain se ha comprometido a adquirir el 10,8 por ciento del capital de
Aceralia y otro 0,4 por ciento de participación ha sido adquirido
directamente por la persona de José María Aristrain. Aceralia, a su vez,
adquirirá el cien por cien de las acciones de Aristrain. La
materialización de la operación de Aristrain, 10,8 por ciento, está en
estos momentos pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

El segundo grupo incorporado al accionariado de Aceralia es Gestamp, del
grupo Gonvarri, importante industrial español dedicado a la
transformación y distribución



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de productos siderúrgicos, que ha adquirido directamente un 1 por ciento
de las acciones de Aceralia y que, según la información disponible, está
complementando esta participación a través de la adquisición de acciones
libremente en los mercados de valores. La presencia y el compromiso de
estos dos nuevos accionistas son una garantía complementaria de esta
etapa que comienza para la compañía.

Después de esta configuración de los accionistas estables, se dotó a la
sociedad de un nuevo consejo de administración, constituido el pasado mes
de noviembre, del que fue nombrado presidente don José Ramón Alvarez
Rendueles. En el consejo de la privatizada Aceralia se ha mantenido la
representación de los trabajadores y forman parte del nuevo consejo de
administración los secretarios generales de la Federación
Minerometalúrgica de Comisiones Obreras y Siderometalúrgica de UGT.

Además, los representantes de los trabajadores de Aceralia se incorporan
al consejo laboral del grupo Arbed, donde ya están presentes los
representantes de Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Francia. El
consejo de administración aprobó un reglamento en línea con las más
solventes propuestas sobre el gobierno corporativo. El régimen normativo
y, sobre todo, la personalidad de los miembros que lo componen son un
activo sin duda muy valioso.

La tercera y última fase del proceso de privatización de Aceralia ha sido
la colocación en Bolsa, completada en estos días a través de una oferta
pública de venta del resto de las acciones de Aceralia, es decir, un 52,8
por ciento. El pasado día 10 se inició la cotización de dichas acciones
en la Bolsa. La oferta pública de venta inicial se ha ampliado el primer
día de cotización con la ejecución por parte de los bancos coordinadores
de su opción de compra de 6.594.934 títulos, que han sido destinados a
partes iguales al tramo institucional español y al tramo institucional
internacional. La oferta pública de venta ha tenido un gran éxito. Dado
el alto índice de solicitudes, se han tenido que aplicar reglas para el
prorrateo de las acciones solicitadas, tanto en el subtramo minorista
general como en el de empleados, y ha cumplido con el objetivo marcado de
ampliar el accionariado de Aceralia en más de 200.000 inversores.

Concretamente, se han incorporado a la empresa 385.000 pequeños
inversores que pasan a representar el 34,6 por ciento del capital.

Para finalizar, quiero decir que nos sentimos satisfechos de la ejecución
y de los resultados del proceso de privatización de Aceralia. En primer
lugar, porque hemos conseguido nuestro objetivo de garantizar la
viabilidad y la estabilidad de la compañía. La alianza entre Arbed y
Aceralia constituye el primer productor de acero de Europa y el tercero
del mundo, con una producción actual de 16 millones de toneladas de acero
por año y unos 18 millones de toneladas al final del plan industrial de
cinco años. Con esta alianza se ha conseguido reforzar y consolidar la
compañía, su posición nacional y, lo que es más importante, su proyección
internacional, asegurando el mantenimiento del empleo y el equilibrio
regional en nuestro país, objetivos que han presidido la génesis y el
desarrollo del proyecto.

Con esta operación Aceralia refuerza su proyección internacional,
teniendo aproximadamente un tercio de su balance invertido en activos
internacionales. Obtiene asimismo la entrada directa o indirecta en el
esfuerzo comercial internacional del grupo Arbed, especialmente
importante en Suramérica, Estados Unidos y Europa Central. El futuro
inmediato de Aceralia está planificado en el plan industrial definido
para la compañía, que asegura su plantilla, su estructura empresarial y
las inversiones a realizar en los próximos cinco años, así como su
rentabilidad y su solidez financiera. Además, el Estado ha conseguido
unos importantes ingresos con la operación. La SEPI ha ingresado un total
de 212.367 millones de pesetas con el proceso de privatización de
Aceralia. Y, por último, el proceso ha estado presidido por la
transparencia y seguridad, reguladas según unas reglas precisas
previamente señaladas y conocidas por todas las partes, y desarrolladas
dentro de un talante de negociación con todas las compañías interesadas y
con todas las instancias públicas y privadas implicadas, como son los
gobiernos de las comunidades autónomas y las centrales sindicales
representantes de los trabajadores.

Para finalizar, les informo del acuerdo suscrito el 31 de octubre pasado
entre Aceralia, Arbed, Usinor y la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, contestando así a una solicitud de comparecencia del Grupo
Mixto, Unión Valenciana.

Para situar el acuerdo en su contexto, les describiré brevemente la
situación. Aceralia tiene dos filiales en Sagunto en las que también
tienen participación otras compañías. Se trata de Sidmed, en la que
Aceralia posee un 67,5 por ciento, estando el restante 32,5 en manos de
Solac, perteneciente al grupo Usinor. La otra compañía es Galmed, en la
que Aceralia tiene un 51 por ciento del capital y Thyssen y Solac
(filial, recuerdo, de Usinor) un 24,5 por ciento cada una. Estas dos
empresas funcionan en régimen de maquila, por tanto sin resultados en sus
cuentas de explotación. Los socios les facilitan la materia prima y
soportan los costes totales en proporción a su cuota accionarial, siendo
el resultado cero.

El principal destino de los productos obtenidos por Sidmed y Galmed es la
industria del automóvil. Hay que recordar que España es el quinto o el
sexto, en función de la posición de Corea, productor mundial de
automóviles, y el tercero de la Unión Europea, siendo el área del
Mediterráneo una de las que concentra el mayor volumen de producción.

Solac tenía el proyecto de construir una nueva planta de galvanizado con
capacidad para 400.000 toneladas y se planteaba su instalación en tres
posibles ubicaciones: Francia, Italia o Sagunto. Finalmente, y tras las
conversaciones mantenidas entre todas las partes implicadas, se alcanzó
un compromiso, plasmado en el acuerdo firmado el día 13 de octubre entre
Aceralia, Arbed, Usinor y la SEPI, que recoge el proyecto de instalar
esta nueva planta de galvanizado en Sagunto con capacidad para 400.000
toneladas y con una participación de Aceralia del 25 por ciento.

En el propio acuerdo se recoge explícitamente que este proyecto no afecta
para nada al plan industrial definido por Arbed para Aceralia y, en
concreto, a la planta de galvanizado, también de 400.000 toneladas de
capacidad, a instalar



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en Avilés, compromiso cuyo cumplimiento está fuera de toda duda, pues
está soportado por las garantías establecidas para el plan industrial de
Aceralia y a las que antes he hecho referencia.

Creo que con esta información he despejado cualquier duda que pudiera
haber respecto a los proyectos de Avilés y de Sagunto, o por lo menos esa
ha sido mi intención.

Una vez hecho el repaso a todos los temas que de una forma u otra se
habían propuesto en relación a empresas relacionadas con la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, paso a comentar la última
cuestión, relativa a una solicitud de comparecencia, a petición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre la
política industrial del Gobierno relativa al sector textil.

El destacado lugar que ocupa el sector textil-confección entre los
objetivos de la política industrial del Gobierno deriva de su importancia
en términos de producción y empleo. Conviene por ello empezar
describiendo rápidamente sus características principales.

Dentro de la Unión Europea, España representa el 9 por ciento de la
producción y el 11 por ciento del empleo, ocupando la quinta posición
dentro del conjunto de países comunitarios después de Alemania, Italia,
Reino Unido y Francia.

El sector textil-confección es uno de los sectores básicos de la
industria y de la economía españolas. Representa un 6 por ciento,
aproximadamente, del valor añadido bruto industrial, excluida la
construcción, y un 1 por ciento del producto interior bruto.

Se compone de unas 7.900 empresas, generalmente de pequeña dimensión, y
presenta una importante concentración geográfica, fundamentalmente en
Cataluña, Comunidad Valenciana y, en menor medida, en Galicia,
Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.

Las aproximadamente 250.000 personas ocupadas en esta industria
representan el 11,4 por ciento del empleo industrial y el 2,2 por ciento
del empleo total, con una participación muy similar de cada uno de los
dos subsectores, la industria textil y la de la confección. Estas
proporciones son altas si tenemos en cuenta el marco comunitario, ya que
superan la medida de la Unión Europea y solamente pueden compararse con
Italia, Grecia y Portugal, ya que el textil constituye un sector muy
desarrollado en estos países.

Una de las características que mejor define la situación del sector
textil-confección es el proceso de creciente competencia y globalización
al que está sometido. Aunque éste es un fenómeno que afecta a la
generalidad de los sectores industriales, en el caso de la industria
textil-confección tiene una singular importancia por su intensidad, tal y
como lo manifiestan sus efectos sobre el empleo. El sector
textil-confección se ha caracterizado en los diez últimos años a nivel
europeo por un crecimiento reducido del consumo, un aumento ligero de las
exportaciones, un aumento elevado de las importaciones y una producción
ligeramente creciente tanto en el subsector textil como en el subsector
confección.

La industria europea de esos sectores ha sufrido una fuerte competencia
de países con menores costes laborales, lo que se ha traducido en un
descenso en su participación en el mercado comunitario. La evolución
descrita, junto con las mejoras tecnológicas que se han ido introduciendo
en los últimos años, han implicado la pérdida de 850.000 empleos en
Europa, aunque el sector sigue dando trabajo a 2,3 millones de personas
en la Comunidad Europea, es decir, el ocho por ciento del empleo total
del sector manufacturero en más de 120.000 empresas.

La industria española está sujeta a los mismos procesos y tendencias que
el conjunto de la europea, habiendo perdido aproximadamente 130.000
empleos entre 1990 y 1996. Por lo tanto, el sector textil-confección se
enfrenta, en definitiva, a un progresivo desarrollo de nuevas estructuras
de producción y de mercado a nivel mundial. La única vía posible para
superar eficientemente el reto planteado por estas perspectivas consiste
en conformar un sector con un alto grado de capacidad técnica y
especializado en productos de alto valor añadido, capaz de hacer frente a
las producciones masivas a precios bajos provenientes de países con
costes laborales muy inferiores.

A partir de esta situación, el sector textil-confección ha sido objeto de
una atención específica desde hace bastantes años. Sin remontarnos más
atrás, quiero recordar que a principios de los años ochenta fue sometido
a un plan de reconversión cuya vigencia se extendía hasta finales de
1986. Posteriormente, antes de que acabara el plan, en 1985, fue objeto
también de atención especial en el plan de promoción de diseño y moda.

La Unión Europea ha desarrollado diversas iniciativas de apoyo directo,
entre las que se encuentra la iniciativa Retex, que, fijada inicialmente
para el período 1993-1997, ha sido prorrogada hasta 1999, por lo que el
Ministerio de Industria y Energía ha considerado conveniente prolongar
también el sistema de ayudas del plan de competitividad textil-confección
durante el bienio 1997-1999, mediante la orden de 22 de mayo de este año,
sobre medidas de adaptación a la competencia internacional y de
diversificación de zonas con implantación de industria textil-confección.

El nuevo plan tiene como objetivo fundamental apoyar la realización de
nuevos proyectos que contribuyan de forma significativa a la adaptación
del tejido económico de las zonas seleccionadas, incluyendo la
racionalización de la estructura industrial de las empresas del sector
textil-confección, siempre que no supongan un incremento de la capacidad
productiva de dicho sector. Se pretende incrementar el valor añadido de
las producciones, mejorar su situación de ventaja competitiva, acelerar
la apertura hacia los mercados exteriores y, en definitiva, conseguir una
mayor estabilidad empresarial a medio y largo plazo, todo ello prestando
una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas que, dada la
estructura del sector textil-confección, tienen un peso mayoritario.

El anterior objetivo genérico se concreta en los siguientes objetivos
específicos: impulsar la realización de estudios empresariales para
diagnosticar la situación actual de las diversas áreas de actuación y
proponer medidas concretas y realistas de actuación; fomentar la creación
de



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agrupaciones y asociaciones con carácter temporal no inferior a tres años
o permanente que tengan como finalidad abordar de forma conjunta
iniciativas empresariales que de forma individual serían difíciles de
encauzar, tales como integrar áreas de gestión empresarial, producir
conjuntamente, establecer servicios comunes, compartir redes comerciales
y prospección de nuevos mercados; potenciar la innovación y el desarrollo
tecnológico en productos y en procesos; consolidar las infraestructuras
de I+D actualmente existentes, así como crear otras nuevas, especialmente
centros e instituciones de investigación de común utilización; potenciar
la incorporación de un alto nivel de diseño en los productos para elevar
el valor añadido incorporado a los mismos, adaptándolos a las
preferencias de los consumidores de un mercado más amplio; fomentar la
calidad industrial en su sentido más amplio y, en especial, las acciones
encaminadas a la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad
y a la certificación de la conformidad de productos y, finalmente,
incidir en la formación del personal especialmente a través de programas
globales de empresas que afecten tanto a las áreas productivas como a las
de gestión y dirección.

Pero estos objetivos, válidos para el sector considerado en su conjunto,
son susceptibles de una mayor precisión a la vista de las características
de cada uno de los subsectores que integran aquél y que, lógicamente, no
son homogéneas. Por ello, y de acuerdo con las demandas planteadas por el
sector de mayor adaptación a su problemática concreta, el Ministerio de
Industria y Energía ha apoyado la realización de un estudio que
identificase las prioridades a atender en estos momentos en cada
subsector. Este estudio ha sido realizado por una consultora
especializada que ha examinado la situación de los subsectores del
algodón, seda, lana, acabados, hogar y decoración, género de punto y
confección.

Mientras se realizan las diferentes actuaciones posibles, hay cuatro
áreas que por su impacto se han considerado prioritarias para apoyar a
las empresas a mejorar su competitividad. Estas áreas son las de
logística, calidad, valor añadido al producto y medio ambiente. Con el
estudio resulta posible identificar para cada uno de los subsectores
analizados los factores clave, puntos fuertes y oportunidades de mejora
en cada una de las áreas mencionadas. En el logístico, aprovisionamiento,
stock, planificación, cadena de operaciones; en el tema de producto,
diferenciación, minoración, marcas, relaciones empresas-escuelas de
diseño, creadores; en el ámbito de la calidad como factor competitivo,
los costes de la no calidad; y en el ámbito del medio ambiente,
instalaciones, equipo y procesos de recuperación.

De esta manera es posible determinar las acciones con las que la
Administración puede apoyar la implantación de las mejoras globales
identificadas y, consiguientemente, alcanzar una priorización en la
adjudicación de los recursos disponibles, concentrándolos en las áreas
que mejoren realmente la competitividad del sector textil-confección.

Conviene resaltar, además, el planteamiento consistente en consensuar con
los destinatarios los ejes prioritarios de las ayudas públicas, lo que
redunda en una mayor eficiencia de las mismas. El presupuesto total del
plan en el período 1997-1999 será de aproximadamente 7.500 millones de
pesetas de subvenciones. En los presupuestos del Ministerio para el
presente ejercicio figura una dotación de unos 2.300 millones, que se han
aplicado en su práctica totalidad, y el proyecto de presupuesto para el
1998 asciende a 2.700 millones de pesetas aproximadamente.

En cuanto al ámbito geográfico de aplicación del plan, diré que se aplica
a núcleos textiles que están incluidos en regiones que, por una parte,
puedan acogerse al Feder, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro de
los objetivos 1, regiones menos desarrolladas; objetivo 2, zonas
gravemente afectadas por el declive industrial, y objetivo 5.b, zonas
rurales, así como que cuenten como mínimo con 2.000 puestos de trabajo en
la industria, que represente más del 10 por ciento del empleo industrial.

Por último se señala que el sector textil-confección encuentra apoyo en
el Ministerio de Industria y Energía y no sólo en su plan específico;
además, la iniciativa Atica, iniciativa de apoyo a la tecnología, a la
seguridad y a la calidad industrial, contempla actuaciones sobre diversas
áreas tecnológicas como la de desarrollo y diseño industrial y la de
redes de infraestructura e innovación, que pueden tener un especial
interés para el sector.

Por ello, puedo avanzar ya las conclusiones. La primera y básica es que
el sector puede y debe mantener en el futuro su capacidad de generar
producción y empleo. La apertura de mercados, aunque pueda considerarse
inicialmente una amenaza, a medio y largo plazo debe abrir nuevas
posibilidades a los empresarios de la Unión Europea y, por lo tanto, de
España. La evolución del comercio exterior en los últimos años pone de
manifiesto la existencia de una clara capacidad de competir, y el pasado
reciente así lo refleja. En 1995 las exportaciones crecieron un 29 por
ciento en el textil y un 26 por ciento en confección, mientras que las
importaciones crecieron un 14 y un 2,7 por ciento, respectivamente. En
1996 la evolución del comercio exterior también ha sido favorable, aunque
no se han alcanzado las cotas del año anterior; pero de hecho, las
exportaciones han crecido a una tasa tan relevante, el 14,2 por ciento.

En 1997 las perspectivas son optimistas, ya que la información disponible
indica que ha supuesto un período de recuperación tras 1996. Así se
prevé, en relación con el año anterior, un incremento de la producción
del 3,5 por ciento: 2,3 billones de pesetas; un notable aumento de las
exportaciones, en torno al 16 por ciento: 640.000 millones de pesetas, de
las que dos tercios se dirigen a la Unión Europea. Además, frente a una
tendencia descendente del empleo en los años anteriores, 1997 ha supuesto
un punto de inflexión, ya que se espera un crecimiento cercano al 2 por
ciento, lo cual representa la creación de más de 5.000 empleos netos. Por
otra parte, los precios permanecen estables y las inversiones aumentarán
un 25 por ciento y se cifran en 70.000 millones de pesetas.

Pese a la favorable evolución indicada, será preciso profundizar en las
innovaciones tecnológicas y productivas, en la reorganización de la
producción, en la calidad y en el diseño de la formación de forma que se
facilite la capacidad necesaria para desenvolverse en mercados



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globales. Si junto a los apoyos que continuará dando el Ministerio de
Industria y Energía, a las actuaciones comunitarias tendentes a la
apertura real del mercado de terceros países y a la lucha contra el
fraude y la falsificación, se mantiene el esfuerzo del sector como
elemento sustancial y protagonista, hay razones fundadas para creer que
éste seguirá ocupando en el futuro el importante lugar que le corresponde
como soporte de nuestra economía.

Pido disculpas anticipadas a todos los miembros de la Comisión por la
excesiva extensión de mi primera intervención, pero he procurado ir dando
respuesta, en la medida de lo posible, a todas las peticiones de
comparecencia y preguntas que se habían ido formulando.




El señor VICEPRESIDENTE: No tiene usted que lamentar nada porque ha sido
una información exhaustiva, que estoy convencido todos los diputados le
agradecen.

Vamos a pasar al turno de intervención de los diferentes grupos. Iremos
de mayor a menor, terminando con el Grupo Popular. Como se han tramitado
conjuntamente ocho comparecencias, trataremos de ser flexibles dentro de
los límites razonables, comprendiendo todo el mundo la hora que es y el
día en que estamos. Por ello, espero que tengan esa capacidad de síntesis
a la que me refería al principio.

Antes de dar la palabra al señor Hernández Moltó, por el Grupo
Socialista, quisiera dar cuenta a SS. SS. de un escrito que acabo de
recibir. Además del fax, del que ya tenían conocimiento todos los grupos,
esta Presidencia ha recibido una comunicación del Gobierno, dirigida al
presidente del Congreso, que confirma que el secretario de Estado de
Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa no podrá estar hoy en esta
Comisión. Lo digo para que los portavoces tomen las medidas que crean
oportunas.

