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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 357, de 16/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 357
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 16 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre reconocimiento y amparo de la lengua de signos española.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número
de expediente 161/000708) (Página 10537)
--Sobre mediación en las negociaciones encaminadas a la consecución de un
convenio colectivo marco estatal en el ámbito de los empleados de
notarías. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de
expediente 161/000737) (Página 10541)
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Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días. Se inicia
la sesión.
Antes de comenzar el debate y votación de los puntos del orden del día,
quisiera hacerles una propuesta, en base al artículo 68, número dos, del
Reglamento, acerca de la retirada con suspensión o aplazamiento del punto
uno del orden del día, que es el informe aprobado por la subcomisión
relativa a la formación e inserción laboral y el acceso a la vivienda de
la juventud en España, en su reunión del día 9 de diciembre de 1997.
Se ha producido confusión en un acuerdo adoptado por la Mesa y Junta de
Portavoces de la Cámara y, a fin de que todos los grupos parlamentarios
puedan hacer uso de su derecho a presentar votos particulares y
participar en el debate, pido el asentimiento de los distintos grupos
para aplazar el debate de este punto uno del orden del día y para elevar
un escrito a la Presidencia de la Cámara pidiendo que nos aclare el
sentido o el alcance de un acuerdo del que esta Comisión no tiene
constancia formal y cuya interpretación, como he dicho, se ha prestado a
confusión por parte de algunos grupos parlamentarios.
¿Están conformes SS. SS.?
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, entiendo relativamente la
situación y deduzco que lo que hacemos es acordar un aplazamiento. Mi
duda, señor presidente, es hasta cuándo se aplazaría la situación.
Teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, no sé si tenemos los
plazos y si la Mesa tiene alguna previsión de cuándo podría estar
resuelta esta circunstancia suspensiva que nos obliga a tomar esta
decisión.
El señor PRESIDENTE: Obviamente, parece que lo razonable es situarnos en
el próximo período de sesiones, en el mes de febrero, en la primera
reunión de la Comisión.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, se me escapan los motivos
por los cuales hoy no podemos continuar el trámite normal de esta
iniciativa. Se comunicó a los portavoces de esta Comisión el plazo de
presentación de enmiendas, que terminaba el viernes pasado, lo cual había
sido acordado en una anterior Junta de Portavoces de esta Comisión.
Y, en todo caso, me parece que tanto la Mesa como los portavoces de la
Comisión hemos actuado en función del dictamen que en su día emitió la
Mesa de la Cámara. Por tanto, no entiendo absolutamente nada la decisión
que se toma de no continuar con el trámite de este informe y quiero que
conste en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre, señor Campuzano --y no sé si usted es
portavoz de su grupo parlamentario en la Junta de Portavoces--, es que se
adoptó el acuerdo --estoy hablando no de manera oficial, sino oficiosa--
de cerrar --y el término cerrar no sabemos si es clausurar, liquidar,
extinguir, suspender-- la actividad de la subcomisión, de una, de tres o
de otras afectadas también por esa decisión de la Mesa de la Cámara y
Junta de Portavoces y unos grupos o un grupo ha interpretado esa decisión
de una forma determinada y no ha presentado votos particulares, por creer
que ya no iba a haber debate ni informe. Esa es la razón exclusivamente.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, mi perplejidad se deriva
de que en las últimas dos semanas la ponencia de facto de esta
subcomisión ha trabajado en la elaboración de este informe, que se había
abierto un plazo de enmiendas la semana pasada, que nadie discutió, y que
ese plazo de enmiendas se cerró. Dos grupos parlamentarios presentaron
los correspondientes votos particulares y en ningún momento, por parte de
mi portavoz o portavoces en la Junta de Portavoces, ni de los Servicios
de la Cámara, ni por parte de la Presidencia se nos indicó a los
diputados de aquella subcomisión que podíamos estar incurriendo en un
tipo de actividades que no sé cómo calificar, sinceramente. Por tanto,
hago constar simplemente mi perplejidad por enterarnos ahora de que
suspendemos esta tramitación.
El señor PRESIDENTE: Haremos constar su perplejidad.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, yo creo que en estos momentos
lo que es justo es poner la situación en lo que es la realidad de los
hechos y en lo que ha sucedido. Parece ser que no es un problema que
afecte a todos o a varios grupos, sino que uno, en concreto el Grupo
Socialista, ha tenido un problema de coordinación respecto a la
interpretación de un acuerdo adoptado por la Mesa y Junta de Portavoces.
Yo entiendo que los problemas formales deben superarse siempre que sea
posible y creo que en este procedimiento debe serlo. A mí me parece que
las enmiendas del Grupo Socialista, que es el grupo mayoritario de la
oposición, deben ser debatidas. Creo que eso enriquecerá, que debe
enriquecer, sin duda alguna, el debate sobre un informe que es muy
importante para la Cámara. Tenga en cuenta, señor presidente, que este
informe quedó aplazado en la anterior legislatura y que el Senado ha
elaborado un importante documento sobre el futuro de la juventud y sus
problemas respecto a la vivienda y al empleo. En virtud de esa situación
y creyendo que en estos momentos lo que procede es precisamente dar
cabida a la posibilidad de que todos los grupos, y fundamentalmente el
grupo mayoritario de la oposición, puedan presentar sus enmiendas en
tiempo y forma para ser debatidas en esta Comisión, sería deseable que
procediéramos, como ha anunciado el señor presidente, al aplazamiento de
este punto del orden del día a un momento procesal en el que podamos
debatir cuál es la expresión y la opinión de todos los grupos
democráticamente representados en esta Cámara respecto a un problema de
la trascendencia y la importancia del que íbamos a tratar esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Mi grupo entiende que ha cumplido los plazos y
las condiciones que hemos ido acordando en el transcurso de la
subcomisión. Yo en este momento no conozco el acuerdo de Mesa y
portavoces que permite, por lo que yo veo, distintas interpretaciones. Si
ello es así, mi grupo sería partidario del aplazamiento para poder
debatir el informe con la participación de todos los grupos, porque entre
otras cosas ésta es la idea que hemos ido desarrollando a lo largo del
trabajo en la Subcomisión, pero en el bien entendido de que finalmente
será posible debatir ese informe. O sea que la palabra cierre en este
caso no sería la adecuada, pues debe hacerse todo lo posible para que el
debate de las conclusiones y de las consideraciones se lleve a efecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Intervengo para hacernos dueños de nuestra
propia posición.
