Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 362, de 18/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 362
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE CRUZ PEREZ LAPAZARAN
Sesión núm. 23
celebrada el jueves, 18 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre el Plan de regionalización productiva en España para el sector de
cultivos herbáceos, durante la campaña 1997/98. Presentada por el Grupo
Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000779) (Página 10664)
--Sobre financiación de la política agraria de la Unión Europea.
Presentada por el Grupo Popular en el Congreso (Número de expediente
161/000778) (Página 10668)
--Sobre la inclusión del almendro dentro del Plan nacional de seguros
agrarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) (Número de expediente 161/000722) (Página 10673)
Debate y, en su caso, aprobación del informe elaborado por la Subcomisión
para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector
vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura (Número de
expediente 154/000015) (Página 10676)
Se abre la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les quisiera comunicar cómo se va a
proceder a las votaciones y cuál va a ser el orden del día.
Empezaremos con el debate única y exclusivamente de las tres
proposiciones no de ley. Las votaciones de estas tres proposiciones no de
ley se realizarán a partir de las cuatro y media. Es decir, que antes de
las cuatro y media no habrá ninguna votación.
Una vez votadas las tres proposiciones no de ley iniciaremos el debate
sobre el informe para las reformas necesarias para modernizar el sector
vitivinícola español y, a partir de las intervenciones de todos los
portavoces, se procederá a la votación de este primer punto del orden del
día.
Por tanto, señorías, iniciamos el orden del día y si quieren se lo
repito. Votaciones de las tres proposiciones no de ley a partir de las
cuatro y media, y después de estas votaciones iniciaremos el debate y
votación del estudio para la reforma del sector vinícola español.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE EL PLAN DE REGIONALIZACION PRODUCTIVA EN ESPAÑA PARA EL SECTOR DE
CULTIVOS HERBACEOS, DURANTE LA CAMPAÑA 1997/98. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000779).
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos con la primera proposición no
de ley sobre el Plan de regionalización productiva de España para el
sector de cultivos herbáceos durante la campaña 1997-1998.
Para la presentación, tiene la palabra el portavoz del grupo autor de la
iniciativa, Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Lo primero que debo hacer es lamentar que una
iniciativa que pensamos que tenía una rabiosa actualidad en mayo, que es
cuando la presentamos, tenga que verse en diciembre del mismo año,
aunque, por desgracia, vuelve a tener otra vez una cierta rabiosa
actualidad, ya que creo que el Gobierno se equivocó con las medidas que
tomó en el sector de cultivos herbáceos, y me parece que ha vuelto a
equivocarse ahora con otras que ha tomado recientemente.
No es la primera vez en este Parlamento que hablamos de los cereales, de
las oleaginosas, de las proteaginosas y del lino no textil, porque este
sector de los cultivos herbáceos es un sector que tiene una importancia
enorme no solamente en la Unión Europea sino, en concreto, en nuestro
país. Las ayudas que se obtienen a través de la política agraria
comunitaria constituyen el 30 por ciento, aproximadamente, de la renta
agraria en nuestro país, por tanto, contribuyen de manera decisiva a
mantener el nivel de esa renta.
El Gobierno socialista evitó, negociando con la Comisión Europea, las
penalizaciones que se podían haber producido, precisamente por entender
que este sector tiene una primordial importancia para mantener las rentas
en el sector agrario. Para evitar las penalizaciones y para corregir los
desajustes que contiene el vigente Plan de regionalización productiva de
España, se han producido no solamente actuaciones del anterior Gobierno
socialista, sino también actuaciones del Grupo Socialista y de otros
grupos con varias iniciativas que se han debatido, tanto en el Congreso
como en el Senado.
Nosotros empezamos, por tanto, por dejar meridianamente claro que el Plan
de regionalización productiva que se aprobó en el año 1994, a lo largo de
los tres años de vigencia del mismo la experiencia ha demostrado que
tiene desajustes que hay que corregir y errores estadísticos que se
produjeron entonces. Por eso hemos tomado varias iniciativas como grupo,
y las tomó el Gobierno socialista con anterioridad.
Además, el Gobierno anterior arrancó de la Comisión un compromiso de
modificar el Reglamento 1.765, de 1992, y ese compromiso lo adquieren con
el Consejo de Ministros de septiembre de 1995. En ese compromiso que la
Comisión quedó en cumplir estaba el germen de lo que era necesario hacer,
es decir, la reforma del plan de regionalización productiva de España.
Tras alcanzar ese compromiso, llegó el Gobierno del Partido Popular, y
esto me recuerda una canción que dice: «Y en eso llegó Fidel.» Aquí no
llegó Fidel, aquí llegó José María Aznar y el Gobierno del Partido
Popular, y comenzamos a experimentar la firmeza del PP en Europa. Esta
firmeza del PP en Europa nos llevó a que diéramos --la ministra, claro--
fresas al ministro francés, a que fuéramos complacientes con el problema
de las vacas locas británicas y a que aceptáramos una OCM de frutas y
hortalizas bastante vergonzante, y siguió con los desprecios a los
colegas europeos. Esta «firmeza» --entre comillas-- del Partido Popular
en Europa nos está creando bastantes problemas. Uno de los que nos ha
creado, y no poco importante sino mucho, es que este Gobierno no ha sido
capaz de sacar adelante la ansiada y necesaria reforma en el sector de
los cultivos herbáceos.
Hay varias iniciativas socialistas en el Congreso y en el Senado, pero en
concreto hay una del 30 de mayo de 1996, que se aprobó por unanimidad en
la Comisión de Agricultura del 26 de junio del mismo año, con una serie
de reformas --por eso se aprobó por unanimidad porque hubo consenso en
los grupos--, que recoge resoluciones relativas a la defensa por el
Gobierno, ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión
Europea, de la correspondiente propuesta de reforma del Reglamento
1765/1992, presentada por la Comisión, al objeto de permitir la
existencia de superficies de bases nacionales, con referencias de base
regional, defender la posibilidad en estas iniciativas de que la Comisión
Europea pueda reducir o suprimir las penalizaciones cuando se hayan
producido situaciones climáticas excepcionales, y, por último, que tras
la correspondiente reforma del citado reglamento comunitario, y mediante
acuerdo con las comunidades autónomas y los servicios de la Comisión, el
Gobierno defina un
nuevo sistema de superficies de base y de regionalización productiva en
España, con las siguientes características: transferencia de una parte de
la superficie de base de secano a regadío, reivindicación que hemos
venido manteniendo todos los grupos (estoy hablando de la iniciativa
socialista que se aprobó); el establecimiento para el secano y para el
regadío de una superficie de base nacional con referencias de carácter
autonómico a efectos de la aplicación de las penalizaciones; la
resolución de los problemas de mayor sensibilidad de algunas comarcas a
efectos de la asignación de rendimientos en la regionalización
productiva, y la revisión del estabilizador de rendimientos a nivel
estatal.
Las dos primeras cuestiones han sido ya resueltas por el paso del tiempo.
La enorme distancia que hay desde el momento en que se presenta la
iniciativa hasta que se ve en el Parlamento ha hecho que en ese ínterin
los dos primeros problemas se hayan resuelto. Por tanto, anuncio que
retiramos el segundo punto de nuestra proposición no de ley, puesto que
lo que se demanda ya se ha cumplido.
La propuesta nuclear es que para poder hacer la necesaria y correcta
reforma del Plan de regionalización productiva de España, era, y sigue
siendo hoy, condición indispensable que se consiga el aumento de los
rendimientos históricos asignados a España por la Unión Europea, que
están en 2,64 toneladas por hectárea, como SS. SS. saben, y que
permanentemente demandamos en consenso con los distintos grupos, para que
pasemos a tres toneladas por hectárea como estabilizador comunitario,
como también se llama.
A pesar de la ayuda prestada por los distintos grupos a través de estas
iniciativas, este Gobierno ha sido incapaz de conseguir la necesaria e
indispensable reforma para lograr el aumento de ese rendimiento
histórico, y ha sido incapaz de arrancar nada positivo para España por su
enorme debilidad ante Europa. El Gobierno nos sorprende con una
demostración de fuerza de fronteras adentro; tenemos un Gobierno débil en
Europa, pero que le gusta ejercer la fuerza dentro de su país. Este
Gobierno, igual que se muestra débil ante los que son poderosos, se
muestra tremendamente arrogante con los que son más débiles y abusa de su
poder. Lo digo porque el Plan de regionalización productiva que ha puesto
en marcha es una muestra de lo que acabo de decir. Sin contar con nadie
publica las órdenes de 20 de marzo y de 7 de abril de 1997, por las que
se establece el nuevo Plan de regionalización productiva para España y
produce enormes perjuicios al sector y situaciones como las que
describiré enseguida. Y aquí quiero detenerme y hacer un pequeño
paréntesis.
Yo sé que el Partido Popular viene teniendo por costumbre echar la culpa
de todo lo que no les funciona al Gobierno anterior. Yo espero de la
elegancia --de la cual soy testigo-- y de la prudencia del portavoz del
Partido Popular en este asunto, que no lo haga, porque sinceramente --y
dicho en lenguaje coloquial-- después de diez años de Gobierno hay que
echar mucho morro para hablar de que fue el Gobierno anterior o fue la
adhesión a la Unión Europea la que tiene la culpa de lo que no somos
capaces de resolver ahora. Yo, que sé que el señor Pintado morro no tiene
en este sentido despectivo, espero que no lo haga y nos explique cuáles
son los problemas que existen a juicio del Gobierno.
El nuevo plan, señorías, supone un desprecio manifiesto a las comunidades
autónomas, a las que no se consultó antes de sacar el plan. Y no se me
diga que las comunidades autónomas están presentes en las conferencias
sectoriales donde se habló del tema porque eso ya lo sabemos, pero lo que
es cierto es que en las conferencias sectoriales y en el grupo de trabajo
que se creó al efecto se llegaron a unos acuerdos que después el Gobierno
no cumplió. Y aquí está la palabra de unos contra otros, pero, qué
casualidad, dicen que no cumplió ese acuerdo el consejero de Agricultura
de Extremadura, el consejero de Agricultura de Andalucía, el consejero de
Agricultura de Castilla-La Mancha. Qué casualidad, los tres son
socialistas. Seguro que están diciéndolo para fastidiar al Gobierno; es
lo que pensarán algunas de sus señorías. Pues, señores diputados, además
de esos señores lo dice la consejera --no sé si sigue siéndolo todavía--
de Valencia, que es un Gobierno del Partido Popular; lo dice el consejero
de Aragón, al que yo conozco más que a otros, coaligado en este caso,
pero Gobierno del Partido Popular, y lo dicen prácticamente casi todos
los consejeros de comunidades autónomas gobernadas por el Partido
Popular. Pero es que lo dice también el brazo sindical del Partido
Popular, Asaja, que opina que este plan de regionalización es una
barbaridad. Lo tiene dicho por activa y por pasiva, hay una hemeroteca
impresionante con declaraciones de COA, UPA y Asaja.
No han contentado ustedes --esto dicho entre comillas; ahora aclararé que
a algunas algo las han contentado después-- con este plan a ninguna
comunidad autónoma, a ningún sindicato y, por supuesto, tampoco al
sector. Y ¿por qué? ¿Es porque ustedes tienen ganas de fastidiar?
Sinceramente, yo creo que no. No es que tengan ganas de fastidiar, es que
creo que lo han hecho mal y no lo quieren reconocer, y nosotros estamos
intentando ayudarles a que, reconociéndolo, lo corrijan. Verán por qué
digo esto. Han tenido una enorme precipitación, lo han hecho con
oscurantismo y esto ha traído algunos males, porque lo han realizado
cuando ya ha terminado la sementera, es decir, cuando estaba todo
sembrado. Los agricultores, por tanto, no han tenido la oportunidad de
establecer sus estrategias de siembra en función de lo que iban a hacer.
Además, se ha penalizado con una media del 25 por ciento a todo el
regadío, convirtiendo en estructural --y esto me parece lo más grave de
todo-- penalizaciones que en todo caso son siempre coyunturales, y que
incluso un Gobierno tiene la capacidad de negociarlas con la Comisión
Europea. Pues bien, ustedes, al bajar los rendimientos en regadío una
media de casi el 25 por ciento en toda España, para compensar las 247.000
hectáreas que han pasado de secano a regadío han producido una
penalización gravísima, porque además es para todo el mundo, también para
los pequeños agricultores, que ya tenían una del 17,9 por ciento y los
han pasado también al 25 por ciento.
Han producido una operación generalizada que se convierte en estructural
si no se modifica, lo cual es una barbaridad, y piensen ustedes lo que
quieran. Además, se han
aumentado las penalizaciones y se han rebajado, por tanto, las ayudas a
los agricultores más pequeños, a los más desfavorecidos, y no se ha
tratado con equidad a las comunidades autónomas. Ustedes recientemente
--por eso decía que ha vuelto a cobrar actualidad-- han premiado en el
reparto del maíz a Castilla y León, descaradamente, y han castigado,
también descaradamente, a Extremadura. No voy a hablar más del tema
porque ya lo hizo ayer mi compañero el señor Amarillo en el Pleno, en una
pregunta a la señora ministra, pero la verdad es que les tengo que poner
esos dos ejemplos porque es así. Por eso le pedimos en el primer punto no
estamos pidiendo más que una cosa: que deroguen las órdenes ministeriales
--la del 20 de marzo y la del 7 de abril--, vuelvan al plan de
regeneración productiva anterior y siéntense de inmediato con las
comunidades autónomas y con los sindicatos agrarios para pactar un nuevo
plan.