Sin más, señor Hernández Moltó, tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No quería empezar mal esta intervención, y no
tiene nada que ver con usted, señor ministro, sino con la comparecencia
que no se va a producir. Quiero que conste en acta nuestra reprobación
más absoluta por la falta de deferencia del secretario de Estado de
Comercio, Turismo y Pyme, del Ministerio de Economía, que tenía prevista
su comparecencia hoy aquí casi a petición de su propio grupo; por lo
tanto, hablamos casi en nombre de los desairados. Hemos visto en un fax
que nos han cursado esta mañana que no puede estar por motivos
institucionales. En un Estado de Derecho como éste y en una democracia
parlamentaria no se me antoja a mí institución más alta en el Estado que
el Parlamento para que el secretario de Estado venga a rendir cuentas;
además, en olor de multitud, porque venía a hablar de cosas positivas.

Qué será cuando venga a hablar a petición de la oposición o de cosas
negativas.

Señor presidente, amortiguando este tema por las fechas navideñas, ganas
me dan de llamarle y decirle: José Manuel, no nos vuelva a hacer esto
otra vez y cuando se comprometa a venir al Parlamento, hágalo. En fin,
pelillos a la mar.

Señor ministro, ya ve que esto no iba con usted. Muchas gracias por su
presencia, su comparecencia y su desigual información porque,
efectivamente, ha sido usted extenso en la exposición global, pero esa
extensión ha sido cuidadosamente seleccionada en una situación que es
inversamente proporcional al conflicto del problema. Cuanto más
interesante y conflictivo era el asunto, más corto ha sido usted, sin
duda alguna para reservarse y darnos en la réplica la información que en
esta primera tanda no ha podido darnos.

Empezaré casi por el final, aunque efectivamente nuestra petición de
comparecencia era más global y en relación a las declaraciones que de
aquella manera tan folklórica hacia el presidente de Gobierno en Tokio,
rodeado de flamencas en algún escenario, que exactamente no sé cuál es,
sobre su calendario de privatizaciones; como era de una forma mucho más
global, lo reservaré para el final. Pero no quisiera tener la falta de
deferencia de no posicionarnos respecto a las peticiones de otros grupos
parlamentarios, empezando por el último, porque, sin duda alguna, era un
motivo de gran interés por parte del grupo proponente su punto de vista
sobre la política textil, que a nosotros también nos interesa. Así el
«Diario de Sesiones» recogerá que los grupos no sólo hacen peticiones de
comparecencias para cumplir el trámite, sino también para hablar sobre el
tema.

Supongo que si hubiera estado aquí el portavoz del Grupo Catalán le
hubiera preguntado lo que nosotros le queremos preguntar en relación a
una cuestión que no sé si ha tocado S. S. Porque no sé si interpretar el
ánimo de la petición del Grupo Parlamentario Catalán, que no sé si tenía
más que ver con cumplir el trámite, con que usted se luciera --como,
evidentemente, se ha lucido-- o con hablar de temas pendientes del
sector. Uno de ellos, usted lo recordará perfectamente, era una demanda
tradicional del sector de cara a un reconocimiento en su estructura de
costes, en el I+D, de las pruebas que tienen los artículos de textil y
que tuvieran reconocimiento fiscal a efectos de una minoración de gastos.

Quiero recordar que ése era uno de los temas que le preocupaba a quien lo
preguntaba, porque cuando éramos Gobierno nosotros también nos lo
preguntaban, aunque no sé si estaban presentes cuando se contestaba.

Nos interesa otra cuestión en relación al Retex, al plan de reconversión
del textil. Si no tiene la información aquí S. S. puede mandarla a la
propia Comisión porque nos interesaría conocer el nivel de distribución
territorial de las ayudas del plan que hay en España en este momento.

Porque el Retex es un plan muy solicitado para el sector, pero en algún
momento hemos pedido información --y no es que se nos haya ocultado, sino
que nos la han ofrecido a nivel mucho más general--, y ya que hay un
debate y una preocupación específica hoy sobre el textil nos interesaría
que el Ministerio --sin duda alguna hoy no lo tendrá-- pudiera remitir a
los grupos la distribución territorial del plan de ayudas. Acabado el año
1997, que es un año de hacer balances, podría ser una buena oportunidad
para que el Ministerio también nos remitiera en el mes de enero o febrero
--cuando se inicie el período de sesiones-- la valoración



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de la consecución de los objetivos del plan en España. No ha señalado S.

S., o no le he escuchado bien, el tema de la continuidad del plan Retex
en España, y si desde el Gobierno se ha propuesto alguna iniciativa nueva
para continuación, prórroga o para sustitución de este plan en los
próximos años.

Hecho el acto de deferencia que requería el ministro, pasamos al orden de
las preocupaciones presentes.

El señor ministro ha empezado por el tema naval. Yo no sé si cuando se
programó esta comparecencia se calculó que se iba a producir en el nivel
de tensión que hoy mismo se produce en el mundo de la construcción naval
en España, pero las casualidades de la vida dan este tipo de malas
pasadas. No sé si el ministro esperaba hacer un planteamiento muy
triunfalista sobre el sector naval, pero hoy la realidad pone de
manifiesto que el asunto está complicado, como se ha podido ver con los
últimos acontecimientos. Por cierto, dicho sea de paso, acontecimientos y
respuestas en este sector que, desde mi grupo, merecen la más absoluta de
las reprobaciones. Desde aquí nuestra solidaridad con el Partido Popular
a la hora de ver cómo ayer, en la ciudad de Vigo, se producía un nivel de
respuesta que consideramos que no se debe producir en ningún momento. Por
tanto, insisto, reciba el Partido Popular y el Grupo Popular en este
sentido nuestra solidaridad para que no se produzcan este tipo de
reacciones en el futuro.

Lo que es verdad es que el sector naval está confuso, probablemente
porque ha habido un nivel de respuestas y de reacciones no esperado por
los agentes. En relación a los primeros meses, en los que sólo se hablaba
de políticas generales, se ha producido un grave retroceso en el nivel de
comunicación entre las administraciones industriales, los responsables
del sector público empresarial del sector naval y los agentes, y digo
agentes refiriéndome no sólo a los sindicatos, sino a los sectores
implicados; estoy hablando de las propias administraciones locales o
autonómicas, no estoy diciendo nada que no sea público. Me estoy
refiriendo al nivel de rechazo que desde administraciones, por cierto del
mismo partido del Gobierno, se está produciendo en distintos puntos de
España.

Señor ministro, tenemos que hacer la crítica de la precipitación a su
Ministerio, cuando no de la opacidad con la que se está produciendo el
nivel de negociación en el sector naval. Además, se están claramente
incumpliendo compromisos políticos; por ejemplo, con el plan estratégico
de competitividad creemos que se están equivocando seriamente, y usted lo
ha señalado. Hay una cartera de pedidos que no hace que en este momento
sea urgente un tipo de decisiones tan contestadas y, en algunos casos,
tan poco explicadas y tan discutibles. Ya sé que en esto de las
decisiones políticas todo es discutible al final, pero las que se están
adoptando, tanto en Barreras como en Astander, son decisiones, si se me
permite, demasiado arbitrarias, que no responden a la necesidad de
consolidación del sector; que no responden, en absoluto, a la integración
del sector nacional dentro de una gran estrategia internacional; que no
responden, como probablemente podría ser en otros casos, a la necesidad
de supervivencia del sector en los grandes grupos internacionales; se
basan, fundamentalmente, en un intento de ir troceando paso a paso, con
discutibilísimas y desconocidas situaciones económicas, proyectos
industriales de cara al futuro.

Por tanto, señor ministro, creo que en esto han ido a peor, desde el
momento en que por una falta de concreción parecía que el sector iba a
mejorar, hasta que cada vez que han concretado se ha empeorado. Esto
requiere un planteamiento por parte del propio Gobierno. Simplemente que
cumplan lo que se han comprometido a cumplir en más de una ocasión, que,
repito, es mantener el Plan estratégico de competitividad que estaba en
vigor.

Por cierto, ya que hablamos del sector naval, y tengo que referirme a
unas críticas con las que se está creando un nivel de diferencia de
opinión importante, y hoy es una buena oportunidad, señor ministro, para
que nos saque de dudas. En algunos ámbitos de España, fundamentalmente en
Cádiz, frente al proceso de privatización que se está dando en Vigo y
Santander, encontramos algunos responsables públicos del Partido Popular
manifestando que están protegidos del proceso privatizador. En varias
ocasiones, la última vez ha debido ser la semana pasada, tanto en clave
de alcaldía como en clave de responsabilidad de su partido, se ha llegado
a proclamar a bombo y platillo que esto de la privatización va a otros
sitios que no a Cádiz. Queremos saber si hay alguna bula especial, si es
que hay alguna circunstancia económica que mi grupo no puede entender que
hace que estén preservados del proceso privatizador en los próximos años
los dos astilleros de la provincia de Cádiz. Digo esto porque supongo que
también es un elemento de análisis comparativo que sería bueno conocer y,
sobre todo, sería bueno clarificar, cuando hemos conocido las posiciones
de algunos de estos responsables políticos en otro momento.

Señor ministro, como para esto no hace falta enviar documentación al
grupo, hoy es una buena oportunidad para despejar estas incógnitas, junto
con una más del sector de construcción naval que es posible que lo haya
dicho en su intervención y a mí se me haya escapado que tiene que ver con
una modificación que se ha producido en el Senado en los últimos días en
relación a la subvención del 9 por ciento que hasta este momento estaba
destinada a la construcción naval y que, por tanto, era una garantía que
le daba elementos de competencia y de competitividad internacional a
dicho sector. Por lo que he entendido --repito, es posible que usted lo
haya explicado y a mí se me ha escapado--, en el Senado ha habido un
cambio de estrategia en relación al sector, de tal manera que ese 9 por
ciento pasa del sector construcción al sector armadores. Estoy hablando
del 9 por ciento, no del 3 por ciento, dentro del conjunto de los
instrumentos de actuación que hay en el sector naval.

Si eso es así, señor ministro, no lo entendemos. Si no es así, que se me
disculpe la tergiversación de esa enmienda, pero es que como ha aparecido
cual sorpresa a altas horas de la madrugada (como diría en frase
teresiana, en mala noche y en mala posada), en el Senado sin saberlo,
queremos conocer si es algún cambio. Supongo que no tendrá nada que ver
con compromisos políticos con algún armador famoso, ni con ningún sector
de armadores, sino que



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responde a la voluntad y al deseo de consolidar el sector de la
construcción naval en España. Pero convendrá conmigo en que, hasta ahora,
los constructores navales tenían la puerta abierta al conjunto de los
armadores internacionales para ofrecer su capacidad de construcción, y
que en este momento lo que hacemos es trasladar esa capacidad al armador,
teniendo ya un elemento seguro: la construcción naval pierde
competitividad, y un elemento incierto: el armador, para modernizar su
flota, tiene que ir a cualquier constructor, nacional o internacional, y
Dios sabe si, al final, va a haber la misma capacidad de respuesta en el
sector del armador que en el sector de la construcción. Por tanto, nos
preocupa que esa situación sea en los términos que hemos entendido, y
queremos apelar al Gobierno para que pueda modificar esta posición en la
medida de lo posible.

Había una segunda información que convendrá conmigo que ha hecho gala a
esa broma que antes de la Comisión le gastaba en el sentido de que será
su intervención tanto más brillante cuanto más breve. Pues bien, la
intervención más brillante del señor ministro ha tenido que ver con
Babcock Wilcox, porque nos ha dejado, como diría el del chiste, muy
«insatisfechos», entre comillas, perplejos, me apunta el compañero de
Izquierda Unida. Este tema nos ha parecido que lo ha reservado para mejor
ocasión porque no sabemos nada; creo que sabemos menos que antes.

En el sector Babcock Wilcox --cuya historia se ha detenido, pero esa ya
la conocíamos-- el «llavemanismo», concepto que hemos acuñado hoy, ha
sido una de sus virtudes, en una empresa de un alto nivel dentro de esa
tecnología. Pero están desconcertados. Reconozco que el sector está
desconcertado, y nosotros también, porque, desde luego, sabemos el
repertorio de grupos que han querido entrar en la compra de Babcock
Wilcox, pero al final ¿quién se va a quedar con eso? ¿Se va a privatizar?
¿No se va a privatizar? ¿En qué fase estamos en el proceso de
privatización?
Yo simplemente le invito a cumplir el acuerdo que hace tan sólo unas
semanas han suscrito, en el Parlamento vasco, el Grupo Parlamentario
Vasco, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Izquierda Unida;
el Grupo Popular probablemente no se ha incorporado aún, pero estoy
convencido de que lo hará, porque es algo de sentido común. Le invito a
que, en sitios tan sensibles como ésos, en los que además hay un nivel de
tradición industrial, de vinculación institucional, se abran un poco las
cortinillas del secreto mejor guardado del proceso de lo que ustedes
llamarían modernización del sector público empresarial y se acerquen a
las instituciones, a los agentes sociales a explicarles un poco más en
qué fase estamos y en qué situación se encuentra el proceso de
privatización. Es un buen momento --imagino que lo harán dentro de poco--
para que, si usted la tiene, nos dé alguna información sobre la
valoración provisional del cierre del ejercicio 1997 y, al mismo tiempo,
sus estimaciones para 1998, es un momento espléndido para aclararlo.

Ha habido otra intervención --repito que lo hacemos por posicionarnos
respecto a cuestiones que no han sido solicitadas por nuestro grupo, pero
que son del máximo interés para nosotros-- sobre el asunto de Productos
Tubulares, en la que ha hecho una narración del conjunto de situaciones,
de acuerdos, de modificaciones de los compromisos anteriores, y en la que
al final nos encontramos con el último punto de partida --creo que con
una presión importantísima del Gobierno vasco--, que fue el acuerdo
suscrito el 3 de octubre de 1997 entre Tubos Reunidos, SEPI, Productos
Tubulares y el propio Gobierno.

Al margen de contar la historia de cómo han sucedido los acontecimientos,
nos queda una duda desde el punto de vista de interpretación de las
claves que usted posee y nosotros no, y es intentar ver cuáles son las
diferencias, por qué se ha hecho al final ese protocolo que ha modificado
el acuerdo que teníamos en 1994. ¿Son razones económicas? ¿Han sido de
legítima presión política? A lo mejor tendríamos que hacer una mediana en
términos estadísticos. Aquí, desde fuera, se observa lo que no se observa
en Babcock Wilcox; es decir, lo mismo que allí el Gobierno vasco es un
espectador del proceso, probablemente aquí es un protagonista demasiado
señalado, que ha contribuido incluso a decantar la decisión definitiva en
relación a algunas de las propias empresas. Le diré otra cosa. En el tema
de PT (Productos Tubulares) no vendría mal aproximarse también a esa
recomendación del Parlamento vasco para aumentar la transparencia en el
proceso de negociación. Lo digo porque es curioso, señor ministro.

Permanentemente, desde el Gobierno, se anuncia una claridad casi
insultante --a lo mejor están ustedes convencidos de que es así--, pero
los que el tiempo que no necesitamos para gobernar lo usamos para hacer
nuestra tarea de oposición, vamos a las provincias, vamos a las empresas,
nos reunimos con los comités de empresa, y se produce la típica paradoja
de la estadística: cuando uno se come un pollo, y hay dos, cada uno medio
pollo. Debe haber una gran transparencia en alguna empresa, pero en el
resto de las empresas les aseguro que no se está produciendo, porque a
nosotros --se lo digo por si no se lo dicen sus colaboradores-- nos llega
una queja permanente de los comités de empresa, de las centrales
sindicales, e incluso, por qué no decirlo, de las propias
administraciones --unas más que otras, evidentemente--, que se sienten
demasiado comparsas en el proceso. Por tanto, no vendría mal recordar su
propio compromiso.

Con esto de la Navidad uno lee muchas cosas, ya que tiene más tiempo
porque se relaja la vida política, y he vuelto a lo que es la cita de
autoridad de esta legislatura, y en materia de política industrial se
refiere a su compromiso con esta Comisión del 22 de mayo de 1996, aunque
ya sé que a usted le parecerá casi el siglo XIX, porque esto va a tal
velocidad que un año y medio hace a veces que se pierda la memoria, pero
para eso estamos nosotros, para recordárselo. No vendría mal que en estos
procesos, Babcock Wilcox, Productores Tubulares, etcétera, todos estos
procesos tan transparentes que ustedes dicen que hacen, cumplan lo que
nos dijo en aquella Comisión: que en materia de privatización, al igual
que se había comprometido el presidente del Gobierno, está dispuesto a
discutirlo todo en esta Cámara, a fondo, y, además, caso por caso. Ya sé



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que estando el Consejo Consultivo de Privatizaciones sobramos casi el
resto del Estado, pero no vendría mal que además del Consejo Consultivo
de Privatizaciones y esta Subcomisión que hemos aprobado aquí en los
últimos días --no hay más que mirar al señor Landeta para entender su
falta de sentido del humor--, no vendría mal, repito, que se reforzara
algún mecanismo de transparencia y de información, le puedo garantizar
que se echa en falta y también se echa en falta su propio compromiso.

Iré más rápido. Otro de los temas que S. S. ha señalado tiene que ver con
Aceralia. El tema de Aceralia convendrá usted conmigo que es complejo, es
un tema en el que no es admisible que podamos compartir su optimismo
sobre el estado de la cuestión, sobre la aceptación de la oferta pública
de venta, en la que convendrá conmigo que la tendencia de cotización no
es precisamente brillante. Además, el nivel de aceptación --hace poco
leíamos algún dato--, el nivel de permanencia de los accionistas
minoritarios en Aceralia es todo un récord por lo corto, es decir, van de
paso. Parece que casi todos los accionistas minoritarios que han ido a
Aceralia no confían mucho en el proyecto, porque han ido más a aumentar
su renta navideña y quitarse cuanto antes la acción, que a permanecer
como ahorradores de a medio plazo. Por tanto, demos a cada cosa su valor,
y no parece que el proyecto esté siendo espectacularmente aceptado por
los mercados.

Ahí se han producido demasiados vaivenes. Hay acuerdos aún sin explicar,
y me alegro de que haya despejado aquí alguna incógnita que quiero volver
a resaltar, porque reconocerá conmigo que el acuerdo que se produjo,
aquel acuerdo transaccional, ha llegado a preocupar seriamente a algunos
de los territorios de España, como es Asturias, en la medida en que hasta
hoy la cuestión era que la prioridad de inversiones entre las que se
pudieran producir en Sagunto y las que se pudieran producir en Asturias
sesgase un poco la tendencia. Hoy hay una buena noticia para todos los
que tenían esa duda.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, acaba de duplicar el
tiempo razonable. Habíamos hablado de sintetizar sus intervenciones. Por
tanto, vaya terminando, por favor.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No habíamos hablado de eso, pero voy a intentar
limitarme.

Había algunas cosas interesantes, aunque al tema de Aceralia habrá que
darle un tratamiento más monográfico, ya que hay que hablar sobre la
composición del consejo de administración, sobre las decisiones que se
produjeron un poco antes de la OPV y sobre lo que fue una situación
innecesaria de modificaciones y de presiones para que Aceralia tuviera un
nivel de llegada a la situación de privatización muy presionada por lo
que fue el sector público. Usted sabe perfectamente de lo que estoy
hablando, que no es nada turbio, sino de cuestiones discutibles que no
compartimos.

En cualquier caso, habíamos pedido la comparecencia por las declaraciones
del señor presidente del Gobierno. Por cierto, hace tan sólo unos días
usted ha vuelto a ratificar lo que el señor Aznar --como no podía ser de
otra manera, nobleza obliga y supervivencia más-- ha dicho sobre que en
el año 2000 iba a quedar solamente la minería. Nuestra pregunta iba
dirigida a si ha cambiado algo de aquel famoso decreto cuasi clandestino
o norma u orden del sector público. He dicho en alguna ocasión que poca
norma con menos rango ha tenido más repercusión en la vida pública
española que el famoso acuerdo sobre modernización del sector público
empresarial. ¿Han modificado los criterios? ¿Siguen estando bajo la
órbita del sector público en estos próximos años Bazán, CASA y Santa
Bárbara, o se van a privatizar? ¿Se van a privatizar Televisión Española
y Renfe?
Esto de hacer declaraciones que son brindis al sol, aunque aquello del
sol naciente a lo mejor estimuló al presidente, preocupa porque son
ocurrencias que dice alguien de pronto y esto afecta a la vida económica,
y a su gestión diaria le tiene que dar sobresaltos, aunque después hay
que seguir. Pero esas declaraciones parece que son modificaciones,
cambios de ritmo en la política económica y en la industrial que no
benefician en nada.