No sé si es un malentendido o no, pero es cierto que procede oficiar a la
Junta de Portavoces para preguntarle qué significa el cierre de las
comisiones, porque la interpretación que de ello pueda hacerse es la que
nosotros hemos hecho: que el cierre significaba que ya no cabía plazo de
enmiendas o que ese plazo de enmiendas que se había conferido no actuaba.
A lo largo de la historia de la subcomisión, el Grupo Socialista ha ido
presentando puntualmente las iniciativas correspondientes, pero no ha
podido presentar estas enmiendas, no sé si es por una equivocación
nuestra o por una confusión producida por la Junta de Portavoces. En todo
caso, a mí me parece correcto que se oficie para conocer con detenimiento
y con exactitud qué es lo que se ha querido decir. Nosotros
presentaríamos las enmiendas y estaríamos dispuestos a debatir el
documento, que me parece que además debería salir fortaleciendo el
consenso de todos los grupos, por ser el tema de que se trata. (El señor
Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿no había expresado con anterioridad
su parecer?
El señor PERALTA ORTEGA: Yo había hecho una pregunta, pero veo que se
debaten las razones de la suspensión, señor presidente, y tengo que decir
que, precisamente por la importancia del tema que estamos tratando y en
la medida en que han participado todos los grupos, bueno sería que
hiciésemos un esfuerzo por que sigamos estando todos en ese debate. Si ha
habido algún grupo que, por equivocación o por inducción del acuerdo de
la Mesa, se ha quedado fuera, démosle la posibilidad de que esté,
debatámoslo entre todos e intentemos conseguir un consenso adecuado a la
importancia del tema.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, como había propuesto, procedemos a
dejar para la próxima sesión el punto 1 del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE RECONOCIMIENTO Y AMPARO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número
de expediente 161/000708).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate y votación de las
proposiciones no de ley incorporadas al orden del día, manifestándoles
que la votación de ambas se efectuará conjuntamente a partir de las 13
horas.
El punto 2 del orden del día es: Proposición no de ley sobre
reconocimiento y amparo de la lengua de signos española, presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora Sabanés tiene la palabra.
La señora SABANES NADAL: La proposición no de ley que hoy presentamos en
la Comisión de Política Social para su debate representa una
reivindicación de años por parte de la comunidad sorda de nuestro país.
La Confederación Nacional de Sordos, declarada de utilidad pública de
España y que representa a diez federaciones territoriales y 96
asociaciones, constituye la máxima entidad en la defensa de los intereses
de las personas sordas de nuestro país, cuyo número estimado supera
1.200.000, según los datos de la propia Confederación, y viene
reivindicando desde hace años el reconocimiento por el Parlamento de la
lengua de signos española como lengua propia de las personas sordas y su
calificación como lengua oficial en el marco del Estado español como
elemento fundamental de superación de la situación discriminatoria en que
se hallan las personas sordas en España. En este sentido, el Parlamento
Europeo adoptó una resolución en 1988 y en algunos países, entre ellos el
nuestro, por motivos fundamentalmente económicos, no se ha llegado a
aplicar. Esa resolución pide expresamente el reconocimiento oficial del
lenguaje gestual y el derecho a usarlo y pide a la Comisión que remita al
Consejo una propuesta para ello. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Sabanés.
Ruego a las señoras y señores diputados que mantengan silencio.
Puede continuar, señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias.
Decía que la resolución del Parlamento Europeo pide a la Comisión que
remita al Consejo una propuesta para el reconocimiento oficial del
lenguaje gestual usado por los sordos en cada Estado miembro y también
pide a los Estados miembros que supriman todos los obstáculos que aún
subsisten para el uso del lenguaje gestual.
Es cierto que en España, en los últimos años, se ha elevado de forma
importante la consideración de la lengua de signos, pero todavía es
notable la situación de inferioridad con respecto a los países de nuestro
entorno. El reconocimiento del derecho de todos los miembros de la
comunidad
sorda a conocer y utilizar su lengua propia debe ser considerado un
elemento importante de integración social a todos los efectos.
Nuestra proposición, en su exposición y presentación, se basa
fundamentalmente en los contenidos del manifiesto que la Confederación
Nacional de Sordos planteó ante la opinión pública y dirigió a todos los
grupos políticos, considerándola como un elemento de superación de las
innumerables dificultades que de forma cotidiana vive una parte muy
importante de nuestra población.
En la Comisión de Educación y Cultura, y en relación con la Declaración
Universal de los Derechos Lingüísticos, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) expresaba que todos los Estados tienen una lengua
propia y oficial por motivos pragmáticos, pero que los pueblos y los
colectivos a veces tienen lenguas por razones vitales. En este caso, creo
que las razones van más allá de los planteamientos que habitualmente nos
hacemos sobre los vínculos históricos, los signos de identificación o la
riqueza de la diversidad lingüística, ya que estamos tratando de abordar
el reconocimiento y la necesidad de una lengua que, siendo minoritaria,
permite superar la situación de inferioridad de las personas sordas con
respecto a los oyentes y abordar en mejores condiciones su integración en
el conjunto de la sociedad. Por eso, la presentamos en esta Comisión.