Pero para poder pactar un nuevo plan que tenga posibilidades de ser justo
hay que conseguir que Bruselas nos aumente el rendimiento histórico, y
este Gobierno no está siendo capaz de conseguirlo, como reconoce
paladinamente la propia ministra en la orden ministerial cuando dice que,
como no es capaz de conseguir el rendimiento histórico, ha tenido que
hacer esto un poco precipitadamente. Hoy he tenido los datos de las
siembras de esta campaña --supongo que el portavoz del Partido Popular
también los tendrá porque se los habrá proporcionado el Ministerio-- y
fíjense hasta qué punto es verdad lo que les digo que las siembras en
secano declaradas a Bruselas en la campaña actual, 1997-1998 (se acaba de
mandar a Bruselas, no sé si está el papel todavía caliente), han sido de
7.603.291 hectáreas.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le rogaría que fuese terminando.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino rápido, señor presidente.
Por tanto, han sobrado 245.333 hectáreas. No hay penalización porque han
sobrado hectáreas. Es cierto que con el anterior plan hubieran sobrado
más y estaríamos en la misma situación: no penalización en secano.
Regadío. En maíz se han sembrado 447.967 hectáreas, es decir, se ha
rebasado la superficie sembrada de maíz; se han sembrado de más 44.607
hectáreas, y aquí vamos a tener penalización. En otros cultivos de
regadío se han sembrado 866.350 hectáreas, con lo cual han sobrado
101.381 hectáreas y no va a haber penalización. Esto, visto así por
alguien que no esté al tanto de las cosas, puede decir: esto está muy
bien, no hay penalización en secano, han sobrado hectáreas; no hay
penalización en otros cultivos de regadío, han sobrado hectáreas. Si se
aplicara el plan anterior, tendríamos penalización en otros cultivos de
regadío porque habríamos sobrepasado hectáreas y con esta situación han
sobrado. Sólo tenemos penalización en el maíz y también la hubiéramos
tenido con el anterior plan, porque son las mismas hectáreas en éste que
en el anterior.
Visto así, se ha mejorado mucho, pero no crean ustedes eso; es lo
contrario de lo que parece. Si se aplicara el anterior plan de
regionalización productiva, en el secano estaríamos en las mismas
condiciones: no habría penalización. En el maíz estaríamos también en las
mismas condiciones: tendríamos la misma penalización que este año porque
las hectáreas eran las mismas este año que el anterior. Pero ¿qué
ocurriría en otros cultivos de regadío? Si hubiésemos aplicado el plan
anterior, como las hectáreas para otros cultivos de regadío eran 720.161,
hubiésemos rebasado la superficie sembrada en 146.189 hectáreas, que
hubieran sido penalizadas. ¿Saben ustedes lo que representan las 148.189
hectáreas en el total de las que podían sembrarse en el plan anterior?
Representa el 20,3 por ciento de penalización con el anterior plan. Como
ustedes han producido un plan de regionalización con una disminución
media en regadío del 25 por ciento...
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, le rogaría que fuese concluyendo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Termino ya.
... resulta que con su plan tenemos una penalización suplementaria de un
5 por ciento para España, señorías. Con su plan, repito, España va a
recibir un 5 por ciento menos de ayudas que si aplicáramos, en las mismas
condiciones actuales de siembra, el plan anterior. Eso es lo que han
conseguido.
Esto es lo que viene a demostrar paladinamente lo que les estamos
insistentemente diciendo: que han hecho ustedes un mal plan; que no lo
han hecho bien. Y nosotros queremos que lo corrijan, les queremos ayudar
y ustedes no se dejan ayudar. Pero esto demuestra, insisto, que está mal
hecho ese plan.
Termino hablando de algo que me parece que es catastrófico. Que en este
momento podamos afirmar, como podemos hacerlo, que hay hectáreas de
regadío en España que están penalizadas ya, que están pagando
penalización sin que hayan sido utilizadas, sin que hayan sido sembradas,
a mí me parece dramático, y que por parte del Gobierno del Partido
Popular no haya ni el más mínimo deseo de plantearse al menos una
reflexión y de ver si es posible modificar eso para corregirlo también me
parece dramático.
Esta ministra lleva una mala carrera. Ha pasado de ser la ministra de la
agrofirmeza a ser la de la agrodebilidad y de los agroagravios a los
colegas europeos. Yo tengo la esperanza de que no acabe siendo la de la
señorita Pepis por este camino que lleva; de verdad que no se entera.
Yo les ruego sinceramente que reflexionen, porque si derogan estas
órdenes ministeriales y negocian podremos conseguir hacer un plan de
regionalización productiva que, al menos, no perjudique a España.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra su portavoz, señora Solsana.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muy brevemente.
Señorías, la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista
referente al plan de regionalización productiva
para el sector de los cultivos herbáceos durante la campaña 1997-1998
llega a esta Comisión, como ha dicho su portavoz, con retraso. En parte
ha quedado superada por el Reglamento 1.503/1997, del 29 de julio. En
efecto, este reglamento, a nuestro entender, mejora, en parte --solamente
en parte--, las órdenes ministeriales a las que hace referencia la
proposición no de ley.
Nuestro grupo es partidario del establecimiento de una base nacional por
la que, si es sobrepasada, se sancione solamente a las comunidades
autónomas que lo hayan hecho. Hay que pactar con las comunidades
autónomas a fin de aumentar los rendimientos. Por ello, estamos
totalmente de acuerdo con lo que hace referencia al punto 3 de la
proposición no de ley, ya que es urgente que el MAPA consiga de la
Comisión Europea un incremento de los rendimientos medios del Estado
español, que actualmente están fijados en 2,64 toneladas por hectárea.
Este incremento permitiría que los rendimientos del regadío no fueran
castigados.
Por último, somos partidarios de que, una vez conseguido el incremento
del estabilizador del rendimiento, se proceda a la redistribución de la
regionalización, con el fin de adecuarla a la realidad productiva de cada
comarca. Es por ello que presentamos una enmienda in voce en este
sentido, juntamente con el Grupo Popular, y la ponemos a la consideración
de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su portavoz, señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero decir que el señor Torres se ha puesto
claramente la venda antes de la herida, a la vista de las manifestaciones
que ha hecho en esta ya tardía mañana de la Comisión de Agricultura.
El tratamiento que ha hecho es un tratamiento totalmente sesgado de los
problemas estructurales que tiene actualmente no solamente la agricultura
sino el sector de los herbáceos. Señor Torres, difícilmente vamos a poder
dar ninguna solución al problema de los herbáceos si no reconocemos la
base del mismo. Yo siento muchísimo que ustedes estuvieran en el Gobierno
en los años 1992 y 1994, pero, en definitiva, ustedes eran los que tenían
la responsabilidad en aquellos momentos. Bien es cierto que hoy ha
reconocido en tres ocasiones --he anotado tres-- el hecho de que la
ministra del Partido Popular había conseguido en estos últimos meses
importantes avances de lo que aquí se había aprobado por unanimidad. Ahí
está, por ejemplo, su anuncio de retirada del punto 2 de su proposición
no de ley a la hora de reconocer lo que le estoy comentando.
No supieron ustedes plantear una estrategia real. Cuando se habla de 2,64
y hoy hablamos de un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, yo le puedo
hacer una pregunta: ¿por qué no pidió ya, en el año 1994, cuando se
planteó este Plan de regionalización, el Gobierno en aquel entonces del
Partido Socialista 3 toneladas de rendimiento? ¿Por qué se exige de esta
forma ahora como si estuviera absolutamente toda la responsabilidad el
actual Gobierno?
Le anuncio que el Grupo Popular votará a favor del punto tercero, porque
por parte del Ministerio se está totalmente de acuerdo; entendemos que es
una cuestión de justicia y es algo que se tiene que conseguir con el
apoyo de ustedes, si están en esa vía.
Se ha hecho referencia a la presentación de la iniciativa, desde el mes
de abril o mayo de este mismo año, y realmente devalúa en profundidad
también su propio contenido. Ahora bien, a la hora de analizar lo que es
la exposición de motivos, la verdad es que me parece que es un tratado de
despropósitos, no sólo por el fondo de la misma, sino por aquellas
palabras que usted ha utilizado también en su intervención haciendo
referencia a improvisación, oscurantismo, escandalosa irresponsabilidad,
que genera alarma, ineficacia del Gobierno, debilidad en Europa. Parece
más un tratado de política bananera que realmente una forma de abordar de
manera real y seria el problema que nos está ocupando, cuando estamos
tratando el tema de la regionalización.
Si no están por la labor de solucionar de verdad y solamente quieren
hacer política con el tema de los cultivos herbáceos, me parece que es
una forma muy legítima, pero definitivamente poco vamos a ayudar al
sector agrario en este sentido.
Hay que recordar que en el Ministerio de Agricultura, durante la etapa
que va del año 1994 al año 1996, no existe ningún documento donde se haya
solicitado formalmente a la Comisión Europea la modificación al alza de
los rendimientos, donde se haya solicitado la variación del rendimiento
histórico y donde se haya solicitado el equilibrio entre el sistema de
superficies de base con la regionalización. En el Ministerio de
Agricultura no hay ninguna prueba documental de que en el período
1994-1996 se haya solicitado por parte del anterior Gobierno ninguna
movilización, ninguna transferencia en este sentido, que ahora tan
agriamente pide el propio Grupo Socialista.
Se hace referencia continuamente, en casi todas las iniciativas que se
refieren a este tema, a la reforma del famoso Reglamento 1.765/92.
Señorías del Grupo Socialista, el Reglamento 1.765/92 se ha modificado en
seis ocasiones desde el año 1992, seis veces, con nuevos reglamentos. La
última vez que se modificó fue con fecha 28 de junio, como anteriormente
citaba la portavoz de Convergència i Unió, con el Reglamento 1.503, donde
básicamente se asume el punto segundo de su iniciativa, que fue aprobado
también con otra iniciativa, hace ya varios meses, dentro de la Comisión
de Agricultura de este Congreso de los Diputados.
El problema de fondo no es ése y no lo quieren reconocer. El problema de
fondo, independientemente de que vamos a luchar para conseguir que
realmente el estabilizador se consiga con tres toneladas de rendimiento,
es el estabilizador presupuestario, señores. Porque cuando se habla de
traer los fondos del presupuesto global de la Unión Europea, nos
encontraremos siempre con ese techo presupuestario.
Recientemente oí en esta misma Comisión de Agricultura que se echaba en
cara el voto contrario de la ministra de Agricultura en el Consejo de
Ministros cuando se
quedó sola, y eso lo interpretaba el Partido Socialista como una bajeza
para los intereses españoles. Realmente les digo que si hubiera estado en
el año 1994 la ministra, cuando se negoció este reglamento o esta
regionalización, casi con toda seguridad les puedo garantizar que también
se hubiera quedado sola, pero hoy no estaríamos hablando de la diferencia
de 2,64 a 3 toneladas por hectárea.
Les voy a decir más. Hay una pregunta que les tendría que hacer que me
gustaría que me la respondieran, aunque no sé si será posible en esta
Comisión, sobre si ustedes están por la labor de ampliar nuevos regadíos.
Porque si ustedes dicen que no quieren más regadíos, será una postura
determinada por parte del Partido Socialista; pero si ustedes dicen que
quieren más regadíos, dentro de dos años volverán ustedes a plantear esta
misma iniciativa, porque con tres toneladas de rendimiento por hectárea
seguro que vamos a pasar absolutamente toda la regionalización que nos
han aportado.
Cuando hablan de oscurantismo, les puedo decir que el Consejo sectorial
nombró un grupo específico de las comunidades autónomas con las
organizaciones agrarias en junio de 1996, para tratar y analizar
explícitamente el tema de la regionalización de los herbáceos, y sobre la
base de los acuerdos y del documento propuesto por este grupo de trabajo
se tomó la decisión del último acuerdo sobre la regionalización.
En cuanto al punto cuarto de su iniciativa, tengo que decir que la propia
Comisión Europea ha impedido no sólo el hecho de que se pueda aplicar con
carácter retroactivo la derogación no solamente de esos decretos, sino
retrotraerlos al inicial programa del año 1994.
Para terminar, señor presidente, quiero solicitar el poyo de todos los
grupos, al tiempo que anunciar, como ha hecho anteriormente la portavoz
de Convergència i Unió, la presentación de una enmienda al punto cuarto,
que dice exactamente que una vez conseguido el incremento del
estabilizador de rendimiento, se proceda a la redistribución de la
regionalización con el fin de adecuarla a la realidad productiva de cada
comarca.