Esta era nuestra preocupación, unida a cuestiones que nos reservaremos
para otro día sobre el análisis exhaustivo del proceso de privatizaciones
y su impacto en la vida económica nacional.

Si no tiene nada mejor que hacer en los próximos días, aunque sé que
tiene muchas ocupaciones, le aconsejo leer la conferencia del
excelentísimo señor don José Barea Tejeiro, buen amigo de todos los
presentes, que se llama Disciplina presupuestaria e Integración de España
en la Unión Monetaria.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, le prometemos que lo
leeremos, pero vaya terminando.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Sí, señor presidente.

Voy a hacer una mención a algo que hemos tenido oportunidad de discutir
el señor ministro y yo hace tan sólo unos días en el debate
presupuestario, y de lo que nos han despejado la duda: Los ingresos
obtenidos de las plusvalías originadas en las privatizaciones de empresas
públicas en España han desfigurado y siguen desfigurando el nivel de
déficit público presupuestario de este país. Barea dixit.

Lo digo porque nos emplazamos a un debate en el que probablemente no nos
podríamos detener hoy por la cantidad de aspectos que ha señalado, pero
que sería importante hacerlo.

Le citaré en 30 segundos algunas cuestiones, ya que está usted aquí hoy,
para que si tiene alguna información nos la pueda dar, porque tampoco le
vamos a hacer venir todos los días, entre otras cosas porque llevamos
seis meses esperándole. Y aunque yo sé que hay muchas cosas que hacer,
reconocerá que, cada vez que viene, el debate es positivo, y que, de cara
a lo que es la información y el seguimiento de los temas económicos, creo
que sería interesante. Probablemente tan interesante como otra serie de



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cuestiones menos útiles que a veces tratamos en la vida política.

Hay temas pendientes. Por ejemplo, yo quiero trasladarle cuestiones que
desde las circunscripciones me han trasladado a mí y de las que sólo
usted tiene la respuesta. ¿Tiene algo que decirnos respecto a Santa
Bárbara blindados? ¿Cree que es importante que se produzca este deshoje
sobre que si Talgo, etcétera? Por cierto, en una empresa que tiene
garantizada su rentabilidad económica para los próximos años con el
contrato Leopard, ¿no cree que es innecesario precipitar esas decisiones
y desplazar al sector público de Santa Bárbara blindados?
Quisiera saber si tiene algo que contarnos --aunque ya sé que va a creer
que es por ser de interés para mi circunscripción-- sobre qué va a hacer
ahora el Ministerio o SEPI en relación al acuerdo que ayer se adoptó aquí
sobre Sodicaman de cara a impedir que se produzcan los desmanes que quizá
aficionados de la política y de la economía pretendían hacer en esa
empresa en Castilla-La Mancha.

Sobre el tema del carbón, al margen de que venga el señor secretario de
Estado o la directora general, no viene mal que usted baje el tono de
esos optimismos que algunos han planteado para decir que, efectivamente,
esto es más complicado de lo que decía el secretario de Estado y de lo
que probablemente pensaba el propio Gobierno.

¿Qué nos tiene que decir del tema de CASA, en donde yo he tenido
contactos con los agentes de la empresa y están preocupados por la
pérdida? Porque antes, cuando se reunían en el Consorcio para tomar
decisiones, eran cuatro países, y ahora sólo se reúnen tres. Antes se
reunían España, Alemania, Francia y Gran Bretaña, y ahora parece que
España ha perdido un cierto interés o tiene menos tiempo para dedicarse a
esas cosas.

También podría hablar del conflicto que hay con los distribuidores de
hidrocarburos. Yo sé que tal vez usted está más de acuerdo conmigo que
con algunos miembros de su Gobierno, pero reconozca que a 24 horas de
aprobar la ley de hidrocarburos, que parece que mañana va a llevar al
Consejo de Ministros, no era probablemente necesario todo el problema que
se ha originado.

Tengo que pedir disculpas por la extensión de mi intervención, pero
quería trasladarle las preocupaciones que me han llegado, que ya habrá
ocasión de ir debatiéndolas más detenidamente en otras ocasiones que no
sean navideñas. Por cierto, que no se me olvide, trasmita a su
Ministerio, y recíbalas usted también, las felicitaciones del Grupo
Parlamentario Socialista por estas fiestas y el deseo de que en 1998
tengan la suerte que se merecen.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, le agradezco que haya
terminado, porque desde aquí estaba viendo las caras de los compañeros y
alguno parecía a punto de cortarse las venas.

Señor Navas, tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida.




El señor NAVAS AMORES: Gracias por su comparecencia, señor ministro. De
nuevo nos encontramos hablando de astilleros, y en un momento en el cual
la preocupación de nuestro grupo, y la de otros, así como de los
sindicatos, de los trabajadores de astilleros y de las regiones y
comarcas en las cuales están asentados, parece que sigue en aumento.

Nos tendríamos que hacer la pregunta de por qué hoy están todos los
astilleros públicos del Estado en huelga general y, desde luego, veríamos
una radiografía distinta a la que usted ha planteado sobre el momento que
está viviendo el conjunto del sector de construcción naval pública de
España.

Por cierto, antes de continuar no quisiera que se me olvidase que, en el
análisis somero que ha hecho sobre los distintos astilleros, no ha
hablado de Juliana; por lo menos yo no he tomado nota. Nos interesaría un
análisis sobre su situación actual y su posible evolución futura.

Como le iba diciendo, en nuestro grupo hay honda preocupación por esta
evolución de los acontecimientos. Cuando hablamos de astilleros no nos
podemos olvidar de que lo que está rigiendo su presente y su futuro es el
famoso Plan estratégico de competitividad. Eso era, por lo menos para la
parte social y para Izquierda Unida, el elemento sobre el cual tenían que
pivotar las relaciones no sólo entre el dueño de las acciones --el
Estado-- y los trabajadores, sino que debía ser el motor impulsor de los
astilleros españoles para situarlos en beneficios y en una clara
viabilidad cara al futuro, para lo cual el PEC no sólo enumeraba cosas
buenas, importantes o necesarias que había que hacer, sino que hacía una
evaluación de los objetivos que había que alcanzar y también incorporaba
la necesidad de la evaluación de los objetivos cumplidos en cada proceso,
por tanto, incorporaba un elemento fundamental: la obligación de las
partes a cumplir su contenido.

Nosotros tenemos que manifestarle que, desgraciadamente, a medida que va
llegando la fecha final de vigencia del Plan, 31 de diciembre de 1998,
vemos con preocupación que el dueño de las acciones, el Estado, el
Ministerio de Industria, continúa vulnerando principios fundamentales
recogidos en ese plan. Eso es romper las reglas del juego. Entendemos que
la parte social ha cumplido con lo que le corresponde; no ocurre lo mismo
con la parte empresarial, y no sólo en el discurso político. No estamos
hablando de privatizar o no, estamos hablando de la ejecución del Plan
estratégico de competitividad, estamos hablando también del futuro de los
astilleros, vayan a privatizarse o no. Por tanto, queremos ser muy
cuidadosos al analizar, vigilar y cuidar que todas las partes cumplan
esos compromisos.

Usted ha hecho un análisis claramente positivo del alcance de objetivos:
se está cumpliendo razonablemente bien, aumento de cartera de pedidos,
aumento de productividad, ya disponemos desde principios de este año de
un convenio colectivo único, y ya se han filializado los astilleros. Sin
embargo, curiosamente, cuando este grupo parlamentario se interesa por
conocer eso que usted enumera pero le gustaría tener la documentación
necesaria para poder confirmar que todos estos objetivos se van
cumpliendo, la respuesta del Gobierno, cuando se le reclama el informe
sobre los resultados que se van obteniendo en la aplicación del PEC, así
como los objetivos cumplidos



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--en todo caso, si no se han cumplido, causas que hayan originado
desviaciones en su cumplimiento--, la respuesta es que la división de
construcción naval de la Agencia Industrial del Estado no dispone de
información con ese nivel de desglose y detalle con el que se solicita.

No creo que estuviera pidiendo algo más allá que lo que está incorporado
en el propio PEC, que es la evaluación constante, el seguimiento.

Nosotros pensábamos que estábamos preocupándonos por un documento que
normalmente debe circular por el propio Ministerio, porque no sólo
firmamos en su día el PEC, sino que estamos preocupados por que cada día
se vaya cumpliendo y se vayan alcanzando los objetivos.

Asimismo, tenemos información, a través de los medios de comunicación, de
que los objetivos de pérdidas de este año se van a ver incrementados
notablemente. Yo sólo le hago la observación, y usted me la aclara, de
que de los 5.000 millones que incorporaba el PEC como pérdidas del
conjunto de la construcción naval, podríamos ascender a final de año a
17.000 millones. Eso también nos preocupa, y si realmente es así, no
coincidiría con un análisis positivo en cuanto a lo valorado de alcance
de objetivos del desarrollo del plan.

Una de las cuestiones que también nos preocupa en relación con las
decisiones que va tomando el Gobierno con respecto a los astilleros
públicos es la aportación sobre la compensación de pérdidas que tenemos
comprometidas y que nosotros hemos enviado a la Comisión Europea para que
tenga conocimiento de cuál iba a ser el calendario de la aportación
pública a cada uno de los astilleros para ese fin. Nos damos cuenta que,
sobre un total de 89.104 millones que teníamos que pagar desde 1995 a
1998 --la vigencia del PEC--, a 31 de diciembre de 1996 sólo se habían
abonado 39.376 millones, cuando el plan de astilleros, según el mismo
calendario que ustedes enviaron a la Comisión Europea, proponía que se
debía de haber alcanzado una cifra de prácticamente el doble, 67.571
millones. Si estamos hablando de que una de las causas de mayor
inestabilidad para los astilleros en el pasado ha sido el retraso en la
aportación de los recursos públicos para su viabilidad, para ir
reduciendo su carga financiera, para ir pudiendo nivelar las cuentas de
resultados, etcétera, volvemos a caer en uno de los errores que tantas y
tantas veces se ha evaluado como uno de los aspectos más negativos de la
gestión pública de los astilleros. Son decisiones que se siguen tomando,
que siguen afectando a los astilleros y que a nosotros, desde luego, nos
hacen pensar que debe ser uno de los sectores industriales más
desgraciados, puesto que yo creo que ningún otro se está viendo afectado
de una forma tan negativa por las decisiones que se toman desde el
Gobierno.

El hecho de que se incorpore también en el PEC el que se debe
individualizar la contabilidad de distintos astilleros, la filialización,
ahora se está interpretando como que es el paso necesario para la
privatización; la filialización no ya como el hecho de que podamos
individualizar las cuentas de resultados de los distintos astilleros,
sino que vamos a situarlos en una plataforma de salida más rápida cara a
la privatización. Este es otro de los elementos que no obedece a la
interpretación de los acuerdos firmados con los sindicatos. Le recuerdo
que a fecha 31 de diciembre no sólo debería tener cada astillero un
resultado equilibrado, sino que se incorporan unas cuantas palabras que
para mí son muy interesantes y que son las siguientes: y en el conjunto
de la división de construcción naval. La filialización sí, evidentemente,
ahí está, pero no vinculada a la privatización, y a la vez estamos
hablando también del equilibrio de resultados del conjunto de la división
de construcción naval.

En el PEC no se recoge que durante su vigencia vaya a desprenderse del
conjunto del holding ninguno de los astilleros. Estamos hablando, y usted
mismo lo acaba de confirmar, de que hay dos astilleros cuya privatización
se está negociando, y nada nos hace pensar que no pudiera llegar a su
culminación antes del 31 de diciembre de 1998. De nuevo, desgraciado
sector este de los astilleros, que se encuentra con una preocupante toma
de decisiones, porque, desde luego, el PEC, que se firmó con otro
Gobierno, aunque ustedes lo han aceptado y asimilado, parece como que no
lo terminan de interiorizar completamente. De alguna forma, tienen una
patente de corso para poder interpretar aquellas cuestiones que son de su
obligación, pero, eso sí, las obligaciones de la parte social sí que
están definidas claramente y claramente hay que cumplirlas. No entiendo
por qué el sector de astilleros está marginado con respecto a otros
sectores industriales, que no se ven sometidos a un ataque tan brutal por
parte del Gobierno.

No puede usted decir que Astander no se va a ver afectado; ha dicho que
prácticamente va a seguir como estaba y que el hecho de que se haya
quitado la posibilidad de hacer transformaciones no le va a afectar
notablemente. La última transformación que se ha hecho en Astander ha
sido en agosto de este año. Desde agosto hasta ahora no se ha tocado esa
rama y hay muchos trabajadores y una carga de trabajo totalmente
disminuida. ¿Por qué se toma esa decisión? La verdad es que nosotros
confiábamos en que usted recapacitaría y rectificaría. Y confiábamos
porque, evidentemente, es difícil de entender que eso sea una medida
positiva para el astillero, positiva para el conjunto del sector de la
construcción naval pública y, sobre todo, tengo que decirle que lo que es
totalmente torticero es que se vincule la posibilidad de hacer
reparaciones en cuanto deje de ser público. Eso se llama chantaje. El
derecho de ese astillero es a poder hacer también transformaciones, y si
le hago referencia a las propias resoluciones y directivas de la Comisión
Europea es porque constantemente están haciendo referencia a Astander.

Confiábamos en usted, pero desgraciadamente no hemos podido ver
satisfechos nuestros deseos, y de nuevo, a final de año, en la reunión de
otoño, se confirmó lo que temíamos ya, pero esperábamos que usted pudiese
rectificar. Astander, con esa decisión, prácticamente ha quedado en
desamparo. Nunca podrá usted argumentar que eso es una decisión que viene
avalada por una falta de capacidad de demanda en ese sector para ese
astillero; nunca podrá decir que no estaba capacitado tecnológicamente
para ser competitivo; no podrá decir que las cargas que ocasionaba ese
sector de producción concreto en ese astillero suponían un



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desequilibrio en la cuenta de resultados. Esa actividad era fundamental
para ese astillero, era competitivo, estaba perfectamente dimensionado y
era uno de los elementos que le iban a garantizar un resultado
equilibrado el 31 de diciembre del año 1998.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Navas, le ruego vaya concluyendo, porque
tiene que intervenir el señor Santiso.




El señor NAVAS AMORES: Voy sintetizando al máximo.

La última medida es para perjudicar a los astilleros, lamentablemente,
porque no se puede entender que en un año que queda de vigencia del PEC,
se proponga una revolución en cuanto a uno de los elementos más sensibles
y sustanciales, como es la aportación para las primas de construcción
naval, que era un elemento fundamental, algo que estaba recogido en el
PEC, algo que imponen en Bruselas, algo que es fruto de una reflexión de
una evolución y siguen caminando hacia ese destino final. De nuevo
tenemos que hacer interpretaciones de esta decisión, y la interpretación
básica y fundamental usted la ha inducido: esto supone una carga
importantísima al presupuesto del Estado, y estamos en una situación de
cierre, de ajuste de gasto. Por eso, entendemos que ese sector es el
desgraciado, el patito feo. Tiene que haber una medida como ésta en el
último año para alcanzar un grado de mejora de su gestión, de sus
resultados. Inventamos un maniobra cuando incluso en la última comisión
de otoño de Bruselas se reflexiona sobre la posibilidad de ampliar el
período permitido para este tipo de subvenciones. Por tanto, de nuevo
patentamos una medida que no está recogida en la filosofía del resto de
los países, que no es ningún mandato, nos empezamos a inventar algo que,
de nuevo, distorsiona todo el futuro del sector naval español.

Respecto a la Naval de Sestao y su cesión hipotética al Gobierno vasco,
usted ha dicho que se confirman una serie de contactos que no han llevado
a nada concreto y que no se ha vuelto a retomar esa situación. Usted sabe
también que en el Estatuto de Gernika viene recogida, dentro de su
articulado, la participación de las instituciones vascas en la toma de
decisiones sobre el sector industrial público radicado en la propia
comunidad. Por tanto, le vengo a reclamar el cumplimiento de ese
precepto, cuando la propia Cámara ya ha votado una resolución al respecto
para instar al Gobierno a cumplir ese derecho transferencial. No sé si al
final los únicos contactos que ha habido han sido esos que usted comenta
sobre la posibilidad de participación directa del Gobierno vasco en el
accionariado de la naval, quizá sobre el cien por cien, sobre una parte
significativa de su accionariado, o si simplemente el resultado de las
reuniones que haya habido para hablar de la Naval con el Gobierno vasco
ha pivotado alrededor de la participación de dicho Gobierno vasco en el
Consejo de administración de la propia factoría. No sé si ha sido una
negociación, un contacto entre el Ministerio y el Gobierno vasco, o ha
sido una negociación entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista
Vasco. Quisiera que usted despejase esa duda que tengo, porque al final
la participación en el consejo de administración de la Naval de Sestao
parece que se ha abierto y se ha aceptado y que de hecho están
participando personas vinculadas a esos dos partidos que he comentado.

Sobre el tema de Babcock Wilcox, quisiera ser lo más objetivo posible.

Desde luego, es otra de las actuaciones que afectan no sólo al sector
industrial público sino a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en
concreto, como usted muy bien sabe, a una de las comarcas más
deterioradas desde el punto de vista de pérdida de tejido industrial, de
paro, de falta de expectativas, que es la margen izquierda del Nervión.

Por tanto, son distintos factores los que afectan a este caso concreto.

Sigue caracterizándose también este proceso en Babcock Wilcox por un
elemento que empieza a ser reiterativo cada vez que analizamos un proceso
de privatización promovido por el Gobierno del Partido Popular, que es el
secretismo. La dirección gestiona y quien realmente lleva la información,
los contactos, la negociación es la SEPI. Por tanto, la interlocución
normal del comité de empresa es con la dirección y jamás puede llegar a
conocer el detalle de la evolución de los acontecimientos que tanto les
van a afectar en su futuro. La SEPI tampoco ha sido generosa con los
sindicatos, no sólo ya con el propio comité de empresa, sino con otro
tipo de interlocución que abre con la dirección de los sindicatos a nivel
confederal; como digo, tampoco ha sido nada generosa en aportar
información o en posibilitar un intercambio de impresiones sobre los
distintos procesos que se vayan dando. El análisis que usted ha hecho yo
lo comparto. Es una empresa que ha ido a más en el tiempo. Constantemente
ha ido reajustando plantilla e instalaciones. El último proceso ha sido
en fechas muy recientes: una salida de 400 trabajadores por un plan de
prejubilaciones. Ahora hay una propuesta de cien menos mediante las bajas
incentivadas y una plantilla estándar que podría redondearse, según los
planes de la empresa, en unos 850 trabajadores. A partir de ahí se abre
un futuro de consolidación y de posibilidad de desarrollo tecnológico e
industrial.