La parte dispositiva de la proposición no de ley que hoy presentamos no
va encaminada al reconocimiento oficial del lenguaje de signos, como se
dice en la propia resolución de la Comunidad Europea del año 1988, sino
que en ella se insta al Gobierno a que, en un plazo de seis meses, y tras
las audiencias a expertos y reuniones con las asociaciones más
representativas de los intereses del colectivo de personas sordas,
presente a esta Cámara un informe detallado sobre lo que significaría y
las consecuencias que tendría para las distintas administraciones
públicas, a nivel educativo, financiero, económico, social o de cualquier
otra clase, el reconocimiento y amparo al máximo nivel posible de la
lengua de signos española, figurando en ese mismo informe lo necesario
para su declaración como lengua oficial, para su inclusión como
disciplina académica en los planes generales de educación de todas las
personas sordas u oyentes y para su implantación generalizada, junto a la
subtitulación textual, en todos los medios e instrumentos de comunicación
que tengan naturaleza de servicio público, como televisión y telefonía.
Entendemos que la propuesta que hacemos hoy en esta Comisión incluye la
posibilidad de elaborar un informe, de dar audiencia a los interesados,
de dar audiencia a los expertos, para, en un plazo razonable, abordar el
problema de la forma que mejor pudiéramos considerar. Por tanto, yo
rogaría que los distintos grupos apoyaran esta proposición no de ley, ya
que, más allá de que sea la propuesta de un grupo parlamentario, es la
expresión de una reivindicación, formulada incluso con menor nivel de
exigencia que lo hacen los propios colectivos de sordos en sus propios
informes y con la posibilidad de llegar a una solución de consenso.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda y, para su defensa, tiene la palabra don Teófilo de Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Tomo la palabra en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tras evaluar la proposición no de ley sometida a
debate y presentada por Izquierda Unida.
La proposición no de ley en cuestión, tal y como ha dicho la señora
Sabanés, pretende que el Gobierno, mediante un informe, evalúe las
consecuencias que tendría, previa audiencia de todos los sectores
interesados, en relación a una posible declaración de la lengua de signos
española como lengua oficial, en relación a la incorporación de la lengua
de signos oficial a los planes de estudio, tanto para oyentes como para
no oyentes, y en relación a un posible impulso de la lengua de signos y
subtitulación en todo aquello que es comunicación en general, tanto
telefonía como televisión.
Antes de dar la opinión de mi grupo sobre la iniciativa en cuestión,
sería conveniente repasar los antecedentes y las posiciones que mi grupo
ha mantenido desde hace muchos años en la absoluta necesidad de
contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación que
dificultan la integración de los sordos en la sociedad, objetivo que nos
parece muy necesario.
En el año 1992 se constituyó en el Senado una subcomisión para estudiar
los problemas que afectaban al colectivo de minusválidos en España y, en
aquel entonces, una de las reivindicaciones fundamentales del colectivo
de sordos era incrementar las horas de emisión subtituladas en las
televisiones en general y fundamentalmente en Televisión Española.
Naturalmente, nosotros nos hicimos eco de ese deseo, de esa necesidad del
colectivo de sordos y así lo defendimos en aquel momento.
Posteriormente, en la legislatura 1993-1996, ése seguía siendo un deseo
no alcanzado del colectivo de sordos, cuyo número de personas es el que
ha señalado la señora Sabanés; las estadísticas no son muy fiables, pero
se habla de en torno a un millón de personas, entre los que son sordos de
nacimiento y los que se les ha producido la minusvalía auditiva a lo
largo de la vida. En esa legislatura mi grupo parlamentario continuó
insistiendo, a través de los mecanismos que el Reglamento de la Cámara le
otorgaba, que eran preguntas orales al director general de
Radiotelevisión, en que se aumentara los tiempos de emisión para este
colectivo. En aquel momento, el director general siempre nos ponía
inconvenientes de carácter técnico que dificultaban conseguir lo deseado.
La verdad es que nuestras presiones fueron bastante estériles y no
logramos acercarnos a los niveles de emisión de los países de nuestro
entorno en la Unión Europea.
A partir de 1996 mi grupo ha continuado trabajando por el honorable deseo
de contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación. Hemos
seguido trabajando en la línea de conseguir un aumento de las emisiones
subtituladas por parte de Televisión y el director general, tanto en
preguntas escritas como en preguntas orales, se ha comprometido a --creo
que ya están puestas en marcha-- cuatro
cabinas más y una mejor dotación técnica, lo que hará posible que a
finales del año 1997 el número de horas de emisión tenga un incremento
muy notable y nos acerquemos a la media europea. Además, en la parrilla
de programación de Televisión Española se ha incluido un programa semanal
de media hora de duración dedicado a ese colectivo. Luego hemos tenido
una buena respuesta de ese primer vector de trabajo que hemos
desarrollado desde mi grupo parlamentario.
La segunda línea de trabajo que hemos desarrollado es, en efecto,
continuar alentando y presionar para conseguir que se siga trabajando en
colaboración con las comunidades autónomas para apoyar la adquisición de
equipos para las comunicaciones interpersonales. También se han formulado
distintas preguntas escritas; incluso hubo una pregunta oral que tuve el
honor de formular al ministro de Trabajo para que se continuara
profundizando en esa línea. Gracias a la sensibilidad que ha manifestado
el Gobierno por el asunto, a finales de octubre se ha autorizado un
crédito de 257 millones para que, en colaboración con las comunidades
autónomas, se apoye la adquisición de equipos que favorezcan la
comunicación.
La última línea de trabajo que mi grupo ha venido desarrollando hasta la
fecha en esta legislatura ha sido comenzada recientemente con iniciativas
escritas y por una pregunta oral que tuve la oportunidad de formular al
ministro de Trabajo en el Pleno de la semana pasada; se refiere
fundamentalmente a la necesidad de que se dote al colectivo de sordos en
los niveles de educación y de formación de conveniente apoyo para mejorar
sus rendimientos, su capacitación y así favorecer su incorporación al
mercado de trabajo, que creo que es requisito imprescindible para
conseguir la integración plena, tanto de los sordos como de otros
minusválidos, en la sociedad en línea con lo dispuesto en la
Constitución.