Solamente quiero añadir que el Partido Popular no se niega y no va a
negarse a seguir luchando hasta que se consigan realmente las tres
toneladas por hectárea. Por eso ese compromiso por parte de nuestro grupo
de apoyar con esta iniciativa, con esta enmienda in voce, para que se
pueda transaccionar, si está de acuerdo el grupo proponente, que en este
caso es el Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para la aceptación o no de la enmienda in voce y
también para la aceptación o no de la votación punto a punto, tiene la
palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Debo decir, en nombre de mi grupo, que
lamentamos no poder aceptar la enmienda por una razón muy sencilla. Eso
no es una enmienda, es no decir nada. Lo que están planteando el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) es lo mismo: que si hay un incremento del rendimiento histórico
para España debe modificarse el Plan regional de acción productiva, es
decir, que se adecue a la nueva situación. Eso hay que hacerlo, señorías.
Eso no es una enmienda in voce, hay que hacerlo y no tiene mucho sentido
que le digamos al Gobierno lo que debe hacer cuando se produzca un hecho
como ése, si se produce. Nos preocupa que no ocurra y aprovechando este
turno quiero hacer una muy breve alusión a algo que ha dicho el señor
Pintado.
El señor PRESIDENTE: Señor Torres, sabe que hay que centrarse en lo que
es la enmienda.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Sólo quería aclararle que en la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo existe constancia de la petición del
Gobierno anterior respecto al aumento de rendimientos y hay un acuerdo de
la Comisión, un compromiso del Comisario de la Comisión Europea, para
modificar el reglamento en ese sentido. Otra cosa es que ustedes no lo
hayan conseguido, qué le vamos a hacer.
El señor PRESIDENTE: Entendemos que la enmienda in voce no es aceptada,
¿y respecto de la votación punto a punto?
El señor TORRES SAHUQUILLO: En principio, nos parecería bien porque si
conseguimos que haya un punto en el que nos apoyen, algo es algo. Nos
parece bien.
El señor PRESIDENTE: Entonces, queda sin aceptar la enmienda in voce y
votaremos la proposición no de ley punto a punto.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, quiero hacer una matización
solamente.
El señor PRESIDENTE: Sabe que con la aceptación o no aceptación de la
enmienda se finalizan los debates en esta materia. Su grupo ha tenido la
posibilidad de manifestarse y en ese sentido no le puedo conceder el uso
de la palabra.
--SOBRE FINANCIACION DE LA POLITICA AGRARIA DE LA UNION EUROPEA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR (Número de expediente
161/000778).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a la financiación de
la política agraria de la Unión Europea. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y, por tanto, tiene la palabra su portavoz, señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Señorías, durante los últimos meses la Agenda
2000 ha sido motivo de profundos y profusos análisis, discusiones,
estudios y amplios debates, lo cual demuestra el gran interés público que
ha despertado,
pero sobre todo, en opinión de mi grupo, demuestra las enormes
preocupaciones que han producido las soluciones establecidas para los
objetivos prefijados.
Esta situación no sólo se ha producido aquí en España, sino que ha tenido
y está teniendo una repercusión y una trascendencia notables en toda
Europa como pudimos comprobar los miembros de esta Comisión en el
reciente viaje que hicimos a la República Federal Alemana.
A mi juicio, este interés y el debate que se está produciendo continuarán
en los próximos meses e incluso no es osado decir que se producirá
durante los próximos años, puesto que es un tema de largo recorrido, no
está cerrado y el interés por sus contenidos justifica las afirmaciones
que aquí se hacen.
Los asuntos que incluye la Agenda 2000, como pueden ser la futura
ampliación de la Unión Europea hacia los
países del Este, la modificación de las políticas estructurales, la
política de empleo, la modificación de la política agraria común, los
previsibles costes de la ampliación, el previsible techo financiero para
la financiación y el pago, en definitiva, de todas estas políticas y su
reparto entre ellas, son temas lo suficientemente importantes para
justificar ese interés de la clase política, de las instituciones de la
opinión pública en general y, sobre todo, del sector agroalimentario.
Desde luego, no es intención de mi grupo , y no lo voy a hacer, explicar
los contenidos de la Agenda 2000, pues en estas últimas semanas hemos
visto pasar por encima de nuestras mesas de trabajo numerosos documentos
de organizaciones agrarias; hemos celebrado jornadas de cooperativas
agroindustriales; hemos repasado publicaciones de otros colectivos que de
alguna manera se sienten afectados y muy preocupados por el desarrollo,
diseño y financiación de la futura PAC contemplada tan parcialmente en la
Agenda 2000. Incluso el interés por este tema se ha visto claramente en
la última reunión de esta Comisión de Agricultura, en la que compareció
la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La semana pasada también han sido objeto de debate por los primeros
ministros de la Unión Europea en la cumbre europea de Luxemburgo y
asimismo, aunque muy de pasada, también se habló en el Pleno de este
Parlamento sobre la financiación de la Agenda 2000 y la repercusión para
España. Por eso, no me voy a centrar en su contenido sino en los
problemas que a nuestro juicio presenta para España y para Europa una
insuficiencia financiera en los aspectos relacionados con la futura PAC
y en la casi indefinición que se hace de la necesidad de una agricultura
europea.
Esta situación, preocupante a mi juicio y al de mi grupo, justifica la
presentación de esta iniciativa legislativa, de esta proposición no de
ley, ya que en el caso de aprobarse se podría deducir una posición más
clara y más nítida de la que se debe mantener por España en defensa del
principio de la suficiencia financiera que pueda tener la futura PAC y,
por lo tanto, en defensa del sector agrario español, tan olvidado y poco
definido a lo largo de la formulación de la actual Agenda 2000.
Como ya se ha puesto de manifiesto por las sucesivas intervenciones de
los miembros del Grupo Parlamentario Popular, la reforma de la PAC
propuesta en la Agenda 2000 no parece oportuna en el tiempo ni parece
lógico que la Unión Europea se adelante en su diseño sin conocer temas
tan importantes como pueda ser el resultado de la Organización Mundial de
Comercio de finales de siglo y sin aprovechar las ventajas que ofrece la
cláusula de la PAC que tiene vigencia hasta finales del 2002 y, por
supuesto, sin haber desarrollado completamente la política agraria
comunitaria de 1992, la PAC reformada, en la que España tiene tanto por
ultimar y quedan tantas cuestiones por dilucidar.
Ya se puso de manifiesto esta falta de urgencia y el resultado es
evidente en la cumbre europea de Luxemburgo al dilatar y ofrecer un
período de tiempo para reflexionar. Esta situación debiera permitir ir
definiendo los próximos meses el modelo de agricultura europea del
futuro; debiera permitir además definir qué objetivos tiene Europa en
cuanto a qué agricultura quiere y, sobre todo, concretar y finalizar la
reforma de la política agraria común de 1992.
Esto quiere decir que todo lo que sea ganar tiempo y concretar aún más
beneficia sin lugar a dudas a España. Por eso, el Grupo Parlamentario
Popular ha venido defendiendo desde siempre la necesidad de no proceder
a aprobar nuevas reformas de OCM contempladas en la Agenda 2000 mientras
no se finalicen todas las reformas pendientes. Es decir, queda bien
claro: acabemos primero con las reformas pendientes para luego entrar a
hablar de nuevas reformas de OCM dentro de la Agenda 2000. Aún faltan
muchas organizaciones comunes de mercado para reformar de los sectores no
reformados en 1992 y que deben tener el horizonte en el año 1999. Así
estimamos que antes de aprobar cualquier reforma, incluidas las que se
proponen en la Agenda 2000, la Unión Europea debía tomar la iniciativa
ante la Organización Mundial de Comercio y exigir estándares de calidad
europeo, de seguridad alimentaria y calidad y que éstos sean reconocidos
como una parte integrante de la especialidad de la agricultura europea y
de la seguridad de los agricultores y ganaderos.
Creemos que esta exigencia de un régimen de igualdad para los
agricultores beneficia enormemente a Europa; que es muy exigente muchas
veces en calidades y respetos medioambientales que luego no son
requeridos a las producciones que compiten con las nuestras. Es decir,
muchas veces desde la propia Unión Europea el consumidor exige a sus
conciudadanos europeos mucho más que a las producciones de terceros
países. Entendemos que la Unión Europea --y antes de la reunión de la
Organización mundial de comercio-- debiera pronunciarse sobre éstos y
otros temas, prestando especial atención a las orientaciones generales de
la reforma, y muy en particular sobre las garantías presupuestarias para
esas orientaciones generales. Todo lo que sea de otra manera parece que
beneficiaría, dentro y fuera de la Unión Europea, a las agriculturas más
desarrolladas, más competitivas y que, sensu contrario, iría en
detrimento de las menos desarrolladas. Creemos que esas orientaciones
generales sobre la reforma de la política agraria comunitaria debieran
contemplar, asimismo, la totalidad de los productos agrarios, incluidos
los mediterráneos --que a juicio de mi grupo son los grandes olvidados
del documento de julio-- y, por tanto, se deberían prever los fondos
necesarios para la reforma de todos ellos.
La agricultura europea, señor presidente, señorías, necesita una
financiación clara y duradera y, tal como queda definida por la línea
directriz agraria, con su método de cálculo, es un aspecto positivo, pero
únicamente en una Europa a quince. No podemos pensar que, con el mismo
dinero, se puede financiar el status actual de una Unión Europea a
quince, más una hipotética ampliación a cinco más uno, más otros cinco.
La integración de los países pecos, en este sentido, está apoyada por
todos los grupos políticos, sin distinción alguna, y naturalmente que
nuestro grupo también la apoya, pero las perspectivas financieras para la
PAC en el período 2000-2006 se deberían abordar, tal como se viene
manteniendo por la representación española, por la Unión Europea a
quince, separadamente de aquella que eventualmente vaya a producirse
después de la integración de los primeros países del este de Europa.
En este sentido, creo que es clarificador que, aunque en la propia
Comisión de Agricultura, y ante la comparecencia de la señora ministra,
el grupo mayoritario de la oposición manifestó su desacuerdo con esta
postura, sin embargo, el mismo grupo manifestó su acuerdo en otra
comisión dentro de esta Cámara, concretamente en la Comisión Mixta para
la Unión Europea. Entendemos que, como elemento esencial, se debe
mantener, durante todo el período, el esquema de definición y método de
cálculo de la línea directriz agraria en sus términos actuales, teniendo
en cuenta que las reformas de los sectores pendientes sólo podrán
beneficiarse manteniendo al menos el actual esquema de la línea
directriz. Desde luego, cualquier otro cambio sería en detrimento de esa
financiación. Como ya es conocido, el límite del 1,27 de los recursos
propios destinados al presupuesto comunitario no debería incluir los
costes de la posible ampliación, que debería financiarse
complementariamente, para mantener el esquema de la PAC actual. Se deben
prever medios presupuestarios, más adecuados a la realidad, para
financiar la ampliación de estos países y debieran figurar separadamente
de los previstos en la Unión Europea a quince. De no ser así, se puede
producir la siguiente paradoja. Al ser el techo presupuestario fijo y
calculado muy optimistamente --como luego comentaré-- a partir entre más
países y con cantidades ya prefijadas de los grandes cultivos de las
organizaciones comunes de mercado, se encuentran incluidas en la Agenda
2000, por lo que, en ese caso, existiría una evidente desventaja para una
clara hipoteca de fondos del grupo comunitario para los grandes cultivos.
Podríamos encontrarnos con los restos de cantidades sobrantes --exiguas,
evidentemente-- que financien las OCM pendientes y así se perpetúe una
situación injusta para el futuro. Si a esto añadimos el cálculo tan
optimista que hace la Comisión de un crecimiento acumulado y continuo de
la economía europea del 2,5 por ciento durante diez años --dato que
sirve, como saben SS. SS., para calcular el techo presupuestario
disponible--, el optimismo que se traduce en el ahorro en restituciones
hace pensar que la línea directriz pudiera sufrir dificultades y
tensiones, en detrimento, evidentemente, de los cultivos y agriculturas
del sur de Europa. Esta situación nos produce preocupación y es el motivo
por el que se presenta esta proposición no de ley.
Creo que hay una coincidencia con casi todos los países en los objetivos
plasmados en la Agenda 2000 para Europa, pero pedimos financiación
suficiente. Pedimos, sobre todo, una financiación adecuada para la
agricultura europea en su conjunto y no sólo para esas tres
organizaciones comunes de mercado que figuran en la Agenda 2000, como
burdamente se ha realizado, adelantándose en el tiempo a las situaciones
comentadas anteriormente. Además, mantenemos que la Unión Europea está
legitimada para defender la supervivencia de sus agricultores frente a la
mayor competitividad de países terceros, con mejores estructuras de
producción o menor nivel de salarios, y no digamos ya de aquellos países
en los que se está haciendo con la agricultura y la alimentación un
auténtico dumping social. No podemos pensar que la Unión Europea pueda
permitir la desaparición de las agriculturas menos competitivas, por esa
falta de suficiencia financiera, y dejar a los agricultores y ganaderos
abandonados a su suerte.
La proposición no de ley que presento en nombre de mi grupo tiene que ver
con esta situación. Algo tan importante como es la suficiencia financiera
para desarrollar y mantener un modelo de agricultura en el período
2000-2006 merece tener un posicionamiento claro en este Parlamento y
también es un mensaje claro al Gobierno.
Por tanto, pediría a todas SS. SS. el voto favorable para apoyar esta
iniciativa que insta al Gobierno a defender en los foros de la Unión
Europea un modelo de financiación suficiente para esa agricultura europea
de futuro.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Entro a defender la enmienda a la vez que
defiendo la posición.