Al final ¿qué es lo que pivota sobre Babcock? Una empresa asentada, una
empresa competitiva, una empresa que tiene tras de sí un currículum
realmente solvente de capacidad industrial, tecnológica, de complejidad
de proyectos, etcétera; una empresa que está muy bien relacionada en
distintas regiones donde hay una gran demanda o por lo menos hay una
posibilidad real de solicitar los productos que está fabricando. Por
tanto, en muy poco tiempo Babcock ha pasado de tener una necesidad
importantísima de carga de trabajo a estar, actualmente, dentro de los
márgenes que su propia dimensión de empresa le requiere que tenga
contratados. Pero lo mejor del caso es que no sólo que el problema para
1998 lo tiene solucionado, sino que su evolución cara al futuro se
plantea con muy buenas pintas. No obstante, el proceso de modernización
del sector público conlleva a que Babcock, a pesar de que esté bien, a
pesar de los sacrificios de la parte social y el propio Estado con sus
aportaciones dinerarias, tiene que privatizarse y al final, lógicamente,
tenemos que hablar de qué es lo que necesita Babcock, cuál es el proyecto
industrial que le interesa, porque no sólo estamos interesados



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en desprendernos del sector público sino en conseguir --como ustedes
también lo dicen en todos los enunciados; quién puede decir lo
contrario-- la viabilidad futura de la empresa, en conseguir la garantía
del empleo y en conseguir un socio que pueda satisfacer las necesidades
de la empresa. ¿Cuáles son las necesidades reales de Babcock Wilcox hoy?
La necesidad tradicional --no sé si lo será hoy, lo dudo-- es un socio
tecnológico. Años y años hemos escuchado que necesita un socio
tecnológico para poder competir en los mercados globalizados y con las
grandes multinacionales.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Navas, está duplicando su tiempo.

Concluya, por favor.




El señor NAVAS AMORES: Hemos esperado meses y meses esta comparecencia
sobre esta empresa, que no es cualquier cosa. Intentaré ser lo más
esquemático posible, con su permiso.

Por tanto, lo que estamos es buscando, preguntando, inquiriéndole qué es
lo que necesita Babcock y cuál es el socio que debería complementar las
deficiencias que tiene. No creo que en estos momentos se esté planteando
el discurso tradicional del socio tecnológico, pero no sólo porque
Babcock ha crecido y se ha hecho mejor y más capaz, diseña más y tiene un
mercado mucho más amplio, sino porque también lo demás, aquello en lo que
nosotros no actuamos, cambia. Hoy por hoy, los tecnólogos necesitan de
las constructoras para poder hacer contratos y vender. El escenario
actual también ha cambiado profundamente. Babcock puede llegar a
cualquier contrato, con cualquier tecnólogo y ser capaz de hacer ofertas
competitivas. De hecho, la cuenta de resultados o el calendario de
contrataciones para el año 1998 y su evolución futura son el mejor sitio
para saber si realmente la apuesta de Babcock es correcta o no, y se
demuestra que la apuesta va por muy buen camino y que sus necesidades
actuales de privatización urgente para poder solventar no sé qué carencia
no son tales. Está perfectamente dimensionada, ya no tiene una dimensión
excesiva, y eso le hace estar en una situación muy buena. ¿Qué ocurre con
los distintos candidatos? Me refiero a los constructores. ¿Se va a
planificar el sector energético nacional? ¿Se está mirando la posibilidad
de que todas las empresas de grandes bienes de equipo se unan en un
proyecto industrial común? ¿Se está quizá pensando en que el futuro de
Babcock va separado del futuro de las otras grandes empresas de
construcción de bienes de equipo de este país? Estoy hablando de Mecánica
de la Peña y de Duro Felguera. ¿Quizá el futuro de Babcock tiene que
estar inexcusablemente unido a un socio extranjero, que no sabemos si nos
aportará tecnología pero sí quizá --y es lo que vamos a priorizar ahora--
una gran base de financiación para poder abarcar los proyectos que
vengan?
Como me hacen señas, lamentándolo paso a hablar de Productos Tubulares.

Con Productos Tubulares la preocupación ya es al cubo. Estaba inmersa en
un proceso de unión sectorial (las tres empresas, como usted ha dicho,
situadas en el País Vasco); un sector importante de construcción en este
país que curiosamente va a situarse en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y que se puede conformar como una sola empresa porque para eso se
hizo el plan sectorial. Al interesarse este grupo por la evolución de los
acontecimientos, sabiendo que en octubre de 1996 acababa el plazo de dos
años para configurar los primeros pasos de fusión de Productos Tubulares
con Tubos Reunidos, nos encontramos con que va pasando el tiempo y no se
sabe absolutamente nada, los sindicatos están nerviosísimos y los
trabajadores sin saber qué es lo que está pasando. Hacemos preguntas al
Gobierno para conocer el grado de cumplimiento de las obligaciones que la
Agencia Industrial del Estado, en aquel momento, tenía en el acuerdo de
fusión de las tres empresas y la respuesta que se nos da es que la
Agencia Industrial del Estado ha realizado --estamos hablando de 16 de
junio de 1996, unos meses antes de la finalización del plazo tope-- la
totalidad de dichos ajustes con el cierre de algunas de las instalaciones
y la salida de aproximadamente 300 trabajadores a través de un proceso de
prejubilaciones. Para ello el Estado ha realizado aportaciones
financieras en los años 1994 y 1996, que cubren todo el acuerdo. En junio
de 1996 el Estado no debe una sola peseta al proceso contemplado en el
plan sectorial de Tubos. Curiosamente, tenemos que volver a acogernos a
la cláusula de ampliación de un año, porque durante estos dos años no se
ha hecho absolutamente nada y en este año, desgraciadamente, sabiendo que
es la última prórroga que hay, sabiendo que se puede caer todo el
castillo, tampoco se llega a ningún acuerdo concreto significativo. Horas
antes de comunicarse públicamente el acuerdo que a propuesta del Gobierno
vasco se toma entre las partes, la respuesta que dan al comité de empresa
de Productos Tubulares, que está aquí en Madrid con la presidencia de la
SEPI, es que no hay absolutamente nada; a las pocas horas se oficializa
el acuerdo alcanzado. No es un ejemplo de transparencia, no es un ejemplo
de participación de la parte social en este tipo de decisiones. Esto
culmina el mes pasado con la dimisión del representante de los
sindicatos, de la parte social, en el consejo de administración de
Productos Tubulares; una dimisión fruto de la zozobra que le estaba
suponiendo la constante toma de decisiones al margen del propio consejo
de administración y del simbolismo --que no es otra cosa-- de la
participación sindical en el propio consejo de administración, que ya no
es la relación entre los sindicatos y la dirección de la empresa sino
entre los miembros del propio consejo de administración. Como no debemos
una peseta, hemos ido cerrando instalaciones y debemos pensar que los
demás deben hacer los deberes. Nuestros deberes están hechos. Pero el
acuerdo que se toma es que parece ser, no sé por qué --y tengo un gran
interés en que usted me lo explique--, nos quedan por prejubilar 35
trabajadores de Productos Tubulares y nos quedan por financiar 300
millones del plan de prejubilaciones anteriores de los planes sociales.

¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede llegar a este análisis? Hemos
pagado absolutamente todo, se han hecho las prejubilaciones, menos la de
1946, que no sabe nadie por qué la empresa no solicita la tramitación de
esa prejubilación cuando se supone que tiene la financiación, porque la
SEPI dice que la ha entregado.




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¿Dónde está esa financiación? ¿Cómo se está contabilizando eso? Realmente
eso es sorprendente.

Por acabar muy rápidamente diré que había otro incumplimiento importante
del sector. Teníamos que haber cerrado la acería. ¿Por qué no se cerró la
acería? ¿Estaba maduro todo este proceso? En tres años, cuando el plazo
era de dos años, se tenían que haber acabado de cumplir absolutamente
todos los compromisos; acabamos los tres años y en una serie de horas se
llega al acuerdo. ¿Estaba maduro el proceso? Si durante tres años no
había evolucionado absolutamente nada, ¿qué es lo que ocurre en horas
para que se tome una serie de medidas que tanto perjudican al sector
público? Parece que era algo que con el Gobierno popular nunca se iba a
producir. El sector público por fin no sólo iba a rentabilizarse sino que
íbamos a hacer valer su auténtico valor, valga la redundancia. De nuevo
nos encontramos con que la acería rompe una de las condiciones
fundamentales del plan. El plan está totalmente roto y a pesar de todo se
considera que es lo único que tenemos entre manos para poder conseguir
consolidar el sector tubero en España, porque ya no es sólo en el País
Vasco, es el sector tubero que va a tener este país. Son muchas
interrogantes, muchas preguntas. Lamentablemente el trámite parlamentario
es como es, pero la verdad es que me quedo con ganas de que tener otra
sesión monográfica para poder tratar todos estos asuntos.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra, muy brevemente, el señor
Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré ser telegráfico, porque a pesar de
que el señor ministro nos ha intentado cansar, razonablemente por la
cantidad de temas que tenía, nosotros le hemos respondido también con un
análisis exhaustivo y serio de los mismos. Creo que además es lógico,
porque desgraciadamente nos gustaría tener más oportunidades para no
acumular tantos temas, ya que todos ellos, sobre todo los ámbitos a los
que afectan, son importantes.

Intervendré con muchísima brevedad porque el tema de Aceralia lo hemos
tocado ya en alguna otra ocasión. Me he quedado con el compromiso
explícito del acuerdo entre Usinor, Arbed, Aceralia. Pero sinceramente
sigo teniendo dudas y, como yo, los trabajadores que se han movilizado
recientemente. Ojalá sea así. Lo que se ha pedido por los trabajadores es
esas dos inversiones, sobre todo las más emblemáticas, de las plantas de
galvanizado en el País Valenciano y en Asturias se empiecen
simultáneamente, no vaya a ser que nos encontremos, una vez iniciada una,
con que de nuevo tengamos que recurrir al manual --que, por cierto, tengo
que falicitarles porque se lo han aprendido muy bien-- de las
privatizaciones, en el sentido de que el mercado dice después que igual
hay una sobrecapacidad y que para qué queremos dos plantas de 400.000
toneladas cada una. Nosotros, con todo respeto, tenemos la mosca detrás
de la oreja. Además --aquí se ha dicho-- las inversiones de Arbed son una
previsión, y como usted aquí dijo que no están esculpidas en piedra, nos
tememos que los propios avatares de todo tipo, incluso lógicamente los
propios mercados, puedan llevarnos a otros caminos preocupantes, sobre
todo en Asturias, en este momento.

Nosotros seguimos pensando que en el proceso de venta de la Corporación
Siderúrgica Integral hay una falta de confianza en la potencialidad de
nuestra siderúrgica. Se podía haber realizado esa alianza tecnológica
necesaria, que también hemos reconocido, en condiciones de mayor igualdad
y no en otras en las que el kiosquero de la esquina compra en realidad a
una empresa más grande, cosa que es inhabitual. Lo habitual es que el pez
grande se coma al pequeño. En este caso, Arbed, que era más pequeño que
Ensidesa y estaba en peores condiciones, ha hecho una buena operación;
además, creo que en Asturias vamos a abrir pronto una embajada de
Luxemburgo, como empresa pública que es. Nos sigue preocupando. Insisto
en que creemos que hay una falta de confianza, pero también es la crítica
de fondo al llamado plan de modernización. Sinceramente, cada vez vemos
más las comparecencias como que el jefe de comercial de una empresa nos
viene a explicar en reiteradas ocasiones cómo han ido las ventas este
semestre, este año, etcétera, pero de verdad no vemos una actuación en
sectores emblemáticos, en sectores extratégicos para nosotros que
aseguren a futuro, más allá de los próximos dos o tres años, un panorama
por lo menos tranquilizador. El problema vendrá dentro de dos o tres
años, cuando no nos quede nada que vender --y como aquí se ha citado al
señor Barea-- conozcamos la verdadera realidad de nuestra economía,
cuáles son nuestras potencialidades. Cuando no tengamos muebles que
vender tendremos que impulsar con nuestras fuerzas estos sectores, y
probablemente veremos que los accionistas reales de estas empresas van a
ser los fondos de pensiones, como pasa con otros procesos iniciados
anteriormente. He de recordar también que en el proceso de salida al
mercado de Argentaria, que no es de esta etapa, se produjo una situación
igual que la de Aceralia. Invierte la gente en los fondos de pensiones,
pero a los tres o cuatro meses se quiere rentabilidades rápidas, se van y
quedan inversores lógicamente con mayoría extranjera, lo que tampoco da
seguridad a futuro, a pesar de la presencia de las empresas que ustedes
siempre nos enseñan, siguiendo el manual, como maravillosas y las
mejores, las primeras, las punta del sector. Sinceramente esto me
recuerda lo que pasó en otra etapa: la venta de Explosivos a Palas
Invest, por ejemplo, que era una empresa en un paraíso fiscal que compró
Explosivos por 300 pesetas. Yo creo que es un discurso muy utilizado. Veo
lógico que cuando alguien vende algo diga que se lo vende al mejor.

Dentro de unos años tendremos la realidad y espero equivocarme y que de
verdad superemos la incertidumbres.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario PNV, tiene la palabra
el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor presidente, mi intención era
solicitar de la Mesa de la Comisión que un secretario leyera la
proposición no de ley, aprobada el 12 de este mes en el Parlamento vasco,
a que ha hecho referencia el señor Hernández Moltó en su



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intervención. Dado el ambiente prenavideño no voy a poner en ese trance a
la Mesa de la Comisión, aunque tenía intención de hacerlo para no
patrimonializar los contenidos de la misma, pero dada la situación de la
Mesa de esta Comisión me permitirá el presidente que la comente
brevemente.

El Parlamento vasco aprobó por una amplia mayoría hace escasamente seis
días, como digo el 12 de diciembre, instar a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, SEPI, y al Gobierno del Estado a cinco
puntos concretos. El primero, a que los procesos de privatización de las
empresas públicas dependientes del Estado radicadas en Euskadi (Inespal,
Babcock Wilcox, Productos Tubulares, Aceralia, ACB y AESA de Sestao), que
son los temas que nos ocupan básicamente hoy, se realicen con
colaboración y participación de la Administración de las comunidades
autónomas de Euskadi, en los términos aprobados por el Pleno del
Parlamento vasco de fecha 1 de julio de 1993 en la ficha 24 del informe
sobre desarrollo estatutario, garantizándose la máxima transparencia en
dichos procesos. En segundo lugar, que el proceso de la privatización
vaya acompañado de un proceso de información, diálogo y participación de
los agentes sociales, tanto por parte de los actuales propietarios de las
empresas como de quienes aspiran a ser nuevos propietarios. En tercer
lugar, que se garantice el cumplimiento de los compromisos que los
actuales propietarios de las empresas, en su caso el Gobierno del Estado,
hubieran asumido en anteriores procesos de reconversión y que están
pendientes de cumplimiento. En cuarto lugar, que en todos los acuerdos de
privatización se garantice contractualmente el mantenimiento como mínimo
del actual proyecto industrial y el máximo nivel de empleo, mediante la
realización de un esfuerzo inversor suficiente para asegurar la
competitividad de la empresa y su viabilidad futura. Y en quinto y último
lugar, que cuando se considere necesario para garantizar la viabilidad
futura del proyecto industrial que se privatiza, la Administración
pública mantenga una participación accionarial adecuada hasta que el
proyecto se considere consolidado.

Una vez leída esa proposición no de ley, como digo, aprobada por una
amplia mayoría en el Parlamento Vasco, en una intervención el señor
Ormaechea, que es el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el
Parlamento vasco en materias industriales, decía que dejaba claro que
desde el punto de vista del Partido Nacionalista Vasco esta proposición
no constituye una crítica al Gobierno del Estado, del que debo reconocer
que en muchos aspectos está demostrando una sensibilidad mucho mayor que
la que tuvieron gobiernos anteriores, y que por eso precisamente, aunque
hemos puesto como primer punto la necesidad de ir dando cumplimiento
paulatino a los acuerdos del Parlamento vasco en cuanto a la
transferencia de la competencia de industria, y más concretamente del
acuerdo de 1 de julio de 1993 o de la transferencia en materia
industrial, debo reconocer que el Gobierno está actuando con
sensibilidad. Quizás no siempre haya actuado con la sensibilidad debida,
concretamente en el tema de Arbed, en el que tengo que reconocer que en
cuanto a la elección de la opción se actuó bien. Creo que se tenía que
haber sido más sensible a priori en cuanto a la participación del
Gobierno vasco; sin embargo, también tengo que reconocer que a posteriori
sí se ha actuado con la debida sensibilidad; y debo reconocer también que
en procesos como Babcock y Productos Tubulares el Gobierno del Estado
está actuando con sensibilidad, junto con el Gobierno vasco, y creo que
es algo de agradecer.

El tema es, señor ministro, que desde los comentarios que usted ha
realizado en su intervención debe conocer que el Partido Popular votó en
contra de esta proposición no de ley en el Parlamento vasco. Hemos estado
cotejando en los últimos días intervenciones suyas e intervenciones en
esta misma Cámara del Grupo Popular y no salimos de nuestra sorpresa.

¿Usted cree que el Partido Popular puede estar en contra de esta
proposición no de ley? Quizá usted debiera dar un cursillo de política
industrial, en base a lo que la derecha ilustrada debe entender en
relación a estas materias, a sus compañeros del Partido Popular en
Euskadi, si el señor Mayor Oreja se lo permite. Esto es mucho más
significativo si tenemos en cuenta que el propio portavoz del Grupo
Popular en esta Comisión es un significado miembro del Partido Popular en
el País Vasco. Creo que ésta es la diferencia de talante al abordar estas
cuestiones. Ayer mismo en esta Comisión, usted lo sabe bien, en distintas
votaciones a proposiciones no de ley, el Grupo Parlamentario Vasco
sostuvo la mayoría del Gobierno, y lo hizo razonablemente. Usted podía
haberse encontrado ayer con la noticia que de cinco proposiciones no de
ley que había en esta Comisión cuatro habían conocido empates a 20 votos
y la otra proposición, la del puerto seco de Azuqueca, usted la había
perdido. Podíamos haber estado en esta situación. Quiero significar esto
al inicio de esta intervención por remarcar y denotar los distintos
talantes con los que se abarcan procesos de gran trascendencia social y
que tienen su repercusión. Usted indudablemente ha basado su intervención
en función de que se están acometiendo unos procesos muy complejos con
muchas derivaciones y significativas dimensiones. Nosotros, como grupo
parlamentario, queremos remarcar que hay que ser muy responsable y muy
prudente en todos estos temas, pues, como han indicado distintos
portavoces, la complejidad de esas decisiones está a la vista --y no voy
a ser reiterativo a estas alturas del debate, dado que he sido uno de los
protestones en las anteriores intervenciones-- y quisiera llamar a la
responsabilidad a su propio partido. Estas empresas están básicamente
radicadas en Euskadi y es su partido, señor ministro, el que está
actuando en nuestra opinión muy irresponsablemente. No es sólo que votó
en contra de esa proposición no de ley; es que la actuación y la
intervención del portavoz en el Parlamento vasco del Grupo Popular fue
muy beligerante. Por eso quisiera saber si el Ministerio de Industria
participa de los contenidos de esta proposición no de ley, cómo la acoge,
cuál es la opinión del Ministerio, del Gobierno del Estado, al que hoy
representa usted aquí, en relación a los contenidos de estos cinco puntos
aprobados por el Parlamento vasco, como digo, con una amplia mayoría, y
no voy a hacer más referencias para que no se me entienda mal, pero
hágase la eliminación de quienes no apoyan esta proposición no de ley



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y sáquense las debidas consecuencias. No voy a ser más explícito.

En cuanto al análisis de las empresas que se han referenciado están las
preguntas suficientemente hechas, no voy a ser reiterativo. Le voy a
formular algunas preguntas que en nuestra opinión no han quedado
suficientemente explicitadas hasta ahora, por ser más complementario que
exhaustivo. Participamos del diagnóstico que hace de Babcock Wilcox;
creemos que es una empresa competitiva y rentable. Participamos de las
premisas previas que usted mismo ha expuesto y lo que queremos saber es
el calendario de privatizaciones. Es decir, una vez en el punto al que
hemos llegado, yo creo que usted debe ser más explícito sobre el futuro
próximo que va a conocer Babcock Wilcox y cómo se van a llevar a cabo
metodológicamente en estos pasos de privatización que ya están
anunciados. En segundo lugar, en relación con esta empresa, un tema que
nos preocupa fundamentalmente, porque para que una empresa vaya bien debe
tener una dirección consolidada, es la opinión del Ministerio de
Industria respecto a la actual presidencia, a la actual dirección que
está dirigiendo, valga la redundancia, esta empresa; si goza de la
confianza de los gestores de la SEPI y del Ministerio de Industria, dados
los múltiples rumores que se están extendiendo --entendemos que muy
interesadamente-- en relación a estas personas y a esta dirección. Como
usted sabe mucho mejor que yo, la estabilidad en la alta dirección de
estas empresas es básica para que estos procesos sean correctamente
dirigidos, y quisierámos que desmintiera o confirmara esos rumores sobre
las personas que en este momento están dirigiendo Babcock Wilcox.