Por lo tanto, es evidente que los antecedentes que he descrito indican la
preocupación de este grupo parlamentario desde hace muchos años por el
asunto y una coherencia y una continuidad en los planteamientos que
desarrollamos. Bajo esa perspectiva nos hemos permitido, como era nuestra
obligación y nuestro derecho, la valoración de la proposición no de ley
de Izquierda Unida. Bien es cierto, como decía antes, que la proposición
no de ley en principio pretende que el Gobierno, previa audiencia de los
sectores, etcétera, evalúe las consecuencias que tendría la declaración
de la lengua de signos española como lengua oficial. Desde nuestro punto
de vista esta declaración como lengua oficial, a pesar de los avales que
tenga este planteamiento de instancias comunitarias o incluso del propio
colectivo, nos parece que es un paso demasiado avanzado. Entendemos que
la declaración de lengua oficial implicaría una modificación del texto
constitucional, en cuyo artículo 3 se establece cuáles son las lenguas
oficiales de nuestro país. La declaración de lengua de signos como lengua
oficial llevaría aparejada, en coherencia con decisiones adoptadas en
esta Cámara, que los contratos de seguros tuvieran que ser publicados en
lenguas oficiales, que los impuestos de la Administración tributaria
tuvieran que ser publicadas en lenguas oficiales o incluso que
determinadas normas en relación al etiquetado de productos tuvieran que
ser recogidas en lenguas oficiales, si por oficial entendemos que todas
las lenguas declaradas oficiales tienen los mismos derechos o la misma
necesidad de ser utilizadas y no admitimos lenguas oficiales de primer
rango y lenguas oficiales de segundo rango.
Respecto a la incorporación en el sistema educativo de la lengua de
signos como enseñanza para oyentes y no oyentes, existe un debate en la
comunidad sorda respecto a la lengua de signos. Existe una parte de la
comunidad de sordos que se inclina por la utilización de la lengua de
signos como lengua propia y, en cambio, existe otra, y esto me lo ha
confesado el propio presidente de la Confederación Nacional de Sordos de
España, que pretende e intenta manejar la lengua habitual de los oyentes
para su comunicación con el resto de sus conciudadanos. El tercer
planteamiento de la proposición no de ley es mejorar las comunicaciones
interpersonales y la comunicación por televisión del colectivo. Como he
señalado antes, estamos en buena línea para conseguir el objetivo
deseado.
A los efectos de recoger el interés de consenso que la señora Sabanés ha
manifestado y convencido plenamente de que hay que continuar en una línea
coherente, realista y sistemática de trabajo para intentar incorporarse
a este importante colectivo de personas, cuyo único inconveniente para
lograrlo es la barrera de comunicación, creo que es muy importante la
unidad de todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión
y en la Cámara para hacer planteamientos que sean solventes y realizables
por parte del Gobierno. Esas son las razones que inspiran la enmienda que
hemos presentado, en donde se recoge la necesidad de remisión por el
Gobierno de un determinado informe respecto a una mayor promoción y apoyo
de la lengua de signos como uno de los posibles medios de expresión del
colectivo de sordos. Espero después de oír la intervención de la señora
Sabanés, que se ha declarado favorable a un consenso, que podamos llegar
a un texto que ella acepte como enmienda y que obtenga el apoyo de todos
los grupos representados en la Comisión para dar un paso más en la
incorporación plena de los sordos a la sociedad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Como Nueva Izquierda, entendemos que la
proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida tiene un
fundamento real muy claro y persigue un objetivo en el que creo que todos
estamos absolutamente de acuerdo. Por otra parte, lo que plantea esa
proposición no de ley, que el Gobierno elabore un informe, permitiría que
las razones expuestas por el representante del Grupo Popular en estos
momentos fueran conocidas por todos y, además, tuvieran el aval no ya de
haber sido transmitidas por el presidente de la Confederación o por otro
tipo de medios perfectamente respetables, sino de que el Gobierno ha
llevado a cabo los oportunos contactos y estudios empleando los recursos
de la Administración del Estado para ver, efectivamente, si esos
objetivos que se pretende en esta proposición no de ley son razonables o
no lo son.
Oyendo el debate pensaba en una pequeña anécdota que me permito recordar
a sus señorías. En circunstancias normales una persona afectada de
minusvalía de la que aquí hablamos no puede estar aquí en el Congreso de
los Diputados; no podría ser representante del pueblo español. He tenido
una cierta experiencia en este sentido. Hace unos años en una legislatura
anterior un compañero del grupo parlamentario que tenía deficiencias
auditivas hizo una pregunta al Pleno al ministro sobre si éste iba a
hacer no sé qué cosa, no recuerdo el término literal, y la respuesta del
ministro fue muy seca y muy explícita: no. El compañero entendió que sí
y felicitó al ministro. Todos le mirábamos con estupor pensando que
estaba de broma. Luego nos dijo que no, que no había entendido la
respuesta del ministro. Este tipo de cosas se podrían plantear aquí, en
el Congreso de los Diputados. Por tanto, un número determinado de
ciudadanos de nuestro país tienen dificultades para acceder a cierto tipo
de funciones y deberíamos ver en qué medida conseguimos, haciendo un
esfuerzo las personas normales, que la vida cotidiana sea accesible para
estas personas.
Creo que lo que se plantea en la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida es perfectamente asumible por todos. Se trata simplemente
de que el Gobierno elabore un informe, con el aval y la garantía de que
es el Gobierno el que lo elabora y que, por tanto, tiene los medios a su
disposición. También se propone un plazo determinado, que puede ser
discutible --seis meses, más o menos--, y, por eso, nosotros, en
principio, estamos de acuerdo con esa proposición no de ley, que creo que
nos debe permitir a todos saber exactamente hasta dónde podemos llegar,
qué es razonable plantear, qué tipo de dificultades hay, qué otras se
pueden superar, etcétera, en una problemática que es conveniente que
abordemos y para la que es bueno que intentemos encontrar soluciones.