Cuando escuchaba con toda atención, por supuesto, al portavoz del Grupo
Popular ha habido un momento en que no sabía si el Grupo Popular era el
grupo que sostenía al Gobierno o no. Pero ha sido una reflexión que he
remontado rápidamente porque, como el Gobierno desgobierna, en ese
contexto se puede entender el manifiesto que nos ha leído el portavoz del
Grupo Popular; manifiesto que, por cierto, tiene muy poco que ver con la
proposición no de ley. La proposición no de ley es tan genérica, que en
sus cuatro líneas entiendo que lo único que dice es que insta al Gobierno
a defender de manera genérica los intereses de los agricultores españoles
según se contempla en la Agenda 2000; y son cuatro líneas que,
evidentemente, todo el mundo tiene que compartir. ¿Cómo no se va a
compartir que haya un sistema de financiación en la política agraria de
la Unión Europea con recursos suficientes para las necesidades de todos
los agricultores? Pues claro que lo compartimos, porque eso es como decir
que todos tenemos que ser buenos. Es una generalidad grande, y
curiosamente con la percha de esta generalidad se hace un discurso que,
en
contra de lo que parece, tampoco dice nada; también es absolutamente
generalista. Porque el Gobierno, y entendemos que el grupo parlamentario
que defiende al Gobierno, tiene que tener no sólo buenas intenciones,
sino buenas acciones que concuerden con esas intenciones, y dentro de
ellas tiene que tener unos pronunciamientos y un esquema definidos. No
decimos un esquema rígido, que es otra cuestión; puede ser un esquema
flexible, pero se tiene que tener. Y en ese esquema tiene que haber una
serie de principios que son fundamentales. Nosotros los tenemos y los
decimos aquí con todo el compromiso del mundo. Defendemos que tiene que
haber una financiación suficiente en la Agenda 2000 para que los
agricultores sigan siendo productores de alimentos para el hombre y de
materias primas para la industria y que, por lo tanto, las rentas que se
deriven de su profesión de agricultores y ganaderos les permita vivir;
que ésas sean las rentas fundamentales y cualesquiera otras rentas que se
contemplen --que, por supuesto, se contempla-- dentro de las posibles
financiaciones de la Agenda 2000 tienen que ser rentas complementarias y
no fundamentales. Entiendo que eso es un posicionamiento político y
concorde con él hay que actuar después.
También hay que actuar y posicionarse sobre el sistema que tenemos y que
nos propone la Agenda 2000, en el sentido de que se hacen depender las
rentas agrarias de decisiones puramente políticas, lo cual puede ser
aceptado o no por los agricultores europeos, aunque de manera casi
abrumadora parece ser que no están de acuerdo. Igualmente se establece
una relación entre los contribuyentes europeos y españoles y las rentas
agrarias; lo que puede ser aceptado o no, pero lo que interesa saber es
si la relación que establece la Agenda 2000 se acepta o no se acepta.
Hay que pronunciarse también sobre si el crecimiento que se le supone al
producto interior bruto se considera realista o no, y en ese caso tenemos
que empezar ya a hablar concretamente del 1,27 por ciento del PIB del
total de la Unión Europea, que se fija globalmente como ingresos, porque
de ese 1,27 va a depender el que tengamos ingresos suficientes o no.
¿La posición concreta del Gobierno español y de la ministra de
Agricultura está en que acepta este tope o no lo acepta? Este tope que
por cierto ha sido impuesto por Francia, Alemania y el Reino Unido y que
otros países de la Unión Europea están contestándolo o lo han contestado
pública, documental y claramente. Yo no tengo documento alguno ni lo
conozco. Si el señor portavoz del Grupo Popular tiene ese documento, me
tranquilizaría mucho si nos lo diese.
Tenemos que hablar también de otras cuestiones muy importantes que están
en la Agenda 2000 como son los fondos estructurales, ¿qué va a hacer el
Gobierno si permanecen congelados hasta el 2003, y si, después, tal como
se prevé, a partir de ese año hay una reducción importante para el
conjunto de la Unión Europea? Parece ser que se va a reducir en medio
billón, ¿en qué situación vamos a quedar? Y de los fondos de cohesión,
¿qué va a pasar con los 2,9 millones de ecus para todo el período
2000-2006? Hay tan sólo una intención de que pueden ser revisados en el
año 2003.
Yo creo que éstas son las cuestiones sobre las que nos tenemos que
pronunciar. Esta es la cuestión fundamental. En la cuestión genérica por
supuesto nosotros estamos dispuesto a votar que sí, pero no estamos
dispuestos a votar que sí sin más porque lo que es muy genérico necesita
forzosamente que tenga unas explicaciones periódicas, porque la única
manera de saber cómo se puede desarrollar lo que la propia propuesta del
Grupo Popular propone, valga la redundancia, es conociendo de manera
periódica cuáles son los pasos concretos y la intención del Gobierno.
Por eso, nosotros hemos presentado la enmienda de adición, cuyo texto
conocen todos ustedes y que, en definitiva, pide que la ministra
comparezca en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para
informar sobre los asuntos relacionados con la financiación de la Agenda
2000 y con los restantes temas de la Agenda en general, y que haga esto
con una periodicidad mínima de carácter semestral.
Es cierto que se ha hablado mucho en estos últimos días sobre la Agenda
2000 y sobre todo se ha hablado más de la reunión del Consejo Europeo de
Luxemburgo del 12 y 13 de diciembre de 1997.
De la lectura de lo que ha ocurrido en ese Consejo Europeo de Luxemburgo,
pienso que tampoco podemos estar excesivamente orgullosos ni sentirnos
excesivamente tranquilos porque lo único que ha hecho el Consejo respecto
al tema de la Agenda 2000 es tomarla en consideración, decir que toma
nota. Fíjense que textualmente se dicen cosas como ésta: el Consejo
Europeo saluda la comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000
relativa al desarrollo de las políticas de la Unión y al futuro marco
financiero.
Después, dice algo que yo creo que merece algún comentario y algún debate
más a fondo. Dice que espera que los países introduzcan en su política y
en la financiación condiciones que nos lleven a una agricultura que
subyace en el fondo de carácter competitivo, y se habla también
textualmente de que el imperativo de disciplina presupuestaria y de
eficacia de los gastos deberá prevalecer a nivel de la Unión, tal como
prevalece a nivel de los Estados miembros.
Se dice también que es preciso realizar una clara definición en la
presentación y la puesta en práctica del futuro marco financiero entre
los gastos que corresponden a la Unión, en su composición actual, y los
reservados a los futuros miembros en concepto de ayuda o preadhesión. Es
decir, que prácticamente lo único que se hace en el Consejo de Luxemburgo
es tomar nota, mientras que en otras partes se está obligando a una
agricultura de carácter competitivo, y ése es el gran dilema que plantea
la Agenda 2000 al que el Gobierno de la nación tiene que hacer frente, y
es la armonización de dos cuestiones que esperamos que no sean
contradictorias, pero que en este momento no vemos que tengan la
convergencia necesaria, y, si me apuran más, casi se apuntan tendencias
de carácter divergente.
Una cuestión está clara: una de dos, o con la Agenda 2000 tenemos
financiación suficiente para que el agricultor
siga siendo productor de alimentos y de materias primas para la industria
y tenga unas explotaciones que sean competitivas, y por tanto éstas van
a ser sus rentas fundamentales y las otras que se proponen tendrán un
carácter meramente complementario, o, por el contrario, el agricultor
puede tener rentas de carácter complementario que se conviertan en
fundamentales y deje de ser productor de alimentos y de materias primas.
Esta segunda cuestión es en la que más se profundiza en la Agenda 2000
vía indirecta, y ahora es el momento de poner las cosas en claro. La
cuestión fundamental estriba en hacer la defensa lógica de una
agricultura competitiva en el marco de la Unión Europea.
Ya que usted ha citado la Organización Mundial de Comercio, heredera de
los acuerdos del GATT y por tanto heredera de una legislación a la cual
nos vimos obligados, que hacía converger los precios del interior de la
Comunidad con los del exterior, a la vez que se iniciaba el
desmantelamiento de todas las subvenciones de carácter directo e
indirecto que pudieran interferir esa homologación de precios --y por
tanto nos vimos obligados a asumir unas subvenciones a la superficie,
subvenciones directas a la renta--, en el panorama de la Organización
Mundial de Comercio lo que se está pidiendo es precisamente dar el paso
siguiente y, por tanto, una competitividad mayor. Eso quiere decir que,
a la hora de abordar la financiación en el marco de la Agenda 2000,
tenemos que contemplar la armonización de la competitividad de la
agricultura europea en el marco de una posible liberalización de la
Organización Mundial de Comercio.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, le rogaría fuese finalizando.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señor presidente.
Esta es la cuestión fundamental; lo demás pueden ser discursos que están
bien para el «Diario de Sesiones», que no comprometen a nada, simplemente
a que después podamos repartirlos entre la ciudadanía en general para
decir que manifestamos una preocupación, pero es que lo que tenemos que
exigir al partido que sostiene al Gobierno y al Gobierno no son
intenciones, que tenemos que suponer que serán buenas --aviados
estaríamos si el Gobierno abrigara malas intenciones, es inconcebible que
ningún Gobierno tenga malas intenciones; por su propia naturaleza,
tenemos que entender que tiene buenas intenciones--, sino evaluar si
tienen buenas realizaciones, y desde luego sus intenciones en esto son de
momento confusas y sus realizaciones hasta el momento nulas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posiciones?
Señor Burballa, tiene la palabra.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo quisiera conocer si el
grupo proponente va a aceptar o no la enmienda que ha planteado el Grupo
Socialista para fijar nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para
manifestar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, este portavoz sigue repasando
punto a punto y párrafo a párrafo la larga perorata que acaba de soltar
el señor portavoz del Grupo Socialista y, la verdad, es que, si lo
teníamos claro, ahora está bastante más, porque bastantes cosas de las
que ha dicho el señor Amarillo son absolutamente inexactas, otras no se
ajustan, ni de lejos, a la realidad, y alguna de ellas son una auténtica
necedad.
Por tanto, con esos juicios de valor dentro de mi cabeza, tengo que decir
que no se aceptan porque parece que estamos hablando idiomas distintos.
No sé si estamos hablando de la misma proposición no de ley en la que hay
que tener un posicionamiento claro, y no ambiguo, como está ocurriendo
con el Grupo Socialista, que dice aquí una cosa y en la Comisión Mixta
para la Unión Europea dice otra respecto al tema de la Agenda 2000.
Nuestra postura está bien clara y la decimos aquí, en sede parlamentaria
y para que conste en el «Diario de Sesiones»; claro que está para eso,
entre otras cosas. Que no quede ninguna duda cuando aquí se ha dicho que
si el Grupo Popular apoya al Gobierno. ¡Faltaría más! Claro que lo apoya.
El señor PRESIDENTE: Señor Madero, le rogaría se atuviese a la cuestión
de la enmienda.
El señor MADERO JARABO: Si, señor presidente, pero es que se ha dicho que
el Gobierno desgobierna; eso es sólo un juicio de valor, pero es que
anteriormente, hace como hora y media, se ha dicho también que la
ministra era la de la señorita Pepis. Bromitas como ésas a mi grupo le
caen fatal. Me parece que son gracietas que no vienen a cuento.
(Rumores.) Y a pesar de que se oyen aquí rumores cuando se dice esto,
quiero que quede constancia de ello en el «Diario de Sesiones» y exijo a
la Presidencia que así se haga constar.
Por otro lado, la enmienda (y me ciño a lo que el señor presidente me
requiere), repito, no puede ser aceptada, porque responde a una especie
de fijación mental que existe en el Grupo Socialista sobre las
comparecencias de la señora ministra en el Congreso de los Diputados. Mi
grupo sabe, creo que todos los diputados y diputadas de la Cámara lo
sabemos, que el Gobierno comparece bien a petición propia, bien a
solicitud de la propia Cámara, según la normativa que marca el
Reglamento, tanto en esta Comisión, como en otras. La de la Unión Europea
--repito-- es otra en las que ha comparecido la señora ministra, o
incluso en el propio Pleno. Por tanto, querer aquí acotar, prefijar o
conminar a un miembro del Gobierno a que venga cuando le dé la gana a no
se sabe quién, nos parece que es una auténtica aberración.
Rechazamos de plano, por inapropiada e inadecuada, la enmienda y, además,
expresamos nuestro malestar por alguna de las afirmaciones que se han
hecho por parte del portavoz del Grupo Socialista. (El señor Amarillo
Doblado pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, el grupo proponente no acepta la
enmienda y ha dado las razones para su no aceptación. A mi juicio, señor
Amarillo, no ha sido nombrado. (Protestas.) Señor Amarillo, por favor,
déjeme continuar.