En relación a Productos Tubulares, desde el Grupo Parlamentario Vasco
queremos instarle a que se remate el acuerdo y el compromiso adoptado y
que usted mismo ha relacionado con el consejo de la SEPI, que ya ha
tomado los acuerdos debidos, no así el Consejo de Ministros, que, siendo
preceptivo el informe que debe emitir este consejo de privatizaciones que
está creado, todavía no lo ha emitido. ¿En qué plazo razonable entiende
el señor ministro que este informe debiera ser emitido y qué perspectiva
tiene el Ministerio en relación al acuerdo del Consejo de Ministros, que
es en definitiva lo que nos importa? Porque aquí, albarda sobre albarda,
se van superando vallas y vallas como en una carrera y siempre aparece
otra valla. ¿Hay alguna otra valla después del consejo de
privatizaciones? ¿Cuándo prevé llevarlo al Consejo de Ministros?
En cuanto a otro tema que también es fundamental, se puede consolidar en
estas materias el mayor grado de organización de bienes de equipo, que
sea muy competitivo en el mercado. También aquí existen múltiples rumores
sobre la forma en que se puede consolidar este sector en relación a
Mecánica La Peña, Babcock Wilcox, los astilleros, y cuál puede ser ese
socio tecnológico, si es extranjero o cómo es. Yo creo que esta
comparecencia quedaría manca sin este dibujo, no con nombres y apellidos,
porque ya sabemos que no se puede, pero sí por lo menos estructuralmente
cómo se ve este dibujo. Reconocerá que ha pasado de puntillas sobre este
tema, que entendemos que es estructural en el diseño de todo este sector
de bienes de equipo, y quisiéramos pedirle mayor concreción en lo que
respecta a este punto.

En cuanto a Astilleros de Sestao, usted ha dicho que es la única empresa
que no ha conocido el acuerdo entre los agentes empresariales y los
agentes sociales. Es una constatación sabida, pero habría que profundizar
en el porqué y en las perspectivas que hay de acuerdo. No vamos a echar
todas las culpas a la parte sindical, que sostiene sus razones, las
objetivas y las ha presentado. Lo que se desconoce es la respuesta que
desde la dirección de la empresa se está dando al respecto.

Finalmente, en relación a Aceralia, se han expuesto básicamente los
asuntos fundamentales que nos ocupan y preocupan. Unicamente quiero
preguntarle qué inversiones están previstas dentro de ese dibujo que se
realiza en la planta de Etxebarri.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto van a repartirse el tiempo el
señor Rodríguez y el señor Chiquillo.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: A pesar de que en sede parlamentaria --y
desgraciadamente también a nivel informativo-- y en el debate social en
el Estado español hay una tendencia a reducir todo a un problema de un
debate técnico o a un debate donde las cosas están previamente cantadas
porque no hay alternativa posible a la realidad existente, como si ésta
fuese la mejor o incluso la inevitable, y debido a que se emplean siempre
eufemismos como reestructuración, competitividad y otros por el estilo,
me gustaría empezar la intervención dirigida al señor ministro recordando
que, en todo caso, estamos ante las consecuencias de la primera fase de
lo que fue la integración del Estado español en la entonces Comunidad
Económica Europea. Y digo esto porque se trató de una serie de decisiones
políticas inflexibles contra dos sectores productivos básicos en el
Estado español y desde luego muy competitivos desde el punto de vista de
la cantidad de producción, que le pertenecía al Estado español. Es
curioso que antes de hacer este espacio monetario y este espacio
económico único hubiese tanto cuidado por parte de los Estados en reducir
la capacidad productiva en el sector naval y en el sector del acero, en
concreto en lo referido al Estado español. Por lo tanto, desde el punto
de vista del Bloque Nacionalista Galego ni podemos compartir las
directivas europeas en relación con estos dos sectores, específicamente
en relación con el sector naval, ni mucho menos, desde luego, voy a
compartir yo como gallego o como afiliado a un sindicato de trabajadores
lo que fue el PEC, por lo menos en relación con Galicia, pero tampoco en
general en relación con el Estado español. Y lo digo porque el propio
señor ministro habló de que hubo una evolución de la contratación y de la
agenda de pedidos que demuestran una reducción alarmante en el caso del
Estado español. Teníamos un millón de toneladas de registro bruto;
resultado final, 300.0000 toneladas de registro bruto. Teníamos 43.000
trabajadores; resultado final, 10.000 trabajadores. Por tanto, no es un
problema de competitividad, porque si



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se redujese el número de trabajadores y una parte importante del pastel
nos tocase a nosotros, desde el punto de vista de una economía incluso de
mercado podríamos discutir sobre las consecuencias laborales, pero no,
indudablemente, sobre la capacidad que nos correspondería como Estado.

Por otra parte, dejó bien claro el PEC, y aquí es donde ya como gallego
no puedo realmente más que admirarme y quedarme perplejo de que pueda
haber sindicatos que firmen sin temblarles la mano cosas como ésta, que
uno no puede llamarse a engaño en 1998. Aquí queda claro que todos los
astilleros renuncian a su capacidad en el número de personas. Desde luego
desde el punto de partida el que más lo reduce es Astano, curiosamente un
astillero gallego, pero es que después va a la especialización y el único
que queda fuera del mercado en 1995 y desde la Séptima Directiva es
Astano; queda para una cosa tan curiosa como las plataformas offshore y
para reparaciones.

No somos dados al agravio comparativo de tipo territorial porque el
origen del problema está en la integración del Estado español en la Unión
Europea, tal como se hizo y después se repartió internamente; esto
depende de la estructura del estado, de los poderes políticos
establecidos, de las centrales sindicales, de la capacidad de influencia,
de muchas cosas. Pero en todo caso el problema básico es cómo aumentar la
capacidad productiva del Estado español y ponerla en consonancia con la
que había por los años setenta, en un momento en que el mercado de
construcción de buques está francamente en ascenso.

En este sentido, señor ministro, pensamos que la política que sigue el
Partido Popular en este tema en concreto va a tener como consecuencia
ahondar la misma que se inició en los años ochenta. Usted dice que hay
astilleros que tienen trabajo hasta el 2000; yo me voy a preocupar de los
que no lo tienen. Usted dijo que Astano era una prioridad, y que,
realmente, habría que conseguir una cartera de pedidos suficiente para el
año próximo y los siguientes. Es curioso que no empleó en ningún momento
una terminología, que es los FPSO, para referirse a Astano. Habló usted
de plataformas y otras cosas por el estilo; dijo que había un mercado
prometedor, a pesar de que el problema estaba en el precio y no en la
demanda que había a nivel mundial, y citó usted como competidores a Corea
del Sur, a Japón y a Singapur. En otra ocasión se encargó de recordarme
que ahora el problema no estaba en competir con otros astilleros de la
Unión Europea sino con éstos, y que en nombre de esa no competencia con
otros astilleros de la Unión Europea esperaba una comprensión de las
autoridades europeas para que Astano pudiese trabajar.

Creo que en sus propias palabras está el quid de la cuestión; sus propias
palabras indican que Astano fue llevado prácticamente a este cierre o a
esta falta de productividad por un acuerdo político, porque dañaba los
intereses del conjunto de la Unión Europea en cuanto a que había que
hacer el reparto de la caga de trabajo con una asignación de 300.000
toneladas, que prácticamente Astano era capaz de tener por sí mismo si se
le dejaba construir. Por tanto, se trataba de eliminar a un competidor.

Ahora yo le pregunto. Esta ambigüedad del término, ¿qué quiere decir? Que
los FPSO se llevaban todos a Puerto Real, ¿no? Le vuelvo a repetir que se
lo pregunto no desde la perspectiva de agravios comparativos sino para
que lo diga claramente, porque nuestro objetivo como gallegos es cambiar
el marco de la relación con la Unión Europea en cuanto a la producción
naval. La segunda pregunta que le hago es: ¿Cómo va a ser posible
mantener Astano con las pérdidas alarmantes que va a dar durante todo
este año y, posiblemente el siguiente, sin trabajo? ¿Esto no será un
peligro para su cierre o para su privatización a bajo precio, a saldo, y
con un número de trabajadores inferior a los 1.000? En tercer lugar, ¿qué
plazos pone usted --plazos por lo menos previsibles-- para que vuelva a
tener trabajo en lo que sea? En cuarto lugar, ¿van a recurrir a las
regulaciones de plantillas, ahora que no hay trabajo, durante 1997 y
1998? ¿Con cuántos trabajadores quedará Astano? Ya tiene prácticamente
--me parece-- 1.200, no más.

Pasamos a otro tema, el astillero Barreras, que prácticamente va a ser
privatizado, y tiene carga de trabajo hasta 1999. Es un caso muy
distinto, cualitativamente distinto. Nosotros repudiamos el proceso de
privatización, pero está claro que Barreras no tiene la capacidad
productiva de Astano, son trescientos y pico trabajadores. Es curioso
cómo hacen ustedes la venta: 50 por ciento Odiel, 10 por ciento Albacora,
10 por ciento Castilla Costas y 30 por ciento el equipo directivo. Le
quiero preguntar una cosa. Esta entrega del accionariado al equipo
directivo para que después le entregue, si puede, el 10 por ciento de
participación a los trabajadores, ¿es para legitimar socialmente la
operación? ¿No le parece que 750 millones de pesetas es muy poco para la
venta del astillero con su tecnología y con el espacio que ocupa? ¿No
cree que sería mucho más seguro para la economía gallega, en todo caso,
que incluso se hiciese cargo una empresa mixta participada por la Xunta
de Galicia, porque, desde luego, la Xunta de Galicia sí que tiene
capacidad para entregar 250 millones de pesetas y quedarse con el 50 por
ciento de las acciones? ¿Cómo va a responder Barreras a nivel
internacional para ir a la búsqueda de ofertas de producción? ¿Será
capaz, en el contesto de privatización, de hacerse con carga de trabajo
desde esta perspectiva privatizadora?
Por último, quiero decirle que es muy preocupante --y vamos a ver las
consecuencias-- que no haya habido a su debido tiempo un debate claro, un
debate políticamente duro, no inocuo, respecto a esta
transnacionalización que se está haciendo en el espacio geográfico y
político en el que se encuentra el Estado español. Digo esto ya para
acabar, señor ministro, porque ayer volvimos a asistir a otro debate
inocuo, políticamente impresentable, que ilumina este que estamos
teniendo ahora. Ahora vamos al mercado único, a resolver todo por la vía
monetaria, cuando nos quedamos sin sectores productivos estratégicos y
fundamentales como éstos, que todos los Estados europeos apadrinaron con
dinero público, no solamente el Estado español. No nos va a convencer
nada que sea más competitivo el sector naval alemán o el inglés que el
español. Nadie nos va a convencer, porque el español también tenía
primas, pero como todos los de los Estados europeos, con dinero



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público, porque era un sector estratégico y los Estados así lo
convinieron.

Usted entiende también que es un sector importante, ya que empiezan a
estudiarse planes para restaurar una parte o toda la flota mercante que
tenía el Estado español antes del año 1980. Quiero hacerle una pregunta
en este sentido. Ya que ahora no puede haber subvenciones a partir de un
determinado momento, ¿qué quiere decir eso de las primas? ¿Primas a los
compradores de buques en astilleros del Estado español? ¿Va a ser eso
legal en el contexto de la Unión Europea o en el contexto que se pueda
derivar de cualquier acuerdo de la OCDE? En definitiva, aunque sea a
largo plazo, ¿piensa que los futuros gobiernos del Estado español
deberían ir a un replanteamiento general de la problemática del sector
naval e intentar captar más toneladas de registro bruto para el Estado
español y discutir esto políticamente con Bruselas a nivel internacional?
Nada más, desearle no solamente felices fiestas sino que no le duela
mucho la cabeza con este continuo y obsesivo planteamiento del sector
naval; pero quiero que comprenda que desde una óptica de subsistencia de
nuestro país resulta crucial y no nos vemos bien tratados por el proceso
de transnacionalización, ni nos vemos bien definidos por quien debió
ponderar más y mejor las consecuencias que esto iba a traer.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego brevedad, porque el
señor Rodríguez ha consumido su tiempo y el suyo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor ministro, por su comparecencia
y por los datos que ha aportado.

Recordará que en la comparecencia de después del verano, en la del 23 de
septiembre, hablamos de una serie de iniciativas que convulsionaron al
panorama siderúrgico español. Desde Unión Valenciana le planteábamos
entonces un conjunto de preocupaciones, reivindicaciones, demandas en
defensa de la siderurgia mediterránea, de la siderurgia valenciana
concentrada en el puerto de Sagunto, en las factorías de Simed y Galmed.

Aquellas dudas fueron disipadas en el Parlamento valenciano y ya que el
portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha aportado aquí un acuerdo del
Parlamento vasco, quiero refrescar la memoria con aquel acuerdo en el que
el Grupo Parlamentario Popular entró en el consenso de la petición
mayoritaria de los sindicatos y los colectivos sociales y empresariales
de la comarca del Campo de Morvedre, en Sagunto, un acuerdo por el que se
tendría en cuenta que el plan de inversiones de la nueva Aceralia aparte
de garantizar el futuro de la siderurgia de la Comunidad Autónoma
Valenciana y el mantenimiento de los puestos de trabajo, solicitaba unos
compromisos y unas inversiones mínimas, como era la instalación de una
nueva línea de galvanizados en el puerto de Sagunto, el aumento de la
producción de las plantas de Sidmed y Galmed hasta el millón y medio de
toneladas y la creación de un centro de investigación y desarrollo
especializado en el sector del automóvil en el puerto de Sagunto.

Había ciertas dudas, sobre todo porque sabíamos cuál era el entramado
accionarial, un poco complejo, porque después de la entrada en Aceralia
de Arbed, Unisor era el accionista más importante en Sidmed y Galmed y
había cierto temor, ciertas dudas sobre cómo se iba a reaccionar por
parte de la multinacional francesa respecto a esas futuras inversiones en
la siderurgia valenciana. Afortunadamente, y ése fue el motivo de la
presentación de nuestra petición de comparecencia, a finales de octubre
se firmó un acuerdo entre las dos grandes empresas, Arbed y Unisor, por
el que se firmaba la paz y parecía que se iba a invertir en Sagunto --tal
como se solicitaba en esa propuesta de acuerdo y como había transmitido
los interlocutores sociales sindicales--, en uno de los tres puntos que
he comentado que parecía podía quedar garantizado, la nueva línea de
galvanizado, aun pudiendo chocar y colisionar con uno de los objetivos de
Aceralia, que es una misma planta con los mismos objetivos en Avilés.

Parece que se ha firmado ese acuerdo y que se van a garantizar las
inversiones en los próximos años en Sagunto por encima de los 20.000
millones. Sin embargo, las dudas siguen apareciendo porque sigue habiendo
un punto 2 y un punto 3, el I+D del automóvil, el incremento de la
capacidad de actuación y de productividad de Sidmed y Galmed. Esas dudas
deberían quedar disipadas en una de las cuestiones como es el
enfrentamiento que había entre Arbed y Unisor, sobre cuál es el futuro de
ese plan de inversiones de más de 156.000 millones de lo que es Aceralia,
ya en su conjunto, con la participación de Arbed, de la multinacional
luxemburguesa. Queremos saber cuál es ese plan, a partir del año 1998,
respecto a las otras demandas de la siderurgia mediterránea, de las
peticiones del puerto de Sagunto respecto a esos planes de viabilidad tan
importantes.

También querríamos que se nos explicara cuál ha sido realmente --porque
es un entramado muy raro-- la conjugación que se ha hecho de intercambio
de acciones de compra, de venta, cuál ha sido la operación de ingeniería
financiera que ha solucionado sobre el papel esa compleja situación
accionarial que se producía en la factorías de Sidmed y Galmed. Son unas
aclaraciones que nos gustaría que hoy nos hiciera, sobre todo tanto en la
faceta del acuerdo Arbed-Unisor como en lo que es el plan de
competitividad, ese plan de inversiones futuras 1998/2002, en concreto
Aceralia-Arbed, y cuáles son los plazos, cuáles son los puestos de
trabajo, cuáles son las inversiones concretas anualmente distribuidas a
partir del año 1998 hasta el año 2002, que garanticen y den cumplimiento
a la totalidad del acuerdo de las Cortes valencianas, a la totalidad del
acuerdo mayoritario de los sindicatos de Sidmed y Galmed, que puedan
garantizar la siderurgia en el Mediterráneo y que en la vertiente
mediterránea de Aceralia y Arbed podamos garantizar esos 1.100 puestos de
trabajo que hay en la actualidad.

En los plazos y objetivos de inversión que le planteaba quisiera saber
cuáles eran realmente esas cantidades y esos plazos, y cuáles eran los
puestosdetrabajo que iban a crearse, dando por hecho que los existentes
se van a garantizar y que, por tanto, se va a cumplir el primero de los
acuerdos de las Cortes valencianas: el mantenimiento de



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los puestos de trabajo. Sin embargo, el objetivo que Unión Valenciana ha
perseguido en estas cuestiones, además de conseguir el mantenimiento, es
que después de la entrada de Arbed y el pacto necesario básico de futuro
entre Arbed y Unisor se pueda invertir y sobre todo crear nuevos puestos
de trabajo. Usted sabe que desde el día 23 de septiembre en Unión
Valenciana confiábamos mucho en su buen hacer en esta cuestión y lo que
sí esperamos es que se rematen todas las actuaciones en esa línea y que
todas las inversiones que garanticen el futuro de la siderurgia del
Mediterráneo, rentable, competitiva y de futuro, puedan empezar a
cristalizarse en el año 1998; quisiéramos que nos explique cuáles van a
ser esos plazos de ejecución.

Una de las preguntas que quería plantearle es si hay colisión de
intereses entre el acuerdo entre Arbed y Unisor respecto a la nueva línea
de galvanizado en el puerto de Sagunto, si va a entrar o no en colisión
con la de Avilés y sobre todo si se siguen manteniendo esos objetivos
prioritarios, a pesar de lo que ha sucedido en otras comunidades
autónomas, y las opiniones de otras comunidades autónomas, distintas a la
valenciana. También quiero reincidir en el argumento de cuáles son los
plazos, cuáles son las inversiones y cuál es la prioridad del Gobierno
para el futuro de la siderurgia del Estado español, porque se ha
demostrado cuál es la aportación, cuál es la competitividad, cuál es la
rentabilidad de la siderurgia mediterránea, de la siderurgia de la
Comunidad Valenciana, que creo que no puede ser puesta en entredicho por
ningún acuerdo o pacto en la sombra o en la oscuridad.

Le pedimos claridad, que rematen las decisiones que se han tomado hasta
el día de hoy, y sobre todo que las que vayan a tomarse en el futuro se
guíen única y exclusivamente por criterios de rentabilidad económica y de
futuro. Creo que si esto es lo que guía las decisiones, la siderurgia
valenciana puede y debe tener mucho que decir y puede tener un futuro muy
importante en el conjunto de la siderurgia de la Unión Europea y del
Estado español.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo, porque es usted
el único que hasta el momento se ha ceñido al tiempo, lo que le agradezco
cordialmente.

A continuación, tiene la palabra el señor Peón, por el Grupo Popular.