La enmienda del Grupo Popular me parece que va también en esa dirección
de una manera más light, por utilizar una expresión cada día más
normalizada. No hay plazos; se habla del plazo más breve posible, pero
nadie sabe cuál es, pero si el grupo que ha presentado la proposición no
de ley acepta la enmienda del Grupo Popular, por nuestra parte no habría
ningún inconveniente. También me permitiría decirle al Grupo Popular que
haga un esfuerzo por entender que la proposición no de ley del Grupo de
Izquierda Unida no plantea ninguna exigencia con resultado final
inmediato, sino simplemente que todos tengamos condiciones para saber
exactamente cuál es la situación y hasta dónde podríamos llegar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, para el Grupo
Parlamentario Convergència i Unió éste es un tema en el que entendemos
que, si existe voluntad, para el conjunto de los grupos políticos va a
ser relativamente fácil encontrar una fórmula que permita lo que es
esencial de esta iniciativa, que es impulsar por el conjunto de las
administraciones públicas aquellas medidas que tiendan a convertir el
lenguaje de los signos en un verdadero instrumento de integración social
de los sordos del Estado español. Por tanto, nos parece que la enmienda
que plantea el Grupo Parlamentario Popular, con las matizaciones que
quizá quiera hacer el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es
perfectamente aceptable.
A nuestro entender, en la llamada que se efectúa en esta enmienda a la
participación del tejido asociativo representativo del colectivo de
personas sordas para poder elaborar este informe también sería
interesante añadir al conjunto de las comunidades autónomas con
competencias exclusivas en materia de servicios sociales. El propio señor
De Luis hacía referencia a que alguna de estas políticas que se estaban
impulsando desde el Ministerio se estaban haciendo en colaboración con
las comunidades autónomas. Me parecía importante que en ese sentido
también la enmienda incorporase esta referencia. Por nuestra parte,
entendemos que es posible que exista ese consenso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: El Grupo Parlamentario Socialista en un
principio votará favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida sobre reconocimiento y amparo de la
lengua de signos, sin perjuicio de que, presentada la transaccional y si
la parte proponente estima oportuno aceptar algunas sugerencias, apoyemos
esa transaccional. No obstante, en España, donde la educación del niño
sordo ha seguido la tradición del oralismo entendida como enseñanza del
lenguaje verbal exclusivamente, ahora mantenida por la vía de la
integración educativa, que me parece que es un gran avance, el lenguaje
de signos gestuales no ha sido objeto todavía de ningún estudio
científico.
Si, por otro lado, las circunstancias socioeducativas de todos los países
en la línea del oralismo escrito desde hace un siglo han influido
directamente en el comienzo tardío de estudios sobre el lenguaje de
signos, hay además dificultades de investigación derivadas de la propia
naturaleza de dicho lenguaje, como el hecho de ser un lenguaje no oral y
de existir sólo la expresión conceptual de aquí y ahora, es decir, un
discurso en situación sin un sistema de recodificación escrito. Por
tanto, la perspectiva de estudio del lenguaje de signos gestuales no debe
limitarse al sistema de signos en sí; han de tenerse en cuenta contextos
mucho más amplios que la expresión lingüística, como la cultura y las
costumbres de diferentes comunidades que forman las personas sordas.
Son varios los nombres aplicados por las personas oyentes al sistema de
significación manual que utilizan los sordos. En España la denominación
más tradicional es la del lenguaje mímico. De momento es la más enraizada
entre los sordos oralizados y entre los sordos poslocutivos, pero hay
otras denominaciones que se utilizan, tampoco son recientes, como el
lenguaje gestual, el lenguaje asignado,
etcétera. De lo que no hay duda es que, aun siendo minoritario el
lenguaje de signos, es la lengua natural y propia de las personas sordas
y, por tanto, deben tener el derecho a utilizarla como la suya propia.
Los distintos lenguajes de signos utilizados por más de 70 millones de
personas en el mundo no han sido inventados como sistemas artificiales ni
suponen una codificación de segundo grado, sino que se han creado
espontáneamente dentro del grupo de sordos, y su uso se mantiene y se
desarrolla creativamente aunque no hayan sido diseñados. Aquí se han dado
cifras hace un momento sobre personas con discapacidades sensoriales o,
globalmente, sobre personas sordas; podemos decir que las personas sordas
estarían en torno a un millón, pero que tengan la minusvalía valorada
serían en torno a 286.000, y de éstos aproximadamente 120.000 personas
utilizan el lenguaje de signos para comunicarse.
Como decía la señora Sabanés, es cierto que en el año 1988 el Parlamento
Europeo promulgó una recomendación dirigida a los Estados miembros para
que reconociesen las lenguas de signos en las comunidades de sordos para
su comunicación. Algunos países como Francia, Suecia, Dinamarca, Portugal
y Finlandia concretamente, han adoptado medidas institucionales muy
amplias y la reconocen como lengua oficial e incluso creo recordar que
Portugal ha hecho modificaciones en su propia Constitución. En España,
desde la aprobación de la Ley 13/1982, de integración social de
minusválidos, se ha realizado un esfuerzo importantísimo en el ámbito de
la integración y normalización educativa de los discapacitados, que las
propias asociaciones reconocen. La década de 1985 a 1995 ha evidenciado
que el proceso de normalización educativa se ha logrado en España; sin
embargo, es cierto que quedan temas pendientes por resolver como es el
desarrollo y la importancia a dar precisamente a este lenguaje de signos.
Queda camino por recorrer --como decía-- y es el momento de poner en
marcha medidas que favorezcan la comunicación de los sordos y
poslocutivos con el establecimiento de instrumentos que faciliten su
comunicación con las personas de lenguaje oral. Por ello, nosotros
apoyamos esta iniciativa y además el grupo que en este momento sustenta
al Gobierno tiene la oportunidad de poder materializar todo ese interés
que reconocemos y que posiblemente reconozcan las asociaciones y
colectivos para apoyar estas iniciativas y materializarlas en este
momento, puesto que evidentemente hay una cuestión muy clara, que los
recursos técnicos y los recursos humanos han mejorado sustancialmente.