Por tanto, no procede conceder la palabra salvo al Grupo Catalán, que la
pedido para fijar su posición. Usted sabe cómo se realizan este tipo de
debates, usted conoce perfectamente el Reglamento. Usted sabe que la
enmienda no ha sido aceptada y que con las palabras del grupo proponente
se debiera finalizar el debate. No obstante, como el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) no ha fijado hasta ahora su posición, le cedemos la
palabra a su portavoz, señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, nuestro grupo se manifiesta de
acuerdo, en principio, con lo que de entrada ha manifestado el portavoz
socialista en el sentido de que cómo vamos a votar que no a una
proposición no de ley que pide que se dote de recursos suficientes las
necesidades derivadas del desarrollo de un modelo agrícola europeo. Vamos
a manifestar que, en todo caso, este tema y, en general, la financiación
de todas las reformas planteadas en el documento de la Agenda 2000, a
partir del último Consejo Europeo han quedado diferidas en el tiempo y
seguramente a la presidencia alemana con la fijación del presupuesto
necesario para financiar esas reformas incluidas en la Agenda. Por tanto,
habrá tiempo para seguir debatiendo y seguir profundizando en los
contenidos de la Agenda 2000. De todas formas, nuestro grupo cree que de
ninguna manera podemos abandonarnos a posiciones de relajamiento. En este
sentido, nuestro grupo manifiesta que va a dar su voto favorable a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, porque entendemos
que, aparte de conseguir que se respete el principio de suficiencia
financiera, también debemos estar siempre preparados ante cualquier
eventualidad y, en definitiva, no relajar nuestras posiciones ante hechos
como los que se van a producir con toda seguridad en los próximos meses,
como la publicación de nuevos reglamentos por parte de la Comisión,
etcétera, lo cual seguramente llevará a que la ministra comparezca ante
esta Comisión muchas más veces que las que proponía el Grupo Socialista.
Por otro lado, tampoco nuestro grupo ha apreciado hasta el momento
ninguna negligencia por parte de la ministra en comparecer cuantas veces
se le ha solicitado y, en todo caso, lo ha hecho cuando ha habido algún
tema que lo ha requerido. En este punto creemos que la Agenda 2000 va a
confirmar que tenemos que tenemos que estar muy encima de todos los
puntos que en ella se contemplan.
Hemos manifestado en los debates que hasta el momento hemos dedicado el
análisis de la llamada Agenda 2000 nuestra preocupación en el sentido de
que el mantenimiento de la actual línea directriz presupuestaria no
llegara a cubrir los costes de la incorporación de los países del centro
y este de Europa o, lo que es más grave, que dejasen sin financiación
suficiente las reformas pendientes que afectan mayormente a los productos
mediterráneos.
Por tanto, y lo hemos manifestado cuantas veces hemos tenido ocasión,
daremos nuestro apoyo a todas las iniciativas que tome el Gobierno que
defiendan dotar con recursos suficientes las necesidades derivadas del
desarrollo de un modelo de agricultura europeo tal como enuncia la
proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, porque este modelo
de agricultura, al entender de nuestro grupo, es absolutamente necesario
mantenerlo y debe ser un modelo europeo estructuralmente equilibrado,
económicamente justo y socialmente progresista.
--SOBRE LA INCLUSION DEL ALMENDRO DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE SEGUROS
AGRARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I
UNIO) (Número de expediente 161/000722).
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate de esta proposición no de ley,
pasamos a la tercera proposición no de ley sobre la inclusión del
almendro dentro del Plan nacional de seguros agrarios.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señorías, el cultivo del almendro es una
actividad muy arraigada en el campo español. Se realiza en una gran parte
del territorio del Estado, aunque el 80 por ciento de la superficie
cultivada se concentra en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Cataluña, de las Illes Balears, Murcia y Valencia. En un contexto
internacional, España ocupa un lugar destacado tanto por su cantidad --un
20 por ciento de la producción mundial, por detrás de Estados Unidos, que
tienen un 60 por ciento de la producción, y por delante de Italia, con un
10 por ciento-- como por su calidad. Una de las características
destacadas del cultivo del almendro es que se localiza principalmente en
zonas de secano, donde existe una acusada influencia de las heladas en el
período invernal, lo que dificultad una uniformidad en las producciones
y, consecuentemente, una variabilidad de la producción española de
almendra en sus diferentes formas de presentación en los mercados
mundiales.
El fenómeno meteorológico de las bajas temperaturas es difícilmente
controlable y, por tanto, poco o muy poco se puede hacer para evitar su
influencia negativa en la producción. Al contrario de otros elementos
como pueden ser requerimientos hidráulicos, tratamientos fitosanitarios,
sobre los cuales se puede actuar en los momentos oportunos para evitar
repercusiones negativas, sobre el cultivo del almendro estas condiciones
son muy difícilmente controlables. Por todo ello, el único sistema que en
la actualidad puede paliar los efectos negativos de las heladas es la
posibilidad de que los productores pudiesen contratar una póliza de
seguros, al igual que acontece en otros sectores de la producción, con el
fin de asegurar un mínimo de ingresos económicos en sus explotaciones.
Hay que indicar en este sentido que el seguro agrario contra heladas en
el almendro es una reivindicación largamente reclamada por el sector y
nunca satisfecha hasta el momento por la Administración. Teniendo en
cuenta la reactivación que los planes de mejora de frutos secos ha
supuesto para este cultivo, su importancia económica y la concentración
de su oferta en organizaciones de productores, creemos que ha llegado el
momento de incluir el riesgo de heladas en el almendro dentro del Plan
nacional de seguros agrarios combinados. Por este motivo, nuestro grupo
presenta esta proposición no de ley y pide a los demás grupos
parlamentarios su sensibilidad hacia la inclusión en este seguro de un
sector que, evidentemente, lo necesita y que lo va a agradecer.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, la
señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Es verdad que la reivindicación por el
sector de la inclusión del almendro en el Plan nacional de seguros
agrarios viene de muy atrás. Se han hecho estudios por Agroseguro, Enesa,
comunidades autónomas y la universidad sobre los riesgos a que se ve
sometido el almendro. Las heladas se dan en ese cultivo precisamente
porque las zonas son muy altas y muy frías. El problema que tiene el
seguro no es la poca voluntad política que hayan tenido los sucesivos
gobiernos que han tenido que dar solución a este problema, sino el alto
riesgo que produce el cultivo del almendro. Si ahora los problemas son de
voluntad política es porque no se ha encontrado solución a los problemas
técnicos. Se ha pedido, es evidente, por las organizaciones profesionales
que se haga un planteamiento que dé solución a este tema, y eso es
posible que se vaya a hacer. Nosotros vamos a dar nuestro apoyo a esta
proposición no de ley para que se implante este tipo de aseguramientos.
Lo que pasa es que nos da la impresión de que deberíamos dejar claro (y
especialmente si el grupo que sostiene al Gobierno va a apoyar también
esa proposición no de ley) qué tipo de riesgos se van a asumir con estas
primas. Estas primas van a tener un alto coste económico y para el
agricultor no van a poder ser atractivas si no tienen unas subvenciones
que les ayuden a pagar ese tipo de seguros. Por tanto, aquí, en este
plan, cuando se haga una línea para el almendro, habrá que tener la
complicidad, no ya de la Administración del Estado, sino de las
comunidades autónomas, y las asociaciones profesionales tendrán que hacer
también su aportación a estas primas. Pero deberíamos contraer todos el
compromiso de que, cuando se establezca una línea de seguro para el
almendro, ésta no debería servir para que se mantuviera artificialmente
el cultivo en zonas donde de una manera natural no es viable. Habrá que
incentivar la reconversión de las producciones, con variedades de
floración más tardía, por ejemplo, y habrá que proponer finalmente a la
Unión Europea que en los planes de mejora de frutos secos se contemplen
estas medidas de aseguramiento, reconversión varietal, nuevos sistemas de
cultivo, etcétera.
Por tanto, nuestro grupo (muy brevemente, dada la hora) va a apoyar esta
proposición no de ley, pero nos parece que debería quedar claro el
compromiso de las diversas administraciones, insisto, tanto de la
Administración del Estado como de las comunidades autónomas, para hacer
frente al alto coste de primas de aseguramiento, porque de otra manera
podremos nosotros aprobar aquí que se incluya el almendro, pero las
primas van a ser de alto coste económico que van a ser muy poco
atractivas para el agricultor, y nos puede pasar que, haciendo una teoría
muy bonita sobre el papel, a la hora de implantarla en el territorio no
sirva a quienes tiene que servir, que son, en definitiva, los
cultivadores de almendro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: No cabe duda, y lo digo en nombre de mi grupo,
que ésta es una proposición no de ley interesante, de bastante calado
técnico y económico y, sobre todo, como se ha dicho por el grupo
proponente y por parte de la portavoz del Grupo Socialista, es una
aspiración que viene de lejos dentro del sector de producción de frutos
secos y concretamente dentro del sector de la almendra. Y además es
cierto que, siendo España un país productor de los más importantes a
nivel mundial, nos encontramos con la diversidad de las especies y
variedades dentro del almendro, la diversidad edafológica en la que se
cultiva el almendro, el distinto peso económico que tiene en cada comarca
y, dentro de cada comarca, la explotación de cada agricultor, y no cabe
duda de que de un año para otro se ha ido dejando esta necesidad, hasta
que ya nos encontramos con que en España existe un número suficiente de
plantaciones por sistema regular y con sistemas modernos, con nuevas
tecnologías y con unos cultivos perfectamente establecidos, lo cual
requiere el apoyo por parte de la Administración y concretamente de la
Empresa Nacional de Seguros.
Es más, mi grupo está seguro de que el futuro establecimiento de una
línea específica contra el riesgo de heladas para el almendro será un
acicate importante para que el cultivo del almendro se desarrolle aún más
dentro de España, sobre todo en plantaciones regulares, modernas y con
sistemas de nuevas tecnologías, con variedades punteras a nivel mundial.
El problema que se ha planteado siempre y que ha apuntado la portavoz del
Grupo Socialista es que, en general, el riesgo de heladas en el almendro
es bastante alto en España, porque si bien es cierto que hay variedades
autóctonas que se adaptan bien, sobre todo a las heladas primaverales, no
es menos cierto que cada vez se están poniendo más variedades exógenas
que sufren las inclemencias de nuestra climatología. Este es uno de los
puntos técnicos que la propia Administración deberá abordar, si no lo ha
abordado ya, para el supuesto establecimiento de una línea ante el riesgo
de heladas en el almendro. No podemos ir más allá de lo que prudentemente
plantea la iniciativa legislativa, porque en estos momentos se puede
hacer poco más que pedir a la Administración que estudie el
establecimiento
de esa línea específica ante el riesgo de heladas en el almendro dentro
del Plan nacional se seguros agrarios ya que, desde aquí, en ningún caso
podríamos estudiar cuál sería el coste total, o el coste unitario, o el
coste por hectárea o por tonelada de esa línea de aseguramiento, como
tampoco podríamos decir ahora mismo cómo podría cofinanciarse, y digo
esto porque se ha hablado de que fuera por parte de las comunidades
autónomas. Indudablemente, sería interesante, pero, repito, en estos
momentos poco más podemos hacer que pedir que se establezca esa línea. No
es fácil establecer desde aquí --desde luego, mi grupo carece de medios
técnicos, no sé si otros los tendrán-- el modelo exacto de seguros para
el almendro ni las características técnicas de ese seguro, como puedan
ser franquicias, testigos, toma de datos, comprobación de muestras,
etcétera. Por tanto, dejemos a los técnicos, a los funcionarios, en
definitiva, a la Administración que elabore ese plan y desde aquí,
políticamente, porque así lo demanda el sector, pidamos que se establezca
esa línea específica contra riesgos de heladas para el almendro dentro
del Plan nacional de seguros agrarios, tal como propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es la esencia de esta
iniciativa parlamentaria, a la que mi grupo dará su voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madero.
Señor Burballa, ¿desea hacer alguna precisión?
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Simplemente quiero agradecer a los grupos
su voto favorable, porque el impulso político que se va a dar al sector
con esta iniciativa puede ser importante. Es evidente, señora Cunillera,
que había dificultades técnicas, pero lo que ha sucedido en los últimos
años, precisamente en el sentido de poder controlar las explotaciones, de
poder tener referencias en cuanto a la producción media de estas
explotaciones, así como lo que han supuesto los planes de mejora, tal vez
permitan abordar esta cuestión de una forma que dé salida a una
aspiración largamente reivindicada por parte del sector.
En el planteamiento técnico, que evidentemente tiene sus dificultades y
que Enesa tendrá que hacer, nuestro grupo considera que habrá que contar
con la colaboración y la participación de los agentes implicados: las
administraciones y un instrumento fundamental en este momento que son las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas, las OPFH. Nuestro
grupo insiste en que este plan debería...
El señor PRESIDENTE: Señor Burballa, el turno era simplemente para un
tema de orden.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Sí, señor presidente, era sólo para
agradecer a los grupos su voto afirmativo e insistir en que en este
momento se dan las condiciones para actuar políticamente en este sentido.
El señor PRESIDENTE: Ante sus manifestaciones, tengo que dar la palabra
por alusiones a la señora Cunillera, para que pueda rebatirlas o, en su
caso, apoyarlas.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Ante todo, señor presidente, muchas
gracias por concederme la palabra, porque normalmente no hacemos turnos
de agradecimiento en esta Comisión, pero como se ha dedicado totalmente
a mí, querría decir que es verdad que hay un gran acuerdo y todo lo que
queramos, pero que no nos llamemos a engaño, porque lo que vamos a
aprobar hoy aquí, aparte de la colaboración y de las grandes palabras,
tiene un coste económico importante. Si mi grupo lo ha puesto sobre la
mesa y ha querido hablar de ese tema, es porque los dos presupuestos que
nos han presentado, tanto el del Estado como el de la Comunidad Autónoma
donde el señor Burballa y yo vivimos, y convivimos en cierta manera, no
hacen albergar grandes esperanzas de que desde la Administración se vaya
a ser muy sensible con el problema del alto coste económico que estas
primas de seguros van a tener. Sólo quería decir esto, señor presidente,
y muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Creo que el debate ya finaliza y como nos hemos
adelantado a la hora prevista para realizar las votaciones, ante la
ausencia de los señores diputados y sobre todo habiendo señalado que las
votaciones se iban a realizar a partir de las cuatro y media, vamos a dar
un pequeño descanso hasta esa hora. (Rumores.)