El señor PEON TORRE: Estamos convencidos que todos los grupos están
esperando con expectación la posición del Grupo Popular respecto a lo que
ha expuesto el ministro. Desde luego, no les vamos a defraudar. Al margen
de agradecer muy sinceramente al ministro su presencia aquí hoy en una
sesión tan prolongada como la de esta tarde, le vamos a reiterar, una vez
más, nuestra felicitación por la gestión que está desarrollando al frente
de su departamento.

Como cuestión de orden, quería referirme a un asunto referido a otro
compareciente que no ha podido acudir, el señor Fernández Norniella. Creo
que no es demasiado justo que se haga una especie de conclusión previa
sobre cuál ha sido el motivo real que le ha impedido acudir. Creo que
todos los que estamos en esta Comisión, al menos la gran mayoría, hemos
conocido al señor Fernández Norniella como compañero, como diputado, y a
todos nos consta el respeto que a él le merece esta Cámara, porque ha
formado parte de ella. Estamos convencidos de que, además, siendo la
comparecencia a petición de este grupo parlamentario, han sido causas
importantes y graves las que le han impedido comparecer.

Entrando ya en el objeto del debate, señorías, ya que ha habido varias
apelaciones al espíritu navideño de estas fechas, a nosotros nos han
llamado la atención algunas expresiones de otros grupos respecto a que
las cosas iban peor o que estamos en una situación de ataque a las
empresas públicas o de deterioro o confusión de algunos sectores. Digo
que nos ha sorprendido y hemos rememorado ese espíritu navideño pensando
no tanto en un cuento de Navidad sino en una pesadilla de Navidad, porque
nos ha la impresión de que este cuento está lleno de fantasmas, de
temores y de situaciones presididas por la zozobra, y acabamos de ver que
ese cuento se corresponda con la auténtica realidad de hoy de la
industria española. Hemos tenido que salir de ese cuento para ir a los
datos reales y concretos que tenemos aquí mismo, y estamos comprobando
que, por ejemplo, en el primer y segundo trimestres de 1996, el semestre
previo a la entrada en el Gobierno del Partido Popular después de las
elecciones generales, la industria estaba decreciendo, es decir, cada vez
iba teniendo menos presencia en la economía nacional, en cantidades del
0,4 o el 0,2 por ciento. Es decir, la industria española iba hacia atrás,
como los cangrejos, seis meses antes de este Gobierno se constituyera con
el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y otros grupos parlamentarios.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues ha ocurrido que en el mes de
octubre de 1997, muy pocos meses después, señorías --y no son brindis al
sol ni calificativos más o menos grandilocuentes, son datos concretos--,
el índice de producción industrial está creciendo al 8,4 por ciento. Si
eso es ir a peor, no sabemos qué puede ser ir a mejor, porque son
crecimientos casi asiáticos, que no se conocen en toda la Unión Europea.

(Risas.) Yo comprendo que algunos grupos de esta Cámara, ante la falta de
argumentos, tienen que quedarse en la chanza y en el calificativo fácil,
lo comprendo y hasta les compadezco de que tenga que ser así, pero no es
el caso de este grupo, porque tenemos la propia realidad para sentar
nuestro argumento de que las cosas van bastante mejor que hace muy pocos
meses. (Rumores.)
Al margen de eso, señorías, al margen del contexto general y entrando en
las empresas concretas, decir, en el caso de los astilleros, que la cosa
está mucho peor que antes es llamativo, muy llamativo. Había un diputado
de esta Cámara, un ilustre diputado, que creo que sigue siéndolo, me
parece que es don Felipe González (Rumores.), que hace muy pocos años, en
Estados Unidos, cuando ocupaba responsabilidades de Gobierno como
presidente, dijo algo tan llamativo en el Washington Post como que el
sector naval no tenía futuro porque era un sector maduro; eso lo dijo
hace muy pocos años, cuando era presidente de Gobierno. Hoy en día, todos
los grupos, creo que con razón, estamos preocupados por saber aprovechar
las posibilidades de este



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sector y por saber aprovechar en España las posibilidades de tejido
industrial de construcción naval que existe en nuestro país.

Las cosas han cambiado, claro que han cambiado en este tiempo. Hay que
recordar que desde el año 1984 a 1995, lo que ocurrió en Astilleros
Españoles, en la construcción naval de España, en los astilleros
públicos, fue que se redujo su capacidad en un 60 por ciento; que las
plantillas se redujeron en un 65 por ciento, de 40.000 a 10.000 empleos;
que las pérdidas fueron durante estos años, en el mejor de los casos, de
13.000 millones de pesetas y en el peor de 60.000 millones de pesetas.

Ahora estamos comprobando, lo ha dicho el señor ministro, que los
astilleros se encuentran a plena capacidad hasta el año 2000 y hemos
comprobado --también lo ha dicho el señor ministro-- que no va a haber
ajustes traumáticos, que no va a haber reducciones de capacidad
traumáticas, que no se cierran centros. ¿Y eso se califica como que
estamos peor? Pues sinceramente, señorías, ése no es el criterio,
evidentemente, de nuestro grupo.

Se dice también con respecto a otras empresas que no hay transparencia,
pero se ha referido principalmente al caso de los astilleros. Se ha dicho
que podría ser que hay falta de comunicación con algunas
administraciones, con algunos agentes económicos y sociales. Otro grupo,
sin embargo, ha dicho que sí existe esa sensibilidad hacia los gobiernos
autonómicos, al menos hacia el Gobierno del País Vasco, que es mi tierra,
y se ha referido a la falta de contacto con los agentes económicos y
sociales. Nosotros, señorías, tenemos que reiterar lo que ya hemos dicho
muchas veces en estos debates, ¿hasta dónde tiene que llegar la
transparencia? ¿Qué entendemos por transparencia? ¿Hay que trasladar
todos los números de una empresa a los 13 ó 14 grupos multinacionales o
nacionales que concurren a una privatización, que son competidores de esa
empresa pública? ¿Hay que trasladarles hasta el último dato, sea cual sea
el fin previsto para ese proceso? Nos parece una insensatez. ¿Cuál es el
nivel de información que hay que dar a los agentes económicos y sociales?
Pues el preciso para que sepan cuáles son las grandes líneas de actuación
del Ministerio en esos procesos, pero no un detalle de información,
señorías, que podría ir en contra incluso de lo que dispone la Ley sobre
Sociedades Anónimas en cuanto a la necesidad de confidencialidad por
parte de los gestores de lo que son datos reservados de esas empresas. Y
esto no es algo que digamos nosotros ahora, sino que se ha dicho por
gestores públicos en otras legislaturas, siendo de otro signo político el
Gobierno entonces existente. La transparencia se traduce en la
información permanente que se da en esta Cámara y la que se da también a
las comunidades autónomas y a los agentes económicos y sociales y en el
nivel de información que se puede dar mientras el proceso está vivo. La
información será completa cuando el proceso se haya culminado en un grado
tal que ya pueda ser enjuiciado por todos los agentes económicos y
sociales y por esta Cámara.

Señorías, también nos sorprende que se diga que el Gobierno y el ministro
se comprometieran a traer aquí a debate todos los temas sin discusión y
que hoy, que lo estamos haciendo, que todos los días lo estamos haciendo,
alguien piense que eso es un compromiso incumplido. ¡Pero si es lo que
estamos haciendo permanentemente en esta Comisión, discutir punto por
punto y empresa por empresa cada una de las situaciones que se van
produciendo y en qué grado se encuentra el proceso de privatización que
le pueda afectar o en qué grado se encuentra el cumplimiento del plan de
competitividad! Lo estamos haciendo todos los días, se está cumpliendo el
compromiso todos los días, señorías.

En relación con el tema de Astander, y vamos terminando el capítulo de
astilleros, esto sí que ya es realmente asombroso, porque que se diga por
algunos grupos que no hay justificación para el tema de Astander porque
no obedece a una necesidad de ordenar el sector, así como otros
argumentos que se han dado de este tipo, nos parece sorprendente. Todos
los grupos saben o deberían saber que lo que ocurre con Astander es que
se debe cumplir un compromiso asumido con la Unión Europea. ¿Y por qué se
ha tenido que llegar a ese compromiso con la Unión Europea? Pues muy
sencillo, porque por parte de los gestores anteriores se habían
incumplido los compromisos asumidos con la Unión Europea en astilleros. Y
frente a los 180.000 millones de pesetas que hacían falta inicialmente
para el plan de astilleros, este Gobierno ha tenido que conseguir más de
300.000 millones, y los ha conseguido, pero algo ha tenido que ceder en
esa negociación.

Fíjese, señorías, que en una situación delicada para el Gobierno y
resuelta con éxito por el Gobierno mismo y por el Ministerio de
Industria, incluso en ese caso ha garantizado para Astander el
mantenimiento de los puestos de trabajo por la vía que se considere más
eficiente para ello. Ayer mismo esta Cámara aprobó mayoritariamente una
propuesta, precisamente del Grupo Popular, en ese sentido, de que sea
cual sea el compromiso que ha tenido que asumir este Gobierno con la
Unión Europea para resolver el problema conjunto de astilleros, se
garantizan los puestos de trabajo y las plantillas en el caso de
Astander. Entonces, señorías, respecto a esa ausencia de justificaciones
o esas actuaciones tan inexplicables del Gobierno, creo que todas SS. SS.

saben cuál es la razón de la situación de Astander y desgraciadamente no
es imputable en absoluto a este Gobierno, sino más bien al contrario, ha
sido capaz de resolver una situación que era realmente conflictiva y
delicada. (Rumores.)
Quisiera hacer referencia simplemente a una expresión, creo que del Grupo
de Izquierda Unida, sobre el Estatuto Vasco y la presencia en la gestión
de obras públicas. Como es mi tierra, tengo que decir que eso ya se está
haciendo. Precisamente, en el caso de las empresas públicas que operan en
el País Vasco, hay presencia en sus consejos de administración de
representantes del Gobierno vasco. Afortunadamente, como se ha reconocido
por otros grupos, tengo que decir que el Gobierno está teniendo esa
sensibilidad, esa acogida, ese criterio de participación. Saben
perfectamente SS. SS. del País Vasco que existe esa presencia en el
consejo de administración de representantes del Gobierno vasco, que no
son representantes institucionales, sino que son personas designadas por
representantes del Gobierno vasco.




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Señorías, no hay un doble rasero en cuanto a las privatizaciones, ni en
el caso de Astilleros. No es que, según quien diga una cosa en un
determinado territorio, se privatiza o no; lo ha dicho también el
ministro. Hay diferentes condiciones en cada uno de los centros. Se ha
dicho que hay sólo dos centros que están actualmente en condiciones de
poder ser privatizados, que es tanto como decir que están en condiciones
de poder ser competitivos, y son Barreras y Astander. Los demás,
desgraciadamente, aún no están en esas condiciones y lo estarán; estamos
convencidos de que lo estarán, pero no en este momento. Por tanto, no hay
un criterio discriminatorio, sino que hay un criterio absolutamente
razonable a la hora de abordar esos procesos.

Entrando ya en el tema de Babcock Wilcox, señorías, a nosotros nos
preocupa, lo mismo que a otros grupos de esta Cámara, la situación de
esta empresa, incluso más, porque también somos de Vizcaya, conocemos el
problema de la margen izquierda, el problema del desempleo que hay ahí, y
Babcock Wilcox, Productos Tubulares, Astilleros Navales, Sestao, son
empresas fundamentales para el futuro industrial de la margen izquierda y
para los puestos de trabajo de esa zona; una zona que, en los últimos
años del Gobierno socialista, fue tremendamente castigada por las
reconversiones industriales. Era una época en que la reconversión se
entendía como pérdida de capacidad, cierre de plantas y pérdidas de
empleo. Afortunadamente ahora, ese criterio de que puede ser legítimo
tener así una reconversión ha variado. Ahora la reconversión se entiende
como reindustrialización, y preocuparse de empresas como Babcock,
Astilleros o Aceralia, supone garantizar planes industriales, supone
garantizar puestos de trabajo y no tanto pensar en buscar nuevos
accionistas para cerrar plantas, sino para garantizar, precisamente, la
pervivencia de esas plantas.

Por eso hemos pedido nosotros la comparecencia del ministro para hablar
de estos temas, no sólo han sido esos grupos. Nosotros, aunque creemos
que va mejor, no ocultamos que querríamos ver despejadas algunas
incertidumbres y aprovechamos para que el ministro pueda tranquilizarnos
en ese sentido. Creemos que, aunque la cartera de pedidos de Babcock es
mejor que hace unos meses, habría que controlar eficazmente las posibles
desviaciones presupuestarias de los proyectos; a veces no sólo basta con
tener cartera, sino que hay que ser capaz de que con esa cartera se
tengan beneficios al final de proyecto, sobre todo con proyectos tan
complejos.

Nos preocupa también algo que supongo que el ministro ha tenido en
cuenta, como es el hecho de que a una empresa de esta naturaleza, estar
con el proceso de privatización abierto permanentemente no le favorece
precisamente a la hora de concurrir a adjudicaciones internacionales,
donde van grandes grupos multinacionales que algunos se permiten el lujo
de decir que Babcock no tiene importancia porque lo van a comprar ellos.

Me gustaría acortar algunos plazos y saber hasta qué punto, si se ve que
no hay ninguna posibilidad de privatizar de forma razonable, se entiende
que el proceso en un principio queda cerrado hasta tiempos mejores. Si es
posible, nos gustaría determinar eso de alguna manera.

En cuanto al tema de Productos Tubulares, de nuevo causa sorpresa por
nuestra parte, y lo ha dicho también el ministro. El Gobierno ha tratado
de cumplir un acuerdo del año 1994, un acuerdo del Gobierno central y del
Gobierno vasco para reordenar el sector de tubos en el País Vasco y en el
conjunto del Estado.

También se ha dicho por parte de algún representante de otro grupo que
estaba muy difícil porque se habían producido incumplimientos no del
Gobierno central, sino de otra de las partes; al menos, así se
interpretaba por parte del Gobierno central. A pesar de que esas
dificultades existían, señorías, al final se llegaba a un acuerdo. Habrá
que valorar si ese acuerdo es bueno para el conjunto del sector de tubos,
si es bueno para mantener la actividad industrial, si se mantienen las
plantillas y los puestos de trabajo. Nosotros pensamos que es así, eso es
lo que entiende nuestro grupo, que debe mover la actividad de esta Cámara
para ver si esos puestos y esas actividades industriales se mantienen con
este acuerdo, que se mantienen, Por tanto, si eso se ha conseguido con
dificultades, mayor mérito del Gobierno, señorías; ésa es nuestra
opinión. Lamento que en este caso los agentes económicos y sociales no
hayan tenido toda la información que ellos hubieran querido tener.

Seguramente se puede mejorar, pero insistimos, no nos parece que ése
pueda ser un motivo para calificar de preocupación al cubo una situación
que se ha resuelto muy favorablemente para la viabilidad del sector, para
la viabilidad de las plantillas y, por tanto, para la viabilidad del
tejido industrial de una zona tan castigada como la margen izquierda.

En cuanto al tema concreto de las privatizaciones en general, que también
se ha hecho alguna referencia a ellas a propósito de las declaraciones
del presidente del Gobierno den Tokyo, se ha discutido ya muchísimas
veces, tanto en Comisión como en Pleno, que las privatizaciones, por lo
menos a juicio del Gobierno y del grupo que lo apoya, el Grupo
Parlamentario Popular, no constituyen un debate ideológico en este
momento. Es algo que se está haciendo en gobiernos de partidos de centro
derecha y gobiernos de signo de centro izquierda. Todos los gobiernos del
mundo lo están haciendo, conscientes de que hay que ir aligerando al
sector público de cargas que no tiene por qué soportar y que además se
resuelven mejor en el entorno de un mercado competitivo. También hemos
dicho en muchas ocasiones que ese marco de privatizaciones no abarca
todo. Hace falta querer escuchar lo que se explica en esta Cámara
reiteradamente. Estén tranquilos, señorías, vamos a aprovechar el
espíritu navideño. El Partido Popular no va a privatizar la sanidad
pública, no va a privatizar la educación pública, no va a dinamitar los
hospitales, no va a dinamitar las carreteras, no va a quitar las
pensiones a los pensionistas, se lo reiteramos una vez más, por si no se
habían enterado. Estén tranquilos, señorías. Si yo fuera una persona que
puede hacer en esta Cámara cierto alarde hacia la demagogia, podría
decir, al albur de la intervención de algún portavoz de otro grupo, que
su preocupación porque las acciones de Aceralia hayan bajado de valor
transmite preocupación por los especuladores financieros, pero no ve, sin
embargo, que ese acuerdo de Aceralia ha sido



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positivo para evitar 2.000 despidos, que eran los previstos en el plan
anterior de Aceralia. Eso es demagogia y, por tanto, no lo diré. En
consecuencia, tranquilos, señorías, no se va a privatizar Renfe como
servicio público (Rumores), ni se va a privatizar todo lo que sea
servicio público, pero estamos hablando de tejido empresarial público y,
por tanto, los criterios que expuso el Ministerio en su día, a principio
de la legislatura, siguen siendo tan válidos ahora como entonces, y las
declaraciones del presidente del Gobierno en Tokyo siguen siendo tan
válidas y tan coherentes con esos criterios ahora como entonces.

Voy terminando, señorías, refiriéndome muy brevemente a Aceralia.

Aceralia quizás es un caso bastante paradigmático de lo que he dicho hace
un instante. Se ven todo tipo de incógnitas, se habla de que hay una
supuesta pérdida de valor de las acciones, o que no ha funcionado como se
esperaba la colocación de la privatización, y sin embargo, ahí están los
datos de la realidad: hay doce peticiones por cada acción en el tramo de
los inversores particulares; hay cuatro peticiones por cada acción en el
tramo de los inversores institucionales nacionales, y hay tres peticiones
por acción en el caso de los inversores institucionales internacionales.

Si eso es no tener éxito una colocación, pues no sabemos qué puede ser lo
que tenga éxito; el que haya doce veces más interesados en comprar una
acción que posibilidades de venderla, me parece que es una operación que
realmente está culminando con éxito. Eso desde el punto de vista de los
inversores financieros o los inversores bursátiles, si vamos al punto de
vista industrial, la conclusión no puede ser más evidente de que esa
operación ha sido un éxito, porque se ha conseguido conformar el primer
grupo europeo siderúrgico y el tercero del mundo; se ha conseguido además
comprometer una inversión de aquí al año 2002 de más de 130.000 millones
de pesetas, y se ha conseguido evitar el despido de 2.000 trabajadores,
que era lo que contemplaba el plan anterior. Se puede rizar el rizo y
querer que las turbulencias bursátiles de los últimos meses no afecten a
la cotización de Aceralia, pero no nos digan, señorías, que porque eso ha
sido así, de pronto ahora la operación de Aceralia no se ha enfocado bien
por parte del Gobierno, porque eso es simplemente faltar al sentido de la
realidad que tienen todos los integrantes de esta Cámara y creo que el
conjunto de la opinión pública.

Termino ya, señorías, presidente, con una última referencia a lo que ha
sido la intervención del ministro, en el sentido de que estando ya
próximo el fin de año, realmente hay que reconocer el enorme mérito que
tiene dar la vuelta a una situación que se recibía no con todos los
factores a favor precisamente.

Pueden surgir dificultades y estos días hay cierta contestación sindical,
muy localizada en el caso de Astilleros, con expresiones de violencia.

Agradecemos --lo vamos a decir-- las palabras del portavoz del Grupo
Socialista a la hora de rechazar y condenar ese tipo de actuaciones, en
cualquier caso creemos que no obedecen tanto a los planes en concreto que
están saliendo del Gobierno, como a una cuestión de la que quizá se ha
hecho bandera en la lucha sindical en algunos ámbitos y es que
privatizaciones equivalen a peor situación para los trabajadores de las
empresas. Creemos que se está demostrando que no es así.

Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia, gracias, señor
presidente por su generosidad con el tiempo.




El señor VICEPRESIDENTE: Concluido el trámite de portavoces, damos la
palabra al señor ministro.