Por tanto, es el momento de adoptar un consenso mayoritario de los grupos
representados en esta Cámara y de apoyar y dar un avance más que mejorará
sensiblemente la situación de un colectivo tan amplio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: En primer lugar, es intención de nuestro grupo
aceptar la enmienda transaccional y que el texto finalmente sea aprobado
por consenso. Bien es cierto que la enmienda que nos presenta el Grupo
Parlamentario Popular tiene algunos elementos que no permiten, en opinión
de nuestro grupo, las mínimas condiciones del objetivo que nuestra
proposición no de ley planteaba. Se dice en la enmienda que en el plazo
más breve posible; yo diré que en el mismo sentido acepté una
transaccional en nombre de mi grupo, sobre la construcción de un
instituto en San Fernando de Henares a principios de legislatura y, a
fecha de hoy, el instituto no está hecho ni planificado; por tanto, lo
del plazo más breve posible es una forma de no adoptar un compromiso
real. Entonces, si es posible, pediría que de aquí a final de la sesión
pudiéramos llegar a una transaccional que estoy intentando redactar, que
pudiera concitar el consenso de toda la Cámara y que llegáramos a un
acuerdo de alguna manera entre la enmienda del Grupo Popular y los
objetivos de nuestra propia proposición.
El señor PRESIDENTE. Gracias, señora Sabanés.
Efectivamente, hasta el momento de la votación, estaremos esperando la
redacción de la enmienda transaccional.
Concluimos así el debate de esta proposición no de ley sobre lengua de
signos.
--SOBRE MEDIACION EN LAS NEGOCIACIONES ENCAMINADAS A LA CONSECUCION DE UN
CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL EN EL AMBITO DE LOS EMPLEADOS DE
NOTARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de
expediente 161/000737).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día,
proposición no de ley sobre mediación en las negociaciones encaminadas a
la consecución de un convenio colectivo marco estatal en el ámbito de los
empleados de notarías, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de Nueva Izquierda, hemos presentado
esta proposición no de ley, que pretende dar solución a un problema que
está planteado en la realidad laboral de nuestro país, que es la ausencia
de normativa laboral de ámbito estatal sobre la situación de los
empleados de notarías.
La fe pública es objeto de regulación distinta en cada país. En el
nuestro, históricamente, en su momento, se adoptó por una fórmula, que es
la de que la misma es prestada en buena parte del ámbito de las
relaciones privadas a través de los notarios, constituidos como unos
funcionarios públicos, por tanto, regulada su función por el Estado, y
que, sin embargo, perciben sus retribuciones o sus honorarios por parte
de la clientela a la que ellos prestan servicios. Esos honorarios
comprenden, entre otros conceptos, lógicamente todo el coste de
sostenimiento de lo que es la notaría, la oficina donde se prestan esos
servicios. Esta opción adoptada históricamente en nuestro país, ha
configurado un cuerpo notarial restringido, que se relaciona con el
Ministerio de Justicia a través de una Dirección General de Registros y
del Notariado, que es cubierta por un miembro
de alguno de estos dos cuerpos y que permite un acceso directo por parte
de esos cuerpos y de sus problemáticas e intereses a la Administración
del Estado.
Esto también ha tenido repercusiones en el ámbito de las relaciones
laborales. Así, tradicionalmente en nuestro país, hasta la llegada de la
democracia, la relación laboral de los empleados de notarías se contenía
en una orden del Ministerio de Justicia que los excluía de la
jurisdicción laboral por considerar que la suya no era una relación de
carácter laboral. Cuando se produce la llegada de la democracia a nuestro
país, con la promulgación de la Constitución esa normativa entró en
crisis y perdió vigencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, esa normativa
que existía en su momento no ha sido sustituida por otra que se inspire
y se base en el actual marco constitucional y de relaciones laborales y
que, en base al acuerdo de las partes, incorpore la problemática que
afecta a los mismos. Esta ausencia normativa da lugar a que
peculiaridades que tiene la función notarial y que afectan al ámbito de
todo el Estado carezcan de una regulación adecuada, produciéndose
situaciones que terminan resultando costosas al erario público, vía
desempleo, terminan siendo perjudiciales para los propios empleados y
creo que también terminan siendo perjudiciales para todos, en la medida
en que queda dañada la profesionalidad que en una función tan importante
como ésta debe atenderse especialmente.
Nosotros creemos que ante esta situación, que es la situación real que
hay en estos momentos, se debe abordar alguna medida, y como nosotros
somos respetuosos con el actual marco constitucional y de relaciones
laborales, pensamos que la solución adecuada debe venir por la vía del
acuerdo entre las partes que permita alcanzar un convenio de ámbito
estatal para el sector de empleados de notarías en el que se contemple la
solución que las partes estimen más adecuadas y más justa para ese tipo
de problemática, pero lo bien cierto es que ese convenio de ámbito
estatal encuentra dificultades para avanzar porque una de las partes, la
empresarial, está tan contenta con la ausencia de cualquier norma y
prefiere quedarse como está. Este no es un buen ejemplo para el conjunto
de la ciudadanía, máxime cuando lo proporcionan funcionarios que están
cobrando de la Administración del Estado, una Administración del Estado
que es, como no puede ser menos, solidaria con los principios del orden
constitucional, con los principios no sólo de justicia social sino de
acuerdo entre las partes, y en este momento la propia Administración del
Estado y el Gobierno del Partido Popular han hecho declaraciones
reiteradas de su voluntad de facilitar el diálogo social. Yo creo que en
estos momentos hay aquí ocasión de acreditar estos hechos.
Ya me permito, señor presidente, hacer referencia a la enmienda que ha
sido planteada por parte del Grupo Popular. Es una enmienda que recoge
sustancialmente el espíritu de nuestra proposición no de ley. Parte de la
base de que efectivamente hay una situación de vacío normativo y que es
deseable que se produzca un acuerdo entre las partes que cubra el mismo.
Yo creo que en esto estamos de acuerdo y simplemente me permitiría
decirle al Grupo Popular que en la redacción acepten una transaccional,
de tal manera que quedara así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que, si así lo solicitan, los órganos competentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lleven a cabo una labor
mediadora..., etcétera. Yo creo que esto nos puede permitir que las
partes sean conscientes de que hay una voluntad en el Congreso de los
Diputados y en esta Cámara de que avancen en la elaboración de un
convenio colectivo estatal que aborde esa problemática y de que, si ellos
encuentran dificultades, por nuestra parte estamos dispuestos a que el
Ministerio de Trabajo medie entre ellos con el objetivo que consigan ese
acuerdo que nos parece deseable y necesario para regular adecuadamente
una situación que al día de hoy desde luego no es satisfactoria.