Ruego a los señores portavoces que se acerquen a la Mesa. (Pausa.)
Señorías, como son cinco minutos los que hay que esperar, suspenderemos
la sesión ahora, reanudándola a las cuatro y media. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos las votaciones de las
proposiciones no de ley.
El Grupo Socialista es el autor de la primera proposición no de ley, que
se refiere al sector de cultivos herbáceos. Retiró el punto número 2 y
aceptó votar punto a punto el resto de la proposición. Por lo tanto,
iniciamos la votación del primer punto de la proposición no de ley
relativa a los cultivos herbáceos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto número 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a votar el punto número 4 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar la proposición no de ley relativa a la financiación de la
política agraria de la Unión Europea, presentada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la tercera proposición no de ley presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), sobre la inclusión del almendro dentro del
Plan nacional de seguros agrarios.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--DEBATE Y, EN SU CASO, APROBACION DEL INFORME ELABORADO POR LA
SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL
SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA (Número de
expediente 154/000015).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate y, en su caso,
aprobación del informe elaborado por la subcomisión para el estudio de
las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola.
(Rumores.) Señorías, les quisiera anunciar, antes de que se ausenten, que
las votaciones no se van a producir antes de las cinco y cuarto. Lo digo
para su información y antes de que se ausenten.
No sé si se habrá nombrado algún portavoz para que explique el contenido
del informe o si pasamos directamente a debatir los votos particulares.
(Pausa.) Como aparentemente no se ha nombrado ningún portavoz de la
subcomisión, pasamos a debatir los votos particulares. Tiene la palabra
el portavoz del Grupo Socialista, señor Chivite, como grupo que ha
presentado ocho votos particulares.
El señor CHIVITE CORNAGO: Respecto a los votos particulares que el Grupo
Socialista presenta al informe, he de decir que la primera parte es
repetición del informe, en la que se hace referencia a antecedentes,
comparecencias, normativa actual, aspectos globales de la
vitivinicultura, regulación jurídica del sector vitivinícola y las
conclusiones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por respeto al portavoz del
grupo que ha presentado los votos particulares.
El señor CHIVITE CORNAGO: ... a las que se llegó por consenso en la
última sesión de la subcomisión. Quiero decir que esa primera parte no
tiene sentido como voto particular y voy a pasar a defender cada uno de
los ocho votos particulares que hemos presentado.
El primero de ellos se refiere a la oportunidad temporal de la nueva ley,
y ello teniendo en cuenta lo expuesto en las diversas comparecencias
habidas en esta subcomisión. Una de las cuestiones iniciales que en todas
ellas se planteaba era si era oportuno o no reformar esta ley, sobre todo
teniendo en cuenta que la reforma de la OCM del vino parece ser que puede
estar resuelta o al menos puede iniciarse a partir del mes de marzo del
próximo año. Avalando esta tesis, tengo que recordar el informe del
Consejo de Estado, que en su memoria de 1996 incluye un amplio anejo, en
el que hace referencia precisamente al documento de reflexión aprobado
por el Consejo de Ministros de Agricultura de 21 de diciembre de 1993 y
que actualmente se halla pendiente de que la Comisión presente esa
propuesta para la próxima primavera. El Consejo de Estado lo que venía a
afirmar es que ante la coyuntura actual de nuevas medidas efectivas de
organización y gestión del sector vitivinícola de ámbito europeo y de
obligado cumplimiento para España, consideraba oportuno --y así lo
aconsejaba-- esperar a reformar la Ley 25/1970, que ha ocupado durante
estos seis meses a la subcomisión, y al resultado de la reforma de la OCM
del vino, que comenzará a partir de marzo. Ese es nuestro primer voto
particular en cuanto a la referencia de la oportunidad temporal. (El
señor vicepresidente, Amarillo Doblado, ocupa la presidencia.)
El voto particular número 2 que presenta el Grupo Socialista se refiere
a la regulación jurídica del sector vitivinícola, sobre todo a que de la
Ley 25/1970, actualmente en vigor, no solamente cuelga todo lo que es la
regulación de productos vitivinícolas, sino también las otra 51
denominaciones de origen de productos agroalimentarios. Va íntimamente
relacionado con la propuesta que hace también el Grupo Socialista y que
luego veremos en un voto particular posterior.
El voto particular número 3 hace referencia a las cuestiones
problemáticas. Si recogemos los diferentes informes de conclusiones que
se han realizado en otras subcomisiones, podemos ver cómo en todas ellas
se hace referencia no sólo a la relación nominal de los comparecientes
sino a una síntesis de aquello que puede resultar más interesante.
Precisamente en este voto particular número 3 se recogen expresa y
explícitamente las distintas cuestiones problemáticas que de las más de
35 comparecencias que se han producido en esta subcomisión se han
planteado como elementos sobre los que había que incidir en la nueva
reforma, en caso de llevarse a cabo. Por lo tanto, creemos imprescindible
que en el informe figure esta serie de análisis y propuestas que el
sector ha hecho para la reforma de la Ley 25, puesto que va a servir de
base para que el Ministerio elabore su proyecto de ley.
En el voto particular número 4, entramos en las divergencias existentes
respecto a la óptica de otros grupos, en relación con el Grupo
Parlamentario Socialista, en dos aspectos fundamentales. Primero, en
cuanto a que en el informe final se establece que debe ser una sola
normativa la que regule el sector vitivinícola, y el Grupo Parlamentario
Socialista establece que sea en dos normativas diferenciadas, una para el
sector vitivinícola y otra para las denominaciones de origen, además de
establecer el informe básico
que presentó a la subcomisión como propuesta de informe del Grupo
Parlamentario Popular, que hacía referencia a que se regulase todo lo
relacionado con el vino. El Grupo Parlamentario Socialista, en este voto
particular, lo que establece es que la regulación sea referida a aspectos
básicos, teniendo en cuenta que la normativa europea de obligado
cumplimiento para un Estado miembro, como es España, afecta directamente
a nuestra regulación jurídica en relación con el vino, y teniendo en
cuenta el Estado de las autonomías, las competencias que a ellas se les
otorga en materia de agricultura. Por tanto, que no se extienda a todo
aquello relacionado con el vino, sino a aquello que sea de carácter
básico y que debiera ser definido en la propia reforma de la Ley 25/1970.
En el voto particular número 5, hilando con la anterior exposición, el
Grupo Parlamentario Socialista propone que la nueva normativa sobre el
vino no se ocupe de las denominaciones de origen, que debería ser
desarrollado en un texto independiente sobre denominaciones de origen,
junto con el resto de productos agroalimentarios, aunque con un apartado
específico para vino y derivados. Esto, hilado con la filosofía que creo
que todos compartimos del fondo de la cuestión, que es que el vino sea
tratado como un producto alimentario, componente básico de la dieta
mediterránea.
En cuanto al voto particular número 6, abundando de nuevo en cómo
debieran ser reguladas las denominaciones de origen, que nosotros
proponemos que sea en texto diferenciado, creemos que debe ser recogida
toda la materia de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas,
otras denominaciones tradicionales, tanto de productos vitivinícolas como
de otros productos agroalimentarios y, desde luego, armonizando todo ello
con la legislación europea al respecto y estableciendo el mínimo común
denominador para todo el territorio nacional como legislación básica,
otorgando a los consejos reguladores personalidad jurídica suficiente y
competencias para su funcionamiento como órganos de gestión de gobierno
de promoción, control y vigilancia de las DO.
Introducimos en el voto particular número 6 una referencia a que también
debería ser regulado e incorporado a la nueva normativa la figura de los
productos artesanos y tradicionales de carácter alimentario. Esta ley de
denominaciones de origen, desde la óptica del Grupo Parlamentario
Socialista, creemos que debe dar un fuerte protagonismo a los consejos
reguladores en los que deberán tener representación todos los agentes
económicos en cada denominación de origen, dotándolos de la suficiente
autonomía para su mejor gobierno, con una representación en sus órganos
de autogobierno acorde con su relativa importancia económica, pero, por
tratarse también de aspectos cualitativos, se deberá asegurar la
presencia de las minorías. Estos órganos deben configurarse como
entidades de derecho privado y deberán velar por el cumplimiento de las
normas vigentes, tanto comunitarias como nacionales, autonómicas y de
régimen interno de los propios consejos, y siempre --y esto para nosotros
es muy importante-- desde el respeto a la libre competencia y sin que se
vea, al menos por nuestra parte, necesidad alguna, sino más bien todo lo
contrario, de variar el nombre consagrado en el tiempo de consejos
reguladores.
Las denominaciones de origen, a nuestro juicio, deben seguir siendo
entidades de derecho público, porque no sólo constituyen elementos
económicos de importancia relevante sino que, al confluir en ellas
aspectos cualitativos, históricos y culturales, son un auténtico
patrimonio público ligado a la tradición y a las raíces culturales, por
lo que debe asegurarse que los nombres de las denominaciones de origen
sean protegidos como bienes pertenecientes al común, que son y se
declaren, por tanto, inalienables, inembargables e imprescriptibles.
En el voto particular número 7, la diferencia respecto al informe general
--y desde aquí también aprovecho para anunciar que, en aras al consenso,
nuestro Grupo está dispuesto a apoyar, sin perjuicio de que quede
constancia de nuestras discrepancias respecto a los distintos aspectos
que hemos plasmado en estos votos particulares-- es que los consejos
reguladores puedan constituirse como organizaciones interprofesionales,
incluso que puedan convivir en una denominación de origen consejo
regulador y organización interprofesional, o que puedan incluso los
consejos reguladores hacer las funciones de organizaciones
interprofesionales; ello, dependiendo de cuál sea el grado de desarrollo
en cada una de las DO de los propios consejos reguladores.
Como conclusión final, creemos que al Estado le corresponde sentar las
bases y procurar la coordinación de la actividad económica general, que
no sólo le faculta, sino que le obliga a dictar normas. Estas normas
deben ser básicas, que fijen las líneas directrices y los criterios
globales de ordenación del sector, armonizándolas, repito una vez más,
con las disposiciones comunitarias que son de obligado cumplimiento y
homogeneizando y coordinando, en lo posible, con la normativa autonómica,
siempre desde el respeto a la capacidad competencial de las comunidades
autónomas.
En resumen, el Grupo Socialista, en su propuesta de conclusiones,
aportaba un planteamiento distinto al que en el informe final aparece y
viene como propuesta a esta Comisión, y era sencillamente que, primero,
se regulase básicamente el vino y sus derivados en cuanto a la
vitivinicultura se refiere, y que en legislación aparte se incluyese en
una ley de denominaciones de origen de productos agroalimentarios un
apartado específico para el vino y sus derivados.
Respecto al voto particular número 1, quiero hacer referencia expresa,
una vez más --aunque ya lo he hecho al principio de mi exposición--, a la
oportunidad temporal de llevar adelante esta regulación o esperar a la
reforma de la OCM del vino, que parece que va a ser en breve plazo; en
ese sentido también se pronunciaba el Consejo de Estado en el anexo de su
memoria del año 1996.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Grupos que quieran fijar
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente. Intervengo por el Grupo
Parlamentario Mixto, en nombre de Unión Valenciana, para dar mi apoyo al
informe que se somete hoy a la consideración de esta Comisión, elaborado
por la subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para la
modernización del sector vitivinícola español y para garantizar su
viabilidad futura.
Creo que las 12 conclusiones que se han elevado a esta Comisión sientan
los cimientos básicos para la defensa de ese sector vitivinícola que
tanto nos preocupa y que tantas páginas y discursos han originado en esta
Cámara en los últimos tres años. Se sientan las bases para el objetivo
inicial de esta subcomisión --que no es el objetivo de todos los grupos
parlamentarios que mayoritariamente creemos que van a sacar adelante este
informe--, que es la premisa básica de modernizar el sector vitivinícola
y garantizar su viabilidad futura bajo el prisma de modernizarlo,
prepararlo para los retos del futuro y, sobre todo, hacerlo competitivo
y conseguir el deseo de todos los que estamos aquí, que es conseguir que
el vino del Estado español, no sólo por su calidad y su cantidad, llegue
a todos los ciudadanos del mundo y sea el preferido y el más consumido en
las mesas de las familias y de todos los restaurantes del mundo. Nosotros
apoyamos este documento en líneas generales porque vemos que las
conclusiones van orientadas en unas premisas básicas que podríamos
empezar a valorar como muy importantes.