Tiene la palabra, señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señorías, voy a
intentar ir respondiendo a todas las cuestiones que se han suscitado que,
como es lógico y habida cuenta la densidad de la comparecencia, han sido
muchísimas.

En cualquier caso, empezando por orden inverso a las intervenciones,
quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular su felicitación --con toda
franqueza-- y sus referencias a la situación real de nuestra industria.

Es evidente que no sería justo atribuir la situación estrictamente a una
acción del Gobierno. Como es natural, hay que hablar de un ciclo
económico industrial expansivo, que tiene su proceso, pero creo que
también han contribuido de forma decisiva a la buena situación --lo digo
con toda convicción-- muchas medidas que ha desarrollado el presente
Gobierno. Por ejemplo, las orientadas a través de una política
presupuestaria correcta a bajar los tipos de interés a niveles
históricamente desconocidos; hacer una política inflacionista a través de
la intervención en precios administrados a niveles también desconocidos
y, por tanto, procurar que los grandes equilibrios básicos y la confianza
de los mercados contribuyan a hacer ese proceso expansivo lo más largo y
lo más estable posible. Creo que todos debemos desear que eso sea así y,
desde luego, en el ámbito del sector industrial se refleja con total
claridad. El ha hecho referencia a las tasas de crecimiento de la
industria, que son realmente muy altas; hay que decir que en otros
períodos hemos tenido también tasas de crecimiento de orden asiático o,
como se decía con gracia y estoy seguro que el portavoz del Grupo Popular
lo asume también, bilbaínas porque son muy altas y espectaculares.

En cambio es novedoso que estas tasas de crecimiento, que son realmente
muy significativas, se den simultáneamente con una tasa de crecimiento de
los precios industriales muy baja. En estos momentos, en tasa interanual
estamos en el 1,3 y nuestra previsión es que, en el conjunto del año
1997, la tasa de crecimiento de los precios industriales sea del uno por
ciento, creciendo al 8 o creciendo al 7 o a la tasa que finalmente
acabemos a final de año, que parece que va a estar en términos anuales
entre el 6,5 y el 7 por ciento, probablemente es algo novedoso.

Se nos dice que nuestra industria está respondiendo bien al proceso de
expansión, que lo está haciendo sobre bases equilibradas, también desde
el punto de vista de la demanda interna. Se está recuperando el sector de
bienes de consumo igualmente de forma significativa, ya han salido los
datos del tercer trimestre y sigue habiendo un comportamiento muy
positivo del sector exterior. Yo creo que eso invalida muchas de las
opiniones que se hacen de forma catastrofista en relación a lo que puede
representar



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el proceso de globalización, que solemos decir los que no somos de
izquierdas, o el proceso de transnacionalización, que a veces se utiliza
en otros ámbitos.

Creo que decir que nos estamos quedando sin sectores productivos o
estratégicos no responde a la verdad. En realidad, nunca como ahora
nuestra industria había tenido condiciones tan competitivas y nunca como
ahora las expectativas de nuestros empresarios habían sido tan buenas
desde antes de la primera crisis del petróleo en noviembre de 1973,
pronto hará 25 años. Además, es una situación de la que todos nos debemos
congratular. El mérito no es, por supuesto, exclusivamente del Gobierno,
es de todos, principalmente de los empresarios industriales y de los
trabajadores y a ellos hay que tribuírselo; pero sin duda hay que hacer
también referencia a que el contexto, el marco en que se está moviendo la
industria parece el adecuado y en eso sí tienen que ver los poderes
públicos y en particular el Gobierno.

En cualquier caso, quiero agradecer al portavoz del Grupo Popular el
hecho de que me haya ahorrado, en buena medida, las respuestas que iba a
dar a alguna de las cuestiones que han planteado otras señorías, en
relación, por ejemplo, al tema de Astander --aunque después me referiré
más en concreto a él--, pero también en relación a alguna cuestión que se
ha suscitado sobre un eventual doble rasero. Creo que ha explicado
perfectamente lo que es un criterio racional desde el punto de vista de
la adecuación temporal del proceso a las circunstancias de cada astillero
y, por tanto, no hay ningún tipo de discriminación conceptual ni
intelectual.

Al mismo tiempo, yendo ya a cuestiones más concretas, en relación a algo
que ha sido comentado por parte de todos los portavoces, que es el tema
de la participación de los diferentes agentes económicos y sociales y de
los diferentes gobiernos autonómicos en el proceso de privatizaciones, a
partir de ahí se han hecho algunas referencias en relación a acuerdos,
por ejemplo el del Parlamento vasco que ha citado el señor González de
Txabarri, o el del Parlamento valenciano que ha citado el señor
Chiquillo.

Creo que la voluntad del Gobierno --se ha explicado desde el primer día y
hemos procurado practicarla-- es hacer las cosas en coordinación y en
colaboración con los gobiernos autónomos, en el caso del Gobierno vasco
incluso con aspectos tan concretos y de lealtad institucional mutua tan
profunda como la aplicación del plan de revitalización de la margen
izquierda del Nervión, en el que incluso recursos presupuestarios del
propio Gobierno de España están siendo administrados por una sociedad de
promoción industrial del Gobierno vasco; por tanto, me parece que es un
ejemplo magnífico de colaboración que sigue al ejemplo de colaboración
del propio plan de revitalización en el que participan el Gobierno vasco,
el Gobierno de España, la Diputación de Vizcaya y los ayuntamientos de la
margen izquierda, más o menos recorriendo casi todo el espectro político
que está presente en ese terreno.

Por consiguiente, me parece que los ejemplos están ahí y que difícilmente
se nos puede acusar. Siempre se nos puede acusar --es una crítica que
asumo, por tanto lo hago como autocrítica-- de que se puede hacer más.

Procuraremos mantener ese clima y esa orientación. Otra cuestión es que
desde el punto de vista del fuero aceptemos que la responsabilidad en
relación con la política del sector público empresarial, el sector
público industrial del Estado, debe compartirse. La responsabilidad de
esa política es del Gobierno; otra cuestión es que la aplicación de esa
política y la discusión sobre la misma, sobre sus parámetros y sobre su
ejecución concreta, cuanto más consenso recoja, cuanto más intercambio de
información y cuantas más aportaciones se reciban mucho mejor. En
cualquier caso, entiendo que eso está en la base de la oposición del
Partido Popular del País Vasco en el acuerdo a que usted hacía referencia
y, por otra parte, en relación al contenido concreto de las cosas que ahí
se dicen efectivamente ya lo estamos haciendo en la práctica. Es una
cuestión que responde a la voluntad de dejar establecido de quién es la
responsabilidad de una determinada política, que desde nuestro punto de
vista corresponde estrictamente al Gobierno.

Yendo ya a temas más concretos, se ha hecho referencia repetida a Babcock
Wilcox. En el contexto de la margen izquierda que ya he mencionado, la
verdad es que las perspectivas de la margen izquierda y la aplicación de
los acuerdos son expectativas muy buenas que están empezando a dar
frutos. Creo que también nos podemos congratular todos de ello; pero ahí
está Babcock Wilcox. He intentado hacer una descripción de cuáles eran
los puntos fuertes de Babcock Wilcox y no he puesto mucho énfasis en los
puntos débiles, tengo que reconocerlo; supongo que no hace falta que
explique por qué he puesto más énfasis en los puntos fuertes.

Hay que decir que Babcock Wilcox tiene no ya tanto como antes se decía un
problema de socio tecnológico; fundamentalmente, en estos momentos tiene
un problema de dimensión. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese sector de
bienes de equipo y, además, con la especialización que tiene Babcock
Wilcox, el mercado de referencia es evidentemente el mercado mundial.

Antes hemos hecho referencia a algunos pedidos que estaban poniéndose en
marcha y hemos hablado de Santo Domingo, se puede hablar de China, se
puede hablar de países a lo largo y ancho del planeta. Por tanto, hace
falta que se dimensione toda la plantilla y la empresa en virtud de una
determinada especialización y orientado, por tanto, a ese horizonte. La
duda fundamental es si Babcock Wilcox con su actual estructura y
capacidad de comercialización tiene dimensión suficiente. Yo no diría
tanto que debamos seguir pensando sólo en reestructurar; hay que pensar,
sobre todo, en una reorientación de la gestión hacia una mayor presencia
internacional. El señor González de Txabarri ha hecho referencia a si a
partir de ahí existía confianza en la gestión de la empresa. Tengo que
decirle, voy a ser así de escueto y usted me entenderá, que mientras un
presidente está al frente de una compañía es que tiene la confianza de su
accionista.

Otro tema relacionado con esto es el proceso de privatización. Creo que
tiene toda la razón el señor Peón cuando dice que este proceso no se
puede tener abierto indefinidamente. La verdad es que está más abierto en
la imagen que en la realidad. Hace mucho tiempo que se está hablando de
la conveniencia de proceder a la privatización de Babcock



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Wilcox; ha hablado el Gobierno, ha hablado el Gobierno vasco, han hablado
los sindicatos muy a menudo, también ha hablado la opinión pública en
general y da la impresión de que éste es un tema recurrente. La realidad
es que, de hecho, no se ha abierto formalmente el proceso de
privatización hasta hace muy poco con el procedimiento de selección de
las empresas constructoras que tienen que ir orientando quienes puedan
ser accionistas de la compañía.

Probablemente, esta confusión existente, no del portavoz sino de la
situación, viene de que en los medios de comunicación, y además en algún
momento han hecho llegar esa voluntad al Gobierno, han aparecido diversos
candidatos para tener una presencia accionarial mayoritaria en Babcock
Wilcox, una compañía noruega que además tiene ya intervención en otra
compañía de bienes de equipo del País Vasco; me refiero, por una parte a
Kwarner y por otra a Mecánica de la Peña y también por parte de la
compañía Duro Felguera, domiciliada en Asturias. Tengo que decir que
hasta el momento el Gobierno no ha recibido ningún planteamiento que ni
tan siquiera remotamente pueda parecerse a algo que podamos denominar
oferta. Ahora se ha abierto el proceso y vamos a intentar acelerarlo como
es natural. Sí le digo que dada la situación y las características
específicas de Babcock Wilcox, intentaremos cerrar este proceso cuanto
antes, ya sea tomando una decisión hacia la privatización que sea
decidida y asegure el futuro de Babcock Wilcox, ya sea cerrando este tema
y aplicándonos como accionistas a asegurar el futuro de Babcock Wilcox y
dejar la eventual privatización para un momento que pueda considerarse
más adecuado. No es, por tanto, de nuevo una aproximación ideológica al
tema ni hay una voluntad privatizadora pase lo que pase, sino que el
criterio prioritario es asegurar el futuro de la empresa y también, si se
puede, su empleo. No sé si respecto a Babcock Wilcox me he dejado alguna
cosa que haya planteado otro portavoz, si es así, recuperaré esta
cuestión.

El señor Chillido me ha pedido claridad. Yo creo que hemos explicado con
mucha claridad el contenido de los acuerdos a los que se ha llegado entre
Usinor, Arbed, la propia SEPI en relación a Sidmed y Galmed y el tema es
tan sencillo como lo siguiente. Hasta ahora, como ya he dicho, son
compañías que funcionaban a maquila en las que también participaba
Thyssen y ahora se trata de que, una vez solucionadas las necesidades de
Thyssen en relación a este proceso de maquila, la mayoría de la
estructura industrial actualmente existente pasa a ser de Aceralia y el
socio minoritario pasa a ser Usinor, cuando hasta ahora los tres eran
minoritarios, incluso Thyssen.

En relación al proyecto nuevo la mayoría la va a tener Usinor, 51 por
ciento, y el resto va a ser propiedad de Aceralia. A partir de ahí y
respecto a los plazos, a los puestos de trabajo a crear es algo que
responde al planteamiento que hagan las empresas, y nos debemos ir
acostumbrando a eso. La información de que disponemos es que, en función
de las condiciones del mercado, la planta se puede empezar a construir
hacia finales del año que viene o principios del próximo.

Sobre colisión de intereses con lo que está planteando Aceralia y Arbed
con la planta de Avilés, creo que he sido muy rotundo en ese sentido.

Todas las partes implicadas han dado garantías de que no hay colisión de
intereses, y en cuanto a si es posible --como planteaba el señor
Santiso-- que se empezaran simultáneamente para evitar incertidumbres, le
tengo que decir que a mí me gustaría que eso se pudiera producir así,
porque todos nos quedaríamos más tranquilos, y, si no es así, cuanto más
coincidentes puedan ser en el tiempo, mejor. Estamos intentando que sea
así, pero en cualquier caso es un plan. Tenemos que tener en cuenta que
la planta de galvanizados de Avilés es una parte más de un programa de
inversiones muchísimo más ambicioso que supera los 150.000 millones, y
hay que dejar que las cosas se hagan no solamente con la racionalidad que
deriva de los deseos sino con la racionalidad que deriva de un
planteamiento industrial y empresarial serio.

Por tanto, a partir de ahí, garantías de los puestos de trabajo: las que
se pueden dar en el marco de un plan industrial, y ésa es la voluntad de
todas las partes que han participado. Aceralia-Arbed se ha comprometido a
mantener los planes de inversión que estaban previstos antes de la
entrada de Arbed para las plantas de la antigua CSI de la Comunidad
Valenciana, con independencia de la planta de galvanizado, que es una
inversión estrictamente adicional y que, por tanto, no tiene por qué
afectar a este esquema.

En relación a la intervención del señor Rodríguez, decirle que sí le
deseo buenas fiestas. Yo sí se las deseo. (El señor Rodríguez Sánchez: Lo
dije en buen plan. Le felicito las fiestas y lo que haga falta.)
Muchísimas gracias, ya lo sé. Por supuesto, así lo he interpretado, pero
sí le diré --y toco madera porque con estas cosas nunca se sabe-- que no
me suelen afectar las jaquecas ni los insomnios. ¿Por qué? Porque uno
siempre tiene que ser autocrítico y pensar que muchas cosas que hace son
mejorables, pero le aseguro que las hacemos con buena voluntad y con los
mejores deseos, y cuando las cosas se hacen así uno va bastante tranquilo
por la vida.

Intentar construir una argumentación en base a que no se pueden aceptar
las directivas de la Unión Europea o que no se entiende por qué se firmó
en su día el Plan estratégico de competitividad o por qué determinados
sindicatos han firmado un convenio, ésa es una posición absolutamente
respetable pero que no se puede compartir desde la responsabilidad de un
Gobierno. Un Gobierno está para respetar las cosas que están firmadas,
los compromisos y las obligaciones existentes, que deben ser sagradas y
cumplidas.

Respecto al tema de Astano ha planteado usted algo que efectivamente
merece atención, y es si Astano se va a concentrar en las llamadas
plataformas off shore, básicamente fijas, o si puede volver a hacer todo
tipo de artefactos de extracción petrolífera, de extracción de gas
natural o cualquier tipo de extracción marina, conocidos, porque tienen
cierta movilidad como FPSO. Lo único que no va poder hacer Astano, porque
es un compromiso vigente desde hace diez años prorrogado por diez años
más, son barcos convencionales. No estoy en condiciones de afirmarlo con
total rotundidad porque no he recibido todavía la notificación
correspondiente de la Comisión Europea, pero como he dicho al principio
de mi intervención tengo expectativas



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muy positivas y con un grado de probabilidad altísimo en cuanto a que
Astano pueda hacer todo tipo de plataformas que incluyan también aquellas
que tienen un grado de movilidad alto, que hasta ahora le estaban vedadas
o por lo menos era discutible que pudiera hacer. Eso implica que, además,
se puedan aplicar a Astano todos los apoyos que puedan tener otros
astilleros europeos que se dediquen a hacer el mismo tipo de producciones
y que, asimismo, pueda hacer lo que en el argot de la construcción naval
se llama el machine respecto a astilleros no europeos, es decir que pueda
llegar a igualar las condiciones que desde el punto de vista de los
apoyos tengan otros astilleros que fuera de la comunidad puedan estar
ofreciendo.

Eso liga con el nuevo esquema que estamos planteando para las ayudas a la
construcción naval. Tengo que decir, señor Hernández Moltó, que he
revisado mis papeles (exactamente no puedo decirle cuántos minutos le he
dedicado a este tema, pero sí unos cuantos porque me parece que respecto
a esta cuestión tengo como tres páginas en mis notas) y lo cierto es que
es una explicación que está inscrita en una valoración de lo que ha sido
el actual sistema de primas a la construcción naval. Estos datos se han
repetido y me parecen muy pertinentes.

El resultado práctico que ha tenido el actual sistema de apoyo a la
construcción naval, que es un apoyo, como usted bien decía, a la oferta y
no a la demanda, es que, aparte de los problemas de la globalización o de
la transnacionalización, es un esquema que no ha impedido --no digo que
haya provocado, pero desde luego no ha impedido-- que, en lugar del
millón de toneladas de registro bruto que producíamos hace diez años,
ahora estemos en un 35 por ciento, una tercera parte, o que hayamos
pasado de más de 40.000 trabajadores a 10.000, o algo que es todavía más
grave y que hemos tenido ocasión a veces de comentar privadamente con el
señor Rodríguez, y es que ha desaparecido prácticamente la marina
mercante española.

Lo que está planteando el Gobierno no es suprimir el sistema de ayudas a
la construcción naval, como en algún momento me ha parecido escuchar, no
aquí pero sí fuera de aquí, sino sustituir este esquema, que en cualquier
caso ha posibilitado estos resultados, por otro esquema de apoyo no a la
oferta sino a la demanda, a través de unas garantías y de utilización de
recursos, incluidos ciertos planteamientos de diferimiento fiscal que,
desde el punto de vista de sus efectos, creemos que pueden ser más
beneficiosos que el sistema actual de primas a la construcción naval. Eso
va en la línea de los trabajos que está haciendo ya la Comisión Europea
para sustituir lo que contiene su actual séptima directiva; entendemos
que avanzamos en ese proceso, que va a ir acompañado también de un
programa de apoyo para la reconstrucción de una flota de marina mercante
española, y eso orienta las ayudas no tanto al astillero en sí, sino a
que los armadores tengan interés en que sus barcos se construyan en
astilleros españoles.

Ya he hecho una relación de las medidas, se la puedo repetir o si quiere
se la puedo proporcionar, pero en cualquier caso sepa que responde a este
planteamiento, y aprovecho también para contestar a este tema que ha ido
saliendo reiteradamente.

En relación a Barreras, siempre se puede discutir si el precio es bajo o
es alto. En cuanto a darle una especial legitimidad social porque el
equipo directivo se queda con una parte, yo creo que es al revés. Cuando
el equipo directivo de una empresa es capaz de poner dinero y de asumir
--estamos viendo estos días lo que cuesta-- lo que representa el proceso
de privatización, es porque cree en el futuro de esa compañía; eso es un
activo impresionante y hay que agradecerles ese grado de compromiso,
porque me parece que no le da legitimidad social, sino un gran margen de
confianza en el futuro, ya que ellos mismos son los primeros convencidos
de que la empresa se puede llevar hacia delante.

Usted planteaba la posibilidad de que se hiciera cargo algún tipo de
empresa mixta con la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia se ha
manifestado de forma muy clara y muy rotunda en relación a que apoya el
proceso de privatización y a que no forma parte de su política, al igual
que no forma parte de la política del Gobierno tomar participaciones en
empresas industriales. Por tanto, es un tema suficientemente conocido y
sobre el cual tampoco creo que valga la pena insistir.

Señor González de Txabarri, yo creo que muchas de las cosas planteadas
por usted ya las hemos ido comentando, pero intentaré repasar para no
olvidarme de ninguna. Me hablaba del calendario de privatizaciones de
Babcock. Ya lo he dicho, se acaba de abrir hace muy poco, creo que lo he
mencionado en ni intervención inicial, así como mi opinión en lo que se
refiere a la actual dirección.