Por todo ello, señorías, me permito solicitar el voto a favor de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene presentada una enmienda. Para
su defensa tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Efectivamente, el planteamiento que
hace el Grupo Mixto tanto en el texto escrito como en la intervención
oral del señor Peralta se refiere a una situación que desearíamos todos
y, desde luego nuestro grupo, que encontrara fórmulas, dentro de la
legislación vigente, que permitiesen avanzar en lo relativo a encontrar
acuerdos entre las partes que posibilitaran superar la situación
presente, no sólo en ámbitos territoriales inferiores, como ya existe,
con convenios colectivos específicos en zonas concretas de España, sino
para todo el territorio nacional. Lo que ocurre es que el Gobierno y este
Congreso de los Diputados no pueden mostrarse ajenos o no ser
escrupulosos en el respeto a la legislación vigente, y así, en el
Estatuto de los Trabajadores, el artículo 82 habla del acuerdo libremente
aceptado por ellos --refiriéndose a las partes-- en virtud de su
autonomía; el artículo 83.1 habla de las posibilidades de convenios a
nivel estatal, y en el número 4 de ese mismo artículo 83, relativo al
procedimiento, habla de que las partes podrán acordar la intervención de
un mediador designado por ellas.
Decía con razón el señor Peralta que una legislación preconstitucional,
no modificada en su integridad, digamos que sólo parcheada en esta
materia, origina situaciones, por las peculiaridades de la función
notarial, que a veces llegan a producir soluciones que descargan su coste
sobre el erario público, en el tema concreto del desempleo, y es cierto;
lo que ocurre es que de eso nos debemos felicitar, porque fue
precisamente en la anterior legislatura, a propuesta de Izquierda Unida
y por unanimidad de la Comisión cuando se tomó el acuerdo de que los
empleados de notarías tuviesen derecho a esta prestación de desempleo.
Por tanto, ya ahí mi grupo tomó una posición nítida en favor de que se
aplicase esta parte del Estatuto de los Trabajadores a los empleados de
notarías. Es más, de alguna forma, muchos de los extremos relacionados
están superados ya por la jurisprudencia y por la propia doctrina, y la
naturaleza de la relación entre el notario --que adquiere la
condición de empresario con respecto de los empleados de notarías-- y los
empleados hace que sea una relación laboral normal y sin ningún tipo de
condicionamientos. Por tanto, nuestra posición es que si ya la
jurisprudencia ha superado esa situación antes indefinida y de carácter
administrativo, deseamos encontrar una fórmula que sin vulnerar la
legislación vigente, haga posible un acuerdo de consenso que posibilite
que triunfe el espíritu de esta proposición no de ley.
Nuestro Gobierno ha manifestado siempre su disposición favorecedora del
diálogo en toda la vigencia de su mandato y mi grupo se siente solidario
con ese espíritu que anima la proposición no de ley de facilitar en lo
posible que se llegue a acordar un convenio estatal para dar satisfacción
a esa aspiración. Por tanto, buscando el consenso, este diputado, en
nombre del Grupo Popular, acepta la aproximación que hace el Grupo Mixto
mediante esta enmienda in voce, que aproximaría los textos propuestos por
Izquierda Unida y la enmienda propuesta por el Grupo Popular, quedando
por tanto la redacción de la transaccional de la siguiente forma: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, si así lo
solicitan, los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales lleven a cabo una labor mediadora en las negociaciones o
cualquier otra fórmula que favorezca el deseable acuerdo entre las partes
para la consecución de un convenio colectivo de marco estatal en el
ámbito de los empleados de notarías.
Por tanto, aceptamos esa propuesta de consenso y de aproximación que ha
hecho Izquierda Unida. Eliminaríamos la referencia a las partes y
quedaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, si así
lo solicitan, los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales... y seguiría igual, respetando íntegramente lo que ha sido la
enmienda presentada por mi grupo. (El señor Peralta Ortega pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Simplemente para una cuestión formal, señor
presidente. El señor Martínez-Villaseñor me ha hecho referencia en
reiteradas ocasiones como perteneciente a Izquierda Unida. (El señor
Martínez-Villaseñor García: Perdón.) Es un lastre del pasado y yo le
agradecería que constase en acta que la proposición no de ley está
formulada por Nueva Izquierda.
El señor PRESIDENTE: Así se hará. ¿Grupos que desean fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Yo diría que no es un lastre del pasado; es una
confusión del diputado del Grupo Popular.
Dicho esto, mi grupo entiende que la proposición no de ley aborda la
situación de vacío normativo que implica finalmente una falta de
regulación adecuada y, por otro lado, en la parte dispositiva, insta al
Gobierno a ejercer la mediación en las negociaciones encaminadas a la
consecución de un convenio colectivo de marco estatal, lo que puede
iniciar la solución de un problema real, al que ni la Administración ni
nosotros mismos deberíamos ser ajenos. Por ello, apoyaremos la
proposición que presenta el Grupo Mixto y, en su representación, el
diputado de Nueva Izquierda, y si llegan a una solución de consenso para
una transacción con el Grupo Popular o con el resto de grupos de la
Cámara, la apoyaremos en el mismo sentido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señorías, mi grupo va a apoyar esta
proposición no de ley, porque cuando hemos examinado la documentación nos
hemos llevado la sorpresa de que a estas alturas en nuestro país hay un
colectivo de 12.000 trabajadores que se tienen que regir por el
reglamento del año 1956; la última modificación a este reglamento que
hace el Ministerio de Justicia es del año 1974 y después, nada.