El sector vitivinícola tiene una importancia social, económica, cultural
y medioambiental que a nadie se le escapa. Esa suma de elementos de gran
importancia obligan al Estado español a defenderlo, no por su importancia
económica en el sentido de cuál es su aportación al producto agrario
total sino por la gran importancia social que tiene en diversas comarcas
y regiones del Estado español la dedicación a este cultivo como cultivo
único. Por lo tanto, dada esa importancia capital que tiene en el Estado
español y que debemos considerarla como cuestión de Estado, creo que es
importante que este informe salga adelante con el máximo apoyo, tal como
aparece en las conclusiones del documento que hoy estamos debatiendo. El
objetivo --como he comentado anteriormente-- es claro: conseguir que
España sea líder mundial en la vitivinicultura. Es un objetivo ambicioso
pero creo que hoy podemos dar el primer paso para conseguirlo.
Indudablemente se tienen que adoptar las medidas legislativas, el marco
jurídico, que ayuden a conseguir esos objetivos de modernización,
calidad, futuro, viabilidad y, sobre todo, de atención a ese gran número
de comarcas y regiones del Estado español, a esos miles y miles de
agricultores que viven únicamente dedicados a este cultivo. Con el fin de
reforzar la posición del sector, porque así nos lo demanda desde la
unidad, la coherencia y el máximo consenso en la lucha y en la defensa de
una OCM del vino que defienda los intereses del Estado español, creo que
este documento puede reforzar esa posición y ese consenso que se ha
alcanzado en diversos debates, tanto en la anterior como en esta VI
Legislatura.
Por lo tanto, desde Unión Valenciana, y creo que desde el sentir
mayoritario de una región que también tiene su importancia y su
aportación en el sector del vino a nivel del Estado, creemos que es un
documento importante para el sector y para la agricultora española, que
puede reforzar la posición de nuestro Estado para conseguir que en el
primer trimestre del año 1998 la OCM del vino atienda todos aquellos
principios, requisitos y exigencias que el sector demanda por el bien, el
futuro y la viabilidad de este sector tan importante en la agricultura
española. Damos nuestro apoyo a este informe, que es un primer paso
adelante, que podía haber sido incluso más amplio aunque creo que no
puede ser más ambicioso, que es situar al vino español en la cima de los
vinos de todo el mundo y conseguir que el sector vitivinícola tenga
futuro, se modernice y sea competitivo. Creo que este informe sale con
esa ambición, debe nacer con el máximo consenso y puede conseguir ese
gran objetivo que es situar al vino español en el lugar que todos
queremos y que estoy seguro que se merece.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el PNV, tiene la palabra
el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señor presidente, voy a ser muy breve, dada
la hora en la que estamos.
Simplemente quiero expresar nuestro apoyo al informe elaborado por la
subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el
sector vitivinícola. Dada la importancia y especificidad que tiene este
sector creemos importante el grado de consenso que se ha logrado, aunque
no sea evidentemente al cien por cien.
Teniendo en cuenta que en buena medida se han recogido las posiciones que
habíamos presentado a esta subcomisión, quiero sencillamente decir que
damos nuestro apoyo a este informe.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo de Convergència
i Unió, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: La creación de la subcomisión del Congreso de
los Diputados para el estudio de las reformas necesarias para modernizar
el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura ha
servido para producir un amplio debate en el que han participado diversas
organizaciones agrarias, representantes del sector, de los consejos
reguladores, consejeros de las comunidades autónomas y la ministra de
Agricultura. Las múltiples aportaciones de los comparecientes nos han
conducido, después de ser analizadas convenientemente, a la adopción de
las conclusiones de dicha subcomisión. La regulación del sector en España
ha quedado totalmente desfasada tras asumir algunas comunidades autónomas
competencias exclusivas en materia de agricultura, así como la entrada de
España en la Comunidad Europea en 1986; y también --cómo no-- por la
profunda transformación que ha sufrido el sector a lo largo de los
últimos años.
El debate de un proyecto español con anterioridad a la reforma del sector
a nivel comunitario europeo o la posible simultaneidad de las dos
reformas no han constituido un obstáculo para avanzar en los trabajos de
la subcomisión para presentar un nuevo proyecto de ley. Dicha ley debe
situarse entre el límite de lo regulado ya por la normativa europea y las
competencias transferidas a las comunidades autónomas en materia de
agricultura y de denominación de origen. La legislación del Estado tendrá
carácter subsidiario para aquellas comunidades autónomas que no tengan
transferidas las competencias y para aquellas denominaciones de origen
cuyo territorio esté comprendido en más
de una comunidad autónoma. En el caso de las comunidades autónomas
soberanas deberán armonizar su normativa a las del Estado. La importancia
del sector vitivinícola en todo el territorio español hace necesario
dotarle de un marco jurídico capaz de impulsar su modernización y su
competitividad. Para ello hay que potenciar la calidad de nuestros vinos
haciendo especial hincapié en los temas como la chaptalización,
autorización de riego, vinos de calidad procedentes de regiones
determinadas o las denominaciones de origen. La chaptalización o
enriquecimiento del vino a través del azúcar de remolacha es una de las
preocupaciones básicas del sector a la hora de relanzar el debate sobre
la reforma de la OCM vitivinícola y plantear a la Comisión Europea un
documento de pleno consenso. Debe autorizarse el enriquecimiento sólo con
mosto concentrado o mosto concentrado rectificado. Creemos que este punto
es fundamental para mantener la calidad de nuestros vinos y para
beneficiar al sector.
Otro tema que queremos destacar y que se puso de manifiesto a lo largo de
las comparecencias y las discusiones de la subcomisión es la necesidad de
definir la figura de los consejos reguladores. Convendría resaltar la
función de éstos respecto a la cualificación de vinos y el cumplimiento
de las condiciones mínimas previstas por la legislación comunitaria. Las
administraciones competentes ejercerán sólo las funciones de carácter
público, es decir, el control del cumplimiento del reglamento de la
denominación de origen, la inspección y el régimen sancionador.
En resumen, señorías, la nueva reglamentación sobre la viña y el vino
deberá adecuarse a la reforma de la OCM europea, por un lado, y a las
competencias transferidas a las comunidades autónomas, por otro; y, por
supuesto, la nueva ley debe afrontarse desde la perspectiva de la
realidad actual del sector, de manera que posibilite su competitividad y
desarrollo comercial, tanto respecto a la Unión Europea como a países
terceros. La nueva ley debe también potenciar la mejora de la calidad de
nuestros vinos, y teniendo en cuenta las características propias del
suelo, clima, elaboración, avanzada tecnología, etcétera, de nuestro
país, debe convertirnos en líder mundial del sector vitivinícola.
Esto es lo que hemos pretendido con la elaboración de este proyecto de
ley en la subcomisión que ha tratado del sector vitivinícola español.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GOMEZ: Señor presidente, la regulación jurídica del sector
vitivinícola en España de todos es conocido que viene dada por lo que
conocemos como el estatuto de la vid, la viña, el vino y los alcoholes,
del 2 de diciembre de 1970. El citado estatuto de máximo rango legal,
como es sabido también, fue modificado de facto con motivo de la entrada
de España en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1986, y posteriormente
ha sido modificado en esta Cámara de forma puntual en varias ocasiones.
En definitiva, es una ley que regula un sector en la actualidad que nada
tiene que ver con lo que suponía el sector vitivinícola en el año 1970.
Yo creo que aparecía una demanda unánime del sector y también de todos
los grupos políticos para dotar a dicho sector de una nueva
reglamentación y de un nuevo estatuto. Debemos seguir manteniendo el
máximo rango legal, dada la trascendencia y la importancia
socio-económica que tiene el sector vitivinícola en nuestro país.
Durante los últimos trece años de gobiernos socialistas, a pesar de los
antecedentes que acabo de citar, con motivo de la entrada de España en la
Unión Europea y de las diversas modificaciones y, por tanto, de haber
quedado prácticamente obsoleta dicha ley, el sector, de alguna forma, ha
estado conviviendo con una reglamentación preconstitucional. Con el
primer Gobierno popular, este grupo, de acuerdo con su propio programa
electoral, se propuso tener la osadía o las agallas de afrontar la
reforma en profundidad de la legislación vitivinícola, una nueva
reglamentación, un nuevo estatuto que diera al sector una nueva
herramienta legal que impulsara la modernización, la competitividad, el
liderazgo que nosotros queremos que tenga este sector, no solamente en el
mercado interior, en el mercado de la Unión, sino a nivel mundial. Todo
ello, además, impulsando un nuevo sistema de legislar que hemos
implantado en esta legislatura desde el Gobierno, desde el grupo
parlamentario y, en la mayoría de las ocasiones, apoyado por la mayoría
de los grupos parlamentarios, basado en el diálogo y en la participación
con carácter previo. Es una nueva situación que no se daba en esta Cámara
con anterioridad y que creo que es de justicia resaltar, porque entiendo
también que el sector lo ha acogido hasta con entusiasmo; que por primera
vez, a la hora de legislar, de afrontar una reforma legislativa
importante para un sector, se les haya pedido opinión, se haya pedido la
participación a la mayoría de los expertos, a la mayoría del sector, a
las organizaciones agrarias, a las organizaciones empresariales, a la
mayoría de los consejeros de agricultura de las distintas comunidades
autónomas y, también hay que destacarlo, a la totalidad de los grupos
parlamentarios, de los grupos políticos. Insisto, que antes de la entrada
de un proyecto de ley en esta Cámara hayamos podido abrir un gran debate
en el que afrontemos la realidad del sector, las distintas posiciones de
los subsectores de la vitivinicultura en España y de las distintas
posiciones políticas de los grupos parlamentarios.
La subcomisión, que fue aprobada por el Pleno del Congreso de los
Diputados el 6 de mayo de 1997, ha estado trabajando durante los últimos
seis meses con el paréntesis del verano, como es natural; finalmente, se
ha elaborado un documento, con la participación de todos, no sin
discusiones y diferentes posturas; pero creo que es para sentirnos
satisfechos de haber llegado a un grado de entendimiento importante,
después de haber oído a más de 35 expertos, más de 35 participantes, con
las características que comentaba anteriormente, incluida, en principio,
la posición del Gobierno, a través de la directora general de Industrias
Agroalimentarias, y finalizando con la presencia de la propia ministra de
Agricultura. En total, como digo, han sido más de 35 los comparecientes
en la propia subcomisión.
No voy a entrar, porque es conocido de todos, incluso de esta
subcomisión, en aquellos importantes debates, a los
que he hecho alusión anteriormente, que tuvimos en la legislatura pasada
con motivo de la postura de rechazo de la propuesta de reforma de la
organización común de mercado que se proponía por parte de la Comisión
Europea, pero es de justicia recordar que fuimos pioneros en esta Cámara
al elaborar un documento allá por abril de 1994, cuando todavía nadie se
había pronunciado sobre estas cuestiones, y que también tuvimos no sé si
la osadía de llegar a la unanimidad, a conformar nuestras diferentes
posiciones en un solo documento de la propia Cámara, marcando las pautas
de lo que debería ser aquella propuesta de reforma. En aquellos momentos
también evaluábamos la gran importancia que para España tiene el sector
vitivinícola en nuestro país. Por ello no voy a entrar ahora a enumerar
sus características socioeconómicas y medioambientales.
Las conclusiones de la propia subcomisión --conclusiones que, repito, son
de todos, que han sido redactadas con la participación de todos--, van a
servir como recomendaciones de este Parlamento, de la postura de los
grupos parlamentarios y, por tanto, de esta Cámara, al Ministerio de
Agricultura, para que sirvan de base, de ejes básicos, en la redacción
final del anteproyecto de ley que el ministerio ha de elaborar y ha de
presentar en esta Cámara, tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
En esas conclusiones queremos destacar, en primer lugar, esa importancia,
de la que hablaba yo antes, del sector vitivinícola en España. Dejamos
sentado que es un sector importante dentro del conjunto de la economía
nacional, que sirve para fijar la población en el medio rural, evitando
el despoblamiento y que sin duda ayuda a la creación de empleo,
defendiendo también el mantenimiento del medio ambiente.
En un segundo punto, ponemos de manifiesto el potencial vitivinícola
español y sus propias características, las características
diferenciadoras del sector, del producto, de nuestras uvas, de nuestros
vinos, por las condiciones de clima, de suelo, de prácticas de cultivo,
de elaboración, que hacen que nuestros productos sean diferentes de los
del resto de la Unión Europea y del mundo. No en balde, por destacar una
cuestión, tenemos unos rendimientos de los más bajos de la Unión Europea;
eso no solamente no debe ser un impedimento, sino que debemos potenciar
ese hecho diferencial, porque sin duda ese bajo rendimiento de nuestras
vides va en relación directa con la excelente calidad de los vinos
españoles respecto de los de la Unión Europea.
Asimismo destacamos en el tercer punto cómo queremos dotar al sector de
las herramientas legales y del marco jurídico que sea capaz de impulsar
su modernización con vistas al próximo siglo. Hemos dicho al principio
que tenemos una reglamentación vitivinícola que data del año 1970, que es
absolutamente obsoleta, una reglamentación que se redactó y se aprobó
para las características del sector en aquellos años. Por tanto, es
conclusión de todos que no sirve para los momentos actuales en este mundo
de economías y producciones totalmente abiertas, además de pertenecer a
la Unión Europea. Para nosotros, es un elemento básico el prestar
especial atención al fomento de la calidad de nuestros vinos,
identificándolos. Hace tiempo que venimos trabajando y discutiendo en la
Comisión de Agricultura sobre esta cuestión y creo que la totalidad de
los grupos políticos defienden el concepto de vino-alimento,
identificando el vino como un complemento más de la dieta mediterránea.