También ha hablado del acuerdo del Parlamento Vasco y de alguna cosa
concreta en cuanto a las inversiones de Aceralia en la ACB. Me tendrá que
perdonar, no tengo la cifra exacta en la cabeza, pero el resultado es
algo más que duplicar la actual capacidad de producción. Lo que lamento
es no recordar exactamente la cantidad de pesetas que eso implica.

En cuanto a por qué Sestao no apoya el convenio, todos nos lo debemos
preguntar. Probablemente porque la composición sindical del comité de
Sestao no es la habitual en el resto de centros, pero yo creo que entre
todos debemos hacer un esfuerzo para que se vaya aplicando el convenio, y
no porque queramos imponerlo ni porque pensemos que hay que hacer un
ejercicio de autoridad, aunque a veces también hay que hacer ejercicios
de autoridad, sino fundamentalmente porque pensamos que el convenio
introduce un nuevo esquema de relaciones laborales que está permitiendo
que los astilleros españoles públicos en estos momentos estén haciendo
frente a la mayor carga de trabajo que han tenido en toda su historia, y
lo estén haciendo de forma adecuada. Eso es lo que nos permite pensar que
en el año 1998, si todo sigue como hasta ahora, y con la incógnita de
Astano que hemos mencionado repetidamente, el resto de astilleros,
incluido el conjunto de la división, va a tener resultados positivos, no
para estar especialmente satisfechos, pero sí para pensar que la
situación se puede encarrilar de una forma correcta.

Otra cosa es lo que va a suceder en este año 1997, y antes creo que el
señor Navas se refería a que ha habido un cambio de previsiones en cuanto
a las pérdidas --y es verdad--



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antes de empezar a aplicar el PEC y, por tanto, antes de firmar el
convenio y de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, que tenía
bloqueadas esas ayudas. Es cierto que había unas previsiones de 5.000, y
nosotros, ya desde el primer momento, elevamos esas previsiones a 18.000,
si no recuerdo mal, y al final se va a perder algo menos, es decir, los
resultados van a ser algo mejores que los de la previsión, y nos permiten
decir, a su vez, que para el año 1998 prácticamente va a haber un
equilibrio o cifras ligeramente positivas.

Tengo que hacer una referencia muy concreta a algo que se dice que vamos
poniendo vallas al proceso de privatización, y eso hace las cosas a veces
lentas. A nosotros nos gustaría que se pudieran resolver con mayor
rapidez, pero es que tenemos obsesión garantista, somos gentes muy
garantista que queremos que se pasen todos los filtros necesarios y con
los tiempos suficientes para que, efectivamente, las cosas se hagan
suficientemente bien. Por tanto, ésa es una contradicción que muchas
veces nos resulta difícil de superar.

Yendo a la intervención del señor Santiso, creo que también le he ido
contestando en lo que se refiere a la planta galvanizada en Avilés.

Respecto al proceso de venta, que puede representar la pérdida de
confianza en la capacidad de futuro de nuestra siderurgia, yo creo que es
precisamente lo contrario. Porque confiamos en el futuro de nuestra
siderurgia hemos puesto en marcha todo el proceso. Creo que no es exacto
decir que REE es mucho más pequeño que CSI; no es así, más bien al
contrario. Y creo una vez más que conviene insistir en que REE no es una
empresa pública. Tiene una participación del Gran Ducado de Luxemburgo,
pero no es una empresa pública.

Ha hecho usted una referencia de pasada, que, como me afecta
indirectamente en lo personal, se lo voy a comentar para que no quede
simplemente en el «Diario de Sesiones». Es respecto a la Unión Española
de Explosivos y al accionista que tomó su mayoría en un momento anterior
de la historia. Yo las referencias que tengo es que este accionista está
respondiendo a todos sus compromisos y que todo el mundo, también los
trabajadores de la Unión Española de Explosivos, está haciendo un enorme
esfuerzo para hacer frente a lo que ha sido un cambio muy radical de un
mercado que era prácticamente un monopolio a un mercado que hoy es muy
competitivo y, por tanto, únicamente merece resultados positivos.

Le ruego que le transmita al señor Navas, que entiendo que se ha tenido
que ir por razones de fuerza mayor, algunos comentarios que voy a hacer
en cuanto a temas que ha suscitado.

Es verdad, tengo que disculparme, que al hacer la relación no hablé de
Juliana. Tengo que decir que, en el tema Juliana, para los años 1998 y
1999 está prácticamente asegurada la carga de trabajo y que los
resultados son ligeramente positivos.

En relación a Productos Tubulares, que ha sido objeto de una parte larga
de la intervención del señor Navas, la verdad es que le hemos contestado
a muchísimas preguntas. Es nuestra opinión que se han contestado
debidamente y que responden a muchas de las cuestiones que hoy ha vuelto
a reiterar. Es cierto que queda pendiente, me informan, una contestación
sobre los 1.500 millones de pesetas desembolsados por la SEPI, pero
estamos en plazo reglamentario, y me comentan que tendrá contestación en
tiempo debido. De hecho, los problemas que existían en Productos
Tubulares ya se han mencionado. Se estuvo dos años sin avanzar
prácticamente, y cuando afrontamos este tema ya estábamos entrando
prácticamente en el tercer año de unos acuerdos en los que no se está
yendo muy rápido, cuesta, había discrepancias, problemas de carácter
técnico de todo tipo --antes se preguntaba qué tipo de diferencias
había-- pero lo importante, al final, es que esas diferencias se han
resuelto.

Este ha sido otro clarísimo ejemplo de colaboración entre instituciones
y, por tanto, con una participación muy activa del Gobierno vasco, que
cuando se hace no nos tiene que parecer mal, no tenemos que decir que
presiona demasiado, porque cuando no se hace nos parece mal porque no
interviene; se trata de que intervengan en la medida necesaria para que
al final las cosas salgan bien. Esto ha salido bien y muy pronto vamos a
poderlo completar. Efectivamente, falta la valla del Consejo Consultivo
de Privatizaciones, pero entró el pasado mes de noviembre, y espero que a
lo largo del primer trimestre del año que viene podamos tener el acuerdo
del Consejo de Ministros, espero, porque eso no depende exclusivamente de
mi responsabilidad.

Hay una cosa que no puedo dejar pasar, porque el señor Navas ha hecho
referencia a ella en un par de ocasiones, y en otra ya con expresión
distinta. Ha dicho que el sector naval era algo así como el desgraciado
de todo este tema, que era el patito feo. Desde luego, el sector naval ha
tenido la evolución que ha tenido, y desde ese punto de vista no es
exagerado calificarla de desgraciada, pero que no haya merecido atención
no es cierto. En los últimos diez años ha recibido un billón de pesetas.

Ya estarían contentos los patitos feos de recibir esta sensibilidad y
este apoyo por parte del conjunto de los contribuyentes. Por
consiguiente, creo que no es una expresión que se pueda utilizar de forma
seria.

Como tampoco se puede decir que las privatizaciones incumplan el PEC.

Esto lo ha dicho el señor Navas en una ocasión y lo dicen los sindicatos
de vez en cuando. Tengo que decir que me he vuelto a releer el PEC estos
días para ver si se me había pasado alguna cosa,y el PEC no habla para
nada de la titularidad de los astilleros. Es verdad que en su momento, en
la primera redacción inicial que hizo el Gobierno anterior, se mencionaba
explícitamente la privatización de algunos astilleros, y en virtud del
proceso de privatización se quitó esa referencia, pero no se introduce
una nueva referencia en el sentido de que, efectivamente, tengan que
permanecer en titularidad pública. Hablaba de las cifras del año 1996 y
de los retrasos. Por eso tuvimos que conseguir de la Comisión Europea que
en lugar de los 180.000 millones de pesetas que estaban comprometidos, al
final fueran 300 y pico mil, casi el doble, precisamente tuvimos que
convencer a la Unión Europea de que nos dejara que los intereses de
demora que permitían recomponer la situación patrimonial de los
astilleros se pudieran ejecutar.

Haciendo ya referencia a la intervención del señor Hernández Moltó, me
disculpará --y todos los miembros de la



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Comisión lo entenderán yprobablementelo agradezcan--, pero ha planteado
cinco o seis temas que merecen una nueva comparecencia. Tengo que decir
que soy consciente de que siempre que se produce una comparecencia se
dice: usted debe comparecer más, comparece poco. Probablemente siempre se
puede comparecer más, pero mi última presencia no es de hace muchos
meses, fue a finales del mes de septiembre, y con la comparecencia de hoy
no queda absolutamente ninguna petición ni ninguna pregunta pendiente en
lo que se refiere al ministro de Industria y Energía. (El señor González
de Txabarri Miranda: No les anime.) Como él ha anticipado ya el tema de
SBB, habrá que hablar de SBB por supuesto; habrá que hablar también de
Sodicaman, que es un tema curioso y, por supuesto, del carbón y de CASA.

En este punto tengo que decirle algo que me parece pertinente, y es que
no comparemos lo que es el Consejo de Ministros de Airbus, que se reúne
con regularidad y acoge a todos los países que participan en ese
consorcio, y las reuniones de los presidentes de las compañías, con lo
que es un planteamiento de política aeronáutica que incluye no sólo
Airbus, sino también los planteamientos de la aeronáutica militar hechos
por los máximos responsables de los gobiernos de tres países de la Unión
Europea. Nosotros tenemos que decir, desde el punto de vista del Gobierno
español, que como pronunciamiento general nos parece un pronunciamiento
interesante, nos parece un planteamiento que podemos compartir, pero su
virtualidad depende de la concreción que eso tenga después de acuerdo con
nuestros intereses. Por tanto, el avance en esa dirección tendrá que
pasar necesariamente por la decisión que se tome respecto al futuro del
consorcio Airbus y otros proyectos de carácter militar en otros ámbitos,
en los que además participan países distintos, en unos casos está
Francia, en otros está Italia y en otros viceversa.

No sólo he leído la conferencia del profesor Barea, sino que estuve
presente. Se produjo hace tres días, con ocasión de su entrada como
académico de honor de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y, por
tanto, le escuché detenidamente. Tengo que decir que el señor Barea es un
hombre muy exigente y así debe ser. Es un hombre muy riguroso, de una
grandísima formación intelectual y al que siempre hay que escuchar con
atención. Sin embargo, la impresión general que saqué de su conferencia
es que, por primera vez, se está haciendo una política presupuestaria
seria, rigurosa y disciplinada. Obviamente, siempre se puede
perfeccionar, como todo en la vida, pero en cualquier caso la valoración
fue tranquilizadora de las conciencias. Por consiguiente, no hay que
sacar las frases de contexto y hay que leerlas todas.

En relación a las declaraciones del presidente del Gobierno en Tokio y al
proceso de privatizaciones, no se está diciendo nada nuevo. El acuerdo
del Consejo de Ministros, del 26 de junio si no recuerdo mal, no sólo ha
sido publicado, sino debatido en esta Comisión y en el Pleno del Congreso
en reiteradas ocasiones. Ahí se dice, y también en el decreto-ley que
unifica la SEPI con la Agencia Industrial del Estado a través de la
absorción de ésta por parte de la SEPI, que la política del Gobierno en
relación al sector público industrial es una política tendente a la
privatización del mismo, que tiene en estos momentos un planteamiento
temporal que es el de la legislatura. En ese planteamiento temporal de la
legislatura no hemos llegado todavía al ecuador de la misma y se va a ir
aplicando en función de las circunstancias y en función de la convicción
de que para cada empresa se tiene un planteamiento industrial y
societario serio que asegure su futuro. En ese contexto, el objetivo es
el ámbito industrial, por tanto, no hay ninguna referencia a otros
aspectos, como el que usted ha mencionado y también lo ha hecho el señor
Peón, puede ser Renfe u otro tipo de servicios públicos, que van a seguir
siendo prestados por el Estado. Se hace referencia exclusivamente al
ámbito industrial, se ha hablado de que el sector del carbón va a seguir
en manos públicas y en algunas ocasiones he mencionado también que
eventualmente empresas del sector de defensa, pero el horizonte es que se
pueda ir procediendo a la privatización. No sabemos si eso va a ser
posible porque no depende sólo de la voluntad política, sino de las
circunstancias concretas de cada empresa, de la situación de los mercados
y de la convicción de que la privatización es útil para asegurar el
futuro de la compañía, porque si no tenemos esa convicción no se va a
privatizar.

Respecto a Aceralia, ha hecho usted referencia, y algún otro portavoz, a
la volatilidad de la acción, al hecho de que se hayan vendido muchas
acciones durante los primeros días, a la evolución de la cotización,
etcétera. La información de la que dispongo, proporcionada por los
coordinadores globales de la operación, es que además de haber sido un
éxito rotundo la colocación --no hace falta insistir sobre eso--, los
primeros días se produce esa volatilidad y no ha habido nada excepcional
en lo que está sucediendo. Referente a la cotización, ya veremos. Ha
pasado apenas una semana desde su inicio y hacer previsiones sobre este
tipo de cosas puede llevarnos a decir algo así como que cada vez que
anuncia el ministro de Industria una venta, las acciones bajan, y cada
vez que anuncia una compra, las acciones suben. Recuerdo esta frase,
aunque no es del señor Hernández Moltó. Tengo que decirle que la realidad
de los mercados es justo la contraria, y la evolución de las cotizaciones
de las acciones de las empresas que han sido vendidas a través de ofertas
públicas de ventas ha sido una evolución muy positiva desde el pasado mes
de mayo de 1996. Por tanto, es mejor darle tiempo al tiempo y ver un
proceso largo antes de dar una opinión precipitada que se puede volver
contra el que la menciona.

Institucional y personalmente, aunque ya lo ha hecho el portavoz del
Grupo Popular, debo agradecerle al portavoz del Grupo Socialista la
referencia que ha hecho a los actos de violencia. Cualquier planteamiento
que refleje la inquietud respecto a una determinada situación que se
mueva dentro de la legalidad y del ámbito constitucional es absolutamente
legítimo y respetable, y hay que defender que se pueda producir en estos
términos. Sin embargo, el que se sobrepasen determinados límites, y desde
luego la aplicación de la violencia lo hace, debe merecer la condena de
todos, a la que yo me sumo. Una tensión de estas características, con
utilización de la violencia, no está justificada



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cuando se está garantizando que no hay inquietud alguna respecto a la
continuidad de los puestos de trabajo sino todo lo contrario, que se van
a hacer inversiones, que hay unos compromisos serios de ampliación de
capital y que hay un grupo empresarial que merece todos los respetos.

Apoyar ese tipo de situaciones sólo en el cambio de titularidad de las
acciones, que son las que determinan la propiedad en la empresa, me
parece algo absolutamente excesivo. En cualquier caso, espero que las
cosas se reconduzcan, espero que poco a poco se vaya entendiendo que la
política del Gobierno, como se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de
la siderurgia, va clarísimamente orientada a darle un contenido
industrial a sus decisiones, un contenido de garantía del empleo, que no
tiene nada que ver con otras decisiones pretendidamente arbitrarias o
cortoplacistas.

Los proyectos industriales, en este caso tanto de Barreras como de
Astander, como de SBB en el momento en que se plantee, han sido no sólo
explicadas a los gobiernos autónomos y a los sindicatos, sino incluso a
los comités de empresa, por lo que no se puede hablar de desconocimiento.

Seguramente tenemos asimetrías en la información, pero, en concreto, la
persona del ministro de Industria se reúne tan a menudo con los
sindicatos, esas reuniones han tomado un carácter tan regular, que se han
convertido en rutinarias y casi ni constituyen noticia. Sin embargo,
repito, hay reuniones muy a menudo y un intercambio de información que
creo que es sincero, franco y enormemente útil; normalmente hay
discrepancias, como no puede ser de otra forma, en particular respecto a
la formulación de la política del sector público por parte del Gobierno y
la voluntad de privatización, pero finalmente también hay territorios de
encuentro respecto a lo que tiene que ser el contenido industrial de las
cosas.

Quisiera recordar --muchas de SS. SS. dispondrán de ello-- un documento
que presentaron conjuntamente las federaciones del metal de Comisiones y
UGT en relación a los objetivos a perseguir para el futuro de la
Corporación Siderúrgica, y de los diez puntos --creo recordar-- que
contenía dicho documento, excepto el primero, que era el que establecía
la necesidad de que se mantuviera la siderurgia bajo control público,
todos los demás, que eran de contenido industrial y de empleo,
prácticamente han sido asumidos en el proceso de ratificación. Creo que
éste es el terreno en el que a todos nos interesa el debate; en ese
terreno todos podemos y tenemos muchas cosas que aportar, y vuelvo a
reiterar mi apertura, la de todo el Ministerio y la de la SEPI, a
mantener este tipo de diálogo en lo que sea necesario, en el bien
entendido de que debe ser compatible, como es natural, con la ejecución
de la política que ha determinado el Gobierno respecto al sector público,
de forma completamente conocida.

No quisiera acabar sin hacer una mención al sector textil. No dispongo
ahora y aquí de la información que ha pedido el señor Hernández Moltó,
pero en relación a los criterios del Plan Retex puedo decir que se
prorroga de 1997 a 1999, por lo que ahí queda un marco que está aceptado
a nivel comunitario y que nos permite seguir prestando apoyo al sector
hasta finales de este siglo. Cuando dispongamos de la información de su
aplicación en 1997 con mucho gusto se la remitiré.

En relación a la distribución territorial, quiero decirle que, respecto a
la prórroga, tengo aquí la información de las provincias a las cuales
puede favorecer la aplicación del plan, aunque no tengo la distribución
numérica, que supongo que es lo que interesa fundamentalmente, pero se la
haré llegar tan pronto disponga de ella.

Quiero reiterar algo que ya he dicho en mi intervención. Creo que a pesar
de los problemas que han ido aquejando al sector textil en los últimos
años y que han supuesto una enorme pérdida de empleo, que antes
cuantificábamos, en estos momentos hay motivo para la esperanza. En el
año 1997 es la primera vez en muchos años que el sector textil español
crea empleo neto, en torno a un 5 por ciento. Me parece que ésa es una
magnífica noticia. Creo que hay que perseverar en lo que se está haciendo
y en lo que están haciendo los empresarios del sector, que cada día
orientan más su actuación hacia la diferenciación del producto y cada vez
menos al coste del mismo en términos de intensidad del factor trabajo o
en otros términos, lo que está haciendo que ese sector, aunque ya no
tiene el peso que tuvo en su momento en nuestra estructura productiva,
pueda sobrevivir perfectamente sin que, como algunas veces ha sucedido en
nuestra historia, alguien desde su despacho dijera que el sector textil
en España no tenía futuro, o como alguien desde otro sitio dijo hace
muchos años que el sector de la construcción naval no tenía futuro. Creo
que todos los sectores industriales pueden tener futuro si se adaptan, lo
que quiere decir que tienen que estar permanentemente atentos a hacer
todo lo necesario para ir encontrando los segmentos de mercado y los
niveles de especialización adecuados, porque, desde nuestro punto de
vista, nunca más vamos a poder ser competitivos en base a lo que lo
fuimos en los años sesenta, los bajos salarios. Afortunadamente, esta
situación no va a volver; tenemos salarios dignos, que además están
creciendo en términos de poder adquisitivo, que son compatibles con la
necesaria moderación salarial y que hacen que nuestras empresas se
concentren más cada día en todo lo que afecta a la diferenciación del
producto y otros costes, pues saben que es el único camino para poder
sobrevivir en el mercado global, cosa que todos deseamos.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su
exhaustivas y espero que clarificadoras explicaciones. Gracias también a
todos los portavoces, que, aunque han superado ampliamente los tiempos,
esta Presidencia ha entendido que la complejidad y amplitud de las
diferentes comparecencias, al ser tramitadas conjuntamente, exigían una
mayor flexibilidad. Espero que hayan entendido mis llamadas a la brevedad
en aras de cumplir un horario.

Quiero agradecer nuevamente al señor ministro su comparecencia y, en
nombre de la Comisión, desearle una muy feliz Navidad y todo lo mejor
para el año 1998.

Señorías, se levanta la sesión.




Eran las ocho de la tarde.