Posteriormente, a partir de la democracia, han intentado hacer
negociación colectiva y en alguna provincia o alguna comunidad lo han
conseguido, pero desde el primer convenio que se hace luego no han
querido negociar su continuidad y no han podido llegar a ningún acuerdo,
dándose el caso, como en Cataluña, de que hay un convenio de hace diez
años y ocurre lo mismo en alguna otra parte. Hay otras zonas que han
tenido más posibilidades o en las que ha habido más fortuna y tienen un
convenio más actual, pero en todos los casos de hace muchos años. Hace
doce años se intentó negociar ya el convenio a nivel estatal, hicieron
una plataforma para ello y han estado intentándolo, pero no ha sido
posible. Hay que entender que hablamos de un empresario-funcionario, que
tiene una serie de ventajas y al que entrar en una negociación colectiva
supongo que le da yo no diría miedo, pero sí unas posibilidades que no
quiere. Yo no sé si todos ustedes saben que si un notario pide otra plaza
fuera de Madrid, por ejemplo Torrejón de Ardoz, cuando a él se le
autoriza el traslado esos trabajadores quedan en la calle sin ninguna
cobertura legal de despido, es decir, como el notario es un funcionario
se traslada y el tema queda sí. El Estatuto de los Trabajadores ni recoge
a estos trabajadores ni los excluye. Es verdad que el Estatuto de los
Trabajadores habla de la negociación colectiva y de la autonomía de las
partes; lo que pasa es que el Parlamento algo tendrá que hacer cuando nos
encontramos con un colectivo en el que hay una de las partes que no
quiere sentarse a negociar, porque creo que doce años de intento es más
que suficiente. Tenemos un acuerdo reciente de los agentes sociales, que
dio pie a la última reforma laboral, en el que hay un apartado que es el
acuerdo de cobertura de vacíos, que lo que intenta es negociar en
relación a todas las ordenanzas derogadas. Creo que sería una fórmula
para explorar en el futuro que pudiéramos incluir de alguna forma a estos
trabajadores y que a través del acuerdo de cobertura de vacíos pudieran
negociar sus condiciones de trabajo, porque esto afecta a algo tan
importante como es la propia profesionalidad
de la gente de las notarías, pues al no haber ninguna regulación sobre
cómo ha de estar compuesta una notaría, nos encontramos con muchas
notarías en las que hay un empleado que sabe realmente de lo que van los
temas y el resto son familiares del notario que no están en ningún
momento dados de alta ni recogidos en la Seguridad Social ni nada de
nada. Por tanto, se está convirtiendo más que nada en un empleo familiar,
sobre lo que no tendríamos nada en contra, siempre y cuando esté dentro
de la legalidad. Además, teniendo en cuenta que los protocolos de los
notarios no son propiedad de éstos, sino que ellos son depositarios,
porque los protocolos pertenecen al Estado, y que en su día, cuando se
reguló en 1956, esta orden establecía qué condiciones debería tener el
trabajador de una notaría a efectos de que no hubiera un mal uso o abuso
de esos protocolos con posterioridad, en estos momentos al no haber una
norma vigente, nos podemos encontrar con que un notario haga un contrato
de seis meses, por buscar una fórmula, y esa persona tenga acceso a todos
los protocolos que hay en la notaría sin ninguna garantía cara al futuro.
Por tanto, yo creo que por profesionalidad y por garantías
constitucionales hacia los trabajadores, es necesaria esta negociación.
Espero que aprobemos todos esta propuesta y que realmente sirva para
iniciar la negociación entre las partes, que es cómo deben regirse las
relaciones laborales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor Peralta tiene la
palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Ya había manifestado en mi intervención inicial
mi disposición a aceptar la enmienda del Grupo Popular si se aceptaba esa
transacción que el propio representante del Grupo Popular ha manifestado
en su intervención. Por tanto, me he permitido facilitarle al letrado la
redacción definitiva que se sometería a votación y aceptaríamos esa
enmienda en los términos de la transacción que hemos planteado y, en
consecuencia, como Nueva Izquierda, sometemos a votación ese nuevo texto.
El señor PRESIDENTE: Si me permiten, no como presidente pero sí como
profesor de Derecho del trabajo, les recuerdo que el Estatuto de los
Trabajadores tiene un artículo sobre el mecanismo de extensión de
convenios colectivos.
Tiene la palabra el señor Martínez-Villaseñor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Señor presidente, únicamente quiero
solicitar, si es posible, que se nos lea cómo queda definitivamente el
texto.
El señor PRESIDENTE: El texto quedaría redactado como sigue: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno para que si así se lo solicitan, los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lleven
a cabo una labor mediadora en las negociaciones o cualquier otra fórmula
que favorezca el deseable acuerdo entre las partes para la consecución de
un convenio colectivo marco estatal en el ámbito de los empleados de
notarías.
Igualmente, ya concluido el debate sobre la proposición no de ley
relativa a los empleados de notarías, ha presentado la señora Sabanés una
enmienda transaccional relacionada con la proposición no de ley relativa
a la lengua de signos. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que en el plazo más breve posible y no superior a un año, tras
las pertinentes audiencias a los expertos correspondientes, reuniones con
las asociaciones representativas de los intereses del colectivo de
personas sordas, así como representantes de las comunidades autónomas,
elabore un informe detallado de las medidas que pueden adoptarse para el
progresivo reconocimiento e implantación del lenguaje de signos, así como
la evaluación de las necesidades y consecuencias que tendría para las
distintas administraciones su implantación generalizada.
Como nos encontramos ante dos enmiendas transaccionales, relativas a cada
una de las proposiciones no de ley, podríamos proceder ya a la votación,
si SS. SS. están de acuerdo. (Asentimiento.)
Pasamos, pues, a votar la proposición no de ley sobre reconocimiento y
amparo de la lengua de signos española, según el texto de la enmienda
transaccional a que acabo de dar lectura.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley sobre mediación en las negociaciones
encaminadas a la consecución de un convenio colectivo marco estatal en el
ámbito de los empleados de notarías, igualmente conforme al texto de la
enmienda transaccional a que di lectura anteriormente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Señorías, siendo la última reunión del actual período de sesiones y
estando próximas las fiestas de Navidad, les deseo a todos ustedes muchas
felicidades.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.