Es ésta una de las conclusiones importantes a la que todos hemos llegado.
Queremos resaltar también la importancia de la especificidad del sector
vitivinícola, esas características históricas que tiene la
vitivinicultura en España, que afecta a la práctica totalidad de las
regiones, con una diversidad de vinos que se complementan entre sí y que
hace que en España se produzca uno de los mejores vinos del mundo. Pero
tengo que reconocer que no somos nada originales al tratar de dotarnos de
una norma de máximo rango legal que regule este sector, porque en el año
1932, en tiempos de la II República, ya se elaboró el primer texto legal
en forma de ley y en el año 1970 el actual estatuto. Nosotros insistimos
en que es necesario dotarnos de una herramienta legal que regule
exclusivamente el sector vitivinícola y que sea --como algunas veces
hemos comentado entre todos-- una especie de constitución de la viña y
del vino, que sea sencilla, que sea básica y que afecte a todas las
regiones de nuestro país. De acuerdo con lo que antes comentábamos
respecto a defender el concepto de vino-alimento dentro de la dieta
mediterránea, entendemos que esa futura ley no debe ocuparse de los
alcoholes y las bebidas espiritosas, puesto que están regulados
directamente por los reglamentos comunitarios, y tampoco de las
denominaciones de origen de otros productos agroalimentarios. Queremos
destacar la especificidad del sector vitivinícola respecto de otros
productos agroalimentarios, como viene ocurriendo --insisto-- desde 1932.
Respecto a la viticultura --la verdad es que es poco oportuno ahora
saciar la sed de este parlamentario con agua (Risas.), pero la hora no es
muy propicia para hacerlo con otro producto--, una de las conclusiones a
que se llega en este documento es que España es el primer país del mundo
en superficie dedicada a la viticultura, con más de 1.450.000 hectáreas,
y queremos seguir siendo líderes en superficie, al menos de plantación de
viñedos. En los últimos quince años se han podido perder en nuestro país
más de 350.000 hectáreas de videño; en unas ocasiones han sido
subvencionadas, pero en la mayoría de ellas se han perdido sin
subvención. No queremos perder ni una sola hectárea más de viñedo del
cupo que tiene nuestro país. En ese sentido, nosotros recomendamos al
ministerio que, en la nueva ley, en el nuevo estatuto, establezca una
especie de banco de reserva nacional de derechos de replantación, para
que, una vez demostrada la no utilización en los distintos territorios,
pueda redistribuirse, a través del ministerio y con la concurrencia de
las distintas comunidades autónomas, en todo el territorio nacional.
Otra de las recomendaciones que hacemos se refiere a las autorizaciones,
en qué momentos se puede autorizar y las condiciones de riego de los
distintos viñedos. Asimismo, queremos destacar, en otra de las
conclusiones, cómo de alguna manera se está abusando de las indicaciones
de crianza y reserva en los distintos territorios. Yo creo
que, para dar confianza al consumidor y para dar confianza al sector, es
importante que haya unos criterios mínimos que regulen estos aspectos.
Por otra parte, señor presidente, señorías, queremos afrontar, de una vez
por todas, el concepto de denominación de origen. Nosotros entendemos que
tanto el concepto de denominación de origen como del órgano que gestiona
las denominaciones de origen es un patrimonio que se ha ido fraguando en
este país y queremos potenciarlo, pero al mismo tiempo queremos
liberalizar, conceder capacidad jurídica propia, capacidad de
autorregulación a esos órganos gestores de las denominaciones de origen
sin tutelas administrativas. A los que conocemos hoy como consejos
reguladores, dada la confusión legislativa y reglamentaria que existe en
nuestro país, dado el índice de transferencias que se han realizado desde
el Ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas y teniendo en
cuenta el Estado de las autonomías del que nos hemos dotado, se les
considera unos entes desconcentrados de la Administración y que nadie
sabe todavía, a estas alturas, qué competencias tienen. Creo que es hora
de asentar los principios básicos de regulación de esa denominación de
origen y de esos órganos gestores, y a ello se refieren los puntos 9 y
siguientes de las conclusiones. Queremos que las denominaciones de origen
sean de titularidad pública, pero al mismo tiempo queremos que los
órganos gestores --lo que conocemos como el consejo regulador-- tengan
personalidad jurídica propia y en régimen de Derecho privado, encargados
de las funciones económicas de carácter privado. Nosotros recomendamos
unas cuantas funciones, por ejemplo, mejorar la calidad, proponer
variaciones en la determinación de la zona de producción, establecer los
rendimientos máximos, definir normas elaboradoras de cosecha, estudio y
promoción de los mercados, calificación de vinos, prácticas culturales,
prácticas de elaboración y crianza o envejecimiento, etcétera.
Dadas las características del sector, nos parece que la composición de
los consejos reguladores debe fijarse con los criterios de
representatividad económica y de forma paritaria entre el sector
productor y comercializador, garantizando en todo caso una
representatividad y una presencia adecuada de las minorías. Al mismo
tiempo, sugerimos la creación de consejos reguladores interprofesionales
en cada denominación de origen, que asumirían las funciones propias del
consejo regulador actual y las establecidas en la Ley 38/1994, relativas
a las organizaciones agrarias interprofesionales.
Creemos de vital importancia que el sector se gane la máxima confianza de
los consumidores, debiendo saber éstos que en los órganos gestores de las
denominaciones de origen no se es juez y parte. Las competencias de
control, de seguimiento y de vigilancia de la normativa legal, de la
reglamentación que se establezca, no pueden tenerlas las mismas personas;
el controlado no debe ser nunca el controlador. Por tanto, entendemos que
las competencias de control, que son de carácter público, deben estar
diferenciadas orgánicamente. El cuerpo de control, lo que son los
inspectores, estará en los propios consejos reguladores, que
orgánicamente debe depender de la correspondiente administración. De esta
manera, señorías, estaremos impulsando la confianza de los consumidores
en las diferentes denominaciones de origen de los vinos de nuestro país.
Finalmente... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Ruego que guarden silencio.
El señor ISASI GOMEZ: Finalmente, quiero agradecer, después de exponer
las recomendaciones y las conclusiones, a la propia ministra de
Agricultura el apoyo y el impulso que ha dado a esta nueva forma de
legislar, que haya sido posible este debate y la propia subcomisión,
esperando las conclusiones de esta subcomisión antes de elaborar el
proyecto de ley que tiene intención de enviar a esta Cámara. Agradezco
también la colaboración del resto de los grupos parlamentarios, de todos,
su trabajo y el interés manifestado permanentemente, y, cómo no, las
críticas que se hayan podido hacer en algunos momentos, críticas incluso
un tanto agrias. En estos momentos navideños yo tiendo la mano a todo el
mundo para que, si es posible, todos nos sumemos unánimemente a este
documento final de las conclusiones de esta subcomisión que se enviarán
a la ministra de Agricultura.
Yo espero que, habiendo cumplido los plazos de esta subcomisión, el año
1998 pueda ser conocido en el próximo siglo, como conocemos ahora el año
1932 o el año 1970, como año referente de la nueva reglamentación, como
el año del nuevo estatuto, de la nueva constitución de la viña, el vino
y sus derivados. Por último, solicito que las conclusiones de esta
subcomisión sean elevadas al Pleno de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Creo que no se podrán quejar
de la flexibilidad en el tiempo de esta Presidencia.
El señor ISASI GOMEZ: Sin duda, señor Presidente, le agradezco la
benevolencia demostrada. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Vamos a abrir un breve turno
de aclaraciones, de tres minutos, y esta Presidencia --mientras esté en
ella-- va a ser absolutamente inflexible en los tiempos.
Tiene la palabra el señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Creo que me va a sobrar la mitad del tiempo que
nos ha concedido.
Simplemente intervengo por una cuestión. Cuando se ha establecido el
orden de intervenciones, parecía que no se iba a hacer una exposición del
informe, porque no había ponente al respecto. Se ha acordado que el Grupo
Socialista defendiese los votos particulares y en ello me he centrado; no
en fijar posición respecto al informe de la subcomisión y cuyo voto
favorable he anunciado al principio.
Sí anuncio que esos ocho votos particulares, que van a ser sometidos a
votación, vamos a mantenerlos para el Pleno, en el caso de que aquí no
sean apoyados, como parece previsible, sacando así de un error al
portavoz del
Grupo Parlamentario Popular. Será después de esas votaciones cuando habrá
finalizado realmente el cometido de la subcomisión y se podrá dar
traslado a la ministra al respecto. Por tanto, no anticipemos los hechos
y esperemos a que, después del debate del Pleno y después de sus
resultados, se dé traslado a la ministra.
En cualquier caso, puesto que ya ha reconocido el portavoz del Grupo
Popular, lo cual me agrada, que ha habido participación y colaboración de
los grupos que hemos formado parte de esa subcomisión, quiero añadir el
agradecimiento a los más de treinta y cinco comparecientes, sus
aportaciones, que han sido muy importantes y muy válidas a la hora de
elaborar nuestras conclusiones. Como último mensaje, diré que comparto la
valoración de la importancia del tema que nos ocupa en esta Comisión hoy
y, dada la particularidad del cultivo de la viña y de la elaboración y
comercialización del vino, dada la importancia de las denominaciones de
origen --y no sé si era por un lapsus, pero de hecho el tema de la
titularidad pública no aparecía hasta que el Grupo Socialista lo
introdujo en la última sesión--, la gran importancia que tiene este
sector, no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el
punto de vista cultural, social e histórico, pediríamos que el proceso
final, el proceso que después del Pleno se lleve adelante por parte del
MAPA, sea un proceso que busque el consenso, que busque el acuerdo, no
sólo político, sino también con el sector y con las comunidades
autónomas, que mucho tienen que decir, sobre todo porque tienen
competencias al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): ¿Algún grupo más quiere hacer
alguna aclaración? (Pausa.)
Señor Isasi, tiene la palabra por tres minutos.
El señor ISASI GOMEZ: Voy a aprovechar este turno para hacer algún
comentario, porque ha fijado la posición respecto del documento, pero no
respecto a los votos particulares.
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Le recuerdo que tiene tres
minutos.
El señor ISASI GOMEZ: Sin duda, señor presidente.
Por empezar por el final, sobre la titularidad pública de las
denominaciones de origen, es verdad que en una de las últimas reuniones
que tuvimos en la subcomisión se habló de este tema, porque se había
escapado de alguna manera, pero en el documento que se presentó por parte
del Grupo Popular aparecía, y está escrito, y reconocimos que en la
transcripción de los diferentes documentos se había olvidado.
Yo espero que de aquí al Pleno reconsideren la redacción de algunos de
los votos particulares, porque, en el primero, yo todavía no sé qué
posición tiene el Grupo Parlamentario Socialista; no se manifiesta, no
hay propuestas, hacen un relato de cosas, pero no dicen: nosotros
queremos esto. No lo dice. No. Dice: Teniendo en cuenta lo expuesto en
diversas comparecencias, la primera cuestión que hay que plantear es si
se lleva a cabo o no la reforma antes o después de la reforma de la OCM
del vino. Pero el Grupo Parlamentario Socialista no dice cuál es su
postura. Conozco la postura del Consejo de Estado, nos sirve de
orientación, aunque no para que nosotros tomemos una decisión política.
El voto particular número 3 consta de cuatro folios y el texto es el que
redactó la letrada con las cuestiones que habían surgido en las
exposiciones de los distintos comparecientes. En el último folio, a pesar
de haber manifestado en varias sesiones el concepto que no quería que
apareciese el Grupo Socialista como nueva ley, ellos han pretendido en
dos ocasiones incluirlo en la nueva ley. Me imagino que esta cuestión se
mejorará cuando llegue su debate al Pleno.
Aquí se plantean dos modelos diferentes...
El señor VICEPRESIDENTE (Amarillo Doblado): Señor Isasi, por favor, vaya
terminando. Ha terminado su tiempo.
El señor ISASI GOMEZ: Dos modelos. Uno, basado en lo que hemos expuesto
y otro basado en dos textos legales. Uno es el relativo a denominaciones
de origen, de todas las denominaciones agroalimentarias --que no es el
mandato recibido por esta subcomisión--, y otro, el texto que nosotros
proponemos. Por lo tanto, es difícil admitirlo.
El voto particular número 6 nada tiene que ver con lo que se quiere
enmendar y el número 7 tampoco está relacionado con esta cuestión.
Quería destacar que las cuestiones expuestas en estos votos particulares
son distintas de las que nosotros hemos planteado. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, una vez finalizado el debate, vamos a
proceder a las votaciones.
En primer lugar, los votos particulares presentados por el Grupo
Socialista, numerados de 1 a 8. Los votaremos conjuntamente, salvo que se
solicite expresamente la votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Procedemos a votar a continuación el informe de la Subcomisión.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, ¿entiende la Comisión que debe someterse al Pleno de la Cámara?
(Asentimiento.)
Se entiende que por asentimiento se someterá al Pleno de la Cámara.
Levantamos la sesión, felicitándoles las Navidades y deseándoles un
próspero Año Nuevo.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde.